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LEY GENERAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
DEL ESTADO DE DURANGO
FECHA DE ULTIMA MODIFICACION:
DEC. 347 P.O. 26 DE 30 DE MARZO DE 2023.
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LEY GENERAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL
ESTADO DE DURANGO.
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 7, DE FECHA 22 DE JULIO DE 2007. DECRETO 391, LXIII LEGISLATURA.
TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Esta Ley es de orden público e interés social, emitida bajo los principios consagrados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales en materia
indígena y es reglamentaria del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Durango.
PÁRRAFO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Es obligación de las autoridades estatales, municipales y de la sociedad en general, la observancia y
el cumplimiento del presente ordenamiento. El Estado y los Municipios deben incluir dentro de sus
planes y programas de desarrollo a las comunidades indígenas de los pueblos asentados en el territorio
del Estado, en los términos previstos en esta Ley.
ARTÍCULO 2. La presente Ley tiene por objeto el desarrollo, reconocimiento, preservación y defensa
de los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, así mismo establece las
obligaciones del Estado y sus Municipios para garantizar el cumplimiento de los referidos objetivos.
Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, el Estado y los Municipios podrán solicitar en
cualquier momento la asesoría y apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas conforme a la
Ley que regula las funciones de dicho instituto y la normativa aplicable.
PÁRRAFO ADICIONADO POR DEC. 347 P.O. 26 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023.
ARTÍCULO 3. El Estado de Durango tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada en sus
pueblos y comunidades indígenas. Esta Ley reconoce y protege a los pueblos y comunidades indígenas
Tepehuana u O’dam, Huicholes o Wirrárika, Mexicaneros o Náhuatl, Tarahumaras o Rarámuris y Coras,
asentados en el Estado de Durango, cuyas formas e instituciones sociales, económicas y culturales los
identifican y distinguen del resto de la población del Estado.
PÁRRAFO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Los indígenas procedentes de otra entidad federativa o de otro país, que transiten o residan temporal
o permanentemente dentro del territorio del Estado, serán sujetos de las obligaciones y derechos de la
presente Ley; por lo anterior, se les reconoce el derecho a la protección de sus costumbres, usos,
tradiciones, lengua, religión, indumentaria y rasgos culturales.
Los derechos de los pueblos indígenas que reconoce la presente Ley, serán ejercidos a través de sus
respectivas autoridades tradicionales.
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ARTÍCULO 4. La aplicación de esta Ley corresponde al Estado, a los Municipios y a las autoridades
tradicionales, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de asegurar el respeto de
los derechos humanos y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado.
ARTICULO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
ARTÍCULO 5. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Autonomía: La facultad de un pueblo de gobernar a sus miembros, definir sus propias reglas
internas de organización, elegir a sus autoridades y resolver sus conflictos;
II. Autoridades tradicionales: Aquéllas electas y reconocidas por los pueblos y comunidades
indígenas de conformidad con sus sistemas normativos internos;
III. Comunidad Indígena: Unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio determinado
que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos;
IV. Derechos Colectivos: Aquéllos que reconoce el Orden Jurídico Mexicano a los pueblos y
comunidades indígenas, en los ámbitos político, económico, social, agropecuario, cultural y
jurisdiccional, para garantizar su existencia, permanencia, dignidad, bienestar y no discriminación
basada en la pertenencia a los pueblos indígenas;
V. Derechos Humanos: Aquéllos que reconoce el Orden Jurídico Mexicano a todo hombre o mujer,
independiente a su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social,
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas;
FRACCIÓN REFORMADA POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
VI. El Estado: Estado de Durango, parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos;
VII. Lenguas Indígenas: Son aquéllas que proceden de los pueblos que se establecieron en el territorio
mexicano antes de iniciarse la colonización y que se reconocen por conservar un conjunto
ordenado y sistematizado de formas orales, escritas y otras simbólicas de comunicación entre sí:
VIII. Libre Determinación: El derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse,
tener su propia identidad como pueblo y decidir sobre su vida presente y futura, en un marco
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional;
FRACCIÓN REFORMADA POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
IX. Municipios: Aquéllos que en su jurisdicción cuenten con población indígena asentada en forma
temporal o permanente;
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X. Pueblos Indígenas: Aquéllos que se conforman con personas que descienden históricamente
desde los pueblos que habitaron el territorio que hoy corresponde al Estado antes de la
colonización, que hablan la misma lengua, tienen autoridades tradicionales, conservan sus
sistemas normativos, cultura e instituciones sociales, políticas y económicas o parte de ellas;
XI. Sistema religioso tradicional: Conjunto de manifestaciones públicas o privadas con connotación o
contenido religioso, cuyas prácticas se realizan históricamente por los pueblos y comunidades
indígenas;
XII. Sistemas Normativos Internos: Normas de carácter oral y consuetudinario que los pueblos y
comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos,
organización y gobierno que son aplicadas por sus autoridades tradicionales en la resolución de
conflictos;
XIII. Territorio Indígena: Porción del territorio estatal que se constituye por espacios continuos o
discontinuos que se extiende de los límites de la comunidad, ocupados o utilizados por los
indígenas, en los cuales, se manifiesta su cosmovisión y su vida comunitaria sin detrimento alguno
de la soberanía de la República, ni de la autonomía del Estado o de sus Municipios, y
XIV. Usos y Costumbres: Conjuntos de instituciones, procedimientos y normas que contribuyen a la
integración social de los pueblos y comunidades indígenas que constituyen el rasgo característico
que los individualiza como tales.
ARTICULO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
ARTÍCULO 6. El Estado y los Municipios promoverán acciones encaminadas a eliminar la desigualdad
y discriminación social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas, para descartar todo supuesto
de superioridad de un grupo sobre los demás, e impulsará la construcción de una sociedad armónica,
basada en el respeto a la diversidad pluricultural.
ARTÍCULO 7. Para garantizar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas al ejercicio del
derecho de petición, toda promoción que se presente ante las autoridades estatales o municipales, por
cualquier indígena en particular, o por la autoridad tradicional de un pueblo o comunidad indígena,
podrá ser redactada en su propia lengua o en español. Las autoridades tienen el deber de recibirla,
previniendo en términos de Ley, la intervención de un intérprete para darle respuesta escrita en el
idioma o lengua que se haya presentado y en breve término.
ARTÍCULO 8. El Estado y los Municipios en los ámbitos de su competencia, implementarán programas
de difusión dirigidos a las poblaciones indígenas para dar a conocer las leyes vigentes, el
funcionamiento del sistema judicial y el organigrama de la Administración Pública. De igual forma,
implementará programas para difundir en la sociedad en general los sistemas normativos aplicables
por las comunidades o pueblos indígenas.
ARTÍCULO 9. La Dirección del Registro Civil, en coordinación con las instituciones que por la
naturaleza de sus funciones se vinculen en la atención de los indígenas, dispondrán de las medidas
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necesarias para efectuar campañas registrales en los pueblos y comunidades indígenas, cuando
menos dos veces al año.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 10. El Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a
la autoadscripción, a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas internas de
convivencia y organización social, económica, política y cultural.
ARTÍCULO 11. Los pueblos y comunidades indígenas tendrán el carácter de personas colectivas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
ARTÍCULO 12. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados mediante los
procedimientos apropiados a través de sus autoridades tradicionales en términos de la Ley, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, así
mismo, tienen derecho a participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y en los Planes
Municipales, para que en su caso, se incorporen las recomendaciones y propuestas que realicen.
ARTICULO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
CAPÍTULO III
DE LA AUTONOMÍA
ARTÍCULO 13. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias,
respetarán la autonomía de las comunidades indígenas, proveyendo las medidas necesarias para
asegurar su cumplimiento.
ARTÍCULO 14. En el ejercicio del derecho de autonomía y libre determinación, los pueblos y
comunidades indígenas establecerán las bases y mecanismos conforme a sus propios sistemas
normativos para la organización de su vida comunitaria.
Los pueblos y comunidades indígenas podrán determinar conforme a la tradición de cada uno, su propia
composición, y ejercer con autonomía todos los derechos que se les reconocen, los cuales serán
actualizados directamente por sus autoridades tradicionales.
ARTÍCULO 15. El Estado reconoce y garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas
a elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno.
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ARTÍCULO 16. El Estado reconoce la existencia de sistemas normativos internos de los pueblos y
comunidades indígenas asentadas dentro de su territorio, con características propias y específicas en
cada pueblo y comunidad, basados en sus tradiciones ancestrales y que han trasmitido por
generaciones, enriqueciéndose con el paso del tiempo o por diversas circunstancias. Por tanto, en el
territorio del Estado, dichos sistemas se consideran actualmente vigentes y en uso.
ARTÍCULO 17. En términos del artículo 2, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Estado reconoce la validez de los sistemas normativos internos de los
pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la
organización de la vida comunitaria y, en general, de la prevención y solución de conflictos al interior
de cada comunidad.
ARTICULO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ASISTENCIALES
CAPÍTULO I
DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA
ARTÍCULO 18. El Estado garantiza que en los pueblos y comunidades indígenas la educación sea
intercultural y bilingüe, es decir, en su lengua materna y en español.
La educación que imparta el Estado en las comunidades indígenas contendrá además de los
contenidos autorizados por la Secretaría de Educación, planes de estudio tendientes a revitalizar,
utilizar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras la historia, lengua, tradiciones, filosofías,
técnicas de escritura y literatura indígenas.
ARTÍCULO 19. El Estado adoptará medidas eficaces para eliminar dentro del sistema educativo, los
prejuicios, la discriminación y los adjetivos que denigren a los indígenas; de igual forma, impulsará e
implementará, a través de las dependencias educativas respectivas, un sistema de becas para los
estudiantes indígenas en todos los niveles de educación.
CAPÍTULO II
DE LA CULTURA INDÍGENA
ARTÍCULO 20. Se reconoce el derecho de los indígenas a practicar y revitalizar sus tradiciones y
costumbres culturales. El Estado, en el ámbito de sus atribuciones, proporcionará a los pueblos y
comunidades indígenas los recursos que prevean los programas autorizados con ese objeto, para el
mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales, técnicas, artes y artesanías,
expresiones musicales, fiestas tradicionales y la literatura oral y escrita.
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ARTÍCULO 21. El Estado reconoce el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas de
celebrar sus ritos, ceremonias y tradiciones, así como el de utilizar los lugares sagrados definidos como
tales por las autoridades tradicionales de cada pueblo o comunidad indígena.
Durante el período de tiempo que duran las ceremonias, ritos y peregrinaciones, los pueblos y
comunidades indígenas tienen derecho al uso, goce y disfrute de los centros ceremoniales y sitios
sagrados independiente al régimen de propiedad al que éstos pertenecen; así mismo, se garantiza el
acceso irrestricto a los caminos de peregrinación y recorridos sagrados.
ARTÍCULO 22. El patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas está integrado por sus
lenguas, vestidos, indumentarias, festividades tradicionales, artesanías, leyendas, ritos sagrados,
centros ceremoniales, sitios o lugares sagrados, gastronomía, usos y costumbres, y en general, toda
manifestación del quehacer humano y de la naturaleza tangible o intangible que tenga valor y
significado para los mismos.
ARTÍCULO 23. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y conservar los sitios y lugares
sagrados o ceremoniales de los pueblos y comunidades indígenas. Para lo anterior, el Gobernador
Constitucional del Estado, emitirá una declaratoria de sitios o lugares sagrados y de centros
ceremoniales de los pueblos y comunidades indígenas, que se publicará en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Durango.
ARTÍCULO 24. Los pueblos y comunidades indígenas, tienen derecho al respeto pleno de la propiedad,
control y protección de su patrimonio cultural, intelectual y científico. El Estado, previa consulta a dichos
pueblos y comunidades, dictará las medidas idóneas para garantizar que sea efectivo este derecho.
El Estado determinará las acciones y medidas necesarias tendientes a la restitución de los bienes
culturales, intelectuales y científicos que les hayan sido privados a las comunidades y pueblos
indígenas; asimismo, establecerá las medidas necesarias a fin de garantizar la participación de los
jóvenes indígenas en programas artísticos y culturales, respetando e impulsando el arte y cultura
tradicionales de los pueblos y comunidades.
ARTÍCULO 25. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a adquirir, operar y administrar,
de acuerdo a la normatividad vigente, sus propios medios de comunicación. El Gobierno del Estado y
los pueblos y comunidades indígenas acordarán, a través de convenios, los mecanismos y recursos
para generar las condiciones que permitan el establecimiento de dichos medios, con el objetivo de
difundir sus tradiciones, usos y costumbres en sus lenguas.
CAPÍTULO III
DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
ARTÍCULO 26. El Estado y los Municipios protegerán y promoverán el desarrollo y uso de las lenguas
indígenas por conducto de la Secretaría de Educación del Estado, el Instituto de Cultura del Estado de
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Durango y los organismos afines dentro de cada Municipio, en coordinación con el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas.
ARTÍCULO 27. El Estado garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a preservar,
promover, difundir y desarrollar sus lenguas y cultura mediante la aplicación de las medidas necesarias
tendientes a crear una cultura de rescate, promoción y uso de las lenguas indígenas.
Ninguna persona será discriminada por usar su lengua indígena en el ámbito familiar, comunitario,
estatal y nacional, ya sea en forma oral o escrita.
ARTÍCULO 28. Se reconoce la insustituible labor de los indígenas como parte activa en el uso y
enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la rehabilitación lingüística.
ARTÍCULO 29. Corresponde al Estado, a través de las dependencias y entidades, en sus respectivas
competencias lo siguiente:
I. Proporcionar la formación y acreditación profesional de intérpretes en las lenguas indígenas
que se hablan en el Estado;
II. Realizar y difundir investigaciones lingüísticas y literarias;
III. Incidir en que los profesores de educación básica pertenezcan al pueblo o comunidad
indígena respectivo;
IV. Establecer en la biblioteca estatal un lugar reservado para la información y documentación
más representativa sobre las lenguas y literatura indígena;
V. Asegurar que la población escolar en los municipios con habitantes mayoritariamente
indígenas reciban educación básica a través de modelos de educación bilingüe, y garantizar
que el proceso educativo sea en absoluto respeto a la lengua que hablan los estudiantes; y
VI. Promover en los diferentes medios de comunicación de la entidad, campañas sobre la
protección, desarrollo, enriquecimiento y uso de las lenguas indígenas que se hablan en el
Estado.
VII. Proporcionar de manera gratuita a los personas que pertenezcan a alguna cultura o
comunidad indígena y hablen una lengua diferente al español los traductores e intérpretes
necesarios para el desahogo de sus trámites y servicios que realicen en las dependencias
del Estado, así como en sus órganos descentralizados, desconcentrados y autónomos.
Para atender lo señalado en el párrafo anterior las dependencias del Estado, así como en
sus órganos descentralizados, desconcentrados y autónomos recurrirán al Padrón Nacional
de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas.
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REFORMADO POR DEC. 70 P.O. 22 DEL 17 DE MARZO DE 2019.
ARTÍCULO 30. Corresponde de manera exclusiva a los municipios que cuenten con habitantes
indígenas:
I. Ser agentes directos en su jurisdicción, de la protección, promoción y preservación,
enriquecimiento y uso de las lenguas indígenas;
II. Coadyuvar para que los convenios, contratos comerciales, laborales y de cualquiera otra índole
que celebren las autoridades tradicionales, en representación de los pueblos y comunidades
indígenas, sean redactados en su lengua;
III. Reivindicar sus lenguas y culturas dentro de sus municipios en actividades socioeconómicas,
políticas, religiosas y culturales;
IV. Promover la creación de una crónica indígena municipal que permita la transmisión,
conservación y desarrollo de la historia y cultura del pueblo o comunidad respectivo;
V. Promover y difundir en sus respectivas casas de cultura, los documentos más representativos
sobre sus lenguas y literatura indígenas, y
VI. Registrar y actualizar las toponimias de las comunidades y ejidos del municipio y señalizar las
áreas públicas, de acuerdo a las normas ortográficas de la lengua indígena de los habitantes de
dicho espacio territorial.
VII. Proporcionar de manera gratuita a los personas que pertenezcan a alguna cultura o comunidad
indígena y hablen una lengua diferente al español los traductores e intérpretes necesarios para
el desahogo de sus trámites y servicios que realicen en las dependencias del del Municipio, así
como en sus órganos descentralizados, desconcentrados y autónomos.
Para atender lo señalado en el párrafo anterior las dependencias del Municipio, así como en
sus órganos descentralizados, desconcentrados y autónomos recurrirán al Padrón Nacional de
Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
REFORMADO POR DEC. 70 P.O. 22 DEL 17 DE MARZO DE 2019.
ARTÍCULO 31. Los indígenas tienen derecho al uso y respeto de sus nombres y apellidos en los
términos de la escritura y pronunciación de la lengua que hablen; de la misma manera, se preservará,
pronunciará y escribirá la toponimia de sus asentamientos.
CAPÍTULO IV
DE LA SALUD EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
SECCIÓN PRIMERA
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DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
ARTÍCULO 32. El Estado pondrá a disposición de los pueblos y comunidades indígenas los servicios
de salud, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.
La Secretaría de Salud y los Servicios Coordinados de Salud del Estado, instrumentarán las medidas
necesarias para que el personal de las instituciones de salud pública que prestan servicio en los pueblos
y comunidades indígenas, cuenten con los conocimientos básicos sobre la lengua, cultura y costumbres
de los mismos, a fin de que las respeten.
El sistema de asistencia sanitaria deberá dar preferencia a la formación y al empleo de personal
sanitario de la comunidad indígena, debiendo centrarse en los cuidados primarios de salud.
La Secretaría de Salud y los Servicios Coordinados de Salud del Estado, instrumentarán las medidas
necesarias para que el personal de las instituciones de salud pública que prestan servicio en los pueblos
y comunidades indígenas, cuenten con los conocimientos básicos sobre la lengua, cultura y costumbres
de los mismos, a fin de que las respeten.
En los hospitales generales, de especialidades y de tercer nivel se procurará contar con el servicio de
traductores de lenguas indígenas certificados, el cual deberá pertenecer al Padrón Nacional de
Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
REFORMADO POR DEC. 70 P.O. 22 DEL 17 DE MARZO DE 2019.
ARTÍCULO 33. El Estado establecerá en los programas institucionales de salud, medidas que
beneficien a las comunidades indígenas, cuidando en todo momento que se respeten sus usos,
costumbres y tradiciones. En dichos programas se asegurará la nutrición de la población indígena
infantil.
ARTÍCULO 34. El Estado en coordinación con los Municipios, proporcionará las facilidades necesarias
para que los médicos lleven a cabo su labor en los centros de salud instalados en los pueblos y
comunidades indígenas, dotándolos del instrumental y equipo médico así como los medicamentos
necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos básicos de salud.
ARTÍCULO 35. El Estado garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en
la planificación y ejecución de los programas de salud, debiendo tomar en cuenta sus necesidades
prioritarias.
ARTÍCULO 36. El Estado instrumentará campañas de información en las comunidades indígenas sobre
los efectos nocivos del consumo de bebidas con contenido alcohólico y sustancias que afectan la salud
humana.
ARTÍCULO 37. El Estado y los Municipios tienen la obligación de difundir información y orientación
sobre salud reproductiva, control de la natalidad y enfermedades infectocontagiosas, de manera que
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los indígenas puedan decidir informada y responsablemente el número de hijos que quieran tener,
respetando en todo momento su cultura y tradiciones.
SECCIÓN SEGUNDA
LA MEDICINA TRADICIONAL
ARTÍCULO 38. El Estado y los Municipios garantizan y apoyan el desarrollo y libre ejercicio de la
medicina tradicional así como el uso de plantas para fines rituales y curativos, a fin de que se conserven
y desarrollen como parte de la cultura y patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas.
ARTÍCULO 39. El Estado garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, de conservar
y patentar, en su caso, la medicina tradicional que emplean para preservar su salud, efectuando una
protección irrestricta de las especies endémicas del territorio duranguense. Para el logro de lo anterior,
el Estado implementará las acciones necesarias ante las instancias competentes a efecto de obtener
la patente respectiva.
ARTÍCULO 40. El Estado promoverá el estudio y rescate de la medicina tradicional sus concepciones,
métodos y prácticas, para lo cual impulsará, en coordinación con los municipios, la construcción de
lugares adecuados para que los médicos tradicionales lleven a cabo su labor.
ARTÍCULO 41. Las instituciones de salud estatal, registrarán y dotarán de elementos necesarios para
llevar a cabo su labor de manera adecuada a los médicos y curanderos que utilicen los métodos
tradicionales de salud, así como a las parteras que presten atención materno-infantil acreditando a
estas últimas, respetando sus formas y métodos empleados.
CAPÍTULO V
DE LA FAMILIA, LAS MUJERES Y LOS NIÑOS INDÍGENAS
ARTÍCULO 42. El Estado reconoce a la familia como la base de la organización de los pueblos y
comunidades indígenas, con independencia de las diversas formas en que ésta se integre.
ARTÍCULO 43. El Estado, además de los derechos establecidos por los ordenamientos
constitucionales federal y local, reconoce a las mujeres indígenas los siguientes derechos:
I. Adquirir bienes por transmisión hereditaria o por cualquier otro medio legal;
II. Desempeñar cualquier cargo o responsabilidad dentro de la comunidad;
III. Participar en proyectos productivos para el desarrollo comunitario, en igualdad de condiciones
que el resto de los integrantes de la comunidad;
IV. No ser objeto de comercio bajo ninguna circunstancia;
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V. Elegir libre y voluntariamente a su pareja;
VI. Participar en los procesos políticos, sociales y económicos; y
VII. Participar en la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo de la comunidad.
ARTÍCULO 44. El Estado y los Municipios garantizan el interés superior del menor, para lo cual deberán
efectuar campañas de difusión y concientización de sus derechos fundamentales, haciendo especial
énfasis en los ordenamientos jurídicos que sancionan los actos de explotación, discriminación y
corrupción infantil.
ARTÍCULO 45. El Estado y los Municipios a fin de proteger el sano desarrollo de los menores de edad,
procurarán que el trabajo que éstos desempeñen en el seno familiar no sea excesivo, perjudique su
salud o les impida continuar con su educación; por lo tanto, se instrumentarán servicios de orientación
social encaminados a concientizar a los integrantes de las comunidades indígenas.
CAPÍTULO VI
DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES
ARTÍCULO 46. El Estado a través de las instancias laborales, promoverá la integración de programas
de capacitación laboral y empleo. Estos programas deberán basarse en el entorno económico, las
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos y comunidades indígenas;
de igual forma, fomentará programas para la capacitación laboral y el otorgamiento de becas de empleo
dentro de las comunidades indígenas.
ARTÍCULO 47. En el Estado, el sector público, social y privado, deben respetar el derecho de los
indígenas de igualdad de acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de
promoción y de ascenso, así como la remuneración equitativa por trabajo de igual valor.
ARTÍCULO 48. El Gobierno a través de las instancias correspondientes, instrumentará campañas para
mantener a los trabajadores indígenas debidamente informados de sus derechos con arreglo a la
legislación laboral y de los recursos de que disponga.
Los trabajadores indígenas gozan de igualdad de oportunidades en el empleo y de trato, tanto para
hombres como para mujeres.
TÍTULO TERCERO
DEL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
CAPÍTULO I
DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
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ARTÍCULO 49. La planeación de la política en materia indígena es parte del proceso de planeación del
desarrollo del Estado y de los Municipios misma que se establecerá en la parte relativa, en los
siguientes instrumentos:
I. El Plan Estatal de Desarrollo; y
II. El Plan Municipal de Desarrollo de aquéllos municipios que en su jurisdicción cuenten con
población indígena asentada en forma temporal o permanente.
Estos planes se formularán, aprobarán y publicarán en los términos que establece la Ley de Planeación
del Estado de Durango y deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas
que de éste se deriven en materia indígena.
ARTÍCULO 50. La programación de la política en materia indígena del Estado y los municipios en sus
respectivos ámbitos de competencia, tiene como instrumentos:
I. El programa sectorial en materia indígena estatal o municipal; y
II. Los programas especiales, regionales o institucionales que se deriven de los programas
sectoriales señalados en la fracción anterior.
La formulación, ejecución, control y evaluación de los programas en materia indígena se efectuará
conforme a las disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de Durango, las previstas en la
presente Ley y los respectivos acuerdos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
ARTÍCULO 51. La elaboración, aprobación y publicación de los programas sectoriales, regionales,
especiales e institucionales, que en materia indígena le corresponda ejecutar al Estado, se efectuará
dentro de los 90 días siguientes a la publicación del Plan Estatal de Desarrollo.
En el caso de los municipios, se efectuará a más tardar dentro de los 60 días siguientes a la publicación
de su Plan Municipal de Desarrollo del año en que inicie su ejercicio constitucional.
Una vez concluida la formulación de los programas, las dependencias y entidades responsables los
someterán a la consideración del Titular del Poder Ejecutivo y a los Municipios respectivamente, según
corresponda, para su aprobación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Durango o en las Gacetas Municipales respectivamente, dentro de los 10
días hábiles siguientes a su autorización.
Dentro del mismo plazo, los programas serán remitidos a la Entidad de Auditoría Superior del Estado,
para lo que proceda en materia de fiscalización superior.
ARTÍCULO 52. La formulación de los programas en materia indígena estará a cargo de:
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I. La Secretaría de Desarrollo Social, en el caso del Estado; y
II. La dependencia o entidad de la administración pública municipal competente, bajo la coordinación
directa del presidente municipal.
ARTÍCULO 53. El programa sectorial en materia indígena estatal o municipal, deberá contener:
I. Un diagnóstico de la situación de los pueblos y comunidades indígenas así como un
señalamiento específico de sus principales problemas y tendencias;
II. Los objetivos que regirán el desempeño de las acciones en materia indígena de la
administración pública estatal o municipal, según sea el caso, y los mecanismos de coordinación
con otros niveles de gobierno;
III. La estrategia general, que comprenderá las acciones básicas a seguir, la definición de los
distintos tipos y modalidades de atención, el señalamiento de metas y prioridades y su previsible
impacto en el desarrollo económico y social;
IV. La identificación de las fuentes de financiamiento y la estimación de los recursos necesarios
para las acciones en materia indígena, así como los mecanismos para fomentar la participación
y el financiamiento público, social y privado;
V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de los pueblos y comunidades
indígenas, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para
su ejecución;
VI. Las medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica de los pueblos
y comunidades indígenas;
VII. Las bases para la articulación de la política en materia indígena, con la política y programas de
desarrollo social y económico;
VIII. La definición de los programas, mecanismos e instrumentos que permitan implementar las
acciones necesarias en materia indígena;
IX. Los demás que señalen los respectivos planes de desarrollo estatal y municipal y otros
ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 54. Para la programación y presupuestación anual del gasto público del Estado y los
Municipios en materia indígena, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
I. Los programas, subprogramas, proyectos, acciones y actividades que la Secretaría de
Desarrollo Social y las dependencias y entidades de la administración pública estatal o
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municipal deberán realizar para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias y metas
durante un ejercicio fiscal;
II. Las previsiones de gasto público para cubrir las necesidades de recursos humanos, materiales,
financieros y de otra índole que sean necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas
en la fracción anterior, estableciendo el tipo y las fuentes de los recursos que se utilizarán;
III. La evaluación de los avances en el cumplimiento de objetivos y metas de los planes estatal y
municipal de desarrollo, así como de los respectivos programas en la materia;
IV. El cumplimiento de las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal en curso;
V. El programa financiero respectivo;
VI. Los acuerdos de concertación con los sectores privado y social y los convenios o acuerdos de
coordinación con otros niveles de Gobierno; y
VII. Las demás que establezcan las leyes de la materia.
ARTÍCULO 55. La programación y presupuestación de la política en materia indígena del Estado y los
Municipios para cada ejercicio fiscal, se establecerá en:
I. El Programa Operativo Anual respectivo;
II. Las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios; y
III. La Ley de Egresos del Estado y los Presupuestos de Egresos de los Municipios.
ARTÍCULO 56. La programación y presupuestación anual de la política en materia indígena en los
términos señalados en esta Ley, será responsabilidad de:
I. La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno
del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia; y
II. La dependencia o entidad de la administración pública municipal competente en materia
indígena, el presidente municipal y el ayuntamiento, de conformidad con sus atribuciones
específicas.
ARTÍCULO 57. El Programa Operativo Anual de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y de los
Municipios del ejercicio fiscal que corresponda, deberá contener:
I. Objetivos generales y particulares;
II. Prioridades y estrategias generales y particulares;
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III. Metas cuantitativas y cualitativas;
IV. Recursos presupuestales y fuentes de financiamiento;
V. Dependencias o entidades ejecutoras; y
VI. Mecanismos de coordinación interinstitucional y de participación de los sectores privado o
social.
ARTÍCULO 58. En la formulación de sus presupuestos anuales de egresos, el Estado y los Municipios
considerarán las visiones de mediano y largo plazo necesarias para garantizar la viabilidad, continuidad
y complementariedad de la política, los programas y acciones en materia indígena.
Para tal efecto, podrán establecer en sus respectivos presupuestos de egresos, previsiones de gasto
multianuales, siempre que no excedan del período de ejercicio constitucional, cuando la ejecución-
terminación total de alguna acción requiera comprometer recursos de ejercicios fiscales posteriores.
ARTÍCULO 59. El Estado y los Municipios deberán integrar y administrar, en los términos previstos en
esta Ley y en sus respectivos ámbitos de competencia, un Fondo para la Atención de los Pueblos y
Comunidades Indígenas que garantice en cada ejercicio fiscal, una partida presupuestal mínima para
financiar las acciones de su programa operativo anual.
El Fondo para la atención de los pueblos y comunidades indígenas deberá considerar mecanismos de
complementariedad a las aportaciones, estímulos o apoyos que realicen otros niveles de gobierno para
la ejecución de los programas en materia indígena.
CAPÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 60. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de decidir sus necesidades
prioritarias respecto a su desarrollo integral, tomando en consideración los planes Estatal y Municipales
de Desarrollo.
ARTÍCULO 61. El Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, promoverá la participación de
los pueblos y comunidades indígenas en la formulación, ejecución, control y evaluación de los
programas de desarrollo sectorial, especial, regional o institucional de interés para las comunidades.
ARTÍCULO 62. El Estado podrá convenir con los pueblos y comunidades indígenas, la operación de
programas y proyectos productivos conjuntos, tendientes a promover su propio desarrollo.
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CAPÍTULO III
DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
ARTÍCULO 63. El Estado impulsará un programa permanente de desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas tendiente a elevar sus niveles de bienestar y mejorar sus espacios de
convivencia. El diseño y ejecución de este programa deberá hacerse conjuntamente entre las
comunidades y pueblos indígenas y las autoridades respectivas, tomando en consideración lo
siguiente:
I. Impulsar el desarrollo regional integral de los pueblos y comunidades indígenas con el propósito
de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante
acciones coordinadas entre la Federación, el Estado y los Municipios, con la participación activa
de las comunidades indígenas;
II. Facilitar el acceso al financiamiento e inversión pública y privada para infraestructura y vivienda,
así como para la realización de actividades productivas sustentables que propicien la creación
de empleos y la incorporación de tecnologías para incrementar su capacidad productiva;
III. Ampliar la cobertura de servicios sociales, de salud y educación;
IV. Extender la red de vías de comunicación y telecomunicación que permita la integración y
desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas;
V. Asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización;
VI. Establecer acciones de capacitación y formación de intérpretes para apoyar a las comunidades
y pueblos indígenas en los distintos ámbitos que éstos requieran;
VII. Construir un sistema de información periódico, oportuno, objetivo y público, donde se incluyan
criterios de evaluación que permitan conocer el impacto social y económico de las acciones en
el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, y
VIII. Establecer los sistemas de control necesarios para el manejo de los recursos y la asistencia
técnica requerida, a fin de que éstos se ejerzan en forma eficiente y transparente, debiendo
informar oportuna y cabalmente a los pueblos y comunidades indígenas.
ARTÍCULO 64. Los municipios tienen la obligación de distribuir con un sentido de equidad entre las
comunidades y pueblos indígenas que se encuentren dentro de su jurisdicción, las participaciones
federales, los ingresos que se deriven de convenios con el Estado y la Federación, así como los
derivados de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos municipales.
ARTÍCULO 65. El Estado de acuerdo a sus programas y políticas públicas, descentralizará sus
servicios para prestarlos con eficiencia y facilitarles el acceso a los pueblos y comunidades indígenas
en los términos acordados con éstos.
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ARTÍCULO 66. Las comunidades indígenas podrán formar asociaciones para los fines que
consideren convenientes.
ARTICULO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
ARTÍCULO 67. El Estado establecerá sistemas de control necesarios para el manejo de los recursos
y la asistencia técnica requerida, a fin de que se ejerzan en forma eficiente y transparente.
ARTÍCULO 68. El Estado y los Municipios gestionarán e impulsarán el establecimiento de empresas
con la finalidad de optimizar la utilización de las materias primas y fomentar la creación de fuentes de
trabajo.
El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social, promoverá programas y acciones
de capacitación para la productividad.
CAPÍTULO IV
DEL FOMENTO ARTESANAL
ARTÍCULO 69. El Estado fomentará la producción artesanal y las actividades tradicionales
relacionadas con las mismas mediante las siguientes acciones:
I. Apoyar la comercialización de las artesanías en los mercados local, nacional e internacional;
II. Establecer talleres de organización, capacitación y administración dirigidos a los artesanos
indígenas;
III. Registrar y mantener actualizados el padrón y directorio de artesanos;
IV. Gestionar financiamientos para los productores artesanales ,y
V. Los demás que emanen de cualquier otra disposición normativa en la materia o que el
Ejecutivo Estatal les encomiende en apoyo de esta actividad.
ARTÍCULO 70. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, buscará los mecanismos
necesarios para que, en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo
Social, se establezcan talleres-mercado de artesanías indígenas, en donde puedan sistematizarse
planes y programas de estudio en materia de artesanía indígena, abarcando las áreas de producción,
organización, administración y comercialización, buscando la eficacia, competitividad y excelencia de
la actividad artesanal.
ARTÍCULO 71. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado dará preferencia a las solicitudes
para microempresas de artesanía indígena que cuenten con una organización eficiente y con procesos
de producción bien definidos.
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ARTÍCULO 72. A solicitud de los artesanos indígenas, la Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado auxiliará a éstos en la integración de solicitudes y expedientes técnicos, para obtener
financiamiento ante instituciones crediticias.
ARTÍCULO 73. Con la finalidad de fomentar la inversión, producción, distribución y consumo de las
artesanías indígenas que se producen en el Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado,
incluirá la participación de los artesanos indígenas en las exposiciones comerciales y productivas en
que participe el Gobierno del Estado; asimismo, procurará la realización de exposiciones de artesanías
en ferias locales y regionales, nacionales e internacionales.
ARTICULO REFORMADO POR DEC. 346 P.O. 26 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023.
TÍTULO CUARTO
TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES
CAPÍTULO I
TIERRAS Y TERRITORIOS
ARTÍCULO 74. El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como los legítimos
propietarios y poseedores de las tierras que integran su territorio; además de beneficiarios preferentes
en la explotación de los recursos naturales localizados en dichos territorios, de conformidad con lo que
establece el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la
materia.
ARTÍCULO 75. La declaratoria de las áreas naturales protegidas y otras medidas tendientes a proteger
el territorio de los pueblos y comunidades indígenas, deberán llevarse a cabo con base en acuerdos
explícitos entre el Estado y los pueblos y comunidades de que se trate, incluyendo a sus representantes
agrarios.
CAPÍTULO II
REACOMODOS O DESPLAZAMIENTOS
ARTÍCULO 76. Queda prohibido cualquier tipo de reacomodo o desplazamiento de los pueblos y
comunidades indígenas, excepto en los casos que provengan de las propias necesidades y de la
voluntad de dichos pueblos y comunidades o se motiven por causa de riesgos, desastres, seguridad o
sanidad:
I. Para la primera excepción a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, se requerirá
que los pueblos y comunidades indígenas justifiquen plenamente, ante los órganos
competentes del Estado, la existencia de la necesidad que origina la medida o manifiesten
expresamente su voluntad; y
II. En los casos de riesgos, desastres, seguridad o sanidad, deberán justificarse estas medidas,
de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
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ARTÍCULO 77. Para efectos de la reubicación definitiva o temporal a que se refiere el artículo anterior,
el Gobierno del Estado por conducto de sus órganos competentes, y oyendo el parecer de los
involucrados, procurará que la misma se realice en sitios similares al territorio de éstos últimos, con
calidad material y jurídica, por lo menos igual a la que poseían y que les permita satisfacer sus
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando desaparezca la causa que dio origen al
desplazamiento los pueblos y comunidades indígenas tendrán prioridad para el retorno a sus tierras y
territorios.
CAPÍTULO III
DEL APROVECHAMIENTOS DE LOS RECURSOS NATURALES
ARTÍCULO 78. Los pueblos y comunidades indígenas tendrán acceso a los recursos naturales de sus
tierras y territorios, así como su usufructo, en los términos establecidos en el artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias y demás
disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 79. El Estado, en coordinación con las autoridades federales competentes y las autoridades
tradicionales, en los términos de la legislación aplicable, establecerá mecanismos y programas para el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los territorios de los pueblos y comunidades
indígenas. Para ese efecto, impulsará la constitución de fondos o fideicomisos regionales cuyo objetivo
sea otorgar financiamiento y asesoría técnica a los pueblos y comunidades indígenas.
ARTÍCULO 80. Los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades tradicionales; y el
Estado, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, convendrán las acciones
y medidas necesarias para conservar el medio ambiente y proteger los recursos naturales
comprendidos en los territorios de aquéllos, para que éstos sean ecológicamente sustentables,
técnicamente apropiados y adecuados para mantener el equilibrio ecológico y sean compatibles con la
libre determinación de los pueblos y comunidades, para su preservación y usufructo.
Las obras y proyectos que promuevan el Estado, las organizaciones o los particulares que impacten a
los pueblos y comunidades indígenas en sus recursos naturales, deberán ser discutidos, analizados y
consensuados previamente con dichos pueblos y comunidades, a través de sus autoridades
tradicionales.
ARTÍCULO 81. El Estado y los Municipios, en coordinación con las dependencias de la administración
pública federal, en los términos de los convenios que se celebren y con la participación de las
comunidades indígenas, implementarán programas técnicos apropiados que tiendan a renovar y
conservar el medio ambiente, a fin de preservar los recursos naturales, flora y fauna silvestres de esas
comunidades. Estos programas incluirán acciones de inspección y vigilancia, con el propósito de evitar
la caza inmoderada y el saqueo de la fauna silvestre, así como la explotación irracional de los recursos
naturales.
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Los convenios que los pueblos y comunidades indígenas celebren con personas físicas o morales para
la explotación de recursos forestales y otros, previos estudios económicos avalados por la autoridad
federal, deberán ser revisados previo a su suscripción por la dependencia estatal conducente, misma
que deberá rendir un informe al respecto.
ARTÍCULO 82. Los pueblos y comunidades indígenas deben coadyuvar con la autoridad estatal para
lograr la conservación y protección de los recursos naturales de sus territorios; asimismo, podrán
solicitar al Estado la realización de actividades de protección, restauración, conservación,
aprovechamiento e investigación de recursos naturales, con el apoyo técnico y financiero del mismo,
de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales y de particulares, para lo cual se suscribirán
previamente los acuerdos correspondientes validados por las autoridades tradicionales.
ARTÍCULO 83. Con el propósito de salvaguardar la integridad de los territorios y de los recursos
naturales de los pueblos y comunidades indígenas de los efectos de la contaminación y el deterioro
ambiental, éstos tendrán derecho a exigir y verificar ante las autoridades correspondientes, la
reparación del daño ecológico correspondiente a la fuente emisora, previo dictamen del organismo
respectivo o de las autoridades federales competentes, en términos de las disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO 84. Cuando se suscite una controversia entre dos o más comunidades indígenas o entre
los integrantes de éstas por la explotación de recursos naturales, el Estado dentro del ámbito de su
competencia, procurará y promoverá, a través del diálogo y la concertación, que los conflictos se
resuelvan por la vía de la conciliación, con la participación de las autoridades competentes y
autoridades tradicionales indígenas.
TÍTULO QUINTO
DE LA JUSTICIA INDÍGENA
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO 85. El Estado implementará en forma permanente programas de formación y capacitación
en los usos y costumbres indígenas, a intérpretes, médicos forenses, abogados, agentes del ministerio
público y, en general, a todos los servidores públicos que intervengan en asuntos en los que exista
interés jurídico de miembros de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de otorgar seguridad jurídica
en los procesos que aquellos sean parte.
ARTÍCULO 86. Los establecimientos en los que los indígenas compurguen sus penas deberán contar
con programas especiales en atención a su condición indígena, que ayuden a su rehabilitación. Los
programas deberán respetar sus lenguas y sus costumbres. Los indígenas sentenciados, podrán
cumplir sus penas preferentemente en los establecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que
se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de readaptación social.
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ARTÍCULO 87. Desde el inicio de la carpeta de investigación y durante el proceso penal, los indígenas
tendrán los derechos establecidos en los artículos 45, penúltimo párrafo; 109, fracción XI; 110, 113
fracción XII y 410 párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los jueces, agentes del ministerio público, defensores, asesores jurídicos e intérpretes que tengan
conocimiento del asunto, bajo su responsabilidad, deberán asegurarse del cumplimiento de estas
disposiciones.
ARTICULO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
ARTÍCULO 88. Para la aplicación de los beneficios preliberatorios a que tengan derecho los hombres
y las mujeres indígenas sentenciados, las autoridades deberán considerar su condición sociocultural y
económica.
ARTÍCULO 89. Cuando se requiera acreditarse como indígena en juicio o fuera de él, ésta se realizará
con la constancia o certificado que emita la autoridad tradicional de la comunidad o con las actas del
registro civil, en cuyo caso ya se hubiere inscrito.
CAPÍTULO II
DEL ACCESO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO
ARTÍCULO 90. La jurisdicción del Estado en materia indígena se ejercerá a través de los Juzgados de
Primera Instancia con Jurisdicción Mixta para Asuntos Indígenas, los que conocerán de los asuntos
que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango, le señala a los juzgados de lo civil, de
lo familiar y de lo mercantil, siempre que en la controversia sea parte un indígena.
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango determinará el número y adscripción
territorial de los Juzgados Mixtos de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta para Asuntos Indígenas,
en aquellos municipios donde estén asentados pueblos y comunidades indígenas reconocidos en esta
Ley.
En materia penal, se estará a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
ARTICULO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
ARTÍCULO 91. En los casos en que los indígenas o sus pueblos o comunidades sean parte, se abrirá
de oficio la segunda instancia, a efecto de verificar que los derechos humanos y colectivos de aquéllos
efectivamente hayan sido reconocidos y respetados.
ARTICULO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
ARTÍCULO 92. En los procesos en que los indígenas sean parte, los jueces y tribunales suplirán la
deficiencia de la queja y verificarán que los derechos humanos y colectivos de aquéllos efectivamente
hayan sido reconocidos y respetados.
ARTICULO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
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DEL ESTADO DE DURANGO
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ARTÍCULO 93. Cuando el Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta para Asuntos Indígenas
requiera del conocimiento de los usos, costumbres y tradiciones de una comunidad solicitará a las
autoridades tradicionales los informes correspondientes, mismos que tendrán valor de dictamen
pericial.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado, contribuirá con los gastos indispensables de traslado de los
testigos desde el pueblo o comunidad donde residan hasta el juzgado mixto competente; en caso de
necesitarse el desahogo de careos, los gastos cubrirán lo necesario para el traslado hasta el lugar
donde se encuentre el indígena procesado.
ARTÍCULO 94. El Tribunal Superior de Justicia contribuirá con el pago de cauciones de interés social
a los indígenas que se encuentren privados de su libertad, siempre que éstos sean de escasos
recursos económicos y no sean reincidentes.
ARTÍCULO 95. Para el caso de delitos que no sean considerados como graves por las leyes vigentes
las autoridades judiciales podrán sustituir la pena privativa de libertad que se imponga a un indígena
por trabajos en beneficio de su comunidad, siempre que se haya cubierto el pago de la reparación del
daño y la multa, en su caso, y que el beneficio sea solicitado por el sentenciado y por las autoridades
tradicionales de la comunidad a la que pertenece, sin sujeción al tiempo de pena impuesta, ni al
otorgamiento de caución.
Las autoridades tradicionales del lugar tendrán la custodia del indígena sentenciado por el tiempo que
duren los trabajos comunitarios, y deberán informar a la autoridad que corresponda sobre la
terminación de éstos o, en su caso, del incumplimiento por parte del sentenciado, para los efectos
subsecuentes.
CAPÍTULO III
JUSTICIA TRADICIONAL
ARTÍCULO 96. Las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, procurarán y
administrarán justicia, aplicando sus sistemas normativos internos, siempre y cuando no contravengan
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.
Las autoridades tradicionales tendrán competencia para conocer y resolver controversias en materia
civil de los asuntos cuya cuantía no exceda de 182 veces la Unidad de Medida y Actualización y en
materia penal, siempre y cuando no se trate de delitos graves consignados en el artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellos que se persiguen de
oficio por la legislación penal aplicable.
PÁRRAFO REFORMADO POR DEC. 398, P. O. 72 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
REFORMADO POR DEC. 104, P.O. 23 DE 19 DE MARZO DE 2017.
ARTÍCULO 97. Las resoluciones que emita la autoridad tradicional en apego a sus sistemas normativos
internos, tendrán el carácter de definitivas.
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DEL ESTADO DE DURANGO
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ARTÍCULO 98. Para determinar la competencia de las autoridades indígenas, se observarán las
siguientes reglas:
I. Es competente la autoridad indígena del lugar en donde se cometió el delito o la infracción; y
II. Tratándose de bienes o cosas, la del lugar en donde estos se ubiquen.
ARTÍCULO 99. En los casos de rebeldía o resistencia a la ejecución de las resoluciones de las
autoridades indígenas, éstas últimas lo harán saber a las autoridades estatales a fin de que intervengan
auxiliándolas en la eficaz ejecución de dichas resoluciones.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su Publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Durango.
SEGUNDO. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, tomará las previsiones presupuestales necesarias para
el ejercicio fiscal de 2008, a efecto de cumplir las obligaciones previstas en la presente Ley.
TERCERO. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, en ejercicio de la facultad que dispone la fracción III del
artículo 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y en cumplimiento a las
obligaciones previstas en la presente Ley, propondrá a esta Representación Popular, las reformas conducentes
a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango, a efecto de determinar el número y adscripción
territorial de los Juzgados Mixtos de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta para Asuntos Indígenas, en aquellos
municipios en que estén asentados pueblos y comunidades indígenas reconocidos en esta Ley.
REFORMADO POR DEC. 103, P.O. 23 DE 19 DE MARZO DE 2017.
CUARTO. El Gobernador del Estado, emitirá la declaratoria de sitios o lugares sagrados y de centros
ceremoniales que reconocen los pueblos y comunidades indígenas, en un plazo que no excederá de tres años
contados a partir de la fecha en que entre en vigor la presente, dicha declaratoria deberá publicarse en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango.
El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (15)
quince días del mes de junio del año (2007) dos mil siete.
DIP. SALVADOR CALDERÓN GUZMÁN, PRESIDENTE.- DIP. LORENZO MARTÍNEZ DELGADILLO,
SECRETARIO.- DIP. MARINO ESTEBAN QUIÑONES VALENZUELA, SECRETARIO.- RÚBRICAS.
DECRETO 391, LXIII LEGISLATURA, PERIÓDICO OFICIAL No. 7, DE FECHA 22 DE JULIO DE 2007.
LEY GENERAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
DEL ESTADO DE DURANGO
FECHA DE ULTIMA MODIFICACION:
DEC. 347 P.O. 26 DE 30 DE MARZO DE 2023.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
DECRETO 398, LXVI LEGISLATURA, PERIÓDICO OFICIAL NO. 72, DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, 3, 4, 5, fracciones V y VIII; 12, 17, 66, 87, 90, 91, 92 y 96,
todos de la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango, para quedar como
sigue:
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Durango.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente.
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe. Dado
en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (18) dieciocho
días del mes de Agosto del año (2015) dos mil quince
DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA, PRESIDENTE; DIP. AGUSTÍN BERNARDO BONILLA SAUCEDO,
SECRETARIO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECRETO 103, LXVI LEGISLATURA, PERIODICO OFICIAL No. 23 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2017.
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Durango, para quedar como sigue:
TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Durango.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan a lo dispuesto por el presente decreto.
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo. a los (31) treinta
y un días del mes de enero de (2017) dos mil diecisiete.
DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, PRESIDENTE; DIP. MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ,
SECRETARIA; DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, SECRETARIA. RÚBRICAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
DECRETO 104, LXVI LEGISLATURA, PERIODICO OFICIAL No. 23 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2017.
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ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 96 de la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Durango, para quedar como sigue:
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Durango.
SEGUNDO. El valor de la Unidad de Medida y Actualización, será el publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en el Diario Oficial de la Federación, en los términos establecidos por la Ley para
Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.
TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las
obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma,
se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto
las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.
Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los 26 (veintiséis) días
del mes de Enero de 2017 (dos mil diecisiete).
DIP. JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, PRESIDENTE; DIP. MARISOL PEÑA RODRÍGUEZ,
SECRETARIA; DIP. SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ DELGADO, SECRETARIA. RÚBRICAS
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DECRETO 70, LXVIII LEGISLATURA, PERIODICO OFICIAL No. 22 DE FECHA 17 DE MMARZO DE 2019.
Artículo Único.- Se adiciona la fracciones VIII al artículo 29 y la fracción VII al artículo 30 y se reforma el segundo
párrafo del artículo 32 de la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango, para
quedar como sigue:
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el
presente decreto
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (19)
dieicinueve días del mes de febrero del año (2019)
LEY GENERAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
DEL ESTADO DE DURANGO
FECHA DE ULTIMA MODIFICACION:
DEC. 347 P.O. 26 DE 30 DE MARZO DE 2023.
26
DIP. LUIS IVÁN GURROLA VEGA, PRESIDENTE; DIP. MA. ELENA GONZÁLEZ RIVERA, SECRETARIA; DIP.
FRANCISCO JAVIER IBARRA JAQUEZ, SECRETARIO. RÚBRICAS.
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DECRETO 346, LXIX LEGISLATURA, PERIODICO OFICIAL No. 26 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023.
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 73 de la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Durango.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el
presente decreto.
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (22.)
veintidos días del mes de marzo del año (2023) dos mil veintitres.
DIP. BERNABE AGUILAR CARRILLO PRESIDENTE. DIP. ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ SECRETARIA.
DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO SECRETARIA.
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DECRETO 347, LXIX LEGISLATURA, PERIODICO OFICIAL No. 26 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023.
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un párrafo al artículo 2° de la Ley General de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Durango.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Durango.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el
presente decreto.
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (22.)
veintidos días del mes de marzo del año (2023) dos mil veintitres.
LEY GENERAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
DEL ESTADO DE DURANGO
FECHA DE ULTIMA MODIFICACION:
DEC. 347 P.O. 26 DE 30 DE MARZO DE 2023.
27
DIP. BERNABE AGUILAR CARRILLO PRESIDENTE. DIP. ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ SECRETARIA.
DIP. SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO SECRETARIA.
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