<![CDATA[ H. Congreso del Estado
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Ley Estatal del Derecho de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
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Tel: (614) 412-32-00
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Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 7 del 24 de enero de 2007
EL CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO SE HA SERVIDO EXPEDIR EL SIGUIENTE
D E C R E T O:
DECRETO 664/06 I P.O.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DE SU
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
D E C R E T A
ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, para quedar de la siguiente manera:
LEY ESTATAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Esta Ley es de orden público, e interés social y tiene por objeto:
I. Establecer las bases para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las
mujeres de cualquier edad en el ámbito público o privado;
II. Establecer las bases para diseñar el contenido de las políticas públicas, programas y
acciones destinadas a erradicar la violencia de género y coadyuvar en la rehabilitación y
reinserción social de los agresores de mujeres;
III. Promover que tanto el sector público como las personas morales apliquen, en el ámbito de su
competencia, todas las medidas tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres y les
otorguen apoyos extraordinarios para garantizar su acceso a una vida libre de violencia y
discriminación;
IV. Exhortar a las autoridades competentes para que garanticen el derecho a la educación con
perspectiva de género, libre de prejuicios, sin patrones estereotipados de comportamiento
basados en conceptos de inferioridad o subordinación;
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V. Establecer medidas para concientizar y sensibilizar a la comunidad con el
propósito de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres;
VI. Instruir y responsabilizar, conforme a los ordenamientos legales aplicables, a los integrantes
del sector salud para que proporcionen trato digno y atención integral a las víctimas de
violencia, respetando su intimidad;
VII. Instruir y responsabilizar, conforme a los ordenamientos legales aplicables, a la Fiscalía
General del Estado, para que brinden especial atención a las mujeres víctimas de la
violencia; [Fracción reformada mediante Decreto No. 1142-2010 XII P.E. publicado en el
P.O.E. No. 77 del 25 de septiembre de 2010]
VIII. Establecer funciones específicas a las autoridades, orientadas a la prevención y erradicación
de la violencia contra las mujeres, en el marco de las atribuciones que les otorga esta Ley;
IX. Promover el acceso oportuno y eficaz de las mujeres a medidas de protección y
procedimientos legales que salvaguarden los derechos protegidos por esta Ley;
X. Establecer bases de coordinación y cooperación entre las autoridades federales, estatales y
municipales, así como con los organismos privados, para cumplir con el objeto de esta Ley;
XI. Las demás que establezca esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables a la materia.
ARTÍCULO 2. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las
normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales
en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado Mexicano.
El Estado y los Municipios podrán coordinarse con la Federación para garantizar el derecho a que se
refiere el párrafo anterior, en los términos de la legislación aplicable.
Las medidas que se deriven de la presente Ley, garantizarán la prevención, la atención y la erradicación
de todos los tipos de violencia contra las mujeres de todas las edades y su plena participación en todas las
esferas de la vida.
ARTÍCULO 3. Los principios rectores del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que
deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, son:
I. La igualdad jurídica y la equidad entre la mujer y el hombre;
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
III. La no discriminación; y
IV. La libertad y autonomía de las mujeres.
ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Ley: La Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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II. Sistema: El Sistema Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
III. Consejo: El Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
Violencia.
IV. Programa: El Programa Integral para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.
V. Derechos humanos de las mujeres: Aquellos que son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales específicamente reconocidos para las
mujeres en los instrumentos internacionales de la materia, ratificados por el Estado
Mexicano.
VI. Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, que en razón de género, tenga
como fin o resultado un daño o sufrimiento sicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o
la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.
VII. Perspectiva de género: La visión científica, analítica y política sobre mujeres y hombres,
que contribuye a construir una sociedad donde tengan el mismo valor, mediante la
eliminación de las causas de opresión de género, promoviendo la igualdad, la equidad, el
bienestar de las mujeres, las oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
VIII. Acciones: Los mecanismos llevados a cabo por autoridades estatales, municipales y
organizaciones privadas, orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
IX. Acciones afirmativas: Las medidas especiales encaminadas a acelerar la igualdad y
erradicar la violencia y la discriminación contra las mujeres.
X. Protocolo: Las Normas Oficiales para la atención a las víctimas de violencia.
XI. Víctima: La mujer de cualquier edad que sufre algún tipo de violencia.
XII. Agresor: La persona física que ejecuta algún acto de violencia contra las mujeres, de los
previstos en esta Ley; la persona moral o la institución pública que tolere actos violentos
dentro de su ámbito o aplique políticas públicas, laborales o docentes discriminatorias.
XIII. Modalidades de violencia: Las formas, las manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en
que se presenta la violencia contra las mujeres.
XIV. Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de
emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya
sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. [Fracción adicionada mediante
Decreto No. 783-09 I P.O. publicada en el P.O.E. No. 19 del 06 de marzo de 2010]
XV. Prevención: Son aquellas medidas o acciones gubernamentales encaminadas a impedir o
eliminar las conductas que produzcan maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual entre
los integrantes de una familia. [Fracción adicionada mediante Decreto No. 1210-2013 X
P.E. publicada en el P.O.E. No. 101 del 18 de diciembre de 2013]
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XVI. Razones de género: Razón de género. Actitud y/o conducta a través de la cual se manifiesta
la discriminación, la subordinación y sometimiento de la mujer por el varón, basada en una
relación desigual de poder
XVII. Relación desigual de poder. Aquella que se configura por prácticas socioculturales históricas
basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la superioridad de los varones, o en
conductas estereotipadas de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el
reconocimiento o goce de los derechos de éstas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
XVIII. Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género: Espacio físico destinado para hacer
cercano el acceso a la justicia y atender de manera integral, los hechos probablemente
constitutivos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, así como de violencia
familiar.
[Artículo adicionado con una fracción XVIII mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/0749/2020 IX P.E.
publicado en el P.O.E. No. 17 del 27 de febrero de 2021]
[Artículo adicionado con las fracciones XVI y XVII mediante Decreto No. LXV/RFLYC/0854/2018 XVI
P.E. publicado en el P.O.E No. 48 del 15 de junio de 2019]
ARTÍCULO 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. Violencia física: Es cualquier acto que inflige daño a la mujer a través del uso de la fuerza
física, o cualquier tipo de armas u objetos, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante,
tóxica, inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones pueda
provocar o no lesiones, ya sea internas, externas, o ambas.
II. Violencia sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la
víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al
denigrarla y concebirla como objeto.
III. Violencia sicológica: Es cualquier acto u omisión que daña la estabilidad emocional,
menoscaba la autoestima o altera la salud mental de la mujer que recibe el maltrato
consistente, entre otros, en descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación de su
autoestima, marginación, rechazo, restricción a la autodeterminación y celotipia.
IV. Violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión del agresor que afecta la supervivencia
de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, limitación,
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, incluyendo
aquellos que atentan en contra del cumplimiento de la obligación alimentaria, conforme a lo
establecido en la Ley del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de
Chihuahua y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
V. Violencia Económica: Es toda acción u omisión del agresor que genera limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso económico de la víctima o la percepción de un salario
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. [Fracción reformada mediante
Decreto No. LXVI/RFLEY/0582/2019 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 11 del 5 de febrero
de 2020]
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VI. Violencia obstétrica: Es todo acto u omisión intencional, por parte del personal de salud que,
en el ejercicio de su profesión u oficio, dañe, lastime o denigre a la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica, y alterar el
proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, y
practicar el parto vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la
integridad o libertad de las mujeres. [Fracciones VI y VII adicionadas mediante Decreto
No. 463-2014 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 57 del 16 de julio de 2014]
[Artículo reformado en sus fracciones II y IV mediante Decreto No. LXVII/RFLYC/0650/2023 I P.O.
publicado en el P.O.E. No. 03 del 10 de enero de 2024]
[Artículo reformado en su fracción I mediante Decreto No. LXVII/RFLYC/0520/2023 II P.O. publicado
en el P.O.E. No. 29 del 12 de abril de 2023]
ARTÍCULO 6. Las modalidades de violencia son:
I. Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar,
controlar o agredir de manera física, sicológica, patrimonial, económica y sexual, dentro o
fuera del domicilio familiar, realizadas por el agresor que tiene o ha tenido algún vínculo de
índole familiar con la víctima, parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o
curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental
de hecho.
II. Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos que
discriminen, utilicen estereotipos o tengan como fin o resultado dilatar, obstaculizar o impedir
el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute
de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los
diferentes tipos de violencia.
III. Violencia laboral y docente: Es todo acto de acoso, hostigamiento u omisión ejercido por
cualquier persona que tiene un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, a fin de
dañar su dignidad, autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad, tendiente a impedir su
desarrollo y atentar contra la igualdad.
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el
daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.
Para efectos de lo anterior, se entiende por:
a) Acoso: Forma de violencia que se presenta en una serie de eventos que tienen como
objetivo intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o
intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico y
laboral-profesional.
Esta se puede presentar en forma horizontal, vertical ascendente o vertical
descendente, ya sea en el centro de trabajo o fuera de este, siempre que esté
vinculado a la relación laboral.
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b) Hostigamiento: El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima
frente a la persona agresora en el ámbito laboral, que se expresa en conductas
verbales, físicas o ambas.
De igual modo, constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima, o a
respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; así como toda acción u omisión
que directa o indirectamente provoque la brecha salarial de género, la descalificación del
trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el
impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley, y todo
tipo de discriminación por condición de mujer.
IV. Violencia en la comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden
derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito público y propician su denigración,
discriminación, marginación o exclusión.
V. Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y
del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
VI. Violencia política contra las mujeres en razón de género: Es toda acción u omisión,
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de
los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de
las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función
pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a
las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos
del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se
dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un
impacto diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede
ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas,
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes
de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de
personas particulares.
VII. Violencia digital: Es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la
información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita,
comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de
contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su
autorización y que le cause daño moral, psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su
vida privada o en su imagen propia.
Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de
las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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Se entenderá por Tecnologías de la Información y la Comunicación, aquellos recursos,
herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la
información mediante diversos soportes tecnológicos.
[Artículo reformado en su fracción III primer y segundo párrafos y adicionada con un tercer y
cuarto párrafos mediante Decreto No. LXVII/RFLYC/0888/2024 XIII P.E. publicado en el P.O.E. No.
84 del 19 de octubre de 2024]
[Artículo adicionado con la fracción VII mediante Decreto No. LXVII/RFLEY/0814/2023 I P.O.
publicado en el P.O.E. No. 15 del 21 de febrero de 2024]
[Artículo reformado en su fracción II mediante Decreto No. LXVII/RFLYC/0650/2023 I P.O. publicado
en el P.O.E. No. 03 del 10 de enero de 2024]
[Artículo reformado en su fracción III segundo párrafo mediante Decreto No. -
LXVII/RFLEY/0544/2023 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 51 del 28 de junio de 2023]
[Artículo reformado en su fracción VI y adicionado el mismo, con los párrafos segundo y tercero
mediante Decreto No. LXVI/RFLEY/0722/2020 VI P.E. publicado en el P.O.E. No. 52 del 27 de junio
de 2020]
[Artículo adicionada con una fracción V mediante Decreto No. 783-09 I P.O. publicada en el P.O.E.
No. 19 del 06 de marzo de 2010]
ARTÍCULO 6-a. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental
garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las disigualdades
producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:
I. Establecer un grupo interistitucional y multidiciplinario con perspectiva de género que le dé el
seguimiento respectivo;
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la
violencia feminicida;
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la
violencia contra las mujeres;
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta
de violencia de género contra las mujeres, y
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las
mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
ARTÍCULO 6-b. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las
mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres, y
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III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las Entidades Federativas, los
organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
ARTÍCULO 6-c. Corresponderá al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la
alerta de violencia de género y notificar la declaratoria al Poder Ejecutivo del Estado.
ARTÍCULO 6-d. Ante la violencia feminicida, el Estado de Chihuahua y sus municipios participarán, junto
con el Gobierno Federal, en el resarcimiento del daño, conforme a los parámetros establecidos en los
derechos humanos reconocidos internacionalmente y considerar como reparación:
I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar las violaciones a los
derechos de las mujeres y sancionar a los responsables;
II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y
psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o
indirectas;
III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de
violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran:
a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso
de repararlo;
b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que
llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad;
c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos
contra las mujeres, y
d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.
[Artículos adicionados del 6-a al 6-d, mediante Decreto No. 783-09 I P.O. publicada en el P.O.E. No.
19 del 06 de marzo de 2010]
ARTÍCULO 6-e. Para efectos de la violencia política contra las mujeres en razón de género, a que se
refiere la fracción VI del artículo 6 de esta Ley, esta puede expresarse, entre otras, a través de las
siguientes conductas:
I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio
pleno de los derechos políticos de las mujeres.
II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus
derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón
de género.
III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier
otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y
actividades.
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IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información
falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de
sus atribuciones.
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas,
electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las
mujeres y la garantía del debido proceso.
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa,
incompleta o imprecisa, que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones.
VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle
en condiciones de igualdad.
VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a
una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de
dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar
su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las
mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el
objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos.
X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones,
por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y
poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de
género.
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de
inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada.
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o
encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o
extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio
del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto.
XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base en la aplicación de tradiciones,
costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos
humanos.
XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las
atribuciones propias de la representación política, cargo o función.
XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de
embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso
de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad.
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una
mujer en ejercicio de sus derechos políticos.
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XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que
ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio
del cargo, en condiciones de igualdad.
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar
decisiones contrarias a su voluntad o a la ley.
XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos
políticos.
XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo
político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.
XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus
derechos políticos en condiciones de igualdad.
XXII. Asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función
político-pública.
XXIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de
decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en
la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.
[Artículo reformado mediante Decreto No. LXVI/RFLEY/0722/2020 VI P.E. publicado en el P.O.E. No.
52 del 27 de junio de 2020]
ARTÍCULO 7. La protección y asistencia a las mujeres víctimas o en situación de riesgo de violencia,
tiene por objeto promover su desarrollo integral y su participación en todos los niveles de la vida privada,
económica, política, laboral, profesional, académica, cultural y social.
ARTÍCULO 8. Los derechos de las mujeres protegidos por esta Ley son:
I. La vida;
II. La libertad;
III. La igualdad;
IV. La equidad;
V. La no discriminación;
VI. La intimidad;
VII. La integridad física, sicoemocional y sexual de las mujeres;
VIII. El patrimonio.
IX. El pleno ejercicio de los derechos políticos.
[Artículo reformado en su fracción VII y adicionado con una IX mediante Decreto No.
LXV/RFLYC/0854/2018 XVI P.E. publicado en el P.O.E No. 48 del 15 de junio de 2019]
ARTÍCULO 9. Las mujeres víctimas de cualquier tipo y modalidad de violencia tendrán los
siguientes derechos:
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I. Protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;
II. Trato digno, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o actuación como víctima de
violencia;
III. Asistencia legal gratuita y necesaria para los trámites jurídicos relacionados con la violencia
de la cual sea víctima;
IV. Asistencia médica y sicológica gratuita para la atención de las consecuencias generadas por
la violencia;
V. Acciones de asistencia social que contribuyan a su pleno desarrollo;
VI. Atención en un refugio temporal;
VII. La víctima no será obligada a tomar mecanismos de conciliación con su agresor; y
VIII. Las demás que establezca esta Ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
[Artículo reformado en sus fracciones VI y VII y adicionado con una VIII mediante Decreto No. -
LXVII/RFLYC/0650/2023 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 03 del 10 de enero de 2024]
ARTÍCULO 10. Para mejorar la defensa, asistencia y protección de las mujeres víctimas de violencia,
el Estado y los municipios, contarán con instancias especializadas y personal calificado para la
procuración del respeto a los derechos inherentes a éstas.
ARTÍCULO 11. El Estado y los municipios, impulsarán la cultura de protección a los derechos humanos de
las mujeres y vigilarán que se apliquen las sanciones respectivas a las servidoras y servidores públicos
cuando sus acciones u omisiones constituyan violencia institucional, buscando que en todo momento los
Titulares de los Órganos Internos de Control se encuentren capacitados para la aplicación efectiva de la
presente disposición, a través del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.
[Artículo reformado mediante Decreto No. LXVI/RFLEY/1051/2021 XIII P.E. publicado en el P.O.E.
No. 69 del 28 de agosto de 2021]
ARTÍCULO 12. Los municipios expedirán los reglamentos y adecuarán los vigentes en
las disposiciones vinculadas a la materia de la presente Ley y adoptarán las medidas
administrativas necesarias para dar cumplimiento a la misma.
CAPÍTULO PRIMERO BIS
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
[Capítulo adicionado con sus artículos 12-a, 12-b, 12-c, 12-d, 12-e, 12-f, 12-g y 12-h; mediante
Decreto No. LXVI/RFLEY/0722/2020 VI P.E. publicado en el P.O.E. No. 52 del 27 de junio de 2020]
ARTÍCULO 12-a. Las órdenes de protección, son actos de protección y de urgente aplicación en función
del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse
por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de
infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Estatal Electoral y el
Instituto Estatal Electoral podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a
que se refiere el presente Capítulo.
H. Congreso del Estado
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ARTÍCULO 12-b. Las órdenes de protección que consagra la presente Ley son personalísimas e
intransferibles y podrán ser:
I. De emergencia.
II. Preventivas.
III. De naturaleza civil.
Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el
tiempo que dure la investigación, o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima, y
deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento
de los hechos que las generan.
[Artículo reformado en su segundo párrafo mediante Decreto No. LXVII/RFLEY/0632/2023 I P.O.
publicado en el P.O.E. No. 93 del 22 de noviembre de 2023]
ARTÍCULO 12-c. Son órdenes de protección de emergencia, las siguientes:
I. Desocupación inmediata del agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima,
independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los
casos de arrendamiento del mismo.
II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de
estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que
frecuente la víctima.
III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.
IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier
integrante de su familia.
ARTÍCULO 12-d. Son órdenes de protección preventivas, las siguientes:
I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada
de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la
normatividad de la materia.
Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que
independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima.
II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los
implementos de trabajo de la víctima.
III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la
víctima.
IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la
víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos.
V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de
sus hijas e hijos.
H. Congreso del Estado
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VI. Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de
ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el
auxilio.
VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de
género, al agresor, en instituciones públicas debidamente acreditadas.
ARTÍCULO 12-e. Corresponderá a las autoridades estatales, en el ámbito de sus competencias, otorgar
las órdenes de emergencia y preventivas de la presente Ley, y deberán tomar en consideración:
I. El riesgo o peligro existente.
II. La seguridad de la víctima.
III. Los elementos con que se cuente.
ARTÍCULO 12-f. Son órdenes de protección de naturaleza civil, las siguientes:
I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes.
II. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del
domicilio conyugal; y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal.
III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio.
IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el
Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias.
V. Obligación alimentaria provisional e inmediata.
Serán tramitadas ante los tribunales de primera instancia en materia familiar o, a falta de estos, en los de
materia civil que corresponda.
ARTÍCULO 12-g. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la
determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios
o procesos que en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes.
ARTÍCULO 12-h. Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades
competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades
correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes; quienes sean menores
de 12 años, solo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales.
ARTÍCULO 12-i. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de
un hecho que la ley señale como delito en contra de una mujer o una niña, está obligado a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su
disposición a la persona imputada, si hubiere sido detenida en flagrancia.
Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.
[Artículo adicionado mediante Decreto No. LXVII/RFLEY/0632/2023 I P.O. publicado en el P.O.E. No.
93 del 22 de noviembre de 2023]
H. Congreso del Estado
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CAPITULO SEGUNDO
DEL SISTEMA ESTATAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
ARTÍCULO 13. El Sistema tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y
acciones de instancias públicas y privadas, para la atención integral y eficiente de las mujeres víctimas de
violencia.
ARTÍCULO 14. El objeto del Sistema se cumplirá con estricto apego a las disposiciones constitucionales
y legales que regulan las facultades y obligaciones de las autoridades que integran el órgano de gobierno,
denominado Consejo.
ARTÍCULO 15. Los recursos humanos, financieros y materiales que conformen el Sistema serán
responsabilidad jurídica y administrativa de quienes lo integran.
La aportación voluntaria de recursos a cargo de particulares no implica la transferencia de los mismos.
ARTÍCULO 15 BIS. El Sistema deberá crear el Sistema Informático de Registro de Casos de Riesgo
Feminicida cuando exista violencia familiar, lesiones y tentativa de feminicidio, el cual tendrá como objetivo
establecer un registro único de atención para cada víctima, que permita implementar medidas de
prevención y protección personalizadas, ante un potencial riesgo feminicida.
La Secretaría del Consejo tendrá a su cargo el Sistema Informático de Registro de Casos de Riesgo
Feminicida.
Artículo adicionado mediante Decreto No. LXVI/RFLEY/1051/2021 XIII P.E. publicado en el P.O.E.
No. 69 del 28 de agosto de 2021]
CAPITULO TERCERO
DEL CONSEJO ESTATAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
ARTÍCULO 16. EL Consejo es el órgano del Sistema, con funciones de coordinación de acciones y de
participación social, para la planeación de la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las
mujeres, así como la protección y asistencia de las víctimas en el Estado.
ARTÍCULO 17. El Consejo estará integrado por las personas titulares o representantes legales de:
I. La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a cargo de la presidencia;
II. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres, a cargo de la secretaría;
III. La Fiscalía General del Estado, así como de la Secretaría de Cultura, Secretaría de
Educación y Deporte y General de Gobierno; [Fracción reformada mediante Decreto No.
LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]
IV. La Dirección General del DIF Estatal.
V. Las dependencias y entidades encargadas de aplicar programas en favor de las mujeres en
los municipios del Estado. Estas instancias se convocarán a las sesiones en caso de que los
temas a tratar sean de su competencia;
H. Congreso del Estado
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VI. Cuatro representantes de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado que
trabajen con y para las mujeres.
VII. Quienes presidan las comisiones de Igualdad, de Justicia y de Feminicidios del Poder
Legislativo del Estado.
VIII. El Instituto Estatal Electoral.
IX. Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
Podrán ser invitados a las sesiones del Consejo las y los Secretarios, Directores, Directoras,
Coordinadores y Coordinadoras Generales o cualquier funcionario o funcionaria de la administración
pública estatal, así como asesores externos, cuando por la naturaleza de algún asunto a tratar, y a
consideración de la Presidencia del Consejo, sea necesario su punto de vista para la toma de
decisiones, mismos que participarán dentro de él, con voz, pero sin voto.
[Artículo reformado en sus fracciones I y VII mediante Decreto No. LXVII/RFLYC/0650/2023 I P.O.
publicado en el P.O.E. No. 03 del 10 de enero de 2024]
[Artículo reformado en su párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV y V, mediante Decreto No. 859-
2012 VII P.E., publicado en el P.O.E. No. 77 del 26 de septiembre de 2012]
[Artículo reformado en su fracción VI y adicionado con una VIII mediante Decreto No.
LXV/RFLYC/0854/2018 XVI P.E. publicado en el P.O.E No. 48 del 15 de junio de 2019]
[Artículo reformado en su párrafo primero y adicionado con una fracción IX mediante Decreto No. -
LXVI/RFLEY/0722/2020 VI P.E. publicado en el P.O.E. No. 52 del 27 de junio de 2020]
ARTÍCULO 18. Las y los Consejeros titulares de las dependencias de Gobierno del Estado y de
los municipios deberán designar a su suplente que tendrá, por lo menos, nivel de jefatura de
departamento.
ARTÍCULO 19. Son atribuciones del Consejo:
I. Fungir como órgano de planeación, coordinación de acciones y decisorio del Sistema, a
fin de orientar las políticas y acciones en la materia;
II. Aprobar el programa y los programas especiales, y evaluar su cumplimiento, por lo menos
anualmente;
III. Aprobar el informe anual elaborado por la Secretaría del Consejo sobre los avances del
Programa;
IV. Orientar a la comunidad sobre las políticas y acciones para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres;
V. Proponer o validar los protocolos que rijan la operación de los refugios para la atención a
mujeres víctimas de violencia y de los centros de rehabilitación para agresores;
VI. Promover la investigación científica con perspectiva de género en las materias propias de
esta Ley.
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VII. Establecer y promover la capacitación y actualización permanente, con perspectiva de
género, de los grupos e individuos que participen en el Sistema;
VIII. Formular recomendaciones a las autoridades facultadas para presentar iniciativas de tipo
legislativo, que tengan como propósito prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;
IX. Presentar al Ejecutivo del Estado, antes de la formulación de los programas operativos
anuales, una propuesta de asignación de partidas presupuestales prioritarias de las
dependencias y entidades que integran el Sistema, para el cabal cumplimiento de los
objetivos del Programa y de las finalidades de esta Ley;
X. Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal los reglamentos necesarios para el cumplimiento
de los objetivos de esta Ley, así como el proyecto de reglamento interno para su
expedición.
XI. Contribuir a la difusión de la legislación en materia de violencia contra las mujeres;
XII. Promover estrategias para la obtención de recursos destinados al cumplimiento de los
objetivos de esta Ley;
XIII. Convocar a los sectores de la sociedad para su integración al Sistema y emitir
convocatoria para que representantes de organizaciones de la sociedad civil sean
designados miembros del Consejo; y
XIV. Cerciorarse que los refugios para la atención a mujeres víctimas de la violencia y centros de
rehabilitación para agresores, cumplan con las especificaciones que las normas nacionales e
internacionales exigen para la atención especializada a mujeres víctimas de violencia y de
cualquier delito, así como dar parte a las autoridades correspondientes en caso de encontrar
irregularidades graves que puedan ser constitutivas de un delito; y
XV. Aprobar, a propuesta del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el Modelo Homologado para
la operación de los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género.
XVI. Las demás que señalen esta, otras leyes y sus reglamentos.
[Artículo reformado en su fracción IX mediante Decreto No. LXVII/RFLEY/0631/2023 I P.O.
publicado en el P.O.E. No. 101 del 20 de diciembre de 2023]
[Artículo reformado en su fracción XV mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O.
publicado en el P.O.E. No. 46 del 9 de junio de 2021]
[Artículo adicionado con una fracción XVI mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/0749/2020 IX P.E.
publicado en el P.O.E. No. 17 del 27 de febrero de 2021]
[Artículo reformado en su fracción XIV mediante Decreto No. 781-2012 II P.O. publicado en el
P.O.E. No. 48 del 16 de junio de 2012]
ARTÍCULO 20. El Consejo se reunirá previa convocatoria que para tal efecto emita la Presidencia, por
conducto de la Secretaría, en sesiones ordinarias o extraordinarias, por comités o en Pleno, en los plazos
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y formas que determine el propio Consejo o se señalen en el reglamento interior. Las reuniones plenarias
se celebrarán por lo menos cada tres meses.
ARTÍCULO 21. Las sesiones del Consejo serán encabezadas por la Presidencia y en su ausencia por la
Secretaría y para que tengan validez será necesaria la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los
integrantes del Consejo. Así mismo, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate.
ARTÍCULO 22. El cargo de Consejero o Consejera es de carácter honorario y tratándose de servidoras o
servidores públicos es inherente al empleo que desempeñen.
ARTÍCULO 23. La designación de las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil en el
Estado que trabajen con y para las mujeres, a que se refiere la fracción VI del Artículo 18 de esta Ley, se
realizará por el resto de los miembros del propio Consejo y de entre las personas que respondan a la
convocatoria emitida para tal efecto.
CAPITULO CUARTO
DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
ARTÍCULO 24. En el Programa se definirán con perspectiva de género los objetivos, estrategias, líneas
de acción, recursos y responsabilidades de las y los participantes en el Sistema, para el cumplimiento de
las metas que en él se establezcan.
ARTÍCULO 25. En el Programa deberán establecerse estrategias y acciones para:
I. Fomentar el conocimiento y el respeto al derecho de toda persona a una vida sin violencia,
y la observancia en todo momento, circunstancia y ámbito de los derechos humanos de las
de las mujeres;
II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendola
propuesta y formulación de programas de educación formales y no formales,
respectivamente, en todos los niveles y modalidades, con la finalidad de erradicar
estereotipos que permitan o toleren la violencia contra las mujeres.
III. Impulsar la capacitación con perspectiva de género del personal a cargo de la Fiscalía
General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, con especial énfasis a los
integrantes del Servicio Profesional de Carrera ministerial, pericial y policial.
IV. Impulsar la capacitación de Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces, Defensoras y
Defensores de Oficio, y demás personal a cargo del Poder Judicial, a fin de dotarles de
instrumentos que les permitan realizar su labor con perspectiva de género;
V. Proporcionar, a través de las autoridades e instituciones públicas o privadas, la atención
especializada a las víctimas de violencia que garantice un servicio de carácter
sensible,con apego a lo establecido en sus respectivos reglamentos internos;
VI. Ofrecer a las víctimas de violencia o a sus agresores, el acceso a programas eficaces de
reeducación, rehabilitación y capacitación, de forma tal que les permitan participar
plenamente en la vida pública y social;
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VII. Exhortar a los medios de comunicación para que apliquen criterios adecuados de difusión
que favorezcan la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y
contribuyan a garantizar el respeto a su dignidad;
VIII. Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente
sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres, con el fin
de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir y eliminar este tipo de
violencia;
IX. Evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el propio programa.
X. Promover en la comunidad la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres.
XI. Sensibilizar y capacitar, con enfoque intercultural de educación democrática, sobre el ejercicio
de los derechos políticos de las mujeres.
XII. Facilitar el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y su permanencia en los espacios
de toma de decisiones.
XIII. Definir recomendaciones específicas mediante las cuales las instituciones públicas, políticas,
sociales, privadas, electorales y sindicales creen sus propios instrumentos y mecanismos
internos para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres en razón de género.
[Fracción reformada mediante Decreto No. LXVI/RFLEY/0722/2020 VI P.E. publicado en
el P.O.E. No. 52 del 27 de junio de 2020]
[Artículo reformado en su fracción III mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/0749/2020 IX P.E.
publicado en el P.O.E. No. 17 del 27 de febrero de 2021]
[Artículo reformado en su fracción IX y adicionado con las fracciones XI y XII mediante Decreto
No. LXV/RFLYC/0854/2018 XVI P.E. publicado en el P.O.E No. 48 del 15 de junio de 2019]
CAPITULO QUINTO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ARTÍCULO 26. El Estado y los municipios coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta
Ley, de conformidad con las competencias previstas en este Capítulo y demás instrumentos
legales aplicables.
ARTÍCULO 27. Son atribuciones y obligaciones del Estado:
I. Garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;
II. Formular y conducir, con perspectiva de género, la política estatal para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres, y proteger y asistir a las víctimas en todos los ámbitos, en un
marco de integralidad y promoción de los derechos humanos;
III. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta Ley;
IV. Incluir una partida presupuestal suficiente para garantizar que las dependencias y
entidades cumplan con los objetivos de esta Ley, realicen acciones afirmativas en favor de
las mujeres y coadyuven en la protección integral a quienes sean víctimas de violencia;
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V. Celebrar convenios de coordinación y concertación con la participación que corresponda a
las dependencias o entidades del Gobierno Federal, Estatal y municipal, con organismos
nacionales e internacionales en materia de prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres, y protección y asistencia a las víctimas;
VI. Realizar, a través de los diversos medios de comunicación, campañas de sensibilización
sobre la violencia contra las mujeres, con la finalidad de informar a la población, y en
especial a las mujeres, sobre las leyes que las protegen, las medidas y programas que les
asisten y los recursos disponibles, así como efectuar campañas dirigidas a incentivar las
denuncias de cualquier tipo de violencia, agresión o acoso contra niñas y adolescentes y de
prevención de la violencia en este grupo etario.
VII. Instar, en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, a los diversos
medios de comunicación, para que dejen de promover estereotipos que denigren a las
mujeres y patrones de conducta generadores de violencia en contra de ellas.
VIII. Difundir en las comunidades indígenas información sobre los derechos de las mujeres, y
diseñar un programa de prevención de la violencia en contra de niñas y adolescentes desde
una perspectiva intercultural.
IX. Promover la investigación, con perspectiva de género, sobre las causas y consecuencias
de la violencia contra las mujeres;
X. Evaluar y considerar la eficacia del Programa, con base en los resultados de las
investigaciones previstas en la fracción anterior;
XI. Garantizar que las pláticas prematrimoniales que se imparten a través del Consejo Estatal
de Población, con relación a la violencia de género, se realicen de manera clara, amplia,
eficaz y con perspectiva de género; y
XII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieran.
[Artículo reformado en sus fracciones VI, VII y VIII mediante Decreto No. LXVI/RFLEY/1051/2021 XIII
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ARTÍCULO 28. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común:
I. Presidir las sesiones del Consejo;
II. Emitir la convocatoria para la celebración de todo tipo de sesiones del Consejo;
III. Elaborar la propuesta del Programa, incorporando las iniciativas de los integrantes del
Consejo;
IV. Celebrar toda clase de contratos, convenios y acuerdos para el adecuado cumplimiento de
las atribuciones del Consejo, de conformidad con los proyectos elaborados para tal efecto
por la Secretaría;
V. Publicar y difundir el informe anual que apruebe el Consejo sobre los avances del
Programa;
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VI. Impulsar la formulación y actualización de acuerdos de coordinación entre las diferentes
instancias de gobierno, para lograr la asistencia integral de las víctimas de violencia, con
apego a lo establecido en sus respectivos reglamentos internos;
VII. Promover e implementar políticas sociales de prevención y erradicación a la violencia
contra las mujeres;
VIII. Promover la implementación del sistema único de información interinstitucional con las
estadísticas en materia de violencia de género;
IX. Participar en la elaboración y ejecución del Programa y en el diseño de nuevos modelos de
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
X. Formular la política de desarrollo social del Estado considerando el adelanto en la
condición y posición de las mujeres, y su plena participación en todos los ámbitos de la
vida;
XI. Fomentar el desarrollo social y humano desde una visión de protección integral de los
derechos humanos de las mujeres, para coadyuvar a garantizarles una vida libre de
violencia;
XII. Coadyuvar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres;
XIII. Establecer servicios de asistencia integral para las mujeres víctimas de violencia, que les
permitan participar plenamente en la vida pública, social y privada;
XIV. Promover servicios de asistencia para la rehabilitación de los agresores;
XV. Realizar acciones programáticas de carácter afirmativo para el logro de la igualdad de
condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres, y la eliminación de brechas y
desventajas de género, sobre todo para aquellas mujeres que se encuentren en
condiciones de exclusión y pobreza;
XVI. Garantizar el cumplimiento e implementación, en el sector salud, de las Normas Oficiales
vigentes en materia de violencia contra la mujeres y la instalación de mecanismos de
supervisión y evaluación de su efectividad;
XVII. Brindar a las víctimas, en los hospitales públicos a su cargo, atención integral e
interdisciplinaria;
XVIII. Crear programas de capacitación con perspectiva de género para el personal del sector
salud, respecto de la violencia contra las mujeres y el trato que se debe proporcionar a las
víctimas;
XIX. Difundir material informativo en los centros de salud, relativo a la prevención de la violencia
contra las mujeres y a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la salud de
las mujeres;
XX. Coadyuvar con las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de
violencia contra las mujeres y proporcionar, entre otra, la siguiente información:
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a) Número de víctimas que se atienden en los servicios a su cargo;
b) Situaciones de violencia que sufren las mujeres;
c) Tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima;
d) Efectos causados por la violencia en las mujeres; y
e) Recursos erogados en la atención de las víctimas de violencia;
XXI. Canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones que les presten asistencia y
protección, con apego a lo establecido en sus reglamentos internos; y
XXII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.
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ARTÍCULO 29. Corresponde al Instituto Chihuahuense de las Mujeres. [Artículo reformado mediante
Decreto No. LXV/RFLEY/0215/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 14 del 18 de febrero de 2017]
I. Presidir, en ausencia de la o el Presidente, las sesiones del Consejo;
II. Participar en la elaboración y ejecución del Programa, y en el diseño de nuevos modelos
de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
III. Formular los proyectos de toda clase de contratos, convenios y acuerdos para el adecuado
cumplimiento de las atribuciones del Consejo;
IV. Promover la creación de refugios para la atención a mujeres víctimas de violencia y centros
de rehabilitación para agresores, de conformidad con su capacidad técnica y financiera, y
con las atribuciones que el marco jurídico le otorga;
V. Promover la creación de unidades de asistencia y protección a las mujeres víctimas de
violencia;
VI. Capacitar con perspectiva de género a las diferentes instancias de los sectores público,
privado o social, incluido el personal a su cargo, para el desempeño de su labor;
VII. Canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones que les presten asistencia y
protección.
VIII. Coadyuvar con las instituciones privadas dedicadas a prestar asistencia y protección a las
mujeres víctimas de violencia;
IX. Realizar investigaciones sobre las causas, características y consecuencias de la violencia
contra las mujeres, así como la eficacia de las medidas aplicadas para su prevención y
erradicación. Los resultados serán dados a conocer públicamente para fomentar el debate
social y valorar las medidas pertinentes para su erradicación;
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X. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, medidas y acciones
extraordinarias que consideren pertinentes para erradicar la violencia contra las mujeres;
XI. Crear estrategias eficaces de asistencia integral que permitan a las mujeres víctimas
participar activamente en la vida pública, privada y social;
XII. Realizar acciones que promuevan la autonomía económica y el acceso al trabajo
renumerado de las mujeres víctimas de la violencia;
XIII. Vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas, sea
proporcionada por especialistas en la materia que incorporen la perspectiva de género,
con actitudes idóneas, sin prejuicios, ni discriminación alguna y con apego a los establecido
en sus reglamentos internos;
XIV. Elaborar una guía de recomendaciones dirigida a los medios de comunicación, para el
manejo adecuado de la información sobre violencia contra las mujeres;
XV. Establecer una línea de atención telefónica que sirva de medio de información y
canalización para atender a las mujeres víctimas de violencia;
XVI. Organizar actividades públicas y sociales alusivas a la eliminación de la violencia contra la
mujer;
XVII. Exhortar a los medios de comunicación para que realicen jornadas de cero tolerancia a la
violencia contra las mujeres;
XVIII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres; y
XIX. Elaborar la propuesta y, en su caso, las modificaciones del proyecto del Modelo Homologado
de los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género.
XX. Verificar que los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género operen bajo el
Modelo Homologado.
XXI. Establecer mecanismos, en el ámbito de su competencia, que favorezcan la prevención,
atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual en contra de las mujeres.
Para lo cual podrá celebrar acuerdos y convenios con instituciones públicas o privadas.
XXII. Las demás previstas en el cumplimiento de esta Ley.
[Artículo reformado en su fracción XXI y adicionado con una XXII mediante Decreto No. -
LXVII/RFLYC/0844/2024 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 39 del 15 de mayo de 2024]
[Artículo reformado en sus fracciones XIX y XX mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II
P.O. publicado en el P.O.E. No. 46 del 9 de junio de 2021]
[Artículo reformado en su fracción XIX y adicionado con las fracciones XX y XXI mediante Decreto
No. LXVI/RFLYC/0749/2020 IX P.E. publicado en el P.O.E. No. 17 del 27 de febrero de 2021]
ARTÍCULO 30. Corresponde a la Fiscalía General del Estado:
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I. Participar en la elaboración y ejecución del Programa, y en el diseño de nuevos modelos de
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
II. Informar al Consejo sobre la ejecución de las acciones de su competencia contenidas en el
Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia;
III. Formular las bases para la coordinación del Consejo con los Sistemas Nacional y Estatal de
Seguridad Pública, para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
IV. Capacitar a la Policía Estatal Única para atender, con perspectiva de género y de
conformidad con los protocolos estandarizados a las normas aplicables, los casos de
violencia contra las mujeres;
V. Canalizar a las víctimas de violencia a las instituciones que les presten asistencia y
protección;
VI. Garantizar que el personal a su cargo cumpla con lo establecido en esta Ley;
VII. Establecer acciones para la reeducación y reinserción social de los agresores;
VIII. Establecer políticas que fomenten el apego a los principios de legalidad, honradez,
profesionalismo y eficiencia, en la atención a las mujeres víctimas de violencia;
IX. Impartir cursos de formación y especialización con perspectiva de género a las y los agentes
del Ministerio Público, peritos, cuerpo policíaco a su cargo y personal administrativo, a fin de
mejorar la atención y asistencia que se brinda a las mujeres víctimas de violencia;
X. Proporcionar a las mujeres víctimas de violencia, cuando ésta constituya un delito, asistencia,
orientación jurídica y de cualquier otra índole, necesarias para su eficaz atención y protección;
XI. Realizar ante hechos presumiblemente delictivos, los exámenes necesarios a las mujeres
víctimas de violencia para determinar las alteraciones producidas en su estado de salud físico
y emocional, así como su causa probable. Esto conforme a los protocolos especializados de
investigación y seguimiento de los delitos de violencia familiar, violación y feminicidio que
elabore e implemente, donde se integren la perspectiva de género, de interculturalidad y de
infancia.
XII. Proporcionar información sobre edad, género y número de víctimas, causas y daños
derivados de la violencia contra las mujeres al Instituto Chihuahuense de las Mujeres e
instancias encargadas de realizar estadísticas; [Fracción reformada mediante Decreto No.
LXV/RFLEY/0215/2016 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 14 del 18 de febrero de 2017]
XIII. Proporcionar a las víctimas información sobre las instituciones públicas o privadas
encargadas de brindarles asistencia;
XIV. Brindar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;
XV. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres;
XIV. Implementar, en coordinación con las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, los programas, mecanismos y protocolos de seguridad, como el denominado
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Protocolo Alba, entre otros que tengan por objeto la localización inmediata de niñas,
adolescentes y mujeres sustraídas, trasladadas o retenidas ilícitamente;
XV. Asignar personal ministerial a los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género, de
acuerdo con las previsiones presupuestales que autorice el presupuesto de egresos cada
año.
XVIII. Promover, proteger, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, de las
víctimas en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
XIX. Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.
[Artículo reformado en su fracción XI mediante Decreto No. LXVI/RFLEY/1051/2021 XIII P.E.
publicado en el P.O.E. No. 69 del 28 de agosto de 2021]
[Artículo reformado en su fracción XVII mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O.
publicado en el P.O.E. No. 46 del 9 de junio de 2021]
[Artículo reformado en sus fracciones XVIII y adicionado con una fracción XIX mediante Decreto
No. LXVI/RFLYC/0749/2020 IX P.E. publicado en el P.O.E. No. 17 del 27 de febrero de 2021]
ARTÍCULO 31. Derogado. [Artículo Derogado mediante Decreto No. 1142-2010 XII P.E. publicado en
el P.O.E. No. 77 del 25 de septiembre de 2010]
ARTÍCULO 32. Corresponde a la Secretaría de Educación y Deporte:
I. Participar en la elaboración y ejecución del Programa, y en el diseño de nuevos modelos de
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la familia;
II. Regular, con perspectiva de género, las directrices de acciones y programas educativos en el
Estado;
III. Promover acciones que garanticen la igualdad y la equidad en todas las etapas del proceso
educativo;
IV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la incorporación en todos los programas
educativos de temas relativos al respeto de los derechos humanos, la protección especial a
personas vulnerables, la no discriminación, así como contenidos tendientes a modificar los
modelos de conducta que impliquen prejuicios basados en la idea de la inferioridad o
superioridad, y en roles estereotipados asignados a cada uno de los sexos;
V. Desarrollar programas educativos en todos los tipos, niveles y modalidades, que fomenten la
cultura de la no violencia hacia las mujeres, así como el respeto a la dignidad de las
personas;
VI. Elaborar materiales educativos, cursos y talleres dirigidos a la prevención de la violencia
contra las mujeres y al desarrollo de habilidades para la resolución pacífica de conflictos;
VII. Emitir las disposiciones administrativas necesarias para garantizar que los docentes y el
personal administrativos de los centros educativos, coadyuven para que las aulas y las
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escuelas se conviertan en verdaderos espacios para la reflexión y el ejercicio de las premisas
que fundamentan una convivencia pacífica y armónica.
VIII. Garantizar a las mujeres la igualdad de oportunidades y facilidades en la obtención de becas,
créditos educativos y otras subvenciones, aplicando medidas extraordinarias para lograr la
equidad;
IX. Garantizar, mediante acciones, que la educación que se imparte en el Estado cumpla con la
prohibición de discriminar por razón de género y evitar que las alumnas embarazadas sean
expulsadas de los centros educativos, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatal de
Educación;
X. Garantizar, mediante acciones, que la educación que se imparten en el Estado tenga entre
sus fines promover conductas que eviten la violencia dentro del marco familiar, tal y como lo
establece la Ley Estatal de Educación;
XI. Capacitar al personal docente y de apoyo de los albergues y centros educativos, sobre la
igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia ejercida contra las mujeres;
XII. Desarrollar modelos de intervención para detectar la violencia contra las alumnas en
albergues y centros educativos;
XIII. Capacitar y sensibilizar al personal docente y de apoyo a fin de que otorguen atención
urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia, así como sobre la obligación de
informar y canalizar a las instancias competentes aquellos casos de violencia contra niñas,
adolescentes y mujeres que llegasen a ocurrir en los albergues o centros educativos,
garantizando la adopción de protocolos de detección de la violencia digital, violencia escolar y
violencia en el ámbito familiar al interior de dichos centros.
XIV. Elaborar programas de otorgamiento de becas dirigidos a mujeres víctimas de violencia y en
situación de riesgo o peligro, así como a sus hijas e hijos menores de edad.
XV. Elaborar y aplicar protocolos de actuación en casos de acoso, hostigamiento o violencia
sexual en todos los niveles educativos.
XVI. Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.
[Artículo reformado en su fracción XV y adicionado con una XVI mediante Decreto No. -
LXVII/RFLYC/0844/2024 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 39 del 15 de mayo de 2024]
[Artículo reformado en su fracción XIV y adicionado en una XV mediante Decreto No. -
LXVII/RFLEY/0515/2023 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 31 del 19 de abril de 2023]
[Artículo reformado en su fracción XIII mediante Decreto No. LXVI/RFLEY/1051/2021 XIII P.E.
publicado en el P.O.E. No. 69 del 28 de agosto de 2021]
[Artículo reformado en su párrafo primero mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O.
publicado en el P.O.E. No. 79 del 3 de octubre de 2016]
[Artículo reformado en su fracción I mediante Decreto No. 1210-2013 X P.E. publicada en el P.O.E.
No. 101 del 18 de diciembre de 2013]
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ARTÍCULO 33. Se deroga. [Artículo derogado mediante Decreto No. 1366-2016 II P.O. publicado en
el P.O.E. No. 52 del 29 de junio de 2016]
ARTÍCULO 34. Son atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado:
I. Participar en la elaboración y ejecución del Programa, y en el diseño de nuevos modelos de
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres;
II. Promover la participación de los sectores social y privado en la asistencia a las víctimas de
violencia, para lo cual se auxiliará de los patronatos, asociaciones o fundaciones y de los
particulares;
III. Fomentar, en coordinación con las instancias competentes, la instalación de centros de
atención inmediata a aquellas personas que sean o hayan sido afectadas por una situación
de violencia familiar;
IV. Brindar asistencia y protección social a las personas víctimas de violencia, en todos los
centros que se encuentren a su cargo;
V. Sensibilizar y concienciar a las personas usuarias de las instituciones a su cargo, sobre la
violencia contra las mujeres y proporcionarles información para prevenirla;
VI. Fomentar, en coordinación con los organismos competentes, campañas públicas
encaminadas a sensibilizar y formar conciencia en la población sobre las formas en que se
expresa y se puede prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;
VII. Establecer en todos los centros a su cargo, las bases para un sistema de registro de
información estadística en materia de violencia contra las mujeres;
VIII. Promover programas de intervención temprana para prevenir la violencia contra las mujeres
en las zonas que reporten mayor incidencia;
IX. Impulsar la formación de promotoras y promotores comunitarios para la aplicación de
programas preventivos;
X. Desarrollar modelos de intervención para detectar la violencia en contra de mujeres en todos
los centros a su cargo;
XI. Capacitar al personal a su cargo sobre la igualdad de oportunidades y la prevención de la
violencia ejercida contra las mujeres;
XII. Capacitar y sensibilizar al personal a su cargo a fin de que otorguen atención urgente a las
personas víctimas de violencia, así como instruirlos sobre la obligación de informar y
canalizar a las instancias competentes los casos que ocurrieran en esos lugares, donde
mujeres fueren víctimas de violencia; y
XIII. Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.
ARTÍCULO 35. Corresponde a los Municipios de la Entidad:
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I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con el Consejo, la política municipal orientada a
erradicar la violencia contra las mujeres, así como elaborar un plan de prevención, protección,
atención, canalización y denuncia para los casos de violencia contra niñas y adolescentes.
II. Participar con las autoridades estatales en la conformación y consolidación del Sistema;
III. Capacitar, con perspectiva de género, al personal del ayuntamiento y en especial a las
personas que asisten a las víctimas de violencia, en coordinación con el Consejo;
IV. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del programa, así como implementar y
coadyuvar en la operación de los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género
que se implementen.
V. Fomentar la creación de refugios para la atención de mujeres víctimas de violencia y centros
de atención para agresores, de acuerdo con su capacidad presupuestal y financiera;
VI. Elaborar programas de sensibilización y proyectos culturales que promuevan la equidad de
género y contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres;
VII. Promover la participación de organismos públicos, privados y de la sociedad civil en
programas y acciones de apoyo a las víctimas de violencia familiar y por razones de género.
VIII. Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.
[Artículo reformado en su fracción I mediante Decreto No. LXVII/RFLYC/0650/2023 I P.O. publicado
en el P.O.E. No. 03 del 10 de enero de 2024]
[Artículo reformado en su fracción IV mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O.
publicado en el P.O.E. No. 46 del 9 de junio de 2021]
[Artículo reformado en su fracción VII mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/0749/2020 IX P.E.
publicado en el P.O.E. No. 17 del 27 de febrero de 2021]
ARTÍCULO 35 BIS. Corresponde al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral, en el ámbito
de sus respectivas competencias:
I. Prevenir, atender y erradicar la violencia política en contra de las mujeres.
II. Recopilar estadísticas sobre la violencia política contra las mujeres, en el ámbito electoral,
que permitan diagnosticar el problema y diseñar acciones concretas.
III. Difundir de manera permanente, en los medios de comunicación, respecto a las conductas,
acciones u omisiones que conllevan a la violencia política, así como la prevención, formas de
denuncia y conciencia sobre la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres.
IV. Capacitar sobre violencia política contra las mujeres a: simpatizantes, militantes,
precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos de los partidos políticos o
independientes, a funcionarias y funcionarios de mesas directivas en jornada electoral y al
personal que labora en el propio Instituto.
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V. Incluir en sus programas de capacitación y formación sobre medios de impugnación electoral
el tema de la violencia política, incentivando el litigio estratégico en estos casos.
VI. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y
electorales de las mujeres.
VII. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas
y campañas electorales en prensa y medios electrónicos que difundan noticias, durante los
procesos electorales.
VII. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia
política contra las mujeres en razón de género.
VIII. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
[Artículo adicionado mediante Decreto No. LXV/RFLEY/0852/2018 XVI P.E. publicado en el P.O.E.
No. 90 del 10 de noviembre de 2018]
[Artículo reformado en su párrafo primero y fracción VI y adicionado con las fracciones VII, VIII y
IX; mediante Decreto No. LXVI/RFLEY/0722/2020 VI P.E. publicado en el P.O.E. No. 52 del 27 de
junio de 2020]
CAPÍTULO SEXTO
DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y
LA ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS
ARTÍCULO 36. Las instancias integrantes del Consejo deberán tomar medidas para la prevención de la
violencia familiar y la asistencia y protección a sus víctimas, de conformidad con lo establecido en esta Ley
y en los Tratados y Convenciones Internacionales ratificados por el Estado Mexicano.
ARTÍCULO 37. Con la finalidad de proveer información para el diseño de los programas y acciones para la
prevención de la violencia familiar y la asistencia y protección a sus víctimas, los cuerpos de seguridad
pública en el Estado desarrollarán un registro de los llamados de auxilio que reporten esta modalidad de
violencia.
ARTÍCULO 38. Los programas y acciones para la prevención de la violencia familiar deben fomentar en la
sociedad valores cívicos que induzcan a la cultura de la juridicidad, la convivencia armónica y la cultura de
la paz.
De igual manera, deben estar encaminadas a eliminar los patrones de conducta que propician la comisión
del este delito, al tiempo que se fomenta una cultura de respeto, igualdad y libertad entre las personas que
integran la familia.
Así mismo, deberán tender a la inclusión de medidas que permitan a las diversas autoridades, proveer lo
necesario para garantizar el respeto de los derechos de víctimas de violencia familiar, así como la
detección y canalización adecuada de las personas generadoras y víctimas de estas conductas.
También, deberán incluir en todo momento, espacios para la capacitación, certificación y sensibilización
permanente del personal de las distintas dependencias gubernamentales en relación a la prevención de la
violencia familiar, con la finalidad de propiciar los cambios conductuales en dichas instancias, para su
erradicación de todos los ámbitos sociales, los cuales deberán ser reforzados con campañas publicitarias
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que sensibilicen y concienticen sobre las formas en que expresa, previene y combate este problema social.
[Párrafos segundo, tercero y cuarto, adicionados mediante Decreto No. 1210-2013 X P.E. publicada
en el P.O.E. No. 101 del 18 de diciembre de 2013]
ARTÍCULO 39. El diseño de programas para la prevención de la violencia familiar debe atender, entre
otras cosas, las siguientes consideraciones:
I. El nivel de vulnerabilidad de las víctimas o su situación de riesgo;
II. La información estadística sobre los tipos y modalidades de violencia que se registran en las
diferentes zonas geográficas;
III. Las condiciones socioculturales de las zonas geográficas;
IV. Las conclusiones de los trabajos de investigación realizados por personas expertas;
V. Los resultados que arroje la evaluación sobre el impacto o eficacia de las acciones
emprendidas; y
VI. Los modelos de asistencia a las víctimas y de rehabilitación a los agresores, que tengan
entre sus objetivos evitar la repetición de patrones aprendidos y su reincidencia.
ARTÍCULO 40. Para la adecuada asistencia y protección a las víctimas de violencia familiar se adoptarán,
entre otras, las siguientes medidas:
I. Promover la atención inmediata y eficaz a las víctimas de violencia familiar por parte de
diversas instituciones hospitalarias, asistenciales y de servicio, tanto públicas como privadas;
II. Proporcionar asistencia médica, sicológica y jurídica, de manera integral y gratuita a las
víctimas;
III. Proporcionar temporalmente, de acuerdo a la capacidad técnica, presupuestaria y financiera,
un lugar seguro a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos, a efecto de garantizar su
seguridad personal y sustraerlos de la situación de riesgo;
IV. Promover servicios de asistencia para la rehabilitación de los agresores;
V. Evitar que la atención que reciban las víctimas y el agresor sea proporcionada por la misma
persona; y
VI. Prohibir los acuerdos reparatorios, por ser inviables en una relación de sometimiento entre la
víctima y el agresor.
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CAPÍTULO SEXTO BIS
DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
[Denominación reformada mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O. publicado en el
P.O.E. No. 46 del 9 de junio de 2021]
[Capítulo adicionado con sus artículos 40 Bis, 40 Ter, 40 Quáter, 40 Quintus, 40 Sextus y 40
Septimus mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/0749/2020 IX P.E. publicado en el P.O.E. No. 17 del 27
de febrero de 2021]
ARTÍCULO 40 BIS. Los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género, deberán operar bajo el
Modelo Homologado.
El Consejo, deberá crear un comité para dar seguimiento, evaluación y monitoreo permanente a los
Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género, el cual contará con la participación de
autoridades estatales y municipales, así como de organizaciones de la sociedad civil.
[Artículo reformado en su primer párrafo mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O.
publicado en el P.O.E. No. 46 del 9 de junio de 2021]
ARTÍCULO 40 TER. Para garantizar que brinden un servicio integral a las mujeres y a las demás víctimas
de la violencia de género, los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género otorgarán una
atención transversal, multidisciplinaria, multicultural, enfocada a los derechos humanos y con perspectiva
de género.
[Artículo reformado mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O. publicado en el P.O.E. No.
46 del 9 de junio de 2021]
ARTÍCULO 40 QUÁTER. Las y los servidores públicos que laboren y brinden sus servicios en los Módulos
de Atención a la Violencia Familiar y de Género, deberán contar con capacitación de perspectiva de
género, atención a víctimas y de niñas, niños y adolescentes.
Las personas adscritas a los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género, generarán relación
laboral únicamente con la institución de origen.
[Artículo reformado mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O. publicado en el P.O.E. No.
46 del 9 de junio de 2021]
ARTÍCULO 40 QUINTUS. El Modelo Homologado, deberá de seguir cuando menos las siguientes etapas:
I. Evaluación del problema.
II. Determinación de prioridades.
III. Asesoramiento y/o intervención.
IV. Seguimiento.
V. Revisión de resultados.
ARTÍCULO 40 SEXTUS. Los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género, deberán llevar un
registro de las víctimas.
[Artículo reformado mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O. publicado en el P.O.E. No.
46 del 9 de junio de 2021]
ARTÍCULO 40 SEPTIMUS. Los espacios destinados para la operación de los Módulos de Atención a la
Violencia Familiar y de Género, deberán contar con la infraestructura necesaria que asegure un entorno de
protección y privacidad para las víctimas.
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En la medida de las posibilidades, los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género se
ubicarán físicamente en las instalaciones que determinen los Ayuntamientos.
[Artículo reformado mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O. publicado en el P.O.E. No.
46 del 9 de junio de 2021]
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS REFUGIOS PARA LA ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
ARTÍCULO 41. Los refugios deberán ser lugares seguros y secretos, para ello se negará información de
su ubicación a personas no autorizadas. Tratándose de lo dispuesto en el Artículo 6, fracción VIII, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Chihuahua, esta información se
considerará como reservada.
ARTÍCULO 42. El personal médico, sicológico o siquiátrico de los refugios evaluará el estado físico o
sicoemocional de la persona y, de ser necesario, la canalizará a los servicios de salud que corresponda.
ARTÍCULO 43. En ningún caso podrán brindar atención en los refugios, las personas que hayan sido
sancionadas por ejercer algún tipo de violencia contra las mujeres.
ARTÍCULO 44. Los refugios tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I. Aplicar en lo conducente el Programa;
II. Velar por la seguridad de las personas que se encuentren atendidas;
III. Proporcionar los medios para coadyuvar en la rehabilitación física y emocional, a efecto de
que las víctimas recuperen su autoestima y se reinserten plenamente en la vida social;
IV. Proporcionar talleres educativos o de recreación a las personas atendidas;
V. Contar con la información necesaria para la prevención de la violencia contra las mujeres;
VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en las materias relacionadas
con la atención a víctimas;
VII. Todas aquellas inherentes al cuidado, protección y asistencia de las personas que se
encuentren atendidas;
VIII. Las demás que otorgue el Consejo, esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO 45. Los refugios podrán prestar a las mujeres víctimas de violencia y, en su caso, a sus hijas e
hijos, los siguientes servicios especializados y gratuitos:
I. Hospedaje;
II. Alimentación, vestido y calzado;
III. Servicio médico;
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IV. Tratamiento sicológico;
V. Asesoría jurídica e información sobre las instituciones encargadas de otorgar asistencia
jurídica gratuita;
VI. Capacitación para el desempeño de alguna actividad económica, cultural o artística; y
VII. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan acceder a una actividad remunerada.
ARTÍCULO 46. En todo momento las mujeres víctimas de violencia podrán decidir sobre su permanencia
en los refugios.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA AGRESORES
ARTÍCULO 47. Los agresores podrán optar por acudir voluntariamente a un centro de rehabilitación para
obtener la asistencia adecuada e integrarse nuevamente a la sociedad. Estarán obligados a asistir a dichos
centros cuando esta situación sea ordenada por determinación jurisdiccional.
ARTÍCULO 48. Los centros tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I. Aplicar en lo conducente el programa;
II. Proporcionar a los agresores la atención que coadyuve a su reinserción en la vida social;
III. Proporcionar talleres educativos a los agresores para motivar su reflexión sobre los patrones
socioculturales que generan en ellos conductas violentas; y
IV. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en las materias relacionadas
con la atención que brindan.
ARTÍCULO 49. Los centros podrán brindar a los agresores los siguientes servicios:
I. Tratamiento sicológico o siquiátrico;
II. Información jurídica sobre las consecuencias legales de sus conductas;
III. En su caso, capacitación para que adquieran habilidades para el desempeño de un trabajo; y
IV. Bolsa de trabajo.
ARTÍCULO 50. Cuando el tratamiento sicológico o siquiátrico del agresor lo requiera, los centros podrán
brindarle los siguientes servicios:
I. Hospedaje;
II. Alimentación; y
III. Servicio médico.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Inicio de Vigencia. La presente Ley iniciará su vigencia a partir de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Constitución del Consejo. A partir del inicio de la vigencia de la presente Ley, el
Consejo Estatal, para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contará con un
plazo de 30 días para constituirse formalmente y celebrar su primera reunión para la planeación y
coordinación de las acciones que le corresponden.
ARTÍCULO TERCERO.- Reglamento. El Consejo Estatal, para Garantizar el Derecho de la Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, propondrá al Ejecutivo, dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la
presente Ley, el proyecto de Reglamento Interno.
ARTÍCULO CUARTO.- Presupuesto. Para efectos presupuestales, en los aspectos en que sea pertinente,
esta Ley iniciará su vigencia en el ejercicio fiscal de 2007, de acuerdo con las provisiones económicas que
al efecto remita el Poder Ejecutivo a esta Soberanía para su análisis y aprobación.
DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los nueve días
del mes de noviembre del año dos mil seis.
PRESIDENTE
DIP. JESÚS HEBERTO VILLALOBOS MÁYNEZ
SECRETARIO SECRETARIO
DIP, ALEJANDRO GUERRERO MUÑOZ DIP. SERGIO VÁZQUEZ OLIVAS
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veintisiete días del mes de diciembre
del año dos mil seis.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. FERNANDO RODRÍGUEZ MORENO
H. Congreso del Estado
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Decreto No. 1142-2010 XII P.E. mediante el cual se reforman los artículos 2, fracción II;
5; 13, párrafos primero, segundo y sus fracciones I, II, III, IV y V; tercero, cuarto y quinto
párrafos; 24, fracciones XIV y XV, y 35; así mismo, se derogan los artículos 13 en su
fracción VI; 24, fracción XVI, y 35 bis; todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Chihuahua. Se Expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Chihuahua. Se reforman los artículos 32, fracción lll; y 61, fracción l, inciso
c); ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chihuahua. Se reforman los artículos 3; 4; 7, fracciones X y XI; 11, apartado A,
fracción IV, inciso c; y apartado B, fracción IV, inciso c; 17 y 18; todos de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de Chihuahua. Se reforman
diversos artículos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del
Estado de Chihuahua, misma que pasa a intitularse “Ley de Ejecución de Penas y
Medidas Judiciales”. Se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública. Se reforman los artículos 1; 2, fracciones IV y VII; 3; 4; 15; 16; 20;
21; 22 y 23, primer párrafo; así mismo, se adiciona el artículo 17 con un segundo
párrafo, y el 23 con una última parte, todos ellos de la Ley de Atención y Protección a
Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua. Se reforma el Artículo 5
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Chihuahua. Se reforman los artículos 43, segundo párrafo; 44 y 50, fracción XXlV; así
mismo, la denominación del Capítulo Xl, Título Cuarto y sus artículos 101 al 103,
actualmente derogados, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Se
reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Justicia Penal
Alternativa del Estado de Chihuahua. Se reforma los artículos 8, primer párrafo; 9; 24,
fracciones lll y lV; 28 y 41, primero y segundo párrafos; todos de la Ley Estatal de
Protección a Testigos. Se reforma el inciso b) de la fracción lll del artículo 75; los
artículo 688, 699, 703, 706, 708; párrafo primero del 709, 715; fracción lV del 722;
fracción lll del 724 y el 733, todos ellos del Código Administrativo del Estado de
Chihuahua. Se reforma el artículo 190 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente del Estado de Chihuahua. Se reforma la fracción XVl del artículo 5 y la
fracción Xlll del 60, ambos de la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua. Se
derogan y reforman diversos artículos de la Ley de Protección Civil del Estado de
Chihuahua. Se deroga el artículo 31, y se reforman los artículos 1, fracción Vll; 17,
fracción lll; 25, fracción lll y 30, todos ellos de la Ley Estatal del Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se deroga el artículo 10, y se reforman los
artículos 9; 17, fracción Vlll, y 39, segundo párrafo, todos de la Ley Para la Prevención
de las Adicciones, Tratamiento, Disminución de Daño y Reinserción Social de
Personas con Adicción en el Estado de Chihuahua. Se reforman los artículos 93;
105, párrafo primero y el 346, en su párrafo primero, todos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Se reforman diversos de la Ley
Reguladora de la Base de Datos Genéticos para el Estado de Chihuahua. Se
reforman diversos artículos de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de
H. Congreso del Estado
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Chihuahua. Se reforman los artículos 3, tercer párrafo; 4, en su tercer párrafo; 43,
fracción II del primer párrafo. Todos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de
Chihuahua, Se reforma el artículo 39, segundo párrafo del Código Civil del Estado de
Chihuahua, Se reforman los artículos 32, quinto párrafo, y 86 en su fracción l; ambos
del Código Penal del Estado de Chihuahua. Se reforman diversos artículos del
Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Se abroga la Ley
Orgánica del Ministerio Público del Estado.
Decreto publicado el 25 de septiembre de 2010 en el P.O.E. No. 77
ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- Se deroga el artículo 31, y se reforman los artículos 1, fracción VII; 17,
fracción III; 25, fracción III y 30, todos ellos de la de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- La reforma prevista en el presente Decreto, entrará en vigor el día cinco de
octubre de dos mil diez, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento del presente Decreto, se faculta al Titular del Ejecutivo para
organizar la estructura administrativa de la Fiscalía General del Estado, y para asignar las partidas
necesarias en el Presupuesto de Egresos de 2010, así como su transferencia entre programas sectoriales.
Sin perjuicio de las acciones de entrega-recepción de las administraciones estatales, inmediatamente
después de la entrada en vigor del presente Decreto se deberán iniciar los procedimientos de entrega
recepción de los recursos humanos, materiales y financieros por parte de la Procuraduría General de
Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a la Fiscalía General del Estado.
ARTÍCULO TERCERO.- El trámite de los asuntos iniciados ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado y ante la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, serán continuados por la Fiscalía General del Estado.
ARTÍCULO CUARTO.- Los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado
y a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que pasen a formar parte de la Fiscalía General del Estado,
en ninguna forma resultarán afectados en los derechos que hayan adquirido en virtud de su relación
laboral.
ARTÍCULO QUINTO.- Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de la
Procuraduría General de Justicia, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, o de sus
titulares, en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con
dependencias o entidades de Gobierno del Estado de Chihuahua, o con dependencias o entidades de la
Administración Pública Federal, y de los Municipios, así como con cualquier persona física o moral, serán
asumidos por la Fiscalía General del Estado, o su Titular, de acuerdo con las atribuciones que mediante el
presente Decreto se le otorga.
ARTÍCULO SEXTO.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública a que se refiere el artículo 24 de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública deberá instalarse a más tardar el treinta de octubre de dos mil diez.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Derogado. [Artículo Derogado mediante Decreto No. 1227-2010 XIV P.E.
H. Congreso del Estado
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publicado en el P.O.E. No. 79 del 02 de octubre de 2010, mismo que entra en vigor el 05 de octubre
de 2010]
ARTÍCULO OCTAVO.- La administración de los establecimientos penitenciarios y la custodia de
procesados y sentenciados que actualmente se encuentran a cargo de las administraciones municipales,
se ejercerá por el Estado a solicitud de los ayuntamientos correspondientes. Si dentro de los tres años
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto no se plantearan dichas solicitudes, el Estado
realizará las previsiones presupuestales necesarias para la asunción de estas atribuciones al inicio del
ejercicio fiscal inmediato posterior.
ARTÍCULO NOVENO.- Se abroga la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., al segundo día
del mes de septiembre del año dos mil diez.
PRESIDENTE. DIP. RICARDO YÁÑEZ HERRERA. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. REBECA ACOSTA
BACA. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. MARÍA ÁVILA SERNA. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veintitrés días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JOSE REYES BAEZA TERRAZAS.
Rúbrica. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA. Rúbrica.
H. Congreso del Estado
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DECRETO No. 859-2012 VII P.E., mediante el cual se reforman los artículos 24, fracción IV; y
27, párrafo primero y fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Chihuahua; se reforman los artículos 3, fracción XIV; la fracción IV del artículo 47, recorriéndose
el contenido de las subsecuentes en su orden, y 53, fracción II; se adiciona una fracción VI al
numeral 47, todos de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua; se
reforman los artículos 31, fracción II; 32, 64; 70, fracción I, y 72, todos de la Ley de Asistencia
Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua; se reforman los artículos 6, fracción I; 7,
fracciones I, IV, VI y VII; 20, fracción I; se deroga la fracción V, del artículo 7, todos del Decreto
número 274/02 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado número 69, de fecha 28 de
agosto de 2002, mediante el cual se creó el Organismo Público Descentralizado denominado
Instituto Chihuahuense de la Mujer; se reforman los artículos 11; 16, fracción I; 17; y 30, fracción
I, todos de la Ley de Juventud para el Estado de Chihuahua; se reforman los artículos 17,
párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV y V; y 28, párrafo primero, ambos de la Ley Estatal del
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; se reforma el artículo 2, fracción V, de la
Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito del Estado de Chihuahua; se
reforma el artículo 19, inciso g), de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua;
se reforma el artículo 20 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales; se reforman los
artículos 2 y 12 de la Ley de Fomento a las Actividades Artesanales del Estado de Chihuahua;
se reforman los artículos 7, fracción VI, en los incisos b), d) y g); y 10, fracción II; se derogan los
incisos c), e) y h) de la fracción VI, del artículo 7, todos de la Ley de la Coordinación Estatal de la
Tarahumara; se reforman los artículos 8, fracción VII; y 10, fracción IV, ambos de la Ley de
Cultura de la Legalidad para el Estado de Chihuahua; se reforma el artículo 58, primer párrafo,
de la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación; se reforma el artículo 16, fracción II, inciso
d), de la Ley de Vivienda del Estado de Chihuahua; se reforman los artículos 6, fracciones I, II, III
y IV; y 7, ambos de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Cultura; se reforma el artículo 17,
fracción VIII, de la Ley Estatal de Atención a las Adicciones; se reforman los artículos 3,
fracciones X y XI; 6, párrafo primero; 7; 9, fracciones I, II, III, IV y VI; y 33, todos de la Ley para la
Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua; se reforman los
artículos 21, fracción I; y 22, fracciones II, IV y V; y se deroga la fracción III del artículo 22,
ambos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua; se
reforman los artículos 3, párrafo segundo; 4, fracción V; 15, fracción II, inciso a); 22 y 26, todos
de la Ley que Regula el Funcionamiento de las Instituciones Prestadoras de Servicios para el
Cuidado Infantil y de Menores en el Estado de Chihuahua.
Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 77 del 26 de septiembre de 2012
ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 17, párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV y V; y
28, párrafo primero, ambos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Cuando en cualquier otro instrumento jurídico se haga referencia a la Secretaría
de Fomento Social, se entenderá citada a la Secretaría de Desarrollo Social sin que ello afecte su
H. Congreso del Estado
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competencia, derechos u obligaciones que haya contraído con antelación a la entrada en vigor del
presente Decreto.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diez días
del mes de septiembre del año dos mil doce.
PRESIDENTE. DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. JAIME
BELTRÁN DEL RÍO BELTRÁN DEL RÍO. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. GLORIA GUADALUPE
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veinticinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ.
Rúbrica. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. RAYMUNDO ROMERO MALDONADO.
Rúbrica.
H. Congreso del Estado
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DECRETO No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O., mediante el cual se reforman,
adicionan y derogan disposiciones del marco jurídico estatal, referente a la
estructura y funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 79 del 03 de octubre de 2016
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- Se reforman los artículos 17, fracción III y 32 de la Ley
Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que las partidas asignadas, los recursos
materiales, así como el personal adscrito a la Dirección General de Desarrollo Municipal, dependiente de
la Secretaría General de Gobierno, se transfieran a la Secretaría de Desarrollo Municipal y, en su caso, se
asignen recursos financieros, materiales y humanos, necesarios para su funcionamiento.
ARTÍCULO CUARTO.- Se abroga la Ley del Instituto Chihuahuense de la Cultura.
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que Instituto Chihuahuense de la Cultura se transforma en la
Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se
transferirán a la mencionada Secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás
documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo.
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y
disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Instituto Chihuahuense de la Cultura, se entenderán
referidas a la Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente
Decreto y sean competencia de la Secretaría de Cultura conforme a dicho Decreto, continuarán su
despacho por esta dependencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO SEXTO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto,
se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Chihuahuense de la Cultura, así como a las
entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados que quedan agrupados en el sector
coordinado por la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto
durante el ejercicio fiscal que corresponda.
H. Congreso del Estado
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás normativa
emitida por el Instituto Chihuahuense de la Cultura continuará en vigor hasta en tanto las unidades
administrativas competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación.
ARTÍCULO OCTAVO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte o al Secretario de Educación, Cultura y Deporte que en virtud del presente Decreto no fueron
modificadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte
que son reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de
Cultura respectivamente.
ARTÍCULO NOVENO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría General de Gobierno
o al Secretario General de Gobierno que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas
disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de desarrollo municipal que son
reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Desarrollo Municipal o Secretario de
Desarrollo Municipal respectivamente.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se abroga la Ley de la Coordinación Estatal de la Tarahumara.
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que la Coordinación Estatal de la Tarahumara se transforme en la
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, por lo que todos sus bienes y recursos materiales,
financieros y humanos se transferirán a la mencionada Comisión, junto con los expedientes, archivos,
acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo.
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y
disposiciones de cualquier naturaleza, respecto de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, se
entenderán referidas a la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se abroga el ACUERDO No. 139 del C. Gobernador Constitucional del
Estado, mediante el cual se crea con carácter permanente una unidad administrativa denominada
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de
febrero de 2012.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para que las partidas asignadas, los
recursos materiales, así como el personal adscrito a la coordinación de Proyectos Especiales, se
transfieran a la Coordinación de Asesoría y Proyectos Especiales.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para reasignar, de acuerdo a los ajustes
previstos en el presente Decreto, las partidas presupuestales, los recursos materiales, así como el
personal de las distintas dependencias de la Administración Pública centralizada.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Economía
o al Secretario de Economía, que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas y cuyas
disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de innovación y desarrollo económico
que son reguladas en este Decreto, se entenderán referidas a la Secretaría de Innovación y Desarrollo
Económico o Secretario de Innovación y Desarrollo Económico respectivamente.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el
presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Ejecutivo del Estado emitirá los Reglamentos Interiores de las
Secretarías de Cultura, de Desarrollo Municipal, de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y la
H. Congreso del Estado
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Coordinación de Asesoría y Proyectos Especiales y hará las adecuaciones en los Reglamentos vigentes
que correspondan en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., el primer día del
mes de octubre del año dos mil dieciséis.
PRESIDENTA. DIP. BLANCA AMELIA GÁMEZ GUTIÉRREZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. ROCÍO
GRISEL SÁENZ RAMÍREZ. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. JESÚS VILLARREAL MACÍAS. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los tres días del mes de octubre del año
dos mil dieciséis.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ.
Rúbrica. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA. LIC. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ NICOLÁS. Rúbrica.
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DECRETO No. LXV/RFLEY/0215/2016 I P.O., mediante el cual se reforma el Decreto
No. 274-02 II P.O., la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 14 del 18 de febrero de 2017
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, expedida mediante el Decreto No. 664/06 I P.O., en sus artículos 17, fracciones II, III y VII; 29,
párrafo primero; y 30, fracción XII.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Cualquier referencia que se haga en las diversas leyes, decretos, acuerdos o
disposiciones legislativas y/o administrativas, laborales, bancarias, civiles o de cualquier índole o
naturaleza relativas a la denominación de “Instituto Chihuahuense de la Mujer”, se entiende referida a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, hacia el “Instituto Chihuahuense de las Mujeres” en
todos sus términos; por tanto, todos los compromisos, obligaciones, disposiciones o análogas de cualquier
tipo, quedan en términos idénticos relativos y referidos a la segunda denominación, y subsistentes en
todos sus alcances precisamente respecto al Organismo Público Descentralizado denominado “Instituto
Chihuahuense de las Mujeres”.
Igualmente quedan subsistentes todos los compromisos, obligaciones, deudas y demás análogas, a cargo
del organismo indicado como “Instituto Chihuahuense de las Mujeres” en los términos del presente
artículo, y subsistentes de igual manera todos los títulos, propiedades, posesiones, acciones o derechos
que correspondían o que en un futuro pudieran corresponder al otrora denominado “Instituto
Chihuahuense de la Mujer”, ahora a favor del “Instituto Chihuahuense de las Mujeres”.
ARTÍCULO TERCERO.- Háganse por parte de la Directora General del “Instituto Chihuahuense de las
Mujeres”, todas las modificaciones documentales a que haya lugar, para que la razón social del
Organismo quede ahora como “Instituto Chihuahuense de las Mujeres”.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veinte
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
PRESIDENTA. DIP. BLANCA AMELIA GÁMEZ GUTIÉRREZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. ROCÍO
GRISEL SÁENZ RAMÍREZ. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. JESÚS VILLARREAL MACÍAS. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los siete días del mes de febrero del año
dos mil diecisiete.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JAVIER CORRAL JURADO. Rúbrica. EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. MTRO. SERGIO CÉSAR ALEJANDRO JÁUREGUI
ROBLES. Rúbrica.
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DECRETO No. LXVI/RFLYC/0749/2020 IX P.E., mediante el cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de
Chihuahua, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Ley
Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Publicado en el Periódico Oficial del Estado No.17 del 27 de febrero de 2021
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 3 Bis; y se adicionan al artículo 180, los párrafos cuarto y
quinto; todos del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 8 Bis, segundo párrafo; se adiciona al artículo 8 Bis,
primer párrafo, una letra D, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 19, fracción XV; 25, fracción III; 29, fracción XIX; 30,
fracciones XVII y XVIII; 35, fracciones IV y VII; se adicionan a los artículos 4, la fracción XVIII; 19, la
fracción XVI; 29, las fracciones XX y XXI; 30, la fracción XIX; un Capítulo Sexto Bis, denominado “Del
Modelo Homologado de Módulos de Atención”, con los artículos 40 Bis, 40 Ter, 40 Quáter, 40 Quintus, 40
Sextus y 40 Septimus; todos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona al artículo 10, la fracción X Bis, de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a través del Consejo Estatal para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a partir de la publicación del presente Decreto,
contará con un plazo de 180 días naturales para publicar el Modelo Homologado de los Módulos de
Atención a la Violencia Familiar y de Género.
TERCERO.- Los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género ya instalados, tendrán la
obligación de adecuar su operación al Modelo Homologado.
[Artículo reformado mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O. publicado en el P.O.E. No.
46 del 9 de junio de 2021]
CUARTO.- El Congreso del Estado asignará de manera anual en el presupuesto de egresos, en las
partidas presupuestales, lo suficiente para el cumplimiento del presente Decreto.
[Artículo adicionado mediante Decreto No. LXVI/RFLYC/1019/2021 II P.O. publicado en el P.O.E. No.
46 del 9 de junio de 2021]
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los trece días
del mes de julio del año dos mil veinte.
H. Congreso del Estado
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PRESIDENTE. DIP. RENÉ FRÍAS BENCOMO. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. CARMEN ROCÍO
GONZÁLEZ ALONSO. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. LORENZO ARTURO PARGA AMADO. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los quince días del mes de febrero del año
dos mil veintiuno.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JAVIER CORRAL JURADO. Rúbrica. EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. MTRO. LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ. Rúbrica.
H. Congreso del Estado
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DECRETO No. LXVI/RFLEY/1051/2021 XIII P.E., por medio del cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a
un Vida Libre de Violencia, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Chihuahua y Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 11; 27, fracciones VI, VII y VIII; 30, fracción XI; 32,
fracción XIII; y 35, fracción I. Se adiciona el artículo 15 BIS; todos de la Ley Estatal del Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 18, fracción XVIII; 88; 131, fracción XVI; 164,
párrafo primero; 165, párrafo segundo; y 167. Se adicionan a los artículos 55, un párrafo segundo; 88
BIS; 131, las fracciones XVII y XVIII; y 165, el párrafo tercero; todos de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 16; y 61, fracción VIII. Se adicionan a los artículos
11, el párrafo segundo; 17, la fracción X; y 19 BIS; todos de la Ley que Regula la Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Chihuahua.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de enero del año 2022.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, destinará los
recursos necesarios a las diversas Secretarías que conforman el Consejo Estatal para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la creación, manejo e implementación del
Sistema Informático de Registro de Casos de Riesgo Feminicida. En lo subsecuente, se harán las
previsiones presupuestales a que haya lugar para el cumplimiento del presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se tomarán las previsiones
para el inicio y funcionamiento de las figuras e instancias previstas en el mismo.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.
PRESIDENTA. DIP. BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. ROCIO
GUADALUPE SARMIENTO RUFINO. Rúbrica. SECRETARIO. DIP. JESÚS VILLARREAL MACÍAS.
Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veintiséis días del mes del mes de
agosto del año dos mil veintiuno.
.
H. Congreso del Estado
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JAVIER CORRAL JURADO. Rúbrica. EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. MTRO. LUIS FERNANDO MESTA SOULÉ. Rúbrica.
H. Congreso del Estado
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DECRETO No. LXVII/RFLYC/0650/2023 I P.O., se reforman y adicionan diversas
disposiciones de las Leyes del Sistema Estatal de Seguridad Pública; del Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Electoral, de Entidades
Paraestatales, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; Orgánicas de la Fiscalía General, del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía
Anticorrupción; así como de los Códigos Municipal, Civil y Penal.
Publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 03 del 10 de enero de 2024
ARTÍCULO PRIMERO.- Se ADICIONA el artículo 227 Bis a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 5, fracciones II y IV; 6, fracción II; 9, fracciones
VI y VII; 17, fracciones I y VII; 28, párrafo primero; y 35, fracción I; se ADICIONA al artículo 9, la fracción
VIII; todos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN los artículos 28, fracción LV; 29, fracción XLVI; se
ADICIONAN a los artículos 28, fracción LVI; 29, fracción XLVII y 60 ter; todos del Código Municipal para el
Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMA el artículo 55 Bis del Código Civil del Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 98, tercer párrafo, inciso s); y 180 Bis, primer
párrafo; se ADICIONAN a los artículos 126 bis, tercer párrafo, la fracción XII; 176 Bis, un segundo párrafo;
y 180 Ter; todos del Código Penal del Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMA el artículo 8 Bis, apartado A, inciso b) de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se ADICIONA el artículo 14 Bis a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO OCTAVO.- Se ADICIONA al artículo 8, apartado 1), el inciso f) de la Ley Electoral del
Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO NOVENO.- Se ADICIONAN al artículo 20, las fracciones IV y V, de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se REFORMA el artículo 9, primer párrafo; y se le ADICIONA la fracción VII; de
la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Se ADICIONA al artículo 22, primer párrafo, el inciso f), de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Se ADICIONA al artículo 73, primer párrafo, la fracción VI, de la Ley
Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- Se ADICIONA al artículo 128, la fracción VII de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- Se ADICIONA al artículo 27, primer párrafo, la fracción IV, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado, de acuerdo con las modalidades establecidas en los siguientes artículos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Artículo Octavo del presente Decreto, entrará en vigor al año de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO TERCERO.- Los artículos Undécimo y Decimocuarto del presente Decreto, entrarán en vigor
a los 180 días posteriores a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintiocho
días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA. DIP. IVÓN SALAZAR MORALES. Rúbrica. SECRETARIA DIP.
DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ. Rúbrica. SECRETARIA. DIP. ANA GEORGINA ZAPATA
LUCERO. Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
En la Ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los diecinueve días del mes de diciembre
del año dos mil veintitrés.
LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.
Rúbrica. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA.
Rúbrica.
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ÍNDICE POR ARTÍCULOS
ÍNDICE No. ARTÍCULOS
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
DEL 1 AL 12
CAPÍTULO PRIMERO BIS
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
DEL 12-a AL 12-h
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA ESTATAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DEL 13 AL 15
CAPÍTULO TERCERO
DEL CONSEJO ESTATAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DEL 16 AL 23
CAPÍTULO CUARTO
DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
24 Y 25
CAPÍTULO QUINTO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
DEL 26 AL 35
CAPÍTULO SEXTO
DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA
ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS
DEL 36 AL 40
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS REFUGIOS PARA LA ATENCIÓN A MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DEL 41 AL 46
CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA AGRESORES
DEL 47 AL 50
TRANSITORIOS DEL PRIMERO AL CUARTO
TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 1142-2010 XII P.E. DEL PRIMERO AL NOVENO
TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 859-2012 VII P.E. DEL PRIMERO AL SEGUNDO
TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXV/RFLEY/0003/2016 I
P.O.
DEL PRIMERO AL DÉCIMO
SEXTO
TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXV/RFLEY/0215/2016 I
P.O.
DEL PRIMERO AL TERCERO
TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXVI/RFLYC/0749/2020 IX
P.E.
DEL PRIMERO AL CUARTO
TRANSITORIOS DEL DEC. LXVI/RFLEY/1051/2021 XIII P.E. DEL PRIMERO AL TERCERO
TRANSITORIOS DEL DEC. LXVI/RFLYC/0650/2023 I P.O. DEL PRIMERO AL TERCERO
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