<![CDATA[Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de
Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.
Guillermo Cosío Vidaurri, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a
los habitantes del mismo hago saber:
Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado, se me ha comunicado el siguiente
DECRETO
Número 13596.- El Congreso del Estado Decreta:
LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Normas preliminares
Artículo 1º. La presente ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto regular la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente y el
patrimonio cultural en el estado de Jalisco, en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal y
municipales, con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de los habitantes
del estado y establecer el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Artículo 2º. Se considera de utilidad pública:
I. El ordenamiento ecológico del territorio del estado, en los casos previstos por esta ley, y las
demás aplicables;
II. El establecimiento de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o municipal, que se
establezcan por decreto del Titular del Ejecutivo o por decreto del Congreso del Estado, a iniciativa
de los gobiernos municipales;
III. El cuidado de los sitios necesarios para asegurar el mantenimiento e incremento de los recursos
genéticos de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, frente al peligro de deterioro grave o
extinción;
IV. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, con motivo de la presencia de
actividades que afecten o puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas o al ambiente del estado,
en general, o de uno o varios municipios, que no fuesen consideradas altamente riesgosas,
conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos y otras disposiciones aplicables; y
V. La prevención, el control y la atenuación de la contaminación ambiental, en el territorio del
estado.
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se tomarán las definiciones de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las siguientes:
I. Actividades riesgosas: Aquellas actividades que conllevan la utilización de materiales peligrosos
que de conformidad a la legislación federal y disposiciones aplicables no se consideran actividades
altamente riesgosas;
II. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete
la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte
dichos recursos, por periodos indefinidos;
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III. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación: Son predios que reúnen las características
de áreas naturales protegidas y que sus propietarios o legítimos posesionarios los destinan de
manera voluntaria para ser conservados y cuentan con el certificado correspondiente emitido por la
Secretaría;
IV. Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio estatal en que los ecosistemas originales
que las conforman no han sido significativamente alterados por la actividad del hombre, y que han
quedado sujetas al régimen de protección;
V. Auditoría ambiental. Examen metodológico de los procesos de una empresa respecto de la
contaminación y el riesgo ambiental que generan, el cumplimiento de la normatividad ambiental
aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería, con
base en los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia, y en su caso, las medidas
preventivas y correctivas necesarias para proteger al ambiente;
VI. Cambio climático. Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana,
que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos comparables;
VII. Capacidad de amortiguamiento de los ecosistemas: Se refiere a la cualidad intrínseca que
poseen los ecosistemas para recuperar su estructura y función después de sufrir un impacto
ambiental negativo;
VIII. Capacidad de carga ambiental: Respuesta de un ecosistema a las diversas actividades o
acciones productivas del desarrollo, sin que se afecte su condición natural y/o aumente su
fragilidad;
IX. Composta: Producto resultante del tratamiento mediante biodegradación que permite el
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos como mejoradores de suelos o fertilizantes;
X. Condición natural clímax: Características que hacen a un ecosistema mantener la estabilidad, el
desarrollo y la evolución de cada uno de sus elementos, cuya composición y estructura es
remotamente conocida;
XI. Contaminación acústica. La presencia en el ambiente de sonidos molestos e intempestivos que
rebasen los límites máximos permisibles señalados en las normas oficiales que para el efecto
emitan las autoridades competentes; o aquel que por su intensidad, duración o frecuencia, implique
daño, riesgo o perjudique el bienestar de las personas, con independencia de cuál sea la fuente
que los origine;
XII. Corta sanitaria: Medida para prevenir y evitar la degradación provocada por algún agente
patógeno en especies como árboles, arbustos y otras plantas;
XIII. Criterios ambientales: Los lineamientos y conceptos necesarios para preservar, restaurar y
conservar el equilibrio de los ecosistemas y proteger al ambiente, en el marco del desarrollo
sustentable;
XIV. Desequilibrio ambiental: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los
elementos naturales que conforman al ambiente que afecta negativamente la existencia,
transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;
XV. Ecoturismo: Es la actitud de respeto, admiración e interacción del hombre con la cultura y
naturaleza en el desarrollo de actividades recreativas en entornos naturales dentro de un marco de
sustentabilidad, propiciando un involucramiento activo y socioeconómico en beneficio de las
poblaciones locales, principalmente a través de una modalidad turística ambientalmente
responsable;
XVI. Emergencia ambiental: Urgencia ante un problema ambiental que necesita solución inmediata;
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XVII. Emisión contaminante: La generación o descarga de materia o energía en cualquier cantidad,
estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en los sistemas biótico y abiótico,
afecte o pueda afectar negativamente su composición o condición natural;
XVIII. Estudio de impacto ambiental: Proceso de análisis de carácter interdisciplinario, basado en
estudios de campo y gabinete, encaminado a identificar, predecir, interpretar, valorar, prevenir y
comunicar los efectos de una obra, actividad o proyecto sobre el medio ambiente;
XIX. Flora y fauna acuáticas: Las especies biológicas y elementos biogénicos que tienen como
medio de vida temporal, parcial o permanente, las aguas del territorio del estado;
XX. Fragilidad ambiental: Condición actual de un ecosistema, parte de él o de sus componentes,
en comparación a su condición natural clímax;
XXI. Gestión ambiental: Conjunto de acciones orientadas a lograr la sustentabilidad en los
procesos de defensa, protección y mejora ambiental;
XXII. Información ambiental. Se considera a cualquier información escrita, visual o en forma de
base de datos, de que dispongan las autoridades estatales y municipales, en materia ambiental, de
agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como de las actividades o
medidas que les afectan o pueden afectarles;
XXIII. Mejoramiento: El restablecimiento e incremento en la calidad del ambiente;
XXIV. Norma Oficial Mexicana: La regla científica o tecnológica emitida por el ejecutivo federal, que
deben aplicar los gobiernos del estado y de los municipios, en el ámbito de sus competencias;
XXV. Normatividad estatal o normatividad reglamentaria: Acuerdos de carácter técnico que expida
el Titular del Ejecutivo o la Secretaría en la materia;
XXVI. Paisajes bioculturales: son territorios reconocidos como tales a través de una certificación
otorgada por la Secretaría, que contribuyen a la gestión territorial integral, teniendo por objetivo
proteger el patrimonio natural y cultural que les da identidad, mediante la planificación de los usos
tradicionales del suelo y la promoción del crecimiento económico local a través del desarrollo rural
y urbano sustentable;
XXVII. Patrimonio cultural: El conjunto de manifestaciones producto de la obra conjunta o separada
del hombre y de la naturaleza que contiene relevancia histórica, estética, paisajística,
arquitectónica, urbanística, literaria, artística, pictográfica, tradicional, etnológica, científica o
intelectual para la sociedad jalisciense;
XXVIII. Procuraduría: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, órgano desconcentrado de
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial;
XXIX. Reciclaje: El Proceso por el cual los residuos son transformados en productos nuevos, de tal
manera que pierden su identidad original y se convierten en materia prima de nuevos productos;
XXX. Recurso natural: elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre;
XXXI. Relleno sanitario: Obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para
la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar a
través de la compactación e infraestructura adicionales los impactos ambientales;
XXXII. Rescate energético: Es la recuperación con fines de reutilización de una parte de la energía
que fue utilizada en los procesos productivos que anteceden a la generación de residuos;
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XXXIII. Residuo incompatible: Aquél que al entrar en contacto o ser mezclado con otro, reacciona
produciendo calor o presión, fuego o evaporación, partículas, gases o vapores peligrosos,
pudiendo ser esta reacción violenta;
XXXIV. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;
XXXV. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que
consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los residuos que provienen de cualquier otra
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean
considerados por esta Ley como residuos de otra índole;
XXXVI. Cambio climático. Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos comparables;
XXXVII. Contaminación acústica. La presencia en el ambiente de sonidos molestos e intempestivos
que rebasen los límites máximos permisibles señalados en las normas oficiales que para el efecto
emitan las autoridades competentes; o aquel que por su intensidad, duración o frecuencia, implique
daño, riesgo o perjudique el bienestar de las personas, con independencia de cuál sea la fuente
que los origine;
XXXVIII. Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado: Instrumento de política ambiental cuyo
objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la
protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos;
XXXIX. Ordenamiento Ecológico Regional: Es el instrumento de planeación ambiental, que integra
el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado, que regula o induce el uso del suelo y el
manejo de los recursos naturales del estado en un determinado espacio del territorio del estado en
donde interviene más de un municipio;
XXXX. Ordenamiento Ecológico Local: Es el instrumento de planeación ambiental, que integra el
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado que regula o induce el uso del suelo y el manejo
de los recursos naturales en un municipio; y
XXXXI. Resilencia: la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a
un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de
manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y
funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de
riesgos.
CAPÍTULO II
De la Coordinación entre la Secretaría y los Gobiernos Municipales
Artículo 4º. Las atribuciones gubernamentales, en materia de preservación y restauración del
equilibrio ecológico y protección al ambiente que son objeto de esta ley, serán ejercidas, de
conformidad con la distribución que hace la presente ley, sin perjuicio de lo que se disponga en
otros ordenamientos aplicables.
Para efecto de la coordinación de acciones, siempre que exista transferencia de atribuciones, el
gobierno del estado y los gobiernos municipales deberán celebrar convenios entre ellos o con la
federación, en los casos y las materias que se precisan en la presente ley.
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Artículo 5º. Compete al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, en la esfera de
competencia local, conforme a la distribución de atribuciones que se establece en la presente ley, y
lo que dispongan otros ordenamientos, así como los convenios de coordinación que al efecto se
firmen:
I. La formulación de la política y de los criterios ambientales en el estado, congruentes con los que,
en su caso, hubiese formulado la federación;
II. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en bienes y
zonas de jurisdicción del gobierno del estado y de los gobiernos (sic) municipios, salvo cuando se
trate de asuntos reservados a la federación;
III. La prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, en forma aislada o
participativa con la federación, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos, o
daños al ambiente, no rebasen el territorio del estado o de sus municipios, o no sea necesaria la
acción exclusiva de la federación;
IV. La regulación, creación y administración de las áreas naturales protegidas estatales y
municipales, y de los corredores biológicos que se prevén en el presente ordenamiento, así como
fomentar el reconocimiento de los paisajes bioculturales, las áreas destinadas voluntariamente a la
conservación del Estado;
V. La prevención y el control de la contaminación de la atmósfera, generada en zonas o por
fuentes emisoras de jurisdicción local;
VI. El establecimiento de las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones
contaminantes que rebasen los niveles máximos permisibles, salvo en las zonas o en los casos de
fuentes emisoras de jurisdicción federal;
VII. La inducción del aprovechamiento sustentable y la prevención y el control de la contaminación
de las aguas de jurisdicción estatal, y las concesionadas por la federación;
VIII. La prevención y control de la contaminación de aguas federales que el estado y los municipios
tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos, y de las que se
descarguen en las redes de alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las
facultades de la federación, en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reuso de aguas
residuales, conforme a esta Ley y demás normas aplicables;
IX. El ordenamiento ecológico del estado y de los municipios, a través de los instrumentos
regulados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la presente ley
y en las demás disposiciones aplicables, así como, mediante la promoción de las actividades
económicas, o en su caso, la reorientación de las inversiones;
X. La regulación con criterios de sustentabilidad, del aprovechamiento de los minerales o
substancias no reservadas a la federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a
los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición;
XI. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros
de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia,
mercados y centrales de abasto, cementerios, rastros, tránsito y transporte local;
XII. La regulación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso,
tratamiento y disposición final de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos que no estén
considerados como peligrosos, conforme a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sus
disposiciones reglamentarias;
XIII. La expedición y aplicación, con criterios de mejora regulatoria, en el ámbito de sus respectivas
competencias, de leyes y reglamentos que tiendan al cumplimiento de las disposiciones de la Ley
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General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos y normas oficiales
mexicanas, así como la expedición de la normatividad estatal para el cumplimiento de la presente
ley y sus reglamentos, las cuales tiendan a incentivar el desarrollo económico del estado de
manera sustentable;
XIV. Aplicar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas oficiales mexicanas
expedidas por la federación y, en su caso, la normatividad que al efecto expida el titular del
ejecutivo del estado o los gobiernos municipales;
XV. Concertar con los sectores social y privado, la realización de acciones, en el ámbito de sus
competencias, conforme a la presente ley;
XVI. Conciliar la aplicación de la tecnología aprobada por la federación y/o el gobierno del estado y
vigilar su aplicación por conducto de los organismos encargados del impulso, fomento y
coordinación de las acciones encaminadas al desarrollo científico y tecnológico del estado, para
reducir las emisiones contaminantes de la atmósfera, provenientes de fuentes fijas o móviles, en el
ámbito de sus respectivas competencias;
XVII. Aplicar las normas oficiales mexicanas para la emisión máxima permisible de contaminantes
de la atmósfera provenientes de vehículos automotores, incluido el transporte público;
XVIII. Establecer y en su caso, operar programas de mitigación de contaminación de la atmósfera,
por conducto de las autoridades competentes, para limitar la circulación de los vehículos cuyos
niveles de emisión de contaminantes rebasen los límites máximos permisibles que se determinen,
incluido el transporte público;
XIX. Aplicar las disposiciones de tránsito y vialidad para reducir los niveles de emisión de
contaminantes de la atmósfera, provenientes de los vehículos automotores, incluido el transporte
público;
XX. Establecer y operar los sistemas de monitoreo de la contaminación atmosférica, en el ámbito
estatal;
XXI. Establecer y operar laboratorios de análisis de la contaminación atmosférica, de suelos y
aguas en el estado;
XXII. Participar, en el ámbito de sus competencias, en la formulación y ejecución de los programas
especiales que se propongan para la restauración del equilibrio ecológico, en aquellas zonas y
áreas del estado, que presentan graves desequilibrios;
XXIII. Vigilar la observancia de las declaratorias que se expidan para regular los usos del suelo, el
aprovechamiento de los recursos y la realización de actividades que generen contaminación, en
todas las zonas y áreas de interés del estado, de conformidad a los principios de la presente ley;
XXIV. Participar, en los términos que se convenga con la federación, en el aprovechamiento y
administración de los parques nacionales y áreas naturales protegidas federales;
XXV. Establecer medidas y emitir criterios de protección ambiental de aplicación obligatoria en las
áreas naturales protegidas localizadas en el estado y que no sean competencia de la federación,
de manera que se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente los
más representativos, y aquellos que se encuentran sujetos a procesos de deterioro, degradación o
en condiciones de alta fragilidad ambiental;
XXVI. Fomentar investigaciones científicas y promover programas para el desarrollo de técnicas y
procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciando el
aprovechamiento sustentable de los recursos, los procesos y la transformación limpia, el ahorro de
energía, la disposición final de residuos y la protección permanente de los ecosistemas, pudiendo
celebrar convenios con instituciones nacionales e internacionales de educación superior, centros
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de investigación, instituciones de los sectores público, social y privado e investigadores
especialistas en la materia, en el ámbito de sus respectivas competencias;
XXVII. Aplicar criterios ambientales en la protección de la atmósfera, suelo y aguas, en las
declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas en que sea permitida
la instalación de industrias potencialmente contaminantes, en el ámbito de sus competencias;
XXVIII. Convenir con quienes realicen actividades contaminantes y, de resultar necesario,
requerirles la instalación de equipos de control de emisiones en actividades de jurisdicción del
gobierno del estado y de los gobiernos municipales, promoviendo ante la federación dicha
instalación, en los casos de jurisdicción federal, cuando se rebasen los límites establecidos en las
normas oficiales mexicanas correspondientes;
XXIX. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación, en el ámbito
de sus competencias;
XXX. Elaborar los informes sobre las condiciones del ambiente en la entidad, y los que se
convengan con la federación;
XXXI. El diseño, desarrollo y aplicación de los instrumentos económicos que incentiven el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley;
XXXII. Resolver los recursos de revisión que se interpongan con motivo de la aplicación de esta
ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen;
XXXIII. Crear, diseñar, construir, operar, supervisar y promover el establecimiento o instalación de
plantas dedicadas a la elaboración de composta con los residuos orgánicos recolectados por el
servicio municipal de aseo;
XXXIV. Inspeccionar, vigilar, e imponer sanciones, en los asuntos de sus competencias, en
cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley;
XXXV. Formular y ejecutar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; y
XXXVI. Las demás que se deriven de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y sus disposiciones reglamentarias, la presente ley, y otras disposiciones aplicables.
Cuando dos o más centros de población urbanos, situados en el estado, formen o tiendan a formar
una continuidad demográfica, el gobierno del estado y los gobiernos municipales respectivos, en el
ámbito de sus competencias, planearán de manera coordinada las acciones de que trata este
artículo, cuya regulación queda a cargo del gobierno del estado, salvo lo previsto en el artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CAPÍTULO III
De las atribuciones de la Secretaría
Artículo 6º. Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones:
I. Formular y conducir la política ambiental en el estado;
II. Aplicar, en la esfera de su competencia, esta ley y sus reglamentos;
III. Ordenar y ejecutar las distintas acciones, dentro del ámbito de su competencia, a fin de
proteger al ambiente, preservar, restaurar y fortalecer el equilibrio y disminuir la fragilidad ambiental
en el estado, en coordinación con la federación y los gobiernos municipales, según sea necesario;
IV. Proponer la normatividad reglamentaria y criterios ambientales estatales, que deberán
observarse en la aplicación de la política ambiental del estado, el ordenamiento ecológico local, la
prevención y disminución de la contaminación ambiental de la entidad, la protección ambiental de
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las áreas naturales y aguas de jurisdicción estatal y las concesionadas por la federación, con la
participación que, en su caso, corresponda a los gobiernos municipales;
V. Coordinar los estudios y acciones para la creación de áreas naturales protegidas y los
corredores biológicos de acuerdo a lo dispuesto por esta ley, con la intervención que corresponda a
otras dependencias y los gobiernos municipales, participando en las acciones que deban realizarse,
conforme a sus propios acuerdos y resoluciones, con la concurrencia de los dueños, poseedores y
habitantes del área en estudio, así como reconocer y emitir certificados de áreas destinadas
voluntariamente a la conservación;
VI. Otorgar la asesoría técnica necesaria para la para la tramitación de los certificados de áreas
destinadas voluntariamente a la conservación, a petición de los interesados;
VII. Promover el reconocimiento de paisajes bioculturales en el territorio del Estado y en su caso
emitir los certificados correspondientes;
VIII. Fomentar el desarrollo de los paisajes bioculturales que sean certificados;
IX. Declarar las contingencias o emergencias ambientales y coordinar los protocolos para su
atención, así como elaborar en el ámbito de su respectiva competencia, programas y protocolos
para la prevención y control de contingencias ambientales y coordinarse con autoridades federales
y municipales, para su aplicación y cumplimiento;
X. Elaborar el ordenamiento ecológico regional del estado, en las escalas necesarias para la
planeación estatal y municipal del uso sustentable del territorio en las diferentes regiones de la
entidad, en coordinación con la federación y los gobiernos municipales, en sus respectivas esferas
de competencia, y asegurarse que los ordenamientos ecológicos locales que al efecto expidan los
gobiernos municipales, sean congruentes con el ordenamiento ecológico regional del estado;
XI. Evaluar el impacto ambiental, de aquellas obras y actividades que no sean competencia de la
federación o de los gobiernos municipales y emitir los dictámenes correspondientes, así como,
establecer los requisitos para fungir como prestador de servicios en el estado en materia de
impacto y riesgo ambiental;
XII. Formular y, en su caso, desarrollar programas para promover e incentivar el uso de tecnologías
y estrategias apropiadas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la
entidad y promoverlos en los gobiernos federal y municipales, así como, en los sectores social y
privado;
XIII. Formular y, en su caso, desarrollar programas para prevenir, controlar y reducir la
contaminación de la atmósfera, suelo y aguas, generada en el territorio del estado, por fuentes fijas
y móviles y, en el ámbito de su competencia vigilar su cumplimiento;
XIV. Establecer y gestionar la política de aprovechamiento sustentable del agua en la entidad, en
coordinación con la federación y los gobiernos municipales;
XV. Determinar y dictaminar la viabilidad de las propuestas de nuevas áreas naturales protegidas
de interés estatal y emitir el decreto correspondiente, en los términos previstos por esta ley;
XVI. Promover el establecimiento de viveros, criaderos y reservas de especies de flora y fauna
silvestre, terrestre y acuática, en su caso, en coordinación con las dependencias federales, en el
ámbito de su competencia;
XVII. Fomentar la realización de auditorías ambientales y supervisar su ejecución, con el apoyo de
los gobiernos municipales;
XVIII. Ordenar la suspensión de cualquiera actividad o acción que contravenga las disposiciones
legales en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, conforme a lo señalado en la
presente ley;
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XIX. La regulación y vigilancia de las actividades riesgosas que, de conformidad a la legislación
federal, no son consideradas altamente riesgosas;
XX. Imponer las sanciones administrativas que procedan, a los infractores de esta ley y demás
ordenamientos aplicables en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente y conciliar el
cumplimiento de la legislación federal en materia de aprovechamiento y protección ambiental de
los recursos naturales, como lo prevén las leyes de las materias correspondientes;
XXI. Emitir su opinión sobre las declaratorias que se expidan para regular los usos del suelo, cuyos
impactos ambientales pueden ser negativos al funcionamiento y estructura de los ecosistemas del
estado;
XXII. Promover y otorgar incentivos y proponer estímulos en favor de los particulares, que
fomenten el desarrollo sustentable y contribuyan a la disminución de la contaminación y el
mejoramiento de la calidad ambiental;
XXIII. Promover la incorporación de contenidos ambientales en los diversos ciclos educativos, para
propiciar el fortalecimiento de la conciencia ambiental;
XXIV. El ejercicio de las funciones en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección
al ambiente que por virtud de los acuerdos o convenios de coordinación celebrados con la
federación se deleguen al estado;
XXV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley en las obras o actividades que
no correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios graves e
irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones
establecidas en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la
protección del ambiente;
XXVI. Atender los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios, de
conformidad a la distribución de competencias que se establece en la presente ley;
XXVII. Asesorar, apoyar, coordinar y fomentar los esfuerzo públicos y privados que tengan por
finalidad el diseño, construcción, operación, supervisión, establecimiento o instalación de plantas
dedicadas a la elaboración de composta con los residuos orgánicos recolectados por el servicio
municipal de aseo;
XXVIII. Crear, administrar y aplicar el Fondo Estatal de Protección al Ambiente;
XXIX. Proponer al titular del Poder Ejecutivo las bases para la celebración del concurso
denominado “Premio Estatal al Cuidado del Medio Ambiente” que será entregado al o a los
municipios que hayan cumplido con los Criterios Ambientales y de Gestión Ambiental de la
presente ley.
Las bases a las que se refiere la presente fracción serán aprobadas mediante acuerdo que deberá
ser publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco;
XXX. Impulsar la investigación científica a fin de regular los mecanismos de modificación artificial
del clima del Estado de Jalisco;
XXXI. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Estatal Contra el Cambio Climático, incluyendo
medidas de mitigación para las consecuencias negativas y coordinarse con las autoridades
competentes para su aplicación en los municipios;
XXXII. Fomentar una cultura preventiva que permita disminuir el grado de vulnerabilidad al
fenómeno global del cambio climático;
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XXXIII. Instrumentar mecanismos de convergencia entre la sociedad y el gobierno que permitan
desarrollar medidas de adaptación y mitigación para enfrentar el cambio climático;
XXXIV. Generar estrategias que permitan a la sociedad conocer e implementar mecanismos de
adaptación para afrontar los efectos del cambio climático;
XXXV. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico para la producción de plásticos de un
solo uso a partir de materiales reciclados, biodegradables o compostables;
XXXVI. Elaborar un programa de sustitución gradual de plásticos de un solo uso, de conformidad
con lo que se establezca en la Norma Técnica Ambiental Estatal;
XXXVII. Elaborar programas de apoyo y asesoría que promuevan que las empresas dedicadas a la
producción de plásticos de un solo uso produzcan con materiales reciclados o con calidad de
biodegradables o compostable;
XXXVIII. Realizar campañas de difusión y concientización dirigidas a la población en general sobre
la importancia de la reducción y del uso responsable de los plásticos de un solo uso, así como dar a
conocer las alternativas de reúso o sustitución de estos productos, y las ventajas que esto conlleva
para la salud y el medio ambiente;
XXXIX. Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado, la Norma Técnica Ambiental Estatal en materia
de producción de bolsas de plástico para acarreo y popotes, en la que se consideren los principios
de reducción, reciclaje y reutilización de las bolsas de plástico, así como las características
específicas requeridas para cada producto;
XL. Certificar a las empresas que cumplan con las disposiciones de la Norma Técnica Ambiental
Estatal a que hace referencia la fracción anterior;
XLI. Elaborar y publicar un padrón de empresas recicladoras o que utilicen materiales reciclados
autorizadas para comercializar los productos plásticos de un solo uso, de conformidad con la
normatividad aplicable; y
XLII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentos aplicables, en materia
ambiental.
Artículo 7º. El Titular del Ejecutivo del Estado y la Secretaría podrán celebrar con los gobiernos
federal y municipales, así como con los sectores social y privado, todo tipo de instrumentos de
coordinación y concertación de acciones para la protección, conservación, restauración y
mejoramiento del entorno ambiental.
Para apoyar la transición de tecnologías a empresas productoras para la sustitución de bolsas de
plástico y popotes por elaborados de material biodegradable, compostable o con contenido de
material reciclado, la Titular del Ejecutivo podrá constituir programas de apoyo dirigidos para este
fin.
CAPÍTULO IV
De las atribuciones de los Gobiernos Municipales
Artículo 8º. Corresponde a los gobiernos municipales directamente, o por delegación, a través de
los organismos o dependencias que para tal efecto designen sus titulares, en el ámbito de su
competencia, de manera general, las atribuciones que se establecen en el artículo 5º de la
presente ley, coordinadamente con la Secretaría y, de manera exclusiva, las siguientes:
I. Evaluar el impacto ambiental respecto de obras o actividades que no sean competencia de la
federación o del estado, que se realicen íntegramente dentro del territorio municipal, y
dependiendo del dictamen satisfactorio de dicha evaluación, otorgar las autorizaciones de usos del
suelo y las licencias de construcción u operación respectivas;
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II. Expedir el ordenamiento ecológico del territorio municipal, en congruencia con los
ordenamientos general del territorio y regional del estado, que al efecto elaboren la federación y la
Secretaría;
III. Dictaminar las solicitudes de autorización que se presenten para descargar aguas residuales en
los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, estableciendo condiciones particulares de
descarga en dicho sistema, de conformidad con la normatividad aplicable, salvo que se trate de
aguas residuales generadas en bienes y zonas de jurisdicción federal; así como, de resultar
necesario, requerir la instalación de sistemas de tratamiento cuando no se satisfagan las normas
oficiales mexicanas o, en su caso, la normatividad estatal que al efecto se expida;
IV. Aplicar en las obras e instalaciones municipales destinadas al tratamiento de aguas residuales,
los criterios que emitan las autoridades federales o estatales, a efecto de que las descargas en
cuerpos y corrientes de agua satisfagan las normas oficiales mexicanas;
V. Proponer las contribuciones correspondientes y, en su caso, el monto de las mismas, para que
pueda llevar a cabo la gestión ambiental que le compete, así como proceder a la imposición de las
sanciones a que haya lugar;
VI. Llevar y actualizar el registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado
que administren, el cual será integrado al registro estatal y nacional de descargas;
VII. Vigilar las descargas de origen municipal y evitar su mezcla con otras descargas, así como el
vertimiento de residuos sólidos;
VIII. Formular y expedir las declaratorias correspondientes para la creación de áreas naturales
protegidas en el municipio, en congruencia con la política ambiental de la federación y del gobierno
del estado;
IX. Formular y promover programas para la disminución y reciclado de residuos sólidos urbanos;
X. Vigilar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de prevención y control de la
contaminación de la atmósfera generada por fuentes fijas y móviles de jurisdicción local cuya
competencia no esté reservada a la federación, así como el aprovechamiento de los recursos
naturales, como lo prevén las leyes correspondientes de la materia;
XI. Expedir la normatividad correspondiente en materia de contaminación visual;
XII. Establecer convenios de colaboración con la Secretaría para la formulación, ejecución y
evaluación del programa municipal de acciones ante el cambio climático;
XIII. Establecer en sus reglamentos, en materia de sustitución de materiales no biodegradables, no
compostables o no reciclados:
a) La gradualidad con la que toda unidad económica deberá sustituir el material de las bolsas de
plástico que proporcionan para el acarreo de productos por materiales biodegradables, reutilizables,
compostables o materiales reciclados;
b) La gradualidad con la que los productores de bolsa para acarreo y popote no biodegradable o sin
contenido de material reciclado asentados en su territorio, deberán producir con materiales
biodegradables, compostables o con contenido de material reciclado; y
c) Las sanciones económicas y administrativas para infractores a las disposiciones de sustitución
de los productos a los que se hacen referencia en las fracciones anteriores;
XIV. Elaborar programas de concientización sobre el uso responsable de los plásticos de un solo
uso dirigidos a las unidades económicas en su ámbito de competencia, así como los beneficios de
la reducción en el consumo, la sustitución y la correcta disposición;
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XV. Coadyuvar con las empresas dedicadas la fabricación de bolsas de plástico o popotes
biodegradables, compostables o con contenido de material reciclado para facilitar el abasto de
estos a unidades económicas y población en general;
XVI. Vigilar el cumplimiento de la transición de bolsas de plástico y popotes no biodegradables, por
biodegradables, compostables o con contenido de material reciclado;
XVII. Establecer en sus disposiciones reglamentarias que las actividades de venta y
comercialización de bolsas de plástico para acarreo y popotes deberán sujetarse a los materiales
establecidos en la Norma Técnica Ambiental Estatal de la materia; y
XVIII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia
ambiental.
CAPÍTULO V
De la política ambiental
Artículo 9º. Para la formulación y conducción de la política ambiental, y demás instrumentos
previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y
protección al ambiente, se observarán los siguientes criterios:
I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las
posibilidades productivas del país y, en especial, del estado de Jalisco;
II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados en forma sustentable de manera que
se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con la evolución de los procesos
productivos;
III. Las autoridades estatales, municipales, y las federales en funciones en el estado, deben de
asumir la responsabilidad de la protección ambiental del territorio de la entidad, bajo un estricto
concepto federalista, conjuntamente con la sociedad;
IV. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes
como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones;
V. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los
desequilibrios ecológicos;
VI. El aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse en forma sustentable;
VII. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son
indispensables para la eficacia de las acciones ambientales;
VIII. El sujeto principal de la concertación ambiental lo son no únicamente los individuos, sino
también los grupos y organizaciones sociales y privadas. El propósito de la concertación de
acciones ambientales es orientar positivamente la interelación (sic) entre la sociedad para proteger
el medio ambiente;
IX. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al gobierno del estado y los gobiernos
municipales, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones
de los particulares en los campos económico y social, se considerarán prioritariamente los criterios
de fragilidad, vulnerabilidad, preservación, protección y fortalecimiento del equilibrio ecológico;
X. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, así como él deber de protegerlo y
conservarlo. Las autoridades, en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas para
preservar ese derecho;
XI. El control, la prevención y la mitigación de la contaminación ambiental, el aprovechamiento
sustentable de los elementos y recursos naturales y el mejoramiento del entorno natural de los
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asentamientos humanos, son elementos fundamentales para recuperar y elevar la calidad de vida
de la población;
XII. En consideración a que preservar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente es
responsabilidad de la sociedad en su conjunto, el estado estudiará y determinará, en su caso, las
aportaciones que en recursos materiales, humanos y financieros deban hacer los usufructuarios
directos e indirectos de un ecosistema determinado;
XIII. Es de interés público y social que las actividades que se llevan a cabo dentro del territorio del
estado, no afecten el equilibrio ecológico internacional o nacional;
XIV. El gobierno del estado promoverá, ante la federación y los gobiernos de las entidades
federativas vecinas a Jalisco, la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas
regionales;
XV. Quien haga uso de los recursos naturales o realice obras o actividades que directa o
indirectamente afecten al ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los costos
ambientales que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja al
ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales, o realicen acciones de
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático;
XVI. La participación de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, en la protección,
prevención, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso
de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente ley y otros ordenamientos
aplicables; y
XVII. No deberá anteponerse el beneficio particular por sobre el derecho de la sociedad a un
ambiente sano y el equilibrio de los ecosistemas en su totalidad, en parte de los mismos o de sus
componentes.
CAPÍTULO VI
De los instrumentos de la política ambiental
SECCIÓN PRIMERA
De la planeación ambiental
Artículo 10º. Para cumplir con los objetivos de la conservación permanente del equilibrio de los
ecosistemas, se observarán las siguientes estrategias generales en la planeación del desarrollo del
estado, de conformidad con esta ley y las demás disposiciones aplicables:
I. Estrategia de desarrollo sustentable: Que comprende planificar con base en el ordenamiento
ecológico del territorio, realizado a escalas que permitan la planificación municipal, la conversión
de los sistemas productivos esquilmantes a sustentables, la transformación limpia de la materia
prima, y el reciclaje de energía basada en el aprovechamiento sustentable de los residuos y ahorro
energético;
II. Estrategia de administración pública vinculada y federalista: Soportada en la operación
coordinada de las diferentes instancias de gobierno en materia de protección al ambiente y
normatividad actualizada, dinámica, justa y eficaz; y
III. Estrategia de protección ambiental permanente: A través del rescate de la calidad de vida,
rehabilitando, restaurando y preservando los ecosistemas, promoviendo la salud ambiental,
previniendo, controlando y atenuando la contaminación, la recuperación de habitabilidad,
estableciendo modelos de desarrollo urbano con criterios ambientales, el fortalecimiento
permanente de la gestión ambiental, promoviendo la educación ambiental en todos los niveles y
gestionando la investigación aplicada, en primera instancia, a la solución de problemas
ambientales puntuales en el estado.
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Artículo 11. El gobierno del estado y los gobiernos municipales, por conducto de las dependencias
y organismos correspondientes, promoverá el desarrollo sustentable con la participación de los
distintos grupos sociales, mediante la elaboración de los programas que tengan por objeto el
aprovechamiento de los recursos naturales, la preservación y restauración del equilibrio ecológico
y la protección al ambiente, según lo establecido en esta ley y las demás aplicables.
SECCIÓN SEGUNDA
De los instrumentos económicos
Artículos 12. Los gobiernos del estado y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el
cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, mediante los cuales se buscará:
I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades agropecuarias,
industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que la satisfacción de los intereses
particulares sea compatible con la de los intereses colectivos de protección ambiental y de
desarrollo sustentable;
II. Fomentar la incorporación a los sistemas económicos de información confiable y suficiente sobre
las consecuencias, beneficios y costos ambientales de los procesos de desarrollo;
III. Promover incentivos para quien realice acciones para la protección, preservación o restauración
del equilibrio ecológico;
IV. Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados a los
objetivos de la política ambiental; y
V. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en especial,
cuando se trate de observar umbrales o límites de la utilización de ecosistemas, de tal manera que
se garantice su integridad y equilibrios, la salud y el bienestar de la población.
Artículo 13. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos
de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los
beneficios y costos ambientales que generan sus actividades económicas, conduciéndolas a
realizar acciones que favorezcan al ambiente.
Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los gravámenes, beneficios y estímulos
fiscales que se expidan de acuerdo a las leyes fiscales respectivas y que tengan por finalidad
incentivar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos
instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.
Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los
fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos, en primer término, a la
preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
al ambiente, así como el financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación
científica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente,
principalmente aquella relacionada con la solución de problemas ambientales prioritarios para el
estado. Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que
corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o
suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de
construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se
considera relevante desde el punto de vista ambiental.
Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no
gravables y quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
Artículo 14. Se considera prioritario, para el efecto del otorgamiento de los beneficios y estímulos
fiscales que se establezcan conforme a las leyes fiscales respectivas, lo siguiente:
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I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan
por objeto evitar, reducir y controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso
sustentable de los recursos naturales y la energía;
II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y utilización de fuentes de
energía menos contaminantes;
III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención y contaminación del agua;
IV. La ubicación y reubicación de instalaciones agropecuarias, industriales, comerciales y de
servicios en áreas ambientales adecuadas;
V. El establecimiento, aprovechamiento y vigilancia de áreas naturales sometidas a las categorías
especiales de protección a las que se refiere esta ley;
VI. La adquisición, instalación y operación de equipos para la prevención y disminución de las
emisiones contaminantes a la atmósfera, así como cualquier otra actividad que tienda a mejorar la
calidad del aire;
VII. La prevención de la contaminación y disminución de los residuos de manejo especial y sólidos
urbanos, así como el fomento de la recuperación, reutilización, reciclaje y disposición final de los
mismos, siempre y cuando se prevenga y disminuya la contaminación ambiental;
VIII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente; y
IX. Los procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales los productores,
industriales u organizaciones empresariales mejoren su desempeño ambiental, respetando la
legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a reducir la contaminación,
incrementen la competitividad, así como a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios
en materia de protección ambiental.
SECCIÓN TERCERA
Del ordenamiento ecológico
Artículo 15. El ordenamiento ecológico regional del estado será formulado por la Secretaría,
considerando las diferentes regiones del territorio estatal, en escalas que permitan a los gobiernos
municipales, la elaboración y expedición de los ordenamientos locales, así como de sus planes de
desarrollo, atendiendo las condiciones ambientales actualizadas y exactas de su superficie.
Artículo 15 Bis. El Ordenamiento Ecológico Regional y los Ordenamientos Locales deberán
llevarse a cabo como un proceso de planeación que promueva:
I. La creación e instrumentación de mecanismos de coordinación entre las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal y los gobiernos municipales;
II. La participación social corresponsable de los grupos y sectores interesados;
III. La transparencia del proceso mediante el acceso, publicación y difusión constante de la
información generada, los métodos utilizados y resultados obtenidos;
IV. El rigor metodológico de los procesos de obtención de información, análisis y generación de
resultados;
V. La instrumentación de procesos sistemáticos que permitan verificar los resultados generados en
cada etapa del proceso de ordenamiento ecológico;
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VI. La generación de indicadores ambientales que permitan la evaluación continua de los procesos
de Ordenamiento Ecológico Regionales y locales, para determinar la permanencia de los
programas, su ajuste o la corrección de desviaciones en su ejecución;
VII. La asignación de lineamientos y estrategias ecológicas con base en la información disponible;
VIII. El establecimiento de un sistema de monitoreo del programa del ordenamiento ecológico
regional y local; y
IX. La permanencia o modificación de lineamientos y estrategias ecológicas a partir del análisis de
los resultados del monitoreo.
El proceso de ordenamiento ecológico regional y local deberá prever mecanismos para determinar
el cumplimiento de las metas con una periodicidad bienal, previstas en los programas, así como la
evaluación de los resultados respecto de las expectativas de ordenación del territorio planteadas.
Artículo 16. La elaboración de los ordenamientos ecológicos regionales y locales, se sustentará en
los siguientes criterios:
I. La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la regionalización ambiental del
estado;
II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de la
población y las actividades económicas predominantes;
III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas, por efecto de los asentamientos humanos, de
las actividades económicas, o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;
IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales;
V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios;
VI. La capacidad de amortiguamiento de los ecosistemas;
VII. La fragilidad ambiental de los ecosistemas; y
VIII. Las medidas de mitigación necesarias ante los efectos producidos por el Cambio Climático.
Artículo 17. La formulación, expedición, ejecución, evaluación y actualización, en su caso, del
ordenamiento ecológico regional del estado, así como de los ordenamientos locales, se realizará
de conformidad con las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan y las demás
aplicables.
El ordenamiento ecológico regional del estado deberá ser revisado cada seis años, durante el
primer año del ejercicio constitucional de la administración estatal. Para ello la Secretaría deberá
realizar un estudio técnico y legal que evalúe el programa vigente y justifique la necesidad o no de
actualizar el programa.
Los ordenamientos ecológicos locales se revisarán y actualizarán en los mismos plazos que se
establecen en el Código Urbano para la revisión y actualización del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano.
Artículo 18. Terminados los trabajos de elaboración de los ordenamientos ecológicos regional del
estado o locales, estos deberán ser sometidos a consulta pública, previo a su declaratoria y
expedición correspondientes. Los criterios emanados de los mismos serán obligatorios a partir del
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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Artículo 19. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, la Secretaría y los
gobiernos municipales deberán promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la
participación de grupos y organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de
investigación y demás personas interesadas, de conformidad con lo establecido en esta ley, así
como en las demás disposiciones aplicables.
Artículo 20. Los ordenamientos ecológicos regional del estado y locales serán considerados en la
regulación del aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización de la actividad
productiva secundaria y de los asentamientos humanos, conforme a las siguientes bases:
I. En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, los ordenamientos ecológicos serán
considerados en:
a). La realización de obras públicas y privadas que impliquen el aprovechamiento de recursos
naturales; y
b). El otorgamiento de asignaciones, concesiones, autorizaciones o permisos para el uso,
explotación y aprovechamiento de aguas concesionadas por la federación;
II. En cuanto a la localización de la actividad productiva secundaria y de los servicios, los
ordenamientos ecológicos serán considerados en:
a). La realización de obras públicas o privadas susceptibles de influir en la localización de las
actividades productivas;
b). El financiamiento a las actividades económicas para inducir su adecuada localización y, en su
caso, su reubicación; y
c). Las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o establecimientos industriales,
comerciales o de servicios; y
III. En lo que se refiere a los asentamientos humanos, los ordenamientos ecológicos serán
considerados en:
a). La fundación de nuevos centros de población;
b). La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del
suelo urbano; y
c). La ordenación urbana del territorio, y los programas de los gobiernos federal, estatal y
municipales para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda.
SECCIÓN CUARTA
De los criterios ambientales en la promoción del desarrollo estatal
Artículo 21. En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y
entidades de los gobiernos estatal y municipales, conforme a sus respectivas áreas de
competencia, que se relacionen con materias objeto de este ordenamiento, así como en el ejercicio
de las atribuciones que se les confieren para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en
general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se observarán
los criterios ambientales generales que establezcan las leyes de la materia, a través del uso de los
instrumentos de la política ambiental.
SECCIÓN QUINTA
De la regulación ambiental de los asentamientos humanos
Artículo 22. La regulación ambiental de los asentamientos humanos, consistirá en el conjunto de
normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda que promueva el gobierno del
estado y las que dicten los gobiernos municipales, para mantener, mejorar y restaurar el equilibrio
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de los asentamientos con los elementos naturales, y asegurar el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
La regulación ambiental de los asentamientos humanos, deberá de estar acorde con la política
ambiental, para lo cual, se instrumentará a través de los ordenamientos ecológicos locales,
disposiciones de desarrollo urbano y los planes parciales de desarrollo de los municipios, así como
los demás instrumentos que procedan.
Artículo 23. Para la regulación ambiental de los asentamientos humanos, las dependencias y
entidades de la administración pública, deberán, además de observar las disposiciones en materia
de desarrollo urbano, los siguientes criterios generales:
I. La política ambiental en los asentamientos humanos requiere, para ser eficaz, de una estrecha
vinculación con la planeación urbana y su aplicación. Para lo cual, los planes parciales y
programas de desarrollo urbano deberán elaborarse atendiendo los lineamientos, disposiciones y
estrategias que se encuentren contenidos en los ordenamientos ecológicos locales y demás
instrumento que al efecto se expidan;
II. Se debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la
población y, a la vez, prever y dirigir las tendencias de crecimiento de los asentamientos humanos,
para mantener una relación suficiente entre la base de los recursos naturales existentes y la
población, cuidando de los factores ambientales que son parte integrante de la calidad de vida.
Para lo cual, la determinación de los usos del suelo, deberá de efectuarse en función de los
ordenamientos ecológicos locales que al efecto se expidan;
III. En el entorno construido por el hombre, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter
ambiental, para proteger y mejorar la calidad de vida de la población y la capacidad de
amortiguamiento de los ecosistemas;
IV. En la elaboración y aplicación de los programas de desarrollo urbano y planes parciales
municipales, se deberán establecer mecanismos de rescate, rehabilitación y mejoramiento de la
calidad de vida de la población, principalmente en las zonas de mayor impacto ambiental; y
V. Se debe evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al
riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático.
Artículo 24. Los criterios generales y locales de regulación ambiental de los asentamientos
humanos serán considerados en:
I. La formulación y aplicación de las políticas estatal y municipales de desarrollo urbano y vivienda;
II. Los programas sectoriales de desarrollo urbano y vivienda que realicen el estado y sus
municipios; y
III. Las normas de diseño, tecnología de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda, y en las
de desarrollo urbano, que expidan las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado.
Artículo 25. En los programas de desarrollo urbano, se incorporarán los siguientes criterios
ambientales:
I. Las disposiciones que establece la presente ley, en materia de preservación y restauración del
equilibrio ecológico y protección al ambiente;
II. La observancia de los ordenamientos ecológicos regional del estado y locales;
III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones
destinadas a la habitación, los servicios y, en general, otras actividades. Dicha proporción será de
una masa arbórea endémica, de cuarenta por ciento del total de la superficie destinada para áreas
verdes, salvo disposición en contrario;
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IV. La vivienda que se construya en las zonas de expansión de los asentamientos humanos,
deberá guardar una relación adecuada con los elementos naturales de esas zonas, y considerar
una superficie de áreas verdes proporcional a la densidad poblacional; y
V. La vivienda que se construya en los asentamientos humanos deberá incorporar criterios de
protección al ambiente, tanto en sus diseños como en las tecnologías aplicadas, para mejorar la
calidad de vida de la población.
SECCIÓN SEXTA
De la evaluación del impacto ambiental
Artículo 26. La realización de obras o actividades públicas o privadas que puedan causar
desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y condiciones señalados en
los reglamentos, las normas oficiales emitidas por la federación y las disposiciones reglamentarias
que al efecto expida el Titular del Ejecutivo del Estado, deberán de sujetarse a la autorización
previa de la Secretaría de los gobiernos municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, siempre que no se trate de las obras o actividades de competencia federal,
comprendidas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, ni de cualesquiera otras reservadas a la federación, sin perjuicio de las diversas
autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades competentes.
Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental, por la realización de obras o actividades
que tengan por objeto el aprovechamiento de recursos naturales, la autoridad competente,
requerirá a los interesados que, en el estudio de impacto ambiental correspondiente, se incluya la
descripción de los posibles efectos de dichas obras o actividades en los elementos culturales y en
el ecosistema de que se trate, considerando el conjunto de elementos que lo conforman, y no
únicamente los recursos que serían sujetos de aprovechamiento.
Artículo 27. Para la obtención de la autorización a que se refiere el artículo anterior, los
interesados deberán presentar, ante la autoridad correspondiente, un estudio de impacto ambiental
que, en su caso, deberá de ir acompañado de un estudio de riesgo ambiental de la obra, de sus
modificaciones o de las actividades previstas, consistentes en las medidas técnicas preventivas y
correctivas para mitigar los efectos adversos al equilibrio ecológico, durante su ejecución,
operación normal y en caso de accidente, considerando las siguientes etapas: descripción del
estado actual del ecosistema y, en su caso, del patrimonio cultural; diagnóstico ambiental y
cultural; y proposición de enmiendas, mitigaciones, correcciones y alternativas, en las fases de
preparación del sitio, operación del proyecto y el abandono o terminación del mismo, lo anterior,
tomando en cuenta los subsistemas abiótico, biótico, perceptual y sociocultural, todo ello en el
contexto de la cuenca hidrológica en el que se ubique.
Los estudios únicamente podrán ser realizados por grupos multidisciplinarios, con conocimientos y
experiencia en la gestión ambiental, quienes además, deberán de cumplir con los requisitos que se
establezcan en el reglamento correspondiente.
Las modalidades de los estudios, los mecanismos y plazos de evaluación se establecerán en el
reglamento respectivo.
Artículo 28. Corresponderá a la Secretaría, evaluar el impacto ambiental a que se refiere el
artículo 26 de ésta ley, respecto de las siguientes materias:
I. Vías generales de comunicación estatales y obra pública local que comprenda o se ubique en
dos o más municipios;
II. Instalación de rellenos sanitarios, y sitios de transferencia o tratamiento de residuos de manejo
especial y sólidos urbanos;
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III. Desarrollos inmobiliarios y nuevos centros de población que no se localicen en áreas urbanas
y/o reservas urbanas y que incidan en ecosistemas donde la regulación del impacto ambiental no
está reservado a la federación;
IV. Proyectos, obras y acciones urbanísticas que se desprendan de los planes y programas
municipales de desarrollo urbano, siempre y cuando su regulación no corresponda a los gobiernos
municipales;
V. Aquellas obras y actividades que incidan en dos o más municipios y que su control no se
encuentre reservado a la federación, cuando por su ubicación, dimensiones o características
puedan producir impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente;
VI. Obras o actividades que pretendan realizarse dentro de áreas naturales protegidas de carácter
estatal siempre que no se trate de obras o actividades de naturaleza reservadas a la federación; y
VII. Las demás que no sean competencia de la federación ni de los gobiernos municipales.
Artículo 29. Corresponderá a los gobiernos municipales, a través de los organismos o
dependencias que los cabildos designen, evaluar el impacto ambiental a que se refiere el artículo
26 de la presente ley, respecto de las siguientes materias:
I. Vías de comunicación y obras públicas municipales, que comprendan o se ubiquen
exclusivamente en su jurisdicción;
II. Desarrollos inmobiliarios y nuevos centros de población dentro del territorio municipal, que
incidan en ecosistemas donde la regulación del impacto ambiental no se encuentra reservada a la
federación, ni al gobierno del estado, siempre y cuando corresponda a reservas urbanas;
III. Exploración, extracción y procesamiento de minerales y sustancias que constituyan depósito de
naturaleza cuyo control no esté reservado a la federación ni al estado y se ubiquen exclusivamente
en su jurisdicción, así como el funcionamiento de bancos de material;
IV. Instalación y operación de establecimientos industriales, comerciales y de servicios que se
ubiquen en su jurisdicción y cuya regulación no se encuentre reservada a la federación ni al
estado; y
V. Las demás que no sean competencia de la federación ni del estado.
Artículo 30. Para llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental en las materias que se señalan
en los dos artículos anteriores, se requerirá la siguiente información, para cada obra o actividad:
I. Su naturaleza, magnitud y ubicación;
II. Su alcance en el contexto social, cultural, económico y ambiental, considerando la cuenca
hidrológica donde se ubique;
III. Sus efectos directos o indirectos en el corto, mediano o largo plazo, así como la acumulación y
naturaleza de los mismos; y
IV. Las medidas para evitar o mitigar los efectos adversos.
Artículo 31. Una vez evaluado el estudio de impacto ambiental, la autoridad estatal o municipal,
según sea el caso, en los términos previstos por los artículos 28 y 29 de esta ley, según
corresponda, dictará la resolución respectiva, en la que podrá:
I. Otorgar la autorización para la ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se
trate, en los términos solicitados;
II. Negar dicha autorización, cuando:
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a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas,
instrumentos de regulación del uso de suelo y demás disposiciones aplicables;
b) Por los efectos acumulativos con otras actividades impactantes en la región, se determine un
riesgo de impactos significativos; o
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes en el estudio de impacto
ambiental.
III. Otorgar la autorización condicionada a la modificación del proyecto de la obra o actividad, a fin
de que se eviten o atenúen los impactos ambientales adversos, susceptibles de ser producidos en
la operación normal y aún en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas,
la autoridad estatal o municipal, según corresponda, señalará los requerimientos que deban
observarse para la ejecución de la obra o realización de la actividad prevista.
Artículo 32. La Secretaría y los gobiernos y municipales, podrán solicitar del gobierno federal, la
asistencia técnica para la evaluación de los estudios de impacto ambiental o de riesgo y, en su
caso, los gobiernos municipales, podrán solicitar a la Secretaría, la asistencia técnica necesaria
para efectuar la evaluación de los estudios de impacto ambiental y de riesgo que en los términos
de esta ley les compete conocer.
SECCIÓN SÉPTIMA
De la normatividad estatal
Artículo 33. La normativa ambiental reglamentaria que al efecto expida el Titular del Ejecutivo del
Estado determinará los parámetros dentro de los cuales se garanticen las condiciones necesarias
de la población, y para asegurar la preservación, conservación y restauración del equilibrio
ecológico, el desarrollo sustentable y la protección al ambiente en el Estado de Jalisco; y tendrá
por objeto:
I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y
límites máximos permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas,
en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en la
producción, uso y destino de bienes, en insumos y en procesos; así como en los productos y
subproductos derivados de actividades susceptibles de contaminación en las distintas etapas que
integran dichos procesos;
II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o
restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente, así como prevenir y disminuir
los riesgos a la salud pública asociados a factores ambientales;
III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la
protección del ambiente y al desarrollo sustentable;
IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los
costos de la afectación ambiental que ocasionen;
V. Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad; y
VI. Fomentar la capacitación y la implementación de programas de apoyo dirigidos a los agentes
económicos más vulnerables o ubicados en zonas marginadas, a fin de que realicen sus
actividades en apego a la normativa ambiental y garanticen su operación de manera sostenible.
Artículo 34. Las actividades y servicios que originen emanaciones, emisiones, descargas o
depósitos que causen o puedan causar desequilibrios ecológicos o producir daños al ambiente, o
afectar los recursos naturales, la salud, el bienestar de la población, los bienes propiedad de los
gobiernos estatal y municipales o de los particulares, deberán observar los límites y procedimientos
que se fijen en las disposiciones aplicables.
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SECCIÓN OCTAVA
De las medidas de protección de áreas naturales
Artículo 35. La Secretaría y los gobiernos municipales establecerán medidas de protección de las
áreas naturales, de manera que se asegure la preservación y restauración de los ecosistemas,
especialmente los más representativos, y de aquellos que se encuentren sujetos a procesos de
deterioro o degradación. Para lo cual, se podrán apoyar en las personas físicas o morales, públicas
o privadas, dedicadas a la protección de los recursos naturales.
SECCIÓN NOVENA
De la investigación y educación ambiental
Artículo 36. La Secretaría promoverá la incorporación de contenidos ambientales en los diversos
ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, dando énfasis al conocimiento de los recursos
naturales de la región, así como la formación cultural de la niñez y la juventud y, en coordinación
con los gobiernos municipales, propiciará el fortalecimiento de la conciencia ambiental, a través de
los medios de comunicación masiva.
El Titular del Ejecutivo del Estado, por conducto de los organismos o dependencias que para tal
efecto señale, promoverá el desarrollo de la capacitación y adiestramiento del magisterio estatal,
en y para el trabajo, en materia de protección al ambiente, de preservación, restauración y
fortalecimiento del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece esta ley, y de conformidad
con los sistemas, métodos y procedimientos que contemple la legislación aplicable. Asimismo,
propiciará la incorporación de los contenidos ambientales en los programas de los organismos
encargados de regular la seguridad e higiene en el trabajo.
Artículo 37. El Titular del Ejecutivo, la Secretaría y los gobiernos municipales, con arreglo a la ley,
fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de tecnologías y
procedimientos alternativos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación; propiciar el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales; preservar, proteger y restaurar los
ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales, determinar la
vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se
podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación,
instituciones del sector social y privado, nacionales o internacionales e investigadores y
especialistas en la materia.
SECCIÓN DÉCIMA
De la información y vigilancia
Artículo 38. El gobierno del estado y los gobiernos municipales, por conducto de sus organismos o
dependencias respectivas, mantendrán un sistema estatal de información ambiental, respecto de la
vigilancia de los ecosistemas y la salud ambiental prevaleciente, en sus respectivas jurisdicciones
territoriales; para lo cual, podrán coordinar sus acciones entre sí, y con el gobierno federal.
Asimismo, establecerán sistemas de evaluación de las acciones que emprendan.
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA
De la autorregulación y auditorías ambientales
Artículo 39. Los productores, industriales u organizaciones empresariales, podrán desarrollar
procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño
ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a
superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.
La Secretaría y los gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias, inducirán:
I. El desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con el ambiente, así como
sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos con cámaras de industriales,
comercios y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones
23
representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y otras
organizaciones interesadas;
II. El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia ambiental que
sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no previstas
(sic) por éstas, las cuales serán establecidas de común acuerdo con particulares o con
asociaciones u organizaciones que los representen. Para tal efecto, la Secretaría y los gobiernos
municipales, según corresponda, podrán promover el establecimiento de nuevas normas oficiales
mexicanas;
III. El establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos para inducir patrones
de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente; y
IV. Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la política
ambiental superiores a las previstas en la normatividad ambiental establecida.
Artículo 40. Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a
través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de
la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad
ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería
aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger
al ambiente.
La Secretaría desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorías ambientales
y supervisará su ejecución, con apoyo de los gobiernos municipales y, en su caso, certificará su
cumplimiento. Para tal efecto:
I. Elaborará los términos de referencia que establezca la metodología para la realización de las
auditorías ambientales;
II. Establecerán un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos y auditores ambientales,
determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados para
incorporarse a dicho sistema.
Para lo cual, integrará un comité técnico constituido por representantes de instituciones de
investigación, colegios y asociaciones profesionales y organizaciones del sector industrial;
III. Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías ambientales;
IV. Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita identificar a las industrias
que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en las auditorías ambientales;
V. Dirigirá sus esfuerzos principalmente a la mediana y pequeña industria, con el fin de facilitar la
realización de auditorías en dichos sectores; y
VI. Convendrá o concertará con personas físicas o morales, públicas o privadas, la realización de
auditorías ambientales.
Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con la empresa auditada, pondrá los programas
preventivos y correctivos derivados de la auditoría ambiental, así como el diagnóstico básico del
cual derivan, a disposición de quienes resulten o puedan resultar directamente afectados.
En todo caso, deberán observarse las disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la
información industrial y comercial.
SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA
Del Fondo Estatal de Protección al Ambiente
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Artículo 41 Bis. El titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, establecerá el Fondo Estatal
de Protección al Ambiente, para la investigación, estudio y atención de asuntos en materia
ambiental que se consideren de interés para el Estado.
Artículo 41 Ter. Los recursos que se integren el Fondo Ambiental serán administrados vía
fideicomiso y se destinarán a:
I. La realización de acciones de preservación del ambiente, la protección ecológica y la
restauración del equilibrio ecológico;
II. La restauración, manejo y administración de las áreas de valor ambiental;
III. Prevención, mitigación y restauración del lago de Chapala, Río Santiago y sitios contaminados
que se determinen por la autoridad competente;
IV. El apoyo a programas de prevención y restauración del equilibrio ecológico que desarrollen los
municipios;
V. El apoyo al desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental;
VI. La prevención y control de la contaminación atmosférica, de suelos y de agua;
VII. La adquisición de tecnologías que midan los niveles máximos permitidos de emisión de
contaminantes en tiempo y condiciones reales;
VIII. La ampliación del sistema de monitoreo de la calidad del aire y programa de verificación,
atendiendo a los requerimientos territoriales;
IX. El mejoramiento del transporte público que presta el Estado, basado en un sistema multimodal;
X. Extender líneas y rutas de transporte público masivo, ciclista y peatonal;
XI. Establecer programas de movilidad escolar; y
XII. Financiar programas y acciones tendientes a mejorar la calidad del aire.
Artículo 41 Quarter. Los recursos del Fondo Ambiental se integrarán con:
I. Las herencias, legados, cesión de derechos y donaciones que reciba;
II. Los recursos destinados para ese efecto en las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos
de la Federación, Estado y los municipios;
III. Aquellos que provengan de fondos, contemplados en normatividad distinta al presente
ordenamiento; y
IV. Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto.
Artículo 41 Quinquies. El Fondo de Protección al Ambiente será administrado mediante un
fideicomiso que contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de:
I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;
II. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial;
III. La Secretaría de Hacienda Pública;
IV. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;
25
V. La Secretaría de Transporte;
VI. La Secretaría de Salud;
VII. La Contraloría del Estado;
VIII. Una de las Instituciones de Educación Superior en el Estado, que será rotativa en forma anual;
IX. Un integrante de la Junta de Coordinación Metropolitana; y
X. Una organización de la sociedad civil cuyo objeto se relacione con la protección al medio
ambiente.
El nombramiento como integrante del Comité es honorífico y por lo tanto no será remunerado.
Para la validez de los acuerdos del Comité, se requerirá la presencia de la mitad más uno de sus
integrantes; las decisiones se tomarán por mayoría simple y en caso de empate el Presidente
tendrá voto de calidad.
Artículo 41 Sexies. El fideicomiso contará con un Consejo Consultivo, encargado de recabar y
analizar las propuestas de proyectos de inversión de los recursos del fondo que serán sometidas a
la decisión del Comité Técnico, mismo que estará integrado por:
I. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que lo presidirá;
II. La Secretaría del Transporte;
III. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;
IV. La Secretaría de Salud;
V. El Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara;
VI. Tres Universidades del Estado;
VII. Centro Mario Molina;
VIII. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; y
IX. Un representante de las cúpulas empresariales.
El nombramiento como integrante del Consejo es honorífico y por lo tanto no será remunerado.
Para la validez de los acuerdos del Consejo, se requerirá la presencia de la mitad más uno de sus
integrantes; las decisiones se tomarán por mayoría simple y en caso de empate el Presidente
tendrá voto de calidad.
TÍTULO SEGUNDO
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
CAPÍTULO I
De las categorías, declaratorias y ordenamiento de las áreas naturales protegidas
SECCIÓN PRIMERA
De los tipos y caracteres de las áreas naturales protegidas
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Artículo 42. En los términos de esta ley, de las demás leyes y reglamentos aplicables, las áreas
naturales del territorio del estado, podrán ser materia de protección, para los propósitos y con los
efectos y modalidades que en tales ordenamientos se precisan, mediante la imposición de las
limitaciones que determinen las autoridades competentes para realizar en ellas sólo los usos y
aprovechamientos socialmente necesarios. Las mismas son consideradas en la presente ley como
áreas naturales protegidas estatales o municipales, y su establecimiento es de interés público.
Artículo 43. La determinación de las áreas naturales protegidas de carácter estatal o municipal,
tiene como objetivos:
I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y
ambientales, y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los
procesos evolutivos y ambientales;
II. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos;
III. Proporcionar un campo adecuado para la investigación científica y el estudio de los
ecosistemas y su equilibrio;
IV. Generar conocimientos y tecnologías que permitan el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales en el estado, así como su preservación;
V. Coadyuvar a preservar la diversidad genética de las especies nativas de flora y fauna, silvestres
y acuáticas, que habitan en las áreas naturales protegidas, particularmente las raras, endémicas,
amenazadas o el peligro de extinción, de conformidad a las normas oficiales mexicanas aplicables;
VI. Propiciar en parte o su totalidad, un espacio favorable para el desarrollo de la educación
ambiental;
VII. Proteger sitios escénicos de interés y valor histórico, cultural y arqueológico;
VIII. Proteger y restaurar zonas de especial importancia por su valor hidrológico y forestal, que
constituyan fuentes de servicios; y
IX. Propiciar el ecoturismo, así como la recreación y el aprovechamiento formativo del tiempo libre
de la población, conforme a criterios ambientales en las áreas naturales protegidas que sus
elementos naturales lo permitan.
Artículo 44. Se consideran áreas naturales protegidas, competencia del gobierno del estado:
I. Los parques estatales;
II. Formaciones naturales de interés estatal;
III. Áreas estatales de protección hidrológica; y
IV. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación
Artículo 45. Se consideran áreas naturales protegidas, competencia de los gobiernos municipales:
I. Los parques ecológicos municipales;
II. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población;
III. Formaciones naturales de interés municipal;
IV. Áreas municipales de protección hidrológica; y
V. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
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Artículo 46. En el establecimiento, administración y desarrollo de las áreas naturales protegidas a
que se refieren los artículos anteriores, participarán los poseedores y propietarios de los terrenos,
así como los habitantes del área en estudio, de conformidad con los acuerdos de concertación que
al efecto se celebren, con el objeto de propiciar el desarrollo integral de las comunidades y
asegurar la protección de los ecosistemas.
En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos
centros de población.
Artículo 47. Los parques estatales son aquellas áreas de uso público, constituidas por el Titular
del Ejecutivo, que contienen representaciones biogeográficas en el ámbito regional de uno o más
ecosistemas, cuya belleza escénica es representativa, tienen valor científico, educativo y de recreo,
y valor histórico, por la existencia de flora y fauna y sus posibilidades de uso ecoturístico.
En los parques y reservas estatales solo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas
con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la
preservación de los ecosistemas y sus elementos, así como con la investigación, recreación,
ecoturismo y educación ambiental.
Artículo 48. Las formaciones naturales son áreas que contienen uno o varios elementos naturales
de importancia estatal, consistentes en lugares u objetos naturales que por su carácter único o
excepcional, interés estético, valor histórico o cultural, o sean símbolos de identidad estatal, se
incorporan a un régimen de protección.
Artículo 49. Las áreas estatales de protección hidrológica son aquellas destinada a la
preservación de ríos, manantiales, humedales y aguas subterráneas, a través de la protección de
cuencas, áreas boscosas, llanuras y todas aquellas áreas que tengan impacto en las fuentes de
producción y/o abastecimiento de agua.
Una vez emitido el decreto correspondiente, el Estado deberá implementar un sistema de
monitoreo que permita verificar el cumplimiento del mismo.
Artículo 50. Los parques ecológicos municipales son aquellas áreas de uso público, constituidas
por los gobiernos municipales, que contienen representaciones biogeográficas en el ámbito
municipal de uno o más ecosistemas, cuya belleza escénica es representativa, tienen valor
científico, educativo y de recreo, y valor histórico para el municipio, por la existencia de flora y
fauna y sus posibilidades de uso ecoturístico.
En los parques ecológicos municipales solo podrá permitirse la realización de actividades
relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en
general con la preservación de los ecosistemas y sus elementos, así como con la investigación,
recreación, ecoturismo y educación ambiental.
Artículo 51. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población, son aquellas áreas
de uso público, constituidas por los gobiernos municipales, en los centros de población, para
sostener y preservar el equilibrio de las áreas urbanas e industriales, entre las construcciones,
equipamientos e instalaciones respectivas, y los elementos de la naturaleza, de manera que se
fomente un ambiente sano, el esparcimiento de la población y los valores artísticos, históricos y de
belleza natural de interés municipal.
Artículo 52. Las formaciones naturales de interés municipal, son aquellas áreas que contienen uno
o varios elementos naturales de importancia municipal, consistentes en lugares u objetos naturales
que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o cultural, o sean símbolos
de identidad municipal, se incorporan a un régimen de protección.
Artículo 53. Las áreas municipales de protección hidrológica son aquellas destinadas a la
preservación de ríos, manantiales, humedales y aguas subterráneas, a través de la protección de
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cuencas, áreas boscosas, llanuras y todas aquellas áreas que tengan impacto en las fuentes de
producción y/o abastecimiento de agua, ubicadas en el territorio de un municipio.
SECCIÓN SEGUNDA
De las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración,
desarrollo y vigilancia de áreas naturales protegidas
Artículo 54. Las áreas naturales protegidas de competencia estatal se establecerán mediante
decreto expedido por el Titular del Ejecutivo del Estado; las áreas naturales protegidas de
competencia municipal se establecerán mediante iniciativa del municipio correspondiente y decreto
del Congreso del Estado. Las declaratorias se harán conforme a éste y los demás ordenamientos
aplicables.
Únicamente los ciudadanos mexicanos, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados
internacionales, podrán proponer la declaratoria de alguna área natural protegida, solicitando
formalmente la intervención del Titular del Ejecutivo del Estado o del gobierno municipal de que se
trate, según corresponda.
La propuesta deberá constar de cuando menos los siguientes elementos:
a) Nombre y domicilio del solicitante;
b) Ubicación del área solicitada;
c) Exposición de hechos que la justifiquen; y
d) Domicilio de los propietarios o legítimos posesionarios de los terrenos del área solicitada, si lo
conociere.
A la solicitud se deberán acompañar los documentos que acrediten los elementos referidos en este
artículo
Artículo 54 Bis. La autoridad que conozca de la propuesta del artículo anterior, resolverá sobre la
viabilidad de la misma y notificará de ello al proponente la resolución correspondiente.
Artículo 55. Para la expedición de las declaratorias deberá realizarse el programa de
aprovechamiento con los estudios técnicos que lo fundamenten, con el apoyo y asesoría que sean
necesarios de instituciones u organismos especializados en la materia, contando además, para el
caso de aquellas de competencia estatal, con la participación de los municipios en cuya
circunscripción territorial se localice el área de que se trate, y con la concurrencia de los dueños,
poseedores y habitantes del área en estudio, a quienes se les hará saber la existencia del proyecto
de declaratoria mediante cédula que se fijará en los estrados de las presidencias municipales que
correspondan, así como a través de publicaciones en uno de los periódicos de mayor circulación
en la localidad, en otro de mayor circulación en el estado y el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco".
Una vez realizada la notificación a que hace referencia el párrafo anterior, el dueño o legítimo
posesionario del predio interesado deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales
siguientes, a manifestar lo que a sus intereses convenga, pudiendo ofrecer todos los elementos de
prueba que justifiquen su intención, siempre y cuando no sean contrarias a la moral y a las buenas
costumbres, o de lo contrario se les tendrá por conforme con los términos del proyecto.
Artículo 56. Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y
vigilancia de las áreas naturales protegidas que establece esta ley, sean de interés estatal o
municipal, se harán en estricto apego al estudio técnico que la fundamente, y contendrán, sin
perjuicio de lo que dispongan otras leyes, los siguientes elementos:
I. La delimitación precisa del área, las coordenadas geográficas de cada vértice, la superficie,
deslinde y, en su caso, la zonificación correspondiente;
29
II. Las modalidades a que se sujetará, dentro del área, el uso o aprovechamiento de los recursos
naturales en general o, específicamente, de aquellos sujetos a protección en el ámbito estatal y
municipal, según corresponda;
III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las
modalidades y limitaciones a que sujetarán;
IV. La causa de utilidad pública que fundamente la expropiación de terrenos, para que el gobierno
del estado o los gobiernos municipales adquieran su dominio, cuando al establecerse un área
natural protegida se requiera dicha resolución. En esos casos, deberán observarse las
prevenciones de las disposiciones correspondientes; y
V. El programa de aprovechamiento del área.
Artículo 57. Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, por
una sola vez, y se inscribirán o incorporarán en él o los registros públicos de la propiedad que
correspondan, y se notificarán a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma
personal, cuando se conocieren sus domicilios; En caso contrario, se hará una segunda
publicación, la cual surtirá efectos de notificación.
Artículo 58. Una vez decretada y delimitada un área natural protegida, sólo podrá ser aumentada
su extensión y, en su caso, se podrán cambiar las restricciones de usos del suelo por la autoridad
que la haya establecido, de conformidad con los estudios que al efecto se realicen para aumentar
su extensión o para cambiar las restricciones de usos del suelo.
Artículo 58 Bis. En caso de áreas naturales protegidas, que hubiesen registrado un incendio; no
podrá ser cambiado el uso de suelo en las superficies afectadas por los incendios, y debe
realizarse la restauración y recuperación de dicha área afectada.
Artículo 59. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones o, en general, de
autorizaciones a que se sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en
áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones de la presente ley, las leyes en que se
fundamenten las declaratorias de creación correspondiente, así como las prevenciones de las
propias declaratorias y su programa de aprovechamiento.
El solicitante deberá, en tales casos, demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica
y económica para llevar a cabo la exploración, explotación y aprovechamiento de que se trate, sin
causar deterioro al equilibrio ecológico.
El gobierno del estado o los gobiernos municipales, tomando como base los estudios técnicos y
socioeconómicos practicados, podrán ordenar la cancelación o renovación del permiso, licencia,
concesión o autorización correspondiente, que hubiese sido otorgado de conformidad al ámbito de
su competencia, cuando la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos ocasione o
pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.
En el caso de áreas naturales protegidas de carácter federal, deberá sugerirle a la federación lo
conducente.
Artículo 59 Bis. La explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas
deberá ser realizado preferentemente por los dueños o posesionarios de los predios.
Cuando por incapacidad económica o técnica los dueños o posesionarios legítimos no pudieren
explotar personalmente los recursos del área natural protegida, deberá otorgarse el permiso
correspondiente a quien los mismos propongan para ese fin, siempre y cuando cumplan con los
requisitos señalados.
Artículo 60. El gobierno del estado y los gobiernos municipales, conforme a lo dispuesto por la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, participarán en las actividades y
30
medidas de conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas
de competencia federal, celebrando, para tal efecto, convenios de coordinación con la federación,
a efecto de regular las materias que se estiman necesarias, como son, enunciativamente:
I. La forma en que la Secretaría, y en su caso, las dependencias de gobierno que el Titular del
Ejecutivo del Estado designe, y los gobiernos municipales participarán en la administración de las
áreas naturales protegidas competencia de la federación;
II. La coordinación de las políticas federales con las del gobierno del estado y los gobiernos
municipales, y la elaboración del programa de aprovechamiento de las áreas naturales protegidas
de competencia federal, con la formulación de compromisos para su ejecución;
III. El origen y destino de los recursos financieros para la administración de las áreas naturales
protegidas competencia de la federación;
IV. Los tipos y forma como se ha de llevar a cabo la investigación y la experimentación en las áreas
naturales protegidas federales; y
V. Las formas y esquemas de concertación con la comunidad, los grupos sociales, científicos y
académicos.
Artículo 60 Bis. Una vez decretada y delimitada un área natural protegida, la autoridad municipal
podrá constituir un Comité Técnico, que coadyuvará en el cumplimiento de los objetivos y acciones
contenidas en el Programa de Aprovechamiento respectivo.
El Comité se integrará en los términos que disponga la autoridad correspondiente, sus integrantes
durarán en el cargo el tiempo que ésta determine y no percibirán remuneración alguna, por tanto
no tendrán relación laboral con la autoridad por virtud de su encargo dentro del Comité.
Artículo 61. Los programas de aprovechamiento de las áreas naturales protegidas de competencia
estatal o municipal, deberán contener, por lo menos, la siguiente información:
I. La justificación, mencionando el criterio bajo el cual se propone la declaratoria, sea esta por
singularidades biogeográficas, por el número de endemismos, la división de especies, la existencia
de paisajes naturales o recursos hidráulicos en la cuenca hidrológica en la que se ubica el área y
los elementos culturales;
II. Los objetivos específicos del área natural protegida;
III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo, entre las que se comprenderán la
investigación, el uso de recursos naturales, y la extensión, difusión, operación, coordinación,
seguimiento y control;
IV. La descripción y diagnóstico actual de las características físicas, biológicas, sociales y
culturales del área en el contexto estatal, municipal y, en su caso, nacional, así como el análisis de
la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva;
V. La delimitación del área con coordenadas geográficas de todos los vértices de sus perímetros;
VI. Las normas oficiales mexicanas aplicables, cuando corresponda, para el aprovechamiento de
los recursos naturales, las cortas sanitarias de cultivo y domésticas, así como aquéllas destinadas
a evitar la contaminación del suelo y de las aguas, y las prácticas agronómicas que propicien el
aprovechamiento sustentable de los recursos;
VII. Los beneficios concretos que serán derramados socialmente en su área física, así como su
influencia directa e indirecta; y
VIII. Las propuestas de esquemas de financiamiento para la gestión del área.
31
Artículo 62. Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier
derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas, deberán
contener referencia de la declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción o
incorporación en el registro público de la propiedad.
Los notarios o los fedatarios públicos, sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos,
convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente
artículo.
Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo que en la mencionada declaratoria se
establezca.
CAPÍTULO II
Del sistema estatal de áreas naturales protegidas
Artículo 63. Las áreas naturales protegidas consideradas de interés federal, estatal y municipal,
constituyen, en su conjunto, el sistema estatal de áreas naturales protegidas.
Artículo 64. La Secretaría llevará un registro de las áreas integrantes del sistema estatal de áreas
naturales protegidas, en el que se consignen los datos de su inscripción o incorporación en los
registros públicos de la propiedad, de conformidad al reglamento que al respecto se expida.
CAPÍTULO III
De las Zonas de Recuperación Ambiental
Artículo 64-A. Se podrán declarar zonas de recuperación ambiental estatal o municipal aquellos
predios que reúnan alguna de las características siguientes:
I. Predios que contengan áreas verdes, cuya biodiversidad no sea suficiente para obtener
declaratoria de alguna de las categorías de área natural protegida previstas por la presente ley y
que presenten procesos acelerados de degradación o desertificación, que impliquen la pérdida o
afectación de recursos naturales o generen grave desequilibrio ecológico, a fin de que se realicen
acciones necesarias para su mitigación, recuperación y restablecimiento en las condiciones que
mantengan su biodiversidad y propicien la continuidad de los procesos naturales que ahí se
desarrollaban; o
II. Predios que circunden a las áreas naturales protegidas, cualquiera que sea su clasificación o
categoría, como medida de sustentabilidad ambiental y de seguridad contra el impacto ambiental
que reciban del exterior, así como que asegure su conservación, protección, restauración y
recuperación de las condiciones de su biodiversidad.
Artículo 64-B. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, así como los ayuntamientos,
podrán declarar zonas de recuperación ambiental a efecto de:
I. Asegurar jurídicamente el uso y destino de aquellas áreas verdes o superficies territoriales cuya
biodiversidad sea escasa o reducida, de tal manera que no reúna los requisitos o las
características necesarias para ser susceptible de alcanzar declaratoria de área natural protegida,
en los términos de la presente ley;
II. Asegurar jurídicamente el uso y destino de aquellas áreas verdes o superficies territoriales que
no estén sujetas a algún régimen de protección ambiental, cuya biodiversidad presente procesos
acelerados de degradación o desertificación, que impliquen la pérdida o afectación irreversible de
recursos naturales o generen grave desequilibrio ecológico, evitando cambios de uso de suelo que
alteren irreversiblemente el entorno;
III. Asegurar la restauración, recuperación y protección de las condiciones de biodiversidad de
aquellos predios que contengan áreas verdes que no estén sujetas a algún régimen de protección
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ambiental, para que mantengan y propicien la continuidad de los procesos naturales que ahí se
desarrollaban; o
IV. Asegurar jurídicamente el uso y destino de aquellas áreas verdes o superficies territoriales que
no estén sujetas a algún régimen de protección ambiental, que circunden a las áreas naturales
protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, como medida de sustentabilidad ambiental
y de seguridad contra el impacto ambiental que reciban del exterior, así como que asegure su
conservación, protección, restauración y recuperación de las condiciones de su biodiversidad.
Artículo 64-C. Las zonas de recuperación ambiental de competencia estatal se establecerán
mediante decreto expedido por el titular del Ejecutivo del Estado; las zonas de recuperación
ambiental de competencia municipal se establecerán mediante iniciativa del municipio
correspondiente y decreto del Congreso del Estado; las declaratorias se harán conforme a este y
los demás ordenamientos aplicables.
Las declaratorias deberán publicarse en el periódico oficial El Estado de Jalisco así mismo, deberán
ser inscritas en el registro público de la propiedad que corresponda.
Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen
de propiedad, y expresarán:
I. La delimitación precisa del área sujeta a recuperación ambiental, precisando superficie, coordenadas
geográficas de cada vértice, ubicación y deslinde;
II. Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la
zona;
III. Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de
los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad;
IV. El programa de recuperación ambiental correspondiente;
V. Para el caso de zonas que circunden con un área natural protegida, el programa de recuperación
ambiental deberá considerar exclusivamente acciones compatibles con el decreto que establece el
área natural protegida y con su programa de manejo o de aprovechamiento, según sea el caso; y
VI. La causa de utilidad pública que fundamente la expropiación de terrenos, para que el Gobierno del
Estado o los gobiernos municipales adquieran su dominio, en su caso.
Artículo 64-D. Los programas de recuperación ambiental de competencia estatal o municipal, deberán
contener, por lo menos, la siguiente información:
I. La justificación, mencionando el criterio bajo el cual se propone el establecimiento de la zona de
recuperación ambiental;
II. Los objetivos específicos de la zona de recuperación ambiental;
III. La delimitación del área con coordenadas geográficas de todos los vértices de sus perímetros;
IV. Descripción detallada de las acciones a realizar para regenerar, recuperar o restablecer las
condiciones naturales de la zona;
V. Los responsables del manejo de la zona, así como las fuentes de financiamiento para realizar las
obras y acciones que correspondan;
VI. Los plazos para la ejecución de dicho programa; y
VII. El manejo integral que se dará al área, una vez que se considere plenamente restaurada,
priorizando siempre la conservación.
33
Artículo 64-E. Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro
derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las zonas que fueren materia de las
declaratorias a que se refiere el artículo 64 bis quedarán sujetas a la aplicación de las modalidades
previstas en las propias declaratorias.
Los fedatarios públicos que expidan instrumentos públicos en los que conste una escritura, convenio
contrato o cualquier otro acto de naturaleza análoga, deberán hacer constar tal circunstancia.
Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo establecido en la mencionada
declaratoria.
CAPÍTULO IV
De Los Instrumentos de Participación Voluntaria para la Conservación
SECCIÓN PRIMERA
De Las Áreas Estatales Destinadas Voluntariamente a la Conservación.
Artículo 64-F. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se
establecerán mediante certificado que expida la Secretaría, en el cual las
reconozca como áreas naturales protegidas.
Los interesados en obtener dicho certificado presentarán una solicitud que
contenga:
I. Nombre del propietario o legítimo poseedor;
II. Documento legal que acredite la propiedad del predio o la legítima posesión en
caso de tratarse de parcelas;
III. Cuando se trate de ejidos o comunidades, deberán presentar la resolución de
la asamblea correspondiente en términos de la legislación aplicable, en la que se
manifieste la voluntad de destinar sus predios a la conservación;
IV. Nombre de las personas autorizadas para realizar actos de administración en
el área;
V. Denominación, ubicación, superficie y colindancias del área;
VI. Descripción de las características físicas y biológicas generales del área;
VII. Programa de manejo y aprovechamiento que incluya la zonificación del área;
y
VIII. Plazo por el que se desea certificar el área, el cual no podrá ser menor a
quince años.
Artículo 64-G. El certificado que expida la Secretaría deberá contener:
I. Nombre del propietario o legítimo poseedor;
II. Denominación, ubicación, superficie y colindancias del área;
34
III. Características físicas y biológicas generales del predio y su estado de
conservación, en los términos que establezca el reglamento de la materia;
IV. Programa de manejo y aprovechamiento; y
V. Vigencia del certificado, la que no podrá ser menor de quince años.
Artículo 64-H. La Secretaría expedirá la certificación en función de las
características físicas y biológicas generales, el estado de conservación de los
predios, el plazo por el que se emite el certificado, su estrategia de manejo y
aprovechamiento y en su caso, la ubicación dentro de un área natural protegida.
Las instituciones que destinen apoyos y subsidios para estas áreas, deberán
considerar lo señalado en el párrafo anterior, para definir y determinar el acceso a
los instrumentos económicos que tendrán los propietarios o legítimos poseedores
de dichos predios.
Artículo 64-I. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se
administrarán por su propietario o legítimo poseedor y se manejarán conforme al
programa de manejo y aprovechamiento definido en el certificado.
Cuando dichas áreas se ubiquen dentro del polígono de otras áreas naturales
protegidas previamente declaradas por la Federación, el Ejecutivo del Estado o los
municipios, el programa de manejo y aprovechamiento observará lo dispuesto en
las declaratorias y los programas de manejo o aprovechamiento correspondientes,
además de lo establecido en el certificado correspondiente.
Cuando el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo del Estado o los municipios, establezcan
un área natural protegida cuya superficie incluya total o parcialmente una o varias
áreas destinadas voluntariamente a la conservación, tomarán en consideración las
estrategias de manejo y aprovechamiento determinadas en los certificados que
expida la Secretaría.
Artículo 64-J. Cuando en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación
se realice el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, los productos
obtenidos podrán ostentar un sello de sustentabilidad expedido por la Secretaría,
conforme al procedimiento previsto en el Reglamento.
Las certificaciones de áreas destinadas voluntariamente a la conservación,
emitidos por la Secretaría, deberán ser considerados por las instituciones públicas
competentes, en la certificación de productos o servicios.
SECCIÓN SEGUNDA
De los Paisajes Bioculturales
Artículo 64-K. El reconocimiento del paisaje biocultural implica la participación de la sociedad civil,
los sectores productivos, la academia y las entidades gubernamentales bajo una visión compartida
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de gestión del territorio y requiere para su formalización, el acuerdo de los municipios involucrados,
así como la adhesión de los diversos actores en torno a dicha visión común.
Artículo 64-L. Los paisajes bioculturales se reconocerán mediante el certificado que emita la
Secretaría, el cual tendrá una vigencia de quince años, los cuales podrán concluir de manera
anticipada por cumplimiento de la finalidad o finalización del objeto de paisaje biocultural.
La expedición de dichos certificados, se sujetará a lo establecido en el reglamento de la materia, el
cual deberá contemplar, por lo menos lo siguiente:
I. La forma en que los Gobiernos Municipales soliciten el reconocimiento de paisajes bioculturales;
II. La manera en que deberá constar el acuerdo de los ayuntamientos y los demás interesados en
obtener el certificado;
III. Los documentos y estudios técnicos que deberán adjuntarse a la solicitud;
IV. Los criterios para desarrollar el programa para reconocer con la marca, sello o distintivo del
paisaje biocultural a los bienes y productos que se generen dentro del territorio determinado y que
contribuyan a la preservación de las condiciones ambientales y culturales del paisaje; y
V. El Gobierno Municipal deberá acompañar un documento denominado “carta territorial”,
mediante la cual se establezcan las estrategias y medidas de gestión territorial que se propongan
para contribuir a la gestión territorial integrada, con una visión a largo plazo.
Artículo 64-M. La Secretaría, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, concederá el
uso del distintivo que identifique a los paisajes bioculturales del Estado de Jalisco, a las
administraciones de los paisajes que cuenten con un certificado vigente, a su vez, licencien su uso
en bienes y servicios generados o prestados en su territorio, siempre y cuando los mismos cumplan
con las características que se señalen en el programa correspondiente.
Queda prohibido el uso de la marca que identifique a los paisajes bioculturales del Estado de
Jalisco por cualquier persona a la cual no se le haya concedido su uso de acuerdo con lo
establecido en esta ley o su reglamento.
Artículo 64-N. El Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales tomarán en cuenta las
estrategias de gestión territorial y las medidas establecidas en la “carta territorial” para la
conformación de nuevas áreas naturales protegidas y la planeación del territorio cuando estos
actos se refieran a superficies contempladas en los certificados de paisajes bioculturales.
Las estrategias y medidas de gestión que adopte el paisaje biocultural y que sean validadas por la
Secretaría, por ser compatibles con el marco de planeación general del territorio serán tomadas en
cuenta en la planeación de políticas y acciones que realicen las diversas instancias de Gobierno; de
igual forma, los paisajes bioculturales, por conducto de sus órganos de representación, podrán
fungir como representantes de la colectividad ante las instancias del gubernamentales y los
diversos órganos de consulta existentes, de acuerdo con la reglamentación aplicable.
Capítulo V
De los Corredores Biológicos
Artículo 64-Ñ. Un corredor biológico es un espacio geográfico delimitado que proporciona
conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, que asegura el
mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos.
Artículo 64-O. Corresponde a la Secretaría, la identificación, delimitación, establecimiento y
conservación de los corredores biológicos, que se requieran en el Estado, para la conectividad y
flujo tanto de flora y fauna entre las áreas, para lo cual se podrá coordinar con los Ayuntamientos
respectivos.
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Artículo 64-P. Los objetivos de los corredores biológicos son:
I. Conservar la conectividad ecológica natural y territorial entre las diferentes áreas del estado,
brindando facilidades para su delimitación y restauración en todas las regiones del Estado;
II. Fortalecer las capacidades institucionales locales, para el correcto aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales; y
III. Servir como instrumento de los gobiernos locales para la institucionalización de programas y
políticas públicas que fomenten el flujo natural de especies de flora y fauna dentro de los
ecosistemas del Estado.
Artículo 64-Q. Las líneas de acción por parte de la autoridad responsable dentro de los corredores
biológicos serán las siguientes:
I. Conservación;
II. Protección;
III. Restauración;
IV. Monitoreo;
V. Evaluación;
VI. Vigilancia;
VII. Aprovechamiento sustentable; y
VIII. Las demás que beneficien la conservación de los corredores biológicos.
Artículo 64-R. Se podrán establecer como corredores biológicos por parte de las autoridades
responsables, las áreas geográficas cuando cumplan con los siguientes criterios:
I. Interconexión Biológica;
II. Alta Biodiversidad;
III. Endemicidad; y
IV. Riesgo de Deterioro o vulnerabilidad.
Artículo 64-S. Las autoridades responsables deberán contemplar dentro de todos sus planes,
programas y políticas públicas los corredores biológicos, en el ámbito de su competencia, de
conformidad con el presente capítulo.
TÍTULO TERCERO
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ELEMENTOS
NATURALES
CAPÍTULO I
De la conservación y aprovechamiento sustentable del agua
y los ecosistemas acuáticos
Artículo 65. Para la conservación y el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas
acuáticos, en el ámbito de competencia estatal y municipal, según corresponda, se considerarán
los siguientes criterios:
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I. Corresponde al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, así como a la sociedad, la
protección de los ecosistemas acuáticos y la conservación de los elementos naturales que
intervienen en el ciclo hidrológico;
II. El aprovechamiento de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos, debe
realizarse de manera que no se afecte su naturaleza; y
III. Para la conservación de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se
deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas, y el mantenimiento de
caudales básicos ambientales de las corrientes de aguas, así como la capacidad de recarga de los
acuíferos.
Artículo 66. El gobierno del estado y los gobiernos municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, aplicarán las normas oficiales mexicanas que correspondan, para el establecimiento
y aprovechamiento de zonas de protección de ríos, arroyos, manantiales, lagos, embalses,
depósitos, así como fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones y
actividades productivas, agrícolas, pecuarias, pesqueras, de acuacultura e industriales, y
participarán en el establecimiento de reservas de agua para la conservación de ecosistemas
acuáticos y para el uso y consumo humano.
Artículo 67. Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de
desperdicio, el gobierno del estado y los gobiernos municipales, promoverán el tratamiento de
aguas residuales y su reúso, así como el aprovechamiento de las aguas pluviales por medio de
pozos de absorción y otros sistemas de captación, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales,
con el propósito de recargar los mantos acuíferos y establecer el aislamiento de los sistemas de
drenaje y alcantarillado de las aguas pluviales, y asegurar su correcto aprovechamiento.
Artículo 68. El Titular del Ejecutivo del Estado y la Secretaría, conjuntamente con los gobiernos
municipales, podrá celebrar con la federación, convenios o acuerdos de coordinación para
participar en las acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección de los ecosistemas acuáticos.
CAPÍTULO II
Del aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos
Artículo 69. Para la protección y aprovechamiento del suelo en el estado, se considerarán los
siguientes criterios:
I. El uso del suelo debe ser compatible con su condición de fragilidad ambiental y no debe alterar el
equilibrio de los ecosistemas, por lo que, su adecuado aprovechamiento requerirá de un programa
que contemple los aspectos emanados de los ordenamientos ecológicos regional del estado y
locales; y
II. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro
severo de los suelos, deberán incluir acciones equivalentes de mitigación, restauración,
estabilización y rehabilitación.
Artículo 70. En las zonas que presentan graves alteraciones ambientales, la Secretaría y los
gobiernos municipales, promoverán y formularán los programas especiales para la restauración del
equilibrio ecológico, en sus respectivos ámbitos de competencia.
TÍTULO CUARTO
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
CAPÍTULO I
De la prevención y control de la contaminación atmosférica
Artículo 71. Para la protección de la atmósfera, se considerarán los siguientes criterios:
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I. La calidad del aire deberá ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y regiones del
estado; y
II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, en la entidad, sean de fuentes fijas o móviles,
deberán de ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el
bienestar de la población y el equilibrio ecológico.
Artículo 72. La Secretaría y los gobiernos municipales, en materia de contaminación atmosférica,
en el ámbito de sus respectivas competencias:
I. Llevarán a cabo las acciones de prevención y control de la contaminación del aire en bienes y
zonas de jurisdicción local;
II. Aplicarán los criterios generales para la protección de la atmósfera, en las declaratorias de usos,
destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas en que será permitida la instalación de
industrias potencialmente contaminantes;
III. Convendrán y, de resultar necesario, ordenarán a quienes realicen actividades contaminantes,
la instalación de equipos o sistemas de control de emisiones, cuando se trate de actividades de
jurisdicción local, y promoverán, ante la federación, dicha instalación, en los casos de jurisdicción
federal, cuando se rebasen los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas
correspondientes;
IV. Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación ambiental;
V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de fuentes fijas y móviles de
jurisdicción local, en el ámbito de sus respectivas competencias;
VI. Establecerán y operarán con el apoyo técnico, en su caso, de la federación, sistemas de
monitoreo de la calidad del aire. Dichos sistemas deberán contar con dictamen técnico previo de la
autoridad federal. Asimismo, aportarán los reportes locales del monitoreo a la información nacional,
cuya integración está a cargo de la federación;
VII. Establecerán programas de verificación de emisiones contaminantes con carácter de
obligatorio para los vehículos que se encuentren registrados o los de estancia permanente en las
áreas metropolitanas, zonas metropolitanas o municipios, de más de cien mil habitantes en el
Estado de Jalisco, que cuenten con centros de verificación vehicular, así como para los vehículos
oficiales de todos los entes públicos en el estado que se encuentren registrados en el Estado;
Corresponden a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, las siguientes
atribuciones:
a) Establecer, conducir y coordinar la política para la verificación vehicular en el Estado de Jalisco,
como parte de los instrumentos de control de las emisiones contaminantes de los vehículos
automotores;
b) Promover otros instrumentos de política para que de manera conjunta con la verificación
vehicular fortalezcan el control de la contaminación atmosférica;
c) Proponer instrumentos de política y programas para el mejoramiento del parque vehicular;
d) Contratar en coordinación con la Secretaría de Administración, el servicio para la
implementación de tecnología para la verificación vehicular;
e) Planear la distribución de los establecimientos de verificación vehicular conforme a las reglas,
criterios y lineamientos que se establezcan en las disposiciones del reglamento en la materia;
f) Emitir el programa de verificación vehicular conforme a las disposiciones del reglamento en la
materia;
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g) Certificar la factibilidad y autorizar la instalación de los establecimientos de verificación vehicular,
así como resolver sobre su modificación, revocación, cesión o prórroga;
h) Proponer la tarifa de la verificación vehicular del programa de verificación vehicular la cual se
establecerá en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco;
i) Determinar el monto que se deberá enterar por cada línea de verificación que se instale en los
establecimientos de verificación vehicular;
j) Aprobar los contratos para suministrar la tecnología a establecimientos que presten el servicio de
verificación vehicular;
k) Promover la participación de los municipios en la constitución de esquemas asociativos para la
instalación y operación de establecimientos de verificación vehicular; y
l) En coordinación con la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaria de Planeación y
Participación Ciudadana, evaluar y procurar la rentabilidad y retorno de inversiones para la
operación del programa de verificación vehicular por parte de los particulares.
VIII. Establecerán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por
contaminación atmosférica;
IX. Elaborarán los informes sobre la situación del medio ambiente en el Estado y los municipios
que convengan con la Federación, a través de los acuerdos de coordinación que se celebren;
X. Establecerán programas para la reducción de emisiones contaminantes generadas por
vehículos automotores, a través de la implementación de campañas de sustitución de catalizadores
y otras tecnologías reductoras de emisiones;
XI. Celebrar convenios con la Federación a efecto de obtener los estímulos fiscales tendientes a
incentivar la renovación del parque vehicular, tanto público como privado; y
XII. Ejercerán las demás facultades que les confieran las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Artículo 72 Bis. Los propietarios o poseedores de vehículos automotores, deberán pagar los
derechos correspondientes del programa de verificación vehicular conforme a la Ley de Ingresos
del Estado de Jalisco.
Los entes públicos deberán realizar las previsiones presupuestales necesarias para que su parque
vehicular cumpla con el programa de verificación vehicular.
Será responsabilidad del servidor público que tenga asignado o bajo su resguardo un vehículo
oficial, que éste cumpla con el programa de verificación vehicular.
Artículo 73. Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción local que emitan
o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas y líquidas a la atmósfera, se requerirá
autorización de la Secretaría, en los términos que fije el reglamento de la presente ley.
Para los efectos a que se refiere esta ley, se considerarán fuentes fijas de jurisdicción local, los
establecimientos industriales, comerciales y de servicios, cuya regulación no se encuentra
reservada a la federación.
Artículo 74. En materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, los gobiernos
municipales, de conformidad con la distribución de competencias establecida en la presente ley,
además de las atribuciones previstas en el artículo 72, tendrán las siguientes:
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I. La aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de prevención y control de
la contaminación de la atmósfera, para controlar la contaminación del aire en los bienes y zonas de
su jurisdicción, así como en las fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales,
comerciales y de servicios, establecidos en su jurisdicción, siempre que su regulación no se
encuentre reservada a la federación;
II. Vigilar e inspeccionar la operación de fuentes fijas de jurisdicción local, para asegurar el
cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de conformidad
con lo dispuesto en el reglamento de la presente ley y las normas oficiales mexicanas respectivas;
y
III. Mediante el procedimiento administrativo previsto en esta ley, imponer las sanciones y medidas
que correspondan por infracciones a las disposiciones de éste ordenamiento y sus reglamentos, o
a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que se expidan de acuerdo con esta ley.
Artículo 75. No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar
desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera se
observarán las prevenciones de esta Ley y las disposiciones reglamentarias que de ella emanen;
así como las normas oficiales expedidas por el ejecutivo federal y la normatividad reglamentaria
que al efecto se (sic) expida el Gobierno del Estado.
Artículo 76. Las autoridades estatales y municipales, en su caso, promoverán en las zonas que se
hubiesen determinado como aptas para uso industrial, cercanas a las áreas habitacionales, la
instalación de industrias que utilicen tecnologías y energéticos no contaminantes, o de bajo nivel
de contaminación.
Artículo 77. En los programas de desarrollo urbano estatal y planes parciales municipales, se
considerarán las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas para asegurar la
adecuada dispersión de contaminantes.
CAPÍTULO II
De la prevención y control de la contaminación del agua
y de los ecosistemas acuáticos
Artículo 78. Para la prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas
acuáticos, se considerarán los siguientes criterios:
I. La prevención y control de la contaminación del agua son fundamentales, para evitar que se
reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del estado;
II. Corresponde a la Secretaría, los gobiernos municipales, y a la sociedad, prevenir la
contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua,
incluyendo las aguas del subsuelo;
III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su
contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en
condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades, y para mantener el equilibrio de los
ecosistemas;
IV. Las aguas residuales de origen urbano, industrial, agropecuario, acuícola o pesquero, deben
recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, embalses, aguas marinas y demás
depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y
V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad son condiciones indispensables para evitar
la contaminación del agua.
Artículo 79. Para evitar la contaminación del agua, la Secretaría y los gobiernos municipales,
coadyuvarán con las autoridades federales en la regulación de:
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I. Las descargas de origen industrial;
II. Las descargas de origen municipal y su mezcla con otras descargas;
III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias, acuícolas o pesqueras;
IV. Las infiltraciones de origen humano, industrial, agropecuario, acuícola o pesquero que afecten
los mantos acuíferos;
V. El vertimiento de residuos de manejo especial y sólidos urbanos en cuerpos y corrientes de
agua y en los sistemas de drenaje y alcantarillado; y
VI. La disposición final de los lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas.
Artículo 80. Para prevenir y controlar la contaminación del agua en el estado, a los gobiernos
municipales les corresponde;
I. El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado;
II. Requerir a quienes generen descargas a dichos sistemas y no satisfagan las normas oficiales
mexicanas que se expidan, la instalación de sistemas de tratamiento o soluciones alternativas;
III. Proponer el monto de los derechos correspondientes para llevar a cabo el tratamiento
correspondiente o las acciones necesarias y, en su caso, proceder a la imposición de las
sanciones a que haya lugar; y
IV. Llevar y actualizar el registro de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que
administren, el que será integrado al registro nacional de descargas a cargo de la federación.
Artículo 81. No podrán descargarse en cualquier cuerpo o corriente de agua, aguas residuales
que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y autorización del gobierno del estado o de
los gobiernos municipales, en los casos de descarga en aguas de su competencia o a los sistemas
de drenaje y alcantarillado de los centros de población, respectivamente.
Artículo 82. Las aguas residuales provenientes de usos municipales, públicos o domésticos, y las
de usos industriales, agropecuarios, acuícolas y pesqueros que se descarguen en los sistemas de
alcantarillado de las poblaciones, o en las cuencas, ríos, cauces, embalses y demás depósitos o
corrientes de agua, así como las que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo y, en general,
las que se derramen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir:
I. La contaminación de los cuerpos receptores;
II. Las interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y
III. Los trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el
funcionamiento adecuado de los ecosistemas y, en la capacidad hidráulica, en las cuencas,
cauces, embalses, mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad nacional, así como en los
sistemas de alcantarillado.
Artículo 83. Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, embalses, aguas
marinas y demás depósitos o corrientes de agua, y los derrames de aguas residuales en los suelos
o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer los limites máximos permisibles de descarga
establecidas en las hormas oficiales mexicanas aplicables y, en su caso, las dispuestas en la
normatividad que al efecto expidan el Titular del Ejecutivo y los gobiernos municipales.
Corresponderá a quien genere dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido.
Artículo 84. Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que diseñen,
operen o administren el gobierno del estado, los gobiernos municipales o los organismos privados,
deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan.
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Artículo 85. El gobierno del estado y los gobiernos municipales, en los casos de aguas de su
competencia, se coordinarán con la federación, a efecto de realizar un sistemático y permanente
monitoreo de la calidad de las aguas, para detectar la presencia de alteraciones, contaminantes,
desechos orgánicos o azolves, y aplicar las medidas que procedan o, en su caso, promover su
ejecución.
CAPÍTULO III
De la prevención y control de la contaminación del suelo
Artículo 86. Corresponde a la Secretaría, a los gobiernos municipales y a la sociedad en general
prevenir la contaminación del suelo, para lo cual se considerarán los siguientes criterios:
I. Se deroga;
II. Deben ser controlados los residuos, en tanto que constituyan la principal fuente de
contaminación de los suelos;
III. Evitar y disminuir la generación de residuos de manejo especial y sólidos urbanos e incorporar
técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje; y
IV. Deben ser controladas y reguladas las aplicaciones de agroquímicos y pesticidas en las
actividades productivas del sector primario, para lo cual, el gobierno del estado y los gobiernos
municipales, en el ámbito de sus competencias, promoverán acciones alternativas de fertilización
orgánica y control sanitario de plagas y enfermedades mediante procedimientos físicos u
orgánicos.
Artículo 87. Los criterios establecidos en el artículo anterior, se considerarán, en el ámbito de
competencia estatal y municipal, en los siguientes casos:
I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano;
II. La operación de los sistemas de limpia y las autorizaciones para la instalación y operación de
rellenos sanitarios de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; y
III. Las autorizaciones para la instalación y operación de rellenos sanitarios.
Artículo 87 Bis.- Los Poderes Públicos del Estado, Ayuntamientos, Organismos Públicos
Autónomos, Descentralizados y Paraestatales, y sus dependencias deberán capacitar a sus
servidores públicos y establecer las medidas que se requieran para el reciclaje de los residuos
sólidos no peligrosos que generen respectivamente, en los siguientes casos:
I. Cuando las instituciones públicas, antes mencionadas puedan de manera autónoma establecer
sus propios métodos de reciclaje; y
II. Mediante celebración de convenios, cuando en la circunscripción territorial donde se encuentre,
existan instituciones públicas o privadas que utilicen los residuos sólidos en proceso de reciclado o
existan centros de acopio derivados de este proceso puedan ser recibidos.
Artículo 88. Los residuos que se acumulen, o puedan acumularse, y se depositen o infiltren en los
suelos, reunirán las condiciones necesarias para prevenir o evitar:
I. La contaminación del suelo;
II. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;
III. Las alteraciones en el suelo que afecten su aprovechamiento, uso o explotación; y
IV. Riesgos y problemas de salud.
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Artículo 89. Queda sujeto a la autorización de la Secretaría en coordinación con los gobiernos
municipales, en los términos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado, las normas oficiales mexicanas y
la normatividad estatal que se expida, el funcionamiento de los sistemas de recolección,
almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos de
manejo especial.
Artículo 90. Queda sujeto a la vigilancia del gobierno del estado en coordinación con los gobiernos
municipales, con referencia a las normas oficiales mexicanas correspondientes y la normatividad
estatal que al efecto se expida, la aplicación y uso de agroquímicos y pesticidas en las actividades
del sector primario, dentro del territorio estatal, debiendo el gobierno del estado y los gobiernos
municipales remitir las opiniones técnicas y los señalamientos respectivos a la instancia
correspondiente, con el fin de proteger la productividad y el desarrollo de los suelos de la entidad.
Artículo 91. El Titular del Ejecutivo del Estado y la Secretaría, así como los gobiernos municipales
podrán celebrar acuerdos de coordinación y asesoría con la federación, para:
I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de
residuos de manejo especial y sólidos urbanos;
II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos sólidos urbanos,
incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes generadoras; y
III. El control y regulación de la aplicación y uso de agroquímicos y pesticidas en las actividades del
sector primario que se realicen en la entidad.
Artículo 92. Toda descarga, depósito o infiltraciones de substancias o materiales contaminantes
en los suelos del estado, se sujetará a lo que disponga esta ley, sus disposiciones reglamentarias y
las normas oficiales mexicanas aplicables.
Artículo 93. Los procesos industriales que generen residuos de lenta degradación, para los cuales
no existan alternativas, se llevarán a cabo con arreglo a lo que dispongan las leyes y reglamentos
correspondientes.
CAPÍTULO IV
De las actividades riesgosas y contingencias
o emergencias ambientales
Artículo 94. La Secretaría regulará y vigilará la realización de actividades riesgosas que no sean
consideradas altamente riesgosas por las disposiciones federales.
Artículo 94-A. En el territorio de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se prohíbe
la realización de quemas agropecuarias, aun cuando se encuentren fuera de las áreas urbanas.
En el territorio de los municipios que no formen parte del Área Metropolitana de Guadalajara, las
quemas agropecuarias solo podrán ser realizadas, priorizando las necesidades agropecuarias, las
situaciones de riesgo y los avisos de quemas previos a su realización.
Artículo 94-B. En aquellos casos previstos por el artículo 117 de la presente Ley, la autoridad
competente podrá ejecutar las medidas de seguridad comprendidas en el artículo 144 de la
presente Ley.
Las autoridades municipales podrán practicar la extinción y control de quemas
agropecuarias cuando no se avise a dicha autoridad de manera previa a su
realización; o cuando se encuentren prohibidas como es el caso del Área
Metropolitana de Guadalajara. Lo anterior con independencia de las sanciones
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que se impongan por las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y los reglamentos
municipales.
Artículo 95. La vigilancia del cumplimiento de la regulación a que se refiere el artículo anterior,
corresponderá a los gobiernos municipales, únicamente cuando en la realización de las actividades
riesgosas, se generen residuos que sean vertidos a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los
centros de población, o integrados a la basura; así como cuando se trate de actividades
relacionadas con residuos sólidos urbanos generados en servicios públicos y privados cuya
regulación corresponda a los propios gobiernos municipales o se relacionen con dichos servicios.
Artículo 95 bis. Cuando se tenga conocimiento y se acredite una contingencia o emergencia
ambiental la Secretaría de oficio o a petición parte, declarará la contingencia e instrumentará un
protocolo de actuación para la atención oportuna del siniestro, dicho protocolo deberá contener
acciones inmediatas para la atención de los riegos y la protección a los ecosistemas, a la fauna, la
flora y los recursos naturales.
Artículo 95 ter. Una vez declarada la contingencia la Secretaría establecerá un comando de
emergencia ambiental, quien supervisará en campo la atención de cada una de las medidas
establecidas en los protocolos y la ejecución de aquellas medidas contingentes adicionales que
sean necesarias.
Artículo 95 cuater. Dicho comando se coordinará en el mismo nivel con las demás autoridades
cuando la emergencia conlleve riesgos de otra naturaleza como son en materia de protección civil,
riegos sanitarios o de seguridad.
La integración del comando estará determinada por la Secretaría en los protocolos de atención.
Artículo 95 quinquies. La operación de este comando de emergencias ambientales tiene como
finalidad prioritaria la preservación de áreas naturales, ecosistemas, protección y en su caso
rescate de flora y fauna, la supervisión de medidas de contingencia y de remediación.
CAPÍTULO V
De la regulación de los sistemas de recolección, almacenamiento,
transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final
de los residuos sólidos de manejo especial y sólidos urbanos
Artículo 96. Para todo lo concerniente a la regulación de los sistemas de recolección,
almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de los residuos de
manejo especial y sólidos urbanos se estará a lo dispuesto por la Ley de Gestión Integral de los
Residuos del Estado de Jalisco.
Artículo 97. Se deroga.
Artículo 98. Se deroga.
Artículo 99. Se deroga.
Artículo 100. Se deroga.
Artículo 101. Se deroga.
CAPÍTULO VI
Del ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y olores
Artículo 102. Quedan prohibidas las emisiones de ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica y
la generación de olores, en cuanto rebasen los límites máximos contenidos en las normas oficiales
mexicanas, o en su caso, la normatividad técnica que para ese efecto expida el Titular del
Ejecutivo del Estado. Los gobiernos municipales, mediante las acciones de inspección y vigilancia
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correspondientes, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y, en su
caso, aplicarán las sanciones correspondientes.
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ruido, vibraciones y
olores, así como en la operación y funcionamiento de las existentes, deberán llevarse a cabo
acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de dichos contaminantes.
Los responsables de fuentes fijas y móviles que contaminen por emisión de ruido o vibraciones,
energía térmica y lumínica y olores estarán obligados a utilizar equipos y sistemas que controlen
las emisiones a la atmósfera, para que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles
establecidos en las normas oficiales.
Los responsables de fuentes fijas de contaminación acústica deberán contar con un sistema de
monitoreo y medición de decibeles que muestre a los usuarios los niveles de emisión sonora a que
están expuestos.
Los decibeles se medirán en Ponderación A, de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial,
desde el exterior de cualquiera de los inmuebles vecinos a aquel en que se genere el ruido, o bien
en el área pública; atendiendo las indicaciones para ello especificadas en las normas, los
respectivos reglamentos y atendiendo los lineamientos técnicos de los equipos.
Las autoridades estatales y municipales responsables en la materia deberán contar con un sistema
de atención, disponible las 24 horas, para recibir y atender reportes de contaminación acústica,
debiendo acudir a verificar los decibeles y levantar constancia para en caso de que el nivel sonoro
rebase la norma.
En los casos de competencia municipal, cuando la infracción se cometa en casa habitación o
propiedad privada sin giro comercial, la autoridad municipal deberá acudir al domicilio y entregará
apercibimiento que de no cesar el ruido en un plazo de 30 minutos podrá imponerse arresto
administrativo hasta por 36 horas o citarlo para que acuda en día y hora específica con un juez
calificador para que determine la naturaleza y monto de la sanción correspondiente.
La flagrancia será sancionada de inmediato con la infracción correspondiente.
En materia de emisión de ruido las autoridades competentes y la sociedad en general, podrán
utilizar cualquier medio tecnológico para auto regularse o monitorear las emisiones de ruido y, en
su caso, tomar las medidas oportunas para evitar la contaminación acústica.
Las violaciones al presente artículo constituyen infracción y serán sancionadas por la Secretaría o
los gobiernos municipales, en asuntos de sus respectivas competencias.
Las personas físicas y jurídicas podrán denunciar ante la Secretaría y los gobiernos municipales,
según corresponda, todo hecho violatorio del presente artículo.
Artículo 103. Las normas oficiales mexicanas y la normatividad estatal que al efecto se expida, en
materias objeto del presente capítulo, establecerán los procedimientos, a fin de que los gobiernos
municipales prevengan y controlen la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica,
lumínica y olores, y fijarán los límites de emisión.
Artículo 103 Bis. Los municipios dentro de sus facultades, establecerán una zonificación en
función de la contaminación acústica permitida, la que deberán considerar para la emisión de las
licencias de giro y funcionamiento.
Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, deberán realizar las inspecciones
correspondientes a los giros comerciales y, en su caso, en propiedad privada, cuando se rebasen
los límites de emisión de ruidos, debiendo garantizar los derechos establecidos en la ley del
procedimiento Administrativo.
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Queda prohibida la detonación de artículos de pirotecnia que generen ruido excesivo fuera del
horario de las ocho a las veintiún horas del día, salvo autorización previa de la autoridad
competente.
TÍTULO QUINTO
PARTICIPACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO I
De la participación social
Artículo 104. Toda persona tiene la obligación de participar en la gestión ambiental e intervenir
activamente en su comunidad para la defensa y conservación del medio ambiente en los términos
de esta ley, haciendo uso de los derechos que la misma le confiere.
Artículo 105. Toda persona con el interés jurídico que tiene de gozar de un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, podrá intervenir, de conformidad a las disposiciones de la presente
ley, en la regulación de las actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Artículo 106. La Secretaría y los gobiernos municipales promoverán la participación
corresponsable de la sociedad en la planeación, evaluación y vigilancia de la política ambiental y la
aplicación de sus instrumentos.
Artículo 107. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, en coordinación con los
gobiernos municipales:
I. Convocará a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores
agropecuarios, pesqueros y forestales, a las comunidades, pueblos indígenas e instituciones
educativas, a las organizaciones sociales no lucrativas, y sociedad en general, para que
manifiesten su opinión y propuestas;
II. Celebrará convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos de la sociedad en
general, para la ejecución de acciones en materia de prevención y control de la contaminación en
los lugares de trabajo y espacios habitacionales; con los pueblos indígenas, comunidades agrarias
y organizaciones campesinas en general, para el establecimiento, administración y
aprovechamiento de áreas naturales protegidas y para brindarles asesoría en las actividades
relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; con organizaciones
empresariales, con el propósito de mejorar el desempeño ambiental de las industrias; con
instituciones educativas y académicas, para la realización de estudios e investigaciones en la
materia; con organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones
ambientales conjuntas; y con representaciones sociales y particulares interesados, para la
realización de acciones, obras y servicios que tiendan a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
III. Promoverá la celebración de convenios con los diversos medios de comunicación masiva, para
la difusión, información y promoción de acciones ambientales. Para estos efectos, se buscará la
participación de artistas, intelectuales, científicos y, en general, de personalidades cuyos
conocimientos y ejemplo, contribuyan a formar y orientar a la opinión pública;
IV. Promoverá el establecimiento de reconocimientos y estímulos a quienes hayan realizado los
esfuerzos más destacados de la sociedad para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y
proteger al ambiente;
V. Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ambiental, a través de la realización de acciones
conjuntas con la comunidad para la preservación y mejoramiento al ambiente, el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y la correcta operación de los sistemas de recolección,
almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos, celebrando para ello, el gobierno del estado y los gobiernos municipales correspondientes,
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convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas
organizaciones empresariales, obreras, campesinas y sociales de la entidad; y
VI. Concertará acciones e inversiones económicas con los sectores, social y privados y con las
instituciones académicas y organizaciones sociales, pueblos indígenas y comunidades rurales, y
demás personas físicas o morales interesadas, para la preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente.
Artículo 108. La Secretaría y los gobiernos municipales, en su esfera de competencias, integrarán
órganos de consulta, en los que participarán entidades y dependencias de la administración
pública, instituciones académicas y organizaciones sociales y empresariales. Dichos órganos
tendrán funciones de asesoría, evaluación y seguimiento y podrán emitir las opiniones y
observaciones que estimen pertinentes. Su organización y funcionamiento se sujetará a los
acuerdos que para el efecto expidan el Titular del Ejecutivo del Estado, la Secretaría y los
gobiernos municipales, según corresponda.
Cuando la Secretaría y los gobiernos municipales deban de resolver un asunto sobre el cual, los
órganos de consulta hubiesen emitido una opinión, deberán expresar los casos de aceptación o
rechazo de dicha opinión.
CAPÍTULO II
Derecho a la información ambiental
Artículo 109. El gobierno del estado en coordinación con los gobiernos municipales, desarrollará
un sistema estatal de información ambiental y de recursos naturales, que tendrá por objeto
registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental estatal, que estará disponible
para su consulta y que se coordinará y complementará con el sistema nacional de información a
cargo de la federación.
En dicho sistema, el gobierno del estado deberá de integrar, entre otros aspectos, información
relativa a los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio estatal, a los mecanismos
y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al ordenamiento
ecológico del territorio del estado, así como la información respectiva a la evaluación del impacto
ambiental, las normas oficiales mexicanas, las áreas naturales protegidas, y en general, todo lo
correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
El gobierno del estado y los gobiernos municipales, recopilarán informes y documentos relevantes
que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole
en materia ambiental y de preservación de los recursos naturales, realizados en el estado por
personas físicas o morales, públicas o privadas.
Artículo 110. La Secretaría en coordinación con los gobiernos municipales, deberá elaborar y
publicar anualmente un informe detallado de la situación general existente en el territorio del
estado en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Artículo 111. La Secretaría deberá elaborar una gaceta en la que se publicarán las disposiciones
jurídicas, la normatividad estatal que se expida, los decretos, reglamentos, acuerdos y demás actos
administrativos, así como la información de interés general en materia ambiental que se publique
en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" o en otros órganos de difusión. Igualmente, en dicha
gaceta se publicará información oficial relacionada con las áreas naturales protegidas y la
preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Artículo 112. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar
solicitud de acceso a la información ambiental, sin necesidad de sustentar justificación o
motivación alguna. La Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda, deberán poner
a disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Artículo 113. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior sólo negaran el acceso a la
información solicitada o resolverán improcedente la solicitud de información, cuando se trate de
información clasificada como reservada o confidencial o de información inexistente, en los términos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
Artículo 114. La Secretaría y los gobiernos municipales resolverán y notificarán al solicitante,
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la solicitud, respecto a la existencia de
la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los lineamientos generales de
clasificación de información pública y los criterios de clasificación de información pública de dichas
instituciones.
A falta de resolución y notificación de una solicitud de información en el plazo señalado, se
entenderá resuelta en sentido procedente, salvo que se trate de información clasificada como
reservada o confidencial o de información inexistente, por lo que la Secretaría y los gobiernos
municipales deberán permitir el acceso a la información en los términos de esta ley, cubriendo el
solicitante los costos que, en su caso, se generen.
Los actos de la Secretaría y los gobiernos municipales, regulados en este Capítulo, podrán ser
impugnados por los directamente afectados mediante la interposición del recurso de revisión, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 115. Quien reciba información ambiental de las autoridades competentes, en los términos
del presente capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los
daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido aprovechamiento.
TÍTULO SEXTO
De la Justicia Ambiental
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales.
Artículo 116. Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de
requerimientos administrativos ambientales, inspección y vigilancia, ejecución de medidas de
seguridad; determinación de infracciones administrativas y de comisión de delitos y sus sanciones,
y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia estatal y
municipal normados por esta ley, por los reglamentos y bandos de policía y buen gobierno, salvo
que otras leyes los regulen en forma específica, en relación con las materias de que trata este
ordenamiento.
Corresponde a la Procuraduría ejercer las atribuciones de inspección y vigilancia del cumplimiento
de las disposiciones competencia del estado contenidas en la presente Ley, así como en las
demás disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables, incluyendo todas aquellas
que se desprendan de los acuerdos o convenios que se suscriban entre el estado, la Federación
y/o municipios, que tiendan a la preservación del equilibrio ecológico y a la prevención y
disminución de la contaminación ambiental.
El titular de la Procuraduría será designado por el Gobernador del Estado a propuesta del titular de
la Secretaría.
En las materias anteriormente señaladas que se encuentren reguladas por las leyes especiales,
se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley del Procedimiento administrativo del
Estado de Jalisco, y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en lo que refiere a
las pruebas.
Artículo 117. En aquellos casos en que medie una situación de emergencia o urgencia, la
autoridad competente podrá efectuar debidamente fundados y motivados los actos y diligencias
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que sean necesarios sin sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento previstos en
esta ley, respetando en todo caso las garantías individuales de los particulares.
Artículo 118. Las actuaciones de la Secretaría y los gobiernos municipales en los procedimientos
administrativos regulados por esta ley, se desarrollarán con arreglo a los principios de economía,
celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
Artículo 119. Las promociones deberán hacerse por escrito, en el que se precisará el nombre,
denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su caso, de su representante
legal, domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción territorial de la autoridad
competente, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que
se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se
dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su
representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su
huella digital.
El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así
como los que en cada caso sean requeridos por esta ley y los ordenamientos que de ella se
deriven.
Artículo 120. Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí, o por medio de un
representante o apoderado.
La representación de las personas físicas o morales, públicas o privadas, ante la Secretaría y los
gobiernos municipales para formular solicitudes, participar en el procedimiento administrativo,
interponer recursos, desistirse y renunciar a derechos, deberán acreditarse mediante instrumento
público, y en el caso de personas físicas, también mediante carta poder firmada ante dos testigos y
ratificadas las firmas del otorgante y testigos, ante las propias autoridades o fedatario público, o
declaración en comparecencia personal del interesado.
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal, mediante escrito firmado, podrá
autorizar a la persona o personas que estime pertinentes para oír y recibir notificaciones, realizar
trámites, gestiones y comparecencias que fuesen necesarias para la tramitación del procedimiento,
incluyendo la interposición del recurso de revisión.
Artículo 121. Las actuaciones y diligencias administrativas, se practicarán en días y horas hábiles.
En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles. No se considerarán días hábiles: los
sábados, los domingos, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades
competentes o aquellos en que se suspendan las labores por mandato oficial, los que se harán del
conocimiento del público mediante acuerdo del titular de la dependencia respectiva, que se
publique en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.
La autoridad podrá hacerse acompañar en sus actuaciones y diligencias por especialistas o peritos
cuando se requiera verificar hechos o circunstancias de carácter técnico o científico según la
materia que se trate.
Artículo 122. En los plazos establecidos por periodos, se computarán todos los días, cuando se
fijen por mes o por año, se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año
de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el
mes de calendario, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.
Si el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil, o las oficinas de la autoridad ante las
que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se
prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.
Artículo 123. Las diligencias o actuaciones de las autoridades se efectuarán conforme a los
horarios de cada dependencia o entidad del gobierno del estado o de los gobiernos municipales,
según corresponda, que previamente se establezcan y publiquen en el Periódico Oficial El Estado
50
de Jalisco, y en su defecto, las comprendidas entre las 8:00 y las 18:00 horas. Una diligencia
iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.
La Secretaría y los gobiernos municipales, en caso de urgencia o de existir causa justificada,
podrán habilitar horas inhábiles cuando la persona con quien se vaya a practicar la diligencia
realice actividades objeto de investigación en tales horas.
Artículo 124. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes, la Secretaría, la Procuraduría y los
gobiernos municipales, de oficio o a petición de parte interesada, podrán ampliar los términos y
plazos establecidos, para actuar o para el cumplimiento de medidas correctivas, de urgente
aplicación o de seguridad, sin que dicha ampliación exceda, en ningún caso, un tanto igual al
previsto originalmente, cuando así lo exija el asunto y no se perjudiquen los derechos de los
interesados o de terceros.
Artículo 125. Para efectos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos,
visitas e informes, a falta de términos o plazos establecidos en esta ley y demás relativas, para la
realización de trámites, aquellos no excederán de quince días hábiles si el domicilio del interesado
se encuentra dentro del lugar donde tiene sede la autoridad, o treinta días hábiles si está fuera de
este.
Artículo 126. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes
o documentos y las resoluciones administrativas definitivas surtirán efectos a partir del día
siguiente hábil de su notificación y podrán realizarse:
I. Personalmente con quien deba de entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;
II. Mediante oficio entregado por mensajería o correo certificado con acuse de recibo, o cualquier
otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción del mismo; o bien por
cualquier otro medio de comunicación electrónica, cuando así lo hubiera autorizado expresamente
el promovente;
III. Por estrados que se publicarán en las oficinas de la autoridad competente en lugar visible al
público, cuando se desconozca el domicilio del interesado o, en caso de que la persona a quien
deba de notificarse haya desaparecido, se ignore su paradero o cuando no tenga señalado
domicilio dentro de la jurisdicción territorial de la autoridad competente; y
IV. Por edictos, cuando la persona a quien deba de notificarse, se encuentre en el extranjero, sin
haber dejado representante legal.
Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse
por correo ordinario, mensajería, telegrama o telefax; o bien por cualquier otro medio de
comunicación electrónica, cuando así lo hubiera autorizado expresamente el promovente.
Artículo 127. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante la autoridad competente en
el procedimiento. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y
deberá de entregar el acto que se notifique y señalará la fecha y hora en que la notificación se
efectúa, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si esta
se niega a firmar, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.
Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada o su
representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se
encuentre en el domicilio, para que el interesado se presente en un término no mayor de tres días
hábiles contados a partir del día siguiente en que se haya formulado el citatorio, en las oficinas de
la autoridad competente, a fin de que se efectúe la notificación correspondiente. Si el domicilio se
encontrase cerrado, el citatorio se dejará fijado en la entrada al sitio, levantándose constancia de
ello.
51
Si la persona a quien deba de notificarse no atiende el citatorio, la notificación surtirá efectos por
estrado que se publique y fije en lugar visible al público en las oficinas de la autoridad competente,
previo acuerdo que así lo haga constar.
De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.
Artículo 128. Las notificaciones por estrado se fijarán por un término no menor a diez días hábiles
y mediante acuerdo previo se hará constar en los autos del procedimiento de que se trate.
Artículo 129. Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán
un resumen del acto por notificar. Dichas publicaciones deberán de efectuarse por tres días
consecutivos en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, o en uno de los periódicos diarios de
mayor circulación en el estado.
Artículo 130. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente de la emisión del acto que se notifique, en el caso de que la persona a
notificar tenga o hubiera señalado domicilio en lugar donde tiene sede la autoridad que emite el
acto a notificar. En caso que la notificación deba realizarse en lugar distinto el plazo será de 30
días hábiles.
El exceso de tiempo previsto en este artículo no afectará la validez ni de la notificación ni del acto
notificado.
El incumplimiento con los plazos para realizar las notificaciones da lugar a responsabilidades
administrativas del funcionario omiso, siempre y cuando el retraso no sea excusable.
Artículo 131. Las notificaciones irregularmente practicadas, surtirán efectos a partir de la fecha en
que el interesado o su representante legal haga la manifestación expresa de conocer su contenido.
CAPÍTULO II
De los Procedimientos Ambientales
Artículo 131 bis. Requerimientos Administrativos Ambientales. Este procedimiento es procedente
cuando los obligados en la presentación de trámites ambientales sean omisos en presentarlos y se
seguirá por las siguientes etapas:
I. El procedimiento se inicia con un acuerdo de requerimiento al obligado para que en un término
de quince días hábiles subsane el requisito a trámite omitido. En caso de que el requisito o trámite
requiera la substanciación de un procedimiento administrativo ante autoridad diversa, bastará con
la presentación del acuse de recibido del escrito o solicitud con la que se ha iniciado el trámite
correspondiente para dar por cumplido el requerimiento;
II. El acuerdo será notificado de manera personal en el domicilio del obligado o aquel que conste
en el registro de la Secretaría, aplicando las reglas para las notificaciones establecidas por el
artículo 127 de la presente Ley; y
III. en caso de incumplimiento al requerimiento una vez transcurrido el plazo otorgado, sin mayor
trámite se impondrá al obligado una de las sanciones establecidas por el artículo 146 de la
presente Ley.
Artículo 132. La Secretaría y los gobiernos municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, realizarán los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven.
Artículo 133. El procedimiento administrativo de inspección y vigilancia podrá iniciarse de oficio o a
petición de parte interesada. La Secretaría y los gobiernos municipales, no podrán exigir más
formalidades que las expresamente previstas en la ley.
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Artículo 134. La Secretaría y los gobiernos municipales, en el ámbito de su competencia,
realizarán, por conducto del personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio
de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de
éste ordenamiento.
El personal autorizado, al practicar las visitas de inspección, deberá estar provisto del documento
oficial que lo acredite o autorice a practicar la inspección, así como de la orden escrita
debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad y funcionario competente, en la que se
precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de
ésta.
Artículo 135. El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la
persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la
misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos, los cuales, junto
con quien atienda la inspección, se identificarán.
En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal
autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al
efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección.
Artículo 136. En toda visita de inspección se levantará acta administrativa, en la que se asentarán,
en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la
diligencia, haciéndose constar:
I. Nombre, denominación o razón social del inspeccionado;
II. Hora, día, mes y año en el que se inició y concluyó la diligencia;
III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio
o delegación y código postal correspondiente al domicilio en que se encuentre ubicado el lugar en
que se practique la inspección;
IV. Número y fecha de la orden que la motivó;
V. Nombre cargo e identificación de la persona con quien se entendió la diligencia;
VI. Nombres, domicilios e identificación de las personas que fungieron como testigos;
VII. Datos relativos a la actuación;
VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la hubiesen
llevado a cabo.
Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con quien se entendió la diligencia, para
que en el mismo acto manifieste lo que a su derecho convenga o formule observaciones en
relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las
pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días
hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que se hubiese concluido la diligencia.
A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por
los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negasen a firmar el acta, o el
interesado se negase a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin
que esto afecte su validez y valor probatorio.
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Artículo 137. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal
autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, en los términos previstos en la orden
escrita a que se hace referencia en el artículo 134 de esta Ley; así como a proporcionar toda clase
de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones
aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean
confidenciales, conforme a las leyes especiales. La información deberá mantenerse por la
autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en el caso de requerimiento
judicial.
Artículo 138. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar
la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica
de la diligencia o en los casos que juzgue necesario, independientemente de las sanciones a que
haya lugar.
Artículo 139. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, cuando así proceda por
haber violaciones a la ley, requerirá al interesado, mediante notificación personal, o por correo
certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de
urgente aplicación necesarias para cumplir con las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y
demás aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones, o concesiones respectivas,
fundando y motivando el requerimiento, señalando el plazo que corresponda, y para que, dentro
del término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos
dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las
pruebas que considere necesarias, en relación con los hechos u omisiones que en la misma se
hayan asentado.
Las pruebas serán acordadas por la autoridad competente, notificando al interesado, en su caso, la
fecha y hora que se establezca para su desahogo.
Artículo 140. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o habiendo
transcurrido el plazo que refiere el artículo anterior, sin que el interesado haya hecho uso de ese
derecho, se podrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo no inferior a cinco días
hábiles ni superior a diez, presente por escrito sus alegatos.
Artículo 141. En el procedimiento de inspección y vigilancia se admitirán toda clase de pruebas,
excepto la confesional de las autoridades. La autoridad competente podrá allegarse de los medios
de prueba que considere necesarios, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.
Artículo 142. Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la
Secretaría o el gobierno municipal correspondiente, procederá a dictar por escrito la resolución
administrativa que en derecho corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes, misma
que se notificará al interesado conforme lo establecido en el articulo 126.
Artículo 143. En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o, en su caso,
adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o
irregularidades observadas, estableciendo el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas, y las
sanciones a que se hubiese hecho acreedor, conforme a las disposiciones aplicables.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al infractor para
subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá acreditar, por escrito y en
forma detallada ante la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas
en los términos del requerimiento respectivo.
Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un
requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha
dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer
además de la sanción o sanciones que procedan conforme a esta ley, una multa adicional que no
exceda de los límites máximos señalados en el presente ordenamiento.
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En caso de que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las
irregularidades detectadas, en los plazos ordenados por la autoridad competente, siempre y
cuando el infractor no sea reincidente, y no se trate de alguno de los supuestos previstos en él
capitulo de medidas de seguridad de la presente ley, previa petición por escrito que formule el
interesado ante la autoridad competente, el superior jerárquico podrá revocar o modificar la
sanción o sanciones impuestas.
CAPÍTULO III
De las medidas de seguridad
Artículo 144. Cuando exista o pueda existir riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño o
deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas
para los ecosistemas, sus componentes, o para la salud de la población, o en caso de que el
decomiso se pueda determinar como sanción, la Secretaría y los gobiernos municipales, según
corresponda, fundada y motivadamente, podrán ordenar alguna o algunas de las siguientes
medidas:
I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, y en su caso, de las
instalaciones en que se manejen o almacenen recursos naturales, materiales, substancias
contaminantes o se genere ruido superior a lo que establece la norma o se desarrollen las
actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo;
II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos de manejo especial o sólidos urbanos,
así como de recursos naturales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos
directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad;
o
III. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos no
peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de éste artículo.
Asimismo, la Secretaría y los gobiernos municipales, promoverán ante la federación, la ejecución,
en los términos de las leyes relativas, de alguna o algunas de las medidas de seguridad que en
dichos ordenamientos se establezcan, sin perjuicio de las atribuciones que se reserve como
exclusivas la federación para estos casos.
Artículo 145. Cuando la Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda, ordenen
alguna de las medidas de seguridad previstas en esta ley, deberá indicar al interesado, las
acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de
dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que, una vez cumplidas estas, se
ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta, lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que
en derecho correspondan.
CAPÍTULO IV
De las sanciones administrativas
Artículo 146. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que
de ella emanen, constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente por la Secretaría y
los gobiernos municipales, en asuntos de sus respectivas competencias, con una o más de las
siguientes sanciones:
I. Apercibimiento, amonestación, o en su caso ambas;
II. Multa por el equivalente de treinta a treinta y cinco mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización al momento de cometer la infracción; a excepción de lo siguiente:
1. Si la sanción es por generación de ruido excesivo la multa no podrá exceder, en ningún caso,
de quinientas unidades de medida y actualización;
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2. Si la sanción es resultado de infringir lo señalado en el artículo 94 A, la multa será de cien a
veinticinco mil Unidades de Medida y Actualización; y
3. La sanción de multa, se incrementará al doble del mínimo y máximo establecido en el párrafo
anterior, cuando la quema se realice con una proximidad máxima de diez metros a un terreno
forestal; y la sanción de multa se incrementará al triple si la quema se realiza con la misma
proximidad a un área natural protegida.
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando:
a). El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad
competente, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; o
b) En casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente o a la
salud.
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;
V. El decomiso definitivo de los instrumentos, recursos naturales, materiales o residuos de manejo
especial y sólidos urbanos directamente relacionados con infracciones relativas a las disposiciones
de la presente ley; y
VI. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones
correspondientes.
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad ordenadora para subsanar la o las
infracciones que se hubiesen cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten,
podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de
ellas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción II de éste artículo.
En caso de reincidencia, el monto de la multa será hasta dos veces de la cantidad originalmente
impuesta, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva, sin perjuicio
de la atribución de la autoridad competente de determinar la revocación de las concesiones,
licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.
Se considera reincidente al infractor que incurra más de dos ocasiones en conductas que
impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de un año, contados a partir de la fecha
en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese
sido desvirtuada.
Cuando en un año de calendario un establecimiento comercial sea efectivamente sancionado en
más de dos ocasiones por rebasar los límites sonoros de la norma, será clausurado definitivamente
y su licencia revocada.
Artículo 147. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, las dependencias del Poder
Ejecutivo o el gobierno municipal que hubiese otorgado la concesión, permiso, licencia y, en
general, toda autorización para la realización de actividades comerciales, industriales o de
servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales, en favor de aquel que haya dado lugar
a la infracción, ordenará la suspensión, revocación o cancelación de las mismas o, en su caso, la
solicitará a la autoridad que la hubiese expedido.
Artículo 148. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley, se tomará en
cuenta:
I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: los posibles
impactos en la salud pública; generación de desequilibrios ecológicos; las afectaciones de recursos
naturales o de la biodiversidad que se ocasionaron o pudieron ocasionar; y, en su caso, los niveles
en que se hubiesen rebasado los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas
aplicables;
56
II. Las condiciones económicas del infractor;
III. La reincidencia, si la hubiese;
IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción; y
V. El posible beneficio directamente obtenido o que pudiese haber obtenido el infractor por los
actos que motiven la sanción.
En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las
irregularidades en que hubiese incurrido, previamente a que la autoridad competente imponga una
sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.
La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor, la opción para pagar la multa o realizar
inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en
la protección, preservación o restauración al ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando
se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previsto (sic) en
el artículo 144 de esta ley y la autoridad justifique plenamente su decisión.
Cuando una sanción económica impuesta por emisión de ruido no sea pagada en los treinta días
hábiles siguientes a su imposición, la autoridad administrativa podrá optar por el procedimiento
administrativo de ejecución o por que se inscriba como crédito fiscal en la cuenta catastral del
inmueble en que se generó la infracción.
En el caso de infracciones por emisión de ruido, la gravedad de la sanción será calificada
atendiendo el número de decibeles que sobrepasen la Norma Oficial aplicable al caso concreto, al
número de personas afectadas y, en su caso, a la reincidencia.
Artículo 148 bis. Para la determinación de la procedencia de la conmutación de la multa a que
hace referencia el artículo 148, tratándose de agentes económicos en condiciones de
vulnerabilidad, la autoridad correspondiente podrá asimismo tomar en consideración la
participación de éstos en programas de capacitación o políticas encaminadas a la regularización y
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la normativa ambiental aplicable.
Artículo 149. Cuando proceda como sanción el decomiso, o la clausura temporal o definitiva, total
o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la
diligencia, observando las disposiciones aplicables para la realización del procedimiento de
inspección y vigilancia, previstas en esta ley.
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, sea esta parcial o total, la
autoridad competente deberá indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar
a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su
realización.
Artículo 150. La autoridad sancionadora dará a los bienes decomisados alguno de los siguientes
destinos:
I. Venta directa en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no exceda de cinco mil veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente;
II. Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda de cinco mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente;
III. Donación a organismos públicos e instituciones científicas o de enseñanza superior o de
beneficencia pública, según la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo a las funciones y
actividades que realice el donatario, siempre y cuando no sean lucrativas; y
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IV. Destrucción cuando se trate de recursos naturales plagados o que tengan alguna enfermedad
que impida su aprovechamiento, así como los bienes en general, equipos y herramientas
prohibidos por las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 151. Para efectos de lo previsto en las fracciones I y II del artículo anterior, únicamente
serán procedentes dichos supuestos, cuando los bienes decomisados sean susceptibles de
apropiación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
En la determinación del valor de los bienes sujetos a remate o venta, la autoridad competente
considerará el precio que respecto de dichos bienes corra en el mercado, al momento de realizarse
la operación.
En ningún caso, los responsables de la infracción que hubiese dado lugar al decomiso, podrán
participar ni beneficiarse de los actos señalados en el artículo anterior, mediante los cuales se lleve
a cabo la enajenación de los bienes decomisados.
Artículo 152. La Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda, deberán promover
ante la autoridad federal o local correspondiente, con base en los estudios que haga para ese
efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios,
servicios, desarrollos urbanos, turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar al
ambiente, los recursos naturales, o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad.
Artículo 153. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto por esta
ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella deriven, así como los que se obtengan del
remate en subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados, se destinarán a la
integración de fondos para el desarrollo de programas ambientales.
CAPÍTULO V
Del recurso de revisión
Artículo 154. Las resoluciones, autorizaciones, licencias, concesiones, dictámenes técnicos o, en
general, actos administrativos que la Secretaría o los gobiernos municipales, según corresponda,
dicten con motivo de la aplicación de esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella
emanen, que concluyan el procedimiento administrativo del cual derivan, podrán ser impugnados
por los interesados, en los términos de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Jalisco y sus Municipios, mediante el recurso de revisión, en el término de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente de la fecha de su notificación o cuando el afectado haya tenido
conocimiento del mismo; o de forma optativa, podrán ser impugnados ante las instancias
jurisdiccionales competentes.
Artículo 155. El recurso de revisión se interpondrá por escrito directamente o mediante correo
certificado con acuse de recibo, ante el titular de la dependencia que emitió la resolución,
autorización, licencia, concesión, dictamen técnico o acto administrativo impugnado, quien en su
caso, acordará su admisión y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido,
turnándose el recurso a su superior jerárquico para su resolución.
Artículo 156. El escrito por el cual se promueva el recurso de revisión, además de los requisitos
establecidos en las disposiciones generales del presente título, deberá expresar:
I. El órgano administrativo a quien se dirige;
II. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado, si lo hubiese, así como el lugar que señale
para oír y recibir notificaciones, acreditando debidamente la personalidad con que comparece, si
no la tuviese acreditada ante la autoridad que conozca del asunto;
III. El acto que se recurre y la fecha en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente
que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;
IV. Los agravios que se le causan;
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V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna, y de la notificación correspondiente.
Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá
acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento, sobre el cual no hubiese
recaído resolución alguna;
VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto
impugnado, debiendo acompañar las documentales con que cuente. No podrá ofrecerse como
prueba la confesión de la autoridad; y
VII. La solicitud de suspensión del acto o resolución que se impugna, previa comprobación de
haber garantizado, en su caso, debidamente el importe de la multa impuesta o el valor de los
bienes decomisados.
Artículo 157. Al recibir el recurso y una vez verificado si está interpuesto en tiempo y forma,
admitiéndolo a trámite o rechazándolo, la autoridad del conocimiento, decretará la suspensión, si
fuese procedente, en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente de la notificación del proveído de admisión o, caso contrario, se entenderá otorgada en
los términos que fue solicitada por el promovente.
Las pruebas aportadas por el interesado serán acordadas por la autoridad competente y, en su
caso, se señalará fecha y hora para su desahogo.
Artículo 158. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I. Lo solicite expresamente el interesado;
II. Sea procedente el recurso;
III. No se cause perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden público;
IV. No se trate de infractor reincidente;
V. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen estos para el caso de
obtener resolución desfavorable;
VI. Tratándose de multas o decomisos, se garantice el interés fiscal; y
VII. Se garantice la suspensión de las acciones que pudieren constituir algún daño al medio
ambiente.
Artículo 159. El recurso se tendrá por no interpuesto y desechado cuando:
I. Se presente fuera del plazo;
II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; y
III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del
plazo para interponerlo.
Artículo 160. Se desechará por improcedente el recurso:
I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución,
promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado;
II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente;
III. Contra actos consumados de un modo irreparable;
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IV. Contra actos consentidos expresamente; y
V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el
promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo.
Artículo 161. Será sobreseido el recurso cuando:
I. El promovente se desista expresamente del recurso;
II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su persona;
III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere
el artículo anterior;
IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo;
V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y
VI. No se probare la existencia del acto respectivo.
Artículo 162. La autoridad encargada de resolver el recurso podrá:
I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo;
II. Confirmar el acto impugnado;
III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o
parcialmente; y
IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo
que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del
recurrente.
Artículo 163. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de
los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos
notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto
impugnado bastará con el examen de dicho punto.
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás
razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin
cambiar los hechos expuestos en el recurso.
Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una
ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los
motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución.
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento,
deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.
Artículo 164. No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada
por el recurrente.
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se
precisará ésta.
Artículo 165. El recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la
presunta confirmación del acto impugnado, a través de la vía jurisdiccional correspondiente.
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Artículo 166. La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a
petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que
ya había dado cumplimiento con anterioridad al acto de molestia que se le practicó.
La tramitación de la declaración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para la interposición
de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto.
Artículo 167. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren en
el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto al interesado para
que, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los
documentos que estime procedentes.
No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso, hechos, documentos o alegatos del
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrativo no lo haya
hecho.
Artículo 168. Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta ley,
los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los
reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables, las personas físicas y morales de las
comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes,
así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las
disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o
actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre,
la salud pública o la calidad de vida de la población. Para tal efecto, deberán interponer el recurso
de revisión a que se refiere este capítulo.
Artículo 169. En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones
contraviniendo esta ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos
responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha
nulidad podrá ser exigida por medio del recurso a que se refiere el presente capítulo.
CAPÍTULO VI
De la comisión de delitos
Artículo 170. En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la
Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda, tengan conocimiento de actos u
omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable,
formulará ante el ministerio público federal o local la denuncia correspondiente.
Toda persona podrá presentar directamente las denuncias penales que correspondan a los delitos
ambientales previstos en la legislación aplicable.
Artículo 171. La Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda, proporcionarán, en
las materias de su competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten el ministerio
público o las autoridades judiciales, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de
delitos ambientales.
CAPÍTULO VII
De la denuncia popular
Artículo 172. La sociedad, entendida ésta como cualquier persona física o moral, grupo social,
organización no gubernamental, sociedades y asociaciones, podrá denunciar ante la Secretaría y
los gobiernos municipales, según corresponda, todo hecho, acto u omisión que ocasione o pueda
ocasionar desequilibrio ecológico o daños al ambiente, contraviniendo las disposiciones de la
presente ley, y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
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La denuncia popular tendrá como objetivo ser un instrumento de participación social, a través del
cual, la autoridad competente tendrá conocimiento de hechos, actos u omisiones que impliquen
desequilibrios ecológicos o daños al ambiente y sean detectados por la sociedad, facultando a la
Secretaría o el gobierno municipal correspondiente, para llevar a cabo las diligencias que se
valoren oportunas a efecto de verificar dichas irregularidades y, en su caso, realizará los actos de
inspección e imposición de medidas tendientes a corregir las mismas.
Artículo 173. Si la denuncia fuera presentada ante la Secretaría o los gobiernos municipales y
resultare competencia de instancia gubernamental distinta, se remitirá para su atención y trámite a
la autoridad correspondiente, en un término que no exceda de quince días hábiles computados a
partir del día siguiente de su recepción, y se notificará al denunciante para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.
Artículo 174. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquiera persona, bastando que se
presente por escrito y que contenga:
I. El nombre o razón social, domicilio, teléfono del denunciante, o alguno a través del cual se le
pueda localizar y, en su caso, de su representante legal, el cual deberá de acompañar la
documentación que acredite la personalidad con la que se ostenta;
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados, precisando, en su caso, la ubicación exacta de los
mismos;
III. Los datos que permitan identificar y ubicar al presunto infractor o localizar la fuente
contaminante; y
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante, y que tiendan a coadyuvar con la autoridad
competente a la investigación y esclarecimiento de las afectaciones ambientales denunciadas.
En caso de que la denuncia no reúna los requisitos señalados con anterioridad, la autoridad
competente se prevendrá al denunciante en términos de ley, para que en un término no mayor de
cinco días cumplimente dichas omisiones.
Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público
que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante, deberá ratificarla por escrito,
cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días
hábiles contados a partir del día siguiente a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la
autoridad competente, de conformidad a sus atribuciones, investigue de oficio los hechos
constitutivos de la denuncia.
Artículo 175. Si el denunciante solicita a la autoridad competente, se guarde en secreto sus datos
por razones de seguridad e interés particular, ésta determinará si dada la naturaleza de los hechos
denunciados es procedente su solicitud, en cuyo caso, llevará a cabo el seguimiento de la
denuncia conforme a las atribuciones que la presente ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables le otorgan, o bien, en caso de ser necesaria la intervención del denunciante en el
desarrollo de las diligencias que se realicen por parte de la autoridad, deberá de hacerse del
conocimiento al interesado de esta circunstancia en el acuerdo que en atención a la denuncia se
emita.
En caso de que la Secretaría o el gobierno municipal que corresponda, consideren prudente el
guardar en secreto los datos de identidad del denunciante, por considerar que pudiera existir
posible afectación a su seguridad personal, podrá llevar a cabo el seguimiento de la denuncia
conforme a las atribuciones que la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables les
otorgan.
Artículo 176. La autoridad competente, una vez recibida la denuncia, y atendiendo a lo dispuesto
por el presente capítulo, deberá emitir el acuerdo correspondiente en un término no mayor de
quince días hábiles.
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Admitida la instancia, procederá por los medios que resulten conducentes, a identificar al
denunciante, y hará del conocimiento la denuncia a la persona o personas a quienes se imputen
los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida,
otorgándoles un término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta
efectos la notificación, para que señalen por escrito lo que a su derecho corresponda.
Artículo 177. La autoridad a que corresponda, de conformidad con las disposiciones de este
ordenamiento, según sea el caso, practicará las diligencias necesarias para la comprobación de los
hechos denunciados, así como para su evaluación correspondiente y, en su caso, podrá dar inicio a
los actos de inspección y vigilancia que fueran procedentes dentro de los treinta días hábiles
siguientes al día en que emita el acuerdo de admisión de la denuncia, observándose las disposiciones
respectivas del presente título.
Si los hechos no fuesen de su competencia, hará llegar la denuncia ante la autoridad competente
en un término no mayor a cinco días hábiles, remitiendo la información recabada para coadyuvar
con la expedita atención de la denuncia.
Artículo 178. La autoridad competente notificará al denunciante, a más tardar dentro de los cinco días
hábiles siguientes, el resultado de cada uno de los acuerdos que emita.
Artículo 179. Cuando, por infracciones a las disposiciones de esta ley, se hubiesen ocasionado
daños o perjuicios, él o los interesados, podrán solicitar a la Secretaría o al gobierno municipal que
corresponda, la formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en
caso de ser presentado en juicio.
En los casos en que proceda, la autoridad competente hará del conocimiento del ministerio público,
la realización de actos u omisiones constatados que puedan configurar uno o más delitos, de
conformidad a las disposiciones de esta ley y de otros ordenamientos.
Artículo 180. El procedimiento administrativo de atención a la denuncia popular podrá concluirse
por las siguientes causas:
I. Por improcedencia de la denuncia, al no reunirse los requisitos de ley establecidos en el presente
capitulo, sin perjuicio de que la Secretaría o el gobierno municipal que corresponda, continúe de
oficio la atención de los actos, hechos u omisiones denunciados;
II. Por incompetencia de la Secretaría o del gobierno municipal correspondiente, para conocer de la
problemática ambiental planteada;
III. Cuando no existan contravenciones a la normatividad ambiental;
IV. Por falta de interés del denunciante en los términos de este capítulo;
V. Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes;
VI. Por haberse solucionado la denuncia popular mediante conciliación entre el denunciante y el
denunciado;
VII. Por haberse dictado medidas correctivas tendientes a la resolución de la problemática
planteada; y
VIII. Por desistimiento del denunciante, sin perjuicio de que la Secretaría o el gobierno municipal
que corresponda, continúe de oficio la atención de los actos, hechos u omisiones denunciados.
Artículo 181. La Secretaría o el gobierno municipal que corresponda, podrá solicitar a las
instituciones académicas, centros de investigación, colegios y organismos del sector público, social
y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las
denuncias que le sean presentadas.
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Artículo 182. En caso de que no se compruebe que los actos u omisiones denunciados, producen
o pueden producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente o a los recursos naturales o
contravengan las disposiciones de esta ley, la autoridad competente, lo hará del conocimiento del
denunciante, a efecto de que éste emita las observaciones correspondientes en un término de diez
días hábiles siguientes a la notificación respectiva.
Artículo 183. Cuando una denuncia popular no implique violaciones a la normatividad ambiental, ni
afecte cuestiones de orden público e interés social, la autoridad competente, podrá sujetar la
misma a un procedimiento de conciliación. En todo caso, se deberá escuchar tanto al denunciante
como al denunciado.
Artículo 184. La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y
recomendaciones que emitan la Secretaría y los gobiernos municipales, no afectarán el ejercicio de
otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables y no se suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, o
de prescripción.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco.
Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones legales en el ámbito estatal o municipal, en lo que
se opongan a las de la presente ley.
Hasta en tanto los ayuntamientos dicten las ordenanzas, reglamentos y bandos de policía y buen
gobierno, para regular las materias que, conforme las disposiciones de este ordenamiento, son de su
competencia, corresponderá a la autoridad estatal aplicar esta ley en el ámbito municipal,
coordinándose para ello con las autoridades municipales respectivas.
Artículo Tercero.- La Secretaría evaluará los estudios de impacto ambiental, mientras se expidan las
disposiciones reglamentarias de esta ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que
no la contravengan.
Artículo Cuarto.- Los gobiernos municipales deberán, en un término de seis meses contados a partir
del día siguiente de la publicación del presente ordenamiento en el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco, de adecuar sus ordenamientos de conformidad a las disposiciones de la presente ley.
Hasta en tanto los gobiernos municipales dictan las modificaciones a las ordenanzas, reglamentos y
bandos de policía y buen gobierno para regular y vigilar las materias que, conforme las disposiciones
de este ordenamiento son de su competencia, corresponderá a la Secretaría aplicar esta ley en el
ámbito municipal, coordinándose para ello con las autoridades municipales respectivas.
Salón de Sesiones del Congreso del Estado
Guadalajara, Jal., a 25 de mayo de 1989
Diputado Presidente
Dr. Adalberto Gómez Rodríguez
Diputado Secretario
Rubén Vázquez
Diputado Secretario
Manuel Verdín Díaz
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en Palacio del Poder Ejecutivo del Estado a los tres días del mes de junio de mil novecientos
ochenta y nueve.
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El Gobernador Constitucional del Estado
Lic. Guillermo Cosío Vidaurri
El Secretario General de Gobierno
Lic. Enrique Romero González
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 18182
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial El Estado de Jalisco.
Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones legales en el ámbito estatal o municipal, en lo
que se opongan a lo previsto en el presente decreto.
Artículo Tercero. El gobierno del estado, evaluará los estudios de impacto ambiental, de aquellas
obras que les corresponde atender a los gobiernos municipales, durante los seis meses posteriores
a la entrada en vigor del presente decreto, con el fin de que los gobiernos municipales tomen las
medidas necesarias para contar con la capacidad técnica indispensable para ello.
Artículo Cuarto. Los gobiernos municipales deberán, en un término de seis meses contados a
partir del día siguiente de la publicación del presente ordenamiento en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco, de adecuar sus ordenamientos de conformidad a las disposiciones de la
presente ley.
Hasta en tanto los gobiernos municipales dictan las modificaciones a las ordenanzas, reglamentos
y bandos de policía y buen gobierno para regular y vigilar las materias que, conforme las
disposiciones de este ordenamiento son de su competencia, corresponderá al gobierno del estado
aplicar esta ley en el ámbito municipal, coordinándose para ello con las autoridades municipales
respectivas.
Artículo Quinto. Mientras se expidan las disposiciones reglamentarias de esta ley, seguirán en
vigor las que hayan regido hasta ahora, en lo que no la contravengan.
Artículo Sexto. Las controversias, procedimientos y solicitudes relativas a las materias de esta ley
que en la actualidad se encuentren en trámite, por razones de la irretroactividad de la norma, se
deberán de substanciar hasta su conclusión de conformidad con las leyes existentes en el
momento en que se generó su planteamiento.
Artículo Séptimo. El gobierno del estado, deberá publicar en el Periodo (sic) Oficial El Estado de
Jalisco, en el término de seis meses, los reglamentos que se establecen en la presente ley.
Artículo Octavo. Los criterios para definir el perfil de los prestadores de servicios estatales en
materia de impacto ambiental y riesgo y los peritos y auditores ambientales, serán concertados por
el ejecutivo del estado, mediante consulta a las instituciones académicas, colegios de
profesionistas y organismos de investigación científica y tecnológica de la entidad.
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 18572
Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial El Estado de Jalisco.
Segundo. El término de seis meses que previene el artículo séptimo transitorio del decreto No.
18182 para la expedición y publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de los
reglamentos que se establecen en la presente ley por parte del Titular del Ejecutivo, comenzará a
contar a partir de la publicación del presente Decreto.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 20682
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. Para los efectos de los recursos económicos con los cuales se constituirá el Fondo
Estatal de Protección al Ambiente, el Ejecutivo del Estado en el presupuesto de egresos, deberá
destinar una partida presupuestal que funcionará como base inicial del mismo, debiendo de
incrementarse según los recursos con que se integra dicho Fondo.
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 20867
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes, en que entre en vigor el
Decreto de adición al artículo 4 y de reforma diversos artículos de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, relativas al derecho a la información pública, previa publicación en el periódico
oficial “El Estado de Jalisco”, salvo lo establecido en los artículos siguientes.
SEGUNDO.- Las disposiciones del presente decreto relativas a la creación y funcionamiento del
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, serán obligatorias a partir del día
siguiente de publicación de la reforma constitucional a que se refiere el artículo anterior.
TERCERO.- El Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2005 deberá establecer
la partida presupuestal asignada al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.
CUARTO.- El Congreso del Estado deberá nombrar al Presidente y a los primeros consejeros
ciudadanos del Instituto de Transparencia e Información Pública a más tardar tres meses después
de la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el artículo segundo transitorio. En el
primer periodo de su encargo, por única vez, dos consejeros serán nombrados por dos años; dos
consejeros por tres años y el consejero Presidente por cuatro años.
QUINTO.- El Presidente y los consejeros ciudadanos, una vez nombrados por el Congreso del
Estado, podrán aplicar el presupuesto asignado al Instituto y llevar a cabo todas aquellas
atribuciones que permitan su integración y funcionamiento.
SEXTO.- Antes de la entrada en vigor de la Ley, los sujetos obligados deberán integrar las
unidades de transparencia e información que ésta establece, así como emitir las disposiciones
reglamentarias de la misma, para que estén integradas el día de inicio de su vigencia.
SEPTIMO.- De no designarse las unidades de transparencia e información en el plazo establecido
en el artículo anterior, se considerará como tal, en lo relativo a la recepción y entrega de
solicitudes, a la Oficialía de partes de cada una de las entidades que, de acuerdo a la normatividad
aplicable, conforman la estructura orgánica de los sujetos obligados.
OCTAVO.- A la entrada en vigor del presente decreto, quedará abrogada la Ley de Transparencia
e Información Pública del Estado de Jalisco publicada el 22 de enero de 2002 mediante decreto
número 19446.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 21682
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. Para los efectos de los recursos económicos con los cuales se constituirá el Fondo
Estatal de Protección al Ambiente, el Ejecutivo del Estado en el presupuesto de egresos, deberá
destinar una partida presupuestal que funcionará como base inicial del mismo, debiendo de
incrementarse según los recursos con que se integra dicho Fondo.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 21696
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial el Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al
presente decreto.
TERCERO.- Se autoriza al titular del Ejecutivo del Estado a que realice las adecuaciones
presupuestarias para el debido cumplimiento del presente decreto y deberá expedir el reglamento
interior de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, en el que se especifiquen su
estructura interna, su organización y demás atribuciones, adecuar los reglamentos, acuerdos y
demás dispositivos reglamentarios relacionados con las materias cuyas disposiciones se reforman,
modifican o derogan a partir del presente decreto.
CUARTO.- La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente entrará en funciones a más tardar el
día 7 de enero de 2008 y hasta entonces, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo
Sustentable del Estado realizará las atribuciones encomendadas a aquella por el presente decreto
y por las disposiciones que de éste se deriven.
QUINTO.- En el cumplimiento del presente decreto, se respetarán los derechos laborales y de
seguridad social de los trabajadores que sean transferidos de una dependencia a otra.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25878
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado deberá ajustar las disposiciones reglamentarias necesarias
para la aplicación del presente decreto, dentro del término de noventa días naturales posteriores a
entrada en vigor de este decreto.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25884/LXI/16
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. El Poder Ejecutivo y los ayuntamientos del Estado, deberán actualizar sus planes y
programas en la materia dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente
decreto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25921/LXI/16
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial "El Estado de Jalisco".
SEGUNDO. Derogado
TERCERO. Derogado
CUARTO. Derogado
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 26853/LXI/18
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico
oficial “El Estado de Jalisco”.
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Segundo. La Secretaría y los municipios tendrán un plazo de 180 días hábiles, contados a partir
de la entrada en vigor de este decreto, para adecuar sus reglamentos en los que podrán establecer
zonas con regulación especial.
Tercero. La Secretaría y los municipios, dentro de los 180 días hábiles siguientes contados a partir
de la entrada en vigor de este decreto, elaborarán un mapa de fuentes generadoras de ruido, de
acuerdo a lo dispuesto por la fracción XXIX del artículo 5 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 26942/LXI/18
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
oficial “El Estado de Jalisco”, con excepción de lo dispuesto en los siguientes artículos.
SEGUNDO. El Gobierno del Estado y los ayuntamientos dentro de los 60 días siguientes a la
publicación de la norma técnica referida en el artículo siguiente, deberán realizar las adecuaciones
reglamentarias y administrativas necesarias para la implementación del decreto.
TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, deberá dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en conjunto con Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología convocarán a la comunidad científica y académica, las cámaras de
industriales y de comercio, las asociaciones de productores de bolsas plásticas y popotes,
asociaciones civiles y organismos representativos, a fin de coadyuvar en la elaboración de la Norma
Técnica Ambiental referente a la producción sustentable de estos productos plásticos, en la que se
consideren los principios de reducción, reciclaje y reutilización de los mismos, así como las
características específicas requeridas para cada producto.
CUARTO. La Secretaría, a partir de la publicación del presente decreto, deberá implementar una
campaña permanente de difusión dirigida a la población en general, al sector empresarial y
productivo, asociaciones de comerciantes y demás entes económicos, sobre el uso responsable de
los plásticos bajo los principios de reducción, reutilización y reciclaje. Para tal fin, se podrán prever
en el Presupuesto de Egresos una partida suficiente para poder llevar a cabo acciones de
promoción y publicidad del decreto.
QUINTO. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, podrá
implementar un programa de apoyos a efecto de que las empresas que actualmente producen
plásticos de un solo uso, puedan adecuar las tecnologías que tienen a efecto de atender las
demandas ambientales y legales implementadas en la presente reforma.
SEXTO. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología instrumentará un programa de
asesoramiento al sector productivo para el desarrollo de materiales alternativos al plástico a más
tardar en 120 días de la entrada en vigor del presente decreto.
SÉPTIMO. A partir del 1° de enero de 2020, los ayuntamientos podrán imponer las sanciones
administrativas o económicas correspondientes conforme a la gradualidad que sus reglamentos
establezcan para cada unidad económica.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 27260/LXII/19
PRIMERO. Las disposiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. Se derogan los ARTÍCULOS PRIMERO y SEGUNDO, así como los artículos
SEGUNDO TRANSITORIO, TERCERO TRANSITORIO Y CUARTO TRANSITORIO del decreto
25921/LXI/16, aprobado por este Congreso el seis de noviembre de dos mil dieciséis publicado en
el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.
68
TERCERO. El Ejecutivo del Estado de Jalisco, contará con el plazo de noventa días para emitir el
Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico en materia de verificación vehicular, así
como el Programa de Verificación Vehicular.
CUARTO. La Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado “Agencia Integral de
Regulación de Emisiones”, deberá aprobar el Reglamento Interno de la Agencia, dentro de un
plazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento; el
cual deberá ser remitido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos legales
correspondientes.
QUINTO. Los establecimientos acreditados para ofrecer el servicio de verificación vehicular que a
la fecha de entrada en vigor del presente decreto se encuentren vigentes deberán transitar al
programa de verificación vehicular cumpliendo con las disposiciones que se establezcan conforme
al presente decreto. La vigencia de las acreditaciones actuales, no podrá ser excedida ni
prorrogada, si antes no transitan al programa de verificación vehicular conforme a lo dispuesto en
este Decreto.
SEXTO. Las infracciones y medidas de seguridad que establecen los artículos 169 fracción V y 185
fracción ll, lll y lV de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, serán aplicables a
partir del primero de enero de 2020.
SÉPTIMO. Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial pueda ejercer la
atribución conferida en el artículo 72, fracción VII, inciso d), de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente antes precisada en el presente Decreto, se deberá agotar el
procedimiento de Licitación Pública Internacional a través de la Secretaria de Administración, a fin
de seleccionar el proveedor al que le será otorgada la contratación a que hace referencia el
numeral antes citado. Dicho procedimiento deberá llevarse a cabo de conformidad con los
lineamientos establecidos en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de Jalisco y su Reglamento.
OCTAVO. Antes de que concluya el presente ejercicio presupuestal, la Secretaría de la Hacienda
Pública del Ejecutivo del Estado en el ámbito de su competencia deberá realizar las adecuaciones
administrativas necesarias a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el presente decreto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 27253/LXII/19
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. Los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la presente reforma, se
perseguirán, juzgarán y resolverán conforme a lo dispuesto por dichos artículos hasta antes del
inicio de la vigencia de la presente reforma.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 27271/LXII/19
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial “El Estado de Jalisco”.
Artículo Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco,
en un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto
debe realizar las modificaciones a los reglamentos y disposiciones administrativas que resulten
aplicables; así como emitir los protocolos necesarios para la atención de contingencias o
emergencias necesarias y para la operación de comando de emergencias ambientales.
Artículo Tercero. Entretanto se realizan las modificaciones a los reglamentos y disposiciones
administrativas que resulten aplicables yse emiten los protocolos necesarios para la atención de
contingencias o emergencias necesarias para la operación de comando de emergencias
ambientales, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial atenderá las contingencias y
69
emergencias ambientales de conformidad a la presente decreto, a las normas y protocolos que se
encuentren vigentes.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 27870/LXII/20
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo Estatal contará con un plazo no mayor de un año a partir
de la publicación del presente decreto para expedir las reformas y adiciones necesarias a la
reglamentación de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de
adecuar la normatividad a lo dispuesto en el presente decreto.
TERCERO. Los municipios de Jalisco tendrán un plazo de 90 días naturales, para efecto de
realizar las modificaciones reglamentarias conforme a lo dispuesto por el presente decreto, así
como para presentar al Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos
correspondiente.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 28111/LXII/20
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial deberá de emitir, en un plazo
de noventa días hábiles contados a partir de la publicación del presente, un dictamen técnico en el
que establezca la necesidad o no de revisar el Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del
Estado actualmente en vigor y en todo caso, dar inicio con el procedimiento para la revisión del
mismo. Una vez concluida el proceso de revisión del Ordenamiento Ecológico Regional del
Territorio del Estado de Jalisco, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado
de Jalisco, deberá de iniciar con el proceso establecido en el Código Urbano para la revisión del
Plan Estatal en apoyo de las autoridades necesarias e involucradas en la materia.
TERCERO. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial deberá de emitir el
Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Jalisco, en materia de Ordenamiento Ecológico Regional y Local del Territorio, dentro de los ciento
ochenta días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el periódico oficial “El
Estado de Jalisco”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 28804/LXIII/22
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico
oficial "El Estado de Jalisco".
Segundo. Las Secretarías de Administración, de la Hacienda Pública y la de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial deberán gestionar y concretar la modificación del contrato con el proveedor
del paquete tecnológico para el equipamiento, operación, mantenimiento, administración y control
de los establecimientos de verificación de emisiones vehiculares, conforme a lo establecido en el
presente decreto, en un plazo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente
decreto.
Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en un plazo de treinta días
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá emitir las adecuaciones
correspondientes al programa de verificación vehicular y remitirlo para su publicación en el
periódico oficial “El Estado Jalisco”.
Cuarto. Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que contemple en su
70
Proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2023 queden
contemplados al menos los siguientes incentivos fiscales para las personas que cumplan con la
verificación vehicular:
I. 10% de descuento en el pago de derechos por refrendo vehicular y tarjeta de circulación,
adicional a los que se otorguen por pronto pago y a los pagos efectuados a través de Internet,
ventanillas bancarias y tiendas de conveniencia, a quienes verifiquen en el Ejercicio Fiscal 2022; y
II. 20% de descuento en el derecho por dotación de placas a los vehículos foráneos que
cumplieron con la verificación vehicular y deseen contar con placas del Estado de Jalisco, a
quienes verifiquen en el Ejercicio Fiscal 2022.
Quinto. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en coordinación con la
Contraloría del Estado, deberán comunicar y realizar campañas de difusión en todos los entes
públicos respecto de sus obligaciones derivadas de este decreto en materia de verificación
vehicular.
TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES
18182.-Se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco.-Dic.21 de 1999. Sec. II.
Fe de Erratas al decreto 18182.-Feb. 1º. de 2000.
18572.- Se reforman los arts. 2 frac. II, 3 frac. XVII, 4, 5 frac. VII, 6 y su frac. IV, 7, 21, 24 frac. III,
26, 29 frac. III, IV y V, 33, 47 primer párrafo, 54, 55, 60 frac. I, 63, 75, 79 primer párrafo, 83, 91,
102, 107 primer párrafo, 111, se adicionan el art. 3 con la frac. XX y se recorre en su orden el resto
de las fracs.; y los arts. 54 bis y 59 bis; se cambia el nombre de los capítulos II y III del Título
Primero; y se sustituye el término Gobierno del Estado por el de Secretaría en los arts. 8 y fracs. I y
II, 15, 19, 28, 32, 35, 36, 37, 39 segundo párrafo y frac. II, 40 segundo párrafo, 41, 64, 68, 70, 72,
73, 78 frac. II, 86 frac. I, 89, 94, 96, 97, 100, 101, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 123, 124, 132,
133, 134, 142, 144, 145, 146, 147, 152, 154, 170, 171, 172, 173, 175, 179, 180 fracs. I, II y III, 181,
184, y Transitorios Tercero y Cuarto segundo párrafo.-Nov. 4 de 2000. Sec. III.
19500.-Se adiciona el artículo 87 Bis a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Jalisco.-Jul. 9 de 2002. Sec. II.
19859.- Se reforma la frac. III, adiciona una fracción que pasa a ser la IV y la actual IV pasa a ser
la V, del art. 99.-Dic.24 de 2002. Sec. II.
Fe de Erratas al decreto 19859.-Mar. 6 de 2004.
20867.- Se reforman los artículos 112 y 113.-Ene. 6 de 2005. Sec. III.
21682/LVII/06.- Reforma y adiciona los artículos 3, 5, 6, 8, 14, 28, 41 bis, 41 ter, 41 cuarter, 79, 86,
87, 89, 91, 95, 96, 116, 144, 146, 154 y 158 y deroga los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.-Jun. 7 de 2007. Sec. IV.
21696.- Adiciona la fracción XXXII al artículo 3º. y se modifica el artículo 116.-Ene.13 de 2007. Sec.
XII.
21918/LVIII/07.- Reforma el artículo cuarto transitorio del decreto 21696 que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, todos del
Estado de Jalisco, por el que se crea la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.-Oct.20
de 2007. Sec. II.
71
22280/LVIII/08.-Se adiciona el Capítulo III al Título segundo con los arts. 64-A, 64-B, 64-C, 64-D y
64-E, y se reforman los arts. 177 y 178 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Jalisco.- Oct. 2 de 2008. Sec. III.
23306/LIX/10.- Se reforma el art. 72 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente del Estado de Jalisco.- Dic. 9 de 2010. Sec. V.
24491/LX/13.- Se reforman las fracs. XXIV y XXV y se adiciona la frac. XXVI al art. 6º de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Dic. 3 de 2013. Sec. II.
24823/LX/14.- Se reforman las fracciones XVII y XXXII del artículo 3º de la Ley Estatal de Equilibrio
y la Protección al Ambiente.- Mar. 1 de 2014 sec. II
24847/LX/14.- Se reforma el artículo 3° de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Medio Ambiente.- Abr 8 de 2014 sec. VI
24848/LX/14.- Se reforman los artículos 112, 113 y 114 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente. Abr. 8 de 2014 Sec. VI
25149/LX/14.- Se reforman los artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.- Dic. 23 de 2014 sec. X.
25854/LXI/16.- Se reforma el artículo 6º, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico.- Jul. 9 de 2016
sec. V.
25840/LXI/16.- Artículo quincuagésimo, se reforman los artículos 146 y 150 de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Oct. 11 de 2016. sec. V
AL-757-LXI-16 que aprueba la aclaración de error de la minuta de decreto 25840/LXI/16. Oct. 11
de 2016 sec. VI.
25878/LXI/16.- Se reforman los artículos 3 y 14 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; Se reforma el artículo 27 de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del
Estado de Jalisco.- Oct. 11 de 2016 sec. VIII.
25884/LXI/16.- Se reforman los artículos 17, 20 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco; y se reforma el artículo 67 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.- Oct. 11 de 2016 sec. IX
25921/LXI/16.- Artículo octavo. Se reforman los artículos 6°, 41 Ter, 72 y se adicionan los artículos
41 Quinquies y 41 Sexies, a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Nov.
25 de 2016 Bis, edición Especial.
26184/LXI/16.- Se reforma el artículo 49 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.- Ene. 17 de 2017 sec. III.
26294/LXI/17.- Artículo Primero. Se reforman los artículos 3, 5, 6, 8, 9, 23 y 37 de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Artículo Segundo Se reforma el artículo 94 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.- Mar. 16 de 2017 sec. III.
26376/LXI/17.- Se adiciona el artículo 60 Bis a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.- Jul. 6 de 2017 sec. II.
26443/LXI/17.- Se reforma el artículo 53 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.- Nov. 25 de 2017 sec. III.
26853/LXI/18.- Se reforman los artículos 3°, 102, 144, 146 y 148 y se adiciona el artículo 103-Bis
de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Se reforma
72
el artículo 176 la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.- Ago. 23 de 2018 sec. V.
26942/LXI/18.- Se reforman los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.- Oct. 16 de 2018 sec. III.
27260/LXII/19.- Se establece las bases del Programa de Verificación Vehicular del Estado de
Jalisco; se reforma la fracción VII del artículo 72 y se adiciona un artículo 72 bis de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; se reforman las fracciones VIII y IX
y se adiciona una fracción X del artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco; se
reforman los artículos 5o fracción XII, 19 fracción X, 44 primer párrafo y se agrega un párrafo cuarto
recorriéndose todos los demás, 51, 169 primer párrafo, fracción V, se crea una fracción VI
recorriéndose todas las demás y se agrega un último párrafo, 174 primer párrafo y se elimina el
séptimo párrafo recorriéndose todos los demás, se crea el artículo 174 bis, 185 fracciones II, III, IV,
se adiciona una fracción V y se agregan tres últimos párrafos, 188 adicionándole un párrafo tercero
y recorriéndose todos los demás y 190 fracción IV, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado
de Jalisco; se crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Agencia Integral de
Regulación de Emisiones” y se expide su Ley Orgánica.- Abr. 9 de 2019 sec. VII
27253/LXII/19.- Se reforman los artículos 290, 292, 295 y 296 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Jalisco; Se reforman los artículos 33, 116, 121, 124, 125, 126, 127, 130, 146 y
153, se cambia el nombre al Título Sexto y a su Capítulo II y se adicionan los artículos 131 Bis y
148 Bis de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Se reforma la
fracción VI del artículo 88 de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco; Se
reforman las fracciones IV y XXI del artículo 102, el artículo 103 y 104 y primer párrafo del artículo
105 de la Ley del Agua del Estado de Jalisco y sus Municipios.- Abr. 27 de 2019 sec. IV.
27271/LXII/19.- Se reforma los artículos 6 fracción V y adiciona los artículos 95 bis, 95 ter, 95
quater, 95 quinquies y modifica la denominación del Capítulo IV correspondiente al Título Cuarto
de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- May. 11 de 2019 sec. II.
27870/LXII/20.- Se reforman los artículos 3, fracciones de la II a la XXXVII, 5 en su fracción IV, 6
fracciones de la V a la LXII, y se adiciona a los artículos 44 la fracción IV, 45 la fracción V, 146 la
fracción II; así mismo, se adiciona el Capítulo IV, denominado De Los Instrumentos de
Participación Voluntaria para la Conservación, así como una Sección Primera titulada De Las
Áreas Estatales Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con los artículos 64-F al 64-J y
una Sección Segunda denominada De Los Paisajes Bioculturales de los artículos 64-K al 64-N
todo ello dentro del Título Segundo Áreas Naturales Protegidas, y los artículos 94-A y 94-B, de la
de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Abr. 21 de 2020 sec. IV.
27915/LXII/20.- Se reforman los artículos 41 Quinquies y 41 Sexies de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.- Jun. 16 de 2020 sec. II.
27943/LXII/20.- Reforma el artículo 3 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.- Sep. 19 de 2020 sec. III no. 5.
27944/LXII/20.- Adiciona el artículo 58 bis a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente; y reforma el artículo 251 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.-
Sep. 19 de 2020 sec. III.
28111/LXII/20.- Se adiciona las fracciones XXXVI, XXVII, XXXVIII y XXXXIX al artículo 3, adiciona
el artículo 15-bis y la fracción VIII al artículo 16, modifica el artículo 17 de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Se modifica la fracción LVI y adiciona la fracción
LVI-Bis y LVI-Ter; modifica la fracción LXXXV y recorre la LXXXV a la LXXXVI del artículo 5;
modifica la fracción IX del artículo 9 Ter; se agrega el inciso h) a la fracción II del párrafo A y se
agrega la fracción IX al párrafo B del artículo 78; modifica el artículo 81; modifica los párrafos
tercero y cuarto al artículo 83; se agrega una fracción XIII al artículo 89, se agrega una fracción XIII
al artículo 90; se agrega una fracción III al artículo 95; y se agrega una fracción XII al artículo 97
del Código Urbano para el Estado de Jalisco.- Dic. 3 de 2020 sec. II.
73
28804/LXIII/22.- Se reforman los artículos 72 fracción VII y 72 bis de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente.- Ago. 4 de 2022, sec. IV.
28834/LXIII/22.- Se reforma la fracción IV del artículo 5; fracción V del artículo 6; adiciona un
Capítulo V al Título Segundo con los artículos 64-Ñ; 64-O; 64-P; 64-Q; 64-R y 64-S a la Ley Estatal
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Nov. 15 de 2022, sec. III.
28845/LXIII/22.- Se reforma la fracción III del artículo 25 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente.- Nov. 15 de 2022, sec. III.
28853/LXIII/22.- Se reforma el artículo 41 Ter fracciones III, V, y VI de la Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.- Nov. 15 de 2022, sec. III.
29559/LXIII/24.- Se reforman los artículos 28, 31, 46 y 49 de Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente.- Oct. 12 de 2024, sec. IX.
LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
APROBACIÓN: 25 DE MAYO DE 1989.
PUBLICACIÓN: 6 DE JUNIO DE 1989. SECCIÓN II.
VIGENCIA: 7 DE JUNIO DE 1989.
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