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ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 9 DE AGOSTO DE 2016.
Ley publicada en el Periódico Oficial el viernes 16 de mayo de 2008.
LEY DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
EL C. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 512.-
LEY DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
TÍTULO PRELIMINAR.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1. OBJETO.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto organizar al
Ministerio Público, establecer sus atribuciones generales y normar su actividad en la investigación de los hechos
posiblemente constitutivos de delitos como fase preparatoria de la acción penal y, en su caso, como presupuesto para
definir la existencia del interés social en su persecución.
ARTÍCULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Esta Ley se aplicará por los delitos que sean competencia de las
Autoridades del Estado conforme a las reglas establecidas en el Código Penal.
ARTÍCULO 3.- OBLIGATORIEDAD.- Sus disposiciones son obligatorias para el Ministerio Público, sus auxiliares y
apoyos jurídicos, administrativos y técnicos; y deberán ser observadas, en cuanto a los deberes que impongan y
facultades que concedan, por los Tribunales, Autoridades, Organismos y Dependencias establecidos en el Estado; así
como por las personas físicas y morales que en él residan o transiten.
Los Tribunales del Estado, además, aplicarán y atenderán a la presente Ley por cuanto a los actos realizados por el
Ministerio Público bajo el imperio de la misma.
ARTÍCULO 4.- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN.- La presente Ley deberá aplicarse e interpretarse en armonía
con sus principios rectores, conforme a las garantías individuales, a las normas constitucionales relativas a la función
ministerial y a los principios generales del derecho.
Cuando la Ley no señale un procedimiento especial o una forma determinada para la realización de un acto, serán
admisibles y válidas todas aquellas formas que resulten adecuadas para lograr los fines del mismo, siempre que no
se contrapongan a sus disposiciones.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 5. GLOSARIO.- Para los efectos, aplicación e interpretación de esta ley se entiende por:
I. Agente. El agente del Ministerio Público.
II. Centro de Profesionalización. El Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera.
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III. Código de Procedimientos Penales. El Código de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila.
IV. Código Penal. El Código Penal de Coahuila.
V. Consejo Interior. El Consejo Interior de Normatividad, Planeación y Evaluación.
VI. Constitución general. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VII. Constitución del estado. La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
VIII. Convenios de colaboración. Los convenios celebrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado con
otra u otras Procuradurías de otros estados o con la Procuraduría General de la República.
IX. Coordinador. El coordinador de agentes del Ministerio Público.
X. Delegado. El Delegado del Ministerio Público o el funcionario a cargo de las Delegaciones Regionales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
XI. Dependencias: Las subprocuradurías, direcciones generales, delegaciones regionales, direcciones de área,
subdirecciones, centros, unidades y, en general, toda organización interior de la Procuraduría General de Justicia
del Estado.
XII. Diligencia. Cualquier actuación practicada en averiguación previa.
XIII. Estado. El Estado de Coahuila de Zaragoza.
XIV. Funcionarios. Los servidores públicos que desempeñen tareas de administración, fiscalización, mando o
coordinación.
XV. Gobernador. El Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.
XVI. Ley General. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
XVII. Ley de Responsabilidades. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales
del Estado de Coahuila.
XVIII. Ley del Sistema. Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
XIX. Ministerio Público. El funcionario que tenga el carácter de agente del Ministerio Público, independientemente de
su jerarquía o denominación; o la institución misma que ejerce dicha función.
XX. Policía. Las corporaciones policiales federales, estatales y municipales o los agentes que formen parte de ellas.
XXI. Titular de la Procuraduría. La Procuradora o el Procurador General de Justicia del Estado.
XXII. Procuraduría. La Procuraduría General de Justicia del Estado.
XXIII. Servicios periciales. La dependencia de la Procuraduría que tenga a su cargo lo relativo al servicio pericial.
XXIV. Subprocuradores: Quienes ocupen la titularidad de las subprocuradurías Ministerial; de Control de Procesos
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y Legalidad; Jurídico, de Profesionalización y de Proyectos; para la Investigación y Búsqueda de Personas No
Localizadas.
ARTÍCULO 6.- PRINCIPIOS RECTORES. Son principios rectores de la presente Ley los siguientes:
A. En lo referente a las atribuciones del Ministerio Público:
I. UNIDAD. El Ministerio Público constituye una unidad colectiva, por lo que sus agentes actúan representando en
cada uno de sus actos el interés exclusivo y único de la institución.
En el ejercicio de sus atribuciones la actuación de cada agente representa una continuidad con relación a la actuación
de sus similares, independientemente de su jerarquía, particularidades de su nombramiento o funciones
específicamente encomendadas.
II. INDIVISIBLILIDAD. Como unidad colectiva, el Ministerio Público, no obstante la pluralidad de agentes que lo
conforman, posee indivisibilidad de funciones. Cada uno de sus agentes puede sustituirse en cualquier momento por
otro, sin que sea necesario el cumplimiento de formalidades y sin que se afecte la validez de lo actuado por cualquiera
de ellos.
El otorgamiento del carácter de Agente del Ministerio Público confiere al titular todas las atribuciones establecidas en
esta y otras leyes para la investigación de los delitos y para su persecución ante los Tribunales; salvo las que
expresamente se encuentren reservadas para órganos o funcionarios específicos.
Sin perjuicio de lo anterior el titular de la dependencia, por cualquier medio, podrá establecer limitantes a las facultades
y deberes otorgados al personal que conforma la Institución, las que únicamente tendrán efectos para la determinación
de responsabilidades individuales; por lo que, en su caso, no podrán ser invocadas para afectar la validez del acto
realizado en contravención a las mismas.
III. INDEPENDENCIA. Los Agentes del Ministerio Público serán autónomos en su decisión sobre casos concretos, sin
perjuicio de los mecanismos de revisión, supervisión, atracción y control jerárquico que establezca la Ley.
El acatamiento de instrucciones que impliquen decisiones jurídicas sobre casos concretos estará sujeto a que el Agente
a quien se dirigen no se oponga a las mismas o, en caso de oposición, a que se le comuniquen por escrito y en forma
razonada.
IV. JERARQUÍA. El Ministerio Público constituye una estructura jerarquizada en la que cada superior controla el
desempeño de quienes le asisten y es responsable por la gestión de los funcionarios a su cargo, sin perjuicio de las
responsabilidades en que cada uno de ellos pueda incurrir por sus propios actos.
El superior jerárquico posee facultad de atracción respecto de los asuntos en conocimiento de sus subordinados y
goza de sus mismas atribuciones aunque no le estén expresamente encomendadas.
V. BUENA FE. El Ministerio Público no persigue intereses propios o ajenos, sino que, como representante de la
sociedad, realiza llanamente la voluntad de la Ley.
En la investigación de los delitos debe tomar en cuenta no sólo las circunstancias que eventualmente le permitan
probar su acusación, sino también las que sirvan para atenuar o excluir la responsabilidad del inculpado.
Sus funcionarios deberán abstenerse de incurrir en practicas dilatorias o en abuso de las facultades que la ley les
confiere.
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VI. IRRECUSABILIDAD. El Ministerio Público tiene potestad para conocer de cualquier asunto de su competencia,
independientemente de cualquier circunstancia subjetiva que le acompañe.
VII. GRATUIDAD. Los servicios que proporcione el Ministerio Público y sus Órganos Auxiliares durante la investigación
y persecución de los delitos de su competencia serán gratuitos. Los servicios de carácter pericial que se otorguen fuera
de dichos supuestos se sujetaran a lo que dispongan las leyes correspondientes.
Quienes con cualquier carácter intervinieren en las Averiguaciones Previas y quienes lo hagan como coadyuvantes
del Ministerio Público durante el proceso, correrán con sus propios gastos y con los derivados de la práctica de
diligencias o del desahogo de medios de prueba adicionales a las consideradas estrictamente necesarias por parte del
Ministerio Público.
VIII. LEGALIDAD. El Ministerio Público realizará sus actos con estricta sujeción a la Ley.
Siempre que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito que se persiga de oficio estará obligado a
investigarlo. La misma obligación tendrá respecto de los delitos que sólo se persigan por querella a partir de que la
misma le sea formulada.
El ejercicio de la acción penal será obligatoria tan pronto estime acreditadas las categorías procesales, según las
contemple el Código de Procedimientos Penales, y siempre que la misma resulte procedente conforme a lo dispuesto
en esta Ley.
El no ejercicio de la acción penal sólo podrá decretarse por las causales expresamente determinadas en la ley.
IX. OPORTUNIDAD. En función del principio de legalidad el Ministerio Público sólo podrá suspender la investigación
del delito o prescindir total o parcialmente de su persecución ante los Tribunales, en los casos expresamente
establecidos en la Ley y en los términos señalados por la misma.
El Ministerio Público buscará prioritariamente la solución del conflicto penal mediante la aplicación de las formas
alternas que prevé esta ley y promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten
gravemente el interés público.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
La aplicación de criterios de oportunidad se hará siempre con base en razones objetivas valoradas conforme a las
pautas generales fijadas por el titular de la Procuraduría y estará sujeta a los controles institucionales que determine
la presente Ley.
B. En lo referente a la integración de la Averiguación Previa y a la actuación del Ministerio Público durante el
proceso:
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
I. DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACION. Corresponde a los agentes del Ministerio Público la investigación de los
delitos, para lo cual se auxiliarán de la Policía Investigadora del Estado y de los Servicios Periciales, los que estarán
bajo su autoridad y mando inmediato.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Los titulares de la Policía Investigadora del Estado y de los Servicios Periciales deberán cumplir y hacer cumplir las
órdenes del Ministerio Público, cualquiera que sea la jerarquía del funcionario del cual emanen.
Las órdenes del Ministerio Público no afectarán las opiniones técnicas y científicas que emitan los peritos en sus
dictámenes.
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El Ministerio Público tiene el carácter de Autoridad en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado
II. FE PÚBLICA.- Los Agentes del Ministerio Público darán fe de sus propios actos, los que serán válidos aún cuando
no se asiente expresamente razón de ello.
Tampoco será necesario que actúen en compañía de testigos de asistencia o de otros funcionarios.
Las diligencias que practique el Ministerio Público sólo serán nulas en los casos en que así lo disponga expresamente
la Ley.
III. COLABORACIÓN. Las Autoridades, Tribunales, Organismos y Dependencias oficiales establecidas en el Estado,
así como las personas físicas y morales que en él residan o transiten, están obligadas a proporcionar el auxilio que les
requiera el Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones.
Cuando las Corporaciones Policiales Estatales y Municipales presten auxilio al Ministerio Público lo harán con estricta
sujeción a las instrucciones que de él reciban.
Salvo las excepciones establecidas en la presente Ley, quien presencie o tenga conocimiento de la comisión de un
delito tendrá la obligación de proporcionar todos los datos e informes que le sean requeridos por la autoridad para su
esclarecimiento.
Los denunciantes y querellantes estarán obligados a suministrar toda la información y documentación de que
dispongan y que se encuentre relacionada con sus imputaciones y no sólo aquella en que pretendan sustentar las
mismas.
El Ministerio Público podrá recurrir a los medios que le autorice la Ley para hacer cumplir sus determinaciones.
IV. LEALTAD. Quienes con cualquier carácter intervengan en la Averiguación Previa deberán conducirse con lealtad
y buena fe, evitando planteamientos dilatorios o meramente formales, así como cualquier abuso en las facultades que
les concede la Ley.
Lo dispuesto en la presente fracción no podrá afectar o restringir en modo alguno los derechos de defensa.
V. REGULARIDAD. El Ministerio Público velará por la regularidad en la integración de las indagatorias, vigilará el
correcto ejercicio de las facultades otorgadas a quienes en ellas intervienen y procurará su celeridad y su
encauzamiento al descubrimiento de la verdad histórica.
Podrá aplicar criterios de economía procesal y subsanar y corregir los defectos o excesos en sus actuaciones siempre
que la Ley no disponga lo contrario y ello resulte conducente para los fines de la indagatoria o para preservar los
derechos de los involucrados o de cualquier tercero con interés debidamente acreditado.
VI. RESERVA. Todas las actuaciones de la Averiguación Previa serán reservadas, salvo para el ofendido, víctima,
representantes o sus abogados; el inculpado o su defensor; quienes tendrán acceso a las constancias en los términos
que fije la presente Ley.
Las promociones o pedimentos que el Ministerio Público pretenda presentar en el proceso y las constancias que
hubiere obtenido del mismo sólo podrán ser mostradas al ofendido, a la víctima, a sus representantes o a sus
abogados.
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El Ministerio Público cuidará que la información que deba proporcionar no lesione el honor ni los derechos de la
personalidad de los involucrados en las indagatorias, ni ponga en peligro las investigaciones que se realicen.
VII. TRATO DIGNO. El Ministerio Público y sus auxiliares deberán proporcionar un trato digno y adecuado a toda
persona con la que, con motivo de sus funciones, deban interactuar, independientemente de su edad, sexo, estado
civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, posición social o económica, discapacidad, condición física o
estado de salud.
Siempre que el ofendido o la víctima se lo solicite le orientará y explicará suficientemente los tramites, procedimientos
y posibles vicisitudes que puedan presentarse o que tengan que atenderse con motivo o como resultado de la
integración de la indagatoria en la que estuvieren interviniendo.
ARTÍCULO 7.- ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público tendrá las atribuciones y
obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, el Código de Procedimientos Penales, la presente Ley y
otros ordenamientos jurídicos; además de las siguientes:
A. En la Averiguación Previa:
I. Recibir las denuncias o querellas sobre hechos que puedan constituir delito de la competencia de los Tribunales del
fuero común en el Estado.
II. Hacer la clasificación legal de los hechos que le son denunciados con base en las constancias que se desprendan
de la denuncia o de la Averiguación Previa, sin obligación de sujetarse o atender a la que hubieren hecho los
denunciantes o querellantes.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
III. Investigar los delitos de su competencia con todas las facultades que este y otros ordenamientos jurídicos le
otorguen. Para ello se auxiliará de la Policía Investigadora del Estado y de los Servicios Periciales y, en su caso, de
los demás órganos y autoridades que prevea la Ley.
IV. Turnar a las Autoridades correspondientes las indagatorias que no sean de su competencia, lo que hará de
inmediato en los casos en que conozca de ellas con motivo de la detención en flagrancia de el o los probables
responsables.
V. Recabar testimonios, ordenar peritajes, formular requerimientos, practicar inspecciones, preservar el lugar de los
hechos, obtener evidencias y desahogar e integrar a la Averiguación Previa las pruebas que tiendan a acreditar las
categorías procesales que determine el Código de Procedimientos Penales para fundamentar el ejercicio de la acción
penal; así como para acreditar y cuantificar la reparación de los daños y perjuicios causados.
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
VI. Solicitar a la Autoridad Judicial el desahogo de los medios de prueba que sólo por su conducto puedan recabarse;
así como las órdenes de cateo, restricción y otras medidas precautorias que sean procedentes.
VII. Decretar el aseguramiento de los objetos, instrumentos y productos del delito, así como de las cosas, evidencias,
valores o substancias relacionadas con el mismo.
VIII. Solicitar la colaboración para la practica de diligencias al Ministerio Público Federal, Militar y al del resto de las
entidades federativas; así como obsequiar las que les sean solicitadas, en los términos que establezcan los convenios
correspondientes.
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IX. Ordenar la detención y, en su caso, retener al o los probables responsables de la comisión de delitos, en los
términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás
ordenamientos aplicables.
X. Otorgar la libertad caucional a los inculpados que se encuentren a su disposición, cuando proceda.
XI. Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos que dispone esta Ley o, en su
caso, ordenar que los bienes controvertidos se mantengan a disposición del Ministerio Público cuando ello sea
procedente.
XII. Poner a disposición del Ministerio Público Especializado, a los menores de dieciocho años que hubieren incurrido
en conductas tipificadas como delitos por las leyes penales, cuando sea notoria o se encuentre acreditada su minoría
de edad; remitiéndole de inmediato las actuaciones que se hubieren practicado.
XIII. Aplicar los criterios de oportunidad que autoriza esta Ley, cuando ello sea procedente.
XIV. Procurar la solución del conflicto penal mediante el recurso a las formas o procedimientos de justicia restaurativa
y a la conciliación, en los términos que esta Ley establece.
XV. Requerir el auxilio de las Autoridades Estatales y Municipales cuando ello sea necesario para el ejercicio de sus
funciones.
XVI. Aplicar las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias que le autorice la Ley para hacer cumplir sus
determinaciones; independientemente de la facultad para iniciar Averiguación Previa por desacato o demás delitos
que resulten cometidos.
XVII. Recurrir en queja o mediante el procedimiento que establezca la Ley, ante el superior jerárquico o el órgano de
control correspondiente, por los actos indebidos o negligentes en que incurran las autoridades al resolver los
requerimientos o solicitudes que les hubiere formulado.
XVIII. Acordar el archivo provisional de las indagatorias cuando no se reúnan las categorías procesales necesarias
para el ejercicio de la acción penal.
XIX. Poner a disposición del Órgano Jurisdiccional a los inimputables mayores de edad a quienes se deban aplicar
medidas de seguridad, ejercitando las acciones correspondientes, en los términos establecidos por los Ordenamientos
Jurídicos aplicables.
XX. Levantar actas circunstanciadas, conciliaciones y constancias de hechos, en los supuestos que esta Ley
expresamente determine y, en su caso, expedir constancia de las mismas a los interesados, cuando ello sea
procedente.
XXI. Determinar el no ejercicio de la acción penal en los casos que esta y otras leyes establezcan.
XXII. Las demás que establezcan las normas aplicables.
B. En ejercicio de la acción penal y como parte en el proceso:
I. Ejercitar la acción penal ante la Autoridad Jurisdiccional competente, en la vía que corresponda, concretando la
acusación y, en su caso, ampliar ésta cuando proceda.
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II. Aclarar los pedimentos de ejercicio de la acción penal en los que la Autoridad Judicial haya determinado que no se
encuentran satisfechos los requisitos de los mismos.
III. Solicitar a la Autoridad Judicial las órdenes de aprehensión, de reaprehensión, y de comparecencia o de
presentación, cuando se reúnan los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los que las demás disposiciones legales establezcan.
IV. Poner a disposición de la Autoridad Judicial a las personas detenidas, aprehendidas o reaprehendidas; así como a
los objetos y evidencias aseguradas, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
V. Solicitar que se preserve el lugar de los hechos, los instrumentos, objetos y evidencias del delito; así como la
identidad y domicilios del inculpado y de los testigos, cuando ello sea necesario.
VI. Pedir el embargo precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño, en los términos que prevenga
la ley.
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
VII. Solicitar las órdenes, de cateo y otras medidas precautorias, que sean procedentes.
VIII. Aportar las pruebas y promover todo lo conducente para el completo esclarecimiento de los hechos delictuosos y
de las circunstancias en que éstos se realizaron; así como para acreditar las particularidades del inculpado; ello con el
fin de que en su oportunidad se impongan, a quienes hayan incurrido en las conductas materia de su acusación, las
sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes; de igual forma, para demostrar los daños y perjuicios
causados y fijar el monto de su reparación.
IX. Formular conclusiones acusatorias, cuando sean necesarias, en los términos que establezca el Código de
Procedimientos Penales; desahogar las vistas que se le formulen y solicitar las sanciones y medidas de seguridad
que correspondan según el caso.
X. Interponer los recursos que la ley establece y expresar los agravios correspondientes, así como promover y dar
seguimiento a los incidentes que la misma admite.
XI. Solicitar ante la Autoridad Judicial la libertad del inculpado, cuando no se tipifique como delito la conducta
correspondiente; cuando de tipificarse no resulte atribuible al inculpado; o cuando obre en su favor alguna o algunas
de las causas excluyentes de delito, excusa absolutoria o causa de extinción de la acción penal, previstas en el Código
Penal.
XII. Oponerse al otorgamiento de la libertad provisional del inculpado y promover lo conducente para ello cuando
existan razones de interés público.
XIII. Orientar a las víctimas y ofendidos respecto de los trámites y vicisitudes del proceso; así como coordinar las
actividades de quien se haya constituido en su coadyuvante.
XIV. Vigilar que el proceso se tramite en forma regular, promoviendo lo necesario para que el Juzgador aplique las
leyes y para que se cumplan sus determinaciones.
XV. Recurrir en queja o mediante el procedimiento que establezca la Ley, ante el superior jerárquico o el órgano de
control correspondiente, por los actos indebidos o negligentes en que incurran las Autoridades al resolver las
promociones o solicitudes que les hubiere formulado.
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XVI. Requerir el auxilio de las Autoridades Estatales y Municipales cuando ello sea necesario para el ejercicio de sus
funciones.
XVII. Desistirse de la acción penal de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el Código de Procedimientos Penales
del Estado.
XVIII. Las demás que prevengan este y otros Ordenamientos Jurídicos aplicables.
C. Generales:
I. Velar, en la esfera de su competencia, por el respeto de los derechos humanos que otorgan la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y el Orden Jurídico que de ellas emana.
II. Proporcionar atención a las víctimas y a los ofendidos del delito.
III. Realizar estudios y programas de prevención del delito, en el ámbito de su competencia y coadyuvar con
organismos sociales, educativos o de seguridad pública en la difusión e implementación de estrategias para la
prevención de la criminalidad en general.
IV. Promover la participación de la comunidad en los programas que implemente o en los que participe, en los términos
que los mismos establezcan.
V. Promover lo necesario, dentro de sus atribuciones, para la recta y expedita administración de justicia.
VI. Cuidar que en los asuntos en que intervenga, se cumplan las determinaciones de la Autoridad Judicial.
VII. Intervenir, en su carácter de Representante Social, ante los Órganos Jurisdiccionales del orden Civil y Familiar, en
la protección de los menores e incapaces, en los juicios en que, de acuerdo con la ley de la materia, tenga intervención.
VIII. Presentar ante las Autoridades Judiciales las promociones conducentes al interés de la institución.
IX. Rendir los informes que le sean solicitados por las Autoridades Judiciales Federales.
X. Auxiliar a las Autoridades Federales y de otras entidades de la República, en la persecución de los delitos de la
competencia de éstos, en los términos de los convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados al
efecto.
XI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley General que Establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la presente Ley y demás Ordenamientos Jurídicos.
XII. Ejercer las facultades que en materia de Seguridad Pública le confiere la Ley.
XIII. Recabar de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como de instituciones públicas y privadas, los
informes, documentos y pruebas que se requieran para el ejercicio de sus funciones.
XIV. Orientar a los particulares que formulen quejas por irregularidades o hechos que no sean constitutivos de delito,
para que acudan ante las instancias competentes.
XV. Resguardar e implementar las medidas necesarias para la conservación, asignación y adjudicación de los bienes
que se encuentren a su disposición y que no hubieren sido reclamados.
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XVI. Administrar y disponer de los fondos propios que le asigne o faculte la ley a constituir, en los términos que la
misma disponga.
XVII. Las demás que le señalen este y otros ordenamientos.
ARTÍCULO 8.- APLICACION PREFERENTE DE LAS LEYES ESPECIALES. En materia de justicia para adolescentes
y cualquiera otra que se encuentre regulada por leyes especiales en las que se de intervención al Ministerio Público,
se aplicarán los principios y disposiciones contenidos en esta Ley, en cuanto no se opongan expresamente a los que
las mismas establezcan.
ARTÍCULO 9.- SUPLETORIEDAD. En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en la presente Ley se
aplicará supletoriamente, en cuanto resulten conducentes y no se le opongan, las disposiciones contenidas en el
Código Penal y el Código de Procedimientos Penales vigentes en el Estado; así como, en su caso, las demás leyes
que imperen en el Estado por lo que hace a las instituciones y categorías jurídicas que les sean afines.
ARTÍCULO 10.- VALOR DE LOS APOSTILLADOS. Las apostillas, brevetes o epígrafes que se encuentren colocados
al inicio de cada disposición contendida en la presente Ley tendrán efectos solamente para facilitar la consulta y la fácil
localización de sus preceptos, por lo que si llegare a existir contradicción entre los rubros y sus contenidos deberán
prevalecer estos últimos.
LIBRO PRIMERO.
DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA.
TÍTULO PRIMERO.
GENERALIDADES.
CAPÍTULO I.
CONCEPTO Y FINALIDAD.
ARTÍCULO 11.- CONCEPTO DE AVERIGUACIÓN PREVIA. La Averiguación Previa es el procedimiento de orden
público mediante el cual el Ministerio Público, con el apoyo de sus Órganos Auxiliares y la colaboración de Autoridades
y Gobernados, investiga los hechos puestos en su conocimiento como posiblemente constitutivos de delito.
Los vocablos averiguación previa o indagatoria designan tanto al procedimiento mismo como al expediente formado
para hacerlo constar.
ARTÍCULO 12.- FINALIDAD DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La averiguación previa tiene por finalidad la reunión
de datos suficientes que tiendan al descubrimiento de la verdad histórica de los hechos denunciados para, con base
en ellos, sustentar el ejercicio de la acción penal o, en su caso, determinar la ausencia de interés social en su
persecución o proveer a la solución del conflicto que les es subyacente.
CAPÍTULO II.
TITULARIDAD DE LA INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN DE ORGANOS AUXILIARES
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 13.- TITULARIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. Corresponde al Ministerio Público la titularidad de la
investigación, para lo cual se auxiliará del personal bajo su mando, de la Policía Investigadora del Estado y de los
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peritos que el designe, formen o no parte de la propia institución; así como de las policías preventivas municipales y
los síndicos de los ayuntamientos en los términos que disponga esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 14.- INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DEL ESTADO. La Policía Investigadora del
Estado auxiliará al Ministerio Público mediante el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I. Investigar los hechos posiblemente delictuosos en los términos que le ordene el Ministerio Público, para lo cual podrá
acudir al lugar de los hechos, entrevistarse con personas y Autoridades que puedan tener conocimiento de los mismos,
vigilar el comportamiento de quienes puedan estar involucrados, obtener información de los bancos de datos que obren
en poder de las Autoridades e Instituciones Públicas y localizar, recoger, preservar y poner a disposición del Ministerio
Público los instrumentos, evidencias, objetos y productos del delito en los términos que este y otros ordenamientos
jurídicos determinen.
II. Documentar el resultado de sus investigaciones mediante la suscripción de partes informativos, toma de fotografías
y la grabación de imágenes y sonidos conforme a las disposiciones contenidas en esta Ley y los demás ordenamientos
aplicables; así como intervenir las comunicaciones privadas en los supuestos y términos que establezca la Ley.
III. Investigar cuando tenga noticia de un hecho posiblemente constitutivo de delito que sea perseguible de oficio,
informando de inmediato al Ministerio Público y debiendo tomar todas las medidas y providencias necesarias para
impedir que se pierdan, destruyan o alteren los instrumentos, evidencias, objetos y productos del ilícito; así como para
propiciar la seguridad y el auxilio a las víctimas y ofendidos.
IV. Detener, en los casos de flagrancia, al probable responsable de los hechos y ponerlo de inmediato a disposición
del Ministerio Público.
V. Cumplir las ordenes de localización, presentación, comparecencia y detención que le ordene el Ministerio Público.
VI. Ejecutar las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión, reaprehensión, arresto y cateo emitidas por la
Autoridad Judicial.
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
VII. Vigilar el cumplimiento de las órdenes de restricción, en los términos autorizados por la Autoridad Judicial o
Ministerial.
VIII. Preservar y vigilar los lugares y objetos que le ordene el Ministerio Público.
IX. Asegurar que las ordenes y determinaciones del Ministerio Público sean cumplidas.
X. Efectuar y participar en los operativos policiales conforme a las instrucciones que para el efecto reciban.
XI. Atender los auxilios que se le soliciten en los términos que le sean autorizados.
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
XII. Las demás que esta ley, el reglamento interior correspondiente y otros ordenamientos dispongan.
ARTÍCULO 15.- INTERVENCIÓN DE PERITOS. Los peritos dilucidarán las cuestiones técnicas, artísticas o científicas
que les plantee el Ministerio Público. Los que pertenezcan a la misma institución orientarán y asesorarán además al
Ministerio Público, cuando así se les requiera, en materia de investigación criminal y apreciación de pruebas sin que
ello comprometa la independencia y objetividad de su función.
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Los peritos oficiales, además, recolectaran la evidencia procediendo a su debido embalaje y preservación y pondrán
a disposición del Ministerio Público el material sensible significativo que resulte de sus intervenciones.
Rendirán sus dictámenes e informes dentro de los términos que les sean fijados por el Ministerio Público.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 12 DE MAYO DE 2009)
ARTÍCULO 16.- AUXILIO DE LAS POLICÍAS PREVENTIVAS MUNICIPALES. Las Policías Preventivas Municipales
proporcionaran los auxilios y apoyos que les requiera el Ministerio Público con estricta sujeción a las órdenes que de
él reciban.
Cuando tomen conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito dictarán las medidas y providencias
necesarias para preservar el lugar de los hechos e impedir que se pierdan, destruyan o alteren los instrumentos,
evidencias, objetos y productos del delito; así como para propiciar la seguridad y el auxilio a las víctimas y ofendidos.
De igual manera asegurarán a los probables responsables en los casos en que ello sea procedente, poniéndolos de
inmediato a disposición del Ministerio Público.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Tan pronto intervenga el Ministerio Público o la Policía Investigadora del Estado en el conocimiento de los hechos,
cederán a estos el mando de las acciones, proporcionándoles todos los datos que hubieren obtenido respecto de los
mismos; sin perjuicio de que continúen brindando los apoyos que dichas autoridades dispongan.
En cualquier caso comunicarán los resultados de sus intervenciones al Ministerio Público mediante partes informativos.
ARTÍCULO 17.- SÍNDICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN FUNCIONES DE MINISTERIO PÚBLICO. En los lugares
donde no resida Ministerio Público y las circunstancias de gravedad y urgencia del caso puedan conducir a que de
acudir al mismo o esperar su intervención se comprometa el resultado de las investigaciones; los Síndicos de los
Ayuntamientos asumirán las funciones del Ministerio Público para el sólo efecto de dictar las medidas urgentes y
practicar las diligencias que deban realizarse de inmediato.
En tal supuesto los mencionados funcionarios deberán comunicar de inmediato lo anterior al Agente del Ministerio
Público de residencia más próxima o accesible sujetándose a las instrucciones que de él reciban. Tan pronto el
Ministerio Público se haga presente pondrán a su disposición lo que hubieren actuado, informándole los pormenores
del caso y absteniéndose desde ese momento de cualquier otra intervención que no les sea requerida.
El Ministerio Público examinará las actuaciones que le hubieren sido entregadas y dispondrá lo conducente para la
regularización de la indagatoria.
CAPÍTULO III.
HECHOS MATERIA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA.
ARTÍCULO 18.- OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR. El Ministerio Público tendrá obligación de investigar los hechos
posiblemente constitutivos de delito que sean de su conocimiento.
Los hechos citados como antecedentes o meras referencias sólo serán materia de investigación cuando el Ministerio
Público estime que puedan resultar conducentes para los fines de la Averiguación Previa. Si se advierte que los mismos
pudieran ser constitutivos de diversos delitos existirá obligación de investigarlos sólo cuando sean parte de una secuela
o cuando se trate de delitos que no admitan la aplicación de criterios de oportunidad o formas de justicia restaurativa
y las acciones penales se encuentren vigentes.
(ADICIONADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2012)
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Cuando un farmacodependiente se encuentre imputado de cometer un delito, el Ministerio Público, al iniciar la
investigación, dará aviso a la Secretaría de Salud del Estado a fin de que dicha autoridad intervenga en los términos
de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Ejecución de Sanciones
Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO 19.- APARICIÓN DE NUEVOS HECHOS DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN
PREVIA. Si durante la Averiguación Previa aparecieren hechos no considerados en la noticia del delito, el Ministerio
Público procederá a su investigación dentro de la misma o en diversa indagatoria. Si los mismos fueren perseguibles
por querella comunicará lo anterior al legitimado para formularla, cuando su identificación y localización sean posibles,
sujetándose a lo dispuesto para dicha clase de delitos.
ARTÍCULO 20.- DESGLOSE DE LA INDAGATORIA. Cuando en una misma Averiguación Previa se comprendan
diversos hechos que puedan ser constitutivos de delitos que, conforme a las disposiciones de esta ley, admitan
distintos tratamientos, el Ministerio Público resolverá lo correspondiente a cada uno de ellos haciendo el desglose de
la indagatoria para continuar las investigaciones respecto de aquellos en los que no este en aptitud de resolver.
Cuando ejercite acción penal sólo por alguno o algunos de los hechos materia de la Averiguación Previa o únicamente
respecto de alguno o algunos de los inculpados, conservara la facultad de investigar los que hubieren quedado
pendientes aunque no asiente razón expresa de ello.
ARTÍCULO 21.- ACCION PENAL FALLIDA. Cuando los Tribunales dicten resolución que en cualquier forma absuelva
en forma definitiva al o los inculpados y la misma quede firme, el Ministerio Público deberá continuar con la indagatoria
para, en su caso, proceder en contra de quien o quienes resulten efectivamente responsables sin que dichas acciones
puedan incluir a los absueltos.
ARTÍCULO 22.- CLASIFICACION LEGAL DE LOS HECHOS. Corresponde al Ministerio Público durante la
Averiguación Previa la clasificación técnico-legal de los hechos denunciados, con base en las circunstancias que se
desprendan de la indagatoria y sin que se encuentre vinculado por la que en su caso hubiere hecho el querellante o
denunciante.
Dicha clasificación podrá variarse o modificarse en cualquier momento de la indagatoria, sin necesidad de acuerdo
expreso, hasta en tanto se emita resolución definitiva respecto de los hechos materia de la misma, en cuyo caso sólo
podrá modificarse en los supuestos que este y los demás ordenamientos determinen.
Para la emisión de determinaciones que pongan o puedan poner fin a la indagatoria, el Ministerio Público clasificará
los hechos con base en las constancias que obren en el expediente hasta dicho momento.
El Ministerio Público no estará obligado a pronunciarse o a hacer razonamientos específicos por los tipos penales por
los que hubiere clasificado los hechos el denunciante o el querellante.
Al hacer del conocimiento del inculpado los hechos que se le imputen se abstendrá de clasificarlos legalmente,
limitándose a informárselos en los términos en que hubieren sido denunciados y a poner a su disposición las
constancias que obren en la indagatoria conforme lo disponga la presente Ley.
CAPÍTULO IV.
DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.
ARTÍCULO 23.- VÍCTIMAS Y OFENDIDOS. Tendrán el carácter de víctimas y ofendidos los que se encuentren en los
supuestos previstos por el Código Penal. El Ministerio Público reconocerá tal carácter según se desprenda de las
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constancias que obren en la averiguación previa, dándoles la intervención que conforme a lo dispuesto por esta Ley
les corresponda.
ARTÍCULO 24.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS. Durante la Averiguación Previa
los ofendidos y, en su caso, las víctimas, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
A. Derechos:
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
I. ASISTENCIA MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE URGENCIA. A que se les preste atención médica y psicológica de
urgencia cuando las requieran, desde el momento de la comisión del delito. Para el efecto, el Ministerio Público
informará o canalizará a quienes se encuentren en tal supuesto a las instituciones especializadas en la materia. En su
caso, la Policía Investigadora del Estado y las policías preventivas municipales, al tomar conocimiento de los hechos,
solicitarán los servicios médicos de urgencia tomando las medidas necesarias para asegurar los fines de la indagatoria.
En caso de delitos sexuales el ofendido tendrá derecho a que se le brinde tratamiento médico para prevenir
enfermedades de transmisión sexual.
II. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL. A que se le proporcione seguridad y protección personal siempre que
se trate de delito grave, lo solicite el interesado, existan datos objetivos que acrediten la necesidad de las medidas y
exista disponibilidad de recursos para el efecto.
III. FACILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS Y QUERELLAS Y PARA SUS COMPARECENCIAS.
A que el Ministerio Público acuda al lugar en donde se encuentre para los efectos de tomar sus denuncias, querellas
o declaraciones, siempre que acredite que sus condiciones de salud le impiden acudir personalmente a realizarlas o
que se encuentren presos.
IV. INFORMACIÓN Y ASESORIA JURÍDICA. A que el Ministerio Público le proporcione asesoría jurídica e información
respecto de la integración de la Averiguación Previa, de los trámites a seguir durante el proceso y, en su caso, de las
vicisitudes que puedan presentarse en una y otro.
V. ACCESO A LAS CONSTANCIAS. A tener acceso a las constancias de la Averiguación Previa, de las que se podrá
enterar en presencia del Agente del Ministerio Público que conozca de la investigación.
VI. PRESENTACIÓN DE PRUEBAS. A que se le reciban todos los datos y elementos de prueba con los que cuente,
siempre y cuando precise lo que desea acreditar y ello sea conducente a los fines de la Averiguación Previa.
Podrá estar presente en las confrontaciones, testimonios, inspecciones y reconstrucciones; así como en las
declaraciones del inculpado. A los testigos, peritos e inculpado les podrá formular las preguntas que sean conducentes,
las que serán planteadas por conducto del Ministerio Público previa calificación que haga de las mismas.
El Ministerio Público no tendrá obligación de notificarle la admisión o desahogo de los medios de prueba y podrá
ejercitar la acción penal o determinar su inejercicio sin recibir los que la víctima u ofendido hubieren ofrecido.
VII. COADYUVANCIA Y PARTE CIVIL. A anticipar desde la indagatoria su deseo de constituirse en parte civil o en
coadyuvante del Ministerio Público durante el proceso.
VIII. IMPUGNACIÓN DE DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE ACCION PENAL. A impugnar las
determinaciones de no ejercicio de la acción penal.
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IX. PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y RECURSOS. A formular quejas y promover los recursos procedentes por la
indebida actuación del personal de la institución del Ministerio Público, en los términos que establezca la Ley.
B. Obligaciones:
I. IDENTIFICACIÓN. Identificarse fehacientemente en sus comparecencias ante el Ministerio Público.
II. DESIGNACION DE DOMICILIO. Designar, desde la primera comparecencia o escrito que presente, domicilio para
oír y recibir notificaciones en el lugar donde radique la indagatoria e informar oportunamente los cambios del mismo.
III. ORDEN Y RESPETO. Dirigirse a la Autoridad Ministerial con el orden y respeto debidos.
IV. COLABORACIÓN. Aportar todos los datos y medios de prueba que puedan ser conducentes a los fines de la
Averiguación Previa, presentar a las personas cuyos testimonios ofrezca, cumplir con los requerimientos que le formule
el Ministerio Público y comparecer cuantas veces sea llamado.
V. LEALTAD Y BUENA FE. Conducirse con lealtad y buena fe durante la integración de la indagatoria, informando de
inmediato al Ministerio Público los hechos omitidos o supervinientes que puedan modificar el curso de las
investigaciones; abstenerse de incurrir en conductas que puedan incidir en la reiteración o agravamiento del conflicto
penal y facilitar el cumplimiento de las medidas adoptadas con motivo de los procedimientos de justicia restaurativa
cuando se hubiere sometido a ellos.
ARTÍCULO 25. INTERVENCIÓN DE ABOGADOS DE VÍCTIMAS Y OFENDIDOS. La víctima y el ofendido podrán
ejercer los derechos y obligaciones a que se refiere el artículo anterior, cuando no sean personalísimos, por conducto
de abogado que para el efecto designe, el cual por su sola aceptación asumirá por sí mismo, además de las
enumeradas, las siguientes obligaciones:
I. FIRMAR LAS CONSTANCIAS. Firmar las constancias de las diligencias en que intervenga.
II. NOTIFICARSE. Oír y recibir las notificaciones que le formule el Ministerio Público, las que surtirán efectos como si
se hubieren hecho a su representado.
III. INFORMACIÓN DE RENUNCIA O REVOCACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO. Informar al Ministerio Público la
revocación o renuncia al mandato otorgado por su representado y abstenerse de actuar a partir de dicho momento.
IV. ASESORIA. Asesorar en forma debida a su representado, abstenerse de prácticas dilatorias y conducirse con
lealtad hacía los intereses de su mandante.
La designación de abogado para oír y recibir notificaciones confiere al así autorizado todos los derechos y obligaciones
a que se refiere el presente artículo, a menos que quien haga dicha designación señale expresamente las limitaciones
que desee imponerle. El cargo de abogado se tendrá por aceptado desde que exista manifestación expresa o desde
que el designado intervenga en la indagatoria para la cual fue designado.
Cuando la designación recaiga en varias personas, el ofendido nombrará un representante común; pero si no lo hace
se tendrá por designado al primero de los nombrados.
La víctima y el ofendido podrán también designar abogado o pasante de derecho para el sólo efecto de imponerse de
constancias.
ARTÍCULO 26.- IMPEDIMENTOS PARA SER ABOGADO DEL OFENDIDO O LA VÍCTIMA. Están impedidos para
ser designados abogados de la víctima o el ofendido:
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I. FALTA DE TÍTULO DE ABOGADO. Los que no posean al momento de la designación título de Abogado o
Licenciado en Derecho debidamente expedido por instituciones autorizadas; salvo que el nombramiento sea para el
sólo efecto de imponerse de constancias, en cuyo caso bastará la calidad de pasante de derecho.
II. PRESOS. Los que se hallen presos.
III. INHABILITACIÓN. Los que estén inhabilitados para el ejercicio de la profesión.
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
IV. INCOMPATIBILIDADES. Los que hubieren tenido conocimiento previo de la indagatoria con el carácter de juez,
agente del Ministerio Público, perito, policía investigadora del estado o escribiente; los que intervengan o hubieren
intervenido con cualquier carácter dentro de la averiguación previa y los que patrocinen intereses que puedan ser
contradictorios dentro de la misma.
El Ministerio Público no dará intervención alguna a las personas designadas en contravención a lo dispuesto en el
presente artículo.
ARTÍCULO 27. INCULPADO. Tendrá calidad de inculpado la persona a la que durante la Averiguación Previa, el
Ministerio Público le atribuya intervención típica en un delito.
Tendrá la misma calidad la persona a la que se le haga esa imputación por el denunciante o querellante en debida
forma.
Una vez que se adquiere la calidad de inculpado, se conserva durante toda la Averiguación Previa hasta que se
consigne o quede firme la determinación de no ejercitar la acción penal.
Igualmente terminará cuando exista error en la persona por confusión de sus generales y así se declare.
La mera sospecha no confiere el carácter de inculpado.
ARTÍCULO 28.- IDENTIDAD DEL INCULPADO (IGNORANCIA O ERROR EN LOS GENERALES O DE PERSONA).
Cuando es cierta la identidad física del inculpado, la imposibilidad de conocer sus generales no suspende la
Averiguación Previa.
Las generales falsas por las que se llegue a identificar al inculpado podrán rectificarse en cualquier momento, sin que
ello afecte la calidad de aquél.
Cuando de constancias se advierta error en el nombre de la persona señalada o identificada como inculpado, bastará
para su rectificación acuerdo del Ministerio Público mediante el cual haga constar dicha circunstancia; pero de dicho
acuerdo se dará vista al inculpado y al ofendido o víctima por el término de tres días o del término que reste para
mantener en retención legal al detenido, si lo hubiere, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga.
Mas cuando en la averiguación previa resulte evidente que se procede contra una persona que no intervino en el delito,
por confundir su identidad o sus generales con las del inculpado, el Ministerio Público así lo declarará.
ARTÍCULO 29.- DERECHOS DEL INCULPADO. Durante la Averiguación Previa el inculpado tendrá los siguientes
derechos:
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
I. LIBERTAD PERSONAL. A estar en libertad, salvo que hubiere sido detenido en delito flagrante, o caso urgente. Si
el inculpado es extranjero, a que se comunique su detención a la representación diplomática o consular que
corresponda. La retención o detención de los hombres será en lugar separado al de las mujeres.
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De igual manera tendrá derecho a la libertad provisional bajo caución en los supuestos y bajo las condiciones que esta
Ley prevea.
II. COMUNICACIÓN Y AUSENCIA DE VIOLENCIA. A comunicarse y estar libre de intimidación, tortura o cualquier
forma de violencia indebida.
III. AUDIENCIA. A que se le haga saber el hecho concreto y conducta que se le imputa y, en su caso, el nombre del
querellante o denunciante. Si faltare denunciante o querellante se le harán saber los hechos tal y como se desprendan
de las constancias de la averiguación previa.
De igual manera se le harán saber los derechos establecidos en el presente artículo.
(REFORMADO, P.O. 9 DE AGOSTO DE 2016)
Cuando el inculpado no hable español, se le designará un traductor. Si es una persona sorda se procederá por medio
de intérprete. Estos le harán saber los derechos a que se refiere este artículo y le comunicarán los términos en que se
desarrollen las diligencias.
IV. DECLARACIÓN Y ASISTENCIA DE DEFENSOR EN CASO DE CONFESIÓN. A declarar sobre los hechos, pero
sólo si es su libre voluntad.
Si desea confesar, será necesario, además, que lo haga ante el Agente del Ministerio Público y que durante la
confesión este asistido por abogado o persona de su confianza designados conforme a lo establecido en la presente
Ley.
La confesión rendida en contravención a los dispuesto en la presente fracción así como la que rinda encontrándose
detenido ilegalmente o cuando este incomunicado o medie violencia en su contra, carecerá de valor probatorio.
V. DEFENSA. A defenderse por sí, por abogado o por persona de su confianza en los términos que esta Ley señala.
VI. INFORMACIÓN DE CONSTANCIAS. A tener acceso a las constancias que obren en la Averiguación Previa
siempre que tengan relación con los hechos que se le imputen, de las que él o su defensor se podrán enterar y tomar
las notas que deseen, en presencia del Agente del Ministerio Público que conozca de la investigación.
VII. ACTIVIDAD PROBATORIA. A que se le reciban los testigos y demás elementos de prueba que ofrezca, siempre
y cuando precise lo que en particular desea acreditar y ello sea conducente a los fines de la Averiguación Previa. El
inculpado o su defensor presentarán a las personas cuyos testimonios ofrezcan
Podrá estar presente en las confrontaciones, testimonios, inspecciones y reconstrucciones; a los testigos y peritos les
podrá formular las preguntas que sean conducentes, las que serán planteadas por conducto del Ministerio Público.
El Ministerio Público no tendrá obligación de notificarle la admisión o desahogo de los medios de prueba y podrá
ejercitar la acción penal o determinar su inejercicio sin recibir los que el inculpado o su defensor hubieren ofrecido.
Los derechos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII se harán vigentes sólo a partir de que el inculpado sea
detenido, se le cite o comparezca en forma ante el Ministerio Público.
ARTÍCULO 30.- NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR. Durante la Averiguación Previa el inculpado tendrá derecho a
defenderse por sí, por abogado o por persona de su confianza.
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Cuando el inculpado designe a abogado para que se haga cargo de su defensa, éste deberá acreditar que posee título
o cédula legalmente expedidos por las instancias competentes, que lo autoricen para el ejercicio de la profesión. Para
efectos de tal acreditación el Ministerio Público implementará los mecanismos necesarios para que los abogados que
así lo deseen puedan registrar sus títulos o cedulas profesionales, en cuyo caso bastará la consulta a dichos registros
para tener por demostrada su calidad de abogado.
Si el inculpado desea defenderse por sí mismo o por persona de su confianza que no posea o no acredite poseer título
de abogado que lo habilite para el ejercicio de la profesión en los términos señalados en el párrafo anterior, el Ministerio
Público proveerá a su defensa adecuada mediante la designación del defensor de oficio para los efectos de que les
asesore, apoye y comparezca con ellos en las diligencias en que debieren intervenir.
Si el inculpado no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Ministerio
Público le designará un defensor de oficio. Si no hubiere defensores de oficio disponibles dicha designación podrá
recaer en abogado o persona que pueda brindarle defensa adecuada, pero sólo si el inculpado confía en ella.
El inculpado podrá, además, designar a abogado o pasante de derecho para el sólo efecto de que se imponga de las
constancias.
ARTÍCULO 31.- COMUNICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR, ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL
CARGO. El nombramiento de defensor podrá ser comunicado a la persona en quien recaiga, por conducto del
inculpado o del Ministerio Público. Si aquél se encontrare presente, dicho nombramiento se le hará saber desde luego.
Si el defensor designado acepta el cargo deberá manifestarlo expresamente y protestar su fiel desempeño, por escrito
o mediante comparecencia.
El Ministerio Público sólo estará obligado a actuar con defensor del inculpado cuando éste desee confesar, cuando así
lo pida siempre que se encuentre detenido y en los demás casos que lo exija esta Ley; mas si el defensor designado
no se encuentra presente, el Ministerio Público le designará al defensor de oficio que se encuentre disponible para que
asuma su defensa durante el desahogo de la diligencia en que se registre dicha ausencia.
ARTÍCULO 32.- REPRESENTANTE COMÚN DE LA DEFENSA. Cuando el inculpado nombre varios defensores,
cualquiera podrá actuar con tal carácter; pero aquél deberá designar un representante común, para que con él se
entiendan las notificaciones. Si omite designarlo, el Ministerio Público conferirá el cargo al primero que hubiere
nombrado el inculpado.
ARTÍCULO 33.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DEFENSOR. Durante la averiguación previa el defensor tendrá
los siguientes derechos y obligaciones:
I. IDENTIFICACIÓN. Identificarse fehacientemente en sus comparecencias ante el Ministerio Público.
II. DESIGNACIÓN DE DOMICILIO. Designar, desde la primera comparecencia o escrito que presente, domicilio para
oír y recibir notificaciones en el lugar donde radique la indagatoria e informar oportunamente los cambios del mismo.
III. FIRMAR LAS CONSTANCIAS. Firmar las constancias de las diligencias en que hubiere intervenido. El
incumplimiento de la presente obligación dará lugar a la revocación del cargo.
IV. NOTIFICARSE. Oír y recibir las notificaciones que le formule el Ministerio Público, las que surtirán efectos como si
se hubieren hecho a su defensa.
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V. BRINDAR DEFENSA ADECUADA. Brindar una defensa adecuada a su representado, estar presente en todas las
audiencias y diligencias que se practiquen en la indagatoria, salvo las que se practiquen bajo reserva de identidad; y
promover los medios de prueba e intentar los recursos que crea convenientes.
Para que pueda desistirse de los medios de prueba que promueva y de los recursos que interponga, el defensor deberá
contar con el consentimiento expreso del inculpado. De igual forma, éste sólo podrá desistirse de los medios de prueba
que promueva y de los recursos que interponga, con el consentimiento de su defensor. Lo anterior deberá ser
debidamente constatado por el Ministerio Público.
VI. ABSTENERSE DE ABANDONAR LA DEFENSA. No abandonar la defensa hasta que el Ministerio Público admita
su renuncia o revocación.
VII. GUARDAR EL SECRETO PROFESIONAL. Guardar el secreto profesional para con su cliente.
VIII. COLABORACIÓN. Facilitar el cumplimiento de las medidas adoptadas con motivo de los procedimientos de
justicia restaurativa, cuando el inculpado se hubiere sometido a ellos.
IX. ORDEN Y RESPETO. Dirigirse a la Autoridad Ministerial con el orden y respeto debidos.
X. PRESENTACIÓN DE QUEJAS. A formular quejas por la indebida actuación del personal de la institución del
Ministerio Público, en los términos que establezca la Ley.
El abogado o pasante de derecho designado para el solo efecto de imponerse de las constancias tendrá las facultades
y deberes a que se refieren las fracciones I, VII y IX del presente artículo.
ARTÍCULO 34.- IMPEDIMENTOS PARA SER DEFENSOR. Están impedidos para ser defensores:
I. FALTA DE TÍTULO DE ABOGADO. Los que no posean al momento de la designación, título de Abogado o
Licenciado en Derecho debidamente expedido por instituciones autorizadas; salvo lo dispuesto en el tercer párrafo del
artículo 30 de la presente Ley.
II. PRESOS. Los que se hallen presos.
III. INHABILITACIÓN. Los que estén inhabilitados para el ejercicio de la profesión.
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
IV. INCOMPATIBILIDADES. Los que hubieren tenido conocimiento previo de la indagatoria con el carácter de juez,
agente del Ministerio Público, perito, policía investigador del estado o escribiente; así como los que intervengan o
hubieren intervenido con cualquier carácter dentro de la averiguación previa.
V. DEFENSA CONTRADICTORIA. Los que ya defiendan a otro inculpado cuyos intereses jurídicos estén en conflicto
con los de quien pretendan defender.
Se entiende que existe conflicto de intereses únicamente cuando un inculpado imputa intervención típica o
responsabilidad a otro, excluyendo las que a él le pudieran resultar.
El Ministerio Público no dará intervención alguna a las personas designadas en contravención a lo dispuesto en el
presente artículo. Lo mismo hará cuando, sin que exista alguno de los impedimentos señalados, el defensor designado
comparezca a las diligencias en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas o estupefacientes.
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ARTÍCULO 35.- RENUNCIA Y REVOCACIÓN DEL CARGO DE DEFENSOR. Cuando el defensor renuncie al cargo
conferido el Ministerio Público comunicará dicha circunstancia al inculpado en la siguiente diligencia a la que
comparezca, si aquél no lo hubiere hecho. De igual manera, si el inculpado revoca el cargo de defensor que hubiere
conferido o que el Ministerio Público hubiere asignado, se comunicará en los mismos términos a aquél en quien hubiere
recaído.
La renuncia o la revocación del cargo de defensor surtirán efectos sólo desde el momento en que el Ministerio Público
acuerde su aceptación, pero si se omitiere dictar dicho acuerdo aquellas surtirán efectos por ministerio de ley a los
cinco días contados a partir de que las mismas se hubieren comunicado al Ministerio Público.
El Ministerio Público deberá, además, revocar de plano la designación que se hubiere hecho cuando se presente
alguno de los impedimentos señalados en el artículo anterior o se percate de su existencia; así como cuando el
defensor se niegue a firmar las constancias en que hubiere intervenido.
En cualquier caso, la sustitución del defensor se hará mediante los procedimientos establecidos para su designación.
ARTÍCULO 36.- OTROS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Los testigos, peritos,
policías, funcionarios y demás personas que intervengan en la Averiguación Previa tendrán los derechos y obligaciones
que esta y las demás leyes establezcan.
TÍTULO SEGUNDO.
DE LA COMPETENCIA.
CAPÍTULO I.
DE LA COMPETENCIA OBJETIVA.
ARTÍCULO 37.- COMPETENCIA PLENA. Los Agentes del Ministerio Público conocerán de los delitos que sean
competencia de las Autoridades Estatales conforme a las reglas establecidas en el Código Penal, independientemente
del lugar en que residan, la jerarquía o cargo que ostenten y la especificidad de los hechos denunciados. Su
competencia se extiende tanto para la investigación de los hechos como para su eventual persecución ante los
Órganos Jurisdiccionales.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Sin perjuicio de lo anterior, el titular de la Procuraduría podrá establecer criterios territoriales y de especialidad para
efectos de división del trabajo y control jerárquico, sin que los mismos afecten las facultades y competencias otorgadas
por esta ley ni invaliden los actos realizados en contravención a ellos. Los agentes del Ministerio Público serán
identificados oficialmente con base a la especialidad o residencia que en dichos términos se les asigne.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Cuando, con base en los criterios territoriales y de especialidad que fije el titular de la Procuraduría, surjan conflictos
respecto del agente del Ministerio Público autorizado para tomar conocimiento de los hechos, el funcionario que tenga
jerarquía sobre los involucrados determinará lo conducente, sin mayores trámites.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al personal de Policía Investigadora del Estado y de Servicios
Periciales, en cuanto resulte conducente.
ARTÍCULO 38.- FACULTAD DE ATRACCIÓN. El superior jerárquico podrá en cualquier momento ejercer la facultad
de atracción respecto de los asuntos en conocimiento de sus inferiores, para realizar determinados actos o para
asumirlos integralmente, por sí mismo o por cualquier otro Agente que designe, sin más limitaciones que las que la
presente Ley señale. Para el ejercicio de la facultad de atracción no será necesaria la emisión de acuerdo escrito.
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En cualquier caso, el funcionario que tenga carácter de Ministerio Público podrá actuar dentro de las indagatorias que
le correspondan revisar, para regularizar su integración.
ARTÍCULO 39.- INTERVENCIÓN DE VARIOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. Cuando en una misma
averiguación previa o proceso intervengan varios Agentes del Ministerio Público podrán actuar conjunta o
indistintamente, pero se sujetarán en todo caso a las instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos o del que
hubiere sido designado responsable de su integración o seguimiento.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 40.- AUXILIOS Y EXHORTOS MINISTERIALES DENTRO DEL ESTADO. Cuando el agente del Ministerio
Público que conozca de la indagatoria deba realizar actos fuera de su lugar de residencia, pero dentro del mismo
estado, podrá hacerlo en forma directa y sin mayores trámites o bien, solicitar el auxilio de sus homólogos mediante
exhorto que hará llegar por conducto de los delegados o de la instancia que determine el titular de la Procuraduría.
ARTÍCULO 41.- AUXILIOS Y EXHORTOS MINISTERIALES FUERA DEL ESTADO. Cuando sea necesario realizar
actos fuera del territorio del Estado o que requieran la intervención de otras Procuradurías, el Agente del Ministerio
Público que conozca de la indagatoria solicitará auxilio o colaboración en los términos que señalen los Convenios
Interprocuradurías celebrados conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se procederá de igual forma para los auxilios o colaboraciones requeridos al Ministerio Público del Estado por parte
de otras Procuradurías.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 42.- INCOMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO. Cuando el agente del Ministerio Público
estime que los hechos puestos en su conocimiento no son competencia de las autoridades del fuero común o del
Estado, emitirá acuerdo debidamente razonado y lo hará llegar, junto con las constancias de las diligencias que hubiere
practicado, a la dirección general de averiguaciones previas o al funcionario que designe titular de la Procuraduría, el
cual de estimar procedente la incompetencia planteada, remitirá todo lo actuado a la Procuraduría que se considere
facultada para conocer de los hechos. En caso contrario, remitirá las mismas al funcionario a quien le corresponda
conocer.
Cuando la incompetencia fuere sólo respecto de ciertos hechos se hará el desglose de la averiguación
correspondiente.
Cuando otra Procuraduría sostenga competencia con la del Estado o rechace la que se le hubiere planteado, se
procederá en los términos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos
establezcan. En cualquier caso el Ministerio Público del Estado podrá reconsiderar y aceptar o negar su competencia.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 43.- COMPETENCIA POR HECHOS EN CONOCIMIENTO DE OTRAS PROCURADURÍAS. Cuando otras
procuradurías remitan las constancias de los hechos de que hubieren tomado conocimiento por considerar que los
mismos son competencia de las autoridades del estado, el Director General de Averiguaciones Previas o el funcionario
que designe el titular de la Procuraduría hará la calificación respectiva y si estima procedente la competencia remitirá
las constancias al agente del Ministerio Público a quien corresponda conocer.
Cuando se considere competente sólo respecto de ciertos hechos hará el desglose de la indagatoria y remitirá las
constancias relativas a los hechos respecto de los cuales se considere incompetente a la autoridad que considere
facultada para conocer.
(REFORMADO, P.O. 12 DE MAYO DE 2009)
Si se planteara conflicto de competencia entre la Fiscalía y otras procuradurías o entidades encargadas de la
procuración de justicia se procederá conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo anterior.
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ARTÍCULO 44.- INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN POR PLANTEAMIENTOS DE COMPETENCIA. El término
de prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se plantee cualquier cuestión de competencia y hasta
que la misma sea resuelta.
ARTÍCULO 45.- VALIDEZ DE LAS DILIGENCIAS DESAHOGADAS POR OTRAS PROCURADURÍAS. Las
diligencias practicadas por personal de otras Procuradurías que se hubieren declarado incompetentes o las que
hubieren realizado con motivo de auxilio o colaboración solicitada, serán válidas en el Estado y su legal constitución
se examinará conforme a la legislación del lugar o fuero en que se hayan practicado.
ARTÍCULO 46.- COMPETENCIA JUDICIAL. El Ministerio Público ejercitara la acción penal ante los Órganos
Jurisdiccionales que resulten competentes conforme a las reglas que fije el Código de Procedimientos Penales.
CAPÍTULO II.
DE LA COMPETENCIA SUBJETIVA.
ARTÍCULO 47.- IRRECUSABILIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO. Los Agentes del Ministerio Público son
irrecusables, pero deberán excusarse cuando exista alguna de las causas a que se refiere el artículo siguiente.
ARTÍCULO 48.- MOTIVOS DE EXCUSA. Son causas de excusa las siguientes:
I RELACIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CON EL INCULPADO, DEFENSOR, VÍCTIMA, OFENDIDO
O SUS ABOGADOS. Tener respecto del inculpado, defensor, víctima u ofendido o sus abogados:
a) Parentesco en línea recta sin limitación de grados, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y
en la colateral por afinidad hasta el segundo grado.
b) Estrecha amistad o enemistad manifiesta.
c) El carácter de socio, arrendador o arrendatario.
d) El carácter de acreedor, deudor o fiador o tener dicha calidad su cónyuge o alguno de sus hijos.
e) El carácter de heredero, legatario o donatario, siempre que hubiere aceptado la herencia o el legado o hubiere
hecho alguna manifestación en dicho sentido.
f) El carácter de tutor, curador o administrador de sus bienes por cualquier título, aunque dicha calidad hubiere
cesado.
II. RELACIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, SU CÓNYUGE O PARIENTES CON ALGUNO DE LOS
INTERESADOS. Encontrarse el Agente del Ministerio Público, su cónyuge o sus parientes en línea recta sin limitación
de grados, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo
grado; en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Haber demandado, denunciado o presentado querella en contra del inculpado, su defensor, víctima u ofendido
o sus abogados o de los cónyuges o parientes en línea recta sin limitación de grados, en la colateral por
consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo grado; de cualquiera de
ellos.
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b) Haber sido demandado, denunciado o querellado por el inculpado, su defensor, victima u ofendido o sus
abogados o por los cónyuges o parientes en línea recta sin limitación de grados, en la colateral por
consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo grado; de cualquiera de
ellos.
c) Tener interés personal en la indagatoria o en el proceso.
III. NEGOCIO EN EL QUE SEA JUEZ O ARBITRO ALGUNO DE LOS INTERESADOS. Seguir algún negocio en el
que sea Juez o Arbitro el inculpado, su defensor, la víctima u ofendido o sus abogados.
IV. RECIBIR PRESENTES, SERVICIOS O CONVITES DE ALGUNO DE LOS INTERESADOS. Aceptar dadivas o
servicios del inculpado, su defensor, la víctima u ofendido o sus abogados; o asistir a convites que para él organice
cualquiera de ellos durante la tramitación de la indagatoria o el proceso.
V. HACER PROMESAS QUE IMPLIQUEN PARCIALIDAD. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en
contra del inculpado, su defensor, la víctima u ofendido o sus abogados.
VI. HABER INTERVENIDO PREVIAMENTE EN LA INDAGATORIA O PROCESO CON DIVERSA CALIDAD. Haber
intervenido previamente en la averiguación previa o proceso con el carácter de perito, testigo, defensor, abogado, Juez
o Magistrado; o haber gestionado o recomendado el asunto a favor o en contra del inculpado, la víctima o el ofendido.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 49.- CALIFICACIÓN DE LA EXCUSA. Las excusas del personal adscrito a las delegaciones serán
calificadas por el delegado correspondiente, las del personal adscrito a las diversas direcciones serán calificadas por
los titular es de las mismas, las de los directores y delegados serán calificadas por el subprocurador que corresponda
según su adscripción o etapa procedimental en que se plantee, las que promuevan los subprocuradores serán
calificadas por titular de la Procuraduría.
El titular de la Procuraduría será irrecusable, pero cuando se encuentre en alguno de los supuestos mencionados en
el artículo anterior lo comunicará al subprocurador a quien corresponda suplir sus ausencias para que tome el
conocimiento del asunto.
ARTÍCULO 50.- TRÁMITE DE LA EXCUSA. Cuando el funcionario que conozca del asunto estime que se encuentra
en alguno de los supuestos que motiven su excusa, se abstendrá de plano de cualquier actuación, salvo aquéllas que
resulten impostergables; emitirá acuerdo en el que razone la causa que le afecte y lo remitirá de inmediato, junto con
las constancias que le sirvan de sustento, al funcionario a quien competa calificarla.
El funcionario competente, sin mayor trámite, calificará la excusa con base en las constancias que se le hubieren
remitido y si la considerare procedente asignará el conocimiento del caso a otro funcionario. De lo contrario ordenará
al funcionario que hubiere planteado la excusa que continúe en su conocimiento. Las resoluciones que se dicten serán
irrecurribles.
El planteamiento y trámite de la excusa no suspenderán la continuación de la averiguación previa, en todo caso, el
funcionario a quien le corresponda resolver dictará las medidas necesarias para que se continúe con las actuaciones.
TÍTULO TERCERO.
DEL INICIO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA.
CAPÍTULO I.
DEL CONOCIMIENTO DE LA NOTICIA DEL DELITO
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ARTÍCULO 51.- CONOCIMIENTO DE LA NOTICIA DEL DELITO. Cuando el Ministerio Público tenga noticia de la
comisión de un delito que sea de su competencia tendrá la obligación de investigarlo.
Si el delito sólo se persigue por querella o condición equivalente, el deber de investigarlo existirá desde que aquellas
se cumplan. Pero si el Ministerio Público o sus auxiliares llegan a practicar diligencias, éstas tendrán validez.
La falta de querella o condición equivalente sólo es obstáculo para perseguir el delito y por lo tanto, para el desarrollo
válido del proceso.
ARTÍCULO 52.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. Quien presencie la comisión de un delito perseguible de oficio,
tendrá obligación de denunciarlo ante el Ministerio Público.
La autoridad que en ejercicio o con motivo de sus funciones presencie la comisión de un delito perseguible de oficio,
de inmediato lo comunicará al Ministerio Público; le transmitirá los datos que tenga y las constancias que hubiere
levantado y pondrá a su disposición a los inculpados, si se les detuvo.
La misma obligación tendrán los encargados de albergues y los directores de establecimientos hospitalarios o de salud,
clínicas y en general los profesionales en medicina, así como los que ejercieren prestaciones auxiliares de éstas;
cuando notaren en una persona o un cadáver señas que hagan presumible la comisión de un delito.
ARTÍCULO 53.- EXONERACIÓN DEL DEBER DE DENUNCIAR. Nadie esta obligado a formular denuncia contra su
cónyuge, concubina o concubinario, persona con quien se encuentre legalmente ligado en pacto civil de solidaridad,
consanguíneos dentro del segundo grado en línea recta o transversal o parientes por afinidad en ese mismo grado;
salvo que se trate de delitos cometidos en contra de menores sujetos a su custodia o patria potestad; ni a denunciar
conductas punibles que haya conocido por causa o en ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente
el deber de guardar secreto profesional.
ARTÍCULO 54.- DENUNCIA. Denuncia es la relación de hechos posiblemente constitutivos de delito que se ponen en
conocimiento del Ministerio Público por persona cierta o por autoridades que hubieren conocido de los mismos en
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
ARTÍCULO 55.- QUERELLA. Querella es la expresión potestativa de voluntad que revela el deseo o intención de que
los hechos posiblemente constitutivos de delito puestos en conocimiento del Ministerio Público sean investigados o
perseguidos. La querella sólo será necesaria en los casos en que la Ley expresamente lo determine.
Para que la querella se tenga por formulada no será necesario que se empleen fórmulas sacramentales o específicas.
ARTÍCULO 56.- LEGITIMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE QUERELLAS. Están legitimados para formular
querella:
I. EL OFENDIDO.- El ofendido o sus representantes legales cuando estos se admitan, salvo si alguno de ellos es
inculpado. Además, en defecto de los anteriores, las personas o dependencias que la Ley autorice.
Cuando el ofendido tenga menos de dieciocho años de edad pero se le considere emancipado en los términos que
señala el Código Civil, formulará querella por sí mismo; en caso contrario sólo la podrán formular sus representantes
legales o alguno de ellos; o en su defecto las personas o dependencias que autorice la Ley.
Si el ofendido es incapaz la querella podrá ser formulada por sus representantes o alguno de ellos y en su defecto por
las personas o dependencias autorizadas por la Ley.
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II. PLURALIDAD DE OFENDIDOS EN DELITOS PATRIMONIALES. En tratándose de delitos patrimoniales en que la
cosa pertenezca a varios dueños o se posea o utilice por varias personas con título legal, será suficiente la querella de
cualquiera de ellas. De igual manera podrá formular querella la persona que sin ser propietaria de la cosa, la tenga
bajo su poder por cualquier título legal.
III. PERSONAS QUE GUARDAN VÍNCULOS CON LOS OFENDIDOS CUANDO SE TRATA DE CIERTOS
HOMICIDIOS CULPOSOS. Cuando el ofendido hubiere fallecido por homicidio culposo perseguible por querella
conforme a lo dispuesto por el Código Penal, tendrá derecho a formularla:
a) Su cónyuge, concubina o concubinario o la persona con quien se encuentre legalmente ligado en pacto civil de
solidaridad.
b) Sus representantes legales, si se tratare de menores o incapaces.
c) Sus hijos consanguíneos o adoptados.
d) Sus padres consanguíneos o adoptantes.
e) Sus hermanos.
f) Sus consanguíneos en ulterior y hasta el cuarto grado, por cualquier línea.
El derecho a formular querella se reconocerá con dicho orden de prelación y sólo se concederá a quienes se sitúen en
los niveles inferiores cuando los superiores hubieren sido excluidos por no existir o por que quien se hubiere situado
en ellos haya fallecido, haya sido declarado legalmente ausente o sea el inculpado.
Cuando varias personas se sitúen en el mismo nivel, cualquiera de ellas podrá concurrir a la formulación de la querella.
Se procederá de oficio cuando exista duda razonable sobre si el motivo determinante de la culpa pudo deberse al
estado de ebriedad o al influjo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier sustancia que produzca efectos análogos.
Sin perjuicio de que al cesar la duda se recabe la querella o, en su defecto, se archive la indagatoria o se sobresea el
proceso.
IV. PERSONAS QUE GUARDAN VÍNCULOS CON LOS OFENDIDOS POR LESIONES CULPOSAS QUE
PRODUZCAN INCAPACIDAD. Cuando con motivo de lesiones culposas el ofendido quede con incapacidad física o
mental para presentar querella, podrá formularla cualquier persona, dependencia o institución que se haga cargo de
su guarda y cuidados o que cubra el importe de los mismos, en el tiempo que dure su incapacidad.
Quien formule la querella acompañará certificación médica de la incapacidad e informará al Ministerio Público el lugar
en que se encuentre el lesionado, el lugar en donde este siendo atendido y el nombre de su médico tratante. Sin estos
requisitos la querella no podrá tenerse por formulada.
El Ministerio Público podrá en cualquier momento ordenar la practica de peritajes para determinar la existencia o
terminación de la incapacidad.
Si la incapacidad cesa y la indagatoria esta sin concluir, el ofendido deberá ratificar la querella dentro de los treinta
días siguientes. De omitir hacerlo se archivará la indagatoria dejando a salvo su derecho para formularla
posteriormente, para el caso de que el mismo se pueda encontrar vigente. Si la indagatoria hubiere sido consignada y
no se ratifica en dicho término se sobreseerá el proceso. De ello se prevendrá a la persona que haya formulado la
querella por el ofendido, desde el momento de su formulación.
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En cualquier caso quien formule la querella tendrá los mismos derechos y obligaciones que establezca la Ley para los
ofendidos y víctimas, hasta en tanto cese la incapacidad o se le nombre representante legal en términos de Ley.
ARTÍCULO 57.- INTERVENCIÓN DE APODERADOS EN DENUNCIAS O QUERELLAS. No se admitirá intervención
de apoderado jurídico para formular denuncias o querellas a nombre de personas físicas.
Las personas morales podrán actuar por conducto de apoderado general para pleitos y cobranzas, siempre y cuando
concurran las condiciones siguientes: 1) El poder se otorgue por representante legal de la persona moral. 2) El poder
contenga cláusula general para formular denuncias o querellas. 3) El poder se otorgue ante notario público.
Para el poder será innecesario: 1) Acuerdo o ratificación del consejo de administración o de la asamblea de socios o
accionistas. 2) Poder especial para el caso concreto. 3) instrucciones concretas del mandante.
Las dependencias del Estado y de los Municipios podrán presentar denuncias por conducto de los funcionarios que la
ley o sus reglamentos autoricen; pero la formulación de querellas sólo podrá hacerse por quien posea la representación
legal del Estado o del Municipio o por quien cuente con poder general para pleitos y cobranzas, otorgado en los
términos señalados en el párrafo segundo de este mismo artículo.
Cualquier persona podrá denunciar por su propio derecho un delito perseguible de oficio cometido contra persona
moral. Mas si quien denuncia un delito perseguible de oficio que se cometió contra persona moral, se ostenta como su
representante o apoderado legal y omite acreditar su representación o poder, se entenderá que lo denuncia por su
propio derecho y bajo su responsabilidad.
ARTÍCULO 58.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DENUNCIA Y QUERELLA. Las denuncias y las querellas se pueden
formular verbalmente o por escrito, pero siempre ante el Ministerio Público. En ellas se observará la prevención
constitucional para el derecho de petición.
El denunciante o querellante determinará los hechos mencionando en que los hace consistir y precisando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión; según los haya conocido.
Lo que manifieste el denunciante o querellante se asentará en primera persona y con sus propias palabras; sin perjuicio
de que el Ministerio Público asiente las aclaraciones o explicaciones que estime pertinentes. Las circunstancias de
tiempo se señalaran en días calendario, si fuere posible, o por aproximaciones. El Ministerio Público podrá formular
preguntas especiales al querellante o denunciante, asentando la misma seguida de su respuesta.
Cuando una denuncia o querella sea irrespetuosa o imprecisa, el funcionario que la reciba prevendrá al denunciante
o querellante que la modifique o aclare, ajustándola a los párrafos anteriores. De no hacerlo se tendrá por no puesta,
mas si quien incumple con la aclaración o modificación fuere funcionario público, además, se comunicará lo anterior a
su superior jerárquico.
Cualquiera que sea el caso se informará al querellante o denunciante, dejando constancia escrita, que es delito
conducirse falsamente ante las autoridades; o formular denuncia o querella por hechos falsos. Dicha prevención se
hará al momento de la presentación de la denuncia, si fuere oral, o al ratificar la que hubiere sido presentada por
escrito.
ARTÍCULO 59.- RATIFICACIÓN DE DENUNCIA O QUERELLA. Cuando la denuncia o querella se presente por
escrito, quien la formule deberá ratificarla ante el Ministerio Público dentro de los treinta días siguientes a su
presentación. Si no la ratifica dentro de ese plazo, ningún efecto producirá la denuncia o querella y la averiguación se
podrá archivar.
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Cuando la denuncia o querella fuere formulada por funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con motivo
de ellas, no será necesario que la ratifique; pero quien la reciba podrá asegurarse del carácter de quien la formule y
de la autenticidad del documento en que se presente.
Si la ratificación de la denuncia o de la querella o su modificación o aclaración se hicieren en tiempo, sus efectos se
harán retroactivos al momento de la presentación de aquélla. Lo anterior también se aplicará para el caso de que la
querella hubiere sido presentada por persona distinta al ofendido en los casos en que esta Ley lo permite.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 60.- CONOCIMIENTO DEL DELITO POR PARTE INFORMATIVO Y OTROS MEDIOS. Cuando agentes
de la Policía Investigadora del Estado o de las demás corporaciones policiales tengan conocimiento de hechos
posiblemente constitutivos de delito, antes que el Ministerio Público, lo comunicarán con la mayor prontitud a éste
mediante parte informativo o por cualquier medio de comunicación a su alcance.
Si se trata de medio distinto al parte informativo escrito, el Ministerio Público deberá dejar constancia de la forma en
que los agentes policiales le hubieren informado los hechos de que se trate.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Si la noticia del delito procede de una fuente no identificada o persona anónima, antes de informar al Ministerio Público,
el agente de la Policía Investigadora del Estado que la reciba deberá confirmarla y hacer constar por escrito el medio
por el que la recibió, asentando el día, la hora y los datos que le hubieren sido proporcionados.
Cuando el Ministerio Público tome conocimiento de hechos posiblemente delictuosos, por cualquier otro medio, deberá
hacer constar las circunstancias en que hubiere tenido noticia de los mismos.
CAPÍTULO II.
DE LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, CONSTANCIAS DE HECHOS Y ACTAS DE CONCILIACIÓN
PRELIMINAR.
ARTÍCULO 61.- CONSTANCIAS DE HECHOS. Constancia de hechos es la relación de acontecimientos puestos en
conocimiento del Ministerio Público que por sí mismos o por su propia naturaleza carecen de elementos para
considerarlos constitutivos de delito.
ARTÍCULO 62.- SUPUESTOS EN QUE PROCEDE EL LEVANTAMIENTO DE CONSTANCIAS DE HECHOS. El
Ministerio Público levantará constancia de hechos en los siguientes casos:
I. PERDIDA DE DOCUMENTOS U OBJETOS. Cuando se trate de la perdida o extravío de documentos personales,
identificaciones u objetos.
II. DECESOS. Cuando se trate de decesos ocurridos por causas naturales, procesos patológicos o por las previas
condiciones de salud del occiso no atribuibles a agentes externos; siempre que exista certificado médico en el que se
expresen las causas de la muerte.
III. DECESOS O DAÑOS POR HECHOS DE LA NATURALEZA. Cuando se trate de fallecimientos o daños ocurridos
a consecuencia de hechos de la naturaleza.
IV. REFERENCIAS O ANTECEDENTES. En los demás casos en que el interesado desee hacer constar hechos como
mera referencia o antecedente.
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ARTÍCULO 63.- EFECTOS DEL LEVANTAMIENTO DE CONSTANCIAS DE HECHOS. El levantamiento de
constancias de hechos no ameritará investigación por parte del Ministerio Público quien únicamente se limitará a
expedir constancia o testimonio de ella si lo pidiere el interesado.
Las constancias que al efecto se levanten no se consideraran como denuncias o querellas, para los efectos legales.
ARTÍCULO 64.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS. Son actas circunstanciadas los expedientes formados por el
Ministerio Público con motivo del conocimiento de hechos que por sí mimos no revelen la posible comisión de delito,
pero que eventualmente por el resultado de las investigaciones pudiera evidenciarse la comisión de alguno; así como
los formados cuando se hagan de su conocimiento, por instancias o dependencias oficiales, hechos posiblemente
constitutivos de delitos que sólo puedan ser perseguidos por querella en tanto ésta no se encuentre satisfecha.
ARTÍCULO 65.- SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS. El Ministerio Público
formará acta circunstanciada sólo en los siguientes casos:
I. PARTES INFORMATIVOS Y COMUNICADOS OFICIALES. Cuando reciba partes informativos, vistas o
comunicados de dependencias oficiales en los que se hagan de su conocimiento hechos que sólo pueden ser
perseguibles por querella, en tanto la misma no se encuentre satisfecha.
II. SUICIDIOS Y ACCIDENTES. Cuando tenga conocimiento del fallecimiento de personas por causas presuntamente
derivadas de suicidios o de accidentes no motivados por hechos de tránsito.
III. DESAPARICIÓN DE PERSONAS. Cuando tome conocimiento de la desaparición de personas, sin que se le
proporcionen datos objetivos que revelen que las mismas hubieren obedecido a causas ajenas a su libre voluntad.
ARTÍCULO 66.- EFECTOS DE LA FORMACIÓN DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS. En los casos previstos en la
fracción I del artículo anterior el Ministerio Público podrá practicar las diligencias básicas o urgentes a fin de garantizar
la preservación de las pruebas o evidencias, pero tendrá obligación de hacerlo siempre que se hubiere puesto a su
disposición persona detenida. Si la querella no fuere presentada dentro del término de cinco días contados a partir de
que se recibió el parte o comunicado, el expediente se archivara sin más tramite; sin perjuicio de que si la misma se
formula posteriormente se retome su integración como averiguación previa.
En los supuestos a que se refieren las fracciones II y III del mismo artículo el Ministerio Público deberá agotar las
investigaciones a fin de determinar si los hechos son o no constitutivos de delito. Cuando conforme a las
investigaciones realizadas se desprenda que los hechos no son constitutivos de delito el expediente se archivara de
plano, bastando para ello acuerdo fundado y motivado del Ministerio Público. Mas si surgieren indicios de la posible
comisión de delito se continuará con su integración como averiguación previa. En estos casos el archivo que se decrete
estará siempre sujeto a que al aparecer nuevos elementos de prueba que permitan establecer la posible comisión de
delito se retomen las investigaciones.
En cualquier caso las actuaciones realizadas se considerarán como Averiguación Previa para los efectos de la acción
penal y para el ejercicio de las atribuciones encomendadas al Ministerio Público y se sujetarán a los requisitos y
formalidades que establece la presente Ley.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 22 DE ABRIL DE 2014)
ARTÍCULO 67. ACTAS DE CONCILIACIÓN PRELIMINAR. El Ministerio Público formará actas de conciliación
preliminar cuando se le denuncien hechos que aún pudiendo ser eventualmente constitutivos de los delitos de
amenazas, lesiones levísimas no calificadas o robo simple de menor cuantía, el ofendido o víctima acepten
expresamente someterse a conciliación ante el propio Ministerio Público.
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En estos casos el Ministerio Público levantará constancia de los hechos denunciados y procederá a citar al inculpado
y a la víctima u ofendido para el sólo efecto de procurar su conciliación. Si la misma se lograre hará constar lo convenido
y se archivará lo actuado. En caso contrario procederá a la integración de la averiguación previa que corresponda.
TÍTULO CUARTO.
DE LAS FORMAS EN LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA.
CAPÍTULO I.
FORMAS GENERALES DE LAS ACTUACIONES, DILIGENCIAS Y PROVEIDOS MINISTERIALES.
ARTÍCULO 68.- MOMENTO EN QUE PUEDEN PRACTICARSE LAS DILIGENCIAS. Las actuaciones y diligencias
del Ministerio Público y sus auxiliares podrán practicarse a toda hora y aún en días inhábiles, sin necesidad de previa
habilitación.
Siempre que por cualquier motivo se omita practicar una actuación o diligencia en el día y hora que previamente se
hayan señalado, se hará constar la razón por la cual no se practicó.
ARTÍCULO 69.- FORMA DE HACER CONSTAR LAS ACTUACIONES Y DILIGENCIAS. Para hacer constar las
actuaciones y diligencias el Ministerio Público utilizará la forma escrita, por medio mecanográfico, electrónico o
equivalente o por simple escritura a mano. En cualquier caso, además de agregar al expediente el documento escrito
o impreso de las constancias que hubiere levantado o de los documentos que se le hubieren entregado, procurará que
quede registro electrónico de las mismas.
Podrá emplear también cualquier medio que tenga por objeto reproducir sonidos, imágenes o imágenes con sonido,
empleando preferentemente grabación magnetofónica o de audio video, pero en ellas deberá narrase o describirse lo
acontecido. En estos casos el Ministerio Público deberá levantar acta por escrito en la que hará constar: el objeto de
la actuación o diligencia, el lugar, hora, día, mes y año en que se efectúe; las personas y el carácter con que intervienen,
el medio empleado para su reproducción, las incidencias que se presenten al maniobrar u operar dicho medio; así
como la forma empleada para embalar e identificar la cinta, disquete o instrumento en que se hubiere registrado la
diligencia. Dicha acta se levantará por cuadruplicado durante la actuación o diligencia y deberá ser firmada por las
personas que en ella intervengan, conforme a lo que esta Ley establece para las firmas y huellas digitales. La cinta,
disquete o instrumento en que se hubiere registrado la diligencia se respaldará o reproducirá en tres tantos más,
utilizando instrumentos de la misma naturaleza y características, cada uno de los cuales se agregarán a los
expedientes que se hubieren formado con motivo de la indagatoria. El instrumento original se embalará de manera
que se impida su alteración, se identificará en forma que permita su correlación con la acta que se hubiere levantado
y se resguardará en lugar seguro junto con un tanto del acta que se hubiere levantado. Cuando se haga necesaria la
consulta de lo actuado en la diligencia se empleará cualquiera de los duplicados o respaldos agregados a los
expedientes. La consulta o reproducción del instrumento original sólo podrá realizarse por mandato de autoridad
judicial, observándose las medidas necesarias para impedir su alteración y levantándose constancia de ello.
Salvo que se trate de inspecciones o reconstrucciones de hechos en las que bastará el levantamiento del acta a que
se refiere el párrafo anterior; dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere desahogado la diligencia,
el Ministerio Público deberá transcribir íntegramente el contenido de la grabación que se hubiere realizado, en la que
hará constar lo que se diga y acontezca en la misma, identificando por su nombre, y apellidos a las personas cada que
hagan uso de la voz, a menos de que, si se trata del inculpado, no sea posible su identificación o la misma sea dudosa,
en cuyo caso bastará referirse a él como inculpado. Dicha trascripción deberá ser firmada por los que hubieren
intervenido en la diligencia, pero bastará la firma del Ministerio Público para que tenga validez, siempre que se hubiere
cumplido con lo dispuesto en el párrafo anterior.
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Todo lo que digan las personas que aparecieren en la grabación o lo que se diga de ellas en la misma, se tendrá por
no manifestado cuando no se hubiere asentado razón de su intervención en el acta respectiva.
Las grabaciones y transcripciones realizadas en contravención a lo dispuesto por este artículo, carecerán de valor.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier caso el Ministerio Público podrá adicionalmente video grabar o tomar imágenes
o sonidos de las actuaciones que levante en forma escrita.
ARTÍCULO 70.- USO DEL ESPAÑOL. En las actuaciones y diligencias se empleará el español. Las promociones,
informes, dictámenes y escritos que se dirijan al Ministerio Público se redactarán en ese mismo idioma. Carecerán de
validez las actuaciones que consten en otro idioma, si no están acompañadas de su traducción.
Los documentos que se presenten en otro idioma se acompañarán con su traducción al español, de lo contrario ningún
efecto producirán. En cualquier caso, si el Ministerio Público lo estima necesario ordenará su traducción por medio de
perito.
ARTÍCULO 71.- INTERVENCIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES. Cuando la persona con quien se entienda
la diligencia no hable español, el Ministerio Público designará uno o más traductores mayores de edad observando los
procedimientos para la designación de peritos. Si no hay traductor de esa edad, podrá designarse a quien tenga
dieciséis años o más.
(REFORMADO, P.O. 9 DE AGOSTO DE 2016)
Si con quien se entiende la diligencia es una persona sorda o muda y no sabe leer ni escribir, se le nombrará intérprete
a cualquier persona con quien pueda hacerse entender. En este caso quien funja como intérprete protestará interpretar
fielmente las preguntas, respuestas y manifestaciones que se transmitan.
(REFORMADO, P.O. 9 DE AGOSTO DE 2016)
A las personas sordas, personas mudas que sepan leer y escribir se les interrogará por escrito y producirán sus
respuestas de igual forma.
ARTÍCULO 72.- BREVETE. En el acta o documento en que conste cada actuación o diligencia se agregará un brevete
inicial que indique el objeto de la misma. Más aquella tendrá valor si se omite éste.
ARTÍCULO 73.- CONTENIDO DE LAS ACTAS Y PROVEIDOS MINISTERIALES. Las actas y proveídos ministeriales
contendrán la relación de lo que acontezca durante el desarrollo de la diligencia que hagan constar o, en su caso, el
razonamiento o sentido de lo acordado o resuelto. En unos y otras se consignarán y se dará cumplimiento a los
requisitos y formalidades que para el deshogo específico de la diligencia o la emisión del proveído establezca la
presente Ley; pero en cualquier caso se hará constar el lugar, la hora y fecha en que se hubiere efectuado el acto que
consignen, así como el nombre, apellidos, dirección y teléfono de las personas que intervengan en ellas; salvo que se
trate del Ministerio Público quien sólo asentará su nombre y apellidos.
Quienes comparezcan a las diligencias deberán identificarse con documento oficial o por cualquier otro medio que
autorice la Ley, pero si se trata de denunciantes, querellantes o testigos deberán acompañar además comprobante de
domicilio para el caso de que el que hubieren proporcionado no se corresponda con el asentado en la identificación
que presenten.
El Ministerio Público agregará a la indagatoria copia certificada de las identificaciones y comprobantes de domicilio
que se le hubieren presentado.
ARTÍCULO 74.- GENERALES DE LOS COMPARECIENTES Y SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO. Los ofendidos,
inculpados, defensores, abogados, testigos, peritos y demás personas que intervengan en cualquier acto de la
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averiguación previa, darán sus nombres, apellidos, domicilio y teléfono, desde la primera diligencia en que intervengan
o escrito que presenten. Pero en todos los actos deberán identificarse en los términos que señala esta Ley.
Tendrán obligación de comunicar el cambio o error en cualquiera de ellos, a las autoridades ante las que intervinieron.
ARTÍCULO 75.- RESERVA DE IDENTIDAD. Cuando la diligencia que se haya de practicar pueda exponer a quien
figure como denunciante, captor, ofendido, víctima o testigo, a un daño o peligro grave para su persona o la de sus
allegados, se podrá reservar la identidad del compareciente y se le dará la protección que resulte conveniente. Para
ello se usarán todos los medios jurídicos, materiales y técnicos disponibles.
El acta que se levante deberá cumplir con todos los requisitos señalados por esta Ley para la diligencia de que se
trate, pero sin asentarse ningún dato que identifique a la persona, salvo su huella dactilar; consignándose en ella razón
de que se levanta bajo reserva de identidad.
En estos casos el Ministerio Público deberá, además, levantar acta por separado en la que asentará el nombre,
apellidos, domicilio, teléfono y demás datos de identificación de la persona que interviene bajo reserva; así como los
datos que permitan correlacionarla con la diligencia y expediente correspondientes. Dicha acta deberá ser firmada por
los que hubieren participado en la diligencia, con sujeción a lo dispuesto por esta Ley para las firmas y huellas digitales.
La constancia que así se levante se colocará, junto con la copia de los documentos de identificación de los
comparecientes y un tanto de la diligencia desahogada, en un sobre cerrado con cintilla de pegar, colocándole los
sellos de tal forma que impidan su violación y se resguardará en lugar seguro, poniéndola a disposición del Juez
correspondiente cuando la indagatoria sea consignada.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
La reserva sólo podrá ser levantada por la autoridad judicial en los supuestos y bajo los términos que la ley prevea;
pero en cualquier caso el Ministerio Público, con la autorización expresa del titular de la Procuraduría, podrá, durante
el proceso, renunciar o desistirse del medio de prueba o de la diligencia que haya desahogado bajo reserva de
identidad, cuando considere que las condiciones de riesgo o peligro para el compareciente subsistan.
La reserva de identidad sólo procederá cuando se trate de delitos graves.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
La reserva de identidad del agente del Ministerio Público y de los policías se sujetará a los mismos términos, pero
deberá ser previamente autorizada por el titular de la Procuraduría.
ARTÍCULO 76.- FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES. Quienes intervengan en las diligencias firmarán inmediatamente
al margen y al calce de cada una de las hojas en que se hubieren hecho constar las mismas. Pero para su validez
bastará que firmen una sola vez en cualquier lugar de la hoja en que conste la diligencia, salvo que se acredite que la
misma fue alterada con posterioridad al momento en que firmó.
Si el compareciente o interviniente no supiere o no pudiere firmar imprimirá cualquiera de sus huellas digitales en los
mismos términos dispuestos para las firmas. Si tampoco ello fuere posible, firmarán a su nombre dos personas que se
encuentren en el lugar en que se desarrolle la diligencia, debidamente identificadas. En cualquier caso se harán constar
en el acta dichas circunstancias.
Cuando el compareciente o interviniente se negare a firmar o, en su caso, a imprimir su huella digital, se asentará
razón de ello.
Si se estima conveniente, la persona que hubiere firmado el acta, podrá también imprimir su huella digital.
El Ministerio Público firmará al calce y, si lo considera conveniente, lo hará también al margen.
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ARTÍCULO 77.- ENMENDADURAS. En las actas y proveídos que levante o emita el Ministerio Público, así como en
las promociones, informes, dictámenes y escritos que se le dirijan, se evitarán las abreviaturas y raspaduras. De igual
manera se evitará alterar las palabras con error, sobre ellas sólo se pondrá una línea delgada que permita su lectura.
De lo contrario carecerá de valor lo que se abrevie, raspe o altere; sin perjuicio de que por cualquier otro medio se
acredite el sentido real de lo que aparezca abreviado, raspado o alterado. Las fechas y cantidades se asentarán con
letra.
Los errores en la hora, fecha, lugar y nombres de las personas que intervinieren en las diligencias o que se encontraren
referidos en los proveídos ministeriales, podrán ser rectificados en cualquier momento por el Ministerio Público,
siempre que se levante constancia de ello; la que deberán firmar las personas que hubieren intervenido o que se
hubieren referido en el acto motivo de la rectificación. En estos casos, se dará vista de la rectificación al inculpado, su
defensor, a la víctima u ofendido y a sus abogados, cuando los hubiere; a efecto de que manifiesten lo que a sus
intereses convengan.
ARTÍCULO 78.- RECTIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES. Las rectificaciones que hagan quienes intervinieren en
las diligencias se harán constar antes de que firmen o pongan sus huellas en las actas correspondientes. Si la
rectificación se hace después, pero antes de retirarse los interesados, se asentará la rectificación en actuación o
diligencia inmediata y firmaran el acta los que en ella intervinieron, en la forma que señala esta Ley.
Las rectificaciones que se hagan fuera de los supuestos señalados podrán hacerse en cualquier momento, pero
siempre se harán constar en acta levantada para el efecto. En estos casos, para valorar lo que se hubiere rectificado,
se atenderá al apoyo que le presten los demás medios de prueba que obren en la indagatoria.
ARTÍCULO 79.- PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES POR ESCRITO. Las promociones que por escrito se
presenten o dirijan al Ministerio Público por cualquiera de los interesados, deberán contener la firma autógrafa o la
huella digital de su autor. De lo contrario ningún efecto producirán.
El Ministerio Público podrá ordenar su ratificación cuando lo estime necesario, pero deberá hacerlo en los casos que
esta Ley expresamente lo disponga.
Los escritos ilegibles serán inadmisibles, pero si quien aparece como su autor es el inculpado y se encuentra preso, el
Ministerio Público lo llamará para que haga su petición por comparecencia.
Los escritos y promociones deberán presentarse por triplicado. Los interesados podrán presentar una copia más de
sus escritos para que se les devuelva con firma, sello y anotación de la hora y fecha de su presentación.
ARTÍCULO 80.- PRESENTACIÓN, CERTIFICACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Quienes presenten
documentos para su anexión a la indagatoria lo harán por triplicado. Si sólo uno de ellos fuere original el Ministerio
Público hará el cotejo y certificación de los restantes; sin perjuicio de que el presentante los exhiba en copias
certificadas por fedatario público. Cuando ninguno de los documentos sea original el Ministerio Público asentará razón
de ello en cada uno de los tantos que se le presenten.
Los interesados podrán pedir, por escrito o por comparecencia, la devolución de los documentos que presenten a la
indagatoria, pero para ello será necesario que exhiban un tanto más de los mismos a fin de que el Ministerio Público
proceda a su cotejo y certificación. Si los documentos fueron previamente incorporados al expediente y contaren con
sus folios correspondientes, se asentará razón de ello en la certificación que se haga y los documentos certificados se
anexarán en el espacio que hubiere dejado los que sean objeto de la devolución, evitando la alteración en la
continuidad de los folios. Para que proceda la devolución de documentos será necesario que quien los reciba proteste
presentarlos al Ministerio Público o a la Autoridad Judicial cuantas veces se le requiera.
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En ningún caso se devolverán documentos que deban ser objeto de peritaje o cuando hayan sido el medio u objeto
sobre el que recayó la conducta presuntamente delictiva; hasta en tanto haya quedado firme la determinación de no
ejercicio de acción penal o se haya consignado la indagatoria, en cuyo caso la Autoridad Judicial resolverá lo
conducente.
ARTÍCULO 81.- RECEPCIÓN DE PROMOCIONES Y DOCUMENTOS. Las promociones que se hagan por escrito,
así como los documentos que se pretenda incorporar a la indagatoria, deberán presentarse en la oficialía de partes o
directamente al Agente del Ministerio Público que corresponda. En cualquier caso el funcionario que reciba la
promoción o documentos asentará sobre los mismos la fecha y hora en que le fueron presentados, el número de fojas
en que consten, el nombre de la persona que los presente y una breve identificación de los documentos recibidos;
firmando enseguida la razón que hubiere asentado. Si quien recibe es personal de la oficialía de partes, anotará
además su nombre y a la brevedad posible entregará los documentos al funcionario a quien estuvieren dirigidos.
ARTÍCULO 82.- INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE. Las constancias y actas de las diligencias; así como las
promociones, escritos, documentos y proveídos, se asentarán en los expedientes en forma continua, sin dejar hojas o
espacios en blanco o sin testar. Los proveídos que emitan instancias o funcionarios diversos al Agente encargado de
la indagatoria, que guarden relación con ella, se anexarán en la misma forma.
Las constancias que obren en la indagatoria se glosarán preferentemente en su orden cronológico, se foliarán y
sellarán, además de rubricarse por el Ministerio Público. Cuando las constancias o documentos anexados al
expediente sean numerosos, a juicio del funcionario, podrán glosarse y foliarse por aparte, pero siempre de forma que
permita su identificación y correlación con el expediente principal.
ARTÍCULO 83.- ACTUACIÓN POR TRIPLICADO. Los expedientes se llevarán por triplicado. En cada uno de ellos se
anexara un tanto de las actuaciones, escritos, promociones y documentos que se hubieren desahogado o presentado
a la indagatoria. Cuando sólo uno de los tantos sea original, se hará el cotejo y certificación de las copias que se
hubieren obtenido o presentado. Si los documentos allegados a la indagatoria excedieren de quinientas fojas, bastará
que se anexen a dos de los expedientes formados, siempre que exista u obre copia auténtica de los mismos en los
archivos de cualquier dependencia u oficina pública.
ARTÍCULO 84.- ACUMULACIÓN Y DESGLOSE DE EXPEDIENTES. Cuando el Ministerio Público tome conocimiento
de diversos hechos de igual o similar naturaleza cometidos por un mismo inculpado o con su participación, podrá
investigarlos en la misma o distintas indagatorias. De igual manera podrá acumular o desglosar las que estuviere
integrando para el sólo efecto de facilitar sus investigaciones. En cualquier caso deberá respetarse la garantía de
defensa del inculpado y darle acceso a las constancias que correspondan, conforme a lo dispuesto por esta Ley.
Para los efectos del ejercicio de la acción penal el Ministerio Público se sujetará a lo que dispongan esta Ley y el
Código de Procedimientos Penales.
ARTÍCULO 85.- PÉRDIDA Y REPOSICIÓN DE EXPEDIENTES O CONSTANCIAS. Cuando no se encuentre un
expediente o constancia dentro de los diez días siguientes a que el Ministerio Público tenga conocimiento de su
desaparición o extravío, el funcionario encargado de su integración levantará acta certificando su existencia y falta
posterior.
Si existiere alguno de los expedientes formados por triplicado u obre agregado a alguno de ellos un tanto de la
constancia de que se trate, el Ministerio Público procederá a obtener copias de uno u otra, las que, previo cotejo,
certificará y tendrá como expediente o constancia de reposición con los mismos efectos que si se tratare del extraviado.
Cuando hubieren desaparecido todos los tantos con que cuente el Ministerio Público, se procederá a abrir un periodo
de diez días para que el Ministerio Público recabe y los interesados aporten las constancias o registros con que cuenten
o que obren en poder de otras instancias o dependencias. Para el efecto podrán obtenerse impresiones de los registros
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electrónicos de las diligencias que obren en las bases de datos con los que se cuente. Las constancias que se aporten
o se logren obtener deberán ser reconocidas y ratificadas por quienes en ellas hubieren intervenido para que se tengan
por repuestas. Si las mismas no fueren reconocidas ni ratificadas deberán practicarse nuevamente. El acuerdo que
ordene la apertura de dicho periodo deberá notificarse en forma debida al inculpado, a su defensor, al ofendido y en
su caso a la víctima. Si con posterioridad apareciere el expediente extraviado se continuará con su integración y se
invalidaran las constancias que se hubieren repuesto
ARTÍCULO 86.- RESERVA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS. Todas las actuaciones
de la Averiguación Previa serán reservadas, salvo para el inculpado, defensor, ofendido y víctima, quienes podrán
imponerse de las constancias en presencia del Ministerio Público y con sujeción a lo dispuesto por los artículos 24 y
29 de esta Ley.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
El Ministerio Público solo expedirá copias de las indagatorias a los interesados cuando las mismas hayan concluido
por determinación de no ejercicio de acción penal que quede firme o por mandamiento judicial. Igualmente podrá
expedirlas a instancias administrativas o dependencias que se lo soliciten mediante escrito que describa y razone la
necesidad y los fines de su obtención. En este último caso el delegado o el funcionario que determine el titular de la
Procuraduría, determinará si procede o no su autorización.
ARTÍCULO 87.- AUDIENCIAS. En las audiencias solo estarán presentes quienes deban intervenir en ellas. Durante
las mismas no se permitirán fotografías, ni grabaciones de video o similares; salvo cuando se dispongan por el propio
Ministerio Público para constancia o respaldo de aquéllas.
CAPÍTULO II.
DE LOS PROVEIDOS, PEDIMENTOS Y MANDAMIENTOS MINISTERIALES
ARTÍCULO 88.- ÓRDENES. El Ministerio Público podrá emitir órdenes a sus auxiliares y personal dependiente, sin
necesidad de sujetarse a formalidad alguna ni de que las mismas obren por escrito; salvo lo que expresamente
disponga la Ley según el mandamiento de que se trate.
En los mismos términos podrá tomar todas las providencias que se requieran para el desahogo de sus diligencias y
actuaciones; sin perjuicio de que, si la Ley precisa requisitos especiales para aquéllas, dentro de las veinticuatro horas
siguientes se glose el mandamiento escrito en forma debida.
ARTÍCULO 89.- DECRETOS. Para cuestiones de mero trámite que no impliquen una especial valoración jurídica, el
Ministerio Público emitirá decretos; los que deberán obrar por escrito siempre que sea necesario establecer el origen,
motivo o circunstancias de incorporación a la indagatoria de documentos, escritos o diligencias.
ARTÍCULO 90.- ACUERDOS. Para cualquier otra medida, resolución o mandamiento que implique una especial
valoración jurídica el Ministerio Público emitirá acuerdos por escrito, los que deberán estar debidamente fundados y
motivados.
ARTÍCULO 91.- REQUERIMIENTOS. Si el mandamiento de que se trate implica requerimiento de cumplir determinado
acto, el acuerdo que se emita deberá especificar el acto cuyo cumplimiento se requiera, el término otorgado para ello
y las prevenciones y medidas de apremio a emplear para el caso de incumplimiento sin causa justificada. Dicho
acuerdo podrá ser notificado a la persona sujeta al requerimiento mediante transcripción del proveído correspondiente
en lo que resulte conducente o a través de oficio que cumpla con los requisitos señalados en la presente disposición.
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En cualquier caso, cuando sea necesario para la preservación de posibles pruebas o evidencias o cuando las
circunstancias de urgencia así lo ameriten, el Ministerio Público podrá formular sus requerimientos en forma verbal,
pero dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá glosar a la indagatoria el mandamiento escrito en forma debida.
ARTÍCULO 92.- VISTAS. Cuando el Agente del Ministerio Público que conozca de la integración de una Averiguación
Previa considere que se encuentran satisfechos los requisitos y categorías procesales para ejercitar la acción penal,
emitirá vista por escrito que deberá contener, cuando menos: la clasificación técnica del delito por el que considere
que debe ejercitarse la acción penal, incluyendo sus modalidades; la identificación de las personas que estime como
probables responsables y sus formas de intervención; así como el razonamiento correlacionado con las pruebas que
obren en la indagatoria, con el que pretenda acreditar dichos extremos. Dicha vista se remitirá, junto con el expediente
integrado en debida forma, al Agente del Ministerio Público a quien corresponda ejercitar la acción penal.
Si el Agente del Ministerio Público estima que lo procedente es determinar el no ejercicio de la acción penal, emitirá
vista por escrito que deberá contener, cuando menos: la clasificación técnica del delito que hubiere sido susceptible
de configurarse, incluyendo sus modalidades; la causal por la que considere deba determinarse el no ejercicio de la
acción penal; así como el razonamiento correlacionado con las pruebas que obren en la indagatoria, con el que
pretenda acreditar dichos extremos. Dicha vista se remitirá, junto con el expediente integrado en debida forma, al
funcionario a quien corresponda determinar el no ejercicio de la acción penal.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Cuando el agente del Ministerio Público estime que procede el archivo provisional de la indagatoria por insuficiencia
de medios probatorios, emitirá vista y la remitirá junto con el expediente al coordinador o al funcionario que designe el
titular de la Procuraduría, para los efectos de su aprobación.
El funcionario a quien corresponda resolver respecto de las vistas referidas en los párrafos anteriores, podrá
abstenerse de entrar al estudio de las indagatorias que se le hubieren remitido cuando considere que no se satisfacen
los requisitos señalados en la presente disposición, para lo cual bastará acuerdo que señale las deficiencias que
hubiere detectado, pudiendo ordenar en el mismo su subsanación o reposición.
Las vistas que en cualquier supuesto emita el Agente del Ministerio Público no vincularán la decisión del funcionario a
quien corresponda resolver, por lo que el mismo podrá pronunciarse en sentido diverso, variar la clasificación técnica-
legal del delito, excluir a los que se hubiere señalado como probables responsables o incluir a otros no mencionados,
considerar otras formas de participación o causales de no ejercicio de acción penal; así como atender a cuestiones no
consideradas en las vistas.
Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando el propio Agente del Ministerio Público sea quien deba
ejercitar acción penal o quien deba resolver en definitiva el no ejercicio de la acción penal.
ARTÍCULO 93.- DETERMINACIONES. Cuando el Ministerio Público deba ejercitar acción penal o declarar su no
ejercicio emitirá determinación por escrito, fundada y motivada en debida forma.
La determinación de ejercitar acción penal se entiende implícita en el pedimento correspondiente, por lo que deberá
sujetarse a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales.
La determinación de no ejercicio de acción penal deberá ser emitida por el funcionario que esta Ley autorice para el
efecto, contener los razonamientos que se hubieren tomado en cuenta para ello y ajustarse a lo establecido por esta
Ley para la emisión de dicha clase de determinaciones.
Cualquiera que sea el caso, no será necesario que la resolución o pedimento haga referencia o contenga
razonamientos relativos al contendido de la vista que, eventualmente, se hubiere formulado.
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ARTÍCULO 94.- CITATORIOS. El Ministerio Público citará a las personas que deban intervenir en las diligencias
cuando las mismas no se presenten espontáneamente o por iniciativa de aquellos a cuyo cargo quede su presentación.
El personal que se encuentre bajo su mando podrá ser citado mediante simple orden emitida en los términos de lo
dispuesto por el artículo 88 de esta Ley.
Toda persona deberá presentarse ante el Ministerio Público cuando se le cite, salvo cuando esté impedida por
enfermedad u otra causa física que se acredite. Cuando se trate de altos servidores públicos federales, estatales y
municipales, se les podrá pedir que informen por escrito o se acudirá a su lugar de trabajo para practicar la diligencia
en forma reservada; salvo que los mismos figuren como inculpados en la indagatoria.
Cualquiera que sea la forma por la que se opte para emitir los citatorios, siempre deberá prevenirse al citado que si
omite comparecer se ordenará su presentación por medio de la fuerza pública.
La emisión de citatorios podrá hacerse sin necesidad acuerdo o decreto previo, salvo cuando se trate de personas que
no aparezcan referidas en la indagatoria.
ARTÍCULO 95.- CITATORIOS POR MEDIO DE CEDULA. Los citatorios podrán girarse mediante cédula, que deberá
contener:
I. NOMBRE Y DOMICILIO. El nombre, apellido, domicilio y/o lugar en que trabaje la persona a quien se cita.
En caso de ignorarse alguno de estos datos: los que se tengan para identificarlo.
II. AUTORIDAD. La autoridad ante la que se deba presentar.
III. DIA Y LUGAR. El día, hora y lugar en que deba presentarse.
IV. CALIDAD EN QUE SE CITA. El carácter con el que deba intervenir en la diligencia de que se trate y los datos de
identificación del expediente en que se actúe.
V. PREVENCIONES Y APERCIBIMIENTOS. La prevención de que si no comparece se ordenará su presentación
mediante el uso de la fuerza pública, la medida de apremio que, sin perjuicio de lo anterior, habrá de aplicarse y,
además, la prevención de que podrá iniciarse en su contra averiguación previa por el delito de desacato.
VI. FIRMA. La firma y el carácter del funcionario que ordena la citación, así como el sello correspondiente. Si la cedula
se envía por telegrama, la constancia de la firma.
El citatorio emitido en forma de cédula deberá ser entregado en forma personal o mediante mensajería, correo con
acuse de recibo, telégrafo o por cualquier otro medio que deje constancia de su recepción. La cedula deberá ser
entregada cuando menos con veinticuatro horas de anticipación al momento señalado para el desahogo de la diligencia
de que se trate. En cualquier caso la cedula se emitirá, cuando menos, por duplicado, a fin de que en uno de los tantos
se asienten las incidencias de su envío o entrega y se agregue a la indagatoria en que se actúe.
Cuando se opte por la forma personal, el citatorio podrá ser entregado por conducto del Ministerio Público o cualquiera
de sus auxiliares, de notificador o del propio interesado. En estos casos la cedula se entregará al destinatario en el
lugar donde se le localice, recabándose su firma o huella digital con los datos de la fecha, hora y lugar de recepción;
mas si el destinatario no pudiere o no quisiere firmar o imprimir su huella, se hará constar dicha circunstancia en el
duplicado de la cedula. Si el destinatario no fuere localizado, pero exista certeza de que su domicilio o lugar de trabajo
corresponde al señalado en la cedula, el citatorio se entregará a cualquier persona que habite o trabaje en cualquiera
de ellos; quien reciba la cédula deberá proporcionar su nombre y apellidos y firmar o imprimir su huella digital en el
duplicado de la misma; pero si se negare a proporcionar sus datos o a recibir la cédula, la misma se fijará en el sitio
de acceso. En todo caso las incidencias que se presenten durante la entrega de la cedula y las circunstancias a que
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se atienda para proceder en cualquiera de las formas señaladas, deberán hacerse constar en el duplicado
correspondiente, junto con los datos de identificación de la persona que realice su entrega; pero si quien la realiza no
es el Ministerio Público o notificador con nombramiento debidamente expedido, será necesario que se recaben,
además, los datos de cuando menos una persona que hubiere atestiguado las incidencias y circunstancias de la
entrega.
Cuando la cedula sea entregada por el interesado, éste deberá entregar el duplicado al Ministerio Público antes de la
fecha y hora que se hubiere señalado para el desahogo de la diligencia de que se trate.
En cualquier caso, quien tuviere a su cargo la entrega de la cedula informará al Ministerio Público cuando no hubiere
podido realizarla, señalándole los motivos de ello. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la aplicación de medidas
disciplinarias; pero si se trataré del interesado y el mismo hubiere sido quien ofreció el medio de prueba que motivó la
citación, podrá decláresele desierto dicho medio de prueba.
Si se opta por otro de los medios autorizados para la entrega de la cedula, deberá asentarse en el duplicado de la
misma el tipo de medio empleado y los datos de su envío; el cual se anexará a la indagatoria junto con el documento
que acredite su recepción.
El Ministerio Público proveerá lo conducente cuando la cedula no hubiere sido entregada por no localizarse el domicilio
o lugar de trabajo del citado, o cuando los mismos no correspondan a los asentados en la misma.
ARTÍCULO 96.- CITATORIOS A MILITARES Y EMPLEADOS PUBLICOS. Los militares y empleados públicos podrán
ser citados por conducto de sus superiores jerárquicos, mediante debido oficio dirigido a éstos.
Si la persona citada omitiere comparecer se hará del conocimiento de la persona por cuyo conducto se hubiere citado,
requiriéndole dicte las medidas necesarias para lograr su presentación.
ARTÍCULO 97.- CITACIÓN POR TELEFONO Y OTROS MEDIOS. Cuando lo estime necesario el Ministerio Público
podrá hacer las citaciones por teléfono o por cualquier otro medio que permita la transmisión efectiva de la cita. En
estos casos se levantará constancia en la que se hará constar el medio utilizado y la fecha y hora en que se hubiere
realizado, sin que sea necesario emitir cedula alguna.
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
ARTÍCULO 98.- ÓRDENES DE PRESENTACIÓN. Cuando se trate de delito flagrante, detención por caso urgente, o
cuando la urgencia del caso así lo requiera; el Ministerio Público podrá ordenar la presentación de las personas que
deban intervenir en las diligencias sin necesidad de girarles citatorio previo. Podrá también ordenar la presentación de
las personas que habiendo sido previamente citadas en los términos de lo dispuesto por los artículos 93, 94, 95 y 96
de esta ley, hubieren omitido comparecer sin causa justificada, en la fecha y hora señalada para el efecto.
En cualquier caso la emisión y ejecución de las órdenes de presentación se sujetarán a lo siguiente:
I. NECESIDAD DE ACUERDO. El Ministerio Público deberá emitir acuerdo debidamente fundado y motivado que
razone, en su caso, la urgencia de la medida o el incumplimiento del citatorio previamente enviado.
Si la orden de presentación deriva del incumplimiento a citatorio previamente emitido, deberá, además, obrar
constancia del incumplimiento o del no desahogo de la diligencia de que se trate.
Si fuere el caso, en el propio acuerdo podrán hacerse efectivas las medidas de apremio y prevenciones que se hubieren
formulado.
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II. FORMA ESCRITA. La orden de presentación deberá constar por escrito en el que se transcriba el acuerdo
correspondiente o el extracto del mismo que resulte conducente y deberá contener, además: la autoridad a quien se
encomiende su ejecución, los datos que permitan identificar a la persona que habrá de ser presentada y el carácter
con el que deberá comparecer, los datos de identificación de la indagatoria en que se actúe, la autoridad ante la que
habrá de presentársele y la firma y sellos de la autoridad emisora.
III. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. La orden de presentación supone la autorización para el empleo de la fuerza
pública, por lo que la comparecencia de la persona contra quien se hubiere emitido podrá realizarse aún en contra de
su voluntad.
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
IV. EJECUCIÓN. La presentación podrá encomendarse a la Policía Investigadora del Estado o a cualquiera de las
corporaciones que funjan como auxiliares del Ministerio Público.
Quien ejecute la orden deberá identificarse debidamente y mostrar el escrito que la contenga a la persona cuya
presentación se le hubiere encomendado; si ésta lo solicita, le proporcionará copia de la misma.
Las circunstancias de ejecución y las incidencias que se hubieren presentado deberán ser informadas al Ministerio
Público mediante parte informativo. Si no hubiere sido posible lograr la presentación dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a su emisión, el encargado de su ejecución lo informará en forma razonada y por escrito al Ministerio
Público, quien resolverá si insiste en su cumplimentación o si la deja sin efectos. El ministerio Público podrá acortar
dicho término cuando se trate de casos cuya urgencia así lo amerite.
Se practicará examen de integridad física, cuando así lo solicite el interesado o el Ministerio Público lo estime
conveniente.
V. EFECTOS. La persona que hubiere sido presentada en los términos de este artículo sólo intervendrá con el carácter
con el que se le hubiere hecho comparecer y únicamente en la indagatoria en que se hubiere emitido la orden; salvo
lo que expresamente autorice el presentado.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Sin sujeción a lo dispuesto en este artículo, la Policía Investigadora del Estado podrá presentar a cualquier persona
cuando ésta así se lo solicite o acceda voluntariamente a ello.
ARTÍCULO 99.- REQUERIMIENTOS, CITATORIOS Y ORDENES DE PRESENTACIÓN CUANDO SE TRATE DE
MENORES. Cuando el sujeto a requerimiento, citatorio u orden de presentación sea menor de dieciocho años y no se
encuentre emancipado en los términos del Código Civil; el mandamiento o actuación ministerial se entenderá con sus
representantes legales, a quienes, además, se dirigirán las prevenciones, apercibimientos y medidas de apremio que
resulten conducentes.
ARTÍCULO 100.- REQUERIMIENTOS Y CITATORIOS CUANDO SE TRATE DE REPRESENTANTES LEGALES DE
PERSONAS MORALES. Cuando el requerimiento o citatorio se dirija a representante legal de persona moral y se
desconozca su identidad; el mandamiento o actuación ministerial se entenderá con el encargado de la oficina en que
se lleven a cabo o de cualquier establecimiento de dicha persona moral. En estos casos el encargado de la oficina o
establecimiento deberá proporcionar de inmediato los datos de identificación de la persona que funja como
representante legal y tomar las medidas necesarias para que el mismo se haga presente en el lugar o cumpla con lo
ordenado; de lo contrario las prevenciones, apercibimientos y medidas de apremio que resulten conducentes se
dirigirán y entenderán con ella. De todo lo anterior se levantará constancia.
ARTÍCULO 101.- PROMOCIONES JUDICIALES. Durante la averiguación previa el Ministerio Público podrá solicitar
la intervención de la Autoridad Judicial para la autorización de los actos o el desahogo de las diligencias que esta Ley
prevea, sin necesidad de ejercitar acción penal. En estos casos la promoción deberá formularse por escrito
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debidamente firmado por el Agente del Ministerio Público que solicite la intervención, en el que deberá precisar la
medida solicitada y razonar la necesidad de la misma, además de cumplir con los requisitos según el tipo de acto o
medida de que se trate.
Cuando se trate de delitos graves, se esté dentro de los términos de la flagrancia y la urgencia del caso impida cumplir
o acreditar los extremos necesarios para la autorización del acto o medida solicitada; bastará que el Ministerio Público
motive su urgencia y que acompañe parte informativo que le sirva de sustento, para que el Juez obsequie lo solicitado;
pero dentro de las veinticuatro horas siguientes el Ministerio Público deberá cumplir con los requisitos que hubieren
sido necesarios, para que el Juez pueda engrosar su mandamiento o acuerdo en debida forma.
Cuando esta ley no señale plazo específico el Juez deberá resolver lo solicitado dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la recepción de la solicitud. En cualquier caso todos los días y horas serán hábiles, sin necesidad de previa
habilitación.
ARTÍCULO 102.- EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES. Los mandamientos y acuerdos judiciales cuya
ejecución corresponda al Ministerio Público o sus auxiliares, serán transmitidos por conducto del Agente del Ministerio
Público adscrito al órgano jurisdiccional de que se trate o del que hubiere comparecido en el expediente del que
deriven, quien proveerá lo necesario para que se acaten en sus términos.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Las órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia serán entregadas al Ministerio Público al día siguiente
de su emisión, quien de inmediato las remitirá al coordinador o funcionario que determine titular de la Procuraduría a
fin de que asigne su cumplimentación a los agentes de Policía Investigadora del Estado que correspondan y de
seguimiento a su ejecución. Los agentes de la Policía Investigadora del Estado deberán identificarse debidamente al
ejecutar dichas órdenes y dispensar un trato adecuado a los sujetos a las mismas.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Los agentes de la Policía Investigadora del Estado deberán informar al funcionario encargado de su seguimiento,
dentro de las veinticuatro horas siguientes, las incidencias ó motivos que hubieren impedido su ejecución. En su caso,
dicho funcionario verificará cada treinta días el estado de las órdenes que se encuentren pendientes de
cumplimentación y podrá reasignarlas a otros agentes policiales o determinar lo conducente para lograr su debida
ejecución.
CAPÍTULO III.
DE LAS NOTIFICACIONES.
ARTÍCULO 103.- NOTIFICACIONES POR DISPOSICIÓN DE LA LEY. Con excepción de los casos en que esta Ley
disponga una forma específica, las actuaciones practicadas en Averiguación Previa se tendrán por notificadas por su
sola emisión o desahogo y surtirán sus efectos desde su propia fecha.
ARTÍCULO 104.- NOTIFICACIONES DE PROVEIDOS QUE IMPLICAN O SEÑALAN PLAZOS. Siempre que los
proveídos ministeriales impliquen o señalen un plazo para el desahogo de una vista o para la posible interposición de
un recurso, deberán notificarse al destinatario en la forma que disponen los artículos siguientes; salvo que la Ley
señale un procedimiento específico según la actuación o proveído de que se trate.
Lo mismo se observará cuando se trate de actos que, conforme a la Ley, deban ser notificados personalmente
ARTÍCULO 105.- NOTIFICADORES. Las notificaciones se harán por el Ministerio Público, sus auxiliares, notificador
o por cualquier empleado que aquél autorice.
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ARTÍCULO 106.- FORMAS DE LAS NOTIFICACIONES. Cuando el interesado hubiere señalado domicilio en el lugar
en donde se integre la indagatoria, los proveídos a que se refriere el artículo 104 le serán notificados en forma personal.
En caso contrario o cuando hubiere cambiado su domicilio sin dar aviso o señalado uno falso; se le notificará por lista
de acuerdos.
ARTÍCULO 107.- NOTIFICACIONES PERSONALES. Las notificaciones personales podrán hacerse en cualquiera de
las siguientes formas:
I. POR COMPARECENCIA. Cuando el interesado o cualquiera de sus autorizados para oír notificaciones comparezcan
ante el Ministerio Público o se encuentren presentes, éste les informará el contenido del proveído o actuación objeto
de la notificación y, si se le solicita, les dará acceso al expediente para que se impongan del documento. De lo anterior
deberá levantarse constancia en los términos que señala la presente Ley.
En cualquier caso, si el Ministerio Público lo estima pertinente podrá emitir citatorio al interesado para que comparezca
a notificarse.
II. EN EL DOMICILIO DEL INTERESADO. Si el interesado no se hubiere hecho presente o no se hubiere logrado su
notificación por comparecencia, el Ministerio Público le dirigirá oficio en el que le comunicará el contenido y fecha de
emisión del proveído o actuación objeto de la notificación; lo que podrá realizar mediante traslado en copia simple o
transcripción del proveído, en su totalidad o en lo que resulte conducente.
En estos casos el oficio se entregará al destinatario en el domicilio que hubiere señalado o donde se le localice,
recabándose su firma o huella digital o los de la persona autorizada para oír notificaciones; así como los datos de la
fecha, hora y lugar de recepción. Mas si el destinatario o el autorizado no pudiere o no quisiere firmar o imprimir su
huella, se hará constar dicha circunstancia en el duplicado del oficio o en acta que al efecto se levante.
Si el destinatario no fuere localizado la diligencia se entenderá con cualquier persona que viva o trabaje en el domicilio
señalado; si no hubiere nadie en el lugar el Ministerio Público podrá ordenar que se le busque posteriormente o
disponer su notificación por correo certificado, mensajería o telégrafo; pero si el domicilio señalado fuere falso, no
existiere, se encuentre abandonado o bajo dominio o disposición de personas distintas al interesado o sus autorizados
para oír notificaciones; se le notificará por lista de acuerdos.
En todo caso las incidencias que se presenten durante la notificación y las circunstancias a que se atienda para
proceder en cualquiera de las formas señaladas, deberán hacerse constar en el duplicado correspondiente, junto con
los datos de identificación de la persona que la realice; pero si quien la efectúa no es el Ministerio Público o notificador
con nombramiento debidamente expedido, será necesario que se recaben, además, los datos de cuando menos una
persona que hubiere atestiguado las incidencias y circunstancias de la notificación.
III. POR CORREO CERTIFICADO, MENSAJERIA O TELEGRAFO. Cuando no hubiere sido posible localizar al
interesado o en cualquier caso que el Ministerio Público lo estime conveniente; la notificación personal podrá hacerse
por medio de mensajería, correo certificado o telégrafo. En estos casos el Ministerio Público emitirá oficio en los mismos
términos a que se refiere el párrafo primero de la fracción anterior, y lo remitirá al interesado o a cualquiera de sus
autorizados para oír notificaciones por alguno de los medios señalados; anexado al expediente un tanto o copia del
oficio remitido, así como la constancia del acuse de recibo o del envío telegráfico.
IV. POR MODEM, FAX Y OTROS MEDIOS. El oficio a que se refieren las fracciones anteriores podrá enviarse al
interesado o a cualquiera de sus autorizados para oír notificaciones, por medio de fax, módem o correo electrónico;
pero para ello será necesario que dichas personas hubieren proporcionado previamente sus datos correspondientes
dentro de la indagatoria y que hubieren autorizado dicho medio.
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En este supuesto se agregará al expediente un tanto o copia del oficio mencionado; así como constancia del envío
correspondiente.
ARTÍCULO 108.- NOTIFICACIONES POR LISTA DE ACUERDOS. El Ministerio Público diariamente elaborará una
relación de los proveídos que hubiere emitido y que deban ser notificados por lista de acuerdos; en la que señalará el
número de averiguación previa, el nombre de la persona a notificar, la fecha del proveído y una breve descripción de
su contenido. La lista deberá ser firmada por el Ministerio Público y colocada en un lugar visible del local donde
despache y deberá permanecer ahí por tres días incluyendo el de su fecha, al término de los cuales se resguardará
en archivo especial en el que obren las listas previamente publicadas.
El Ministerio Público asentará en el expediente razón de publicación de la lista y de su fecha.
ARTÍCULO 109.- EFECTO DE LAS NOTIFICACIONES. Las notificaciones personales surten efecto el mismo día y
momento en que se hagan; o el día que se recibieron en el domicilio señalado, según el acuse de recibo.
Las notificaciones por lista de acuerdos surten efecto al día siguiente laborable al de su última publicación. A menos
que el proveído correspondiente se hubiere notificado antes en forma personal.
ARTÍCULO 110.- OMISIÓN O DEFICIENCIA DE NOTIFICACIÓN. Si la persona a quien se omitió notificar o a quien
se notificó irregularmente se hace sabedora del proveído o actuación, porque así se deduzca de alguna promoción o
manifestación que conste en la indagatoria, se le tendrá por notificada legalmente desde ese momento. Igual
acontecerá cuando hubiere transcurrido un año contado a partir de la fecha del proveído, sin que el interesado hubiere
reclamado o impugnado defectos de su notificación.
La falta de notificación de un acto o proveído no suspende la averiguación previa.
CAPÍTULO IV.
DE LOS PLAZOS
ARTÍCULO 111.- CÓMPUTO DE LOS PLAZOS. Los plazos empezarán a correr al día siguiente al que surta efectos
la notificación, salvo los casos que esta Ley señale. Se contarán por días naturales, pero no se tomarán en cuenta los
sábados y domingos, ni los días no laborables.
Se exceptúan de lo anterior los plazos fijados en horas, los cuales se computarán de momento a momento y empezarán
a correr desde que surta efectos la notificación.
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
Los plazos para detener, retener o mantener en detención u orden de restricción al inculpado; siempre se computarán
de momento a momento.
ARTÍCULO 112.- PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE CIERTOS ACTOS DE AVERIGUACION PREVIA. El
Ministerio Público y sus Auxiliares, según sea el caso, se sujetarán a los siguientes plazos:
I. RENDICIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES. Hasta treinta días para la rendición de dictámenes periciales.
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
II. PARTES INFORMATIVOS. Hasta treinta días para que la Policía Investigadora del Estado informe el resultado de
sus investigaciones.
III. RESOLUCIÓN DE COMPETENCIAS. Hasta quince días para resolver cuestiones de competencia si el expediente
no excede de cien fojas y hasta treinta días si excede de dicha cantidad.
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IV. DILIGENCIACIÓN DE EXHORTOS Y AUXILIOS MINISTERIALES. Hasta treinta días para desahogar las
diligencias requeridas por exhorto o solicitudes de colaboración.
V. DEVOLUCIÓN DE VISTAS POR DEFECTOS DE FORMA. Hasta diez días para devolver los expedientes en que
se haya emitido vista para consignación o para no ejercicio de acción penal, por defectos que, conforme al artículo 92
de esta ley, impiden su estudio.
VI. PEDIMENTOS PARA EJERCITAR ACCIÓN PENAL. Hasta ocho días para ejercitar acción penal en los asuntos
en que se haya emitido vista para el efecto, siempre que el expediente no exceda de trescientas fojas. Si excede de
dicha cantidad el plazo será de treinta días.
VII. DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL. Hasta treinta días para resolver las vistas de no
ejercicio de acción penal, si el expediente no excede de cien fojas; y noventa días si sobrepasa dicha cantidad.
VIII. DESAHOGO DE DILIGENCIAS ORDENADAS POR LA SUPERIORIDAD. Hasta treinta días para desahogar las
diligencias ordenadas por la superioridad.
IX. REQUERIMIENTOS DE SUPERIORES. Hasta quince días para cumplimentar los requerimientos e instrucciones
formulados por la superioridad.
X. REMISION DE RECURSOS INTERPUESTOS. Hasta quince días para remitir las constancias a la autoridad a quien
corresponda resolver las vistas emitidas y los recursos que se hayan interpuesto.
XI. DESAHOGO DE CONSULTAS. Hasta quince días para resolver las consultas formuladas por el personal
subordinado, en los casos que prevea esta ley.
XII. OTRAS ACTUACIONES. Tres días para todos los demás casos que no tengan fijado un plazo específico.
La integración y resolución de la Averiguación Previa como tal, no esta sujeta a plazo.
ARTÍCULO 113.- PLAZOS FIJADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. Cuando el Ministerio Público no señale plazo
a personas ajenas a la institución para el cumplimiento de determinaciones, desahogo de vistas o ejecución de
requerimientos; se entenderá fijado por quince días.
ARTÍCULO 114.- REDUCCIÓN Y PRÓRROGA DE PLAZOS. En cualquier caso la autoridad ministerial podrá reducir
libremente los plazos a que se refieren los dos artículos anteriores; pero sólo podrá prorrogarlos por una sola vez
mediante proveído que razone la necesidad de la medida.
ARTÍCULO 115.- EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. Las actuaciones desahogadas fuera de sus
plazos serán válidas, pero el servidor público quedará sujeto a las responsabilidades que determine la presente Ley.
CAPÍTULO V.
DESPACHO DE LOS NEGOCIOS Y MEDIDAS DE APREMIO.
ARTÍCULO 116.- ORDEN Y RESPETO. Durante el desahogo de sus actuaciones el Ministerio Público mantendrá el
orden y exigirá que se guarde respeto tanto a él como a las demás autoridades y personas. Quienes estén presentes
en las mismas deberán guardar silencio y abstenerse de intervenir sin que les autorice el Ministerio Público. Si el
inculpado o cualquier persona altera el orden o injuria a otro se le apercibirá que si insiste en su actitud se entenderá
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que renuncia a su derecho a estar presente; lo que en su caso se hará efectivo sin perjuicio de la aplicación de las
medidas de apremio que autorice la Ley.
ARTÍCULO 117.- MEDIDAS DE APREMIO. Para hacer cumplir sus determinaciones, mandamientos y proveídos; así
como para mantener el orden y respeto durante el desahogo de sus actuaciones, el Ministerio Público podrá emplear
a discreción el medio de apremio que estime más eficaz, de entre los siguientes:
I. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. El uso de la fuerza pública, lo que supone la facultad de autorizar a cualquiera de
sus corporaciones policiales auxiliares el uso de la fuerza racionalmente necesaria y permitida para lograr el
cumplimiento de sus proveídos, determinaciones o mandamientos; aún en contra de la voluntad del destinatario.
II. MULTA. Multa hasta por doscientos días de salario mínimo general vigente en el lugar y la fecha en que se apremie;
la que se hará efectiva por conducto de la autoridad hacendaria estatal y que se aplicará al Fondo Para la Procuración
de Justicia.
III. ARRESTO. Arresto hasta por treinta y seis horas; el que deberá ser cumplido en cualquiera de los lugares oficiales
de reclusión que existan en el lugar y a disposición de la autoridad que lo ordene.
ARTÍCULO 118.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO. Para hacer efectivas las
medidas de apremio el Ministerio Público individualizará, mediante acuerdo, la medida a aplicar; la que se ejecutará
de inmediato en los términos que establece la presente Ley. Para ello será necesario que previamente se haya
prevenido al contumaz de la medida concretamente aplicable.
Sólo se excusará el incumplimiento cuando antes de la emisión del acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, el
interesado acredite enfermedad o imposibilidad física para comparecer o acatar el mandamiento o requerimiento de
que se trate.
ARTÍCULO 119.- PREVENCIÓN DE DESACATO. Las medidas de apremio se ejecutarán sin perjuicio de que las
conductas omisivas que les hayan dado lugar sean consideradas como constitutivas del delito de desacato. El
Ministerio Público prevendrá de lo anterior al destinatario en el requerimiento o mandamiento de que se trate.
CAPÍTULO VI.
DE LAS NULIDADES.
ARTÍCULO 120.- SUBSANABILIDAD DE LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA. Por esencia los vicios o
defectos en las diligencias practicadas en Averiguación Previa son subsanables por convalidación o ratificación
expresa, salvo que los mismos produzcan la nulidad absoluta del acto por disposición expresa de la Ley.
Cuando esta ley no prevea una forma específica de convalidación bastará que el contenido o alcances de la diligencia
viciada o deficiente sean reconocidos o ratificados por quien dio lugar a ellos o por aquel cuya intervención haya sido
afectada por los mismos, para que la misma sea eficaz. Dicha ratificación o reconocimiento podrá ser promovida por
el Ministerio Público incluso en el proceso, siempre que el vicio o defecto que presente la actuación de que se trate no
hubiere sido específicamente valorado en resolución judicial.
En cualquier caso el Ministerio Público podrá optar por reponer la diligencia viciada o deficiente, previa declaratoria de
nulidad que haga de la misma.
La subsanación de la diligencia viciada o deficiente podrá ser ordenada por cualquier funcionario que tenga el carácter
de Ministerio Público, aunque no hubiere intervenido o intervenga en la integración o en diligencia alguna de la
indagatoria.
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ARTÍCULO 121.- NULIDAD ABSOLUTA. Están afectados de nulidad absoluta:
I. FALTA DE FIRMAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. Las actuaciones que carezcan de firma del Agente del Ministerio
Público, cuando se trate de diligencias por él desahogadas.
II. FALTA DE FIRMA DEL INCULPADO. Las actuaciones en que falte la firma o huella del inculpado cuando falte
también la del defensor, siempre que se trate de actos en que la Ley exija la presencia de ambos.
III. FALTA DE FIRMAS DE OTROS INTERVINIENTES. Las actuaciones en que falte la firma o huella de cualquier
otra persona que intervenga en las mismas o cuando no se haya asentado la razón de su negativa a firmar ni se haya
suplido dicha circunstancia en los términos de Ley; siempre que no se haya convalidado o ratificado la actuación en
los términos de lo dispuesto por el artículo anterior.
IV. RECTIFICACIONES DEFICIENTES. Las actuaciones que se hayan rectificado en los supuestos a que se refieren
los artículos 77 y 78 de la presente Ley, cuando las mismas se hayan efectuado sin sujetarse a las formas dispuestas
por los citados dispositivos legales.
V. NOTIFICACIÓN DEFICIENTE. Las notificaciones hechas sin sujetarse a las formas establecidas por la presente
Ley, salvo lo dispuesto por el artículo 110 de la misma.
VI. REQUERIMIENTOS Y CITACIONES IRREGULARES. Los requerimientos o citaciones formulados en
contravención a lo dispuesto por las normas que los regulan; a menos que el destinatario se hubiere hecho sabedor
de los mismos porque así se deduzca de alguna promoción o manifestación que conste en la indagatoria.
VII. OTROS CASOS QUE PREVEA LA LEY. Los demás casos que expresamente prevea la Ley.
ARTÍCULO 122.- DECLARATORIA DE NULIDAD. El Ministerio Público que conozca o intervenga en la indagatoria,
de oficio o a petición de cualquier interesado, declarará de plano la nulidad de la actuación que se encuentre en
cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo anterior.
Lo mismo hará cualquier funcionario que tenga el carácter de Ministerio Público cuando se percate de dicha
circunstancia, aunque no hubiere intervenido o intervenga en la integración o en diligencia alguna de la indagatoria.
La nulidad de las diligencias de averiguación previa sólo podrá decretarse por el Ministerio Público; sin perjuicio de la
facultad del juzgador para valorarlas atendiendo a su legal constitución, la que justipreciará de acuerdo a lo dispuesto
por la presente Ley.
ARTÍCULO 123.- EFECTOS DE LA NULIDAD. La actuación nula no surte efecto jurídico alguno, salvo lo relativo a la
determinación de responsabilidades; pero al declararse la misma se ordenará su inmediata reposición a efecto de que
se desahogue nuevamente en debida forma, cuando ello sea posible.
ARTÍCULO 124.- ALCANCES DE LA NULIDAD. La nulidad de una actuación no produce por sí misma la nulidad de
las actuaciones previas, subsecuentes o derivadas de la misma.
Cuando se trate de actuación en la que intervengan varias personas, la nulidad por falta de firmas o huellas sólo
afectará lo referente a la intervención de la persona cuya firma o huella falte; salvo que se trate de la del Ministerio
Público que producirá la nulidad de la actuación en su integridad.
ARTÍCULO 125.- VALIDEZ DE LAS ACTUACIONES DESAHOGADAS CUANDO EXISTA CUESTIÓN
PREJUDICIAL ESPECÍFICA O FALTE CONDICIÓN DE PROCEDIBILIDAD. La falta de condición de procedibilidad
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o la existencia de cuestión prejudicial específica no producen la nulidad de las diligencias de averiguación previa que
se llegaren a practicar. Sin embargo, tales extremos deberán satisfacerse antes de que se proceda al ejercicio de la
acción penal, en su caso.
TÍTULO QUINTO.
DE LAS MEDIDAS OFICIOSAS DE ESPECIAL DILIGENCIACION.
CAPÍTULO I.
DEL OBJETO Y REGLAS GENERALES.
ARTÍCULO 126.- OBJETO DE LAS MEDIDAS OFICIOSAS DE ESPECIAL DILIGENCIACION. Las medidas oficiosas
de especial diligenciación constituyen el conjunto de recursos de que dispone el Ministerio Público y sus auxiliares
para garantizar la respuesta oportuna y eficaz ante el delito y tienen por objeto salvaguardar la seguridad de las
víctimas y ofendidos, asegurar la adecuada investigación de los hechos, preparar la legal constitución de las pruebas
y evitar su impunidad.
ARTÍCULO 127.- MOMENTO EN QUE PUEDEN PRACTICARSE. Las medidas oficiosas de especial diligenciación
podrán practicarse en cualquier momento de la Averiguación Previa siempre que la Ley y las circunstancias del caso
lo permitan; pero el Ministerio Público procurará desahogarlas con la oportunidad necesaria para alcanzar su cometido.
ARTÍCULO 128.- CARÁCTER ENUNCIATIVO DE LAS MEDIDAS OFICIOSAS DE ESPECIAL DILIGENCIACIÓN. La
enumeración de las medidas oficiosas de especial diligenciación contenida en el presente título tiene carácter
enunciativo y no limitativo, por lo que el Ministerio Público podrá practicar todas aquellas que este u otros
ordenamientos le permitan.
ARTÍCULO 129.- CARÁCTER REGLADO DE LAS MEDIDAS OFICIOSAS DE ESPECIAL DILIGENCIACIÓN. Las
medidas oficiosas de especial diligenciación se sujetarán a lo dispuesto por la ley que las contenga.
Cuando por sí mismas representen o contengan algún medio de prueba, para su legal constitución como tal bastará
que se atienda a las reglas contenidas en el título séptimo del libro segundo de la presente Ley.
CAPÍTULO II.
DE LA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA Y LA CADENA DE CUSTODIA.
ARTÍCULO 130.- RECOLECCIÓN Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIA. El Ministerio Público, por sí o por conducto de sus
auxiliares, procederá, cuando sea el caso, a recabar y recolectar los objetos, instrumentos y productos del delito; así
como el material sensible significativo relacionado con el mismo, documentando debidamente las circunstancias de su
hallazgo y proveyendo a su adecuada conservación.
ARTÍCULO 131.- INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS POLICÍAS AUXILIARES. El Ministerio Público
y sus Policías Auxiliares podrán recibir la evidencia a que se refiere el artículo anterior cuando la misma les sea
entregada por cualquier persona que la tenga en su poder, para cuyo efecto se levantará acta o parte informativo,
según corresponda, en la que se asentarán las circunstancias de su entrega; así como los datos de quien la hubiere
entregado y de la forma en que éste refiera haberla obtenido.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
De igual forma la Policía Investigadora del Estado podrá realizar revisiones físicas a personas y vehículos en lugares
públicos, cuando haya motivos suficientes para presumir que lleven ocultos objetos relacionados con el delito del que
tengan noticia, debiendo comunicar al Ministerio Público, mediante parte informativo, los resultados obtenidos.
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En los demás casos se procurará que la recolección la efectúe personal de servicios periciales; salvo que de esperar
su intervención se corra riesgo de que la evidencia se altere o desaparezca o se ponga en peligro la seguridad de las
personas o de sus bienes.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
La Policía Investigadora del Estado y demás corporaciones auxiliares, así como el personal de Servicios Periciales
podrán proceder a la recolección de la evidencia, en los términos a que se refieren los párrafos anteriores, tan pronto
tengan conocimiento de la posible comisión de un delito, sin necesidad de mandamiento previo del Ministerio Público;
pero deberán comunicarle sin demora los resultados de su intervención y pondrán a su disposición lo que hubieren
recolectado.
En cualquier caso el Ministerio Público podrá estar presente durante la recolección de evidencia y dar fe de ello.
ARTÍCULO 132.- CONTENIDO DEL INFORME DE RECOLECCION DE EVIDENCIA. Cuando quien recolecte la
evidencia sea personal de Servicios Periciales, deberá rendir informe al Ministerio Público, que contendrá:
I. TIEMPO Y LUGAR DE RECOLECCIÓN. El lugar, hora y fecha de recolección.
II. MOTIVO DE INTERVENCIÓN. El motivo de su intervención.
III. DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA. En su caso, los datos de la persona de quien reciban el objeto,
instrumento, producto o evidencia y la forma o motivo por el que ésta la hubiere obtenido.
IV. CONDICIONES AMBIENTALES. La temperatura y condiciones físicas o ambientales del lugar de recolección,
cuando ello sea relevante.
V. PROCEDIMIENTO EMPLEADO. La técnica o procedimiento empleado para la recolección.
VI. DESCRIPCIÓN DE LO RECOLECTADO. La clasificación y descripción de lo recolectado, con inclusión de su
cantidad, peso y medida cuando ello sea relevante.
VII. EMBALAJE Y ETIQUETAMIENTO. Las medidas tomadas para su embalaje o preservación y los datos de
identificación y etiquetamiento de lo recolectado.
VIII. CONDICIONES PARA SU PRESERVACIÓN. El tiempo posible estimado de preservación y las condiciones
necesarias para ello, siempre que así se requiera.
IX. OTROS DATOS. Las demás observaciones que se estimen necesarias.
El informe que se emita podrá hacerse acompañar de fotografías.
ARTÍCULO 133.- RESGUARDO DE LO RECOLECTADO. Los objetos, instrumentos y productos del delito; así como
el material sensible significativo que se hubiere recolectado, se pondrán a disposición del Ministerio Público que
conozca de la indagatoria; quien de inmediato los remitirá a la unidad administrativa encargada de su resguardo,
cerciorándose de que se encuentren debidamente etiquetados para permitir en todo tiempo su correlación con los
datos de la indagatoria en que se actúe.
El personal de servicios periciales podrá conservar materialmente lo recolectado, siempre que ello sea necesario para
su preservación.
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Si el caso amerita el desahogo inmediato de alguna prueba pericial, el Ministerio Público lo ordenará desde luego.
El Ministerio Público podrá disponer que lo recolectado permanezca en su poder, se anexe a la indagatoria o se
entregue en depositaria; cuando ello sea necesario para agilizar o eficientar la integración de la averiguación previa o
para salvaguardar los derechos de quienes tengan interés legítimo sobre ello.
El resguardo de armas y objetos de uso ilícito o peligrosos se sujetará, además, a lo que dispongan los ordenamientos
de la materia.
ARTÍCULO 134.- ASEGURAMIENTO Y DEPOSITARÍA. Los objetos, instrumentos y productos del delito; así como el
material sensible significativo que se hubieren recolectado, se entienden afectos a la indagatoria en que se actúe; pero
el Ministerio Público deberá decretar expresamente su aseguramiento cuando los mismos sean susceptibles de ser
reclamados por quien tenga interés legítimo en ello.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio Público podrá entregar los bienes en depositaría siempre que: se trate de
objetos susceptibles de reclamación, lo solicite quien acredite derecho legítimo sobre ellos, se hayan desahogado las
pruebas periciales y de cualquier otra naturaleza que sobre las mismas resulten pertinentes y no se trate de armas,
objetos de uso ilícito, sustancias o componentes químicos, orgánicos, biológicos o de naturaleza similar; o de bienes
decomisables. Cuando sea necesario para los fines de la indagatoria se podrá exigir al solicitante, además, que
proteste conservar el objeto en las mismas condiciones en que lo recibe y presentarlo cuantas veces le sea requerido.
De la solicitud de depositaria se dará vista al inculpado o al ofendido o víctima, según sea el caso, para que dentro del
plazo de tres días manifieste si desea ofrecer peritaje o medio de prueba relacionado con el objeto de que se trate,
con base en lo cual el Ministerio Público resolverá lo conducente.
(ADICIONADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2012)
Cuando exista aseguramiento de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público o el Juez del proceso, solicitará
la elaboración del informe pericial correspondiente, sobre los caracteres organolépticos o químicos de la sustancia
asegurada. Cuando hubiere detenido, este informe será rendido a más tardar dentro del plazo de treinta y seis horas.
ARTÍCULO 135.- CADENA DE CUSTODIA. Los objetos, instrumentos y productos del delito; así como el material
sensible significativo que se hubieren recolectado estarán sujetos a cadena de custodia, la que deberá mostrar en todo
momento la secuencia y continuidad de los actos de entrega y recepción para su resguardo, desahogo de pruebas o
para su simple tenencia.
Para el efecto, quien recolecte o recabe la evidencia levantará un registro en el que hará constar la descripción del
objeto de que se trate, las circunstancias de su recolección y, en su caso, los datos de su etiquetamiento; firmándolo
de inmediato y entregándolo a quien corresponda junto con el objeto referido en el registro. Quien reciba la evidencia
asentará en el registro la fecha, hora y el nombre de la persona que la entrega así como las condiciones de embalaje
y etiquetamiento de lo que recibe; plasmando enseguida su nombre y su firma y sus datos de identificación cuando
ellos no obren en la indagatoria. Se procederá de la misma manera siempre que lo recolectado cambie de manos o
sea entregado a cualquier persona, independientemente del motivo para ello.
El Ministerio Público podrá conservar un tanto del registro correspondiente.
ARTÍCULO 136.- INICIO Y TERMINACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA. La cadena de custodia inicia en el
momento en que se recaba o recolecta la evidencia y concluye cuando la determinación de no ejercicio de acción
penal quede firme, cuando así lo declare expresamente el Ministerio Público, cuando la evidencia sea puesta
materialmente a disposición de la Autoridad Judicial que conozca del proceso o cuando la autoridad competente así lo
decrete.
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ARTÍCULO 137.- CONSIGNACIÓN DE LA EVIDENCIA A LA AUTORIDAD JUDICIAL. El Ministerio Público pondrá
a disposición de la autoridad judicial la evidencia que hubiere recolectado o recabado, al ejercitar acción penal, cuando
ella sea necesaria para el efecto.
Siempre que la evidencia requiera de condiciones o cuidados especiales para su preservación, el Ministerio Público
conservará el resguardo de la evidencia hasta en tanto el Juez de la causa ordene lo contrario. En estos casos se
entenderá que el Juez tiene a su disposición la evidencia en el lugar y bajo la responsabilidad de la persona que para
el efecto deberá indicar el Ministerio Público; subsistiendo las obligaciones señaladas con relación a la cadena de
custodia.
Cuando para la integración de la indagatoria sea necesaria la práctica de prueba pericial que implique el consumo de
la evidencia o cuando su preservación sea difícil o gravosa; el Ministerio Público podrá poner a disposición del Juez la
evidencia, sin ejercitar acción penal, para que desahogue las pruebas que fueren necesarias respecto de ella. En tal
caso, la cadena de custodia concluirá en el momento en que la evidencia se ponga materialmente a disposición de la
autoridad judicial o de la persona que ella ordene.
CAPÍTULO III.
DE LAS INSPECCIONES.
ARTÍCULO 138.- OBJETO DE LAS INSPECCIONES. Siempre que el Ministerio Público tenga noticia de la posible
comisión de un delito que altere materialmente el entorno, objetos o personas en los que tuvo lugar o sobre los que
haya recaído, deberá inspeccionar con prontitud de manera ocular todas las posibles alteraciones. Lo mismo hará
respecto de las personas, cosas o lugares, que aún sin encontrarse en los supuestos anteriores, resulten relevantes
para la indagatoria.
ARTÍCULO 139.- INSPECCIÓN DE PERSONAS. Las inspecciones corporales de personas se practicarán en privado.
Cuando tengan que inspeccionarse partes pudendas de la anatomía se procurará que quien lo realice sea del mismo
sexo que el sujeto de inspección.
Si fuese necesario constatar circunstancias decisivas para la investigación o tomar muestras corporales y la persona
a examinar negare su consentimiento para el efecto, el Ministerio Público levantará constancia de ello y pedirá al Juez
que ordene su desahogo en vía de Averiguación Previa.
ARTÍCULO 140.- INSPECCIÓN DE LUGARES CERRADOS. EL Ministerio Público podrá practicar inspecciones en
lugares cerrados, sean públicos o privados con acceso al público, en los horarios oficiales en que esté permitido dicho
acceso. Fuera de dichos supuestos será necesario el consentimiento expreso del propietario o encargado del lugar de
que se trate o que se realice mediante cateo.
Durante la inspección podrá ordenarse que no se ausenten quienes se encuentren en el lugar o quienes arriben al
mismo en el transcurso de la diligencia.
ARTÍCULO 141.- OPOSICIÓN A LA INSPECCIÓN. Cuando exista oposición a la práctica de las inspecciones se
emplearán las medidas de apremio que se estimen necesarias.
CAPÍTULO IV.
DEL CATEO.
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ARTÍCULO 142.- MANDAMIENTO Y OBJETO DEL CATEO. El cateo sólo se practicará a solicitud del Ministerio
Público y en virtud de orden escrita de Autoridad Judicial competente, en la que se expresará: 1) El domicilio donde
se llevará a cabo y, en su caso, si algún lugar será objeto de inspección. 2) La persona que haya de asegurarse o
arrestarse. Y/o 3) La clase de objetos o documentos que deban localizarse, asegurarse o inspeccionarse.
ARTÍCULO 143.- MOTIVOS PARA EL CATEO. Para ordenar un cateo será suficiente que exista un indicio grave o
dos leves que hagan presumir cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Que la persona a quien se pretende
asegurar, hacer comparecer o arrestar se encuentre en el lugar en que se deba efectuar la diligencia. 2) Que en el
lugar se hallen los objetos, instrumentos o productos del delito u otras evidencias que puedan servir para comprobarlo.
3). Que sea necesaria la inspección del lugar o de parte de él.
El cateo para asegurar, hacer comparecer o arrestar a una persona se obsequiará sólo cuando previamente exista la
orden correspondiente; a menos que la orden mencionada deba ser otorgada por la Autoridad Judicial, en cuyo caso
se podrán solicitar conjuntamente.
Cuando se pretenda efectuar la detención en flagrancia se deberá motivar la solicitud en tal sentido, pero sólo se podrá
llevar a cabo dentro del plazo que esta Ley autoriza para el delito flagrante.
ARTÍCULO 144.- PLAZO PARA ORDENAR Y PRACTICAR EL CATEO. El Juez deberá resolver la solicitud de cateo
dentro de las tres horas siguientes a su promoción si se trata de delito grave y dentro de las veinticuatro horas para
los demás casos.
El cateo sólo se podrá practicar de las seis de la mañana a las dieciocho horas. Si al concluir dicho tiempo aún no se
termina podrá continuarse hasta su fin.
Cuando se trate de delito grave o la urgencia del caso lo requiera, los cateos podrán practicarse a cualquier hora,
debiendo expresarse tal circunstancia en la solicitud y en el mandamiento judicial.
En cualquier caso el cateo deberá practicarse en la primera hora permitida siguiente a aquella en que se hubiere
ordenado.
ARTÍCULO 145.- FORMA DE PRACTICAR EL CATEO. El cateo se practicará por el Juez que lo ordene o por el
Secretario o Actuario que aquél autorice, con la presencia del Ministerio Público que lo haya solicitado o conozca de
la indagatoria y del personal bajo su mando que éste designe. Si el Juez lo considera necesario, además, se realizará
en presencia de dos testigos que proponga el ocupante del lugar cateado y en su ausencia o ante su negativa, de los
que designe la autoridad que practique la diligencia.
En cualquier caso, el Juez podrá autorizar al Ministerio Público para que realice el cateo por sí mismo y sin presencia
judicial.
Si se tratare del cateo para asegurar, arrestar o hacer comparecer a alguna persona y se le localiza en el lugar, el Juez
o quien tenga a su cargo el cateo lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público para que proceda en los
términos de ley.
Cuando fuere necesaria la recolección o aseguramiento de objetos o evidencia, quien tenga a su cargo la diligencia
dará intervención al Ministerio Público para que proceda conforme a lo dispuesto en el capítulo II de este Título. Sin
perjuicio de ello la autoridad judicial levantará su propio inventario.
Si sólo se trata de inspeccionar el lugar o algún objeto la Autoridad Judicial la practicará por sí mismo, pero atenderá
a las manifestaciones que le formule el Ministerio Público. Si el cateo es realizado por el Ministerio Público la inspección
la practicará él mismo.
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En cualquier caso la Autoridad Judicial deberá levantar acta circunstanciada de todo lo que ocurra durante la diligencia;
la que entregará al Ministerio Público dentro de las tres horas siguientes a su conclusión, si se trata de delito grave o
de flagrancia, o dentro de veinticuatro horas para los demás casos. Lo anterior no será necesario cuando lo practique
el Ministerio Público.
ARTÍCULO 146.- DESCUBRIMIENTO DE UN DELITO DISTINTO. Si al practicar un cateo resulta casualmente el
descubrimiento de un delito distinto, se hará constar en el acta respectiva y se dará al Ministerio Público la intervención
que le corresponda en los términos del artículo anterior.
ARTÍCULO 147.- CATEO EN OFICINAS PÚBLICAS. Para practicar cateo en oficinas públicas estatales o municipales,
el Juzgador, si lo estima necesario, avisará a la autoridad respectiva.
ARTÍCULO 148.- PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE CATEO. Antes, durante y después del cateo, el Ministerio
Público podrá tomar las medidas que la Ley autorice y que estime pertinentes para preservar y vigilar el lugar en que
se lleve a cabo.
ARTÍCULO 149.- USO DE LA FUERZA. Cuando la autoridad que practique el cateo encuentre cerrado el lugar y sus
propietarios, poseedores o encargados se nieguen a abrirlo, hará uso de la fuerza material para introducirse, así como
para abrir los muebles o inmuebles dentro de los cuales se presuma que pueda estar la persona u objetos que se
buscan. Si nadie abre y no hay indicio de persona adentro, se utilizará cerrajero o cualquier otro medio para ingresar.
En tal caso se dejará aviso del cateo en lugar visible.
CAPÍTULO V.
DE LAS DILIGENCIAS DE POLICÍA.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 150.- CONOCIMIENTO DEL DELITO POR LA POLICÍA. Cuando sea la Policía Investigadora del Estado
o cualquiera de las corporaciones auxiliares del Ministerio Público quienes primero conozcan del delito, procederán de
inmediato a dictar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas y los bienes que pudieran
estar en riesgo, evitar que el delito se consume si ello fuere posible y lograr el aseguramiento de quienes aparezcan
como probables responsables de los hechos, en los supuestos que la ley lo autorice.
De igual forma indagarán qué personas fueron posibles testigos de los hechos, recabando los datos que permitan su
identificación y posterior localización. Si recibieren de cualquier persona objetos o evidencia que pudiera estar
relacionada con los hechos procederán de acuerdo a lo dispuesto para la recolección de evidencia y la cadena de
custodia.
En cualquier caso, dictarán las medidas necesarias para preservar el lugar de los hechos hasta en tanto el Ministerio
Público se haga presente y disponga lo conducente. Pero si éste no acudiere al sitio, la Policía que hubiere tomado
conocimiento del caso tomará nota de todas las particularidades del mismo que fueren relevantes, sin perjuicio de la
intervención que corresponda a los servicios periciales.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 151.- INVESTIGACIÓN POLICIAL. El Ministerio Público podrá ordenar a la Policía Investigadora del
Estado que realice las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos de que tenga conocimiento sin necesidad
de detallar las actividades encomendadas; por lo que la policía podrá desplegar todas aquellas que la ley le permita y
que resulten conducentes.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
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ARTÍCULO 152.- ELABORACIÓN DE PARTES INFORMATIVOS. La Policía Investigadora del Estado y las demás
corporaciones auxiliares rendirán al Ministerio Público parte informativo en el que describirán los resultados de sus
intervenciones.
CAPÍTULO VI.
DE LAS MEDIDAS ESPECIALES PARA CIERTOS DELITOS.
ARTÍCULO 153.- LESIONES Y OTROS DELITOS QUE LAS IMPLICAN. Cuando se trate de los delitos de Lesiones,
en cualquiera de sus formas, o de cualquier otro que implique o cause daño a la salud, se practicará inspección y
dictamen pericial de las mismas, si fueren externas. Si se tratare de lesiones internas o de enfermedad bastará
dictamen pericial.
En el dictamen se describirán y clasificarán razonadamente en orden a su naturaleza, gravedad y consecuencias;
procurándose además su clasificación de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Si fuere posible se
establecerá también su antigüedad.
Los dictámenes médicos serán siempre definitivos, a menos que el dictaminador exprese razonadamente la necesidad
de valoración posterior, en cuyo caso deberá señalar el propósito y objeto de la futura valoración y el tiempo pertinente
para ello.
Se procurará anexar al dictamen que se emita fotografías o imágenes de video de las mismas; además de las
radiografías o estudios que en su caso le sirvan de sustento.
En las inspecciones y dictámenes podrán asentarse las manifestaciones que el lesionado refiera como síntomas.
ARTÍCULO 154.- INTERVENCIÓN DE MÉDICOS PARTICULARES. En los supuestos del artículo anterior los médicos
que hubieren atendido al lesionado rendirán dictamen en los términos señalados en el propio dispositivo legal, cuando
se los requiera el Ministerio Público. En tales casos sus dictámenes tendrán el carácter de peritajes siempre que se
trate de médicos de instituciones públicas o privadas que presten servicios de urgencias y exista expediente clínico,
protocolo o notas médicas que registren la atención proporcionada.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio Público podrá ordenar la práctica de diverso peritaje, con base en la revisión
directa del lesionado o de la información suministrada por el médico y la institución tratante; así como practicar
inspección de lesiones acompañado de perito.
Se procederá en la misma forma cuando se trate de determinar el estado mental de las personas.
ARTÍCULO 155.- LESIONES GRAVES POR CICATRIZ EN LA CARA PERMANENTEMENTE NOTABLE. Cuando
se trate de lesiones graves por cicatriz en la cara permanentemente notable, el Ministerio Público ordenará peritaje
para determinar su existencia y permanencia y practicará inspección para evaluar su notabilidad a una distancia de
cuando menos cinco metros.
ARTÍCULO 156.- HOMICIDIO Y OTROS DELITOS CONTRA LA VIDA. Cuando se trate de homicidio o de otros delitos
contra la vida se procederá de la manera siguiente:
I. INSPECCIÓN DE CADÁVER. Se practicará inspección del cadáver, en la que se describirán su posición corporal y
orientación, sus características físicas, vestimenta y lesiones que presente; así como todas aquellas particularidades
que se estimen relevantes.
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II. INSPECCIÓN DE LUGAR. Se inspeccionará también el lugar en donde hubiere sido encontrado o donde se presuma
que hubiere fallecido o haya sido lesionado, tomando nota de las condiciones climáticas y ambientales del lugar.
Si se estima conveniente, la inspección de cadáver y de lugar podrán practicarse en una misma diligencia.
III. RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA Y LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER. Igualmente se procederá a recolectar la
evidencia que hubiere, en los términos de lo dispuesto por el capítulo II del presente título; ordenando el levantamiento
y traslado del cuerpo para la practica de la necropsia.
IV. NECROPSIA. Se ordenará a perito médico que practique la necropsia y emita el dictamen correspondiente en el
que asentará: 1). Las características, naturaleza, extensión, profundidad, trayectoria, coloración y antigüedad de las
lesiones que en su caso presente el cadáver. 2). En su caso, la clase de objeto que pudo haberlas provocado. Si las
lesiones fueren de características variadas, se correlacionará cada una de ellas con la clase de objeto que las pudo
haber provocado. 3). La causa de la muerte y la descripción del proceso o mecanismo que la originó. 4). Las demás
circunstancias que se consideren relevantes.
La necropsia se practicará con apertura de todas las cavidades y se recabarán muestras de tejidos y sustancias
corporales, conforme a lo dispuesto para la recolección de evidencia y la cadena de custodia.
El Ministerio Público procurará estar presente durante la práctica de la necropsia.
V. IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CADÁVER. Si hubiere persona que pueda reconocer al cadáver, se
le hará comparecer para el efecto; asentándose la razón por la cual lo reconoce y todos los datos que proporcione y
que puedan ser de utilidad para las investigaciones.
Cuando no hubiere quien lo reconozca, pero el cadáver se encuentre en condiciones de ser identificado, se procederá
a tomarle impresiones fotográficas que permitan su futuro reconocimiento.
Si el cadáver no fuere reconocido ni se encuentre en condiciones de ser identificado se empleará la reconstrucción
facial, el registro de sus huellas dactilares, el moldeado de su dentadura, la toma de muestras para identificación
genética o cualquier otro medio que permita su eventual reconocimiento o identificación en el futuro.
En cualquier caso, las vestimentas podrán ser empleadas para el mismo fin.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 157.- DISPENSA DE NECROPSIA. La necropsia se practicará siempre que exista la presunción de que
el fallecimiento implique la posible comisión de un delito. No obstante lo anterior, la misma se podrá omitir siempre que
el Ministerio Público que conozca de la indagatoria y el perito médico estimen que la misma es innecesaria. En tal caso
será necesario, además, que así lo autorice el titular de la Procuraduría y que el perito dictamine de manera razonada
que la muerte fue resultado claro y necesario de las lesiones que presente el occiso.
ARTÍCULO 158.- IMPOSIBILIDAD DE PRACTICAR NECROPSIA. Cuando no haya médico que pueda practicar la
necropsia, el cadáver no se encuentre o por cualquier otro motivo la misma no pueda practicarse; será suficiente que
dos peritos, en vista de los datos que obren en el expediente, dictaminen razonadamente las causas de la muerte.
En cualquier caso, si el cadáver hubiese sido sepultado, el Ministerio Público podrá ordenar su exhumación.
ARTÍCULO 159.- CASOS DE MUERTE CEREBRAL. Para todos los efectos legales se considerará que hay muerte
de la persona en cualquiera de los casos siguientes: a) Cuando cesen en forma definitiva e irreversible sus funciones
vitales. b) Cuando un médico legista y otro médico legalmente autorizado para ejercer la profesión, certifiquen que
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existe muerte cerebral; y se reúnan, además, las condiciones que establece la Ley General de Salud. En el segundo
caso, la certificación establecerá y probará la muerte de la persona y la pérdida de su vida.
El médico que asista al legista para determinar que se está en el caso de muerte cerebral deberá contar con
certificación profesional sobre conocimientos en muerte cerebral y no tener ningún interés con relación a la donación
o implante de los órganos del examinado.
Una vez que se realice la certificación a que se refiere este artículo, ningún Agente del Ministerio Público, ni ninguna
otra autoridad, tendrá facultades para entorpecer o evitar que se lleve a cabo la disposición de órganos y tejidos.
Siempre y cuando exista consentimiento otorgado en vida por la persona cuya muerte se certifica o, en su defecto la
autorización de los disponentes secundarios.
A falta del consentimiento otorgado en vida, será necesaria la autorización de los disponentes secundarios; en el orden
de prelación siguiente: 1) El cónyuge; concubina o concubinario o la persona con quien se encuentre legalmente ligado
en pacto civil de solidaridad. 2) Los ascendientes consanguíneos directos en primer grado. 3) Los descendientes
consanguíneos directos en primer grado mayores de 18 años de edad. 4) Los ascendientes consanguíneos directos
en segundo grado. 5) Los descendientes consanguíneos directos en segundo grado mayores de 18 años de edad. 6)
Los parientes colaterales hasta el segundo grado, mayores de 18 años de edad. A falta de los anteriores, podrán
otorgar la autorización dos médicos legistas.
En los casos anteriores no se practicará la necropsia, sin perjuicio de que dos médicos dictaminen cual fue la causa
de la muerte cerebral y la medida en que influyeron en ella las lesiones u otras causas.
Para que el órgano o tejido de que se dispuso, se implante o dé a otra persona, será indispensable que existan todos
los exámenes previos que revelen la sanidad del órgano o tejido.
ARTÍCULO 160.- DISPOSICIÓN DE CADÁVERES. Cuando el Ministerio Público hubiere agotado las diligencias a
practicar sobre el cadáver, dispondrá su entrega a sus deudos y ordenará la expedición del certificado de defunción
correspondiente.
El cadáver podrá ser entregado por el Ministerio Público a las instituciones educativas o de investigación que dispongan
los convenios que para el efecto tenga celebrados, siempre que se trate de cuerpos que no hubiesen sido reclamados.
Para el efecto, si el cadáver hubiere sido reconocido, el Ministerio Público notificará al familiar más cercano del que se
tenga noticia o a la persona que hubiere hecho el reconocimiento, que se procederá en los términos apuntados si no
acuden a hacer la reclamación correspondiente dentro de los quince días siguientes al de la notificación. Si se trata de
cadáver no identificado o no identificable dicha comunicación se hará mediante boletín que se hará llegar a las
procuradurías o dependencias que se estime necesario.
Lo anterior no será aplicable cuando se trate de cadáveres de los que se tenga conocimiento de que hubieren sido
extranjeros, caso en el cual se comunicará a la representación diplomática o consular que corresponda para los efectos
de su posible reclamación. Mas si tal reclamación no fuere formulada en un plazo de treinta días siguientes a aquél en
que fue hecha la comunicación, se procederá a la inhumación del cuerpo.
En cualquier caso, el Ministerio Público ordenará la inmediata inhumación del cadáver cuando exista riesgo a la salud
pública.
ARTÍCULO 161.- MUERTE O LESIONES POR ENVENENAMIENTO. Cuando se trate de lesiones o muerte
posiblemente causadas por envenenamiento, se recogerán con cuidado todas las vasijas y demás objetos que pudo
usar el enfermo; los restos de los alimentos, bebidas y medicinas que pudo ingerir; las deyecciones y vómitos. Se
conservarán en forma adecuada y se ordenará analizar las sustancias para determinar su carácter tóxico y si pudieron
causar la enfermedad.
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Además, se describirán los síntomas y de inmediato se llamará a peritos para que examinen. En caso de muerte, se
ordenará practicar la necropsia del cadáver.
ARTÍCULO 162.- ABORTO E INFANTICIDIO. En los casos de aborto o infanticidio, además de las diligencias que
resulten conducentes de las mencionadas en los artículos 156, 157, 158 y 159; se dictaminará médicamente a la
madre o a quien se presuma que lo sea a fin de determinar la causa de expulsión del producto o si hubo nacimiento.
De igual forma se practicará peritaje sobre el producto, al que se le tomarán muestras de tejidos y fluidos corporales
para la práctica de las pruebas que resulten pertinentes; y se indagará en las cínicas, centros de salud y entre los
vecinos del lugar si tuvieron conocimiento de los hechos.
En estos casos la disposición del cuerpo o producto que no hubiere sido reclamado se realizará sin mayor trámite, a
partir de los quince días siguientes al hallazgo del mismo.
ARTÍCULO 163.- DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL. Cuando se trate de delitos contra la
libertad y seguridad sexual, además de las diligencias que se estimen pertinentes, se practicará dictamen médico
pericial en el que se asentarán, en su caso, la descripción de las lesiones que presente la persona ofendida, si hubo
o no penetración, las lesiones o traumas causadas por la misma y su antigüedad, precisando los tiempos tomados
como parámetro; de igual forma se asentará si existen síntomas de probable enfermedad de transmisión sexual.
Si se trata de atentados al pudor, el examen sólo se practicará cuando haya mediado violencia o cuando se trate de
menor de doce años de edad o incapaz o si lo consiente el ofendido.
Durante la práctica del examen se recolectarán muestras de flujos corporales en cantidad suficiente para la posible
practica de peritajes de genética y demás diligencias que pueda ordenar el Ministerio Público; observando lo relativo
a la recolección de evidencias y la cadena de custodia.
El dictamen que se emita deberá acompañarse de las fotografías, videos o imágenes gráficas que se hubieren tomado;
las que se anexarán a la indagatoria de forma tal que se impida su visualización a simple vista por cualquier persona.
La consulta de dichas imágenes sólo podrá ser autorizada por la Autoridad Judicial o por el Ministerio Público, quien
tomará las medidas necesarias para proteger el pudor del ofendido.
Si el ofendido fuere menor de edad o incapaz se tomará de inmediato su declaración, procurando la asistencia de
psicólogo quien lo auxiliará para la mejor comunicación con el ofendido. Si se considera necesario, al finalizar la
declaración, se dará el uso de la voz al psicólogo para que emita su opinión respecto del estado emocional del menor.
ARTICULO 164.- DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EN LOS MEDIOS INFORMATICOS Y OTROS DELITOS
COMETIDOS POR DICHOS MEDIOS. En tratándose de delitos contra la seguridad de los medios informáticos y de
otros delitos cometidos con la utilización de dichos medios, el Ministerio Público ordenará los peritajes que estime
pertinentes.
Sin perjuicio de lo anterior, la policía especializada podrá realizar pesquisas para detectar posibles delitos en medios
informáticos; pero cuando detecte alguno lo comunicará sin demora al Ministerio Público a fin de que levante
constancia de los procedimientos empleados durante la investigación. Si fuere necesaria la presencia de peritos se les
dará la intervención que corresponda.
CAPÍTULO VII.
DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN.
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ARTÍCULO 165.- MEDIDAS DE RESTRICCIÓN. Durante la Averiguación Previa el Ministerio Público, de oficio o a
petición del interesado, podrá solicitar a la Autoridad Judicial la aplicación de cualquiera de las siguientes medidas con
relación al inculpado:
I. SEPARACIÓN DE PERSONAS. La separación provisional de personas que cohabiten en un mismo lugar, señalando
el domicilio en que deban residir cada una de ellas. La que se aplicará sólo cuando exista consentimiento del
interesado.
II. ABANDONO DEL DOMICILIO EN QUE HABITE EL INCULPADO. La obligación para el inculpado de abandonar
el domicilio en el que cohabite con el ofendido, víctima o con la persona en favor de quien se pida la medida.
III. PROHIBICIÓN DE ACERCARSE A DETERMINADOS LUGARES O PERSONAS. La prohibición de acercarse a
menos de cierta distancia del lugar en que habite, trabaje o desempeñe alguna actividad cotidiana el ofendido, víctima
o la persona en favor de quien se pida la medida; o bien de acercarse deliberadamente a cualquiera de ellas.
IV. PROHIBICIÓN DE ACUDIR A DETERMINADOS LUGARES. La prohibición de acudir a determinados lugares.
V. PROHIBICIÓN DE SUSTRAER DETERMINADOS BIENES. OBJETOS O DOCUMENTOS. La prohibición de
sustraer determinados bienes, objetos o documentos del lugar donde se encuentren.
VI. PROHIBICIÓN DE CONDUCIR VEHÍCULOS. La prohibición de conducir vehículos.
VII. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. La suspensión de determinadas actividades. Esta medida también podrá
aplicarse a las personas morales cuyas actividades estén relacionadas con la comisión del delito de que se trate.
ARTÍCULO 166.- CONDICIONES DE PROCEDENCIA. Para la procedencia de la medida será necesario que se
encuentre acreditado el cuerpo del delito y exista al menos indicio leve de la intervención de la persona contra quien
se solicita. Además, deberá razonarse la necesidad de la medida y su idoneidad o conducencia para evitar que la
conducta por la que se integra la indagatoria se repita o prolongue o para salvaguardar de posibles riesgos la integridad
física o moral de la persona a favor de quien se solicita o la de los bienes jurídicos tutelados por la figura delictiva de
que se trate.
ARTÍCULO 167.- PLAZOS PARA RESOLVER Y DE VIGENCIA DE LAS MEDIDAS. El Juez deberá resolver dentro
de las tres horas siguientes a la presentación de la solicitud cuando el Ministerio Público razone debidamente su
urgencia, o dentro de las veinticuatro horas para los demás casos.
La medida se otorgará hasta por treinta días, prorrogables por una sola vez.
ARTÍCULO 168.- EJECUCION Y VIGILANCIA DE LA MEDIDA. De encontrarla procedente, el Juez emitirá orden de
restricción en la que precisará su modalidad y su tiempo de vigencia y la comunicará al Ministerio Público para los
efectos de su notificación y vigilancia de su ejecución.
El Ministerio Público notificará personalmente la medida a la persona contra quien se hubiere dictado y le hará los
apercibimientos que estime necesarios para el caso de incumplimiento, con la prevención, además, de que tal
incumplimiento será considerado como desacato.
La vigilancia de su cumplimiento estará a cargo del Ministerio Público quien podrá encomendarla a cualquiera de sus
Policías Auxiliares con las condiciones y modalidades que el mismo determine. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado
podrá comunicar a aquel su incumplimiento o solicitar la intervención de cualquiera de las corporaciones policiales. En
este último caso la autoridad cuya intervención se solicite se cerciorará de la vigencia de la medida y procederá a dictar
las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento, comunicando lo anterior al Ministerio Público.
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El Ministerio Público entregará copia certificada del mandamiento judicial, a la persona en cuyo favor se hubiere
decretado la medida.
En cualquier caso, para vigilar el cumplimiento de la medida decretada el Ministerio Público podrá emplear brazalete
o dispositivo electrónico de localización.
CAPÍTULO VIII.
MEDIDAS DE RESTITUCIÓN, EMBARGO Y RETENCIÓN DE BIENES.
ARTÍCULO 169.- RESTITUCIÓN AL OFENDIDO EN EL GOCE DE SUS DERECHOS. El Ministerio Público durante
la Averiguación Previa y antes de ejercitar acción penal podrá dictar las providencias necesarias, a solicitud del
interesado, para restituirle en el goce de sus derechos. Siempre y cuando se acrediten y no aparezcan datos que los
controviertan.
Si se advierte de las constancias que obren en la indagatoria que los derechos sobre el bien aparecen controvertidos,
podrá proceder a su devolución cuando se acredite el cuerpo del delito y se otorgue caución bastante para garantizar
daños y perjuicios a terceros.
En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez que dicte la resolución correspondiente sin necesidad
de ejercitar antes la acción penal.
La restitución sólo quedará sin efectos por resolución judicial o por consecuencia necesaria de ella o cuando durante
la averiguación previa se desvanezcan las causas que la motivaron.
ARTÍCULO 170.- RETENCION DE COSAS. El Ministerio Público podrá retener las cosas cuando ello sea necesario
para sustentar o constituir un medio de prueba o cuando sea indispensable para la causa.
Los automóviles, camiones y otros objetos de uso lícito con que se cometa el delito se asegurarán de oficio.
En cualquier caso el Ministerio Público podrá, a petición por escrito del interesado, solicitar a la Autoridad Judicial el
embargo precautorio en los términos que disponga el Código de Procedimientos Penales. Pero si lo hiciere antes de
ejercitar acción penal, será necesario acuerdo que funde y motive la necesidad de la medida.
TÍTULO SEXTO.
DEL ASEGURAMIENTO DEL INCULPADO
CAPÍTULO I.
DE LA DETENCIÓN POR FLAGRANCIA.
ARTÍCULO 171.- DELITO FLAGRANTE. En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al
indiciado. Quien lo haga deberá ponerlo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma
prontitud, a la del Ministerio Público.
ARTÍCULO 172.- CASOS DE DELITO FLAGRANTE. Se consideran casos de delito flagrante: 1) Cuando se detiene
al indiciado en el momento de estar cometiendo el delito. 2) Cuando inmediatamente después de cometer el delito se
detiene al indiciado porque se encuentra en su poder el objeto del delito; el instrumento con que aparezca cometido;
o huellas que hagan presumir su intervención; o porque se le persigue materialmente.
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ARTÍCULO 173.- RETENCIÓN POR DELITO FLAGRANTE. Al recibir al indiciado, el Ministerio Público decretará la
retención de aquél, sólo si la detención obedeció a un caso de delito flagrante. La retención podrá durar hasta cuarenta
y ocho horas, desde que se puso al indiciado a su disposición. Dentro de ese plazo ordenará su libertad o lo pondrá a
disposición del juzgador.
Será penalmente responsable el Ministerio Público o funcionario que decrete indebidamente la retención. A la persona
así detenida se le pondrá en inmediata libertad.
ARTÍCULO 174.- RETENCIÓN CUANDO SE TRATE DE DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. El Ministerio
Público decretará la retención del indiciado cuando el delito sea perseguible por querella u otro requisito equivalente,
aunque el mismo no se encuentre satisfecho; pero deberá ordenar su libertad si dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes de que fue puesto a su disposición dicho requisito no es satisfecho.
ARTÍCULO 175.- LIBERTAD CAUCIONAL DEL RETENIDO. El indiciado que se encuentre retenido por el Ministerio
Público tendrá derecho a obtener su libertad caucional, salvo que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:
I. DELITO GRAVE. Que se trate de delito grave.
II. REITERACIÓN DELICTIVA. Que se encuentre en alguno de los supuestos de reiteración delictiva o cuando
previamente hubiere sido sujeto a proceso por delito grave.
III. ALGUNAS MODALIDADES DEL ROBO. Cuando se trate del delito de Robo con Intimidación en las Personas,
Robo de Autopartes, Robo en Establecimiento Destinado al Comercio, Industria, Almacén o Bodega en Horas del
Servicio al Público; o Robo Sirviéndose de un Menor.
IV. ATENTADOS AL PUDOR EN PERJUICIO DE MENOR DE DIECIOCHO AÑOS. Cuando se trate del delito de
Atentados al Pudor cometido en perjuicio de persona menor de dieciocho años.
V. CIERTOS DELITOS DE LESIONES. Cuando se trate del delito de Lesiones, sean dolosas o culposas, a menos que
obre en la indagatoria dictamen médico que certifique que se trate de lesiones levísimas, leves o graves.
VI. VENTA INDEBIDA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Cuando se trate del delito de Venta Indebida de Bebidas
Alcohólicas.
VII. CIERTOS DELITOS CULPOSOS. Cuando se trate de delito culposo que se cometa con motivo del tránsito de
vehículos que el indiciado cometa por ebriedad; o por el influjo de estupefacientes, psicotrópico u otra substancia que
produzca efectos similares.
VIII. GRAFITO. Cuando se trate de delito de Grafito previsto por el Artículo 438 Bis del Código Penal siempre y cuando
se trate de reincidencia.
ARTÍCULO 176.- CRITERIOS PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Para resolver el monto de la caución, el
Ministerio Público deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características
del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procedimentales a su cargo; los daños y perjuicios
causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. Para ello se
atenderá a lo siguiente:
I. NATURALEZA, MODALIDADES Y CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO. Para valorar la naturaleza, modalidades y
circunstancias del delito de que se trate se atenderá al término medio aritmético de la penalidad que le corresponda,
con base en el cual se fijará su monto en equivalencia a razón de cincuenta días de salario mínimo vigente por año o
fracción que exceda de la mitad.
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II. DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. A lo anterior se sumará el monto de la reparación del daño, según se
desprenda de constancias. Si el daño no estuviere determinado se sumará otro tanto de la equivalencia señalada en
la fracción anterior.
III. SANCIÓN PECUNIARIA QUE PUEDA IMPONERSE. A ello se agregará el monto de la multa que pueda imponerse
al inculpado conforme a las reglas fijadas por el Código de Procedimientos Penales.
IV. CARACTERÍSTICAS DEL INCULPADO Y POSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
PROCEDIMENTALES. El resultado de lo anterior podrá disminuirse para hacerlo asequible al inculpado, según sus
características y las posibilidades de cumplir las obligaciones procedimentales que se le impongan; pero nunca por
debajo de la cantidad fijada como monto de los daños y perjuicios causados.
ARTÍCULO 177.- FORMA DE LA CAUCIÓN. El Ministerio Público, atendiendo a la naturaleza, modalidades y
circunstancias del delito; a las características del inculpado y a la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones
procedimentales a su cargo; podrá fijar la caución en cualquiera de las siguientes formas:
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
I. DEPÓSITO EN EFECTIVO. Mediante depósito en efectivo a favor del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración
de Justicia en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o en las instituciones de crédito que autorice el titular
de la Procuraduría. Cuando la institución en donde deba realizarse el depósito se encuentre cerrada y no exista
posibilidad de hacerlo por medios electrónicos, el Ministerio Público recibirá la suma en efectivo y, previa expedición
de recibo, ordenará depositarla al primer día hábil siguiente.
II. FIANZA. Mediante póliza expedida por compañía afianzadora en la que se consigne expresamente que se acepta
sin reserva la afectación de la garantía a la reparación del daño; así como a los demás riesgos y consecuencias que
se señalen en el presente capítulo. En estos casos será necesario, además, que en la póliza se consigne en forma
expresa que se acepta sin reserva pagar el monto de la fianza tan pronto así se le requiera por el Ministerio Público
al agente o representante de aquélla que extienda la póliza; renunciando al procedimiento de ejecución de la Ley de
Fianzas y al fuero de su domicilio.
III. HIPOTECA. Mediante hipoteca legalmente constituida, siempre que el inmueble sobre el que se constituya no tenga
gravamen alguno y su valor fiscal no sea menor al doble de la suma fijada como caución más la cantidad suficiente
para cubrir los gastos para hacerla efectiva en su caso.
IV. PRENDA. A través de prenda legalmente constituida, siempre que el valor del bien de que se trate sea de cuando
menos el doble del monto fijado como caución.
ARTÍCULO 178.- PREVENCIÓN DE RIESGO DE LAS GARANTÍAS Y PAGO CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA
Y TITULAR. Toda caución que se exhiba para disfrutar de la libertad provisional, cualquiera que sea su forma y titular;
siempre se entenderán exhibidas bajo el riesgo de que si el inculpado se sustrae a la Averiguación Previa o incumple
cualquiera de las prevenciones que se le hubieren formulado; se aplicarán como pago preventivo para reparar el daño,
hasta por el monto de la caución; a favor de quien tenga derecho a reclamar aquél; siempre y cuando lo pida dentro
de los ciento ochenta días que sigan al día en que se le notifique de la sustracción o del incumplimiento de las
prevenciones. Asimismo, que el remanente de lo anterior, o el total si no se reclama en ese plazo, se hará efectiva a
favor del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia.
De igual forma se entenderá que, en caso de que la caución se prorrogue hasta el proceso, la misma se sujetará a las
condiciones que fije el Código de Procedimientos Penales y a lo que determine el Juez competente.
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ARTÍCULO 179.- PREVENCIONES CUANDO SE DEJE EN LIBERTAD CAUCIONAL AL RETENIDO. Cuando el
Ministerio Público deje libre al indiciado, lo prevendrá para que comparezca cuantas veces lo cite durante la
Averiguación Previa. Además, le podrá hacer otras prevenciones para evitar que se acerque o moleste al ofendido,
víctimas o testigos; o se ausente de la ciudad. Igualmente, lo prevendrá que deberá comparecer ante el Juez que se
consigne la causa.
Tratándose del delito de violencia intrafamiliar, propio o equiparado, el Ministerio Público siempre prohibirá al indiciado
que se acerque al o los ofendidos y que vaya al lugar donde éstos residan.
En cualquier caso, se podrán aplicar como prevenciones las mismas medidas de restricción a que se refiere la presente
ley.
ARTÍCULO 180.- FORMA DE HACER EFECTIVA LA CAUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTIA. El Ministerio
Público podrá hacer efectiva la caución si el indiciado no se presenta a cita que le hiciere o incumple otra prevención
que se le impuso. Para ello dará vista al inculpado y, en su caso, a la Compañía Afianzadora, para que manifiesten lo
que a su interés convenga dentro del plazo de tres días, hecho lo cual resolverá lo conducente.
La caución que se haga efectiva se aplicará a la reparación del daño y, en su caso, al Fondo Para el Mejoramiento de
la Procuración de Justicia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 178 de la presente ley.
La garantía se cancelará y se devolverá por el Ministerio Público, cuando quede firme el no-ejercicio de la acción penal.
Más si la misma no se reclama dentro de los treinta días siguientes a su notificación, se podrá hacer efectiva a favor
del Fondo Para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia siempre que se trate de depósito en efectivo.
ARTÍCULO 181.- PRÓRROGA DE LA LIBERTAD CAUCIONAL DEL RETENIDO CUANDO SE EJERCITE LA
ACCIÓN PENAL. Al ejercitar la acción penal, el Ministerio Público acompañará la caución que se exhibió durante la
Averiguación Previa, endosándola al juez que conozca, a menos que la misma se haya hecho efectiva en los términos
de lo dispuesto por el artículo anterior.
Con ello, la libertad caucional se considerará prorrogada tácitamente, hasta en tanto el juzgador la revoque, modifique
o cancele.
CAPÍTULO II.
DE LA DETENCIÓN POR CASO URGENTE.
ARTÍCULO 182.- DETENCIÓN POR CASO URGENTE. Para que el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, pueda
ordenar por escrito motivado y fundado la detención de una persona por caso urgente, será necesario:
I. DELITO GRAVE. Que se trate de un delito que la Ley considere grave.
II. RIESGO FUNDADO DE SUSTRACCIÓN. Que exista riesgo fundado que el indiciado se sustraiga a la acción de la
justicia.
III. IMPOSIBILIDAD DE ACUDIR AL JUEZ. Que, demostrado el cuerpo del delito, haya indicio grave de que el
indiciado intervino y se espere hacer probable su responsabilidad penal dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes;
o que demostrada aquella, además del cuerpo del delito, por razón de la hora o lugar no se pueda acudir ante el Juez
a solicitar la orden de aprehensión.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
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ARTÍCULO 183.- EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE DETENCIÓN POR CASO URGENTE Y TIEMPO DE LA
DETENCIÓN. La orden de detención por caso urgente la ejecutará la Policía Investigadora del Estado. La detención
del indiciado podrá durar hasta cuarenta y ocho horas, desde que se efectúe. Dentro de ese plazo el Ministerio Público
ordenará su libertad o lo pondrá a disposición del juzgador.
(DEROGADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
CAPÍTULO III.
DEL ARRAIGO.
ARTÍCULO 184.- (DEROGADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
ARTÍCULO 185.- (DEROGADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
CAPÍTULO IV.
DISPOSICIONES COMUNES PARA DETENIDOS Y RETENIDOS.
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
ARTÍCULO 186.- ATENCIÓN MÉDICA. Cuando la persona retenida o detenida esté enferma o lesionada y necesite
atención hospitalaria, el Ministerio Público podrá autorizar el traslado de aquélla a un hospital público o privado. Para
ello, recabará los informes médicos conducentes y tomará las medidas necesarias para evitar la fuga del inculpado.
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
ARTÍCULO 187.- CUSTODIA EN HOSPITALES. Cuando el detenido fuere puesto a disposición del Ministerio Público
en hospital o institución de salud, éstas serán consideradas como su lugar de reclusión por el tiempo que dure su
estancia. Para el efecto el Ministerio Público ordenará las medidas necesarias para su debida custodia.
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
ARTÍCULO 188.- INTERVENCIÓN DEL DETENIDO O RETENIDO EN INDAGATORIAS DISTINTAS A LA QUE
MOTIVA SU CONDICION. El inculpado que se encuentre detenido, o retenido podrá actuar e intervenir en indagatorias
distintas a aquella que motive dicha situación jurídica; pero será necesario que en las diligencias en que intervenga se
haga constar dicha circunstancia.
TÍTULO SÉPTIMO.
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS.
CAPÍTULO UNICO.
DISPOSICIONES GENERALES:
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 189.- INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES. El titular de la Procuraduría podrá solicitar al Juez de
Distrito en turno, la autorización de intervención de comunicaciones privadas de las personas que aparezcan como
inculpadas y de aquellas otras que puedan aportar datos para la comprobación del cuerpo del delito y la probable
responsabilidad de los inculpados.
La solicitud de intervención de comunicaciones privadas, deberá contener:
I. Los indicios que hagan presumir, fundadamente, la posible comisión de un delito.
II. Los preceptos legales que la fundan.
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III. El razonamiento por el que se considera procedente.
IV. El objeto y la necesidad de la intervención.
V. El tipo de comunicaciones, los sujetos y los lugares que serán intervenidos.
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
VI. El período durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones. Éste podrá ser prorrogado, sin que él mismo,
incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses; después de dicho plazo, solo se podrán autorizarse nuevas
intervenciones cuando el titular de la Procuraduría, acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.
VII. En su caso, las instituciones públicas o privadas referentes al ramo de comunicaciones de que se trate y los modos
específicos en que colaborarán en la Intervención de comunicaciones privadas.
Para los efectos de la presente Ley, podrán ser objeto de intervención: las comunicaciones que se realicen en forma
oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos electrónicos, eléctricos, mecánicos, alámbricos,
inalámbricos, sistemas de cómputo o equipos informáticos; así como cualquier otro medio o forma que permita la
comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.
ARTÍCULO 190.- NORMAS APLICABLES EN MATERIA DE INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES. La
autorización de la intervención de comunicaciones deberá sujetarse a lo establecido, en su caso, en el Código Federal
de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y demás ordenamientos aplicables.
El auto que niegue o revoque la autorización de la intervención de comunicaciones podrá ser impugnado en los
términos de los ordenamientos señalados en el primer párrafo de este artículo.
ARTÍCULO 191.- FORMALIDADES DE LA INTERVENCIÓN. El Ministerio Público deberá levantar acta
circunstanciada de la intervención de comunicaciones privadas que realice, la cual contendrá:
I. Las fechas de inicio y conclusión de la intervención de comunicaciones privadas.
II. El inventario pormenorizado de los documentos, objetos y cintas de audio o video que contengan los sonidos o
imágenes captadas durante la misma.
III. La identificación de quienes hayan participado en las diligencias, así como los demás datos que considere
relevantes para la investigación.
Las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas, se numerarán progresivamente y contendrán los datos
necesarios para su identificación, debiéndose guardar en sobre cerrado y bajo las formalidades establecidas para la
preservación de las evidencias del delito.
ARTÍCULO 192.- CUSTODIA DE LAS CINTAS. Durante la Averiguación Previa, las cintas y datos que se obtengan
como resultado de la intervención de comunicaciones privadas, se mantendrán bajo el más estricto resguardo del
Ministerio Público.
En caso de que no se ejercite acción penal el Ministerio Público será el responsable de la destrucción de los medios
de prueba que se obtengan con motivo de la intervención de comunicaciones, lo que se efectuará una vez que la
determinación de no ejercicio quede firme conforme a la Ley y levantando el acta correspondiente.
Al ejercitar la acción penal el Ministerio Público pondrá a disposición de la Autoridad Judicial que conozca del proceso,
las cintas y evidencias que con motivo de la intervención haya obtenido, las que a partir de ese momento quedarán
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bajo su resguardo y responsabilidad. Asimismo, podrá ponerlas a disposición del inculpado y de su defensor, por un
término de diez días, bajo la supervisión adecuada, tomando todas las medidas necesarias para evitar su alteración o
destrucción.
TÍTULO OCTAVO.
DEL CARÁCTER PROBATORIO DE LAS DILIGENCIAS MINISTERIALES.
CAPÍTULO I.
GENERALIDADES SOBRE LA PRUEBA.
ARTÍCULO 193.- FINALIDAD PROBATORIA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Durante la Averiguación Previa el
Ministerio Público reunirá las pruebas que tiendan a acreditar las categorías procesales y las condiciones necesarias
para el ejercicio de la acción penal, así como para sustentar las pretensiones que de ella deriven; o bien, aquellas que
demuestren los extremos que sustenten su no ejercicio. En tal virtud, las diligencias y actuaciones que practique el
Ministerio Público tendrán siempre carácter probatorio.
Para tal fin, el Ministerio Público desahogará cuantas diligencias estime conducentes e incorporará los medios de
prueba que le alleguen quienes intervengan en la indagatoria, en los términos y condiciones que esta Ley prevé.
ARTÍCULO 194.- OBJETO DE PRUEBA. Sólo los hechos son objeto de prueba. Será objeto de prueba: 1) Todo lo
que puede representar una conducta humana, los sucesos o acontecimientos, hechos o actos humanos, voluntarios o
involuntarios, individuales o colectivos; que sea perceptibles. 2) Los hechos de la Naturaleza. 3) Las cosas o los objetos
materiales; así como cualquier aspecto de la realidad material, sea o no producto del hombre, incluyendo documentos.
4) La persona física humana, su existencia y características. 5) Los estados y hechos psíquicos del hombre, incluyendo
el conocimiento subjetivo, cierta intención o voluntad y el consentimiento tácito o la conformidad. No se considera como
objeto de prueba al Derecho, con excepción de cuando se refiera a una ley extranjera.
ARTÍCULO 195.- HECHOS NOTORIOS. No es necesario probar los hechos notorios, los cuales deben ser hechos tan
generalmente conocidos que produzcan en la conciencia una convicción plena, racionalmente superior a la que nace
de la prueba.
Cuando sea el caso, el Ministerio Público podrá desahogar diligencia en la que haga constar el hecho que estima
notorio y el razonamiento que conduzca a tal apreciación.
ARTÍCULO 196.- PRUEBA CONTRA PRESUNCIÓN LEGAL. Cuando un hecho goza de presunción legal está exento
de prueba; sin embargo se admitirán pruebas en contrario cuando así lo determine la norma jurídica que establezca la
presunción legal.
ARTÍCULO 197.- IGUALDAD Y OPORTUNIDAD PROBATORIA. Dentro de la Averiguación Previa se recibirán todos
los medios de prueba que ofrezcan tanto la defensa y/o el inculpado, como el ofendido o víctima, por sí o por conducto
de sus abogados; siempre y cuando digan qué es en particular lo que desean acreditar y ello sea conducente a los
fines de la Averiguación Previa. Sin embargo, las pruebas que se ofrezcan cuando ya existan indicios suficientes para
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal no se admitirán, a fin de evitar la dilación de la
consignación de la Averiguación Previa Penal. Tampoco se admitirán pruebas cuando ya se haya emitido vista o
determinación de no ejercicio de la acción penal.
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ARTÍCULO 198.- QUERELLANTE Y LA CARGA DE LA PRUEBA. En los delitos que se persiguen por querella, quien
la presente tendrá la obligación de allegar a la Averiguación Previa todas las pruebas que tenga a su alcance para
acreditar los hechos que pretenda probar, sin perjuicio de la obligación constitucional del Ministerio Público de
investigar el delito. Sin embargo, cuando de las constancias que obran en la indagatoria se desprenda que existen
pruebas que sólo del querellante se puedan obtener y que sean determinantes para los fines de la indagatoria, el
Ministerio Público requerirá al querellante para que en los términos expresados por esta Ley, presente dichas
probanzas. En caso de no presentarlas se considerará como abandono de la querella y será causa de inejercicio de la
acción penal.
ARTÍCULO 199.- PRUEBA COMÚN. Cuando el Ministerio Público deba desahogar un medio de prueba relativo a una
pluralidad de hechos de igual o similar naturaleza que sean materia de la misma o diversa indagatoria, podrá realizarla
en un solo acto. Cuando sea el caso bastará que agregue un tanto o copia certificada de la constancia en que se
hubiere hecho constar su desahogo, para que se tenga como si se hubiera desahogado en la indagatoria de que se
trate y para que surta efectos con relación a todos los hechos sujetos a investigación sobre los que hubiere versado.
ARTÍCULO 200.- PRUEBA TRASLADADA. Los medios de prueba que se practiquen válidamente en una
Averiguación Previa o proceso, se podrán trasladar a otra en copia auténtica. No se requerirán mas formalidades para
que se tengan como si se hubieran desahogado en la indagatoria de que se trate; pero ello no excluirá que se dé a la
contraparte su derecho a contradecirlos; ni que se valoren según la naturaleza del medio de prueba que contengan.
ARTÍCULO 201.- PETICIÓN DE PRUEBAS AL JUEZ EN VÍA DE AVERIGUACIÓN PREVIA. El Ministerio Público
podrá solicitar a la Autoridad Judicial el desahogo de los medios de prueba que sólo por su conducto puedan recabarse.
Dicha petición no suspende la facultad investigadora del Ministerio Público por lo que podrá recabar medios de prueba
como autoridad, reservándose la facultad para ejercitar acción penal. Sin embargo, si lo estima indispensable ejercitará
acción penal, pondrá la Averiguación Previa a disposición del Juez y en su oportunidad, según el resultado de los
medios de prueba solicitados, concretará su acusación y pedirá orden de aprehensión o comparecencia, según
corresponda.
El Ministerio Público deberá señalar el objeto y conducencia de los medios de prueba que requiera y presentará las
constancias de la Averiguación Previa que motiven la petición. Una vez que el Juez admita el medio de prueba, lo
desahogará con reserva y en privado, con asistencia del Ministerio Público cuando así se requiera. En caso contrario
se declarará desierto. Se entregará al Ministerio Público copia certificada del medio de prueba desahogado y el original
se guardará en secreto.
Para pedir cateo, será innecesario ejercitar acción penal, salvo que a la vez se solicite la orden de aprehensión o
comparecencia.
ARTÍCULO 202.- PRUEBA ANTICIPADA. El Ministerio Público podrá preparar el juicio solicitando al Juez el desahogo
anticipado de pruebas, sin necesidad de ejercitar acción penal, en cualquiera de los casos siguientes:
I. Cuando se trate de pruebas periciales cuyo desahogo implique la destrucción o el consumo de la sustancia, evidencia
u objeto sobre el que deba recaer.
II. Cuando la conservación del objeto o la evidencia sobre la que deba recaer un medio de prueba resulte gravoso o
perjudicial para el titular de los derechos sobre ellas o para quien tenga a su cargo dicha conservación.
III. Cuando el objeto o evidencia sobre el que deba recaer alguna prueba, se pueda deteriorar o desvanecer por el sólo
paso del tiempo.
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IV. Cuando exista el riesgo fundado de que quien deponga en la indagatoria se ausente del lugar en que deba llevarse
el proceso y no comparezca al mismo; o cuando se trate de personas de edad avanzada o en condiciones precarias
de salud que pongan en riesgo su comparecencia.
Cualquiera que sea el caso, el Ministerio Público deberá expresar el objeto de la prueba, justificar la necesidad de su
desahogo en tal forma y señalar el nombre y domicilio de la persona que aparezca como inculpado; así como la
imputación que pretenda formularle. El Juez desahogará la prueba conforme a lo dispuesto por el Código de
Procedimientos Penales, pero citará previamente al inculpado a fin de hacerle saber la imputación que el Ministerio
Público pretenda formularle. En ese mismo acto el Juez prevendrá al inculpado de que cualquier intervención que le
pueda corresponder en el desahogo de la probanza solicitada o para el desahogo de diversa prueba derivada de la
ofrecida por el Ministerio Público, deberá ejercerse hasta antes de que la misma se lleve a cabo; y que de no hacerlo
perderá su derecho a hacerlo durante el proceso.
La prueba así desahogada surtirá sus efectos como si se hubiera desahogado dentro del proceso siempre que el
Ministerio Público la aporte durante el mismo y no hubiere variado la imputación hecha al quejoso.
Contra la negativa del Juez a desahogar la prueba anticipada procede el recurso de apelación.
ARTÍCULO 203.- REQUISITOS DE LAS DILIGENCIAS PROBATORIAS. El Ministerio Público podrá desahogar
cualquier medio de prueba que no sea contraria a derecho, aunque no se encuentre específicamente nominada o
reglamentada. Se exceptúan de lo anterior los careos, los que no podrán practicarse en Averiguación Previa. Para que
las pruebas nominadas se tengan por legalmente constituidas bastará que se sujeten a los requisitos señalados en el
presente título para cada una de ellas.
ARTÍCULO 204.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS EN AVERIGUACIÓN PREVIA. Las pruebas
practicadas en Averiguación Previa se valorarán conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales;
pero para apreciar su legal constitución, tanto durante la indagatoria como en el proceso, se atenderá a lo dispuesto
por esta Ley.
CAPÍTULO II.
DE LOS PARTES INFORMATIVOS.
ARTÍCULO 205.- REQUISITOS DE LOS PARTES INFORMATIVOS. Los partes informativos deberán contener:
I. Los datos referentes a la causa que motivó la intervención de los agentes policiales que hubieren participado en su
elaboración.
II. La descripción de las investigaciones realizadas con inclusión de los datos que identifiquen sus fuentes de
información, cuando ello sea posible; o la causa por la que no hubiere sido posible obtenerlos.
III. Cuando se hubiere asegurado a alguna persona: la fecha, hora, lugar y circunstancias de la detención; los datos
de identificación del detenido si ello fuere posible y el nombre de los agentes que hubieren realizado materialmente la
captura.
IV. Los datos a que se refiere el artículo 131 de la presente Ley, cuando se hubiere recolectado u obtenido evidencia
física.
V. Los nombres de todos los oficiales que hubieren participado en la diligencia o los datos que conduzcan a su
identificación.
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VI. La fecha y lugar de emisión del parte; y
VII. La firma de cuando menos uno de los agentes que hubieren intervenido en las acciones; pero si se tratare del
aseguramiento de persona será necesaria la firma de todos los que materialmente hubieren realizado la detención.
Sólo quienes hubieren intervenido en las acciones podrán suscribir el parte informativo.
ARTÍCULO 206.- PROHIBICIONES CON RELACIÓN AL PARTE INFORMATIVO. En el parte informativo no se
podrán desahogar confesiones, mas si se hicieren, las mismas carecerán de valor. No se atenderá a las referencias
de testigos, cuando los mismos no se hubieren identificado.
Las referencias propias de los agentes policiales sólo serán atendibles cuando los mismos hayan observado
directamente los hechos sobre los que versen o capturado inmediatamente después de cometido el delito al inculpado
si éste tenía en su poder el objeto materia del delito.
ARTÍCULO 207.- RATIFICACIÓN INNECESARIA. No será necesaria la ratificación del parte informativo para su
validez; pero cuando el Ministerio Público lo estime necesario podrá hacer comparecer a quienes lo suscriban para
que reconozcan su contenido o firma o para que amplíen o aclaren la información que contengan.
CAPÍTULO III.
DE LA DENUNCIA O QUERELLA.
ARTÍCULO 208.- ALCANCE PROBATORIO DE LA DENUNCIA Y QUERELLA. Las denuncias y querellas se
valorarán como pruebas siempre que:
I. Hayan sido formuladas ante el Ministerio Público, por persona cierta y bajo protesta de decir verdad.
II. Se hubiere apercibido a quien la presente de las penas aplicables a quienes se conducen con falsedad ante una
autoridad en ejercicio de sus funciones.
III. Se circunstancien los hechos sobre los que versen.
ARTÍCULO 209.- AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE DENUNCIAS Y QUERELLAS. Las ampliaciones y aclaraciones
que se hicieren de las denuncias y querellas se considerarán como partes integrantes de las mismas.
CAPÍTULO IV.
DE LA IDENTIFICACIÓN DE AUDIO E IMÁGENES.
ARTÍCULO 210.- IDENTIFICACIÓN POR MEDIO DE FOTOGRAFÍAS O VIDEO. Cuando no fuere posible la
presentación de la persona a quien se deba identificar, su identificación podrá hacerse por medio de fotografía o
imagen de video, siempre que las mismas posean nitidez suficiente para apreciar a simple vista los rasgos y
características de la cara y tengan una antigüedad menor a un año desde que hubieren sido tomadas hasta la fecha
de la diligencia. En estos casos el Ministerio Público deberá hacer constar la forma en que obtuvo dicha imagen y
quien realice la identificación deberá expresar los motivos para ello.
Si la persona identificada aparece con posterioridad se procederá a la confrontación, si ello fuere posible.
ARTÍCULO 211.- IDENTIFICACIÓN DE VOZ. Cuando quien deponga en la indagatoria manifieste que puede
identificar a la persona por su voz y el Ministerio Público tenga grabaciones o registros de la misma, se procederá a
reproducirlas en su presencia para que señale si reconoce o no la voz o la grabación como aquellas que refiera haber
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escuchado. En la diligencia se asentará la forma en que el Ministerio Público hubiere obtenido las grabaciones o
registros y todas las observaciones que señale el deponente.
CAPÍTULO V.
DE LA CONFRONTACIÓN.
ARTÍCULO 212.- CASOS EN QUE PROCEDE LA CONFRONTACIÓN. Procederá la confrontación, cuando quien
declare no pueda dar noticia exacta de la persona a la que se refiera, pero exprese poder reconocerla si se le presenta
o la escucha; o cuando asegure conocer a una persona y exista motivo para sospechar que no la conoce.
La confrontación podrá ser visual o auditiva.
ARTÍCULO 213.- FORMA DE DESARROLLAR LA CONFRONTACIÓN VISUAL. Para llevar a cabo la confrontación
visual se interrogará a quien deba hacer la identificación, bajo protesta de decir verdad y con los apercibimientos para
las personas que se conducen con falsedad, respecto de las características de la persona de que se trate; si la conoce
o con anterioridad la ha visto en persona o en imágenes; si después del hecho volvió a verla, en qué lugar y con qué
motivo; y si persiste en lo que hubiere declarado previamente.
Enseguida se invitará a la persona que deba ser sometida a reconocimiento a que escoja su colocación entre cuando
menos cuatro personas más de aspecto físico y vestimentas semejantes y se solicitará, a quien deba efectuar el
reconocimiento, que diga si entre las personas presentes se halla aquella a la que se hubiere referido en sus
declaraciones y, en caso afirmativo, la señale con precisión. Si la reconoce se le interrogará respecto de las diferencias
y semejanzas observadas entre el estado de la persona señalada y el que tenía en la época a que hubiere aludido en
su declaración.
En el acta de la diligencia se hará constar el nombre y domicilio de las personas que hubieren integrado la fila de
personas sujetas a reconocimiento, el número que se les hubiere asignado y las demás circunstancias que se estimen
relevantes.
La confrontación procederá aún sin consentimiento del inculpado, pero siempre en presencia de su defensor. Quien
deba efectuar el reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por los integrantes de la fila
de sujetos a reconocimiento. Se tomarán las previsiones necesarias para que el inculpado no altere u oculte su
apariencia.
Si fueren varios los sujetos a confrontación, se practicará una diligencia por cada uno de ellos.
ARTÍCULO 214.- FORMA DE DESARROLLAR LA CONFRONTACIÓN AUDITIVA. Cuando quien deponga en la
indagatoria señale no haber visto a la persona a la que se hubiere referido, pero sí escuchado su voz, se procederá
de la siguiente forma:
Se interrogará a quien deba hacer la identificación, bajo protesta de decir verdad y con los apercibimientos para las
personas que se conducen con falsedad, respecto de las características de la voz de la persona de que se trate; si la
conoce o con anterioridad la ha escuchado; si después del hecho volvió a oírla, en qué lugar y con qué motivo; y si
persiste en lo que hubiere declarado previamente.
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Enseguida se solicitará a la persona que deba ser sometida a reconocimiento a que escoja su turno entre cuando
menos cuatro personas más de su mismo sexo, edad aproximada y similar grado de instrucción.
Acto seguido el Ministerio Público pedirá a cada uno de los participantes, según su turno y por separado, que lean en
voz alta, por espacio de cinco minutos, un texto previamente seleccionado por la autoridad que lleve a cabo la diligencia
y, concluida la intervención de todos, se pedirá a quien deba hacer la identificación que manifieste si reconoce la voz
de la persona a la que se hubiere referido en sus declaraciones y, en caso afirmativo, la señale con precisión. Quien
deba efectuar el reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por los integrantes de la
ronda de sujetos a reconocimiento.
Si el inculpado no supiere leer se les dictará a todos los participantes el texto por cualquier medio técnico que permita
su fluidez. En cualquier caso el texto deberá referirse a cuestiones ajenas a la indagatoria.
En el acta de la diligencia se hará constar el nombre y domicilio de las personas que hubieren integrado la ronda de
personas sujetas a reconocimiento, el turno que se les hubiere asignado y las demás circunstancias que se estimen
relevantes.
Si el inculpado se negare a participar en la diligencia se hará constar en el acta dicha circunstancia sin hacerla del
conocimiento de quien deba realizar la identificación.
Si fueren varios los sujetos a confrontación, se practicará una diligencia por cada uno de ellos.
La diligencia se grabará en cinta de audio para que, si existiere sospecha de que alguno de los participantes simuló o
modificó su voz, se hagan los peritajes correspondientes.
CAPÍTULO VI.
DE LAS INSPECCIONES.
ARTÍCULO 215.- CONTENIDO DE LAS INSPECCIONES. Mediante la inspección se describirá y se dejará constancia
del estado de las personas, las características de los lugares, las cosas, las huellas, vestigios y cualquier circunstancia
o efecto material que resulte de utilidad para averiguar o comprobar el hecho e identificar a sus autores o partícipes.
En la diligencia podrá ordenarse o procederse a la recolección de evidencia en los términos señalados en la presente
Ley.
Si el hecho no hubiere dejado rastros o no hubiere producido efectos materiales, o si éstos hubieren desaparecido o
exista evidencia de su alteración; se procurará describir el estado de lo que fuere objeto de inspección y, en su caso,
el modo, tiempo y causa posible de su alteración o desaparición; así como los indicios a partir de los cuales se obtuvo
ese conocimiento.
Para la práctica de inspecciones el Ministerio Público podrá auxiliarse de peritos, pero lo que los mismos manifiesten
en su apoyo u orientación se hará constar con razón de dicha circunstancia.
Cuando se inspeccionen personas se podrán asentar las referencias que el sujeto de la inspección haga respecto de
su estado físico o emocional.
Cuando se inspeccione un lugar se identificará con precisión su ubicación. Si el lugar estuviere ubicado en área urbana
o rural sin calles o sin nomenclatura que las identifique, el Ministerio Público procurará auxiliarse de testigos del lugar,
asentando sus generales y la razón de su dicho.
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Cuando se inspeccionen cosas se hará constar el lugar en donde se encuentren y los datos de la persona que lo tenga
en su poder o bajo su resguardo, además de todo lo que sea objeto de la inspección.
ARTÍCULO 216.- MEDIOS DE DESCRIPCIÓN. Para la descripción de lo que se inspeccione podrán emplearse
dibujos, planos topográficos, fotografías ordinarias o métricas, moldeados o cualquier otro medio para reproducir las
cosas; haciéndose constar cuales se emplearon, en qué forma y con qué objeto.
Se hará la descripción de todo lo que no hubiere sido posible efectuar por los medios anteriores; pero se procurará
fijar con claridad las señales o vestigios dejados por el delito; así como el instrumento o medio que posiblemente se
empleó para provocarlos.
En cualquier caso se podrá optar por desahogar la diligencia por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo
69 de la presente Ley.
ARTÍCULO 217.- DECLARACIÓN DE PERSONAS DURANTE LAS INSPECCIONES. Al practicar una inspección se
podrán asentar las declaraciones de las personas que se encuentren presentes y puedan proporcionar algún dato útil;
sin perjuicio de que, si se estima necesario, posteriormente se recaben sus informaciones testimoniales en debida
forma.
CAPÍTULO VII.
DE LA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS.
ARTÍCULO 218.- CASOS EN QUE PROCEDE LA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. La reconstrucción de hechos
se practicará siempre que la naturaleza del hecho y los medios de prueba recabados la hagan necesaria. Su objeto
será recrear el hecho delictivo con base en las deposiciones que obren en la indagatoria.
Cuando existan varias versiones de los hechos y las mismas sean discrepantes, el Ministerio Público podrá practicar
reconstrucción de hechos por cada una de ellas.
La reconstrucción de hechos se practicará preferentemente después de que se hayan desahogado las inspecciones y
peritajes procedentes.
ARTÍCULO 219.- FORMA DE DESARROLLAR LA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. La reconstrucción de hechos
se verificará en el lugar y la hora en que se cometió el delito, si ello fuera relevante para el esclarecimiento de los
hechos; pero cuando no sea posible podrá efectuarse en cualquier hora y lugar.
Durante la diligencia el Ministerio Público se auxiliará de los asistentes que estime necesarios para que asuman las
posiciones y realicen las acciones que el deponente, cuya versión se reconstruye, vaya describiendo. El deponente
expresará libremente su versión de los hechos, pero el Ministerio Público podrá pedirle que explique, aclare o amplíe
la misma, cuando lo estime necesario. En las reconstrucciones de las versiones de los testigos, podrá estar presente
y tener intervención el inculpado, si así lo solicita; pero en la reconstrucción de la versión del inculpado, sólo se atenderá
a lo que el mismo manifieste.
En la diligencia podrán estar presentes, además, el ofendido o víctima y los peritos que disponga el Ministerio Público;
pero los mismos no tendrán participación activa en la misma.
La reconstrucción se hará constar en cualquiera de las formas a que se refiere el artículo 69 de la presente Ley; pero
si se hiciere mediante acta será necesario que además se agreguen fotografías tomadas de la diligencia.
ARTÍCULO 220.- PERITAJES DERIVADOS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. Cuando fuere necesario
podrán ponerse las diligencias de reconstrucción de hechos levantadas, junto con las demás constancias que se
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estimen pertinentes, a disposición del perito que determine el Ministerio Público para que, mediante dictamen pericial,
determine si la versión recreada resulta o no congruente con la información pericial que obre en la indagatoria.
CAPÍTULO VIII.
DE LOS TESTIMONIOS.
ARTÍCULO 221.- OBLIGACIÓN DE TESTIFICAR. Toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo o condición social,
tiene el deber de rendir testimonio ante el Agente del Ministerio Público que se lo pida o concurrir por sí mismo, cuando
tenga conocimiento de algún hecho posiblemente delictivo. El testigo no tendrá obligación de declarar en los casos
que determine esta Ley.
ARTÍCULO 222.- QUIÉNES ESTÁN FACULTADOS PARA NO DECLARAR. El Ministerio Público deberá informar al
testigo que podrá abstenerse de declarar en los supuestos siguientes:
I. Cuando el inculpado sea su cónyuge, persona unida en pacto civil de solidaridad, adoptante o adoptado; tutor,
curador o pupilo; así como cuando hubiere vivido en forma permanente con el inculpado por un lapso de dos años
anteriores al hecho.
II. Cuando tenga con el inculpado parentesco por consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente
sin limitación de grados y en la colateral hasta el cuarto grado. Motivos de afecto por intimidad, estrecha amistad o
gratitud.
III. Cuando tenga obligación de guardar secreto profesional.
El motivo de abstención se deberá de comprobar en forma eficaz con medios de prueba conducentes. Sin embargo,
no podrán abstenerse de declarar cuando el delito no se pueda comprobar de otra manera; salvo que se trate de
quienes deban guardar el secreto profesional.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 223.- TESTIMONIO POR ESCRITO DE ALGUNOS SERVIDORES PÚBLICOS. Se solicitará que rindan
testimonio por escrito, previo interrogatorio que se les envíe, o se acudirá al lugar de trabajo a tomarles testimonio: al
gobernador, diputados, magistrados, al titular de la Procuraduría y subprocuradores; secretarios y subsecretarios del
ejecutivo estatal; jueces, directores generales de la administración central estatal, presidentes municipales, regidores
o síndicos; así como a los directores o representantes de entidades paraestatales o paramunicipales; descentralizadas
o desconcentradas.
ARTÍCULO 224.- TESTIMONIOS ESPECIALES. Cuando se deban recibir testimonios de menores de edad u
ofendidos de los delitos de violación en cualquiera de sus modalidades, corrupción de menores o secuestro; el
Ministerio Público podrá ordenar su recepción en sesión privada y con auxilio de los familiares o peritos especializados.
Los menores de dieciocho años siempre deberán estar acompañados de alguno de sus padres, tutor, representante
legal o de persona designada por la dependencia encargada de la representación o protección de los menores.
ARTÍCULO 225.- IDENTIFICACIÓN Y PROTESTA DE TESTIGOS. Antes de que el testigo comience a declarar, se le
pedirá identificación, haciendo constar los datos del documento con el que se identifique. Si el testigo no porta
identificación bastará la presencia de diversa persona que dé razón de su identidad. Después, se le instruirá acerca
de las sanciones que el Código Penal establece para quien se conduce con falsedad o se niega a declarar. Enseguida,
se le tomará la protesta de decir verdad y se le hará saber su derecho a contar con abogado para que lo asista en la
diligencia, quien podrá objetar las preguntas que se le formulen, pero no podrá producirle las respuestas.
A los menores de dieciocho años sólo se les exhortará para que se conduzcan con verdad.
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ARTÍCULO 226.- GENERALES DE LOS TESTIGOS. Después de tomarle al testigo la protesta de decir verdad, se le
preguntará su nombre, apellidos, edad, lugar de origen, domicilio, estado civil, profesión y ocupación. Igualmente, si
tiene relación con el inculpado, ofendido o víctimas por vínculos de parentesco, amistad o cualesquier otro. Así como
si tiene algún motivo de odio o rencor contra alguno de ellos.
ARTÍCULO 227.- FORMA Y CONTENIDO DEL TESTIMONIO. Los testigos declararán de viva voz. Hasta donde sea
posible las declaraciones se asentarán con las mismas palabras que emplee el testigo.
Narrará los hechos preferentemente en la forma secuencial que los percibió. Cuando el testigo no conozca o no
recuerde el nombre de alguna persona, dará las señas particulares y demás pormenores que sirvan para identificarla.
Así mismo, estará obligado a explicar, cuándo, en qué lugar y de qué manera percibió el hecho sobre el que declara,
lo cual constituye la razón de su dicho.
Las manifestaciones que no tengan relación con los temas de prueba se podrán excluir del acta.
Después se le harán las preguntas que se estimen necesarias para conocer la verdad histórica del hecho; o acerca de
los puntos de su testimonio; o de cualquier otra circunstancia que se estime pertinente.
El ofendido, inculpado o su defensor tienen derecho a formular preguntas al testigo, por conducto del Ministerio Público,
quien podrá desechar las preguntas que estime notoriamente inconducentes o capciosas.
El Ministerio Público, en la misma diligencia, podrá solicitar al testigo que aclare o amplíe lo que hubiere declarado o
respondido.
ARTÍCULO 228.- RESPUESTA DE LOS TESTIGOS. En el acta se hará constar cada pregunta que se formule al
testigo, la objeción si lo hubiere y, en su caso, si ésta se admitió o desechó. Enseguida se hará constar la respuesta y
las aclaraciones pertinentes.
No tendrá valor la respuesta en la que no aparezca la pregunta previa. No se asentará la respuesta que se dé cuando
la pregunta se objete con oportunidad y se admita la objeción. De ello se prevendrá al testigo. Cuando el testigo no
entienda una pregunta podrá solicitar que se le aclare.
ARTÍCULO 229.- DECLARACIONES SOBRE OBJETOS Y VESTIGIOS. Si el testimonio se refiere a algún objeto,
después de interrogar al testigo sobre las señas que le caractericen, se le pondrá a la vista para que lo reconozca, si
ello fuere posible.
Cuando el testimonio se refiera a un hecho que dejó vestigios en algún lugar, se podrá acudir al lugar con el testigo
para que él dé la explicación pertinente.
ARTÍCULO 230.- LECTURA DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO. El Ministerio Público hará saber al testigo que
tiene derecho de leer por sí mismo su declaración, una vez que se levante el acta. Si no puede hacerlo se la leerá el
Ministerio Público, traductor o intérprete según el caso. Posteriormente se recabará la firma o huella digital en la forma
prevista por esta Ley.
ARTÍCULO 231.- TESTIMONIO TÉCNICO. El testimonio será técnico cuando verse sobre hechos apreciados
mediante determinado conocimiento técnico, científico o artístico y quien lo rinda posea título debidamente expedido
en la materia.
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ARTÍCULO 232.- LOS TESTIGOS NO SON TACHABLES. En materia penal no pueden oponerse tachas a los
testigos. Pero de oficio o a petición de parte, el Ministerio Público hará constar las circunstancias que puedan influir en
el valor probatorio de las declaraciones.
ARTÍCULO 233.- ACUSACIÓN POR FALSO TESTIMONIO. En caso de que un testigo falte a la verdad, se ordenará
sacar copia de las actuaciones conducentes al falso testimonio y se integrará Averiguación Previa conforme a Derecho.
Si es manifiesta la comisión del delito en el momento de la declaración del testigo, se le podrá detener desde luego.
ARTÍCULO 234.- (DEROGADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
CAPÍTULO IX.
DE LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO.
ARTÍCULO 235.- APERSONAMIENTO DEL INCULPADO EN LA INDAGATORIA. Cuando el inculpado comparezca
por primera vez a la indagatoria se le harán de su conocimiento y se cumplirán en lo conducente, los derechos a que
se refieren los artículos 29 y 30 de la presente Ley. Si el inculpado hubiere sido detenido en flagrancia, lo anterior se
realizará en el propio acuerdo de retención o inmediatamente después de éste. Cuando se trate de detención por caso
urgente se procederá a ello tan pronto haya sido puesto a disposición del Ministerio Público. En cualquier caso se
levantará constancia.
El inculpado no podrá promover o actuar dentro de la Averiguación Previa antes de que se cumpla con lo dispuesto en
el párrafo anterior, salvo que el mismo hubiere sido sujeto a alguna medida de aseguramiento, restricción, cateo o de
afectación a su persona o sus bienes derivadas de la propia indagatoria. Las promociones o escritos que presente en
contravención a lo señalado, ningún efecto producirán.
Si el inculpado no hubiere sido localizado o no compareciere ente el Ministerio Público habiendo sido citado para el
efecto, se levantará constancia de ello con la que se dará por cumplido lo dispuesto en el presente artículo.
ARTÍCULO 236.- DECLARACIÓN DEL INCULPADO. En la misma diligencia a que se refiere el artículo anterior o con
posterioridad a ella, el inculpado podrá deponer sobre los hechos materia de la indagatoria, pero sólo si así lo desea.
Cuando el inculpado desee presentar su declaración por escrito, podrá hacerlo; sin embargo deberá reconocer en
forma expresa tanto su contenido como su firma ante el Ministerio Público.
Al inculpado se le podrán formular preguntas por el Ministerio Público, su defensor, la parte civil, el ofendido, víctima,
sus representantes legales y sus abogados; pero previamente se le prevendrá de que no está obligado a responderlas.
Las preguntas siempre se formularán directamente por el Ministerio Público. Enseguida de la pregunta siempre se
asentará la respuesta. Si después de formularle una pregunta el inculpado manifiesta que no la entiende, se le darán
las explicaciones a que hubiere lugar. Cuando la pregunta fuere asertiva la respuesta deberá contestar si es o no es
cierto el hecho objeto de la pregunta. La pregunta que no sea asertiva se deberá responder concretamente y sin
evasivas. Pero en ambos casos, el inculpado podrá adicionarla con explicaciones atinentes al hecho. Las preguntas
no serán capciosas ni inconducentes.
El Ministerio Público podrá pedir explicaciones sobre el sentido y los alcances de las preguntas y respuestas. En el
acta se asentará la declaración; así como cada pregunta y a continuación la respuesta, con las palabras textuales que
se utilicen. No tendrá valor la respuesta a la que no le preceda una pregunta.
ARTÍCULO 237.- CONCEPTO DE LA CONFESIÓN. La confesión es la declaración circunstanciada sobre hechos
propios constitutivos del tipo penal de un delito.
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Lo declarado por el inculpado, que no constituya confesión, se apreciará como testimonio; tanto en lo que le beneficie
como en lo que le perjudique.
ARTÍCULO 238.- CONDICIONES PARA LA VALIDEZ DE LA CONFESIÓN. Para que la confesión del inculpado
verificada durante la Averiguación Previa tenga validez, deberá rendirse:
I. Ante el Ministerio Público.
II. Con asistencia del defensor del inculpado, designado conforme a lo dispuesto por los artículos 30 y 31 de la presente
Ley. Además, será necesario que antes de su declaración, el defensor proteste cumplir el cargo con fidelidad; si es
que no lo hizo anteriormente.
III. Con conocimiento previo del hecho que se le atribuye y de la advertencia de que lo que diga se podrá usar en su
contra. Se entenderá que se ha puesto en conocimiento del inculpado el hecho que se le atribuye, cuando se haya
cumplido con lo dispuesto por el artículo 235 de esta Ley.
IV. De manera voluntaria; sin coacción, ni incomunicación y en pleno uso de sus facultades mentales.
Cuando la confesión se rinda por escrito, deberá ratificarse con presencia del defensor.
ARTÍCULO 239.- CONFESIÓN DE DIVERSO DELITO. Para que la confesión rendida por delito diverso al que se
refiera la indagatoria sea válida, será necesario que, además, se rinda en forma espontánea.
CAPÍTULO X.
DE LOS DOCUMENTOS.
ARTÍCULO 240.- CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos: los escritos, impresos, planos o dibujos. Los
cuadros, fotografías y cintas cinematográficas. Los discos, grabaciones o reproducciones magnetofónicas,
electrónicas, de audio o video. Las radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo
objeto mueble que tenga o reproduzca caracteres representativos o declarativos.
Cuando se trate de documentos generados por el Ministerio Público o la Autoridad Judicial en el desahogo de sus
actuaciones, los mismos serán apreciados conforme a las reglas del medio de prueba que contengan.
El Ministerio Público podrá de oficio verificar la autenticidad de un documento, por cualquier medio lícito que estime
pertinente.
ARTÍCULO 241.- DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. Documento público es el otorgado por funcionario
público en ejercicio de su cargo o generado con su intervención debida; así como los otorgados ante fedatarios
públicos.
Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público.
ARTÍCULO 242.- DOCUMENTO AUTÉNTICO. Los documentos públicos y privados serán auténticos cuando exista
certeza sobre la persona que los firmó, elaboró o de la cual emanan. El documento público se presume auténtico,
mientras no se pruebe lo contrario mediante tacha o falsedad. El documento privado es auténtico en los casos
siguientes:
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I. DOCUMENTO AUTÉNTICO PRIVADO POR RECONOCIMIENTO PREVIO. Si se reconoció ante el Ministerio
Público, Juez o Notario; o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido.
II. DOCUMENTO AUTÉNTICO PRIVADO POR INSCRIPCIÓN EN UN REGISTRO PÚBLICO. Si se inscribió en un
registro público a petición de quien lo firmó o participó en él.
III. DOCUMENTO AUTÉNTICO PRIVADO PORQUE NO SE TACHÓ DE FALSO OPORTUNAMENTE. Si se aportó
a la Averiguación Previa afirmándose que lo suscribió o escribió aquél contra quien se opone; o se derive para éste
alguna obligación o se establezca alguna circunstancia; siempre y cuando no lo tache de falso en la actuación
inmediatamente siguiente en que comparezca, estando en posibilidad de hacerlo. O cuando la objeción planteada
como tacha resulte inacreditada.
IV. DOCUMENTO PRIVADO QUE JUDICIALMENTE SE DECLARÓ AUTÉNTICO. Si se declaró auténtico en
providencia judicial que se dictó en proceso diverso.
V. DOCUMENTOS EMANADOS DE TERCEROS. Si, tratándose de documentos emanados de terceros, los mismos
no son objetados por quien tenga interés en ello; así como cuando la objeción resulte inacreditada.
ARTÍCULO 243.- FOTOGRAFÍAS Y CINTAS CINEMATOGRÁFICAS, DE AUDIO Y/O VIDEO. Las fotografías y cintas
cinematográficas, de audio y/o video serán tenidas como medio probatorio sólo en los siguientes casos:
I. HECHOS VERIFICADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS. Cuando registren hechos o situaciones acontecidos en
espacios públicos, independientemente de la persona o entidad que los haya grabado o registrado. Se entenderán
como espacios públicos, además, los edificios, fincas o lugares en estado de abandono.
II. HECHOS VERIFICADOS EN ESPACIOS PRIVADOS CON ACCESO AL PÚBLICO. Cuando registren hechos o
situaciones verificados en espacios privados con acceso al público; siempre que los dispositivos de grabación o registro
se encuentren anunciados o visibles a simple vista.
III. HECHOS DELICTIVOS POR SÍ MISMOS VERIFICADOS EN ESPACIOS PRIVADOS. Cuando registren hechos o
situaciones por sí mismos delictivos acontecidos en espacios privados; siempre que quien los grabe o registre habite
o comparta dichos espacios; así como cuando se trate de grabaciones o registros verificados por el propio inculpado
o con su consentimiento.
IV. OBJETOS O MEDIOS PARA LA COMISIÓN DEL DELITO. Cuando se trate de fotografías o cintas que constituyan
el objeto del delito o el medio para su comisión.
ARTÍCULO 244.- APORTACIÓN DE DOCUMENTOS. Los documentos se aportarán a la Averiguación Previa en
original o en copia. Las copias del documento podrán consistir en trascripción mecánica o por cualquier otro medio; la
copia deberá ser autentificada por Notario, Ministerio Público o, en su caso, por el Juez o sus secretarios; previo el
respectivo cotejo.
ARTÍCULO 245.- DOCUMENTOS QUE OBREN EN ARCHIVOS PÚBLICOS. Cuando alguna de las partes, el
defensor, ofendido o víctima, ofrezca como medio de prueba un documento relacionado con el delito que se investiga,
que obre en las oficinas públicas y que no pueda obtener directamente: El Ministerio Público solicitará copia certificada
al funcionario respectivo, quien estará obligado a expedirla; a excepción de aquellos en los cuales la ley expresamente
disponga que la solicitud deberá realizarse a través de la Autoridad Judicial respectiva.
ARTÍCULO 246.- DOCUMENTOS EN PODER DE PARTICULARES. Cuando se ofrezcan como prueba documentos
que tengan relación con el delito, que sólo obren en poder de particulares: El Ministerio Público ordenará que se
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exhiban para su incorporación a la indagatoria o para su cotejo. Si hubiere oposición a ello se aplicarán las medidas
de apremio y en su caso el cateo.
ARTÍCULO 247.- DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Los documentos en idioma extranjero se presentarán
originales; pero con su traducción al español.
Si la traducción se objeta, se ordenará que el documento se traduzca por perito que designe el Ministerio Público.
ARTÍCULO 248.- COTEJO DE DOCUMENTOS SIMPLES. Cuando se ofrezca un documento en copia simple por no
estar a su alcance el original, cualquiera de las partes, defensor, ofendido o víctima, podrán solicitar su cotejo con éste.
A falta de original, con una copia auténtica expedida con anterioridad a aquélla.
ARTÍCULO 249.- RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO DE DOCUMENTOS PRIVADOS. La parte que aporte al proceso
un documento privado reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo; excepto cuando al presentarlo alegue
su falsedad.
Existe también reconocimiento implícito cuando el interesado no lo objete o promueva la tacha de falsedad.
ARTÍCULO 250. OBJECIÓN Y TACHA DE FALSEDAD. Cuando el documento incorporado a la indagatoria sea
objetado o tachado de falso, se practicarán los medios de prueba que resulten conducentes para verificar su
autenticidad.
La objeción o tacha de documentos públicos sólo será admisible cuando se acompañe de un principio de prueba
idóneo para el efecto.
ARTÍCULO 251.- CADENA DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS. Cuando el documento constituya el objeto o
instrumento del delito o cuando por sí mismo sea evidencia de él; se observará lo conducente a la recolección de
evidencia y a la cadena de custodia.
CAPÍTULO XI.
DE LAS PERICIALES.
ARTÍCULO 252.- INTERVENCIÓN DE PERITOS. Siempre que sea necesario dilucidar alguna cuestión para la que se
requieran conocimientos especiales en determinada ciencia, técnica o arte; se procederá con intervención de peritos,
quienes mediante dictamen suministrarán argumentos o razones para la formación de convencimiento respecto del
objeto de su peritaje.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 253.- DESIGNACIÓN DE PERITOS. Cuando se requiera la intervención de peritos durante la averiguación
previa, el Ministerio Público designará para la práctica de los peritajes, a los peritos oficiales que laboren en la
Procuraduría. Sólo a falta de ellos podrá designar perito de acuerdo a la prelación que establece el Código de
Procedimientos Penales, los cuales acreditarán su capacidad conforme a lo dispuesto por el mismo ordenamiento
jurídico.
El servicio pericial dentro de la Averiguación Previa es de interés público.
ARTÍCULO 254.- QUIÉNES NO PUEDEN SER PERITOS. No podrán fungir como peritos las personas que:
I. Intervengan en la indagatoria con cualquier otro carácter.
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II. Tengan con el inculpado o con el ofendido vínculo matrimonial, pacto civil de solidaridad, adopción o tutela; así como
cuando hubieren vivido en forma permanente con cualquiera de ellos por un lapso de dos años anteriores al hecho.
III. Tengan con el inculpado u ofendido parentesco por consanguinidad; o afinidad en línea recta ascendente o
descendente sin limitación de grados y en la colateral hasta el cuarto grado. Motivos de afecto por intimidad, estrecha
amistad o gratitud.
IV. Los condenados por delitos contra el patrimonio o cualquiera de los que contempla el título Tercero, apartado
Cuarto, Libro Segundo del Código Penal.
ARTÍCULO 255.- IRRECUSABILIDAD DE LOS PERITOS. Los peritos son irrecusables; pero se deberán excusar
cuando les afecte alguno de los impedimentos establecidos por esta Ley para el Ministerio Público.
La excusa de los peritos será calificada por el Ministerio Público que conozca de la indagatoria.
ARTÍCULO 256.- DESIGNACIÓN, ACEPTACIÓN, PROTESTA Y RATIFICACIÓN. Al designar perito, el Ministerio
Público deberá indicar la cuestión que se deba dilucidar; salvo que se trate de necropsias o dictámenes de integridad
física en los que bastará que se ordene su realización; o de los supuestos a que se refiere el capítulo sexto del título
quinto de la presente Ley.
Los peritos oficiales que presten sus servicios o trabajen en cualquiera de las dependencias públicas a que se refiere
el Código de Procedimientos Penales, se entenderá que por ese solo hecho aceptan y protestan legalmente el cargo
conferido. En los demás casos será necesario que manifiesten ante el Ministerio Público su aceptación y rindan
protesta de cumplir su fiel y legal desempeño.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
La ratificación del dictamen pericial sólo será necesaria cuando se trate de peritos que no laboren en la Procuraduría;
pero el Ministerio Público podrá ordenar que aún en esos casos se ratifiquen.
En casos urgentes la protesta podrá rendirse al producir o ratificar el dictamen.
ARTÍCULO 257.- TIEMPO PARA EL PERITAJE. El Ministerio Público fijará a los peritos un plazo para rendir su
dictamen. Si omite presentar su dictamen, se hará uso de los medios de apremio y/o, en su caso, se les sancionará
conforme a lo establecido en esta Ley.
ARTÍCULO 258.- PERITOS MÉDICOS. Los médicos que intervengan en los supuestos a que se refiere el artículo 154
de la presente Ley, se considerarán como peritos oficiales. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público
para ordenar diverso peritaje.
ARTÍCULO 259.- NECROPSIA EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS. La necropsia de los cadáveres de personas que
con motivo de delito fallezcan en un hospital público, podrán ser practicadas por los médicos del establecimiento
cuando así lo determine el Ministerio Público.
ARTÍCULO 260.- FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO CON RELACIÓN A LOS PERITAJES. El Ministerio
Público, cuando lo considere útil o necesario, podrá asistir a la peritación, formular a los peritos las preguntas que
estime procedentes; o autorizarlos para que examinen la averiguación o cualquier otro objeto o evidencia o para que
asistan a inspecciones, reconstrucciones o diligencias a desahogar dentro de la indagatoria.
ARTÍCULO 261.- PERITAJE PSIQUIÁTRICO. Si el Ministerio Público ordena que peritos psiquiatras examinen al
inculpado, siempre les preguntará si éste pudo carecer de capacidad de comprender la naturaleza del hecho o su
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ilicitud penal y de decidir de acuerdo con esa comprensión; así como si la tienen para comprender la de la averiguación
a la que se enfrentan. Igualmente y según el caso, si aquél es peligroso.
ARTÍCULO 262.- PRECAUCIONES PARA PRESERVAR LA EVIDENCIA CONSUMIBLE. En caso de que el peritaje
recaiga sobre evidencias que se consuman por la peritación, el Ministerio Público procurará que el examen se realice
cuando mucho sobre la mitad de la substancia; a menos que los peritos no puedan emitir su opinión sin consumir una
cantidad mayor o por completo. En cualquier caso el Ministerio Público podrá optar por recurrir a la prueba anticipada.
ARTÍCULO 263.- FORMA Y FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN. Los peritos practicarán todas las investigaciones,
operaciones y experimentos que su ciencia, técnicas o arte les sugiera, y se consignarán los conducentes en el
dictamen, así como los procedimientos aplicados. El peritaje será siempre por escrito y deberá contener la explicación
de las razones técnicas, científicas o artísticas que los peritos tuvieron en cuenta para adoptar sus conclusiones,
expresando unas y otras en forma clara, precisa y convincente; las conclusiones deberán, además, ser consecuencia
lógica de sus fundamentos y versar únicamente sobre el objeto del dictamen.
Sin perjuicio del lenguaje técnico que se emplee, se procurará, además, su expresión llana y coloquial.
Al dictamen se anexará el material utilizado cuando ello sea posible o su descripción o fijación por medios gráficos.
ARTÍCULO 264.- ACLARACIÓN, AMPLIACIÓN Y OBJECIÓN DEL DICTAMEN. Durante la averiguación previa el
Ministerio Público, de oficio o a petición del interesado, podrá ordenar la aclaración o ampliación del dictamen o la
práctica de un nuevo peritaje.
La aclaración de dictamen tendrá por objeto que se explique el peritaje que se estima oscuro, ambiguo o carente de
conclusiones.
La ampliación del dictamen tendrá por objeto resolver cuestiones que se relacionen con las planteadas, o cuando las
mismas sólo se hayan dilucidado parcialmente.
El nuevo peritaje se ordenará cuando el rendido resulte notoriamente deficiente por no cumplir con los requisitos
señalados en la presente Ley o cuando alguno de los interesados lo objete en sus conclusiones, siempre que señale
las razones para ello. El Ministerio Público designará al perito que deba rendir el nuevo peritaje.
La ampliación y aclaración del dictamen podrán rendirse por escrito o en comparecencia. El nuevo peritaje será
siempre por escrito. En cualquier caso el Ministerio Público, las partes y el defensor podrán formular, oralmente o por
escrito, las preguntas que estimen pertinentes a los peritos. Si para responder a una o varias de las interrogantes, el
perito o peritos requieren de peritación adicional, explicarán la razón. Si se estima conveniente, se decretará su
recepción con posterioridad.
Durante la Averiguación Previa no habrá lugar a junta de peritos ni los interesados podrán ofrecer perito de su intención;
por lo que sólo podrán objetar los dictámenes que se hayan rendido, en los términos del presente artículo.
CAPÍTULO XII.
DE LAS OPINIONES TÉCNICAS.
ARTÍCULO 265.- OPINIONES TÉCNICAS. Son opiniones técnicas los dictámenes o estudios científicos, técnicos o
artísticos que el ofendido, víctima o interesado en la investigación del delito haya ordenado o practicado para conocer
o determinar los hechos materia de su denuncia o querella o alguna cuestión relacionada con los mismos o de la cual
se deriven; siempre que los haya obtenido previo a su formulación. Igualmente se considerarán como tales los
dictámenes definitivos emitidos por las Comisiones de Arbitraje Médico.
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ARTÍCULO 266.- REQUISITOS DE LAS OPINIONES TÉCNICAS. Para que los estudios o dictámenes a que se refiere
el artículo anterior sean considerados como opiniones técnicas, será necesario, además:
I. Que sean emitidos por persona que posea título debidamente expedido en la materia sobre la que versen y, en su
caso, que cumpla con los requisitos legales necesarios para su práctica.
II. Que describa la metodología utilizada para su formulación, las fuentes y material de estudio, el período o fecha en
que se llevó a cabo y las conclusiones derivadas del mismo; así como, en su caso, que contenga como anexo, el
material utilizado cuando ello sea posible o su descripción o fijación por medios gráficos. Cuando se trate de
dictámenes médicos expedidos por instituciones públicas, bastará que se describa el método de diagnóstico empleado
y su resultado.
III. Que contenga el nombre y firma de su emisor; y
IV. Que sea ratificado por quien lo suscribe, ante el Ministerio Público. En la ratificación el Ministerio Público podrá
cuestionar al emisor respecto de los motivos y condiciones en que se elaboró el estudio o dictamen; así como sobre
su capacidad técnica y demás circunstancias que estime pertinentes.
CAPÍTULO XIII.
DE LA EVIDENCIA FÍSICA Y SU RECOLECCIÓN.
ARTÍCULO 267.- EVIDENCIA FÍSICA DEL DELITO. Los objetos, instrumentos y productos del delito; así como la
evidencia física de su comisión, se incorporarán a la indagatoria con sujeción a lo dispuesto por esta Ley para su
recolección y cadena de custodia.
ARTÍCULO 268.- ALCANCE PROBATORIO. El carácter probatorio de los objetos, instrumentos, productos y evidencia
física del delito; abarcará al objeto mismo y/o a sus circunstancias de recolección.
TÍTULO NOVENO.
DE LA SUSPENSIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA
CAPÍTULO I.
DEL ARCHIVO PROVISIONAL POR RESERVA.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 269.- ARCHIVO PROVISIONAL POR RESERVA. El Ministerio Público procederá al archivo provisional
de la indagatoria cuando, desahogadas las diligencias oficiosas de especial diligenciación que sean conducentes y
agotadas las investigaciones que se deriven de lo actuado en el expediente, exista insuficiencia de prueba para
determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Para el efecto, quien conozca de su integración formulara vista
de archivo provisional y la turnará al coordinador o al funcionario que designe el titular de la Procuraduría, quien dictará
el acuerdo correspondiente.
ARTÍCULO 270.- EFECTOS DEL ARCHIVO PROVISIONAL Y TIEMPO EN QUE PUEDE DECRETARSE. El archivo
provisional por reserva de la indagatoria no suspende ni interrumpe los plazos de prescripción o preclusión; pero no
podrá decretarse antes de tres meses contados a partir de que se recibió la noticia del delito.
El archivo provisional por reserva se levantará, sin necesidad de acuerdo previo, cuando aparezcan medios de prueba
o líneas de investigación conducentes para los fines de la Averiguación Previa.
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Al decretarse el archivo provisional por reserva se procurará que la información que se desprenda de la indagatoria se
incorpore a las bases de datos que para el efecto se lleven.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
ARTÍCULO 271.- REVISIÓN DEL ARCHIVO PROVISIONAL POR RESERVA. La Dirección General de
Averiguaciones Previas o la instancia que determine el titular de la Procuraduría revisará periódicamente las
indagatorias en que se haya decretado el archivo provisional por reserva, para valorar el estado que guarden las
mismas.
CAPÍTULO II.
DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN.
ARTÍCULO 272.- SUPUESTOS DE PROCEDENCIA. Procederá el recurso de reclamación en cualquiera de los
siguientes supuestos:
I. Cuando el Ministerio Público hubiere decretado el archivo provisional por reserva de la Averiguación Previa sin
cumplir con los requisitos para ello.
II. Cuando el Ministerio Público hubiere dejado de actuar en la indagatoria por un lapso mayor a tres meses, contados
a partir de la última diligencia.
ARTÍCULO 273.- LEGITIMADOS PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. Están legitimados para la
interposición del recurso de reclamación: el inculpado, su defensor, el ofendido, la víctima o los abogados de uno u
otro.
ARTÍCULO 274.- PLAZO. El recurso de reclamación podrá interponerse en cualquier momento, a partir de cuando se
produzca la situación que lo motive; pero sólo si ésta subsiste o aún no queda sin materia.
ARTÍCULO 275.- SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO. El recurso de reclamación deberá interponerse por escrito en
el que se expresen las causas que lo motiven y la relación de las diligencias que, a juicio del promovente, sea
procedente practicar.
(REFORMADO, P.O. 12 DE MAYO DE 2009)
Deberá interponerse ante el Delegado que corresponda o ante el Director General de Averiguaciones Previas cuando
la indagatoria se integre por Agente del Ministerio Público que no se encuentre adscrito a Delegación, quien, previa
revisión de la averiguación previa, resolverá lo procedente en un plazo no mayor a quince días contados a partir de la
interposición del recurso.
En la resolución que se emita deberá determinarse si procede el archivo provisional por reserva de la indagatoria, la
emisión de vista de ejercicio o no ejercicio de acción penal o el desahogo de nuevas diligencias con señalamiento de
las mismas; y se fijará plazo al Agente del Ministerio Público que conozca de la indagatoria para que cumpla con ello.
CAPÍTULO III.
DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.
ARTÍCULO 276.- PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. El Ministerio Público deberá ejercitar acción penal en todos los
casos en que sea procedente conforme a la Ley; no obstante, atendiendo a la concreta trascendencia del hecho
cometido, al mejor interés de la justicia, a la racionalidad de la sanción penal o a la eficientación de la función ministerial;
podrá determinar el no ejercicio o la suspensión de la acción penal o acotar su pretensión de pena, cuando ello sea
más útil o conveniente para el interés social que representa.
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Lo anterior podrá hacerlo con relación a uno o varios hechos o a alguna, algunas o a la totalidad de las personas que
participaron en su realización.
ARTÍCULO 277.- CARÁCTER REGLADO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. La facultad a que se refiere el
artículo anterior sólo podrá ejercerse con base en los criterios de oportunidad expresamente señalados por la Ley.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
El Titular de la Procuraduría podrá emitir pautas generales para objetivar y uniformar la aplicación de tales criterios.
ARTÍCULO 278.- CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. Son criterios de oportunidad:
A. Para determinar el no ejercicio de la acción penal.
El Ministerio Público podrá determinar el no ejercicio de la acción penal con base en cualquiera de los siguientes
criterios:
I. Cuando se trate de delitos de contenido patrimonial en los que el objeto material se haya encontrado a tal grado
deteriorado que haga irracional o desproporcionada su persecución; o cuando el monto del mismo sea claramente
insignificante con relación a las condiciones particulares del ofendido y del inculpado; siempre que no se trate de delito
grave o cometido por servidor público y no se haya aplicado el mismo criterio con relación al mismo inculpado en
diversa indagatoria.
II. Cuando se trate de delitos contra la administración pública o la procuración o administración de justicia, cometidos
por particulares; siempre que la afectación al interés público o tutelado sea de escasa significación.
III. Cuando de la indagatoria se advierta que el ofendido haya actuado con notoria mala fe o temeridad para propiciar
la comisión del delito; siempre que no se trate de delito grave o cometido en riña.
IV. Cuando el inculpado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o psicológico grave que torne
desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando en ocasión de un delito culposo haya sufrido un daño moral de
difícil superación.
V. Cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho cometido, carezca de importancia en
consideración a la ya impuesta en otro u otros procesos seguidos en la misma o diferente jurisdicción; siempre que
ésta haya quedado firme.
VI. Cuando el inculpado sea sujeto a extradición o sea sometido a la jurisdicción de una corte internacional, por los
mismos hechos.
B. Para determinar el no ejercicio o la suspensión de la acción penal; o para acotar su pretensión de pena:
El Ministerio Público podrá determinar el no ejercicio o la suspensión de la acción penal, ejercitarla sólo por ciertos
delitos o solicitar la aplicación de penalidad atenuada, con base en cualquiera de los siguientes criterios:
I. Cuando el inculpado colabore eficazmente para evitar que se consume, continúe o realice el delito o que se cometan
otros y, además, rinda confesión.
II. Cuando el inculpado haya prestado o brinde auxilio efectivo para identificar o localizar diversos autores o partícipes
con relación al o los delitos que se le atribuyan.
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III. Cuando el inculpado haya prestado o brinde auxilio efectivo para obtener otros medios de prueba conducentes para
acreditar la participación de otros involucrados en esos delitos.
IV. Cuando el inculpado haya prestado o brinde auxilio efectivo para establecer la identidad o localización de autores
o partícipes en otro delito de análoga o mayor gravedad.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del apartado B del presente artículo será necesario, además:
1) que no estén previamente identificados, localizados o acreditada la intervención de los autores o partícipes; ni se
hayan obtenido ya los medios de prueba sobre los que se da información; 2) que se verifique la utilidad del auxilio; 3)
que el inculpado no sea jefe o cabecilla en grupo o banda de secuestradores, de ladrones o asaltantes; de pandilla
criminal o de asociación delictuosa; y 4) que así lo autorice el titular de la Procuraduría.
CAPÍTULO IV.
DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA.
ARTÍCULO 279.- JUSTICIA RESTAURATIVA. Justicia restaurativa es todo proceso en el que el ofendido o víctima y
el inculpado participan conjuntamente y en forma activa en la resolución de las cuestiones propiciadoras o derivadas
del delito, en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador.
Se entiende por resultado restaurativo la satisfacción de las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas
de los involucrados y afectados por el delito; así como el cumplimiento de las medidas tendientes a lograr su
reintegración a la comunidad con base en la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.
ARTÍCULO 280.- SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA. La justicia restaurativa
procederá siempre que se reúnan las condiciones siguientes:
I. Se trate de delito cuya penalidad no exceda en su término medio aritmético de cinco años.
II. No se trate de delito grave
III. No se trate de delito cometido por servidor público con motivo o derivado de sus funciones; o cuando tal carácter
sea contemplado como agravante del delito de que se trate.
IV. El inculpado no se encuentre dentro de los casos de reiteración delictiva y no se haya determinado en su beneficio
el no ejercicio de la acción penal por sometimiento a la justicia restaurativa en un plazo anterior igual al del término de
prescripción del delito por el que se haya decretado dicho inejercicio. Lo anterior no será aplicable cuando se trate de
delitos culposos.
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
V. No se trate de los delitos tipificados por los artículos: 182, 186, 187, 190, 196, 198, 204, 215, 224, 233, 235, 237,
238, 240, 251, 252, 253, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 273, 291, 291 bis, 291 bis 1, 296 fracción II, 306 fracción IV,
310, 311, 353, 356, 393, 398, 412 cuando el valor de lo robado exceda de quinientas veces el salario mínimo, 414
fracción VII o cuando el valor de lo robado exceda de cincuenta veces el salario mínimo y 436; todos del Código Penal.
VI. Que el inculpado se haya apersonado o comparecido a la indagatoria; y
VII. Que el ofendido o víctima y el inculpado consientan libremente someterse a dicho procedimiento.
ARTÍCULO 281.- TIEMPO EN QUE PROCEDE. Los procedimientos de justicia restaurativa procederán en cualquier
estado de la Averiguación Previa hasta antes de que se determine el ejercicio o no ejercicio de acción penal; pero el
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Ministerio Público deberá hacer del conocimiento del ofendido o víctima y del inculpado, conjuntamente o por separado,
la opción que tienen para someterse a dichos procedimientos, en qué consisten y sus consecuencias; dejando debida
constancia de ello. Si alguno de ellos no acepta someterse a dichos procedimientos o nada manifiesta al respecto, se
continuará con la integración de la indagatoria; sin perjuicio de que si posteriormente cambia de decisión se proceda
a llevarlos a cabo.
Cuando la Averiguación Previa sea consignada sin que el Ministerio Público hubiere cumplido con la obligación a que
se refiere el párrafo anterior, el Juez devolverá la indagatoria para que se dé debido cumplimiento a ello. Tal omisión,
sin embargo, no afectará el desarrollo del proceso ni a la acción penal misma, cuando la relación procesal ya se haya
establecido. Se procederá de igual forma cuando se haya emitido vista de no ejercicio de acción penal.
ARTÍCULO 282.- REPRESENTACIÓN CUANDO SE TRATA DE OFENDIDO O VICTIMA INDETERMINADOS. Para
todos los efectos del presente capítulo, cuando no exista ofendido o víctima determinados o cuando el delito afecte
intereses difusos o colectivos, el Ministerio Público asumirá su representación.
ARTÍCULO 283.- PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA RESTAURATIVA CON INTERVENCIÓN DE FACILITADOR.
Cuando los interesados hayan externado su deseo de someterse a la justicia restaurativa, el Ministerio Público
asentará razón de ello y procederá a designarles mediador o a canalizarlos a cualquiera de las instituciones autorizadas
para fungir como tal y les señalará un plazo de treinta días para el desarrollo de la mediación. La designación de
mediador se comunicará por escrito a quien deba fungir como tal, haciendo de su conocimiento que al concluir el plazo
mencionado, o antes si es el caso, deberá comunicar al Agente del Ministerio Público el resultado de su intervención.
Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando el mediador razonadamente lo solicite en vista de los resultados que estime
pueda obtener.
La mediación tendrá por objeto que el ofendido o víctima y el inculpado, bajo la dirección de un mediador, dialoguen
en busca de soluciones al conflicto que haya propiciado la comisión del delito o que haya derivado de él.
Cuando los interesados hayan alcanzado acuerdo, el mediador lo comunicará de inmediato al Ministerio Público, quien
hará comparecer a los involucrados para que manifiesten si son conformes con las soluciones alcanzadas; en cuyo
caso procederá a fijar al inculpado la multa o la medida sustitutiva que corresponda en los términos de lo señalado por
los artículos 286 y 287 de esta Ley.
Los acuerdos de mediación sólo se tendrán por efectivos cuando el ofendido o víctima se dé por reparado del daño.
Si el ofendido o víctima no se da por reparado del daño o si la mediación no concluye con resultados positivos por
cualquier causa, se continuará con la integración de la indagatoria.
ARTÍCULO 284.- PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA RESTAURATIVA POR REPARACIÓN DEL DAÑO. El ofendido
podrá darse por reparado del daño en cualquier estado de la Averiguación Previa, se haya sometido o no al
procedimiento a que se refiere el artículo anterior. En tal caso el Ministerio Público procederá a comunicar lo anterior
al inculpado para que manifieste si es su voluntad someterse a las medidas de justicia restaurativa. Cuando el
inculpado acepte someterse a dichas medidas se procederá a fijarle la multa o la medida sustitutiva correspondiente,
en los términos de lo dispuesto por los artículos 286 y 287 de esta Ley.
Si el inculpado se opone a someterse a dichas medidas o nada manifiesta al respecto, se continuará con la integración
de la indagatoria.
Cuando el ofendido sea una entidad pública o sea ésta quien resienta el daño causado por el delito, no será necesaria
la mediación; pero sí que se acredite haberse reparado el daño, para que procedan las medidas y consecuencias
derivadas de la justicia restaurativa.
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ARTÍCULO 285.- PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN DELITOS SIN OFENDIDO O VICTIMA
DETERMINADOS. Cuando se trate de delitos en los que no exista ofendido o víctima determinados o cuando el delito
afecte intereses difusos o colectivos y el inculpado manifieste su deseo de someterse a la justicia restaurativa, el
Ministerio Público procederá a cuantificar el monto de la reparación del daño por cualquier medio posible; si el daño
no fuere cuantificable se fijará como monto del mismo una cantidad igual a la correspondiente a la multa a fijar como
medida de justicia restaurativa. En estos casos el pago de la reparación del daño deberá cubrirse dentro de los treinta
días naturales siguientes a su determinación, mediante exhibición en efectivo o depósito a favor del Fondo para la
Procuración de Justicia.
En cualquier caso el daño se tendrá por reparado si el inculpado restituye las cosas al estado que tenían antes de la
comisión del delito o si acata las obligaciones cuyo incumplimiento hubiera dado lugar al mismo; siempre que se trate
de acciones remediables.
Cubierta o satisfecha la reparación del daño en los términos a que se refieren los párrafos anteriores, el Ministerio
Público procederá a fijar al inculpado la multa o la medida sustitutiva correspondiente, conforme a lo dispuesto por los
artículos 286 y 287 de esta Ley.
ARTÍCULO 286.- FIJACIÓN DE MULTA COMO MEDIDA RESTAURATORIA. Cuando se haya satisfecho la
reparación del daño en los términos de lo dispuesto por los artículos anteriores, el Ministerio Público procederá a fijar
al inculpado una multa hasta por el equivalente a la pena máxima de prisión que corresponda al delito de que se trate
a razón de cincuenta días de salario mínimo por año; sin que nunca pueda ser inferior a diez días de salario.
La multa deberá ser cubierta dentro de los treinta días naturales siguientes a su fijación, mediante pago en efectivo o
depósito a favor del Fondo para la Procuración de Justicia.
ARTÍCULO 287.- MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA MULTA. Cuando el inculpado lo solicite, el Ministerio Público
podrá sustituir la multa impuesta por la medida que considere más adecuada o acorde a la naturaleza de los hechos
cometidos, de entre las siguientes:
I. TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. Por trabajo en favor de la comunidad, la que consistirá en prestar
servicios o laborar sin remuneración en instituciones, dependencias, organismos desconcentrados o descentralizados
del Estado o Municipios; o en empresas públicas estatales o municipales; o privadas si son asistenciales, educativas
o no lucrativas. Para el efecto, el Ministerio Público remitirá al inculpado a la dependencia o entidad con disponibilidad
para ello, la que se encargará de vigilar e informar el cumplimiento de la medida.
El trabajo se prestará en horarios que no interfieran con las actividades laborales o académicas del inculpado y su
duración se determinará por equivalencia con la multa correspondiente a razón de una hora de trabajo por día multa.
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
II. SOMETIMIENTO A TRATAMIENTOS O TERAPIAS ESPECÍFICAS. Por el sometimiento a tratamientos, programas
o terapias psicológicas contra la violencia o las adicciones, grupales o familiares; o a cualquier tipo de programa cuyo
objetivo sea incidir en alguno o algunos de los aspectos del comportamiento humano relacionados con el delito
cometido; siempre que sean proporcionadas por instituciones públicas o privadas debidamente acreditadas ante la
Procuraduría para el efecto.
En este caso el Ministerio Público remitirá al inculpado a la institución que corresponda; la que deberá informar a aquél
la duración y periodicidad del tratamiento; así como el cumplimiento del mismo.
La duración del tratamiento no podrá exceder de un año.
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III. OBLIGACIÓN DE OBTENER EMPLEO. Por la obligación de obtener empleo. Para el efecto el Ministerio Público
otorgará al inculpado un plazo de treinta días naturales para que acredite fehacientemente dicha circunstancia.
En cualquier caso el inculpado deberá solicitar la medida sustitutiva dentro del plazo de treinta días fijado para el pago
de la multa.
ARTÍCULO 288.- EFECTOS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA. El cumplimiento de las condiciones o resultados
restaurativos a que se refiere el presente capitulo producirá los siguientes efectos:
I. EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Que se determine el no ejercicio de la acción penal a favor del inculpado
que se haya sometido a ella.
II. LA NO GENERACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES. Que no se generen antecedentes penales con relación al
inculpado que se haya sometido a ella, por el delito o delitos de que se trate.
III. INAPLICABILIDAD DE OTRAS SANCIONES. Que se prescinda de otras sanciones distintas a las contempladas
en el presente capítulo.
ARTÍCULO 289.- SUSPENSIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La Averiguación Previa se suspenderá durante el
tiempo en que se desarrollen los procedimientos de justicia restaurativa; sin perjuicio de que el Ministerio Público
practique las diligencias necesarias para asegurar la prueba de los hechos sujetos a investigación.
Cuando el inculpado se oponga, inconforme o incumpla con cualquiera de las medidas o procedimientos señalados en
el presente capítulo, no se surtirán los efectos a que se refiere el artículo anterior y se continuará con la integración de
la indagatoria.
Lo que manifieste el ofendido, la víctima o el inculpado durante la mediación y sus consentimientos a someterse a la
justicia restaurativa no tendrán efectos probatorios en la indagatoria ni en el proceso.
CAPÍTULO V.
DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.
ARTÍCULO 290.- SUPUESTOS DE PROCEDENCIA. El Ministerio Público determinará el no ejercicio de la acción
penal sólo en los siguientes casos:
I. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Cuando se extinga la acción penal.
II. PRUEBA DE NO INTERVENCIÓN O DE EXCLUYENTE DE DELITO. Cuando se compruebe que el inculpado no
intervino en el delito o que existió a su favor causa excluyente de delito.
III. PRUEBA DE HECHO ATÍPICO. Cuando los hechos no sean constitutivos de tipo penal de un delito; bien sea por
su naturaleza o por que así se pruebe.
IV. CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. Cuando se aplique alguno de los criterios de oportunidad señalados por la Ley.
V. JUSTICIA RESTAURATIVA. Cuando se haya cumplido con las medidas y condiciones de justicia restaurativa.
VI. ABANDONO DE LA QUERELLA. Cuando se trate de delitos perseguibles por querella y quien la haya formulado
sea requerido en debida forma por el Ministerio Público para allegar medios de prueba que sólo por su conducto o con
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su intervención se puedan obtener y que sean determinantes para los fines de la indagatoria; sin que lo haga dentro
del término concedido para el efecto
VII. OTROS QUE PREVEA LA LEY. Cuando se dé algún otro motivo que prevean esta u otras leyes.
ARTÍCULO 291.- PROCEDIMIENTO. Cuando exista alguna de las causas a que se refiere el artículo anterior, el
Ministerio Público que conozca de la indagatoria emitirá vista de no ejercicio de acción penal en los términos señalados
en el artículo 92 de esta Ley y la remitirá, junto con el expediente correspondiente, al funcionario a quien competa
resolver.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
En los casos de las fracciones I, V y VI del artículo anterior compete resolver y, en su caso, determinar en definitiva el
no ejercicio de la acción penal, al coordinador de agentes del Ministerio Público que corresponda; pero si el agente
emisor de la vista no se encuentra adscrito a alguna delegación, será el Director General de Averiguaciones Previas
el competente para el efecto. En los demás casos será el Subprocurador de Control de Procesos y Legalidad quien
resuelva y, en su caso, determine el no ejercicio de la acción penal.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
En cualquier caso, titular de la Procuraduría o el Subprocurador de Control de Procesos y Legalidad podrán ejercer la
facultad de atracción para determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal.
Emitida la vista de no ejercicio de acción penal y remitida la indagatoria al funcionario a quien competa resolver, no
podrán admitirse medios de prueba ni promociones o alegatos por parte de los interesados.
Las determinaciones de no ejercicio de acción penal se notificarán al ofendido o a la víctima, quienes podrán
impugnarlas en los términos que esta Ley prevé. En el acto de la notificación se hará saber al ofendido o víctima el
derecho que tiene de recurrir la resolución. Si se omite dar a conocer tal derecho, se duplicará el plazo para interponer
el recurso de inconformidad.
ARTÍCULO 292.- EFICACIA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y SU RECURRIBILIDAD. Para que quede
firme el no ejercicio de la acción penal será necesario que no se recurra oportunamente en la vía jurisdiccional la
determinación del Ministerio Público; o que aquélla, previo recurso, se confirme en la vía jurisdiccional.
Las determinaciones de no ejercicio de acción penal que queden firmes, impedirán definitivamente iniciar la acción
penal por los hechos que las motiven; o con relación a la persona inculpada, según corresponda.
ARTÍCULO 293.- RECURSO DE INCONFORMIDAD. Son resoluciones impugnables a través del recurso de
inconformidad, las determinaciones del Ministerio Público que decidan en forma definitiva el no-ejercicio de la acción
penal.
ARTÍCULO 294.- PERSONAS LEGITIMADAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. Tendrán
legitimación para interponer el recurso de inconformidad el ofendido o víctima; o el abogado de éstos.
ARTÍCULO 295.- INTERPOSICIÓN DEL RECURSO Y PLAZO PARA INTERPONERLO. El ofendido o víctima, por sí
o por conducto de su apoderado o abogado, podrán interponer el recurso de inconformidad, por escrito; dentro de los
quince días siguientes al día que se notifique la determinación de no-ejercicio de la acción penal. Al interponer el
recurso expresarán los agravios.
La falta de agravios, motivará que el recurso se declare desierto. Esta declaración la hará el Tribunal Distrital. Sin
embargo, el Tribunal Distrital podrá suplir la deficiencia de los agravios que sí se presenten.
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(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
El recurso se interpondrá ante la dependencia de la Procuraduría que resolvió el no ejercicio o ante la agencia del
Ministerio Público que integró la averiguación.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
El agente del Ministerio Público la dependencia de la Procuraduría que resuelva el no ejercicio; dentro de los tres días
siguientes de recibir el recurso, mandarán notificar personalmente a los inculpados si tienen su domicilio en el lugar y
ya hayan comparecido con tal carácter. En su defecto, notificarán por lista en la propia dependencia.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Si se interpone el recurso ante el agente del Ministerio Público que integró la averiguación, una vez que notifique, lo
remitirá de inmediato a la dependencia de la Procuraduría que legalmente le corresponda la determinación de no
ejercicio de la acción penal.
En cualquier caso, corresponderá a quien hubiere emitido la determinación definitiva de no ejercicio de la acción penal
remitir el recurso al Tribunal Distrital que siga en número al de la jurisdicción territorial donde se debería ejercitar la
acción penal. A él adjuntará el expediente de Averiguación Previa y las constancias de las notificaciones personales
al ofendido y/o víctimas e inculpados; o la razón de que se hicieron por lista.
ARTÍCULO 296.- RADICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL RECURSO ANTE EL AD QUEM. El Tribunal Distrital que siga
en número al Tribunal de la jurisdicción territorial donde se debería ejercitar la acción penal, radicará y admitirá o
desechará el recurso dentro de los tres días siguientes de recibirlo. Si lo desecha, declarará firme la resolución
recurrida.
En el primer caso fijará, además, una audiencia dentro de los quince días siguientes. El auto se notificará mediante
oficio o personalmente en el domicilio que el recurrente y el inculpado señalen en el lugar donde resida el Tribunal
Distrital. En caso contrario, la notificación se hará por lista. Las notificaciones al Ministerio Público se harán por
conducto del agente adscrito al Tribunal Distrital.
Desde el auto de radicación del recurso se ordenará poner el expediente a la vista de las partes, quienes en la
audiencia podrán formular alegatos y enseguida en ella se citará a sentencia; la que se pronunciará dentro de los
veinte días siguientes.
La resolución del Tribunal Distrital que resuelva la procedencia o improcedencia del recurso, podrá confirmar, modificar
o revocar la determinación de no-ejercicio de la acción penal.
ARTÍCULO 297.- INTERVENCIÓN DEL INCULPADO COMO TERCERO INTERESADO. Quienes aparezcan como
inculpados podrán intervenir como parte en el recurso de inconformidad, en su calidad de terceros interesados, a efecto
de que puedan formular alegatos en la audiencia de vista o interponer los recursos de revocación que estimen
procedentes en los términos que disponga el Código de Procedimientos Penales.
ARTÍCULO 298.- BASES PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE
INCONFORMIDAD. Para decidir sobre la procedencia del recurso de inconformidad, el Tribunal Distrital atenderá,
según los casos, a lo siguiente: a) Si se reúnen los requisitos para ejercitar la acción penal y formular acusación en los
términos que dispone esta Ley y el Código de Procedimientos Penales del Estado. b) Si existe medio de prueba posible
de desahogar y sea claramente conducente para preparar la acción penal. c) Si no se satisfizo alguno de los supuestos
que la ley autoriza para determinar el no-ejercicio de la acción penal.
En caso contrario declarará la improcedencia del recurso.
ARTÍCULO 299.- CUMPLIMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO. Si el Tribunal Distrital resuelve
revocar o modificar la determinación de no-ejercicio de la acción penal, de tal manera que ésta se deba ejercitar;
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remitirá a quien la hubiera emitido, el testimonio de la resolución y las demás constancias que integran el expediente
de la Averiguación Previa.
Ésta de inmediato las enviará al Agente del Ministerio Público que deba ejercitar la acción penal ante el juzgado
competente, para que formule el pedimento de inicio en debida forma.
ARTÍCULO 300.- DEFINITIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE NO-EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. La
resolución de no-ejercicio de la acción penal que pronuncie el Ministerio Público quedará firme en su integridad o en
parte de ella, cuando:
I. AUSENCIA DE RECURSO VÁLIDO. El ofendido o víctima manifieste su conformidad con ella; o no la recurran.
II. RECURSO INADMISIBLE. Cuando la recurran fuera de tiempo u omitan expresar agravios; según resolución firme
del Tribunal Distrital que deseche el recurso o lo declare sin materia por tales motivos.
III. CONFIRMACIÓN O MODIFICACIÓN POR EL TRIBUNAL DISTRITAL. El Tribunal Distrital confirme la
determinación de no-ejercicio o la modifique; de tal manera que queden a salvo algunos delitos y/o inculpados por los
que la acción penal no deba ejercitarse.
ARTÍCULO 301.- MEDIDA DE SALVAGUARDA DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES,
FRENTE A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE ORDENA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. La resolución del
Tribunal Distrital en el sentido de que se ejercite acción penal, no vinculará al Juez que conozca de ésta; quien
resolverá con plena autonomía de aquella sobre la orden de aprehensión o comparecencia que se solicite.
CAPÍTULO VI.
DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.
ARTÍCULO 302.- EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. El Ministerio Público ejercitará la acción penal y proseguirá el
proceso con base en lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales.
ARTÍCULO 303.- DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL. El Ministerio Público no podrá formular conclusiones no
acusatorias; pero podrá desistirse de la acción penal, en los términos que determine el Código de Procedimientos
Penales, cuando concurra alguna de las causas señaladas por las fracciones I, II, III, IV y VII del artículo 290 de esta
Ley.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
El desistimiento de la acción penal deberá ser autorizado por el titular de la Procuraduría.
LIBRO SEGUNDO.
DE LA ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN CON SUS CAPÍTULOS Y SUS ARTÍCULADOS, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
TÍTULO PRIMERO.
DE LA CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO DE LA PROCURADURÍA
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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ARTÍCULO 304.- OBJETO.- El presente título tiene por objeto regular la integración y organización del organismo de
la administración estatal centralizada denominado Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de
Zaragoza, así como las funciones de la Institución denominada Ministerio Público, única autoridad facultada para
conducir la investigación de los delitos y para su persecución.
ARTÍCULO 305. ÁMBITO MATERIAL DE VALIDEZ.- El ámbito material de validez está determinado por las funciones
y facultades del Ministerio Público y de sus auxiliares directos.
ARTÍCULO 306. ÁMBITO PERSONAL DE VALIDEZ.- El ámbito personal de validez comprende:
I. A todos los servidores públicos que estén adscritos a la Procuraduría.
II. A todas las personas físicas que pretendan ingresar a la Procuraduría.
III. A todas las personas físicas y morales que deban ser sujetos a acciones de investigación y persecución penal de
conformidad con las leyes del estado.
ARTÍCULO 307. ÁMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ.- El ámbito espacial de validez es el territorio del estado; sin
menoscabo de las actividades y de las obligaciones que deba cumplir el Ministerio Público fuera de su territorio, de
acuerdo a la Constitución general, la Constitución del Estado, las leyes, reglamentos y convenios de colaboración.
CAPITULO SEGUNDO
PRINCIPIOS RECTORES DEL MINISTERIO PÚBLICO
ARTÍCULO 308. LEGALIDAD.- El Ministerio Público se regirá por lo establecido en la Constitución general, la
Constitución del estado, las leyes federales y del estado y sus reglamentos.
En el ejercicio de sus funciones, sus integrantes adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la
correcta aplicación de la ley.
ARTÍCULO 309. AUTONOMÍA.- El Ministerio Público actuará independientemente, por propio impulso y en
cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del estado ni
autoridad alguna, salvo lo establecido en esta ley.
Quien sea titular de la Procuraduría está facultado para dictar las normas reglamentarias de la dependencia,
modificarlas o abrogarlas, así como determinar las decisiones de política y gestión institucional.
Anualmente la Procuraduría tendrá una partida en el Presupuesto de Egresos del Estado y sus recursos los
administrará su titular en función a sus propios requerimientos, de acuerdo con la ley.
ARTÍCULO 310. UNIDAD DE CRITERIO Y ACTUACIÓN.- El Ministerio Público es una institución única e indivisible.
Estará a cargo y bajo la conducción del titular de la Procuraduría o del que haga sus veces, quien ejercerá sus
atribuciones de manera directa o a través de los funcionarios debidamente facultados por la ley.
Quienes conforman la institución deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción,
evitando la duplicidad o interferencia de funciones.
ARTÍCULO 311. REPRESENTACIÓN JUDICIAL.- El Ministerio Público estará representado íntegramente en la
actuación de cada uno de sus agentes. Para acreditar la personalidad de cada uno, sólo será necesaria la constancia
del cargo que desempeñe, pero si están adscritos o asisten a un superior jerárquico, atenderán instrucciones conforme
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lo dispuesto en esta ley.
El Titular de la Procuraduría podrá designar representantes ante cualquier autoridad, para defender los derechos o
intereses de la institución, según corresponda.
ARTÍCULO 312. IMPARCIALIDAD.- El Ministerio Público y quienes lo integren, actuarán con imparcialidad en la
búsqueda de la verdad material, en el ejercicio de su función y en la defensa de los intereses que les hayan sido
confiados.
De acuerdo con ese criterio, deberán investigar con igual diligencia no sólo los hechos y circunstancias que funden o
agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen.
ARTÍCULO 313. TRANSPARENCIA.- Las atribuciones del Ministerio Público se ejercerán con transparencia, de
manera que permitan y promuevan la publicidad y el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos
de los actos que se realicen, sin perjuicio de la reserva o secreto establecido en las leyes, o cuando la publicidad
impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones de la institución.
ARTÍCULO 314. PROBIDAD.- Quienes conformen la Procuraduría tendrán el deber de actuar con honradez, rectitud
e integridad.
ARTÍCULO 315. RESPONSABILIDAD.- Los funcionarios de la Procuraduría estarán sujetos a responsabilidad política,
en su caso, penal, civil, administrativa o disciplinaria, con motivo del ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 316. FORMALIDADES ESENCIALES Y CELERIDAD.- El Ministerio Público ejercerá sus atribuciones sin
más formalidades que las establecidas en la Constitución general y la Constitución del Estado y en las leyes,
garantizando la prevalencia de la justicia mediante métodos que signifiquen simplificación, eficacia y celeridad.
Consecuentemente, sus procedimientos deberán de ser rápidos y expeditos.
ARTÍCULO 317. TRATAMIENTO DEL IMPUTADO.- Los agentes del Ministerio Público, únicamente podrán informar
sobre el resultado de las investigaciones siempre que no se vulnere la presunción de inocencia, el derecho a la
intimidad y la dignidad de las personas; además cuidará de no poner en peligro las investigaciones que se realicen.
ARTÍCULO 318. TRATAMIENTO DE LA VÍCTIMA.- El Ministerio Público, deberá dirigir sus acciones tomando en
cuenta los intereses de la víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia, protección y respeto. Le informará acerca
del resultado de las investigaciones y notificará la resolución que pone fin al caso, aún cuando no se haya constituido
como querellante o parte en el proceso.
La Procuraduría prestará la atención a las víctimas y ofendidos por el delito en los términos señalados en el artículo
20, apartado C, de la constitución general.
CAPITULO TERCERO
DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES
ARTÍCULO 319. NATURALEZA.- La Procuraduría es un órgano de la administración pública centralizada encargado
de planear, programar, dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar las funciones de procuración de justicia propias del estado.
ARTÍCULO 320. MISIÓN.- La misión de la Procuraduría es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad,
de los derechos de la persona y de los intereses tutelados por la ley a fin de hacer prevalecer el estado de derecho.
ARTÍCULO 321. FUNCIONES.- Las funciones que la Procuraduría tiene encomendadas son:
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I. Establecer y operar las políticas públicas de procuración de justicia y las actividades de inteligencia, que incluyen
la prevención, detección, disuasión, investigación y persecución de la delincuencia.
II. Procurar justicia a través de la institución del Ministerio Público.
III. Preservar el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante
los tribunales de justicia.
IV. Profesionalizar los servicios públicos de procuración de justicia.
V. Instaurar y aplicar el régimen de responsabilidades y procedimientos administrativos.
VI. Las demás que le atribuyan las leyes.
CAPITULO CUARTO
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
ARTÍCULO 322. ESTRUCTURA DE LA PROCURADURÍA.- La Procuraduría contará para el cumplimiento de sus
funciones y la prestación de los servicios a su cargo con la estructura orgánica siguiente:
I. Administración Central:
1. Consejo Interior de Normatividad, Planeación y Evaluación.
2. Despacho de la Procuraduría, integrado por:
2.1 El titular de la Procuraduría.
2.2 La Secretaría Particular.
2.3 La Dirección General Administrativa.
2.4 La Secretaría Técnica.
2.5 La Dirección General de Informática y Sistemas.
2.6 La Dirección General de Comunicación Social.
2.7 La Dirección de Política Criminal.
2.7 Las otras direcciones y dependencias que se establezcan.
3. Subprocuradurías:
3.1 La Subprocuraduría Ministerial.
3.2 La Subprocuraduría de Control de Procesos y Legalidad.
3.3 La Subprocuraduría Jurídica de Profesionalización y de Proyectos.
3.4 La Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no localizadas.
3.5 Las demás subprocuradurías especializadas o especiales que se establezcan.
II. Delegaciones y Direcciones Regionales.
III. La institución del Ministerio Público.
IV. La Dirección General de Responsabilidades
Quien sea titular de la Procuraduría, con base en las disposiciones presupuestales, podrá crear y suprimir unidades
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administrativas para cubrir las necesidades del servicio, así como subprocuradurías especializadas y especiales para
el conocimiento, atención y persecución de los delitos que así lo ameriten.
(ADICIONADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2012)
El Consejo Interior, con base en las disposiciones presupuestales, autorizará la creación de un área especializada
para conocer de las conductas tipificadas como delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en términos
de lo dispuesto por el artículo 474 de la Ley General de Salud y los correlativos del Título Cuarto, Libro Segundo, del
Código Penal de Coahuila.
El penúltimo párrafo del artículo 322, deberá interpretarse en los términos señalados en la última parte del considerando quinto precisado en el
resolutivo cuarto de la sentencia de la SCJN, en el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad No. 64/2012, misma que fue notificada al
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza el 04 de noviembre de 2013, y que según el resolutivo quinto de la propia sentencia, ésta deberá publicarse
en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
(REFORMADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2012)
Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de las áreas señaladas en los párrafos anteriores, se publicarán
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO 323. ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTOS.- Los órganos de la Procuraduría cumplirán su labor en
las especialidades mediante los procedimientos que establecen la Constitución general, la Constitución del Estado,
esta ley, las demás leyes, los reglamentos y la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 324. SEDE.- La Procuraduría tendrá su sede en la capital del estado.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO
ARTÍCULO 325. AUTONOMÍA FUNCIONAL.- La Procuraduría es un órgano constitucional que cuenta con autonomía
funcional, técnica, operativa y de criterio jurídico, para realizar las funciones y proporcionar los servicios públicos a su
cargo de manera profesional, con objetividad e imparcialidad.
ARTÍCULO 326. APEGO ESTRICTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- La Procuraduría en el desempeño de sus
funciones, estará sujeta a la constitución general, a la constitución del estado, a esta ley, la ley del sistema, la ley
general y a la legislación secundaria aplicable. Actuará siempre de conformidad con los principios y normas del estado
de derecho.
ARTÍCULO 327. INVIOLABILIDAD DE SU COMPETENCIA Y FIN.- Por la autonomía constitucional funcional, técnica,
operativa y de criterio jurídico, la competencia material de la Procuraduría será inviolable; por lo que no deberá de ser
vulnerada ni restringida por ninguno de los poderes públicos.
Será independiente en el ejercicio de sus funciones, las que desempeñará según su propio criterio y en la forma que
estime más adecuada a los fines de la institución.
Su fin primordial será la realización de la justicia por el derecho.
ARTÍCULO 328. DEL GOBERNADOR Y LA PROCURADURÍA.- Las atribuciones y deberes del gobernador
relacionados con la Procuraduría son los previstos en la constitución general, en la constitución del estado, en esta ley
y en los demás ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 329. INTERVENCIONES AUTORIZADAS.- Los poderes públicos del estado, solamente podrán intervenir
en los asuntos administrativos de índole económica y de responsabilidad oficial de la Procuraduría, en la forma y
términos establecidos en la constitución general, en la constitución del estado, en esta ley, la ley del sistema, la ley
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general y en las demás leyes aplicables.
CAPÍTULO SEXTO
DE LA NORMATIVIDAD INTERIOR
ARTÍCULO 330. FACULTADES NORMATIVAS.- La Procuraduría en el ejercicio de su autonomía constitucional,
técnica, operativa y de criterio jurídico para regular y reglamentar el cumplimiento de sus funciones y la prestación de
sus servicios públicos, estará facultada para:
I. Presentar iniciativas para crear y modificar leyes, en materia de procuración de justicia.
II. Formular, emitir, modificar, revocar y aplicar los reglamentos de las leyes que la rijan.
III. Formular, emitir y aplicar los planes, proyectos, programas, manuales y circulares de aplicación general, por
región o dependencia.
ARTÍCULO 331. FACULTAD DE PRESENTAR INICIATIVAS DE LEYES.- Las iniciativas de leyes deberán de estar
circunscritas a las funciones de la Procuraduría.
ARTÍCULO 332. FACULTAD REGLAMENTARIA.- Los reglamentos internos serán el conjunto de normas que
desarrollen las leyes que rijan a la Procuraduría.
ARTÍCULO 333. MANUALES.- Los manuales serán el conjunto sistemático de reglas para la operación de actividades
y la prestación de los servicios. Serán de observancia general, o especial según su naturaleza y obligatorios hacia el
interior, pero no vinculatorios en las relaciones con otras autoridades y gobernados.
ARTÍCULO 334. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS.- Los proyectos de creación y
modificación de leyes, de reglamentos y manuales, serán elaborados por la Subprocuraduría Jurídica, de
Profesionalización y de Proyectos.
El Titular de la Procuraduría presentará los proyectos que previamente haya revisado y aprobado a consideración del
Consejo Interior, para que los sancione y, en su caso, los autorice de manera definitiva y disponga sobre el trámite
siguiente.
ARTÍCULO 335. CIRCULARES.- Las circulares serán los documentos internos por los cuales se trasmitan órdenes,
orientaciones o interpretaciones. Serán emitidas por el titular de la Procuraduría para todo el organismo y por los
subprocuradores, los directores generales y los delegados en las esferas de sus competencias material y territorial.
ARTÍCULO 336. CONTRADICCIÓN ENTRE CIRCULARES.- En los casos de contradicciones entre las circulares
predominarán las emitidas por el titular de la Procuraduría. Todas las controversias que se susciten entre circulares
serán resueltas por titular de la Procuraduría, quien en todos los casos resolverá sin recurso posterior.
ARTÍCULO 337. ACUERDOS.- Los acuerdos serán las resoluciones dictadas en los procedimientos que se lleven a
cabo en conflictos, controversias o asuntos de responsabilidad administrativa.
ARTÍCULO 338. REGISTROS.- Los registros serán el informe homologado, las carpetas de investigación policial y las
actuaciones en las que el Ministerio Público hará constar todas las diligencias que conforman el protocolo de la
investigación, sin mayores formalidades que las que se determinen en los manuales o modelos de gestión propuestos
de manera coordinada por el Subprocurador Ministerial, así como los demás que se determinen.
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TITULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA PROCURADURÍA
CAPITULO PRIMERO
DEL CONSEJO INTERIOR DE NORMATIVIDAD,
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES
ARTÍCULO 339. FACULTADES NORMATIVAS.- El órgano colegiado para establecer la normatividad, planeación y
evaluación de la Procuraduría será el Consejo Interior.
ARTÍCULO 340. COMPETENCIA.- El Consejo Interior tendrá únicamente facultades y atribuciones deliberatorias y
decisorias, en los asuntos de su competencia.
(FE DE ERRATAS, P.O. 11 DE MAYO DE 2012)
ARTÍCULO 341. ATRIBUCIONES.- Corresponde al Consejo Interior el estudio, deliberación y aprobación, en su caso,
de:
I. Las políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, en materia de procuración de justicia.
II. Las iniciativas y modificaciones de leyes relacionadas con las funciones de la Procuraduría.
III. Los reglamentos propios de la dependencia.
IV. Los planes, estrategias, programas y manuales.
V. La supervisión de las funciones de la Policía Investigadora del Estado y del Ministerio Público.
VI. El asesoramiento al Procuraduría en otras materias cuando así se requiera.
VII. Compilar, clasificar, publicar y distribuir la normatividad aplicable a la Procuraduría, con el auxilio de la
Subprocuraduría Jurídica, de Profesionalización y de Proyectos.
VIII. Las demás establecidas por la ley.
ARTÍCULO 342. EVALUACIONES.- El Consejo Interior analizará, deliberará y evaluará los resultados de los
programas y acciones, y recomendará lo conducente.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 343. INTEGRACIÓN.- El Consejo Interior se integrará por el titular de la Procuraduría, los
subprocuradores y por los delegados regionales; todos con voz y voto.
ARTÍCULO 344. PRESIDENCIA.- El Titular de la Procuraduría será el presidente del Consejo Interior y es el órgano
ejecutivo que actuará por sí, o a través de los demás funcionarios que serán auxiliares de sus funciones.
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ARTÍCULO 345. ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA.- El Titular de la Procuraduría tendrá las siguientes
facultades y deberes:
I. Autorizar el orden del día.
II. Aprobar las convocatorias de las reuniones.
III. Presidir las reuniones.
IV. Ejercer el voto de calidad en los casos de empate en las votaciones.
V. Hacer que se cumplan los acuerdos por sí o a través de sus auxiliares.
ARTÍCULO 346. SECRETARÍA DEL CONSEJO INTERIOR Y ATRIBUCIONES.- El Subprocurador Jurídico, de
Profesionalización y de Proyectos será el secretario del Consejo Interior, con las siguientes obligaciones y derechos:
I. Consultar a los miembros del Consejo Interior sobre los asuntos que deban de incluirse en las órdenes del día.
II. Proponer el orden del día al titular de la Procuraduría.
III. Convocar a las reuniones.
IV. Asistir a las reuniones.
V. Verificar el quórum.
VI. Levantar las actas de las reuniones.
VII. Compilar de manera progresiva las actas de las reuniones.
VIII. Vigilar directamente que se cumplan los acuerdos y notificar los resultados a titular de la Procuraduría.
IX. Sustanciar, en los casos de extrema gravedad, a solicitud del gobernador el procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra de titular de la Procuraduría. En tal caso, éste estará impedido para formar parte del
Consejo, por lo cual el mismo será presidido por quien lo deba suplir en las ausencias temporales de acuerdo a
esta ley.
X. Las demás que le sean encomendados por el titular de la Procuraduría o consten en otras leyes y reglamentos
aplicables.
ARTÍCULO 347. COMISIONES.- De conformidad con la naturaleza de los asuntos de la competencia del Consejo
Interior, se formarán las comisiones correspondientes. Los acuerdos tomados en las comisiones serán resueltos por
el Consejo Interior, en términos de las disposiciones que para tal efecto se establezcan.
ARTÍCULO 348. SESIONES.- El Consejo Interior se reunirá de manera ordinaria cuando menos una vez cada tres
meses y en forma extraordinaria cuando lo decida el titular de la Procuraduría.
ARTÍCULO 349. QUÓRUM Y VOTACIÓN.- El quórum para la legal instalación y funcionamiento del Consejo Interior
será de mayoría absoluta de los integrantes y sus determinaciones serán válidas cuando se adopten por la mayoría
de los miembros presentes. En caso de empate el titular de la Procuraduría hará uso de su voto de calidad.
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ARTÍCULO 350. OBLIGATORIEDAD DE LA ASISTENCIA.- Todos los miembros del Consejo Interior estarán
obligados a concurrir a las reuniones del mismo, salvo causa justificada presentada oportunamente a la presidencia.
Cada uno de los miembros del Consejo Interior desempeñará el cargo con independencia absoluta y serán
responsables de las determinaciones adoptadas, salvo que hubieren emitido su voto en contra.
ARTÍCULO 351. REGLAMENTACIÓN.- El Consejo Interior establecerá los lineamientos generales de actuación y las
normas de carácter interno del mismo a través del reglamento que expida y los acuerdos correspondientes.
SECCION TERCERA
TITULARIDAD DE LA PROCURADURÍA
APARTADO PRIMERO
REGIMEN GENERAL
ARTÍCULO 352. CARÁCTER DEL CARGO.- El Titular de la Procuraduría será el rector y representante legal de la
Procuraduría, tendrá las obligaciones y facultades establecidas en la constitución general, en la constitución del estado,
en esta ley, la ley del sistema, la ley general y en los demás ordenamientos aplicables.
Su autoridad se extiende sobre todos los funcionarios que integran la institución.
Ejercerá sus atribuciones personalmente o a través de los distintos órganos de la institución, de conformidad a esta
ley.
ARTÍCULO 353. NOMBRAMIENTO Y REQUISITOS.- El Titular de la Procuraduría será designado por el gobernador
y deberá de ser ratificado por el Congreso del Estado o en los recesos por la Diputación Permanente. En ambos casos
bastará con la mayoría de los diputados presentes.
Para ser titular de la Procuraduría se requerirá:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título oficial de licenciado en derecho,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada y contar con cédula profesional.
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delitos dolosos.
V. Haber residido en el estado durante los cinco años anteriores al día de la designación.
El nombramiento de titular de la Procuraduría deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la función de procuración de justicia o que se hayan distinguido por su
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
ARTÍCULO 354. PROTESTA.- El Titular de la Procuraduría, antes de tomar posesión de su cargo, deberá rendir la
protesta de ley ante el gobernador.
ARTÍCULO 355. TEMPORALIDAD DEL CARGO.- Quien sea el titular de la Procuraduría durará en su cargo seis
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años.
ARTÍCULO 356. DEBERES Y ATRIBUCIONES.- El Titular de la Procuraduría, además de los que se establecen en
esta ley, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
I. Ser el rector de la Procuraduría y presidir al Ministerio Público.
II. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales, de los derechos fundamentales y libertades públicas,
con cuantas actuaciones exija su defensa.
III. Participar en los sistemas nacional y estatal de seguridad pública, conforme a lo dispuesto por la constitución
general y demás disposiciones aplicables.
IV. Coordinar los trabajos tendientes a conformar las políticas de procuración de justicia.
V. Presentar iniciativas de creación y modificación de leyes, en materia de procuración de justicia.
VI. Promover las controversias constitucionales en materia de procuración de justicia, por sí o en representación del
gobernador.
VII. Emitir las circulares y disposiciones administrativas que regulen los procedimientos, materias, funciones y
servicios públicos de la Procuraduría.
VIII. Dirigir y coordinar las funciones de la Policía Investigadora del Estado; así como los demás organismos que señale
la ley.
IX. Investigar, por sí o por conducto del personal de su dependencia, de oficio o con base en la denuncia o querella
formuladas, los hechos que puedan constituir delito.
X. Crear unidades especializadas para colaborar con los agentes del Ministerio Público a cargo de la investigación
de determinados delitos.
XI. Solicitar, en comisión de servicio, a funcionarios de cualquier órgano de la administración pública del estado, para
que participen como auxiliares en las labores propias del Ministerio Público. Dichas comisiones tendrán el plazo
de duración que se indique en el acuerdo correspondiente.
XII. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando
proceda.
XIII. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público y social, en los procesos relativos al estado civil en
los que se controviertan derechos difusos y en los demás casos que establezca la ley.
XIV. Adoptar las medidas pertinentes para proteger a las víctimas y a los testigos que participen en la investigación de
los delitos o en los procesos que, en su caso, originen.
XV. Asumir o promover la representación y defensa en juicio y fuera de él, de quien por carecer de capacidad de obrar
o de representación legal, no pueda actuar por sí mismo.
XVI. Defender el interés superior de la niñez en los procedimientos judiciales y administrativos.
XVII. Ejercer por sí o por conducto de la subprocuraduría que corresponda, las acciones tendientes a establecer la
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responsabilidad del adolescente por los hechos punibles en que incurra, de acuerdo con lo previsto en la ley que
rige la materia.
XVIII. Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de las comisiones nacional y estatal
de los derechos humanos.
XIX. Nombrar y remover de conformidad con ésta ley y las demás aplicables, a los funcionarios y empleados bajo su
dependencia, siempre y cuando el nombramiento no esté reservado al gobernador.
XX. Asignar y desplazar libremente a sus funcionarios y empleados en las labores de investigaciones y atención de
procesos. Así mismo, determinar el criterio y la posición que la Procuraduría asumirá en cada caso, en desarrollo
de los principios de unidad de gestión y jerarquía.
XXI. Celebrar convenios de colaboración con las autoridades federales y con los gobiernos del Distrito Federal, de los
estados integrantes de la federación y municipios, de conformidad con la constitución general y esta ley.
XXII. Celebrar convenios y contratos con organizaciones de los sectores social, académico y privado.
XXIII. Suministrar al gobernador información sobre las investigaciones, cuando sea necesaria para la preservación del
orden público.
XXIV. Promover y participar en los juicios de control constitucional federales o locales en los casos en que esté
facultado por la ley o cuente con la representación legal para ello.
XXV. Atender las obligaciones y las relaciones con los poderes públicos del estado en los términos de la legislación
aplicable.
XXVI. Rendir anualmente, por escrito, ante el Congreso del Estado un informe, sobre el estado que guarde la
procuración de justicia.
XXVII. Establecer medios de información a la comunidad, en forma sistemática y directa, para dar cuenta de las
actividades de la institución.
XXVIII. Fijar los criterios que deban aplicarse en materia de recursos humanos, remuneraciones, inversiones, gastos
de los fondos respectivos, de planificación del desarrollo, administración y de finanzas de la institución
observando, en todo caso, lo dispuesto en la ley general, en esta ley y las demás aplicables.
XXIX. Dirigir el sistema de calidad de la Procuraduría e implementar los controles internos que permitan conocer y
evaluar la eficiencia y oportunidad de su gestión y de la de cada uno de sus funcionarios y empleados, en los
términos de las leyes aplicables.
XXX. Conceder los estímulos, reconocer los méritos y otorgar las menciones que procedan a los servidores de la
Procuraduría.
Respecto a los integrantes de las instituciones ministerial, pericial y policial, deberá observar el modelo y la
normatividad aplicable.
XXXI. Denunciar ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la sustentación de tesis que estime contradictorias
para su depuración.
XXXII. Suscribir, como representante legal de la Procuraduría, los actos y contratos requeridos para el buen
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funcionamiento de la misma.
XXXIII. Crear consejos de asesores y de apoyo que coadyuven en la solución de la problemática que generan las
distintas actividades de la institución.
XXXIV. Elaborar cada año el proyecto de presupuesto de la Procuraduría y hacerlo llegar al gobernador, para su
inclusión en el presupuesto de egresos. Por la especialidad de la función, cualquier modificación deberá ser
puesta a consideración del titular de la Procuraduría para que fundamente las necesidades planteadas o
establezca prioridades.
XXXV. Solicitar el auxilio de las autoridades federales, estatales y municipales, cuando ello sea necesario para el
ejercicio de sus funciones.
XXXVI. Las demás que le atribuyan las leyes aplicables.
ARTÍCULO 357. INVESTIGACIONES EXCEPCIONALES.- El Titular de la Procuraduría podrá asumir de oficio y de
manera excepcional, la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las
víctimas o testigos, cuando lo estime necesario, atendiendo a la naturaleza de los hechos o a las personas
intervinientes.
En estos casos también podrá designar un subprocurador, un Ministerio Público especial o un delegado regional para
que realicen las tareas aludidas en el párrafo anterior cuando el hecho delictivo lo hiciere necesario por su gravedad y
la complejidad de la investigación.
ARTÍCULO 358. INCOMPATIBILIDADES.- El cargo de titular de la Procuraduría, será incompatible con cualquier otro
empleo o comisión al servicio de gobierno federal, estatal y municipal, organismos desconcentrados o descentralizados
o de personas físicas; así como con el ejercicio libre de la profesión de abogado. Sin embargo, podrá realizar labores
docentes y actividades de investigación académica.
ARTÍCULO 359. RESPONSABILIDAD PENAL.- Para ser procesado penalmente deberá agotarse, previamente, el
requisito de procedencia establecido en esta ley y en la ley de responsabilidades.
ARTÍCULO 360. SUSTITUCIÓN TEMPORAL.- En tanto se designe titular de la Procuraduría, se apruebe su
nombramiento y rinda la protesta de ley, ocupará el cargo el subprocurador que conforme a la ley deba cubrir su
ausencia.
APARTADO SEGUNDO
DEL PROCURADOR GENERAL Y LAS INICIATIVAS
DE LEY, REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 361. INICIATIVA DE LEYES.- El Titular de la Procuraduría podrá presentar ante el Congreso del Estado,
las iniciativas de creación y modificación de leyes que hayan sido aprobadas por el Consejo Interior, de conformidad
con las disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 362. REGLAMENTOS.- El Titular de la Procuraduría tendrá la facultad exclusiva de emitir el Reglamento
Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado una vez aprobado por el Consejo Interior, y demás
normatividad necesaria para el desarrollo y funcionamiento de la institución.
ARTÍCULO 363. OTRAS DISPOSICIONES.- Le corresponde también expedir los manuales, programas, circulares,
instructivos, bases, acuerdos y demás disposiciones de carácter administrativo, aprobados previamente por el Consejo
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Interior, que tengan por objeto regir la actividad de sus órganos técnicos, así como al Ministerio Público.
ARTÍCULO 364. PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.- El Titular de la Procuraduría en relación con la actividad
reglamentaria necesaria para ejercer el gobierno y la dirección de la Procuraduría, tiene las siguientes obligaciones y
facultades; que ejercerá una vez agotados los procedimientos de elaboración y aprobación por el Consejo Interior.
I. Expedir los reglamentos de las leyes de la Procuraduría, mandarlos publicar en el Periódico Oficial de Gobierno
del Estado y hacerlos cumplir, por sí, o a través de los funcionarios competentes.
II. Publicitar los manuales, programas, bases e instructivos por los medios que estime más eficaces y organizar los
foros necesarios para su cabal comprensión y exacto cumplimiento.
ARTÍCULO 365. DIFUSIÓN Y LÍMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE OTRAS DISPOSICIONES.- El Titular de la
Procuraduría dará a conocer, mediante oficio, las circulares con criterios interpretativos, órdenes e indicaciones
generales o especiales; las que hará cumplir, por sí o a través de los funcionarios correspondientes.
En este orden, dictará las instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas
de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal o acción de remisión y protección
de las víctimas y testigos.
En todos los casos se observará el principio de imparcialidad y se abstendrá de dar instrucciones que influyan en el
resultado de las investigaciones.
ARTÍCULO 366. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS.- El Titular de la Procuraduría dictará y hará cumplir
los acuerdos generales y especiales para resolver los conflictos internos que no sean competencia de la Dirección
General de Responsabilidades. En ejercicio de esta facultad, determinará el órgano que en el caso sea competente o
dispondrá las medidas de coordinación que fueren necesarias.
ARTÍCULO 367. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.- El Titular de la Procuraduría cumplirá y hará cumplir las leyes, al
igual que toda la normatividad aplicables a la Procuraduría.
APARTADO TERCERO
DEL TITULAR DE LA PROCURADURÍA Y EL PODER EJECUTIVO
ARTÍCULO 368. RELACIÓN CON EL PODER EJECUTIVO.- En relación con el Poder Ejecutivo del Estado, el titular
de la Procuraduría tendrá las siguientes obligaciones:
I. Formar parte del gabinete legal del gobernador.
II. Participar y, en su caso, coordinar las comisiones intersecretariales que el gobernador disponga.
III. Presentar al gobernador los informes que le solicite y los que considere que deba hacer de su conocimiento.
IV. Visitar los reclusorios, escuchar a los internos, ordenar que se inicien averiguaciones penales en los casos que
sean procedentes; e informar al gobernador los resultados de las visitas.
V. Informar al gobernador de los abusos, irregularidades y deficiencias que, sin constituir delito, advierta en las
dependencias oficiales y en los órganos judiciales.
VI. Las demás que le atribuyan las leyes aplicables.
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APARTADO CUARTO
DEL TITULAR DE LA PROCURADURÍA Y EL CONGRESO DEL ESTADO
ARTÍCULO 369. INFORME SOBRE ASUNTOS INDIVIDUALES.- Podrá acudir personalmente o a través de sus
auxiliares ante el Congreso del Estado a informar de los asuntos individuales que se le requieran, siempre que no
exista obstáculo legal para ello, previa anuencia del gobernador.
APARTADO QUINTO
DEL TITULAR DE LA PROCURADURÍA Y EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
ARTÍCULO 370. DEBERES Y ATRIBUCIONES.- El Titular de la Procuraduría tendrá los siguientes deberes y
atribuciones en relación con el Poder Judicial del Estado:
I. Asistir al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado o del Consejo de la Judicatura en los casos y con las
facultades previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Coahuila de Zaragoza.
II. Contribuir a la preservación del debido proceso y la oralidad en la medida en que sea implementada; así como al
cumplimiento efectivo de los principios de celeridad, publicidad, contradicción, continuidad e inmediación para
garantizar la buena marcha de la procuración y la impartición de justicia.
III. Hacer del conocimiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado, las contradicciones de criterios en las
resoluciones de los órganos jurisdiccionales de la entidad para los efectos a que hubiere lugar.
IV. Rendir los informes que le sean legalmente solicitados, siempre que no exista obstáculo legal para ello.
V. Solicitar, de manera fundada y motivada, a la autoridad judicial la intervención de las comunicaciones privadas,
siempre y cuando la intervención sea autorizada de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen
en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la
comisión de un delito. En ningún caso se admitirán cuando se viole el deber de confidencialidad que establezca
la ley.
Si se trata de la intervención de cualquier otra comunicación privada, la Procuraduría sólo podrá solicitarla a la
autoridad judicial federal en los términos previstos por el artículo 16 de la constitución general.
VI. Expresar agravios y desahogar las vistas en los recursos ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado; sin perjuicio de la labor encomendada a los agentes del Ministerio Público que se encuentren adscritos a
dicho órgano jurisdiccional
VII. Expresar agravios y desahogar las vistas directamente, o a través del Subprocurador de Control de Procesos y
Legalidad, o de los directores generales o regionales de control de procesos; en los recursos ante las salas del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin perjuicio de la labor encomendada a los agentes del Ministerio Público
que se encuentren adscritos a dichos órganos judiciales.
VIII. Vigilar que se ejecuten las sanciones y medidas de seguridad impuestas por los tribunales del estado mediante
la intervención ante los jueces de ejecución, en los términos de la ley de la materia.
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IX. Consolidar, en los casos en que fuere necesario, el plan de desarrollo de la Procuraduría con el Poder Judicial
del Estado, por conducto del Consejo de la Judicatura.
X. Las demás que se le otorguen en esta ley y otras disposiciones aplicables.
APARTADO SEXTO
DEL TITULAR DE LA PROCURADURÌA Y LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
ARTÍCULO 371. DEBERES Y ATRIBUCIONES.- El Titular de la Procuraduría en lo que hace a las relaciones
interinstitucionales tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
I. Dirigir, conservar y fomentar las relaciones con la Procuraduría General de la República y con las procuradurías
u organismos responsables de la investigación y persecución de los delitos.
II. Dirigir, conservar y fomentar las relaciones con las secretarías y dependencias de la federación, del Distrito
Federal, de los estados y municipios.
III. Asistir a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia o sus equivalentes y hacer que se cumplan en el
estado los acuerdos legítimamente tomados.
IV. Hacer que se cumplan en el estado, los convenios celebrados y que celebre la Procuraduría con las conferencias
nacionales e internacionales de procuración de justicia, siempre y cuando hayan sido aprobados de conformidad
con lo establecido en la constitución general y la constitución del estado, según corresponda.
V. Asistir a las conferencias, congresos y reuniones nacionales e internacionales de procuración de justicia; y hacer
que se cumplan, en el Estado, los acuerdos que se celebren, siempre y cuando hayan sido aprobados de
conformidad con lo establecido en la constitución general y la constitución del estado, según corresponda.
VI. Solicitar y recabar de las autoridades, instituciones públicas o privadas, o de personas físicas los informes, datos,
copias, certificaciones, o cualquier documento que necesitare para el ejercicio de sus funciones, en los términos
de las disposiciones aplicables.
VII. Ser responsable por la actuación de la Procuraduría ante las demás instituciones del estado y de la sociedad.
VIII. Las demás que señale esta ley y demás ordenamientos aplicables.
APARTADO SÉPTIMO
DEL TITULAR DE LA PROCURADURIA Y LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
ARTÍCULO 372. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES.- En relación con la procuración de justicia y la institución del
Ministerio Público, el titular de la Procuraduría tendrá todas las obligaciones y atribuciones que le correspondan en la
Constitución general, en la Constitución del Estado, en la ley general, en esta ley y en las otras disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 373. CARÁCTER DE SUS ACTUACIONES.- Actuará por sí o por medio de los subprocuradores, como
fuere más eficaz y oportuno, ante quien corresponda, para establecer los hechos, hacer cesar la situación perjudicial
o dañosa y, en su caso, pedir la sanción de los responsables, cuando tuviere noticia, en cualquier forma, de actos u
omisiones contrarios a los derechos de la persona, con la atribución de invocar la acción del Estado, salvo que se trate
101
de acción privada.
ARTÍCULO 374. FUNCIÓN ACUSATORIA Y PERSECUTORIA.- El Ministerio Publico, presidido por el titular de la
Procuraduría, tiene a su cargo la función de la investigación de los delitos y la persecución legal del imputado. En la
función investigadora, contará con el auxilio de la Policía y los Servicios periciales, así como los demás cuerpos de
seguridad que determinen esta ley y los ordenamientos aplicables.
En el ejercicio de esta función, adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley.
De acuerdo con este criterio, deberá investigar los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad
del imputado, así como los que la eximan de ella, la extingan o la atenúen.
APARTADO OCTAVO
DEL TITULAR DE LA PROCURADURIA Y EL ORDEN ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 375. FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- En el orden administrativo el titular de la Procuraduría tendrá,
además de sus facultades de gobierno, dirección y fiscalización, las siguientes atribuciones:
I. Aprobar y hacer cumplir el proyecto de presupuesto anual.
II. Presentar al gobernador el proyecto del presupuesto de egresos.
III. Enajenar o disponer el destino de los bienes que, expresamente autoricen la presente ley, el código de
procedimientos penales y las demás disposiciones aplicables.
IV. Vigilar el Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia, su correcta administración y aplicación.
V. Crear, transformar y suprimir subprocuradurías especiales y especializadas, direcciones, delegaciones
regionales y cualquier otra dependencia.
VI. Supervisar y fiscalizar la administración de la institución.
VII. Vigilar la operación de los órganos de control de recursos y confianza del personal.
VIII. Resolver los recursos de revisión en los procedimientos de responsabilidad administrativa.
IX. Las demás que señale esta ley y demás ordenamientos aplicables.
APARTADO NOVENO
DEL TITULAR DE LA PROCURADURÍA Y EL RÉGIMEN LABORAL
ARTÍCULO 376. OBLIGACIONES Y FACULTADES EN MATERIA LABORAL.- En la conducción de las relaciones
laborales el titular de la Procuraduría tendrá las siguientes obligaciones y derechos:
I. Supervisar que los candidatos a ingresar, permanecer o ascender satisfagan los requisitos de honorabilidad,
desempeño y académicos.
II. Consultar en el Registro Nacional de Personal de las instituciones de seguridad pública y en los registros
estatales, los antecedentes de cualquier aspirante, cuya información tomará en cuenta para autorizar o rechazar
su ingreso.
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III. Designar a los directores generales, regionales, delegados regionales y en general a los titular es y demás
funcionarios de las dependencias de la Procuraduría, entre los que reúnan los requisitos.
IV. Nombrar a los coordinadores y agentes del Ministerio Público, policías, mandos policiales, peritos y recolectores
de evidencias de conformidad con las disposiciones del servicio profesional de carrera, siempre que dichos
funcionarios se encuentren dentro del régimen; en caso contrario, podrán ser nombrados entre aquellos que
reúnan los requisitos previstos en la ley y removidos libremente.
V. Autorizar la atribución de puestos, lugares de adscripción y, en su caso, obligaciones.
VI. Encomendar a cualquiera de los servidores públicos, independientemente de sus atribuciones específicas, el
estudio, atención y trámite de los asuntos que estime convenientes.
VII. Cambiar de adscripción, cargo, o comisión a los servidores públicos cuando las necesidades del servicio así lo
exijan.
VIII. Conceder licencias y vacaciones al personal en los términos de esta ley, el Estatuto Jurídico para los Trabajadores
al Servicio del Estado y en las otras leyes y reglamentos aplicables.
IX. Determinar el personal que auxiliará a otras autoridades que lo requieran. El personal autorizado seguirá
dependiendo de la Procuraduría.
X. Dar a los funcionarios y empleados las instrucciones generales o especiales que estime convenientes para el
cumplimiento de sus deberes y para la homologación de criterios y de acciones.
XI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en los términos de esta ley, la ley de
responsabilidades y los demás ordenamientos aplicables.
XII. Exigir que se hagan efectivas las sanciones en contra de los servidores públicos por los delitos y faltas que
cometan en el desempeño de sus cargos.
XIII. Vigilar que funcionen correctamente las carreras ministerial, policial y pericial.
XIV. Las demás que señale esta ley y demás ordenamientos aplicables.
APARTADO DÉCIMO
DEL TITULAR DE LA PROCURADURÍA Y DE LAS ATRIBUCIONES INDELEGABLES
ARTÍCULO 377. ATRIBUCIONES INDELEGABLES.- Son atribuciones indelegables del titular de la Procuraduría las
siguientes:
I Ser el titular y rector de la Procuraduría, presidir el Consejo Interior y al Ministerio Público, salvo sus ausencias
temporales o impedimentos.
II. Emitir los reglamentos, proyectos, programas, manuales, circulares generales y demás disposiciones
administrativas que regulen los procedimientos, materias, funciones y servicios públicos de su competencia.
III. Presentar iniciativas de creación y modificación de leyes en materia de procuración de justicia.
103
IV. Comparecer ante el Congreso del Estado, previa anuencia del gobernador, para informar cuando se discuta una
ley o se estudie un negocio concerniente a la Procuraduría. En esas comparecencias y bajo la responsabilidad
del titular de la Procuraduría, sólo podrá reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación o
aquella que conforme a la ley se encuentre sujeta a reserva.
V. Elaborar cada año el proyecto de presupuesto de egresos de la Procuraduría y hacerlo llegar al gobernador para
su inclusión en el presupuesto correspondiente. Por la especialidad de la función, se tomará en consideración
dicho proyecto sin modificaciones, salvo las propuestas por el gobernador.
VI. Presentar las demandas en los juicios de control constitucional federales o locales, en los casos en que esté
facultado por la ley o cuente con la representación legal para ello.
Para el seguimiento de los procedimientos podrá designar representantes especiales, o delegados.
VII. Atender las obligaciones y relaciones con los Poderes Públicos y las dependencias del Poder Ejecutivo Federal,
en los términos de la legislación aplicable.
VIII. Celebrar convenios de colaboración en materia de procuración de justicia, así como respecto a la extradición de
imputados, procesados y sentenciados y las formas en que deban desarrollarse las funciones de auxilio en estos
casos.
IX. Presentar anualmente, por escrito, el informe de actividades de la Procuraduría, ante el gobernador.
X. Designar y proponer, en su caso, a los funcionarios que señale esta ley.
XI. Crear o modificar las dependencias internas de la Procuraduría.
XII. Las demás previstas en esta ley y demás disposiciones aplicables.
APARTADO UNDÉCIMO
DEL TITULAR DE LA PROCURADURÍA Y LAS DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 378. FACULTADES Y OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS.- El Titular de la Procuraduría además
de las atribuciones y deberes contemplados en esta ley, tendrá todas las otras facultades y obligaciones inherentes a
su cargo y las establecidas en los códigos, leyes y reglamentos aplicables en lo que no se opongan a la presente ley.
ARTÍCULO 379. SEGURIDAD DEL TITULAR DE LA PROCURADURÌA Y OTROS FUNCIONARIOS.- La
Procuraduría, a través del Consejo Interior, deberá disponer de lo necesario para proveer a la protección y seguridad
personal del titular de la Procuraduría y de su familia durante el tiempo de su encargo, así como por un período igual
después de concluido, que se contará a partir de su separación.
Cuando se estime necesario, esta misma prevención se dispondrá en beneficio de otros funcionarios que hayan
desempeñado cargos relevantes y de alto riesgo en el ejercicio de la procuración de justicia.
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS SUBPROCURADURIAS
ARTÍCULO 380. DEFINICIÓN.- Las subprocuradurías serán los órganos auxiliares de el titular de la Procuraduría
para el gobierno, conducción y cumplimiento de las funciones de la Procuraduría.
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ARTÍCULO 381. RESPONSABILIDAD.- Cada subprocuraduría será la responsable, ante el titular de la Procuraduría
de los asuntos de su competencia.
ARTÍCULO 382. SUBPROCURADURÍAS.- Las subprocuradurías serán las siguientes, sin perjuicio del derecho del
titular de la Procuraduría para modificarlas, cancelarlas y de crear otras distintas:
I. La Subprocuraduría Ministerial.
II. La Subprocuraduría de Control de Procesos y Legalidad.
III. La Subprocuraduría Jurídica, de Profesionalización y de Proyectos.
IV. La Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas.
V. Las demás que se establezcan.
ARTÍCULO 383. TITULARES.- Los titulares de las subprocuradurías serán los subprocuradores que con este carácter
sean designados en los términos señalados en esta ley.
SECCIÓN PRIMERA
DE LA SUBPROCURADURIA MINISTERIAL
ARTÍCULO 384. DEBERES Y ATRIBUCIONES.- El subprocurador ministerial, tendrá los deberes y atribuciones que
le correspondan en materia de procuración de justicia, particularmente las que se relacionan con esta materia y la
investigación de los delitos, que le sean conferidas en la constitución general, en la constitución del estado, en esta
ley y demás ordenamientos aplicables.
El Subprocurador Ministerial será el responsable de supervisar, controlar, dirigir y, en su caso, ejercer por sí las
actividades del Ministerio Público y sus auxiliares, salvo cuando sean desarrolladas por funcionarios fuera de su
adscripción, mando o autoridad, en las siguientes funciones:
I. La investigación de los delitos.
II. La investigación de las conductas tipificadas como tales cometidas por menores de dieciocho años.
III. La emisión, formalización y desahogo de vistas.
IV. La revisión cuando lo juzgue conveniente de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal.
V. El mando directo e inmediato de los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares.
VI. Las demás que establezcan las leyes.
ARTÍCULO 385. DEPENDENCIAS.- Estarán bajo el mando directo e inmediato del subprocurador ministerial, las
siguientes dependencias:
I. La Dirección General de Averiguaciones Previas.
II. La Dirección General de Servicios Periciales.
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III. La Coordinación General de Investigaciones Especiales, conformada por:
1. La Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Robo.
2. La Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro.
3. La Coordinación Estatal de Atención al Delito de Homicidio.
4. La Coordinación Estatal de Atención de Delitos de Trascendencia Social.
5. La Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Robo de Vehículos.
IV. La Dirección General de la Policía Investigadora.
V. Las demás que se establezcan.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA SUBPROCURADURÍA DE CONTROL DE PROCESOS Y LEGALIDAD
ARTÍCULO 386. DEBERES Y ATRIBUCIONES.- La Subprocuraduría de Control de Procesos y Legalidad tendrá los
deberes y atribuciones que le corresponden en materia de procuración de justicia, particularmente las que tienen que
ver con la persecución de los delitos mediante el ejercicio de la acción penal, la acción de remisión y la revisión de las
opiniones de no ejercicio, en los términos que le sean conferidas en la constitución general, en la constitución del
estado, en esta ley y demás ordenamientos aplicables.
El subprocurador de control de procesos y legalidad será el responsable de dirigir, controlar y supervisar las siguientes
funciones:
I. La persecución de los delitos ante los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia del estado; así
como las conductas tipificadas como delitos cometidos por menores de dieciocho años.
II. La emisión, formalización y desahogo de vistas.
III. Garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el
proceso.
IV. La revisión, cuando proceda, de las opiniones de no ejercicio, desistimiento de la acción penal y suspensión de
procedimiento, para garantizar que estén ajustadas a derecho y resolver los casos con la homologación de
criterios jurídicos.
V. Las demás que establezcan las leyes.
ARTÍCULO 387. DEPENDENCIAS.- Estarán bajo el mando directo e inmediato del subprocurador de control de
procesos y legalidad las siguientes dependencias:
I. La Dirección General de Control de Procesos.
II. La Dirección General de Control de Legalidad.
III. La Dirección Regional de Control de Procesos.
IV. Las demás que se establezcan.
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SECCIÓN TERCERA
DE LA SUBPROCURADURÍA JURÍDICA, DE PROFESIONALIZACIÓN
Y DE PROYECTOS
ARTÍCULO 388. DEBERES Y ATRIBUCIONES.- El subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos
tendrá los deberes y atribuciones que le correspondan en materia de procuración de justicia, de acuerdo con lo
establecido en la constitución general, en la constitución del estado, en esta ley y los demás ordenamientos aplicables,
y específicamente en lo relativo a:
I. Actividades de consultoría y asesoría jurídica.
II. Transparencia.
III. Protección de los derechos humanos.
IV. Atención a víctimas u ofendidos y cultura de prevención.
V. Medios alternos para la solución de controversias.
VI. Servicio profesional y civil de carrera y profesionalización del personal de la institución.
VII. Administración documental.
El subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos será el competente para dirigir y supervisar las
actividades siguientes:
I. La consultoría, asesoría jurídica y acceso a la información.
II. La protección y defensa de los derechos humanos.
III. La atención de las víctimas y ofendidos por el delito, así como cultura de la prevención.
IV. Medios alternos de solución de conflictos.
V. La profesionalización, acreditación, certificación e implementación del servicio profesional y civil de carrera,
conforme al programa rector de profesionalización.
VI. La administración documental.
VII. Las demás que establezcan las leyes.
ARTÍCULO 389. ENCOMIENDAS ESPECIALES.- El subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos
tendrá además a su cargo las siguientes encomiendas:
I. Actuar como secretario del Consejo Interior.
II. Actuar como secretario del Consejo Académico.
ARTÍCULO 390. DEPENDENCIAS.- Estarán bajo el mando directo e inmediato del subprocurador jurídico, de
profesionalización y de proyectos, las siguientes dependencias:
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I. La Dirección General Jurídica, Consultiva y de Derechos Humanos.
II. La Dirección General de Atención a Víctimas y Cultura de la Prevención.
III. El Centro de Medios Alternos de Solución de Conflictos.
IV. El Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera:
1. El Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional.
2. La Dirección de Servicio Profesional y Civil de Carrera.
V. La Dirección de Administración Documental.
VI. Las demás que se establezcan.
SECCIÓN CUARTA
DE LA SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS NO LOCALIZADAS
ARTÍCULO 391. DEBERES Y ATRIBUCIONES.- El subprocurador para la investigación y búsqueda de personas no
localizadas tendrá los deberes y atribuciones que le correspondan en materia de procuración de justicia, de acuerdo
con lo establecido en la constitución general, en la constitución del estado, en esta ley y los demás ordenamientos
aplicables, y específicamente en lo relativo a las acciones de investigación y búsqueda de personas no localizadas y
demás funciones que se le encomienden.
El subprocurador de investigación y búsqueda de personas no localizadas, será el competente para dirigir y supervisar
las actividades siguientes:
I. Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones de la Subprocuraduría a
su cargo.
II. Coordinar a los agentes del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos relacionados con
la desaparición de personas, así como al personal policial, pericial y administrativo a su cargo.
III. Diseñar, instrumentar y coordinar el programa estatal de búsqueda de personas no localizadas.
IV. Mantener actualizados los protocolos de investigación y atención a víctimas en concordancia con los lineamientos
establecidos por las comisiones de derechos humanos y los instrumentos internacionales en la materia.
V. Supervisar al personal a su cargo, en el asesoramiento jurídico de los familiares de las personas no localizadas.
VI. Investigar por sí o a través de los agentes del Ministerio Público comisionados para tal efecto, las denuncias
relativas a la desaparición de personas.
VII. Llevar el control de las averiguaciones previas iniciadas y turnadas a las agencias del Ministerio Público adscritas
a la subprocuraduría.
VIII. Llevar la información estadística de las averiguaciones previas.
IX. Vigilar la integración de las averiguaciones previas hasta su terminación.
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X. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con las autoridades estatales, federales y municipales;
así como con las demás áreas de la Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de sus atribuciones.
XI. Declinar la competencia de los asuntos a su cargo cuando se advierta la competencia de otras autoridades.
XII. Informar al titular de la Procuraduría de Justicia sobre los asuntos encomendados a la Subprocuraduría; y
XIII. Las demás que sean consecuencia de sus funciones y necesarias para el buen funcionamiento de la
subprocuraduría que le encomiende el Procurador.
ARTÍCULO 392. DEPENDENCIAS.- Estarán bajo el mando directo e inmediato del Subprocurador de investigación y
búsqueda de personas no localizadas, las dependencias que para tal efecto se determinen en el reglamento interior
de la Procuraduría.
SECCIÓN QUINTA
DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES GENÉRICOS
DE LOS SUBPROCURADORES Y DE SUS DEPENDENCIAS
ARTÍCULO 393. DEBERES Y ATRIBUCIONES GENERALES.- Los subprocuradores, en el ámbito de sus respectivas
competencias, tienen los siguientes deberes y atribuciones generales:
I Integrar el Consejo Interior, en el cual tendrán voz y voto.
II. Acordar con el titular de la Procuraduría el despacho de los asuntos de su competencia.
III. Desempeñar las funciones y comisiones que les encomiende el titular de la Procuraduría el despacho de los
asuntos de su competencia, e informarle sobre el desarrollo y resultado de las mismas.
IV. Suplir al titular de la Procuraduría en los términos señalados en este ordenamiento.
V. Someter a la aprobación del titular de la Procuraduría los estudios y proyectos que se elaboren en la
subprocuraduría bajo su responsabilidad y que así lo ameriten.
VI. Dictaminar los asuntos turnados por el titular de la Procuraduría.
VII. Proponer al titular de la Procuraduría la expedición de manuales, acuerdos, criterios, instrucciones y circulares.
VIII. Dirigir, controlar, vigilar y evaluar el ejercicio de las atribuciones de las direcciones y dependencias de su
adscripción, mando o autoridad.
IX. Acordar con los directores generales de su adscripción y con los delegados regionales en los asuntos de su
competencia.
X. Recibir en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público.
XI. Conceder audiencia al público.
XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean señalados por delegación
o le correspondan por suplencia.
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XIII. Revisar los escritos, dictámenes y opiniones que le remitan los funcionarios bajo su mando.
XIV. Formular los anteproyectos de presupuesto y de los programas correspondientes a su área.
XV. Proporcionar la información o cooperación técnica que requiera el titular de la Procuraduría.
XVI. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos y a las demás disposiciones
que resulten aplicables.
XVII. Coordinar, con las demás dependencias de la Procuraduría, los asuntos de su competencia.
XVIII. Vigilar el buen despacho de los asuntos a su cargo, atendiendo oportunamente las solicitudes que reciba.
XIX. Preparar para su aprobación, el plan de trabajo y los proyectos correspondientes a su responsabilidad.
XX. Proponer al titular de la Procuraduría cuando sea procedente, la terminación del nombramiento del personal a su
cargo.
XXI. Notificar y hacer cumplir las resoluciones o acuerdos emitidos por el titular de la Procuraduría.
XXII. Dirigir las delegaciones regionales en las áreas de sus competencias.
XXIII. Las demás que les confieran esta ley y los demás ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 394. DEBERES Y ATRIBUCIONES.- La organización de las direcciones generales y de área, de las
coordinaciones generales, de los centros e institutos de las subprocuradurías, así como la designación de sus titulares,
las facultades, deberes y responsabilidades se regirán por lo que disponga esta ley, el reglamento interior de la
Procuraduría y los demás ordenamientos aplicables.
Los titulares y subtitulares de las direcciones generales deberán satisfacer los requisitos señalados en la presente ley.
En el caso de los titulares de la Dirección General Administrativa, de la Dirección de Recursos Financieros y de la
Dirección de Auditoría, deberán poseer título de Contador Público, Licenciado en Administración o carreras afines.
SECCIÓN SEXTA
DE LOS REQUISITOS, NOMBRAMIENTOS Y DURACIÓN DE LOS CARGOS
DE LOS SUBPROCURADORES
ARTÍCULO 395. REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO.- Para ser subprocurador se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y, en su caso, haber
cumplido con el Servicio Militar Nacional.
II. Haber cumplido treinta años de edad para el día de la designación.
III. Tener en la fecha de nombramiento, la antigüedad mínima de cinco años de práctica profesional, título oficial de
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y contar con cédula
profesional que acredite su registro ante autoridad competente.
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IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
V. Haber residido en el estado durante los tres años anteriores al día de la designación, salvo si se justifica que por
razones de estudio o laborables estuvo fuera del estado.
VI. Estar libre de adicciones y no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares o cualquier otra prohibida por la ley, ni padecer alcoholismo.
VII. Estar en aptitud de ser servidor público por no haber sido suspendido, destituido ni inhabilitado por resolución
firme como tal, en los términos de las normas aplicables.
Los nombramientos de los subprocuradores deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan
servido con eficiencia, capacidad y probidad en las funciones de seguridad pública o procuración de justicia o que se
hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad
jurídica.
ARTÍCULO 396. NOMBRAMIENTO.- El gobernador designará a los subprocuradores de las propuestas que formule
el titular de la Procuraduría.
ARTÍCULO 397. MEDIDAS DE PROTECCIÓN.- Los subprocuradores que hubiesen desempeñado funciones
relevantes y de alto riesgo en el ejercicio de la procuración de justicia tendrán derecho, al cesar en sus cargos, a contar
con las medidas y personal de protección y seguridad que les asigne la Procuraduría, hasta por un período igual al
que hayan desempeñado sus funciones; el período se contará a partir de la separación.
SECCION SÉPTIMA
DE LAS DELEGACIONES Y DIRECCIONES REGIONALES
APARTADO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 398. DELEGACIONES Y DIRECCIONES REGIONALES.- La Procuraduría desconcentrará sus funciones
en delegaciones regionales, cada una con competencia territorial en los municipios que le correspondan.
Tendrán su sede en las cabeceras distritales o en los lugares que el titular de la Procuraduría determine cuando las
circunscripciones territoriales que haya definido para la delegación regional no coincidan con aquellas.
Contarán con los recursos materiales y humanos que determine el titular de la Procuraduría mediante acuerdo, en
atención a las posibilidades presupuestales.
ARTÍCULO 399. DEBERES DE LOS DELEGADOS REGIONALES.- Las delegaciones regionales observarán en el
cumplimiento de sus funciones, los manuales, circulares, programas, proyectos, acciones y disposiciones que dicte la
Procuraduría; así como las disposiciones de esta ley y de las demás que sean aplicables.
ARTÍCULO 400. RELACIÓN JERÁRQUICA.- Las delegaciones regionales estarán bajo el mando directo e inmediato
del titular de la Procuraduría, quien lo ejercerá por sí o a través de los subprocuradores y directores generales; sin
menoscabo de la autonomía de criterio del Ministerio Público y sus auxiliares.
ARTÍCULO 401. VINCULACIÓN CON LOS SUBPROCURADORES.- Los subprocuradores serán los responsables
de que en cada delegación regional se observen las disposiciones que correspondan a cada una de las
subprocuradurías.
111
ARTÍCULO 402. ESTRUCTURA.- La estructura de las delegaciones regionales será jerárquica; al frente de cada una
de ellas estará un delegado regional, los subdelegados, directores regionales, agentes del Ministerio Público, peritos,
mandos, oficiales y agentes de la policía y el personal de apoyo profesional, técnico, administrativo y de intendencia
que el servicio requiera y autorice el presupuesto.
ARTÍCULO 403. NÚMERO DE DELEGACIONES.- El titular de la Procuraduría establecerá las delegaciones
regionales que la prestación de los servicios de procuración de justicia demanden y permita el presupuesto.
Las circunscripciones de las delegaciones regionales serán definidas atendiendo a la incidencia delictiva, densidad de
población, las características geográficas de los municipios y la correcta distribución de las cargas de trabajo.
ARTÍCULO 404. COMPETENCIA.- El titular de la Procuraduría determinará la competencia territorial de las
delegaciones regionales, tomando como base los municipios del estado.
ARTÍCULO 405. RESPONSABILIDADES Y DERECHOS.- Los delegados regionales tendrán las siguientes
responsabilidades y derechos:
I. Integrar el Consejo Interior, en el cual tendrán voz y voto.
II. Acordar con el titular de la Procuraduría, los subprocuradores y los directores generales los asuntos de su
competencia.
III. Planear, coordinar y vigilar el desarrollo de las actividades de la delegación a su cargo.
IV. Formular los proyectos y programas de trabajo que les correspondan.
V. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales que le sean asignados para el buen funcionamiento
de la delegación a su cargo.
VI. Presentar al titular de la Procuraduría, por conducto del subprocurador que corresponda, los informes que se le
soliciten o deban estimar necesarios.
VII. Ejercer el mando de los agentes del Ministerio Público, de la policía, de los servicios periciales y del personal a
su cargo dentro de su circunscripción territorial e imponer, cuando proceda, las correcciones disciplinarias que
correspondan por faltas que pongan en riesgo el orden y la unidad de la corporación e informar oficialmente y de
inmediato al director general de responsabilidades.
VIII. Acatar las disposiciones e instrucciones de los subprocuradores y de los directores y coordinadores generales.
IX. Vigilar y hacer que el personal a su cargo cumpla las normas e instrucciones dictadas por la Procuraduría.
X. Rendir cuentas por escrito de las actividades desarrolladas por el Ministerio Público de su región, en el mes que
al efecto determine el titular de la Procuraduría.
En la cuenta se referirá a los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el periodo, incluyendo las
estadísticas básicas que las reflejen el uso de los recursos otorgados y las dificultades que se hubieren
presentado.
XI. Las demás que les confieran esta ley y los demás ordenamientos aplicables.
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(ADICIONADO CON SUS ARTÍCULADOS, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
APARTADO SEGUNDO
DE LOS REQUISITOS, NOMBRAMIENTO Y DURACIÓN EN LOS CARGOS
DE DELEGADOS Y DIRECTORES REGIONALES
ARTÍCULO 406. REQUISITOS.- Para ser nombrado delegado regional o director regional, deben reunirse los
siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y, en su caso, haber cumplido
con el Servicio Militar Nacional.
II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos el día de la designación.
III. Poseer en la fecha de nombramiento, título oficial de licenciado en derecho, legalmente expedido y contar con
cédula profesional que acredite su registro ante autoridad competente; con experiencia profesional mínima de
cinco años.
IV. Gozar de buena reputación e imagen pública y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante
sentencia que haya causado ejecutoria, o estar sujeto a proceso penal.
V. Haber residido en el estado cuando menos tres años antes de la designación.
VI. Estar libre de adicciones y no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares o cualquier otra prohibida por la ley, ni padecer alcoholismo.
VII. Estar en aptitud de ser servidor público por no haber sido suspendido, destituido ni inhabilitado por resolución
firme como tal, en los términos de las normas aplicables.
VIII. Las demás que señalen las leyes y los demás ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 407. NOMBRAMIENTO.- Los delegados regionales serán nombrados y removidos libremente por el titular
de la Procuraduría; siempre y cuando no se encuentren dentro del régimen del servicio profesional de carrera.
ARTÍCULO 408. DURACIÓN DEL CARGO.- Los nombramientos concluirán al término del periodo para el que fueron
conferidos, pero sus efectos se extenderán hasta que el nuevo funcionario designado entre en funciones, sin que por
tal motivo se entiendan prorrogados o ratificados. Se exceptúa de lo anterior, los nombramientos de los funcionarios
que hayan sido incorporados al servicio profesional de carrera.
APARTADO TERCERO
DE LA FUNCION MINISTERIAL DE LAS DELEGACIONES REGIONALES
ARTÍCULO 409. NATURALEZA DEL CARGO.- Los delegados regionales serán los jefes de los agentes del Ministerio
Público en las regiones que les fueren encomendadas y los responsables por el buen funcionamiento de la Institución
en el área respectiva.
Contará con los subdelegados, directores regionales, agentes del Ministerio Público, peritos, mandos, oficiales y
agentes de la Policía Investigadora, así como el demás personal administrativo necesario, que ejercerán sus funciones
en la circunscripción territorial de la correspondiente delegación regional.
113
ARTÍCULO 410. ATRIBUCIONES Y DEBERES EN LA FUNCIÓN MINISTERIAL.- Son atribuciones y deberes de los
delegados regionales en la función ministerial:
I. Ejercer la representación del Ministerio Público en la circunscripción regional correspondiente.
II. Por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de su adscripción, investigar los delitos, ejercer o no
la acción penal o de remisión, o la reserva, resolver las incompetencias, excusas y acumulaciones, intervenir en
el proceso y plantear las promociones que procedan ante el juez de ejecución.
III. A través del agente del Ministerio Público asignado para la investigación de asuntos de personas no localizadas,
investigar las denuncias presentadas con motivo de personas no localizadas, dando aviso inmediato y oportuno
de su presentación, al subprocurador en dicha materia.
IV. Coordinar y supervisar la actuación de los agentes del Ministerio Público y el funcionamiento administrativo de
las unidades respectivas.
V. Disponer las medidas que faciliten y aseguren el acceso expedito de las personas a su despacho y al demás
personal y agentes, así como su debida atención.
VI. Tramitar ante la subprocuraduría competente las denuncias relacionadas con las actuaciones de los agentes del
Ministerio Público que se desempeñen en la circunscripción regional.
VII. Elevar consultas al titular de la Procuraduría y a los subprocuradores cuando lo juzguen necesario, para el mejor
desempeño de sus atribuciones.
VIII. Las demás que en la materia le otorguen las leyes o el titular de la Procuraduría por acuerdo.
CAPITULO TERCERO
DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS
SECCIÓN PRIMERA
DE LA PROTESTA E INVENTARIO
ARTÍCULO 411. PROTESTA LEGAL.- Todos los servidores públicos antes de tomar posesión de sus cargos rendirán
la protesta legal: el titular de la Procuraduría ante el gobernador, los subprocuradores ante el gobernador o quien éste
designe y los otros funcionarios ante el titular de la Procuraduría, o ante el titular de la dependencia de su adscripción.
ARTÍCULO 412. INVENTARIO.- El titular de la Procuraduría, los subprocuradores, los directores generales, los
delegados regionales y demás funcionarios que tengan a su cargo una dependencia, al tomar posesión del cargo y al
cesar definitivamente en sus funciones, deberán recibir o entregar la oficina, mediante un acta y elaborar, además,
según el caso, un inventario, un estado de las cuentas y un índice del archivo, de los libros, documentos y expedientes
que demuestren el estado general del despacho.
El funcionario entrante tendrá derecho a formular las observaciones que considere pertinentes al acta de entrega y a
los respaldos que la conforman, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la dependencia. De dicha acta
se remitirá un ejemplar al órgano auditor interno, otro a la Dirección de Administración y se conservará un tercero en
la oficina respectiva.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS INCOMPATIBILIDADES, EXCUSAS Y RECUSACIONES
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ARTÍCULO 413. IMPEDIMENTOS.- Los funcionarios de la Procuraduría no podrán desempeñar, durante el período
de sus cargos, otro empleo, cargo ni comisión al servicio de los gobiernos federal, estatal o municipal.
Tampoco podrán durante el período de sus cargos, prestar sus servicios personales.
ARTÍCULO 414. EXCEPCIONES.- Se exceptúan de las prohibiciones establecidas en el artículo anterior, las
actividades académicas, la investigación científica, los cargos honoríficos y los puestos, no remunerados, que deban
desempeñar en los sistemas, consejos, conferencias, comités u otras organizaciones oficiales de seguridad y
procuración de justicia.
ARTÍCULO 415. RECUSACIONES Y EXCUSAS.- El titular de la Procuraduría, los subprocuradores, los delegados
regionales y los agentes del Ministerio Público, no son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deberán
excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento
previstas en esta ley y remitirlos, desde luego, a quien deba suplirlos en sus faltas temporales o en su defecto lo hará
del conocimiento por escrito de su superior inmediato para que desde luego designe a su sustituto. Si sabedores de
esta circunstancia no declinasen el conocimiento del asunto, serán sancionados conforme a las disposiciones de esta
ley y demás que resulten aplicables.
SECCIÓN TERCERA
DE LOS DEBERES Y FACULTADES GENERALES
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL
ARTÍCULO 416. RELACIÓN DE LOS DEBERES Y FACULTADES GENERALES.- Todos los servidores públicos que
desempeñen funciones de dirección, administración, coordinación, mando o fiscalización, cualesquiera que sea su
denominación; sin menoscabo de las obligaciones y atribuciones específicas que obren en esta ley, o en otras y
reglamentos aplicables; tendrán los siguientes deberes y facultades de carácter general.
I. Acordar con su superior inmediato el despacho de los asuntos de su competencia.
II. Desempeñar las funciones y comisiones encomendadas por su superior jerárquico, e informarle sobre el
desarrollo y resultado de las mismas.
III. Someter a la aprobación de sus superiores jerárquicos los estudios y proyectos que se elaboren en la dependencia
bajo su responsabilidad y que así lo ameriten.
IV. Suplir a su superior jerárquico en los términos previstos por las disposiciones aplicables.
V. Auxiliar a sus superiores jerárquicos en el ejercicio de las facultades y obligaciones.
VI. Dictaminar los asuntos que sus superiores jerárquicos les turnen.
VII. Supervisar, controlar, dirigir y evaluar las actividades y el ejercicio de las atribuciones del personal de las
dependencias sujetas a su adscripción.
VIII. Recibir en acuerdo ordinario al personal a cargo de los asuntos de su ramo.
IX. Recibir en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público.
X. Conceder audiencia y atender al público.
115
XI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean señalados por delegación
o le correspondan por suplencia.
XII. Revisar los escritos, dictámenes y opiniones que le remita el personal a su cargo y los otros titulares.
XIII. Formular los anteproyectos de presupuesto y de los programas correspondientes a su dependencia.
XIV. Proporcionar la información ó cooperación técnica que le sea requerida por su superior jerárquico.
XV. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las demás
disposiciones que resulten aplicables.
XVI. Proponer a su superior jerárquico la expedición de manuales, acuerdos, criterios, instrucciones y circulares.
XVII. Coordinar, con las demás dependencias los asuntos de su competencia.
XVIII. Vigilar el buen despacho de los asuntos a su cargo.
XIX. Proponer a su superior jerárquico, cuando sea procedente, la terminación de los efectos del nombramiento del
personal a su cargo.
XX. Notificar las circulares, resoluciones o acuerdos emitidos por su superior jerárquico y cuidar que se cumplan.
XXI. Llevar la información estadística de su dependencia.
XXII. Solicitar al personal de su ramo los informes pertinentes.
XXIII. Distribuir adecuadamente entre el personal de su adscripción, la carga de trabajo de acuerdo a los planes y
programas establecidos y las necesidades del servicio.
XXIV. Notificar por escrito al órgano competente las infracciones o violaciones a las leyes y reglamentos que cometa
el personal a su cargo.
XXV. Las demás que les confieran este ordenamiento u otras disposiciones aplicables o las que les encomienden sus
superiores jerárquicos.
SECCIÓN CUARTA
DE LAS AUSENCIAS Y LAS SUPLENCIAS
ARTÍCULO 417. FALTAS.- Las faltas de los funcionarios del Ministerio Público son absolutas, temporales y
accidentales:
I. Constituyen faltas absolutas las que se produzcan por:
1. Muerte.
2. Cesación en el ejercicio de sus funciones.
3. Pensión.
4. Destitución.
5. Renuncia aceptada.
6. Abandono del cargo.
7. Anulación de nombramiento.
116
8. Incapacidad total permanente.
9. Cualquier otro motivo que lo inhabilite.
II. Constituyen faltas temporales, la separación del ejercicio del cargo en virtud de:
1. Permiso o licencia concedida.
2. Vacaciones.
3. Suspensión disciplinaria o por investigación.
4. Incapacidad parcial temporal no mayor a un año.
5. Cualquier otra causa debidamente justificada que impida temporalmente el ejercicio de sus funciones.
III. Constituyen faltas accidentales, la separación del ejercicio del cargo:
1. Por impedimento.
ARTÍCULO 418. SUPLENCIA POR AUSENCIA TEMPORAL DEL TITULAR DE LA PROCURADURÍA. Las
ausencias temporales del titular de la Procuraduría serán cubiertas por los subprocuradores, en el siguiente orden: por
el subprocurador ministerial, el de control de procesos y legalidad, el jurídico de profesionalización y de proyectos; y el
de investigación y búsqueda de personas no localizadas.
ARTÍCULO 419. SUPLENCIA POR AUSENCIA DEFINITIVA.- En caso de ausencia definitiva del titular de la
Procuraduría y en tanto asuma el cargo el nuevo titular, desempeñará el cargo el subprocurador que designe el
gobernador, con el carácter de encargado del despacho.
ARTÍCULO 420. SUPLENCIA DE LOS OTROS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA.- Los subprocuradores y
los otros funcionarios, en las ausencias temporales y en las definitivas hasta en tanto se emita el nuevo nombramiento,
serán suplidos por los funcionarios que les sigan en jerarquía o por los señalados en las otras leyes y reglamentos
aplicables, en lo que no se opongan al presente ordenamiento, y en los casos no previstos, por quien designe el titular
de la Procuraduría.
Los agentes del Ministerio Público en sus ausencias temporales serán suplidos por otro agente del Ministerio Público
previo acuerdo del delegado regional.
SECCION QUINTA
DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL ESTADO
ARTÍCULO 421. CONDUCTAS NEGLIGENTES O ARBITRARIAS.- El estado será responsable, de conformidad con
la legislación civil, por los daños y perjuicios que causen los servidores públicos de la Procuraduría, por negligencia
grave o por conductas extremadamente arbitrarias, cometidas con motivo de sus funciones. La acción para perseguir
esta responsabilidad patrimonial prescribirá en un año, contado desde la fecha de la actuación dañina.
En todo caso, quedará expedito el derecho del estado, para repetir, en su caso, en contra del servidor público
responsable.
SECCION SEXTA
DEL ARCHIVO Y MANEJO DE LA DOCUMENTACION
ARTÍCULO 422. CONFIDENCIALIDAD.- El archivo del despacho del titular de la Procuraduría y el de las oficinas de
los subprocuradores, así como de cualquier otra dependencia del Ministerio Público, es por su naturaleza privado y
reservado para el servicio oficial.
117
El titular de la Procuraduría o en quien delegue esta facultad, mediante resolución, determinará las condiciones de
acceso al archivo y el uso de sus documentos en base a los criterios previstos en esta ley y en los demás
ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 423. RESERVA.- Las personas que presten sus servicios en la Procuraduría guardarán reserva sobre los
asuntos que conozcan en razón de sus funciones. Se les prohíbe conservar o tomar para sí, sustraer, proporcionar,
copiar, publicar, reproducir por cualquier medio y destruir papeles, documentos o expedientes de archivo o electrónicos
u otra información oficial cualesquiera que sea el medio en que esté contenida.
ARTÍCULO 424. CERTIFICACIÓN.- Una vez clasificados como públicos los documentos del archivo, el subprocurador
autorizado, o el funcionario delegado para tal fin, certificará en el término de cinco días hábiles los instrumentos
solicitados por autoridades o particulares que así lo requieran.
ARTÍCULO 425. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS.- Quienes presenten documentos originales ante el titular de la
Procuraduría, tienen derecho a su devolución, previa certificación en el expediente respectivo, salvo que sea necesaria
su presentación en el juicio.
La persona que presente una petición o solicitud tendrá derecho a que se le expida copia certificada de ella, de los
documentos acompañados y de la providencia recaída; pero no de los informes, opiniones y exposiciones de los
funcionarios u organismos intervinientes en la tramitación ni de los documentos agregados por la Procuraduría.
ARTÍCULO 426. PROHIBICIÓN.- No se podrá ordenar la exhibición o inspección general de los archivos de la
Procuraduría. Podrá acordarse judicialmente la copia, exhibición o inspección de determinado documento, expediente,
libro o registro que corresponda al archivo y se ejecutará la providencia dictada, a menos que la ley disponga la reserva
de dicha documentación o así lo determine el titular de la Procuraduría mediante resolución fundada y motivada.
TITULO TERCERO
DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CAPITULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 427. CONCEPTO.- La procuración de justicia es la actividad esencial, y por tanto indelegable del Estado
que conlleva el ejercicio de su potestad, autoridad e imperio, encaminada a investigar la comisión de hechos delictivos
y perseguir a sus autores mediante los procedimientos previstos en la legislación penal adjetiva y, en su caso, el
ejercicio de la acción penal o de remisión ante los tribunales, a efecto de que no queden impunes tales conductas
ilícitas; así, como intervenir en otros procedimientos judiciales en defensa de intereses sociales y de ausentes, menores
y personas con capacidades diferentes.
ARTÍCULO 428. EJERCICIO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.- La procuración de justicia se ejerce a través de
la institución del Ministerio Público, que tiene como propósito velar por la constitucionalidad y legalidad como principio
rector de la convivencia social, en el ámbito de su competencia; así como participar en el diseño, implementación y
evaluación de la política criminal del estado, bajo los principios de legalidad, eficiencia, excelencia, profesionalismo,
honradez, imparcialidad, transparencia, idoneidad, objetividad, independencia y respeto a los derechos humanos.
ARTÍCULO 429. NORMATIVIDAD.- La institución del Ministerio Público se regirá y actuará de conformidad con lo
dispuesto en la constitución general, la constitución del estado, esta ley y demás ordenamientos aplicables.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
SECCIÓN PRIMERA
DE SU NATURALEZA Y FUNCIONES
ARTÍCULO 430. NATURALEZA.- El Ministerio Público será una institución de buena fe, única e indivisible, a la que le
incumbe exclusivamente la función investigadora y persecutora de los delitos del orden común y, a través del Ministerio
Público Especializado, de las conductas tipificadas como delitos cometidas por los menores de dieciocho años, ante
los tribunales locales con el apoyo de sus auxiliares jurídicos, técnicos y administrativos.
En el ejercicio de sus funciones de investigación y persecución de los delitos, el Ministerio Público es una institución
autónoma, en consecuencia sus decisiones serán independientes y sujetas únicamente al mandato de la ley.
ARTÍCULO 431. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES.- El Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones
que le señalen la Constitución general, la constitución del estado, esta ley, la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables.
Son obligaciones y atribuciones del Ministerio Público, además de las señaladas en el artículo 7° de esta ley, las
siguientes:
I. Iniciar las averiguaciones previas penales correspondientes con motivo de la comisión de un delito, a fin de
determinar su existencia o inexistencia.
II. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce la facultad
de contradecirlos u objetarlos.
III. Requerir, cuando menos una vez al mes, a los elementos de la Policía Investigadora los informes sobre el estado
que guardan las investigaciones que realicen, a efecto de que se emitan las observaciones pertinentes, o bien,
las instrucciones de realizar nuevas diligencias.
IV. Propiciar, en los casos en que la ley lo autorice, la solución de los intereses en conflicto mediante el empleo de
los mecanismos alternos, asegurando siempre la reparación del daño a satisfacción de la víctima u ofendido por
el delito.
V. Solicitar al Tribunal competente, las medidas necesarias para la reparación integral a la víctima, velar por su
protección, la de los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. La ley fijará los términos en que podrán
intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
VI. Resguardar la identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido en los siguientes casos: cuando sean
menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio
del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
VII. Determinar la reserva del expediente de investigación, conforme a las disposiciones aplicables.
VIII. Determinar el no ejercicio de la acción penal y el no ejercicio de la acción de remisión, en los casos que la ley lo
autorice.
IX. Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente por el hecho que la ley señale como delito,
siempre que preceda denuncia o querella y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que
119
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
X. Ejercer en materia de responsabilidad penal de adolescentes las funciones que le encomiende la legislación
específica, debiendo orientar la actuación a la satisfacción del interés superior de aquél.
XI. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el fin de dar inicio al juicio acusatorio adversarial
y oral que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, continuidad e inmediación.
XII. Someter a la autorización del juez la suspensión del procedimiento a prueba en los términos del código de
procedimientos penales.
XIII. Solicitar ante el juez de conocimiento, la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no
hubiere mérito para acusar.
XIV. Coadyuvar con la víctima u ofendido por el delito, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con
los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando
según su criterio considere que no es necesario el desahogo de una diligencia, deberá fundar y motivar su
negativa.
XV. Participar en la audiencia de juicio, en el desahogo de las pruebas y en las deliberaciones finales.
XVI. Solicitar la reparación del daño dentro de juicio, en los casos que resulte procedente, sin menoscabo de que la
víctima u ofendido lo pueda gestionar directamente, caso en el cual el juez no podrá absolver al sentenciado si
emite una sentencia condenatoria.
XVII. Impugnar en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales, cuando lo estime pertinente.
XVIII. Garantizar el debido proceso, la celeridad y buena marcha de la administración de justicia.
XIX. Comparecer y promover todo lo que a la representación social competa ante el juez de ejecución de sanciones.
XX. Intervenir, en su carácter de representante social, ante los órganos jurisdiccionales del orden civil y familiar, en la
protección de los menores e incapaces, en los juicios en que, de acuerdo con la ley de la materia, tenga
intervención.
XXI. Poner a disposición del órgano jurisdiccional a los inimputables mayores de edad a quienes se deban aplicar
medidas de seguridad, ejercitando las acciones correspondientes, en los términos establecidos por los
ordenamientos jurídicos aplicables.
XXII. Hacer efectivas las responsabilidades penales en que incurran los servidores públicos.
XXIII. Rendir a los poderes del estado, los informes que le pidan sobre asuntos relativos a la Institución, previa consulta
al titular de la Procuraduría o a los subprocuradores.
XXIV. Cumplir las demás funciones que le señalen las leyes y reglamentos o que les sean encomendadas por el titular
de la Procuraduría o los subprocuradores.
XXV. Las demás que señale la ley correspondiente.
120
ARTÍCULO 432. TITULARIDAD.- La institución del Ministerio Público estará presidida por el Procurador General de
Justicia y ejercerá sus atribuciones a través de los funcionarios que funjan como sus agentes, independientemente de
la denominación específica, cargo o jerarquía que ostenten.
ARTÍCULO 433. DIRECCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.- Los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares, en
todo lo relacionado a la disciplina y acciones de investigación estarán bajo la dirección, coordinación y supervisión del
titular de la Procuraduría, subprocurador ministerial, del subprocurador de control de procesos y legalidad, del
subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos, del subprocurador de investigación y búsqueda de
personas no localizadas, de los directores generales y del delegado regional de su adscripción.
ARTÍCULO 434. JERARQUÍA.- Los agentes del Ministerio Público en el ejercicio de la procuración de justicia, en sus
respectivas jerarquías, no tendrán más subordinación que la administrativa a los niveles superiores orgánicos de la
propia institución.
ARTÍCULO 435. DIRECCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS.- Los agentes del Ministerio Público en la
investigación de los delitos, asumirán el mando directo de la policía y de los Servicios Periciales, sin que por ningún
motivo queden subordinados, directa o indirectamente a un agente o funcionario determinado, cualesquiera que sea
el cargo o jerarquía administrativa que ostenten.
ARTÍCULO 436. ÓRDENES DEL MINISTERIO PÚBLICO.- Los titulares de la policía, de los Servicios Periciales, de
los otros cuerpos de policía que participen en investigaciones y sus respectivos agentes, deberán cumplir y hacer
cumplir las órdenes del Ministerio Público, cualquiera que sea la jerarquía administrativa del agente del cual emanen.
El policía o el perito que no atienda debidamente estas solicitudes se harán acreedores a las sanciones administrativas
y penales a que haya lugar, en los términos dispuestos por esta ley y los demás ordenamientos aplicables.
Los agentes del Ministerio Público harán del conocimiento del superior jerárquico, los casos en los que los elementos
de la policía o los peritos retrasen, entorpezcan o desobedezcan las órdenes que giren aquellos en el ejercicio de sus
atribuciones, a efecto de que se solicite la imposición de sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 437. AUTONOMÍA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO.- Los agentes del Ministerio Público
y sus auxiliares tendrán autonomía en cuanto a sus funciones de investigación y persecución del delito; pero deberán
de observar siempre el derecho y las reglas científicas y técnicas aplicables a sus actividades y respetar plenamente
los derechos humanos.
Si las instrucciones de los subprocuradores o de los delegados regionales incidieren en el ejercicio de sus facultades
de dirigir la investigación o en el ejercicio de la acción penal pública, el agente del Ministerio Público podrá objetarlas
por razones fundadas.
Si la instrucción objetada incidiere en actuaciones procesales que no se pudieren dilatar, el agente del Ministerio
Público deberá realizarlas de acuerdo con las instrucciones recibidas mientras la objeción sea resuelta.
El titular de la Procuraduría resolverá sobre las objeciones planteadas y si las acogiese, deberá modificarse la
instrucción con efectos generales para todos los agentes del Ministerio Público.
En caso contrario, el Titular de la Procuraduría asumirá la responsabilidad, debiendo el agente del Ministerio Público
dar cumplimiento a lo resuelto sin más trámite.
ARTÍCULO 438.- PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA INVESTIGADORA.- La Policía Investigadora en casos urgentes
y cuando no esté disponible un agente del Ministerio Público, podrá tomar conocimiento de hechos que puedan
121
constituir delitos y, en su caso, asegurar la escena donde tuvo lugar el posible hecho delictivo, deberá dar cuenta sin
demora al agente del Ministerio Público que corresponda, para que éste instruya las actuaciones y dirija la investigación
de los hechos.
En todo caso, la policía actuará con absoluto respeto a los derechos humanos y estricto apego a las normas que rijan
sus actuaciones.
ARTÍCULO 439.- REQUISITOS Y AUTONOMÍA DE CRITERIO DE LOS PERITOS.- Los peritos, para ingresar a la
Procuraduría, deberán satisfacer los mismos requisitos establecidos por esta ley para los agentes del Ministerio Público
con excepción del título profesional de abogado, que deberá ser cuando menos de licenciatura o técnico en una carrera
afín a la especialidad de su cargo, salvo que se trate de artes u oficios no regulados, en cuyo caso deberán acreditar
el conocimiento y experiencia en la materia.
Los peritos actuarán con la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde y bajo su más estricta
responsabilidad, en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen. Harán del conocimiento de su superior
jerárquico, para los efectos legales a que hubiera lugar, cualquier presión que se ejerza sobre ellos para que emitan
un juicio diverso al propio de su ciencia y convicciones.
ARTÍCULO 440. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.- A los agentes del
Ministerio Público de ejecución de sentencias corresponde la supervisión de la correcta aplicación de la pena y en el
ejercicio de esta función les compete:
I. Solicitar al tribunal competente la revisión de condenas penales en los términos previstos por las leyes aplicables.
II. Revisar las solicitudes de concesión de beneficios durante la fase de ejecución de sentencias, y ejercer la
representación del Ministerio Público con ocasión de las mismas.
III. Solicitar la revocación de las medidas concedidas cuando el sentenciado incumpla con las obligaciones impuestas
o cuando así lo determine la ley.
IV. Ejercer los recursos contra las resoluciones de los tribunales de ejecución de sentencias cuando no se ajusten a
la legalidad.
V. Comunicar al delegado regional para que lo haga del conocimiento del titular de la Procuraduría y éste obre en
consecuencia, la perpetración de hechos punibles o la violación de derechos humanos en los centros de
readaptación social y demás establecimientos de reclusión.
VI. Las demás que le sean atribuidas por las leyes.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 9 DE AGOSTO DE 2016)
ARTÍCULO 441.- AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO EN ASUNTOS EN MATERIA FAMILIAR, CIVIL Y
ADMINISTRATIVA.-Tienen el carácter de agentes del Ministerio Público en materia familiar, civil y administrativa,
aquellos a quienes corresponde garantizar en los procesos judiciales y administrativos, el respeto a los derechos de la
familia, de los menores de edad, de los ausentes y de las personas con discapacidad e intervenir en aquellos procesos
en que esté involucrado el orden público y las buenas costumbres en los términos de las leyes que rigen la materia.
El Ministerio Público intervendrá en todos los casos de asuntos no contenciosos que se tramiten ante notario público
y bajo su responsabilidad autorizará el acto de que se trate o se opondrá cuando tenga razones fundadas para ello.
ARTÍCULO 442. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ADOLESCENTES.-
Los agentes del Ministerio Público Especializados en materia de Adolescentes, tienen a su cargo el ejercicio de las
122
acciones tendientes a establecer la responsabilidad de los adolescentes por los hechos punibles en que incurran, de
acuerdo con lo previsto en la ley especializada que rige la materia, los códigos y demás normas aplicables.
ARTÍCULO 443. COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO PÚBLICO.- Los agentes del Ministerio Público no podrán
ser coartados ni impedidos en el ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad pública; en consecuencia, las
autoridades estatales y municipales les prestarán sin demora la colaboración que requieran para el mejor cumplimiento
de sus funciones.
ARTÍCULO 444. COLABORACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.- El titular de la Procuraduría o los servidores
públicos en quienes delegue esta función, podrán autorizar al personal del Ministerio Público para auxiliar a otras
autoridades que lo requieran en el desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que
correspondan a la procuración de justicia.
El auxilio se autorizará mediante la expedición del acuerdo correspondiente.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO PÚBLICO
ARTÍCULO 445. ORGANIZACIÓN.- El Ministerio Público es una institución con estructura orgánica jerarquizada, que
estará bajo la dirección y responsabilidad del titular de la Procuraduría, cuya autoridad se extiende a todos los
servidores públicos que lo conforman.
ARTÍCULO 446. NORMATIVIDAD DE SU ORGANIZACIÓN.- El Ministerio Público tendrá la estructura orgánica y
funcional establecida en esta ley y demás aplicables.
ARTÍCULO 447. ESTRUCTURA ORGÁNICA.- La institución del Ministerio Público se organizará conforme a la
estructura siguiente: la o el Procurador como titular de la institución, los subprocuradores Ministerial; de Control de
Procesos y Legalidad; Jurídico, de Profesionalización y de Proyectos; de investigación y búsqueda de personas no
localizadas; delegaciones regionales; agentes del Ministerio Público y demás direcciones, dependencias y unidades
que coadyuven o auxilien a la óptima procuración de justicia.
ARTÍCULO 448. CARÁCTER DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.- Tendrán el carácter de agentes del
Ministerio Público, para todos los efectos legales, el titular de la Procuraduría, todos los subprocuradores, directores
generales y los delegados regionales; así como los funcionarios que dispongan las leyes y los demás ordenamientos
aplicables.
SECCIÓN TERCERA
DEL INGRESO Y PERMANENCIA
ARTÍCULO 449. REQUERIMIENTOS GENÉRICOS.- Para ser agente del Ministerio Público deberán satisfacerse los
siguientes requisitos:
(REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
II. Poseer en la fecha de nombramiento, título oficial de licenciado en derecho, legalmente expedido y contar con
cédula profesional que acredite su registro ante autoridad competente.
III. Contar con experiencia profesional, a partir de la obtención de su título, mínima de tres años o de uno dentro de
123
la institución.
Quienes siendo estudiantes hayan prestado sus servicios a la institución durante tres años, al titular se podrán
ser admitidos como agentes del Ministerio Público, siempre y cuando reúnan los demás requisitos.
IV. En su caso, tener acreditado el servicio militar.
V. Haber residido en el estado cuando menos dos años antes de la designación.
VI. Gozar de buena reputación e imagen pública y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante
sentencia que haya causado ejecutoria o estar sujeto a proceso penal.
VII. Estar libre de adicciones y no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, o cualquier otra prohibida por la ley, ni padecer alcoholismo.
VIII. Estar en aptitud de ser servidor público por no haber sido suspendido, destituido ni inhabilitado por resolución
firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables.
IX. Las demás que señalen las leyes y los demás ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 450. REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.- Los agentes del Ministerio Público, cualquiera que
sea su denominación o jerarquía, y sus auxiliares y personal de apoyo técnico y administrativo, para ingresar y
permanecer en la institución, deberán presentar y aprobar los exámenes, los controles de confianza, las evaluaciones
psicológicas y sociales, así como acreditar los cursos de capacitación y certificación que prevean las normas
aplicables.
ARTÍCULO 451. NOMBRAMIENTO.- Los agentes del Ministerio Público serán nombrados y removidos por el titular
de la Procuraduría de conformidad con las disposiciones del servicio profesional de carrera ministerial, siempre que
dichos funcionarios se encuentren dentro del régimen; en caso contrario podrán ser nombrados y removidos libremente
por el titular de la Procuraduría.
ARTÍCULO 452. UBICACIÓN.- La ubicación de los agentes del Ministerio Público en el territorio de cada delegación
regional será determinado por el titular de la Procuraduría, a propuesta del respectivo delegado regional: en la
distribución geográfica y organización de las agencias del Ministerio Público locales se atenderá especialmente a
criterios de carga de trabajo, extensión territorial, facilidad de comunicaciones y eficiencia en el uso de recursos.
ARTÍCULO 453. CONCURRENCIA DE VARIOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN UN MISMO LUGAR.-
Cuando en un mismo lugar concurran más de un agente del Ministerio Público, la distribución de los casos entre los
distintos agentes será realizada por el delegado regional de conformidad a las instrucciones que al respecto imparta
el titular de la Procuraduría. En todo caso, la distribución del trabajo deberá hacerse siempre sobre la base de criterios
objetivos, tales como la carga de trabajo, la especialización y la experiencia.
ARTÍCULO 454. RESIDENCIA.- Los agentes del Ministerio Público residirán en el lugar del ejercicio de sus
atribuciones o en el área suburbana inmediata. Sólo podrán ausentarse por algunas de las causales constitutivas de
faltas temporales, conforme a esta ley y por razones de servicio debidamente justificadas y autorizadas por el titular
de la Procuraduría, los subprocuradores, directores generales o delegado regional de su adscripción. Si se ausentaren
sin existir alguna de las circunstancias anteriores, podrán ser sancionados disciplinariamente en los términos previstos
en esta ley, su reglamento y demás leyes aplicables.
ARTÍCULO 455. ASISTENCIA.- Los agentes del Ministerio Público deberán concurrir a su oficina los días laborables,
cuando estén de guardia o sean requeridos por razones de servicio.
124
ARTÍCULO 456. REGISTRO DE ACTUACIONES Y DETENCIONES.- Los agentes del Ministerio Público llevarán un
registro donde harán constar sus actuaciones diarias, el cual firmarán cada día al finalizar su labor, salvo casos de
fuerza mayor. Así mismo, llevarán un registro de detenciones.
ARTÍCULO 457. INFORME.- Los agentes del Ministerio Público presentarán semanalmente al despacho del titular
de la Procuraduría o en la dependencia que éste autorice, un informe de sus actividades; y en la segunda quincena de
septiembre de cada año, un resumen por escrito de las actividades del ejercicio y las observaciones y sugerencias que
consideren útiles para el mejoramiento del servicio de procuración de justicia.
ARTÍCULO 458. ABSTENCIÓN.- Los funcionarios y agentes del Ministerio Público se abstendrán de adelantar opinión
no autorizada respecto de los asuntos que estén llamados a conocer.
ARTÍCULO 459. PROHIBICIÓN.- Los funcionarios y agentes del Ministerio Público no podrán separarse del ejercicio
del cargo, sino por motivos debidamente justificados y mediante licencia. En ningún caso podrán hacerlo antes de que
el sustituto tome posesión.
ARTÍCULO 460. LICENCIA.- Los funcionarios y agentes del Ministerio Público tienen derecho a licencias, cuyo
régimen se regirá por lo establecido en el reglamento interior de la Procuraduría.
ARTÍCULO 461. TRASLADO.- Los funcionarios y agentes del Ministerio Público podrán ser trasladados por razones
de servicio, mediante resolución motivada del titular de la Procuraduría o por quien haga sus veces, de un cargo a otro
cargo de la misma clase y para el cual cumpla con los requisitos exigidos para el mismo. En todos los casos el sueldo
corresponderá al cargo que se desempeñe.
ARTÍCULO 462. CAUSA DE LOS TRASLADOS.- Los traslados de los funcionarios y agentes del Ministerio Público
podrán realizarse:
I. Por solicitud del interesado, en la cual indique los motivos de su petición.
II. Por razones de servicio.
ARTÍCULO 463. DURACIÓN DEL CARGO.- El nombramiento de agente del Ministerio Público concluirá al término
del período para el cual fue conferido; pero sus efectos se extenderán hasta que el nuevo funcionario designado entre
en funciones o hasta que se expida nuevo nombramiento, sin que por tal motivo se entiendan prorrogados o ratificados.
Se exceptúan de lo anterior, los nombramientos de los agentes del Ministerio Público que hayan sido incorporados al
servicio profesional de carrera ministerial.
Los agentes del Ministerio Público que formen parte del servicio profesional de carrera ministerial, no podrán ser
separados de sus cargos sino por la comisión de faltas en el desempeño de los mismos, en los términos de lo dispuesto
en esta Ley o por la comisión de delito; o por dejar de reunir los requisitos para ocupar el cargo.
CAPITULO TERCERO
DE LA POLICÍA INVESTIGADORA DEL ESTADO
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS ATRIBUCIONES Y REQUISITOS
ARTÍCULO 464. ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA.- Son atribuciones
del director general de la policía del estado:
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I. Rendir al titular de la Procuraduría, a través del subprocurador ministerial los informes que le sean solicitados.
II. Acordar semanalmente con el subprocurador ministerial, o cuando éste lo determine, los asuntos relacionados
con la dirección general.
III. Supervisar y vigilar las actividades de recepción de las noticias y el registro de los hechos considerados como
constitutivos de delitos, su confirmación e investigación, la utilización de los protocolos de investigación y de
cadena de custodia, la protección de las personas, datos, rastros e instrumentos relacionados con su comisión.
IV. Ejercer control sobre el registro de las detenciones autorizadas en la constitución general y supervisar el
desempeño de los agentes de la policía en su ejecución.
V. Vigilar que los elementos a su cargo, a través del informe policial homologado, den aviso administrativo inmediato
al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las detenciones que realicen.
VI. Intervenir directamente en las investigaciones y ejecución de mandatos judiciales ó ministeriales, cuando así lo
determine el titular de la Procuraduría o el subprocurador ministerial y hacer cumplir las órdenes emitidas en vía
de amparo.
VII. Celebrar reuniones periódicas con el personal con el fin de coordinar los trabajos de prevención e investigación
relacionados con el servicio, de lo cual deberá informar oportunamente al titular de la Procuraduría y al
subprocurador ministerial.
VIII. Rendir al titular de la Procuraduría un informe semanal de las labores generales de la policía.
IX. Visitar regularmente los separos y locales de detención con los que cuente la policía, y tomar las medidas
necesarias a efecto de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas.
X. Proponer el equipamiento con el que debe de contar la corporación a su cargo, y hacer las gestiones ante la
Dirección General Administrativa de los gastos o viáticos que se puedan erogar con motivo de operativos y
comisiones especiales, previa aprobación del titular de la Procuraduría o subprocurador ministerial, debiendo
presentar presupuesto anual estimado para este motivo.
XI. Llevar el control de las licencias colectivas de portación de armas de fuego, reportando a la Secretaría de la
Defensa Nacional, por conducto de la subprocuraduría jurídica de profesionalización y de proyectos, las altas y
bajas, pérdida o robo de las armas amparadas por dicha licencia, para mantener permanentemente actualizado
el Registro Nacional de Armamento y Equipo.
XII. Realizar los trámites de renovación de las licencias colectivas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, en
coordinación con la subprocuraduría jurídica de profesionalización y de proyectos; asimismo facilitar las revisiones
periódicas que practica la Secretaría de la Defensa Nacional, relacionadas con dichas licencias.
XIII. Coordinar con los delegados regionales los días de descanso y vacaciones de los agentes de la policía, de
conformidad con las necesidades del servicio.
XIV. Proponer se someta al personal a su cargo a pruebas de detección de consumo de sustancias consideradas como
narcóticas o cualquier otra sustancia prohibida por la ley en los términos que establezcan las autoridades
competentes.
XV. Someter a consideración del titular de la Procuraduría, a través del Subprocurador Ministerial, las propuestas de
126
reconocimientos, premios y estímulos al personal, por acciones relevantes en el ejercicio de su función, de
conformidad con lo que establecen los reglamentos correspondientes.
XVI. Someter a la aprobación del subprocurador ministerial, las sanciones disciplinarias que deban imponerse a los
elementos de la policía que no constituyan responsabilidad penal o administrativa contempladas en los diversos
ordenamientos aplicables; debiendo anexar la constancia correspondiente en el expediente personal del elemento
sancionado, e informar a la Dirección General de Responsabilidades y al centro de profesionalización de la
sanción impuesta.
XVII. Promover ante el subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos, la capacitación, actualización y
especialización de los elementos a su cargo, conforme al programa rector de profesionalización.
XVIII. Informar oportunamente al director general de responsabilidades de los asuntos legales que involucren a los
elementos de la policía, a efecto de que se tomen las acciones correspondientes, sean éstas de carácter laboral,
administrativa, penal o civil, cuando se afecten los intereses de la institución.
XIX. Proponer al titular de la Procuraduría, a través del subprocurador ministerial las acciones y operativos destinados
al combate y disuasión de hechos delictivos.
XX. Hacer cumplir las disposiciones giradas por el subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos en
materia de desarrollo policial, profesionalización, capacitación, apoyo psicológico, así como de las diversas
evaluaciones que se requieran practicar al personal a su cargo.
XXI. Acatar y respetar las disposiciones que en materia de acondicionamiento físico establezca el centro de
profesionalización como parte del adiestramiento del personal a su cargo.
XXII. Mantener la reserva y la confidencialidad de la información de la que, con motivo de sus funciones tenga
conocimiento, en los términos de las leyes aplicables y vigilar que todo el personal bajo su responsabilidad
observe las disposiciones contenidas en ese ordenamiento.
XXIII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 465. REQUISITOS DE INGRESO.- Para ser director general de la policía investigadora se requiere:
(REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
II. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional.
III. Tener más de treinta y cinco años cumplidos al día de la designación.
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delitos intencionales o no tener algún
otro impedimento legal.
V. Acreditar los conocimientos y la experiencia en el servicio policial; preferentemente que sea licenciado en derecho,
criminólogo, técnico en investigación policial o carrera afín.
(REFORMADÁ, P.O. 9 DE AGOSTO DE 2016)
VI. Gozar de buena salud y no ser persona con discapacidad física que lo imposibilite para el servicio policial.
VII. Estar libre de adicciones y no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, o cualquier otra prohibida por la ley, ni padecer alcoholismo.
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VIII. Estar en aptitud de ser servidor público por no haber sido suspendido, destituido ni inhabilitado por resolución
firme como servidor público, en los términos de las normas aplicables.
IX. Los demás requisitos que señalen las leyes y los demás ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 466. NOMBRAMIENTO.- El director general de la policía investigadora será nombrado y removido por el
gobernador, a propuesta del titular de la Procuraduría.
ARTÍCULO 467. FUNCIONES.- La Dirección General de la Policía Investigadora será auxiliar del Ministerio Público
en la investigación del delito, para lo cual gozará de autonomía de criterio. Dependerá siempre, directa e
inmediatamente del Ministerio Público en el cumplimiento de esta actividad.
ARTÍCULO 468. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.- La Dirección General de la Policía Investigadora aplicará en sus
actividades los principios, técnicas y métodos de la investigación científica.
ARTÍCULO 469. JERARQUÍA.- La Dirección General de la Policía Investigadora estará bajo las órdenes del titular de
la Procuraduría en todo lo relativo a la generalidad de la planeación, dirección y supervisión de acciones y
responsabilidades, quien ejercerá dichas facultades por sí o a través del subprocurador ministerial.
ARTÍCULO 470.- SUBORDINACIÓN.- La Dirección General de la Policía Investigadora estará siempre bajo el mando
general del subprocurador ministerial en lo referente a la planeación y programación de investigaciones. En los casos
concretos operará bajo el mando inmediato y directo de los agentes del Ministerio Público.
ARTÍCULO 471. FACULTADES Y OBLIGACIONES.- La Dirección General de la Policía Investigadora tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido a las
circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán
informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine.
II. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia previamente establecidos.
III. Practicar la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis,
evaluación y explotación de información.
IV. Confirmar la información que reciba cuando ésta provenga de una fuente no identificada y hacerla constar en el
registro destinado a tales fines, en el que se asentarán el día, la hora, el medio y los datos del servidor público
que haya intervenido; debiendo informar al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche
de plano.
V. Prestar el auxilio que requieran las víctimas u ofendidos y proteger a los testigos; en los casos de violencia familiar
y delitos contra la libertad y seguridad sexuales, deberá aplicar los protocolos o disposiciones especiales para el
adecuado resguardo de los derechos de las víctimas.
VI. Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención
policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente,
y asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.
VII. Conservar la escena del hecho delictuoso, así como de los rastros e instrumentos. Para este efecto, impedirá el
acceso a toda persona ajena a las diligencias de recopilación de información y procederá a su clausura si se trata
128
de local cerrado, o a su aislamiento si se trata de lugar abierto. Evitará que se alteren o borren de cualquier forma
los rastros o vestigios del hecho, o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras no
interviniere el personal experto.
VIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de
faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del
procedimiento correspondiente.
IX. Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. Las entrevistas se harán constar en el
registro de las diligencias policiales.
X. Practicar las diligencias orientadas a la individualización física de los autores y partícipes del hecho.
XI. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables
responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público.
XII. Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado.
XIII. Reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil al Ministerio Público.
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XIV. Ejecutar las órdenes de aprehensión, reaprehensión, cateos u otros mandamientos que emita la autoridad judicial.
XV. Realizar detenciones en los casos que autorice la Constitución General y dar aviso administrativo de inmediato al
Centro Nacional de Información del Sistema nacional de Seguridad Pública, de la detención, a través del informe
policial homologado.
En estos casos, los agentes de la policía investigadora estarán facultados para realizar inspecciones personales
sobre el detenido y recoger los objetos que tenga en su poder, para lo cual se levantará y firmará un inventario
de los mismos y los pondrá a disposición del agente del Ministerio Público.
XVI. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes
que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales
y legales establecidos.
XVII. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de
la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste.
XVIII. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el
curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio
Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera.
XIX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma
que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten
necesarios.
XX. Las otras atribuciones que le correspondan en esta ley y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 472. PROHIBICIÓN EN MATERIA DE PERITAJES.- Los agentes de la Policía Investigadora no realizarán,
de propia autoridad, manipulación alguna de las evidencias del delito, ni practicarán peritajes.
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ARTÍCULO 473. ORDEN JUDICIAL COMO REQUISITO PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN.- Cuando para el
cumplimiento de las facultades otorgadas a los agentes de la policía se requiera una orden judicial, se informará de
ello al Ministerio Público para que sea éste quien la solicite.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS REQUISITOS PARA SER AGENTE DE LA POLICÍA
ARTÍCULO 474. REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.- Son requisitos de ingreso y permanencia para ser
agente de la policía:
I. De ingreso:
(REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
1. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
2. Haber concluido la enseñanza a nivel bachillerato o equivalente.
3. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.
4. Tener cuando menos diecinueve y no más de veintinueve años de edad para el día de su contratación.
5. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional.
6. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
6.1 En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente.
6.2 Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media o equivalente.
6.3 En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media.
7. Aprobar los exámenes y evaluaciones que le aplique los centros de evaluación y control de confianza así
como el de centro de profesionalización.
8. Cursar y aprobar el curso de formación inicial para agente de la policía que imparta el centro de
profesionalización.
(REFORMADO, P.O. 9 DE AGOSTO DE 2016)
9. Gozar de buena salud y no ser persona con discapacidad física que lo imposibilita para el servicio policial.
10. Estar libre de adicciones y no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares, o cualquier otra prohibida por la ley, ni padecer alcoholismo.
11. Estar en aptitud de ser servidor público por no haber sido suspendido, destituido ni inhabilitado por resolución
firme, en los términos de las normas aplicables.
12. Las demás que señalen las leyes y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.
II. De permanencia:
1. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso.
2. Mantener actualizado su certificado único policial.
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3. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables.
4. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
4.1 En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación
por desempeño, a partir de bachillerato.
4.2 Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media o equivalente.
4.3 En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media.
5. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización.
6. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.
7. Aprobar las evaluaciones del desempeño.
8. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones
aplicables.
9. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.
10. No padecer alcoholismo.
11. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo.
12. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares.
13. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.
14. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días
dentro de un término de treinta días.
15. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 475. NOMBRAMIENTO.- Los agentes de la policía, serán nombrados y removidos por el titular de la
Procuraduría de conformidad con las disposiciones del servicio profesional de carrera, siempre que se encuentren
dentro de dicho régimen; en caso contrario podrán ser nombrados y removidos libremente por el titular de la
Procuraduría.
ARTÍCULO 476. DURACIÓN DEL CARGO.- El nombramiento de agente de la policía concluirá al término del período
para el cual fue conferido o al finalizar el período de gobierno dentro del cual hubiere sido otorgado; pero sus efectos
se extenderán hasta que el nuevo funcionario designado entre en funciones o hasta que se expida nuevo
nombramiento, sin que por tal motivo se entiendan prorrogados o ratificados. Se exceptúan de lo anterior los
nombramientos de los agentes de la policía que hayan sido incorporados al servicio profesional de carrera.
Los agentes de la policía que formen parte del servicio profesional de carrera tendrán derecho a las prerrogativas
propias del mismo, por lo que no podrán ser separados de sus cargos sino por la comisión de faltas en el desempeño
de los mismos en los términos de lo dispuesto en esta ley o por la comisión de delito.
131
SECCIÓN TERCERA
DE LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS POLICÍAS EN LA INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 477. DEBERES DE OTRAS POLICÍAS EN LA INVESTIGACIÓN.- Los integrantes de los cuerpos de
seguridad pública distintos a la policía investigadora, deberán recabar las informaciones necesarias de los hechos
delictuosos de que tengan noticias, dando inmediato aviso al Ministerio Público; preservar la escena del hecho delictivo;
impedir que los hechos lleguen a consecuencias ulteriores; detener en flagrancia a quien o quienes realicen un hecho
que pueda constituir un delito; identificar y aprehender, por mandamiento judicial o ministerial, a los imputados.
ARTÍCULO 478. PROTOCOLOS ESPECIALES.- En los casos de violencia familiar y delitos contra la libertad y
seguridad sexuales deberán aplicar los protocolos o disposiciones especiales que emita la Procuraduría para el
adecuado resguardo de los derechos de las víctimas.
ARTÍCULO 479. PRELACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DEL DELITO.- Cuando los cuerpos de seguridad pública
distintos a la policía, sean los primeros en conocer de un delito, deberán ejercer las facultades previstas en esta ley,
hasta que el Ministerio Público o esta intervengan. Cuando lo hagan informarán de lo actuado y entregarán los
instrumentos, objetos y evidencias materiales que hayan asegurado.
Todo lo actuado deberá de constar en la carpeta de investigación y deberá asentarse en el informe policial homologado.
ARTÍCULO 480. OTROS AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO.- Los cuerpos de seguridad pública distintos a la
policía, actuarán como auxiliares del Ministerio Público o de la autoridad judicial, y por instrucciones expresas reunirán
los antecedentes que aquéllos soliciten.
ARTÍCULO 481. PROHIBICIÓN DE INFORMAR.- Los elementos policiales a que se refiere la presente sección tienen
la obligación de guardar la reserva de ley respecto de las investigaciones de las que tengan conocimiento.
Así mismo, no podrán informar a los medios de comunicación social ni a persona alguna, acerca de la identidad de
detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, testigos, ni de otras personas que se encontraren o pudieren resultar
vinculadas a la investigación de un hecho punible, en protección de sus derechos y de la función investigadora.
TITULO CUARTO
DE LA PROFESIONALIZACIÓN, ACREDITACIÓN,
CERTIFICACIÓN Y CARRERA
CAPITULO PRIMERO
DEL CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN,
ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CARRERA
ARTÍCULO 482. INSTITUCIÓN DEL CENTRO.- Se instituye el Centro de Profesionalización, Acreditación,
Certificación, y Carrera con el fin de que el servicio de procuración de justicia sea proporcionado de manera profesional,
especializada, eficiente y honesta.
ARTÍCULO 483. MISIÓN.- El centro de profesionalización dependiente de la subprocuraduría jurídica, elaborará y
dirigirá el sistema coordinador de los institutos, academias y centros de estudios de la Procuraduría y de los municipios
del estado para que los proyectos, planes, programas de estudios y las carreras profesionales, se interrelacionen con
las etapas de ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento,
actualización, especialización y certificación en las fases de prevención, detección, disuasión, combate, investigación
y persecución del delito.
132
ARTÍCULO 484. RESPONSABILIDADES.- El centro de profesionalización será el responsable de establecer y operar
los siguientes sistemas:
I. Servicio profesional de carrera ministerial, pericial y civil.
II. Servicio profesional de carrera policial.
ARTÍCULO 485. ATRIBUCIONES.- El centro de profesionalización tendrá las siguientes atribuciones para la
implementación y el desarrollo de las carreras profesionales:
I. Establecer los estudios de ingreso, capacitación, profesionalización y especialización en persecución del delito.
II. Organizar y operar los sistemas de ingreso, permanencia, ascenso y retiro del personal, así como administrar el
servicio profesional de carrera que corresponde al Ministerio Público, policías y peritos; y el servicio civil de carrera
para el resto del personal.
III. Certificar a todo el personal que integre la Procuraduría.
IV. Coordinarse con el Centro de Evaluación y Control Confianza.
V. Las demás que establezcan las leyes aplicables.
ARTÍCULO 486. OBLIGATORIEDAD DE LOS CURSOS.- Los cursos de formación inicial, capacitación, permanencia,
actualización, promoción y certificación serán obligatorios para el ingreso, la permanencia y los ascensos en el servicio.
ARTÍCULO 487. DEBERES DE LOS BECARIOS.- Las personas que estudien con apoyo de la Procuraduría, en
reciprocidad, estarán obligadas a ser instructores o maestros de los institutos y academias, así como a cumplir con los
requisitos que marque los reglamentos. La negativa será causa de separación del cargo o de aplicación de sanciones.
ARTÍCULO 488. ESTRUCTURA.- El Centro de Profesionalización, Certificación y Carrera, estará bajo el mando de un
director general y tendrá las dependencias:
I. El Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional.
II. La Dirección de Servicio Profesional y Civil de Carrera.
III. Las demás que establezcan la legislación aplicable.
CAPITULO SEGUNDO
DEL CONSEJO ACADÉMICO
ARTÍCULO 489. OBJETIVO. El objetivo del consejo académico será la supervisión y aprobación de la elaboración de
los proyectos de los planes y programas de estudio. Se observará lo dispuesto en el programa rector de
profesionalización para la carrera ministerial, pericial y policial.
ARTÍCULO 490. INTEGRACIÓN.- El consejo académico se integrará de la siguiente forma:
I. El titular de la Procuraduría, quien lo presidirá.
133
II. El subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos, que actuará como secretario.
III. El director de centro de profesionalización.
IV. Los directores de los institutos de estudios penales y formación profesional y servicio profesional y civil de carrera.
V. Los maestros de los Institutos y/o especialistas que designe el titular de la Procuraduría de entre los propuestos
por el subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos.
ARTÍCULO 491. FUNCIONES.- El consejo académico tendrá las funciones siguientes:
I. Normar, desarrollar y evaluar el servicio profesional de carrera ministerial, pericial, policial y del servicio civil de
carrera, así como establecer políticas y criterios generales para tal efecto.
II. Aprobar las convocatorias para el ingreso o ascenso del personal de carrera.
III. Aprobar los resultados de los concursos de ingreso y ascenso del personal de carrera.
IV. Recomendar al titular de la Procuraduría la adscripción inicial y los cambios de adscripción del personal de
carrera.
V. Promover ante la Dirección General de Responsabilidades la separación del servicio profesional de carrera y la
destitución a que se refiere esta ley.
VI. Establecer criterios y políticas generales de evaluación, capacitación, formación, actualización y especialización
del personal de carrera.
VII. Dictar las normas necesarias para la regulación de su organización y funcionamiento.
VIII. Establecer los órganos y comisiones que deban auxiliarlo en el desempeño de sus funciones.
IX. Las demás que le otorguen las disposiciones reglamentarias del servicio profesional y civil de carrera que al efecto
se expidan por el Consejo Interior.
ARTÍCULO 492. FACULTADES Y DEBERES ESPECIALES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO.- El
titular de la Procuraduría, como presidente del consejo académico, tendrá las siguientes facultades y deberes:
I. Autorizar el orden del día.
II. Aprobar las convocatorias de las reuniones.
III. Presidir las reuniones.
IV. Ejercer voto de calidad en los casos de empate en las votaciones.
V. Hacer que se cumplan los acuerdos, por sí o a través de sus auxiliares.
VI. Vigilar que se cumplan los lineamientos del programa rector de Profesionalización para el servicio de carrera
ministerial, pericial y policial.
ARTÍCULO 493. PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO.- El consejo académico se reunirá de manera
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ordinaria cuando menos una vez cada mes y en forma extraordinaria cuando lo decida el titular de la Procuraduría.
ARTÍCULO 494. QUÓRUM Y VOTACIÓN.- El quórum para la legal instalación y funcionamiento del consejo
académico será de las dos terceras partes de sus integrantes y los acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta de
los presentes.
ARTÍCULO 495. REGLAMENTACIÓN.- Lo previsto en este título será regulado en el reglamento correspondiente.
TITULO QUINTO
DEL RÉGIMEN LABORAL Y ADMINISTRATIVO
CAPITULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 496. MARCO LEGAL.- El marco legal que regirá las relaciones laborales de los servidores públicos
adscritos a la Procuraduría se integrará con las disposiciones de las constituciones general y del estado, esta ley, el
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado; La Ley Orgánica de la Administración Pública y las demás
disposiciones aplicables.
Dicho marco regirá los servicios administrativos que presten los agentes del Ministerio Público, los policías y los peritos
a la Procuraduría y las relaciones laborables del resto del personal a su servicio
ARTÍCULO 497. RELACIONES ADMINISTRATIVAS.- Las relaciones de los agentes del Ministerio Público, los
policías y peritos, con motivo de la prestación de sus servicios a la Procuraduría, serán de naturaleza administrativa y
se regirán, según lo dispuesto por la fracción XIII, apartado "B" del artículo 123 de la Constitución General, conforme
a lo que se establece en el título de responsabilidades administrativas en esta ley, para todo lo concerniente a sus
derechos, acciones, obligaciones y responsabilidades incluido el ingreso, permanencia, ascenso, disciplina,
rendimiento y retiro por cualquier causa; con excepción de las indemnizaciones y prestaciones a que tuvieren derecho,
las cuales, en su caso, se calcularán y cubrirán, conforme a las leyes aplicables.
La Dirección General de Responsabilidades será la competente para atender y resolver lo previsto en este artículo.
ARTÍCULO 498. RELACIONES LABORALES.- Las relaciones, asuntos y conflictos laborales de los servidores
públicos de confianza y de base de la Procuraduría, con exclusión de los agentes del Ministerio Público, peritos y
policías, se regirán por lo dispuesto en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado y demás
ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 499. COMPETENCIA.- La subprocuraduría jurídica, de profesionalización y de proyectos, así como la
dirección general de responsabilidades, serán responsables en el ámbito de su competencia, de vigilar que todos los
servidores públicos, cumplan cabalmente con las obligaciones que les correspondan.
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS VACACIONES Y LICENCIAS
ARTÍCULO 500. PERÍODOS DE VACACIONES.- Los servidores públicos de la Procuraduría disfrutarán de los
períodos de vacaciones a que tengan derecho conforme a las disposiciones relativas de la constitución general, de la
constitución del estado, del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado y demás ordenamientos
aplicables.
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ARTÍCULO 501. PROGRAMACIÓN DE VACACIONES.- La programación de las vacaciones se hará por el titular de
la Procuraduría, de manera que no se cause detrimento en la prestación de los servicios a cargo de la Procuraduría.
ARTÍCULO 502. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO.- El titular de la Procuraduría podrá conceder licencias con
goce de sueldo a los servidores públicos hasta por el término de ocho días. También concederá licencias en los casos
previstos por el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado y demás ordenamientos aplicables.
El Gobernador del Estado concederá las licencias que sean procedentes al titular de la Procuraduría y a los
subprocuradores.
ARTÍCULO 503. LICENCIAS MÉDICAS.- Tratándose de licencias médicas por enfermedad deberán presentarse por
el interesado o por cualquier persona, a la unidad administrativa correspondiente, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a su expedición. La licencia deberá ser elaborada por la institución que preste el servicio médico a los
trabajadores del estado. El incumplimiento a lo anterior se considerará falta injustificada.
ARTÍCULO 504. EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES.- Por lo que se refiere a enfermedades y accidentes que no
constituyan riesgos de trabajo, se estará a lo previsto en el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del
Estado.
ARTÍCULO 505. INCAPACIDAD LABORAL.- Si la incapacidad se origina en el servicio o con motivo de este, tendrá
derecho el incapacitado a disfrutar íntegramente de su sueldo y de las prestaciones que conforme a la ley le
correspondan.
TITULO SEXTO
DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPITULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 506. DEFINICIÓN.- Se instituye el régimen de responsabilidades administrativas para que la Procuraduría,
en el ejercicio de su autonomía constitucional, garantice que sus funciones se cumplan de manera objetiva, imparcial,
profesional, transparente, responsable, eficiente y honesta.
ARTÍCULO 507.- MISIÓN.- La misión será supervisar el uso del presupuesto, bienes y derechos; la prestación de los
servicios públicos de la Procuraduría, así como el cumplimiento de sus obligaciones y la observancia de las
prohibiciones que esta ley establece y, en su caso, ejercer las acciones legales a que haya lugar.
Comprenderá también la investigación de hechos presumiblemente delictivos en que incurran los servidores públicos
de la Procuraduría, así como los del estado o de los municipios y obrará en consecuencia.
ARTÍCULO 508. DIRECCIÓN GENERAL.- El régimen de responsabilidades administrativas estará a cargo de la
Dirección General de Responsabilidades, que será un órgano desconcentrado de la Procuraduría con autonomía de
gestión y criterio.
ARTÍCULO 509. COMPETENCIA.- La Dirección General de Responsabilidades, tratándose de asuntos relacionados
con la responsabilidad administrativa, será la autoridad competente para la planeación, organización y operación de
los siguientes actos:
I. Controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto, derechos, fondos e ingresos y la conservación y uso de los bienes.
136
II. Ejercer las acciones penales, civiles, mercantiles, o laborales en contra de los servidores públicos que violen las
leyes aplicables con motivo de su cargo, puesto o comisión.
III. Sustanciar los procedimientos a que haya lugar por responsabilidad en el ejercicio del servicio público de
conformidad con las normas contenidas en este título y en la ley de responsabilidades.
IV. Las demás que le confieran las leyes aplicables o le encomiende el titular de la Procuraduría.
ARTÍCULO 510. NOMBRAMIENTO Y REQUISITOS.- La Dirección General estará bajo el mando de un director
general, que será nombrado y removido por el gobernador, a propuesta del titular de la Procuraduría y deberá satisfacer
los mismos requisitos señalados para los subprocuradores.
ARTÍCULO 511. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL.- El Director General de
Responsabilidades tendrá los deberes y atribuciones relacionados con la supervisión de las funciones administrativas
de las dependencias que conforman la Procuraduría y, en su caso, el ejercicio de las acciones de responsabilidad en
los términos establecidos en la constitución general, en la constitución del estado, en esta ley y en los demás
ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 512. FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES.- El director general de responsabilidades tendrá
facultades generales y especiales para pleitos y cobranzas para actuar en todos los procedimientos establecidos en la
presente ley.
ARTÍCULO 513. ESTRUCTURA.- La dirección general estará bajo el mando directo e inmediato del director y contará
con las siguientes dependencias:
I. La Dirección de Área de Auditoría.
II. La Dirección de Área de Asuntos Internos
III. Las otras dependencias que se contemplen en otras leyes y reglamentos aplicables.
ARTÍCULO 514. PERSONAL DE ADSCRIPCIÓN.- Estarán adscritas a la Dirección General de Responsabilidades,
las agencias del Ministerio Público y sus auxiliares que el subprocurador ministerial determine.
ARTÍCULO 515. RECEPCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS Y QUERELLAS.- Las agencias del Ministerio
Público y sus auxiliares, adscritas a la Dirección General de Responsabilidades serán las encargadas de recibir e
investigar las denuncias y querellas que se presenten y, en su caso, de turnarlas a las agencias del Ministerio Público
que corresponda para que ejerzan acción penal.
ARTÍCULO 516. FACULTADES PARA LA SUSPENSIÓN O BAJA DE SERVIDORES PÚBLICOS.- El director general
de responsabilidades, previo acuerdo con el titular de la Procuraduría, podrá suspender o dar de baja a los servidores
públicos que fueren sujetos a cualquiera de los procedimientos referidos en la presente ley. Se exceptúan de esta
disposición el titular de la Procuraduría y los subprocuradores, aun cuando actúen como agentes del Ministerio Público.
ARTÍCULO 517. DELEGACIÓN DE FACULTADES.- El director general de responsabilidades, podrá delegar sus
facultades para la atención de los procedimientos penales, civiles, mercantiles y laborales en los otros funcionarios de
la dirección general, sin que por la delegación pierda sus propias facultades. Igualmente podrá encomendar a otros
funcionarios la presentación y seguimiento de las denuncias y querellas penales.
ARTÍCULO 518. OBLIGACIONES Y DEBERES DEL PERSONAL ADSCRITO.- Los directores, los otros funcionarios
y el personal de apoyo tendrán las obligaciones y deberes que señalen las leyes y reglamentos aplicables y las que
137
determine el titular de la Procuraduría.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA NORMATIVIDAD, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 519. NORMATIVIDAD APLICABLE.- Las responsabilidades en el servicio público de la Procuraduría se
regirán por las disposiciones de este Título, la Ley General y en todo lo no previsto por la ley de responsabilidades y
el Código de Procedimientos Penales del Estado.
ARTÍCULO 520. ÁMBITO PERSONAL DE VALIDEZ.- El régimen de responsabilidades comprenderá a todas las
personas físicas que presten sus servicios personales y subordinados en la Procuraduría, sin importar su jerarquía,
cargo ni el origen de su nombramiento.
ARTÍCULO 521. OBLIGACIONES GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS EN EL SERVICIO PÚBLICO.- Todos los servidores
públicos deberán de cumplir las obligaciones genéricas y específicas que correspondan a sus puestos, cargos o
comisiones; e igualmente deberán de respetar las obligaciones y abstenerse de realizar los hechos y los actos
prohibidos en esta ley; en la ley de responsabilidades y demás ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 522. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO.- Las violaciones o
infracciones a las normas que contengan las obligaciones y las prohibiciones en el ejercicio del servicio público serán
causa suficiente para que se inicien los procedimientos que correspondan para sancionar a los responsables.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS OBLIGACIONES COMUNES PARA TODO EL PERSONAL
ARTÍCULO 523. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENÉRICAS.- Todos los servidores públicos de la
Procuraduría estarán obligados a cumplir en todo tiempo, lugar y forma las obligaciones y abstenerse de realizar los
hechos y actos que se prohíben en esta ley, en la ley de responsabilidades y en los demás ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 524. OBLIGACIONES COMUNES.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los
servidores públicos de la Procuraduría se sujetarán a las siguientes obligaciones:
I. Firmar antes de su ingreso, carta compromiso con las condiciones generales de trabajo de la institución.
II. Satisfacer los requisitos de ingreso, permanencia, ascenso, capacitación y profesionalización que las leyes y
reglamentos determinen, salvo quienes en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato
hayan sido contratados por su amplia experiencia y conocimientos debidamente acreditados.
III. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y
en el personal bajo su mando.
IV. Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos;
V. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y evitar cualquier acto u omisión que cause
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.
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VI. Mantener buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad,
igualdad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.
VII. Observar y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad.
VIII. Respetar y cumplir de forma inmediata y eficiente las órdenes, las disposiciones, comisiones o encomiendas, que
estos dicten en el ejercicio legal de sus atribuciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su
cumplimiento.
IX. Ejercer sus atribuciones con estricta sujeción a las órdenes, disposiciones, comisiones o encomiendas que
reciban.
X. Observar, en el ejercicio de sus funciones, las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos, manuales y
circulares aplicables.
XI. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en que preste sus servicios, las dudas justificadas
que tenga sobre la procedencia de las órdenes que reciba, debiendo fundar debidamente sus observaciones.
XII. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga
interés personal, familiar o de negocios; incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado, o para terceros
con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
XIII. Informar por escrito al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace
referencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones sobre su atención,
tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.
XIV. Poner en conocimiento de su superior jerárquico o del titular de su dependencia de manera inmediata, de todo
acto u omisión indebidos, que puedan implicar inobservancia de las obligaciones propias del cargo o constituir
delito cometidos por los servidores públicos sujetos a su dirección o los de su misma categoría jerárquica.
XV. Preservar el secreto de los asuntos de los que conozca, así como los documentos, carpetas, registros, imágenes,
estadísticas, constancias, reportes, o cualquier otra información reservada o confidencial de que tenga
conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión, con las excepciones que determinen las
leyes.
XVI. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún
delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y
proporcional al hecho.
XVII. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas.
XVIII. Inscribir las detenciones en el registro administrativo de detenciones conforme a las disposiciones aplicables.
XIX. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de
evidencias.
XX. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión conserve bajo
su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o
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inutilización indebidas de aquéllas.
XXI. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes
y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos.
XXII. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión; las facultades que
le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a
que estén afectos.
XXIII. Someterse a los exámenes médicos previstos en las condiciones generales de trabajo.
XXIV. Someterse a los exámenes para detectar el uso de drogas, o sustancias prohibidas, médicas y de laboratorio.
XXV. Someterse a los exámenes de polígrafo.
XXVI. Permitir que se realicen en su persona y bienes los estudios e investigaciones establecidos para el control de
confianza.
XXVII. Asistir a los cursos, programas y actividades que determinen sus superiores jerárquicos y presentar los
exámenes de mérito.
XXVIII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así
como obtener y mantener vigente la certificación respectiva.
XXIX. Asistir con puntualidad al trabajo.
XXX. Registrar en su caso, la hora de entrada y salida.
XXXI. Permanecer durante las horas de trabajo en el lugar donde preste sus servicios.
XXXII. Usar, en el desempeño del servicio, los distintivos y medios de identificación que les sean asignados y cuidar
su presentación.
XXXIII. Participar en las actividades deportivas y cívicas, cuando así lo disponga el titular de la dependencia en donde
presten sus servicios.
XXXIV. Llevar al día los registros para asentar la información de actuaciones oficiales.
XXXV. Observar buenas costumbres dentro y fuera del servicio.
XXXVI. Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial.
XXXVII. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría de
Fiscalización y Rendición del Cuentas del Estado.
XXXVIII. Guardar el debido respeto en el trato a los litigantes, inculpados, ofendidos, víctimas o a cualquier persona
que acuda a sus oficinas.
XXXIX. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados,
excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda.
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XL. Las demás obligaciones que éste y los demás ordenamientos le señalen.
SECCIÓN TERCERA
DE LAS PROHIBICIONES COMUNES A TODO EL PERSONAL
ARTÍCULO 525. PROHIBICIONES.- Se prohíbe a todo el personal de la Procuraduría, la comisión de los siguientes
actos, dentro y fuera del trabajo, salvo las excepciones previstas:
I. Abusar de su autoridad o puesto.
II. Faltar al respeto a sus compañeros y a cualesquiera otra persona.
III. Utilizar lenguaje soez, altisonante u obsceno.
IV. Frecuentar cantinas, centros nocturnos, prostíbulos, negocios de apuestas y sitios análogos, salvo que lo hicieren
en cumplimiento del deber.
V. Autorizar que un subordinado falte al trabajo sin causa justificada.
VI. Otorgar indebidamente, permisos, licencias o comisiones con o sin goce parcial o total de sueldo.
VII. Desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular, que la ley prohíba.
VIII. Ejercer funciones de un empleo, cargo o comisión cuando haya concluido el período para el cual se le designó, o
después de haber sido cesado, o suspendido.
IX. Llevar a cabo actos arbitrarios y limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus
derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población.
X. Infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias
especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al
conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente.
XI. Ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos
aplicables.
XII. Solicitar o aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente, o recibir dádivas,
agasajos, préstamos, o regalos por la prestación u omisión de sus servicios, y cualquier otro acto de corrupción.
En caso de tener conocimiento de alguna de estas situaciones, deberá denunciarla.
XIII. Obtener toda clase de percepciones provenientes, directa o indirectamente de alguna de las partes, de sus
representantes o intermediarios, en asuntos de la Procuraduría.
XIV. Obtener o tratar de obtener, por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que le
sean cubiertas con cargo al erario.
XV. Beneficiar o perjudicar a cualesquier persona por razones de género, preferencia sexual, de prejuicios religiosos,
morales o de cualquier otro tipo.
XVI. Autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por
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resolución firme de la autoridad competente, para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
XVII. Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción,
suspensión, destitución, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o
de negocios, en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se
refiere la fracción XII del artículo 524.
XVIII. Realizar o autorizar en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la celebración de pedidos o contratos
relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de
cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el
servicio público o con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y
específica de la autoridad competente a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables, del
titular de la dependencia o entidad que se trate. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno
con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
XIX. Permitir que personas ajenas a la institución realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga
encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio.
XX. Abandonar el trabajo sin autorización previa del superior inmediato.
XXI. Realizar trabajos ajenos al propio, con las excepciones previstas en esta ley.
XXII. Extraer, sin autorización, libros, expedientes o cualquier documento de las oficinas.
XXIII. Alterar o asentar en forma inexacta o irregular el contenido de libros, documentos, expedientes, registros
electrónicos y de cualquier otra naturaleza.
XXIV. Dañar o destruir libros, expedientes, documentos, equipos o sistemas electrónicos o informáticos.
XXV. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia traspapelar expedientes, extraviar
escritos, registros electrónicos y de cualquier otra naturaleza.
XXVI. Consumir bebidas embriagantes en las instalaciones de su institución o en actos del servicio.
XXVII. Consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o
controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante
prescripción médica, avalada por los servicios médicos de la institución, siempre y cuando no afecte el desempeño
del trabajo.
XXVIII. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, con aliento alcohólico, o bajo el efecto de alguna droga, o
estupefaciente.
XXIX. Practicar juegos prohibidos.
XXX. Cometer actos inmorales.
XXXI. Realizar actos u omisiones que sin motivo pongan en peligro su seguridad o la de sus compañeros.
XXXII. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su
custodia o de la institución.
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XXXIII. Realizar cualquier otro acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas
con el servicio público.
XXXIV. Las demás prohibiciones específicas que éste y los demás ordenamientos le señalen.
ARTÍCULO 526. ÓRGANOS DE VIGILANCIA.- Corresponde a los titulares de las dependencias de la Procuraduría
vigilar el cumplimiento de las obligaciones y la abstención de las prohibiciones y notificar oficialmente al director general
de responsabilidades toda infracción que se cometa.
ARTÍCULO 527. CAUSAS DE INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS POR RESPONSABILIDAD.- El incumplimiento
de las obligaciones o prohibiciones darán lugar a los procedimientos penales, administrativos y laborales, en los
términos de esta ley, de la ley de responsabilidades y demás ordenamientos aplicables.
CAPITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS POR RESPONSABILIDADES EN EL SERVICIO PÚBLICO
ARTÍCULO 528. PROCEDIMIENTOS POR RESPONSABILIDADES.- Los procedimientos para investigar y, en su
caso, sancionar a quienes violen las obligaciones y prohibiciones que conforme a esta ley, y la ley de responsabilidades
deben de observar los servidores públicos, serán los siguientes:
I. La declaración de procedencia por responsabilidad penal.
II. El procedimiento administrativo de responsabilidad en el servicio público.
III. El ejercicio de las acciones de carácter penal, civil, mercantil o laboral que correspondan.
CAPITULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD
EN EL SERVICIO PÚBLICO
ARTÍCULO 529. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA.- El procedimiento administrativo de responsabilidad en el servicio
público, tendrá lugar en contra de los servidores públicos que infrinjan cualesquiera de las obligaciones, o prohibiciones
contenidas en esta ley, la ley de responsabilidades y demás aplicables; sin perjuicio de que de manera independiente
o paralela se ejerzan en contra de los infractores las acciones penales, civiles, mercantiles, o laborales que
correspondan.
ARTÍCULO 530. AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA SUSTANCIACIÓN.- Son autoridades competentes para
la sustanciación de los procedimientos y la aplicación de las sanciones:
I. El titular de la Procuraduría.
II. El subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos.
III. El director general de responsabilidades.
ARTÍCULO 531. LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR.- Podrán presentar denuncias en contra de servidores públicos
de la Procuraduría las siguientes personas, bajo su más estricta responsabilidad:
I. El titular de la Procuraduría.
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II. Los subprocuradores.
III. El superior inmediato.
IV. Cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones.
IV. Cualquier ciudadano, con independencia de ser directamente la persona afectada.
ARTÍCULO 532. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- El
procedimiento de responsabilidad en contra de un servidor público tendrá lugar en los siguientes casos:
I. Por denuncia.
II. Por queja.
III. Por vista de una autoridad en ejercicio de sus funciones.
IV. Por una recomendación emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones.
V. Por el resultado de una investigación administrativa previa.
VI. Por el resultado de una visita de inspección o supervisión.
ARTÍCULO 533. SUJECIÓN A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DEL TITULAR DE LA PROCURADURÌA Y
LOS SUBPROCURADORES.- El titular de la Procuraduría y los subprocuradores no serán sujetos al procedimiento
de responsabilidad en el servicio público en los términos establecidos en esta ley, aun cuando actúen en su carácter
de agente del Ministerio Público, sino de acuerdo y ante las autoridades previstas en la ley de responsabilidades.
ARTÍCULO 534. INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA O QUEJA.- Las denuncias o quejas deberán de presentarse
por escrito, de manera fundada y motivada, y con las pruebas correspondientes que tenga el denunciante.
ARTÍCULO 535. AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA O QUEJA.- Las
denuncias o quejas también pueden presentarse ante las siguientes autoridades:
I. El titular de la Procuraduría.
II. Los subprocuradores.
III. Los delegados regionales.
IV. El superior jerárquico.
ARTÍCULO 536. REMISIÓN DE LA DENUNCIA O QUEJA.- En su caso, los funcionarios que reciban las quejas o
denuncias las turnarán a la Dirección General de Responsabilidades.
ARTÍCULO 537. DENUNCIAS O QUEJAS ANÓNIMAS.- Las denuncias o quejas anónimas se investigarán sin
suspender, ni dar de baja a los servidores señalados y se procederá de conformidad con los resultados obtenidos.
ARTÍCULO 538. DERECHO A FORMULAR DENUNCIA O QUEJA.- Todos los servidores públicos tienen la obligación
de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias y de evitar que con motivo de éstas se
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causen molestias indebidas a los denunciantes o quejosos.
ARTÍCULO 539. RESPONSABILIDAD POR OBSTACULIZAR LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIA O QUEJA.-
Incurrirán en responsabilidades los servidores públicos que por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio,
inhiban la presentación de quejas o denuncias o una vez presentadas entorpezcan el procedimiento.
ARTÍCULO 540. SANCIONES POR FALTA ADMINISTRATIVA.- Las sanciones por falta administrativa consistirán
en:
I. El apercibimiento privado o público.
II. La amonestación privada o pública.
III. La sanción económica.
IV. La suspensión.
V. La destitución.
VI. La inhabilitación.
ARTÍCULO 541. APERCIBIMIENTO.- El apercibimiento consiste en la prevención verbal o escrita que se haga al
servidor público, en el sentido de que de incurrir en nueva falta, se le aplicarán una o más de las sanciones previstas
en el artículo anterior, según el caso.
ARTÍCULO 542. AMONESTACIÓN.- La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor
público por la falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y lo conmina a rectificar su
conducta.
La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la falta.
ARTÍCULO 543. MULTA.- La multa consiste en la sanción pecuniaria impuesta al infractor en favor del estado, la cual
no podrá ser inferior al sueldo de un día, ni exceder al de quince días, debiendo hacerse efectiva mediante descuento
en nómina, de cuotas iguales, no superiores a la quinta parte del sueldo mensual, o a través del procedimiento
económico-coactivo, con intervención de la autoridad competente.
ARTÍCULO 544. SUSPENSIÓN.- La suspensión es la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, la cual
podrá ser hasta por tres meses, privando al servidor público del derecho a percibir remuneración o cualesquiera otras
prestaciones económicas a que tenga derecho.
ARTÍCULO 545. DESTITUCIÓN.- La destitución consiste en la pérdida definitiva del cargo, empleo o comisión.
A quien se le haya impuesto la sanción de destitución del cargo no se le permitirá, bajo ninguna circunstancia, su
reingreso a la Procuraduría, sin perjuicio del inicio del proceso a que haya lugar.
Así mismo, si fuere el caso, se le aplicará una multa al doble de la cantidad en la que se haya lucrado al incurrir en la
causal que motivó la destitución. En caso de no poder precisar con exactitud dicha cifra, la multa oscilara entre el
equivalente a las percepciones que tuvo entre trescientos y mil salarios mínimo general en el estado.
ARTÍCULO 546. ANOTACIÓN EN LA HOJA DE SERVICIO.- La sanción que se imponga se comunicará por escrito
al infractor y se tomará nota en su expediente personal, a cuyo efecto deberá enviarse copia autorizada de la resolución
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relativa a los subprocuradores y a la Dirección General Administrativa.
ARTÍCULO 547. CLASES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y CRITERIOS PARA DETERMINARLAS.- Las faltas
administrativas serán muy graves, graves y no graves.
Para calificar la falta e imponer la sanción correspondiente, la autoridad disciplinaria analizará los siguientes
indicadores:
I. Gravedad de la falta en que se incurra.
II. El grado de participación.
III. Los motivos determinantes y los medios de ejecución.
IV. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la Institución.
V. El grado de afectación a la procuración de justicia.
VI. La reincidencia del responsable.
VII. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio.
VIII. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público.
IX. En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de las obligaciones.
ARTÍCULO 548. SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.- Para la aplicación de las sanciones por faltas
administrativas, además de lo previsto en los artículos precedentes, se observarán las reglas siguientes:
I. Las faltas muy graves darán lugar a la destitución, independientemente de las sanciones que correspondan
conforme a otros ordenamientos aplicables. Son faltas muy graves las siguientes:
1. Violaciones graves a las garantías individuales y derechos humanos.
2. Ineptitud evidente constatada por el Centro de Evaluación y Control de Confianza; negligencia manifiesta o
mal comportamiento, dentro o fuera de la oficina, que lastime el buen nombre de la Institución.
3. Falta de probidad, rudeza física innecesaria en el trato con la gente, injurias o conducta inmoral grave
debidamente comprobadas.
4. Hacer constar falsamente en las actuaciones de la investigación o en las diligencias judiciales hechos no
acaecidos o dejar de mencionar los ocurridos, cuando en ambos casos se actúe de manera dolosa o con
negligencia inexcusable.
5. Solicitar o recibir dádivas, préstamos, regalos y obtener toda clase de percepciones provenientes, directa o
indirectamente, de alguna de las partes o de sus representantes o intermediarios, en negocios sometidos a
su conocimiento, o en los que haya de intervenir.
6. Obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que
le sean cubiertas con cargo al erario público.
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7. Ejercer funciones de un empleo, cargo o comisión propios de la Procuraduría cuando goce de licencia, haya
sido suspendido o hubiere concluido el período para el cual se le designó o se le haya separado por alguna
otra causa del ejercicio de sus funciones.
8. Embriagarse habitualmente; hacer uso indebido de estupefacientes o psicotrópicos; practicar juegos
prohibidos; incurrir en acoso sexual o realizar cualquier otro comportamiento inmoral con motivo del ejercicio
de sus funciones.
9. Las que en cada caso considere la autoridad disciplinaria, conforme a los indicadores a que se refiere el
artículo anterior de esta ley.
II. Las faltas graves darán lugar a la suspensión, independientemente de las sanciones que correspondan conforme
a otros ordenamientos aplicables. Son faltas graves las siguientes:
1. Dejar de observar el debido respeto y subordinación legítima hacia sus superiores jerárquicos inmediatos o
mediatos.
2. Realizar conductas contra la independencia e imparcialidad de la institución tales como aceptar, ejercer
consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación
respecto de alguna persona o autoridades distintas a las de la institución; en este caso, a condición que no
exista una relación jerárquica.
3. No fundar ni motivar sus actuaciones o peticiones habitualmente.
4. Efectuar trámites notoriamente innecesarios que tengan como consecuencia la dilación de la investigación
o del procedimiento.
5. Impedir, por cualquier medio ilegal, que las partes hagan uso de los recursos establecidos en la ley.
6. Hacer en sus actuaciones investigatorias o dentro del juicio, calificaciones ofensivas o calumniosas, en
perjuicio de las personas que intervienen en la causa.
7. Proporcionar información reservada al imputado o a su defensor o ponerlos al tanto de resoluciones que
afecten la libertad personal con motivo del delito que se le atribuye para facilitarle su sustracción a la justicia.
8. Expedir nombramiento en favor de quien haya sido destituido o se encuentre inhabilitado por resolución firme
de autoridad competente.
9. Desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley prohíba.
10. Desempeñar en forma negligente o deficiente los trabajos propios de sus funciones o los relacionados con
éstas, que le sean encomendados.
11. Influir, directa o indirectamente, en el nombramiento, promociones, suspensión, destitución, cese o sanción
de cualquier servidor público de procuración de justicia, ya sea por interés personal, familiar o de negocios,
o porque con ello pretenda derivar alguna ventaja o beneficio para sí o para un tercero.
12. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento.
13. Abstenerse de cumplir las comisiones que legalmente se le confieran o retardar injustificadamente su
ejecución.
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14. Dejar de asistir sin motivo justificado al despacho de su oficina o limitar indebidamente las horas de trabajo,
así como dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo.
15. Autorizar a un subordinado a no asistir a sus labores sin causa justificada, así como otorgarle indebidamente
permisos, licencias o comisiones con goce parcial o total de sueldo.
16. Asesorar a las partes en asuntos de su conocimiento o del conocimiento de otras autoridades de la
Procuraduría.
17. Actuar en los negocios en que estuvieren impedidos, conociendo el impedimento.
18. Actuar con dolo o negligencia en la custodia de los expedientes y documentos de su dependencia,
propiciando su deterioro, destrucción, ocultamiento, sustracción o pérdida.
19. Ausencias injustificadas a las labores, si ello significa un retardo o perjuicio en las tareas encomendadas.
20. Las que en cada caso considere la autoridad disciplinaria, conforme a los indicadores a que se refiere esta
ley.
III. Las faltas no graves ameritarán apercibimiento o amonestación a criterio de la autoridad disciplinaria, conforme a
los indicadores a que se refiere el artículo 566 de esta ley.
IV. La multa podrá aplicarse como sanción autónoma, con independencia de la calificación de la falta; y en forma
conjunta con otras sanciones.
V. La reincidencia en falta no grave, dará motivo a la suspensión. La reiteración por más de tres ocasiones en faltas
no graves o la reincidencia por falta grave, dará lugar a la destitución.
Cuando la destitución del empleo, cargo o comisión afecte a un servidor público de base, se demandará la terminación
de su contrato ante quien corresponda por el subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos, a solicitud
de la autoridad que aplicó la sanción.
CAPITULO QUINTO
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 549. INSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO.- El procedimiento de responsabilidad tendrá dos instancias:
la ordinaria y la de revisión.
La instancia ordinaria será sustanciada por la Dirección General de Responsabilidades y la instancia de revisión por el
Procurador.
ARTÍCULO 550. AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LA INSTANCIA ORDINARIA.- La
autoridad competente para sustanciar la instancia ordinaria será la Dirección General de Responsabilidades; quien
tendrá los siguientes deberes:
I. Recibir las denuncias y quejas.
II. Resolver sobre la admisibilidad en término de tres días.
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III. Recibir la contestación del servidor público señalado como responsable.
IV. Desahogar las audiencias.
V. Agotar las etapas de admisión, desahogo de pruebas y alegatos.
VI. Resolver y, en su caso, aplicar las sanciones que se decreten.
VII. Turnar, en su caso, los recursos de revisión al Procurador.
ARTÍCULO 551. AUTORIDAD COMPETENTE PARA SUSTANCIAR LA INSTANCIA DE REVISIÓN. El Procurador
es la autoridad competente para resolver de manera definitiva los recursos de revisión.
CAPITULO SEXTO
DE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
ARTÍCULO 552. DE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- El procedimiento ordinario se sujetará a las
siguientes reglas:
I. Se iniciará de oficio, por denuncia o queja, la cual podrá ser presentada por las personas señaladas en el artículo
531 o por los servidores públicos a que se refiere esta ley, ante el director general de responsabilidades.
II. Las denuncias o quejas que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos
probatorios suficientes para presumir la responsabilidad del servidor público denunciado.
El director general de responsabilidades dará curso a la denuncia si fuese conforme a derecho y en el mismo proveído,
ordenará que se envíe una copia y sus anexos al servidor público contra quien se formule, para que en un término de
cinco días hábiles rinda un informe por escrito sobre los hechos que se le atribuyan y ofrezca las pruebas
correspondientes.
Dispondrá así mismo que se le haga saber el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia de pruebas,
alegatos y resolución, la que deberá tener lugar a más tardar dentro del término de quince días hábiles.
El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, afirmándolos o negándolos,
expresando los que ignore por no ser propios o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados
los hechos de la denuncia sobre los cuales el servidor público señalado como responsable no suscitare explícitamente
controversia, salvo prueba en contrario.
III. Sólo le serán admitidas las pruebas documental, informe de las autoridades, testimonial, pericial y de inspección
ocular; las cuatro últimas, deberá anunciarlas cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la
audiencia para que puedan ser oportunamente preparadas, a fin de que se puedan recibir en dicha audiencia.
La prueba documental puede acompañarse desde luego con los escritos iniciales o en el instante mismo en que
se inicie la audiencia.
Cuando se trate del informe de la autoridad, el director general de responsabilidades, lo solicitará desde luego, si
se trata de algún hecho, constancia o documento que obre en sus archivos o del que hayan tenido conocimiento
por razón de la función que desempeña y se relacione con los hechos objeto de prueba.
En el caso de la testimonial se indicarán los nombres y domicilios de las personas, terceras ajenas al
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procedimiento, a quienes deberá interrogarse, exhibiendo copia del interrogatorio al tenor de los cuales deban ser
examinados e indicando si el oferente presentará a los testigos o si está imposibilitado para ello, en cuyo caso, el
director general de responsabilidades, ordenará se les cite oportunamente. No se admitirán más de tres testigos
por cada hecho.
Por cuanto a la pericial se expresarán los puntos sobre los que deba versar y se acompañará el cuestionario que
contenga las preguntas sobre las que deba dictaminar el perito. El director general de responsabilidades deberá
designar a la brevedad uno o más peritos a los que puedan asociarse los que proponga el interesado. El perito o
peritos darán a conocer sus dictámenes en la audiencia y podrán ser interrogados sobre sus fundamentos y
conclusiones en la propia audiencia.
Respecto a la inspección ocular el oferente deberá indicar con toda precisión la materia y objeto de la inspección
y los hechos controvertidos que pretende acreditar. Si la inspección no puede practicarse en el lugar del
procedimiento, porque no pueda trasladarse lo que deba ser objeto de su práctica, el director general de
responsabilidades citará al interesado, para lo que fijará lugar y fecha a fin de que se lleve a cabo dentro de los
cinco días anteriores a la fecha de la audiencia.
En todo lo no previsto, será aplicado supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado, así como el código de procedimientos penales.
IV. El servidor público señalado como responsable deberá de presentarse personalmente en la audiencia; sin
perjuicio de que lo acompañe su abogado defensor.
V. Abierta la audiencia se podrán recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos que deberán ser verbales sin
perjuicio de que se deje constancia por escrito y acto continuo se dictará la resolución que corresponda sobre la
inexistencia de la responsabilidad o imponiendo al responsable la sanción que en derecho le corresponda. La
resolución se notificará al interesado.
VI. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver, se
desestimará la queja.
Si del procedimiento se advierten otros hechos que impliquen otras responsabilidades a cargo del servidor público
o de otras personas, se iniciará otro procedimiento.
VII. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, el director general de
responsabilidades, previa autorización del Procurador, podrá determinar la suspensión temporal del probable
responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones.
Cuando se trate de agentes del Ministerio Público, peritos o policías, podrán ser suspendidos además cuando así
convenga a la prestación del servicio. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual
se hará constar expresamente en la determinación de la misma.
En contra de la suspensión temporal a que se refiere esta fracción no procede recurso alguno.
Si el servidor público suspendido no resultare responsable será restituido en el goce de sus derechos.
ARTÍCULO 553. PRÁCTICA DE LAS NOTIFICACIONES.- Al servidor público señalado como responsable se le
notificarán el proveído inicial y, en su caso, las resoluciones definitivas que se pronuncien, cuando no se hayan dictado
en su presencia, por medio de oficio; que se le hará llegar por el funcionario que designe el director general de
responsabilidades o por servicio de mensajería, o por correo certificado, en ambos casos con acuse de recibo,
El funcionario notificador deberá recabar razón y firma del interesado en el duplicado que al efecto lleve consigo. El
150
acuse de recibo o la copia debidamente requisitada, deberá agregarse al expediente como constancia de la notificación
practicada.
El servidor público estará obligado a recibir los oficios que se le dirijan, ya sea en su respectiva oficina, en su domicilio
o en el lugar en que se encuentre. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio
respectivo. En caso de que el servidor público no se encontrara en su domicilio se le dejara citatorio señalándose día
y hora para llevar a cabo la notificación. Si no atiende el citatorio la notificación se entenderá con una persona mayor
de edad que se encuentre en el domicilio; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrá por hecha la notificación y
el interesado asumirá la responsabilidad de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. El notificador
comisionado hará constar en el duplicado el nombre del servidor público, del empleado o de la persona con quien se
entendió la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio.
A los demás intervinientes, si los hubiere, se les notificará por lista que se fijará en lugar visible y de fácil acceso en
las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades, así como en las de la delegación en cuya circunscripción
despache el servidor público denunciado.
No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, el director general de responsabilidades podrá ordenar que se
hagan personalmente determinadas notificaciones, cuando lo estime conveniente.
ARTÍCULO 554. REBELDÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO.- Si el servidor público no asiste a la audiencia personalmente
será declarado en rebeldía y perderá su derecho a ofrecer pruebas y a exponer sus alegatos.
ARTÍCULO 555. CONSTANCIA DE ACTUACIONES.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que
se practiquen, las que firmarán quienes intervengan en ellas, apercibidos de las sanciones en que incurren quienes
falten a la verdad.
ARTÍCULO 556. RESOLUCIÓN DEFINITIVA.- Concluidas las etapas de ofrecimiento, admisión de pruebas y alegatos
se dictará la resolución que corresponda en la misma audiencia o al menos sus puntos resolutivos, en cuyo caso el
fallo se engrosara dentro de los tres días siguientes.
ARTÍCULO 557. CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.- La Dirección General
de Responsabilidades expedirá las constancias que acrediten la no existencia de antecedentes por faltas
administrativas, cuando sean requeridas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público dentro
de la Procuraduría o para fincar nueva responsabilidad en ulterior proceso administrativo.
CAPITULO SEPTIMO
EL RECURSO DE REVISIÓN
ARTÍCULO 558. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN.- Las resoluciones que dicte el director general de
responsabilidades, podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión.
ARTÍCULO 559. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO.- La interposición del recurso de revisión se hará ante el director
general de responsabilidades, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación
de la resolución recurrida. En el escrito correspondiente se expresaran los agravios y, en su caso, se insistirá en la
admisión de pruebas que, ofrecidas en tiempo y forma, hubieren sido rechazadas por el director general de
responsabilidades. Los agravios precisarán la parte de la resolución recurrida que los causa, las normas violadas y los
conceptos de violación.
ARTÍCULO 560. SUBPROCURADOR INSTRUCTOR.- El director general de responsabilidades remitirá el recurso de
revisión junto con los autos originales al Procurador, quien en un plazo de tres días los turnará al subprocurador
151
jurídico, de profesionalización y de proyectos, para que instruya la alzada, hasta poner el expediente en estado de
resolución.
ARTÍCULO 561. ACLARACIÓN Y ADMISIÓN DEL RECURSO.- El subprocurador jurídico, de profesionalización y de
proyectos instructor examinará en un término de tres días la procedencia del recurso y el escrito de expresión de
agravios. Si aquel no fuere procedente lo desechará de plano; si éste fuere oscuro o irregular, prevendrá al interesado
para que subsane las irregularidades dentro de un plazo de cinco días. De no subsanarse las irregularidades, si éstas
fueren graves de tal modo que no hubiese materia para resolver por ausencia de agravios, rechazará el recurso de
plano; de lo contrario lo admitirá bajo reserva. Si no encontrase motivo de improcedencia ni oscuridad o irregularidad
en el escrito de expresión de agravios, o se hubiesen satisfecho las irregularidades señaladas, lo admitirá a trámite.
ARTÍCULO 562. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA INSTANCIA ORDINARIA.- La
interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicitare el promovente ante el
subprocurador instructor, conforme a estas reglas:
I. Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
II. Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos:
1. Que se admita el recurso.
2. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible reparación en contra
del recurrente.
3. Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que
impliquen perjuicios al interés social o al servicio público.
III. En ningún caso se reinstalará en sus puestos a los agentes del ministerio público, peritos y agentes de la policía
que hubieren sido destituidos.
IV. En ningún caso la interposición del recurso privará los efectos de la suspensión que se haya decretado.
ARTÍCULO 563. RECEPCIÓN DE PRUEBAS.- Si en el escrito de revisión se hubiese insistido en pruebas
oportunamente ofrecidas y no admitidas, el subprocurador instructor examinará previamente la legalidad de esta
afirmación y la pertinencia de las pruebas en tanto puedan influir en el resultado de la resolución. De estimar que las
pruebas fueron legalmente ofrecidas y que de admitirse pueden influir en el resultado del fallo, fijara día y hora para la
celebración de una audiencia dentro de los diez días hábiles siguientes, para recibirlas y el interesado produzca, en
su caso, su alegato verbal de buena prueba. Las pruebas deberán ser oportunamente preparadas, para que puedan
desahogarse.
ARTÍCULO 564. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA.- La audiencia se celebrará con o sin asistencia de los
interesados y sus representantes legales; en caso de que no concurran, las pruebas en cuya recepción hubiesen
insistido se declararán desiertas.
ARTÍCULO 565. PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER.- En todo tiempo el instructor podrá decretar pruebas para
mejor proveer con citación de los interesados, fijando fecha para su desahogo.
ARTÍCULO 566. RESOLUCIÓN DEL RECURSO.- Una vez concluida la audiencia, el instructor someterá a
consideración del titular de la Procuraduría un proyecto de resolución del recurso. El titular de la Procuraduría corregirá
los errores que advierta en la cita de los preceptos legales si los hubiere, y examinará en su conjunto los razonamientos
152
expresados, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. La resolución se dictara en un término de diez días
y surtirá sus efectos al día siguientes de su notificación.
CAPITULO OCTAVO
DE LA EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES
ARTÍCULO 567. AUTORIDAD COMPETENTE PARA EJECUTAR LAS RESOLUCIONES.- El titular de la
Procuraduría será la autoridad competente para ejecutar las resoluciones en las que se finquen sanciones
administrativas en contra de las cuales ya no exista ningún recurso, ni medio de defensa oponible.
ARTÍCULO 568. NATURALEZA Y EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES.- El titular de la Procuraduría conforme a
las resoluciones que se dicten procederá a suspender o rescindir las relaciones laborales, o a tramitar lo
correspondiente cuando la sanción sea económica; en los otros casos actuará según lo previsto en esta ley o en los
demás ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 569. TÉRMINO PARA EJECUTAR LAS RESOLUCIONES.- La ejecución de las sanciones administrativas
impuestas en resolución firme, se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución. La
suspensión o destitución que se impongan a los servidores públicos de confianza, surtirán efecto al notificarse la
resolución y se considerarán de orden público.
Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del erario del Estado, se harán
efectivas mediante el procedimiento económico-coactivo de ejecución tendrán la prelación prevista para dichos
créditos y se sujetarán, en todo, a las disposiciones fiscales aplicables a esta materia.
ARTÍCULO 570. MEDIDAS DE APREMIO.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere esta ley, las
autoridades de la Procuraduría podrán emplear las siguientes medidas de apremio:
I. Multa de veinte y hasta doscientos salarios mínimos generales, que se duplicaran en caso de reincidencia.
II. Auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento en que se solicite.
III. El arresto hasta por treinta y seis horas, después de haberse aplicado la medida a que se refiere la fracción I de
ese artículo.
IV. La formulación de denuncia penal por desacato a un mandamiento de autoridad.
CAPITULO NOVENO
DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES, MERCANTILES Y PENALES
ARTÍCULO 571. LEGITIMACIÓN EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL.- La Dirección General de Responsabilidades
será la encargada de ejercer las acciones civiles y mercantiles que procedan en contra de los servidores públicos que
causen daños y perjuicios a la Procuraduría.
ARTÍCULO 572. LEGITIMACIÓN EN MATERIA PENAL.- La Dirección General de Responsabilidades será la
encargada de presentar las denuncias o querellas de carácter penal a que haya lugar en contra de los servidores
públicos que cometan actos o hechos presumiblemente delictivos en el desempeño del servicio público o con motivo
del mismo, y de constituirse en parte civil para reclamar el pago de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado.
CAPÍTULO DÉCIMO
153
DEL REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
ARTÍCULO 573. AUTORIDAD COMPETENTE.- La Dirección General de Responsabilidades, independientemente del
órgano estatal de control, llevará el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos de la Procuraduría.
El director general de responsabilidades será el responsable de conservar bajo absoluta confidencialidad la información
obtenida, en los términos establecidos en las leyes aplicables.
ARTÍCULO 574. PERSONAS OBLIGADAS.- Tendrán obligación de presentar declaración anual de situación
patrimonial, bajo protesta de decir verdad, todos aquellos que tengan el carácter de servidores públicos de la
Procuraduría, excepción hecha del personal de base.
ARTÍCULO 575. PLAZOS PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.- La declaración
de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
I. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión.
II. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del cargo.
III. Durante el mes de mayo de cada año en el servicio.
ARTÍCULO 576. DOCUMENTOS ANEXOS A LA DECLARACIÓN.- La declaración se presentará, en su caso,
acompañada de una copia de la declaración anual presentada por personas físicas para los efectos de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración a que se refiere la fracción
I, del artículo anterior.
ARTÍCULO 577. PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DECLARACIÓN.- Si transcurrido el plazo de sesenta
días a que se refiere esta ley, no se hubiese presentado la declaración correspondiente sin causa justificada, la
Procuraduría otorgará un nuevo plazo que no excederá de treinta días naturales; concluido el plazo si no se ha
presentado la declaración dará de baja al servidor incumplido. Cuando se omita la declaración anual, se aplicarán los
medios de apremio a que se refiere esta ley.
ARTÍCULO 578. NORMATIVIDAD DE LA DECLARACIÓN.- La Dirección General de Responsabilidades expedirá las
normas y los formatos bajo los cuales el servidor público deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así
como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar.
ARTÍCULO 579. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN INICIAL Y FINAL.- En la declaración inicial y final de situación
patrimonial se manifestarán los bienes inmuebles, con fecha y valor de adquisición.
En las declaraciones anuales se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de la adquisición.
Tratándose de bienes muebles, la Dirección General de Responsabilidades expedirá los formatos en los que se
señalen las características que deba tener la declaración.
ARTÍCULO 580. PRÁCTICA DE VISITAS Y AUDITORIAS.- Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles
y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Dirección General de
Responsabilidades podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditorias.
Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, la Procuraduría hará ante ésta la solicitud correspondiente.
Previamente a la inspección o al inicio de la auditoria, se dará cuenta al servidor público de los hechos que motivan
las actuaciones y se le presentarán las actas en que aquellos consten, para que exponga lo que a su derecho
154
convenga. La información se hará en los términos previstos para las notificaciones. De toda orden de visita de
inspección o auditoría y de los resultados se dará vista al subprocurador jurídico, de profesionalización y de proyectos.
ARTÍCULO 581. INCONFORMIDAD POR LA VISITA O AUDITORIA.- El servidor público a quien se practique una
visita de inspección o auditoria podrá inconformarse ante el director general de responsabilidades, contra los hechos
contenidos en las actas, mediante escrito que deberá presentar dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de
aquellas, en el que se expresarán los motivos de inconformidad y ofrecerán las pruebas que considere necesario
acompañar o rendir dentro de los treinta días siguientes a la presentación del recurso.
ARTÍCULO 582. ACTAS DE VISITA.- Todas las actas que se levanten con motivo de la visita deberán ir firmadas por
el servidor público y los testigos que para tal efecto designe el visitado, y ante su negativa o ausencia por los que
señale la autoridad que practique la diligencia. Si el servidor público o los testigos se negaren a firmar, el visitador lo
hará constar, sin que estas circunstancias afecten el valor probatorio que, en su caso, posea el documento.
ARTÍCULO 583. SANCIÓN POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.- Los servidores públicos que incurran en
enriquecimiento ilícito serán sancionados en los términos que disponga la legislación penal.
ARTÍCULO 584. PATRIMONIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- Para los efectos de esta ley y del código penal,
se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan
como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que
se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.
ARTÍCULO 585. COHECHO.- Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión y un año después, los servidores
públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio,
empleo, cargo o comisión para sí o para las personas a que se refiere la fracción XVI del artículo 52 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado, a personas, cuyas actividades
profesionales, comerciales o industriales hubieran estado directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el
servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, siempre y cuando existiere conflicto de intereses.
En ningún caso se podrán recibir de dichas personas títulos valor, bienes inmuebles o cesiones de derecho sobre
juicios o controversias en las que se dirima la titularidad de los derechos de posesión o de propiedad sobre bienes de
cualquier clase.
Se castigará como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen lo dispuesto en este artículo y serán
sancionados en términos de la legislación penal.
ARTÍCULO 586. DEBER DE INFORMAR DE LA RECEPCIÓN DE OBSEQUIOS O BENEFICIOS.- En los casos en
que las personas señaladas en el artículo anterior, hagan llegar a los servidores públicos, sin haberlo ellos solicitado
y sin su consentimiento, obsequios, donativos o beneficios en general, deberán de informar de ello al director general
de responsabilidades y poner los bienes a su disposición, para que se traten conforme a lo previsto para los bienes
asegurados.
ARTÍCULO 587. DECLARATORIA DE PROCEDENCIA ILÍCITA DE INCREMENTO PATRIMONIAL.- La Dirección
General de Responsabilidades expedirá declaratoria de que el funcionario sujeto a la investigación respectiva, en los
términos de la presente ley, no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio con los bienes
adquiridos o con aquellos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del
mismo.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS
155
CAPÍTULO PRIMERO
DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
ARTÍCULO 588. SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA SUBPROCURADURÍA DE CONTROL DE
PROCESOS Y LEGALIDAD. El procedimiento de determinación de las vistas de no ejercicio de la acción penal, ante
la Subprocuraduría de Control de Procesos y Legalidad, se sujetará a las reglas siguientes:
Recibido el expediente en que se haya emitido la vista sujeta a revisión, el subprocurador de control de procesos y
legalidad, si estima que se satisfacen los requisitos de forma, dictará determinación inicial de radicación y dispondrá
que se turne a la Dirección General de Control de Legalidad para que formule proyecto de resolución. En caso contrario,
ordenará la devolución del expediente para que se subsanen las deficiencias que se adviertan.
Radicado el expediente, el director general de control de legalidad formulará o supervisará, según sea el caso, el
proyecto de determinación que someterá a la aprobación del subprocurador de control de procesos y legalidad sobre
si es procedente o no ejercitar la acción penal, o si debe reponerse el procedimiento por falta de elementos para
determinar, precisando en este caso, las diligencias que a su juicio hayan de practicarse.
Dictada la resolución, el director general de control de legalidad remitirá el expediente a la agencia del Ministerio
Público correspondiente, con copia certificada de la resolución, para su notificación al ofendido o víctima y remitirá otra
copia de dicha resolución al delegado regional para su conocimiento y vigilancia de su cumplimiento.
ARTÍCULO 589. SECRETARÍA DE ACUERDOS. Para la substanciación del procedimiento, la Subprocuraduría de
Control de Procesos y Legalidad se auxiliará de una Secretaría de Acuerdos que estará a cargo de un agente del
Ministerio Público, con las atribuciones siguientes:
I. Recibir los escritos, anotando al calce: la razón del día y hora de presentación del documento y el nombre de la
persona que la haga; el número de fojas que contengan y anexos que se acompañen, dando razón en la copia,
con su firma y sello de la oficina.
II. Dar cuenta diariamente, bajo su más estricta responsabilidad, con los escritos, oficios, promociones y demás
documentos que se reciban.
III. Autorizar las actas, diligencias, proveídos y determinaciones que se realicen en la Subprocuraduría de Control de
Procesos y Legalidad.
IV. Hacer constar en los expedientes el día en que inician y concluyen los términos, supervisando que se cumplan
los procedimientos en los plazos que establecen las normas jurídicas aplicables.
V. Foliar, sellar y firmar los expedientes y demás documentos que lo requieran.
VI. Levantar inventario y conservar en su poder los expedientes en trámite, debiendo entregarlos con las formalidades
legales cuando haya lugar a la remisión.
VII. Notificar a los interesados, en los casos en que la ley lo disponga.
VIII. Practicar las diligencias que se le encomienden.
IX. Remitir, cuando así proceda, los expedientes al archivo de la Procuraduría, previa anotación en el libro de control
correspondiente.
X. Tener a su cargo los registros pertenecientes a la oficina.
156
XI. Resguardar el sello de la oficina.
XII. Las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento u otras disposiciones aplicables o le encomienden
sus superiores.
ARTÍCULO 590. PERSONAL DE APOYO. La Dirección General de Control de Legalidad contará con el número de
proyectistas y agentes del Ministerio Público que requieran las necesidades del servicio, quienes bajo la más absoluta
confidencialidad elaborarán los proyectos de resolución que les sean turnados por el director general de su adscripción
o por el subprocurador de control de procesos y legalidad, sometiendo el proyecto para su revisión a dicho director
general y posterior acuerdo del subprocurador especializado respectivo.
ARTÍCULO 591. SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTE OTRAS INSTANCIAS. Cuando el procedimiento
deba ser desahogado por otras instancias, según lo dispuesto por el artículo 291 de la presente ley , se seguirá en lo
conducente el procedimiento señalado en los artículos anteriores, pero en tales casos el resolutor podrá realizar por si
mismo los actos señalados.
En caso de que el Procurador, en uso de las facultades de atracción que le competen, se haga cargo de la revisión de
algún asunto, se observará en lo conducente el procedimiento precisado en los artículos anteriores.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN
ARTÍCULO 592. SUBSTANCIACIÓN. El recurso de reclamación se substanciará con arreglo a lo dispuesto por el
capítulo II, título noveno, libro primero de la presente ley.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS
ARTÍCULO 593. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. El Ministerio Público y los demás funcionarios de la
Procuraduría, podrán acordar la expedición de copias certificadas de constancias, registros y documentos que obren
en su poder, cuando exista mandamiento de autoridad competente que motive y funde su requerimiento o cuando las
soliciten el denunciante o el querellante, la víctima, el ofendido, el indiciado y sus defensores o quienes tengan interés
jurídico para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones previstas por la ley. Sólo se expedirán copias
de las averiguaciones previas y constancias de los procesos en los casos en que esta ley expresamente lo determine.
ARTÍCULO 594. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS. Están autorizados para acordar la expedición de copias
certificadas de constancias, registros y documentos:
I. Quien sea titular de la Procuraduría, de cualquiera de los archivos de la misma.
II. Los subprocuradores, de los archivos que obren en sus oficinas y en las unidades de su área.
III. Los directores generales, regionales, de área y los delegados, de los archivos respectivos y de las unidades
subalternas de su adscripción.
IV. Los agentes del Ministerio Público, de las constancias, registros y documentos que formen parte de las
averiguaciones previas en que actúen y de los documentos que obren en sus respectivas oficinas.
V. Todos los funcionarios de la Procuraduría, cuando les sean requeridas por la autoridad judicial federal, en términos
de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la constitución general, en los juicios de amparo.
157
Los funcionarios de la Procuraduría deberán tener en cuenta la reserva de las actuaciones ministeriales al acordar lo
relativo a la expedición de copias certificadas.
CAPÍTULO CUARTO
DEL RESGUARDO Y CUSTODIA DE LOS BIENES ASEGURADOS
ARTÍCULO 595. SECCIONES. La Dirección de Recursos Materiales y Bienes Asegurados o la dependencia facultada
para el efecto, llevará las siguientes secciones de bienes asegurados:
I. De bienes muebles.
II. De bienes inmuebles.
III. De vehículos.
IV. De dinero, valores, joyas y obras de arte.
ARTÍCULO 596. REGISTRO. La dirección o dependencia competente llevará los registros correspondientes a cada
una de las secciones señaladas en el artículo anterior y en los que se asentará el historial del bien, desde su
aseguramiento hasta su destino final.
ARTÍCULO 597. RESGUARDO DE BIENES MUEBLES. Tratándose de bienes muebles tales como vehículos, valores,
joyas, obras de arte, entre otros, el agente del Ministerio Público que decrete el aseguramiento deberá ordenar y vigilar
que se pongan inmediatamente a disposición de la dirección o dependencia encargada de su custodia o resguardo,
levantando el inventario correspondiente.
ARTÍCULO 598. DINERO. Tratándose de sumas de dinero, se depositarán en el Fondo para el Mejoramiento de la
Procuración de Justicia.
De todo depósito de dinero que se realice a dicho fondo se llevará, en la sección correspondiente, el registro y control
respectivo.
ARTÍCULO 599. ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. Tratándose de armas de fuego y explosivos, se estará a lo
que prevenga la legislación federal respectiva.
ARTÍCULO 600. INMUEBLES Y OTROS OBJETOS. Los inmuebles y objetos propios de actividades agropecuarias,
así como los semovientes, serán administrados de conformidad a su destino.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA DISPOSICIÓN DE BIENES ASEGURADOS
ARTÍCULO 601. BIENES ASEGURADOS. Los bienes que constituyan instrumentos, objetos, productos o evidencia
material de delito, que hayan sido asegurados por el Ministerio Público permanecerán afectos a la indagatoria hasta
que se hayan puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente o hasta que se haya emitido determinación
de no ejercicio de acción penal que quede firme o hasta que se levante el aseguramiento por cualquier medio que
autorice la ley.
158
ARTÍCULO 602. ASEGURAMIENTO DE PRUEBA. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el Ministerio
Público podrá disponer de los bienes asegurados que se encuentren a su disposición en los términos que señalan los
artículos siguientes, siempre que no resulte indispensable ponerlos a disposición de la autoridad judicial para los
efectos de la consignación de la indagatoria correspondiente o que se haya asegurado la prueba conforme a lo
dispuesto en la presente ley.
ARTÍCULO 603. DESTRUCCIÓN DE BIENES NOCIVOS Y PELIGROSOS. Los instrumentos y objetos de uso ilícito,
así como las sustancias, materiales y demás elementos asegurados podrán ser destruidos tan pronto se asegure
debidamente la prueba en los términos que señala la presente ley, siempre que puedan resultar nocivos, tóxicos o
peligrosos.
ARTÍCULO 604. BIENES PERECEDEROS O DE DIFÍCIL CONSERVACIÓN. Los bienes cuya conservación sea difícil
o costosa podrán ser dados en depositaría; mas si ésta no se solicita y los mismos no son reclamados dentro de los
seis meses siguientes a su aseguramiento, por quien acredite derecho legítimo, se entenderán abandonados a favor
del Estado. Si los mismos fueren reclamados oportunamente sólo se devolverán a su titular cuando el mismo cubra
los costos y gastos erogados para su conservación. En cualquier caso el bien asegurado se entenderá afecto en
garantía del pago de los mencionados costos.
Si los bienes fueren perecederos o de conservación imposible se dará fe de su fenecimiento y se procederá a su total
destrucción cuando ello sea necesario.
ARTÍCULO 605. DINERO Y VALORES. El dinero y los valores bursátiles o similares serán depositados en el Fondo
para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia, sin que sus réditos o rendimientos puedan ser reclamados por
medio alguno.
ARTÍCULO 606. DECOMISO POR MINISTERIO DE LEY. Las armas, los instrumentos y objetos de uso prohibido o
ilícito que se hubieren asegurado se entenderán decomisados por ministerio de ley. El Ministerio Público dispondrá de
ellos en los términos que señalen las disposiciones aplicables, siempre que no resulte indispensable ponerlos a
disposición de la autoridad judicial para los efectos de la consignación de la indagatoria correspondiente.
Los instrumentos de uso lícito se decomisarán sólo mediante sentencia, en los términos que disponga el código penal
y el código de procedimientos penales vigentes en el estado.
ARTÍCULO 607. ABANDONO DE BIENES. Los bienes asegurados y los que bajo cualquier título se encuentren a
disposición del Ministerio Público, se entenderán abandonados a favor del Estado si los mismos no son reclamados
por quien acredite legítimo derecho a ello en un lapso de seis meses contados a partir de que su aseguramiento haya
sido levantado o quedado sin efectos o de un año a partir de su aseguramiento. Lo mismo sucederá en el supuesto a
que se refiere el primer párrafo del artículo 623.
Los bienes a que se refiere este artículo serán destinados por la Procuraduría a las instituciones del estado que puedan
servirse de ellos o se venderán aplicando su producto al Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia.
TÍTULO OCTAVO
DEL FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA CONSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL FONDO
ARTÍCULO 608. INTEGRACIÓN. El Patrimonio del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia, se
integrará con:
159
I. El importe de las multas y las pólizas de fianzas otorgadas a favor de la Procuraduría o del Ministerio Público, que
se hagan efectivas.
II. El importe de la reparación del daño cubierto en los supuestos a que se refiere el artículo 285 de la presente ley.
III. El importe de la venta que se haga de objetos decomisados o abandonados, de sus frutos y rendimientos, que se
encuentren a disposición del Ministerio Público y que no hayan sido reclamados en los términos de la legislación
aplicable.
IV. Los intereses que devenguen las cantidades depositadas en instituciones bancarias o por la inversión en títulos
valor.
V. Los demás recursos o partidas que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO 609. ADMINISTRACIÓN. El Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia será administrado
por el director general administrativo, a través del director de recursos financieros, quien se encargará de ejecutar las
directrices señaladas por quien sea titular de la Procuraduría para su administración, invirtiendo en la adquisición de
títulos valores de renta fija que deberán ser nominativos a favor de la Procuraduría.
ARTÍCULO 610. VIGILANCIA. La Dirección General de Responsabilidades, por conducto del subdirector de auditoría,
se encargará de verificar el correcto manejo del fondo, para lo cual el director general administrativo rendirá a quien
sea titular de la Procuraduría informes semestrales acerca de la situación financiera que guarde el fondo y que
comprenderán, del primero de enero al treinta de junio y del primero de julio al treinta y uno de diciembre,
respectivamente, de cada año.
Quien sea titular de la Procuraduría podrá ordenar al visitador general, cuando así lo estime conveniente, la práctica
de auditorías y la solicitud de rendición de informes sobre la situación del fondo, al director general administrativo o al
subalterno encargado del mismo.
ARTÍCULO 611. DESTINO Y DISPOSICIÓN. El patrimonio del fondo se destinará:
I. A sufragar los gastos que origine su administración.
II. A la adquisición de los recursos materiales requeridos para la procuración de justicia.
III. A la construcción de edificios y su equipamiento, así como a la adquisición de equipo, recursos materiales, y los
gastos necesarios que se generen para la consecución de los objetivos de la procuración de justicia.
IV. A los cursos de actualización, capacitación, especialización y superación que organice el instituto.
V. A sufragar los gastos necesarios para la participación de los funcionarios y el personal administrativo, que se
estime conveniente en congresos, seminarios y demás eventos académicos que tengan los mismos fines que los
cursos que imparta el instituto.
VI. A los programas de estímulos y recompensas que se implementen.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
160
SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TERCERO. Desde la fecha que inicie su vigencia queda abrogada la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado
de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del día once de marzo de dos mil
cinco y sus reformas subsecuentes. Las menciones que de dicha Ley se hagan en otras disposiciones legales se
entenderán referidas a la Ley de Procuración de Justicia.
CUARTO. La presente ley sustituye la normatividad relativa a la Averiguación Previa y a las atribuciones del Ministerio
Público en la investigación de los delitos, por lo que a partir de su vigencia se derogan todas las disposiciones en lo
que se opongan a la misma.
QUINTO. Las Averiguaciones Previas que se inicien bajo su vigencia se sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley.
Las Averiguaciones Previas que se encuentren en trámite se sujetarán en lo sucesivo a ella. Los actos concretos y
actuaciones que se hayan iniciado antes de la vigencia de esta Ley y que se encuentren en trámite se agotarán o
concluirán con base en las disposiciones de la legislación conforme a la que iniciaron.
SEXTO. Las disposiciones relativas a la libertad bajo caución, libertad por penalidad alternativa para los efectos
procesales, la oblación, la falta penal, el perdón en delitos perseguibles de oficio, las causales de no ejercicio de acción
penal y los demás beneficios análogos contenidos en las disposiciones que se derogan o abrogan, se podrán aplicar
a las Averiguaciones Previas y, en su caso, a los Procesos, que se hayan iniciado antes de la vigencia de la presente
Ley; en cuanto resulten más benéficas al inculpado o éste las solicite.
SÉPTIMO. Durante los Procesos los actos y las actuaciones de Averiguación Previa se valorarán y examinarán de
acuerdo a las disposiciones legales conforme a las cuales se hayan constituido, de conformidad en lo dispuesto en los
artículos anteriores. Los Tribunales y demás autoridades reconocerán las atribuciones y la normatividad que rige al
Ministerio Público contenidas en la presente Ley a partir de inicio de su vigencia.
OCTAVO. Los nombramientos expedidos con anterioridad continuarán generando sus efectos hasta que se expidan
los nuevos; pero conferirán las atribuciones contenidas en la presente Ley a partir del inicio de su vigencia, por lo que
la adscripción o especialidad que los mismos contemplen se entenderá como comisión.
NOVENO. Se derogan las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado exclusivamente en lo que se
refieran a la selección y admisión de personal y al servicio de carrera del personal del Ministerio Público y sus auxiliares
directos; en cuanto se opongan a la presente Ley.
DÉCIMO. El personal que desee incorporarse al Servicio Civil de Carrera contará con el plazo de un año a partir de
que la presente Ley entre en vigor, para solicitar su incorporación.
DÉCIMO PRIMERO. Las Agencias y las Coordinaciones del Ministerio Público conservarán su denominación,
especialización o adscripción territorial, hasta en tanto no se modifiquen con sujeción a lo dispuesto por la presente
Ley.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a los trece días del mes
de mayo de dos mil ocho.
DIPUTADA PRESIDENTA.
LETICIA RIVERA SOTO.
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA. DIPUTADO SECRETARIO.
161
JULIETA LÓPEZ FUENTES. GENARO EDUARDO FUANTOS SÁNCHEZ.
(RÚBRICA) (RÚBRICA)
IMPRÍMASE COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila, 14 de Mayo de 2008.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO
PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. HOMERO RAMOS GLORIA
(RÚBRICA)
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
LIC. JESÚS TORRES CHARLES
(RÚBRICA)
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.
P.O. 38 / 12 de Mayo de 2009 / Decreto 051
PRIMERO. La presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Todas las disposiciones, menciones y referencias que se hagan en las leyes y reglamentos nacionales, estatales y municipales a la Procuraduría
General de Justicia del Estado y al Procurador General de Justicia del Estado; a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y al Secretario de Seguridad Pública
del Estado, se entenderán hechas a la Fiscalía General y al Fiscal General.
TERCERO. Todas las disposiciones, menciones y referencias que se hagan en las leyes y reglamentos nacionales, estatales y municipales a las subprocuradurías
y a los subprocuradores, se entenderán hechas a las fiscalías especializadas y a los fiscales especializados, conforme a las siguientes denominaciones:
Subprocurador Ministerial: Fiscal Ministerial, de Investigación y Operación Policial.
Subprocurador de Control de Procesos y Legalidad: Fiscal de Control de Procesos y Legalidad.
Subprocurador Jurídico de Profesionalización y de Proyectos: Fiscal Jurídico, de Profesionalización y de Proyectos.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 28 / 8 de Abril de 2012 / Decreto 11
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Todas las disposiciones, menciones y referencias que se hagan en las leyes y reglamentos a la Fiscalía General del Estado y al Fiscal General del
Estado, se entenderán hechas a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a su titular
TERCERO.- Todas las disposiciones, menciones y referencias que se hagan en las leyes y reglamentos a los fiscales especializados, en materia de procuración
de justicia, se entenderán hechas a los subprocuradores, conforme a las siguientes denominaciones:
Fiscal Ministerial, de Investigación y Operación Policial: Subprocurador Ministerial.
Fiscal de Control de Procesos y Legalidad: Subprocurador de Control de Procesos y Legalidad:
Fiscal Jurídico, de Profesionalización y de Proyectos: Subprocurador Jurídico de Profesionalización y de Proyectos:
CUARTO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de mayo de 2009
y los reglamentos emanados de ella, las disposiciones que sean contrarias a las normas establecidas en la presente ley, debiéndose observar las siguientes reglas:
QUINTO.- Todos los procedimientos y asuntos pendientes de la Fiscalía en materia de procuración de justicia, serán tramitados y resueltos por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en el tiempo de la comisión de los actos y los hechos.
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SEXTO.- Todas las disposiciones contenidas en esta ley que se relacionen con el nuevo sistema penal acusatorio, tendrán aplicación una vez que éste se
implemente.
SÉPTIMO.- La organización y funcionamiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza previsto en la fracción II del artículo 8 y 284 del Artículo Primero
del presente decreto, se regulará por las disposiciones que para tal efecto se emitan en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada
en vigor del presente.
OCTAVO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil
doce.
P.O. 51 / 26 de Junio de 2012 / Decreto 52
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los once días del mes de junio del año dos mil doce.
P.O. 84 / 19 DE OCTUBRE DE 2012 / DECRETO 80.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán conforme a las
disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos.
ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila determinará en acuerdo general el número, la ubicación y las circunscripciones de los
juzgados especializados en materia de narcomenudeo.
ARTÍCULO QUINTO.- A las personas a las que se les impute la comisión o hayan cometido un delito de los contemplados en el presente Decreto con anterioridad
a su entrada en vigor, incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil
doce.
P.O. 103 / 24 DE DICIEMBRE DE 2013 / DECRETO 386.
(FE DE ERRATAS, P.O. 10 DE ENERO DE 2014)
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor un mes después, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil
trece.
P.O. 32 / 22 DE ABRIL DE 2014 / DECRETO 466.
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil
catorce.
P.O. 64 / 09 DE AGOSTO DE 2016 / DECRETO 485
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil
dieciséis.
Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 31 de octubre de 2013, relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 64/2012, notificada al
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 04 de noviembre de 2013.
“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
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SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 401, 402, 403, 404 y 405 del Código Penal del Estado de Coahuila, publicados en el Periódico Oficial de la entidad el
diecinueve de octubre de dos mil doce; la que surtirá efectos con motivo de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso del Estado de Coahuila.
TERCERO. Se hace extensiva la invalidez a los artículos 400, 406, 407, 408 y 409 del Código Penal del Estado de Coahuila; 154 Bis 7 de la Ley Estatal de Salud en la
porción normativa que dice: “y el correlativo artículo 405 del Código Penal de Coahuila”; 273 bis, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales del Estado de
Coahuila en la porción normativa que dice: “ y sus correlativos 401, 403 y 404 del Código Penal de Coahuila”; 686 bis; párrafo primero, del mismo ordenamiento en la
porción normativa que dice: “sin perjuicio de lo previsto en el artículo 409 del Código Penal de Coahuila”; Tercero Transitorio del Decreto de reformas al Código de
Procedimientos Penales del Estado de Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de mayo de dos mil trece, en la porción normativa que indica: “y
sus correlativos comprendidos en el Título Cuarto, Apartado Cuarto del Libro Segundo del Código Penal del Estado Coahuila”; así como 37 bis de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Coahuila en la porción normativa que indica: “la Ley Estatal de Salud y el Código Penal del Estado”; la que surtirá efectos con motivo de la notificación
de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso del Estado de Coahuila.
CUARTO. El último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el penúltimo párrafo del artículo 322 de la Ley de Procuración de Justicia, ambos
ordenamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberán interpretarse en los términos señalados en la última parte del considerando quinto de este fallo.
QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila y en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta”.
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