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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS
COMPENDIO JURÍDICO DEL ESTADO, SECCIÓN LEYES
DOCUMENTO PARA CONSULTA, SIN VALIDEZ LEGAL
ÚLTIMA REFORMA: DECRETO 200, P.O. 06/MAR/2023
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el
territorio del Estado de Campeche y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, así como la organización y
funcionamiento del organismo garante señalado en el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado
de Campeche.
El derecho humano de acceso a la información comprende la facultad de las personas para solicitar, difundir,
investigar, buscar y recibir información pública, así como el deber de los sujetos obligados de difundir, de
manera proactiva, las obligaciones en materia de transparencia y en general, toda aquella información que
se considere de interés público.
A ninguna persona podrá coartarse su derecho humano de acceso a la información, así como tampoco será
objeto de inquisición judicial o administrativa, ni podrá restringirse este derecho por vías o medios directos o
indirectos, salvo en los casos que expresamente disponen la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente Ley y la demás
normatividad aplicable en la materia.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos que determine el
Sistema Nacional de Transparencia, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios
de Campeche, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche y demás disposiciones
relacionadas con los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales, se
aplicarán de manera supletoria en lo no previsto por esta ley.
Nota: Se reformaron los párrafos segundo y cuarto mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1443
Tercera Sección de fecha 31 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 2.- Son objetivos de esta Ley:
I. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho
de acceso a la información;
II. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la
información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;
III. Regular los medios de impugnación ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como establecer la facultad de la Comisión para promover acciones de
inconstitucionalidad en materia de transparencia;
IV. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;
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V. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el
acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más
adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones
sociales, económicas y culturales de cada región;
VI. Promover y propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir
a la consolidación de la democracia; y
VII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas
de apremio y las sanciones establecidas en la presente Ley.
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos
humanos;
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. En los casos del sector público,
serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o
equivalentes;
III. Comisión: La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Campeche. Órgano garante en el Estado;
IV. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno de la Comisión;
V. Comité de Transparencia: Órgano colegiado constituido al interior de cada sujeto obligado, con las
funciones que señala el artículo 49 de la presente Ley;
VI. Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales;
VII. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche;
VIII. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IX. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser
usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes
características:
a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier
propósito;
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;
d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de
registro;
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual las versiones históricas relevantes para
uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;
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h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características
técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos
en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no
suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a
contraprestación alguna;
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente.
X. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos,
estadísticas, o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y
competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso,
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;
XI. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
XII. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;
XIII. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de
información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras
dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que
la información pueda encontrarse;
XIV. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;
XV. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales;
XVI. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XVII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia;
XVIII. Pleno: Órgano superior de la Comisión integrado por los Comisionados;
XIX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales;
XX. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos y sus órganos administrativos auxiliares y paramunicipales;
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
ámbito estatal y municipal, y los organismos de la sociedad civil constituidos conforme a las leyes
mexicanas, por lo que concierne únicamente a las obligaciones de transparencia que les sean
aplicables;
XXI. Unidad de Medida y Actualización: Unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y
estatales, así como de las disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores;
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XXII. Unidad de Transparencia: Área responsable, en cada sujeto obligado, de atender y dar trámite a
las solicitudes de acceso a la información; y
XXIII. Versión Pública: Documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u
omitiendo las partes o secciones clasificadas.
ARTÍCULO 4.- El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de los
sujetos obligados, a través de los procedimientos establecidos en la materia.
ARTÍCULO 5.- El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán
bajo los principios establecidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad,
conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, en los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los
organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.
Nota: Se reformó el párrafo segundo mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1443 Tercera
Sección de fecha 31 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 6.- Los criterios de interpretación que emita el Instituto, en los términos de la Ley General,
tendrán el carácter de orientador para la Comisión.
ARTÍCULO 7.- La aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley corresponde a la Comisión
y su observancia a los sujetos obligados.
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA COMISIÓN
ARTÍCULO 8.-La Comisión, como organismo garante del derecho de acceso a la información, deberá regir
su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:
I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de la Comisión son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
II. Eficacia: Obligación de la Comisión para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información;
III. Imparcialidad: Cualidad que debe tener la Comisión respecto de sus actuaciones de ser ajenos o
extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
IV. Independencia: Cualidad que debe tener la Comisión para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
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V. Legalidad: Obligación de la Comisión de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones
y actos en las normas aplicables;
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar
definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
VII. Objetividad: Obligación de la Comisión de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos que laboren en la Comisión deberán sujetar su actuación
a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz
en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada; y
IX. Transparencia: Obligación de la Comisión de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 9.- En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley y demás normatividad
aplicable, los sujetos obligados y la Comisión deberán atender a los principios señalados en la presente
Sección.
ARTÍCULO 10.- Es obligación de la Comisión establecer las medidas pertinentes para asegurar el acceso a
la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás.
ARTÍCULO 11.- Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de
los sujetos obligados es pública y será completa, oportuna y accesible a cualquier persona, para lo que se
deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles, en los términos y condiciones que
establezca la Ley General, la presente Ley y demás normatividad aplicable.
La información a la que hace referencia el párrafo anterior estará sujeta a un claro régimen de excepciones,
que deberán estar definidas, ser legítimas y estrictamente necesarias.
ARTÍCULO 12.- En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la
información de toda persona.
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo
para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas
indígenas.
ARTÍCULO 13.- La Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
ARTÍCULO 14.-Toda persona tiene derecho a que se garantice su derecho de acceso a la información, sin
discriminación por motivo de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de
salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por objeto
menoscabar o anular la transparencia o el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados.
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ARTÍCULO 15.- El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el
solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de
discapacidad.
Para tal efecto, las solicitudes, así como los escritos de denuncia e impugnación, deberán realizarse de
manera pacífica y respetuosa.
Nota: Se adicionó un párrafo segundo mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1711 Tercera
Sección de fecha 28 de junio de 2022.
ARTÍCULO 16.- El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el
cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo II del Título Octavo de la presente Ley.
En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso a la información de solicitantes con
discapacidad serán con costo a ellos.
ARTÍCULO 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones.
ARTÍCULO 18.- Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la
respuesta en función de las causas que originen la inexistencia.
ARTÍCULO 19.- Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la
legislación en la materia o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus
facultades, competencias o funciones.
ARTÍCULO 20.- Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse
de manera sencilla y expedita, de conformidad con esta Ley.
En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las condiciones
necesarias para que esta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE CAMPECHE
CAPÍTULO I
DE SU INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 21.- La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
es el organismo constitucional autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio, plena autonomía técnica, de gestión y de decisión en sus
resoluciones y sobre el ejercicio de su presupuesto y en la determinación de su organización interna,
encargado de promover, difundir y garantizar en el Estado el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados, conforme a
los principios y bases establecidos en el artículo 6 de la Constitución Federal, el artículo 125 bis de la
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Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley General, la presente Ley y las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 22.- El patrimonio de la Comisión estará integrado con:
I. Las partidas que anualmente se le aprueben en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado;
II. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le asignen para el cumplimiento de su objeto;
III. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor;
IV. Cualesquiera bienes o recursos económicos que otras entidades públicas le destinen en propiedad y
en general, los que obtenga de instituciones públicas, privadas o de particulares nacionales o
internacionales; y
V. Todos los demás ingresos o bienes que adquiera por cualquier otro medio legal.
Los recursos provenientes de los ingresos y bienes mencionados en las fracciones III, IV y V del presente
artículo, se destinarán a los fines que disponga el Pleno de la Comisión, mediante la aprobación del acuerdo
respectivo.
ARTÍCULO 23.- La Comisión estará integrada por tres miembros, denominados Comisionados. Uno de los
miembros desempeñará el cargo de Comisionado Presidente, quien ejercerá la representación legal de la
Comisión y la representación ante el Consejo Nacional, además de las atribuciones que le otorgan la Ley
General, esta Ley y demás normatividad aplicable en la materia.
En la conformación de la Comisión se procurará la igualdad de género y se privilegiará la experiencia en
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
ARTÍCULO 24.- Para ser Comisionado deberá cumplirse con los requisitos que expresamente señala el
artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.
ARTÍCULO 25.- Para elegir a quien ocupará el cargo de Comisionada o Comisionado se requiere el voto de
las dos terceras partes de los miembros del H. Congreso del Estado presentes en la sesión de elección. La
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso, emitirá convocatoria dirigida a las
organizaciones no gubernamentales; organizaciones, asociaciones y sociedades civiles; colegios y
asociaciones de profesionistas; clubes de servicios e instituciones de educación superior y sociedad en
general, para efecto de recepcionar las propuestas, que previa valoración de requisitos, le permitan proponer
en número suficiente a las y los candidatos para elegir a las y los comisionados, rindiendo el informe
correspondiente a la Mesa Directiva para que el Pleno los elija.
El procedimiento de convocatoria se desahogará de la forma siguiente:
I. El procedimiento deberá iniciar dentro de los treinta días anteriores a la fecha de conclusión del
nombramiento de las y los comisionados en funciones,
II. Para ese efecto el Congreso del Estado por conducto de la Mesa Directiva, instruirá a la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información Pública la emisión de la convocatoria correspondiente;
III. Posteriormente, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública recepcionará las
propuestas de candidatas y candidatos para ocupar el cargo de Comisionadas o Comisionados. Acto
seguido procederá a analizarlas así como realizar las entrevistas a las y los ciudadanos propuestos,
lo cual le permitirá estar en aptitud de sugerir a las personas que consideren satisfacer los requisitos
que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y esta ley, para
ser propuestos al cargo de Comisionadas o Comisionados;
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IV. Se deroga;
V. Concluido el procedimiento de auscultación, la Comisión rendirá por escrito el correspondiente
informe de resultados al pleno del Congreso, acompañando la documentación que hubiere
recabado, procediéndose desde luego a la elección; y
VI. Los electos serán citados ante el pleno del Congreso o de la Diputación Permanente para rendir la
protesta de ley.
Si en un primer proceso de elección no se obtiene la votación requerida, las Comisiones del Congreso harán
una segunda propuesta en un plazo no mayor a diez días hábiles. Si no se obtiene la votación de las dos
terceras partes en segunda ocasión, en una sesión inmediata posterior bastará para la elección la mayoría
absoluta, para lo cual se tendrá como propuesta la última presentada.
La o el Comisionado Presidente será electo por la mayoría de las y los Comisionados, mediante voto por un
período de tres años, con posibilidad de reelección hasta por un período igual. La votación para la elección
se realizará en la sesión de instalación de la Comisión.
Los comisionados salientes seguirán en funciones hasta en tanto sean electos los nuevos comisionados y
estén en aptitud de iniciar el ejercicio de sus funciones.
Este procedimiento, preferentemente, no deberá exceder la fecha de conclusión del periodo de las y los
Comisionados en funciones.
Nota: Se reformaron los párrafos primero y cuarto y las fracciones I, II y III; se adicionó un párrafo sexto y se derogó la fracción IV
mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1711 Tercera Sección de fecha 28 de junio de 2022.
ARTÍCULO 26.- La duración del cargo de Comisionada o Comisionado será de seis años y el nombramiento
se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.
Las y los Comisionados podrán ser removidos de su cargo en los términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y serán sujetos de juicio político en términos de ley.
Nota: Se reformó el párrafo segundo mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1443 Tercera
Sección de fecha 31 de mayo de 2021.
Nota: Se reformó mediante decreto 200 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1879 Tercera Sección de fecha 6 de
marzo de 2023.
ARTÍCULO 27.- Los Comisionados en funciones recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política del Estado de Campeche, y estarán previstos en el tabulador de
puestos y salarios de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado.
ARTÍCULO 28.- En los casos de renuncia o de falta definitiva de algún Comisionado, el H. Congreso del
Estado deberá nombrar al nuevo Comisionado en un plazo que no exceda de treinta días hábiles. El
Comisionado sustituto lo será hasta terminar el periodo para el que fue electo el comisionado que renunció o
se ausentó en definitiva.
ARTÍCULO 29.- Los Comisionados no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo los
que realicen en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no sean remuneradas y
que sean compatibles con sus horarios de labores como integrantes de la Comisión.
ARTÍCULO 30.- Las excusas de los Comisionados por eventuales conflictos de interés serán calificadas por
el Pleno.
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ARTÍCULO 31.- En los casos de ausencia temporal, los Comisionados deberán solicitar licencia ante el
Pleno de la Comisión, siempre que no exceda de treinta días, y que no imposibilite o ponga en riesgo el
funcionamiento de la Comisión. Las licencias que rebasen de treinta días se tramitarán ante el Congreso del
Estado, siempre que no rebasen de seis meses.
En los casos de ausencia temporal, por causas personales, caso fortuito o fuerza mayor, los asuntos que al
ausente correspondan en razón de su turno, serán desahogados por los comisionados presentes.
En los casos de ausencia temporal del Comisionado Presidente, el Pleno designará de entre cualquiera de
los otros Comisionados al que lo sustituirá, para atender el eficaz despacho de los asuntos competencia de
la Comisión, que no se encuentren reservados expresamente al Pleno.
ARTÍCULO 32.- Los Comisionados estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores
públicos previsto en el Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado y en su ley reglamentaria.
CAPÍTULO II
DE SUS ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 33.- Además de las atribuciones que le otorga la Ley General, como organismo garante del
derecho a la información, la Comisión tendrá las siguientes facultades:
I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley y demás normatividad aplicable en la materia, así como de
los lineamientos y criterios generales que emita el Sistema Nacional;
II. Instrumentar acciones coordinadas, derivados de los convenios de colaboración suscritos conforme
a lo establecido en la fracción X del artículo 42 de la Ley General, encaminadas a fortalecer la
transparencia y acceso a la información, así como a consolidar el Sistema Nacional, en el ámbito de
sus respectivas competencias;
III. Orientar y asesorar a los sujetos obligados para que realicen las adecuaciones necesarias en las
normas reglamentarias, manuales y demás disposiciones administrativas de carácter general que
rijan su actuación, para implementar los principios para el acceso a la información que consagra la
Constitución Federal, la Ley General y la presente Ley;
IV. Nombrar a los servidores públicos de la propia Comisión y establecer las disposiciones
reglamentarias aplicables para la implementación del servicio profesional de carrera;
V. Emitir opiniones y recomendaciones relacionadas con el cumplimiento de la presente Ley;
VI. Expedir su reglamento interior, manuales y demás normas que permitan su organización y
funcionamiento;
VII. Orientar y asesorar a las personas sobre los procedimientos para acceder a la información pública
de los sujetos obligados;
VIII. Elaborar una guía que describirá, de manera clara y sencilla, los procedimientos de acceso a la
información de los sujetos obligados;
IX. Promover la capacitación y actualización de los sujetos obligados en materia de acceso a la
información pública y protección de datos personales.
X. Promover por acuerdo del Pleno de la Comisión acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas
por el H. Congreso del Estado que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de
datos personales, así como controversias constitucionales en los casos que proceda en términos de la
Constitución Federal y la Particular del Estado;
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XI. Elaborar su Proyecto de Presupuesto anual de Egresos y remitirlo al Ejecutivo del Estado, para su
inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, para su examen, discusión y
aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal que corresponda. El Presupuesto de Egresos de la
Comisión sólo podrá ser modificado por el H. Congreso del Estado;
XII. Promover la igualdad sustantiva;
XIII. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan
ejercer, en igualdad de circunstancias, el derecho de acceso a la información;
XIV. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones;
XV. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones previstas en la presente ley y en las demás disposiciones aplicables;
XVI. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en la
presente ley; y
XVII. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley General y otras disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Cuando se presente algún caso no previsto por esta Ley y que esté directamente relacionado con el
funcionamiento de la Comisión, será regulado por Acuerdos Generales que esta última emita, siempre y
cuando no implique arrogarse facultades que le correspondan a otros Poderes u órganos legalmente
constituidos.
Nota: Se reformó la fracción X y se adicionó un párrafo segundo mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del
Estado No. 1711 Tercera Sección de fecha 28 de junio de 2022.
ARTÍCULO 34.- La Comisión presentará anualmente ante el H. Congreso del Estado, en el mes de mayo,
un informe por escrito correspondiente al ejercicio inmediato anterior que deberá incluir:
I. El número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado, la
información objeto de las mismas y sus resultados;
II. El tiempo de respuesta a las solicitudes;
III. El número de recursos de revisión presentados, admitidos y resueltos en materia de acceso a la
información pública y protección de datos personales; y
IV. Acciones desarrolladas por la Comisión para la capacitación, promoción y difusión y expansión de la
cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos
personales.
El informe anual será publicado y difundido de manera impresa y por internet. Su circulación y permanencia
para consulta será obligatorio en la página electrónica de los entes públicos.
ARTÍCULO 35.- El Comisionado Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
I. Representar legalmente a la Comisión ante toda clase de autoridades federales, estatales y
municipales, así como ante particulares;
II. Fungir como representante de la Comisión ante el Consejo Nacional, conforme a lo dispuesto en la
Ley General, la presente ley y en las demás disposiciones aplicables;
III. Establecer y coordinar los vínculos entre la Comisión y el Instituto, así como con los organismos
garantes de las demás entidades federativas y los otros integrantes del Sistema Nacional;
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IV. Vigilar el correcto desempeño de las actividades y atribuciones de la Comisión y los Comisionados;
V. Cumplir y hacer cumplir las determinaciones del Pleno;
VI. Convocar y conducir las sesiones del Pleno;
VII. En caso de ausencia definitiva de alguno de los Comisionados, informarlo de inmediato al H.
Congreso del Estado, para los efectos legales correspondientes;
VIII. Remitir al Gobernador del Estado el proyecto anual de Presupuesto de Egresos de la Comisión,
aprobado por el Pleno;
IX. Proponer al Pleno el nombramiento y remoción del titular de la Secretaría Ejecutiva, titulares de
unidad y directores de la Comisión;
X. Ejercer el Presupuesto de Egresos de la Comisión debidamente autorizado;
XI. Derogado; y
XII. Las demás que le confiera la presente Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Nota: Se reformó la fracción III y se derogó la fracción XI mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No.
1443 Tercera Sección de fecha 31 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 36.- La Comisión funcionará como órgano colegiado para la toma de decisiones y resoluciones,
por lo que el Pleno, será el órgano superior de la misma. La toma de decisiones se realizará por mayoría de
votos. En caso de empate, el Comisionado Presidente tendrá el voto de calidad razonado.
ARTÍCULO 37.- El Pleno de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Aprobar el reglamento interior de la Comisión y todos los demás reglamentos y lineamientos
necesarios para el buen funcionamiento de la misma;
II. Aprobar la suscripción de convenios, contratos, bases de colaboración, mecanismos de coordinación
y demás instrumentos jurídicos;
III. Aprobar el proyecto anual de Presupuesto de Egresos de la Comisión;
IV. Designar al titular de la Secretaría Ejecutiva y a los titulares de las unidades y direcciones de la
Comisión, a propuesta del Comisionado Presidente;
V. Resolver los recursos de revisión que interpongan las personas en contra de actos o resoluciones de
los sujetos obligados en materia de acceso a la información pública;
VI. Conocer de los informes, dictámenes, reportes y proyectos de acuerdos y resoluciones que, en el
ejercicio de sus respectivas funciones y atribuciones, les sean presentados por los titulares de la
Secretaría Ejecutiva, órganos técnicos y demás direcciones y áreas de la Comisión, resolviendo lo
conducente;
VII. Aprobar la interposición de quejas o denuncias ante los órganos internos de control y/o de la
instancia competente de los sujetos obligados por la probable responsabilidad de los servidores
públicos en el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, la presente Ley, en
los acuerdos, resoluciones, determinaciones de la Comisión y demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables;
VIII. Aprobar la emisión de recomendaciones a los sujetos obligados para orientar en el diseño,
implementación y acciones de políticas internas en materia de transparencia y protección de datos
personales;
IX. Dictar todos los acuerdos que considere necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones; y
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X. Las demás que le confiera la presente Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 38.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión contará en su estructura con una
Secretaría Ejecutiva, las direcciones y demás unidades administrativas que autorice el Pleno de la Comisión,
a propuesta del Comisionado Presidente.
En sus faltas temporales el titular de la Secretaría Ejecutiva será suplido por el servidor público que le siga
en rango inmediato inferior, de conformidad con su estructura orgánica. Los titulares de las direcciones y
demás unidades administrativas serán suplidos en los términos que establezca el Reglamento Interior.
La Comisión contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado a propuesta en terna del
propio organismo garante, por conducto de su Comisionado Presidente, previa auscultación entre
instituciones de educación superior y colegios de profesionistas, en términos del artículo 54 fracción XL de la
Constitución Política del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable, quien durará seis años en el
cargo, pudiendo ser ratificado para un subsiguiente periodo.
Nota: Se adicionó un párrafo tercero mediante decreto 181 de la LXII Legislatura, P.O. del Estado No. 0478 Segunda Sección de fecha 13 de
julio de 2017.
ARTÍCULO 39.- El titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión tendrá las atribuciones siguientes:
I. Acordar con el Presidente y con los Comisionados lo conducente para la celebración de las sesiones
ordinarias y extraordinarias del Pleno, así como participar en ellas con voz, pero sin voto;
II. Levantar las actas de las sesiones del Pleno, someterlas a la aprobación de éste y, una vez
aprobadas, firmarlas en unión de los Comisionados;
III. Dar fe, en común acuerdo con los Comisionados, de todos los acuerdos, resoluciones y demás
decisiones del Pleno, así como proveer a su publicación en los medios establecidos;
IV. Representar a la Comisión en los asuntos que el Pleno determine;
V. Elaborar y proponer la suscripción de convenios, contratos, bases de colaboración, mecanismos de
coordinación y demás instrumentos jurídicos que deban celebrarse con otros entes públicos o
privados, así como con sus homólogos de las demás entidades federativas y con el Instituto, a fin de
garantizar la eficiencia y resultados en su actuación, en lo que compete a sus atribuciones;
VI. Coordinar y supervisar la admisión, tramitación y resolución por el Pleno de los recursos y
procedimientos que se tramiten ante la Comisión, cuidando la uniformidad de criterios;
VII. Auxiliar al Comisionado Presidente en la ejecución de las resoluciones y acuerdos del Pleno,
proveyendo lo necesario para su debida publicación y notificación;
VIII. Derogado;
IX. Coordinar la elaboración del proyecto anual de Presupuesto de Egresos de la Comisión y turnarlo al
Presidente y a los Comisionados para su aprobación por el Pleno, vigilando la ejecución del gasto de
acuerdo con el calendario, lineamientos y políticas establecidas, y la elaboración de los informes y
estados financieros de la Comisión; y
X. Las demás que le confieran la Ley, el reglamento interior de la Comisión y demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.
Nota: Se adicionó mediante decreto 181 de la LXII Legislatura, P.O. del Estado No. 0478 Segunda Sección de fecha 13 de julio de 2017.
Nota: Se reformaron las fracciones II y III y se derogó la fracción VIII mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O.
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ARTÍCULO 39-A. El Órgano Interno de Control de la Comisión se integrará con:
I. Un Contralor;
II. Un Director de Responsabilidades y Quejas;
III. Un Director de Auditoría Interna, y
IV. El demás personal técnico y administrativo que requiera para su funcionamiento y que permita la
correspondiente previsión presupuestal.
Nota: Se adicionó mediante decreto 181 de la LXII Legislatura, P.O. del Estado No. 0478 Segunda Sección de fecha 13 de julio de 2017.
ARTÍCULO 39-B. Para ser titular del Órgano Interno de Control de la Comisión se deberán cubrir los
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de su designación;
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerita pena de prisión;
IV. Contar al día de su designación con experiencia profesional de al menos cinco años en el control,
manejo y fiscalización;
V. Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional de
contador público, licenciado en economía, licenciado en administración, licenciado en derecho o
cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, control interno,
administrativas o contenciosas, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
VI. No pertenecer o haber pertenecido, en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos que
hubieren prestado sus servicios a la Comisión o haber fungido en lo individual como consultor o
auditor externo de ésta durante ese periodo, y
VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Nota: Se adicionó mediante decreto 181 de la LXII Legislatura, P.O. del Estado No. 0478 Segunda Sección de fecha 13 de julio de 2017.
ARTÍCULO 39-C. El Órgano Interno de Control actuará con independencia técnica, operativa y de gestión
para ejercer sus funciones, las cuales serán las siguientes:
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas;
II. Fijar los criterios para la realización de auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios
para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las unidades administrativas de la Comisión;
III. Realizar auditorías a las áreas de la Comisión para supervisar el control interno;
IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza
administrativa en el Presupuesto de Egresos otorgado a la Comisión;
V. Verificar que las diversas unidades administrativas de la Comisión que hubieren recibido, manejado,
administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas
correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
conducentes;
VI. Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para
sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa;
VII. Ejercer acción de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa;
VIII. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que reciba,
administre y aplique la Comisión;
IX. Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito cometidos
por servidores públicos de la Comisión ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
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X. Incorporar disposiciones técnicas y código de ética en la Comisión, conforme a la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción;
XI. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las
inversiones y gastos autorizados se han aplicado legal y eficientemente, al logro de los objetivos y
metas de los programas aprobados;
XII. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con la Comisión la información
relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las
compulsas que correspondan;
XIII. Solicitar a las unidades administrativas de la Comisión toda la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones;
XIV. Guardar reserva de la información que se le proporcione en ejercicio de sus atribuciones, en términos
de las disposiciones que rigen en materia de transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales;
XV. Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y
recursos de la Comisión por parte de los servidores públicos del mismo y desahogar hasta su
resolución los procedimientos a que haya lugar, y llevar el registro de los servidores públicos
sancionados;
XVI. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten necesarios para que
los servidores públicos de la Comisión cumplan adecuadamente con sus responsabilidades
administrativas;
XVII. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa;
XVIII. Entregar al Pleno de la Comisión informes semestrales de sus labores, en materia de
responsabilidades administrativas, el primer día hábil de los meses de mayo y noviembre de cada
año, para que los haga llegar al Sistema Estatal Anticorrupción;
XIX. Presentar para la aprobación del Pleno de la Comisión su programa anual de trabajo y de evaluación,
en el mes de noviembre de cada año;
XX. Presentar al Pleno de la Comisión, por escrito, un informe anual de resultados de su gestión, y acudir
ante dicho órgano de dirección superior cuando así se le requiera;
XXI. Recibir y resguardar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y en su caso, una copia
de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, que deban presentar los
servidores públicos de la Comisión, conforme a las normas, formatos y procedimientos establecidos
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
XXII. Intervenir en los procesos de entrega recepción por inicio o conclusión de encargo de los servidores
públicos que corresponda;
XXIII. Mantener una estrecha relación de colaboración y apoyo con la Auditoría Superior del Estado, y
XXIV. Las demás que le otorgue esta ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
Nota: Se adicionó mediante decreto 181 de la LXII Legislatura, P.O. del Estado No. 0478 Segunda Sección de fecha 13 de julio de 2017.
ARTÍCULO 39-D. Los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de la Comisión, deberán
apegarse a los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad,
proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso, así como guardar estricta reserva
sobre la información y documentación que conozcan con motivo del desempeño de sus atribuciones, así
como de sus actuaciones y observaciones.
Cualquier persona cuando presuma que el titular del Órgano Interno de Control de la Comisión haya
incurrido en los supuestos previstos en el artículo 89 bis de la Constitución Política del Estado, podrá
presentar demanda o denuncia ante las autoridades correspondientes, acompañándola de los documentos y
evidencias en las cuales se sustente.
Nota: Se adicionó mediante decreto 181 de la LXII Legislatura, P.O. del Estado No. 0478 Segunda Sección de fecha 13 de julio de 2017.
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ARTÍCULO 39-E. Las unidades administrativas y servidores públicos de la Comisión estarán obligados a
proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el Órgano
Interno de Control, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de sus funciones o atribuciones
legales.
Nota: Se adicionó mediante decreto 181 de la LXII Legislatura, P.O. del Estado No. 0478 Segunda Sección de fecha 13 de julio de 2017.
ARTÍCULO 39-F. Con motivo de los procedimientos administrativos, los servidores públicos tienen
garantizado el ejercicio de sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en la particular del Estado, y podrán interponer los recursos legales
procedentes para dirimir todo tipo de controversias cuando se vulneren sus derechos.
Nota: Se adicionó mediante decreto 181 de la LXII Legislatura, P.O. del Estado No. 0478 Segunda Sección de fecha 13 de julio de 2017.
CAPÍTULO III
DEL CONSEJO CONSULTIVO
ARTÍCULO 40.- La Comisión contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, quienes
durarán en el cargo cinco años. El cargo de Consejero es honorífico y no da derecho a remuneración alguna.
Los Consejeros serán designados por el H. Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión, y deberán ser
integrantes de organizaciones civiles o de la academia.
Los expedientes de las personas propuestas serán turnados a las Comisiones de Puntos Constitucionales y
Control Interno de Convencionalidad y, de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso,
para que éstas los examinen y emitan el informe correspondiente al Pleno del H. Congreso para su elección,
en su caso. Los Consejeros serán electos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso
presentes en la sesión. En caso de que no se alcance la votación requerida, la Comisión presentará nueva
propuesta que habrá de desahogarse con este mismo procedimiento.
En la integración del Consejo Consultivo se garantizará la igualdad de género y la inclusión de personas con
experiencia en materia de transparencia y derechos humanos, preferentemente.
En caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo, el Comisionado Presidente de la
Comisión notificará inmediatamente al H. Congreso del Estado.
ARTÍCULO 41.- El Consejo Consultivo de la Comisión contará con las facultades siguientes:
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo de la Comisión y su cumplimiento;
II. Opinar sobre el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión para el ejercicio fiscal que
corresponda;
III. Conocer el informe de la Comisión sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio
presupuestal, y en su caso emitir las observaciones correspondientes;
IV. Emitir opiniones, a solicitud de la Comisión o por iniciativa propia, respecto a temas relevantes en las
materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales;
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de la
Comisión;
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva; y
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de
transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.
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ARTÍCULO 42.- Las propuestas y opiniones del Consejo Consultivo serán comunicadas al Pleno de la
Comisión, sin embargo, no serán vinculantes por lo que se refiere a la fracción IV del artículo que antecede.
ARTÍCULO 43.- Para las sesiones del Consejo Consultivo, la Comisión deberá proporcionar las
instalaciones y recursos indispensables para el desarrollo de las reuniones de dicho cuerpo colegiado.
El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos
de sus miembros presentes y será coordinado por el Comisionado Presidente.
Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una vez al mes.
Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Presidente de la Comisión, por sí o mediante solicitud
que a éste formulen por lo menos dos miembros del Consejo, cuando se estime que hay razones de
importancia para ello.
La ausencia temporal de alguno de los Consejeros será resuelta por el Pleno de la Comisión.
En el caso de ausencias definitivas, se dará vista al Congreso del Estado para que proceda a la elección de
un Consejero sustituto, en la forma prevista por el artículo 40, quien terminará el periodo para el que fue
electo el faltante.
TÍTULO TERCERO
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 44.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los
datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Municipios y sus órganos administrativos auxiliares y paramunicipales;
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y
municipal..
Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales, deberán dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en esta Ley por sí mismos, o a través de sus propias áreas, Unidades de
Transparencia y Comités de Transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten
con estructura orgánica, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las
obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.
Nota: Se reformó el párrafo primero mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1443 Tercera
Sección de fecha 31 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 45.- Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto
funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del
sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia;
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III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y
Unidades de Transparencia, que podrá hacerlo en coordinación con la Comisión, en materia de
acceso a la información pública, clasificación y conservación de archivos y protección de datos
personales, mediante cursos, talleres, seminarios y cualquier otra forma de enseñanza o estrategia
pedagógica que se considere pertinente;
IV. Constituir, organizar, conservar y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión
documental, conforme a la normatividad aplicable;
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y
accesibles;
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;
VII. Reportar a la Comisión sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en
los términos que ésta determine;
VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y lineamientos que, en materia de
transparencia y acceso a la información, realicen la Comisión y el Sistema Nacional;
IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de
acceso a la información y la accesibilidad a éstos;
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por la Comisión;
XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones en materia de
transparencia, para su consulta en su página electrónica;
XII. Difundir proactivamente información de interés público;
XIII. Dar atención a las recomendaciones de la Comisión;
XIV. Otorgar, a las personas que así lo requieran, el acceso a la información pública de manera oportuna,
sencilla y expedita, en los términos establecidos por la presente Ley y demás disposiciones
aplicables en la materia;
XV. Asesorar a las personas sobre el trámite, instancia y procedimiento para la presentación de
solicitudes de acceso a la información, orientándolos en caso de que su petición no corresponda a
una solicitud de acceso sino a otro tipo de promoción, sujeto a otro trámite específico;
XVI. Coadyuvar con la Comisión para el buen desempeño de sus funciones; y
XVII. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia.
Nota: Se reformó la fracción VII mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1443 Tercera Sección de
fecha 31 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 46.- Los sujetos obligados deberán presentar informes semestrales a la Comisión, por escrito,
en los meses de julio y enero, respecto a la información del semestre inmediato anterior.
Los informes deberán contener:
I. El número de solicitudes formuladas al sujeto obligado de que se trate y la información requerida;
II. El resultado de cada una de ellas;
III. Sus tiempos de respuesta;
IV. Cantidad de solicitudes pendientes;
V. Cantidad de solicitudes con prórrogas;
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VI. Número de solicitudes desechadas; y
VII. Cantidad de solicitudes no satisfechas por ser información clasificada, inexistente o no ser de
competencia del sujeto obligado.
La Comisión emitirá los formatos y, en su caso, los lineamientos a que se sujetará la elaboración y entrega
de dichos informes.
En los casos de las fracciones V, VI y VII la Comisión podrá solicitar al sujeto obligado que funde y motive
las razones por las que se prorrogó, desechó o no se satisfizo la solicitud de información.
ARTÍCULO 47.- Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones,
procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, en los términos que la misma determine.
Asimismo, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
en la materia, podrán emitir políticas internas para el mejor ejercicio del acceso a la información.
CAPÍTULO II
DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 48.- En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, constituido por tres
personas, designadas por el titular del sujeto obligado.
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del
sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su
clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el
resguardo o salvaguarda de la información.
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos, en caso de empate el
Presidente tendrá voto de calidad. A las sesiones del Comité podrán asistir como invitados aquellas
personas que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.
El Comité sesionará las veces que sean necesarias, mediante citatorio del titular del sujeto obligado.
ARTÍCULO 49.- Los Comités de Transparencia de cada sujeto obligado contarán con las funciones
siguientes:
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso
a la información;
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen
los titulares de las áreas de los sujetos obligados;
III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales,
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
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IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a
la información;
V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes de las Unidades de
Transparencia;
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información,
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del
sujeto obligado;
VII. Recabar y enviar a la Comisión, de conformidad con los lineamientos que esta expida, los datos
necesarios para la elaboración del informe anual;
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información establecido en la presente
Ley; y
IX. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
CAPÍTULO III
DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 50.- El titular de cada sujeto obligado designará al responsable de la Unidad de Transparencia,
quien dependerá directamente de él. En la designación del responsable de la Unidad de Transparencia se
procurará que, preferentemente, cuente con experiencia en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
ARTÍCULO 51.- El responsable de la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Sexto de esta
Ley, así como la correspondiente de la Ley General, y propiciar que las áreas o unidades
administrativas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso,
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la
información;
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso
a la información;
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de
reproducción y envío;
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;
XII. Responder, en los casos que así proceda, las solicitudes de acceso a la información, y
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XIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Nota: Se reformaron las fracciones XI y XII y se adicionó una fracción XIII mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O.
del Estado No. 1711 Tercera Sección de fecha 28 de junio de 2022.
ARTÍCULO 52.- Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que
pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o
cualquier formato accesible que corresponda, en forma más eficiente.
ARTÍCULO 53.- Cuando algún área de los sujetos obligados se niegue a colaborar con la Unidad de
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones
conducentes.
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la
autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.
TÍTULO CUARTO
DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PLATAFORMA NACIONAL
ARTÍCULO 54.- La Plataforma Nacional es el medio electrónico que permite cumplir con los procedimientos,
obligaciones y disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública a cargo de los
sujetos obligados y de la Comisión, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional,
atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.
ARTÍCULO 55.- La Comisión será la encargada del desarrollo, administración, implementación y vigilancia
de la Plataforma Nacional, sólo en lo que respecta a su ámbito de competencia.
ARTÍCULO 56.- La Comisión promoverá la publicación de la información de Datos Abiertos y Accesibles,
como lo dispone la Ley General.
ARTÍCULO 57.- La Comisión, en la esfera de su competencia, se coordinará con el Sistema Nacional para la
observancia de las medidas que éste dicte para garantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma.
TÍTULO QUINTO
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL
CAPÍTULO I
DE LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y
EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 58.- Los sujetos obligados deberán cooperar con la Comisión para capacitar y actualizar, de
forma permanente, a todos sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información, a
través de los medios que se consideren pertinentes.
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes del
Estado de Campeche, la Comisión deberá promover, en colaboración con instituciones educativas y
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culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la
transparencia y acceso a la información.
ARTÍCULO 59.- La Comisión, en el ámbito de su competencia o a través de los mecanismos de
coordinación que al efecto establezcan, podrá:
I. Proponer, a las autoridades educativas competentes, que incluyan contenidos sobre la importancia
social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación
preescolar, primaria, secundaria, normal, y para la formación de maestros de educación básica en
sus respectivas jurisdicciones;
II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y
extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la
información y rendición de cuentas;
III. Promover que, en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos, se prevea la
instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la
información y la consulta de la información derivada de las obligaciones en materia de transparencia
a que se refiere esta Ley;
IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y
rendición de cuentas;
V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación
de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición de
cuentas;
VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación
ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto
la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;
VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio y
aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población;
VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para
el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural; y
IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias,
gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el
ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.
ARTÍCULO 60.- Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados
podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de
mejores prácticas que tengan por objeto:
I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley;
II. Armonizar el acceso a la información por sectores;
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas; y
IV. Procurar la accesibilidad de la información.
CAPÍTULO II
DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA
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ARTÍCULO 61.- La Comisión emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos
generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a
publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por
objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados,
considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente
establecidas.
ARTÍCULO 62.- La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de
transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va
dirigida.
ARTÍCULO 63.- La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá
permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los
accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos, y deberá tener
un objeto claro, enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.
CAPÍTULO III
DEL GOBIERNO ABIERTO
ARTÍCULO 64.- La Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará con los sujetos obligados y
representantes de la sociedad civil en la implementación de esquemas de colaboración para la promoción de
políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
TÍTULO SEXTO
OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 65.- Es obligación de los sujetos obligados poner a disposición de los particulares la información
a que se refiere este Título en sus páginas electrónicas correspondientes y a través de la Plataforma
Nacional, de tal forma que se permita su fácil identificación, acceso y consulta.
ARTÍCULO 66.- La Comisión, de oficio o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento que los
sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título.
ARTÍCULO 67.- Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de
conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
ARTÍCULO 68.- La página de inicio de los portales electrónicos de los sujetos obligados tendrá un vínculo
de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual
deberá contar con un buscador.
La información de obligaciones en materia de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y
discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.
ARTÍCULO 69.- La Comisión y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y
búsqueda de la información para personas con discapacidad, y se procurará que la información publicada
sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena.
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Por lo que, por sí mismos, en el ámbito de su competencia, deberán promover y desarrollar de forma
progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima
medida posible.
ARTÍCULO 70.- Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas, equipos de
cómputo con acceso a internet que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema
de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin
perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información cuando, en
determinadas poblaciones, éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.
ARTÍCULO 71.- La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a
partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible
la información en el portal de obligaciones en materia de transparencia, salvo disposición expresa en
contrario en la normatividad electoral.
ARTÍCULO 72.- Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales
contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a
que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 73.- Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de acuerdo con
la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad aplicable
para la protección de datos personales en posesión de los particulares.
CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 74.- Los sujetos obligados deberán mantener actualizada, por lo menos cada tres meses, la
información para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, salvo que la Ley General,
la presente Ley y otras disposiciones normativas establezcan un plazo diverso.
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha
de su última actualización.
Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se
señalan:
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos,
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios,
políticas, entre otros;
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;
III. Las facultades de cada área;
IV. Las metas y objetivos de las áreas, de conformidad con sus programas operativos;
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V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a
sus funciones, deban establecer;
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo,
número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de la comisión
correspondiente;
X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de
contratación;
XII. La información, en versión pública, de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que
así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán
recibirse las solicitudes para obtener la información;
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en
los que se deberá contener lo siguiente:
a) Área;
b) Denominación del programa;
c) Periodo de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación
presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) Mecanismos de exigibilidad;
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;
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l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión,
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la
persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso,
beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo;
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del
personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o
donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del
sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;
XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de
sanción y la disposición;
XIX. Los servicios que ofrecen, señalando los requisitos para acceder a ellos;
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás
normatividad aplicable;
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por
tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado y, en
su caso, las aclaraciones que correspondan;
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier
motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen
sobre el uso y destino de dichos recursos;
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
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1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para
llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el
caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la
fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación; y
14. El finiquito;
b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los
proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La Unidad Administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación; y
11. El finiquito;
Los procedimientos a que se refiere esta fracción estarán apegados a las formas, condiciones y
términos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche;
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XXIX. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la
mayor desagregación posible;
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos garantes de Derechos Humanos, así como las
acciones que han llevado a cabo para su atención;
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como
los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de cada sujeto obligado;
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con
recursos públicos;
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que
emitan, en su caso, los consejos consultivos;
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de
comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en
tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance
temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que
cuenta con la autorización judicial correspondiente; y
XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base
en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Los sujetos obligados deberán informar a la Comisión y constatar que se publiquen en la Plataforma
Nacional cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas electrónicas, con el objeto de que el
organismo garante verifique y apruebe, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a
cada sujeto obligado.
CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
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ARTÍCULO 75.- Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados del
Poder Ejecutivo del Estado deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I. El Plan Estatal de Desarrollo;
II. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;
III. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
IV. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que
se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos.
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;
V. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios
públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento
de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado; y
VI. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo
de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo
que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate
de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.
ARTÍCULO 76.- Además de lo señalado en el artículo 74 de la presente Ley, los sujetos obligados de los
municipios deberán poner a disposición del público y mantener actualizado:
I. El Plan Municipal de Desarrollo;
II. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y
ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos
municipales;
III. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos
aprobados por los HH. Ayuntamientos;
IV. Las actas de sesiones de cabildo y los dictámenes de las comisiones municipales;
V. Los controles de asistencia de los integrantes de los HH. Ayuntamientos a sus respectivas sesiones
de cabildo y el sentido de votación de los miembros de los cabildos sobre las iniciativas o acuerdos;
VI. Los empréstitos, deudas contraídas a corto, mediano y largo plazo, así como la enajenación de
bienes;
VII. Las cantidades recibidas por concepto de impuestos, multas e ingresos por derechos y
aprovechamientos municipales, así como en su caso el uso o aplicación que se le da;
VIII. Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria;
IX. Respecto al ejercicio del presupuesto: un reporte trimestral sobre la ejecución de las aportaciones
federales y estatales, pudiendo identificar el programa para el cual se destinaron y, en su caso, el
monto del gasto asignado por el propio municipio;
X. Las concesiones, licencias, permiso o autorizaciones, otorgadas para la prestación de servicios
públicos, así como el aprovechamiento o explotación de bienes públicos, especificando el nombre o
razón social del titular, el concepto y los objetivos de los mismos, el fundamento legal y el tiempo de
vigencia;
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XI. El atlas municipal de riesgos; y
XII. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo
de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo
que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate
de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.
En los casos en que algún municipio no cuente con medios electrónicos eficientes para cumplir las
obligaciones en materia de transparencia, éstos podrán hacer uso de las gacetas o periódicos murales en el
Palacio Municipal, escuelas y lugares públicos, hasta en tanto se obtienen los recursos y se realizan las
adecuaciones necesarias para cumplir cabalmente con su obligación; y deberá mantenerla actualizada
conforme a los lineamientos y criterios que establezca el Sistema Nacional y conforme a la normatividad
aplicable.
Estos municipios podrán solicitar a la Comisión que, de manera subsidiaria, divulgue vía internet las
obligaciones de transparencia correspondientes.
ARTÍCULO 77.- Además de lo señalado en el artículo 74 de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder
Legislativo del Estado deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la siguiente
información:
I. Agenda legislativa;
II. Gaceta Parlamentaria;
III. Orden del Día;
IV. El Diario de Debates;
V. El registro de audio y video;
VI. Las listas de asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones;
VII. Las iniciativas de leyes o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las comisiones a
las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y
subcomisiones y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica,
y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos
particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;
X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en
los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto,
monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación legislativa;
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los
órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos
de investigación legislativa;
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que
realicen los centros de estudio o investigación legislativa; y
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XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 78.- Además de lo señalado en el artículo 74 de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder
Judicial del Estado deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la información siguiente:
I. Las tesis jurisprudenciales y aisladas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación que se
relacionen con la normatividad aplicable al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como
las ejecutorias publicadas en la gaceta del mismo;
II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas;
III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;
IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y
magistrados; y
V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.
Nota: Se reformó la fracción II mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicada en el P.O. del Estado No.1443 Tercera Sección de
fecha 31 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 79.- Además de lo señalado en el artículo 74 de la presente Ley, los órganos autónomos
deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la información que se relaciona a
continuación, conforme a lo siguiente:
I. El Instituto Electoral del Estado de Campeche:
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos
registrados ante la autoridad electoral estatal;
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de
ciudadanos;
c) La geografía y cartografía electoral del Estado;
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular;
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de
spots del organismo público electoral local y de los partidos políticos;
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y
demás asociaciones políticas, registrados ante la autoridad electoral estatal, así como los
montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;
g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida
y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus
funciones;
l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;
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m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio
de los partidos políticos nacionales y locales; y
n) El monitoreo de medios;
II. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche:
a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad
a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas
de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones;
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas,
señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se
resolvieron;
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el
expediente;
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y
de no repetición;
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección
de los derechos humanos;
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las
opiniones que emite;
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen;
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos;
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y en la reinserción
social en el Estado;
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para
impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de
derechos humanos; y
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y
las recomendaciones emitidas por su Consejo Consultivo.
III. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche:
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas,
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en
cumplimiento de las resoluciones;
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas;
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos
obligados;
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e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;
f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus
resoluciones;
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos
obligados.
ARTÍCULO 80.- Además de lo señalado en el artículo 74 de la presente Ley, las instituciones de educación
superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la
siguiente información:
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con
las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del
programa con las asignaturas y su valor en créditos;
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto;
IV. La lista de profesores con licencia o en año sabático;
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para
obtenerlos;
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición;
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos;
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.
ARTÍCULO 81.- Además de lo señalado en el artículo 74 de la presente Ley, los partidos políticos, las
agrupaciones políticas y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos
que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, registrados ante la autoridad
electoral estatal, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la siguiente información:
I. El padrón estatal de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente:
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y municipio de residencia;
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los
aportantes vinculados con los montos aportados;
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;
XI. El acta de la asamblea constitutiva;
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XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIII. Los tiempos que les corresponden en estaciones de radio y canales de televisión;
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de
designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales y, en su caso, regionales
y distritales;
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político,
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección
popular en el Estado, con el cargo al que se postula y el distrito electoral;
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal;
XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen con
agrupaciones políticas nacionales;
XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a
cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;
XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de
elección popular, conforme a su normatividad interna;
XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus
órganos estatales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
XXV. El estado de situación financiera y patrimonial, el inventario de los bienes inmuebles de los que sean
propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;
XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan
causado estado;
XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de
candidatos;
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos
destinados para tal efecto; y
XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y
gastos.
ARTÍCULO 82.- Además de lo señalado en el artículo 74 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos
públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:
I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al
fiduciario y al fideicomisario;
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II. La Unidad Administrativa responsable del fideicomiso;
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y
fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas
y aportaciones o subvenciones que reciban;
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse
en los términos de las disposiciones aplicables;
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o
del fondo público;
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso;
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o
fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal
efecto; y
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso,
así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito
o la fiduciaria.
ARTÍCULO 83.- Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral en el Estado deberán
poner a disposición del público, y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los
sindicatos:
I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros:
a) El domicilio;
b) Número de registro;
c) Nombre del sindicato;
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de
vigilancia;
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo;
f) Número de socios;
g) Centro de trabajo al que pertenezcan; y
h) Central a la que pertenezcan, en su caso;
II. Las tomas de nota;
III. El estatuto;
IV. El padrón de socios;
V. Las actas de asamblea;
VI. Los reglamentos interiores de trabajo;
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo; y
VIII. Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos de
trabajo.
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Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los
documentos que obren en los expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de
conformidad con el procedimiento de acceso a la información.
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones,
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en
los padrones de socios.
ARTÍCULO 84.- Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y
accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, la información
aplicable del artículo 74 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
II. El directorio del comité ejecutivo;
III. El padrón de socios; y
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones,
únicamente estará clasificada como información confidencial los domicilios de los trabajadores señalados en
los padrones de socios.
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos deberán habilitar un espacio en sus
páginas electrónicas para que éstos cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia y dispongan
de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.
ARTÍCULO 85.- Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de
manera obligatoria, la Comisión deberá:
I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional,
remitan el listado de información que consideren de interés público;
II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y
competencias que la normatividad aplicable le otorgue; y
III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de
transparencia.
CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE RECIBEN Y EJERCEN RECURSOS PÚBLICOS O
EJERCEN ACTOS DE AUTORIDAD
ARTÍCULO 86.- La Comisión, dentro de su competencia, determinará los casos en que las personas físicas
o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos
obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos
de autoridad.
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Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a la Comisión un listado de las personas físicas o
morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las
disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, la Comisión tomará en cuenta si
realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e
involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.
ARTÍCULO 87.- Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales
que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, la Comisión deberá:
I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema
Nacional, remitan el listado de información que considere de interés público;
II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan
recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue; y
III. Determinar las obligaciones en materia de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.
CAPÍTULO V
DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 88.- Las determinaciones que emita la Comisión deberán establecer los requerimientos,
recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que los sujetos obligados
deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados será motivo para aplicar las medidas
de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO 89.- La Comisión vigilará que las obligaciones en materia de transparencia que publiquen los
sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 74 a 87 de esta Ley y demás disposiciones
aplicables.
ARTÍCULO 90.- Las acciones de vigilancia a que se refiere este capítulo se realizarán a través de la
verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera
oficiosa por la Comisión al portal de internet de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional, ya sea de
forma aleatoria, muestral o periódica.
ARTÍCULO 91.- La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las
obligaciones en materia de transparencia en términos de lo previsto en los artículos 74 al 87 de esta Ley,
según corresponda a cada sujeto obligado y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 92.- La verificación que realice la Comisión, en el ámbito de su competencia, se sujetará a lo
siguiente:
I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;
II. Emitir un dictamen en el que podrá determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por
esta Ley y demás disposiciones aplicables, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a
lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que
procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un
plazo no mayor a veinte días;
III. El sujeto obligado deberá informar a la Comisión sobre el cumplimento de los requerimientos del
dictamen; y
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IV. La Comisión verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y, si considera
que se dio cumplimiento a los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento.
La Comisión podrá solicitar al sujeto obligado los informes complementarios que requiera para allegarse de
los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación.
Cuando la Comisión considere que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le notificará,
por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar
cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los
requerimientos del dictamen.
En caso de que la Comisión considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un
plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o
sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.
CAPÍTULO VI
DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 93.- Cualquier persona podrá denunciar ante la Comisión la falta de publicación de las
obligaciones en materia de transparencia previstas en los artículos 74 al 87 de esta Ley y demás
disposiciones aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia.
ARTÍCULO 94.- El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:
I. Presentación de la denuncia ante la Comisión;
II. Solicitud, por parte de la Comisión, de un informe al sujeto obligado;
III. Resolución de la denuncia; y
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.
ARTÍCULO 95.- La denuncia por incumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia deberá
cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
I. Nombre del sujeto obligado denunciado;
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el
incumplimiento denunciado;
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la
jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso
de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún
las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos de la Comisión; y
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta
información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato
sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.
ARTÍCULO 96.- La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:
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I. Por medio electrónico:
a) A través de la Plataforma Nacional; o
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca; y
II. Por escrito, presentado físicamente ante la Unidad de Transparencia de la Comisión.
ARTÍCULO 97.- La Comisión pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia
correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares
podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.
ARTÍCULO 98.- El procedimiento de denuncia se sustanciará de la siguiente manera:
I. Se presentará la denuncia ante la Comisión, quien resolverá sobre su admisión o desechamiento
dentro de los tres días siguientes a su recepción;
II. Admitida la denuncia, la Comisión deberá notificar al sujeto obligado, dentro de los tres días
siguientes a su admisión, solicitando que rinda un informe con justificación;
III. Una vez notificado, el sujeto obligado deberá enviar a la Comisión un informe con justificación
respecto de los hechos o motivos de la denuncia, dentro de los tres días siguientes;
IV. La Comisión podrá realizar las verificaciones virtuales que estime necesarias y sean procedentes,
así como solicitar al sujeto obligado informes complementarios que requiera para allegarse de los
elementos de juicio que considere necesarios para resolver la denuncia.
En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el
término de tres días siguientes a la notificación correspondiente;
V. La Comisión emitirá la resolución correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes al
término del plazo en que el sujeto obligado deba presentar su informe o, en su caso, los informes
complementarios.
Dicha resolución deberá estar fundada y motivada e invariablemente se pronunciará sobre el
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado;
VI. La Comisión notificará la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días
siguientes a su emisión.
Las resoluciones que emita la Comisión son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos
obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que
corresponda, en los términos de la legislación aplicable;
VII. El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo máximo de quince días, a partir del
día siguiente al en que se le notifique la misma;
VIII. Transcurrido el plazo señalado en la fracción anterior, el sujeto obligado deberá informar a la
Comisión sobre el cumplimento de la resolución; y
IX. Recibido el informe, la Comisión verificará el cumplimiento a la resolución y si considera que se dio
cumplimiento a la misma, emitirá un acuerdo de cumplimiento y ordenará el cierre del expediente.
Nota: Se reformó la fracción I mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1711 Tercera Sección de
fecha 28 de junio de 2022.
ARTÍCULO 98 Bis.- Si el escrito de denuncia a que se refiere este Capítulo no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en el artículos (sic) 95 de esta Ley y la Comisión no cuenta con elementos suficientes
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para subsanarlos, se prevendrá a la o el denunciante por una sola ocasión, a través del medio que haya
elegido para recibir notificaciones, con el objeto que en el término de tres días siguientes contados del día
siguiente al de la notificación de la prevención, con el apercibimiento que, de no cumplir, se desechará la
denuncia.
La prevención interrumpirá el plazo con que cuenta la Comisión para resolver la denuncia y se reanudará al
día siguiente en que aquella sea desahogada.
Nota: Se adicionó mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1711 Tercera Sección de fecha 28 de
junio de 2022.
ARTÍCULO 98 Ter.- La denuncia será desechada por improcedente cuando:
I. Exista plena certeza de que anteriormente la Comisión ya había conocido del mismo incumplimiento
dentro del mismo periodo de actualización y, en su momento, se instruyó la publicación o
actualización de la Obligación de Transparencia correspondiente;
II. El particular no desahogue en el plazo señalado la prevención a que se hace referencia en el artículo
anterior;
III. La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos a las Obligaciones de Transparencia
previstas en la Ley General y esta Ley;
IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información;
V. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en esta Ley, y
VI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado o de esta Ley.
La Comisión emitirá el acuerdo de desechamiento, dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se
recibió la denuncia, o bien, al que se atienda la prevención o fenezca el plazo señalado para su desahogo y
se entregará el acuerdo para su debida notificación.
En caso de ser admitida se deberá notificar al sujeto obligado de su interposición, acompañando copia de la
denuncia respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes.
Nota: Se adicionó mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1711 Tercera Sección de fecha 28 de
junio de 2022.
ARTÍCULO 98 Quáter.- La denuncia será sobreseída, en todo o en parte, cuando, habiéndose admitido se
actualice alguno de los siguientes supuestos:
I. La o el denunciante se desista expresamente de la acción;
II. La o el denunciante fallezca o, tratándose de personas morales, se extinga;
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que la denuncia quede
sin materia;
IV. Cuando haya dejado de existir el objeto o materia de la denuncia; y
V. Durante la tramitación de la denuncia se advierta o sobrevenga alguna de las causales de
improcedencia a que se refiere el artículo anterior.
Nota: Se adicionó mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1711 Tercera Sección de fecha 28 de
junio de 2022.
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ARTÍCULO 99.- Cuando la Comisión considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución,
notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor
público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé
cumplimiento a la resolución.
En caso de que la Comisión considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un
plazo no mayor a cinco días posteriores a la conclusión del plazo otorgado en el aviso de incumplimiento al
superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se
informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten
procedentes.
Nota: Se reformó mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1443 Tercera Sección de fecha 31 de
mayo de 2021.
TÍTULO SÉPTIMO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA CLASIFICACIÓN Y
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 100.- La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases,
principios y disposiciones establecidos en la Ley General, en la presente Ley y, en ningún caso, podrán
contravenirlas.
Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley General.
ARTÍCULO 101.- Cada área del sujeto obligado elaborará un índice de los expedientes clasificados como
reservados, que deberá contener el área responsable de la información y el tema sobre el que trata.
ARTÍCULO 102.- El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos, al día
siguiente de su elaboración y, además de lo señalado en el artículo anterior, deberá indicar:
I. El área que generó la información;
II. El nombre del documento;
III. Si se trata de una reserva completa o parcial;
IV. La fecha en que inicia y finaliza la reserva;
V. La justificación de la reserva;
VI. El plazo de reserva;
VII. Las partes del documento que se reservan, en su caso; y
VIII. Si se encuentra en prórroga.
En ningún caso el índice será considerado como información reservada.
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ARTÍCULO 103.- En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva se deberán señalar las
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular
se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado
deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.
En los casos de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo
al que estará sujeto la reserva.
ARTÍCULO 104.- En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público;
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda; y
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.
ARTÍCULO 105.- Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al
derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de
los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.
ARTÍCULO 106.- La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia
previstas en esta Ley.
ARTÍCULO 107.- Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique
tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.
ARTÍCULO 108.- Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que
clasifiquen documentos o información como reservada.
La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del
documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como
información clasificada.
En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información.
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la
aplicación de la prueba de daño.
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ARTÍCULO 109.- Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de
la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia
obligatoria para los sujetos obligados.
ARTÍCULO 110.- Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a
las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional.
ARTÍCULO 111.- Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión
pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y
fundando y motivando su clasificación.
ARTÍCULO 112.- La información contenida en las obligaciones en materia de transparencia no podrá
omitirse en las versiones públicas.
CAPÍTULO II
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA
ARTÍCULO 113.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
I. Comprometa la seguridad pública o pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una
persona física;
II. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
III. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes
o afecte la recaudación de contribuciones;
IV. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
V. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual
deberá estar documentada;
VI. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se
haya dictado la resolución administrativa;
VII. Afecte los derechos del debido proceso;
VIII. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
IX. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se
tramiten ante el ministerio público; y
X. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las
previstas en tratados internacionales.
Nota: Se reformó la fracción I mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1443 Tercera Sección de
fecha 31 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 114.- Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a
través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el artículo 104 de la presente
Ley.
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ARTÍCULO 115.- Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;
II. Expire el plazo de clasificación;
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés
público que prevalece sobre la reserva de la información; o
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado
en el presente Título.
ARTÍCULO 116.- La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá
permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la
fecha en que se clasifica el documento.
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar
el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre que justifiquen que subsisten
las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.
Para los casos previstos por la fracción II del artículo 115, cuando se trate de información cuya publicación
pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión
de bienes o servicios públicos, y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el
periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud
correspondiente al organismo garante, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y
señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.
ARTÍCULO 117.- No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; o
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.
CAPÍTULO III
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
ARTÍCULO 118.- Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a
una persona identificada o identificable.
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los
titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.
ARTÍCULO 119.- Se considera como información confidencial:
I. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el ejercicio de recursos públicos; y
II. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello,
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
ARTÍCULO 120.- Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos no podrán clasificar, por ese sólo supuesto, la
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información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás
causales de clasificación que prevé la presente Ley.
ARTÍCULO 121.- Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en
operaciones que involucren recursos públicos no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información
relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que
prevé la presente Ley.
ARTÍCULO 122.- Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia
tributaria no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.
ARTÍCULO 123.- Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, salvo las excepciones que
establezca la ley de la materia.
TÍTULO OCTAVO
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 124.- Cualquier persona, por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud
de información pública ante las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, salvo los casos de
excepción previstos en la presente Ley.
ARTÍCULO 125.- Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y
condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información
mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de
conformidad con las bases establecidas en el presente Título.
ARTÍCULO 126.- La solicitud de acceso a la información podrá presentarse a través de los siguientes
medios:
I. Por la Plataforma Nacional;
II. En la oficina u oficinas designadas para ello;
III. Vía correo electrónico;
IV. Correo postal, mensajería o telégrafo;
V. De forma verbal;
VI. Mediante escrito libre o en los formatos que para tal efecto apruebe la Comisión; y
VII. Cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
ARTÍCULO 127.- En el caso de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma
Nacional, se asignará automáticamente un número de folio con el que los solicitantes podrán dar
seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso a la información en la Plataforma Nacional y deberá
enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y
los plazos de respuesta aplicables.
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Cuando la solicitud se realice a través de escrito libre o mediante formato aprobado por la Comisión, la
Unidad de Transparencia deberá registrar dicha solicitud en el sistema electrónico respectivo y entregar al
interesado el acuse de recibo correspondiente.
ARTÍCULO 128.- Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:
I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;
III. La descripción de la información solicitada;
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal,
siempre que sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de
copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la
información, de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún
caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
ARTÍCULO 129.- Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema,
salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio
o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se
notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.
ARTÍCULO 130.- Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley empezarán a correr al día
siguiente al que se practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles.
ARTÍCULO 131.- De manera excepcional cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique
análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades
técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se
podrán poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información
clasificada.
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.
ARTÍCULO 132.- Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes,
incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado podrá requerir al solicitante,
por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la
presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los
datos proporcionados o precise uno o varios requerimientos de información.
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Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 136 de la presente Ley, por
lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este
caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de
información adicional.
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información
adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por
lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.
ARTÍCULO 133.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en
el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la
misma en formatos abiertos.
ARTÍCULO 134.- Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles
en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el
lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a
cinco días.
En el caso previsto por este artículo, las respuestas serán emitidas por conducto de las Unidades de
Transparencia de los sujetos obligados, en las que inexcusablemente deberán ilustrar paso a paso el modo
en que la información puede ser consultada, atendiendo a los principios de máxima publicidad y buena
administración.
Nota: Se adicionó un párrafo segundo mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1711 Tercera
Sección de fecha 28 de junio de 2022.
ARTÍCULO 135.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas
las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades,
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la
información solicitada.
ARTÍCULO 136.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre
que existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de
Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su
vencimiento.
ARTÍCULO 137.- El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar
la necesidad de ofrecer otras modalidades.
ARTÍCULO 138.- Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las
solicitudes en materia de acceso a la información.
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La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá
una vez que se acredite el pago respectivo.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.
ARTÍCULO 139.- La Unidad de Transparencia del sujeto obligado tendrá disponible la información solicitada,
durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su
caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.
Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el
caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.
ARTÍCULO 140.-. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de
los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la
información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la
solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes. Al
efecto, los sujetos obligados, a través de sus Unidades de Transparencia, deberán demostrar que la
información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones, o bien, indicar las razones
por las cuales, en el caso particular, no se ejercieron dichas facultades, competencias o funciones.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
En el caso de que la petición presentada no corresponda a una solicitud de acceso a la información sino a
otro tipo de promoción cuyo trámite y consulta, en su caso, se encuentren regulados por una normativa
específica, la Unidad de Transparencia deberá orientar al solicitante con respecto a la vía, instancia y
procedimiento a realizar para consultar la información de su interés, sin que esto implique negativa a
recepcionar la solicitud, dándole el trámite previsto en esta ley.
ARTÍCULO 141.- En caso de que los sujetos obligados consideren que la información o los documentos
deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente:
I. El área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al
Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:
a) Confirmar la clasificación;
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; o
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.
II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del área
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a
la solicitud que establece el artículo 136 de la presente Ley.
ARTÍCULO 142.-Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de
Transparencia:
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;
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III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de
Transparencia; y
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.
ARTÍCULO 143.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un
criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.
ARTÍCULO 144.- Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de
autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la
información.
CAPÍTULO II
DE LAS CUOTAS DE ACCESO
ARTÍCULO 145.- En caso de existir costos para obtener la información, éstos deberán cubrirse de manera
previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
II. El costo de envío, en su caso; y
III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda.
Para el caso de la reproducción en medios magnéticos, si el interesado aporta el medio en el que será
almacenada la información, la reproducción será totalmente gratuita.
Las cuotas de los derechos aplicables serán las señaladas en el artículo 59 de la Ley de Hacienda del
Estado de Campeche, las cuales se publicarán en los sitios de internet de los sujetos obligados. En su
determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a
la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente
para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó.
Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley de Hacienda del Estado de Campeche deberán
establecer cuotas que no sean mayores a las dispuestas en dicha ley.
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas
simples. Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las
circunstancias socioeconómicas del solicitante.
TÍTULO NOVENO
DEL RECURSO DE REVISIÓN
CAPÍTULO I
DE SU PROCEDENCIA
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ARTÍCULO 146.- La Comisión, conforme a las disposiciones de este Título, resolverá los recursos de
revisión interpuestos por particulares contra los actos o resoluciones de los sujetos obligados en materia de
acceso a la información pública.
ARTÍCULO 147.- El solicitante podrá interponer recurso de revisión, por sí mismo o a través de su
representante, de manera directa o por medios electrónicos, ante la Comisión o ante la Unidad de
Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la
notificación de la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión
a la Comisión a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.
ARTÍCULO 148.- El recurso de revisión procederá en contra de:
I. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en
la presente Ley;
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al
solicitado;
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible
para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; y
XIII. La orientación a un trámite específico.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda
por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de
nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante la Comisión.
CAPÍTULO II
REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO
ARTÍCULO 149.- El recurso de revisión deberá satisfacer los siguientes requisitos:
I. Estar dirigido a la Comisión;
II. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
III. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así
como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;
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IV. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;
V. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o
de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI. El acto que se recurre;
VII. Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en
el caso de que no se haya dado respuesta de la solicitud.
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a
juicio de la Comisión.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
ARTÍCULO 150.- Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en el artículo anterior y la Comisión no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al
recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el
objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días contados a
partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se
desechará el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la Comisión para resolver el recurso, por lo
que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.
No podrá prevenirse por no indicar que el recurso de revisión va dirigido a la Comisión ni por el nombre que
proporcione el solicitante.
ARTÍCULO 151.- Si el promovente no diere cumplimiento en tiempo y forma a la prevención indicada en el
artículo anterior, se tendrá por no interpuesto el recurso y se comunicará al promovente la providencia
respectiva que emita la Comisión.
CAPÍTULO III
DE LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO
ARTÍCULO 152.- La Comisión resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente de la Comisión lo turnará al Comisionado ponente
que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su
desechamiento;
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo a
disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su
derecho convenga;
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción anterior, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o
alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a
derecho;
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la
sustanciación del recurso de revisión;
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado ponente
procederá a decretar el cierre de instrucción;
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VI. La Comisión no estará obligada a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez
decretado el cierre de instrucción; y
VII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá
exceder de veinte días.
ARTÍCULO 153.- En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad
previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.
ARTÍCULO 154.- La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los
Comisionados por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y
no deberá estar disponible en el expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación
de dicha información y continuará bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se
encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa
humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte.
CAPÍTULO IV
DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO
ARTÍCULO 155.- La Comisión, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés
público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de
derechos.
Para estos efectos, se entenderá por:
I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro
de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para
satisfacer el interés público; y
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la
decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.
ARTÍCULO 156.- La Comisión resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de
cuarenta días contados a partir de la admisión del mismo, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y
hasta por un periodo de veinte días.
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los
hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los
argumentos que funden y motiven sus pretensiones.
ARTÍCULO 157.- Las resoluciones de la Comisión podrán:
I. Desechar o sobreseer el recurso;
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado; o
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos
para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información.
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Excepcionalmente, la Comisión, previa fundamentación y motivación, podrá ampliar estos plazos cuando el
asunto así lo requiera.
ARTÍCULO 158.- En las resoluciones, la Comisión podrá señalarle al sujeto obligado de que se trate, que la
información que debe proporcionar es considerada como obligación de transparencia de conformidad con el
Capítulo II del Título Sexto de la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de
las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.
ARTÍCULO 159.- La Comisión deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al
tercer día siguiente de su aprobación.
Los sujetos obligados deberán informar a la Comisión el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no
mayor a tres días.
ARTÍCULO 160.- Cuando la Comisión determine, durante la sustanciación del recurso de revisión, que pudo
haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta
Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno
de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad
respectivo.
ARTÍCULO 161.- El recurso será desechado por improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo147de la presente Ley;
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial del Estado algún recurso o medio de defensa interpuesto
por el recurrente;
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo148 de la presente Ley;
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo150 de la presente
Ley;
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI. Se trate de una consulta; o
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
ARTÍCULO 162.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice
alguno de los siguientes supuestos:
I. El recurrente se desista;
II. El recurrente fallezca;
III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia; o
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del
presente Título.
ARTÍCULO 163.- Las resoluciones de la Comisión son vinculatorias, definitivas e inatacables para los
sujetos obligados.
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ARTÍCULO 164.- Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones a que se refiere este Capítulo
ante el Poder Judicial de la Federación.
Nota: Se reformó mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1711 Tercera Sección de fecha 28 de
junio de 2022.
CAPÍTULO V
DEL CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 165.- Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto
cumplimiento a las resoluciones de la Comisión y deberán informarle sobre su cumplimiento.
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán
solicitar a la Comisión, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la
resolución.
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado para el
cumplimiento, a efecto de que la Comisión resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco
días siguientes.
ARTÍCULO 166.-Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar a
la Comisión sobre el cumplimento de la resolución.
La Comisión verificará de oficio la calidad de la información y a más tardar al día siguiente de recibir el
informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su
derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no
corresponde a lo ordenado por la Comisión, deberá expresar las causas específicas por las cuales así
lo considera.
ARTÍCULO 167.- Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, la Comisión deberá pronunciarse, en un
plazo no mayor a cinco días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de
la verificación realizada. Si la Comisión considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un
acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del expediente. En caso contrario, la Comisión:
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un
plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución; y
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las
acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Título Décimo
de la presente Ley.
Nota: Se reformó el párrafo primero mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No.1443 Tercera Sección
de fecha 31 de mayo de 2021.
CAPÍTULO VI
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN
ANTE EL INSTITUTO
ARTÍCULO 168.- Cuando la Comisión resuelva algún recurso de revisión en el que confirme o modifique la
clasificación de la información, o en su caso, confirme la inexistencia o negativa de información, los
particulares podrán impugnar las resoluciones a través del recurso de inconformidad.
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Las resoluciones susceptibles de impugnarse a que se refiere el presente artículo, también podrán hacerse
ante el Poder Judicial de la Federación, para lo cual el particular optará por el medio de defensa que mejor le
convenga.
Nota: Se reformó mediante decreto 81 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1711 Tercera Sección de fecha 28 de
junio de 2022.
ARTÍCULO 169.- En los casos en que el Pleno del Instituto ejerza la facultad de atracción para conocer de
aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten,
se estará a lo dispuesto en la Ley General.
TÍTULO DÉCIMO
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO
ARTÍCULO 170.- La Comisión, en el ámbito de su competencia, podrá imponer al servidor público
encargado de cumplir con la resolución o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona
física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus
determinaciones:
I. Apercibimiento;
II. Amonestación privada o pública; o
III. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas Unidades de Medida y Actualización.
La Comisión deberá tomar en cuenta la gravedad de la falta, las condiciones económicas del sujeto
responsable y, en su caso, la reincidencia del mismo, al imponer una medida de apremio.
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en el portal de obligaciones en materia de
transparencia de la Comisión y considerado en las evaluaciones que ésta realice.
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de la Comisión implique la presunta comisión de
un delito, la Comisión deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
En un plazo de quince días, contados a partir de la fecha que sea notificada la medida de apremio, deberá
cumplirse su ejecución. La ejecución se hará de conocimiento del órgano garante en un plazo de tres días.
ARTÍCULO 171.- Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se
cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de
cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior
jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que correspondan.
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ARTÍCULO 172.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo deberán ser impuestas por
la Comisión y ejecutadas por sí misma o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los
procedimientos que establezca la legislación aplicable.
Nota: Se reformó mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No.1443 Tercera Sección de fecha 31 de
mayo de 2021.
ARTÍCULO 173.- Las multas que fije la Comisión se harán efectivas ante la Secretaría de Finanzas de la
Administración Pública del Estado de Campeche, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 174.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia
de la presente Ley, las siguientes:
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad
aplicable;
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de
acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones en materia de
transparencia previstas en la presente Ley;
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa
legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la
custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos o a la cual tengan acceso o
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de
envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la
información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones en materia de transparencia en los
plazos previstos en la presente Ley;
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o
actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;
XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o
confidencial;
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las
características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución
previa de la Comisión, que haya quedado firme;
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no
existan o haya fenecido el plazo, cuando la Comisión determine que existe una causa de interés
público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;
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XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por la Comisión;
XV. No acatar las resoluciones emitidas por la Comisión, en ejercicio de sus funciones; y
XVI. Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por la
presente Ley.
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
ARTÍCULO 175.- Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por la Comisión,
conforme a su competencia, y en su caso, dará vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute
la sanción.
ARTÍCULO 176.- Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 174de esta Ley, son independientes
de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través del procedimiento administrativo
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las sanciones que, en su caso, se
impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.
Para tales efectos, la Comisión podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión
violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes
aplicables.
Nota: Se reformó el párrafo segundo mediante decreto 226 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No.1443 Tercera Sección
de fecha 31 de mayo de 2021.
ARTÍCULO 177.- Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de
los partidos políticos y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral local
competente, la Comisión dará vista al Instituto Electoral del Estado para que resuelva lo conducente, sin
perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas
físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, la Comisión deberá
dar vista al órgano interno de control y/o de la instancia competente del sujeto obligado relacionado con
éstos, cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a
que haya lugar.
ARTÍCULO 178.- En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, la
Comisión deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en
que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su caso, de la
ejecución de la sanción a la Comisión.
ARTÍCULO 179.- Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la
calidad de servidor público, la Comisión será la autoridad facultada para conocer y desahogar el
procedimiento sancionador conforme a esta Ley y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la
imposición y ejecución de las sanciones.
ARTÍCULO 180.- El procedimiento sancionador, a que se refiere el artículo anterior, se sustanciará de la
siguiente manera:
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I. Dará comienzo con la notificación que efectúe la Comisión al presunto infractor sobre los hechos e
imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de quince días para
que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, la
Comisión, de inmediato, resolverá con los elementos de convicción que disponga;
II. La Comisión admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo, concluido esto
notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente
sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación;
III. Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, la Comisión resolverá, en
definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador.
Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y dentro de los diez días siguientes a la
notificación, se hará pública la resolución correspondiente; y
IV. Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno, la Comisión podrá ampliar, por
una sola vez y hasta por un periodo igual, el plazo de resolución.
ARTÍCULO 181.- En las normas respectivas de la Comisión, se precisará toda circunstancia relativa a la
forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento sancionador previsto en esta
Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción
y la ejecución de sanciones. En todo caso, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en
las leyes en materia de procedimiento administrativo del Estado.
ARTÍCULO 182.- La Comisión, al momento de imponer las sanciones establecidas en la presente Ley,
deberá tomar en cuenta los siguientes elementos:
I. La gravedad de la responsabilidad en que incurra el sujeto obligado;
II. Las circunstancias económicas del infractor; y
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
ARTÍCULO 183.- Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no
cuenten con la calidad de servidor público serán sancionadas con:
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las
fracciones I, III, V, VI y X del artículo 174 de esta Ley.
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se
aplicará multa de ciento cincuenta a doscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización
II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientas Unidades de Medida y Actualización, en los casos
previstos en las fracciones II, IV y V del artículo 174 de esta Ley; y
III. Multa de ochocientas a mil quinientas Unidades de Medida y Actualización, en los casos previstos en
las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 174 de esta Ley.
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta Unidades de Medida de Actualización por día, a quien
persista en las infracciones citadas en los incisos anteriores.
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ARTÍCULO 184.- En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de la Comisión implique la
presunta comisión de un delito, ésta deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
ARTÍCULO 185.- Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan
actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al su jeto obligado que corresponda,
cumplir con sus obligaciones en materia de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso
correspondientes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 21 de julio de 2005.
TERCERO.- Los sujetos obligados deberán constituir en plazos inmediatos los Comités de Transparencia a
los que se refiere la presente Ley, mismos que no han de exceder de quince días contados a partir de la
entrada en vigor del presente decreto.
Aquellos que ya cuenten con un Comité de Información sólo deberán de formalizar el cambio de
denominación e integración para constituirse como Comités de Transparencia en los plazos señalados en el
párrafo que antecede.
CUARTO.- El Poder Ejecutivo del Estado tomará las previsiones necesarias en el Presupuesto de Egresos
del ejercicio fiscal de 2017, para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos previstos en
esta Ley; previsiones que deberá tomar sucesivamente en cada ejercicio fiscal.
QUINTO.- Los sujetos obligados deberán realizar las adecuaciones necesarias en los reglamentos,
manuales y demás disposiciones administrativas que rijan su actuación, para implementar los principios
rectores del acceso a la información que establecen la Constitución Federal, la Ley General y la presente
Ley, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
SEXTO.- Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia en los términos
que establezcan los lineamientos referidos en la Ley General.
Respecto a las obligaciones comunes y específicas que se derivan del presente decreto, se les dará
cumplimiento en los términos de los lineamientos que para el efecto expida el Sistema Nacional de
Transparencia.
SÉPTIMO.- La Comisión expedirá su Reglamento Interior, así como los lineamientos necesarios para el
ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en la presente ley, dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
En ese mismo plazo el Congreso del Estado hará el programa de reordenación administrativa con motivo del
cumplimiento de las obligaciones que correspondan.
OCTAVO.- Los procedimientos de acceso a la información pública, los recursos de revisión y los recursos de
queja que se estén tramitando al momento en que entre en vigor el presente Decreto, se substanciarán de
acuerdo a los procedimientos vigentes de la Ley al día en que se iniciaron. Una vez que concluya la etapa en
la que se encuentran, deberán inmediatamente sujetarse a los procedimientos que establece la Ley materia
del presente Decreto.
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NOVENO.- Para garantizar el escalonamiento y el principio de autonomía en la renovación de los
Comisionados que establece el artículo 26 de la presente Ley, a la entrada en vigor de la misma, el H.
Congreso del Estado deberá nombrar a quienes ocupen el cargo siguiendo el procedimiento establecido en
el artículo 25 de esta Ley y conforme a lo siguiente:
I. Por esta ocasión, la designación de los nuevos Comisionados deberá hacerse dentro de los
cuarenta y cinco días siguientes a la entrada en vigor de la Ley materia del presente decreto,
debiendo expedirse la convocatoria dentro de los veinte días siguientes a la entrada en vigor de este
decreto.
II. Se dará por concluido el período para el que fueron designados los actuales Comisionados; sin
embargo, seguirán en el cargo hasta en tanto tomen posesión del mismo los nuevos Comisionados
del organismo garante estatal. Asimismo, los Comisionados actuales podrán ser propuestos para
participar en el procedimiento de elección de los nuevos Comisionados del organismo garante
estatal, conforme a lo dispuesto en la Ley materia del presente decreto.
III. Por única ocasión, en razón de que se nombrará a los tres Comisionados del nuevo organismo
garante, el H. Congreso del Estado establecerá períodos diferentes para cada uno de ellos, de la
siguiente forma:
a) Un Comisionado durará cuatro años,
b) Un Comisionado durará cinco años,
c) Un Comisionado durará seis años.
Cuando se realice la designación de los Comisionados se le informará el período de duración del cargo, con
fundamento en lo establecido en el presente decreto. La temporalidad del cargo no influirá en la elección del
Comisionado Presidente.
DÉCIMO.- La fracción primera del artículo 78 de la presente Ley entrará en vigor cuando se cree el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Campeche.
UNDÉCIMO.- Los integrantes del Consejo Consultivo deberán ser electos, de conformidad con lo dispuesto
en la presente Ley, en un plazo que no exceda de 60 días naturales a la entrada en vigor de este decreto.
DUODÉCIMO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del
marco jurídico estatal, en todo lo que se opongan al contenido del presente Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche,
Campeche, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
C. Eliseo Fernández Montúfar, Diputado Presidente.- C. Fredy F. Martínez Quijano, Diputado
Secretario.- C. Leticia del R. Enríquez Cachón, Diputada Secretaria.-Rúbricas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EXPEDIDO MEDIANTE DECRETO 52 DE LA LXII LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL P.O. No. 0183 DE
FECHA 4 DE MAYO DE 2016.
NOTA ACLARATORIA, PUBLICADA EN EL P.O. NO. 0188, PÁGINA 50, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016.
DECRETO 181, QUE ADICIONÓ UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 38, Y LOS ARTÍCULOS 39-A,
39-B, 39-C, 39-D, 39-E Y 39-F, EXPEDIDO POR LA LXII LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL P.O. NÚM.
0478 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS
COMPENDIO JURÍDICO DEL ESTADO, SECCIÓN LEYES
DOCUMENTO PARA CONSULTA, SIN VALIDEZ LEGAL
ÚLTIMA REFORMA: DECRETO 200, P.O. 06/MAR/2023
60
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 19 de julio de 2017, previa su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. El titular del Órgano Interno de Control de la Comisión que se encuentre en funciones a la
entrada en vigor del presente decreto, continuará en el encargo en los términos de su nombramiento.
TERCERO. En un término de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberá
armonizarse el marco reglamentario de la Comisión.
CUARTO.- De conformidad con las posibilidades presupuestales, deberán tomarse las previsiones
administrativas que correspondan para el cumplimiento de los efectos de este decreto.
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en lo que se
opongan al presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche,
Campeche, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil diecisiete.
C. Sandra Guadalupe Sánchez Diaz, Diputada Presidenta.- C. Fredy Fernando Martínez Quijano,
Diputado Secretario.- C. María del Carmen Pérez López, Diputada Secretaria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECRETO 226, QUE REFORMÓ LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 1; EL
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 5; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 26; LA FRACCIÓN
III DEL ARTÍCULO 35; LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 39; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 44; LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 45; LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78; EL
ARTÍCULO 99; LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 113; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 167; EL
ARTÍCULO 172; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 176 Y, SE DEROGAN LA FRACCIÓN XI DEL
ARTÍCULO 35 Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 39, TODOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EXPEDIDO POR LA LXIII
LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO No. 1443 TERCERA SECCIÓN
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2021.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
Segundo.- El Poder Judicial del Estado de Campeche contará con un plazo de 180 días contados a partir de
la publicación del presente decreto, para iniciar la difusión de las versiones públicas de las sentencias
emitidas.
Tercero.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche,
Campeche, a los doce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS LEGISLATIVOS
COMPENDIO JURÍDICO DEL ESTADO, SECCIÓN LEYES
DOCUMENTO PARA CONSULTA, SIN VALIDEZ LEGAL
ÚLTIMA REFORMA: DECRETO 200, P.O. 06/MAR/2023
61
C. Leonor Elena Piña Sabido, Diputada Presidenta.- C. Óscar Eduardo Uc Dzul, Diputado Secretario.-
C. Alvar Eduardo Ortiz Azar, Diputado Secretario. Rúbricas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DECRETO 81, QUE REFORMÓ LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO Y LAS FRACCIONES I, II Y III,
DEL ARTÍCULO 25; LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 33; LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO
51; LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 98 Y LOS ARTÍCULOS 164 Y 168; ADICIONÓ UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 15; UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 25; UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 33; LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 51; LOS ARTÍCULOS 98 BIS, 98 TER Y 98 QUÁTER;
UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 134, Y DEROGÓ LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 25,
TODOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE CAMPECHE, EXPEDIDO POR LA LXIV LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO No. 1711 TERCERA SECCIÓN DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente después de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. Los procedimientos de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
que hubieren sido iniciados previo a la publicación del presente decreto se substanciarán y terminarán con
las disposiciones vigentes al momento en que fueren iniciados.
Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente
decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche,
Campeche, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintidós.
C. José Héctor Hernán Malavé Gamboa, Diputado Presidente.- C. Landy María Velásquez May,
Diputada Secretaria.- C. Diana Consuelo Campos, Diputada Secretaria. Rúbricas. - - - - - - - - - - - - -
DECRETO 200, QUE REFORMÓ EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EXPEDIDO POR LA LXIV LEGISLATURA,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO No. 1879 TERCERA SECCIÓN DE FECHA 6 DE
MARZO DE 2023.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de inicio de vigencia del decreto
de reformas al párrafo segundo del artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado, previa su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al
contenido del presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche,
Campeche, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.
C. María Violeta Bolaños Rodríguez, Diputada Presidenta.- C. Liliana Idalí Sosa Huchín, Diputada
Secretaria.- C. Abigail Gutiérrez Morales, Diputada Secretaria. Rúbricas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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