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H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
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Última reforma: Decreto número 1467, aprobado por la LXIII Legislatura el 15 de abril del
2018 y publicado en el Periódico Oficial Número 45 Séptima Sección del 10 de noviembre
del 2018.
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el sábado 27 de enero de 1973.
FERNANDO GOMEZ SANDOVAL, Gobernador Interino Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, a sus habitantes hace saber:
Que la H. Legislatura del Estado ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
LA XLVIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
OAXACA,
DECRETA:
LEY DE EJECUCION DE SANCIONES PRIVATIVAS Y
MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD PARA EL ESTADO DE OAXACA.
TITULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES
l
OBJETO.
Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y tienen
por objeto establecer las bases para la ejecución de las penas y medidas de seguridad, impuestas
por las Autoridades Judiciales en el Estado, conforme a las disposiciones Constitucionales y a
las Leyes aplicables.
ll
DE LA COMPETENCIA
Artículo 2o.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de Protección
Ciudadana, la Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de la Libertad, impuestas
por la Autoridad Judicial o el Consejo de Tutela en el Estado; el control, administración y dirección
de cada uno de los establecimientos destinados al cumplimiento de las Sanciones Privativas y
Restrictivas de Libertad, de las Instituciones de Prevención y la Atención Especializada que se
otorgue al infractor desde el momento de su aprehensión.
En los términos de los Convenios que el Ejecutivo celebre con el Gobierno Federal también
podrán ser recluidos en dichos establecimientos los reos del fuero federal.
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Artículo 2o. Bis (A).- La Secretaria de Protección Ciudadana, a través de la Dirección de
Prevención y Readaptación Social, aplicará las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Artículo 2o. Bis (B).- Para los efectos de esta Ley, la Dirección de Prevención y Readaptación
Social, tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Crear, organizar, dirigir y administrar los Centros de Custodia y de Readaptación Social en el
Estado:
II.- Expedir normas y demás disposiciones de orden interno por las que habrán de regirse los
Centros, así como vigilar su cumplimiento;
III.- Custodiar a toda persona que fuere privada de su libertad por órdenes de los Tribunales
Judiciales del Estado o Autoridad competente, desde el momento de su ingreso, así como a su
traslado, a otras instituciones en los casos previstos por esta Ley, ya sea por conducto de su
personal o con apoyo de los cuerpos de seguridad pública;
IV.- Llevar el registro de todas las personas privadas de la libertad, incluyendo sus generales y
los datos sobre el delito o delitos cometidos, así como el diagnóstico de su personalidad, de
acuerdo a los estudios que les hubiesen practicado después de dictado el auto de formal prisión;
V.- Clasificar a los internos a fin de aplicar a cada uno el tratamiento individualizado que
corresponda, de acuerdo al sistema progresivo técnico;
VI.- Aplicar y vigilar el tratamiento adecuado para inimputables;
VII.- Conocer invariablemente las quejas del Ministerio público, los internos, sus familiares o
defensores sobre el tratamiento de que sean objeto en los Centros de reclusión;
VIII.- Otorgar a los internos los beneficios ha (sic) que se hayan hecho acreedores, en los términos
de esta Ley;
IX.- Supervisar la vigilancia a que estarán sujetas las personas que gocen de los beneficios
señalados en esta Ley;
X.- Determinar los lugares donde deberán quedar recluidos los inculpados o reos sordomudos,
ciegos, farmacodependientes, de mayor peligrosidad o enfermos mentales, contagiosos y graves,
aplicándoles el tratamiento que se estime adecuado;
XI.- Supervisar la vigilancia ha (sic) que serán sometidas las personas sujetas a tratamiento de
deshabituación, desintoxicación, confinamiento, prohibición de ir a un lugar determinado y
vigilancia de Autoridad;
XII.- Adoptar las medidas más convenientes para la prevención y disminución de la delincuencia
en los centros penitenciarios, coadyuvando con las demás Instituciones en la política criminal que
implemente el Ejecutivo del Estado, tanto en lo que se refiere a la prevención del delito como en
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lo que atañe al tratamiento del interno, procurando realizar investigaciones de carácter
criminológico para este fin;
XIII.- Seleccionar y capacitar al personal de los centros del Sistema Penitenciario Estatal en todos
sus niveles de acuerdo a la Ley de la materia; y
XIV.- Ejecutar las demás penas y medidas de seguridad o las funciones que ésta u otras leyes le
asignen.
III
DEL PERSONAL PENITENCIARIO
ARTICULO 3o.- Los establecimientos estarán a cargo de un Director y del personal técnico
administrativo y de vigilancia necesario (sic). En cada establecimiento existirá un Consejo Técnico
Consultativo.
ARTICULO 4o.- El Director tendrá a su cargo el gobierno, la vigilancia y administración del
establecimiento, cuidará la aplicación del Reglamento Interior y adoptará todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de esta Ley.
ARTICULO 5o.- El Consejo Técnico ejercerá las funciones consultivas necesarias para la
aplicación individual del sistema progresivo, la ejecución de medidas preliberacionales, la
concesión de la remisión parcial de la pena y de la libertad preparatoria, la aplicación de la
retención y, en general, el cumplimiento de esta Ley. Además, el Consejo podrá sugerir a la
autoridad ejecutiva del reclusorio medidas de alcance general para la buena marcha del mismo.
ARTICULO 6o.- El Consejo Técnico será presidido por el Director del establecimiento o por el
funcionario que lo sustituya en sus faltas y se integrará con los miembros de superior jerarquía
del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia, pudiendo además formar parte del
mismo asesores ajenos al personal que tendrán derecho de voz, pero no de voto. En todo caso
formarán parte de él un médico y un maestro normalista.
ARTICULO 7o.- El personal penitenciario de todos los grados, deberá ser seleccionado
escrupulosamente, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud y capacidad profesional del
mismo, dependerá en forma esencial el éxito o el fracaso del sistema.
ARTICULO 8o.- Formarán parte del personal los especialistas que sean necesarios para el
cumplimiento de los fines de esta Ley, tales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,
maestros e instructores técnicos.
ARTICULO 9o.- El personal de vigilancia, además de su vocación para el servicio, deberá ser
objeto de un programa de formación especializada y aprobar el examen teórico-práctico a que se
le sujete. El Ejecutivo del Estado promoverá desde luego la organización de los cursos de
especialización mencionados.
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ARTÍCULO 10.- Para la designación del personal directivo, técnico y administrativo se dará
preferencia a quienes además de su aptitud personal y de su calidad profesional, acrediten haber
realizado estudios para un segundo título o diploma en materia penitenciaria.
ARTICULO 11.- El personal de custodia deberá estar organizado conforme a las reglas de la
disciplina penitenciaria, a fin de mantener entre el mismo las categorías y el orden necesarios.
ARTICULO 12.- El Director de cada establecimiento deberá hallarse debidamente calificado para
su función, por su carácter, su capacidad administrativa, su formación adecuada y sus
conocimientos y experiencias en la materia y dedicarse exclusivamente a su función oficial, en el
sentido de que ésta es incompatible con el desempeño de la abogacía postulante o de otra clase
de actividades, y no podrá ser desempeñada como algo circunscripto a un horario fijo. Sin
embargo, podrá desempeñar funciones de catedrático de Derecho Penitenciario u otra materia
relacionada con su función.
ARTICULO 13.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los jefes de cada sección
deberán preparar cuidadosamente a sus subordinados para el adecuado desempeño de los
servicios que les están encomendados. Cualquiera infracción derivada de la falta de dicha
preparación hará responsable al jefe respectivo, a título de negligencia, sin perjuicio de la
responsabilidad directa en que incurra el infractor.
ARTICULO 14.- La capacitación profesional del personal penitenciario deberá conservarse y
aumentarse por todos los medios posibles y entre otros, los siguientes:
a).- Cursos de Perfeccionamiento.
b).- Conferencias.
c).- Seminarios.
d).- Visitas a establecimientos nacionales o extranjeros.
e).- Formación de grupos de debate entre funcionarios directivos, administrativos y técnicos,
sobre temas de interés preferentemente práctico, pudiendo invitarse a personas ajenas a la
institución, reconocidas por su experiencia o conocimientos.
f).- Organización de reuniones consultivas que ofrezcan al personal de todas las categorías la
oportunidad de expresar libremente sus opiniones sobre los métodos aplicados para el
tratamiento de los reclusos, intercambiar informaciones e ideas, discutir problemas y proponer
soluciones.
ARTICULO 15.- Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o ejercer dentro del
establecimiento, empleo o cargo alguno, salvo cuando se trate de grupos basados, para fines de
tratamiento, en el régimen de autogobierno.
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Lo anterior es sin perjuicio de que se confíen a reclusos debidamente seleccionados, como parte
del tratamiento correspondiente, actividades de orden social, cultural o deportivo, que no
impliquen la asunción de funciones de autoridad.
ARTICULO 16.- La custodia de los establecimientos o departamentos de mujeres estará
exclusivamente a cargo de personal femenino. No deberán tener acceso a dichos lugares,
celadores varones, salvo por causas de fuerza mayor bajo la estricta responsabilidad de quien lo
permita. Los restantes miembros del personal masculino sólo tendrán acceso a los
establecimientos o departamentos mencionados en el ejercicio de sus funciones.
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IV
DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Artículo 17.- Para los efectos de esta Ley, los internos en establecimientos de prevención o
readaptación social, se consideran:
a).- Indiciados, cuando se encuentra a disposición de la Policía, del Ministerio Público o del Poder
Judicial, sin que se haya comunicado a la Dirección del Establecimiento la existencia de un auto
de formal prisión.
b).- Procesados, cuando se encuentren a disposición del Poder Judicial, desde el momento en
que se comunica oficialmente a la Dirección el auto de formal prisión.
c).- Sentenciados, cuando se ha comunicado oficialmente a la Dirección del establecimiento que
la sentencia dictada en contra del interno ha causado ejecutoria y que aquél ha quedado a
disposición de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado o del órgano
respectivo, encargado de ejecutar la sanción privativa de libertad que se haya impuesto.
d).- Exhortados, cuando se trata de internos, que a través de la autoridad competente, se
encuentran a disposición de una autoridad extranjera o de otro lugar de la República, para su
traslado conforme a los tratados y leyes respectivos.
Esta Ley no comprende la situación de los detenidos bajo arresto, como sanción disciplinaria o
medida de apremio, impuesto por los tribunales o por autoridades administrativas o de policía.
ARTICULO 18.- Por ningún motivo se dará entrada en establecimientos para adultos, a menores
infractores, los que deberán ser internados, en su caso, en las instituciones especiales que
previenen las Leyes respectivas.
ARTICULO 19.- Los hombres y las mujeres deberán ser internados en establecimientos
diferentes. Si en un mismo establecimiento se reciben hombres y mujeres, los locales destinados
a mujeres, deberán estar completamente separados de los destinados a los hombres.
Para evitar al máximo las influencias nocivas, en la medida de lo posible, serán separados los
internos: a) De dieciséis a dieciocho años del resto de la población carcelaria; b)
Primodelincuentes de los reincidentes; y c) Que den signos de resocialización de los que no den.
ARTÍCULO 20.- Los establecimientos de reclusión destinados a prisión preventiva o ejecución de
penas privativas de libertad, serán de dos tipos: CENTRALES Y REGIONALES. Los
establecimientos centrales se localizarán en el Distrito Judicial al que corresponde la capital del
Estado. Los regionales, estarán situados en los lugares distintos del anterior que determine el
Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Prevención y Readaptación Social.
ARTICULO 21.- Los internos enfermos mentales serán enviados a establecimientos
especializados, y si éstos no existen o no reúnen las condiciones de seguridad que amerita la
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peligrosidad de aquellos, se organizarán dentro de los establecimientos, anexos psiquiátricos en
los que se aplicará el tratamiento médico adecuado.
Los internos sordomudos serán recluídos en escuelas o establecimientos especiales para su
educación, pero en los casos del párrafo que antecede podrán estar separados en una sección
especial.
ARTICULO 22.- El Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios con la Federación, a fin de que
los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en establecimientos
dependientes del Ejecutivo Federal.
TITULO SEGUNDO.
REGLAS COMUNES A PROCESADOS Y SENTENCIADOS.
I.- De la igualdad de los internos.
Artículo 23.- Las reglas contenidas en esta Ley y en los reglamentos de cada establecimiento de
readaptación social deberán aplicarse imparcialmente, sin diferencias de trato fundadas en
situaciones de fortuna, origen social, opinión política, nacionalidad, raza, sexo, credo religioso o
cualquiera otra análoga.
Artículo 24.- Los locales destinados al alojamiento y al trabajo de los internos, deberán satisfacer
las exigencias mínimas de higiene particularmente en lo que concierne a volumen de aire,
superficie mínima por recluso, iluminación y ventilación. Los reclusorios deberán contar con
instalaciones sanitarias en buen estado y con duchas suficientes, según lo requieran la higiene
general y el clima.
Artículo 25.- Queda prohibida la existencia de los llamados pabellones o sectores de distinción,
a los cuales se destine a los internos en razón de su situación económica y mediante el pago de
cuotas especiales.
II.- Vestido.
Artículo 26.- Los internos podrán usar sus propias prendas de vestir, siempre que sean aseadas
y decorosas. En ningún caso se obligará a los internos a portar uniformes infamantes o prendas
cuyas características tiendan a humillarlos, señalando su situación, todo ello sin perjuicio de que,
de acuerdo con los reglamentos, usen prendas de vestir que, en su caso, les sean proporcionadas
por las autoridades del establecimiento.
III.- Alimentación.
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Artículo 27.- Todo recluso recibirá alimentación de buena calidad, cuyo valor nutritivo sea
suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.
Los internos tendrán derecho a recibir alimentos del exterior, bajo el control que sea necesario
por razones de orden, higiene y seguridad, cuando por indicaciones médicas deban sujetarse a
una dieta determinada y ésta no pueda serles proporcionada por el establecimiento.
IV.- Servicio Médico.
Artículo 28.- Cada establecimiento deberá contar con servicio médico adecuado a las
necesidades de los internos.
Artículo 29.- Los procesados y sentenciados serán sometidos a examen médico inmediatamente
después de su ingreso y además con la periodicidad que sea necesaria para su diagnóstico, con
fines encaminados a la individualización del tratamiento y a la curación de los enfermos, así como
para determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo o deporte. Los reclusos que
sufran enfermedades infecciosas o contagiosas serán sometidos a las medidas de aislamiento
que, en su caso, determinen los facultativos.
Artículo 30.- El servicio médico deberá ocuparse del estudio, tratamiento y control de los
reclusos, incluyendo las siguientes actividades:
a).- De observación.
b).- Tratamiento Médico-quirúrgico.
c).- Estudio psicológico y psiquiátrico.
d).- Tratamiento dental.
e).- Higiene.
f).- Medicina Preventiva.
Artículo 31.- El director se asesorará del servicio médico en lo referente a:
a).- Cantidad, calidad y preparación de los alimentos.
b).- Higiene de los establecimientos y de los internos.
c).- Condiciones sanitarias, de alumbrado y de ventilación de los establecimientos.
d).- En los demás casos ordenados en esta Ley o en los Reglamentos y cuando lo estime
pertinente.
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Artículo 32.- El médico que corresponda deberá visitar a los reclusos enfermos con la frecuencia
necesaria. Cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso pueda ser afectada
por una modalidad del tratamiento, deberá informar por escrito al Director, quien tomará las
medidas que sean de su competencia, y en su defecto, transmitirá el informe a la autoridad
competente, con sus propias observaciones.
V.- Visitas.
Artículo 33.- Con el propósito de contribuir a su tratamiento, a la preparación para la futura
libertad y a subrayar el hecho de que continúan formando parte de la comunidad, los internos
podrán recibir visitas de familiares y otras personas. Este régimen de relaciones con el exterior,
quedará sujeto al control de la dirección del reclusorio, a través de los servicios de trabajo social
y vigilancia.
Artículo 34.- Las visitas se recibirán única y exclusivamente en los lugares señalados para tal
efecto, que nunca podrán ser los dormitorios y las celdas, y dentro de los horarios que fijen los
reglamentos.
Artículo 35.- Se concederá visita semanal a los familiares de los internos y a otras personas
cuyas relaciones con el recluso no resulten inconvenientes para el tratamiento.
Artículo 36.- Se podrán conceder visitas fuera de los días y horas reglamentarios, cuando
circunstancias especiales lo ameriten, a juicio de la Dirección.
Artículo 37.- La visita íntima tiene por objeto principal el mantenimiento de las relaciones
maritales del interno en forma sana y moral; no se concederán discrecionalmente, sino previos
estudios social y médico, a través de los cuales se descarte la existencia de circunstancias que
hagan desaconsejable el contacto íntimo, tanto por lo que respecta al interno y a su visitante,
como por lo que toca a la concepción que eventualmente pudiera resultar de estas relaciones. La
visita íntima a las internas deberá efectuarse en condiciones que eviten la posibilidad de
embarazo dentro de la prisión.
VI.- Correspondencia.
Artículo 38.- Los Directores de los Centros Penitenciarios, podrán interceptar y abrir la
correspondencia expedida o recibida por los internos de los Centros de Readaptación Social,
antes de que ésta haya sido entregada a la oficina de correos o cuando ya haya dejado de circular
por estafeta postal. La apertura de la correspondencia se hará inmediatamente después de
recibida y siempre en presencia del interno remitente o destinatario sin que en ningún caso pueda
impedírsele el conocimiento de su contenido.
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Si el contenido de la correspondencia transgrediera las normas disciplinarias o afectara la
seguridad del Centro de Readaptación Social, la autoridad penitenciaria actuará conforme a lo
establecido en el artículo 54, de esta Ley; y en caso de que se cometiera delito o se realizaran
actos tendientes a su comisión, el Director del Centro de Readaptación Social o quien legalmente
lo substituya en su ausencia, lo hará del conocimiento del Ministerio Público.
La comunicación telefónica y por telefax solo será por medios convencionales y en aparatos
públicos, cualquier otro medio de comunicación electrónica bidireccional quedará prohibida.
VII.- Información.
Artículo 39.- Los reclusos deberán ser informados periódicamente de los acontecimientos más
importantes de la vida exterior, por la lectura de diarios, revistas u otras publicaciones, de
emisiones de radio o televisión, conferencias o cualquier otro medio similar, autorizado y
fiscalizado por la administración.
Artículo 40.- Cada establecimiento deberá tener una biblioteca provista de libros instructivos y
recreativos independientemente de que se permita a los internos poseer sus propios libros, salvo
los casos del artículo siguiente:
Artículo 41.- Queda terminantemente prohibida la posesión por los internos de libros, revistas o
estampas obscenas, naipes, dados, loterías y otros juegos de azar. La Dirección impedirá
además la entrada de publicaciones destinadas a informar de hechos delictuosos y de la nota
roja de los periódicos.
VIII.- Religión.
Artículo 42.- Nunca se negará a un interno el derecho de comunicarse con un representante
autorizado de cualquiera religión. Si el establecimiento contiene un número suficiente de internos
pertenecientes a una misma religión, se autorizará a un representante de este culto para
organizar periódicamente servicios religiosos.
IX.- Depósito de objetos pertenecientes a los reclusos.
Artículo 43.- Los objetos de valor, ropas y otros bienes que el interno posea a su ingreso o que
adquiera posteriormente y que reglamentariamente no pueda retener consigo, serán entregados
a la persona que el interno designe o en su defecto mantenidos en depósito en lugar seguro,
previo inventario que el recluso firmará.
Artículo 44.- Los objetos pertenecientes al recluso le serán devueltos en el momento de su
liberación, con excepción del dinero que se le haya autorizado a gastar, de los objetos que haya
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remitido al exterior, con la debida autorización, y de las ropas cuya destrucción se haya ordenado
por razones de higiene. El recluso firmará un recibo de los objetos y el dinero restituídos.
Artículo 45.- Si el recluso es portador de estupefacientes o de otros objetos prohibidos, éstos
serán puestos a disposición de la autoridad competente para los fines de ley.
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X.- Notificaciones de defunción, enfermedades y traslados.
Artículo 46.- En caso de fallecimiento del recluso, o de enfermedad o accidentes graves, o de
traslado, la Dirección del establecimiento informará de inmediato a la persona designada
previamente por el propio recluso, o en su defecto al cónyuge, o al pariente más cercano.
Artículo 47.- Se informará al recluso inmediatamente de la enfermedad grave, debidamente
comprobada o del fallecimiento del cónyuge, padre, madre o hijos y cuando las circunstancias lo
permitan, se le podrá autorizar para que vaya a la cabecera del enfermo o a acompañar al
cadáver, con custodia o sin ella, en este último caso bajo la responsabilidad del Director y siempre
que se trate de reos carentes de peligrosidad.
Artículo 48.- Todo interno tendrá derecho de comunicar inmediatamente a su familia o a la
persona que estime pertinente, su detención o su traslado a otro establecimiento.
XI.- Disciplina y sanciones.
Artículo 49.- En el reglamento interior del reclusorio se harán constar, clara y terminantemente,
las infracciones y las correcciones disciplinarias, así como los hechos meritorios y las medidas
de estímulo.
Artículo 50.- A su ingreso como procesado o sentenciado se entregará a cada interno un
instructivo en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida
en la institución.
Artículo 51.- Independientemente de las que mencionen los reglamentos de cada
establecimiento, se considerarán como infracciones a la disciplina:
I.- Faltar al respeto, de palabra o de obra, a las autoridades, a los demás reclusos o a los
visitantes.
II.- Desobedecer las normas generales de conducta que se dicten para mantener el orden, la
higiene y la seguridad dentro del establecimiento.
III.- Abstenerse de trabajar o de asistir, en su caso, o de tomar parte en las actividades culturales,
educativas o sociales, sin una justa razón.
IV.- Impedir o entorpecer el tratamiento de los demás internos.
V.- Poseer substancias tóxicas, bebidas alcohólicas, juegos de azar, libros obscenos, armas de
cualquier especie, explosivos, y en general, cualesquiera objetos de posesión, de uso prohibidos
en el establecimiento.
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VI.- Contravenir las normas sobre alojamiento, horario, conservación, visitas, comunicaciones,
traslado, registros y las demás relativas al régimen interior del establecimiento.
VII.- Poner en peligro, intencional o culposamente, la seguridad personal o las propiedades de
los internos o del establecimiento.
VIII.- No acatar las órdenes o instrucciones de los funcionarios del establecimiento dictadas
dentro de sus facultades.
IX.- Infringir los demás deberes legales y reglamentarios propios de los internos.
Artículo 52.- A falta de reglamento, las sanciones disciplinarias consistirán en:
I.- Persuación (sic) o advertencia.
II.- Amonestación en privado.
III.- Amonestación ante un pequeño grupo.
IV.- Exclusión temporal de ciertas diversiones.
V.- Exclusión temporal de actividades de entretenimiento, o de prácticas de deportes.
VI.- Cambio de labores.
VII.- Suspensión de comisiones honoríficas.
VIII.- Asignación a labores o servicios no retribuídos.
IX.- Traslado a otra sección del establecimiento.
X.- Suspensión de las visitas familiares.
XI.- Suspensión de visitas especiales.
XII.- Suspensión de visita íntima.
XIII.- Aislamiento en celda propia o en celda distinta por no más de treinta días.
Las sanciones que se impongan a cada interno se anotarán en el expediente personal respectivo.
En caso de que la falta cometida constituya delito, se hará la denuncia respectiva ante el
Ministerio Público.
Artículo 53.- Los internos tienen derecho a ser recibidos en audiencia por los funcionarios del
reclusorio, a transmitir quejas y peticiones, pacíficas y respetuosas, a autoridades del exterior y
a exponerlas personalmente a los funcionarios que lleven a cabo, en comisión oficial, las visitas
de cárceles.
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Artículo 54.- Sólo el Director del Reclusorio podrá imponer las medidas disciplinarias previstas
por esta Ley y por el reglamento respectivo, tras un procedimiento sumario en el que se
comprueben la falta y la responsabilidad del interno y se escuche a éste en su defensa. El interno
podrá denunciar la comisión de abusos en la aplicación de correcciones, recurriendo para ello a
la Dirección de Prevención y Readaptación Social.
Artículo 55.- Se prohibe todo castigo consistente en torturas o tratamientos crueles, así como el
uso innecesario de la violencia en perjuicio de los reclusos.
Artículo 56.- No se empleará contra los reclusos más fuerza que la necesaria para reducir su
rebeldía o resistencia a una orden basada en las normas legales. Los vigilantes que recurran a
la fuerza, procurarán emplearla en la medida estricta y racionalmente necesaria, y deberán de
informar de inmediato al Director del establecimiento.
TITULO TERCERO.
REGLAS ESPECIALES APLICABLES A LOS INDICIADOS Y PROCESADOS.
I.- Separación de los indiciados.
Artículo 57.- Las personas que ingresen en un establecimiento de prevención y readaptación
social, en calidad de indiciados, se alojarán en una sección especial, donde permanecerán sin
comunicación con los procesados, hasta que recaiga, en su caso, auto de formal prisión. Este
hecho no significa la supresión o limitación de los derechos que corresponden a todo detenido.
II.- Comunicación.
Artículo 58.- Desde el momento de su ingreso, todo detenido podrá informar inmediatamente al
abogado que solicite y a sus familiares acerca de su detención, y se le concederán todas las
facilidades razonables para comunicarse con éstos y para recibir sus visitas, con las restricciones
derivadas del interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del
establecimiento. Durante las visitas de su defensor, tanto los detenidos como los procesados
podrán ser vigilados visualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada por ningún
empleado o funcionario de la Policía o del establecimiento penitenciario.
III.- Estudio de la personalidad.
Artículo 59.- Dictado el auto de formal prisión, se procederá de inmediato a practicar el estudio
integral de la personalidad del sujeto, cuyos resultados serán puestos en conocimiento del Juez
Instructor para los efectos de los artículos 62 y 63 del Código Penal. Quienes practiquen dicho
estudio, deberán tener presente que el propósito del mismo es conocer la personalidad del
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inculpado y que se encuentra absolutamente vedado utilizarlo como medio para obtener pruebas
acerca de la comisión del delito o de la responsabilidad.
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IV.- Separación de procesados y sentenciados.
Artículo 60.- Los lugares destinados a prisión preventiva, deberán ser distintos de los que se
destinen a la extinción de las penas y estarán completamente separados.
V.- Atención médica.
Artículo 61.- Se permitirá a los procesados, si así lo solicitan, que sean atendidos, dentro del
reclusorio, por su propio médico o dentista, si su petición es razonable y están en condiciones de
sufragar el gasto.
VI.- Trabajo.
Artículo 62.- Se proporcionará a los procesados, en la medida de lo factible, los medios
necesarios para que desarrollen algún trabajo y se les estimulará para que lo hagan.
TITULO CUARTO.
REGLAS APLICABLES A LOS SENTENCIADOS.
I.- Disposiciones generales.
Artículo 63.- Quienes incurren en delito tienen el derecho y la obligación de ser sometidos al
tratamiento que el Estado está en posibilidad de proporcionarles para procurar su reforma y su
readaptación a la vida social. Con este propósito deberán aplicarse conforme a las necesidades
del tratamiento individual, los recursos médicos, educativos, laborales, espirituales y de cualquier
otra naturaleza lícita, así como todas las formas de asistencia social de que sea posible disponer.
II.- Tratamiento.
Artículo 64.- El régimen de reforma y readaptación de los delincuentes tendrá carácter progresivo
y técnico y constará por lo menos, de períodos de observación y diagnóstico; de tratamiento y de
reintegración.
Artículo 65.- Durante el período de observación y diagnóstico, el personal técnico de la Institución
realizará el estudio integral de la personalidad del interno desde los puntos de vista médico,
psicológico, social, pedagógico y ocupacional, para conocer todas las circunstancias que
contribuyan a la individualización del tratamiento. En su caso, se actualizarán los estudios
practicados al sujeto al ingresar como procesado.
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Artículo 66.- Durante el período de tratamiento se someterá a cada interno a las medidas
educativas laborales, médicas y de otra índole, que se consideren más adecuadas para cumplir
los fines del artículo 63 de esta Ley. Dicho período podrá ser dividido en las etapas que sean
necesarias para seguir un método gradual, conforme a la readaptación de los internos, sin
perjuicio de continuar los estudios relacionados con su personalidad. Entre estas etapas figurará
la preliberacional.
El tratamiento a los condenados a semilibertad consistirá en la aplicación de medidas educativas,
laborales o curativas autorizadas por la ley y conducentes al exclusivo fin de que el sentenciado
no vuelva a delinquir.
Artículo 67.- El tratamiento preliberacional consistirá en:
I.- Orientación al interno y a sus familiares de los aspectos sociales y prácticos de su vida en
libertad;
II.- Métodos colectivos;
III.- Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento;
IV.- Desempeño de comisiones de confianza, que no impliquen jerarquía o autoridad sobre los
demás internos, previo acuerdo de la Dirección de Prevención y Readaptación Social;
V.- Traslado a Instituciones abiertas;
VI.- Permisos de salida de fin de semana o en ocasiones especiales, o diario con reclusión
nocturna, o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de semana, previo Acuerdo de la
Dirección de Prevención y Readaptación Social; y
VII.- Otras medidas adecuadas que apruebe previamente la Dirección de Prevención y
Readaptación Social.
Para la compurgacion de sentencias, en ningún caso se variaran los términos y condiciones
impuestos por la Autoridad Judicial.
Artículo 68.- El Ejecutivo del Estado promoverá la creación de establecimientos abiertos, en los
cuales el tratamiento se fundará en la confianza, en una disciplina aceptada y en el sentimiento
de responsabilidad del interno respecto a la comunidad en que vive.
Artículo 69.- El régimen de establecimiento abierto, así como los sistemas de permisos de fin de
semana, diario con reclusión nocturna o en días hábiles con reclusión de fin de semana, podrán
servir tanto al tratamiento preliberacional como para el cumplimiento de penas privativas de
libertad, cuando esto sea técnicamente recomendable tomando en cuenta la ausencia de
peligrosidad o grado de readaptación de cada sujeto, siempre y cuando el tiempo por compurgar
hasta la posible liberación, bien sea por el cumplimiento de la sanción, o por la posible obtención
de beneficios de libertad preparatoria o remisión parcial de la pena, no exceda de dos años.
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Artículo 70.- El sistema de vida y las condiciones a que estarán sujetos los internos asignados a
los regímenes y sistemas que se mencionan en el artículo anterior, serán fijados por el
Reglamento de cada establecimiento, que deberá ser aprobado por la Dirección de Prevención y
Readaptación Social y por los acuerdos que dicte la propia Dirección a propuesta del Consejo
Técnico de cada establecimiento.
Artículo 71.- El período de reintegración se inicia con la obtención de la libertad, sea ésta
preparatoria, condicional o definitiva.
III.- Del trabajo penitenciario.
Artículo 72.- El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de
la economía local, especialmente del mercado oficial; a fin de favorecer la correspondencia entre
las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del
establecimiento. Para esto último, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido
a la aprobación del Gobierno del Estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección
General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de
Gobernación.
Artículo 73.- El trabajo penitenciario estará sujeto a las siguientes normas:
I.- No tendrá carácter aflictivo, ni constituirá en modo alguno una pena adicional, sino un medio
de promover la readaptación del interno, desarrollar sus aptitudes, capacitarlo para vivir
honradamente, inculcarle hábitos de laboriosidad y evitar el ocio y el desorden, al mismo tiempo
que le permita atender a su sostenimiento y al de su familia y pagar la reparación del daño
causado por el delito.
II.- Todos los sentenciados estarán sujetos a la obligación de trabajar, bien sea en talleres,
actividades agropecuarias, servicios o comisiones, y otras ocupaciones útiles acordes con su
situación considerando tanto los deseos del interno como su vocación, aptitudes, oficio y
profesión y las necesidades y posibilidades del establecimiento.
III.- El trabajo de los internos deberá ser productivo y suficiente para ocuparlos durante el término
normal de la jornada. Los internos que por voluntad propia deseen realizar una actividad creadora
no inmediatamente lucrativa, deberán obtener permiso de la Dirección y estar en condiciones de
cubrir su cuota de sostenimiento.
IV.- La organización y los métodos de trabajo deberán asemejarse lo más posible a los del trabajo
en libertad, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre.
V.- Los internos deberán pagar la cuota que en proporción a sus ingresos se les fije por la
Dirección, previa consulta con el Consejo Técnico, para el sostenimiento del reclusorio, con cargo
a la percepción que obtengan como resultado del trabajo que desempeñen, a base de un
porcentaje uniforme para todos, salvo aquellos que por permitirlo así la etapa de su tratamiento
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laboren fuera del establecimiento, a los cuales se asignará una cuota menor, que será por
cantidad fija en proporción a los servicios que reciban.
VI.- El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: 30% para el pago de la
reparación del daño; 30% para el sostenimiento de los dependientes económicos del reo, 15%
para la constitución de un fondo de ahorros; 15% para constituir un fondo de protección mutualista
para seguridad social y 10% para los gastos menores del reo. Si no hubiere condena a la
reparación del daño o éste ya hubiere sido cubierto, la cuota correspondiente se aplicará al
sostenimiento de los familiares y si los dependientes del reo no están necesitados, las cuotas
respectivas se aplicarán al siguiente en el orden de los fines señalados, con excepción de los
indicados en los dos últimos lugares. Las proporciones fijadas podrán modificarse, salvo la
relativa a gastos menores, a juicio del Consejo Técnico, para atender en forma esencial a la
satisfacción de las obligaciones a cargo del interno.
VII.- El interés de la readaptación de los reclusos y el de su educación y formación profesional,
no deberán estar subordinados al propósito de lograr beneficios económicos del trabajo
penitenciario.
VIII.- El trabajo dentro del establecimiento con recursos propios deberá estar dirigido por la
administración, sin perjuicio de que se puedan organizar industrias o talleres que trabajen a base
de maquila, debiendo aplicarse en tal caso lo que dispone la siguiente fracción.
IX.- Los sentenciados que desempeñen algún trabajo fuera del reclusorio lo harán siempre bajo
estricto control del personal penitenciario. Las personas para las cuales se efectúe, pagarán a la
administración el salario normal exigible por dicho trabajo, teniendo en cuenta el rendimiento. La
propia administración del reclusorio tendrá bajo su responsabilidad el evitar cualquier forma de
abuso o explotación injusta del trabajador.
X.- En los establecimientos penitenciarios se tomarán las medidas de seguridad prescritas por
las leyes para proteger la salud de los trabajadores.
XI.- El fondo de ahorros se depositará en una institución bancaria y sus intereses beneficiarán al
interno. Este no podrá disponer de su fondo de ahorros antes de su liberación, salvo por causas
especiales, a juicio del Consejo Consultivo.
XII.- Del producto del trabajo, sin afectar la cuota destinada a cubrir obligaciones alimenticias, se
podrá descontar el importe de los daños causados en forma intencional o imprudencial en los
bienes, útiles, herramientas e instalaciones en general, del establecimiento.
XIII.- Los trabajadores penitenciarios tendrán derecho a indemnizaciones por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales con cargo al fondo que para tal efecto deberá formarse,
debiendo gestionarse en cuanto sea posible su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social
o al ISSSTE. Los que desempeñen labores al servicio de empresarios ajenos al establecimiento,
tendrán acceso a los servicios de seguridad social respectivos, en igualdad de condiciones con
los trabajadores libres, salvo en lo que fueren incompatibles con su situación legal.
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Artículo 74.- El Reglamento Interior de cada establecimiento fijará el número máximo de horas
de trabajo para los reclusos, por días o por semana, no debiendo ser mayor de ocho horas al día,
pero en todo caso tendrán derecho a un día de descanso semanal y tiempo suficiente para su
instrucción y para las otras actividades previstas para su tratamiento.
Artículo 75.- Se podrán conceder vacaciones penitenciarias hasta por un mes, en caso de
reclusos no peligrosos, de buen comportamiento y próximos a obtener su liberación definitiva.
Asimismo podrán concederse durante la época de las cosechas, a reclusos de origen rural que
reúnan aquellos requisitos, en las regiones de gran producción agrícola, para que obtengan
ingresos en los trabajos de recolección. En tales casos el trabajo será contratado y controlado
por la administración. Las vacaciones penitenciarias no podrán concederse sino con previa
aprobación de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, a la cual se someterá la
proposición cuando menos con dos meses de anticipación, incluyendo la lista de los candidatos
a disfrutarlas y los estudios relacionados con los mismos.
Artículo 76.- Están exceptuados de la obligación de trabajar los sentenciados mayores de
sesenta años, los que padezcan alguna enfermedad que los imposibilite para el trabajo y las
mujeres durante cuarenta y dos días antes del parto y treinta siguientes al mismo. Sin embargo,
estas personas podrán dedicarse a la ocupación que voluntariamente elijan siempre que no sea
perjudicial a su salud o incompatible con el régimen de la Institución. Los sentenciados que se
nieguen a trabajar, no estando en ninguno de los casos anteriores, serán corregidos
disciplinariamente y su persistencia influirá en la negación de la libertad preparatoria, y, en su
caso, en la aplicación de la retención.
IV.- Educación
Artículo 77.- Toda persona que ingrese a un establecimiento de readaptación y prevención
social, será sometida, de acuerdo con el examen previo que se le practique, al tratamiento
educacional que corresponda.
Artículo 78.- La enseñanza que se imparta a los internos no será sólo académica, sino que será
eminentemente educativa, comprendiendo los aspectos ético, cívico, social, higiénico, artístico y
deportivo y se inspirará en el propósito de reformar al educando inculcándole principios de
moralidad, fomentando el respeto a sí mismo, despertando sus deseos de superación y
haciéndole comprender las responsabilidades de todo ser humano ante la familia, la sociedad, la
Patria y la humanidad. Dentro de estos propósitos se combatirán el alcoholismo, las toxicomanías
y todos los vicios que degradan al individuo.
Artículo 79.- La instrucción primaria será obligatoria para quienes carezcan de ella, pero además
deberá completarse con la enseñanza agrícola o el aprendizaje de un oficio o industria que
permita el sostenimiento del educando y de su familia.
Artículo 80.- La educación deberá coordinarse con los sistemas oficiales, para que pueda en su
caso continuarse, obtenida la libertad, todo ello sin perjuicio de la elaboración de programas
especiales.
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Los certificados de estudios que se expidan no harán mención de que fueron realizados en una
Institución penitenciaria.
Artículo 81.- En la fase preliberacional, podrá autorizarse al interno para que asista a escuelas o
instituciones educativas ajenas al establecimiento. Igual requisito podrá imponerse como
condición para la obtención de la libertad preparatoria.
Artículo 82.- Independientemente de la asistencia a eventos, deberán organizarse actividades
en las cuales los internos tomen parte activa. Para tal efecto, se fomentará la formación de grupos
artísticos, culturales o deportivos entre los mismos internos, los cuales podrán actuar fuera del
establecimiento, excluyendo los casos en que se opongan a ello razones de seguridad.
V.- Relaciones Familiares.
Artículo 83.- Se procurará que la situación del interno no destruya o debilite los lazos con su
familia y se tratará de ayudar a resolver los problemas de la misma. Para ello:
a).- Se practicarán visitas periódicas a la familia.
b).- Se organizarán actividades de orientación familiar.
c).- Se vigilará que los hijos se instruyan.
d).- Se procurará la mejor capacitación del cónyuge para el trabajo y las obligaciones domésticas.
e).- Se sugerirá la legitimación de las uniones extramatrimoniales.
f).- Se ayudará a buscar colocación a los familiares que estén en aptitud de trabajar.
g).- Se celebrarán entrevistas con los cónyuges.
h).- Se gestionará que la familia quede protegida por el Instituto Mexicano del Seguro Social u
otra institución de Seguridad Social, según los casos;
i).- Por todos los medios posibles, se llevará la acción de prevención social hasta la familia del
recluso.
Para lograr estos fines, la Dirección de Prevención y Readaptación Social dispondrá de los
servicios de trabajadores sociales, maestros y médicos, pero además solicitará la cooperación de
las autoridades y de toda clase de instituciones y particulares y en especial del Patronato de Reos
Liberados.
VI.- Investigación y estudio.
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Artículo 84.- Además de centros de readaptación, los establecimientos son instituciones de
estudio e investigación y medios adecuados para el desarrollo de un amplio servicio social.
Para tal efecto, se fomentará la cooperación recíproca con universidades, escuelas superiores,
institutos, colegios de profesionistas, órganos del Poder Público y asociaciones de servicio.
VII.- Servicio social de pasantes.
Artículo 85.- En el establecimiento penitenciario central, con sede en la Ciudad de Oaxaca, se
destinará un local para oficina de servicio social para pasantes de derecho, de trabajo social o de
otras profesiones que realicen su servicio social colaborando a los fines de esta ley y a la defensa
de los procesados de escasos recursos bajo control de la Dirección de Prevención y
Readaptación Social y de la Dirección del Reclusorio.
TITULO QUINTO.
FORMACIÓN DE EXPEDIENTES Y MÉTODOS DE CONTROL.
Artículo 86.- Toda persona que ingrese a un establecimiento penitenciario, será de inmediato
sujeto a examen por el servicio médico, en los términos del Artículo 29 de esta Ley, a fin de
conocer su estado físico y mental; por el profesor de instrucción con el objeto de calificar su nivel
cultural y por el supervisor de trabajo, para comprobar su habilidad y capacidad para el mismo
sin perjuicio de quedar sujeto a observación de acuerdo con el Artículo 65 de la misma Ley.
Artículo 87.- A todo reo se le formará expediente que incluirá los estudios practicados y al que
se agregará en su oportunidad una copia de la sentencia dictada por los tribunales que hayan
conocido de su caso. Dicho expediente se llevará por triplicado, remitiéndose un tanto a la
Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado; otro a la Dirección General de
Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de
Gobernación y el otro se conservará en el establecimiento. El citado expediente se dividirá en las
siguientes secciones:
a).- Sección Jurídica, en donde se incluirán todos los datos relacionados con la situación jurídica
del interno, desde las copias del escrito de consignación y del auto de formal prisión, de la
sentencia ejecutoria y de las resoluciones de amparo, en su caso, hasta las resoluciones que se
dicten por la Dirección de Prevención y Readaptación Social en los términos de esta Ley.
b).- Sección Correccional, que incluirá los datos relativos al comportamiento del interno,
haciéndose constar los antecedentes sobre su conducta, sanciones disciplinarias, estímulos y
recompensas.
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c).- Sección Médico-Psicológica, que contendrá los estudios que se realicen sobre la salud física
y mental del interno, incluyendo su historia clínica médico-criminológica, la ficha dental y los
estudios psiquiátricos y psicológicos.
d).- Sección Ocupacional, que contendrá los datos relativos al trabajo del interno, tanto antes
como después de su reclusión, incluyendo en el primer capítulo los datos generales, la profesión
u oficio, los trabajos desempeñados en libertad, (duración, salario y motivo de terminación), el
grado de capacidad y los dependientes económicos y en un segundo capítulo, el tratamiento
laboral, las medidas adoptadas, los resultados obtenidos y las observaciones que correspondan.
e).- Sección Pedagógica, que comprenderá los elementos relativos a la situación educacional del
interno. Contendrá dos capítulos: en el primero se consignarán datos relativos a la situación antes
de su ingreso: alfabetización, escolaridad, aficiones (lectura, teatro, cine, espectáculos, dotes
artísticas, deportes, etc.), en el segundo, los relativos al tratamiento, desglosándose en las
secciones que sean necesarias: alfabetización, grado escolar, lecturas, participación en
actividades colectivas, otras medidas de tratamiento y resultados obtenidos.
f).- Sección de Trabajo Social. Contendrá los apartados siguientes: Datos relativos al estudio
socio-económico, que comprenderá: Datos generales y antecedentes delictivos (como menor y
como adulto), antecedentes de familiares (padre, madre, padrastro o madrastra, hermanos,
estado civil de los mismos, instrucción, ocupación, salud, conducta, situación económica,
condiciones de la vivienda, ajuste o desajuste familiar, etc.), antecedentes escolares y culturales
(grado de escolaridad, diversiones, deportes), antecedentes políticos y sociales, antecedentes
laborales, antecedentes de vida familiar, vida familiar actual (esposa, concubina, relaciones con
otras mujeres, hijos, la situación de la vivienda), amistades, vicios, vida en el reclusorio,
problemas de adaptación al medio familiar o social y conclusiones, que deberán contener las
sugerencias o recomendaciones que se estimen adecuadas en relación con el reo y con su
familia.
g).- Sección Preliberacional, que comprenderá las medidas y datos relativos a tal fase, incluyendo
permisos de salida, fuera del reclusorio, monto del fondo de ahorros, fecha de liberación,
pronóstico de la vida postpenitenciaria en sus diversos aspectos y opinión sobre la asistencia
social que resulte aconsejable después de la liberación. Todos estos datos se incluirán además
en la ficha que documente el enlace con la asistencia postpenitenciaria a través del Patronato
para Liberados.
Artículo 88.- En todo establecimiento penitenciario se llevará además un libro de registro que
contendrá en relación con cada interno:
a).- Su identificación, mediante la asignación antropométrica y ficha dactiloscópica.
b).- Los motivos de su ingreso y la autoridad que lo dispuso.
c).- El día y hora de su ingreso.
d).- A disposición de qué autoridad se encuentra.
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e).- El día y hora de su salida y motivo de la misma.
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TITULO SEXTO.
MODIFICACIÓN DE LA PENA Y LIBERACIÓN.
I.- Conmutación administrativa.
Artículo 89.- Cuando el interno acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las
modalidades de la sanción que le fue impuesta por ser incompatible con su salud, la Dirección de
Prevención y Readaptación Social del Estado podrá modificarla, siempre que la modificación no
sea esencial. En los demás casos de conmutación no judicial autorizados por la Legislación
Penal, aquélla se resolverá directamente por el Gobernador del Estado.
II.- Remisión parcial de la pena.
Artículo 90.- Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el
recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se
organicen en el establecimiento y revele por otros datos su efectiva readaptación social. Esta
última será, en todo caso, el factor determinante y la condición inexcusable para la concesión de
la remisión parcial de la pena.
Artículo 91.- La remisión parcial de la pena, así como los días que se deban tomar en cuenta
para este efecto, serán propuestos por el Consejo Técnico del establecimiento a la Dirección de
Prevención y Readaptación Social. Los informes de remisión de la pena se proporcionarán tan
luego se soliciten y la resolución se dictará por la Dirección dentro de los 15 días siguientes a la
fecha de los informes y se dará a conocer al interesado, haciéndose constar en su expediente. El
derecho a este beneficio se hará constar en las sentencias que condenen a pena de prisión y lo
informará a los sentenciados en el momento de notificarles el fallo.
Artículo 92.-La remisión de la pena se entiende sin perjuicio del derecho a la libertad preparatoria
cuando procediere.
(Artículo reformado mediante decreto número 1467, aprobado por la LXIII Legislatura el 15 de abril del 2018 y
publicado en el Periódico Oficial número 45 Séptima Sección del 10 de noviembre del 2018)
III.- Libertad preparatoria.
Artículo 93.- Se concederá libertad preparatoria al condenado que hubiere cumplido las tres
quintas partes de su condena si se trata de delitos intencionales o la mitad de la misma en caso
de delitos imprudenciales, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I.- Que haya observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia;
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II.- Que el examen de su personalidad haga presumir que está reformado y socialmente
readaptado, de acuerdo con el dictamen del Consejo Técnico del establecimiento y a juicio de la
Dirección de Prevención y Readaptación Social;
III.- Que haya reparado o se obligue formalmente a reparar el daño causado, si fue condenado a
ello, sujetándose a la forma, medidas y términos que de acuerdo con su situación se fijen por la
Dirección de Prevención y Readaptación Social, si no puede cubrirlo desde luego;
IV.- No se trate de los delitos de Corrupción de Menores previsto por el artículo 195, Pornografía
Infantil previsto por el artículo 195 Bis, Lenocinio de Menores, previsto por el artículo 200 Bis,
Violación previsto por los artículos 246, 247 y 248; Asalto previsto por los artículos 268 y 269,
Homicidio Calificado previsto por los artículos 285, 291 y 299, y Privación Ilegal de la Libertad en
su modalidad de plagio o secuestro previsto por el artículo 348, todos del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y
(Fracción reformada mediante decreto número 1467, aprobado por la LXIII Legislatura el 15 de abril del 2018 y
publicado en el Periódico Oficial número 45 Séptima Sección del 10 de noviembre del 2018)
V.- No se trate de reincidentes.
Llenados los requisitos anteriores, la Dirección de Prevención y Readaptación Social podrá
conceder la libertad preparatoria que estará sujeta a las siguientes condiciones:
a).- Observar buena conducta, residir o, en su caso, no residir, en lugar determinado, sin que
pueda cambiar de domicilio sin autorización previa de la Dirección. La designación de residencia
se hará conciliando la circunstancia de que el agraciado pueda proporcionarse trabajo o en el
caso de la fracción (sic) siguiente, continuar su preparación, en el lugar que se fije, con el hecho
de que su permanencia en él no sea un obstáculo para su enmienda;
b).- Desempeñar, en el plazo que la resolución determine, un trabajo licito o continuar su
preparación para tal fin si se trata de una persona sin dependientes económicos y en edad
apropiada;
c).- Abstenerse del uso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes substancias
de efectos análogos, salvo prescripción médica. En estos casos el liberado y el médico respectivo
deberán comunicar de inmediato la prescripción a la Dirección de Prevención y Readaptación
Social, la que podrá confirmar la necesidad de la misma o revocarla. En este caso podrá investigar
las circunstancias en que el hecho se produjo y proceder en consecuencia; y
d).- Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se dictan y a la vigilancia de una
persona honrada y de arraigo, que se responsabilice de informar cuando menos una vez al mes
infringe sus deberes, presentándolo siempre que sobre su conducta, y de inmediato si el liberado
para ello fuere requerida. (sic)
Artículo 94.- La solicitud del interno que crea tener derecho a la libertad preparatoria se remitirá
a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, con copia para la Dirección del
establecimiento penitenciario.
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Recibida la solicitud, la Dirección General recabará los informes sobre los requisitos a que se
refiere el artículo 94 de esta Ley, así como la opinión fundada del Consejo Técnico y las
sugerencias del mismo en cuanto a las medidas especiales que en su caso deben adoptarse al
concederse el beneficio. Podrá también ordenar la práctica de investigaciones o estudios
adicionales. La resolución que pronuncie deberá estar debidamente fundada y motivada,
contendrá la (sic) observaciones y antecedentes relacionados con la conducta del reo durante su
internamiento y en caso de que fuere positiva, los datos objetivos que demuestren que el
solicitante se encuentra en condiciones de reintegrarse a la vida social por haber desaparecido
su peligrosidad. Dicha resolución será comunicada a la Dirección de Prevención y Readaptación
Social para que ordene la libertad del interno y lo comunique al Juez o Tribunal de la causa, a la
Procuraduría General de Justicia del Estado, a la Autoridad Municipal del lugar donde vaya a
residir el liberado para efecto de vigilancia y al Patronato de Reos Liberados.
Al comunicar al establecimiento la concesión de la libertad preparatoria, se le enviará un
salvoconducto para su entrega, mediante acta que deberán firmar el liberado y la persona a que
se refiere el inciso d) del artículo 94 de esta Ley, en la que se harán constar claramente las
condiciones a que se sujeta su libertad. En caso de cambio de domicilio, el liberado se presentará
a la autoridad municipal del lugar donde deba radicar, y exhibirá su salvoconducto y el permiso
de cambio de domicilio, igualmente deberá exhibir su salvoconducto siempre que sea requerido
por cualquier autoridad.
Artículo 95.- La libertad preparatoria será revocada:
I.- Si el liberado no cumple las obligaciones establecidas en el artículo 94 de esta Ley, salvo que
la Dirección de Prevención y Readaptación Social determine darle una nueva oportunidad,
después de apercibirlo de que si vuelve a faltar a las condiciones fijadas, se hará efectiva la
sanción;
II.- Si el liberado es condenado por un nuevo delito, una vez que cause ejecutoria la sentencia,
en cuyo caso la revocación se hará de oficio. Si el nuevo delito es culposo, la Dirección de
Prevención y Readaptación Social podrá revocar o no la libertad preparatoria, de acuerdo con la
peligrosidad del sujeto, fundando su resolución.
Artículo 96.- El condenado cuya libertad preparatoria haya sido revocada, deberá cumplir el resto
de la pena. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refiere este artículo
interrumpen los plazos para la extinción de la sanción.
Artículo 97.- Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria quedarán bajo el cuidado y
vigilancia de la Dirección de Prevención y Readaptación Social.
IV.- Retención.
Artículo 98.- Derogado.
Artículo 99.- Derogado.
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Artículo 100.- Derogado.
V.- Liberación.
Artículo 101.- Serán puestos en libertad definitiva los internos que cumplan la sanción que les
hubiere sido impuesta, o en su caso el término adicional de su retención, siempre que no
estuvieran compurgando otra condena, o sujetos a prisión preventiva o a disposición de otras
autoridades. Igualmente se pondrán en libertad inmediata los que hayan sido beneficiados con
amnistía o indulto. Los funcionarios que demoren sin causa justificada la liberación, incurrirán en
responsabilidad.
Artículo 102.- Al quedar un interno en libertad, se le entregará la cantidad que le corresponda de
su fondo de ahorros, así como un documento en que conste la naturaleza de su liberación, la
conducta que haya observado y sus aptitudes para el trabajo y un certificado de grado de
educación adquirido.
Artículo 103.- Tratándose de procesados serán puestos en libertad inmediatamente que lo
ordenen las autoridades judiciales competentes, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 19
constitucional.
Artículo 104.- Concedida la libertad a un sentenciado, la Dirección del establecimiento lo
comunicará de inmediato al Patronato de Liberados, para su intervención.
TITULO SÉPTIMO.
ASISTENCIA A LIBERADOS
Artículo 105.- El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Por lo tanto, las
autoridades, las instituciones públicas y privadas y todos los particulares, tomando en cuenta el
interés social de evitar la reincidencia, tienen obligación de proporcionar ayuda a los liberados y
a los organismos encargados de asistirlos, para vencer los prejuicios contra aquéllos y facilitar su
reincorporación a la sociedad.
Artículo 106.- Los liberados, durante el período inmediato a su reintegración a la vida social, por
libertad definitiva, preparatoria o condicional, así como los internos que de acuerdo con su
situación estén autorizados para trabajar fuera del establecimiento, tendrán derecho, de acuerdo
con sus aptitudes, a ser ocupados en las obras que emprenderán el Estado, los Municipios, las
Juntas de Mejoramiento Cívico Moral y Material y otras Entidades públicas. Igual derecho se
gestionará respecto a las obras federales que se emprenden en el Estado.
Artículo 107.- Se establecerá en el Estado de Oaxaca un Patronato para liberados, que estará
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá a su cargo la asistencia moral y
material de los excarcelados, tanto por cumplimiento de condena como por libertad procesal,
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absolución, condena condicional o libertad preparatoria. Dicho patronato tendrá agencias en los
Distritos Judiciales.
Artículo 108.- La asistencia del patronato será obligatoria a favor de los liberados por
cumplimiento de condena, por libertad preparatoria y por condena condicional.
Artículo 109.- La asistencia que proporcione el Patronato será conforme a las circunstancias de
cada caso y a las posibilidades del propio organismo, estará exenta de carácter policial y
comprenderá el auxilio moral, económico, jurídico, médico, social, y laboral, tanto para los
liberados como para su familia.
Artículo 110.- La acción del Patronato tendrá como finalidad influir o ayudar en el proceso de
reacomodo social de los liberados y prevenir la reincidencia.
Artículo 111.- El Patronato podrá solicitar de autoridades, instituciones y particulares, la
colaboración adecuada y realizar toda clase de gestiones para la asistencia de los liberados.
Igualmente queda facultado para crear, organizar y administrar albergues, talleres, centros de
adiestramiento laboral, agencias y otros establecimientos destinados a proporcionar asistencia a
los liberados, en cualquiera de las poblaciones del Estado de Oaxaca.
Artículo 112.- El Patronato contará con un Consejo de Patronos y con un Comité Ejecutivo.
Artículo 113.- El Consejo de Patronos se compondrá del número de miembros que determine el
Reglamento y quedará integrado por representantes gubernamentales y de agrupaciones de
empleados y trabajadores de la localidad, tanto industriales, como comerciantes y agricultores.
Además, contará con representaciones de los colegios de profesionistas y de la prensa local. En
igual forma se formarán los Consejos de las Agencias de cada Distrito Judicial.
Artículo 114.- Los patronos y los miembros del Comité Ejecutivo no gozarán de emolumentos,
siendo sus cargos honoríficos, a no ser que el Ejecutivo del Estado acuerde lo contrario.
Artículo 115.- El Ejecutivo del Estado designará de entre los patronos, al Presidente, al
Secretario General y al Tesorero, quienes constituirán al mismo tiempo el Comité Ejecutivo.
Artículo 116.- La Dirección de Prevención y Readaptación Social coordinará sus actividades con
las del Patronato y el Comité Ejecutivo del mismo y podrá ordenar la práctica de auditorías en la
Tesorería del Patronato o en las Agencias del mismo, cuando lo estime conveniente.
Artículo 117.- El Patronato de Liberados del Estado de Oaxaca brindará asistencia a los liberados
de otras entidades federativas que se establezcan en el Estado. Asimismo, establecerá vínculos
de coordinación con otros Patronatos y para el mejor cumplimiento de sus objetivos, formará parte
de la Sociedad de Patronatos para Liberados, creada por la Dirección General de Servicios
Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de
Gobernación.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
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ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, quedarán derogadas
todas aquellas disposiciones que se opongan a la misma.
ARTICULO TERCERO.- Las solicitudes de libertad Preparatoria que se encuentren en trámite se
ajustarán a lo previsto en esta Ley.
ARTICULO CUARTO. - Los días que deban tomarse en cuenta para conceder en su caso el
beneficio de la remisión parcial de la pena se contarán a partir de la fecha en que entre en vigor
la presente Ley.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.- Oaxaca
de Juárez, a 14 de Diciembre de 1972.
DIP. LIC. CARLOS ALDECO REYES.-Presidente. ROBERTO NACIF SAADE.-Diputado
Secretario. EDUARDO SANTIBAÑEZ PERAL.-Diputado Secretario.
Por tanto, mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Oaxaca de Juárez, a 14 de diciembre de 1972.
LIC. FERNANDO GÓMEZ SANDOVAL.EL SECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO, LIC.
AGUSTÍN MÁRQUEZ URIBE. Rúbricas.
Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.
Oaxaca de Juárez, a 14 de diciembre de 1972. EL SECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO,
LIC. AGUSTÍN MÁRQUEZ URIBE.- Rúbrica.
Al C.....
N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS
DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.
P.O. 1 DE JULIO DE 1996.
ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
P.O. 3 DE OCTUBRE DE 1998.
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor diez días después de su publicación en el
Periódico Oficial.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.
TERCERO.- La exposición de motivos se publicará en el Periódico Oficial junto con el presente
decreto.
P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DECRETO NÚMERO 1467
APROBADO EL 15DE ABRIL DEL 2018
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 45 SÉPTIMA SECCIÓN
DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 92 y la fracción IV del artículo 93 de la Ley de
Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones expedidas con anterioridad en lo que se
opongan a esta reforma.
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