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ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 23 DE FEBRERO DE 2021.
Ley publicada en el Periódico Oficial el miércoles 9 de marzo de 2016.
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA;
DECRETA
NÚMERO 384.-
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
LIBRO I
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TÍTULO PRIMERO
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Naturaleza y objeto de esta ley
La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio del Estado de
Coahuila de Zaragoza y tiene por objeto regular la coordinación entre éste y los municipios, y de ambos con
la federación, mediante la integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, así como establecer el marco jurídico aplicable al servicio profesional de carrera de las instituciones
de seguridad pública y procuración de justicia, conforme a la distribución de competencias establecidas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 2. Glosario
Para efectos de esta ley, se entenderá por:
I. Academias: las academias o los institutos municipales para la formación, la capacitación y la
profesionalización policial;
II. Centro Estatal: el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza;
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(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020) (REFORMADA, P.O. 25 DE JUNIO DE 2019)
III. Centro de Profesionalización: el Centro de Profesionalización, Certificación, Acreditación y Carrera,
de la Fiscalía General y la Universidad de Ciencias de la Seguridad, de la Secretaría de Seguridad;
IV. Centro Nacional: el Centro Nacional de Información;
V. Certificado: el expedido por el Centro de Profesionalización a los integrantes del servicio profesional
de carrera;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
VI. Secretaría de Seguridad: la Secretaría de Seguridad Pública;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
VII. Secretario de Seguridad: la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
VIII. Comisión: las Comisiones del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de las Corporaciones
Policiales de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General, la Procuraduría para Niños, Niñas y la
Familia y de los municipios;
IX. Conferencia Estatal: la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública Municipal;
X. Consejo Estatal: el Consejo Estatal de Seguridad Pública;
XI. Consejo Nacional: el Consejo Nacional de Seguridad Pública;
XII. Consejos Municipales: los consejos de seguridad pública de los municipios;
XIII. Constitución Federal: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XIV. Constitución Local: la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza;
XV. Corporaciones policiales: las corporaciones policiales del estado y los municipios;
XVI. Ejecutivo: La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado;
XVIII. Estado: el Estado de Coahuila de Zaragoza;
XVIII. Hoja de Servicios: el documento que resume la trayectoria de cada integrante de las instituciones
de seguridad pública, de conformidad con las disposiciones aplicables;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
XIX. Instituciones de seguridad pública: la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General, la Procuraduría
para Niños, Niñas y la Familia, el Secretariado Ejecutivo y dependencias encargadas de la seguridad
pública en los municipios; y sus unidades administrativas internas, delegaciones o coordinaciones;
XX. Integrantes: los integrantes de las instituciones de seguridad pública;
XXI. Ley Estatal: la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza;
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XXII. Ley General: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XXIII. Procedimiento: el instaurado a los integrantes de los servicios profesionales de carrera, por
incumplimiento a los requisitos de permanencia o infracción al régimen disciplinario;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
XXIV. Fiscal General: la persona titular de la Fiscalía General;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
XXV. Fiscalía General: la Fiscalía General del Estado;
XXVI. Programa rector: el instrumento aprobado respectivamente por la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia o por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que
establece el conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los integrantes de cada
una de las instituciones de seguridad pública;
XXVII. PRONNIF: la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia;
XXVIII. Registro de Armamento: el Registro Estatal de Armamento y Equipo;
XXIX. Registro de Detenidos: el Registro Estatal de Detenidos;
XXX. Registro de Información Penitenciaria: el Registro de Información Penitenciaria del Estado;
XXXI. Registro Estatal de Personal: el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública;
XXXII. Registro Nacional de Personal: el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública;
XXXIII. Secretariado Ejecutivo: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;
XXXIV. Secretario Ejecutivo: la persona titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública;
XXXV Secretario de Gobierno: La persona titular de la Secretaria de Gobierno;
XXXVI. Sistema Estatal: el Sistema Estatal de Seguridad Pública;
XXXVII. Sistema Estatal de Información: Conjunto de medios electrónicos y tecnologías de la información
vinculados entre sí, diseñado estructurado y operado para facilitar interconexiones de voz, datos y video
que comprende el registro, almacenamiento, suministro, actualización y consulta de información en
materia de seguridad pública; y
XXXVIII. Sistema Nacional: el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 3. Fines del Sistema Estatal
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Para los efectos de la Ley Estatal, la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios,
en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención
especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y
la persecución de los delitos y la reinserción del individuo.
El Sistema Estatal combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y
desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que
induzcan el respeto a la legalidad.
El Estado garantizará la seguridad pública a través del diseño transversal de políticas de prevención y su
implementación efectiva, que permita identificar y erradicar los factores de riesgo que originan la
delincuencia, así como establecer los mecanismos necesarios para la reinserción social.
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Artículo 4. Función de seguridad pública
La función de seguridad pública se realizará por conducto de la Secretaría de Seguridad; la Fiscalía General;
la PRONNIF; los ayuntamientos; las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas; de
los responsables de la prisión preventiva y la ejecución de penas; las autoridades competentes en materia
de justicia para adolescentes, así como las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban
contribuir directa o indirectamente al objeto de la ley.
Artículo 5. Bases de la seguridad pública
Conforme a las bases establecidas en la Ley General, el Sistema Estatal comprende:
I. La coordinación del Estado, los municipios y la Federación, mediante los instrumentos, instancias,
programas, mecanismos, políticas públicas, servicios y acciones tendentes a cumplir los objetivos y
fines de la seguridad pública, en los términos de esta ley;
II. El Servicio Profesional de Carrera;
III. La sistematización de los instrumentos de información sobre seguridad pública, que comprende bases
de datos criminalísticas, así como del personal de las instituciones de seguridad pública, a través de un
Sistema Estatal de Información que permita el acceso a la información en materia de seguridad pública;
IV. Lo relativo al ejercicio, el control, la vigilancia, la información, la evaluación y la fiscalización de los
fondos de aportaciones federales para la seguridad pública;
V. La coordinación y la colaboración con la Federación para la seguridad y el resguardo de las
instalaciones estratégicas y de aquellas instituciones destinadas a preservar la integridad, la estabilidad
y la permanencia del Estado mexicano; y
VI. Las demás necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines del Sistema Estatal y la eficaz
coordinación con el Sistema Nacional.
Artículo 6. Régimen supletorio
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Cuando las disposiciones de la Ley Estatal comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos
de competencia del Estado y los municipios y no exista disposición expresa en la misma, se aplicará lo que
prevea al respecto la Ley General; en su defecto, se atenderá a los lineamientos generales y específicos
dictados por los Consejos Nacional y Estatal de Seguridad Pública. Sólo en caso de no encontrarse
regulada la materia o acción en la Ley Estatal o en lineamientos generales, las resoluciones o los acuerdos
de que se trate se ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes integrantes del
Sistema Estatal, siempre que no se opongan a los fines de éste.
Los convenios generales y específicos que se celebren establecerán esquemas que garanticen su debido
cumplimiento y las sanciones a las que, de conformidad con la normatividad correspondiente, se harán
acreedores los servidores públicos en caso de incumplimiento.
Artículo 7. Principios
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional; y su actuación se
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos por la Constitución Federal, en los tratados internacionales de los cuales México sea parte y
en la Constitución Local; asimismo, fomentarán la participación ciudadana y la rendición de cuentas en
términos de ley.
CAPÍTULO II
COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
Artículo 8. Mecanismos
Las autoridades competentes del Estado y de los municipios establecerán mecanismos eficaces de
coordinación para el debido cumplimiento de sus atribuciones en los términos de la Ley General y de la Ley
Estatal, para la realización de los objetivos y fines de la seguridad pública.
Artículo 9. Convenios
La coordinación entre las instituciones de seguridad pública y de los municipios se hará con respeto absoluto
de sus atribuciones constitucionales.
(REFORMADO, P.O. 23 DE FEBRERO DE 2021)
Los ayuntamientos, podrán celebrar convenios con el Estado para que presten coordinadamente los servicios
de seguridad pública, estableciendo la autoridad que asumirá el mando, o bien, convenir que el Estado los
asuma totalmente, bajo el esquema operativo de mando único en forma temporal cuando a juicio de los
ayuntamientos sea necesario, fijando los mecanismos, medios, recursos y atribuciones, homologando
logísticamente sus cuerpos de seguridad a los de la Policía del Estado, así como los demás elementos y
condiciones que se requieran de conformidad con la legislación aplicable.
Asimismo, los municipios, el Estado y la Federación podrán celebrar convenios o acuerdos específicos para
la realización conjunta de operaciones policiales de combate a la delincuencia, estableciendo la autoridad
que ejercerá el mando.
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En los casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público, la policía preventiva municipal acatará
las órdenes que le transmita el Gobernador del Estado.
Artículo 10. Sistema Estatal de Información
El Estado y los municipios integrarán los instrumentos de información del Sistema Estatal, para lo cual se
establecerán las bases de datos sobre la seguridad pública, que serán desarrolladas, ejecutadas y
actualizadas directamente por los titulares de los órganos encargados de estas funciones.
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Estará a cargo de la recopilación de información del Sistema Estatal, la unidad administrativa adscrita a la
Secretaría de Seguridad, la cual instrumentará los mecanismos necesarios para su resguardo, protección,
administración e intercambio, entre las unidades del Sistema Estatal, de conformidad con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza
y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 11. Finalidades de la coordinación
Sin perjuicio de la coordinación establecida en la Ley General, las autoridades competentes del Estado y los
municipios se coordinarán para:
I. Integrar el Sistema Estatal y cumplir con sus objetivos y fines, en concordancia con la Ley General;
II. Establecer el salario homologado que incluya los rangos de percepción, la descripción de los puestos,
la valuación de la actividad desempeñada y la competitividad salarial existente en la población asignada
para la realización de labores similares a la de que se trate;
III. Ejecutar las políticas del desarrollo del servicio profesional de carrera, así como dar seguimiento y
evaluar sus acciones a través de las instancias previstas en esta ley;
IV. Desarrollar y aplicar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para mejorar la organización y el
funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y para la formación de los integrantes de éstas;
V. Formular propuestas para elaborar el Programa Estatal de Seguridad Pública, así como para llevarlo a
cabo y evaluar su cumplimiento;
VI. Suministrar, intercambiar y sistematizar la información que genere el Sistema Estatal;
VII. Determinar las políticas de seguridad pública y comunitaria, así como ejecutar, dar seguimiento y
evaluar sus acciones a través de mecanismos eficaces;
VIII. Establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos de información del Sistema
Estatal;
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IX. Coadyuvar con la Federación en la protección y la vigilancia de las instalaciones estratégicas;
X. Prestar el auxilio necesario para hacer efectivas las resoluciones de las autoridades judiciales;
XI. Establecer criterios para la organización, la administración, la operación y la modernización tecnológica
de las instituciones de seguridad pública;
XII. Suministrar, intercambiar y sistematizar todo tipo de información sobre seguridad pública;
XIII. Realizar operaciones policiales conjuntas, en los términos de la presente ley;
XIV. El control y la vigilancia de los servicios de seguridad privada y de otros auxiliares, en los términos de
la legislación de la materia; y
XV. Las relacionadas con las anteriores y demás que sean necesarias para fortalecer la efectividad de las
medidas y acciones tendientes a alcanzar los fines de la seguridad pública.
CAPÍTULO III
DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 12. Propósitos
El Estado y los municipios concretizarán la práctica de los propósitos, fines y materias de la coordinación en
el Programa Estatal de Seguridad Pública.
Artículo 13. Contenido.
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
El Programa Estatal de Seguridad Pública es el conjunto de acciones inmediatas, de mediano y largo plazo
que en forma coordinada aprueban, operan y supervisan el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad,
la Fiscalía General, la PRONNIF y los municipios.
Artículo 14. Integración a los planes estatal y municipal de desarrollo
El Programa Estatal de Seguridad Pública se integra en el Estado al Plan Estatal de Desarrollo y en los
municipios a los Planes Municipales de Desarrollo.
Artículo 15. Autoridad y término para la elaboración y aprobación de los programas
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
El proyecto del Programa Estatal de Seguridad Pública lo elaborará la Secretaría de Seguridad, integrando
en lo conducente el proyecto que presente la Fiscalía General y la PRONNIF, y deberá presentarlo
oportunamente al Gobernador para su aprobación, quien lo someterá a consideración del Consejo de Estado
y lo dará a conocer al Consejo Estatal dentro de los primeros tres meses del año de ejercicio.
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Los proyectos de los programas municipales los elaborarán los consejos municipales y deberán presentarlo
oportunamente a sus ayuntamientos, para que lo aprueben y propongan al Consejo Estatal para su
evaluación dentro de los primeros tres meses del año de ejercicio.
El incumplimiento en la elaboración, presentación y ejecución de los programas dará lugar a la imposición
de las sanciones conforme a las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO IV
PRESUPUESTO DEL SISTEMA ESTATAL
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 16. Patrimonio del Estado en materia de seguridad pública
Para el cumplimiento de las materias de seguridad pública, el Estado contará con los siguientes recursos:
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
I. Los que se asignen en el presupuesto estatal a la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General y la
PRONNIF para la aplicación a la seguridad pública;
II. Los fondos que asignen la Federación y el Sistema Nacional al Estado; y
III. Los derechos y fondos que perciba con motivo de convenios o productos relativos a la prestación de
servicios de seguridad pública.
Artículo 17. Patrimonio de los municipios
Para el cumplimiento de las materias de seguridad pública, los municipios contarán con los siguientes
recursos:
I. Los que se asignen en los presupuestos municipales;
II. Los fondos que asignen la Federación y el Sistema Nacional a los municipios; y
III. Los derechos y fondos que perciba con motivo de convenios o productos relativos a la prestación de
servicios de seguridad pública.
Artículo 18. Otros recursos
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
El gobernador, por sí o por conducto del Secretario de Seguridad, y los municipios implementarán las
medidas que contribuyan a la recaudación y obtención de fondos y recursos para el financiamiento de la
seguridad pública, conforme a las siguientes disposiciones:
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I. Las formas y actividades de recaudación, obtención o de financiamiento que se implementen serán
independientes de las aportaciones que el Presupuesto de Egresos del Estado, la Federación y el
Sistema Nacional destinen a la seguridad pública, y
II. Para la obtención de recursos para la seguridad pública los gobiernos del Estado y de los municipios
fomentarán la participación de los diversos grupos sociales, debiendo asegurarse que sean de
procedencia lícita.
Artículo 19. Administración de recursos e ingresos
El Estado y los municipios percibirán los recursos e ingresos referidos en los artículos anteriores, y según
corresponda, los administrarán y responderán por ellos de manera independiente.
Artículo 20. Fiscalización de fondos municipales
La Auditoria Superior del Estado, fiscalizará el uso de los recursos estatales y federales que, en virtud de
esta ley, se destinen a los municipios. Para tal efecto, contará con la colaboración del Secretariado Ejecutivo.
SECCIÓN II
FONDOS DE AYUDA FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 21. Manejo de los recursos
El ejercicio, el control, la vigilancia, la información, la evaluación y la fiscalización de los recursos derivados
de los fondos de aportaciones federales y demás fondos de ayuda federal para la seguridad pública, se
sujetarán a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley General, a la Ley Estatal, a los convenios celebrados
entre los Gobierno Federal y Estatal, así como a las demás disposiciones federales y estatales aplicables.
Asimismo, para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, el Ejecutivo destinará recursos para el
fortalecimiento de las acciones de seguridad pública del Estado y los municipios, conforme a la disponibilidad
presupuestal, mediante la celebración de convenios en los que se establecerá su monto y el destino de los
mismos, así como la periodicidad con que se ministrarán. El ejercicio, el control, la vigilancia, la información,
la evaluación y la fiscalización de dichos recursos quedarán a cargo de las instancias competentes, de
conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 22. Informes sobre el ejercicio de los recursos
Las instituciones de seguridad pública deberán proporcionar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
los informes que éste les solicite respecto al ejercicio de los recursos a que se refiere el primer párrafo
del artículo anterior y al avance en el cumplimiento de los programas o proyectos en que fueron aplicados,
así como a la ejecución del Programa Estatal de Seguridad Pública, derivado del Programa Nacional de
Seguridad Pública y demás acciones relacionadas con el control, la vigilancia, la transparencia y la
supervisión del manejo de dichos recursos.
Artículo 23. Responsabilidades por el manejo indebido de los fondos federales
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Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos estatales o
municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos derivados de los fondos de aportaciones
federales y demás fondos de ayuda federal para la seguridad pública de las entidades y de los municipios
que establece la Ley de Coordinación Fiscal, serán determinadas y sancionadas por las autoridades
federales o locales, según corresponda, de conformidad con lo previsto en dicha ley.
TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN Y OBJETIVOS
Artículo 24. Componentes del Sistema Estatal
El Sistema Estatal es el conjunto de instrumentos jurídicos, principios, reglas, políticas, acciones, acuerdos
y convenios que ordenan las atribuciones, los procedimientos y la actuación del Estado y los municipios, así
como la coordinación entre ellos y la Federación, tendientes a lograr los objetivos y fines de la seguridad
pública, en los términos de los artículos 21 y 115 de la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley
General, la Ley Estatal y los demás ordenamientos aplicables.
Artículo 25. Integrantes del Sistema Estatal
El Sistema Estatal se integra por los siguientes órganos e instancias:
I. El Consejo Estatal de Seguridad Pública;
II. La Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública Municipal;
III. Los Consejos de Seguridad Pública de los municipios; y
IV. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Artículo 26. Colaboración de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado
Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado contribuirán como integrantes del Consejo Estatal, en la
formulación de normatividad, estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar
los fines de la seguridad pública, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 27. Deber de reserva de los integrantes del Sistema Estatal
Los miembros del Sistema Estatal deberán guardar reserva de la información relativa a éste; sólo podrán
difundir aspectos que sean de su respectiva competencia, bajo su más estricta responsabilidad y a condición
de que no se ponga en riesgo la efectividad de los programas y medidas que en su caso se hubieren
acordado.
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CAPÍTULO II
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 28. Integración
El Consejo Estatal es la instancia responsable de la coordinación, la planeación y la implementación del
Sistema Nacional en el ámbito local, así como de dar seguimiento a los acuerdos, políticas y lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional.
Asimismo, será la máxima instancia de deliberación, consulta y definición de políticas públicas del Sistema
Estatal y estará integrado por las personas titulares o representantes de:
I. Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá;
II. Tribunal Superior de Justicia del Estado;
III. Congreso del Estado;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
IV. Secretaría de Seguridad;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
V. Fiscalía General;
VI. PRONNIF;
VII. Secretaría de Gobierno;
VIII. Secretaría de Finanzas;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
IX. Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social;
X. Secretaría de Salud;
XI. Administración Fiscal General;
XII. Secretariado Ejecutivo, quien será el secretario técnico;
XIII. Ayuntamientos;
(REFORMADA, P.O. 25 DE JUNIO DE 2019)
XIV. Delegación de la Fiscalía General de la República;
XV. Fuerzas Militares en el Estado;
XVI. Fuerzas Federales en el Estado;
XVII. El Presidente Ejecutivo del Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Publica;
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XVIII. Siete representantes de la sociedad civil;
Sólo en caso debidamente justificado, el Ejecutivo podrá hacerse representar por la persona titular de la
Secretaría de Gobierno, quien presidirá la sesión del Consejo Estatal informando de inmediato el resultado
al Ejecutivo. En ningún otro caso se admitirá suplencia.
El Consejo Estatal podrá invitar, por la naturaleza de sus asuntos a tratar, a las personas, instituciones y
representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento
de los objetivos de la seguridad pública y procuración de justicia. Dicha participación será con carácter
honorífico. Así mismo, la persona que presida la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila
de Zaragoza, será invitada permanentemente del Consejo Estatal. Estos últimos tendrán derecho a voz pero
no a voto.
Los miembros del Consejo Estatal podrán proponer acuerdos y resoluciones, así como vigilar su
cumplimiento.
Artículo 29. Selección de los representantes de la sociedad civil
Una junta nombrada por el Consejo Estatal, integrada por siete personas de reconocido prestigio a cargo de
instituciones de educación superior o centros de investigación de excelencia reconocida en el Estado, en el
área de las ciencias sociales, incluyendo la ciencia política, economía y otras ramas afines del conocimiento,
emitirá convocatoria para elegir a los representantes de la sociedad civil, recibirá las solicitudes de los
aspirantes, revisará y seleccionará a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos procurando la
representación de las diversas regiones del Estado.
La junta organizará el proceso de selección y presentará al Congreso del Estado una terna para cada puesto
vacante. El Congreso del Estado nombrará a los representantes de la sociedad civil por mayoría calificada.
Artículo 30. Requisitos para ser consejero representante de la sociedad civil
Para ser consejero representante de la sociedad civil, se requiere:
I. Ser mexicano y residente en el Estado durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de su
elección;
II. No haber desempeñado durante los últimos seis años un cargo de elección popular por voto directo o
plurinominal, ni interino o sustituto por designación de otro Poder o que haya requerido de ratificación
por uno o varios Poderes de la Unión o de una entidad federativa;
III. No haber desempeñado un cargo como impartidor de justicia durante los últimos seis años previos a su
elección como consejero ciudadano;
IV. No haber desempeñado durante los últimos seis años un cargo en entidad pública, a excepción de
instituciones educativas y de investigación, cuyo presupuesto de ingresos y/o egresos este sujeto a
aprobación de poderes federales, estatales o municipales;
V. No haber pertenecido a las fuerzas armadas en activo, durante los últimos seis años;
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VI. Contar con 5 años de experiencia, públicamente reconocida y comprobable en materias relacionadas
con prevención del delito, seguridad pública, seguridad nacional, policía, procuración de justicia,
impartición de justicia, reinserción social o transparencia y rendición de cuentas;
VII. No haber ocupado durante los últimos cinco años cargos de dirección en partidos políticos o
asociaciones políticas nacionales; y
VIII. No haber sido condenado por delito doloso.
Artículo 31. Duración del cargo y remoción de los representantes de la sociedad civil
Los representantes de la sociedad civil, durarán en el cargo dos años y podrán reelegirse por una sola
ocasión para el periodo inmediato posterior. El cargo de representante de la sociedad civil es honorífico.
Los consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil sólo podrán ser removidos de sus funciones
cuando:
I. Transgredan las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, Constitución Local y esta ley;
II. Afecten por sus actos u omisiones las atribuciones del Consejo; y
III. Hayan sido sentenciados de manera definitiva por un delito grave que merezca pena corporal.
Artículo 32. Atribuciones del Consejo Estatal
El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:
I. Expedir las bases para su organización y su funcionamiento;
II. Promover la efectiva coordinación del Estado y los municipios para el cumplimiento de los objetivos y
fines de la seguridad pública, conforme a la Ley General y esta ley;
III. Acordar, aprobar e impulsar el establecimiento de instrumentos, programas y políticas públicas
integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la
seguridad pública en el Estado y los municipios;
IV. Vigilar la implementación en el Estado y los municipios de los acuerdos y resoluciones generales
dictados por el Consejo Nacional;
V. Impulsar el Servicio Profesional de Carrera de los integrantes de las instituciones de seguridad pública,
así como promover su homologación y evaluar sus avances;
VI. Establecer anualmente la homologación del salario para los integrantes de las instituciones de
seguridad pública, que incluya los rangos de percepción, la descripción de los puestos, la evaluación
de la actividad desempeñada y la competitividad salarial existente en la población asignada para la
realización de labores similares a la de que se trate;
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VII. Vigilar la observancia de los criterios para la distribución de recursos de los fondos federales para la
seguridad pública, establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables;
VIII. Supervisar el cumplimiento cabal y oportuno de los programas rectores de profesionalización de los
integrantes de las instituciones de seguridad pública, fundamentalmente en los aspectos de ingreso,
formación, capacitación, adiestramiento y actualización;
IX. Impulsar la instalación y funcionamiento en los municipios de las Comisiones y las Academias;
X. Vigilar la correcta tramitación de los procesos relativos a las carreras ministerial, pericial y policial, así
como a la profesionalización y régimen disciplinario;
XI. Proponer programas de colaboración internacional sobre seguridad pública y de investigación y
persecución del delito, en coordinación con las entidades y dependencias competentes;
XII. Proponer políticas, lineamientos y acciones para el eficaz funcionamiento de las instituciones de
seguridad pública;
XIII. Designar a los dos presidentes municipales que participarán en la Conferencia Nacional de Seguridad
Pública Municipal;
XIV. Vigilar y supervisar la administración y el funcionamiento correctos de los centros de reinserción social
del Estado;
XV. Vigilar la implementación de políticas en materia de atención a víctimas u ofendidos del delito;
XVI. Revisar el proyecto del Programa Estatal de Seguridad Pública y someterlo a aprobación en los
términos de esta ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza
y demás disposiciones aplicables;
XVII. Supervisar y evaluar la ejecución del Programa Estatal de Seguridad Pública;
XVIII. Emitir, anualmente, la autorización para que el Secretariado Ejecutivo defina la distribución, o
rectificación de los recursos para la seguridad pública que aporten los fondos federales y estatales,
observando, cuando proceda, los lineamientos generales del Consejo Nacional y la normatividad
aplicable;
XIX. Promover políticas de coordinación y colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado; y
XX. Las demás que le confieran otras disposiciones legales.
Artículo 33. Reuniones del Consejo Estatal
A convocatoria del Secretario Ejecutivo, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar, el Consejo
Estatal se reunirá en forma plenaria de manera ordinaria por lo menos cada seis meses, y de manera
extraordinaria en cualquier tiempo.
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Se podrán realizarán reuniones regionales, en las que deberán asistir cuando menos los integrantes del
Consejo Estatal, descritos en las fracciones I, IV, V, VII y XII del artículo 28 de esta ley y los Presidentes
Municipales de la región.
Artículo 34. Propuestas ciudadanas de seguridad pública
La parte ciudadana del Consejo Estatal recibirá de organismos ciudadanos, por conducto del Secretario
Ejecutivo, propuestas de proyectos de seguridad pública y deliberará si es conveniente desarrollarlas y
presentarlas, en su caso, al Consejo Estatal.
Artículo 35. Convocatorias
Las convocatorias a las reuniones ordinarias del Consejo Estatal deberán informarse a los miembros al
menos cinco días hábiles antes de la fecha de su celebración; y las relativas a reuniones extraordinarias, en
cualquier tiempo.
Artículo 36. Publicidad o privacidad de las reuniones
Las reuniones podrán ser públicas o privadas, conforme lo decida el Consejo Estatal, atendiendo la
naturaleza de los asuntos a tratar.
Artículo 37. Quórum y votación
El quórum para las reuniones del Consejo Estatal se integrará con la mitad más uno de sus integrantes.
Todos los integrantes del Consejo Estatal tienen derecho de voz y voto. Los acuerdos se tomarán por la
mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 38. Solución de controversias respecto de acuerdos, resoluciones o convenios
Cuando surja alguna controversia entre los integrantes del Consejo Estatal, con relación a la existencia
jurídica, la validez, la aplicación, los alcances, la interpretación o la obligatoriedad de los acuerdos,
resoluciones o convenios dictados o suscritos, cualquiera de los interesados podrá plantear tal circunstancia
al Pleno del Consejo Estatal, quien resolverá lo conducente.
CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA ESTATAL
SECCIÓN I
DE LA PERSONA TITULAR DEL EJECUTIVO
Artículo 39. Facultades y deberes de la persona titular del Ejecutivo
Son facultades y deberes de la persona titular del Ejecutivo en materia de seguridad pública, además de las
previstas en la Constitución General, la Constitución Local, la Ley General y esta ley, las siguientes:
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I. Formar parte del Consejo Nacional;
II. Presidir el Sistema Estatal, para cumplir y hacer cumplir los programas, acciones disposiciones de ese
Sistema;
III. Presidir el Consejo Estatal, para cumplir y hacer cumplir los programas, acciones disposiciones que
emita dicho consejo;
IV. Cumplir y hacer cumplir los programas, acciones y disposiciones del Sistema Nacional;
V. Emitir las políticas y reglamentos para establecer la coordinación efectiva entre el Estado y los
municipios;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
VI. Autorizar, por conducto de la Secretaría de Seguridad, la prestación de servicios de seguridad privada
por personas físicas o morales;
VII. Promover que la ciudadanía participe en el análisis de la problemática sobre seguridad pública, y
VIII. Las demás que le confieran los otros ordenamientos aplicables.
(ADICIONADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
SECCIÓN I-A
DEL SECRETARIO DE GOBIERNO
(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Artículo 39-A. Atribuciones y deberes del Secretario de Gobierno
Son atribuciones y deberes de la persona titular de la Secretaría de Gobierno, además de las previstas en la
Constitución Local, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y el
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, las siguientes:
I. Presidir el Consejo Estatal de Seguridad Pública en ausencia del Ejecutivo y supervisar que se
instrumenten y de cumplimiento a sus acuerdos;
II. Supervisar que se dé cabal cumplimiento en el Estado a los acuerdos del Consejo Nacional de
Seguridad Pública;
III. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con dependencias e instancias federales,
estatales y municipales que ejercen facultades, realicen acciones, ejecuten programas y políticas
públicas en materia de seguridad pública;
IV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 40. Atribuciones excepcionales del Ejecutivo
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Corresponde al Ejecutivo, ser el jefe supremo de las fuerzas de seguridad pública del Estado y de los
municipios y asumir con tal carácter, cuando las circunstancias lo requieran y por el tiempo necesario, el
mando directo e inmediato de todas las corporaciones de seguridad pública, en la totalidad o parte del
territorio estatal e inclusive apoyarse en los elementos que presten servicios de seguridad privada en la
entidad, en los términos de la Constitución Local.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
SECCIÓN II
DEL FISCAL GENERAL
Artículo 41 Atribuciones y deberes del Procurador
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Son atribuciones y deberes del Fiscal General, además de las previstas en la Constitución Local y la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, las siguientes:
I. Formar parte del Sistema Nacional y de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
II. Supervisar en el área de su competencia la elaboración del proyecto y ejecución del Programa Estatal
de Seguridad Pública;
III. Formar parte del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública;
IV. Cumplir y hacer cumplir los programas, acciones y disposiciones del Sistema Estatal;
V. Hacer observar el Programa Rector en materia de Procuración de Justicia;
VI. Establecer mecanismos que garanticen la atención integral a las víctimas u ofendidos;
VII. Propiciar la participación de la ciudadanía en el análisis de la problemática sobre procuración de justicia,
utilizando los resultados para implementar las medidas y acciones que procedan; y
VIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
SECCIÓN III
DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Artículo 42. Atribuciones y deberes de la persona titular de la Secretaría de Seguridad
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
Son atribuciones y deberes de la persona titular de la Secretaría de Seguridad, además de las previstas en
la Constitución Local, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y la
Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, las siguientes:
I. Formar parte del Sistema Nacional y de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;
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II. Supervisar la elaboración, presentación y ejecución del Programa Estatal de Seguridad Pública;
III. Formar parte del sistema estatal y del Consejo Estatal de Seguridad Pública y de la Conferencia Estatal;
IV. Cumplir y hacer cumplir los programas, acciones y disposiciones del sistema estatal;
V. Intervenir en los convenios con las autoridades federales, estatales y municipales en el Estado o de
otras entidades federativas en todo lo relativo a la seguridad pública;
VI. Participar en la emisión de las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de
carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federal, local y
municipal;
VII. Hacer observar el programa rector de las instituciones de seguridad pública;
VIII. Ejecutar todas las actividades tendientes a preservar el orden y la seguridad pública;
IX. Velar por el cumplimiento de las disposiciones, programas y acciones del sistema nacional y del sistema
estatal;
X. Propiciar la participación de la ciudadanía en el análisis de la problemática sobre seguridad pública,
utilizando los resultados para implementar las medidas y acciones que procedan, y
XI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.
SECCIÓN IV
DE LA PERSONA TITULAR DE LA PRONNIF
Artículo 43. Atribuciones y deberes de la persona titular de la PRONNIF
Son atribuciones y deberes de la persona titular de la PRONIFF, además de las previstas en la Constitución
Local y la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado
de Coahuila de Zaragoza, las siguientes:
I. Supervisar en el área de su competencia la elaboración del proyecto y ejecución del Programa Estatal
de Seguridad Pública;
II. Formar parte del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública;
III. Cumplir y hacer cumplir los programas, acciones y disposiciones del Sistema Estatal;
IV. Hacer observar el Programa Rector;
V. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.
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SECCIÓN V
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
Artículo 44. Obligaciones de los Presidentes Municipales
Son obligaciones de los Presidentes Municipales en materia de seguridad pública:
I. Formar parte del Sistema Estatal, del Consejo Estatal y los Consejos Municipales que les corresponda;
II. Cumplir y hacer cumplir las normas, programas y disposiciones del Sistema Nacional y Estatal, así
como del Consejo Estatal;
III. Supervisar la elaboración del Programa Municipal de Seguridad Pública y su presentación al Consejo
Municipal y al Ayuntamiento;
IV. Celebrar los convenios previamente aprobados por el Ayuntamiento, y en su caso por el Congreso, con:
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
1. El Gobierno del Estado, por conducto del Secretario de Seguridad.
2. Los Ayuntamientos de los municipios del Estado.
3. Los Ayuntamientos de los municipios de otros Estados.
V. Ejecutar y hacer observar los acuerdos del Sistema Estatal y del Sistema Nacional, los programas y
acciones de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública;
VI. Ser el jefe de la policía preventiva municipal; ejercer el mando de conformidad con las disposiciones de
esta ley y demás ordenamientos aplicables;
VII. Ejercer el mando de la policía preventiva de manera directa cuando las circunstancias lo requieran; y
ordinariamente por conducto del director, o titular de la policía preventiva;
VIII. Analizar las condiciones de seguridad y establecer políticas y objetivos para solucionar los problemas,
en el marco de los programas y planes federales, estatales, regionales y municipales de seguridad
pública;
IX. Acatar y hacer que se acaten los bandos y reglamentos de policía y gobierno; así como las normas
municipales cuya finalidad sea mantener el orden público y preservar el Estado de Derecho;
X. Acatar y hacer que se acaten en el ámbito de su competencia las leyes federales y estatales en la
materia;
XI. Constreñir a los infractores para que respeten la seguridad y tranquilidad de los habitantes, y la
propiedad y posesión de sus bienes;
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XII. Corregir y sancionar, por conducto de los agentes de policía, o de las instancias competentes las
violaciones a los reglamentos municipales;
XIII. Cuidar que los agentes de la policía hagan respetar en los sitios públicos y dentro de los negocios, los
reglamentos municipales cuya finalidad sea mantener el orden público;
XIV. Establecer el orden público cuando sea alterado y sancionar a los responsables;
XV. Supervisar, evaluar y dictar las medidas que correspondan en lo relativo a los programas, acciones y
uso de técnicas y equipos en materia de seguridad pública;
XVI. Supervisar, evaluar, reconocer y, en su caso, premiar o sancionar el desempeño del personal policial;
y
XVII. Las demás que prescriban los ordenamientos aplicables.
Artículo 45. Otras Autoridades Municipales
Son autoridades municipales en materia de seguridad pública las personas titulares de las Policías
Preventivas de los municipios, y las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables.
SECCIÓN VI
SECRETARIADO EJECUTIVO
Artículo 46. Definición
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
El Secretariado Ejecutivo es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, encargado de la
operatividad del Sistema Estatal, al que le estarán adscritas las siguientes unidades administrativas:
I. De Análisis y Estadística;
II. De Proyectos y fondos federales para la Seguridad Pública;
III. (DEROGADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020); y
IV. Las demás que se requieran y que el presupuesto permita.
Artículo 47. Nombramiento y remoción del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
El Ejecutivo nombrará y removerá libremente al Secretario Ejecutivo.
Artículo 48. Requisitos para ser Secretario Ejecutivo
El Secretario Ejecutivo deberá cumplir los siguientes requisitos:
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; no tener o adquirir otra nacionalidad y estar en pleno goce de
sus derechos civiles y políticos;
II. Tener más de 30 años de edad;
III. Contar con título del grado de Licenciatura debidamente registrado;
IV. Ser de reconocida capacidad y probidad y contar con, por lo menos, tres años de experiencia en áreas
de Seguridad Pública; y
V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público.
VI. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.
Artículo 49. Personal de confianza de las Unidades Administrativas del Secretariado Ejecutivo
El personal de confianza de las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, incluso sus titulares,
se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; asimismo, se
sujetará a los procesos de evaluación de control de confianza y de certificación. Para la designación del
personal adscrito al Secretariado Ejecutivo, se estará a lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 50. Funciones del Secretario Ejecutivo
Son funciones del Secretario Ejecutivo:
I. Fungir como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema Nacional en
el Estado, así como proporcionar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional la información que
éste requiera en los términos de la Ley General;
II. Elaborar, previa autorización del Presidente del Consejo Estatal, la propuesta de los contenidos de la
Política Estatal en Seguridad Pública y someterla a la aprobación del Consejo Estatal;
III. Sugerir mejoras para administrar y sistematizar los instrumentos de información del Sistema Estatal;
IV. Redactar, compilar y archivar los acuerdos que apruebe el Consejo Estatal, así como los instrumentos
jurídicos que deriven de ellos;
V. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y de su Presidente;
VI. Proponer la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación que sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal;
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
VII. Celebrar convenios previo acuerdo con la Secretaría de Seguridad, de coordinación, colaboración y
concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal;
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VIII. Promover, por conducto de las instituciones de seguridad pública, la realización de acciones conjuntas
conforme a las bases y reglas que emita el Consejo Estatal y bajo las directrices de su Presidente, sin
menoscabo de otras que realicen las autoridades competentes;
IX. Proponer al Consejo Estatal políticas, lineamientos, protocolos, instrumentos y acciones para el mejor
desempeño de las instituciones de seguridad pública;
X. Proponer anualmente al Consejo Estatal la homologación del salario para los integrantes de las
instituciones policiales y de procuración de justicia, que incluya los rangos de percepción, la descripción
de los puestos, la valuación de la actividad desempeñada y la competitividad salarial existente en la
población asignada para la realización de labores similares a la de que se trate;
XI. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema Estatal, en
los términos de esta ley y las demás disposiciones aplicables;
XII. Informar trimestralmente de sus actividades al Consejo Estatal, así como a su Presidente;
XIII. Tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y la preservación de la seguridad
pública;
XIV. Realizar estudios especializados sobre las materias de seguridad pública;
XV. Informar al Consejo Estatal y a su Presidente sobre el incumplimiento de las disposiciones de esta ley,
convenios generales o específicos en la materia y las demás disposiciones normativas aplicables, así
como de los servidores públicos que incurran en responsabilidad;
XVI. Previa aprobación del Consejo Estatal, elaborar y publicar los informes de actividades;
XVII. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la ministración de los fondos federales de apoyo para
la seguridad pública estatal y municipal;
XVIII. Definir, previa autorización general del Consejo Estatal, y de acuerdo a las necesidades del Estado, la
distribución y, en su caso, la rectificación del destino de los recursos para la seguridad pública que se
aporten de los fondos federales y estatales, observando, cuando proceda, los lineamientos generales
del Consejo Nacional y la normatividad aplicable;
XIX. Supervisar la correcta aplicación y ejecución de los recursos destinados para la seguridad pública;
XX. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, que los municipios apliquen de
modo correcto los fondos destinados a la seguridad pública;
XXI. Impulsar en los municipios el establecimiento y efectivo funcionamiento del Servicio Profesional de
Carrera, así como de las Comisiones, informando del grado de avance que observen; asimismo,
proponer las medidas y acciones que se requieran para ello;
XXII. Elaborar y someter a la consideración del Consejo Estatal, opinión fundamentada y razonada por la
que se recomiende la remoción de las personas titulares de las instituciones de seguridad pública;
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XXIII. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento a esta ley,
acuerdos generales, convenios y demás instrumentos celebrados, así como por el uso ilícito o indebido
de los recursos federales y estatales para la seguridad pública e informar de ello al Consejo Estatal;
XXIV. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal;
XXV. Dictar las medidas necesarias para la efectiva instalación y funcionamiento del Consejo Estatal; y
XXVI. Las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones aplicables, así como las que le encomiende
el Consejo Estatal o su Presidente.
Artículo 51. Seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal
El Secretariado Ejecutivo se coordinará con el presidente de la Conferencia Estatal, así como con los
presidentes de los Consejos Municipales, a fin de dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptados
por el Consejo Estatal, en los términos de esta ley.
Artículo 52. Unidad administrativa de análisis y estadística
La unidad administrativa de análisis y estadística es el área técnica encargada de recopilar información
necesaria para generar estadísticas e indicadores que incidan en la seguridad pública estatal.
Artículo 53. Unidad administrativa de proyectos y fondos federales para la seguridad pública.
La unidad administrativa de proyectos y fondos federales para la seguridad pública es la unidad administrativa
encargada de supervisar la planeación, aplicación y ejecución de los recursos federales y estatales
destinadas para la seguridad pública. Además le corresponde la atención de las auditorías que se originen
con motivo de la fiscalización de éstos recursos.
CAPÍTULO IV
CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Artículo 54. Integración
La Conferencia Estatal estará integrada por:
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
I. El Secretario de Seguridad, quien la presidirá;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
II. El Subsecretario de Operación Policial, quien será el secretario técnico;
III. Los Directores de seguridad pública municipal u órgano equivalente;
IV. El Secretariado Ejecutivo.
24
Se podrá invitar a la Conferencia Estatal a otras instituciones de seguridad pública federal o estatal, personas,
instituciones y representantes de la sociedad civil que por los temas a tratar, puedan exponer conocimientos
y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública y procuración de justicia. Dicha
participación será con carácter honorífico.
Artículo 55. Convocatorias
La Conferencia Estatal se reunirá en forma ordinaria por lo menos cada tres meses, y de manera
extraordinaria en cualquier tiempo, a juicio de su Presidente.
El Secretario Técnico, por instrucciones del Presidente, convocará a los integrantes de la Conferencia
Estatal a las reuniones ordinarias de ésta, con tres días hábiles de anticipación; y a las reuniones
extraordinarias, un día hábil antes de su celebración.
Artículo 56. Funciones de la Conferencia Estatal
La Conferencia Estatal tendrá, al menos, las siguientes funciones:
I. Expedir las bases para su organización y su funcionamiento;
II. Proponer la implementación de planes, programas, políticas y acciones de cooperación municipal en
materia de seguridad pública, en congruencia con los aprobados por el Consejo Estatal;
III. Promover el desarrollo y el fortalecimiento de las instancias encargadas de la seguridad pública
municipal;
IV. Proponer a los municipios proyectos de reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en
materia de seguridad pública municipal, en el ámbito de su competencia;
V. Impulsar en las corporaciones policiales de los municipios la adopción de las mejores prácticas en la
realización de la función de seguridad pública;
VI. Colaborar con las instituciones públicas y privadas en la ejecución de programas de prevención del
delito;
VII. Impulsar en el ámbito municipal la homologación del desarrollo policial;
VIII. Promover, con participación ciudadana, la prevención social de la violencia y de la delincuencia en los
municipios;
IX. Promover entre los municipios la celebración de convenios de coordinación y colaboración para la
realización de acciones de seguridad pública;
X. Analizar los problemas de seguridad pública municipal y plantear alternativas y acciones concretas de
solución; y
XI. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales.
25
Artículo 57. Coordinación entre los municipios y de la Conferencia Estatal con el Consejo Estatal
La Conferencia Estatal, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo, promoverá el diseño y la formulación
de políticas, programas y acciones de interés común para los municipios en materia de seguridad pública,
así como la implementación de mecanismos eficaces de coordinación entre ellos.
La Conferencia Estatal deberá de comunicar al Secretariado Ejecutivo, los acuerdos tomados en las
reuniones ordinarias y extraordinarias.
El Secretariado Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación con la
Conferencia Estatal sea efectiva e informará de ello al Consejo Estatal.
Artículo 58. Funciones del Secretario Técnico
Son funciones del Secretario Técnico de la Conferencia Estatal:
I. Redactar, compilar y archivar las actas, los acuerdos y las resoluciones, así como los demás
documentos e instrumentos que de ellos deriven;
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptados;
III. Sugerir mejoras para el funcionamiento de la propia Conferencia Estatal;
IV. Informar al Secretariado Ejecutivo de las actividades de la Conferencia Estatal; y
V. Las demás que le otorgan esta ley y otros ordenamientos, así como las que se establezcan en las bases
para la organización y el funcionamiento de la Conferencia Estatal o le encomiende el Presidente de
ésta.
CAPÍTULO V
CONSEJOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS
Artículo 59. Fines
Para la debida integración del Sistema Nacional y cumplir con sus objetivos y fines en los términos de la Ley
General y la Ley Estatal, los municipios establecerán Consejos Municipales como instancia de deliberación,
consulta y definición de políticas públicas en la materia, así como para dar seguimiento al cumplimiento de
los acuerdos del Consejo Estatal.
Artículo 60. Integración
Los Consejos Municipales estarán integrados por las personas titulares de:
I. Presidencia Municipal, quien lo presidirá;
26
II. Secretaría del Ayuntamiento, quien fungirá como secretario técnico;
III. Regiduría de Seguridad Pública;
IV. Tesorería;
V. Dirección de Seguridad Pública Municipal u órgano equivalente; y
VI. Cinco representantes de la sociedad civil de la comunidad de que se trate.
Los representantes de la sociedad civil, serán electos por el Cabildo del Municipio; por un periodo de 4 años,
mismo que deberá de ejercerse en dos periodos constitucionales inmediatos, de tal manera que se permita
la continuidad de las acciones. Los requisitos para ser representante de la sociedad civil, son los previstos
por las fracciones I, II, V y VIII del artículo 30. La participación de los representantes de la sociedad civil es
de carácter honorífico.
Los Consejos Municipales podrán invitar a representantes de las instituciones de seguridad pública de la
entidad y de la Federación o de otras dependencias estatales o federales relacionadas con la seguridad
pública, así como a personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que por sus conocimientos
y experiencia puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos y fines de la seguridad pública. Su
participación será con carácter honorífico.
Artículo 61. Atribuciones de los Consejos Municipales
Los Consejos Municipales, a fin de lograr los objetivos de la seguridad pública, tendrán las siguientes
atribuciones:
I. Expedir las bases para su organización y su funcionamiento;
II. Ejecutar, en lo conducente, los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Estatal, sin
perjuicio de lo dispuesto por la Ley General;
III. Vigilar la efectiva coordinación del municipio con las demás instancias del Sistema Estatal;
IV. Establecer criterios para la elaboración y la implementación de los programas de seguridad pública del
municipio;
V. Impulsar la homologación del modelo policial;
VI. Proponer al Consejo Estatal, a través del Secretariado Ejecutivo, programas y acciones para mejorar y
fortalecer la seguridad pública;
VII. Evaluar la estructura orgánica, así como el funcionamiento de las áreas de seguridad pública,
proponiendo las acciones de mejora que requieran;
VIII. Diseñar y proponer la implementación de programas contra las adicciones;
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IX. Proponer a la Conferencia Estatal programas y acciones de coordinación sobre seguridad pública con
otros municipios, así como con el Estado;
X. Promover el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera;
XI. Supervisar que los Integrantes de las corporaciones policiales se sometan a los procedimientos de
evaluación y control de confianza y de certificación;
XII. Promover el establecimiento de academias policiales en sus municipios y supervisar los procesos de
formación, capacitación, adiestramiento y actualización;
XIII. Establecer y verificar las medidas de vinculación operativa con las corporaciones policiales del Estado;
XIV. Emitir recomendaciones y proponer acciones para mejorar el funcionamiento de sus corporaciones
policiales, incluidas las funciones de vialidad y tránsito;
XV. Promover la instalación y el funcionamiento de los Comités Municipales;
XVI. Vigilar que los recursos presupuestarios para la seguridad pública se apliquen estrictamente a los fines
autorizados;
XVII. Supervisar y emitir recomendaciones respecto del funcionamiento y las condiciones de los centros
municipales de detención o su equivalente, a efecto de que en ellos se respeten los derechos humanos
consagrados en las Constituciones Federal y Local, así como en los tratados internacionales de los que
México sea parte;
XVIII. Formular propuestas para la realización de operaciones conjuntas con corporaciones policiales de
otros municipios, del Estado y la Federación;
XIX. Evaluar y dar seguimiento a las actividades programadas;
XX. Promover la participación de la comunidad en la planeación, la evaluación y la supervisión de las
políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia;
XXI. Impulsar el acceso, a través de teléfono o cualquier medio electrónico, a un servicio de emergencia y
denuncia anónima sobre faltas y delitos de que tenga conocimiento la comunidad; y
XXII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
Artículo 62. Atribuciones del Secretario Técnico del Consejo Municipal
Corresponde al Secretario Técnico del Consejo Municipal:
I. Fungir como enlace ante el Consejo Estatal, a fin de atender y dar seguimiento a los acuerdos y
resoluciones de éste y proporcionar al Secretariado Ejecutivo la información que le requiera;
II. Promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Consejo Municipal;
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III. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal; y
IV. Las demás atribuciones que le otorgue el Consejo Municipal, esta ley y otras disposiciones.
Artículo 63. Periodicidad de las reuniones
Los Consejos Municipales se reunirán en forma ordinaria a más tardar cada dos meses, y de manera
extraordinaria en cualquier tiempo, a juicio de su Presidente. Al efecto, el Secretario Técnico, por
instrucciones de este último, elaborará el orden del día y convocará por escrito a sus integrantes al menos
tres días hábiles antes de la celebración de las sesiones ordinarias y un día hábil antes de las sesiones
extraordinarias.
Los acuerdos del Consejo Municipal se tomarán por mayoría simple de votos. En caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.
CAPÍTULO VI
DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, Y DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
SECCIÓN I
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
Artículo 64. Subsistema Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Dentro del Sistema Estatal se establecerá el subsistema de prevención social de la violencia y la
delincuencia. La Secretaría de Gobierno, a través de la Unidad Administrativa correspondiente, en
coordinación con el Secretariado Ejecutivo, son las autoridades competentes para llevar a cabo las acciones
previstas en esta ley y en los demás ordenamientos correspondientes en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia.
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Corresponde a la Secretaría de Gobierno, a través de la Unidad Administrativa correspondiente, la emisión
de un Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Para la elaboración del
programa en cita, se deberá de tomar en cuenta las opiniones de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía
General y la PRONNIF.
Los municipios aprobarán e implementarán Programas Municipales para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia, de acuerdo a lo establecido en la legislación estatal relativa a la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, y los lineamientos que establezca el Sistema Nacional.
Artículo 65. Ejes de los Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
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Los Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Estatal y municipales, de conformidad
con los lineamientos del Sistema Nacional, incluirán los siguientes ejes:
I. Prevención criminógena, para formular una política de prevención de alcances estatal o municipal,
según corresponda, que contribuya a preservar el orden y la paz pública;
II. Fortalecimiento de los valores familiares, a efecto de coadyuvar a la preservación de la integridad
familiar;
III. Prevención del delito en el ámbito educativo, para fomentar en los estudiantes, padres de familia y
docentes, la cultura de la prevención de las conductas antisociales;
IV. Cultura, deporte y recreación para la prevención de la delincuencia, con el propósito de reforzar el
respeto a la legalidad y a los valores cívicos;
V. Prevención de la delincuencia a través de campañas de difusión en los diferentes medios de
comunicación, y
VI. Prevención del delito y conductas infractoras en el ámbito laboral, para promover la participación de
ese sector en la prevención de la comisión de los delitos y faltas en los centros de trabajo y su entorno.
SECCIÓN II
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 66. Garantía de participación ciudadana
La participación de la sociedad civil en los procesos de elaboración y evaluación de las políticas públicas de
prevención del delito y de la delincuencia, y de las instituciones de seguridad pública, se hará a través de las
siguientes organizaciones, independientemente de cualquiera otra forma que la población decida, siempre
que sea pacífica, ordenada y creativa:
I. El Consejo Estatal a través de los 7 representantes de la sociedad civil;
II. Los Consejos Municipales, a través de los 5 representantes de la sociedad civil de la comunidad de que
se trate;
III. El Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública;
IV. Los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública Municipal;
V. Los Comités y Consejos de Participación Ciudadana Municipales, y
VI. Cualquier otro mecanismo que la ley contemple.
Artículo 67. Naturaleza del Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública
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El Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública es una instancia ciudadana y tiene por objeto coadyuvar
con las instancias de seguridad pública del Estado en la prevención de delito, conductas antisociales y
generar propuestas para mejorar la seguridad pública.
Artículo 68. Integración
El Consejo Ciudadano se integrará por:
I. El Ejecutivo, quien fungirá como Presidente Honorario;
II. Un Presidente Ejecutivo, que será el ciudadano que designe el Pleno del Consejo en su primera sesión,
el cual será elegido por mayoría de entre los ciudadanos de las fracciones VII a XII de éste artículo;
III. El Secretario de Gobierno;
IV. El Secretario Ejecutivo, quien fungirá como secretario técnico;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
V. El Fiscal General;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
VI. El Secretario de Seguridad;
VII. Dos representantes de Organizaciones no Gubernamentales;
VIII. Dos representantes de Organizaciones Sindicales de Trabajadores;
IX. Dos ciudadanos representantes de Asociaciones de Profesionistas;
X. Dos representantes de Asociaciones de Transporte;
XI. Tres ciudadanos representantes de Instituciones de Educación Superior;
XII. Los consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil del Consejo Estatal.
El Congreso del Estado convocará a las organizaciones, asociaciones e instituciones a las que se refiere el
párrafo anterior, con el objeto de que propongan a sus representantes; sus cargos serán honoríficos y el
nombramiento se hará con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del
Estado por un periodo de dos años, con la posibilidad de repetir su cargo por un periodo más, previa
ratificación del Congreso.
Artículo 69. Atribuciones
El Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública tendrá de manera enunciativa y no limitativa las
siguientes atribuciones:
I. Promover la participación de la sociedad en actividades para elevar la calidad de los servicios de
seguridad pública, vigilar el respeto a los derechos humanos y la atención a las acciones de prevención;
31
II. Emitir los lineamientos y el reglamento interior por el que se regirá el Consejo Ciudadano;
III. Evaluar el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública
IV. Recibir sugerencias de la sociedad para la mejora de la seguridad pública en el Estado;
V. Vigilar el seguimiento de los acuerdos o recomendaciones que surjan en las reuniones, y
VI. Aquellas que permitan que la sociedad participe en las políticas públicas en materia de seguridad.
Artículo 70. Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública Municipal
Las autoridades municipales en coordinación con la unidad administrativa encargada de la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana, promoverán la creación de los Consejos
Ciudadanos de Seguridad Pública Municipal, los cuales tendrán por objeto impulsar la participación de
sociedad a través de propuestas para establecer planes y acciones para mejorar la seguridad pública. Todos
los cargos serán de carácter honorífico y cada consejo ciudadano deberá expedir su propio reglamento.
Artículo 71. Conformación de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana Municipales
Los Comités y Consejos de Participación Ciudadana Municipales, se integran por vecinos y organizaciones
de cada una de esos centros de población.
Los Comités de Participación Ciudadana Municipales se constituirán con 3 o más personas pero no más de
50, y los Consejos de Participación Ciudadana Municipales se constituirán con más de 50 personas.
El procedimiento y requisitos para su constitución será regulado por la legislación estatal relativa a la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Artículo 72. Naturaleza de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana Municipales
Todos los comités y consejos, son organizaciones de consulta, ineludiblemente, deben ser de carácter
honorifico, laicos y políticamente apartidistas.
Artículo 73. Facultades
Los Comités y Consejos de Participación Ciudadana Municipales tienen las facultades y deberes previstos
en esta ley, su reglamento interior y además las siguientes:
I. Proponer y opinar sobre políticas de seguridad pública;
II. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar esa función;
III. Proponer reconocimientos y estímulos para los miembros de las instituciones policiales;
IV. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades relativas a seguridad pública; y
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V. Auxiliar a las autoridades competentes, en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades de
carácter preventivo y social, cuando estas así lo determinen, y de modo que no pongan en riesgo el
desempeño de las tareas encomendadas a las fuerzas de seguridad pública.
SECCIÓN III
INSTANCIAS AUXILIARES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 74. Participación de Instancias auxiliares
Para el impulso y el desarrollo de las materias de la coordinación a que se refiere esta ley, así como para el
logro de los objetivos y fines de la seguridad pública, el Sistema Estatal contará con instancias auxiliares en
las que participarán representantes de las instituciones del Estado, de los municipios y de las organizaciones
de la sociedad civil, en los términos de las disposiciones aplicables.
LIBRO II.
ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES
TÍTULO PRIMERO
LA FUNCIÓN POLICIAL
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 75. Atribuciones de las policías
La función básica de las corporaciones policiales es prevenir el delito y preservar la paz y el orden
públicos, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:
I. Prevención: consistente en llevar a cabo las acciones necesarias para evitar la comisión de delitos e
infracciones administrativas, y en sus circunscripciones, realizar acciones de inspección, vigilancia y
vialidad;
II. Atención a víctimas y ofendidos del delito: proporcionar auxilio en los términos que señalan el Código
Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables para lo cual recibirán, en su caso, la
denuncia respectiva;
III. Investigación: bajo la conducción y mando del Ministerio Público, la persecución de conductas que
pudieran ser constitutivas de delito, para lo que, a través de sistemas homologados, recolectarán,
clasificarán, registrarán, analizarán, evaluarán y usarán la información conducente;
IV. Reacción: para lo que garantizarán, mantendrán y restablecerán la paz y el orden públicos, y ejecutarán
los mandamientos ministeriales y judiciales; y
(REFORMADA, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2017)
V. Custodia penitenciaria y guías técnicos: que comprende la protección de los centros penitenciarios y de
internamiento para adolescentes;
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VI. Procesal: que implica la protección de las instalaciones, el personal de los tribunales así como de los
intervinientes en el proceso penal, y, de requerirse, el traslado y la vigilancia de los imputados.
(ADICIONADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
VII. Cibernética: de seleccionar y actualizar permanentemente los conocimientos y herramientas
electrónicas para apoyar la investigación para la prevención de los delitos. Vigilar, identificar, monitorear
y rastrear en la red pública de internet con el fin de prevenir conductas delictivas;
(ADICIONADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
VIII. Seguridad Complementaria: de custodia, vigilancia, guardia y seguridad de personas y bienes, valores
e inmuebles a dependencias, entidades y órganos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en
los tres niveles de gobierno, órganos autónomos federales y locales, así como a personas físicas y
morales, mediante el pago de la contraprestación que determine el Estado;
(ADICIONADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
IX. Inteligencia: de analizar, investigar, diseñar, dirigir, suministrar, y operar sistemas de recopilación,
clasificación, registro y explotación de información policial, a fin de conformar bancos de datos que
sustenten el desarrollo de acciones contra la delincuencia.
Artículo 76. Clasificación de las corporaciones policiales
Para el debido ejercicio de las atribuciones enumeradas en el artículo anterior, las corporaciones policiales
se clasificarán de la siguiente manera:
I. De prevención especial y general del delito y para sancionar las faltas administrativas:
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020) (REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
a) La Policía del Estado, que es la corporación policial del Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza a cargo de la Secretaría de Seguridad, la cual tendrá competencia en todo el Estado,
para desempeñar las atribuciones siguientes:
1. Preventiva;
2. De inteligencia;
3. De reacción;
4. Procesal;
(REFORMADO, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2017)
5. De Custodia penitenciaria y guías técnicos.
(ADICIONADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
6. Cibernética; y
(ADICIONADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
7. Seguridad Complementaria.
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
b) El Grupo Especializado de la PRONNIF, que se conformará con elementos de la Policía del
Estado, Policía Investigadora y policías preventivas municipales, previo convenio de colaboración
que se celebre entre las partes.
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La competencia, funciones, integración, mando y demás elementos necesarios para la operación
del Grupo Especializado de la PRONNIF, se establecerán en los convenios de colaboración que
se celebren para su integración y demás disposiciones aplicables.
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020) (REFORMADO, P.O. 11 DE ABRIL DE 2017)
c) Los grupos especializados de policía metropolitana que se conformarán con elementos de la
Policía del Estado y cuando así se convenga con los ayuntamientos respectivos, con integrantes
de las Policías Preventivas Municipales.
La competencia, funciones, integración, mando y demás elementos necesarios para la operación
de las policías metropolitanas, se establecerán en el acuerdo que emita el Ejecutivo del Estado,
en esta ley, en la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en convenios de colaboración que se celebren observando lo dispuesto en el artículo 9
de esta ley y demás disposiciones aplicables.
(ADICIONADO, P.O. 11 DE ABRIL DE 2017)
d) Las Policías Preventivas Municipales con competencia en las circunscripciones territoriales que
les correspondan.
II. En la investigación y persecución del delito, bajo la conducción y mando del Ministerio Público:
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
a) La Policía Investigadora a cargo de la Fiscalía General, la cual tendrá competencia en todo el
Estado, y
b) Las demás corporaciones policiales en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Las Corporaciones Policiales Estatales, desconcentrarán sus funciones en delegaciones regionales, cada
una con competencia territorial en los municipios que le correspondan, con sede en las cabeceras distritales
o en los lugares que sus titulares determinen cuando las circunscripciones territoriales que haya definido
para la delegación regional no coincidan con aquellas. Contarán con los recursos materiales y humanos que
determinen sus titulares, en atención a las posibilidades presupuestales.
(ADICIONADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
Las corporaciones policiales contarán con las facultades establecidas en esta ley, y en las disposiciones
normativas de las instituciones de seguridad pública, así como las demás aplicables para el ejercicio de sus
atribuciones.
Artículo 77. Estructura policial
La estructura de las corporaciones policiales, considerará por lo menos las categorías siguientes:
I. Comisarios;
II. Inspectores;
III. Oficiales; y
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IV. Escala Básica.
Artículo 78. Niveles
Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, los siguientes niveles:
I. Comisarios:
a. Comisario General;
b. Comisario Jefe; y
c. Comisario.
II. Inspectores:
a. Inspector General;
b. Inspector Jefe; y
c. Inspector.
III. Oficiales:
a. Subinspector;
b. Oficial; y
c. Suboficial.
IV. Escala Básica:
a. Policía Primero;
b. Policía Segundo;
c. Policía Tercero; y
d. Policía.
Artículo 79. Jerarquías
Las corporaciones policiales del Estado y los municipios se organizarán bajo un esquema de jerarquización
terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.
Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en
los diversos cargos o comisiones.
Artículo 80. Mando
Se entenderá por mando la autoridad ejercida por un superior jerárquico en servicio activo sobre sus
subordinados o iguales en jerarquía, cuando éstos se encuentren bajo sus órdenes, en razón de su categoría,
cargo o comisión.
Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, así como para el desarrollo de sus operaciones, las
corporaciones policiales contarán con los siguientes niveles de mando, que los tendrán los servidores
públicos que enseguida se mencionan:
I. Mando supremo, que lo tendrá el ejecutivo del Estado sobre las fuerzas de seguridad pública de éste;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
II. Alto mando, que estará a cargo del Secretario de Seguridad, respecto de la corporación policial de la
Secretaría de Seguridad y el Fiscal General, respecto de la Policía Investigadora,
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(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020) (REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
III. Mando superior, que lo ejercerá el Subsecretario de Operación Policial respecto de la corporación
policial, denominada Policía del Estado y el Director General de la Policía Investigadora, respecto de la
Policía Investigadora de la Fiscalía General;
IV. Mandos operativos, que los tendrán los Directores de División o unidades equivalentes en los
municipios; y
V. Mandos subordinados, cuyos titulares serán los encargados de unidades diversas a las enunciadas.
Lo anterior, en los términos de la Constitución Federal, la Constitución local y las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
Artículo 81. Obligaciones de los policías
Para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los policías tendrán las siguientes
obligaciones:
I. Tratar respetuosamente a las personas, absteniéndose de todo acto arbitrario;
II. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica
de evidencias;
III. Participar en operaciones y mecanismos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública,
así como brindarles, en su caso, el apoyo que proceda conforme a derecho;
IV. Oponerse, rechazar y denunciar cualquier acto de corrupción;
V. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de
seguridad pública;
VI. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciban con motivo del desempeño de sus
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
VII. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad que afecte las actividades
de las corporaciones policiales;
VIII. En los términos de las disposiciones aplicables, mantener estricta reserva respecto de los asuntos que
conozcan por razón del desempeño de su función;
IX. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
X. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden
superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública,
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urgencia de las investigaciones o cualquier otra, denunciando inmediatamente tales hechos a la
autoridad competente;
XI. Desempeñar el servicio sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones;
XII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir los requisitos previstos en
las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
XIII. Resguardar la vida y la integridad física de las personas detenidas;
XIV. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas y los indicios de hechos
presumiblemente delictivos o de faltas administrativas, de forma que no pierdan su calidad probatoria y
se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
XV. Abstenerse de disponer, para beneficio propio o de terceros, de los bienes asegurados;
XVI. Someterse a las evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de los requisitos de
permanencia;
XVII. Informar inmediatamente al superior jerárquico de las omisiones y de los actos indebidos o constitutivos
de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;
XVIII. Fomentar en sí mismo y en el personal bajo su mando la disciplina, la dedicación, la responsabilidad,
la decisión, la integridad, el sentido de pertenencia a la corporación policial y el profesionalismo;
XIX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar bienes en perjuicio de las instituciones de seguridad
pública, así como evitar cualquier acto de descuido o negligencia que ocasione la pérdida, deterioro o
extravío de los que le hayan sido confiados;
XX. Abstenerse de ocultar, sustraer, alterar o revelar a quien no tenga derecho conforme a las disposiciones
aplicables, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra
información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su
función, cargo o comisión;
XXI. Atender con diligencia las solicitudes de informes, quejas o auxilio de la ciudadanía o de sus propios
subordinados, excepto cuando la petición rebase sus atribuciones, en cuyo caso deberá turnarlo al área
que corresponda;
XXII. Abstenerse de introducir a la corporación policial a la que pertenezcan, bebidas embriagantes,
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o
controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros actos similares
en que previamente exista la orden correspondiente y se haga constar en el informe respectivo;
XXIII. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras
sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo que se trate de medicamentos
controlados prescritos en los términos de ley;
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XXIV. Abstenerse de consumir bebidas embriagantes en las instalaciones de las corporaciones policiales o
durante el servicio;
XXV. Dentro o fuera del servicio, abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen
de las corporaciones policiales;
XXVI. Impedir que personas ajenas a las corporaciones policiales realicen actos inherentes a éstas;
asimismo, al realizar actos del servicio, abstenerse de hacerse acompañar por dichas personas;
XXVII. Abstenerse de participar en actos de rebeldía o indisciplina contra el mando o alguna otra autoridad;
XXVIII. Recibir denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio
Público, por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias que practiquen;
XXIX. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos y testigos del delito;
XXX. Registrar en el informe policial homologado los datos de las actividades e investigaciones que realicen;
XXXI. Remitir a la instancia que corresponda, para su análisis y su registro, la información que recopilen en
el desempeño de sus actividades. Asimismo, entregar a otras instituciones de seguridad pública la
información que les soliciten, en los términos de las leyes correspondientes;
XXXII. Apoyar a las autoridades que se lo soliciten en la investigación y la persecución de delitos, así como
en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
XXXIII. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;
XXXIV. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre ellos funciones de
mando;
XXXV. Ejecutar las órdenes que reciban de la línea de mando relativa y responder sobre su ejecución;
XXXVI. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en
su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
XXXVII. Mantener en buen estado, custodiar y devolver cuando se les ordene, el armamento, el material,
las municiones, los vehículos y el equipo que se les asigne con motivo de sus funciones;
XXXVIII. Hacer uso de la fuerza pública dentro de los límites y en los casos y circunstancias que establece
la presente ley, las demás disposiciones legales aplicables y procedimientos previamente establecidos,
así como los lineamientos, manuales y acuerdos que al efecto expidan las instituciones de seguridad
púbica;
XXXIX. Abstenerse de asistir uniformados a bares, cantinas, centros de apuestas y establecimientos
similares, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia;
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XL. Prestar auxilio congruente, oportuno y proporcional al hecho, a las personas amenazadas por algún
peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindarles protección a sus
bienes y derechos;
XLI. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones
aplicables; y
XLII. Las demás que establezcan el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General y otras
disposiciones legales aplicables.
(ADICIONADA, P.O. 23 DE FEBRERO DE 2021)
Serán responsables por las violaciones a derechos humanos que cometan y deberán garantizar la
indemnización correspondiente a las víctimas en los términos de las leyes aplicables y conforme a la
determinación de las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables para
los responsables.
Artículo 82. El informe policial homologado
Es el documento en el cual los Integrantes de las Corporaciones Policiales realizarán el levantamiento, la
revisión y el envío de información sobre hechos presumiblemente constitutivos de delito o faltas
administrativas.
Artículo 83. Contenido
Los Integrantes de las corporaciones policiales elaborarán el informe policial homologado, el cual enviarán
inmediatamente a las instancias correspondientes y contendrá, cuando menos, lo establecido por los
lineamientos del centro nacional, la comisión nacional de seguridad y demás autoridades federales
competentes.
Al describir los hechos deberá observarse un estricto orden cronológico, resaltando los aspectos relevantes;
no deberán hacerse afirmaciones sin que se sustenten en datos o hechos reales, por lo que no se incluirán
conjeturas, conclusiones ajenas al evento o informaciones de oídas.
Cuando elementos de diversas corporaciones policiales conozcan de un mismo hecho, cada uno deberá
elaborar un informe policial homologado.
Artículo 84. Función de custodia
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Los agentes de seguridad, custodia, guías técnicos y traslado de los centros de reinserción social, de
internamiento para adolescentes y de vigilancia de audiencias judiciales, además de las obligaciones
establecidas en la ley, tendrán las obligaciones y deberes siguientes:
I. Mantener estrictamente vigilados dichos establecimientos a fin de garantizar la seguridad, el orden y la
tranquilidad, de conformidad con las disposiciones aplicables;
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II. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de los internos, de quienes los visiten y,
en general, de los servidores públicos adscritos a los citados centros, haciendo cumplir la normatividad
correspondiente;
III. Mantener recluidos y custodiados, con las seguridades debidas, a los internos, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
IV. Mantener el orden, la disciplina y el adecuado comportamiento de los internos, con absoluto respeto de
sus derechos;
V. Custodiar el orden y la seguridad en el interior y el perímetro exterior de dichos centros, evitando
cualquier incidente o contingencia que comprometa o ponga en riesgo la seguridad e integridad física
de los internos, de sus visitas y en general de cualquier persona que se encuentre en aquéllos;
VI. Efectuar revisiones periódicas en los mencionados centros, con el objeto de prevenir la comisión de
hechos delictivos;
VII. Cumplir, en el ámbito de su responsabilidad, las resoluciones dictadas por las autoridades
jurisdiccionales y administrativas competentes;
VIII. Revisar a las personas, los objetos y vehículos que ingresen o salgan de los referidos centros,
respetando los derechos de aquéllas;
IX. Excarcelar y trasladar a los internos, de conformidad con las órdenes que al efecto se dicten por las
autoridades competentes;
X. Custodiar a los internos o imputados y mantener el orden y la seguridad en el desarrollo de las
audiencias u otros actos procesales;
XI. Las demás que sean necesarias y análogas a las anteriores.
Artículo 85. Obligación de identificarse en funciones
Los policías tienen la obligación de identificarse, salvo los casos previstos por la ley, a fin de que el ciudadano
se cerciore de que efectivamente pertenecen a una corporación policial.
El documento de identificación será expedido por la institución de seguridad pública que corresponda y
deberá ser registrado y validado por la unidad administrativa de Sistemas de Información; el cual contendrá,
al menos: nombre; cargo; fotografía; huella digital y Clave Única de Identificación Personal ante el Registro
Nacional de Personal, vigencia, así como las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.
Artículo 86. Derechos de los policías
Los policías tendrán los derechos siguientes:
I. Recibir una percepción económica, en los términos establecidos en el servicio profesional de carrera;
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II. Gozar de las prestaciones y los servicios en materia de seguridad social, conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables;
III. Acceder al sistema de estímulos o reconocimientos cuando su conducta y su desempeño así lo
ameriten, de acuerdo con las normas aplicables y la disponibilidad presupuestal;
IV. Participar en los cursos de capacitación, actualización, profesionalización y especialización
correspondientes, así como en aquellos que se acuerden con otras instituciones académicas nacionales
y del extranjero que tengan relación con sus funciones, conforme a la disponibilidad presupuestal y las
necesidades del servicio;
V. Sugerir las medidas que estimen pertinentes para el mejoramiento del servicio profesional de carrera
de que formen parte;
VI. Usar los uniformes, condecoraciones e insignias propias de su categoría o jerarquía y que le hayan sido
entregados y otorgadas, respectivamente;
VII. Ser promovidos de categoría y rango, en los términos del servicio profesional de carrera;
VIII. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque;
IX. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos;
X. Recibir el equipo de trabajo sin costo alguno;
XI. Recibir atención médica oportuna e idónea;
XII. Gozar de permisos y licencias en los términos de la presente ley;
XIII. Disfrutar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables, una vez terminado el servicio
profesional de carrera; y
XIV. Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
UNIFORMES, INSIGNIAS, DIVISAS, CONDECORACIONES Y EQUIPO
Artículo 87. Uso
Los policías portarán en los actos del servicio los uniformes, insignias, divisas, condecoraciones y equipo
correspondientes a su categoría, su jerarquía y su antigüedad, así como sus reconocimientos, cargo o
comisión, salvo en las corporaciones en que no se encuentre establecida expresamente esta condición.
Artículo 88. Características
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En las leyes, manuales y demás ordenamientos de Uniformes e Insignias que al efecto se expidan se
determinará el diseño, confección y características de los uniformes, insignias, divisas, condecoraciones,
equipo, vestuario y demás prendas de las corporaciones policiales, así como los actos de servicio en que
deberán usarse y portarse.
Para los efectos de esta ley, son actos de servicio los que realizan los policías en forma individual o colectiva,
en cumplimiento de órdenes recibidas o en el desempeño de las funciones y atribuciones que les competen,
según su categoría, jerarquía y adscripción.
CAPÍTULO III
FUERZA PÚBLICA
Artículo 89. Concepto y fines
La fuerza pública es el instrumento legítimo mediante el cual los integrantes de las instituciones de seguridad
pública hacen frente a las situaciones, los actos y hechos que afectan o ponen en peligro la preservación
de la libertad, el orden y la paz públicos, así como la integridad y los derechos de las personas, a fin de
asegurar y mantener la vigencia de la legalidad y el respeto de los derechos humanos.
Su uso, sus objetivos y principios, la capacitación y el adiestramiento que requiere su correcta utilización, y
la responsabilidad que acarrea su empleo ilícito se regularán en la reglamentación respectiva.
TÍTULO SEGUNDO
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 90. Servicio profesional de carrera
El servicio profesional carrera es el conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y
enlazados entre sí, que comprende los esquemas de profesionalización, ingreso, percepción, permanencia,
reconocimiento y separación o baja; y tiene por objeto: garantizar el desarrollo institucional; la estabilidad, la
seguridad y la igualdad de oportunidades de los integrantes; elevar la profesionalización mediante los
estudios que realicen; fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, de los integrantes de las
instituciones de seguridad pública, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, certeza, imparcialidad y respeto a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en la Constitución Local y en los tratados
internacionales de los que México forme parte.
Artículo 91. Fines
Los fines del servicio profesional de carrera, son:
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I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el cargo o la comisión, con base en un
esquema de percepción, que comprende una estructura salarial por rangos del servicio profesional de
carrera, elaborada anualmente, tomando en cuenta la descripción del puesto, la valuación de la
actividad desempeñada y la competitividad salarial existente en la población asignada para la
realización de labores similares a la de que se trate;
II. Promover la responsabilidad, la honradez, la diligencia, la eficiencia y la eficacia en el desempeño de
las funciones y la óptima utilización de los recursos;
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento
de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo
profesional y reconocimiento;
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y la profesionalización permanente de los integrantes de las
instituciones de seguridad pública, para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios;
V. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 92. Competencia del servicio profesional de carrera
El personal al cual va dirigido el servicio profesional de carrera, para su ejercicio y aplicación; será:
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
I. Policía de Acción y Reacción;
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
II. Policía Cibernética;
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
III. Policía Civil;
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
IV. Policía Complementaria;
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
V. Policía Especializada;
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
VI. Policía de Inteligencia;
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
VII. Policía Penitenciaria;
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
VIII. Policía Procesal;
(ADICIONADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
IX. Policía Preventiva;
(ADICIONADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
X. Policía de Investigación;
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(ADICIONADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
XI. Agente del Ministerio Publico; y
(ADICIONADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
XII. Perito.
Las unidades administrativas del servicio profesional de carrera, serán los encargados de establecer las
bases de organización, funcionamiento y desarrollo del servicio profesional de carrera.
Artículo 93. Rubros que integran el servicio profesional de carrera
El servicio profesional de carrera se integra por los siguientes rubros:
I. Selección e ingreso, que comprende los requisitos y procedimientos de selección, de formación y de
certificación inicial;
II. Percepción económica, que comprende una estructura salarial por rangos del servicio profesional de
carrera, elaborada anualmente con base en la descripción del puesto, la valuación de la actividad
desempeñada y la competitividad salarial existente en la población asignada para la realización de
labores similares a la de que se trate;
III. Permanencia, que comprende los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada,
de actualización, de evaluación del desempeño, y de ascensos y promociones;
IV. Reconocimiento, que comprende el método mediante el cual se mide, tanto en forma individual como
colectiva, y en atención a las habilidades, capacidades y adecuación al puesto, los aspectos cualitativos
y cuantitativos del cumplimiento de las funciones y metas asignadas a los servidores públicos;
V. Los estímulos al desempeño destacado, consisten en la cantidad neta que se entregará al servidor
público de manera extraordinaria con motivo de la productividad, eficacia y eficiencia; y
VI. Separación o baja, que comprende las causas ordinarias y extraordinarias de separación del servicio,
así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo
establecido por las leyes y disposiciones aplicables.
Las percepciones extraordinarias en ningún caso se considerarán un ingreso fijo, regular o permanente,
ni formarán parte de los sueldos u honorarios que los servidores públicos perciban en forma ordinaria.
Los reglamentos determinarán el otorgamiento de estas compensaciones de acuerdo con el nivel de
cumplimiento de las metas comprometidas.
Artículo 94. Bases de organización
El servicio profesional de carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:
I. Tendrá carácter obligatorio y permanente; incluirá los planes, programas, cursos, evaluaciones,
exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende, en su caso;
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II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en la Constitución Local y en los tratados
internacionales de los que México forme parte. Tendrá como objetivos la preparación, la competencia,
la capacidad y la superación constante del personal en el desempeño del servicio;
III. El contenido teórico y práctico de los programas y cursos de capacitación, actualización y
especialización fomentará que los miembros del Servicio Profesional de Carrera logren la
profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos en la
fracción anterior, de conformidad con los Programas Rectores de Profesionalización formulados por las
Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública en los
términos que señala la Ley General, y promoverán el efectivo aprendizaje y pleno desarrollo de los
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
IV. Determinará los perfiles y niveles jerárquicos, así como los rangos de percepción;
V. Contará con procedimientos disciplinarios sustentados en principios de justicia y con pleno respeto a
los derechos humanos;
VI. Promoverá el desarrollo, el ascenso y el otorgamiento de estímulos y reconocimientos con base en el
mérito y la eficiencia en el desempeño de las funciones;
VII. Fomentará el sentido de pertenencia institucional; y
VIII. La observancia de las normas para el registro y el reconocimiento del Certificado y en el Registro
Nacional y Estatal de Personal, así como las relativas al registro de las incidencias del personal en su
Hoja de Servicios.
Artículo 95. Componentes del servicio profesional de carrera
El servicio profesional de carrera comprende los rangos, las categorías, la antigüedad, las condecoraciones,
las compensaciones, los reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como
el registro de los correctivos disciplinarios y sanciones que, en su caso, haya acumulado el servidor público
perteneciente a las instituciones de seguridad pública y se regirá por las normas siguientes:
I. Antes de autorizar el ingreso de un aspirante las instituciones de seguridad pública deberán consultar
los antecedentes, ello, en el Sistema de Información Estatal de Seguridad Pública, los registros
municipales y el Sistema Nacional de Información a través de la unidad del Sistema Estatal de
Información;
II. Todo aspirante deberá obtener y mantener actualizado el Certificado el cual deberá estar registrado en
el Sistema Estatal de Seguridad Pública;
III. Sólo ingresarán y permanecerán en las instituciones de seguridad pública, los aspirantes y servidores
públicos que cursen y aprueben los programas de ingreso, formación, capacitación y profesionalización
del Centro de Profesionalización o de las academias;
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IV. La permanencia de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública estará
condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine esta ley y las demás disposiciones legales
aplicables;
V. Para incrementar el salario, se considerarán, además de los aumentos que correspondan a las
revisiones generales de los salarios, la evaluación de los méritos en el desempeño, que se cumplan a
cabalidad los requisitos de permanencia, la antigüedad y los resultados obtenidos en los programas de
capacitación y profesionalización;
VI. Para incrementar la categoría de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública se
deberán considerar las circunstancias enunciadas en la fracción inmediata anterior, así como sus
aptitudes de mando y liderazgo; y
VII. Los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública y podrán ser cambiados de
adscripción, con base en las necesidades del servicio y bajo los procedimientos contemplados en sus
reglamentos del servicio profesional respectivos.
Artículo 96. De la unidad administrativa del servicio profesional de carrera
El servicio profesional de carrera estará a cargo de la unidad administrativa, creada para tal efecto en las
instituciones de seguridad pública, la que será responsable de las convocatorias emitidas y del proceso de
reclutamiento y selección, además de ser el centro operativo de la base de datos de la plataforma de
información que genere el plan individual de carrera de todos los elementos que lo integran.
Artículo 97. Independencia e inamovilidad
El servicio profesional de carrera es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos
administrativos o de dirección. Al término de los efectos de los nombramientos para tales cargos, los
servidores públicos de las instituciones de seguridad pública podrán reincorporarse al servicio profesional
de carrera, debiendo respetarse su categoría, siempre que no exista impedimento legal para ello.
Artículo 98. Régimen laboral
El régimen laboral de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los policías de las instituciones de
seguridad pública se regulará conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal,
la presente ley y reglamentos que de ésta deriven.
Artículo 99. Remoción
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los policías de las instituciones de seguridad pública podrán
ser separados o removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que establece esta ley para ingresar
o permanecer en las instituciones de seguridad pública, o ser removidos por incumplimiento de sus
obligaciones y deberes, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea
el resultado del juicio o medio de defensa intentado para combatir la separación, la remoción o cualquier otra
forma de terminación del servicio.
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Al concluir el servicio, el servidor público de las instituciones de seguridad pública deberá entregar al
funcionario designado para tal efecto, la información, la documentación, las identificaciones, los valores, las
armas, los vehículos y los demás bienes y recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o
custodia.
Artículo 100. Suspensión temporal
El auto de formal prisión o de vinculación a proceso dictado a un servidor público de las instituciones de
seguridad pública ocasionará su suspensión temporal, sin el pago de la remuneración diaria ordinaria, hasta
que se resuelva en definitiva el proceso penal correspondiente.
El servidor público de las instituciones de seguridad pública deberá informar dentro de los tres días hábiles
siguientes, por sí o a través de su defensor, su situación jurídica, para lo cual deberá presentar al superior
jerárquico copia certificada de la resolución respectiva, así como de las actuaciones ministeriales o judiciales
necesarias, sin perjuicio de que aquél obtenga la información que requiera y lo haga del conocimiento del
órgano de asuntos internos; de la unidad administrativa encargada de los recursos humanos y de la
instancia responsable de dar el aviso correspondiente al Registro Nacional de Personal y al Registro Estatal
de Personal.
En caso de que se emita sentencia condenatoria, el servidor público será destituido, si por el contrario fuese
absolutoria y quede firme, deberá informar dentro de los treinta días siguientes, su situación jurídica, para lo
cual deberá presentar al superior jerárquico copia certificada de la resolución respectiva, así como de las
actuaciones ministeriales o judiciales necesarias para su reincorporación previa valoración de los requisitos
de ingreso y permanencia correspondientes
CAPÍTULO II
SELECCIÓN E INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
Artículo 101. Selección
La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan sido reclutados, a
quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las instituciones de seguridad pública.
Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución
que determine cuáles son los candidatos aceptados.
Artículo 102. Ingreso
El ingreso es el proceso de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al
concluir su formación o capacitación inicial y el correspondiente periodo de prácticas, previo cumplimiento
de los requisitos previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 103. Requisitos de ingreso al servicio profesional de carrera
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020) (REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
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El ingreso al servicio profesional de carrera será de carácter obligatorio para el personal de las instituciones,
de acuerdo a la Ley General, Ley Estatal, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de
Zaragoza, Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, el
Programa Rector y demás ordenamientos aplicables.
Los aspirantes a ingresar a las instituciones de seguridad pública, deberán cumplir, cuando menos, con los
requisitos siguientes:
A. Ministerio Público.
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos.
II. Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la correspondiente
cédula profesional.
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional.
IV. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de
un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.
V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público,
ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las
normas aplicables.
VI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.
VII. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica para Agentes del Ministerio Público.
VIII. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.
IX. Los demás que establezcan los ordenamientos legales correspondientes.
B. Peritos
I. Ser ciudadano mexicano, mayor de edad y en pleno ejercicio de sus derechos.
II. Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la
ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos
correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas
aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio, y haber ejercido la profesión u oficio
mínimo dos años con antelación a su ingreso.
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional.
IV. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las disposiciones aplicables.
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V. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni
estar sujeto a proceso penal.
VI. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público,
ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las
normas aplicables.
VII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.
VIII. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.
IX. Los demás que establezcan los ordenamientos legales correspondientes.
C. Policías
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
II. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni
estar sujeto a proceso penal.
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional.
IV. Contar con las edades siguientes:
a. Área de Prevención: De 18 a 35 años.
b. Área de Investigación: De 19 a 35 años.
c. Área de Reacción: De 23 a 33 años.
d. Área de Análisis Táctico: De 18 a 45 años.
e. Área de Protección y Custodia: De 18 a 35 años.
V. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios de enseñanza media superior, superior o equivalente,
para las áreas de prevención, reacción, análisis táctico, protección y custodia; tratándose del área de
investigación deberán de acreditar nivel superior o equivalente.
VI. Aprobar el curso de ingreso y de formación inicial.
VII. Presentar y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza previstas en las disposiciones
aplicables.
VIII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público,
ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las
normas aplicables.
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IX. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.
X. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.
En caso de que el candidato no apruebe la etapa de formación inicial, no continuará con el proceso para el
ingreso.
Previo al ingreso de los candidatos a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes
en los registros nacionales y en los registros estatales a través de la unidad administrativa del Sistema Estatal
de Información, así como verificarse la autenticidad de los documentos presentados.
Artículo 104. Declaración de ingreso
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
La unidad administrativa del servicio profesional de carrera respectiva, con base en la información
proporcionada por el Centro de Profesionalización, las academias y la opinión de la Comisión, declarará
procedente el ingreso de los aspirantes que hayan aprobado el proceso relativo en términos de esta ley;
asimismo, publicará el listado respectivo y lo comunicará a la institución de seguridad pública
correspondiente a efecto de que, conforme a las posibilidades presupuestales de ésta, proceda a su
contratación.
La institución de seguridad pública de que se trate expedirá las constancias de terminación del curso de
formación correspondiente y los nombramientos formalizándose con ello la relación administrativa de sus
nuevos integrantes.
Artículo 105. Designación especial
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Fiscal General o el Secretario de Seguridad,
de conformidad con las disposiciones aplicables, podrán, en casos excepcionales, llevar a cabo la
designación especial de servidores públicos.
Se entiende por designación especial, el nombramiento que se hace de los elementos antes señalados,
dispensando la convocatoria y procesos de selección siempre que se cumplan los requisitos de ingreso.
Las personas nombradas por designación especial no serán consideradas como miembros del Servicio
Profesional de Carrera. Sin embargo, podrán ingresar a este, siempre que cumplan los requisitos para ello,
establecidos en los ordenamientos aplicables.
Artículo 106. Reingreso
Los integrantes que se hayan separado de las instituciones de seguridad pública por no más de tres años y
que hayan prestado sus servicios a la institución un tiempo mínimo de seis meses ininterrumpidos antes de
su baja, podrán reingresar cumpliendo los requisitos de ingreso previstos en esta ley y demás
disposiciones aplicables, siempre que no se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I. Haber sido removido, separado o destituido de la institución correspondiente.
51
II. Estar sujeto a proceso penal; a procedimiento por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por
violación a sus obligaciones y deberes o a procedimiento de responsabilidad administrativa conforme a
las leyes de la materia.
III. Para el caso de los policías, exceder el límite de edad a que se refiere el presente ordenamiento.
IV. Haber renunciado encontrándose sujeto a Procedimiento ante la Comisión respectiva u órgano de
control interno por incumplimiento a los requisitos de permanencia o infracción al régimen disciplinario.
El reingreso solo podrá otorgarse cuando exista plaza vacante en el cargo o comisión solicitada y los
resultados de las evaluaciones sean favorables y acordes al perfil de referencia.
CAPÍTULO III
PERCEPCIÓN ECONÓMICA
Artículo 107. Remuneración ordinaria
Las instituciones de seguridad pública cubrirán a los integrantes del servicio profesional de carrera una
contraprestación económica por los servicios prestados, la que se integrará por la remuneración ordinaria y,
en su caso, la compensación que determinen las autoridades competentes.
Artículo 108. Contraprestación
La contraprestación que se asigne en los tabuladores para cada puesto, consistirá en el total que deba
cubrirse a los integrantes del servicio profesional de carrera, sin perjuicio de otras prestaciones ya
establecidas o que se establezcan.
Artículo 109. Salario homologado
Cada año el Secretario Ejecutivo realizará un estudio de sueldos y salarios que incluya los rangos de
percepción, la descripción de los puestos, la valuación de la actividad desempeñada y la competitividad
salarial existente en la población asignada para la realización de labores similares a la de que se trate.
La remuneración ordinaria y demás percepciones de los integrantes del servicio profesional de carrera de
las instituciones de seguridad pública se harán de acuerdo con los estudios anuales de sueldos y salarios
que comprenderán, la descripción de los diferentes puestos, su valuación, así como el análisis de equidad
y competitividad salarial.
Las percepciones de los integrantes del servicio profesional de carrera de las instituciones de seguridad
pública se homologarán de acuerdo con el estudio de sueldos y salarios.
Artículo 110. Derechos laborales
Los integrantes del servicio profesional de carrera de las instituciones de seguridad pública gozarán de las
prestaciones y beneficios de la seguridad social que establezca las leyes respectivas.
Artículo 111. Complemento de la seguridad social
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El régimen complementario de seguridad social de los integrantes del servicio profesional de carrera de las
instituciones de seguridad pública comprenderá, considerando las posibilidades y disponibilidad
presupuestal del Estado y de los municipios, cuando menos las siguientes prestaciones:
I. Fondo de ahorro;
II. Seguro de vida;
III. Pago de gastos de defunción de los integrantes fallecidos en el ejercicio o con motivo de sus funciones;
IV. Créditos hipotecarios y de corto plazo;
V. Becas educativas para los propios integrantes;
VI. Las pensiones establecidas por la normativa aplicable y complementarias en caso de fallecimiento en
el ejercicio o con motivo de sus funciones, o por riesgo de trabajo, y
VII. Sistema de seguros educativos para los dependientes de los integrantes fallecidos o que les haya
sobrevenido incapacidad total permanente, en el ejercicio o con motivo de sus funciones.
CAPÍTULO IV
PERMANENCIA
Artículo 112. Concepto
La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en esta ley y
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, para continuar en el servicio activo en las
instituciones de seguridad pública.
Artículo 113. Requisitos de permanencia
Son requisitos de permanencia:
I. Conservar los requisitos de ingreso durante el servicio;
II. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;
III. Mantener actualizado el certificado y registro correspondientes;
IV. Cumplir con los programas de formación continua y especializada, así como de actualización y
profesionalización que establecen la presente ley y demás disposiciones aplicables;
V. Presentar y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, previa consulta en el Sistema
Nacional de Información;
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VI. Cumplir con los requisitos de la promoción en las diferentes categorías del servicio profesional de
carrera;
VII. Participar en los procesos de ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;
VIII. No haber sido suspendido, destituido o inhabilitado como servidor público, por resolución firme;
IX. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos, o de cinco
días discontinuos, dentro de un plazo de treinta días naturales;
X. No superar la edad máxima de retiro establecida en la presente ley; y
XI. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 114. Separación del servicio
El incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior, dará lugar al inicio del
procedimiento de separación del servicio del Integrante ante la respectiva Comisión, salvo el caso de superar
la edad, el que se tramitará administrativamente de manera interna por la institución respectiva.
Artículo 115. Evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño es el proceso mediante el cual se mide periódicamente la contribución
individual y colectiva de los integrantes de las instituciones de seguridad pública para el logro de las metas
y objetivos de las instituciones a las que pertenezcan, de acuerdo con las disposiciones de esta ley y los
reglamentos respectivos.
Las unidades administrativas del servicio profesional de carrera, así como el superior jerárquico, aplicarán
la evaluación del desempeño, con la periodicidad y conforme a los procedimientos, criterios, indicadores de
desempeño y demás elementos que establezca el reglamento respectivo, así como la normatividad
correspondiente.
CAPÍTULO V
ANTIGÜEDAD
Artículo 116. Antigüedad, cómputo
La antigüedad se clasificará y computará de la siguiente forma:
I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso; y
II. Antigüedad en la categoría y el rango, a partir de la fecha señalada en el nombramiento o la constancia
correspondiente.
La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos del servicio
profesional de carrera, en los casos y conforme a las disposiciones de esta ley.
54
La antigüedad se interrumpirá en los casos y términos en que lo prevé esta ley y las demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO VI
PROMOCIONES Y ASCENSOS
Artículo 117. La promoción
La promoción es el proceso que permite a los integrantes de las instituciones de seguridad pública promover
su categoría en el servicio profesional de carrera dentro del mismo nivel horizontal.
Artículo 118. Los ascensos
El ascenso será la promoción dada mediante un movimiento en forma vertical de un grado inferior a otro
superior, considerando para esto los factores escalafonarios.
Para participar en los ascensos de la carrera profesional, los integrantes de las instituciones de seguridad
pública deberán:
I. Estar en servicio activo y no encontrarse comisionados o con licencia;
II. Contar con los requisitos de antigüedad en la categoría y rango en el servicio;
III. Haber observado buena conducta;
IV. Haber efectuado y aprobado los cursos de formación, capacitación, actualización o profesionalización;
V. Haber obtenido evaluación del desempeño satisfactoria; y
VI. Los demás que de manera específica establece la presente ley.
Para ascender de jerarquía, es decir, subir de puesto dentro de la estructura orgánica, los integrantes de las
instituciones de seguridad pública deberán cubrir los requisitos correspondientes de la convocatoria; hecho
esto, les será conferido su nueva jerarquía, mediante la expedición del nombramiento o la constancia
correspondiente. Los ascensos sólo podrán conferirse cuando exista una vacante.
Para el ascenso deberán considerarse, por lo menos, la categoría en el servicio profesional de carrera, los
resultados obtenidos en los programas de profesionalización, conocimientos, experiencia, antigüedad y
méritos demostrados en el servicio, así como las aptitudes de mando y liderazgo.
Artículo 119. Supletoriedad de promociones y ascensos
En la reglamentación correspondiente se establecerán los términos y condiciones a que se sujetarán las
promociones y los ascensos.
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CAPÍTULO VII
PROFESIONALIZACIÓN
Artículo 120. Etapas
La profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación para desarrollar al máximo las
competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y
consta de las siguientes etapas: inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección.
Artículo 121. Planes y programas
Los planes y programas de profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública
se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y
aprendizaje; se elaborarán por el Centro de Profesionalización y las academias, respectivamente, de
conformidad con el Programa Rector de Profesionalización formulado por la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; serán aprobados
por las Comisiones, y sometidos a la verificación y la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional.
Artículo 122. Obligatoriedad
La profesionalización será el criterio fundamental para el otorgamiento de los ascensos, y obligatoria
para todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública con la finalidad de que cuenten con los
conocimientos, aptitudes y destrezas para desempeñar sus funciones con calidad y eficiencia, y acorde
a las funciones que realicen.
CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS
Artículo 123. Reconocimientos
El régimen de reconocimiento es el mecanismo por el cual las instituciones de seguridad pública
otorgan estímulos públicos a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar,
con la finalidad de promover la lealtad, el valor, el mérito y la honradez, así como fomentar la calidad y la
efectividad en el desempeño del servicio, incrementar sus posibilidades de promoción y ascenso, y fortalecer
su identidad institucional.
El régimen de que se trata comprende los distintivos, recompensas, condecoraciones, menciones
honoríficas, y citaciones por medio de los cuales se reconoce y promueve la actuación heroica, valiente,
ejemplar, sobresaliente y los demás actos meritorios de los integrantes de las instituciones de seguridad
pública.
Artículo 124. Estímulos
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Los estímulos se otorgarán a los integrantes de las instituciones de seguridad pública y conforme a la
recomendación que emitan las Comisiones, sujetándose a los principios de justicia, equidad,
proporcionalidad y teniendo en cuenta las disposiciones presupuestales, en la inteligencia de que por
una misma acción no se podrá otorgar más de un estímulo, ni sumarse para otorgar otro.
Todo reconocimiento será acompañado de una constancia para acreditar que se ha otorgado, la cual deberá
ser agregada al expediente de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; en su caso, se
emitirá la autorización de portación de la condecoración o el distintivo correspondiente.
Artículo 125. Criterios para el otorgamiento
Las Comisiones establecerán, conforme al reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables los
criterios y pautas para el otorgamiento de reconocimientos y estímulos a los integrantes de las instituciones
de seguridad pública.
CAPÍTULO IX
SEPARACIÓN
Artículo 126. Conclusión
La conclusión del servicio p ro fes iona l de carrera es la terminación del nombramiento respectivo o la
cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de ingreso y permanencia, o cuando en
los procesos de promoción concurra alguna de estas circunstancias:
a. Que por causas imputables a él, en un plazo de tres años no hubiese obtenido la categoría
inmediata superior que le corresponda, siempre y cuando existan vacantes para la misma, salvo
que ya cuente con la máxima dentro de su jerarquía;
b. Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes para conservar su
permanencia; y
c. Que hayan alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, en los siguientes términos:
i. Escala Básica, 55 años;
ii. Suboficial, 56 años;
iii. Oficial, 57 años;
iv. Subinspector, 58 años;
v. Inspector, 60 años;
vi. Inspector Jefe, 62 años; y
vii. Comisario, 65 años.
Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que hayan alcanzado la edad límite para
su permanencia podrán ser reubicados en otras áreas de servicio, de acuerdo con sus aptitudes,
conservando los derechos adquiridos y observando respeto a su jerarquía.
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II. Destitución, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus
obligaciones y deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; y
III. Baja por renuncia, jubilación, retiro anticipado, incapacidad permanente o muerte.
CAPÍTULO X
PERMISOS, LICENCIAS Y COMISIONES
Artículo 127. Permiso
Permiso es el período de tiempo que se otorga a un integrante de las instituciones de seguridad pública para
ausentarse de sus actividades a efecto de atender asuntos personales.
Artículo 128. Tipos de permisos
Los permisos que se concedan a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, son los siguientes:
I. Ordinario; y
II. Extraordinario.
Artículo 129. Permiso ordinario
El permiso ordinario es el que se concede a solicitud del integrante, de acuerdo con las necesidades del
servicio, y por un lapso de un día hasta tres meses en un año calendario, para atender asuntos personales
sin goce de sueldo por única vez.
Artículo 130. Permiso Extraordinario
El permiso extraordinario es el que se concede, a solicitud del integrante, para ausentarse de sus actividades
a efecto de desempeñar cargos de elección popular o cargos vinculados a la seguridad pública o procuración
de justicia en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
Este tipo de permiso sólo será autorizado por los titulares de las instituciones y el integrante no tendrá
derecho a recibir percepciones de ninguna índole, por parte de la corporación a la que pertenezca ni a ser
promovido durante el tiempo que dure el mismo.
Artículo 131. Trámite, autorización y registro
Todos los permisos se tramitarán por el Superior Jerárquico ante la Unidad Administrativa encargada de los
recursos humanos en la institución de seguridad pública a la que pertenezca el integrante, quien a su vez
remitirá a la unidad administrativa jurídica para su valoración y solicitud de autorización al titular.
Los permisos autorizados deberán de ser comunicados a las unidades administrativas competentes a efecto
de que se inscriban en los registros correspondientes.
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Artículo 132. Equipo a su cargo
Al integrante de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia que se le conceda permiso
deberá entregar el equipamiento que tenga a su cargo e informar por escrito al superior de quien dependa,
el lugar y domicilio donde hará uso de dicho beneficio.
Artículo 133. Prórroga
En caso de que el integrante de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia necesite una
prórroga del permiso, lo solicitará con anticipación por conducto del superior jerárquico de quien dependa.
Al presentar dicha solicitud deberá tomar las previsiones necesarias con la finalidad de que la misma sea
recibida por la autoridad competente para resolverla antes de su vencimiento.
Artículo 134. Licencia
Las licencias son las que se otorgan por motivo de incapacidad, las cuales deberán ser tramitadas de
conformidad con las disposiciones que para tal efecto establece el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado o equivalente.
Toda licencia deberá presentarse por el interesado o por cualquier persona, a la unidad administrativa a la
cual se encuentre adscrito el integrante, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su expedición. El
incumplimiento a lo anterior se considerará falta injustificada.
Artículo 135. En comisión
Se considerará como integrante en comisión a aquel que por orden de los titulares de las instituciones, se
encuentre en desarrollo de actividades en apoyo a otras autoridades e instituciones.
El integrante en comisión podrá ser reasignado o retirado de la misma cuando la causa que la motivó se
modifique o deje de existir, en los términos que, en su caso, establezcan las disposiciones respectivas, o
cuando así lo estimen conveniente los titulares de las instituciones.
El integrante en comisión, estará obligado a sujetarse a los lineamientos disciplinarios de la institución donde
cumpla su comisión, sin que esto lo exima de cumplir con los deberes y normas inherentes a su calidad de
integrante del servicio profesional de carrera y su grado dentro de la institución.
CAPÍTULO XI
DE LAS CONTROVERSIAS DEL SERVICIO PROFESIONAL
Artículo 136. Inconformidad
Los integrantes del servicio profesional de carrera podrán inconformarse ante la Comisión en los siguientes
casos:
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I. Violación a sus derechos por no haber sido evaluado objetivamente su desempeño;
II. No haber sido convocados a cursos de capacitación, adiestramiento, actualización, especialización o
cualesquier otros de profesionalización;
III. No permitirles participar o continuar en algún proceso de promoción o ascenso; y
IV. La determinación de su antigüedad en el servicio profesional de carrera.
El integrante del servicio profesional de carrera deberá plantear la inconformidad por escrito que
presentará dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que tuvo conocimiento del hecho
presumiblemente violatorio de sus derechos, expresando los agravios que le cause. A dicho escrito deberá
acompañar las pruebas en que se apoye, siendo inadmisible la prueba confesional.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya planteado la inconformidad, caducará el derecho del integrante.
Artículo 137. Auto de admisión
La Comisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición de la inconformidad, notificará al
integrante sobre su admisión; en caso afirmativo procederá, dentro de los quince días hábiles siguientes,
al estudio, investigación o indagación de los antecedentes que la motivaron, transcurridos los cuales dictará
resolución.
En caso de que se determine procedente la inconformidad, en la misma resolución se establecerá la forma
y términos para la rectificación de la violación en que se hubiere incurrido.
La resolución que dicte la Comisión, no admitirá recurso y deberá ser notificada personalmente al
integrante.
TÍTULO TERCERO
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 138. Componentes
El régimen disciplinario comprende las obligaciones y los deberes, las correcciones disciplinarias, las
sanciones y el procedimiento para su aplicación.
La actuación de los policías se regirá por los principios previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal
y esta ley.
Artículo 139. Disciplina
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La disciplina comprende el aprecio por sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios,
la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, y el escrupuloso respeto a las leyes, los
reglamentos y los derechos humanos.
La disciplina es la base del funcionamiento y la organización de las corporaciones policiales, por lo que
sus integrantes deberán observar las leyes, jerarquías y categorías, así como obedecer las órdenes
legítimas que se les den y salvaguardar los altos conceptos del honor, la justicia y la ética.
La disciplina demanda respeto mutuo entre quien ostente un mando y sus subordinados.
Artículo 140. Cumplimiento del deber
Las corporaciones policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos y lograr los
objetivos y fines de la seguridad pública.
Artículo 141. Inicio del procedimiento disciplinario
El incumplimiento por parte de los policías a sus obligaciones y deberes que establece esta ley y las
demás disposiciones aplicables, dará lugar al inicio del procedimiento del régimen disciplinario ante la
Comisión correspondiente.
Artículo 142. Tipo de sanciones
Las sanciones que se apliquen por infracciones al régimen disciplinario, serán:
I. Amonestación;
II. Arresto;
III. Suspensión hasta por treinta días;
IV. Degradación en su jerarquía, y
V. Destitución.
Las sanciones se impondrán sin perjuicio de la obligación del pago de la reparación del daño a cargo del
infractor, en los casos en que legalmente proceda.
La aplicación de sanciones deberá registrarse en el expediente personal del policía infractor, así como en
su hoja de servicios.
Artículo 143. Individualización de las sanciones
La aplicación de las sanciones se hará tomando en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes
que concurran en la comisión de la infracción.
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Artículo 144. Agravantes
Son circunstancias agravantes:
I. Incurrir simultáneamente en dos o más infracciones;
II. La reincidencia;
III. El cometer la falta en forma colectiva. Se considerará colectiva la concertada por dos o más policías;
IV. Afectar la imagen institucional con la conducta realizada;
V. Ejecutar la transgresión con dolo y en presencia de subalternos;
VI. Existir en su ejecución abuso de autoridad jerárquica o de funciones;
VII. La mayor o menor jerarquía del presunto infractor; y
VIII. La gravedad de las consecuencias que haya producido la transgresión.
Artículo 145. Atenuantes
Son circunstancias atenuantes:
I. La buena conducta del policía infractor con anterioridad al hecho;
II. Los méritos acreditados;
III. La inexperiencia del presunto infractor por ser de reciente ingreso;
IV. Haberse originado la falta por un exceso de celo en bien del servicio; e
V. Incurrir en falta o infracción por la influencia probada de un superior.
Artículo 146. Independencia de las sanciones
La imposición de las sanciones se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad
civil, penal o administrativa, de conformidad con la legislación aplicable.
CAPÍTULO II
AMONESTACIÓN
Artículo 147. Amonestación
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Por virtud de la amonestación se hará notar al policía infractor la acción o la omisión indebida en que incurrió
en el desempeño de sus funciones, se le exhortará a que enmiende su conducta y se le apercibirá de que,
si no hace esto último, se hará acreedor a una sanción mayor.
La amonestación podrá ser pública o privada, y se ejecutará por conducto del superior jerárquico. Las
primeras tres amonestaciones que sufra un policía serán privadas, las ulteriores en público frente a
integrantes de la unidad a la que se encuentre adscrito el infractor, quienes deberán ostentar el mismo o
mayor grado, cargo o comisión que el sancionado. Nunca se amonestará a un infractor en presencia de
subordinados en categoría jerárquica, cargo o comisión.
Artículo 148. Faltas que ameritan amonestación.
Serán sancionadas con amonestación, las siguientes conductas:
I. Presentarse con retardo al registro de asistencia;
II. Ausentarse durante la lectura de la orden del día;
III. Presentarse al servicio sin los útiles o materiales necesarios que le hayan sido asignados;
IV. Alterar las características del uniforme, o usar prendas ajenas a este;
V. Carecer de limpieza en su persona, uniforme, equipo o instalaciones asignadas;
VI. No tener la atención o consideración a la jerarquía del superior al dirigirse al mismo;
VII. Dirigirse a sus superiores o compañeros mediante apodos o sobrenombres estando en servicio;
VIII. No dar curso o atención a las solicitudes de los subordinados a su mando; y
IX. Las demás conductas que atenten en contra de la disciplina de la corporación y no ameriten la
imposición de otro correctivo de los establecidos en esta ley.
Artículo 149. Procedimiento para la aplicación de una amonestación.
En una sola audiencia se tramitará el procedimiento sumarísimo para aplicar la amonestación, dándose,
desde luego, la garantía de audiencia y de defensa al policía implicado, resolviéndose allí mismo lo
procedente y dejándose constancia escrita del citado procedimiento.
CAPÍTULO III
ARRESTO
Artículo 150. Definición
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El arresto que sufre un policía es la continuación de un servicio de inspección y vigilancia o la realización de
algún trabajo administrativo dentro de las instalaciones que designe la superioridad y que puede ser hasta
por 36 horas, contadas a partir de la hora que se da por enterado.
Los arrestos pueden ser:
I. Sin perjuicio del servicio, que consiste en realizar normalmente sus actividades dentro o fuera de las
instalaciones según corresponda; cumpliendo con los horarios establecidos, al término de los cuales, si
no ha concluido con dicho arresto, se concentrará en su unidad administrativa para concluirlo; y
II. Con perjuicio del servicio, en cuyo caso el arrestado desempeñará sus actividades exclusivamente
dentro de las instalaciones.
Artículo 151. Formas de aplicación de los arrestos
Los arrestos serán aplicados en la forma siguiente:
I. A las categorías de Comisarios e Inspectores hasta por doce horas;
II. A la categoría de Oficiales, hasta por veinticuatro horas; y
III. A la categoría de Escala Básica, hasta por treinta y seis horas.
Artículo 152. Competencia para ordenar un arresto
Los arrestos serán impuestos a los Integrantes de la corporación policial por el superior jerárquico por cargo,
orden o comisión, al que se encuentren subordinados, o por el superior jerárquico en grado cuando se
encuentren en actos de servicio, respetando la linealidad del mando, y serán graduados por los mismos.
Artículo 153. Formalidades de la orden de arresto
Toda orden de arresto deberá darse por escrito, salvo cuando el superior se vea precisado a comunicarla
verbalmente, en cuyo caso la ratificará por escrito dentro de las dos horas siguientes, anotando el motivo,
fundamento legal y la hora de la orden dada. Dicha orden deberá ejecutarse de manera inmediata,
haciéndoselo saber a quién deba cumplirla.
Artículo 154. Inconformidad
El integrante que se inconforme con la corrección disciplinaria impuesta, una vez cumplida la misma, será
oído en audiencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes, por el superior jerárquico que impuso el
arresto. Sin mayor trámite se procederá a resolver lo conducente y contra dicha resolución procederá el
recurso de rectificación ante la Comisión. Si la resolución es favorable, su efecto será que el antecedente del
arresto no se integrará al expediente del inconforme.
Artículo 155. Faltas que ameritan arresto hasta por 12 horas
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Serán sancionados con arresto hasta por 12 horas aquellos policías que incurran en las siguientes faltas y
que no ameriten una amonestación:
I. Faltar injustificadamente a sus labores por un día;
II. No informar oportunamente a sus superiores de la inasistencia o abandono del servicio de sus
subordinados;
III. Permitir que sin causa justificada, algún elemento no asista a la formación de pase de lista u órdenes;
IV. No hacer las debidas demostraciones de respeto a sus superiores;
V. No ser amable y cortés con sus subordinados;
VI. Quitarse la gorra o tocado durante el servicio, cuando su uniforme lo indique;
VII. No usar el cabello corto, la barba rasurada y el bigote recortado;
VIII. Ceñirse exageradamente el uniforme;
IX. Fumar, masticar chicle o escupir ante sus superiores;
X. Estando en servicio, platicar con algún civil o personal policial sobre asuntos no referentes a la función
de seguridad;
XI. Practicar juegos de azar dentro de las instalaciones de Policía o durante el servicio, y
XII. Las que en cada caso considere la autoridad disciplinaria, conforme a los indicadores a que se refiere
esta ley.
Artículo 156. Faltas que ameritan arresto hasta por 24 horas
Serán sancionados con arresto hasta por 24 horas aquellos policías que incurran en las siguientes faltas:
I. Faltar injustificadamente a sus labores por dos días consecutivos;
II. Dejar de realizar las actividades ordenadas por la superioridad durante el servicio o comisión para
ocuparse de otras;
III. Relajar la disciplina o separarse sin autorización estando en filas;
IV. No desempeñar el servicio o comisión en la forma que fue ordenado por la superioridad;
V. Desempeñar un servicio o comisión que no le haya sido ordenado, salvo en el caso de flagrante delito;
VI. Cubrir sin autorización el servicio o comisión asignado a otro elemento;
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VII. No decir su número de placa, ocultar su nombre o no mostrar su identificación oficial al ciudadano que
lo requiera;
VIII. No informar oportunamente al superior jerárquico de las novedades que ocurran durante el servicio o a
su término;
IX. Actuar sin la diligencia y oportunidad requeridos en el servicio o comisión;
X. Omitir información a la superioridad o dar novedades falsas;
XI. Alterar o asentar datos incorrectos en la relación de servicios o roles de firmas;
XII. Alterar el rol de guardia o bitácoras;
XIII. Desconocer las jerarquías superiores o la forma en que está organizada la corporación policial;
XIV. Hacerse representar ante los superiores en solicitudes o quejas;
XV. Tratar con familiaridad a los superiores o subalternos o con palabras altisonantes o señas obscenas;
XVI. Manifestar disgusto, burla, desprecio o indiferencia hacia las amonestaciones u observaciones
superiores;
XVII. Dictar órdenes que lesionen la dignidad o decoro de los subalternos;
XVIII. Obstaculizar el desempeño de las funciones encomendadas a otro elemento;
XIX. No atender en forma diligente al público;
XX. No descender de la unidad policial para atender o sancionar a un infractor;
XXI. No aplicar las técnicas y tácticas policiales en la detención de personas y/o vehículos;
XXII. No cumplir las órdenes de sus superiores;
XXIII. No observar estricta puntualidad al ingresar a prestar el servicio encomendado;
XXIV. No saludar militarmente a sus superiores jerárquicos;
XXV. No responder el saludo de un subordinado;
XXVI. No guardar discreción respecto de los asuntos que tengan conocimiento y que estén relacionados con
su servicio;
XXVII. No aplicar su conocimiento y capacidad para evitar accidentes y cuando éstos ocurran no prestar el
auxilio procedente;
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XXVIII. No expedir las boletas o folios de infracción cuando existan violaciones a las disposiciones de tránsito;
y
XXIX. Las que en cada caso considere la autoridad disciplinaria, conforme a los indicadores a que se refiere
esta ley.
Artículo 157. Faltas que ameritan arresto hasta por 36 horas
Serán sancionados con arresto hasta por 36 horas aquellos policías que incurran en las siguientes faltas:
I. Faltar injustificadamente a sus labores por tres días consecutivos;
II. Haber acumulado cinco amonestaciones en un año de calendario;
III. Salvar conductos al tratar asuntos oficiales;
IV. Actuar negligentemente en el servicio o comisión;
V. Actuar con negligencia en el empleo, uso o manejo del armamento;
VI. No abastecer oportunamente su arma de cargo, en los lugares indicados;
VII. Salir al servicio sin portar el arma reglamentaria o el equipo con que ha sido dotado el elemento, siendo
responsable también de esta falta el superior jerárquico respectivo;
VIII. Utilizar en el servicio armamento que no sea el de cargo, independientemente de las demás sanciones
a que se haga acreedor el infractor;
IX. No utilizar adecuadamente los objetos, implementos o equipos destinados para el servicio;
X. Extraviar el vestuario, armamento o equipo de trabajo, o documentos de cargo, que estén bajo su
guarda o custodia;
XI. No entregar oportunamente al almacén el equipo de cargo;
XII. Permitir que personas ajenas a la corporación aborden vehículos oficiales sin motivo justificado;
XIII. Permitir que su unidad motorizada o ciclista la utilice otro compañero o elemento extraño, sin
autorización superior;
XIV. Hacer mal uso de sirenas, luces y similares, así como los aparatos de radio comunicación policial;
XV. No reportar a los elementos que hagan mal uso del radio cuando se tenga conocimiento de ello;
XVI. Hacer mal uso del radio portátil o el instalado en las unidades motorizadas;
XVII. Utilizar en forma indebida la jerarquía o cargo de un superior para transmitir o comunicar una orden;
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XVIII. Dañar o escribir en muebles o paredes de las instalaciones oficiales; independientemente de las demás
sanciones a que se haga acreedor el infractor;
XIX. Negarse a recibir o a firmar el documento por el que se le notifique una sanción de las que establece
esta ley;
XX. No poner de inmediato a disposición de los superiores jerárquicos a los elementos de la corporación
que alteren el orden o cometan otro ilícito;
XXI. No elaborar, cuando proceda, boleta de infracción o citatorio en el lugar de los hechos;
XXII. No reportar de inmediato la detención de un vehículo, o en su caso, la detención, el traslado o
internamiento de personas detenidas por falta o en flagrante delito;
XXIII. Retener documentos a conductores de vehículos, cuando esto sea improcedente;
XXIV. Detener injustificadamente a una persona, independientemente de las responsabilidades penales a
que se hiciere acreedor el responsable;
XXV. Retener vehículos sin estar autorizado para ello, con la excepción del caso de flagrancia;
XXVI. Utilizar vehículos no oficiales en el servicio;
XXVII. Conducir fuera de servicio, vehículo particular sin placas y sin engomado, sin perjuicio de aplicar las
infracciones procedentes conforme a las normas de Tránsito; y
XXVIII. Las que en cada caso considere la autoridad disciplinaria, conforme a los indicadores a que se refiere
esta ley.
CAPÍTULO IV
SUSPENSIÓN, DEGRADACIÓN EN SU JERARQUÍA Y DESTITUCIÓN DEL CARGO
Artículo 158. Suspensión
La suspensión es la interrupción temporal de la relación administrativa existente entre el policía infractor y la
corporación policial.
La suspensión a que se refiere el presente artículo es distinta a la suspensión temporal que como medida
cautelar se dicte eventualmente dentro de un procedimiento.
Durante el tiempo que dure la suspensión a que se refiere esta disposición, el policía infractor no deberá
prestar sus servicios y, en consecuencia, la corporación policial tampoco le cubrirá sus percepciones.
Artículo 159. Conclusión de la suspensión
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Concluida la suspensión, el policía deberá presentarse en su área o unidad de adscripción, debiendo informar
por escrito al superior jerárquico su reincorporación al servicio.
Artículo 160. Degradación en su jerarquía
La degradación es el descenso en el nivel jerárquico con motivo de una falta disciplinaria, lo que conlleva a la
pérdida del grado y la percepción o estímulos económicos correspondientes al mismo.
Artículo 161. Destitución
La destitución es la terminación de la relación administrativa entre la corporación policial y el policía infractor,
sin responsabilidad para aquélla.
Artículo 162. Competencia para la aplicación de las sanciones de suspensión, degradación jerárquica y
destitución
Corresponde a la Comisión sustanciar y resolver los procedimientos relativos a la aplicación de las sanciones de
suspensión, degradación jerárquica y destitución previa vista del superior jerárquico al órgano de asuntos internos
o su equivalente.
Artículo 163. Faltas que ameritan una suspensión o degradación jerárquica
Serán causas de suspensión o degradación jerárquica, las siguientes:
I. Dejar de observar el debido respeto y subordinación legítima hacia sus superiores jerárquicos
inmediatos o mediatos;
II. Realizar conductas contra la independencia e imparcialidad de la corporación policial, tales como
aceptar, ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique
subordinación respecto de alguna persona o autoridades distintas a las de la corporación policial; en
este caso, a condición que no exista una relación jerárquica;
III. No fundar ni motivar sus actuaciones o peticiones habitualmente;
IV. Proporcionar información reservada a la que tenga acceso con motivo de sus funciones y que afecte la
seguridad pública y la procuración de justicia;
V. Desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular, que la ley prohíba;
VI. Desempeñar en forma negligente o deficiente los trabajos propios de sus funciones o los relacionados
con éstas, que le sean encomendados;
VII. Abstenerse de cumplir las comisiones que legalmente se le confieran o retardar injustificadamente su
ejecución;
VIII. Dejar de asistir sin motivo justificado a su área de adscripción o limitar indebidamente las horas de
trabajo, así como dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;
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IX. Actuar en los negocios en que estuvieren impedidos, conociendo el impedimento;
X. Actuar con dolo o negligencia en la custodia de los expedientes y documentos de la corporación policial;
propiciando su deterioro, destrucción, ocultamiento, sustracción o pérdida; y
XI. Las que en cada caso considere la autoridad disciplinaria, conforme a los indicadores a que se refiere
esta ley.
Artículo 164. Faltas que ameritan destitución del cargo
Serán causas de destitución del cargo, las siguientes:
I. Faltar a desarrollar sus funciones injustificadamente por más de tres días consecutivos; o cinco
discontinuos en periodo de treinta días;
II. Abandonar o suspender la comisión que se esté desarrollando, en forma injustificada;
III. No guardar la debida discreción respecto a las acciones de servicio;
IV. Acumular más de tres arrestos en un mes;
V. Recibir dádivas o regalos de cualquier especie, e incluso aceptar ofrecimientos o promesas por hacer
o dejar de hacer algo relacionado en forma directa o indirecta con la función policial que se desarrolla;
VI. Realizar dentro de la función policial; cualquier acto que no sea de su competencia y que viole la ley;
VII. Tomar para sí o para otro, instrumentos u objetos del delito o de las faltas; los que en el momento de la
detención o arresto posean los presuntos autores de un delito o de una falta, o los que posean aquellas
personas a quienes se les preste auxilio por un accidente o por calamidad pública;
VIII. Vender o dar en prenda, cualquier objeto o instrumento propiedad del gobierno, el cual le haya asignado
para el desempeño de su encargo;
IX. Robar propiedad del gobierno;
X. Abandonar un arresto;
XI. Presentarse al desempeño de sus funciones en estado de ebriedad, con aliento alcohólico producto de
bebidas embriagantes, o bajo el influjo de sustancias tóxicas, enervantes o psicotrópicos;
XII. Ingerir las bebidas o sustancias señaladas en la fracción anterior dentro de su servicio;
XIII. Presentarse uniformados o semi uniformados en bares, cantinas, centros de apuestas y juegos, o
prostíbulos u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o
en casos de flagrancia;
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XIV. Cometer fuera de servicio faltas graves que atenten a la moral social o familiar; y
XV. Las que en cada caso considere la autoridad disciplinaria, conforme a los indicadores a que se refiere
esta ley.
Artículo 165. Devolución de bienes y recursos
Si el policía infractor es suspendido o destituido deberá entregar su identificación, así como la
documentación, el armamento, las municiones y el equipo, valores, vehículos y los demás bienes y recursos
que se le hubieren ministrado o puesto bajo su resguardo para el cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO V
COMISIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA,
HONOR Y JUSTICIA
Artículo 166. Objeto
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
Se establecen las Comisiones como la instancia encargada de conocer y resolver los procedimientos
relacionados con el ingreso, selección, permanencia, desempeño, otorgamiento de promociones, asensos,
reconocimientos y estímulos, así como por violación a las obligaciones y deberes relativos al régimen
disciplinario, en los términos de esta ley.
Artículo 167. Integración de las comisiones de las corporaciones policiales estatales
Las comisiones de las corporaciones policiales estatales estarán integrados por:
I. Un presidente, que será el titular de la dependencia de que se trate;
II. Un secretario técnico, que será la persona titular de la unidad administrativa encargada de los asuntos
jurídicos;
III. Un vocal, que será la persona titular de la unidad administrativa encargada de los recursos humanos;
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
IV. Un vocal, que será la personal titular de la Unidad de Asuntos Internos o su similar;
V. Un vocal, que será la persona titular del Centro de Profesionalización;
VI. Un vocal de mandos, que será la persona titular de la corporación policial de que se trate;
VII. Un representante de las divisiones policiales, que serán elegidos de entre los de mayor rango y
antigüedad, con demostrada honorabilidad y probidad en el encargo;
VIII. Un representante de la sociedad civil que conocerá solo de los asuntos relacionados con el
otorgamiento de reconocimientos y estímulos.
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El presidente, podrá designar un representante. Todos los integrantes tendrán voz y voto, en caso de empate
el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 168. Integración de las Comisiones Municipales
Las Comisiones Municipales para los integrantes de las corporaciones policiales municipales, se
compondrán de la siguiente manera:
I. Un Presidente, que será el Director de Seguridad Pública Municipal o del órgano equivalente;
II. Un Secretario Técnico, designado por el Presidente;
III. Un Vocal, que será el Regidor titular de la Comisión de Seguridad Publica;
IV. Un Vocal, que será representante del Órgano de Asuntos Internos o equivalente;
V. Un Vocal de mandos, que será un oficial;
VI. Un Vocal, que será un elemento de la Policía Preventiva; y
VII. Un Vocal, que será un elemento de Vialidad y Tránsito.
En aquellos municipios que no tengan a su cargo la función de vialidad y tránsito, el Presidente de la
comisión tendrá voto de calidad.
Los vocales serán designados por el titular de la unidad administrativa u operativa a la que pertenezcan, y
deberán ser de probada experiencia, reconocida solvencia moral o destacados en su función.
Artículo 169. Atribuciones de las comisiones
Son atribuciones de las comisiones:
I. Conocer sobre el otorgamiento de promociones, ascensos, reconocimientos y estímulos tomando en
cuenta las sanciones aplicadas, méritos y demás antecedentes;
II. Analizar y sugerir las modificaciones necesarias a los procedimientos de formación, capacitación,
adiestramiento, desarrollo, actualización y profesionalización de los policías;
III. Conocer y resolver los procedimientos de separación;
IV. Conocer y resolver los procedimientos relativos al incumplimiento o la violación a las obligaciones y los
deberes a que se encuentren sujetos los policías, en los que ameriten la aplicación de suspensión,
degradación jerárquica y destitución; y
(REFORMADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
V. Emitir opiniones relativas al ingreso, selección y permanencia, de los integrantes del servicio profesional
de carrera; y
72
(ADICIONADA, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
VI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias, así como las que sean
acordadas por la propia comisión.
Artículo 170. Disposiciones comunes
Los integrantes de las comisiones serán de carácter permanente y honorífico.
Las comisiones sesionarán en pleno, con la presencia de la totalidad de sus integrantes, previa convocatoria
del Presidente, por conducto del Secretario Técnico.
Para la realización de sus atribuciones, las comisiones se auxiliarán del personal necesario que autorice el
presupuesto de egresos correspondiente.
El reglamento respectivo determinará las bases para la operación y el funcionamiento de las comisiones, así
como las atribuciones de sus integrantes.
CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 171. Inicio
El procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia y demás
supuestos a que se refiere esta ley, así como el procedimiento disciplinario por violación o incumplimiento
de las obligaciones y los deberes de los policías que ameriten la aplicación de suspensión, degradación
jerárquica y destitución, será preponderantemente oral y deberá realizarse ante las comisiones respectivas,
con estricto apego a las disposiciones de esta ley y a las formalidades esenciales.
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
Iniciará por solicitud escrita fundamentada y motivada del superior jerárquico del infractor o por la unidad de
asuntos internos de las instituciones de seguridad pública o su similar ante el Secretario Técnico de la
Comisión, en la que expresará la causa de separación que a su parecer se ha actualizado, así como los
hechos que eventualmente la configuren y expondrá el contenido de las actuaciones de la investigación que
se hubieren realizado, así como los demás elementos probatorios en que se apoye.
Artículo 172. Acuerdo de inicio
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se reciba la solicitud, el Secretario Técnico de la Comisión
determinará si existen elementos para iniciar el procedimiento; en caso contrario, devolverá la solicitud al
superior jerárquico y le adjuntará la resolución de no procedencia correspondiente.
Artículo 173. Medida cautelar
El Secretario Técnico de la Comisión podrá determinar inmediatamente como medida cautelar la suspensión
del policía en el servicio, el cargo o la comisión, sin el pago de la remuneración diaria ordinaria, si así resulta
conveniente para no afectar el servicio, a la corporación policial o a la realización de la investigación
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correspondiente, en su caso; e informará de ello al Presidente de la Comisión en la admisión del
procedimiento.
La medida cautelar será notificada al policía y al titular de la corporación, y, por otra parte, no prejuzga
sobre la responsabilidad de aquél.
De no dictarse la medida, el Secretario Técnico de la Comisión solicitará al superior jerárquico que determine
y notifique al policía el lugar donde quedará a disposición y las funciones que realizará, en tanto se resuelve
el procedimiento.
En los casos de vinculación a proceso, o resolución equivalente, deberá estarse a lo dispuesto por esta ley.
El titular de la institución de Seguridad Pública podrá determinar dicha medida cautelar, en caso de posible
violación o incumplimiento a las obligaciones y los deberes por parte del policía, cuando tenga conocimiento
de ello por informe del superior jerárquico correspondiente o mediante queja o denuncia de particular, y
remitirá sin demora al Secretario Técnico las actuaciones y demás constancias relativas a los hechos, así
como la medida cautelar; todo lo cual deberá ser notificado al policía.
La medida cautelar a que se refiere el presente artículo en ningún caso podrá exceder de cuarenta y cinco
días hábiles contados a partir del momento en que le sea notificada al policía, transcurridos los cuales sin
que se haya emitido resolución en el procedimiento, aquél se reincorporará plenamente al servicio, al cargo
o la comisión, sin perjuicio de que se prosiga la investigación.
Artículo 174. Recurso de reclamación
El superior jerárquico, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que haya sido notificado del acuerdo de
no procedencia, podrá impugnarlo ante la Comisión mediante el recurso de reclamación, en el que hará
valer los argumentos de procedencia y las pruebas en que se apoye. La Comisión resolverá dentro de los
diez días naturales siguientes, mediante determinación que será irrecurrible.
Artículo 175. Acuerdo de inicio
El acuerdo de inicio del procedimiento deberá de contener:
I. Una relación sucinta de los hechos que motiven éste;
II. Otorgará al policía de que se trate un plazo de cinco días hábiles para contestar y ofrecer pruebas, y lo
apercibirá de que de no hacerlo, se presumirán como ciertos los hechos, y por precluido su derecho a
ofrecer pruebas salvo las que tuvieren el carácter de supervenientes;
III. En su caso, confirmará o revocará la medida cautelar, o bien la impondrá.
El acuerdo de inicio del procedimiento, será notificado al superior jerárquico y al policía, a quien se le
entregará copia cotejada del mismo de las constancias y documentos que obren en el expediente.
Artículo 176. Notificaciones
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La notificación al policía a que se refiere el artículo anterior será personal y se realizará en el domicilio oficial
de su adscripción, en el último que hubiere reportado o en el lugar en que se encuentre físicamente,
indistintamente, y en caso de desconocerse los mismos, se le notificará mediante lista de acuerdos del
domicilio oficial de su adscripción, del Órgano interno de control y del Secretaria Técnico de la Comisión.
Para el caso de la notificación mediante lista de acuerdos, se le hará saber que las copias a que se refiere
el artículo anterior, quedarán a su disposición en el domicilio de la Secretaría Técnica de la Comisión.
Las notificaciones al superior jerárquico se harán mediante oficio.
El Presidente de la Comisión designará al personal que llevará a cabo las notificaciones personales al
integrante o a su defensor.
Artículo 177. Contestación
El policía, en su escrito de contestación ante la Comisión, deberá señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro del lugar de residencia de la misma, apercibido que, de no hacerlo, las subsecuentes
notificaciones se realizarán mediante aviso que se colocará en un lugar visible al público dentro de las
oficinas del Órgano interno de control o de la Secretaría Técnica.
En el mismo escrito, el policía podrá designar defensor y deberá referirse a todos y cada uno de los hechos
contenidos en la solicitud del superior jerárquico, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por
no ser propios, o refiriéndolos como considere que tuvieron lugar, ofreciendo los elementos de prueba que
estime pertinentes; tratándose de documentos, estos deberán acompañarse al escrito de contestación.
Artículo 178. Pruebas
En el acuerdo por el cual se tenga al policía dando contestación se proveerá respecto de la admisión de las
pruebas, señalando día y hora para la celebración de una audiencia de desahogo de las que así lo
ameriten. En caso de que el integrante no haya dado contestación en la forma y términos previstos
en el artículo anterior, se proveerá únicamente respecto de las ofrecidas por superior jerárquico.
El superior jerárquico comparecerá personalmente o por conducto del servidor público que se comisione
para tal efecto, al desahogo de las audiencias cuando sea requerido.
El oferente de la prueba testimonial presentará a sus testigos. Cuando el testigo sea integrante de la
corporación policial y no se presente a la audiencia, se le informará de inmediato a su superior jerárquico
para que le ordene que comparezca. El desacato de dicha instrucción se hará del conocimiento de su superior
jerárquico.
En cualquier otro caso en que el oferente no pueda presentar a los testigos, deberá señalar su
domicilio y solicitar a la Comisión que los cite. Esta los citará por una sola ocasión; en caso de
incomparecencia de los testigos, se declarará desierta la prueba.
Tanto el superior jerárquico como el integrante podrán repreguntar a los testigos e interrogar a los peritos,
en su caso.
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Los miembros de la Comisión podrán formular preguntas al policía, así como solicitar informes u otros
elementos de prueba, por conducto del Secretario Técnico de la misma, con la finalidad de allegarse los
datos necesarios para el conocimiento de la verdad histórica.
En el procedimiento serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones y las que
fueren contra la moral o contra derecho.
Artículo 179. Alegatos
Desahogadas las pruebas, el Presidente de la Comisión concederá un término común de cinco días hábiles
para que el superior jerárquico y el integrante formulen alegatos por escrito. Expresados los alegatos o
transcurrido dicho término, la Comisión procederá a dictar resolución definitiva.
Artículo 180. Resolución
La resolución definitiva dictada en sesión por la Comisión deberá estar debidamente fundada y motivada y
contendrá una relación sucinta de los hechos y circunstancias materia del procedimiento, los que se tuvieron
por probados junto con los razonamientos lógico jurídicos en que se apoyen los resolutivos de ésta.
Los acuerdos dictados en el procedimiento sólo serán firmados por el Presidente de la Comisión y
autentificados por el Secretario Técnico de la misma; la resolución definitiva será firmada por todos los
integrantes de la Comisión con voz y voto y autorizada por el Secretario Técnico.
Artículo 181. Consecuencia de la resolución
Si en la resolución dictada por la Comisión no se impusiere al policía la suspensión o destitución del servicio,
cargo o comisión, será restituido en el mismo, en caso de que hubiere sido suspendido, y se le cubrirán las
percepciones que dejó de recibir durante ése tiempo.
Artículo 182. Prescripción
La facultad de la Comisión para imponer las sanciones por infracción al régimen disciplinario prescribe en el
término de tres años. Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se
realice la conducta u omisión en que consista la infracción.
La prescripción operará de oficio o a petición del policía. En el primer caso, la Comisión podrá determinarla
al resolver respecto del inicio del procedimiento y, en el segundo caso, la hará valer el policía en su escrito
de contestación.
El procedimiento caducará si no se efectúa ningún acto procedimental, ni se presenta promoción alguna
durante un término mayor de un año contado a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hubiere
dictado el último acuerdo.
Cuando se determine la caducidad se procederá al archivo del expediente, sin perjuicio de que se solicite
nuevamente por el superior jerárquico el inicio del procedimiento, salvo que hubiere prescrito la facultad de
la Comisión conforme al presente artículo.
76
Artículo 183. Impugnación
La resolución definitiva dictada por la Comisión es irrecurrible.
Artículo 184. Cuestiones no previstas
En lo no previsto en el presente capítulo en cuanto a la admisión, desahogo y valoración de las pruebas se
aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de
Zaragoza.
Artículo 185. Efectos de la resolución
La Comisión remitirá copia certificada de sus resoluciones al Superior Jerárquico del policía, a la unidad
del servicio profesional de carrera, al área de recursos humanos correspondiente, al Registro Estatal de
Personal y demás instancias que estime pertinentes, para que procedan a su ejecución, informando de ello
a la Comisión respectiva.
LIBRO III
DE LOS AUXILIARES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
TÍTULO PRIMERO
DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y FACULTADES DEL CENTRO ESTATAL
Artículo 186. Objeto
El Centro Estatal es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, responsable de dirigir,
coordinar, operar y calificar los procesos de evaluación de los aspirantes e Integrantes de las instituciones
de seguridad pública, así como comprobar el cumplimiento de los perfiles físicos, médicos, éticos,
socioeconómicos, de personalidad y demás que establezcan las disposiciones legales aplicables emitiendo,
en su caso, los certificados correspondientes.
Asimismo, la Secretaría de Gobierno podrá celebrar convenios con las empresas de seguridad privada
para hacerse cargo de los procesos de evaluación y control de confianza de su personal operativo.
Artículo 187. Facultades
El Centro Estatal aplicará las evaluaciones a que se refiere esta ley, tanto en los procesos de selección de
aspirantes como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los integrantes de
las instituciones de seguridad pública. Para tal efecto, tendrá las siguientes facultades:
I. Aplicar los procedimientos de evaluación y control de confianza a los integrantes de las instituciones de
seguridad pública y demás servidores públicos que prevean las disposiciones legales aplicables,
conforme a los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
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II. Aplicar los lineamientos para la verificación y control de certificación de los Integrantes y coordinarse
con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación para su instrumentación;
III. Aplicar los lineamientos para los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos,
socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;
IV. Comprobar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad;
V. Comprobar los niveles de escolaridad de los integrantes;
VI. Aplicar el procedimiento de certificación de los integrantes aprobado por el Centro Nacional de
Certificación y Acreditación;
VII. Expedir y actualizar los certificados de acuerdo a los formatos, condiciones, formalidades y medidas de
seguridad autorizados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
VIII. Establecer políticas de evaluación de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad
pública, de conformidad con las disposiciones aplicables y el principio de confidencialidad;
IX. Informar a los titulares de las instituciones de seguridad pública, sobre los resultados de las
evaluaciones que practique;
X. En caso de resultados no aprobatorios, el Centro deberá remitir al Órgano de Control Interno, previa
solicitud, los documentos o evidencias que sirvan como medios de prueba en que se base el resultado,
a efecto de que, este último, resuelva lo conducente en el procedimiento administrativo;
XI. Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los integrantes evaluados, en los que se identifiquen
factores de riesgo que interfieran y repercutan en el desempeño de sus funciones;
XII. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan
solucionar la problemática identificada;
XIII. Proporcionar a las instituciones de seguridad pública, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre
información de su competencia;
XIV. Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de los
integrantes que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las
leyes aplicables;
XV. Llevar un sistema de registro de la información relativa a los aspirantes o candidatos e integrantes de
las instituciones de seguridad pública que hayan sido evaluados, a fin de garantizar la confidencialidad
de dicha información, estableciendo políticas para el manejo y destino final de la misma;
XVI. Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las
instituciones de seguridad pública;
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XVII. Fungir como enlace con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como con los centros
de la Federación y de las demás entidades federativas, en materia de evaluación y control de confianza;
y
XVIII. Las demás que establezcan la Ley General, la presente ley y la normatividad aplicable.
CAPÍTULO II
DE LA EVALUACIÓN
Artículo 188. Evaluación
El Centro Estatal aplicará los procedimientos de evaluación y control de confianza, tanto en los procesos
de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de
los integrantes de las instituciones de seguridad pública, con apego a los criterios expedidos por el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación.
Los Integrantes deberán someterse a los procesos de evaluación para la permanencia, a fin de obtener la
revalidación correspondiente, de conformidad con lo previsto en la presente ley, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley General.
Artículo 189. Objeto de la evaluación
Las evaluaciones que aplique el Centro Estatal tendrán como objetivo:
I. Seleccionar a los aspirantes o candidatos para nuevo ingreso que se consideren idóneos para
integrarse a las instituciones de seguridad pública, conforme a los perfiles de puesto aprobados por las
instancias competentes; y
II. Asegurar el cumplimiento constante de los requisitos de permanencia establecidos en la Ley General,
la presente ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 190. Certificación
La certificación es el proceso mediante el cual los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad
pública se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal, para comprobar el
cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de
ingreso, promoción y permanencia.
Las instituciones de seguridad pública contratarán únicamente al personal que cuente con el certificado
correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley General y en la presente ley.
Ningún aspirante podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública, ni los integrantes permanecer en
las mismas, sin contar con el certificado vigente.
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Artículo 191. Confidencialidad
Los resultados de las evaluaciones practicadas por el Centro Estatal, así como los expedientes que se
formen de cada aspirante o integrante que haya sido sometido a evaluación, serán estrictamente
confidenciales y su acceso se mantendrá como información restringida en términos de las disposiciones
aplicables, por lo que los expedientes y resultados sólo podrán ser entregados cuando sean requeridos con
motivo de procedimientos administrativos o judiciales.
TÍTULO SEGUNDO
DEL CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DE LAS ACADEMIAS
CAPÍTULO I
DEL OBJETO, FUNCIONES Y ESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
Artículo 192. Objeto y función general
El Centro de Profesionalización es responsable de la profesionalización tanto de aspirantes como de
miembros en activo de las instituciones de seguridad pública, mediante el reclutamiento, evaluación para
selección, formación, desarrollo, capacitación, actualización, especialización y certificación de
competencias, así como de la promoción para grado académico de los integrantes de las instituciones de
seguridad pública de conformidad con el Programa Rector.
Artículo 193. Funciones Generales del Centro de Profesionalización
El Centro de Profesionalización tendrá entre otras, las siguientes funciones:
I. Promover y prestar servicios educativos a las instituciones de seguridad pública;
II. Promover y prestar servicios educativos a instituciones públicas y privadas relacionadas con la
seguridad pública;
III. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema Nacional;
IV. Revisar y adecuar los planes y programas básicos, de especialización y actualización de las diferentes
instituciones de seguridad pública, de acuerdo al Programa Rector, garantizando su equivalencia;
V. Promover la investigación en temas penales y de seguridad pública;
VI. Elaborar y promover los diseños curriculares de los diversos programas del Centro de
Profesionalización;
VII. Promover, en los integrantes de las instituciones de seguridad pública, la educación continua a través
de cursos y talleres específicos de acuerdo a necesidades;
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VIII. Promover la calidad profesional de los integrantes de las instituciones de seguridad pública mediante
la inclusión de licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados como parte de la formación
profesional de los mismos;
IX. Revalidar equivalencias de estudios para la obtención de grado académico de instituciones educativas,
actualización o equivalencia de grado académico universitario o tecnológico;
X. Evaluar, seleccionar, contratar y capacitar en pedagogía, técnicas y estrategias didácticas, así como en
elaboración de instrumentos de evaluación al personal docente del Centro de Profesionalización;
XI. Detectar con oportunidad las necesidades tanto de espacios como de recursos didácticos para hacer
las adecuaciones y adquisiciones en tiempo y forma;
XII. Establecer mecanismos de evaluación de todo el sistema: estudiantes, maestros y personal
administrativo;
XIII. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de
aspirantes y vigilar su aplicación;
XIV. Diagnosticar necesidades de capacitación de los integrantes del Sistema Estatal, proponer los cursos
correspondientes y en su caso, las modificaciones al diseño curricular;
XV. Proponer y, en su caso, publicar, con la aprobación de la respectiva unidad administrativa del servicio
profesional de carrera y con conocimiento de la unidad administrativa encargada de los recursos
humanos, las convocatorias para el ingreso al Centro de Profesionalización;
XVI. Diseñar la metodología y el perfil para la selección del personal docente y administrativo del Centro de
Profesionalización;
XVII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las
autoridades competentes;
XVIII. Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;
XIX. Supervisar que los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública, se sujeten a los
reglamentos y manuales del Centro de Profesionalización; y
XX. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.
Artículo 194. Funciones específicas del Centro de Profesionalización
Además de lo señalado en el artículo anterior, el Centro de Profesionalización tendrá específicamente las
siguientes funciones:
I. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial, pericial y
policial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, en esta ley y demás disposiciones
aplicables;
81
II. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización;
III. Proponer la celebración de convenios con instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y
privadas, con el objeto de brindar formación académica de excelencia a los integrantes de las
instituciones de seguridad pública y docentes;
IV. Promover la celebración de convenios de coordinación, colaboración y específicos en el ámbito de su
competencia con autoridades municipales, estatales, federales, con instituciones u organismos públicos
o privados nacionales e internacionales en términos de la legislación aplicable;
V. Promover, organizar y realizar actividades de investigación en las áreas en las que ofrezca formación
y desarrollo en seguridad pública, generando en su caso, publicación de materiales didácticos o
resultados de investigación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública;
VI. Promover, revisar o expedir, en su caso, la certificación oficial y/o la titulación en los grados académicos
respectivos;
VII. Diseñar y aplicar mecanismos de promoción y permanencia en el ámbito de su competencia;
VIII. Integrar las academias de policía municipales al Sistema de Profesionalización bajo un esquema de
servicio profesional respetando el ámbito de competencia; y
IX. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
DE LA CERTIFICACIÓN
Artículo 195. Objeto de la certificación
I. Reconocer en los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública, las habilidades,
destrezas, aptitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme
a los perfiles aprobados; e
II. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de sus
funciones, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos:
a. Cumplimiento de los requisitos de edad, en su caso, así como del perfil físico, médico y de
personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
b. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada
proporción con sus ingresos;
c. El no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares y
ausencia de alcoholismo;
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d. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
e. Notoria buena conducta;
f. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso y no estar suspendido,
inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; y
g. Cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en esta ley y demás disposiciones
aplicables.
El Centro de Profesionalización emitirá el certificado a quien acredite el cumplimiento de los requisitos de
ingreso o de permanencia, según corresponda, establecidos en esta ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 196. Entrega del certificado
El certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a
sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea
ingresado al Registro Nacional de Personal, conforme a lo previsto en la Ley General y en esta ley. Dicha
certificación y registro tendrá la vigencia que determine la normatividad aplicable.
Artículo 197. Renovación del certificado
Los integrantes deberán someterse a los procesos de evaluación para la permanencia en los términos de
esta ley y reglamentos que expida el Ejecutivo, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez
de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos.
La revalidación del certificado será requisito indispensable para la permanencia en las instituciones de
seguridad pública y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.
Los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública de la Federación o de otras entidades
federativas que pretendan prestar sus servicios en las instituciones de seguridad pública o de los municipios,
deberán presentar el certificado que les haya sido expedido previamente.
Las instituciones de seguridad pública reconocerán la vigencia de los certificados debidamente expedidos
y registrados conforme a las disposiciones de la Ley General, de esta ley y demás aplicables. En caso
de que la vigencia del certificado no sea reconocida, el aspirante deberá someterse a los procesos de
evaluación para el ingreso.
En todos los casos deberán realizarse las inscripciones correspondientes en el Registro Nacional de
Personal, conforme a lo previsto en la Ley General y esta ley.
Artículo 198. Cancelación del certificado
El certificado de los integrantes se cancelará:
I. Al ser separados del servicio por incumplimiento de alguno de los requisitos de permanencia a que se
refiere esta ley y demás disposiciones aplicables;
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II. Al ser removidos de su encargo por incumplimiento o violación a las obligaciones y deberes establecidos
en esta ley y demás disposiciones relativas al régimen disciplinario;
III. Por no obtener la revalidación de su certificado; y
IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.
Las Comisiones informarán al Centro de Profesionalización, y demás instancias que estimen pertinente,
de las resoluciones que dicten por virtud de las cuales se declare la separación del Integrante por
incumplimiento a los requisitos de permanencia o por incumplimiento o violación a sus obligaciones y
deberes, a fin de que dicho Centro proceda a cancelar el certificado correspondiente e ingresar la información
al Registro Nacional de Personal, así como al Registro Estatal de Personal, en términos de las disposiciones
y normatividad aplicables.
Artículo 199. Reubicación
Las instituciones de seguridad pública implementarán medidas de registro y seguimiento para quienes sean
separados del servicio por no obtener o no revalidar los certificados; asimismo, deberán establecer
programas de reubicación laboral conforme a los criterios y lineamientos que al efecto expidan y de acuerdo
a su disponibilidad presupuestal.
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020)
Artículo 200. Estructura del Centro de Profesionalización
El Centro de Profesionalización contará con la estructura, unidades y personal administrativo que se requiera,
la cual estará prevista en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables de la institución de seguridad
pública que corresponda.
CAPÍTULO III
DE LAS ACADEMIAS
Artículo 201. Academias municipales
Las academias policiales que existan en los municipios, deberán observar el programa rector, y podrán a
través de la celebración de convenios de colaboración, regirse en base a los lineamientos, planes de estudios
y programa académico que establezcan el Centro de Profesionalización y la Academia Nacional de
Seguridad Pública.
Determinar la integración, funcionamiento y normatividad de las academias, es competencia de los Consejos
Municipales.
Artículo 202. Intervención subsidiaria del Centro de Profesionalización
Los municipios solo podrán celebrar convenios con el Centro de Profesionalización a fin de subsidiar a través
de éste las acciones de formación y capacitación de sus cuerpos de seguridad.
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TÍTULO TERCERO
DEL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO
CAPÍTULO ÚNICO
REGULACIÓN
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Artículo 203. Definición
El Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando es una unidad administrativa adscrita a la
Secretaría de Seguridad encargada de implementar, administrar y desarrollar las herramientas tecnológicas
aplicadas a la seguridad pública; así como proveer su uso a favor de las instituciones y corporaciones
autorizadas en beneficio de la comunidad, comprenderá también el registro, atención y despacho de las
llamadas al Sistema de Emergencia y Denuncia Anónima.
El Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando deberá de coordinarse en la ejecución de sus
funciones con las instituciones de seguridad pública, protección civil, y demás autoridades que intervienen
en la atención de emergencias, correspondiendo el mando operativo a la Secretaría de Seguridad.
Artículo 204. De la coordinación
El Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando instrumentará a través de las unidades
administrativas correspondientes, la coordinación operativa, táctica y estratégica de la información relativa a
las acciones de seguridad pública; así como del control, resguardo y registro del equipo de radio
comunicación, debiendo comunicar cualquier cambio a la unidad administrativa de Sistemas de Información.
TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN ESTATAL SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN.
Artículo 205. Elementos que lo integran
El Sistema Estatal de Información es el conjunto de medios electrónicos y tecnologías de la información
vinculados entre sí, diseñado, estructurado y operado para facilitar interconexiones de voz, datos y video
que comprende el registro, el almacenamiento, el suministro, la actualización y la consulta de información en
materia de seguridad pública sobre:
I. Información criminal para la prevención, la persecución y la sanción de las infracciones y los delitos y
la reinserción social del delincuente, que incluye: el informe policial homologado, investigaciones,
imputados, indiciados, mandamientos judiciales, detenidos, procesados, sentenciados, ejecución de
penas, y de la población penitenciaria;
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II. Personal de seguridad pública, que incluya información relativa a los elementos de los prestadores de
servicios de seguridad privada de protección personal;
III. Armamento y equipo, que comprenda los equipos de comunicación y las frecuencias autorizadas para
su uso, huellas balísticas, colores oficiales de los uniformes que utilicen los integrantes de las
corporaciones policiales, vehículos, caninos, drones, y demás equipo; y
IV. Demás información y bases de datos que determinen los lineamientos del Centro Nacional y por
acuerdo del Consejo Estatal.
Artículo 206. De la unidad administrativa del Sistema Estatal de Información
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
La Secretaría de Seguridad a través de la unidad administrativa del Sistema Estatal de Información será
responsable de la operación de las bases de datos que integran el Sistema Estatal de Información.
Artículo 207. Obligación de incorporar información
Todas las unidades administrativas de las instituciones de seguridad pública deberán remitir la información
de la materia de que se trate en las bases de datos y los registros que integran el Sistema Estatal de
Información conforme a la normativa correspondiente.
Están igualmente obligadas a proporcionar información al Sistema Estatal de Información las siguientes
autoridades:
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
I. La Secretaría de Seguridad;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
II. La Fiscalía General;
III. La Secretaría de Finanzas;
IV. La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;
V. Los municipios; y
VI. Las demás dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal que generen
información relevante en materia de seguridad pública que determine el Consejo Estatal.
Artículo 208. Suministro e intercambio obligatorios de la información
El Estado y los municipios deberán suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la
información que diariamente se genere sobre seguridad pública, en los términos de este título, demás
disposiciones aplicables y acuerdos del Consejo Estatal, sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la
Ley General.
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Artículo 209. Integración de información audiovisual
La información que se obtenga a través de la operación de videocámaras y equipos para grabar o captar
imágenes con o sin sonido por las corporaciones policiales y los prestadores de servicios de seguridad
privada y particulares deberá integrarse al Sistema Estatal de Información en los términos de la ley de la
materia y demás disposiciones aplicables.
Artículo 210. Carácter reservado y confidencial
El Sistema Estatal de Información es de carácter reservado y confidencial; las consultas de información se
realizarán única y exclusivamente por las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones.
El uso inadecuado de la información de seguridad pública, será causa de responsabilidad penal y administrativa.
Artículo 211. Modificación o eliminación de registros en el sistema nacional y estatal de
información.
Para la modificación o eliminación de información dentro de los registros del Sistema Nacional y Estatal
de Información se sujetará a lo dispuesto por los lineamientos que para tal efecto emita el Sistema
Nacional, el Consejo Estatal y demás ordenamientos aplicables.
SECCIÓN I
REGISTRO ESTATAL DE DETENIDOS
Artículo 212. Objeto
El Registro de Detenidos tiene por objeto establecer el control administrativo de las detenciones en sus
distintas modalidades de orden de aprehensión, flagrancia, ministerial por caso urgente, cateo y provisional
con fines de extradición, de personas que sean entregadas a un Policía detenidas por éste, o bien
puestas a disposición del Ministerio Público del Estado.
Las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales deberán integrar la información generada de
conformidad a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional en el ámbito de su competencia y a su vez
incorporar dichos datos al sistema estatal de información.
Artículo 213. Obligación de los policías
El Policía que realice una detención o reciba a su disposición un detenido deberá dar aviso al Registro de
Detenidos a través de los formatos y sistemas establecidos para tal efecto, sin perjuicio de la obligación
prevista en el artículo 112 de la Ley General.
En todos los casos en que el Policía realice una detención o reciba a su disposición un detenido, pondrá
de inmediato a éste a disposición del Ministerio Público.
Artículo 214. Datos del registro de detenidos
87
La información del Registro de Detenidos que deberá ingresar el agente de la Policía o el Ministerio
Público, en su caso, para llevar a cabo el registro, será la siguiente:
I. Nombre y, en su caso, apodo;
II. Media filiación o descripción física;
III. Sexo;
IV. Edad aproximada;
V. Motivo y circunstancias generales de la detención, así como lugar y hora en que se realizó;
VI. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención, así como categoría o jerarquía y área
de adscripción;
VII. Nombre de quien haya efectuado el registro, así como corporación, puesto, categoría o jerarquía y
área de adscripción;
VIII. Autoridad ante la que será puesto a disposición, mencionando el lugar a donde será trasladado así
como el tiempo aproximado para ello; y
IX. Siempre que las circunstancias de la detención lo permitan, datos personales de la probable víctima u
ofendido, considerando los datos y elementos a que se refieren las fracciones I a IV del presente
artículo.
Artículo 215. Respeto de Derechos Humanos
Desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, se
deberán respetar los derechos fundamentales del detenido informándole de manera inmediata sus derechos.
El agente del Ministerio Público constatará, cuando le sea puesto a su disposición el detenido, que dichas
prerrogativas no le hayan sido violadas.
Artículo 216. Confidencialidad
La información que obre en el Registro de Detenidos será confidencial y reservada, por lo que solo tendrán
acceso a la misma las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para
los fines previstos en los ordenamientos legales aplicables. Los imputados podrán solicitar la rectificación
de sus datos personales, así como que se asiente en el Registro de Detenidos el resultado del procedimiento
penal, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Al servidor público que quebrante la reserva y confidencialidad del Registro de Detenidos, proporcione
información a terceros o transgreda sus responsabilidades en la administración, guarda y custodia de los
datos que integran el Registro, se le sujetará a los procedimientos disciplinario, de responsabilidad
administrativa o penal, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable.
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Todo servidor público que en razón de sus funciones tenga acceso o maneje información del Registro de
Detenidos, estará obligado en todo momento a salvaguardar su confidencialidad y reserva.
Artículo 217. Empleo de los datos
Los datos integrados al Registro de Detenidos constituirán la plataforma para archivar, preservar, utilizar,
enviar o recibir la información de los detenidos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 112 y 114 de la Ley General.
SECCIÓN II
REGISTRO ESTATAL DE PERSONAL
Artículo 218. Contenido
El registro estatal de personal contendrá la información actualizada de éstos relativa a: ingreso;
permanencia; evaluaciones; reconocimiento y certificación, suspensiones; sanciones; destituciones;
consignaciones; procesos; inhabilitaciones; baja o separación, y los datos conducentes que contengan sus
hojas de servicios, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la Ley General.
Asimismo, contendrá la información concerniente a los aspirantes a ingresar a las instituciones de seguridad
pública. los que hayan sido rechazados,, los admitidos que hayan desertado del curso de formación inicial
y los elementos de los prestadores de servicios de seguridad privada de protección personal, así como de
video vigilancia.
Artículo 219. Integración y actualización de los registros
Para la integración y la actualización de los Registros Estatal y Nacional de Personal de Seguridad Pública,
las instituciones de seguridad pública deberán ingresar de manera inmediata y permanente al primero de
tales registros la información relacionada con los procesos de formación, evaluación, certificación, ingreso,
estímulos, reconocimientos, promoción, ascenso, incumplimiento de los requisitos de permanencia y sanción
de sus integrantes.
Asimismo, registrarán los datos referentes a los integrantes de las instituciones de seguridad pública a
quienes se haya dictado vinculación a proceso o resolución equivalente.
Quienes incumplan lo dispuesto en el párrafo anterior, expidan o exhiban constancias que modifiquen o
alteren el sentido de la información que conste en los registros, omitan registrar u oculten antecedentes
de las personas mencionadas, serán sancionadas en los términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 220. Elementos mínimos
El Registro Estatal de Personal contendrá, por lo menos:
I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar a los integrantes de las instituciones de
seguridad pública; generales y media filiación; huellas digitales y palmares; fotografías de frente y perfil;
89
escolaridad y antecedentes laborales, así como su trayectoria en los servicios de seguridad pública; y
demás datos que se establezcan en las disposiciones aplicables.
II. Los reconocimientos, estímulos, sanciones a que se hayan hecho acreedores, comprendiendo en este
último caso información sobre los hechos que dieron motivo a la corrección o al procedimiento
disciplinario.
III. Cualquier cambio de adscripción, actividad, categoría o jerarquía del integrante de las instituciones de
seguridad pública, así como las razones que se consideraron para ello.
IV. Deberá ingresarse inmediatamente al Registro Estatal de Personal la información relativa al auto de
vinculación a proceso, sentencia absolutoria o condenatoria y sanciones administrativas impuestas a
los integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como las resoluciones que las modifiquen,
confirmen o revoquen.
V. Las órdenes de detención o aprehensión se notificarán al Registro Estatal de Personal, siempre que no
se ponga en riesgo la investigación o el proceso.
Artículo 221. Procedimiento para la incorporación al Registro Nacional
El procedimiento para la incorporación al Registro Nacional de Personal, se realizará conforme a las
disposiciones, criterios y lineamientos que expidan el Sistema Nacional integrándose la información
respectiva al Registro Estatal de Personal.
Artículo 222. Actualización de datos
Los integrantes de las instituciones de seguridad pública están obligados a notificar a su superior jerárquico
inmediato, cualquier cambio o modificación que se produzca en los datos que hayan aportado con
anterioridad, y el segundo, a su vez, de enterarlo a la unidad administrativa correspondiente, a fin de
que se comunique al Registro Estatal de Personal.
Artículo 223. Clave Única de Identificación Personal
Una vez incorporado el aspirante o integrante de las instituciones de seguridad pública a la corporación
correspondiente o autorizado el personal operativo del prestador de servicios de seguridad privada de
protección personal, la unidad administrativa del Sistema Estatal de Información expedirá y remitirá a la
autoridad requirente la constancia que contenga la Clave Única de Identificación Personal que se haya
asignado, la cual deberá insertarse en el texto del nombramiento, en la constancia de grado o en el contrato
respectivo.
Artículo 224. Empleo de los datos
Los datos integrados al Registro Estatal de Personal constituirán la plataforma para archivar, preservar,
utilizar, enviar o recibir información, a fin de cumplir lo dispuesto en los artículos 122 y 123 de la Ley General.
Artículo 225. Obligatoriedad de su consulta
90
La consulta al Sistema Nacional y Estatal de Información será obligatoria y previa al ingreso o reingreso de
toda persona las instituciones de seguridad pública, así como en el caso de las empresas de seguridad
privada. La consulta de personal deberá realizarse a través de la unidad administrativa del Sistema Estatal
de Información.
La unidad administrativa del Sistema Estatal de Información de conformidad a lo regulado por la
reglamentación establecida para tal efecto emitirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud el
resultado de la consulta, la cual tendrá una vigencia de seis meses. El titular de la unidad administrativa del
Sistema Estatal de Información será responsable de verificar la confiabilidad de los datos que generen el
resultado.
ARTÍCULO 226. Resultados de la consulta
Con base en la consulta, el titular de la unidad administrativa encargada del Sistema Estatal de Información,
emitirá los siguientes tipos de resultados:
I. De procedencia, para la contratación cuando de la consulta resulte que la persona no tiene historial en
instituciones de seguridad pública o de seguridad privada; o bien, que sus antecedentes son positivos;
II. De contratación con carta responsiva, cuando de la consulta resulte que la persona a contratar tiene
antecedentes negativos no graves. La carta responsiva deberá ser otorgada y firmada por el titular de
la institución de seguridad pública de que se trate, o por el representante de la empresa de servicios de
seguridad privada; deberá de anexarse junto con el oficio de alta del elemento;
III. De improcedencia, cuando la persona tenga antecedentes negativos graves. Se entienden por
antecedentes negativos graves:
1. Haber resultado positivo en las pruebas practicadas para detectar el consumo de narcóticos o
cualquier otra sustancia prohibida por la ley, en los términos que establezcan las propias
autoridades estatales y del Sistema Nacional;
2. Los actos de corrupción comprobados;
3. Haber sido condenado por delito doloso o culposo grave, o estar o haber estado sujeto a proceso
penal aún cuando el mismo haya concluido por perdón, reparación del daño u otro medio que
extinga el proceso por el cual se acepte o acredite la responsabilidad penal;
4. Los abusos de autoridad comprobados;
5. Haber causado baja en cualquier institución de seguridad pública, por alguno de los motivos
señalados en los numerales anteriores.
Artículo 227. Sanciones a las autoridades por la omisión de consultar
Los responsables de las instituciones de seguridad pública que den de alta a una persona sin consultar
previamente los registros a través de la unidad administrativa del Sistema Estatal de Información o que no
cumpla con los requisitos y procedimientos de ingreso y permanencia, serán sancionados en los términos de
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lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos Estatales y Municipales para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, del Código Penal del Estado de Coahuila, y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 228. Sanciones a las empresas de seguridad por la omisión de consultar
Las empresas y las personas físicas autorizadas a prestar servicios de seguridad privada, que omitan
consultar previamente los registros a través de la unidad del Sistema Estatal de Información o que no
cumplan con los requisitos de ingreso para dar de alta a una persona, serán sancionadas en los términos
previstos por la normatividad aplicable.
SECCIÓN III
HOJA DE SERVICIOS
Artículo 229. Concepto
La hoja de servicios es el documento que resume la trayectoria de los integrantes de las instituciones de
seguridad pública desde su ingreso a una institución hasta la conclusión de sus servicios como tales.
Artículo 230. Contenido
Las instituciones de seguridad pública integrarán y actualizarán constante y permanentemente la hoja de
servicios de cada uno de sus integrantes, en períodos del primero de enero al treinta y uno de diciembre,
incorporando la información obtenida, al Sistema Estatal de Información de manera periódica en las formas
y tiempos establecidos por los reglamentos de la materia.
La hoja de servicios contendrá:
I. Una síntesis biográfica que comprenderá desde el nacimiento del integrante hasta su ingreso a alguna
institución, especificando los nombres de sus padres, cónyuge y, en su caso, concubinario o concubina,
compañero o compañera civil e hijos, así como los estudios efectuados, conocimientos adquiridos y
empleos o cargos desempeñados;
II. Los cargos o comisiones desempeñados o conferidos al servicio de las instituciones de seguridad
pública, con anotación de las fechas precisas de cada uno de ellos, incluyendo las promociones, los
ascensos, las insignias, las condecoraciones, los estímulos, las categorías y las jerarquías obtenidas;
III. El cómputo total del tiempo de servicios con mención de los permisos, las licencias o incapacidades
médicas acaecidas durante ese tiempo;
IV. Los estudios efectuados en el Centro de Profesionalización, las Academias u otras instituciones
educativas reconocidas oficialmente, con expresión del grado académico alcanzado;
V. Las campañas u operaciones en que hubiesen participado, indicando las fechas de inicio y conclusión,
señalándose, además, los hechos meritorios en los que hayan intervenido de manera destacada;
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VI. En su caso, trabajos de investigación, artículos, publicaciones, colaboraciones y cualquier otro que
aporte conocimientos técnicos o científicos que resulten de utilidad en materia de seguridad pública y
procuración de justicia;
VII. Los correctivos disciplinarios y sanciones que se les hayan impuesto mediante resolución firme;
VIII. Los procesos penales a que hubieren quedado sujetos, con expresión del sentido de la resolución con
que haya concluido el procedimiento; y
IX. Todos los demás datos que se consideren de relevancia o trascendencia para las instituciones de
seguridad pública.
En cualquier momento, el integrante de las instituciones de seguridad pública podrá solicitar la actualización
de su hoja de servicios y una copia de ella.
SECCIÓN IV
REGISTRO ESTATAL DE ARMAMENTO Y EQUIPO
Artículo 231. Obligatoriedad del registro
Las instituciones de seguridad pública informarán respecto de su armamento y equipo y mantendrán
permanentemente actualizado al Registro de Armamento, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la
Ley General y demás leyes aplicables.
Artículo 232. Rubros
El Registro de Armamento deberá comprender la información actualizada que proporcionen las instituciones
de seguridad pública, respecto a:
I. Los vehículos asignados, cuya descripción deberá comprender el número económico de la unidad, las
placas de circulación, la marca, el modelo, el tipo, y los números de serie y de motor;
II. Las armas de fuego y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes,
especificando respecto de las primeras el número de registro, la marca, el modelo, el calibre, la
matrícula, el país de fabricación y los demás elementos de identificación;
III. Los cambios, altas y bajas de armamento;
IV. Los equipos de comunicación y las frecuencias autorizadas para su uso;
V. Los colores oficiales de los uniformes que utilicen los integrantes de las instituciones de seguridad
pública, así como los de los inmuebles y vehículos de éstas;
VI. El equipo táctico utilizado por los elementos de los cuerpos de seguridad pública;
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VII. La Huella balística a fin de mantener un registro de los elementos de identificación de huella balística
de las armas asignadas a los agentes de las instituciones de seguridad pública y privada, y
VIII. Armas aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público.
Artículo 233. Disponibilidad de los datos
La información del Registro de Armamento estará disponible para las instituciones de seguridad pública, en
relación con la investigación de delitos en cuya comisión se hubiesen empleado armas de fuego.
Artículo 234. Restricción de la portación de armas
Los policías sólo podrán portar las armas de fuego que les hubiesen asignado de manera individual, al
amparo de la licencia oficial colectiva expedida a favor de la Institución de Seguridad Pública a que
pertenezcan, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento.
Los policías sólo podrán portar las armas de fuego oficialmente asignadas durante el tiempo del ejercicio de
sus funciones, o para un horario, una misión o una comisión determinados, salvo autorización expresa del
titular y de acuerdo con los ordenamientos de cada institución de Seguridad Pública, particularmente en
aquellos casos en los que, por la naturaleza de sus encomiendas, su integridad física o vida corran peligro.
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo será sancionado administrativamente sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que resulten.
Artículo 235. Restricción de uso de equipos de comunicación
Los equipos de comunicación asignados a los policías y áreas administrativas que por el motivo de sus
funciones se requiera, sólo serán usados y operados por éstos y exclusivamente para el ejercicio de sus
atribuciones, por lo que su uso para fines distintos se sancionará en los términos de la presente ley.
Durante el tiempo que estuvieren en servicio, los policías y demás servidores públicos de las instituciones
de seguridad pública, sólo usarán u operarán los equipos de comunicación que les fueren asignados para
el cumplimiento de sus funciones, por lo que deberán abstenerse de portar o utilizar cualquier otro equipo
o medio de comunicación distinto.
CAPÍTULO II
ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 236. Instrumentos de acopio
Las instituciones de seguridad pública establecerán los instrumentos de acopio de datos que permitan
analizar la incidencia criminológica y, en general, el problema de seguridad pública en la entidad, para la
planeación y la implementación de programas y acciones, así como para la evaluación de sus resultados.
Artículo 237. Sistematización de datos
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La estadística de seguridad pública sistematizará los datos y cifras relevantes sobre: seguridad preventiva;
investigación y persecución del delito; administración de justicia; sistemas de prisión preventiva, de ejecución
de penas y medidas de seguridad, y de tratamiento de adolescentes; y factores asociados al problema de
seguridad pública.
TÍTULO QUINTO
SERVICIOS Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
CAPÍTULO ÚNICO
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
Artículo 238. Servicio de localización de personas y bienes
El Estado y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán establecer un servicio, que promueva
la colaboración y la participación ciudadana, para la localización de personas y bienes.
Para el caso de la sustracción de menores, deberán implementar sistemas de alerta y protocolos de acción
inmediata para su búsqueda y su localización, en el que coadyuven con las instituciones de seguridad
pública las corporaciones de emergencia, los medios de comunicación, prestadores de servicios de
telecomunicaciones, las organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general.
Artículo 239. Prevención social de violencia y delincuencia
Los programas del Estado y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia
deberán sujetarse a las bases previstas en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, la Ley General y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 240. Servicio de emergencia y denuncia anónima
El Estado y los municipios deberán establecer un servicio de emergencia y denuncia anónima sobre faltas
y otros delitos de que tenga conocimiento la comunidad, el que operará a través de teléfono con un número
único y de cualquier medio electrónico. Tratándose de violencia familiar y desaparición de personas, se
implementarán sistemas especializados de alerta y protocolos de reacción y apoyo.
El citado servicio tendrá comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, de salud, de
protección civil y demás organismos asistenciales públicos y privados.
Artículo 241. Participación de la comunidad en el servicio de seguridad pública
Para mejorar el servicio de seguridad pública, los órganos del Sistema Estatal promoverán la participación
de la comunidad en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública y de procuración
de justicia, así como en la formulación de propuestas de medidas específicas y acciones concretas. Esta
participación se hará por conducto de las instancias establecidas en el artículo 65 de la presente ley.
Artículo 242. Cultura de la denuncia
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(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Sin menoscabo de lo previsto por el artículo 20 de la Constitución Federal y las leyes aplicables, el Estado,
por conducto de la Fiscalía General, establecerá programas y acciones para fomentar la cultura de la
denuncia.
TÍTULO SEXTO
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA, OBJETO Y FACULTADES
Artículo 243. Naturaleza
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020) (REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
La Secretaría de Seguridad a través de la Dirección General de Registro y Control de los Servicios de
Seguridad Privada, en los casos en que se requiera y convenga al interés general, podrá autorizar o negar
la prestación de servicios de seguridad privada a cargo de particulares, previa aprobación del Secretario.
Artículo 244. Objeto
Los servicios de seguridad privada tienen por objeto la protección, vigilancia o custodia de personas, lugares,
establecimientos o bienes fuera de las áreas públicas y los que sean organizados de manera interna y para
su propia seguridad; el traslado y custodia de fondos y valores; investigaciones para proporcionar informes
sobre solvencia, localización, antecedentes o actividades de personas, las operación de sistemas de alarmas
y equipos de seguridad, y las relativas a asesoría en materia de prevención de riesgos de seguridad hacia el
interior de negocios o establecimientos.
Artículo 245. Facultades en materia de seguridad privada
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
La Secretaría de Seguridad a través de la Dirección General de Registro y Control de los Servicios de
Seguridad Privada, respecto a los servicios de seguridad privada, tendrá las siguientes facultades:
I. Autorizar a las personas físicas o morales la prestación de servicios de seguridad privada en la entidad;
II. Negar o cancelar las autorizaciones cuando se contravengan el orden o el interés público;
III. Supervisar el adecuado funcionamiento de los servicios de seguridad privada que se presten en el
Estado;
IV. Determinar dentro de la normatividad respectiva los requisitos que habrán de satisfacer los interesados
a fin de obtener la autorización para la prestación de los servicios de seguridad privada;
V. Imponer las sanciones que correspondan, en los términos de ley, a las personas físicas o morales que
proporcionen servicios de seguridad privada por las infracciones en que incurren, independientemente
de las responsabilidades de otra naturaleza que resulten;
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VI. Las demás que le atribuyan la presente ley y las otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS Y CARÁCTER
Artículo 246. Requisitos
El otorgamiento de autorizaciones para la prestación de servicios de seguridad privada, está condicionado
a lo siguiente:
I. Acreditar que se cuenta con los medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales que
le permitan desarrollar sus actividades;
II. Que la autorización sea para prestar el servicio solicitado en áreas determinadas; de acuerdo a la
modalidad; y
III. Cumplir con lo establecido en la normatividad de Servicios de Seguridad Privada en el Estado.
Artículo 247. Inicio de los servicios
Los servicios de seguridad privada sólo podrán proporcionarse después de que se haya otorgado la
autorización y se hayan satisfecho los requisitos y condiciones que, en su caso, imponga la misma.
Artículo 248. Vigencia de las autorizaciones
Las autorizaciones que se otorguen serán personales e intransferibles y tendrán una vigencia de un año,
prorrogable por periodos iguales, previa solicitud que se presente y en la que se acredite el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la autorización respectiva, así como de los requisitos previstos en esta ley y
el reglamento correspondiente.
Artículo 249. Revalidación
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
Para la revalidación de la autorización, el interesado deberá presentar la solicitud correspondiente, a más
tardar treinta días hábiles previos a la conclusión de la vigencia de la autorización respectiva, anexando el
formato que para tal efecto le sea proporcionado por la propia Secretaría de Seguridad a través de la
Dirección General de Registro y Control de los Servicios de Seguridad Privada, así como la constancia de
actualización de la fianza original de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
La Secretaría de Seguridad a través de la Dirección General de Registro y Control de los Servicios de
Seguridad Privada deberá notificar al interesado dentro de los diez días hábiles anteriores a la fecha fijada
para la conclusión de la vigencia de la autorización, en el caso en que no se hayan iniciado trámites para su
revalidación.
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Transcurrida la vigencia de la autorización o su revalidación el interesado deberá abstenerse de prestar el
servicio de seguridad privada, hasta en tanto sea expedido un nuevo acto administrativo que lo autorice para
tal efecto.
La ausencia de revalidación tendrá como consecuencia la cancelación del registro correspondiente.
Artículo 250. Autorizaciones federales
Las personas físicas y morales que tengan autorización federal para la prestación del servicio de seguridad
privada, deberán de tramitar y obtener la autorización estatal e inscribirse en el Registro Estatal de Empresas
de Seguridad Privada, salvo que únicamente presten sus servicios en espacios de jurisdicción federal, en
cuyo caso sólo deberán de cumplir con el requisito de la inscripción.
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
En todos los casos, la Secretaría de Seguridad a través de la Dirección General de Registro y Control de los
Servicios de Seguridad Privada será la autoridad competente para supervisar que en la prestación del
servicio de seguridad privada se respeten los requisitos y condiciones de las autorizaciones, y las normas
legales y técnicas aplicables.
Artículo 251. Carácter auxiliar
Las instituciones y agentes de seguridad privada son auxiliares de las fuerzas de seguridad del Estado y los
municipios; con ese carácter actuarán en los casos previstos en esta ley y las otras aplicables; y en los que
sean requeridas, legalmente por las autoridades de seguridad pública competentes.
CAPÍTULO III
MODALIDADES DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 252. Modalidades del Servicio
Los servicios de seguridad privada sólo podrán prestarse en las modalidades siguientes:
I. SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS. Consiste en la protección, custodia, salvaguarda, defensa de
la vida y de la integridad corporal del prestatario y los grupos que presten servicios de seguridad
personal y custodia.
II. SEGURIDAD PRIVADA INTRAMUROS. Organismos de seguridad privada que se organizan de
manera interna y para su propia seguridad como instituciones bancarias, educativas, industrias,
establecimientos fabriles o comerciales, así como por establecimientos destinados a la prestación de
servicios.
III. SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES. Se refiere al cuidado y protección de bienes muebles e
inmuebles;
IV. SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE BIENES O VALORES. Consiste en la prestación de
servicios de custodia, vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores, incluyendo su
traslado;
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V. SEGURIDAD POR MEDIO DE CANES. Tiene por objeto proteger y vigilar personas, bienes y/o detectar
las sustancias u objetos que designen los prestadores de servicios, a través de caninos.
VI. SERVICIOS DE ALARMAS Y MONITOREO ELECTRÓNICO. La instalación de sistemas de alarmas
en vehículos, casas, oficinas, empresas y en todo tipo de lugares que se quiera proteger y vigilar, a
partir del aviso de los prestatarios, así como recibir y administrar las señales enviadas a la central de
monitoreo por los sistemas, y dar aviso de las mismas tanto a las autoridades correspondientes como
a los usuarios de los sistemas y equipos, así como a los prestatarios en forma inmediata;
VII. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Consiste en la preservación, integridad y disponibilidad de la
información del prestatario, a través de sistemas de administración de seguridad, de bases de datos,
redes locales, corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como
respaldo y recuperación de dicha información sea esta documental, electrónica o multimedia;
VIII. SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES. Se refieren a la prestación de servicios para
obtener informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas;
IX. ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE BLINDAJE. Se refiere a la actividad relacionada
directa o indirectamente con la instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de
vehículos automotores, y de los equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos
especializados; y
X. ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. Se refiere a la prestación de
servicios de asesorías en materia de prevención de riesgos de seguridad hacia el interior de
negociaciones o establecimientos y personas, institutos u organismos dedicados a la capacitación y
evaluación de personal; y toda actividad relacionada a la prestación de servicios de seguridad privada.
CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES
Artículo 253. Obligaciones
Los particulares que se dediquen a la prestación de servicios de seguridad privada, deberán ajustarse a los
siguientes lineamientos:
I. Sólo podrán prestar este servicio las empresas de nacionalidad mexicana, previamente autorizadas e
inscritas en el Registro Estatal de Empresas de Seguridad Privada;
II. Los elementos que presten servicios privados de seguridad deberán reunir los requisitos exigidos por
la normatividad correspondiente; y estar inscritos en el Registro Estatal de Empresas de Seguridad
Privada;
III. Está estrictamente, prohibido realizar funciones que constitucional o legalmente les correspondan a las
Fuerzas Armadas o alguna institución de seguridad pública federal, Estatal o municipal;
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IV. Cuando en el desempeño de sus labores conocieren de hechos que presumiblemente sean
constitutivos de delito, o de pruebas que acrediten la presunta responsabilidad penal de un individuo,
lo harán inmediatamente del conocimiento del Ministerio Público;
V. Deberán registrar a su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre
la delincuencia a la unidad administrativa del Sistema de Estatal de Información;
VI. Deberán someter a su personal a los procedimientos de evaluación y control de confianza ante el Centro
Estatal o Nacional según corresponda;
VII. Coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia,
desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, del Estado y los municipios;
y
VIII. Los demás que determine la presente ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 254. Profesionalización
Los particulares que presten los servicios a que se refiere el presente capítulo, proporcionarán a su personal
los cursos de especialización para personal operativo de los servicios privados de seguridad que para el
efecto imparta el Centro de Profesionalización y los demás organismos afines debidamente registrados.
Artículo 255. Prohibiciones
Ningún servidor público en materia de seguridad pública, ni agente de la policía en activo, sea Fuerzas
Armadas o alguna institución de seguridad pública federal, Estatal o municipal podrá ser propietario o socio
por sí o por terceras personas de una empresa que preste servicios de seguridad privada. En caso de
contravención a lo dispuesto, se cancelará de inmediato la autorización estatal que indebidamente se
hubiera obtenido; con independencia de las responsabilidades en que se hubiere incurrido.
Artículo 256. Portación y uso de armas
La portación de armas, así como las condiciones, requisitos y usos de las mismas por parte de los elementos
de seguridad privada, se tramitarán y sujetarán, estrictamente, a lo dispuesto por la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos.
Las empresas y los elementos de seguridad privada que hayan obtenido licencias federales para la
portación de armas de fuego, deberán de inscribirlas en el Registro de Armamento.
Artículo 257. Sanciones a las personas físicas
Las personas físicas que presten servicios de seguridad privada personalmente o como empleados de una
empresa de seguridad, deberán cumplir con lo previsto en esta ley y demás disposiciones aplicables,
relativo a las obligaciones y prohibiciones para los agentes de policía en activo, por lo tanto las infracciones
que cometan se considerarán como leves o graves, conforme a lo establecido en dichos ordenamientos
y en consecuencia se sancionarán de la siguiente forma:
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I. Amonestación;
II. Multa por el equivalente hasta por quinientas Unidades de Medida y Actualización;
III. Suspensión temporal de uno a tres meses; y
IV. Cancelación de la autorización y/o clausura del establecimiento.
Artículo 258. Sanciones a las empresas prestadoras de servicios
Las personas morales que presten servicios de seguridad privada deberán de cumplir cabalmente con todos
los requisitos y condiciones establecidos en las leyes y reglamentos así como en la propia autorización, las
infracciones serán sancionadas en los siguientes términos:
I. Amonestación;
II. Multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización;
III. Suspensión temporal de la autorización de uno a tres meses.
La duración de la suspensión temporal no podrá exceder de tres meses y, en todo caso el prestador del
servicio o el realizador de actividades deberá de subsanar las irregularidades que la originaron, cuya
omisión dará lugar a la continuación de la suspensión por un plazo igual y a la aplicación de las
sanciones que procedan.
La suspensión temporal se aplicará independientemente de las sanciones a que hayan dado lugar las
irregularidades.
IV. Cancelación de la autorización y/o clausura definitiva del establecimiento.
Artículo 259. Autoridad competente
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2017)
La Secretaría de Seguridad a través de la Dirección General de Registro y Control de los Servicios de
Seguridad Privada podrá imponer cualquiera de las sanciones administrativas señaladas en las fracciones
anteriores y, en cualquier caso, procederá al apercibimiento respectivo.
En el caso de las multas se girará oficio a la Secretaría de Finanzas a fin de que se hagan efectivas en el
procedimiento económico coactivo. Tratándose de la prohibición del servicio, suspensiones y cancelaciones,
se harán del conocimiento al infractor para que se cumplan en sus términos, inscribiendo ello en el Registro
Estatal de Empresas de Seguridad Privada; así mismo deberá de comunicarse la sanción impuesta al
integrante de la empresa de seguridad privada para que se inscriba en el Registro Estatal de Personal.
Artículo 260. Autonomía de las sanciones
Las sanciones serán independientes de las responsabilidades penales o civiles en que incurran los
prestadores y el personal a su servicio.
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Artículo 261. Normatividad en materia de sanciones
El incumplimiento o la violación por parte de los servidores públicos de las disposiciones previstas en este
capítulo se sancionarán de conformidad con lo establecido en esta ley y demás ordenamientos aplicables.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 262. Definición
Para efectos de esta ley, se consideran instalaciones estratégicas los espacios, inmuebles, construcciones,
muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, el mantenimiento y la operación de las
actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Federal, así como de aquéllas que tiendan
a preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado Mexicano, en los términos de la Ley de
Seguridad Nacional y la Ley General.
Artículo 263. Protección y vigilancia de instalaciones estratégicas
El Estado y los municipios coadyuvarán con las instancias federales competentes para proteger y vigilar las
instalaciones estratégicas, así como para garantizar su integridad y su operación.
Las instituciones de seguridad pública se coordinarán con la Federación para el cumplimiento de dicho deber,
así como para garantizar la seguridad perimetral de las mencionadas instalaciones y el apoyo operativo en
caso necesario.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Las disposiciones reglamentarias de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de
Coahuila de Zaragoza, deberán expedirse dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor,
entre tanto, seguirán vigentes las aplicables a las instituciones de seguridad pública, en los que no se
opongan a este Decreto.
TERCERO. De manera progresiva y en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto,
los integrantes de las instituciones de seguridad pública, deberán obtener el certificado emitido por el Centro
de Profesionalización.
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CUARTO. Los servicios profesionales de carrera vigentes en las instituciones de seguridad pública a la fecha
de entrada en vigor de este decreto, deberán ajustarse a los lineamientos establecidos en la ley que se crea,
emitiendo para tal efecto la reglamentación correspondiente, en un plazo no mayor a un año.
QUINTO. Los servidores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de permanencia
que se establecen en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y los
ordenamientos legales federales y estatales aplicables, serán homologados al servicio profesional de carrera,
en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad
y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente decreto.
SEXTO. Todas las disposiciones, menciones y referencias que se hagan en las leyes y reglamentos o
cualquier otra disposición al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública se entenderán
hechas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de acuerdo a las atribuciones
que se otorgan a éste último en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica asumirá las atribuciones que le
corresponden al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, hasta en tanto no se
actualice su nombramiento de conformidad con esta ley.
SÉPTIMO. Los consejos, conferencia y demás órganos contemplados por la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza deberán instalarse dentro de 60 días naturales contados a partir
de la entrada en vigor del presente decreto, o adecuar su estructura en los casos que así lo requieran,
tratándose de aquellos que ya se encuentren en funciones.
OCTAVO. Se abroga la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 19 de junio de 2009, y se derogan las demás
disposiciones que se opongan al presente decreto.
NOVENO. Los órganos colegiados contemplados solo en la ley que se abroga deberán realizar entrega
recepción en términos de las disposiciones aplicables, al Secretariado Ejecutivo en un término de 60 días
hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, una vez realizado esto operará su extinción.
DÉCIMO. Las unidades administrativas establecidas en la ley abrogada y que al inicio de la vigencia de la
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza se encuentren en funcionamiento,
se regirán conforme a ella y las leyes y reglamentos aplicables.
UNDÉCIMO. Para el ejercicio fiscal del año 2016, la Secretaría de Finanzas con base en la disponibilidad
presupuestal, dotará de los recursos financieros necesarios a las instituciones de seguridad pública estatales
para el adecuado cumplimiento de las disposiciones del presente decreto.
Para los ejercicios fiscales subsecuentes se deberá incluir en los proyectos de Presupuesto de Egresos del
Estado, las previsiones presupuestales que correspondan.
DUODÉCIMO. Los convenios de coordinación en materia de seguridad pública celebrados entre los
municipios y el Estado, continuarán vigentes en los términos en que fueron suscritos, sin perjuicio de que
puedan ser modificados conforme a las disposiciones del presente decreto.
103
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de
Zaragoza, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.
DIPUTADO PRESIDENTE
JAVIER DE JESÚS RODRÍGUEZ MENDOZA
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
MARTHA CAROLINA MORALES IRIBARREN
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
LUISA IVONE GALLEGOS MARTÍNEZ
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 8 de marzo de 2016
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO
HOMERO RAMOS GLORIA
(RÚBRICA)
104
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE
LEY.
P.O. 29 / 11 DE ABRIL DE 2017 / DECRETO 830
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diez días del mes de abril del año
dos mil diecisiete.
P.O. 85 / 24 DE OCTUBRE DE 2017 / DECRETO 962
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Las autoridades penitenciarias en el ámbito de sus atribuciones realizarán las acciones tendientes a las modificaciones en los
Reglamentos interiores de los Centros Penitenciarios y Centros de Internamiento Especializados en Adolescentes.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintidós días del mes de
septiembre del año dos mil diecisiete.
P.O. 103 / 26 DE DICIEMBRE DE 2017 / DECRETO 1177
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio
de lo dispuesto en los transitorios siguientes.
SEGUNDO. La Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza continuará vigente, en lo que no
se oponga al presente decreto, hasta la entrada en vigor del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
TERCERO. La reforma a las disposiciones relativas a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia como organismo público descentralizado
que se crea mediante el presente decreto, entrarán en vigor una vez instalado su órgano de gobierno y se realice la entrega recepción con la
dependencia centralizada de la administración pública estatal denominada de la misma forma a la cual sustituye.
CUARTO. La reforma a las disposiciones relativas al órgano desconcentrado Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza,
el cual sustituye al Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial y al Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza,
entrarán en vigor una vez que sea nombrado su titular y se realice la entrega recepción correspondiente.
Las disposiciones relativas al Instituto de Coahuilense de las Mujeres e Instituto Coahuilense de la Juventud entrarán en vigor una vez que se
nombre a sus respectivos titulares y se realice la entrega recepción correspondiente.
QUINTO. La Secretaría de Finanzas en coordinación con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, deberá realizar las acciones
conducentes para extinguir el organismo descentralizado Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, en términos de las
disposiciones legales y administrativas aplicables.
SÉXTO. La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el ámbito de sus atribuciones, en coordinación
con las dependencias o entidades competentes, deberán implementar la entrega recepción y las acciones necesarias para que los recursos
humanos, materiales, financieros y presupuestales que corresponden a la Secretaría de la Juventud, a la Secretaría de las Mujeres, a la
Comisión Estatal de Seguridad, al Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, el Registro Público del Estado de Coahuila de
Zaragoza y a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia como dependencias de la administración pública centralizada, sean reasignados
a las dependencias y entidades que los sustituyan y asuman sus atribuciones, de acuerdo a este decreto, a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones legales y administrativas.
Los trabajadores que con motivo del cumplimiento del presente decreto deban quedar adscritos a una dependencia o entidad diferente a su
actual centro de trabajo, en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales.
SÉPTIMO. La Secretaría de Finanzas en coordinación con las autoridades competentes, deberá realizar las gestiones necesarias para las
adecuaciones o modificaciones presupuestales para la implementación de este decreto.
OCTAVO. La Secretaría de Gobierno, deberá llevar a cabo las acciones para dotar de recursos materiales, humanos y financieros al Instituto
Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, para su adecuado funcionamiento y debido cumplimiento de su objeto.
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Una vez que inicie sus funciones el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, como órgano desconcentrado de la
Secretaría de Gobierno, los sistemas, la papelería, sellos y demás materiales de trabajo que tengan el nombre de Instituto Coahuilense del
Catastro y la Información Territorial, y del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza respectivamente, serán válidos y se seguirán
usando, hasta en tanto se realicen los ajustes procedentes a los sistemas y se adquieran los materiales o insumos antes mencionados,
adecuados al presente decreto.
NOVENO. El Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, se deberá expedir dentro del plazo
de sesenta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se nombre al titular del Instituto, como órgano desconcentrado de la Secretaría
de Gobierno.
DÉCIMO. Cuando en alguna disposición legal o administrativa otorguen facultades o se hagan menciones a la Secretaría de Desarrollo Social,
a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de la Juventud, a la Secretaría de las Mujeres, a la Comisión Estatal de Seguridad, al
Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial, y al Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, se entenderán
conferidas o referidas de la siguiente forma:
Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.
Secretaría de Medio Ambiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano.
Secretaría de la Juventud al Instituto Coahuilense de la Juventud.
Secretaría de las Mujeres al Instituto Coahuilense de las Mujeres.
Comisión Estatal de Seguridad a la Secretaría de Seguridad Pública.
Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial o al Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza al Instituto Registral y
Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
DÉCIMO PRIMERO. Los asuntos en trámite que se encuentren pendientes en la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio
Ambiente, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de las Mujeres, la Comisión Estatal de Seguridad, el Instituto Coahuilense del Catastro y
la Información Territorial, el Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, serán
tramitados por las dependencias y entidades que corresponda de acuerdo al segundo párrafo del transitorio décimo primero, hasta su
conclusión.
DÉCIMO SEGUNDO. Los derechos y obligaciones derivados de convenios celebrados por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de
Medio Ambiente, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de las Mujeres, la Comisión Estatal de Seguridad, el Instituto Coahuilense del
Catastro y la Información Territorial, el Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia,
serán asumidos por las dependencias y entidades que corresponda de acuerdo al segundo párrafo del transitorio décimo primero.
DÉCIMO TERCERO. Los reglamentos interiores de las dependencias a que se refiere el presente decreto, deberán adecuarse dentro de los
noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
P.O. 51 / 25 DE JUNIO DE 2019 / DECRETO 269
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los quince días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.
P.O. 94 / 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 / DECRETO 801
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se deberá expedir las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para instrumentar las disposiciones de la presente Ley.
TERCERO. Las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este decreto, seguirán aplicándose en
todo lo que no se opongan a lo dispuesto en el mismo, hasta en tanto se realice la armonización correspondiente con el presente decreto.
CUARTO. La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el ámbito de sus atribuciones, en coordinación
con las dependencias competentes, deberán implementar las acciones necesarias para que los recursos humanos, materiales, financieros y
presupuestales de la Secretaría de Gobierno que correspondan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, sean reasignados a
la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo a este decreto y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.
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Asimismo, los asuntos que se encuentren en trámite del Secretariado Ejecutivo, serán transferidos a la Secretaría de Seguridad Pública.
QUINTO. Los derechos laborales del personal del Secretariado Ejecutivo que, en virtud de lo dispuesto en la presente Ley, sean transferidos de
la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, serán respetados conforme a las disposiciones aplicables.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil veinte.
P.O. 16 / 23 DE FEBRERO DE 2021 / DECRETO 969
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
P.O. 16 / 23 DE FEBRERO DE 2021 / DECRETO 970
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
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