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H. Congreso del Estado de Guerrero
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S.S.P./D.P.L.
LEY DE OBRAS PÚBLII CAS Y SUS SERVII CII OS DEL
ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266..
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO, No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016.
TEXTO ORIGINAL.
LEY PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. 61,
DE FECHA VIERNES 23 DE JULIO DE 2004.
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 266.
RENE JUAREZ CISNEROS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
EL PLENO DE LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
A N T E C E D E N T E S
Que en sesión de fecha 02 de diciembre del año próximo pasado, el pleno de la
Quincuagésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, tomó conocimiento de la iniciativa de Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas del Estado de Guerrero, presentada por el Diputado Mariano
Dimayuga Terrazas, habiéndose turnado a las Comisiones Ordinarias Unidas de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas y de Justicia, para el análisis y emisión del Dictamen y proyecto
de Iniciativa de Ley.
Que mediante oficio número OM/DPL/646/2003, de la misma fecha suscrito por la
Licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller, Oficial Mayor del Honorable Congreso del
Estado, remitió para su estudio y posterior Dictamen, la iniciativa de Ley.
Que los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, tomaron
conocimiento de la iniciativa en comento, acordando para tal efecto los mecanismos de
análisis y discusión para la elaboración del dictamen.
Que dentro de los argumentos que señala el Ciudadano Diputado Mariano
Dimayuga Terrazas, que justifican la iniciativa que nos ocupa, sobresalen los siguientes:
“Que el Poder Legislativo del Estado de Guerrero, es uno de los Organos más
importantes y fundamentales en la creación, adecuación, reforma, adición, derogación y
abrogación de normas que tengan como estrategia fundamental, el ser eficientes y
eficaces, que orienten a la consecución de objetivos y metas, mediante la planeación de
las acciones públicas con arreglo a las prioridades que impone el desarrollo económico y
social y a las necesidades cuya satisfacción demanda el Estado; asimismo que se
programe adecuadamente el gasto público en función de estas prioridades, con el fin de
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racionalizar la aplicación de los recursos con que contamos y obtener de ellos su óptimo
aprovechamiento.
para el Estado, con relación a su presupuesto anual de egresos y su aplicación como todo
gasto público deberá estar encaminada a la consecución de las metas programadas.
como consecuencia y por el impacto que estas inversiones representan
para la economía del Estado, la regulación de los gastos aplicados a la obra pública, debe
estar sustentada en una buena planeación, programación y presupuestación, así como en
las demás acciones relacionadas con la obra pública.
deben fincarse sobre la base de una planeación racional del desarrollo, una eficiente
programación del quehacer público y una adecuada presupuestación, de manera que se
puedan atender todas las necesidades. Es necesario además, que estas fases se
encuentren sujetas a un proceso permanente de retroalimentación, que permita medir los
avances obtenidos e imponer, cuando se requiera, las correcciones que reorienten el curso
del proceso general.
Legal que coadyuve a la optimización de la calidad de las obras públicas, al rendimiento de
las inversiones relativas y a su oportuna ejecución, mediante la aplicación de estrategias,
métodos y técnicas congruentes y uniformes, a fin de que las obras cumplan con las
finalidades para las que hayan sido proyectadas.
uniformidad y congruencia a las fases de planeación, programación, presupuestación,
ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública, sin que
los procedimientos que lo integran, se conviertan en inhibitorios del ejercicio de las
funciones de cada una de las Dependencias y Entidades que deban sujetarse a las
disposiciones de la Ley, y por otra parte establecerá una política de corresponsabilidad en
el ejercicio del gasto público, en lo que se refiere a las erogaciones que por concepto de
inversiones para obra, realizan las propias Dependencias.
supera obstáculos y trabas administrativas, al imprimir agilidad y flexibilidad a los
procedimientos actuales. Asimismo tiene como objeto, no solo la regulación del gasto para
la obra pública, sino también, de las acciones de la administración pública encaminadas a
este fin, a efecto de superar las limitaciones de la vigente Ley que atribuye al Ejecutivo
Estatal la intervención en los contratos de obras de construcción, instalación, conservación,
reparación y demolición de bienes inmuebles y la inspección y vigilancia de calidad de
dichas obras.
orienten a objetivos, prioridades y metas que justifiquen su realización y considere el
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impacto y beneficios que se obtendrán, con esto se conocerá con mayor oportunidad la
aplicación de los recursos respectivos, los avances de los programas y se hará la selección
más objetiva de los proyectos importantes.
beneficio general y de la economía del Estado, tomando en cuenta que la mayor parte de
las obras públicas se llevan a cabo mediante contrato.
títulos, subdivididos en trece capítulos en los cuales se establecen los lineamientos en los
cuales se deberá de desarrollar la obra pública y los servicios relacionados con las mismas
que se realicen en nuestro Estado por las entidades y dependencias del Gobierno del
Estado como los Ayuntamientos.
ablece el objeto de la presente Ley la cual es el
de regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación,
contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios
relacionados con las mismas, que realicen, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Centralizada y Paraestatal y los Ayuntamientos del Estado de
Guerrero.
maneja la presente Ley, además se establece lo que se debe de considerar como obras
públicas entendidos estos como los trabajos que tengan por objeto construir, instalar,
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles
que realice las entidades, dependencias y ayuntamientos.
relacionados con las obras públicas entendidos también como los trabajos que tengan por
objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública;
las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones
que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios
que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.
crea la Comisión Intersecretaríal Consultiva de la Obra Pública, la cual estará integrada por
el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; el Titular de la Secretaría de Finanzas y
Administración; el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; el Titular
de la Secretaría de Desarrollo Económico; el Titular de la Coordinadora General de
Fortalecimiento Municipal; y, el Contralor General del Estado. Dicha Comisión, será
presidida por el Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social.
realice en nuestro estado, se establece el padrón de contratistas, el cual tiene como objeto
que en el se inscriban todas aquellas personas físicas y morales que cumpliendo los
requisitos exigidos, puedan ser los participantes en las licitaciones que se realicen.
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relacionados con las mismas, no puedan llevarse a cabo en su totalidad, se establece
como prohibición para las entidades, dependencias y ayuntamientos, que éstas se
programen dentro del periodo de mandato del Ejecutivo o del Presidente Municipal, lo
anterior con el objeto de que al término de administración de éstos, queden obras o
servicios sin terminar y sin ser entregados a los mismos.
además de las excepciones en las cuales se puede reservar el licitar las mismas.
autoridades de nuestro Estado, o en incumplimiento a lo preceptuado por la ley, quedan
establecidas las infracciones y sanciones procedentes, así como los medios de defensa en
contra de las mismas con el objeto de que los perjudicados cuenten con los recursos
legales para no afectar sus derechos.”
En virtud de lo anterior, y en cumplimiento al mandato emitido por el Pleno de esta
Legislatura, los Ciudadanos Diputados integrantes de las Comisiones Ordinarias de
Desarrollo Urbano Y Obras Públicas y de Justicia, presentaron el Dictamen con proyecto
de Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Guerrero,
bajo los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO.- Que el signatario de la presente propuesta, conforme lo establecen los
artículos 50 fracción II de la Constitución Política Local, 126 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor, se encuentra plenamente facultado para iniciar la presente
Ley.
SEGUNDO.- Que las Comisiones Ordinarias Unidas de Justicia y de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas de este Honorable Congreso del Estado, conforme lo establecen
los artículos 51 de la Constitución Política Local, 46, 49 fracción VI y XI, 129, 132, 133, y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, son
competentes para analizar, discutir y emitir el dictamen que recaerá a la iniciativa que nos
ocupa.
TERCERO.- Que por su parte, es importante señalar, que la mencionada Ley no se
contrapone a ningún ordenamiento legal, ni tampoco violenta las garantías individuales de
los ciudadanos.
CUARTO.- Que los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras al
realizar un análisis a la iniciativa de Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas del Estado de Guerrero, coinciden en la importancia de que se cuente con un
ordenamiento apegado a la actualidad modernizando a las instituciones, y previendo que
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los recursos destinados a las obras publicas se orienten a las necesidades de la sociedad
mediante una exacta planeación de objetivos y metas bien definidas.
QUINTO.- Que al realizar un estudio exhaustivo a la iniciativa de Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Guerrero, enviada a esta
Soberanía por el Diputado Mariano Dimayuga Terrazas, consideran procedente dicha
iniciativa.
SEXTO.- Que es coincidencia de los Diputados integrantes de las Comisiones
Ordinarias Unidas, al considerar que es importante hacer algunas correcciones de forma
acentuando algunas palabras, así como eliminar y agregar algunas comas para obtener
una mejor redacción jurídica y así precisar con exactitud el sentido que debe de tener el
artículo, párrafo o fracción enunciada.
SEPTIMO.- Que como es del conocimiento que los títulos o denominaciones de las
leyes, códigos o cualquier otro documento, deben ser precisos y concisos, de tal forma que
eviten confusiones, así como errores de concordancia, por ello, deben ser más entendibles
y estar relacionados con la esencia de la misma, por lo anterior, las Comisiones Unidas
proponen que el título que presenta el proyecto en comento se modifique, ya que es
bastante extenso y confuso, por lo que sugieren el nombre de Ley de Obras Públicas y sus
Servicios del Estado de Guerrero, y para que exista concordancia se modifican los
artículos que son afectados con el cambio de nombre.
OCTAVO.- Que las Comisiones Unidas determinaron del análisis exhaustivo
realizado a la Ley que nos ocupa, modificar, adicionar algunos artículos de los diferentes
títulos que integran la iniciativa, así como suprimir el contenido del artículo 11, con las
justificaciones y propuestas detalladas a continuación:
En el título primero, disposiciones generales, capítulo único, de los artículos 5
fracción IV y 9 que aluden a la “Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo”, se suprime
“y Trabajo” para que sea acorde al nombre real de esta Secretaría de Despacho señalada
en la fracción IX del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Guerrero, número 433, de igual manera se elimina lo previsto en el artículo 11, debido a
que su contenido ya se encuentra contemplado en los artículos 1 y 2 de la iniciativa, como
consecuencia de ello, en lo sucesivo, los demás artículos, se modificarán en su orden
consecutivo, retrocediendo un numeral.
En el título segundo, de la planeación, programación y presupuestación, capítulo
primero, se elimina el cuarto párrafo del artículo 26, la conclusión a la que llegan los
Integrantes de las Comisiones para suprimir el último párrafo del artículo 26, estriba por
que en el propio artículo ya se establecen las bases para la presupuestación de las obras,
cuando rebasen los ejercicios presupuestales, y la aplicación de este precepto ocasionaría
parálisis en la ejecución de las obras públicas, ocasionando problemas de índole social;
por otra parte las comisiones proponen modificar el artículo 30, acordando ampliar su
contenido para hacerlo más preciso evitando confusión en los procedimientos a seguir para
realizar las obras públicas, de tal forma, que dicho artículo se modifica y se adicionan tres
párrafos.
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En el capítulo segundo de este mismo título, proponen se modifique el artículo 32,
en sus fracciones VII y VIII, asimismo sugieren la adición de una fracción X, los
argumentos considerados para modificar el artículo 32, en su fracción VII, es para
proporcionar una alternativa más a las personas interesadas en inscribirse en el padrón de
contratistas, y en la fracción VIII es para aplicar la terminología actual que utiliza la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La fracción X, se adiciona con la finalidad de
obligar a las empresas a obtener la constancia del beneficio de capacitación a los
trabajadores.
Los Diputados de las Comisiones Unidas acuerdan modificar el contenido del
artículo 35, con el objeto de reducir carga económica innecesaria a los contratistas, al
momento de refrendar su registro.
En el título tercero, de los procedimientos de contratación, capítulo segundo, se
sugiere eliminar la definición de las fracciones I y II del artículo 42, ya que las Comisiones
Unidas determinaron que era necesario suprimir las definiciones, debido a que no se
puede excluir la participación en las licitaciones a empresas no Guerrerenses, ya que las
convocatorias se publican a nivel nacional, a través del sistema electrónico “Compranet
Estatal” y son para cualquier empresa que esté registrada en el padrón de contratistas del
Gobierno del Estado de Guerrero, por tal motivo no se puede limitar la participación de
empresas que no son del Estado, de igual manera se propone eliminar el inciso c), por que
su contenido ya está previsto en el inciso a) de este mismo artículo.
De la misma manera se propone modificar el artículo 48, para precisar su contenido
determinando que para economizar tiempos y tramites burocráticos innecesarios, la
propuesta técnica y económica debe entregarse en un sólo sobre cerrado, y la apertura se
llevará a cabo en una sola etapa, asimismo se elaborará un solo dictamen de las
propuestas aceptadas; se modifica la fracción II del artículo 49, para precisarlo en el
sentido de que se tiene que informar de los resultados a los licitantes que no hayan
asistido a conocerlos, para efectos de su notificación.
En el capítulo tercero de este mismo título, denominado de las excepciones a la
licitación pública, plantean modificar el artículo 55, en sus fracciones I y II, en virtud de que
se prestaba a confusión los montos establecidos; en el artículo 56, se suprime la fracción V
para que exista concordancia con lo que proponen en el artículo 42, por lo que se
retrocede el orden de las fracciones la VI pasa a ser la V, y por último en el artículo 63, se
modifica la fracción III, debido a que se generarían situaciones de incumplimiento, por dar
a los contratistas que ya se le hayan rescindido contratos, más oportunidades.
En el título séptimo, llamado de las infracciones - sanciones, capítulo único, los
Diputados resuelven suprimir el último párrafo del artículo 91, ya que en este título, se
establecen sanciones únicamente a los licitantes o contratistas y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, se aplica
únicamente a estos últimos.
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En el título octavo, intitulado de las inconformi-dades y del procedimiento de
conciliación, capítulo primero, las Comisiones Unidas determinaron suprimir del artículo
100, “o bien impugnarla, ante las instancias jurisdiccionales competentes”, en virtud de que
le corresponde únicamente intervenir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
De la misma manera proponen que del artículo 101, se elimine las palabras “podrá
solicitarse la suspensión del acto impugnado”, lo anterior se debe a que en este artículo se
establece con claridad el recurso de revocación que podrán presentar las empresas contra
la cancelación o suspensión de su registro en el padrón de contratistas, y en la fracción II
de este mismo artículo, se sustituyen las palabras “señalará la garantía y el monto por el
que esta deba otorgarse” por “determinará lo conducente”, con el objeto de precisar y
hacerlo más claro en este aspecto.
En el artículo primero transitorio es coincidencia de las Comisiones Dictaminadoras
que la vigencia de la presente Ley sea a partir del día 1o. de enero del año del 2005,
considerando que ya han sido licitadas todas las obras públicas y sus servicios, y el
ejecutarlas con una Ley posterior ocasionaría parálisis o desequilibrio en su realización,
para quedar todos como siguen:
ARTICULO 5.-……
…..
…..
De la I a la IV
V.- (Se suprime y trabajo”)
VI.-
…..
…..
…..
…..
…..
…..
ARTICULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella
emanen, la Secretaría de Desarrollo Económico, dictará las reglas que deban observar las
dependencias, entidades y ayuntamientos, derivadas de programas que tengan por objeto
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promover la participación de las empresas estatales, especialmente de las micro,
pequeñas y medianas.
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de
Desarrollo Económico, tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la
Contraloría.
ARTICULO 25.- . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
ARTICULO 29.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán realizar las
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos que a
continuación se señalan:
I. Por contrato; o
II. Por administración directa.
Salvo algunas excepciones se ejecutará obra por administración directa, cuando se
deriven de fenómenos naturales o siniestros no previstos, como es el caso de sismos,
huracanes, inundaciones, entre otros.
Las obras que no se encuentren enmarcadas en el párrafo anterior, se ejecutarán
por administración directa siempre y cuando no rebasen el monto de diez mil salarios
mínimos. Además de cumplir con lo anterior, las dependencias, entidades y ayuntamientos
estarán obligadas a realizar la afiliación de los trabajadores ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como contratar a un perito responsable como
supervisor externo colegiado, ya que no pueden ser juez y parte.
Una vez que se rebase el monto de diez mil salarios mínimos, el método a seguir
será por licitación pública o por invitación, según sea el caso.
ARTICULO 31.- . . . . .
De la I a la VI.- . . . . .
VII. Escritura y/o acta constitutiva y en su caso, sus reformas, cuando se trate de
personas morales o acta de nacimiento para persona física y/o CURP.
VIII. Presentar cédula fiscal o CURP para personas físicas.
IX. . . . . .
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X. Constancia de capacitación del personal que labora en la empresa, expedida por
la Cámara de la Industria de la Construcción, por la Secretaría del Trabajo
o por cualquier institución autorizada por la Secretaría de Educación Pública.
ARTICULO 34.- Los contratistas estarán obligados a refrendar su registro cada
Obras Públicas la documentación prevista en el artículo 31 de esta Ley, el registro o
el refrendo, en el padrón de contratistas, tendrá un costo de recuperación del material
utilizado.
ARTICULO 41.- . . . . .
I. Estatales; o
II. Nacionales.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
ARTICULO 47.- La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado que
contendrá, la propuesta. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse a
elección del licitante, dentro o fuera del sobre.
. . . . . .
. . . . . .
ARTICULO 48.- . . . . .
I.- . . . . .
II. Se levantará acta, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su
análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta
será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de
algún licitante no invalidará su contenido y efectos; poniéndose a partir de esa fecha, a
disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación;
III.- . . . . .
ARTICULO 54.- . . . . .
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I. Tratándose de Obras Públicas, siempre que el monto de la obra pública objeto del
contrato, no exceda de veinte mil veces el salario real mínimo respectivamente, de la
región donde se realice la obra.
II. Tratándose de los servicios relacionados con las obras públicas, siempre que el
monto de los servicios no excedan de diez mil sa-larios reales mínimos profesionales
respectivamente, de la región donde se realice el servicio.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
ARTICULO 55.- . . . . .
De la I a la V
ARTICULO 62.- . . . . . .
De la I a la II
III. Aquéllos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia,
entidad o ayuntamientos convocantes les hubiere rescindido administrativamente un
contrato, dentro de un lapso de un año calendario contados a partir de la notificación de la
primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia, entidad o
ayuntamiento convocantes durante un año calendario a partir de la notificación de la
rescisión;
De la IV a la IX
ARTICULO 90.- . . . . .
De la I a la IV
ARTICULO 99. En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloría,
se podrá impugnarla ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en términos de la
Ley respectiva.
ARTICULO 100. Contra la resolución que cancele o suspenda el registro en el
Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado, se podrá interponer ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el recurso de revocación y la suspensión
del acto impugnado, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente al de notificación, conforme a las siguientes bases:
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I. . . . . .
II. Dentro de los diez días hábiles siguientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas determinará lo conducente.
III. . . . . .
Que vertidas las consideraciones anteriores en sesión de fecha 17 de junio del
2004, el Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, aprobó por unanimidad de votos en todos y cada uno de sus términos el Dictamen
presentado por las Comisiones de Justicia Y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47
fracciones I y XV de la Constitución Política Local; 8o. fracciones I y XV y 127 párrafo
segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso, tiene
a bien expedir la siguiente:
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 266.
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
ARTICULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación,
contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios
relacionados con las mismas, que realicen:
I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y
Paraestatal;
II. Los Honorables Ayuntamientos del Estado de Guerrero.
Las obras y las sociedades de cualquier naturaleza y los fideicomisos en los que el
fideicomitente sea el Gobierno del Estado, estarán sujetas, en lo que resulte aplicable, a
las disposiciones de esta Ley.
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y
los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven cabo
entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna
perteneciente a la Administración Pública del Estado, no estarán dentro del ámbito de
aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia, entidad o ayuntamiento obligada a realizar
los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por si misma y contrate a un tercero para
llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento.
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No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse
para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los
particulares tengan concesionados en los términos de la legislación aplicable, cuando
estos las lleven a cabo.
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo estarán regidos por esta
Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratación y ejecución de
obra pública.
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades
emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las
políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.
Las dependencias, entidades o ayuntamientos se abstendrán de crear fideicomisos,
otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en
este ordenamiento.
ARTICULO 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social;
II. Contraloría: La Contraloría General del Estado;
III. Dependencias: Las mencionadas en los artículos 1 y 18 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Guerrero; y en la Ley Orgánica del Municipio Libre;
IV. Entidades: Las mencionadas en el artículo 1 Párrafo Tercero y artículo 43 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433; y de los
Municipios;
V. Ayuntamientos: Los H. Ayuntamientos del Estado de Guerrero,
VI. Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios; y
VII. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación
pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.
ARTICULO 3. Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los
trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar,
mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro
de las obras públicas los siguientes conceptos:
I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a
un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble;
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II. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga
desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la
transferencia de tecnología;
III. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de
extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo; subsuelo; desmontes, extracción y
aquéllos similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos
naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo;
IV. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;
V. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de
operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un
inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al
contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos
que se contraten; y
VI. Todos aquéllos de naturaleza análoga.
ARTICULO 4. Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios
relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y
calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones,
estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la
dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto
rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan
comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes
conceptos:
I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica,
estructural, de instalaciones de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier
otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de
obra pública;
II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano,
arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la
arquitectura y el urbanismo que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra
pública;
III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de
suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia,
oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de
transito;
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IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad, técnico-
económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros,
de desarrollo y restitución de la eficacia de las instalaciones;
V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de
análisis y control de calidad; de laboratorio de geotécnia, de resistencia de materiales y
radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción,
presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la
adjudicación del contrato de obra correspondiente;
VI. Los trabajos de organización, informática, cibernética y sistemas aplicados a las
materias que regula esta Ley;
VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y revisiones técnico-normativas, aplicables a
las materias que regula esta Ley; y
VIII. Todos aquéllos de naturaleza análoga.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
ARTÍCULO 5.- Como órgano de Asesoría y Consulta para la aplicación de esta Ley,
se crea la Comisión Consultiva de la Obra Pública, que se integrará por:
I. El Secretario de Desarrollo Social;
II. El Secretario de Finanzas y Administración;
(REFORMADA, P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016)
III. El Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial;
IV. El Secretario de Desarrollo Económico;
(REFORMADA, P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016)
V. El Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental;
(REFORMADA, P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016)
VI. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H.
Congreso del Estado.
(RADICIONADA, P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016)
VII. El Coordinador General de Fortalecimiento Municipal.
La Comisión será presidida por el Secretario de Desarrollo Social, e invitará a sus
sesiones a representantes de otras dependencias y entidades, así como a los sectores
social y privado, cuando por la naturaleza de los asuntos que deban tratar, se considere
pertinente su participación.
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ARTICULO 6. Será responsabilidad de las dependencias, entidades y
ayuntamientos mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a
partir del momento de su recepción.
ARTICULO 7. El gasto para las obras y sus servicios se sujetará, en su caso, a las
disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos del Estado; así como a lo previsto
en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Deuda Pública del
Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 8. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas
competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos.
La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean necesarias para el
adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría.
Tales disposiciones se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella
emanen, la Secretaría de Desarrollo Económico, dictará las reglas que deban observar las
dependencias, entidades y ayuntamientos, derivadas de programas que tengan por objeto
promover la participación de las empresas estatales, especialmente de las micro,
pequeñas y medianas.
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de
Desarrollo Económico, tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría.
ARTICULO 10. En materia de obras públicas y sus servicios, los titulares de las
dependencias, los órganos de gobierno de las entidades y ayuntamientos serán los
responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a
cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización
y el desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de
facultades.
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias, entidades
y ayuntamientos podrán ser ejercidas por los titulares de sus órganos desconcentrados,
previo acuerdo delegatorio.
ARTICULO 11. En los casos de obras públicas y sus servicios financiados con
créditos externos otorgados al Gobierno Estatal, con el aval del Gobierno Federal, los
requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos en la
normatividad que al efecto se emita por parte de la Federación.
ARTICULO 12. En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se
deriven, serán aplicables supletoriamente los Códigos Civil y Procesal Civil del Estado de
Guerrero vigentes.
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ARTICULO 13. Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de
sus servicios se requiera la intervención de dos o más dependencias, entidades o
ayuntamientos, quedarán a cargo de cada una de ellas la responsabilidad sobre la
ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad
que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y
programación del conjunto.
ARTICULO 14. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o
aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por
el Poder Judicial del Estado.
Lo anterior, sin perjuicio de que en el ámbito administrativo la Contraloría conozca
de las inconformidades que presenten los particulares en relación con los procedimientos
de contratación, o bien de las quejas, que en junta de conciliación conozca sobre el
incumplimiento de lo pactado en los contratos.
Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados sólo
cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver
controversias.
Los actos, acuerdos, contratos y convenios que las dependencias y entidades
realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos cuando así lo
determine la autoridad competente.
ARTICULO 15. La ejecución de las obras públicas con cargo total o parcial a fondos
estatales conforme a los convenios entre el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, estará
sujeta a las disposiciones de esta Ley. Para estos efectos, se pactará lo conducente en los
mencionados convenios.
ARTICULO 16. Los Gobiernos Estatal y Municipales, por conducto de sus órganos
competentes, formularán un inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su
cuidado o de su propiedad y lo mantendrán actualizado. Asimismo, llevarán el catálogo y
archivo de los estudios y proyectos que realicen sobre las obras públicas y las enviarán a
la Secretaría.
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que en materia de inventarios
correspondan a otras dependencias del Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos.
ARTICULO 17. Los Gobiernos Estatal y Municipales, por conducto de sus órganos
ejecutores correspondientes, elaborarán un inventario de la obra pública existente, así
como del estado que guarda cada una de ellas, para efecto de programación; de dicho
inventario, deberán enviar copia a sus órganos de control.
TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CAPITULO PRIMERO
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GENERALIDADES
ARTICULO 18. En la planeación de las obras públicas y sus servicios, las
dependencias, entidades y ayuntamientos deberán ajustarse a:
I. Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas
sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las
previsiones contenidas en sus programas anuales;
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos
de egresos del Estado o de los Municipios respectivos;
III. Lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado; y
IV. Las demás disposiciones relacionadas en la materia.
ARTICULO 19. Las dependencias, entidades y ayuntamientos que requieran
contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán si en sus archivos o en su
caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente, existen estudios o proyectos
sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se
compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad, dependencia o
ayuntamiento, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean
necesarios para su adecuación, actualización o cumplimiento.
A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán remitir a su coordinadora
de sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias
celebren, así como de los productos.
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán
celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o
cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, a lo cual
deberán justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del área
responsable de los trabajos.
ARTICULO 20. Las dependencias, entidades y ayuntamientos que realicen obras
públicas y sus servicios, sea por contrato o por administración directa, así como los
contratistas con quienes aquéllas contraten, observarán las disposiciones que en materia
de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito estatal y
municipal.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos, cuando sea el caso, previamente a
la realización de los trabajos deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de
inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. En las bases de licitación se
precisarán, en su caso, aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista,
materiales y demás autorizaciones que se requieran.
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ARTICULO 21. Las dependencias, entidades y ayuntamientos estarán obligadas a
considerar, con sustento en los estudios de impacto ambiental previstos por la
normatividad sobre equilibrio ecológico y protección al ambiente, los efectos sobre el medio
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas. Los proyectos deberán
incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las
condiciones ambientales cuando estas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que
corresponda a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.
ARTICULO 22. Las dependencias, entidades y ayuntamientos según las
características, complejidad y magnitud de los trabajos formularán sus programas anuales
de obras públicas y sus servicios, así como sus respectivos presupuestos, considerados:
I. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica,
económica, ecológica y social de los trabajos;
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;
III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas,
incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las
complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio;
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde
deba realizarse la obra pública;
V. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización;
VI. Los resultados previsibles;
VII. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar
duplicar los trabajos o interrupción de servicios públicos;
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la
realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de
operación;
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de
iniciación y terminación de los trabajos;
X. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran,
incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarias;
XI. La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, así como la obtención
de los permisos de construcción necesarios;
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XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas que se
realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los costos de los
recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de
equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra; los cargos para las pruebas
y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos;
XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;
XV. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre
tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con las
normas de diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, circulares, servicios
sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con capacidades diferentes; y
XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos.
ARTICULO 23. Las dependencias, entidades y ayuntamientos pondrán a disposición
de los interesados y remitirán por escrito a la Secretaría, a más tardar en la última
quincena de marzo de cada año, su programa anual de obras públicas y sus servicios, con
excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables,
sea de naturaleza confidencial.
El citado programa será de carácter informativo; no implicará compromiso alguno de
contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin
responsabilidad alguna para la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate.
Para efectos informativos, la Secretaría, integrará y difundirá los programas anuales
de obras públicas y sus servicios, para lo cual podrá requerir a las dependencias,
entidades y ayuntamientos la información que sea necesaria respecto de las
modificaciones a dichos programas.
ARTICULO 24. En los procedimientos de contratación de obras públicas y de sus
servicios, las dependencias, entidades y ayuntamientos optarán, en igualdad de
condiciones, por el empleo de los recursos humanos del Estado y por la utilización de
bienes o servicios de procedencia estatal y los propios de las regiones.
ARTICULO 25. En las obras públicas y sus servicios cuya ejecución rebase un
ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades y ayuntamientos deberán determinar
tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la
formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los
costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las
previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad
de los trabajos.
El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio
presupuestal subsecuente.
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La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para
otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo.
Para los efectos de este artículo, las dependencias, entidades y ayuntamientos
observarán lo dispuesto en la normatividad sobre Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público.
ARTICULO 26. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán convocar,
adjudicar o contratar obras públicas y sus servicios solamente cuando cuenten con la
autorización global o especifica, por parte de la Secretaría, del presupuesto de inversión y
de gastos corriente, conforme a los cuales deberán elaborarse los programas de ejecución
y pagos correspondientes.
En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias,
entidades y ayuntamientos podrán convocar sin contar con dicha autorización.
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y
proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución
totalmente terminados, o bien, con un avance en su desarrollo que permitan a los licitantes
preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos hasta su
conclusión.
ARTICULO 27. No quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con
las obras públicas, los que tengan como fin la contratación y ejecución de la obra de que
se trate, por cuenta y orden de las dependencias o entidades, por lo que no podrán
celebrarse contratos de servicios para tal objeto.
ARTICULO 28. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno en las
entidades y ayuntamientos, atendiendo a la cantidad de obras públicas y sus servicios que
realicen, podrán establecer comités de obras públicas, los cuales tendrán como mínimo las
siguientes funciones:
I. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y sus servicios, así como
formular las observaciones y recomendaciones convenientes;
II. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y sus
servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en estos, debiendo informar al
titular de la dependencia, al órgano de gobierno en el caso de las entidades o
ayuntamientos;
III. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia
de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de
excepción previstos en el artículo 53 de esta Ley;
IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así
como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;
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V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité,
conforme a las bases que expida la Contraloría; y
VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 29. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán realizar las
obras públicas y sus servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:
I. Por contrato; o
II. Por administración directa.
Salvo algunas excepciones se ejecutará obra por administración directa, cuando se
deriven de fenómenos naturales o siniestros no previstos, como es el caso de sismos,
huracanes, inundaciones, entre otros.
(REFORMADO, PÁRRAFO TERCERO P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE
NOVIEMBRE DE 2016)
Las obras que no se encuentren enmarcadas en el párrafo anterior, se ejecutarán
por administración directa siempre y cuando no rebasen el monto de diez mil veces al
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además de cumplir con lo anterior,
las dependencias, entidades y ayuntamientos estarán obligadas a realizar la afiliación de
los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como contratar a un
perito responsable como supervisor externo colegiado, ya que no deben ser juez y parte.
(REFORMADO, PÁRRAFO CUARTO P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE
NOVIEMBRE DE 2016)
Una vez que se rebase el monto de diez mil veces al valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, el método a seguir será por licitación pública o por invitación,
según sea el caso.
CAPITULO SEGUNDO
DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS
ARTICULO 30.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, llevará el
padrón de contratistas del Estado, y fijará los criterios y procedimientos para clasificar a las
personas registradas en él, de acuerdo con su especialidad, capacidad técnica y
económica, así como su capacidad de ejecución física anual en términos monetarios, entre
otras.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, hará del conocimiento de las
dependencias, entidades y ayuntamientos, los nombres de las personas inscritas en el
padrón.
Sólo se podrán celebrar contratos de obra pública y sus servicios, a cubrirse con
recursos estatales, con las personas inscritas en el padrón cuyo registro esté vigente.
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La clasificación a que se refiere el párrafo primero de este artículo, deberá ser
considerada por las dependencias, entidades y ayuntamientos en la convocatoria y
contratación de la obra pública y sus servicios.
ARTICULO 31. Las personas interesadas en inscribirse en el padrón de contratistas
del Estado, deberán solicitarlo por escrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, acompañando la siguiente documentación:
I. Datos generales de la interesada;
II. Señalamiento de domicilio fiscal de la persona moral o física en el Estado;
III. La capacidad legal de la solicitante;
IV. Experiencia y especialidad;
V. Capacidad y recursos técnicos, económicos y financieros;
VI. Maquinaria y equipos disponibles;
VII. Escritura y/o acta constitutiva y en su caso, sus reformas, cuando se trate de
personas morales o acta de nacimiento para persona física y/o CURP;
VIII. Presentar cédula fiscal o CURP para personas físicas;
IX. Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y
X. Constancia de capacitación del personal que labora en la empresa, expedida por
la Cámara de la Industria de la Construcción, por la Secretaría del Trabajo o por cualquier
institución autorizada por la Secretaría de Educación Pública.
ARTICULO 32. El registro en el padrón de contratistas tendrá vigencia indefinida,
siempre y cuando se cumpla con la obligación de refrendarlo anualmente y no se incurra
en alguna de las causas de suspensión o cancelación. La Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas podrá verificar, en cualquier tiempo, la información que los contratistas
hubiesen aportado para la obtención de su registro.
ARTICULO 33. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dentro de un
término que no excederá de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de la
recepción de la solicitud, resolverá sobre la inscripción aprobándola o negándola.
Transcurrido ese plazo, sin que haya respuesta o aclaración, se tendrá por registrado al
solicitante.
No se inscribirá en el padrón de contratistas a las personas físicas o morales, cuyo
registro hubiese sido cancelado, a no ser que medie resolución judicial.
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ARTICULO 34. Los contratistas tendrán la obligación de refrendar su registro cada
año, durante el mes de junio, entregando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas la documentación prevista en el artículo 31 de esta Ley, el registro o el refrendo,
en el padrón de contratistas, tendrá un costo de recuperación del material utilizado.
ARTICULO 35. En el mes de julio de cada año, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los nombres de
las personas registradas en el padrón de contratistas; asimismo informará, mensualmente
a las dependencias, entidades y ayuntamientos, de las inscripciones, suspensiones y
cancelaciones que se lleven a cabo con posterioridad a dicha publicación.
ARTICULO 36. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estará
facultada para suspender el registro del contratista cuando:
I. Sea declarado en estado de quiebra, suspensión de pagos o en su caso, sujeto a
concurso de acreedores;
II. Incurra en actos u omisiones violatorios del contrato o de la Ley, que le sean
imputables y perjudiquen los intereses de la contratante;
III. Se declare judicialmente su incapacidad, que le impida contratar; y
IV. Se negare a dar facilidades necesarias para que la Contraloría, ejerza sus
funciones de comprobación, inspección y vigilancia.
Cuando cesen las causas que hubiesen motivado la suspensión del registro, el
contratista lo acreditará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la que
dispondrá lo conducente, a fin de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus
efectos legales, previo pago de daños y perjuicios por los actos u omisiones imputables al
contratista si estos se hubiesen originado.
ARTICULO 37. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas está facultada
para cancelar el registro del contratista, sin perjuicio de exigir las responsabilidades
correspondientes por la vía que proceda, cuando:
I. La información que hubiese proporcionado para su inscripción resultare falsa o
haya procedido con dolo o mala fe, en el concurso o ejecución de los trabajos;
II. No cumpla en sus términos con el contrato celebrado, por causa imputable al
mismo, y cause considerables perjuicios a los intereses de la contratante o al interés
general; y
III. Sea declarado en quiebra o se le hubiese condenado por el delito de
defraudación fiscal.
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ARTICULO 38. Contra las resoluciones que nieguen las solicitudes de inscripción o
determinen la suspensión o la cancelación del registro en el padrón de contratistas de
obras públicas estatal o municipal, el interesado podrá interponer recurso de revocación en
los términos de esta Ley.
TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES
ARTICULO 39. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y sus servicios, mediante los
procedimientos de contratación que a continuación se señalan:
I. Licitación Pública;
II. Invitación a cuando menos tres personas; o
III. Adjudicación Directa.
En los procedimientos de contratación deberán establecer los mismos requisitos y
condiciones para todos los participantes, especialmente por los que se refiere a tiempo y
lugar de entrega, plazo de ejecución, forma y tiempo de pago, penas convencionales,
anticipos y garantías, debiendo las dependencias, entidades y ayuntamientos proporcionar
a los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a
fin de evitar favorecer a algún participante.
La Contraloría pondrá a disposición pública, a través de los medios de difusión
electrónica que establezca, la información que obre en su base de datos correspondiente a
las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso sus modificaciones; las actas de
las juntas de aclaraciones y de visita a la instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o
las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por
licitación, invitación o adjudicación directa.
ARTICULO 40. Los contratos de obras públicas y sus servicios, se adjudicarán por
regla general a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto
públicamente, a fin de asegurar a las dependencias, entidades y ayuntamientos, las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.
El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del
licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o
bien, si así lo establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de
mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las
disposiciones administrativas que establezca la Contraloría.
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En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación
electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la
confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las
disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloría.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los
licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios
remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán
medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo
valor probatorio.
La Contraloría operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de
identificación electrónica que utilicen los licitantes y será responsable de ejercer el control
de estos medios salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por
esta vía.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA LICITACION PUBLICA
ARTICULO 41.- Las licitaciones públicas podrán ser:
I. Estatales; o
II. Nacionales.
Solamente se deberá llevar a cabo licitaciones nacionales en los siguientes casos.
a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los convenios de
coordinación federal;
b) Cuando habiéndose realizado una de carácter estatal, no se presenten
propuestas.
ARTICULO 42. Las convocatorias podrán referirse a una o más obras o servicios
y contendrán:
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o
ayuntamiento convocante;
II. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la experiencia
y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo
con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán
obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas.
Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de
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las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos
que se entreguen; los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el cual será
requisito para participar en la licitación. Igualmente, los interesados podrán consultar y
adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión electrónica que establezca
la Contraloría;
IV. La fecha, hora y el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de
proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos;
V. La indicación de si la licitación es nacional o estatal;
VI. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la
licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas;
VII. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a
cabo los trabajos, así como, en su caso la indicación de que podrán subcontratarse partes
de los mismos;
VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, indicando la
fecha estimada de inicio de los mismos;
IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían;
X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los
supuestos del artículo 62 de esta Ley;
XI. Indicación de que el licitante deberá estar registrado en el padrón de contratista
de obras públicas del Gobierno del Estado de Guerrero, con la especialidad
correspondiente; y
XII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las
características, complejidad y magnitud de los trabajos.
ARTICULO 43. Las convocatorias se publicarán, en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y en dos diarios de mayor circulación estatal.
ARTICULO 44. Las bases que emitan las dependencias, entidades y ayuntamientos
para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el
domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión electrónica que
establezca la Contraloría, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, el
séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo
responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este
período, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente:
I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o ayuntamiento
convocante;
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II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante;
III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo
optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar para
el acto de la presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del
contrato;
IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno
de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de
que algún licitante ha acordado con otro y otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
V. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la
licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas;
VI. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos de conformidad
con lo establecido por el artículo 49 de esta Ley;
VII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la
proposición, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y
particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares,
deberán ser firmadas por el responsable del proyecto;
VIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de
referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones
generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación;
IX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso,
proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministro
correspondientes;
X. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las
características, complejidad y magnitud de los trabajos;
XI. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se
concedan;
XII. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los
trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el quinto día
natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el séptimo día natural previo
al acto de presentación y apertura de proposiciones;
XIII. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán
subcontratarse;
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XIV. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la
fecha estimada de inicio de los mismos;
XV. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes;
XVI. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente,
las condiciones de pago;
XVII. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte
correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el
catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, debe ser firmado por el
responsable del proyecto; y relación de conceptos de trabajo más significativos, de los
cuales deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. En todos los
casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y
soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad
solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de
trabajo requeridos por el proyecto;
XVIII. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas
imputables al mismo, será sancionada en los términos del artículo 89 fracción I de esta
Ley;
XIX. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de
los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de
mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten
por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún
caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación; y
XX. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y
magnitud de los trabajos deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la
libre participación de éstos.
Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o sus servicios
no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta Ley.
ARTICULO 45. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las
licitaciones no podrá ser inferior a quince días naturales contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria.
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan
razones justificadas del área solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga por
objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la contratación
podrá reducir los plazos, a no menos de ocho días naturales, contados a partir de la fecha
de publicación de la convocatoria.
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ARTICULO 46. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, siempre que ello no
tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros
aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha
en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el tercer día natural previo al acto
de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de
los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación; y
II. En el caso de las bases de la licitación se publique un aviso en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado y en dos diarios de mayor circulación estatal, a fin de que los
interesados concurran ante la propia dependencia, entidad o ayuntamiento para conocer,
de manera especifica, la o las modificaciones respectivas.
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción
cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más tardar
en el plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de
los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación.
Las modificaciones de que trata este artículo, en ningún caso podrán consistir en la
sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la
adición de otros distintos.
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las
juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de
licitación.
ARTICULO 47. La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado que
contendrá, la propuesta. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse a
elección del licitante, dentro o fuera del sobre.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las
licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de
personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se
establezca con precisión y a satisfacción de la dependencia, entidad o ayuntamiento, las
partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que
se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser
firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de
personas.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes podrán
efectuar el registro de participantes, así como, realizar revisiones preliminares a la
documentación distinta a la propuesta. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo
que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y
decidan presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto.
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ARTICULO 48. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a
cabo en una etapa, conforme a lo siguiente:
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la
apertura de la propuesta, y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los
requisitos exigidos; las que serán devueltas por la convocante, transcurridos quince días
naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación. A
continuación se dará lectura en voz alta al importe de las proposiciones que contengan los
documentos y cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante y dos servidores
públicos de la dependencia, entidad o ayuntamiento presentes rubricarán los catálogos de
conceptos de las proposiciones aceptadas;
II. Se levantará acta, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su
análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta
será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de
algún licitante no invalidará su contenido y efectos; poniéndose a partir de esa fecha, a
disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación; y
III. La convocante procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas
aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes, previo al fallo de la
licitación.
Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación;
esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los diez días naturales contados a partir
de la fecha de inicio de la apertura de las proposiciones, y podrá diferirse, siempre que el
nuevo plazo fijado no exceda de diez días naturales contados a partir del plazo establecido
originalmente para el fallo.
ARTICULO 49. Las dependencias, entidades y ayuntamientos para hacer la
evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los
requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá
establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la
solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud
de los trabajos por realizar.
Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos
por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa
de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e integración
de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región
donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y
porcentajes en su evaluación.
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, deberá verificar, entre
otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el
personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos
necesarios para la realización de los trabajos solicitados por la convocante en los
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respectivos términos de referencia; que los tabuladores de sueldos, la integración de las
plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado: Atendiendo a las
características propias de cada servicio y siempre y cuando se demuestre su conveniencia
se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, salvo en los
casos de asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse estos
mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.
No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que
tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo
incumplimiento por si mismo, no afecta la solvencia de las propuestas. La inobservancia
por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos, no será motivo para
desechar sus propuestas.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre
los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de
los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente
la proposición cuyo precio sea el más bajo.
La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se
hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
ARTICULO 50. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que
libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación
y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a
quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que hayan
asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de esa junta, las dependencias,
entidades y ayuntamientos podrán optar por comunicar el fallo de la licitación por escrito a
cada uno de los licitantes, dentro de los tres días naturales siguientes a su emisión.
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias,
entidades y ayuntamientos proporcionarán por escrito a los licitantes, la información acerca
de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los
licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 94 de esta Ley.
ARTICULO 51. Las dependencias, entidades y ayuntamientos procederán a declarar
desierta una licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las
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bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda
convocatoria.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán cancelar una licitación por
caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan
circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de
contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera
ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia, entidad o ayuntamiento.
CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA
ARTICULO 52. En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias,
entidades y ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el
procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.
La selección que realicen las dependencias, entidades y ayuntamientos deberá
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores
condiciones para las dependencias, entidades o ayuntamientos. El acreditamiento de los
criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por
escrito firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean
necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a
ejecutar.
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a
más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la
dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate, un informe relativo a los contratos
formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito
aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las
propuestas y las razones para la adjudicación del contrato.
ARTICULO 53. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su
responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas,
sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de
obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado como
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales;
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III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, debidamente justificados;
IV. Se relacione con trabajos cuya ejecución requiere de la aplicación de sistemas y
procedimientos de tecnología avanzada y disponen de ella exclusivamente el contratista;
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos
mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la
eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla;
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista.
En estos casos la dependencia, entidad o ayuntamiento, podrá adjudicar el contrato al
licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento;
VII. Se realicen dos licitaciones públicas o dos procedimientos de invitación a
cuando menos tres personas y que hayan sido declarados desiertos;
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de
inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o
elaborar el programa de ejecución;
IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra
campesina o urbana marginada, y que la dependencia, entidad o ayuntamiento contrate
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban
realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales;
X. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que
estos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un
especialista o técnico; y
XI. Se acepta la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos
de las Leyes Hacendarias de la Secretaría de Finanzas y Administración.
ARTICULO 54. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su
responsabilidad, podrán contratar obras públicas o sus servicios, sin sujetarse al
procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres
personas o de adjudicación directa en:
(REFORMADA, P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016)
I. Tratándose de obras públicas, siempre que el monto de la obra pública objeto del
contrato, no exceda de veinte mil veces al valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización; y,
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(REFORMADA, P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016)
II. Tratándose de los servicios relacionados con las obras públicas, siempre que el
monto de los servicios no exceda de diez mil veces al valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
…. Los montos de inversión aprobados para las obras públicas y sus servicios,
estarán indexados por los índices de inflación que publique el Banco de México.
(REFORMADO PÁRRAFO TERCERO, P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE
NOVIEMBRE DE 2016)
Para los efectos de las fracciones I y II, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial publicará el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
En casos excepcionales, el titular de la dependencia, el órgano de gobierno de la
entidad o el ayuntamiento, de manera indelegable y bajo su responsabilidad, podrá fijar un
número de salario mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento
del Órgano de Control Interno.
En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres
personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación
de los trabajos en la dependencia, entidad o ayuntamiento podrá adjudicar directamente el
contrato.
ARTICULO 55. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se
sujetará a lo siguiente:
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en una
etapa, para lo cual la apertura de la propuesta podrá hacerse sin la presencia de los
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano
interno de control de la dependencia, entidad o ayuntamiento;
II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un
mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;
III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de
los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al artículo 44 de esta Ley;
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada
operación atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos; y
V. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.
TITULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS
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CAPITULO PRIMERO
DE LA CONTRATACION
ARTICULO 56. Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas y de
sus servicios podrán ser de tres tipos:
I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o
pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo
terminado;
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que
deba cubrirse al contratista será por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo
establecido.
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas
por lo menos en cinco actividades principales, y
III. Mixtos, cuando tengan una parte de los trabajos sobre la base de precios
unitarios y otra, a precio alzado.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán incorporar en las bases de
licitación las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores
condiciones en la ejecución de las obras, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de
contrato que se haya licitado.
Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal deberán
formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para ejecución de los
trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio,
en los términos de la normatividad sobre presupuesto, contabilidad y gasto público estatal
y municipal.
ARTICULO 57. Los contratos de obras públicas y sus servicios contendrán, como
mínimo, lo siguiente:
I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y
sus anexos;
II. La indicación del procedimiento, conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación
del contrato;
III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos
mixtos, la parte y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que
corresponda a precio alzado;
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IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, indicando
la fecha de inicio y conclusión de los mismos; así como los plazos para verificar la
terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo
75 de esta Ley, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características,
complejidad y magnitud de los trabajos;
V. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos
que se otorguen;
VI. Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el
cumplimiento del contrato;
VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y,
cuando corresponda, de los ajustes de costos;
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas
imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no
ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Las dependencias,
entidades y ayuntamientos deberán fijar los términos, forma y porcentajes para aplicar las
penas convencionales;
IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en
cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de
los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 66 de este
ordenamiento;
X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las
bases de la licitación por la dependencia, entidad o ayuntamiento, el cual deberá regir
durante la vigencia del contrato;
XI. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo
acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos,
planos, especificaciones, programas y presupuestos; y tratándose de servicios, los
términos de referencia;
XII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de
carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de
conciliación; y
XIII. Causales y procedimientos mediante los cuales la dependencia, entidad o
ayuntamiento podrán dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 71 de esta
Ley.
Para los efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos,
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
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ARTICULO 58. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, entidad o
ayuntamiento y a la persona en quien hubiere recaído a formalizar el documento relativo
dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá
formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto
en la fracción II del artículo 59 de esta Ley.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro de
plazo que refiere el párrafo anterior, la dependencia, entidad o ayuntamiento podrá sin
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya
presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en
el dictamen a que se refiere el artículo 49 y 53 fracción VI, de esta Ley, y así
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado
ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Si la dependencia, entidad o ayuntamiento no firmare el contrato respectivo, el
licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En
este supuesto, la dependencia, entidad o ayuntamiento, a solicitud escrita del licitante,
cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su
propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la licitación de que se trate.
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro;
pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos
en la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate, podrá hacerlo respecto de
partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en
las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia, entidad o
ayuntamiento señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los
trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá
siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia, entidad o
ayuntamiento.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en
forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá
contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.
ARTICULO 59. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley,
deberán garantizar:
I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse
dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo y por la
totalidad de los montos de los anticipos; y
II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los
diez días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.
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Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de
gobierno de las entidades y los ayuntamientos, fijarán las bases, forma y porcentajes a los
que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los
artículos 53, fracciones IX y X, y 54 de esta Ley, el servidor público que deba firmar el
contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la
garantía de cumplimiento.
ARTICULO 60. Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley, se
constituirán a favor de:
I. La Secretaría de Finanzas y Administración, por actos o contratos que se celebren
con las dependencias;
II. Las Entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas; y
III. Las Tesorerías de los Ayuntamientos.
ARTICULO 61. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se
sujetará a lo siguiente:
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del
anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.
Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el
artículo 59, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente;
II. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán otorgar hasta un treinta por
ciento de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate
para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del
anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad
y magnitud del servicio; en el supuesto de que la dependencia, entidad o ayuntamiento
decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en este artículo;
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes
para la determinación del costo financiero de su propuesta;
IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran el porcentaje de anticipo
podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la
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dependencia, entidad o ayuntamiento, o de la persona en quien éste haya delegado tal
facultad;
V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal y se inicien en el
último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias,
entidades o ayuntamiento podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el
monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio,
vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar
en el ejercicio de que se trate.
En ejercicios subsecuentes la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres
meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente.
El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado
en el contrato; y
VI. No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del
artículo 70, salvo para aquellos que alude el último párrafo del mismo; ni para los importes
resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios, que se generen durante el
ejercicio presupuestal de que se trate.
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el
saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia, entidad o ayuntamiento en un plazo
no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al
contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los
cargos que resulten conforme a lo indicado el párrafo primero del artículo 66 de esta Ley.
ARTICULO 62. Las dependencias, entidades y ayuntamiento se abstendrán de
recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con
las personas siguientes:
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de la contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo
aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las
que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien,
las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y
especifica de la Contraloría conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero; así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público;
III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia,
entidad o ayuntamientos convocantes les hubiere rescindido administrativamente un
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contrato, dentro de un lapso de un año calendario contados a partir de la notificación de la
primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia, entidad o
ayuntamiento convocantes durante un año calendario a partir de la notificación de la
rescisión;
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en los
términos del título séptimo de este ordenamiento;
V. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra
o sujetas a concurso de acreedores;
VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se
encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común;
VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente
hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen
parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto; trabajos de
dirección, coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; laboratorio de
análisis y control de calidad, geotécnia, mecánica de suelos y de resistencia de materiales;
radiografías industriales; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de
los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, o la elaboración de
cualquier otro documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran
interesadas en participar;
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y
avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los
contratos en los que dichas personas o empresas sean partes; y
IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por
disposición de Ley.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA EJECUCION
ARTICULO 63. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en
el contrato respectivo y la dependencia, entidad o ayuntamiento contratante oportunamente
pondrá a disposición del contratista, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El
incumplimiento de la dependencia, entidad o ayuntamiento, prorrogará en igual plazo la
fecha originalmente pactada de conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por
escrito.
ARTICULO 64. Las dependencias, entidades y ayuntamientos establecerán la
residencia de obras con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en
un servidor público designado por la dependencia, entidad o ayuntamiento quien fungirá
como su representante ante el contratista, y será el responsable directo de la supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones
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presentadas por las contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de
ejecución de los trabajos.
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones
para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia,
entidad o ayuntamiento.
ARTICULO 65. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular
con una periodicidad no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la residencia de
obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que hubiere fijado la dependencia, entidad o ayuntamiento en el contrato,
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia
de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con plazo no
mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la
dependencia, entidad o ayuntamiento, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a
veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra de que se trate.
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre sí y por tanto, cualquier secuencia es sólo para efecto de control
administrativo.
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los
trabajos y los plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el
contrato correspondiente.
ARTICULO 66. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de
ajustes de costos de la dependencia, entidad o ayuntamiento, a solicitud del contratista,
deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la normatividad
fiscal aplicable como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán
por días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposición del contratista.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá
reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes,
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la
fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de la dependencia, entidad o ayuntamiento.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
contratista sean compensadas en la estimación siguiente.
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ARTICULO 67. Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al
programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados, atendiendo al
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 68 de esta Ley. El aumento o reducción correspondientes
deberá constar por escrito.
ARTICULO 68. El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de
los siguientes procedimientos:
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del
importe total faltante del contrato; y
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen
en dichas proporciones.
ARTICULO 69. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costo a que se
refiere el artículo anterior, se sujetará a lo siguiente:
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes
de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir
atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido;
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que
se hubiere convenido.
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios
será la del acto de presentación y apertura de proposiciones;
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados
con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el
Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia, entidad
o ayuntamiento no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las
dependencias, entidades y ayuntamientos procederán a calcularlos conforme a los precios
que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes
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los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo
por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta; y
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.
ARTICULO 70. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas,
modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte
correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del
proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas
condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular
del área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podrán,
en modo alguno afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características
esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de esta Ley.
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán
ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos.
Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se
presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad
de las partes y por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la
propuesta que sirvió de base de adjudicación del contrato correspondiente: como son,
entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios
nacionales, que provoquen directamente un aumento o reducción de los costos de los
insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado; las
dependencias, entidades y ayuntamientos deberán reconocer incrementos o requerir
reducciones.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se regirá por los lineamientos que expida la
Contraloría; los cuales deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que
cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones.
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato
respectivo, la celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de la
dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate.
De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del área responsable de
la contratación de los trabajos informará al órgano interno de control de la dependencia,
entidad o ayuntamiento que se trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada
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mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el
mes calendario inmediato anterior.
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades
adicionales a las previstas originalmente, las dependencias, entidades y ayuntamientos
podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la
celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado para el contrato respectivo, tratándose de los conceptos no
previstos en el contrato, deberá formalizarse el convenio respectivo previamente a su
pago.
ARTICULO 71. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán suspender
temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados, por cualquier causa justificada.
Los titulares de las dependencias, los órganos de gobierno de las entidades y
ayuntamientos designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser
indefinida.
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionará un daño y perjuicio grave al Estado o Municipios, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este
artículo.
ARTICULO 72. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán rescindir
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista.
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I. Se iniciará a partir de que el contratista le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente
fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes
a lo señalado por la fracción I de este artículo.
ARTICULO 73. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada
de los contratos deberá observarse lo siguiente:
I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por
causas imputables a la dependencia, entidad o ayuntamiento, ésta pagará los trabajos
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ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se
trate;
II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez
emitida la determinación respectiva, la dependencia, entidad o ayuntamiento
precautoriamente, y desde su inicio, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo
que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En
el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos la dependencia,
entidad o ayuntamiento pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con el contrato de que se trate; y
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los
trabajos, el contratista podrá no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación
anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia, entidad o ayuntamiento, quien
determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación
del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia o entidad no
contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.
Una vez comunicada por la dependencia, entidad o ayuntamiento la terminación
anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos,
procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del
contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de notario público.
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia, entidad o ayuntamiento,
en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo,
toda la documentación que le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
ARTICULO 74. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las
dependencias, entidades y ayuntamientos comunicarán la suspensión, rescisión o
terminación anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo harán del
conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes,
mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario
inmediato anterior.
ARTICULO 75. El contratista comunicará a la dependencia, entidad o ayuntamiento
la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que dentro del plazo
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pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos la dependencia,
entidad o ayuntamiento, contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los
trabajos bajo su responsabilidad.
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término
estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos
a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no
acuda con la dependencia, entidad o ayuntamiento para su elaboración dentro del plazo
señalado en el contrato, procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contando a partir de su emisión; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, tendrá un plazo de quince días
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no
realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o ayuntamiento pondrá a
disposición del contratista el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes;
debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
ARTICULO 76. A la conclusión de las obras, las dependencias, entidades y en su
caso los ayuntamientos, deberán remitir a la Secretaría de Finanzas y Administración los
títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con
motivo de la construcción de las obras públicas, para su inscripción en el Registro Público
de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado de Guerrero y se incluyan en
el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos del Estado.
ARTICULO 77. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder
de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato
respectivo y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento
de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la
recepción de los trabajos, los contratistas a su elección, deberán constituir fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta
de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la
trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento
del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta
fija.
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Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los
respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los
trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito
irrevocable, según sea el caso.
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias, entidades y ayuntamientos
para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este
artículo.
En los casos señalados en los artículos 53, fracciones IX y X, y 54, el servidor
público que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los
contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo.
ARTICULO 78. El contratista será el único responsable de la ejecución de los
trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así
como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia, entidad o ayuntamiento.
Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaron por su inobservancia,
serán a cargo del contratista.
ARTICULO 79. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las
dependencias, entidades o ayuntamientos vigilarán que la unidad que debe operarla reciba
oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de
operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
ARTICULO 80. Las dependencias, entidades y ayuntamientos bajo cuya
responsabilidad quede una obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del
área responsable de su operación, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento.
Los órganos internos de control vigilarán que su uso, operación y mantenimiento se realice
conforme a los objetivos y acciones de los que fueron originalmente diseñados.
TITULO QUINTO
DE LA ADMINISTRACION DIRECTA
CAPITULO UNICO
ARTICULO 81. Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 26 y 29 de esta
Ley, las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán realizar trabajos por
administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos
necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal
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técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y
podrán:
I. Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá
llevarse a cabo por obra determinada;
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario;
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región; y
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.
En la ejecución de las obras por administración directa, bajo ninguna circunstancia
podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones
particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten.
Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados,
materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su
adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia.
ARTICULO 82. Previamente a la realización de los trabajos por administración
directa, el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo
respectivo, del cual formarán parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada de
los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de
ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente.
Los órganos internos de control de las dependencias, entidades y ayuntamientos,
previamente a la ejecución de los trabajos por administración directa, verificarán que se
cuente con el presupuesto correspondiente, y los programas de ejecución, de utilización de
recursos humanos y, en su caso de utilización de maquinaria y equipo de construcción.
ARTICULO 83. La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia,
entidad o ayuntamiento a través de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos
por administración directa, deberá entregarse al área responsable de su operación o
mantenimiento. La entrega deberá constar por escrito.
ARTICULO 84. La dependencia, entidad o ayuntamiento deberá prever y proveer
todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la
ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos, planos
y especificaciones técnicas; los programas de ejecución y suministro y los procedimientos
para llevarlos a cabo.
En la ejecución de obras por administración directa serán aplicables, en lo
conducente, las disposiciones de esta Ley.
TITULO SEXTO
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION
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CAPITULO UNICO
ARTICULO 85. La forma y términos en que las dependencias, entidades y
ayuntamientos deberán remitir a la Contraloría y a la Secretaría la información relativa a los
actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por la Contraloría, en el ámbito
de su atribución.
La información a que se refiere el último párrafo del artículo 39 de esta Ley, deberá
remitirse por las dependencias, entidades y ayuntamiento a la Contraloría, a través de
medios magnéticos o remotos de comunicación electrónica, conforme a las reglas que para
tal efecto establezca la propia Contraloría.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos conservarán en forma ordenada y
sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este
ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de
su recepción, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en
las disposiciones que resulten aplicables.
ARTICULO 86. La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en
cualquier tiempo, que las obras públicas y sus servicios, se realicen conforme a lo
establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si la Contraloría determina la
nulidad total del procedimiento de contratación, por causas imputables a la convocante, la
dependencia, entidad o ayuntamiento reembolsará a los licitantes los gastos no
recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.
La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las
dependencias, entidades y ayuntamientos que realicen obras públicas y sus servicios, e
igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en
ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.
ARTICULO 87. La Contraloría podrá verificar la calidad de los trabajos a través de
los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que
determine, en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
y que podrán ser aquéllos con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate.
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será
firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el contratista y el
representante de la dependencia, entidad o ayuntamiento respectivo, si hubieren
intervenido. La falta de firma del contratista no invalida dicho dictamen.
TITULO SEPTIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO UNICO
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ARTICULO 88. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta
ley serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en la región del Estado, donde se realice
las obras públicas y sus servicios, elevado al mes, en la fecha de la infracción.
ARTICULO 89. La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el artículo
anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o
celebrar contratos, regulados por esta Ley, al licitante o contratista que se encuentre en
alguno de los supuestos siguientes:
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no
formalicen el contrato adjudicado por la convocante;
II. Los contratistas que se encuentren en la fracción III del artículo 62 de este
ordenamiento, respecto de dos o más dependencias, entidades o ayuntamientos;
III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas
imputables a ellos y que, como consecuencia, se causen daños o perjuicios graves a la
dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate; y
IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con
dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o
durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una junta de
conciliación o de una inconformidad.
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años,
plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría
la haga del conocimiento de las dependencias, entidades y ayuntamiento, mediante la
publicación de la circular respectiva en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos, dentro de los quince días siguientes
a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta
Ley, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos
presumiblemente constitutivos de la infracción.
ARTICULO 90. La Contraloría impondrá las sanciones considerando:
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;
II. El carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
III. La gravedad de la infracción; y
IV. Las condiciones del infractor.
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ARTICULO 91. La Contraloría aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo
dispuesto por la Ley de Responsabilidades los Servidores Público del Estado a los
servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento.
ARTICULO 92. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán
independientes de las de orden civil o penal, que puedan derivar de la comisión de los
mismos hechos.
ARTICULO 93. Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o
de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese
dejado de cumplir, no se impondrán sanciones. No se considerará que el cumplimiento es
espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento,
visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas.
TITULO OCTAVO
DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
CAPITULO PRIMERO
DE LAS INCONFORMIDADES
ARTICULO 94. Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Contraloría,
por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones
que rigen las materias objeto de esta Ley.
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través
de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la Contraloría,
dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme
tenga conocimiento de éste.
Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el
derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier
tiempo en términos de Ley.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a
la Contraloría las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de
contratación, a fin de que las mismas se corrijan.
La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente, será causa de su
desechamiento.
ARTICULO 95. En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere
a este capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos
que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la
documentación que sustente su petición. La falta de protesta indicada será causa de
desechamiento de la inconformidad.
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La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de
esta Ley y a las demás que resulten aplicables.
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por
resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de
retrasar y entorpecer la continuación de procedimiento de contratación; se le impondrá
multa conforme lo establece el artículo 88 de esta Ley.
ARTICULO 96. En las inconformidades que se presenten a través de medios
remotos de comunicación electrónica se emplearán medios de identificación electrónica en
sustitución de la firma autógrafa.
Dichas incorfomidades, la documentación que las acompañe y la manera de
acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que
para efectos de la transmisión expida la Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos
efectos que a las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos
correspondientes.
ARTICULO 97. La Contraloría podrá de oficio o en atención a las inconformidades a
que se refiere el artículo 94 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento de
contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no
excederá de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento
del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente
dentro de los treinta días hábiles siguientes.
La Contraloría podrá requerir información a las dependencias, entidades
correspondientes y ayuntamientos quienes deberán remitirlas dentro de los diez días
naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo.
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloría
deberá hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que
dentro del término que alude el párrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga.
Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se
tendrá por precluido su derecho.
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, la Contraloría
podrá suspender el proceso de contratación, cuando:
I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de
esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de
contratación pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia, entidad o
ayuntamiento de que se trate; y
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan
disposiciones de orden público. La dependencia, entidad o ayuntamiento deberá de
informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión,
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aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o
bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría resuelva lo
que proceda.
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los
daños y perjuicios que pudiera ocasionar mediante fianza por el monto que fije la
Contraloría, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida, sin embargo, el
tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en
cuyo caso quedará sin efecto la suspensión.
ARTICULO 98.- La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia:
I. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las
directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Ley;
II. La nulidad total del procedimiento; o
III. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad.
ARTICULO 99.- La resolución de inconformidad que dicte la Contraloría, podrá
impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en términos de la Ley
respectiva.
ARTICULO 100. Contra la resolución que cancele o suspenda el registro en el
Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado, se podrá interponer ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el recurso de revocación y la suspensión
del acto impugnado, dentro el término de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente al de notificación, conforme a las siguientes bases:
I. Será solicitada en el mismo escrito en el que se interponga el recurso;
II. Dentro de los diez días hábiles siguientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas determinará lo conducente; y
III. Otorgada la garantía, se suspenderá la aplicación de la resolución impugnada.
CAPITULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
ARTICULO 101. Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contraloría, con
motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que
tengan celebrados con las dependencias, entidades y ayuntamientos.
Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día y hora para que
tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se
deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la
queja.
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La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por
lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo por
desistido de su queja.
ARTICULO 102. En la audiencia de conciliación, la Contraloría tomando en cuenta
los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia,
entidad o ayuntamiento, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y
exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta
Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones.
Para ello, la Contraloría señalará los días y horas para que tengan verificativo. El
procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de treinta días
hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión.
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los
resultados de las actuaciones.
ARTICULO 103. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el
convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la
vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que
los hagan valer ante los tribunales estatales.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día 1o. de enero del 2005.
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TERCERO.- Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de Guerrero, Número
170, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 de marzo de 1985 y se
derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.
CUARTO.- Las disposiciones administrativas expedidas en materia de transmisión
electrónica de datos se seguirá aplicando, en todo lo que no se oponga a la presente Ley.
QUINTO.- Los procedimientos de contratación; DE aplicación de sanciones y de
inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes
de resolución, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al
momento en que se iniciaron.
Los contratos de obras públicas y sus servicios que se encuentren vigentes al entrar
en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose con las disposiciones vigentes en el momento en
que se celebraron.
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SEXTO.- A partir de que entre en vigor la presente Ley, la contratación de la obra
pública se hará con apego a lo estipulado en este ordenamiento.
SEPTIMO.- En tanto se expide el Reglamento de esta Ley, supletoriamente y en lo
que no se oponga a la misma se aplicará el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20
de agosto de 2001.
Dada en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los diecisiete días
del mes de junio del año dos mil cuatro.
Diputado Presidente.
C. MARCO ANTONIO DE LA MORA TORREBLANCA.
Rúbrica.
Diputado Secretario.
C. GUSTAVO MIRANDA GONZALEZ.
Rúbrica.
Diputado Secretario.
C. FELIX BAUTISTA MATIAS.
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74 fracción III y 76 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y para su debida publicación y
observancia, promulgo la presente LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL
ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo
Estatal, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los treinta días del mes de junio del año
dos mil cuatro.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Gobernador Constitucional del Estado.
C. LIC. RENE JUAREZ CISNEROS.
Rúbrica.
El Secretario General de Gobierno.
C. MAYOR LUIS LEON APONTE.
Rúbrica.
El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
C. ARQ. JUAN FARILL HERRERA.
Rúbrica.
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS
DEL DECRETO DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.
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DECRETO NÚMERO 249 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO
DE GUERRERO NÚMERO 266. (Se reforma el primer párrafo y las fracciones III, V y VI del artículo 5; el
párrafo tercero y cuarto del artículo 29; y las fracciones I y II, así como el párrafo tercero del artículo 54 fracciones III, V y
VI del artículo 5; el párrafo tercero y cuarto del artículo 29; y las fracciones I y II, así como el párrafo tercero del artículo
54 y Se adiciona la fracción VII al artículo 5)
P.O. No. 89 DE FECHA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2016.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al titular del Poder Ejecutivo para los efectos
constitucionales procedentes.
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