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ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.
Ley publicada en el Periódico Oficial el jueves 7 de noviembre de 2013.
CÓDIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 367.-
CÓDIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA
LIBRO PRELIMINAR
TÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular la
actividad financiera municipal en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Para efectos del presente código, la actividad financiera municipal comprende:
I. La obtención y administración de los ingresos;
II. La presupuestación, ejercicio y control del gasto;
III. La administración del patrimonio;
IV. La concertación y ejercicio de la deuda;
V. La contabilidad y cuenta pública;
VI. La coordinación y colaboración intergubernamental; y
VII. Los procedimientos administrativo–contenciosos que el mismo Código establece.
ARTÍCULO 2.- Para efectos de este código se entenderá por:
I. Auditoría Superior del Estado: La Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza;
II. Ayuntamientos: Los ayuntamientos de cada uno de los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza;
III. Código: El Código Financiero para los Municipios de Coahuila de Zaragoza;
IV. Congreso del Estado: El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de
Zaragoza;
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V. Estado: El Estado de Coahuila de Zaragoza;
VI. Instituto: El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública;
VII. Municipios: Los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; y
VIII. Tesorerías Municipales: Las tesorerías de cada uno de los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza;
ARTÍCULO 3.- Son autoridades en materia financiera municipal:
I. El Ayuntamiento.
II. El Presidente Municipal.
III. El Tesorero Municipal.
IV. Los Síndicos.
V. El Congreso del Estado y la Auditoria Superior del Estado.
VI. Las demás que señalen las leyes.
ARTÍCULO 4.- Corresponderán a las autoridades a que se refiere el artículo anterior, las atribuciones y obligaciones
en materia financiera que les otorga el presente Código, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y la
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, independientemente de las otorgadas por las
demás leyes en materia financiera.
ARTÍCULO 5.- Los ingresos municipales se clasifican en contribuciones e ingresos no tributarios.
ARTÍCULO 6.- Son contribuciones los impuestos, derechos y contribuciones especiales.
ARTÍCULO 7.- Son impuestos, las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y
morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma.
ARTÍCULO 8.- Son derechos las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes
del dominio público del Municipio, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho
público.
También son derechos, las contribuciones que perciban los organismos públicos descentralizados por prestar
servicios exclusivos del Municipio.
ARTÍCULO 9.- Son contribuciones especiales, las prestaciones legalmente obligatorias, que se establecen:
I. A cargo de las personas físicas o morales que por el ejercicio de una actividad particular provocan un gasto
público, las que se determinarán tomando en cuenta el monto del gasto público provocado.
II. A cargo de las personas físicas o morales que se benefician específicamente con la ejecución de alguna obra o
servicio público, las que se determinarán tomando en cuenta el monto del beneficio obtenido y el costo de la
obra.
III. A cargo de las personas físicas o morales que por la realización de actividades dañen o deterioren
instalaciones, infraestructura caminera, hidráulica y de servicios, de uso comunitario y beneficio social, que
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sean propiedad de los municipios, del dominio público o uso común, que se determinarán de acuerdo con la
cuantificación de los daños o deterioros causados.
ARTÍCULO 10.- Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el tercer
párrafo del artículo 373 de este código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.
Siempre que en este código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los
accesorios.
ARTÍCULO 11.- Los ingresos no tributarios se clasifican en productos, participaciones, aprovechamientos e ingresos
extraordinarios.
ARTÍCULO 12.- Son productos, las contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento, enajenación o explotación de sus bienes de dominio
privado, ya sea que los obtenga directamente o a través de organismos descentralizados o empresas de
participación municipal.
ARTÍCULO 13.- Son participaciones, los ingresos provenientes de recursos federales y estatales que el Municipio
tiene derecho a percibir, conforme a las leyes y convenios respectivos.
ARTÍCULO 14.- Son aprovechamientos, los ingresos que percibe el Municipio por funciones de derecho público
distintos de las contribuciones, de los productos y de los ingresos extraordinarios.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el tercer párrafo del artículo
386 de este código, que sea apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su
naturaleza.
ARTÍCULO 15.- Son ingresos extraordinarios, aquéllos cuya percepción se autoriza excepcionalmente para proveer
el pago de gastos por inversiones extraordinarias o especiales del Municipio, los que quedarán sujetos a lo
dispuesto por la Ley de Ingresos del Municipio y a las disposiciones de éste código.
ARTÍCULO 16.- Los ingresos municipales se regularán por las disposiciones de este código, y supletoriamente, por
el derecho común vigente en el Estado, siempre que la aplicación supletoria no sea contraria a la naturaleza de
orden público propia del derecho financiero.
Los productos se regularán además por lo que en su caso prevengan los contratos o concesiones respectivas.
ARTÍCULO 17.- Se considera domicilio fiscal, el señalado por los contribuyentes en los registros fiscales
municipales; o en su defecto:
I. Tratándose de personas físicas:
a). El local que utilicen para el desempeño de sus actividades
b). En los demás casos, el lugar en que se encuentren los bienes o el lugar en que se realicen los actos o
actividades objeto del gravamen;
II. Tratándose de personas morales:
a). El local en que esté la administración principal del negocio; y
b). En los demás casos, el lugar en que encuentren los bienes o el lugar en que se realicen los actos o
actividades objeto de gravamen.
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Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en el lugar que conforme a este artículo se considere domicilio
fiscal de los contribuyentes, en aquellos casos en que éstos hubieran designado como domicilio fiscal un lugar en
Municipio distinto del que les corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en este mismo precepto.
ARTÍCULO 18.- Las personas físicas y morales, están obligadas a empadronarse en el Registro Universal de
Contribuyentes Municipales, en la Tesorería del municipio en que tengan establecido el domicilio fiscal a que se
refiere el artículo este Código, dentro de los quince días hábiles siguientes a:
a). La apertura del comercio, negocio o establecimiento, o de la iniciación de actividades, si realizan actividades
permanentes con el objeto de obtener la licencia municipal de funcionamiento.
b). Se cause alguna de las contribuciones establecidas en las Leyes de Ingresos Municipales.
c). Se solicite la prestación de un servicio por parte del municipio.
El Registro Universal de Contribuyentes Municipales constituye un medio sencillo y ágil, para la consulta y
verificación de datos identificativos referentes al nombre o razón social y número único de registro de las personas
físicas o morales, mediante el cual la Tesorería Municipal llevará un sistema de registro para compilar la información
tributaria de los contribuyentes, facilitando así el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Estará conformado por
la clave en el Registro Federal de Contribuyentes, la primera letra y vocal del municipio y tres caracteres que asigne
la Tesorería Municipal por medio de un software alfanumérico.
Las autoridades fiscales municipales podrán realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los
contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales municipales y promover su incorporación
voluntaria, actualización de sus datos en el registro universal de contribuyentes municipales o inscribirlos al mismo
cuando actualicen los supuestos previstos en este artículo y no hayan cumplido con esta obligación.
ARTÍCULO 19.- Las personas físicas y morales están obligadas a dar aviso a la Tesorería Municipal, por escrito o a
través de los medios electrónicos que para tal efecto se establezcan en el municipio, en un plazo de quince días, de
cualquier modificación, aumento de giro, traspaso, cambio de domicilio, cambio de denominación, suspensión de
actividades y clausura que originaron su inscripción al Registro Universal de Contribuyentes Municipales.
ARTÍCULO 20.- Las personas físicas o morales que realicen actividades eventuales, deberán recabar autorización
de la Tesorería Municipal y con base en dicha autorización, solicitar la determinación de las contribuciones que
estén obligados a pagar durante el lapso en que las lleven a cabo.
ARTÍCULO 21.- Se entiende por enajenación de bienes:
I. Toda transmisión de propiedad por cualquier título, aun igual en la que el enajenante se reserve el dominio del
bien enajenado;
II. El otorgamiento ante notario público de poderes para actos de dominio sobre bienes inmuebles, cuando se
otorguen con el carácter de irrevocables;
III. Las adjudicaciones, igual cuando se realicen a favor del acreedor.
IV. La aportación en especie a una sociedad o asociación.
V. La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos:
a). En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y
siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes.
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b). En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera
reservado tal derecho.
VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los
siguientes momentos:
a). En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para
que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el
fideicomisario adquiere los bienes en el acto de designación y que los enajena en el momento de ceder
sus derechos o de dar dichas instrucciones.
b). En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se
transmitan a su favor.
ARTÍCULO 22.- El monto de los contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo de la
hacienda municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país,
para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá
dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado
índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos,
así como las devoluciones a cargo del fisco estatal, no se actualizarán por fracciones de mes.
En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no
haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice
mensual publicado.
Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de
actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco
federal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1.
Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, con el fin de
determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo.
ARTÍCULO 23.- Los créditos fiscales y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. De provenir su
pago por situaciones pactadas en moneda extranjera, el tipo de cambio se determinará conforme al valor del día que
rija de acuerdo a la determinación del tipo de cambio que publica el Banco de México, en el Diario Oficial de la
Federación.
Se aceptarán como medios de pago, los cheques certificados, los cheques personales no certificados y las tarjetas
electrónicas bancarias de crédito o de débito, así como las transferencias electrónicas de fondos reguladas por el
Banco de México. Las tarjetas electrónicas bancarias de crédito o débito, únicamente se aceptarán en los lugares y
operaciones que así autoricen las autoridades fiscales. Las transferencias electrónicas de fondos reguladas por el
Banco de México, solamente se aceptarán de acuerdo a las reglas generales que fijen las autoridades fiscales. Los
créditos fiscales podrán ser cubiertos en especie, previa autorización debiendo sujetarse para su valuación en lo
conducente al procedimiento de remate previsto en el presente Código.
Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre que se trate de la misma contribución y
antes de acreditarse al adeudo principal, se hará a los accesorios en el siguiente orden:
I. Gastos de Ejecución.
II. Recargos.
III. Multas.
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Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando alguno de los conceptos señalados
en el párrafo anterior, el orden señalado en el mismo no será aplicable respecto del concepto impugnado y
garantizado.
Para determinar las contribuciones cuyo importe sea o comprenda fracciones en pesos, se efectuarán ajustando su
monto a la unidad más próxima. Tratándose de cantidades terminadas en cincuenta centavos, el ajuste se hará a la
unidad inmediata inferior.
ARTÍCULO 24.- Las autoridades fiscales municipales podrán autorizar mediante reglas de carácter general
expedidas por el presidente municipal, y previa autorización del ayuntamiento, la expedición de recibos generados
mediante sistemas electrónicos automatizados que amparen el pago de alguna contribución o aprovechamiento; los
cuales para tener validez legal como comprobantes, deberán contener una cadena digital de validación.
ARTÍCULO 25.- Las Administraciones Pública Municipal y Paramunicipal, en ningún caso contratarán adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pública con particulares que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.
II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados
en alguna de las formas permitidas por este Código.
III. No cuenten con los registros, permisos o autorizaciones correspondientes a su giro comercial.
IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en
la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada.
Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones
exclusivamente informativas.
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de
las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que
este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que
tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se
pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.
Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas, retengan una parte de la
contraprestación para ser enterada a la hacienda municipal para el pago de los adeudos correspondientes.
LIBRO PRIMERO
DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
TÍTULO PRIMERO
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 26.- Los Ayuntamientos deberán formular anualmente un presupuesto de los ingresos que estimen
percibir durante el ejercicio fiscal siguiente.
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ARTÍCULO 27.- El presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo anterior, deberá considerar los ingresos
obtenidos en el ejercicio fiscal anterior al ejercicio para el que se formula el presupuesto, las nuevas fuentes de
ingreso, las reformas e incrementos que se proponga establecer.
(REFORMADO, P.O. 22 DE AGOSTO DE 2017)
ARTÍCULO 28.- Las iniciativas de Leyes de ingresos de los Municipios se formularán de conformidad con éste
Código, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización
Contable, del Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones
aplicables, y serán presentadas al Congreso del Estado a más tardar el 15 de octubre del año anterior al ejercicio
fiscal que corresponda, para su discusión, aprobación en su caso y publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Estas iniciativas deberán contener en su texto el presupuesto de ingresos, indicando las contribuciones y el ingreso
estimado de cada una de ellas para el ejercicio fiscal de que se trate; así como los demás ingresos que espera
recibir el municipio e incorporar las partidas que cada municipio estime como fuente de ingresos para cada ejercicio
fiscal, considerando en todo caso el orden establecido en este Código.
ARTÍCULO 29.- Las leyes de ingresos regirán en el curso del año para el cual se expidan, pero si por cualquier
circunstancia el Congreso no aprobara una o varias leyes de ingresos, o que estando aprobadas no se publicaran
continuarán en vigor las del año anterior, actualizadas con el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de
Precios al Consumidor del mes de octubre del año inmediato anterior entre el citado índice del mes de octubre del
año anterior al señalado.
ARTÍCULO 30.- La Ley de Ingresos de cada Municipio establecerá las cuotas, tasas o tarifas, de aquellas fuentes
de ingresos establecidas en este código que percibirá en cada ejercicio fiscal. Asimismo, establecerá aquellas
disposiciones de vigencia anual que se consideren necesarias para el ejercicio de las atribuciones fiscales del
Municipio y los montos aplicables por concepto de multas por infracciones cometidas a disposiciones fiscales
municipales.
ARTÍCULO 31.- El control de la aplicación de la Ley de Ingresos Municipal, corresponderá: al Presidente Municipal y
al Ayuntamiento conforme a las atribuciones que al efecto señalen las leyes correspondientes.
Corresponderá a la Auditoría Superior del Estado vigilar que las operaciones realizadas por las entidades
municipales sean acordes con la Ley de Ingresos Municipal.
ARTÍCULO 32.- No se podrán recaudar contribuciones que no estén establecidas en la Ley de Ingresos Municipal.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS CONTRIBUCIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL IMPUESTO PREDIAL
DEL OBJETO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 33.- Es objeto de este impuesto:
I. La propiedad o posesión de predios urbanos o rústicos, plantas de beneficio, establecimientos metalúrgicos y
mineros en los términos de la legislación federal en la materia, ubicados dentro del territorio de los Municipios
del Estado.
II. La propiedad o posesión de las construcciones permanentes ubicadas en los predios, plantas y
establecimientos señalados en la fracción anterior.
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III. La concesión, uso o goce de predios rústicos de la Federación, del Estado o del Municipio destinados a la
explotación agrícola o ganadera.
IV. Los bienes inmuebles del dominio privado de la Federación y del Estado.
V. Los demás bienes considerados como inmuebles por las disposiciones legales del derecho común vigente en
el Estado.
DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 34.- Son sujetos de este impuesto:
I. Por responsabilidad directa:
a). Los propietarios, los poseedores y los usufructuarios de predios urbanos, rústicos, plantas de beneficio,
establecimientos metalúrgicos y mineros; y las construcciones permanentes adheridas a ellos.
b). Los copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen de copropiedad o
condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria;
c). Los fideicomitentes mientras sean poseedores de los inmuebles objeto del fideicomiso. Los
fideicomisarios que estén en posesión del inmueble en cumplimiento del fideicomiso
d). Los titulares de los derechos agrarios sobre la propiedad ejidal o comunal, de conformidad con lo
establecido en la Ley Agraria.
e). El Gobierno Federal, Estatal y Municipales respecto de la propiedad o posesión de bienes inmuebles que
se empleen para actividades distintas a la prestación de un servicio público.
II. Por responsabilidad objetiva:
Los adquirentes por cualquier título de predios urbanos, rústicos, ejidales, comunales, plantas de beneficio y
establecimientos metalúrgicos o mineros, y las construcciones permanentes adheridas a ellos, así como el fiduciario
mientras no transmita la propiedad en cumplimiento del fideicomiso.
III. Por responsabilidad solidaria:
a). Los propietarios que hubiesen prometido en venta o hubieren vendido con reserva de dominio, mientras
estos contratos estén en vigor y no se traslade el dominio del predio y sus construcciones.
b). Los comisariados ejidales en los términos de la Ley Agraria.
c). Los empleados públicos que expidan constancias de no adeudo del impuesto predial, existiendo dicho
adeudo.
d). Los propietarios, copropietarios, coposeedores, respecto de los créditos fiscales derivados del bien o
derecho en común o individual y hasta por el monto del valor de éste, respecto de las prestaciones
fiscales que en cualquier tiempo se hubieren causado.
e). Los nudopropietarios, usuarios y habituarios.
f). Los notarios públicos, corredores y registradores que no se cercioren del cumplimiento del pago del
impuesto predial, antes de intervenir, autorizar y registrar operaciones que se realicen sobre predios.
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g). Los fiduciarios respecto de los bienes sujetos a fideicomiso.
h). Los representantes legales, directores, administradores y gerentes de personas físicas o morales,
respecto de los predios y sus construcciones que por cualquier título posean éstas y que tengan a su
cargo el cumplimiento de las obligaciones fiscales por dichos bienes.
DE LA BASE DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 35.- Servirá de base para el cálculo de este impuesto el valor catastral de los predios. Se entiende por
valor catastral el asignado a los inmuebles, en los términos de la Ley General de Catastro y la Información Territorial
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Cuando no exista valor catastral y se trate de predios rústicos, ejidales, comunales, federales, estatales o
municipales destinados a la agricultura, explotación de productos forestales, ganadería, minería y otros afines, la
base será el valor de la producción anual comercializada.
DE LA TASA DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 36.- La tasa o tarifa aplicable a este impuesto será la que al efecto establezca la Ley de Ingresos
Municipal.
DE LAS EXENCIONES DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 37.- Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios estarán
exentos del pago del impuesto predial, salvo que tales bienes sean utilizados para actividades distintas a la
prestación de un servicio público, como almacenes, bodegas, oficinas administrativas y demás de naturaleza
análoga.
DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 38.- Las autoridades fiscales determinarán el monto del impuesto a pagar por cada inmueble, de
conformidad con las bases y tasas que al efecto establecen, este código y las Leyes de Ingresos Municipales.
ARTÍCULO 39.- Este impuesto es anual y se pagará bimestralmente; los pagos deberán hacerse dentro de los
primeros quince días de cada bimestre en las oficinas recaudadoras que determine la autoridad fiscal.
Para los efectos del párrafo anterior los bimestres serán los siguientes: Enero-Febrero; Marzo-Abril; Mayo-Junio;
Julio-Agosto; Septiembre-Octubre; y Noviembre-Diciembre.
ARTÍCULO 40.- El pago del impuesto correspondiente a los seis bimestres, podrá efectuarse dentro del plazo
establecido para el pago del primer bimestre. Este pago anticipado no libera al contribuyente del pago de las
diferencias que resulten con motivo del cambio del valor catastral durante el año correspondiente.
ARTÍCULO 41.- El pago del impuesto correspondiente a predios, ejidales, comunales, federales, estatales o
municipales concesionados destinados a la agricultura o explotación de productos forestales, ganadería, minería y
otros afines, se hará en las oficinas recaudadoras que determine la autoridad fiscal, al momento de obtenerse el
permiso de movilización de los productos.
Los contribuyentes obligados al pago conforme al párrafo anterior, podrán optar por efectuar el mismo conforme a la
determinación que resulte de aplicar al valor catastral del inmueble la tasa que establezca la Ley de Ingresos del
Municipio o el 5% de la producción anual comercializada.
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ARTÍCULO 42.- En lo referente a predios ejidales y comunales el pago de este impuesto se sujetará además a las
siguientes reglas:
I. Cuando haya parcelamiento ejidal de la tierra, provisional o definitivo, el impuesto lo cubrirá individualmente
cada ejidatario; y
II. Si no hay parcelamiento, el impuesto será pagado por el núcleo de población, y por lo mismo obliga a todos los
ejidatarios que lo forman.
DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 43.- Los sujetos de este impuesto, los notarios y demás autoridades que intervengan en operaciones
relacionadas en el mismo estarán obligados a presentar los avisos y manifestaciones de acuerdo con lo dispuesto
por la Ley General de Catastro y la Información Territorial para el Estado de Coahuila de Zaragoza y su Reglamento.
ARTÍCULO 44.- En los casos de predios, construcciones o ampliaciones no empadronados y que sean
manifestados por el contribuyente en forma espontánea, sólo procederá el pago del impuesto que se cause a partir
del bimestre en que se haya efectuado la manifestación, quedando el contribuyente liberado de pagar las diferencias
correspondientes a bimestres anteriores.
ARTÍCULO 45.- Los titulares de derechos agrarios sobre la propiedad ejidal o comunal y los que por cualquier título
tengan la posesión uso o goce de predios de la Federación, del Estado o del Municipio destinados a la agricultura,
dentro del mes siguiente a aquél en que se siembre, deberán presentar ante las autoridades fiscales, una
manifestación que deberá contener:
I. Nombre y domicilio del manifestante.
II. Nombre del predio, ubicación y tipo de tierra.
III. Cultivo y superficie sembrada.
IV. Nombre o razón social y domicilio del habilitador, cuando lo haya.
ARTÍCULO 46.- Los sujetos de este impuesto están obligados a solicitar ante las autoridades fiscales, el permiso de
movilización de sus productos.
Las autoridades fiscales, podrán embargar precautoriamente los productos que se encuentren en tránsito que no
cuenten con el permiso de movilización correspondiente.
ARTÍCULO 47.- Las personas físicas y morales que procesen o almacenen productos cuya movilización requiera de
permiso, están obligadas a conservar la copia del mismo, durante el tiempo que determina el presente código.
ARTÍCULO 48.- Las autoridades fiscales municipales podrán solicitar de los contribuyentes, datos, informes y
documentos para verificar las medidas de los predios. No se considera que las autoridades fiscales inicien el
ejercicio de sus facultades de comprobación cuando únicamente soliciten información, datos, informes y documentos
a que se refiere este artículo, pudiéndolas ejercer en cualquier momento.
Las autoridades fiscales municipales podrán hacer uso de la tecnología, de imágenes satelitales o vuelos
fotogramétricos y mapas digitales para verificar las medidas de los predios.
En caso de que las autoridades fiscales determinen diferencias en las medidas de los predios, procederán a solicitar
información al contribuyente o iniciar, en su caso, el ejercicio de las facultades de comprobación.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
DEL OBJETO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 49.- Es objeto de este impuesto, la adquisición de inmuebles que consistan en el suelo, en las
construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en los Municipios del Estado de Coahuila,
así como los derechos relacionados con los mismos a que a este capítulo se refiere.
ARTÍCULO 50.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que derive de:
I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo las adjudicaciones por remate judicial o
administrativo, la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o
sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal, siempre
que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges.
II. El otorgamiento ante notario público de poderes para realizar actos de dominio sobre bienes inmuebles,
cuando se otorguen con el carácter de irrevocables.
III. La compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, aún cuando la transferencia de la propiedad
opere con posterioridad.
IV. La promesa de compra venta, en la que se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o
que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato
prometido.
V. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III que
anteceden, respectivamente.
VI. Fusión y Escisión de sociedades.
VII. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o
dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles.
VIII. Constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo
temporal.
IX. Prescripción adquisitiva o usucapión.
X. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los
inmuebles. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuada después de
la declaración de herederos o legatarios;
XI. Enajenación a través de fideicomiso, en los términos de este código;
XII. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía
del porciento que le corresponda al copropietario o cónyuge, por cada inmueble.
XIII. En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones.
ARTÍCULO 51.- Se entiende que no hay adquisición en los siguientes casos:
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I. En escisión, siempre que se cumpla con los requisitos siguientes:
a). Que los accionistas propietarios de por lo menos el 51 % de las acciones con derecho a voto, de la
sociedad escindente y de las escindidas, sean los mismos durante un período de dos años contados a
partir del año inmediato anterior a la fecha en que se realice la escisión; siempre y cuando se protocolice
la escisión de que se trate, dentro de un período de un año a partir de la fecha en que se llevó a cabo.
Para determinar el porcentaje del 51% se deberá considerar el total de las acciones con derecho a voto
emitidas por la sociedad a la fecha de inicio del periodo, excluyendo las que se consideran colocadas entre el
gran público inversionista y que hayan sido enajenadas a través de bolsa de valores autorizada o mercados
reconocidos. No se consideran como acciones con derecho a voto, aquéllas que lo tengan limitado y las que en
los términos de la legislación Mercantil se denominen acciones de goce; tratándose de sociedades que no sean
por acciones se considerarán las partes sociales en vez de" las acciones con derecho a voto, siempre que no
lo tengan limitado.
b). Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de escisión, la sociedad escindente designe a la
sociedad que asuma la obligación de registrarse en los padrones que para el propósito establezcan la
Tesorería Municipal respectiva.
Cuando no se cumpla con el requisito a que se refiere el inciso b) que antecede, los fedatarios públicos, dentro
del mes siguiente a la fecha de autorización de la escritura correspondiente, deberán informar de esta
circunstancia a la Tesorería Municipal. En estos casos, la autoridad podrá exigir el registro correspondiente a
cualquiera de las sociedades escindidas.
No se incumple con el requisito de permanencia accionaría previsto en esta fracción, cuando la transmisión de
propiedad de acciones sea por causa de muerte, liquidación, adjudicación judicial o donación.
En el caso de donación se deberá de cumplir con los requisitos establecidos en la fracción XIX del artículo 109
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relacionado con el tercer párrafo del artículo 14-B del Código Fiscal de
la Federación.
No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, cuando en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta
se le otorgue a la escisión, el tratamiento de reducción de capital.
En todo caso de Escisión, se deberán satisfacer, además, los requisitos previstos que para el caso de Escisión
establece el artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación en su fracción II.
II. En fusión, siempre que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión, se encuentre al
corriente en el pago de los Impuestos estatales y municipales en el ejercicio que terminó por fusión.
DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 52.- Están obligados al pago de este Impuesto, las personas físicas o morales que adquieran los
inmuebles y derechos sobre los mismos a que se refiere la Sección anterior.
El enajenante responde solidariamente del impuesto que deba pagar el adquirente.
DE LA BASE DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 53.- Para el pago de este impuesto se considerará como valor gravable, el valor más alto entre el
declarado en la operación o contrato respectivo y el resultado del avalúo practicado por la autoridad catastral
municipal.
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Los avalúos que se practiquen para efectos de este impuesto tendrán vigencia durante dos meses, contados a partir
de la fecha en que se efectúen. En aquellos casos en que después de realizado el avalúo se lleven a cabo por el
enajenante, construcciones, instalaciones o mejoras permanentes al bien de que se trate, los valores consignados
en dicho avalúo quedarán sin efecto, aun cuando no haya transcurrido el plazo señalado anteriormente.
Cuando con motivo de la adquisición, el adquirente asuma la obligación de pagar una o más deudas o de
perdonarlas, el importe de ellas se considerará como parte del precio estipulado en la operación o contrato
respectivo.
Para los fines de este capítulo, se considera que el usufructo y la nuda propiedad tienen un valor, cada uno de ellos
del 50% del valor de la propiedad.
DE LA TASA DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 54.- Serán tasas de este impuesto, las que establezcan las Leyes de Ingresos Municipales.
En las adquisiciones de inmuebles que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública del
Estado y los Municipios, que tengan por objeto promover, construir y enajenar unidades habitacionales o lotes de
terreno tipo popular, para satisfacer las necesidades de vivienda de personas de bajos ingresos económicos, se
aplicará la tasa del 0%.
En las adquisiciones de inmuebles en zonas urbana y rústica, que realicen los adquirentes o posesionarios,
tratándose de los programas habitacionales y de regularización de la tenencia de la tierra promovidos por las
dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, la tasa aplicable será el 0%.
Tratándose de los programas de regularización de la tenencia de la tierra que promueva la Comisión Estatal para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila de Zaragoza, se requerirá la aprobación
del consejo directivo de dicho organismo.
Estas adquisiciones no estarán sujetas a las disposiciones previstas por el artículo 55 del presente Código.
ARTÍCULO 55.- Para los efectos de esta sección, se considera como unidad habitacional tipo popular, aquélla en
que el terreno no exceda de 200 metros cuadrados y tenga una construcción inferior a 105 metros cuadrados.
(REFORMADA, P.O. 17 DE MARZO DE 2017)
I. Por vivienda nueva de interés social, aquélla cuyo valor, al término de su edificación, no exceda de la suma que
resulte de multiplicar por 15 el valor de una unidad de medida y actualización elevada al año.
(REFORMADA, P.O. 17 DE MARZO DE 2017)
II. Por vivienda popular nueva, aquélla cuyo valor, al término de su edificación, no exceda de la suma que resulte
de multiplicar por 25 el valor de una unidad de medida y actualización elevada al año.
III. Por unidad habitacional tipo popular, aquélla en que el terreno no exceda de 200 metros cuadrados y tenga una
construcción inferior a 105 metros cuadrados.
DE LAS EXENCIONES DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 56.- No se pagará el impuesto establecido en este capítulo en los siguientes casos:
I. En las adquisiciones de inmuebles de la Federación, el Estado y los Municipios para formar parte del dominio
público; así como en las de los partidos políticos nacionales y estatales, siempre y cuando dichos inmuebles
sean para su propio uso.
II. Las que adquieran los Estados extranjeros en caso de reciprocidad.
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DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 57.- El impuesto se calculará aplicando la tasa establecida en la Ley de Ingresos Municipal al valor
gravable del inmueble.
ARTÍCULO 58.- La presentación de las declaraciones y el pago del impuesto deberá hacerse dentro de los quince
días siguientes a aquél en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan:
I. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En caso de usufructo temporal, cuando se
extinga.
II. A la adjudicación de los bienes de la sucesión, o a los tres años de la muerte del autor de la misma, si
transcurrido dicho plazo, no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos
hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto correspondiente a
la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación,
independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquirente.
III. Al causar ejecutoria la resolución judicial que declare la prescripción adquisitiva o usucapión.
IV. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura
pública o se inscriban en el Registro Público, para poder surtir efectos ante terceros en los términos del
derecho común; y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes.
DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 59.- En las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los notarios, jueces, corredores y
demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su
responsabilidad, lo harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en la Tesorería Municipal. En
los demás casos, los contribuyentes pagarán el impuesto mediante declaración ante la Tesorería Municipal.
Se presentará declaración por todas las adquisiciones aun cuando no haya impuesto a enterar.
ARTÍCULO 60.- Cuando se hagan constar en escritura pública las adquisiciones previstas en las fracciones III, IV y
V del artículo 50, los contribuyentes podrán optar por diferir el pago del 50% del impuesto causado, hasta el
momento en que opere la traslación de dominio o se celebre el contrato prometido, según sea el caso. El 50%
diferido se actualizará aplicando el factor que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del
mes inmediato anterior a aquél en que sea exigible el pago, entre el mencionado índice correspondiente al mes
anterior a aquél en que se optó por el diferimiento del pago del impuesto.
En la compraventa con reserva de dominio y en la promesa de adquirir, se presume transmitido el dominio o
celebrado el contrato prometido, cuando venza el plazo fijado en el contrato respectivo y será exigible el impuesto
correspondiente salvo que se compruebe que el contrato fue rescindido o que el futuro adquirente cedió sus
derechos.
La cesión de derechos derivados de contratos de los señalados en el primer párrafo de este artículo, causarán
nuevamente el impuesto establecido en este código. El cesionario podrá igualmente, optar por diferir el pago del
impuesto en los términos y condiciones mencionados en dicho párrafo.
ARTÍCULO 61.- Están obligados al pago de este Impuesto, las personas físicas y morales que adquieran los
inmuebles y derechos sobre los mismos y por responsabilidad solidaria:
a). El enajenante.
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b). El notario público que haya autorizado la operación.
En ambos casos, responden solidariamente por el impuesto que deba pagar el adquirente.
ARTÍCULO 62.- Las autoridades fiscales municipales podrán autorizar mediante reglas de carácter general
expedidas por el Presidente Municipal, y previa autorización del ayuntamiento, la regulación necesaria para que
las operaciones inherentes a esta contribución puedan realizarse vía internet; y aprobar en su caso, las formas
electrónicas digitales que permitan encriptación de los datos y documentos transferidos mediante una clave de
seguridad. Para tal efecto, se podrá validar la identidad de los sujetos de este impuesto y de los documentos
digitales que respalden la operación, por medio de la firma electrónica avanzada generada por el Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPÍTULO TERCERO
DEL IMPUESTO SOBRE EL EJERCICIO DE
ACTIVIDADES MERCANTILES
DEL OBJETO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 63.- Son objeto de este impuesto las actividades no comprendidas en la Ley del Impuesto al Valor
Agregado o expresamente exceptuadas por la misma del pago de dicho impuesto y además, susceptibles de ser
gravadas por los Municipios, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
No quedan comprendidas en este artículo las actividades relacionadas con la celebración de loterías, rifas, sorteos y
juegos con apuesta permitidos; la enajenación de inmuebles y de muebles usados.
DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 64.- Son sujetos de este impuesto, las personas físicas y morales que habitual o accidentalmente
realicen las actividades que prevé el artículo anterior.
DE LA BASE ECONÓMICA DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 65.- Es base para el pago de este impuesto, el ingreso total derivado de las operaciones gravadas, aun
cuando sea a plazo o a crédito sujetas a condición, o con reserva de dominio, incluyendo el sobreprecio, los
intereses o cualquier otra prestación que lo aumente.
DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 66.- El impuesto se liquidará de conformidad con las tasas o cuotas que al efecto señale la Ley de
Ingresos Municipal y no será repercutible en ningún caso.
Los ayuntamientos, cuando lo estimen conveniente, podrán determinar que el pago del impuesto se efectúe a base
de cuota fija.
ARTÍCULO 67.- El impuesto se pagará dentro de los primeros diez días del mes siguiente a aquél en que se cause.
CAPÍTULO CUARTO
DEL IMPUESTO SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEL OBJETO DEL IMPUESTO
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ARTÍCULO 68.- Son objeto de este impuesto:
I. Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título de médico conforme a las leyes,
siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedades civiles.
II. Los de enseñanza que presten los particulares conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación.
III. La prestación de servicios del transporte urbano.
IV. Los demás conceptos de prestación de servicios por los que no se cause el Impuesto al Valor Agregado ni se
encuentre prohibido su gravamen en el ámbito local, de acuerdo con la ley federal que regula dicho impuesto, y
con las demás disposiciones legales aplicables.
DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 69.- Son sujetos de este impuesto, las personas físicas que realicen las actividades por los conceptos
señalados en el artículo anterior, dentro del territorio de los Municipios del Estado.
ARTÍCULO 70.- Cuando las personas físicas a que se refiere el artículo anterior, operen en agrupaciones
profesionales, asociaciones, clínicas, laboratorios, despachos, clubes o cualquier otra forma de agrupación legal,
serán dichas personas morales las obligadas a retener y enterar el impuesto que corresponda cubrir a cada uno de
sus asociados por los ingresos que haya obtenido dentro de la agrupación.
DE LA BASE ECONÓMICA DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 71.- Servirá de base para el pago de este impuesto, los ingresos que se perciban por el ejercicio de
actividades o prestación de servicios objeto de este impuesto.
DE LA TASA DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 72.- Serán tasas de este impuesto, las que establezcan las Leyes de Ingresos Municipales.
DE LA DETERMINACION Y PAGO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 73.- Para determinar el impuesto a cargo de los contribuyentes, se aplicará a la base gravable, la tasa
que señale la Ley de Ingresos Municipal correspondiente y se pagará de la siguiente forma:
I. Cuando se trate de contribuyentes establecidos y registrados en el padrón municipal, dentro de los diez días
del mes siguiente a aquél en que se cause.
II. Cuando se establezca una cuota fija, ésta se cubrirá dentro del plazo señalado de la fracción anterior.
III. Cuando se trate de contribuyentes eventuales, el pago se hará dentro de los diez días siguientes al en que se
hagan exigibles las contraprestaciones a favor de quien las preste.
ARTÍCULO 74.- Las tesorerías municipales, cuando lo estimen conveniente, podrán determinar que el pago del
impuesto se efectúe a base de cuota fija mensual.
DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 75.- Las personas morales y los particulares que actúen como empresarios y que hagan pagos a
contribuyentes eventuales de este impuesto, deberán retenerlo y enterarlo en la Tesorería Municipal, dentro de los
quince días siguientes al en que se haga exigible la contraprestación a favor de quien prestó el servicio.
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CAPÍTULO QUINTO
DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS
Y DIVERSIONES PÚBLICAS
DEL OBJETO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 76.- Es objeto de este impuesto la realización de espectáculos y diversiones públicas no gravadas por el
Impuesto al Valor Agregado.
Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda representación, función, acto, evento o exhibición
artística, musical, deportiva, taurina, ecuestre, circense, teatral, cultural o de verbena popular con fines de
esparcimiento, que se verifique en salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna
un grupo de personas pagando por ello cierta suma de dinero.
También se entenderá por diversión y espectáculo público, los que se realicen a través de juegos mecánicos, los
que operen por medio de monedas o fichas y los juegos de video.
No se consideran espectáculos públicos los prestados en restaurantes, bares, cabarets, salones de fiesta o de baile
y centros nocturnos.
DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 77.- Son sujetos del Impuesto sobre Espectáculos y Diversiones Públicas, las personas físicas o
morales que promuevan, organicen o exploten esas actividades.
DE LA BASE DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 78.- Servirán de base para el pago de este impuesto, los ingresos que se generen por el boleto o cuota
de entrada a las diversiones o espectáculos públicos.
DE LA TASA DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 79.- Serán tasas de este impuesto, las que establezcan las Leyes de Ingresos Municipales.
DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 80.- El impuesto a que se refiere este capítulo se determinará y pagará, aplicando a la base, las tasas
que señale la Ley de Ingresos Municipal y se liquidará y recaudará en la forma siguiente:
I. Tratándose de contribuyentes establecidos y registrados en el padrón -municipal, dentro de los primeros diez
días de cada mes, mediante una declaración de los ingresos que hayan obtenido en el mes inmediato anterior.
Tratándose de contribuyentes a cuota fija, pagarán dentro del mismo plazo.
II. Cuando se trate de contribuyentes eventuales, el pago se hará por adelantado cuando se pueda determinar
previamente el monto del mismo; en caso contrario, al finalizar el espectáculo o diversión, los inspectores
fiscales formularán la liquidación respectiva y el impuesto se pagará a más tardar al siguiente día hábil.
ARTÍCULO 81.- Las tesorerías municipales, cuando lo estimen conveniente, podrán determinar que el pago del
impuesto se efectúe a base de cuota fija mensual.
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DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 82.- Los sujetos de este impuesto al solicitar de la Tesorería Municipal la licencia respectiva, deberán
proporcionar los siguientes datos:
I. Nombre y domicilio de quien promueva la diversión o espectáculo autorizado.
II. Clase de diversión o espectáculo.
III. Ubicación del lugar en que se va a efectuar y nombre del propietario del mismo.
IV. Horario de las funciones.
V. Número y precio de localidades de cada clase que haya en el lugar destinado al espectáculo.
VI. Garantía del interés fiscal.
Cualquier modificación a los datos comprendidos en las fracciones precedentes, deberá comunicarse por escrito a la
Tesorería Municipal, dentro de los tres días hábiles anteriores a la fecha en que deba tener efecto.
ARTÍCULO 83.- Una vez concedida la licencia, los sujetos de este impuesto, tienen las obligaciones siguientes:
I. Presentar a la Tesorería Municipal la emisión total de los boletos de entrada, cuando menos tres días antes al
espectáculo, en que deban comenzar las funciones, a fin de que se autoricen con el sello respectivo.
II. Entregar a la misma dependencia, por duplicado y dentro del mismo término los programas del espectáculo o
diversión.
III. No variar los programas y precios autorizados, dados a conocer sin que se dé aviso previo a la Tesorería
Municipal y obtengan nueva autorización, cuando menos tres horas antes de aquella señalada para iniciar la
función.
ARTÍCULO 84.- Los empresarios, promotores o representantes de las empresas de espectáculos y diversiones
públicas, están obligados a permitir que los inspectores comisionados por la Tesorería Municipal desempeñen
adecuadamente sus funciones, así como a proporcionarles libros, documentos y cuantos datos requieran para
definir la correcta causación del impuesto a que se refiere este capítulo.
ARTÍCULO 85.- Se faculta a la Tesorería Municipal para suspender, clausurar o intervenir las taquillas de cualquier
diversión o espectáculo, cuando quienes lo organicen y exploten se nieguen a permitir que los interventores o
liquidadores vigilen la entrada, liquiden y recauden el impuesto, o cuando no se hayan observado las disposiciones
precedentes.
CAPÍTULO SEXTO
DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN
DE BIENES MUEBLES USADOS
DEL OBJETO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 86.- Es objeto de este impuesto, la enajenación de bienes muebles usados, no gravada por el Impuesto
Federal al Valor Agregado.
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DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 87.- Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que enajenen bienes muebles usados
a que se refiere el artículo anterior.
Son responsables solidarios de este impuesto, las personas en cuyo poder se encuentren bienes muebles usados
gravados, sin la comprobación del pago del impuesto respectivo.
DE LA BASE DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 88.- Servirán de base para el cálculo de este impuesto, los ingresos que se obtengan por concepto de
las operaciones objeto del mismo.
DE LA TASA DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 89.- Serán tasas de este impuesto, las que establezcan las Leyes de Ingresos Municipales.
DE LA DETERMINACIÓN Y DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 90.- El Impuesto Sobre Enajenación de Bienes Muebles Usados, se determinará y pagará, aplicando a
la base, las tasas que señale la Ley de Ingresos Municipal y dentro de los diez días posteriores a la fecha en que se
realicen las operaciones.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS Y SORTEOS
DEL OBJETO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 91.- Es objeto de este impuesto la realización o explotación de loterías, rifas y sorteos o juegos
permitidos y autorizados conforme a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 92.- Son sujetos del impuesto, las personas físicas o morales que promuevan, organicen o exploten los
eventos a que se refiere el artículo anterior.
DE LA BASE DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 93.- Servirán de base para el pago de este impuesto, los ingresos que se perciban por concepto de las
actividades a que se refiere el artículo 91.
DE LA TASA DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 94. Serán tasas de este impuesto, las que establezcan las Leyes de Ingresos Municipales.
DE LAS EXENCIONES DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 95.- No se causará el impuesto a que se refiere este capítulo:
I. Por los sorteos que celebre la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
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II. Por las loterías, rifas y sorteos cuyos productos se destinen íntegramente para fines de asistencia o de
instrucción pública, autorizados y controlados por las autoridades competentes.
III. Por las loterías, rifas y sorteos que organicen los partidos políticos con registro nacional o estatal.
DE LA DETERMINACION Y PAGO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 96.- El impuesto a que se refiere este capítulo, se determinará y pagará, aplicando a la base, las tasas
que señale la Ley de Ingresos Municipal y se pagará a más tardar, al día siguiente de efectuada la lotería, rifa,
sorteo o cualquier otro juego permitido.
DE LAS OBLIGACIONES
ARTÍCULO 97.- Los contribuyentes de este impuesto están obligados a:
I. Presentar una manifestación a la Tesorería Municipal, a más tardar dentro de los 10 días anteriores a la fecha
en que se pretenda iniciar la rifa o sorteo, que contendrá los siguientes datos:
a). Nombre y domicilio del sujeto del impuesto.
b). Lugar y fecha en que se efectuará el evento.
c). Tipo de lotería, rifa, sorteo o juego.
d). Datos del permiso de la Secretaría de Gobernación.
II. Presentar a la Tesorería Municipal, dentro del mismo término que señala la fracción anterior, la emisión de los
boletos, a efecto de que se autoricen con el sello respectivo.
III. Tratándose de loterías, rifas, sorteos o juegos permitidos que se realicen en un acto, el impuesto se liquidará y
pagará al momento de su realización, por conducto de los inspectores designados por la Tesorería Municipal
para tal efecto.
IV. A otorgar a favor y satisfacción de la Tesorería Municipal, antes de efectuar la lotería, rifa, sorteo o cualquier
otro juego permitido, alguna de las garantías a que se refiere el artículo 389 de este código.
V. A dar aviso a la misma dependencia, por escrito a más tardar el día anterior a la fecha señalada para efectuar
la lotería, rifa, sorteo u otro juego permitido, de cualquiera modificación que se haga a las bases de estos
eventos.
ARTÍCULO 98.- Las autoridades fiscales podrán suspender las loterías, rifas, sorteos o juegos permitidos cuando
quienes los organicen o exploten, se nieguen a que los inspectores vigilen la entrada o lugar en que se realicen para
liquidar y recaudar el impuesto que se cause, o cuando no se hayan observado las disposiciones pertinentes
CAPÍTULO OCTAVO
DEL IMPUESTO SOBRE PLUSVALIA
DEL OBJETO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 99.- Es objeto de este impuesto, el incremento de valor y la mejoría específica de la propiedad, que
deriven de la ejecución de obras públicas realizadas en el territorio de los Municipios, por la Federación, el Estado o
los propios Municipios.
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ARTÍCULO 100.- Este impuesto tendrá carácter objetivo y afectará a todos los inmuebles comprendidos dentro de la
zona beneficiada por la obra, la cual será definida por la Dirección de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas,
previa aprobación del ayuntamiento o ayuntamientos interesados en la obra, como resultado de los proyectos y
estudios técnicos que se lleven a cabo.
ARTÍCULO 101.- Cuando sean los Municipios quienes realicen las obras, el impuesto sobre plusvalía que en cada
caso se determine, según las bases del presente Capítulo, se invertirá exclusivamente en pago de indemnizaciones
de predios expropiados para la ejecución de la obra relativa y en el costo de la propia obra. En el costo de la obra
quedarán incluidos los gastos correspondientes a intereses y comisiones por contratación de créditos o empréstitos
que se hubieren destinado al financiamiento de la misma obra. Así mismo, comprenderá el 5% del importe para
fines de organización de la Dirección de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas.
DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 102.- Son sujetos del impuesto sobre plusvalía los mismos contribuyentes del impuesto predial en los
términos del artículo 34 de este código, respecto de los predios y construcciones adheridas a ellos, que se
incrementen de valor u obtengan una mejoría específica derivada de la ejecución de una obra pública, de
conformidad con lo dispuesto en este capítulo.
DE LA BASE DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 103.- Se considerarán bases técnicas generales, para la determinación equitativa del impuesto sobre
los inmuebles ubicados en la zona de beneficio efectivo las siguientes:
I. La superficie de cada predio.
II. La longitud de los frentes a calles o plazas.
III. La influencia de la obra sobre su rentabilidad y valor comercial.
IV. Todos los demás datos determinantes en el incremento de valor y mejoría de la propiedad, objeto del impuesto.
ARTÍCULO 104.- Cuando se trate de obras de rectificación, ampliación, prolongación y mejoramiento de las vías
públicas ya existentes, el impuesto se calculará por unidad de metro cuadrado de superficie de los predios
beneficiados.
ARTÍCULO 105.- En los casos del artículo anterior, no se tomará en consideración las construcciones que puedan
existir sobre los predios beneficiados si no su mayor proximidad ellos al eje de la obra.
ARTÍCULO 106.- Para determinar la cantidad líquida que por imposición corresponda a cada predio, deberá
multiplicarse su superficie por la cuota de imposición que por metro cuadrado le corresponda, según la diversa
zonificación en función de las normas técnicas que señala este código.
ARTÍCULO 107.- Respecto de los predios de superficie irregular deberá tomarse en consideración; los ancones, el
fondo excedente de 25 metros, la medida de los frentes, la desproporción entre éstos y el fondo, los ángulos de
apertura inferior y superior a 90 grados, y en general, todas las características físicas que permitan definir la
superficie que deberá quedar afecta al impuesto sobre plusvalía.
ARTÍCULO 108.- En los predios con frente a dos vías públicas opuestas, se harán operaciones conforme al artículo
anterior, dividiéndolos por una línea media entre ambos frentes.
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ARTÍCULO 109.- Cuando varios predios pertenecientes al mismo propietario comprendan la superficie total de una
manzana, para verificar el cálculo a que se refiere el artículo 104 de este código, la superficie se dividirá en cuatro
fracciones mediante el trazo de una línea media entre los frentes opuestos.
ARTÍCULO 110.- A fin de lograr la máxima equidad y proporcionalidad en la determinación del impuesto en los
casos de que se ocupan los artículos 103 y 104, la liquidación de predios en esquina, se incrementará en un 30, 20
ó 10 por ciento, según que la esquina sea considerada como comercial de primer orden, de segundo orden, o no
comercial, respectivamente.
DEL PAGO DEL IMPUESTO
ARTÍCULO 111.- El impuesto que establece este capítulo, se pagará en la Tesorería Municipal dentro de los quince
días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la liquidación a que se refiere el artículo 113 de este
código.
Los contribuyentes podrán solicitar autorización para pagar en parcialidades el impuesto determinado a su cargo, en
términos del artículo 376 de este código.
ARTÍCULO 112.- La Dirección o el Departamento de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas, proyectará las
operaciones de cálculo para la individualización del impuesto con base en las normas que establece este código.
ARTÍCULO 113.- La Tesorería Municipal que corresponda, notificará al contribuyente la cuantificación y liquidación
del impuesto mediante resolución en la que se exprese:
I. Nombre del propietario.
II. Ubicación del Predio.
III. Superficie real.
IV. Superficie afecta al impuesto.
V. Distancia al eje de la vía pública.
VI. Cuota de imposición por metro cuadrado.
VII. Importe líquido total del impuesto.
ARTÍCULO 114.- Los contribuyentes que paguen dentro del plazo establecido en el artículo 111 de este código el
total del impuesto a su cargo, tendrán derecho a una bonificación equivalente a la parte proporcional que pudiera
corresponderles en el costo del financiamiento de la obra.
CAPÍTULO NOVENO
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES
SECCIÓN I
DE LA CONTRIBUCIÓN POR GASTO
DEL OBJETO DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 115.- Es objeto de esta contribución el gasto público específico que se origine por el ejercicio de una
determinada actividad de particulares.
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DE LOS SUJETOS DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 116.- Son sujetos de la contribución a que se refiere esta sección:
I. Por responsabilidad directa:
Las personas físicas o morales que originen un gasto público por el ejercicio de una determinada actividad.
II. Por responsabilidad solidaria:
1. La persona o personas que tengan conferida la representación legal, la Dirección General, la Gerencia
General o la administración única de las personas morales sujeto de esta contribución.
2. Quienes ejerzan la patria potestad o tutela, por las contribuciones a cargo de su representado.
DE LA BASE DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 117.- La base de las contribuciones a que se refiere esta sección será el importe del gasto público
provocado.
DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 118.- La Tesorería Municipal estará facultada para determinar el importe de las contribuciones, tomando
en cuenta para su determinación, el costo real del gasto público originado.
ARTÍCULO 119. Las contribuciones por gasto deberán ser pagadas en la Tesorería Municipal, dentro de los quince
días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución que contenga la determinación de las
contribuciones.
ARTÍCULO 120.- El monto total de la contribución en cada caso, no podrá exceder del costo del gasto público de
que se trate.
ARTÍCULO 121.- La Tesorería Municipal, formulará y notificará, resolución debidamente fundada y motivada, en la
que se determinen las contribuciones a cargo de los contribuyentes.
ARTÍCULO 122.- En lo no previsto en esta sección, la aplicación y recaudación de las contribuciones, se hará con
apego a las disposiciones del presente código.
SECCIÓN II
POR OBRA PÚBLICA
DEL OBJETO DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 123.- Es objeto de la contribución por obra pública, la construcción, reconstrucción y ampliación de las
siguientes obras:
I. Vías públicas, tales como calles, avenidas, calzadas, viaductos, pasos a desnivel, obras de seguridad
relacionadas con el tránsito de vehículos y peatones, puentes y plazas.
II. Introducción de agua potable a los poblados y desagüe general de los mismos.
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III. Redes de distribución de agua potable, drenaje y alcantarillado.
IV. Alumbrado público.
V. Obras de electrificación.
VI. Conexión de la red general de agua potable a centros de población.
VII. Conexión del sistema general de drenaje a centros de población.
VIII. Obras básicas para agua y drenaje.
IX. Centros deportivos y recreativos, parques y jardines.
X. Caminos.
XI. Bordos, canales e irrigación.
XII. Obras de embellecimiento y remodelación de poblaciones.
XIII. Otras obras públicas que generen beneficios en su ejecución a los inmuebles y/o cooperadores.
ARTÍCULO 124.- Las contribuciones a que se refiere esta sección podrán ser de carácter voluntario, o de carácter
obligatorio, de acuerdo con las siguientes normas:
I. Será voluntaria aquélla en la cual los particulares aporten total o parcialmente la suma necesaria para realizar
las obras de que se trate en forma espontánea y de acuerdo con el plan correspondiente, o a promoción de las
autoridades municipales.
La cooperación voluntaria se convertirá en contribución obligatoria una vez formalizado el convenio
correspondiente y será exigible en los términos del presente ordenamiento y de las leyes fiscales relativas.
II. Serán obligatorias las que establezca el Ayuntamiento con éste carácter para cubrir los costos de las obras
que, enunciativamente y no limitativamente, se señalan a continuación:
a). La pavimentación o repavimentación de las vías públicas y el embanquetado y construcción de
guarniciones de las mismas.
b). La electrificación de las zonas urbanas o rurales, tanto para usos domésticos como para usos industriales
y agropecuarios.
c). Las necesarias para adoptar o mejorar el alumbrado público.
d). Las que se requieran para adoptar o mejorar los servicios de agua potable, drenaje sanitario, drenaje
pluvial y gas natural para uso doméstico.
e). Las necesarias para la construcción y conservación de caminos vecinales.
f). Las demás que determine el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 125.- Para que se cause la contribución por obra pública a que se refiere el artículo anterior, será
necesario que los predios se encuentren en las siguientes circunstancias:
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I. Si son exteriores, tener frente a la calle donde se ejecuten las obras.
II. Si son interiores, tener acceso mediante servidumbre de paso a la calle en que se ejecuten las obras.
ARTÍCULO 126.- La contribución por obra pública se causará cuando la autoridad competente acuerde realizar la
obra, mediante el concurso público o de invitación, que estará sujeto a las reglamentaciones respectivas. Para los
efectos de esta contribución cuando se trate de obras de pavimentación o repavimentación, no podrá volver a
cobrarse por el mismo concepto en un período mínimo de 10 años y, en consecuencia no se podrá acordar una
nueva realización de la misma obra por cooperación antes de ese plazo.
DE LOS SUJETOS DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 127. Son sujetos de la contribución por obra pública:
I. Por responsabilidad directa:
a). Los propietarios y copropietarios de los inmuebles, que resulten beneficiados con la realización de una
obra pública.
b). Los poseedores a título de dueño de inmuebles beneficiados con la realización de una obra pública.
c). Las personas físicas y morales que hayan adquirido derechos sobre los inmuebles ubicados en el área de
beneficio de una obra pública.
II. Por responsabilidad solidaria:
a). Los promitentes vendedores y sus contratantes, en las operaciones con reserva de dominio, por las
contribuciones que se adeuden; y
b). Las instituciones fiduciarias cuando los predios estén afectados en fideicomiso.
Dicha institución cubrirá las contribuciones con cargo a quien quede como propietario del predio beneficiado.
DE LA BASE ECONÓMICA DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 128.- La base de la contribución a que se refiere este capítulo será el 50% del costo total de la obra
pública específica.
Cuando se trate de contribuciones voluntarias para obra pública, los particulares podrán cooperar con un porcentaje
distinto al señalado, el que se establecerá de común acuerdo entre las autoridades municipales y los particulares.
DE LAS EXENCIONES DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 129.- Estarán exentos del pago de esta contribución los bienes del dominio público de la federación, del
Estado y de los Municipios.
DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 130.- Las contribuciones por obra pública se determinarán aplicando el procedimiento que establece la
Ley de Cooperación para Obras Públicas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en todo caso, el porcentaje a
contribuir por los particulares, se dividirá conforme al mencionado procedimiento entre los propietarios de los predios
beneficiados.
26
ARTÍCULO 131.- Cuando se trate de contribuciones derivadas de obras por cooperación, la Tesorería Municipal
deberá determinar:
I. Los Proyectos, programas, especificaciones de construcción y presupuestos con el costo total de las obras.
II. El área beneficiada con la obra y zona de influencia.
III. La cantidad global que deban cubrir los contribuyentes beneficiados.
IV. La cuota que corresponda pagar a cada contribuyente en particular.
V. El plazo y forma en que deban efectuarse los pagos.
ARTÍCULO 132.- Cuando se trate de edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio, divididos en pisos,
departamentos, viviendas o locales, se considerará que la totalidad del predio se beneficia con la obra. La parte de
la contribución por obra pública a cargo de cada propietario se determinará dividiendo el monto que corresponda a
todo el inmueble, entre la superficie cubierta de construcción que resulte de sumar la de todos los pisos,
exceptuando la que se destine a servicios de uso común y multiplicando ese cociente por el número de metros que
corresponda al piso, departamento, vivienda o local de que se trate.
ARTÍCULO 133.- Las contribuciones por obra pública deberán ser pagadas en la Tesorería Municipal, al inicio de la
obra o dentro del plazo que se establezca en los convenios que se celebren con los particulares, en la forma y plazo
que ésta determine o se haya convenido.
ARTÍCULO 134.- La Tesorería Municipal formulará la liquidación de la contribución por obra pública para cada
contribuyente en particular.
ARTÍCULO 135.- La resolución que determine las contribuciones a pagar por la obra, deberá estar debidamente
fundada y motivada y contener además los siguientes datos:
I. Descripción genérica de la obra.
II. Costo total estimado.
III. Área beneficiada con la obra y zona de influencia.
IV. Ubicación del predio.
V. Períodos de iniciación y terminación de la obra.
VI. Cantidad total que deben aportar los beneficiados.
VII. La cantidad a pagar por el contribuyente.
VIII. Plazo y forma en que deberá hacerse la contribución.
ARTÍCULO 136.- Los predios beneficiados por la ejecución de obras públicas por cooperación, estarán afectos en
forma preferente al pago del importe de las contribuciones a que se refiere esta sección.
ARTÍCULO 137.- Para hacer efectivas estas contribuciones, de ser necesario, se aplicará el procedimiento
administrativo de ejecución previsto en el presente código.
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SECCIÓN III
POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA
DEL OBJETO DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 138.- Es objeto de esta contribución la realización de actividades que dañen o deterioren bienes del
dominio público propiedad del Municipio, tales como: instalaciones, infraestructura caminera, hidráulica y de
servicios, de uso comunitario y beneficio social.
DE LOS SUJETOS DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 139.- Son sujetos de esta contribución las personas físicas y morales que realicen actividades que en
forma directa o indirecta ocasionen los daños o el deterioro a que se refiere el artículo anterior.
DE LA BASE Y DEL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 140.- Servirá de base para el pago de esta contribución la cuantificación de los daños o deterioros
causados a los bienes referidos en el artículo 138, que se determinarán mediante los estudios técnicos que lleve a
cabo la Dirección o el Departamento de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas.
ARTÍCULO 141.- Esta contribución se pagará en la Tesorería Municipal, dentro de los quince días siguientes al en
que se notifique al contribuyente el resultado de la cuantificación de los daños o deterioros causados.
ARTÍCULO 142.- El pago de esta contribución deberá comprender el importe total de los daños o deterioros
causados.
SECCION IV
POR MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS
DEL OBJETO DE LA CONTRIBUCION
ARTÍCULO 143.- Es objeto de esta contribución la realización de pagos por concepto de impuestos, derechos y
cualquier otra contribución que se cause conforme al presente código y demás disposiciones fiscales del Municipio,
así como los accesorios que se paguen.
El rendimiento de esta contribución será destinado exclusivamente al mantenimiento, mejoramiento y equipamiento
del cuerpo de bomberos de los Municipios.
DE LOS SUJETOS DE LA CONTRIBUCION
ARTÍCULO 144.- Son sujetos de esta contribución las personas físicas, morales o unidades económicas que
realicen pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución y sus accesorios que se causen
conforme al presente código y demás disposiciones fiscales del Municipio.
DE LA BASE Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 145.- La base de esta contribución es el importe de los pagos que se realicen por concepto de
impuestos, derechos y demás contribuciones incluyendo sus accesorios.
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(REFORMADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013)
ARTÍCULO 146. La tasa o cuota correspondiente a esta contribución será la que al efecto se establezca en las
Leyes de Ingresos Municipal correspondiente.
(REFORMADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013)
ARTÍCULO 147.- El pago de esta contribución deberá efectuarse en la Tesorería Municipal, en el mismo recibo con
que se realicen los pagos objeto de esta contribución.
(ADICIONADA, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013)
SECCIÓN V
POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
OBJETO
ARTÍCULO 147-A.- Es objeto de esta contribución para el mantenimiento y conservación del Centro Histórico de los
municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, la realización de pagos por concepto del impuesto predial que se
cause.
Los ingresos que se obtengan por esta contribución, serán destinados al mantenimiento y conservación del Centro
Histórico de los Municipios del Estado a través del Patronato que para tal efecto se constituya en cada uno de ellos.
SUJETO
ARTICULO 147-B.- Son sujetos de esta contribución, las personas físicas, morales o unidades económicas que
realicen pagos por los conceptos a que se refiere el artículo anterior.
BASE
ARTICULO 147-C.- La base de esta contribución, es la realización de los pagos por concepto del impuesto predial.
CUOTA
ARTÍCULO 147-D.- La tasa o cuota correspondiente a esta contribución será la que al efecto se establezca en las
Leyes de Ingresos Municipal correspondiente
PAGO
ARTÍCULO 147-E.- El pago de esta contribución deberá efectuarse en la Tesorería Municipal, en el mismo recibo
con que se realicen los pagos objeto de esta contribución.
(ADICIONADA, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 2013)
SECCIÓN VI
POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
OBJETO
ARTÍCULO 147-F.- Es objeto de esta contribución la realización de pagos por concepto de impuesto predial que se
cause conforme a este Código y demás disposiciones fiscales del Municipio.
El rendimiento de esta contribución será destinado exclusivamente a lo siguiente:
I. Mantenimiento e instalación de señalamientos viales.
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II. Fortalecimiento del sistema de protección civil municipal.
III. Desarrollo Integral de la Familia.
Los ingresos que se obtengan por esta contribución, serán destinados exclusivamente a los fines que se
establezcan en las leyes de ingresos municipales y de acuerdo a los requerimientos de cada Municipio.
SUJETO
ARTICULO 147-G.- Son sujetos de esta contribución, las personas físicas, morales o unidades económicas que
realicen pagos por los conceptos a que se refiere el artículo anterior.
BASE
ARTICULO 147-H.- La base de esta contribución, es el importe de los pagos que se realicen por concepto del
impuesto predial.
CUOTA
ARTÍCULO 147-I.- La tasa o cuota correspondiente a esta contribución será la que al efecto se establezca en las
Leyes de Ingresos Municipal correspondiente, para cada uno de los conceptos establecidos en el artículo 147-F de
este Código.
PAGO
ARTÍCULO 147-J.- El pago de esta contribución deberá efectuarse en la Tesorería Municipal, en el mismo recibo
con que se realicen los pagos objeto de esta contribución.
CAPÍTULO DECIMO
DE LOS DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SECCIÓN I
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ARTÍCULO 148.- Es objeto de este derecho la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a los
habitantes del Municipio, en los términos de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
ARTÍCULO 149.- Están sujetos al pago de este derecho, los propietarios o poseedores de predios que establece el
artículo 36 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO 150.- Los servicios de agua potable y alcantarillado se cobrarán con base en las cuotas o tarifas que
establezca la Ley de Ingresos Municipal. La determinación de cuotas y tarifas estará a lo dispuesto en el Capítulo
Sexto de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO 151.- El Ayuntamiento podrá celebrar, en su caso, los convenios correspondientes con el Organismo
Descentralizado “Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila”, en ejercicio de la facultad que le otorga la
fracción tercera del artículo 115 Constitucional, para efectos de la prestación del servicio y cobro de las cuotas y
tarifas.
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SECCIÓN II
DE LOS SERVICIOS DE RASTROS
ARTÍCULO 152.- Serán objeto de este derecho los servicios de pesaje, uso de corrales, carga y descarga, uso de
cuarto frío, matanza y reparto que se presten a solicitud de los interesados o por disposición de la ley, en los rastros
o en lugares destinados al sacrificio de animales, previamente autorizados.
No se causará el derecho por uso de corrales, cuando los animales que se introduzcan sean sacrificados, el mismo
día.
ARTÍCULO 153.- Son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales que soliciten de los rastros
municipales, o de los lugares autorizados los servicios a que se refiere el artículo anterior.
ARTÍCULO 154.- Las personas que habitualmente se dediquen a la introducción y compraventa de ganado,
deberán registrarse ante la Administración de los Rastros Municipales o en los lugares autorizados.
ARTÍCULO 155.- Las personas que se dediquen al sacrificio de ganado, comercio de carne y derivados, deberán
hacer uso de los servicios de los rastros municipales o de lugares autorizados y cumplirán con las obligaciones
siguientes:
I. Empadronarse en la Administración de los Rastros o lugares autorizados, mediante las solicitudes aprobadas
por la Tesorería Municipal.
II. Hacer uso de las básculas instaladas.
III. Registrar los fierros, marcas, aretes y señales de sangre y refrendar el registro cada tres años en los libros que
para tal efecto se lleven, de acuerdo con la Ley de Fomento Ganadero del Estado.
IV. Introducir el ganado antes de su sacrificio para su inspección sanitaria, en los corrales o locales destinados
para tal efecto.
V. Acreditar la propiedad del ganado o productos derivados de la matanza, de conformidad con lo que establece
el artículo 14 de la Ley de Fomento Ganadero para el Estado de Coahuila.
ARTÍCULO 156.- Los introductores y ganaderos que se dediquen al abasto de carne, están obligados a utilizar los
transportes autorizados o concesionados por los ayuntamientos.
ARTÍCULO 157.- Las personas dedicadas habitual o accidentalmente a la venta de aves, tendrán la obligación de
presentarlas para la inspección sanitaria antes de su sacrificio, en los rastros o lugares autorizados.
ARTÍCULO 158.- Todo ganado sacrificado fuera del Rastro Público Municipal, estará sujeto a cuotas especiales de
acuerdo con las Leyes de Ingresos Municipales.
ARTÍCULO 159.- Los derechos a que se refiere esta sección, se pagarán en las oficinas de la Tesorería Municipal,
de acuerdo con las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos de cada Municipio.
SECCIÓN III
DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO
ARTÍCULO 160.- Es objeto de este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del
Municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público, el que se proporcione en calles, plazas, jardines y otros
lugares de uso común del municipio.
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ARTÍCULO 161.- Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos ubicados
en el área territorial municipal.
ARTÍCULO 162.- La base para el cálculo de este derecho será la que se establezca en la Ley de Ingresos de cada
Municipio.
ARTÍCULO 163.- El derecho de alumbrado público se causará mensualmente. El pago se hará dentro de los
primeros 10 días siguientes al mes en que se cause el pago. Se efectuará el pago en las oficinas de la Tesorería
Municipal o en las instituciones autorizadas para tal efecto.
ARTÍCULO 164.- Para efectos del cobro de este derecho los ayuntamientos podrán celebrar convenios con la
compañía o empresa suministradora del servicio de energía eléctrica en el municipio. En estos casos, se deberá
incluir el importe de este derecho, en el documento que para tal efecto expida la compañía o la empresa,
debiéndose pagar junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y en las oficinas autorizadas por esta
última.
ARTÍCULO 165.- Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al pago, mantenimiento y
mejoramiento del servicio de alumbrado público que proporcione al Ayuntamiento.
SECCIÓN IV
DE LOS SERVICIOS EN MERCADOS
ARTÍCULO 166.- Es objeto de este derecho la prestación de servicios de administración de mercados que
proporcione el Municipio. Por mercados se entenderá, tanto los lugares construidos para tal efecto, con las
características que definen este tipo de edificios, como los lugares asignados en plazas, calles o terrenos para
efectos de comercialización de productos o prestación de servicios en locales fijos o semifijos. También será objeto
de este derecho, el uso del piso en mercados propiedad municipal.
Por servicios de administración de mercados se entenderá la asignación de lugares o espacios para instalación de
locales fijos o semifijos y el control de los mismos; los servicios de aseo, mantenimiento, vigilancia y demás
relacionados con la operación y funcionamiento, tanto de mercados construidos, como de lugares destinados a la
comercialización por parte del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 167.- Son sujetos de este derecho, los locatarios o personas físicas o morales que se dediquen a la
comercialización de productos o prestación de servicios en mercados. Se incluye en este concepto a los
comerciantes que realicen sus actividades de manera ambulante.
ARTÍCULO 168.- El derecho por servicios en mercados se pagará conforme a las cuotas establecidas en la Ley de
Ingresos Municipal y de acuerdo a las siguientes bases:
I. Por metro cuadrado de superficie asignada en locales ubicados en mercados construidos de propiedad
Municipal.
II. Por metro cuadrado de superficie asignada en lugares o espacios, en plazas, calles o terrenos.
III. Por cuota fija para comerciantes ambulantes.
ARTÍCULO 169.- El pago de los derechos por servicios que deban prestarse en forma regular, como son: El aseo,
vigilancia y demás relacionados con la administración, deberán realizarse mensualmente por los comerciantes con
locales o puestos fijos o semifijos. En los casos de comerciantes que realicen sus actividades de manera
esporádica, el pago deberá realizarse por cada vez que soliciten la asignación de lugares o espacios.
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SECCIÓN V
DE LOS SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO
ARTÍCULO 170.- Es objeto de este derecho la prestación del servicio de aseo público por parte del ayuntamiento a
los habitantes del Municipio. Se entiende por aseo público la recolección de basura de calles, parques, jardines y
otros lugares de uso común, así como la limpieza de predios baldíos sin barda o sólo cercados, a los que el
ayuntamiento preste el servicio en atención a una política de saneamiento ambiental de las comunidades.
ARTÍCULO 171.- Son sujetos de este derecho los propietarios o poseedores de predios ubicados en el área
territorial municipal que deban recibir el servicio de recolección de basura o de limpia de predios; así como los
ciudadanos que requieran servicios especiales de aseo público en forma constante y que para tal efecto celebren
contrato especial de prestación del servicio de aseo público con el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 172.- Servirá de base para el cálculo del derecho de aseo público:
I. El número de metros lineales de frente a la vía pública de cada predio por donde deba prestarse el servicio de
recolección de basura.
II. La superficie total del predio baldío sin barda o sólo cercado, que sea sujeto a limpia por parte del
ayuntamiento.
III. La periodicidad y forma en que deba prestarse el servicio de recolección de basura en los casos de usuarios
que soliciten servicios especiales mediante contrato.
ARTÍCULO 173.- El pago de este derecho se efectuará:
I. En los casos de la fracción I del artículo anterior en forma bimestral, conforme a la cuota que establezca por
metro lineal de frente, la Ley de Ingresos Municipal.
II. En los casos a que se refiere la fracción II del artículo anterior, dentro de los quince días siguientes a la fecha
en que el ayuntamiento concluya la limpieza del predio, conforme a la cuota establecida por metro cuadrado de
superficie, en la Ley de Ingresos Municipal.
III. En los casos a que se refiere la fracción III del artículo anterior, el pago se hará bimestralmente, conforme a los
contratos celebrados entre el Ayuntamiento y los particulares para tal efecto y de acuerdo a las cuotas
establecidas en la Ley de Ingresos Municipal.
SECCIÓN VI
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
ARTÍCULO 174.- Son objeto de este derecho los servicios prestados por las autoridades municipales en materia de
seguridad pública, conforme a las disposiciones reglamentarias que rijan en el Municipio.
Los servicios de seguridad pública comprenden las actividades de vigilancia que se otorguen a toda clase de
establecimientos que presten servicios al público, a solicitud de éstos o de oficio, cuando la autoridad municipal
correspondiente lo juzgue necesario o conveniente.
ARTÍCULO 175.- Son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales, instituciones públicas o privadas que
soliciten servicio especial de vigilancia, o aquéllas a las que de oficio, la autoridad municipal determine la necesidad
de prestar el servicio.
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ARTÍCULO 176.- Estos derechos se causarán conforme a la tarifa señalada en la Ley de Ingresos Municipal,
considerando para efectos de su determinación el salario diario integrado a que se refiere la Ley Federal de Trabajo,
que perciba el o los agentes comisionados para prestar el servicio.
ARTÍCULO 177.- El pago de los derechos se hará por anticipado en el momento de la solicitud del servicio, ante las
oficinas de la Tesorería Municipal. En los casos en que el Ayuntamiento determine la prestación del servicio, el pago
deberá realizarlo el sujeto atendido, dentro del plazo que establezca la autoridad.
SECCIÓN VII
DE LOS SERVICIOS EN PANTEONES
ARTÍCULO 178.- Es objeto de este derecho, la prestación de servicios relacionados con la vigilancia,
administración, limpieza, reglamentación de panteones y otros actos afines a la inhumación o exhumación de
cadáveres en el Municipio.
I. Se entiende por servicios de vigilancia y reglamentación los siguientes:
a). Las autorizaciones de traslado de cadáveres fuera del Municipio o del Estado.
b). Las autorizaciones de traslado de cadáveres o restos a cementerios del Municipio.
c). Los derechos de internación de cadáveres al Municipio.
d). Las autorizaciones de uso del depósito de cadáveres.
e). Las autorizaciones de construcción de monumentos.
II. Por servicios de administración de panteones se entienden los siguientes:
a). Servicios de inhumación.
b). Servicios de exhumación.
c). Refrendo de derechos de inhumación.
d). Servicios de reinhumación.
e). Depósitos de restos en nichos o gavetas.
f). Construcción, reconstrucción o profundización de fosas.
g). Construcción o reparación de monumentos.
h). Mantenimiento de pasillos, andenes y en general de los servicios generales de los panteones.
i). Certificaciones por expedición o reexpedición de antecedentes de título o de cambio de titular.
j). Servicios de incineración.
k). Servicios de velatorio, carroza o de ómnibus de acompañamiento.
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l). Encortinados de fosa, construcción de bóvedas, cierre de gavetas o nichos, construcción de taludes y
ampliaciones de fosas.
m). Gravados de letras, números o signos por unidad.
n). Monte y desmonte de monumentos.
III. Por servicios de limpieza se entienden los siguientes: aseo, limpieza, desmonte y mantenimiento en general de
los panteones.
ARTÍCULO 179.- En los casos en que de acuerdo con las disposiciones administrativas que dicte el Ayuntamiento,
el Municipio haga inhumaciones a título gratuito, no se estará obligado a pagar el derecho por servicios en panteón
a que se refiere este capítulo.
ARTÍCULO 180.- El pago de los derechos por servicios en panteones, se hará en la Tesorería Municipal que
corresponda antes de la ejecución del servicio, o al día hábil siguiente, conforme a la tarifa que establezca la Ley de
Ingresos Municipal.
SECCIÓN VIII
DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO
ARTÍCULO 181.- Son objeto de estos derechos, los servicios que presten las autoridades en materia de tránsito
municipal por los siguientes conceptos:
I. Por permiso de ruta para servicio de pasajeros o carga de camiones en carreteras bajo control del Municipio y
para servicios urbanos de sitio o ruleteros;
II. Bajas y altas de vehículos y servicio público.
III. Permiso de aprendizaje para manejar.
IV. Cambio de derecho o concesiones de vehículo de servicio público municipal.
V. Por expedición de licencias para ocupación de la vía pública por vehículos de alquiler que tengan un sitio
especialmente designado para estacionarse.
VI. Por expedición de licencias para estacionamiento exclusivo para carga y descarga.
ARTÍCULO 182.- Son sujetos de estos derechos, las personas físicas o morales que soliciten los servicios a que se
refiere el artículo anterior.
ARTÍCULO 183.- El pago del derecho se hará en la Tesorería Municipal correspondiente en el momento en que se
solicite el servicio y por el monto que establezca la Ley de Ingresos Municipal.
SECCIÓN IX
DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 184.- Son objeto de estos derechos los servicios médicos que preste el Ayuntamiento, los servicios de
vigilancia, control sanitario y supervisión de actividades que conforme a los reglamentos administrativos deba
proporcionar el Ayuntamiento, ya sea a solicitud de particulares o de manera obligatoria por disposición
reglamentaria.
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ARTÍCULO 185.- Son sujetos de estos derechos, las personas físicas o morales que soliciten, se beneficien o estén
obligadas a recibir los servicios a que se refiere este capítulo.
ARTÍCULO 186.- El pago de este derecho se hará en el momento en que se solicite o se preste el servicio por el
monto que para tal efecto señale la Ley de Ingresos Municipal.
SECCIÓN X
DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
ARTÍCULO 187.- Son objeto de este derecho los servicios prestados por las autoridades municipales en materia de
protección civil, conforme a las disposiciones reglamentarias que rijan en el Municipio.
Los servicios de protección civil comprenderán:
I. La autorización para el uso y quema de fuegos pirotécnicos, incluyendo artificios y pirotecnia fría.
II. La inspección y verificación de seguridad para permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
III. Por inspección, verificación y en su caso autorización de programas de protección civil, programa interno, plan
de contingencias o programas especiales.
IV. Por dictámenes de seguridad en materia de protección civil relativos a:
a). Eventos masivos o espectáculos.
b). Instalaciones temporales.
V. Por personal asignado a la evaluación de simulacros.
VI. Otros servicios de protección civil.
ARTÍCULO 188-. Son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales, instituciones públicas o privadas que
soliciten, se beneficien o estén obligadas a recibir los servicios a que se refiere esta sección.
ARTÍCULO 189.- El pago de estos derechos se hará en la Tesorería Municipal correspondiente, en el momento en
que se solicite el servicio y por el monto que establezca la Ley de Ingresos Municipal.
CAPÍTULO UNDÉCIMO
DE LOS DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS,
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
SECCIÓN I
POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN
ARTÍCULO 190.- Son objeto de estos derechos, la expedición de licencias por los conceptos siguientes:
I. Construcción, reconstrucción, demolición, reparación, excavaciones, rellenos y remodelación de fachadas de
fincas urbanas, bardas, albercas, superficies horizontales y obras lineales (la aprobación o revisión de planos
de obras).
II. Licencias para ruptura de banquetas, empedrados o pavimento, condicionadas a la reparación.
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ARTÍCULO 191.- Son sujetos de estos derechos, las personas físicas o morales que realicen por cuenta propia o
ajena, obras de construcción, reconstrucción o demolición de fincas urbanas, bardas, albercas, superficies
horizontales y obras lineales.
ARTÍCULO 192.- Por las nuevas construcciones y modificaciones a éstos se cobrará por cada metro cuadrado de
acuerdo con las siguientes categorías:
I. Primera Categoría: edificios destinados a hoteles, salas de reunión, oficinas, negocios comerciales y
residencias que tengan dos o más de las siguientes características: estructura de concreto reforzado o de
acero, muros de ladrillo o similares, lambrín, azulejo, muros interiores aplanados de yeso, pintura de
recubrimiento, pisos de granito, mármol o calidad similar y preparación para clima artificial.
II. Segunda Categoría: las construcciones de casa habitación con estructura de concreto reforzado, muros de
ladrillo o bloque de concreto, pisos de mosaico de pasta o de granito, estucado interior, lambrín, azulejo, así
como construcciones industriales o bodegas con estructura de concreto reforzado.
III. Tercera Categoría: casas habitación de tipo económico, como edificios o conjuntos multifamiliares,
considerados dentro de la categoría denominada de interés social, así como los edificios industriales con
estructura de acero o madera y techos de lámina, igualmente las construcciones con cubierta de concreto tipo
cascarón.
IV. Cuarta Categoría: construcciones de viviendas o cobertizos de madera tipo provisional.
ARTÍCULO 193.- Las construcciones que excedan de cinco plantas, causarán, el 75% de la cuota correspondiente
de la sexta a la décima planta. Cuando excedan de diez plantas, se causará el 50% de la cuota correspondiente a
partir de la onceava planta.
Este último porcentaje se aplicará para reparaciones, excavaciones, rellenos y remodelación de fachadas (por
concepto de aprobación de planos).
ARTÍCULO 194.- Por la construcción de albercas, se cobrará por cada metro cúbico de su capacidad.
ARTÍCULO 195.- Por la construcción de bardas y obras lineales se cobrarán por cada metro lineal, cuando se trate
de lotes baldíos no se cobrará impuesto.
ARTÍCULO 196.- Las personas físicas o morales que soliciten licencias para la construcción de banquetas, les será
otorgada en forma gratuita.
ARTÍCULO 197.- Por las reconstrucciones, se cobrará un porcentaje sobre el valor de la inversión a realizar,
siempre y cuando la reconstrucción aumente la superficie construida.
ARTÍCULO 198.- Para la fijación de los derechos que se causen por la expedición de licencias para demolición de
construcciones, se cobrará por cada metro cuadrado de construcción de acuerdo con las siguientes categorías:
a). Tipo A. Construcciones con estructura de concreto y muro de ladrillos.
b). Tipo B. Construcciones con techo de terrado y muros de adobe.
c). Tipo C. Construcciones de techo de lámina, madera o cualquier otro material.
ARTÍCULO 199.- Por la demolición de bardas, se cobrará por cada metro lineal de construcción, de acuerdo con las
categorías señaladas en el artículo anterior.
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ARTÍCULO 200.- Por las licencias para construir superficies horizontales a descubierto, patios recubiertos de piso,
pavimentos, plazas y en general todo tipo de explanadas, se cobrará por cada metro cuadrado y de acuerdo a las
siguientes categorías:
a). Primera Categoría. Construcciones de piso de mármol, mosaico, pasta, terrazo o similares.
b). Segunda Categoría. Construcciones de concreto pulido, planilla, construcciones de lozas de concreto,
aislados o similares.
c). Tercera Categoría. Construcciones de tipo provisional.
ARTÍCULO 201.- Las autoridades municipales señalarán, al expedir la licencia respectiva, el plazo de su vigencia,
que no podrá prorrogarse sino por una sola vez, en cuyo caso, la prórroga no excederá del término medio aritmético
del plazo inicial.
ARTÍCULO 202.- Los predios no construidos dentro de la zona urbana deberán ser bardeados a una altura de dos
metros con material adecuado, sin cobro de la licencia respectiva.
ARTÍCULO 203.- Si los propietarios de predios no construidos dentro de la zona urbana, los que no tengan
banquetas o teniéndolas se encuentren en mal estado, de construcciones de obras, fachadas y marquesinas, no
efectúan las construcciones o protecciones que les sean señaladas, el Municipio procederá a su realización por
cuenta de los interesados, cobrando el importe de la inversión que se efectúe, con un cargo adicional del veinte por
ciento.
ARTÍCULO 204.- Los derechos a que se refiere la presente Sección, se pagarán en la Tesorería Municipal, o en las
oficinas autorizadas, de acuerdo con las tarifas establecidas e las Leyes de Ingresos Municipales.
La documentación oficial que expidan las tesorerías municipales, que ampare el pago de los derechos por
aprobación de planos o licencias de construcción, deberá mantenerse en un lugar visible de la obra en construcción
y mostrarse a los inspectores o supervisores municipales cuantas veces sea requerida. La falta de esta
documentación se sancionará con la multa correspondiente, la cual se aplicará sin perjuicio del pago de los
derechos y recargos que procedan.
SECCIÓN II
DE LOS SERVICIOS POR ALINEACIÓN DE PREDIOS
Y ASIGNACIÓN DE NÚMEROS OFICIALES
ARTÍCULO 205.- Son objeto de estos derechos, los servicios que preste el Municipio por el alineamiento de frentes
de predios sobre la vía pública y la asignación del número oficial correspondiente a dichos predios.
ARTÍCULO 206.- Son sujetos de estos derechos, los propietarios o poseedores de predios construidos o no, que
estén ubicados dentro del Municipio y causen el impuesto predial.
ARTÍCULO 207.- Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán solicitar el alineamiento objeto de estos
derechos y adquirir la placa correspondiente al número oficial asignado por el Municipio a dichos predios, en los que
no podrá ejecutarse alguna obra material si no se cumple previamente con la obligación que señala este precepto.
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SECCIÓN III
POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA FRACCIONAMIENTOS
ARTÍCULO 208.- Este derecho se causará por la aprobación de planos, así como por la expedición de licencias de
fraccionamientos habitacionales, campestres, comerciales, industriales o cementerios, así como de fusiones,
subdivisiones y relotificaciones de predios.
ARTÍCULO 209.- Son sujetos del derecho a que se refiere esta sección, las personas físicas o morales que por
cuenta propia o ajena ejecuten los diferentes tipos de fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y relotificaciones de
predios mencionados en el artículo anterior, debiendo atenderse para la correcta aplicación de cada uno de estos
términos, el concepto que de ellos consigna la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
La documentación oficial que expidan las tesorerías municipales, que ampare el pago de los derechos por
aprobación de planos o licencias de fraccionamientos, deberá mantenerse en un lugar visible de la obra y mostrarse
a los inspectores o supervisores municipales cuantas veces sea requerida. La falta de esta documentación se
sancionará con la multa correspondiente, la cual se aplicará sin perjuicio del pago de los derechos y recargos que
procedan.
ARTÍCULO 210.- No se causarán los derechos por la aprobación de planos cuando los servicios se soliciten con
motivo de los programas habitacionales y de regularización de la tenencia de la tierra a los que hace referencia el
artículo 54 del presente Código.
ARTÍCULO 211.- Los derechos que se causen conforme a esta sección se cobrarán por metro vendible y se
pagarán en la Tesorería Municipal, o en las oficinas autorizadas, de acuerdo con las tarifas establecidas de las
Leyes de Ingresos Municipales.
SECCIÓN IV
POR LICENCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS
QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS
ARTÍCULO 212.- Es objeto de este derecho la expedición de licencias y el refrendo anual correspondiente para el
funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación
de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas siempre que se efectúe total o parcialmente con el público
en general.
ARTÍCULO 213.- Son sujetos de este derecho las personas físicas y morales que se dediquen a enajenar bebidas
alcohólicas o a la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, total o parcialmente con el
público en general.
Los sujetos de este derecho que cuenten con licencia para su funcionamiento, deberán obtener dentro del mes de
enero de cada año el refrendo anual de la licencia para el funcionamiento de estos establecimientos.
ARTÍCULO 214.- El pago de este derecho deberá realizarse en las oficinas de la Tesorería Municipal o en las
instituciones autorizadas para tal efecto, previamente al otorgamiento de la licencia o refrendo anual
correspondiente, conforme a las tarifas que para tal efecto establezca la Ley de Ingresos Municipal.
SECCIÓN V
POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA
LA COLOCACIÓN Y USO DE ANUNCIOS Y CARTELES PUBLICITARIOS
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ARTÍCULO 215.- Es objeto de este derecho la expedición de licencias y el refrendo anual de éstas, para la
colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por
medio de televisión, radio, periódico y revistas.
ARTÍCULO 216.- No se estará obligado a solicitar la expedición de la licencia de colocación a que se refiere esta
sección y por consecuencia al pago de este derecho, por los anuncios que tengan como única finalidad la
identificación propia del establecimiento comercial, industrial o de servicio de que se trate, siempre y cuando se trate
de un solo anuncio, o dos cuando sea esquina. Cuando se trate de dos o más, se deberá solicitar la expedición de la
licencia y el refrendo anual correspondiente, por los anuncios adicionales.
ARTÍCULO 217.- Son sujetos de este derecho las personas físicas y las morales que soliciten la expedición de
licencias y el refrendo anual de éstas para la colocación y uso de anuncios, carteles o realicen publicidad, objeto de
este derecho.
Los sujetos de este derecho que cuenten con licencia para la colocación y uso de anuncios, carteles o realización de
publicidad, deberán refrendarla anualmente en el mes de Enero.
ARTÍCULO 218.- El pago de este derecho deberá realizarse en las oficinas de la Tesorería Municipal o en las
instituciones autorizadas para tal efecto, previamente al otorgamiento de la licencia o refrendo anual
correspondiente, conforme a las tarifas que para tal efecto establezca la Ley de Ingresos Municipal.
SECCIÓN VI
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES
ARTÍCULO 219.- Son objeto de estos derechos, los servicios que presten las autoridades municipales por concepto
de:
I. Certificaciones catastrales.
II. Deslinde de predios urbanos y rústicos.
III. Dibujo de planos urbanos y rústicos.
IV. Revisión, cálculo y apertura de registros por adquisición de inmuebles.
V. Servicios obtenidos a través de redes de cómputo.
VI. Servicio de información.
VII. Servicio de copiado.
ARTÍCULO 220.- Son sujetos de estos derechos las personas físicas y morales que soliciten los servicios a que se
refiere este capítulo.
ARTÍCULO 221.- El pago de este derecho deberá realizarse en las oficinas de la Tesorería Municipal o en las
instituciones autorizadas para tal efecto, en el momento en que se soliciten los servicios, conforme a las tarifas que
para tal efecto establezca la Ley de Ingresos Municipal.
ARTÍCULO 222.- No se causarán estos derechos cuando los servicios catastrales se soliciten con motivo de los
programas habitacionales y de regularización de la tenencia de la tierra a los que hace referencia el artículo 54 del
presente Código.
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Tratándose de los programas de regularización de la tenencia de la tierra que promueva la Comisión Estatal para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, se requerirá la aprobación del consejo
directivo de dicho organismo.
SECCIÓN VII
DE LOS SERVICIOS POR CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES
ARTÍCULO 223.- Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
I. Legalización de firmas.
II. Certificaciones o copias de documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales; así como la
expedición de certificados de origen, de residencia, de dependencia económica, de situación fiscal actual o
pasada de contribuyentes inscritos en la Tesorería Municipal, de morada conyugal, y demás certificaciones que
las disposiciones legales y reglamentarias definan a cargo de los ayuntamientos.
III. Constancia de no tener antecedentes penales.
IV. Autorización para suplir el consentimiento de los padres para contraer matrimonio.
V. Expedición de certificados médicos de solicitantes de licencias de manejar.
ARTÍCULO 224.- Son sujetos de estos derechos, las personas físicas o morales que soliciten los servicios a que se
refiere el artículo anterior.
No causan los derechos a que se refiere este capítulo, los certificados y constancias:
I. Que deban expedirse gratuitamente por disposición de la ley.
II. Los solicitados por las autoridades federales, del Estado o del Municipio.
III. Los relativos al ramo penal.
SECCIÓN VIII
POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES
Y SERVICIOS DE CONTROL AMBIENTAL
ARTÍCULO 225.- Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales por
concepto de:
I. Tala de árboles.
II. Licencia o refrendo de licencia para la transportación de residuos no peligrosos.
III. Expedición de permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de materiales para la construcción u
ornamento.
IV. Otorgamiento de licencias a establecimientos industriales, comerciales y servicios de nueva creación con
fuentes emisoras de contaminantes.
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V. Otorgamiento de licencias a establecimientos industriales, comerciales y de servicios de nueva creación de
fuentes emisoras no contaminantes.
VI. Expedición de permisos a particulares para el transporte de residuos sólidos no domésticos.
VII. Servicio de calibración de equipo de sonido en fuentes fijas o móviles.
VIII. Servicios de revisión mecánica y verificación vehicular.
IX. Licencia y refrendo de licencia de recepción y evaluación de manifestación de impacto ambiental.
X. Expedición y refrendo de licencia de funcionamiento para las industrias y comercios que lo requieran, conforme
al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley para la Conservación Ecológica y la
Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza y las demás disposiciones aplicables.
XI. Permiso de perifoneo.
XII. Inspección y dictamen de ecología para la expedición de licencias.
XIII. Autorización para la transferencia de escombros y residuos.
ARTÍCULO 226.- Son sujetos de estos derechos, las personas físicas o morales que soliciten los servicios a que se
refiere el artículo anterior.
ARTÍCULO 227.- El pago de estos derechos deberá realizarse en las oficinas de la Tesorería Municipal o en las
instituciones autorizadas para tal efecto, en el momento en que se soliciten los servicios, conforme a las tarifas que
para tal efecto establezca la Ley de Ingresos Municipal.
CAPÍTULO DUODÉCIMO
DE LOS DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE
BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO
SECCIÓN I
DE LOS SERVICIOS DE ARRASTRE Y ALMACENAJE
ARTÍCULO 228.- Son objeto de estos derechos los servicios de arrastre de vehículos, el depósito de los mismos en
corralones, bodegas, locales o predios propiedad del Municipio, y el almacenaje de bienes muebles, ya sea que
hayan sido secuestrados por la vía del procedimiento administrativo de ejecución o que por cualquier otro motivo
deban ser almacenados, a petición del interesado o por disposición legal o reglamentaria.
ARTÍCULO 229.- Son sujetos de estos derechos las personas físicas o morales e instituciones públicas o privadas
que soliciten, o la autoridad municipal determine, el arrastre o almacenamiento de bienes de su propiedad.
ARTÍCULO 230.- El pago de estos derechos se hará una vez proporcionado el servicio, de acuerdo a las cuotas
establecidas en la Ley de Ingresos Municipal.
SECCIÓN II
PROVENIENTES DE LA OCUPACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS
ARTÍCULO 231.- Son objeto de estos derechos, la ocupación temporal de la superficie limitada bajo el control del
Municipio, para el estacionamiento de vehículos.
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ARTÍCULO 232.- Son contribuyentes de los derechos de ocupación de la vía pública:
I. Los propietarios o poseedores de vehículos que ocupen la vía pública en zonas en las que se encuentren
instalados aparatos estacionómetros.
II. Los propietarios o poseedores de vehículos de alquiler o camiones de carga que ocupen una superficie limitada
bajo el control del Municipio.
ARTÍCULO 233.- El pago de los derechos a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se realizará de acuerdo a
las cantidades que señale la Ley de Ingresos Municipal, las cuales se depositarán en el aparato estacionómetro
correspondiente en el momento de estacionarse.
El pago de los derechos señalados en la fracción II del artículo anterior, se efectuará dentro de los primeros diez días
de cada mes y de acuerdo con las cantidades que establezca la Ley de Ingresos Municipal.
SECCIÓN III
PROVENIENTES DEL USO DE LAS PENSIONES MUNICIPALES
ARTÍCULO 234.- Es objeto de estos derechos, los servicios que presta el Municipio por la ocupación temporal de
una superficie limitada en las pensiones municipales.
ARTÍCULO 235.- Son sujetos de estos derechos, las personas físicas o morales, propietarias o poseedoras de
vehículos que se encuentren depositados en las pensiones municipales.
ARTÍCULO 236.- El pago de los derechos a que se refiere esta sección se realizará de acuerdo con las cuotas que
establezca la Ley de Ingresos Municipal y previamente al retiro del vehículo correspondiente.
TÍTULO TERCERO
DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS PRODUCTOS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 237.- Los ingresos que deba percibir el Municipio por concepto de enajenación, arrendamiento, uso,
aprovechamiento o explotación de sus bienes de dominio privado, se establecerán en los contratos que al efecto se
celebren entre las autoridades municipales y las personas físicas o morales interesadas.
ARTÍCULO 238.- En los contratos que celebre el ayuntamiento con personas físicas o morales en los que se
enajenen, arrienden o se conceda el uso, aprovechamiento o explotación de bienes propiedad del Municipio, éstas
deberán garantizar su cumplimiento en los términos que establezca la ley.
Tratándose de contratos sobre bienes de dominio privado, se incluirá una cláusula en la que el arrendatario o usuario
del bien, acepte que la falta del pago convenido dará lugar a su cobro mediante el procedimiento administrativo de
ejecución.
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ARTÍCULO 239.- De los contratos celebrados, previa aprobación del Ayuntamiento y cumplimiento de las
formalidades establecidas por la legislación civil, se enviarán las copias necesarias a la Tesorería Municipal para los
efectos procedentes.
ARTÍCULO 240.- Para la ocupación de terrenos del Municipio por las empresas de espectáculos públicos, bastará el
acuerdo del presidente municipal, en el que señalará el tiempo del arrendamiento y el importe de las rentas, lo que
se comunicará a la Tesorería Municipal para los fines correspondientes.
ARTÍCULO 241.- Las personas beneficiarias del acuerdo a que se refiere el artículo anterior constituirán depósito en
efectivo en la Tesorería Municipal, por la cantidad que determine el acuerdo respectivo, para garantizar la devolución
del terreno en las condiciones en que se reciba.
ARTÍCULO 242.- Los ayuntamientos podrán realizar inversiones que generen intereses fijos, no sujetas a
contingencias de mercado de oferta y demanda, con apego a las disposiciones de la Constitución Política del Estado
de Coahuila de Zaragoza, el presente código y las demás leyes aplicables.
Para ese fin, el presidente municipal instruirá al tesorero para que proceda a efectuar los estudios financieros
necesarios que justifiquen la conveniencia de la inversión sin comprometer recursos económicos que impliquen el
sacrificio de los servicios públicos a cargo del Municipio y los presentará, en su caso, al Ayuntamiento para que
determine lo que proceda.
SECCIÓN II
PROVENIENTES DE LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE LOTES
Y GAVETAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES
ARTÍCULO 243.- Son objeto de estos productos, la venta o arrendamiento de lotes y gavetas de los panteones
municipales.
ARTÍCULO 244.- Son sujetos de estos productos las personas físicas o morales que obtengan por conducto del
Ayuntamiento lotes o gavetas de los panteones municipales.
ARTÍCULO 245.- El pago de los productos señalados en esta sección se realizará conforme a las cuotas y términos,
que establezca la Ley de Ingresos Municipal.
ARTÍCULO 246.- Cuando se solicite a perpetuidad una fosa dentro del primer año de efectuada la inhumación, se
abonará el importe de la perpetuidad a lo que se hubiere enterado por derecho de temporalidad.
ARTÍCULO 247.- Los ayuntamientos podrán otorgar en comodato, los lotes y gavetas del panteón municipal, en los
casos que justificadamente lo ameriten. El presidente municipal podrá concederlo por una temporalidad, sometiendo
su acuerdo al del Ayuntamiento para su resolución definitiva.
ARTÍCULO 248.- El personal del panteón municipal, sin excepción, no podrá celebrar contratos verbales con los
interesados en la construcción, aseo o conservación de sepulcros o mausoleos, ya que forman parte de un servicio
que el público tiene derecho a recibir en razón del pago de las cuotas que por esos conceptos haya efectuado.
SECCIÓN III
PROVENIENTES DEL ARRENDAMIENTO DE LOCALES
UBICADOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES
ARTÍCULO 249.- Es objeto de estos productos, el arrendamiento de locales ubicados en los mercados municipales.
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ARTÍCULO 250.- Son sujetos de estos productos las personas físicas o morales que obtengan por conducto del
ayuntamiento, el arrendamiento de locales en los mercados municipales.
ARTÍCULO 251.- El pago de los productos señalados en este capítulo se realizará dentro de los primeros diez días
de cada mes y de acuerdo con las cuotas que señale la Ley de Ingresos Municipal.
SECCIÓN IV
OTROS PRODUCTOS
ARTÍCULO 252.- El Municipio recibirá ingresos derivados de la enajenación y explotación de sus bienes de dominio
privado, así como por la prestación de servicios que no corresponda a funciones de derecho público, de
conformidad con lo establecido por la Ley de Ingresos Municipal.
También percibirá ingresos derivados de empresas municipales.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS APROVECHAMIENTOS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 253.- Se clasifican como aprovechamientos los ingresos que perciba el Municipio por los siguientes
conceptos:
I. Ingresos por sanciones administrativas.
II. La adjudicación a favor del fisco de bienes abandonados.
III. Ingresos por transferencia que perciba el Municipio:
a). Cesiones, herencias, legados, o donaciones.
b). Adjudicaciones en favor del Municipio.
c). Aportaciones y subsidios de otro nivel de gobierno u organismos públicos o privados.
SECCIÓN II
DE LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIA
ARTÍCULO 254.- Son ingresos por transferencia, los que perciba el Municipio por concepto de cesiones, herencias,
legados o donaciones provenientes de personas físicas o morales, instituciones públicas o privadas, o instituciones u
organismos internacionales.
ARTÍCULO 255.- También se consideran ingresos transferidos al Municipio, los que se originen por adjudicación en
la vía judicial o en el desahogo del procedimiento administrativo de ejecución, así como las aportaciones o subsidios
de otro nivel de gobierno u organismos públicos o privados en favor del Municipio.
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SECCIÓN III
DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE SANCIONES
ARTÍCULO 256.- Se clasifican en este concepto los ingresos que perciba el Municipio por la aplicación de sanciones
pecuniarias por infracciones cometidas por personas físicas o morales en violación a las leyes y reglamentos
administrativos.
ARTÍCULO 257.- La Tesorería Municipal, es la dependencia del Ayuntamiento facultada para determinar el monto
aplicable a cada infracción, correspondiendo a las demás unidades administrativas la vigilancia del cumplimiento de
las disposiciones reglamentarias y la determinación de las infracciones cometidas.
ARTÍCULO 258.- Los montos aplicables por concepto de multas estarán determinados por las leyes o reglamentos
municipales que contemplen las infracciones cometidas.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
ARTÍCULO 259.- Constituyen este ingreso las cantidades que perciban los Municipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine, en el ámbito de su competencia, el
Congreso del Estado, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley Federal de Coordinación Fiscal, el Convenio de Adhesión al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
celebrado por el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, así como de conformidad con las disposiciones del
Estado y demás convenios y acuerdos que se celebren entre éste y sus Municipios para otorgar participaciones a
éstos.
ARTÍCULO 260.- Las participaciones que perciba el Municipio por ingresos del Estado, se determinarán en los
acuerdos o convenios que al efecto se celebren.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
ARTÍCULO 261.- Quedan comprendidos dentro de esta clasificación, los ingresos cuya percepción se decrete
excepcionalmente para proveer el pago de gastos por inversiones extraordinarias o especiales del Municipio.
LIBRO SEGUNDO
DE LOS EGRESOS MUNICIPALES
TÍTULO UNICO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 262.- El Presupuesto de Egresos Municipal será el que contenga el acuerdo que aprueba el
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero,
las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública
Municipal.
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En la administración de los recursos económicos del Municipio, se observará el principio de equilibrio presupuestal,
así como lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos
legales aplicables.
ARTÍCULO 263. El Presupuesto de Egresos Municipal deberá comprender las erogaciones por concepto de gasto
corriente, inversión física, inversión financiera, el pago de pasivos o deuda pública que realizan los ayuntamientos y
sus organismos descentralizados, las asignaciones presupuestales y su clasificación, las prioridades de gasto,
programas y proyectos y el desglose analítico de plazas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable
y demás disposiciones aplicables, así como las erogaciones que deban destinarse, para seguridad pública, al
combate a la pobreza, al pago de las revisiones efectuadas por profesionales de auditoría independientes y hasta un
0.5% del total, para la implementación, capacitación y sostenimiento del sistema de contabilidad gubernamental,
además de aquellas que se determinen en las disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 264.- La división de los rubros presupuestales a que se refiere el artículo anterior se hará en capítulos,
conceptos y partidas de gasto.
La Auditoría Superior del Estado, podrá expedir reglas de carácter general para la elaboración, control y revisión del
gasto público, y determinar los requisitos que debe reunir la contabilidad y documentación que debe utilizar el
municipio para la justificación, presentación y comprobación del gasto.
ARTÍCULO 265.- Los organismos públicos descentralizados de carácter municipal, formularán su anteproyecto de
presupuesto de egresos de acuerdo con las normas establecidas en este título y en base a sus propios programas
operativos institucionales.
La Tesorería Municipal formulará los anteproyectos de presupuesto cuando no le sean presentados en los plazos
que para tal efecto se fijen.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL
ARTÍCULO 266.- La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo
social y económico que formule el ayuntamiento, tomando como referencia el plan estatal de desarrollo, el principio
de equilibrio presupuestal, lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y en los
demás ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 267.- Para efectos del presupuesto, los programas operativos institucionales especificarán los objetivos,
prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate.
Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y los responsables de su
ejecución.
Los programas operativos institucionales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del presidente
municipal.
ARTÍCULO 268.- Los programas presupuestarios, deberán contener los siguientes elementos:
I. Nombre del programa.
II. Objetivos generales.
III. Objetivos específicos.
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IV. Concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo.
V. Diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema.
VI. Reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa.
VII. Población o área de enfoque u objeto que se atiende..
VIII. Presupuesto Original Asignado, Presupuesto Modificado, Presupuesto Ejercido.
IX. Origen de los Recursos.
X. Matriz de Indicadores en donde se:
a). Establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal.
b). Incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados.
c). Identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores.
d). Describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población.
e). Describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios.
Incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa.
ARTÍCULO 269.- La Tesorería Municipal es la dependencia administrativa responsable de integrar y elaborar el
proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal, el cual se integrará con programas que deberán contener las
previsiones sobre los recursos que serán asignados para la consecución de los objetivos y metas previstos,
determinando los instrumentos y responsables de su ejecución.
ARTÍCULO 270.- Los programas contendrán las previsiones sobre los recursos que serán asignados para la
consecución de los objetivos y metas previstos, determinando los instrumentos y responsables de su ejecución.
ARTÍCULO 271.- Las acciones a realizar para dar cumplimiento a los objetivos, políticas y metas de los programas y
planes de desarrollo, deberán instrumentarse en programas operativos institucionales que coincidirán con las
dependencias y entidades de la administración pública municipal.
ARTÍCULO 272.- En la supervisión y evaluación de los programas operativos institucionales, intervendrán los
órganos de participación ciudadana, según lo determine la Ley y se sujetarán a las previsiones de gasto o
presupuesto autorizados por el ayuntamiento y a los indicadores aprobados en el presupuesto.
Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de facultades y atribuciones de la Auditoría Superior del Estado y de los órganos
de control interno o externo del propio municipio.
ARTÍCULO 273.- Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del
municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
ARTÍCULO 274.- Los programas y las acciones que de ellos se deriven, serán obligatorios para las dependencias y
organismos de la administración pública municipal.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ARTÍCULO 275.- El proyecto de presupuesto de egresos que presente el Presidente Municipal al ayuntamiento se
integrará con los siguientes documentos:
I. Exposición de motivos, donde se indiquen los efectos sociales y económicos que se pretenden lograr.
II. Descripción de los programas en que se basa el proyecto de presupuesto, señalando objetivos, metas y
prioridades, así como las unidades responsables de su ejecución.
III. Explicación y comentarios de los programas prioritarios.
IV. Estimación de los ingresos y de los gastos, tanto del ejercicio fiscal en curso, como del ejercicio que abarque el
proyecto.
En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán exceder del 3% de los
ingresos presupuestales totales.
V. Los montos de endeudamiento pendientes de pago, así como las necesidades de financiamiento, y en su caso,
las cantidades autorizadas por el Congreso del Estado para tal fin.
VI. Tabuladores salariales.
VII. Los demás informes financieros y datos estadísticos que se consideren convenientes, para la mejor
comprensión de la política hacendaria y del programa general de la administración pública municipal.
VIII. Los indicadores de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 276.- El proyecto de presupuesto de egresos municipal será presentado por el Presidente Municipal ante
el ayuntamiento para su análisis y aprobación, junto con el Presupuesto de Ingresos correspondiente al mismo
ejercicio fiscal.
El Presupuesto de Egresos del Municipio deberá ser aprobado a más tardar el día 31 de diciembre del año anterior a
su ejercicio. El Presidente Municipal dispondrá su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO 277.- A toda proposición de aumento o creación de programas, conceptos o partidas al proyecto o al
presupuesto de egresos en ejercicio, deberá agregarse la correspondiente justificación de ingreso o la cancelación
de otros programas, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuestal.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL
ARTÍCULO 278.- La Tesorería Municipal es la única dependencia administrativa facultada para efectuar cualquier
clase de pagos autorizados y con cargo al presupuesto de egresos del municipio.
En el caso previsto por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 269 de este código, dicho gasto corriente
deberá estar respaldado por los convenios correspondientes.
ARTÍCULO 279.- La Tesorería Municipal implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y de Evaluación al
Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
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ARTÍCULO 280.- El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado y
deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes, a través de órdenes de pago que expida la
propia Tesorería Municipal.
ARTÍCULO 281.- Los ejecutores de gasto consideraran los catálogos para identificar la clasificación de recursos
funcional, administrativa y económica; en los mismos términos el objetivo, las metas e indicadores del presupuesto
deben estar vinculados con los planes de desarrollo.
ARTÍCULO 282.- El Presupuesto por Programas es un plan de recursos asignados y autorizados a los programas
para la ejecución de los proyectos y consecución de sus metas, que refleja los objetivos y metas financieros por
programa, a cumplir durante el año fiscal que contiene las prioridades del municipio y asigna recursos a categorías
programáticas previamente definidas para producir bienes o prestar servicios que coadyuven a solucionar problemas
y mejorar la calidad de vida de la población.
ARTÍCULO 283.- La Tesorería Municipal facilitará la incorporación de la técnica de Presupuesto por Programas en
las dependencias, identificando la estructura programática, fáciles de armonizar con los planes operativos anuales y
con los ingresos para la distribución de los egresos.
ARTÍCULO 284.- La Tesorería Municipal contará con un clasificador por objeto de gasto con los siguientes capítulos:
I. 1000 Servicios Personales.
II. 2000 Materiales y Suministros.
III. 3000 Servicios Generales.
IV. 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
V. 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
VI. 6000 Inversión Pública
VII. 7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones.
VIII. 8000 Participaciones y Aportaciones.
IX. 9000 Deuda Pública.
Dicho clasificador se desagrega en capítulo, concepto, partida genérica y específica.
ARTÍCULO 285.- Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y
que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función,
beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
La infracción a esta norma sujetará a los responsables a la devolución de lo que indebidamente percibieron, sin
perjuicio de que puedan hacerse efectivas en su contra las demás sanciones prescritas por la ley.
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SECCIÓN I
DE LOS PAGOS EN GENERAL
ARTÍCULO 286.- Los pagos que afecten el presupuesto de egresos deberán realizarse mediante cheques
nominativos con cargo a las cuentas bancarias del ayuntamiento.
Los cheques que expida la Tesorería Municipal deberán ser firmados por los menos en forma mancomunada por el
Tesorero Municipal y por otro servidor público autorizado. Se exceptúan de esta regla los sueldos, salarios y los
gastos inferiores a una cantidad que no exceda de un salario mínimo mensual vigente en el estado.
ARTÍCULO 287.- La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio,
cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los
anticipos previstos en este código, y que se encuentre debidamente justificados y comprobados con los documentos
originales respectivos.
ARTÍCULO 288.- Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no hubieren sido cubiertos al
treinta y uno de Diciembre de cada año, para que puedan cubrirse en el ejercicio presupuestal siguiente será
necesario:
I. Que se encuentren debidamente contabilizados al treinta y uno de Diciembre del ejercicio correspondiente.
II. Que exista disponibilidad presupuestal para esos compromisos en el año en que se cumplieron.
III. Que se radiquen en la Tesorería Municipal los documentos que permitan justificar los pagos respectivos, a más
tardar el día último del mes de Enero del año siguiente al del ejercicio al que corresponda el gasto.
De no cumplir con los requisitos antes señalados, dichos compromisos se pagarán con cargo al presupuesto del año
siguiente, sin que esto implique una ampliación al mismo.
ARTÍCULO 289.- Las Dependencias y Organismos Descentralizados que por cualquier motivo al término del
ejercicio fiscal que corresponda, conserven fondos presupuestales, los enterarán a la Tesorería Municipal, dentro de
los diez primeros días del mes de enero inmediato siguiente.
SECCIÓN II
DEL PAGO DE REMUNERACIONES
ARTÍCULO 290.- El pago de remuneraciones al personal de la Administración Pública Municipal, se efectuará por
conducto de la Tesorería Municipal u órganos auxiliares facultados expresamente para ello, y conforme al puesto o
categoría que se les asigne de acuerdo con el tabulador autorizado por el Ayuntamiento, y en todo caso de
conformidad a la nómina y/o recibos correspondientes, donde conste la firma de los beneficiarios.
SECCIÓN III
DEL PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS
ARTÍCULO 291.- Para el pago por concepto de adquisiciones, servicios y obras, la Tesorería Municipal formalizará
los compromisos correspondientes mediante la adjudicación, expedición y autorización de contratos de obras,
contratos o pedidos para la adquisición de bienes o servicios, convenios y presupuestos en general, así como la
revalidación de éstos, los que deberán reunir los mismos requisitos que los pedidos y contratos.
Los pedidos y contratos antes señalados deberán reunir los requisitos establecidos en la ley de la materia y, en su
caso, los que establezca la Auditoría Superior del Estado mediante reglas de carácter general para la justificación,
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presentación y comprobación del gasto.
Los municipios y sus entidades deberán conservar los documentos que justifiquen y comprueben la realización de
dichos pedidos y contratos.
ARTÍCULO 292.- Todo pago a proveedores y contratistas, deberá estar sustentado en comprobantes que reúnan
requisitos fiscales.
ARTÍCULO 293.- Una vez concluida la vigencia del presupuesto de egresos, la Tesorería Municipal, sólo procederá
a hacer pagos con base en él, por obras, adquisiciones, servicios y demás conceptos que efectivamente se hubieren
contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes.
SECCIÓN IV
DE LOS PAGOS POR ANTICIPOS
ARTÍCULO 294.- Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes
correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
SECCIÓN V
DE LOS OTROS PAGOS
ARTÍCULO 295.- Toda erogación deberá ajustarse estrictamente al concepto de la cuenta que reciba el cargo: en
caso de duda, el Tesorero Municipal resolverá lo conducente.
CAPÍTULO QUINTO
DEL CONTROL Y LA EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL
ARTÍCULO 296.- El control, vigilancia y evaluación del gasto público municipal tendrá por objeto examinar la
actividad financiera del ayuntamiento, con el fin de verificar que se apliquen correctamente los recursos y se cumpla
con los objetivos y metas trazados en los programas y planes de desarrollo de conformidad con los indicadores
aprobados en el presupuesto.
Compete esta función al Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del Estado, en los términos que
fijen las leyes, y en el ámbito de sus facultades, a los propios ayuntamientos.
Los ayuntamientos y sus entidades deberán integrar en sus presupuestos, los resultados que deriven de los
procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del
desempeño, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así
como por lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
ARTÍCULO 297. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal respectivo, el ayuntamiento, deberá
remitir copia del mismo y del acta de sesión en que se aprobó al Congreso del Estado para su conocimiento y
efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública.
ARTÍCULO 298.- La evaluación del gasto público basará sus resultados en la relación entre su ejercicio y el
cumplimiento de las metas y objetivos trazados en los programas y planes de desarrollo de conformidad con los
indicadores aprobados en el presupuesto.
ARTÍCULO 299.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para
cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento
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podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa
justificación de las mismas.
ARTÍCULO 300.- El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento
califique como de prioritarias o urgentes.
LIBRO TERCERO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 301.- El arrendamiento de los bienes del Municipio se sujetará a las disposiciones que, al celebrarlo,
establezca al Ayuntamiento sin que por ningún motivo el término estipulado en el contrato exceda del período de la
administración que lo celebre.
Tratándose del arrendamiento de bienes inmuebles se requerirá, independientemente del tiempo por el que se pacte,
de la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento.
ARTÍCULO 302.- Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán
hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de
grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo.
De igual forma, cualquier operación o resolución que afecte el patrimonio inmobiliario de los ayuntamientos deberá
atender a las formalidades previstas en este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.
El Congreso del Estado podrá invalidar las resoluciones de los ayuntamientos en los casos en que dicten
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al
municipio por un plazo mayor al período del ayuntamiento, cuando dejen de observar o contravengan las
disposiciones aplicables. En estos casos, el ayuntamiento dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber
dictado la resolución de que se trate, deberá enviarla al Congreso del Estado, el cual dentro de los treinta días
naturales siguientes determinará su validez o invalidez de acuerdo con las disposiciones aplicables.
El ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto quede firme la autorización correspondiente. La
resolución de la legislatura podrá ser impugnada por el ayuntamiento en los términos del artículo 158 de la
Constitución Política del Estado.
Serán nulos los actos celebrados en contravención de las disposiciones de este Título y demás disposiciones
aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Y DEL DOMINIO PRIVADO
ARTÍCULO 303.- Los bienes que constituyen el patrimonio municipal son:
I. Del dominio público.
II. Del dominio privado
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CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
ARTÍCULO 304.- Son bienes del dominio público:
I. Los de uso común
II. Los inmuebles destinados a un servicio público y los equiparados a éstos, conforme a la Ley.
III. Los inmuebles y muebles adscritos al patrimonio cultural, que le pertenezcan.
IV. Las áreas verdes que se declaren para fines de protección del ambiente.
V. Las reservas territoriales que deban ser constituidas conforme a la Ley de Asentamientos Humanos y
Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza y las que le sean otorgadas para el fundo legal.
VI. Cualesquiera otro inmueble propiedad del municipio, declarado por algún ordenamiento jurídico como
inalienable e imprescriptible: y los que adquiera el Municipio por causa de utilidad pública.
VII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los especificados en las fracciones anteriores.
VIII. Los muebles propiedad del Municipio que por su naturaleza normal u ordinaria no sean substituibles, como los
expedientes de las oficinas y archivos públicos, los libros raros, las piezas históricas o arqueológicas, las obras
de arte, o de los museos, etc.
IX. Los muebles propiedad del Municipio de uso común o que estén destinados a un servicio público, siempre que
no sean consumibles por el primer uso.
X. Los demás que señalen las leyes.
ARTÍCULO 305.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, y no podrán ser objeto de
gravamen alguno.
Los bienes inmuebles de dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las
dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso
del Estado y conforme a las disposiciones aplicables.
Sólo procederá el acuerdo del ayuntamiento autorizando la enajenación, en los casos siguientes:
I. Cuando el propósito de la enajenación lo sea el fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la
tierra o cualesquiera otra necesidad de interés público.
II. Cuando se realice a favor de instituciones, asociaciones o particulares que requieran, para cumplir con su
objeto social o disponer por otro motivo suficiente e indispensable del inmueble en beneficio de la comunidad,
así como cuando sea para la creación, fomento o conservación de una empresa de beneficio social o colectivo.
III. Cuando se realice para disponer del monto de su venta a la adquisición o construcción de inmuebles que se
destinarán a la prestación de servicios públicos.
Una vez desincorporado el inmueble del dominio público por el Congreso del Estado, los ayuntamientos, en los
supuestos señalados, acordarán las formalidades que deberán satisfacerse para la enajenación correspondiente; en
todo caso, deberán prever siempre un plazo cierto y determinado para su formalización. La resolución deberá
insertarse en el instrumento público mediante el cual se formalice la operación respectiva.
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ARTÍCULO 306.- Las enajenaciones de los bienes que en los términos de la ley aprueben los ayuntamientos se
harán en subasta pública, salvo cuando, por causas plenamente justificadas, así lo determine el propio ayuntamiento
mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros.
El precio que servirá de base para la enajenación será aquel que resulte del avalúo que se practique y aprueben las
dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento. La enajenación se anunciará en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación del municipio, por dos veces de siete en siete
días.
Si no hubiere postores se anunciarán nuevas almonedas con reducción en cada una de ellas de un diez por ciento
del valor correspondiente. En ningún caso se podrá reducir a menos del cincuenta por ciento del valor que se fijó en
el avalúo.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS BIENES DEL DOMINIO PRIVADO
ARTÍCULO 307.- Son bienes del dominio privado del Municipio:
I. Las tierras y aguas de propiedad municipal, susceptible de enajenación a los particulares.
II. Los bienes vacantes situados dentro del territorio municipal.
III. Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de una corporación pública municipal, creada por alguna
Ley, y que por disolución o liquidación de la misma, se desafecten y se desincorporen del patrimonio del
Municipio.
IV. Los demás muebles e inmuebles que por cualquier título traslativo de dominio adquiera el Municipio y que no
estén comprendidos en el artículo anterior.
Tratándose de la enajenación de inmuebles de dominio privado del ayuntamiento, sea a título oneroso o gratuito, se
requerirá del acuerdo de autorización de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a las disposiciones
jurídicas aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS MUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO
ARTÍCULO 308.- Los bienes muebles del dominio privado del Municipio son imprescriptibles, pero podrán ser
enajenados por el ayuntamiento si éste así lo determina.
CAPÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO DE LOS BIENES MUNICIPALES
ARTÍCULO 309.- El registro, valoración y cuidado de los bienes muebles e inmuebles que conformen la propiedad
municipal, corresponderá a las Tesorerías Municipales, las cuales tendrán la obligación de elaborar los inventarios
semestrales de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que
abarcarán los periodos del 1º de enero al 30 de junio y del 1º de julio al 31 de diciembre y serán publicados dentro
del mes siguiente al periodo que termina.
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ARTÍCULO 310. El registro de la propiedad municipal será público y los encargados de él tienen obligación de
permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de las inscripciones que existan en los libros respectivos y de
los documentos relacionados con las inscripciones que estén archivadas en sus apéndices.
A petición y costa de parte interesada y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se expedirán copias
certificadas de las inscripciones, constancias y documentos que obren en el registro.
ARTÍCULO 311. Se inscribirán en el registro de la propiedad municipal:
I. Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, la posesión y los demás
derechos reales sobre bienes inmuebles pertenecientes al municipio.
II. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del municipio.
III. Las resoluciones de ocupación y sentencias relacionadas con inmuebles del municipio, que pronuncie la
autoridad judicial.
IV. Las informaciones ad–perpetuam promovidas por el municipio para acreditar su posesión y dominio sobre
bienes inmuebles.
V. Las resoluciones judiciales definitivas que produzcan algunos de los efectos mencionados en la fracción I.
VI. Los decretos que desincorporen del dominio público los bienes inmuebles y demás que dicte el Congreso del
Estado sobre propiedad municipal, y los acuerdos municipales que incorporen bienes del dominio privado al
dominio público.
VII. Las declaratorias de áreas verdes para protección del ambiente.
VIII. Los demás títulos que, conforme a la Ley, deban ser registrado.
ARTÍCULO 312.- Los documentos a que se refiere el artículo anterior, se inscribirán además, en el registro público
que corresponda al lugar de ubicación de los bienes de que se trate.
ARTÍCULO 313.- En las inscripciones del registro de la propiedad municipal, se expresará la procedencia de los
bienes, su naturaleza, ubicación y linderos, el nombre del inmueble si lo tuviera, su valor, los gravámenes que
reporte, así como sus referencias en relación con los expedientes respectivos.
ARTÍCULO 314.- Las constancias del registro de la propiedad municipal, probarán su autenticidad de los actos a que
se refieren.
ARTÍCULO 315.- La extinción de las inscripciones del registro de la propiedad municipal operará:
I. Por mutuo consentimiento de las partes, o por resolución judicial o administrativa que ordene su cancelación.
II. Cuando se destruya o desaparezca por completo el bien objeto de la inscripción, o
III. Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción.
IV. La integración de la cuenta pública.
ARTÍCULO 316.- En la cancelación de las inscripciones se asentarán los datos necesarios, a fin de que se conozcan
con toda exactitud cuál es la inscripción que se cancela y la causa por la que se hace la cancelación.
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LIBRO CUARTO
DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 317.- Las disposiciones de este libro tienen por objeto regular la contabilidad y la cuenta pública de los
municipios, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en
los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable y del Consejo de Armonización Contable del Estado
de Coahuila de Zaragoza y las demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 318.- Los objetivos de la contabilidad municipal son:
I. Registrar contablemente el efecto patrimonial y presupuestal de los ingresos y los egresos públicos, y las
demás operaciones financieras.
II. Informar sobre la aplicación de los fondos públicos.
III. Fomentar la evaluación de las acciones de gobierno, la planeación y programación de la gestión
gubernamental.
IV. Integrar la cuenta pública.
ARTÍCULO 319.- La contabilidad municipal se llevará conforme a las normas y procedimientos establecidos en
materia de contabilidad y gasto público aplicables en el Estado, así como en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás disposiciones aplicables, considerando las cuentas necesarias para registrar las
inversiones, derechos, obligaciones, patrimonio, ingresos y egresos, así como el análisis mensual del ejercicio
presupuestal de los ingresos y egresos y del avance programático correspondiente, atendiendo los postulados
básicos de contabilidad gubernamental y facilitando la formulación, ejercicio y evaluación de los estados financieros,
presupuestarios y programáticos, incluyendo los objetivos, metas y unidad de ejecución.
ARTÍCULO 320.- Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, los municipios y sus
entidades deberán adoptar un sistema de contabilidad gubernamental, de conformidad con las disposiciones
aplicables. Dicho sistema debe operarse en forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos,
costos, gastos, avances en la ejecución de programas y planes de desarrollo y en general, de manera que permita
medir la eficacia y eficiencia del gasto público municipal.
ARTÍCULO 321.- Los ayuntamientos y las entidades paramunicipales suministrarán a la Auditoría Superior del
Estado, con la periodicidad que determinen las disposiciones aplicables, la información presupuestal, contable,
financiera y de otra índole que le requiera.
ARTÍCULO 322.- Los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que emanen de la
contabilidad de los municipios y sus entidades comprendidos en sus respectivos presupuestos de egresos, serán
consolidados por la Tesorería Municipal, la que será responsable de formular los informes sobre la ejecución y
cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para su presentación en los términos de la Constitución y
éste Código.
ARTÍCULO 323.- Para efectos de este código se entenderá por cuenta pública lo dispuesto en el Capítulo I del
Título Segundo de la de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL
ARTÍCULO 324.- Cada municipio llevará su propia contabilidad la cual se ajustará a los planes de cuenta,
clasificadores, acuerdos y formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo de
Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO 325.- La contabilidad se llevará con base acumulativa, para determinar costos y facilitar la formulación,
ejercicio y evaluación de los presupuestos y sus programas.
ARTÍCULO 326.- La Tesorería Municipal, concentrará, revisará, integrará y controlará la información contable del
movimiento de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado del municipio y, en su oportunidad, producirá los
estados contables que se requiera para su integración en la cuenta pública.
ARTÍCULO 327.- La Tesorería Municipal establecerá un sistema de contabilidad con base en los principios básicos y
el marco conceptual de la contabilidad gubernamental que tenga como fin:
I. Captar diariamente la información del ingreso, la administración de fondos y valores y la del egreso efectuado
para proceder a su contabilización;
II. Establecer y mantener los registros necesarios que provean la información para el análisis económico,
financiero y de toma de decisiones; y
III. Aportar los elementos que permitan determinar la responsabilidad de los servidores públicos en materia de
manejo de fondos y valores mediante controles contables y administrativos.
Dicho sistema deberá garantizar la generación periódica de los estados y la información financiera que a
continuación se señala:
1.- Información contable, con la desagregación siguiente:
a). Estado de situación financiera;
b). Estado de variación en la hacienda pública;
c). Estado de cambios en la situación financiera;
d). Notas a los estados financieros; y
e). Estado analítico del activo.
2.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
a). Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por
fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y
b). Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes
clasificaciones:
b.1). Administrativa;
b.2). Económica y por objeto del gasto, y
b.3). Funcional-programática;
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones
presupuestarias y subejercicios por ramo o programa.
ARTÍCULO 328.- El sistema de contabilidad deberá ser establecido en base a principios básicos de la contabilidad
gubernamental, dicho sistema deberá registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones
presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos; así mismo, generará
estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en
términos monetarios.
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El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre
la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las
transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación
patrimonial del municipio y de las finanzas públicas.
La Tesorería municipal será la responsable de la contabilidad del municipio, de la operación del sistema; así como
del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los acuerdos del Consejo
Nacional de Armonización Contable y del Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO 329.- Los bienes que se reciban para el pago de adeudos a favor del municipio, se registrarán en
cuentas de orden de la Tesorería Municipal.
ARTÍCULO 330.- Todo registro contable y presupuestal deberá estar soportado con los documentos comprobatorios
originales, los que deberán estar en resguardo y conservación del municipio correspondiente, por un término de
cinco años contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda.
CAPÍTULO PRIMERO
DEL CATÁLOGO DE CUENTAS
ARTÍCULO 331.- El catálogo de cuentas para el registro de operaciones estará integrado por los siguientes grupos:
I. Activo.
II. Pasivo.
III. Patrimonio.
IV. Resultados.
V. Orden.
VI. Presupuesto.
ARTÍCULO 332.- La Tesorería Municipal podrá modificar los catálogos de cuentas previa autorización de la Auditoría
Superior del Estado en los siguientes casos:
I. Creación de un nuevo sistema.
II. Requerimientos específicos.
III. Adecuaciones por reformas técnico administrativas.
IV. Actualización de la técnica contable.
La tesorería municipal contará con el equipo técnico necesario y actualizado para facilitar la operación del sistema
informático que maneje su información financiera.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
ARTÍCULO 333.- La Tesorería Municipal contabilizará las operaciones financieras y presupuestales en sus libros
principales de contabilidad, que serán en su caso, los denominados Diario, Mayor, Inventarios y Balances.
La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales deberán efectuarse con base a los momentos
contables de ingreso y egreso.
ARTÍCULO 334.- Los municipios y sus entidades deberán llevar registros auxiliares para los programas
presupuestarios que muestren de manera sistemática los avances financieros y de consecución de metas, con objeto
de facilitar la evaluación en el ejercicio del gasto público.
ARTÍCULO 335.- Los municipios y sus entidades estarán obligados a conservar en su poder y a disposición de la
Auditoría Superior del Estado y de otras autoridades competentes, los libros, registros auxiliares e información
correspondiente, así como los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras.
ARTÍCULO 336.- Para la contabilización de las operaciones con base acumulativa, los municipios deberán observar
lo siguiente:
I. En caso de obras públicas, el presupuesto se considera devengado y ejercido al momento de aprobarse la
estimación del avance físico de las mismas. Para su contabilización se deberá solicitar mensualmente la
estimación correspondiente.
II. Cuando se trate de gastos que se devenguen en forma continua como son entre otros, servicios personales,
alquileres y energía, se deberán registrar como presupuesto ejercido, por lo menos mensualmente y si al
finalizar el mes no se tuvieren los comprobantes de su importe, se hará una estimación de éste, tomando como
base el importe del mes anterior para los efectos de presentación de estados financieros.
III. El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos
correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.
IV. La contabilización de los pagos correspondientes al pasivo circulante por operaciones de ejercicios anteriores.
ARTÍCULO 337.- La observancia de este libro en materia de contabilidad no releva a los municipios y sus entidades
de cumplir con lo dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables.
TÍTULO TERCERO
DE LA INFORMACIÓN, LA FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL Y
LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 338.- La Tesorería Municipal deberá proporcionar al Congreso del Estado la información de la cuenta
pública municipal y de los informes de avance de gestión financiera en la forma y plazos que determine la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.
El incumplimiento de lo que se establece en el párrafo que antecede, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la propia Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sin perjuicio de la
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
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El Congreso del Estado en coordinación con los municipios garantizarán la disposición de la información de la cuenta
pública municipal y de los informes de avance de gestión financiera a la comunidad en general, a través de
instrumentos confiables, oportunos y transparentes;
Los ayuntamientos elaborarán y difundirán en su página de internet los documentos dirigidos a la ciudadanía donde
se explique de manera sencilla y en formatos accesibles la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
ARTÍCULO 339.- La Cuenta Pública se constituye por los estados contables y financieros y de más información, que
muestre el registro de las operaciones de la recaudación de los ingresos y del ejercicio de los presupuestos de
egresos, la incidencia de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la hacienda
pública estatal y municipal, y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos así como el
resultado de las operaciones que verificaron los estados detallados de la deuda pública estatal y municipal.
ARTÍCULO 340.- La Tesorería Municipal proporcionará la información complementaria requerida por la Auditoría
Superior del Estado para el análisis y evaluación de la Cuenta Pública.
ARTÍCULO 341.- Con base en los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable que
emane de los registros de las dependencias y entidades comprendidas en el presupuesto de egresos del municipio,
la Tesorería Municipal formulará la cuenta pública municipal, para su presentación en los términos de la Constitución,
este código y demás disposiciones aplicables.
El Ayuntamiento presentará al Congreso del Estado la cuenta pública consolidada del municipio la cual comprenderá
la información contable, presupuestaria y programática de la administración centralizada, descentralizada y
paramunicipal en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Coahuila de Zaragoza y en las demás disposiciones aplicables.
Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo de este artículo, las entidades paramunicipales y órganos
descentralizados de la administración pública municipal, deberán presentar su cuenta pública e informes de avance
de gestión financiera en la forma y plazos establecidos en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Coahuila de Zaragoza.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ARTÍCULO 342.- Por cada trimestre del año, los Municipios deberán presentar ante el Congreso sendos informes
de avance de gestión financiera.
Los periodos trimestrales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, son los siguientes:
I. Enero a marzo;
II. Abril a junio;
III. Julio a septiembre, y
IV. Octubre a diciembre
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ARTÍCULO 343.- Dentro del mes siguiente al periodo que corresponda la información, las Tesorerías, deberán
presentar ante el Congreso la siguiente información:
I. La información señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás normatividad aplicable,
correspondiente al periodo de que se trate y la acumulada del ejercicio;
II. Se referirán a los programas a cargo de la entidad para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos,
metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados;
III. El flujo contable de ingresos y egresos al cierre del trimestre correspondiente;
IV. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el
presupuesto; y
V. Los procesos concluidos.
Además de lo anterior, los informes de avance de gestión financiera contendrán una declaratoria de los profesionales
de auditoría independientes o, en su caso, de las instancias de control competentes, acerca de la situación que
guarda el control interno y del grado de colaboración del Municipio para el cumplimiento de los objetivos de la
función de control gubernamental.
ARTÍCULO 344.- En caso de que no se proporcione la información o de que ésta no cumpla con la forma y plazos
establecidos por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se aplicarán las sanciones
que se estipulen en dicha ley, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del
Estado de Coahuila de Zaragoza y en las demás deposiciones aplicables.
TÍTULO CUARTO
DE LA TRANSPARENCIA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 345.- Los Municipios deberán documentar todo acto que se emita en ejercicio de las facultades expresas
que les otorguen los ordenamientos jurídicos y demás disposiciones aplicables, así como en el ejercicio de recursos
públicos, debiendo sistematizar la información.
ARTÍCULO 346.- Son obligaciones de los Municipios en materia de acceso a la información las siguientes:
I. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental;
II. Publicar, actualizar y mantener disponible a través de medios electrónicos con que cuenten, la información a
que se refiere el capítulo tercero de esta ley;
III. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión, en términos de esta ley;
IV. Dar acceso a la información pública que le sea requerida, en los términos de ésta ley y demás disposiciones
aplicables;
V. Elaborar, con auxilio del Instituto, un programa de capacitación para los servidores públicos o sus integrantes,
en temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, datos personales y archivos, y
capacitar a los servidores públicos;
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VI. Cumplir cabalmente las resoluciones del Instituto y colaborar con éste en el desempeño de sus funciones.
VII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia y
acceso a la información pública realice el Instituto;
VIII. Procurar condiciones de accesibilidad para que personas con capacidades diferentes ejerzan los derechos
regulados en esta Ley;
IX. Crear y hacer uso de sistemas de tecnología sistematizados y avanzados, y adoptar las nuevas herramientas
para que los ciudadanos consulten información de manera directa, sencilla y rápida; y
X. Las demás que determinan esta ley y otras disposiciones aplicables.
Los Municipios deberán dar acceso a la información mediante bases de datos que permitan la búsqueda y extracción
de información. Además las páginas deberán contar con buscadores temáticos y disponer de un respaldo con todos
los registros electrónicos para cualquier persona que lo solicite.
Los Municipios contarán en la página de inicio de sus portales de Internet con una señalización fácilmente
identificable y accesible que cumpla con los requerimientos, comprensión y organización de la información a que se
refiere este capítulo.
ARTÍCULO 347.- Los Municipios podrán emitir acuerdos o lineamientos en el ámbito de su competencia, para el
mejor ejercicio del acceso a la información y protección de datos personales. Esta atribución tendrá que ser ejercida
en base a las disposiciones legales y reglamentarias en la materia.
LIBRO QUINTO
DE LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FINANCIERA INTERGUBERNAMENTAL
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 348.- Es objeto de presente título establecer las bases de Coordinación y Colaboración Administrativa,
en materia financiera de los municipios entre sí y con el Estado, de conformidad con las bases que se establezcan
en las disposiciones normativas respectivas.
ARTÍCULO 349.- Los Convenios de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia Financiera que celebren
los Ayuntamientos entre sí, deberán estar aprobados por los respectivos Ayuntamientos y publicarse en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO 350.- Este título será aplicable en tanto no contravenga las disposiciones de la Constitución Política del
Estado, las obligaciones hacendarias del Estado con la Federación, derivadas de la Legislación Federal y Estatal
vigente y de los convenios que éstos celebren.
TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FINANCIERA INTERMUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO
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ARTÍCULO 351.- Los Municipios del Estado podrán celebrar Convenios de Coordinación en materia de ingresos,
gasto, patrimonio y deuda pública. Para tal efecto, atenderán las disposiciones conducentes previstas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, este código, el Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones en materia municipal aplicables.
SECCIÓN I
COORDINACION EN INGRESOS
ARTÍCULO 352.- Los Ayuntamientos podrán celebrar Convenios de Colaboración Administrativa entre sí, y con el
Estado para la administración de contribuciones.
ARTÍCULO 353.- En los Convenios de Colaboración deberán establecerse las funciones y facultades que se
deleguen de un municipio a otro o al Estado y las contraprestaciones que se otorguen.
SECCIÓN II
COORDINACIÓN EN GASTO PÚBLICO
ARTÍCULO 354.- Los Gobiernos municipales en ejercicio de las atribuciones y competencias que les otorgan las
leyes, se coordinarán entre sí o con el estado para la ejecución de acciones conjuntas, así como para la aplicación
de recursos en la realización de obras y proyectos a fin de impulsar el desarrollo de los municipios y del mismo
Estado.
ARTÍCULO 355.- La coordinación de acciones, atención y ejecución de programas, aplicación de recursos,
realización de obras y proyectos, su control físico y financiero, el Intercambio de información necesaria y en general,
los aspectos administrativos sustantivos y financieros de la Coordinación se regirán por las prevenciones convenidas
y por los demás instrumentos que en dicha coordinación se deriven.
ARTÍCULO 356.- En los Convenios de Coordinación se establecerán las atribuciones, recursos, tareas y
responsabilidades que se transfieren, debiendo ser firmados por el Presidente, Tesorero y Secretario de los
Municipios, previa autorización del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 357.- Cuando los Convenios de Coordinación Intermunicipales o con el Estado, impliquen la
transferencia de recursos materiales se pormenorizarán éstos y sus características; especificándose el régimen al
cual quedarán sujetos, así como las normas y criterios que en su caso resulten aplicables.
ARTÍCULO 358.- Tratándose de recursos humanos se precisarán los mecanismos, formas, plazos y condiciones en
que se transfieren así como las fuentes de recursos financieros que cubrirán las responsabilidades jurídicas,
laborales y de seguridad social.
ARTÍCULO 359.- Deberán también convenirse expresamente la manera en que serán solventadas y de donde
provendrán los recursos que originen las diferencias provocadas por los distintos niveles de salarios que se
encuentren vigentes entre el gobierno que recibe los recursos y el que los transfiere.
SECCIÓN III
COORDINACIÓN EN DEUDA PÚBLICA
ARTÍCULO 360.- Los Municipios podrán coordinarse, en materia de deuda, entre sí o con el propio Estado, para
llevar a cabo la planeación del financiamiento de las siguientes actividades:
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I. Para realizar la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión, sujetos al Programa de
Financiamiento de los mismos municipios, debiendo apegarse, en todo caso, dichos proyectos a los objetivos
del Plan Municipal de Desarrollo, y en su caso al Estatal.
II. Para fortalecer los mecanismos de acceso al crédito público, el cual estará sustentado en la capacidad política,
económica y jurídica de los municipios para obtener dinero o bienes en préstamo, basados en la confianza de
que gozan por sus respectivos patrimonios y recursos que puedan obtener.
III. Investigar nuevas fuentes crediticias, las cuales proporcionen menores costos de financiamiento y mejores
condiciones de pago y,
IV. Intercambiar información para determinar las mejores fuentes de financiamiento local, así como sobre el costo
y condiciones del crédito público.
LIBRO SEXTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO-CONTENCIOSOS
EN MATERIA FINANCIERA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 361.- Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos del municipio
en que residan, en el que realice actos o actividades o tengan bienes gravados conforme a las leyes fiscales
respectivas y a las disposiciones de este código.
Las personas que de conformidad con este código y las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones,
únicamente tendrán las demás obligaciones que establezcan a su cargo en forma expresa las propias leyes.
ARTÍCULO 362.- Las normas fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las
mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones serán de aplicación estricta. Se considera que
establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
ARTÍCULO 363.- Son créditos fiscales lo que tenga derecho a percibir el Municipio o sus organismos
descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que
deriven de responsabilidades que el Municipio tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los
particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Municipio tenga derecho a percibir por
cuenta ajena.
La recaudación proveniente de todos los ingresos del Municipio, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará
por la Tesorería Municipal o por las oficinas que dicha Tesorería autorice.
ARTÍCULO 364.- El Municipio tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que
debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos
devengados en el último año, o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo que antecede, será requisito indispensable que con
anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el
Registro Público que corresponda y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda
ante las autoridades competentes.
La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque, deberá comprobarse en forma fehaciente al
hacerse valer el recurso administrativo.
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ARTÍCULO 365.- En los plazos fijados en días, no se contarán los sábados, los domingos y el 1 de enero, el 5 de
febrero; el 21 de marzo, el 1 y 5 de mayo; 1 y 16 de septiembre; el 20 de noviembre; el 1 de diciembre de cada seis
años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, aquéllos en que
permanezcan cerradas al público las oficinas de la Tesorería Municipal, ni los días en que tengan vacaciones
generales las autoridades fiscales municipales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de
declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se computarán como hábiles.
No son vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada.
En los plazos establecidos por períodos y aquéllos en que se señale una fecha determinada para su extinción, se
computarán todos los días.
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que en el primer
caso, el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquél en que se inició y, en el segundo, el
término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquél en que se inició. En los plazos que se fijen por
mes o por año cuando no exista el mismo día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día
hábil del mes siguiente de calendario.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas
ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un
día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.
Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles, esta circunstancia deberá comunicarse a los particulares
y no alterará el cálculo de plazos.
ARTÍCULO 366.- La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles,
que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas. Una diligencia de notificación, de requerimiento de pago
o de embargo, iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Tratándose de
contribuyentes que normalmente realizan sus actos o actividades por los que deba pagar contribuciones en horas o
días inhábiles, se considerarán hábiles todos los días del año y las veinticuatro horas del día.
Las autoridades fiscales podrán continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles,
cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de la contabilidad o de bienes del particular.
ARTÍCULO 367.- Se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en que se realice
cualquiera de los supuestos siguientes:
I. Se envíe el bien al adquirente. A falta de envío, al entregarse materialmente el bien. No se aplicará esta
fracción cuando la persona a la que se envíe o entregue el bien, no tenga obligación de recibirlo o adquirirlo.
II. Se pague total o parcialmente el precio.
III. Se expida el comprobante que ampare la enajenación.
ARTÍCULO 368.- La notificación de los actos administrativos se hará:
I. Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos,
solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.
II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la fracción anterior.
III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse desaparezca después de iniciadas las facultades de
comprobación, se oponga a la diligencia de notificación o desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin
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presentar el aviso de cambio de domicilio ante el Registro de Contribuyentes Municipal, después de la
notificación de la orden de visita y antes de un año contado a partir de dicha notificación, o bien después de
que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin
efectos.
IV. Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiere fallecido y no se
conozca al representante de la sucesión, hubiere desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su
representante no se encuentren en territorio nacional.
V. A las autoridades se les notificare por medio de oficio o vía telegráfica cuando se trate de resoluciones o
acuerdos que exijan cumplimiento inmediato.
ARTÍCULO 369.- Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueron hechas y al
practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la
notificación la hagan directamente las autoridades fiscales, deberán señalar lugar, fecha, y hora, así como el nombre
y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar tal
circunstancia en el acta de notificación.
La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos
de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a
aquélla en que debiera surtir efectos la notificación, de acuerdo con el párrafo anterior.
ARTÍCULO 370.- Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba
notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija el día hábil siguiente o para que
acuda a notificarse dentro del plazo de tres días, a las oficinas de las autoridades fiscales.
Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera
antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se
encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino.
ARTÍCULO 371.- Las notificaciones por estrados, se harán fijando durante cinco días el documento que se pretenda
notificar, en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación. La autoridad dejará
constancia de ella en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del sexto día
siguiente a aquél en que se hubiere fijado el documento.
ARTÍCULO 372.- Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones durante tres días consecutivos en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad. En este
caso se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación.
ARTÍCULO 373.- También se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos
del registro de contribuyentes, salvo que hubiere designado otro para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia
o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la
resolución de los mismos.
ARTÍCULO 374.- Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse, será legalmente válida aún
cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.
ARTÍCULO 375.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las personas a
quienes debe notificarse se presentan en las mismas.
ARTÍCULO 376.- Cuando una notificación se haga en forma distinta a la señalada en los artículos anteriores, serán
nulificadas de oficio o a petición de parte por la autoridad fiscal que la emitió, previa investigación y comprobación
necesarias.
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 17 DE MARZO DE 2017)
ARTÍCULO 377.- Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no
satisfechas dentro de los plazos legales, se causará a cargo de quien incurrió en el incumplimiento la cantidad
equivalente a dos unidades de medida y actualización, por concepto de honorarios de notificación.
Para los efectos de este artículo, la autoridad recaudadora los determinará conjuntamente con la notificación y se
pagará al cumplir con el requerimiento.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ELEMENTOS GENERALES DE TRIBUTACIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DEL NACIMIENTO, DETERMINACION, GARANTIA Y
EXTINCION DE LOS CRÉDITOS FISCALES
SECCIÓN I
DEL NACIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
ARTÍCULO 378.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas previstas en las leyes
fiscales vigentes. Dichas contribuciones se determinarán y liquidarán conforme a las disposiciones vigentes en el
momento de su causación, pero le serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con
posterioridad.
ARTÍCULO 379.- Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional; también se
aceptarán como medio de pago los cheques certificados; únicamente se aceptarán cheques personales del
contribuyente no certificado, cuando sean expedidos por el mismo y por el monto exacto de las contribuciones y
accesorios que se paguen.
El cheque personal no certificado deberá expedirse a favor de la Tesorería Municipal y a cargo de instituciones de
crédito que se encuentren dentro del Municipio. Las autoridades fiscales podrán autorizar que el cheque se libre a
cargo de instituciones de crédito que se encuentren en poblaciones distintas del Municipio en que se paga el crédito
fiscal.
El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro
del monto del cheque y a una indemnización que será siempre el 20% del valor de éste, y se exigirá
independientemente de los demás conceptos a que se refiere este artículo. Para tal efecto la autoridad requerirá al
librador del cheque para que, dentro del plazo de tres días, efectúe el pago junto con la mencionada indemnización
del 20% y los recargos correspondientes, o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas documentales
procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la
institución de crédito. Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los
extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada
y los recargos correspondientes mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la
responsabilidad que en su caso procediere.
ARTÍCULO 380.- Las autoridades fiscales estarán obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las
que procedan de conformidad con las leyes fiscales. La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del
interesado.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho a la devolución
nace cuando dicho acto hubiere quedado insubsistente.
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Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de dos meses, o bien, dentro del mismo
plazo emitir la resolución en que se niega.
Si fuere procedente la devolución y no se efectúa dentro del plazo señalado, el fisco municipal pagará intereses
conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos. Los intereses se computarán desde que venció
el plazo hasta la fecha en que se efectúe la devolución o se pongan las cantidades a disposición del interesado.
ARTÍCULO 381.- Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones
fiscales, deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco municipal por la falta de pago oportuno.
Dichos recargos se calcularán conforme a la tasa que fije anualmente la Ley de Ingresos del Municipio
correspondiente.
Los recargos se causarán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que
se refiere el tercer párrafo del artículo 373 de este código, los gastos de ejecución y las multas. Cuando el pago
hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia. Los recargos se causarán
por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se
efectúe.
ARTÍCULO 382.- Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazo, ya sea
diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de
veinticuatro meses. Durante el plazo concedido se causarán recargos sobre el saldo insoluto, incluyendo los
accesorios, a la tasa que fije la Ley de Ingresos correspondiente.
Las autoridades fiscales al autorizar el pago a plazo exigirán se garantice el interés fiscal, a excepción de los casos
en que dichas autoridades dispensen el otorgamiento de garantía.
Cesará la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades, cuando:
I. Desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal sin que el contribuyente de nueva garantía o
amplíe la otorgada.
II. El contribuyente sea declarado en suspensión de pagos, quiebra, sujeto a concurso o solicite su liquidación
judicial.
III. El contribuyente no pague tres parcialidades sucesivas.
IV. Cuando el contribuyente cambie su domicilio sin dar aviso a las autoridades fiscales.
ARTÍCULO 383.- No se otorgará condonación total ni parcial de contribuciones o sus accesorios en favor de una o
más personas determinadas.
El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del ayuntamiento
podrá:
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se haya afectado
o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar del Municipio una rama de actividad, la producción o
venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos
meteorológicos, plagas o epidemias.
(ADICIONADO, P.O. 07 DE NOVIEMBRE DE 2017)
Previo acuerdo, fundado y motivado, se necesitará de la autorización de las dos terceras partes de los
miembros del Ayuntamiento y se limitará la condonación hasta por un 30% del valor de la contribución, para
todos aquellos casos que determine el Ayuntamiento y no estén previstos en el párrafo anterior.
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II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en
las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la
tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de
las obligaciones de los contribuyentes.
III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.
Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a
que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o proporción de los beneficios, y los
requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.
ARTÍCULO 384.- Todos los estímulos fiscales e incentivos contenidos en las Leyes de Ingresos Municipales, se
otorgarán únicamente a aquellos contribuyentes que estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales que este Código, las Leyes Municipales o Reglamentos establezcan, así como cumplir con todos los
requisitos que para tal efecto se establezcan en dichos ordenamientos.
SECCIÓN II
DE LA DETERMINACIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES
ARTÍCULO 385.- La determinación de las obligaciones fiscales es el acto o conjunto de actos emanados de las
autoridades fiscales, de los particulares o de ambos, por los que se hace constar o reconoce que se ha realizado el
hecho generador de un crédito fiscal.
ARTÍCULO 386.- La liquidación de las obligaciones fiscales es la cuantificación del crédito fiscal en cantidad cierta,
mediante la valorización de la base y la aplicación de la tasa, cuota o tarifa que establezcan las leyes fiscales.
ARTÍCULO 387.- La determinación y liquidación de los créditos fiscales corresponderá a los sujetos pasivos, cuando
por la naturaleza del gravamen así se requiera, salvo que sean consecuencia de actos de fiscalización o exista
disposición expresa en contrario, en cuyo caso será practicada por las autoridades fiscales.
ARTÍCULO 388.- Para la comprobación de los ingresos totales o gravables de los contribuyentes, se presumirá,
salvo prueba en contrario:
I. Que la información contenida en libros, registros, documentación comprobatoria, correspondencia y mercancía,
que se encuentre en poder del contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por él, aun cuando
aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona.
II. Que la información contenida en libros y registros a nombre del contribuyente, localizados en poder de
personas a su servicio o de accionistas o propietarios de la empresa, corresponde a operaciones del
contribuyente.
III. Que la información escrita o documentos de terceros, relacionados con el contribuyente corresponde a
operaciones realizadas por éste, en cualquiera de los casos siguientes:
a). Cuando se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social.
b). Cuando señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación de servicios cualquiera de
los establecimientos del contribuyente, aún cuando exprese el nombre, denominación o razón social de
un tercero real o ficticio.
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c). Cuando señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se comprueba que el contribuyente
entrega o recibe bienes o servicios a ese nombre o en ese domicilio.
d). Cuando se refieren a cobros o pagos efectuados por el contribuyente, por su cuenta o por interpósita
persona.
ARTÍCULO 389.- La Tesorería Municipal podrá determinar estimativamente la base gravable de los créditos fiscales
a cargo de los sujetos pasivos cuando:
I. Omitan presentar sus declaraciones, se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de una visita
domiciliaria ordenada por la tesorería o se nieguen a recibir la orden respectiva.
II. No presenten documentación comprobatoria de las declaraciones, o no proporcionen los informes que se les
soliciten.
III. Existan irregularidades que imposibiliten el conocimiento de las operaciones del contribuyente.
ARTÍCULO 390.- En el caso de que los contribuyentes se coloquen en alguno de los supuestos en que proceda
determinar estimativamente sus ingresos y no puedan comprobar los mismos, por el período objeto de revisión, se
presumirá que el ingreso es igual al resultado de alguna de las siguientes operaciones:
I. Si con base en la contabilidad y documentación del contribuyente o información de terceros, pudieran
reconstruirse las operaciones normales correspondientes cuando menos a treinta días, el ingreso diario
promedio que resulte se multiplicará por el número de días que correspondan al período objeto de revisión.
II. Si la documentación del contribuyente no permite reconstruir las operaciones de treinta días, la Tesorería
Municipal tomará como base los ingresos que observe durante tres días, cuando menos, de operaciones
normales y el promedio diario resultante se multiplicará por el número de días que comprenda el período objeto
de revisión.
Al ingreso estimado por alguno de los procedimientos anteriores, se le aplicará la tasa o tarifa impositiva que
corresponda.
Lo dispuesto en esta fracción no modifica los procedimientos para determinar o estimar los ingresos de los
contribuyentes que contienen las diversas disposiciones fiscales.
III. En los casos en que la base gravable se estime atendiéndose a la producción anual, se tomará la producción
del año anterior como base para la determinación estimativa.
ARTÍCULO 391.- A la base gravable estimada se aplicarán las tasas, cuotas o tarifas establecidas en las leyes
fiscales y el resultado será la cantidad a pagar por el período estimado.
ARTÍCULO 392.- La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los sujetos pasivos, con objeto de
determinar estimativamente, la base gravable a la que se aplicarán las tasas, cuotas o tarifas que señala la Ley de
Ingresos Municipal para el pago de sus contribuciones a cuota fija.
Esta facultad sólo podrá ejercitarse cuando los elementos necesarios para la determinación del crédito resulten poco
prácticos, de difícil cumplimiento o que ocasionen gastos en extremo onerosos para el contribuyente.
La vigencia de los convenios estará limitada a la del año natural en que se celebren, pero podrán ser prorrogados
anualmente cuando a juicio de la Tesorería Municipal subsistan las condiciones jurídicas o de hecho que los hayan
motivado.
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ARTÍCULO 393.- Los municipios podrán celebrar convenios entre sí y con el Estado, a efecto de delegar funciones
de determinación, liquidación, administración, recaudación y vigilancia de las contribuciones que le correspondan a
unos o al otro, en forma exclusiva o concurrente.
SECCIÓN III
DE LAS GARANTÍAS DE LOS CRÉDITOS FISCALES
ARTÍCULO 394.- Procede garantizar el interés fiscal cuando:
I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución.
II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en
parcialidades, si dichas facilidades se conceden individualmente.
III. En los demás casos que señalen este ordenamiento y las leyes fiscales.
ARTÍCULO 395.- Los créditos fiscales podrán garantizarse en alguna de las formas siguientes, a favor de la
Tesorería Municipal:
I. Depósito en dinero en la Tesorería Municipal.
II. Prenda o hipoteca.
III. Fianza de compañía autorizada.
IV. Embargo en la vía administrativa.
La garantía de un crédito fiscal deberá incluir la de los posibles recargos y gastos de ejecución.
ARTÍCULO 396.- La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas, los accesorios
causados, así como los recargos que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento; al terminar este
período y en tanto no se cubra el crédito, deberá ampliarse la garantía por el importe de los recargos
correspondientes a los doce meses siguientes.
SECCIÓN IV
DE LA EXTINCIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES
ARTÍCULO 397.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. Dicho término se inicia a
partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos
administrativos.
El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o
haga saber al deudor, o por el reconocimiento expreso o tácito de éste, respecto de la existencia del crédito.
Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de
ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.
La obligación de devolver cantidades a favor del contribuyente, prescribe en los mismos términos y condiciones que
el crédito fiscal.
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ARTÍCULO 398.- Los créditos fiscales deberán pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en la ley. A falta de
disposición expresa el pago se realizará conforme a lo siguiente:
I. Si es a las autoridades a las que corresponde formular la liquidación, dentro de los quince días siguientes a la
fecha en que haya surtido efectos la notificación de la misma.
II. Si es a los sujetos pasivos a quienes corresponde determinar en cantidad líquida la obligación fiscal, dentro de
los quince días siguientes al nacimiento de la misma.
III. Si se trata de obligaciones derivadas de contratos o concesiones, dentro del plazo establecido en los mismos.
ARTÍCULO 399.- La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo establecido en las disposiciones
respectivas, determina que el crédito sea exigible.
ARTÍCULO 400.- Procederá la cancelación de los créditos fiscales:
I. Cuando no puedan hacerse efectivos porque hubiere resultado imposible localizar a los deudores. Sin
embargo, no se aplicará esta disposición cuando el fisco tenga acción real para hacer efectivos dichos créditos.
II. Cuando no puedan hacerse efectivos por insolvencia de los deudores.
III. Por incosteabilidad en el cobro.
Para la cancelación de los créditos fiscales a que se refiere este precepto, la Tesorería Municipal deberá dictar, en
cada caso, resolución debidamente fundada y motivada.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
ARTÍCULO 401.- Sujeto pasivo o deudor de un crédito fiscal es la persona física o moral que de acuerdo con este
código y las leyes fiscales, esté obligado al pago de una prestación determinada al fisco municipal.
ARTÍCULO 402.- En los casos de copropiedad, comunidad de bienes y en general en todos aquéllos en que se
posea en común un bien determinado, las obligaciones fiscales derivadas de la posesión son solidarias entre los
copropietarios o coposeedores.
ARTÍCULO 403.- Además, son responsables solidarios con los contribuyentes:
I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones, hasta
por el monto de dichas contribuciones.
II. Las personas que están obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el
monto de estos pagos.
III. Los liquidadores y síndicos, por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o
quiebra, así como de aquéllas que se causaron durante su gestión.
La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la dirección
general, la gerencia general, o la administración única de las sociedades mercantiles, serán responsables
solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas sociedades durante su gestión, así como
por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser
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garantizada con los bienes de la sociedad que dirigen, cuando dicha sociedad incurra en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a). No solicite su inscripción en el registro de contribuyentes.
b). Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente, siempre que dicho cambio se efectúe
después de que se le hubiere notificado el inicio de una visita y antes de que se haya notificado la
resolución que se dicte respecto de la misma, o cuando el cambio se realice después de que se hubiera
notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.
IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieren causado en relación con las
actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otras personas, sin que la responsabilidad
exceda del valor de la misma.
V. Los representantes, sea cual fuere el nombre con el que se les designe, de personas no residentes en el país,
con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto
de dichas contribuciones.
VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su representado.
VII. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que se hubieren causado
en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos.
VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria.
IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el
secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad
exceda del monto del interés garantizado.
La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto en este párrafo
no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por actos u omisiones propios.
ARTÍCULO 404.- Todo contribuyente estará obligado según corresponda a:
I. Empadronarse en las oficinas de la Tesorería Municipal, dar aviso de los cambios de domicilio, giro, razón o
denominación social, del traspaso, clausura o suspensión de sus actividades, dentro de los diez días siguientes
al en que se realicen los supuestos antes enumerados.
II. Expedir o recabar los comprobantes de las operaciones gravadas por las leyes fiscales.
III. Presentar las declaraciones o comunicaciones que se exijan para cada gravamen.
IV. Llevar registros, libros y demás documentos que establezcan las disposiciones fiscales.
V. Obtener las autorizaciones que señalen las disposiciones fiscales previamente al ejercicio de sus actividades y
exhibirlas cuando se les requieran.
VI. Colocar en un lugar visible la constancia de empadronamiento.
VII. Proporcionar a las autoridades fiscales los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación
con el hecho generador del crédito fiscal, dentro del plazo que se señale.
VIII. Conservar por cinco años, los documentos relacionados con obligaciones o créditos fiscales a su cargo.
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ARTÍCULO 405.- Los contribuyentes estarán obligados, a requerimiento de las autoridades fiscales, a exhibir la
documentación, la correspondencia y proporcionar todo tipo de datos e informes que se refieran a las operaciones
realizadas directamente o con terceros.
ARTÍCULO 406.- Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales municipales, deberá estar firmada
por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda
firmar, caso en el que imprimirá su huella digital.
Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Tesorería Municipal, en el número de
ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su caso requieran. Cuando no existan
formas aprobadas, el documento que se formule deberá tener por lo menos los siguientes requisitos:
I. Constar por escrito.
II. El nombre, la denominación o razón social y domicilio fiscal manifestado al registro de contribuyentes y la clave
que correspondió en el mismo.
III. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.
IV. En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y en nombre de la persona autorizada para recibirlas.
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente
a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido.
En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, si la omisión
consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán acompañar al requerimiento
la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario.
ARTÍCULO 407.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación de las
personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, se hará mediante escritura pública o en carta poder firmada
ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales o notario.
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que en su nombre reciban
notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar promoción relacionadas con
estos propósitos.
Quien promueve a nombre de otros deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar a la fecha
en que se presenta la promoción.
ARTÍCULO 408.- Las instancias y peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en el
término de noventa días. El silencio de las autoridades fiscales se considerará como resolución negativa.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES
ARTÍCULO 409.- Son autoridades fiscales para los efectos de este código y demás ordenamientos fiscales:
I. El Ayuntamiento.
II. El Presidente Municipal.
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III. El Tesorero Municipal.
IV. Los directores o jefes de ingresos de las tesorerías municipales.
ARTÍCULO 410.- Es facultad de las autoridades fiscales, la administración de los ingresos de la Hacienda Pública
Municipal, la cual consiste en su determinación, liquidación, recaudación y vigilancia, las que podrán ser auxiliadas
por otros organismos públicos o privados conforme a lo que dispongan las leyes o convenios correspondientes.
ARTÍCULO 411.- Las facultades de las autoridades para determinar la existencia de obligaciones fiscales; señalar
las bases de su liquidación o fijarlas en cantidad cierta; imponer sanciones por infracción a las disposiciones
fiscales; así como las de verificar el cumplimiento de dichas disposiciones, se extinguen por caducidad en el término
de cinco años, no sujeto a interrupción ni suspensión.
Dicho término empezará a correr a partir:
I. Del siguiente día al en que hubiere vencido el plazo establecido por las disposiciones fiscales para presentar
declaraciones, manifestaciones o avisos.
II. Del siguiente día a aquél en que el crédito fiscal debió pagarse, si no existiera obligación de presentar
declaraciones, manifestaciones o avisos.
III. Del siguiente día al en que se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción
fuere de carácter continuo, el término correrá a partir del siguiente día en que cesó ésta.
Las facultades de las autoridades municipales para investigar hechos constitutivos de delito en materia fiscal, no se
extinguirán conforme a este artículo, debiendo en todo caso aplicarse las reglas que para tal efecto señala la
legislación penal correspondiente.
ARTÍCULO 412.- El personal que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones
fiscales, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados
por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados. Dicha reserva no comprenderá los casos que las leyes
señalen.
ARTÍCULO 413.- Las multas fiscales que se impongan por las autoridades municipales por infracción a este código
y demás leyes, podrán ser condonadas total o parcialmente, por el Presidente Municipal o el tesorero municipal,
para lo cual se apreciarán discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que
impuso la sanción. La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo no constituirá instancia y
las resoluciones que al respecto se emitan no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este
código. La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, respecto de la multa si
así se pide y se garantiza el interés fiscal o se dispensa su garantía de que se trata.
Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo
no sea materia de impugnación.
ARTÍCULO 414.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán reunir por lo menos, los siguientes
requisitos:
I. Constar por escrito.
II. Señalar la autoridad que lo emite.
III. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.
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IV. Ostentar la firma de funcionario competente.
V. El nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido.
Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su
identificación
ARTÍCULO 415.- La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales en esta materia es competencia de las
autoridades fiscales y tendrá por objeto comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la comisión de
infracciones y, en su caso, determinar el crédito fiscal correspondiente.
ARTÍCULO 416.- A fin de realizar dicha vigilancia, las autoridades fiscales podrán:
I. Rectificar los errores aritméticos que aparezcan en las declaraciones.
II. Ordenar y practicar visitas domiciliarias o de auditoría e inspecciones en el domicilio o dependencia de los
sujetos pasivos, responsables solidarios o terceros para revisar sus mercancías, productos, materias primas,
libros, documentos, correspondencia u otros objetos que tengan relación con las obligaciones fiscales.
III. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, para que exhiban la
contabilidad, proporcionen los datos y otros documentos o informes que se les requieran, en su domicilio,
establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión.
IV. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con
motivo de sus funciones.
V. Practicar u ordenar se practique verificación física, clasificación, valuación o comprobación de toda clase de
bienes.
VI. Ordenar la intervención con cargo a la caja en el domicilio o establecimiento de los contribuyentes, a efecto de
comprobar y hacer efectivas en el mismo acto, las contribuciones que se causen, en aquéllos casos en que el
contribuyente realice actos o actividades de carácter temporal en el Municipio y existiere presunción de que el
contribuyente se ausente, enajene, oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendente a evadir el pago del
gravamen.
VII. Allegarse las pruebas necesarias para denunciar ante el Ministerio Público, la posible comisión de delitos
fiscales o en su caso, para formular la querella respectiva. Las actuaciones que practiquen las autoridades
fiscales municipales, tendrán el mismo valor probatorio que la ley relativa concede a las actas de policía
judicial.
VIII. Nombrar ejecutores, auditores o inspectores fiscales para llevar a cabo las facultades a que se refiere este
código y las demás disposiciones fiscales.
IX. Ejercer las facultades derivadas de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal que celebren
con la Federación o el Estado, en materia de contribuciones federales o estatales.
ARTÍCULO 417.- Las visitas domiciliarias, de auditoría e inspecciones para comprobar que se han acatado las
disposiciones fiscales, se sujetarán a las siguientes reglas:
I. Sólo se practicarán por mandamiento escrito de autoridad fiscal competente debidamente fundado y motivado
que consigne:
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a). El nombre de la persona que deba recibir la visita o inspección y el lugar donde deba llevarse a cabo.
Cuando se ignore el nombre de la persona que deba ser visitada, se señalarán datos suficientes que
permitan su identificación.
b). El nombre de las personas que practicarán la diligencia, las cuales podrán ser sustituidas por la
autoridad que expidió la orden. En este caso, se comunicará por escrito al visitado el nombre de los
sustitutos o nuevos auditores o inspectores.
c). Los gravámenes de cuya verificación se trate y, en su caso, los ejercicios a los que deberá limitarse la
visita.
II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su
representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado
visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si
no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.
III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan deberán identificarse ante la
persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son
designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar
esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita.
Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a
cabo la visita o inspección, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su
voluntad de no continuar interviniendo en la misma. En tales circunstancias, la persona con quien se entienda
la visita deberá designar de inmediato otros y ante la negativa o impedimento de los designados, los visitadores
podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la
visita.
IV. Los registros y documentos serán examinados en el domicilio, establecimiento o dependencia del visitado. Para
tal efecto, el visitado deberá permitir al personal actuante el acceso a todos sus locales o dependencias y
exhibir la documentación contenida en archiveros, escritorios y demás mobiliario de oficina. Asimismo, desde el
momento del inicio de la visita hasta su terminación, mantendrá a disposición de los visitadores, registros y
documentos. Estos sólo podrán recogerse:
a). Cuando no se hayan presentado declaraciones o manifestaciones fiscales, respecto del o de los
ejercicios objeto de la visita.
b). Cuando los datos registrados en los libros o registros, no coincidan con los asentados en las
declaraciones o manifestaciones presentadas.
c). Cuando los documentos carezcan total o parcialmente de los requisitos que prevenga la ley o no estén
asentados en los libros o registros.
V. De toda visita en el domicilio fiscal, se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los
hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores o inspectores. Los hechos u omisiones
consignados por los visitadores en las actas hacen prueba plena de la existencia de tales hechos o de las
omisiones encontradas. Las opiniones de los visitadores sobre el cumplimiento o incumplimiento de las
disposiciones fiscales o sobre la situación financiera del visitado, no constituyen resolución fiscal.
VI. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas
parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en
cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos
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testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, cumpliendo al respecto con los
requisitos establecidos en este artículo.
VII. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o
complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los
que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita o después de concluida.
También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última
acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final,
deberán transcurrir 15 días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o
registros que desvirtúen los hechos y omisiones asentados.
Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes
del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no
señala lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su
contabilidad.
VIII. Los datos, documentos e informes que los terceros proporcionen, deberán darse a conocer al contribuyente
mediante notificación que se efectuará en los términos que establece este código.
Cuando las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, conozcan por terceros
hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o
responsable solidario al que le estén practicando una visita domiciliaria, darán a conocer a uno u otro, el
resultado de aquella actuación, en el acta final de la citada visita domiciliaria.
IX. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará
citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente; si no se presentare, el acta final se
levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento, cualquiera de los visitadores que
haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán
el acta, de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los
testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la
diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la misma sin que esto afecte
la validez y valor probatorio del acta.
ARTÍCULO 418.- En los casos en que al practicarse una visita, auditoría, inspección o revisión, los propietarios o
encargados no permitan el inicio de la misma o durante su desarrollo impidan a los visitadores el acceso a los
locales o dependencias o se nieguen a exhibir la documentación contenida en archiveros, escritorios y demás
mobiliario de oficina, quienes practiquen la diligencia sellarán los locales, oficinas, vehículos o muebles cuya
inspección no se permita. Los sellos se levantarán inmediatamente que los propietarios o encargados proporcionen
los medios para la práctica de la visita, auditoría, inspección o revisión de que se trate.
ARTÍCULO 419.- Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación conozcan de hechos u
omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas
mediante resolución.
ARTÍCULO 420.- Las autoridades fiscales podrán emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que
juzguen eficaces, para hacer cumplir sus determinaciones:
(REFORMADA, P.O. 17 DE MARZO DE 2017)
I. La multa de diez hasta cien unidades de medida y actualización.
II. El auxilio de la fuerza pública.
79
III. La denuncia respectiva ante el Ministerio Público o autoridad competente por desobediencia a un mandato
legítimo de autoridad.
ARTÍCULO 421.- En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten
datos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a la siguiente:
Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:
a). Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el curso de una visita, deberán
presentarse de inmediato.
b). Seis días contados a partir del siguiente a aquél en que se le notificó la solicitud respectiva, cuando los
documentos sean de los que deba tener en su poder el contribuyente y se les soliciten durante el desarrollo de
una visita.
c). Diez días contados a partir del siguiente a aquél en que se le notificó la solicitud respectiva, en los demás
casos.
Los plazos a que se refiere este inciso, se podrán ampliar discrecionalmente por las autoridades fiscales por
seis días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.
ARTÍCULO 422.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros,
informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus
facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:
I. La solicitud se notificará en el domicilio manifestando ante el registro de contribuyentes por la persona a quien
va dirigida y en su defecto, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación, o
lugar donde éstas se encuentren.
II. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por las personas a quien se dirigirá
la solicitud o por su representante.
III. La resolución que determine las contribuciones omitidas se notificará en el lugar señalado en la fracción I de
este artículo.
Los informes, datos o documentos a que se refiere este artículo, se deberán presentar en los plazos establecidos en
el artículo anterior.
CAPÍTULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
SECCIÓN I
DEL REQUERIMIENTO DE PAGO
ARTÍCULO 423.- Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o
garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
También se exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución de acuerdo con las disposiciones
de este código, tratándose de:
I. La responsabilidad civil en que incurran quienes manejen fondos públicos del municipio.
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II. Las fianzas constituidas por disposición de la ley o por acuerdo de las autoridades judiciales o administrativas
cuando sean exigibles y cuyo cobro ordene la autoridad competente.
ARTÍCULO 424.- Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la tramitación de los recursos
administrativos o del juicio contencioso administrativo, cuando lo solicite el interesado y garantice el crédito fiscal de
que se trate, los recargos y los accesorios legales. La suspensión podrá ser solicitada dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto cuya ejecución se suspende, ante la Tesorería
Municipal acompañando copia sellada del escrito con el que hubiere iniciado el recurso administrativo o el juicio de
que se trate.
Constituida la garantía, se suspenderá el procedimiento hasta que se comunique la resolución definitiva en el
recurso o juicio respectivo.
Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto
administrativo cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos
correspondientes.
ARTÍCULO 425.- Para los efectos de la fracción IV del artículo 389 de este código, el embargo en la vía
administrativa se sujetará a las siguientes reglas:
I. Se practicará a solicitud del contribuyente.
II. El contribuyente señalará los bienes en que deba trabarse, debiendo ser suficientes para garantizar el interés
fiscal.
III. Tratándose de personas físicas, el contribuyente será el depositario y en el caso de personas morales el
representante legal.
IV. Deberá inscribirse en el Registro Público, cuando proceda.
V. Los gastos de ejecución deberán cubrirse con anticipación a la práctica de la diligencia.
ARTÍCULO 426.- Se podrá practicar embargo precautorio para asegurar el interés fiscal, antes de la fecha en que el
crédito fiscal esté determinado o sea exigible, cuando a juicio de la autoridad hubiere peligro de que el obligado se
ausente, enajene u oculte sus bienes, o realice cualquier maniobra tendente a evadir el cumplimiento. Si el pago se
hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y
se levantará el embargo.
ARTÍCULO 427.- En ningún caso el fisco municipal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de
quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades
fiscales municipales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento
administrativo de ejecución.
ARTÍCULO 428.- Las controversias que surjan entre el fisco municipal y otros fiscos relativas al derecho de
preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales, se resolverán por las autoridades competentes, tomando en
cuenta las garantías constituidas y conforme a las siguientes reglas:
I. La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por impuestos sobre la propiedad raíz,
tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de éstos.
II. En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer embargante, según
inscripción en el Registro Público cuando así proceda.
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SECCIÓN II
DEL EMBARGO
ARTÍCULO 429.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus
accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de no hacerlo en el acto, procederán como sigue:
I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en
favor del fisco.
II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante
la intervención de ella, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.
El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género, se inscribirá en el registro
público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate.
Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más
oficinas del registro público que corresponda, en todas ellas se inscribirá el embargo.
Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades, o por error
aritmético en las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la
fecha que surta sus efectos la notificación del requerimiento.
ARTÍCULO 430.- Constituido el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora en el domicilio del deudor,
practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes con el deudor o su representante legal o,
en su defecto, con cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 364 y al concluir la diligencia dejará copia
del acta de embargo.
ARTÍCULO 431.- El deudor o la persona con quien se entienda la diligencia, tendrá derecho a que en ésta
intervengan dos testigos y a señalar los bienes que deban embargarse, siempre que se sujeten al orden siguiente:
I. Dinero y metales preciosos.
II. Bienes raíces.
III. Acciones, bonos, títulos o valores y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de empresas e
instituciones particulares de reconocida solvencia.
IV. Alhajas y objetos de arte.
V. Frutos o rentas de toda especie.
VI. Bienes muebles no comprendidos en los incisos anteriores.
VII. Negociaciones comerciales, industriales o agrícolas.
VIII. Créditos o valores no realizables en el acto.
ARTÍCULO 432.- El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior:
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I. Si el deudor no ha señalado bienes o no son suficientes a juicio del mismo ejecutor o no ha seguido el orden
establecido al hacer la designación.
II. Si el deudor, teniendo otros bienes susceptibles de embargo señalare:
a). Bienes ubicados fuera de la jurisdicción del municipio.
b). Bienes que reporten cualquier gravamen real.
c). Bienes de fácil descomposición o deterioro, o materiales inflamables.
ARTÍCULO 433.- Si al designarse bienes para el embargo se opusiere un tercero fundándose en el dominio de
ellos, no se practicará embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba documental suficiente a
juicio del ejecutor. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y deberá ser sometida a ratificación en
todos los casos por la oficina ejecutora, a la que deberán allegarse los documentos exhibidos en el momento de la
oposición. Si a juicio de la ejecutora las pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con la
diligencia y, de embargarse los bienes, notifique al interesado que puede hacer valer el recurso de oposición al
procedimiento administrativo de ejecución, en los términos de este código.
ARTÍCULO 434.- La diligencia se llevará a cabo aún cuando los bienes que hayan señalado el deudor o el ejecutor,
en su caso, estén embargados por otras autoridades. Informada la oficina exactora de esta circunstancia, dará aviso
a dichas autoridades del embargo practicado para los efectos a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 435.- Si al estarse practicando la diligencia de embargo el deudor hiciere pago del adeudo y sus
accesorios, el ejecutor la suspenderá y expedirá el recibo correspondiente.
ARTÍCULO 436.- Quedan exceptuados de embargo:
I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares.
II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor.
III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se
dedique el deudor.
IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto fueren necesarios para su actividad
ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella
están destinados.
V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes.
VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras.
VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste.
VIII. Los derechos de uso o de habitación.
IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su inscripción en el Registro Público.
X. Los sueldos y salarios.
XI. Las pensiones de cualquier tipo.
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ARTÍCULO 437.- Los embargos podrán ampliarse a otros bienes del deudor en cualquier momento del
procedimiento de ejecución cuando los embargados no basten para garantizar las prestaciones fiscales insolutas y
los vencimientos inmediatos.
ARTÍCULO 438.- Si el deudor o cualquier otra persona impidiere materialmente al ejecutor el acceso al domicilio o
lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el ejecutor solicitará el auxilio de la policía o
de otra fuerza pública para llevar adelante el procedimiento de ejecución.
Si durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas de las construcciones,
edificios o casas señalados para la traba o en los que se presuma que existen bienes muebles embargables, el
ejecutor, previo acuerdo fundado del jefe de la oficina ejecutora, hará que ante dos testigos sean rotas las
cerraduras que fuere necesario, para que el depositario tome posesión de los bienes embargados.
ARTÍCULO 439.- Cuando las autoridades fiscales embarguen bienes para garantizar las prestaciones pendientes de
pago, el ejecutor nombrará en el mismo acto de la diligencia, salvo disposición expresa en contrario, los depositarios
que fueren necesarios, poniendo bajo su responsabilidad y guarda los bienes embargados, previo inventario de los
mismos.
ARTÍCULO 440.- El jefe de la oficina exactora, bajo su responsabilidad, podrá nombrar y remover libremente a los
depositarios de los bienes embargados, independientemente de la designación que al efecto realice el ejecutor.
ARTÍCULO 441.- Cuando el embargo recaiga sobre negociaciones el depositario tendrá el carácter de interventor
con cargo a la caja, o de administrador, según se requiera.
El nombramiento de interventor administrador deberá inscribirse en el Registro Público correspondiente.
ARTÍCULO 442.- El depositario, sea interventor con cargo a la caja o interventor administrador, desempeñará su
cargo dentro de las normas jurídicas aplicables con todas las facultades y responsabilidades inherentes y tendrá en
particular, las siguientes obligaciones:
I. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la negociación intervenida y entregar su importe en la
caja de la oficina exactora a medida que se efectúe la recaudación.
El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. Cuando se den los supuestos de la
enajenación de la negociación intervenida, se procederá al remate de conformidad con las disposiciones de
este código.
II. El interventor administrador deberá erogar los gastos de administración, previa aprobación de la oficina
exactora, cuando sean depositarios administradores o ministrar el importe de tales gastos, con la comprobación
procedente si sólo fueren depositarios interventores.
III. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina recaudadora.
IV. Dictar las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger los intereses del fisco, cuando
tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de las negociaciones sujetas a embargo, de lo que dará
cuenta a la oficina exactora para que la ratifique o modifique.
ARTÍCULO 443.- Si las medidas urgentes que dicten los depositarios interventores, en los casos a que se refiere la
fracción IV del artículo anterior, no fueren acatadas por el deudor o por el personal de la negociación embargada, la
oficina ejecutora ordenará de plano que el depositario interventor se convierta en administrador o sea sustituido por
un depositario administrador que tomará posesión de su cargo de inmediato.
ARTÍCULO 444.- El embargo de bienes se levantará y terminará:
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I. Cuando el crédito fiscal se hubiere pagado.
II. Cuando las autoridades fiscales hayan enajenado los bienes o negociación objeto de embargo.
III. Cuando se hubiere dejado sin efectos el crédito fiscal por resolución firme.
ARTÍCULO 445.- Procede la enajenación de la negociación intervenida cuando lo recaudado en tres meses no
cubra el 24% del crédito fiscal, salvo que se trate de negocios que obtengan sus ingresos en un determinado
período del año, en cuyo caso el porcentaje será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón del
8% mensual.
SECCIÓN III
DEL REMATE
ARTÍCULO 446.- La enajenación de bienes embargados procederá:
I. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaída en los medios de defensa que hubieren
hecho valer.
II. Cuando el embargado no proponga comprador antes del día en que se finque el remate, o proponiéndolo no
garantice el valor que se les haya señalado a los bienes.
III. A partir del día siguiente en que se haya hecho el avalúo ya sea de bienes inmuebles o de negociaciones.
ARTÍCULO 447.- La base para la enajenación de los bienes embargados será el avalúo de los mismos.
La oficina exactora nombrará un perito para hacer el avalúo correspondiente y se lo hará saber al interesado, quien
podrá recurrirlo a través del recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución y al hacerlo designará
perito de su parte.
En caso de discrepancia de avalúos se designará un tercero de común acuerdo, y si persiste la discrepancia, se
tendrá como base para hacer el remate el avalúo del perito designado de común acuerdo en último término.
El recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución deberá reunir los requisitos establecidos en
este código, el cual deberá hacerse valer dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efecto la
notificación del avalúo.
ARTÍCULO 448.- Para proceder al remate de bienes inmuebles se obtendrá del Registro Público de la Propiedad un
certificado de gravámenes que reporte los últimos 10 años.
Los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes a que alude este artículo, serán citados para el acto
del remate y en caso de no ser posible, por ignorarse el domicilio, se tendrá como citación la que se haga en la
convocatoria en que se anuncie el remate en la que deberá expresarse el nombre de los acreedores.
Los acreedores que se mencionan en el párrafo que antecede y que concurran al remate, podrán hacer las
observaciones que estimen del caso, las cuales serán resueltas por la autoridad ejecutora en el acto de la diligencia.
ARTÍCULO 449.- Mientras no se finque el remate el deudor puede hacer el pago de las cantidades reclamadas, de
los vencimientos ocurridos y de los gastos de ejecución, en cuyo caso se levantará el embargo administrativo.
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ARTÍCULO 450.- Salvo los casos que este código autoriza, toda enajenación se hará en subasta pública que se
realizará en el local de la oficina ejecutora, con excepción de los casos en que la autoridad designe lugar distinto
para tal efecto, si con la medida se puede obtener mayor rendimiento del remate.
ARTÍCULO 451.- Los bienes embargados podrán enajenarse fuera del remate cuando se den los siguientes
supuestos:
I. Cuando el embargado presente comprador antes del día que se finque el remate, o se enajenen o adjudiquen
los bienes a favor del fisco, siempre y cuando el precio en que se vendan cubra el valor que se haya señalado
a los bienes embargados mediante el avalúo correspondiente.
II. Cuando los bienes embargados sean de fácil descomposición o deterioro, o en su caso de materiales
inflamables, siempre y cuando dichos bienes no puedan guardarse o depositarse en lugares apropiados para
su conservación dentro de la misma localidad.
III. Cuando se trate de bienes que habiendo salido a remate en primera almoneda, no se hubieren presentado
postores.
ARTÍCULO 452.- Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se fijará nueva fecha y hora para
que, dentro de los diez días siguientes, se lleve a cabo una segunda almoneda, cuya convocatoria se hará conforme
a lo dispuesto en el artículo siguiente.
La base para el remate en la segunda almoneda se determinará deduciendo un 20% de lo señalado para la primera.
En caso de no fincarse el remate en la segunda almoneda, se considerará que el bien fue enajenado en un 50% del
valor del avalúo, aceptándose como dación en pago para el efecto de que la autoridad pueda adjudicárselo,
enajenarlo o donarlo para obras o servicios públicos, o a las instituciones asistenciales o de beneficencia de la
localidad.
ARTÍCULO 453.- El remate deberá ser convocado para una fecha fijada dentro de los 30 días siguientes a aquélla
en que se determinó el precio que deberá servir de base. La publicación de la convocatoria se hará cuando menos
10 días antes del remate, fijándose para tal efecto en un sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en lugares
públicos, de así estimarse conveniente.
(REFORMADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2017)
En los casos en que el valor de los bienes exceda de una cantidad equivalente a cinco unidades de medida y
actualización elevadas al año, la convocatoria se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno
de los periódicos de mayor circulación, por una sola vez, cuando menos diez días antes de la fecha del remate.
ARTÍCULO 454.- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el
remate. En todo caso, cualquier postura deberá ofrecerse de contado en la parte suficiente para cubrir el interés
fiscal; si éste es superado por la base fijada para el remate, la diferencia podrá reconocerse en favor del ejecutado
de acuerdo con las condiciones que pacten este último y el postor.
Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se rematarán de contado los bienes embargados.
ARTÍCULO 455.- Las posturas deberán presentarse por escrito en el que se contenga:
I. Tratándose de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor, y en su caso, la clave del
registro federal de contribuyentes. Si se tratare de una persona moral, deberán señalarse los datos principales
de su constitución, el nombre o razón social, la clave del registro federal de contribuyentes y su domicilio fiscal.
II. Las cantidades que se ofrezcan y la forma de pago.
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Al escrito en que se haga la postura se acompañará necesariamente un certificado de depósito de por lo menos el
10% del valor fijado a los bienes en la convocatoria; dicho documento deberá ser expedido por institución autorizada
para tal efecto. En las poblaciones donde no haya alguna de esas instituciones, el depósito se hará de contado en la
oficina ejecutora.
ARTÍCULO 456.- Después de fincado el remate, previa orden de la autoridad ejecutora, se devolverán los
certificados de depósito o las cantidades depositadas en la propia oficina a los postores, excepto el que corresponda
al admitido, pues en dicho caso su valor constituirá garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso, como
parte del precio de venta.
ARTÍCULO 457.- El día y hora señalados en la convocatoria, el jefe de la oficina ejecutora, hará saber a los
presentes cuáles posturas fueron calificadas como legales y cuál es la mejor de ellas, concediéndose plazos
sucesivos de cinco minutos a cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada.
El jefe de la oficina ejecutora fincará el remate en favor de quien hubiere hecho la mejor postura.
Si en la última postura se ofrece igual suma de contado, por dos o más licitantes, se designará por suerte la que
deba aceptarse.
ARTÍCULO 458.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla con las obligaciones
contraídas, perderá el importe del depósito que hubiere constituido y la exactora lo aplicará de inmediato en favor
del erario municipal. En este caso se reanudarán las almonedas en la forma y plazos establecidos en los artículos
respectivos.
ARTÍCULO 459.- Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido, debiendo el postor
dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, entregar en la caja de la oficina ejecutora el saldo de la
cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resultare de las mejoras.
Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad ejecutora
procederá a entregarle los bienes que le hubiere adjudicado.
ARTÍCULO 460.- Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones se aplicará el depósito constituido, y
dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará a la caja de la oficina ejecutora el saldo
de la cantidad ofrecida en su postura o la que resultare de las mejoras.
Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y designado en su caso el notario por el postor, se citará al
ejecutado para que, dentro del plazo de diez días otorgue y firme la escritura de venta correspondiente, apercibido
de que si no lo hace, el jefe de la oficina ejecutora lo hará en su rebeldía.
El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos.
ARTÍCULO 461.- Una vez que se otorgue y firme la escritura en la que conste la adquisición del inmueble, el jefe de
la oficina exactora dispondrá que se entregue al adquirente, dando las órdenes necesarias aún las de desocupación
si estuviera habitado por el ejecutado o por terceros que no tuvieren forma de acreditar legalmente el uso.
ARTÍCULO 462.- Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libres de gravámenes, por lo que a fin de que
éstos se cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad ejecutora lo comunicará al registro público que
corresponda en un plazo no mayor de quince días.
ARTÍCULO 463.- El fisco tendrá preferencia para adjudicarse en cualquier almoneda, los bienes sacados a remate:
I. A falta de postores, por la base de la postura legal que habría de servir para la almoneda siguiente.
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II. A falta de pujas, por la base de la postura legal no mejorada.
III. En caso de posturas o pujas iguales, por la cantidad en que se haya producido el empate.
ARTÍCULO 464.- Causarán abandono en favor del fisco los bienes a disposición de las autoridades fiscales, en los
siguientes casos:
I. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se retiren del lugar en que se
encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición.
II. Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia favorable que ordene
su devolución derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieren rematado,
enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren dentro de dos meses
contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición del interesado.
III. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados después de transcurridos dieciocho meses de
practicado el embargo y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto ningún medio de defensa.
Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del interesado, a partir del día siguiente a aquel en que se
le notifique la resolución correspondiente.
Cuando los bienes embargados hubieren causado abandono, las autoridades fiscales notificarán personalmente o
por correo certificado con acuse de recibo a los propietarios de los mismos, que ha transcurrido el plazo de
abandono y que cuentan con quince días para retirar los bienes, previo pago del costo de almacenaje causado. En
los casos en que no se hubiere señalado domicilio o el señalado no corresponda a la persona, la notificación se
efectuará a través de estrados.
Los bienes que pasen a propiedad del fisco estatal o municipal conforme a este artículo, podrán ser enajenados en
los términos de este Código o donarse para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de
beneficencia autorizadas conforme a las leyes de la materia.
El producto de la venta se destinará a pagar los cargos originados por el manejo, almacenaje, custodia y gastos de
venta de los citados bienes en los términos que mediante reglas establezcan las autoridades fiscales competentes.
IV. Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en depósito o en poder de la autoridad y los
propietarios de los mismos no los retiren dentro de dos meses, contados a partir de la fecha en que se pongan
a su disposición.
ARTÍCULO 465.- Los plazos de abandono a que se refiere el artículo anterior se interrumpirán:
I. Por la interposición de algún medio de defensa que proceda.
El medio de defensa sólo interrumpirá los plazos de que se trata, cuando la resolución definitiva que recaiga no
confirme, en todo o en parte, la que se impugnó.
II. Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de los bienes a los interesados.
ARTÍCULO 466.- Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre que se trate de la
misma contribución, y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden:
I. Los gastos de ejecución.
II. Recargos.
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III. Multas.
IV. Las contribuciones, productos y aprovechamientos que dieron lugar al embargo.
ARTÍCULO 467.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo
un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de
gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indica:
I. Por el requerimiento.
II. Por la de embargo, incluyendo el que se efectúe en forma precautoria y el realizado en la vía administrativa.
III. Por la del remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al Fisco Municipal.
(REFORMADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2017)
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito fiscal sea inferior a dos unidades de medida y
actualización, se cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito.
(REFORMADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2017)
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las
erogaciones extraordinarias, podrán exceder de la cantidad equivalente a una unidad de medida y actualización,
elevada al año.
Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo del
procedimiento administrativo de ejecución los que únicamente comprenderán los de transporte de los bienes
embargados; de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de inscripciones o cancelaciones
en el registro público a que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de libertad de gravámenes,
los honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las personas que contraten los
inspectores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios.
Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse con los demás créditos
fiscales, salvo que se interponga el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución.
ARTÍCULO 468.- Los excedentes del producto del remate que hubiere después de haberse cubierto el crédito, se
entregarán al deudor, salvo que medie orden de autoridad competente o que el propio deudor acepte por escrito que
se entregue total o parcialmente el saldo a un tercero.
En caso de conflicto, el remanente quedará depositado ante la propia ejecutora, hasta en tanto las autoridades
competentes resuelvan lo procedente.
TÍTULO TERCERO
DE INFRACCIONES, SANCIONES Y DE LOS DELITOS
EN MATERIA FINANCIERA
CAPÍTULO PRIMERO
EN MATERIA DE INGRESOS
SECCIÓN I
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
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ARTÍCULO 469.- Las autoridades fiscales municipales tendrán facultades para determinar que se ha cometido una
infracción de las enunciadas en este capítulo y para imponer las sanciones procedentes que establezca este código.
La aplicación de las sanciones administrativas que procedan, se hará sin perjuicio de que se exijan las obligaciones
fiscales respectivas, y de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad
penal.
ARTÍCULO 470.- En cada infracción de las señaladas en este código, se aplicarán las sanciones correspondientes,
conforme a las reglas siguientes:
I. La autoridad fiscal, al imponer la sanción que corresponda, tomará en cuenta la importancia de la infracción, las
condiciones del contribuyente y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, tanto para evadir la
prestación fiscal, como para infringir en cualquiera otra forma, las disposiciones legales o reglamentarias.
II. La autoridad fiscal deberá fundar y motivar debidamente su resolución siempre que imponga sanciones.
III. Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar la multa que se le imponga.
ARTÍCULO 471.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera
de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza
mayor o caso fortuito. Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que:
I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales.
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieren
notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por
las mismas, tendiente a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales.
Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los funcionarios o empleados
públicos o a los notarios o corredores titulados, los accesorios serán a cargo exclusivamente de ellos, y los
contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por
inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los contribuyentes a quién determinó las contribuciones, los
accesorios serán a cargo de los contribuyentes.
ARTÍCULO 472.- Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los sujetos pasivos de una obligación fiscal:
I. No pagar los créditos fiscales dentro de los plazos señalados por las leyes fiscales.
II. Eludir el pago de créditos fiscales mediante inexactitudes, simulaciones, falsificaciones, omisiones u otras
maniobras semejantes.
III. No cumplir con las obligaciones que señalan las disposiciones fiscales de inscribirse o registrarse o hacerlo
fuera de los plazos legales; no citar su número de registro municipal en las declaraciones, manifestaciones,
solicitudes o gestiones que hagan ante cualesquiera oficina o autoridad.
IV. No presentar, o hacerlo extemporáneamente, los avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias,
libros o documentos que prevengan las disposiciones fiscales o no aclararlos cuando las autoridades fiscales lo
soliciten.
V. Presentar los avisos, declaraciones, solicitudes, datos, libros, informes, copias, o documentos a que se refiere
la fracción anterior, alterados, falsificados, incompletos o con errores que traigan consigo la evasión de una
obligación fiscal.
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VI. Faltar a la obligación de extender o exigir recibos, facturas o cualesquiera documentos que señalen las leyes
fiscales.
VII. Resistirse por cualquier medio, a las visitas de auditoría o de inspección; no suministrar los datos e informes
que legalmente puedan exigir los auditores o inspectores; no mostrar los registros, documentos, facturas de
compra o venta de bienes o mercancías; impedir el acceso a los almacenes, depósitos o bodegas o cualquier
otra dependencia y, en general, negarse a proporcionar los elementos que requieran para comprobar la
situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de la visita.
VIII. Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables dejando
de pagar las contribuciones.
IX. No contar con la licencia y la autorización anual correspondiente para la colocación de anuncios publicitarios.
X. No dar aviso de cambio de domicilio de los establecimientos en donde se enajenan bebidas alcohólicas, así
como el cambio del nombre del titular de los derechos de la licencia para el funcionamiento de dichos
establecimientos.
XI. Enajenar bebidas alcohólicas sin contar con la licencia o autorización o su refrendo anual correspondiente.
ARTÍCULO 473.- Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los jueces, encargados de los registros
públicos, notarios, corredores y en general a los funcionarios que tengan fe pública:
I. Expedir testimonios de escrituras, documentos o minutas cuando no estén pagadas las contribuciones
correspondientes.
II. Inscribir o registrar documentos, instrumentos o libros, sin la constancia de haberse pagado el gravamen
correspondiente.
III. No proporcionar informes o datos, no exhibir documentos cuando deban hacerlo en el plazo que fijen las
disposiciones fiscales o cuando lo exijan las autoridades competentes, o presentarlos incompletos o inexactos.
IV. Proporcionar los informes, datos o documentos a que se refiere la fracción anterior, alterados o falsificados.
V. Extender constancia de haberse cumplido con las obligaciones fiscales en los actos en que intervengan,
cuando no proceda su otorgamiento.
VI. Resistirse por cualquier medio, a las visitas de auditores o inspectores. No suministrar los datos o informes que
legalmente puedan exigir los auditores o inspectores. No mostrarles los libros, documentos, registros y, en
general, los elementos necesarios para la práctica de la visita.
ARTÍCULO 474.- Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los funcionarios y empleados públicos:
I. Extender actas, legalizar firmas, expedir certificados o certificaciones, autorizar documentos o inscribirlos o
registrarlos, sin estar cubiertos los impuestos o derechos que en cada caso procedan o cuando no se exhiban
las constancias respectivas.
II. Alterar documentos fiscales que tengan en su poder.
III. Asentar falsamente que se dio cumplimiento a las disposiciones fiscales o que se practicaron visitas de
auditoría o inspección o incluir datos falsos en las actas relativas.
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IV. Faltar a la obligación de guardar secreto respecto de los asuntos que conozca, revelar los datos declarados por
los contribuyentes o aprovecharse de ellos.
V. Facilitar o permitir la alteración de las declaraciones, avisos o cualquier otro documento. Cooperar en cualquier
forma para que se eludan las prestaciones fiscales.
VI. Practicar visitas domiciliarias, de auditoría, inspecciones o verificaciones sin que exista orden emitida por
autoridad competente.
ARTÍCULO 475.- Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros:
I. Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre negociaciones ajenas o percibir a nombre propio ingresos
gravables que correspondan a otra persona, cuando esto último origine la evasión de impuestos.
II. No proporcionar avisos, informes, datos o documentos o no exhibirlos en el plazo fijado por las disposiciones
fiscales o cuando las autoridades lo exijan con apoyo en sus facultades legales. No aclararlos cuando las
mismas autoridades lo soliciten.
III. Presentar los avisos, informes, datos o documentos de que se habla en la fracción anterior, alterados,
falsificados, incompletos o inexactos.
IV. Resistirse por cualquier medio a las visitas domiciliarias, no suministrar los datos e informes que legalmente
puedan exigir los visitadores, no mostrar los libros, documentos, registros, bodegas, depósitos, locales o cajas
de valores y, en general, negarse a proporcionar los elementos que se requieran para comprobar la situación
fiscal de los contribuyentes con quienes haya efectuado operaciones, en relación con el objeto de la visita.
ARTÍCULO 476.- Dentro de los límites fijados por las Leyes de Ingresos, las autoridades fiscales al imponer multas
por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, deberán fundar y motivar su resolución y tener
en cuenta lo siguiente:
I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la reincidencia:
a). Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones,
incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la
comisión de una infracción que tenga la consecuencia mencionada.
b). Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la segunda o
posteriores veces que se sancione al infractor por la misma infracción.
II. También será agravante cuando en la comisión de una infracción, se haga uso de documentos falsos.
III. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada.
En los casos previstos en este artículo las multas se aumentarán:
a). En un 20% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cada vez que el infractor
haya reincidido o cuando se trate de la agravante señalada en la fracción III de este artículo.
b). En un 60% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando en la comisión de
la infracción se haga uso de documentos falsos.
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ARTÍCULO 477.- El monto de la sanción correspondiente a cada una de las infracciones establecidas en los
artículos 463 al 470 de este código, será el que se establezca anualmente en las Leyes de Ingresos de los
Municipios.
SECCIÓN II
DE LOS DELITOS
ARTÍCULO 478.- Para proceder penalmente por los delitos previstos en este capítulo, será necesario que el
Tesorero Municipal declare previamente que el fisco ha sufrido o pudo sufrir perjuicio.
ARTÍCULO 479.- En todo lo no previsto en el presente capítulo, serán aplicables las reglas consignadas en el
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO 480.- En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria; las autoridades
administrativas, con apoyo en las leyes fiscales, harán efectivos los impuestos evadidos y las sanciones
correspondientes.
Para que proceda la condena condicional cuando se incurra en delitos fiscales, además de los requisitos señalados
en el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, será necesario acreditar que el interés fiscal esté pagado o
garantizado.
ARTÍCULO 481.- Se impondrá prisión de tres meses a tres años, a los funcionarios o servidores públicos que
practiquen o pretendan practicar revisiones, inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias sin mandamiento
escrito de la autoridad fiscal competente.
ARTÍCULO 482.- Se impondrá de tres a doce años de prisión a quien:
I. Grabe o manufacture sin autorización de la Tesorería Municipal, matrices, punzones, dados, clichés o
negativos semejantes a los que la propia tesorería use para imprimir, grabar o troquelar cualquier comprobante
de pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como medio de control fiscal.
II. Imprima, grabe o troquele tarjetones o comprobantes de pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen
oficialmente como medio de control fiscal, sin la previa autorización por escrito de la Tesorería Municipal.
III. Altere en sus características las formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones, o comprobantes de
prestaciones fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como medio de control fiscal.
IV. Use sin derecho formas valoradas en beneficio propio o de un tercero obteniendo algún beneficio económico.
ARTÍCULO 483.- Comete delito de uso de formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones o cualesquiera otros
medios de control fiscal falsificados:
I. El particular o servidor público que con conocimiento de que fueron impresos o grabados sin autorización de la
Tesorería Municipal, los posea, venda, ponga en circulación o, en su caso, adhiera en documentos, objetos o
libros, para el pago u ostentación del mismo de alguna prestación fiscal.
II. Quien venda, utilice o ponga en circulación o en alguna otra forma comercie con dichos objetos, si son
manufacturados con fragmentos o recortes de otros.
ARTÍCULO 484.- El delito tipificado en el artículo que antecede será sancionado con prisión de seis meses a tres
años. Al empleado público que en cualquier forma participe en el delito citado se le impondrá de uno a cinco años de
prisión.
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ARTÍCULO 485.- Comete el delito de defraudación fiscal quien haga uso de engaños o aproveche errores para omitir
total o parcialmente el pago de alguna contribución.
ARTÍCULO 486.- La pena que corresponde al delito de defraudación se impondrá también a quien:
I. Mediante la simulación de actos jurídicos omita total o parcialmente el pago de las contribuciones a su cargo.
II. Consigne en las declaraciones que presente para fines fiscales, ingresos o utilidades menores a los realmente
obtenidos.
III. Proporcione con falsedad a las autoridades fiscales que los requieran, datos que obren en su poder y que sean
necesarios para determinar las contribuciones.
(REFORMADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2017)
ARTÍCULO 487.- El delito de defraudación fiscal se sancionará con prisión de tres meses a dos años si el monto de
lo defraudado o que se intentó defraudar es inferior a dos unidades de medida y actualización elevadas al año; con
prisión de dos a cuatro años, si dicho monto equivale a más de dos unidades de medida y actualización elevadas al
año.
ARTÍCULO 488.- Cuando los procesados a que se refiere esta Sección paguen las contribuciones originadas por los
hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a
satisfacción de la propia Tesorería. Se extinguirá la acción penal.
ARTÍCULO 489.- Comete el delito de rompimiento de sellos en materia fiscal quien, sin autorización legal, altere o
destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con finalidad fiscal, o impida por medio de
cualquier maniobra, que se logre el propósito para el que fueron colocados.
(REFORMADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2017)
ARTÍCULO 490.- Al que cometa el delito de rompimiento de sellos se le impondrá la pena de dos meses a seis años
de prisión y multa de cien a doscientas unidades de medida y actualización.
ARTÍCULO 491.- La acción penal de los delitos fiscales perseguibles por querella previa declaratoria de perjuicio del
Tesorero Municipal, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Tesorería tenga conocimiento del
delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años los que se computarán a partir de la fecha de la
comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
Las prevenciones del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza y del Código de Procedimientos Penales
del Estado de Coahuila de Zaragoza, serán aplicables a este título, con relación a los beneficios por faltas penales
de penalidad alternativa para efectos procesales, sin perjuicio de las demás disposiciones que les sean aplicables.
TÍTULO CUARTO
DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA FISCAL
CAPÍTULO PRIMERO
DEL JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 492.- En contra de los actos que con carácter definitivo emitan las autoridades administrativas o fiscales
del Municipio, procederá el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que se
substanciará y resolverá conforme al procedimiento que establezca la ley correspondiente.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FISCALES
ARTÍCULO 493.- En contra de los actos administrativos emitidos por las autoridades municipales proceden los
siguientes recursos:
I. De revocación.
II. De oposición al procedimiento administrativo de ejecución.
III. De nulidad de notificaciones.
ARTÍCULO 494.- Es improcedente el recurso cuando se hagan valer contra actos administrativos:
I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente.
II. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de éstas o de sentencias.
III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento cuando no se promoviere recurso alguno en el
plazo señalado.
V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente.
ARTÍCULO 495.- El recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas que:
I. Determinen contribuciones o accesorios.
II. Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley.
III. Las demás que sean definitivas y tengan el carácter de multas no fiscales emitidas por autoridades
administrativas del Municipio.
ARTÍCULO 496.- La interposición del recurso de revocación será de carácter optativo antes de acudir el interesado
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Una vez elegido cualesquiera de estos medios de defensa,
el interesado deberá intentar la misma vía si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o
consecuencia del otro, a excepción de las resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos
administrativos.
ARTÍCULO 497.- El recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución procederá en contra de los
actos que:
I. Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es
inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina ejecutora o se refiera a recargos o
gastos de ejecución.
II. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la
ley.
III. Afecten el interés jurídico de terceros en los casos a que se refiere el artículo 503 de este código.
IV. Determinen el valor de los bienes embargados.
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ARTÍCULO 498.- El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones o titular de los derechos
embargados, podrá hacer valer el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución en cualquier
tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco
municipal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los créditos
fiscales municipales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir
el crédito fiscal.
ARTÍCULO 499.- El recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución se hará valer ante la oficina
ejecutora y no podrá discutirse en el mismo la validez del acto administrativo en que se haya determinado el crédito
fiscal.
No procederá este recurso contra actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de
obligaciones fiscales a cargo de terceros.
ARTÍCULO 500.- Cuando el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución se interponga porque
éste no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate sólo podrán hacerse valer hasta el momento
de la convocatoria en primera almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente
inembargables, o de actos de imposible reparación material, en cuyo caso el recurso podrá interponerse contra el
acta en que conste la diligencia de embargo, caso en el que el plazo para interponer el recurso se computará a partir
del día siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día siguiente al de la
diligencia de embargo.
Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta de bienes
fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera
de subasta.
ARTÍCULO 501.- El recurso de nulidad de notificaciones procederá en contra de las que se hagan en contravención
de las disposiciones legales.
ARTÍCULO 502.- La interposición del recurso de nulidad de notificaciones suspenderá los plazos para el ejercicio
tanto de las facultades de las autoridades fiscales, como de los derechos de los particulares, hasta en tanto se
resuelva el recurso.
La declaratoria de nulidad de la notificación, traerá como consecuencia la nulidad de las actuaciones hechas con
base en la notificación anulada y que tengan relación con ella.
En tanto se resuelve este recurso, quedará en suspenso el término legal para impugnar la resolución de fondo.
Cuando ya se haya iniciado juicio contencioso, será improcedente este recurso y se hará mediante ampliación de la
demanda respectiva.
ARTÍCULO 503.- Con excepción del recurso de revocación, los demás recursos que establezca el presente código
deberán agotarse previamente a la interposición de juicio contencioso administrativo.
ARTÍCULO 504.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió o ejecutó el
acto impugnado, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos su notificación.
Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo,
se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiera aceptado el cargo de representante de la sucesión.
ARTÍCULO 505.- El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los siguientes requisitos:
96
I. El nombre, la denominación o razón social, según sea persona física o moral y el domicilio fiscal.
II. La autoridad a que se dirige.
III. El domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para tal efecto.
IV. El acto que se impugna.
V. Los agravios que cause el acto impugnado.
VI. Las pruebas que se ofrezcan y los hechos controvertidos de que se trate.
VII. La firma de quien promueve.
Cuando el escrito no contenga los requisitos a que se refieren las fracciones V y VII de este artículo, el recurso se
desechará de plano; si las omisiones consisten en los requisitos de las fracciones I y IV, la autoridad fiscal requerirá
al promovente para que en el plazo de 5 días los cubra y en caso de incumplimiento se tendrá por no presentado el
recurso.
En caso de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, las mismas se efectuarán por estrados.
Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de los interesados deberá recaer en licenciado en
derecho.
No será aplicable lo dispuesto en este párrafo si la gestión se realiza en nombre de una persona moral en los
términos de la ley que lo regula y conforme a sus estatutos, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de
profesiones.
Cuando no se haga alguno de los señalamientos anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que en
el plazo de cinco días los indique; en caso de incumplimiento, se tendrá por no presentado el recurso.
ARTÍCULO 506.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso:
I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe en nombre de otros o de personas morales
II. El documento en que conste el acto impugnado.
III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo protesta de decir
verdad que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse
de recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última
publicación y el órgano en que ésta se hizo.
IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.
Cuando el interesado no hubiere podido obtener las pruebas documentales que requiera, a pesar de que dichos
documentos debieran estar legalmente a su disposición, deberá señalar el archivo o el lugar en que se encuentren,
así como una relación detallada de los documentos para que la autoridad requiera su remisión, cuando esto sea
legalmente posible. Para este efecto se deberán identificar con toda precisión los documentos en cuestión.
Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refiere este precepto, la autoridad fiscal requerirá al
promovente para que en el plazo de 5 días los presente y en caso de que no lo haga se tendrán por no ofrecidas las
pruebas o, si se trata de los documentos mencionados en las fracciones I a III, se tendrá por no interpuesto el
recurso.
97
ARTÍCULO 507.- En los recursos administrativos se admitirán toda clase de pruebas excepto la confesión a cargo
de las autoridades. La valoración de las pruebas se regirá por lo establecido en el Código Procesal Civil para el
Estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO 508.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de cuatro meses
contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado
el acto impugnado.
El recurrente podrá optar por esperar la resolución expresa o a impugnar en cualquier tiempo la presunta
confirmación del acto impugnado.
La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el
recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea
suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto.
ARTÍCULO 509.- La resolución que ponga fin al recurso podrá:
I. Desecharlo por improcedente.
II. Confirmar el acto impugnado.
III. Mandar reponer el procedimiento administrativo.
IV. Dejar sin efectos el acto impugnado.
V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso intentado sea total o
parcialmente resuelto a favor del recurrente. Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la
reposición de un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses aún cuando haya transcurrido
el plazo que señala el artículo 405 de este código.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Código deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,
contenido en el Decreto No. 328, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 59 de fecha 23 de
julio de 1999.
ARTICULO TERCERO.- El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con motivo de la entrada en vigor del
presente Código y para dotar de validez Constitucional durante el ejercicio fiscal en curso, a las Leyes de Ingresos
municipales para el ejercicio fiscal 2013, deberá revisar y aprobar, en su caso, nuevas leyes para este ejercicio, las
cuales se presentaran en los términos en que fueron presentadas por los municipios, sin que requieran contener los
requisitos que establece el Artículo 28 de este Código.
ARTICULO CUARTO.- Los municipios dentro de los 15 días naturales siguientes al de la entrada en vigor de este
código, deberán ajustar las iniciativas de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 que presentaron, a las
disposiciones del mismo, considerando en todo caso los lineamientos que para su formulación establece el Artículo
28 del Código Financiero.
ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los
cinco días del mes de noviembre del año dos mil trece.
DIPUTADO PRESIDENTE
SAMUEL ACEVEDO FLORES
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
MARÍA DEL ROSARIO BUSTOS BUITRÓN
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
NORBERTO RÍOS PÉREZ
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 6 de noviembre de 2013
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FINANZAS
JESÚS JUAN OCHOA GALINDO
(RÚBRICA)
EL SECRETARÍO DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO
(RÚBRICA)
99
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA
PRESENTE LEY.
P.O. 98 / 6 DE DICIEMBRE DE 2013 / DECRETO 383
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil trece.
P.O. 22 / 17 DE MARZO DE 2017 / DECRETO 767
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a primero de febrero del año dos mil diecisiete.
P.O. 67 / 22 DE AGOSTO DE 2017 / DECRETO 907
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y una vez que entre en vigor la
reforma al Artículo 158-U, Fracción V, Numerales 2 y 8, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este decreto.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los once días del mes de julio del año dos mil
diecisiete.
P.O. 89 / 07 DE NOVIEMBRE DE 2017 / DECRETO 980
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil
diecisiete.
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