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TEXTO VIGENTE
Publicado en el P.O. No. 111 del 14 de Septiembre de 2001.
Última reforma publicada en el P.O. No. 65 del 30 de mayo de 2014.
DECRETO NÚMERO: 627
LEY DE EJECUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS
DEL DELITO DEL ESTADO DE SINALOA
TÍTULO PRELIMINAR
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 1.- La presente Ley regula la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito previstas en el código
penal, en las leyes penales especiales y en la legislación federal en los casos que ésta prevea la competencia
para las entidades federativas, impuestas por los tribunales del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. (Ref. Según
Decreto 322, de fecha 29 de julio de 2011 y publicado en el Periódico Oficial No. 103 de fecha 29 de agosto de
2011).
También se aplicará, en lo conducente, a los detenidos y procesados, promoviendo su participación voluntaria en
los programas relacionados con el régimen de reinserción social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 2.- La ejecución de las consecuencias jurídicas del delito se desarrollará con las garantías y sujeción a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales firmados y
ratificados por nuestro país, las leyes, reglamentos y sentencias judiciales.
Artículo 3.- La ejecución de las consecuencias jurídicas del delito se desarrollará respetando, en todo caso, los
derechos humanos, la dignidad humana de los procesados, sentenciados y sus derechos e intereses jurídicos no
afectados por la sentencia, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias
religiosas, condición social o cualesquier otra circunstancia de análoga naturaleza. (Ref. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 4.- Se prohibe el maltrato físico, la aplicación automática de sanciones y todo procedimiento vejatorio de
las personas sometidas al cumplimiento de cualesquiera de las consecuencias jurídicas del delito.
Artículo 5.- Toda persona que se encuentre cumpliendo cualesquiera de las consecuencias jurídicas del delito
podrá ejercer sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales, salvo que fuesen incompatibles con el objeto
de su detención o el cumplimiento de la sentencia, o fueren restringidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Además, gozará de las garantías particulares que se derivan de su permanencia en los centros
de ejecución de la pena de prisión o de medidas de seguridad.
Artículo 6.- Toda persona que se encuentre cumpliendo cualesquiera de las consecuencias jurídicas del delito
tiene derecho a dirigir peticiones o quejas a las autoridades competentes.
Artículo 7.- Toda persona que se encuentre cumpliendo cualesquiera de las consecuencias jurídicas del delito
tendrá acceso al contenido de los reglamentos y disposiciones generales emitidos por las autoridades
competentes, que regulen la ejecución de la consecuencia jurídica del delito que se le haya impuesto.
Artículo 8.- Los servidores públicos que participen en el procedimiento de ejecución de las consecuencias
jurídicas del delito, deben mantener un trato adecuado con las personas que estén cumpliendo cualquiera de ellas,
así como relaciones de estricto respeto con las mismas y a sus derechos humanos. (Ref. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 9.- La reinserción social se fundamentará en el tratamiento individualizado sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, la cultura de la legalidad y el
deporte; el tratamiento de apoyo como terapia psicológica individual y grupal, orientación familiar, vocacional y el
tratamiento auxiliar que comprende las disciplinas de arte, cultura, religiones y demás que tiendan al mejoramiento
del desarrollo humano, para lograr la reinserción social del interno y procurar que no vuelva a delinquir.(Ref.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
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noviembre de 2013).
Artículo 9 Bis.- La función de reinserción social se realizará en los diversos ámbitos de competencia, de los
responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia
para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa
o indirectamente al objeto de esta Ley por conducto de las Instituciones penitenciarias. (Adic. Según Decreto 970,
de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
Artículo 9 Bis A.- Son funciones del Sistema Penitenciario de Reinserción Social y la Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado:
I. Velar por la seguridad y custodia de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios, procurando
mediante el sistema, regímenes y tratamientos en cada caso aplicables, preservar y mejorar sus
condiciones de educación, salud, cultura para el trabajo, capacitación para el mismo, deporte,
reintegración social y una vida futura sin delito;
II. Promover la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad, receptar los acuerdos y
resoluciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y realizar las acciones tendientes a dar
efectivo cumplimiento a las previsiones sobre la materia;
III. Promover, participar y efectuar convenios con los centros de detención federal y estatal, en materia de
organización carcelaria, régimen de la pena, y alojamiento de detenidos, procesados y sentenciados con
ajustamiento a las normas legales aplicables;
IV. Llevar estadísticas e intercambiar información sobre los internos con otras administraciones penitenciarias
y en relación con su personal de carácter científico o técnico y el Centro Nacional de Información y Centro
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, previstos en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública;
V. Proponer la creación de establecimientos para implementar las políticas de reinserción social;
VI. Realizar los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia,
evaluación, promoción del personal penitenciario;
VII. Contribuir al estudio y perfeccionamiento de las disciplinas penitenciarias y criminológicas, como también
de la legislación que comprende al Derecho de Ejecución de Sanciones Penales;
VIII. Proveer servicio de seguridad y vigilancia; y,
IX. Proponer mecanismos de educación, trabajo y capacitación para el mismo, salud y deporte como medios
de reinserción social.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 9 Bis B.- Son atribuciones del Sistema Penitenciario de Reinserción Social y Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito:
I. De las autoridades penitenciarias las siguientes:
a) Ejecutar las sanciones privativas de la libertad, las no privativas de libertad y de las medidas de
seguridad que imponga el juez de la causa, en los términos y competencia fijada por esta ley;
b) Aplicar las sanciones penales antes señaladas que hayan sido impuestas por órganos jurisdiccionales
del fuero común del Estado, de otras entidades federativas, que deben cumplir en establecimientos del
Estado en virtud de los convenios establecidos para ello;
c) Determinar el régimen jurídico de la ejecución de la sanción penal impuesta por el Juez de la causa y
que sea aplicada por la Secretaría o por las autoridades penitenciarias de la entidad sobre la base de los
convenios respectivos; y,
d) La organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, que comprende las
instalaciones destinadas al cumplimiento de la pena de prisión.
II. La intervención de los órganos jurisdiccionales en materia de ejecución de las consecuencias jurídicas del
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delito, en lo que compete a la modificación y duración de las penas, así como en los demás
procedimientos previstos en esta Ley;
III. Establecer la reglamentación orgánica y funcional del Personal del Sistema de Reinserción Social y
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en la competencia legal del Poder Ejecutivo; y,
IV. Dictar los reglamentos y procedimientos necesarios para la implementación del servicio de conformidad a
lo establecido en la Constitución Federal, en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 9 Bis C.- Los principios rectores de la ejecución de la pena, medidas de seguridad y del sistema
penitenciario, serán los siguientes:
I. LEGALIDAD. Los Jueces, los órganos y autoridades penitenciarias deberán, en el ámbito de ejecución de
las consecuencias jurídicas del delito y el proceso de reinserción social, fundar y motivar sus resoluciones
y determinaciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la presente Ley, la sentencia judicial y demás
disposiciones aplicables a esta materia;
II. GARANTÍA DE AUDIENCIA Y DEFENSA ADECUADA. La duración y modificación de penas, se
efectuarán respetando a las partes la garantía de audiencia prevista en el párrafo segundo del artículo 14
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para los asuntos materia de esta Ley, las personas sentenciadas deberán contar con asesoría
especializada de su abogado particular o la Defensoría Pública;
III. IGUALDAD. La reinserción social, así como la modificación y extinción de la pena y medidas de
seguridad, deberán aplicarse imparcialmente; en consecuencia, no se harán diferencias de trato fundadas
en prejuicios de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen
nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, identidad de
género, preferencia sexual, edad, o toda otra situación discriminatoria no contemplada por la presente Ley.
No serán consideradas discriminatorias y estarán permitidas, en tanto no representen menoscabo alguno
de los derechos de las personas implicadas, las medidas que se adopten a fin de proteger y promover
exclusivamente los derechos de las mujeres; de las personas adultas mayores; de las personas enfermas,
en particular de las personas que padezcan alguna enfermedad infecto-contagiosa; de las personas con
discapacidad física, mental o sensorial y de los indígenas y extranjeros;
IV. ESPECIALIDAD. Los juzgados de ejecución deberán tener como única materia de conocimiento,
modificación y duración de las penas y medidas de seguridad;
V. JUDICIALIZACIÓN. Las cuestiones relativas a sustitución, modificación o extinción de las penas o
medidas de seguridad, se ventilarán ante el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito
en audiencia incidental que se desarrollará de forma oral y se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación, a que se refiere la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y esta Ley;
VI. TRATO HUMANO. La persona sometida al cumplimiento de una pena restrictiva de libertad, debe ser
tratada como ser humano, respetando su dignidad, seguridad e integridad física, psíquica y moral, para
garantizar que estará exenta de sufrir incomunicación u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;
VII. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA. A toda persona penalmente privada de su libertad, se le tratará
con respeto absoluto a su integridad física, psíquica y moral, a su dignidad humana y a sus derechos y
garantías fundamentales, en apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos
y ratificados por el Estado Mexicano.
Ningún sentenciado será sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Queda prohibida
todo tipo de tortura física, psíquica y moral;
VIII. EJERCICIO DE DERECHOS. Toda persona que se encuentre cumpliendo cualesquiera de las penas y
medidas de seguridad podrá ejercer sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales, salvo que
fuesen incompatibles con el objeto del cumplimiento de la sentencia o fueren restringidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, gozará de las garantías particulares que
se derivan de su permanencia en los centros de ejecución de la pena o de medidas de seguridad;
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IX. CONFIDENCIALIDAD. El expediente personal de los sentenciados tendrá trato confidencial;
X. SOCIALIZACIÓN DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO. Con el fin de lograr la reinserción del sentenciado a
la sociedad, el régimen penitenciario y post-penitenciario, tenderá a reducir las diferencias entre la vida en
el interior del establecimiento penitenciario y la vida en libertad, debiendo preservar o reforzar la
continuidad de los vínculos familiares, educacionales y laborales. Con este fin, las instituciones y
organismos públicos y privados cooperarán con la autoridad competente;
XI. PREVENCIÓN ESPECIAL DE LA PENA. La reinserción social debe inducir al sentenciado a comprender
el significado del hecho delictivo en la sociedad y en la víctima del delito, la dignidad de las personas y a
una vida futura sin delito con base en la educación, trabajo y capacitación para el mismo, salud y deporte
con el fin de que al momento de su reincorporación a la sociedad, adquiera una mayor capacidad de
autodeterminación conforme a valores éticos;
XII. MÍNIMA AFECTACIÓN. El Sistema Penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a la pena
privativa de libertad.
Durante la reinserción social y el régimen de disciplina, no se aplicarán más medidas que las necesarias y
efectivas relacionadas con el control del establecimiento penitenciario y la protección de la integridad
corporal de las personas que se encuentren en dicho lugar;
XIII. SEGURIDAD JURÍDICA. Respecto de la duración y naturaleza de las sanciones penales;
XIV. PROPORCIONALIDAD. En la aplicación de toda sanción se aplicará el principio de proporcionalidad;
XV. ESCRUTINIO PÚBLICO. Escrutinio público ordenado sobre la aplicación de las normas penitenciarias y
demás leyes aplicables y publicidad de la información estadística de la ejecución;
XVI. PERSONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SANCIÓN. con procedencia de los hechos que han sido
materia del juicio penal;
XVII. RETROACTIVIDAD. Interpretación de la norma en el sentido que más favorezca a los detenidos,
procesados y sentenciados;
XVIII. SERVICIO A LA COMUNIDAD. Presentación de los servicios a favor de la comunidad para atenuar los
efectos estigmatizadores y negativos de la reclusión;
XIX. NO TRASCENDENCIA. Restricción de la trascendencia de la sanción; y,
XX. OBSERVANCIA INTEGRAL DE DERECHOS DEL INTERNO. Aplicación de todos los principios derivados
de las garantías constitucionales en general y del proceso penal en particular, que resulten extensivos al
ámbito de la reinserción social y ejecución de sentencia.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 9 Bis D.- Son principios básicos de actuación de los miembros del Sistema Penitenciario de Reinserción
Social y Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, los siguientes:
I. Ejercer sus funciones con absoluto respeto a la Constitución Federal y Local, a las Leyes en la materia y a
los Derechos Humanos;
II. Velar por el cumplimiento de las Leyes, ejecutando de forma adecuada las órdenes que reciban de la
superioridad;
III. Proceder a la protección y seguridad de las personas privadas de libertad en el ámbito de su jurisdicción;
IV. Mantener el cuidado de las instalaciones y asegurar el cumplimiento de las medidas privativas de libertad;
V. Mantener el orden y la disciplina en los establecimientos a su cargo en el marco del pleno respeto de los
Derechos Humanos;
VI. Actuar en cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad e imparcialidad, no admitiéndose
discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género,
preferencias sexuales, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición
psicofísica, social, económica, o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o
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menoscabo de derechos;
VII. Desarrollar su labor con integridad, profesionalismo y eficacia;
VIII. Impedir el ejercicio de cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o
moral, salvo las excepciones previstas respecto al uso de la fuerza para el mantenimiento o
restablecimiento del orden;
IX. Observar en todo momento trato correcto y diligente en las relaciones con los internos y sus familiares;
X. Velar por la vida e integridad física, el honor y la dignidad de las personas que se encuentran bajo su
custodia;
XI. Capacitarse para el mejor servicio y aplicación de sus funciones; y,
XII. Certificarse para garantizar la confianza en el profesionalismo de la tarea que realizan.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 10.- La ejecución de las consecuencias jurídicas del delito es de interés público, por lo que cualesquier
persona podrá denunciar ante la Dirección de Prevención y Reinserción Social o ante el Ministerio Público, el
incumplimiento de las mismas. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 11.- El expediente personal de los sentenciados a cualesquiera de las consecuencias jurídicas del delito
tendrá tratamiento confidencial y sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes o las
personas directamente interesadas en la tramitación del caso.
TÍTULO PRIMERO
AUTORIDADES RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DE LA LEY
CAPÍTULO I
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 12.- Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, a través de las autoridades señaladas en las
disposiciones legales, la organización, dirección, administración y operación de las instituciones destinadas al
cumplimiento de las consecuencias jurídicas del delito así como la expedición del o los ordenamientos
reglamentarios que en ámbito administrativo hagan factible la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto por esta
Ley. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de
fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 13.- Son autoridades administrativas encargadas de la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito
previstas en el Código Penal y en las leyes penales especiales, el Secretario de Seguridad Pública, el
Subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y Reinserción Social, el Director de Prevención y Reinserción
Social y los Directores de los centros de ejecución de la pena de prisión y de medidas de seguridad. (Ref. Según
Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
Artículo 14.- Corresponde al Secretario de Seguridad Pública: (Ref. Según decreto número 162, de fecha 26 de julio de
2005, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 92, de fecha 03 de agosto de 2005).
I. Definir políticas relacionadas con el procedimiento de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito
en lo que corresponde a la organización, dirección, administración y operación de las instituciones
destinadas al cumplimiento de las mismas, y los programas de reinserción social; (Ref. Según Decreto
970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
II. Establecer, coordinar y evaluar los programas, de conformidad con los objetivos que se señalan en esta
Ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables a su competencia en materia de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
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III. Coordinar y evaluar acciones que permitan optimizar la administración, la seguridad y el funcionamiento de
los centros de ejecución de la pena de prisión y los de medidas de seguridad; (Ref. Según decreto número
162, de fecha 26 de julio de 2005, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 92, de fecha 03
de agosto de 2005).
IV. Acordar con el Gobernador del Estado los asuntos que sean competencia de la Secretaría derivados de
esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de ejecución de las consecuencias jurídicas
del delito;
V. Elaborar y someter a la consideración del Gobernador del Estado para su aprobación y firma, en su caso,
los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y convenios relacionados con la ejecución de
las consecuencias jurídicas del delito;
VI. Coordinar el Patronato pospenitenciario o el organismo que se constituya con este objeto; y (Ref. Según
Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02
de Enero de 2004).
VII. Las demás que le asigne esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables en esta materia. (Ref. Según
Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02
de Enero de 2004).
Artículo 15.- Corresponde al Subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y Reinserción Social:
I. Proveer a la organización, administración y operación de los Centros Penitenciarios del Estado, y
coordinar, operar y supervisar la reinserción social de los sentenciados internos del Estado;
II. Formular programas, darles seguimiento a las acciones que se deriven de los mismos y demás emitidos
por otras autoridades de la materia, así como ejercer las funciones y marcar las políticas específicas para
el logro de los objetivos trazados en materia de reinserción social;
III. Diseñar, determinar, coordinar y supervisar las acciones de seguridad y el funcionamiento operativo de los
centros de ejecución de la pena de prisión y los de medidas de seguridad;
IV. Ejecutar las acciones del Patronato Pospenitenciario o el organismo que se constituya con este objeto;
V. Diseñar e impulsar los programas de formación y actualización del personal de custodia de los centros de
ejecución de la pena de prisión y los de medidas de seguridad;
VI. Proponer al Secretario de Seguridad Pública al personal de custodia de los centros de ejecución de la
pena de prisión y los de medidas de seguridad, que reúna el perfil adecuado con base en la
profesionalización de los mismos, así como su remoción, o en su caso, rotación;
VII. Evaluar semestralmente el desempeño y profesionalización del personal de custodia de los centros de
ejecución de la pena de prisión y los de medidas de seguridad, y dar seguimiento al mismo;
VIII. Proponer convenios que deba celebrar el Estado, y suscribir los mismos con instituciones públicas y
privadas; y con organizaciones de la sociedad civil que coadyuven al cumplimiento de los ejes rectores de
la reinserción social;
IX. Formular, promover, efectuar y coordinar acciones, así como programas y estrategias con las instituciones
que apoyen las tareas de prevención especial de conductas delictivas;
X. Dar cumplimiento a la normatividad para que todo sentenciado en los Centros Penitenciarios participe en
las actividades laborales, educativas, deportivas y culturales, para lograr su reinserción social;
XI. Proponer criterios en esta materia para la profesionalización, capacitación, seguridad y eficiencia del
personal de la Subsecretaría; y,
XII. Las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones jurídicas relacionadas con esta materia, o que
expresamente le encomiende el Secretario de Seguridad Pública.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 16.- Compete al Director de Prevención y Readaptación Social:
I. Planear, elaborar, proveer y aplicar políticas, programas, acciones y sistemas relacionados con los
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asuntos competencia del Poder Ejecutivo Estatal en materia de ejecución de las consecuencias jurídicas
del delito, particularmente en lo que concierne a la organización, administración y operación de los
establecimientos destinados al cumplimiento de las mismas; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
II. Supervisar, vigilar y orientar el funcionamiento de los centros de ejecución de la pena de prisión y los de
medidas de seguridad, promoviendo la celebración de convenios con el Ejecutivo Federal, los
Ayuntamientos del Estado, así como organismos e instituciones públicas y privadas y particulares, a fin de
lograr la reinserción social de los internos; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
III. Implantar el régimen de reinserción social en los centros instituidos para la ejecución de las consecuencias
jurídicas del delito, basado en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte y
la disciplina; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
IV. Establecer en los centros de ejecución de la pena de prisión y los de medidas de seguridad, secciones
separadas para los internos detenidos, procesados y sentenciados, así como un sitio para la internación
de mujeres, en el que igualmente se tengan secciones separadas para las internas detenidas, procesadas
y sentenciadas; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
V. Proponer al Secretario de Seguridad Pública la celebración de convenios de carácter general con el
Gobierno Federal, a fin de que los sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en
establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre
de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
VI. Derogada. (Por Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No.
143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
VII. Participar en el Patronato pospenitenciario o el organismo que se constituya con este objeto, en la forma y
términos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias; (Ref. según Decreto No. 453, de
fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004).
VIII. Cooperar con el Cuerpo de Defensores de Oficio, a fin de obtener el eficaz desempeño de las funciones
de éstos; (Ref. según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Periódico
Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004).
IX. Vigilar que los sentenciados por autoridades judiciales del Estado por delitos del orden común, cumplan en
sus términos las consecuencias jurídicas del delito que les correspondan, cuando se les traslade a
establecimientos dependientes del Poder Ejecutivo Federal; (Ref. según Decreto No. 453, de fecha 18 de
diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004).
X. Llevar un registro de las conmutaciones, suspensiones condicionadas de ejecución, sustituciones de
penas de prisión, remisiones parciales de la pena y medidas de seguridad impuestas por los tribunales del
Estado, así como de las libertades preparatorias que se decreten en los centros de ejecución de la pena
de prisión, para su debido cumplimiento; (Ref. según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003,
publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004).
XI. Supervisar, orientar y vigilar la dirección, operación y funcionamiento de los centros de ejecución de la
pena de prisión y los de medidas de seguridad; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de
2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XII. Derogada. (Por Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No.
143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XIII. Difundir la normatividad aplicable de los Centros Penitenciarios; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XIV. Proponer convenios que deba celebrar el Estado, y suscribir los mismos con instituciones públicas y
privadas; además de organizaciones de sociedad civil que coadyuven al cumplimiento de los ejes rectores
de la reinserción social; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
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XV. Formular, efectuar, promover y coordinar acciones, así como programas y estrategias con las instituciones
que apoyen las tareas de prevención especial de conductas delictivas; (Adic. Según Decreto 970, de fecha
21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XVI. Vigilar que los internos no permanezcan largos periodos de tiempo detenidos en espera de juicio y durante
el proceso judicial mismo, solicitando y proveyendo lo consecuente al efecto, con el fin de lograr reducir el
número de causas pendientes, mejorar el acceso a la justicia y a los mecanismos de defensa; (Adic.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de
fecha 27 de noviembre de 2013).
XVII. Coordinar, ordenar o efectuar la emisión de informes de ingresos anteriores a prisión, solicitados por las
autoridades judiciales y administrativas legalmente facultadas para ello; (Adic. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
XVIII. Proveer, vigilar y dar cumplimiento a la normatividad para que todo sentenciado en los Centros
Penitenciarios participe en las actividades laborales, educativas, deportivas y culturales, para lograr su
reinserción social; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XIX. Ordenar, proveer o por su parte remitir al Juez de Ejecución la información técnica y jurídica de los
internos sentenciados; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XX. Proveer y solicitar en su caso al Juez de Ejecución la autorización para el traslado de los sentenciados a
los diferentes centros penitenciarios en el Estado; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de
2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XXI. Ordenar o solicitar a la autoridad administrativa, previa autorización del Juez de Ejecución el traslado de
sentenciados, excepto por medidas de seguridad de los Centros Penitenciarios y del sentenciado; (Adic.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de
fecha 27 de noviembre de 2013).
XXII. Crear organizar y administrar el Registro de Información Penitenciaria y proporcionar la información a las
autoridades que corresponda de conformidad a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial
No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XXIII. Solicitar al Juez de la causa, las sentencias o copias certificadas para mantener debidamente actualizado
el expediente jurídico del sentenciado; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XXIV. Establecer los criterios para la profesionalización, capacitación, seguridad y eficiencia del personal de la
Subsecretaría; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XXV. Ordenar o dar seguimiento al sentenciado una vez que obtenga uno de los beneficios penitenciarios
contemplados en la presente Ley, los sustitutivos penales, y el beneficio de la suspensión condicional de la
ejecución de la pena; así como a los beneficiados con el programa de reclusión domiciliaria a través de
monitoreo electrónico a distancia; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XXVI. Comunicar de manera oportuna al Juez de Ejecución el incumplimiento de las obligaciones contraídas con
motivo de los beneficios penitenciarios, sustitutivos penales, beneficio de la suspensión condicional de la
ejecución de la pena; y, (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XXVII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o que expresamente le
encomiende el Gobernador del Estado, el Secretario de Seguridad Pública o el Subsecretario de
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Seguridad Pública y de Prevención y Reinserción Social. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 17.- El Ejecutivo del Estado, a través de las autoridades encargadas de la reinserción social, podrá
celebrar convenios con la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que corresponda, para que los sentenciados
por delitos del orden común cumplan su pena de prisión en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal, y
sentenciados del orden federal la cumplan, a su vez, en establecimientos dependientes del Poder Ejecutivo del
Estado.
Asimismo, podrá celebrar convenios de colaboración para que la Dirección de Prevención y Reinserción Social
sea la autoridad respecto a cuestiones de organización, dirección, administración y operación de las instituciones
destinadas al cumplimiento de las mismas de las penas sustitutivas y los beneficios de la de prisión cuando los
sentenciados por delitos del fuero federal tengan su residencia en el territorio del Estado.
También podrán celebrarse convenios con autoridades del orden federal, estatal y municipal con el propósito de
lograr la atención y reinserción social de los internos en su caso, de los centros de ejecución de las consecuencias
jurídicas del delito.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 18.- Cuando la sentencia haya causado ejecutoria, el juzgador de la causa hará llegar copias certificadas
de la misma al sentenciado, al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y a la Dirección de
Prevención y Reinserción Social, para que procedan conforme a sus derechos y atribuciones.
Cuando se tenga por cumplida alguna de las consecuencias jurídicas del delito, la Dirección de Prevención y
Reinserción Social lo informará al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y al juez que haya
dictado la sentencia.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 19.- Los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito se integrarán con personal
directivo, técnico que incluye a profesionistas y especialistas, administrativo y de seguridad y custodia, así como
los auxiliares que sean necesarios para su debido funcionamiento y el cumplimiento de sus responsabilidades.
El gobierno, la organización, la dirección, la administración, la operación y la seguridad de los centros de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, así como el tratamiento a los internos, estará a cargo del
Director designado por el Secretario de Seguridad Pública, el cual dependerá de la Dirección de Prevención y
Reinserción Social de esa Secretaría. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en
el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 20.- Son facultades y obligaciones del Director:
I. Velar por el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables a los Centros de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito;
II. Presidir el Consejo Técnico Interdisciplinario, levantando acta de sus sesiones y dar seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos asumidos;
III. Planear, programar y evaluar las actividades de los departamentos, unidades y secciones administrativas,
cuyos lineamientos de trabajo se precisarán en el Reglamento Interior de los Centros de Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito;
IV. Seleccionar al personal penitenciario del Centro, conforme a los criterios generales precisados en esta ley
y a los específicos regulados en el reglamento del Servicio Civil para los servidores públicos de los centros
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito;
V. Promover cursos de actualización profesional permanente, con el objeto de optimizar recursos y funciones
para beneficio de la resocialización de los internos;
VI. Aplicar las correcciones disciplinarias y estímulos al interno, previstas por esta Ley y las disposiciones
reglamentarias;
VII. Recibir en audiencia a los internos que lo soliciten, otorgándoles el trato y respeto a sus derechos y
dignidad como persona;
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VIII. Determinar conforme a los criterios definidos por la Dirección de Prevención y Reinserción Social, lo
necesario para facilitar el acceso de los abogados defensores, cuya estancia deberá sujetarse a lo
dispuesto por esta ley y al reglamento; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
IX. Programar y realizar actividades que promuevan la participación cívica de los internos y sus familiares;
X. Informar mensualmente, a la Dirección de Prevención y Reinserción Social de las actividades realizadas,
incluyendo las administrativas; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado
en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XI. Las demás que le confieran las autoridades superiores, así como las expresadas en esta Ley y en los
ordenamientos aplicables.
CAPÍTULO II
AUTORIDADES JUDICIALES
Artículo 21.- Son autoridades judiciales encargadas de la aplicación de esta Ley:
I. Las Salas de Circuito; y,
II. Los Jueces de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21
de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 22.- Los tribunales de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito tendrán la organización que
disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas legales aplicables. (Ref. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 23.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, determinará los distritos judiciales en los que
habrá Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, así como su ámbito competencial, que podrá
ser más de un distrito. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 24.- A los Jueces de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito les corresponde garantizar
jurisdiccionalmente el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las consecuencias jurídicas
del delito en las cuestiones relativas a sustitución, modificación, duración o extinción de las penas o medidas de
seguridad, así como el respeto de los derechos humanos de las personas que estén privados de la libertad. (Ref.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
En todo caso, podrán contar con opiniones de profesionales especializados, cuando lo requiera la resolución que
deban emitir.
Artículo 25.- Son atribuciones del Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito: (Ref. Según
Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
I. Hacer cumplir, sustituir, modificar o declarar extintas las penas o medidas de seguridad; (Ref. Según
Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27
de noviembre de 2013).
II. Conocer y resolver los incidentes y recursos previstos en la presente Ley, o los que se regulen en otras
disposiciones jurídicas de la materia; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
III. Resolver sobre las propuestas de otorgamiento de la libertad preparatoria que formule el sentenciado o su
Defensor; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial
No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
IV. Resolver sobre el pedimento que formulen los sentenciados en el caso previsto por el artículo 528 del
Código de Procedimientos Penales; (Ref. según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003,
publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004).
V. Autorizar permisos de salida, en los términos previstos por la presente Ley; (Ref. según Decreto No. 453,
de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de
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2004).
VI. Resolver sobre las solicitudes de rehabilitación de derechos, funciones o empleo, en los términos del
Código Penal y la presente Ley; (Ref. según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003,
publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004).
VII. Atender y acordar sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el tratamiento
penitenciario, conocer, autorizar y resolver al respecto de este último la clasificación inicial, progresiones y
regresiones de grado, tratamientos combinados y especializados; considerando en su caso como base los
estudios, exámenes y dictámenes de los órganos de observación y de tratamiento y valorando las
circunstancias personales del sentenciado, la evolución del tratamiento y el pronóstico de reinserción
social; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No.
143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de beneficios preliberacionales que supongan una modificación
del cumplimiento de la condena; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado
en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
IX. Librar las órdenes de reaprehensión que procedan en ejecución de sentencia; (Adic. Según Decreto 970,
de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre
de 2013).
X. Resolver, necesariamente en audiencia oral, en los términos de la presente Ley y supletoriamente,
conforme al Código de Procedimientos Penales, todas las peticiones y planteamientos de las partes,
relativos a la revocación de cualquier sustitutivo o beneficio concedido a los sentenciados por cualquier
autoridad jurisdiccional. De igual manera procederá en los casos en que deba resolver sobre beneficios
penitenciarios mediante el programa de monitoreo electrónico a distancia, y de todas las peticiones que
por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de prueba; (Adic. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
XI. Resolver sobre las solicitudes de traslación y adecuación de la pena o medida de seguridad; (Adic. Según
Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27
de noviembre de 2013).
XII. Determinar, cuando se impongan dos o más penas de prisión en sentencias diversas, el cumplimiento
sucesivo de las mismas, estableciendo el cálculo correspondiente; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21
de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XIII. Vigilar el cumplimiento de cualquier sustitutivo o beneficio relacionado con las penas o medidas de
seguridad impuestas en sentencia definitiva; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013
y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XIV. Ordenar, previo aviso del Centro Penitenciario, con al menos cinco días hábiles previos al
compurgamiento, la cesación de la pena o medida de seguridad, una vez transcurrido el plazo fijado en la
sentencia ejecutoriada; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XV. Atender, acordar y resolver en lo relacionado con la reparación del daño; (Adic. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
XVI. Entregar al sentenciado que lo solicite, su constancia de libertad definitiva; (Adic. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
XVII. Rehabilitar los derechos de los sentenciados una vez que se cumpla con el término de suspensión
señalado en la sentencia, en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia; (Adic.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de
fecha 27 de noviembre de 2013).
XVIII. Autorizar traslados de sentenciados a los diversos Centros Penitenciarios.
En los casos en que se ponga en riesgo la seguridad integral de los Centros Penitenciarios, la del
sentenciado y por urgencia médica, el Titular del establecimiento Penitenciario será quien suscriba el
traslado, enviando informe al Juez de Ejecución, en el que se expresen los motivos que dieron origen a
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dicho traslado, mismo que a juicio del Juez podrá ser revocado con la debida motivación y
fundamentación, en los casos en que este determine perjuicio al sentenciado;
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143
de fecha 27 de noviembre de 2013).
XIX. Designar los lugares en que los sentenciados deban extinguir las sanciones privativas de libertad; (Adic.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de
fecha 27 de noviembre de 2013).
XX. Otorgar el beneficio de medidas de protección y seguridad que se indican en el artículo 48 de la Ley
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro reglamentaria de la fracción XXI
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (Adic. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
XXI. Realizar visitas a los establecimientos penitenciarios y realizar propuestas al respecto del mejor
funcionamiento de los mismos y del cumplimiento cabal de sus objetivos de la reinserción social; y, (Adic.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de
fecha 27 de noviembre de 2013).
XXII. Las demás atribuciones que esta Ley y otros ordenamientos le confieran. (Adic. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
Para los efectos de este artículo, el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito podrá solicitar la
colaboración necesaria de cualesquier autoridad judicial o administrativa. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 26.- Para el cumplimiento de lo señalado en el artículo anterior, el Juez de Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito, verificará por lo menos semestralmente, que las instituciones de cumplimiento
de las consecuencias jurídicas del delito se sujeten y cumplan con los contenidos de esta Ley y demás
disposiciones jurídicas de la materia. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en
el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 27.- Las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, serán competentes para conocer el recurso de
apelación que se interponga contra las resoluciones que dicten los Jueces de Ejecución de las Consecuencias
Jurídicas del Delito. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 28.- La competencia territorial de las Salas de Circuito, cuando conozcan de lo preceptuado en el
artículo anterior, será de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. (Ref.
según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02
de Enero de 2004).
Artículo 29.- Cuando las autoridades previstas en los ordenamientos legales concedieren amnistía o indulto para
el caso de sentenciados, el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito ordenará su
cumplimiento y será competente para resolver los incidentes que se susciten en su aplicación. (Ref. Según
Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
Artículo 30.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, los tribunales de ejecución de las consecuencias jurídicas
del delito contarán con el personal técnico y administrativo que nombrará el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO III
MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSORÍA DE OFICIO
Y COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 31.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, en sus funciones de Ministerio Público, vigilará la
legalidad y preservará los intereses de la víctima u ofendido y de la sociedad en general en el procedimiento de
ejecución de las consecuencias jurídicas del delito que impongan los tribunales del Poder Judicial del Estado.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
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Artículo 32.- La Procuraduría General de Justicia del Estado actuará en los procedimientos e incidentes que se
susciten durante la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, de conformidad con lo establecido en la ley
y disposiciones jurídicas aplicables. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en
el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 33.- En los distritos judiciales que existan Tribunales de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del
Delito habrá, por lo menos, un defensor público. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 34.- El departamento técnico jurídico del centro de ejecución de la pena de prisión, coordinará sus
actividades con los defensores públicos, a fin de brindar asesoría legal a los detenidos, procesados y
sentenciados. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No.
143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 35.- Los defensores públicos, adicionalmente a las obligaciones señaladas en la Ley de la Defensoría
Pública del Estado de Sinaloa y su reglamento, cuando les sea solicitado por el interno o por algún familiar del
mismo, deberán: (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial
No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
I. Proporcionar asesoría técnico jurídica en la realización de cualquier trámite relacionado con la ejecución
de la consecuencia jurídica que se le haya impuesto; y,
II. Proporcionar asesoría técnico jurídica en la realización de cualquier trámite relacionado con el régimen
disciplinario.
Artículo 36.- La Dirección de Prevención y Readaptación Social deberá remitir semestralmente a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, o cuando ésta lo requiera, un listado actualizado de las personas privadas de
libertad, así como de las que estén cumpliendo con la ejecución de una consecuencia jurídica del delito distinta a
la pena de prisión. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial
No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 37.- Los Directores de los centros de ejecución de la pena de prisión y de medidas de seguridad deberán
proporcionar la colaboración y el apoyo necesario que les sean solicitados por los agentes del ministerio público,
los defensores de oficio o los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el desempeño de
sus funciones.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
CAPÍTULO I
DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN
Artículo 38.- Los centros de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, según su función serán:
I. Centros de procesados;
II. Centros de cumplimiento de penas; y,
III. Centros especiales.
Cuando no exista el centro señalado en algunas de las fracciones anteriores, podrán funcionar en un mismo
conjunto arquitectónico, siempre que en ellos se instalen con la debida separación.
La ubicación de dichos centros será fijada por el Ejecutivo del Estado, dentro de las áreas territoriales que se
designen. En todo caso se procurará que cada una cuente con el número suficiente para satisfacer las
necesidades de ejecución de la pena de prisión y evitar el desarraigo social de los penados.
Artículo 39.- Los centros de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito estarán a cargo del personal
directivo, técnico, administrativo, de custodia y vigilancia que se determine y precise en su reglamento interior.
En los centros y secciones destinados a mujeres, el personal de vigilancia será de ese mismo sexo.
Artículo 40.- Las mujeres serán ubicadas en centros adecuados a su condición personal, siempre separadas de
los hombres.
En tanto no exista centro maternológico, los centros deberán contar con dependencias especiales para atención
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de las internas embarazadas y de las que han dado a luz. Se procurará que el parto se realice en un
establecimiento asistencial ajeno al centro, y si el niño naciera en el establecimiento penitenciario no deberá
constar esta circunstancia en su acta de nacimiento.
Las mujeres podrán tener en su compañía a sus hijos menores de seis meses.
Artículo 41.- Los centros de ejecución de la pena de prisión deberán contar en el conjunto de sus dependencias
con instalaciones y servicios idóneos de dormitorio, salud, enfermerías, escuelas, biblioteca, instalaciones
deportivas y recreativas, trabajo, capacitación para el trabajo, educación, talleres, patios, cocina, comedor,
locutorios, departamento de información al exterior, salas de visita íntima y, en general, todos aquellos que
permitan desarrollar en ellos una vida en colectividad organizada y una adecuada clasificación de los internos, en
relación con los programas de reinserción social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 42.- El Ejecutivo del Estado dispondrá que los centros de ejecución de la pena de prisión sean dotados
de los recursos materiales y humanos necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de
sus fines.
Artículo 43.- Los centros de ejecución de la pena de prisión regulados en la presente Ley, tienen como fin
primordial la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad, así como la custodia de los
detenidos, procesados y sentenciados. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado
en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 44.- En todos los Centros de ejecución de la pena de prisión se implantará un régimen de reinserción
social basado en la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte y la
disciplina.
El régimen de reinserción social deberá ser programado, progresivo, individualizado y obligatorio respecto de las
normas que regulan la convivencia, la disciplina, la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud y
el deporte. Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario.
En ambos casos, deberá atenderse a las condiciones personales, intereses y necesidades para el momento del
egreso y los beneficios que la Ley prevé para los sentenciados, dentro de las posibilidades de la administración.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 45.- El cumplimiento de la pena de prisión no tiene por objeto infligir sufrimientos físicos a los internos ni
humillar su dignidad personal, por lo que quedan prohibidos el uso de la violencia o la práctica de tortura y maltrato
corporal, salvo las medidas de restricción y vigilancia especial que se requieran para otros internos en mérito de la
reinserción social y sus fines o sean útiles y favorables para resguardar su personalidad o preservar la seguridad y
disciplina del establecimiento. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 46.- Los centros de procesados son establecimientos destinados exclusivamente a la retención y
custodia de detenidos provisionalmente por orden judicial. (Ref. según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre
de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004).
Artículo 47.- El régimen de prisión preventiva tiene por objeto retener al interno a disposición de la autoridad
judicial. El principio de presunción de inocencia presidirá el régimen de privación de libertad de los procesados,
por lo que las disposiciones de esta Ley les son aplicables siempre y cuando no se contradiga dicho principio y
resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que puedan presentarse en su
aplicación serán resueltas por el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, salvo lo dispuesto
en el artículo 32 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. (Ref. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 48.- Los Centros de cumplimiento de penas estarán destinados a los internos que se encuentren en el
período de la ejecución de la pena de prisión.
Artículo 49.- El Ejecutivo del Estado dispondrá que, por lo menos, exista en el territorio del Estado uno de los
siguientes tipos de centros de cumplimiento de penas:
I. Centros de mínima seguridad;
II. Centros de máxima seguridad; y,
III. Centros para jóvenes adultos.
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Asimismo, dispondrá, según las necesidades, la creación y ubicación de los centros de mediana seguridad.
La ubicación de los internos en los distintos centros, así como los cambios de ubicación, serán resueltos por la
Dirección de Prevención y Reinserción Social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 50.- Los centros de mínima seguridad estarán destinados a aquellos internos que no presenten
problemas significativos de conducta. Estos gozarán de regímenes penitenciarios basados en la confianza hacia
los internos.
Artículo 51.- En los centros de máxima seguridad serán ubicados aquellos internos que, por sus características o
conducta, representen un peligro para la seguridad de los centros de mínima y mediana seguridad, de los otros
internos y demás personas relacionadas con el centro.
La permanencia de los internos en los centros de máxima seguridad será por el tiempo necesario, hasta que
desaparezcan las circunstancias que determinaron su ingreso.
Artículo 52.- Los centros de jóvenes adultos estarán destinados a aquellos internos que tengan al ingresar una
edad de dieciocho a veinticinco años, siempre que, por la duración de la pena impuesta en la sentencia, exista la
posibilidad de que puedan obtener la libertad, definitiva o preparatoria, antes de cumplir los treinta años de edad,
en cuyo caso se prorrogará su permanencia hasta esa edad.
En tanto no exista esta clase de centro, los jóvenes adultos deberán ser ubicados en secciones separadas o
independientes de los centros para adultos.
En estos centros o secciones se pondrá mayor énfasis en la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo,
la salud, el deporte y el mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones con la familia y en general de los
vínculos sociales, durante la aplicación del régimen de reinserción social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 53.- Los centros especiales son aquellos en los que su régimen tiene un tratamiento especial y serán los
siguientes:
I. Centro hospitalario, para los internos que necesiten someterse a intervención quirúrgica, se encuentren
afectados de dolencias graves o enfermedades terminales;
II. Centro psiquiátrico, para los internos que presenten síntomas o trastornos psíquicos en cualesquiera de
sus formas o grados;
III. Centro maternológico, para las internas que se encuentren en periodo de gestación o tengan consigo hijos
menores de seis meses; y,
IV. Centro geriátrico, para los internos que hubiesen cumplido más de sesenta y cinco años de edad o estén
imposibilitados de seguir el tratamiento en los otros centros.
Mientras en el sistema de los centros de ejecución de la pena de prisión no se cuente con estos centros
especiales, en los centros existentes se establecerán secciones especiales y, en su defecto, el Ejecutivo del
Estado, a través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, podrá solicitar la colaboración de las
instituciones de salud pública y asistencia social que existan en el Estado, formalizando con ellos los convenios de
colaboración procedentes. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 54.- Cuando en un centro de ejecución de la pena de prisión exista sobrepoblación, la Dirección de
Prevención y Reinserción Social deberá hacer del conocimiento de la superioridad dicha situación, a fin de que se
adopten las medidas necesarias para garantizar la reinserción social de los internos. (Ref. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO II
DEL INGRESO, EGRESO Y TRASLADO
Artículo 55.- El ingreso de un detenido, procesado o sentenciado en cualquiera de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito se hará mediante resolución de autoridad competente, excepto en el supuesto
de presentación voluntaria, lo que será inmediatamente comunicado a la autoridad judicial, quien resolverá lo
procedente.
Artículo 56.- Se consideran detenidos a aquellos internos cuya situación jurídica no ha sido aún resuelta mediante
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el dictado del auto de formal prisión por la autoridad jurisdiccional competente.
Artículo 57.- Se consideran procesados a los internos sujetos a proceso, desde el dictado del auto de formal
prisión hasta que se dicte sentencia y ésta cause ejecutoria.
Artículo 58.- Se consideran sentenciados a aquellos internos a los que se haya dictado sentencia condenatoria y
ésta haya causado ejecutoria.
Los sentenciados cumplirán su condena en el centro de ejecución de la pena de prisión que determine la Dirección
de Prevención y Reinserción Social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en
el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 59.- A todo interno se le formará a su ingreso al centro un expediente personal relativo a su situación
procesal y de interno, del que tendrá derecho a ser informado él y la persona que lleve a cabo su defensa. El
contenido de dicho expediente se determinará en el instructivo o reglamento correspondiente.
Artículo 60.- En tanto no se resuelva su situación jurídica mediante el dictado de auto de formal prisión, los
internos detenidos deberán permanecer en un espacio distinto al destinado para internos procesados y
sentenciados.
Artículo 61.- La privación de libertad de los detenidos se limitará únicamente a asegurar su persona y a evitar
cualesquier alteración de la buena conducción del centro. En todo caso, deberán cumplir rigurosamente con los
reglamentos del centro relacionados con la disciplina, higiene, separación, y seguridad. (Ref. Según Decreto 970,
de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
Artículo 62.- Para cumplir con los fines señalados en el artículo anterior, los detenidos ocuparán preferentemente
celdas individuales y, en todo caso, serán separados:
I. Los jóvenes adultos de los internos adultos;
II. Los que presenten anomalías o deficiencias físicas o mentales que les impidan seguir el régimen normal
del centro, del resto de los detenidos; y,
III. Los que puedan representar un peligro para los demás detenidos.
Artículo 63.- Cuando el reglamento no autorice al interno a conservar en su poder dinero, ropas, objetos de valor
u otros que le pertenezcan, éstos serán guardados en lugar seguro, previa expedición del recibo correspondiente,
o entregados a la persona que haya sido autorizada por el interno para recibirlos.
Artículo 64.- La libertad de los detenidos, procesados o sentenciados sólo podrá ser conferida u otorgada por la
autoridad competente.
Los detenidos serán puestos en libertad por el Director del centro de ejecución de la pena de prisión, si
transcurridas setenta y cinco horas siguientes, o ciento cuarenta y siete en caso de haberse duplicado el plazo
para resolver su situación jurídica, contadas a partir del momento del ingreso, no se hubiere recibido copia del
auto de formal prisión.
La libertad de los procesados procederá cuando la resolución de la autoridad judicial competente así lo determine.
La libertad definitiva se otorgará al sentenciado una vez que la pena privativa de libertad haya sido cumplida. Para
tal efecto la Autoridad Penitenciaria lo hará saber con cinco días hábiles previos al Juez de Ejecución expresando
si existe algún impedimento para ordenar su libertad. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013
y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 65.- Al obtener su libertad el interno, se le entregará el saldo de su cuenta de ahorros, los valores y
efectos depositados a su nombre, así como una certificación de ser liberado y la aptitud profesional adquirida.
Si no tuviese medios económicos para trasladarse a su domicilio, se le facilitarán los necesarios.
Artículo 66.- Los traslados de detenidos, procesados o sentenciados se realizarán respetando la dignidad y los
derechos de los internos y la seguridad de la conducción.
Artículo 67.- El traslado del interno de un centro a otro, previa justificación, deberá ser autorizado por la Dirección
de Prevención y Reinserción Social, la cual deberá comunicarlo de inmediato al juez o tribunal competente y a las
personas que estuvieren autorizadas para mantener visita. Lo anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 32 del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
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noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 68.- La Dirección de Prevención y Reinserción Social reglamentará el procedimiento para realizar los
traslados, debiendo en todo caso evitar molestias o padecimientos innecesarios al interno. (Ref. Según Decreto
970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
CAPÍTULO III
DEL RÉGIMEN DE REINSERCIÓN SOCIAL
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 69.- El régimen de reinserción social consiste en el conjunto de acciones y estrategias graduales,
secuenciadas e integrales dirigidas a la procuración de la reinserción de los sentenciados, para que actúen
evolutivamente en el interno con el objetivo de evitar su desocializacion, ofertarle una vida futura sin delito,
promover la conciencia de la dignidad de las personas, una mejor forma de vida, lograr su desarrollo interpersonal
y social, mediante programas basados en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el
deporte, para que el sentenciado adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley y una actitud de vida en
comunidad. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No.
143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 69 Bis.- El Sistema de Reinserción Social tendrá carácter progresivo y técnico, la progresividad del
régimen penitenciario consistirá en un proceso gradual y flexible que posibilite al sentenciado, por su propio
esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la recuperación de su libertad, el cual estará acompañado por el
seguimiento de los profesionistas técnicos de la autoridad penitenciaria y constará de cuando menos los cuatro
periodos siguientes:
I. Estudio y diagnóstico;
II. Ubicación;
III. Tratamiento; y,
IV. Reincorporación Social.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 69 Bis A.- Durante el periodo de estudio y diagnóstico, el personal técnico del Centro Penitenciario
realizará el estudio de personalidad del sentenciado para determinar la ubicación y el tratamiento que le
corresponda y la forma en que se desarrollará. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 69 Bis B.- El tratamiento aplicable será individualizado a cada sentenciado se fundará en los resultados
de los estudios técnicos que se le hayan practicado, los cuales deberán ser actualizados semestralmente para ser
analizados en el Consejo Técnico Interdisciplinario. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013
y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 69 Bis C.- Durante el periodo de tratamiento se sujetará al sentenciado a las medidas que se consideren
más adecuadas, así como a los programas técnicos y de reinserción social que implementen las autoridades
penitenciarias. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial
No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 69 Bis D.- La duración del periodo de tratamiento será determinada; también lo serán las modalidades
del mismo, y quedarán sujetas a los resultados obtenidos. En todos los casos las medidas aplicadas serán
revisadas periódicamente. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 69 Bis E.- En el curso del tratamiento se fomentará el establecimiento, conservación y fortalecimiento, de
vínculos y relaciones del sentenciado con personas y organizaciones públicas o privadas del exterior que ayuden
a su proceso de reinserción social.
Las relaciones con el exterior consistirán en el acrecentamiento de la comunicación y convivencia de las personas
internas con sus familiares y demás personas del exterior y las que resulten convenientes en cada caso, a juicio
del Consejo Técnico Interdisciplinario.
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Los familiares de los sentenciados y demás personas que pretendan ingresar a los centros penitenciarios deberán
cumplir con los requisitos que para tal efecto se señalen en el reglamento.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 69 Bis F.- El periodo de reincorporación se inicia con la obtención de la libertad, en cualquiera de sus
modalidades. Obtenida la libertad, la Dirección de Prevención y Reinserción Social proporcionará a los
sentenciados la ayuda necesaria a fin de reincorporarlos al medio social. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21
de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 70.- Los servidores públicos responsables del régimen de reinserción social deberán obtener la
información relacionada con las características biopsicosociales del interno para la determinación individualizada y
precisa de dicho régimen, de los cuales serán determinantes y tendrán carácter prevalente las características y
aspectos sociales. Igualmente se procurará aplicar estrategias de voluntad de cambio con participación activa del
sentenciado en el proceso. Reinserción como proceso gradual personal, social, laboral y análogos, coordinación
permanente con agentes educativos, inclusión del entorno familiar en el proceso, respeto mutuo, acercamiento,
aproximación, comprensión, trabajo en equipo e interdisciplinario, trabajo de patio, ambiente acogedor, desarrollo
de actividades recreativas y educativas dirigidas todo los días, presencia educativa permanente acompañamiento,
seguimiento, personal-capacitado comprometido, con sensibilidad, animo, actitud y convicción de ser educadores.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Para ello, deberán utilizarse los medios y procedimientos necesarios, respetando siempre los derechos humanos y
los derechos constitucionales que no hayan sido afectados por la sentencia condenatoria.
Artículo 71.- Se fomentará que el interno participe en la planificación de su régimen de reinserción social. Para
ello, será prioritaria la satisfacción de sus intereses personales en cuanto sean compatibles con las finalidades del
mismo. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143
de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 72.- Para el desarrollo del régimen de reinserción social, previa la realización de los estudios necesarios,
se decidirá cuál es el centro más adecuado para ello y el área más compatible, tomando en cuenta además el
tiempo de duración de la pena de prisión y el medio al que se reintegrará el sentenciado. (Ref. Según Decreto 970,
de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
Artículo 73.- El régimen de reinserción social no es obligatorio para los procesados. Sin embargo, la
administración del centro deberá obtener la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos
documentales y de entrevistas, así como mediante la observación directa del comportamiento, estableciendo
sobre estas bases la separación o clasificación al interior del centro; todo ello en cuanto sea compatible con la
presunción de inocencia. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Una vez dictada sentencia condenatoria definitiva se procederá de acuerdo con lo establecido en los artículos
anteriores.
Artículo 74.- El desarrollo favorable o desfavorable del régimen de reinserción social permitirá que el interno
pueda ser trasladado a otro centro o a otra área.
Cada seis meses, como máximo, la Dirección del Centro de Ejecución de la Pena de Prisión que corresponda, con
base en el dictamen del Consejo Técnico Interdisciplinario, deberá realizar una evaluación del régimen de
reinserción social, la cual deberá constar por escrito en su expediente personal y ser notificada al interno. Cuando
el interno no esté conforme con el resultado de la evaluación podrá recurrir ante el Director de Prevención y
Reinserción Social quien, si considera fundada la petición, ordenará la práctica de una nueva evaluación en la que
participe un perito designado por él. Esta evaluación tendrá el carácter de definitiva.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 75.- Concluido el régimen de reinserción social o próxima la libertad del interno, la Dirección del Centro
de Ejecución de la Pena de Prisión que corresponda, con base en el dictamen del Consejo Técnico
Interdisciplinario, emitirá un informe final en el que se manifestarán los resultados obtenidos, los cuales se tendrán
en cuenta para la concesión del régimen de libertad preparatoria.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
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Artículo 76.- El régimen de reinserción social será competencia de personal profesional especializado, el cual se
determinará en el reglamento del servicio civil relacionado con las consecuencias jurídicas del delito.
Para obtener resultados satisfactorios en el régimen de reinserción social, se deberá solicitar la colaboración y
participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas relacionadas con la misma,
en el entendido de que aquélla se logra cuando el liberado es aceptado por el grupo social.
Con el mismo propósito de obtener los mejores resultados en el régimen de reinserción social aplicado a cada
interno, a su ingreso al centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, serán examinados desde el
punto de vista médico, educativo, laboral, físico, psicológico y preponderantemente desde las vertientes sociales,
todos aquellos aspectos que faciliten el estudio integral de su personalidad.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 77.- Para el debido asesoramiento en cuanto al régimen de reinserción social, en la Dirección de
Prevención y Reinserción Social existirá un equipo técnico de especialistas cuyos fines serán los siguientes: (Ref.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
I. Apoyar la labor de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios en sus tareas específicas;
II. Resolver las dudas y consultas de carácter técnico que se formulen por el Director del centro de ejecución
de la pena de prisión;
III. Realizar una labor de investigación criminológica; y,
IV. Participar en las tareas docentes que programe el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad
Pública o la Dirección de Prevención y Reinserción Social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Dicho equipo dictaminará en relación con los regímenes de reinserción social que, por las características
biopsicosociales de los internos, sean de difícil planificación o precisión para los consejos de los centros. (Ref.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
Artículo 78.- El régimen de reinserción social en los centros de ejecución de la pena de prisión tiene la finalidad
de lograr el ambiente adecuado para reintegrar al penado al grupo social, por lo que las funciones regimentales
deben ser consideradas como medios y no como finalidades en sí mismas.
Las actividades integrantes del régimen de reinserción social, aunque regidas por un principio de especialización,
deben estar debidamente coordinadas. La Dirección del centro organizará los distintos servicios de modo que los
miembros del personal alcancen la necesaria comprensión de sus correspondientes funciones y responsabilidades
para lograr la indispensable coordinación entre ellos.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 79.- Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el régimen de reinserción social planificado y
precisado para cada interno, el cual se desarrollará en el centro y en el área que posibilite en mayor medida su
reintegración al grupo social.
En ningún caso se negará al sentenciado el disfrute del régimen de libertad preparatoria, cuando por la evolución
de su régimen de reinserción social y la satisfacción de los demás requisitos y condiciones previstas para su
otorgamiento por esta Ley, se haga merecedor de él.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO III BIS
DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
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Artículo 79 Bis.- Los Consejos Técnicos Interdisciplinarios son órganos colegiados consultivos para la aplicación
individual del sistema progresivo, del tratamiento y beneficios de los sentenciados, así como las medidas
disciplinarias y sanciones a las que se hagan acreedores los sentenciados en cada Centro Penitenciario del
Estado.
Los Consejos podrán sugerir a las autoridades ejecutivas de dichos establecimientos las medidas de alcance
general para la buena marcha de los mismos.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 79 Bis A.- En cada uno de los Centros Penitenciarios, debe instalarse y funcionar un Consejo Técnico
Interdisciplinario que será el órgano colegiado encargado de determinar las políticas, acciones y estrategias para
la mejor funcionalidad de dichos Centros, además de determinar los tratamientos que deben aplicarse a los
sentenciados para fomentar la reinserción social de conformidad con la presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables en la materia. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 79 Bis B.- El Consejo Técnico Interdisciplinario se integrará con los miembros de superior jerarquía del
personal administrativo, técnico especialistas en medicina, psicología, trabajo social, criminología psiquiatría,
educación, trabajo, capacitación para el mismo, deporte y de seguridad y custodia. Se integra de conformidad con
las disposiciones jurídicas y administrativas, con los servidores públicos o representantes del Centro Penitenciario
siguientes:
I. El Director, quien lo presidirá o el funcionario que lo sustituya en sus faltas;
II. El titular del área Jurídica o Técnico Jurídico, quien fungirá como secretario;
III. El titular del área administrativa y el personal técnico y de enlace administrativo o sus homólogos;
IV. Los Jefes de los siguientes departamentos o áreas del establecimiento penitenciario: Diagnóstico,
Ubicación y Determinación de Tratamiento; de Actividades Educativas; de Trabajo y Capacitación para el
mismo e Industrias; de Servicios Médicos; y de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas;
V. El titular del área de seguridad y personal homólogo del Centro Penitenciario;
VI. Técnicos Penitenciarios;
VII. Un Criminólogo, un Trabajador Social, un Psicólogo y un Pedagogo; y,
VIII. Además, de los miembros citados con anterioridad, es miembro permanente, un representante que
designe la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, teniendo todos ellos voz y voto en las
deliberaciones del Consejo, pudiendo participar en él especialistas en derecho, psiquiatría, pedagogía,
psicología, sociología, quienes únicamente tendrán voz.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 79 Bis C.- Durante la sesión del Consejo, el Director del Centro Penitenciario, en su carácter de
Presidente, velará porque sus miembros guarden el orden y la compostura debidos, cuidando que cada caso sea
examinado por separado, debiendo proceder para ello de la manera siguiente:
I. Harán uso de la palabra cada uno de sus integrantes, exclusivamente para exponer los datos que haya
sido recabados por su área;
II. Una vez que todos los integrantes hayan hecho su exposición, se aclararán las dudas que pudieran
plantearse, cuando se aporten datos contradictorios o incompletos o haya diferencia en cuanto a la
terminología empleada; se procederá luego a votación, en la cual deberá razonarse el voto cualquiera que
sea el sentido en que se emita; y,
III. A fin de dar celeridad a las sesiones, el Presidente del Consejo no permitirá que se hagan consideraciones
ajenas al caso objeto de examen.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 79 Bis D.- El Consejo Técnico Interdisciplinario tiene las funciones siguientes:
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I. Establecer medidas de carácter general para la adecuada atención y operación del Centro;
II. Evaluar los diagnósticos resultantes del estudio clínico criminológico, a fin de determinar la ubicación de
los sentenciados, según los criterios de clasificación establecidos en el reglamento de esta Ley;
III. Dictaminar y proponer el tratamiento a sentenciados, y determinar con base a estos, los incentivos o
estímulos que se concederán a los sentenciados;
IV. Vigilar que en el Centro Penitenciario se observen los lineamientos establecidos en materia penitenciaria
en la normativa aplicable que dicte la Subsecretaría y emitir opinión acerca de los asuntos del orden
jurídico, técnico, administrativo, de seguridad o de cualquier otro tipo, relacionados con el funcionamiento
del Centro Penitenciario;
V. Formular y emitir al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito los dictámenes
correspondientes respecto al otorgamiento del tratamiento de externación y beneficios penitenciarios;
VI. Emitir criterios para regular el acceso de la visita familiar al Centro Penitenciario y resolver sobre la
autorización de ingreso o suspensión temporal o definitiva del mismo;
VII. Imponer mediante dictamen las correcciones disciplinarias establecidas en esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos y administrativos. En el caso de asuntos relativos a cuestiones de rehabilitación psicosocial,
determinar con base al estado psiquiátrico en que se encuentre el sentenciado la sanción o medida
terapéutica que le corresponda por infracciones a la presente Ley;
VIII. Autorizar la realización de jornadas extraordinarias de trabajo;
IX. Hacer del conocimiento de las instancias competentes los aspectos relacionados con el funcionamiento
administrativo, así como las irregularidades que se presenten;
X. Emitir opinión al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito sobre la procedencia o no de
la externación temporal de un sentenciado ejecutoriado; y,
XI. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos y administrativos.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 79 Bis E.- El funcionamiento y operación del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Centros
Penitenciarios será determinado en el Manual Específico de Operación de los Consejos Técnicos
Interdisciplinarios de cada Centro. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO IV
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 80.- El régimen disciplinario de los centros de ejecución de la pena de prisión se sustenta en la relación
de sujeción especial que liga al interno con la administración penitenciaria, se dirigirá a garantizar la seguridad y la
convivencia ordenada al interior de los mismos, con la observación de los principios de legalidad, subsidiariedad,
oportunidad y culpabilidad y en concordancia a la resocialización y reinserción social.
Rige desde el momento mismo del ingreso y sus medidas se aplicarán siempre que sea necesario e
imprescindible, conforme al principio de intervención mínima y sin demérito de la función pedagógica.
Ningún interno desempeñará servicio alguno que implique el ejercicio de facultades disciplinarias. Con la salvedad
de aquéllas que se confíen bajo fiscalización y supervisión a internos agrupados para su tratamiento.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 81.- Los internos no serán sancionados disciplinariamente sino en los casos y con las sanciones
expresamente previstos en esta ley.
Al culpable de dos o más infracciones se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas, para su
cumplimiento simultáneo, si fuera posible, y, no siéndolo, se cumplirán por orden de su respectiva gravedad, pero
el máximo de su cumplimiento no podrá exceder nunca del triple del tiempo correspondiente a la más grave.
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Las sanciones podrán ser reducidas por decisión del Consejo Técnico Interdisciplinario correspondiente, y, cuando
se advierta que hubo error en la aplicación de una de ellas, se procederá a una nueva calificación o, en su caso, a
dejarla inmediatamente sin efecto.
Artículo 82.- Para efectos de esta ley se considerarán infracciones, las siguientes:
I. Intentar en vía de hecho evadirse o conspirar para ello;
II. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros o la de la Institución;
III. Interferir o desobedecer las disposiciones en materia de seguridad y custodia;
IV. Causar dolosa o culposamente daños a las instalaciones y equipo o darles mal uso o trato;
V. Entrar, permanecer o circular en áreas de acceso prohibido, o sin contar con la autorización para ello, en
los lugares cuyo acceso esté restringido;
VI. Substraer u ocultar los objetos propiedad o de uso de los demás internos, del personal de la Institución o
de esta última;
VII. Faltar al respeto a las autoridades, visitantes o a cualquier persona, mediante injurias u otras expresiones;
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143
de fecha 27 de noviembre de 2013).
VIII. Alterar el orden en los dormitorios, talleres, comedores y demás áreas de uso común o en las que se
encuentre por autorización previa; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
IX. Causar alguna molestia o proferir palabras soeces o injuriosas a los visitantes, personal de la Institución o
demás internos;
X. Contravenir las disposiciones de higiene y aseo que se establezcan en el centro;
XI. Acudir impuntualmente o abandonar las actividades o labores a las que deba concurrir;
XII. Incurrir en actos y conductas contrarias a la moral o a las buenas costumbres;
XIII. Eludir los controles de asistencia y pase de lista; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de
2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XIV. Dar mal uso o trato a las instalaciones y equipo; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de
2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XV. Instigar a otros internos a no obedecer las reglas y órdenes legítimas de los servidores públicos del Centro
Penitenciario y las generales disciplinarias que rigen en el mismo; (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21
de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
XVI. Incumplir con el programa educativo, laboral o de capacitación para el trabajo o el deportivo o de salud;
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143
de fecha 27 de noviembre de 2013).
XVII. Desobedecer las prohibiciones o restricciones señaladas en esta Ley; y, (Adic. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
XVIII. Infringir otras disposiciones de la presente Ley. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de
2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 83.- Las sanciones disciplinarias que se impondrán por las infracciones señaladas en el artículo anterior,
consistirán en:
I. Amonestación en privado;
II. Amonestación en público;
III. Suspensión total o parcial de estímulos por tiempo determinado;
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IV. Cambio a otro dormitorio;
V. Suspensión por tiempo determinado de visita familiar o íntima; y,
VI. Cambio a otra área del centro, o a otro centro.
Artículo 84.- Las sanciones disciplinarias aplicables a los internos que incurran en las infracciones previstas en el
artículo 82, serán:
I. Amonestación en privado, en los casos de las fracciones X y XII;
II. Amonestación en público, en los casos de la fracción II o la reincidencia de las conductas previstas en las
fracciones X y XII;
III. Suspensión total o parcial de estímulos por tiempo determinado, en los casos de las fracciones IX, XI, XIII
y XIV;
IV. Cambio a otro dormitorio, en los casos de las fracciones VI y VIII;
V. Suspensión por tiempo determinado de visita familiar o íntima, en los casos de las fracciones IV y V; y,
VI. Cambio a otra área del centro o a otro centro, en el caso de las fracciones I, III, VII, XIII, XIV y XV. (Ref.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de
fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 85.- Las sanciones disciplinarias serán impuestas por el Consejo Técnico Interdisciplinario, de acuerdo
con el procedimiento señalado en el artículo siguiente.
Ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuya y sin que se le
haya permitido presentar su defensa, verbal o escrita.
La interposición de recurso contra la resolución en la que se imponga sanción suspenderá ésta, salvo cuando por
tratarse de un acto de indisciplina grave no deba existir demora en la aplicación de la sanción.
Artículo 86.- Las sanciones disciplinarias se aplicarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
I. Ante la comisión de cualesquier infracción, el personal del centro informará de inmediato, de manera
verbal o escrita, al Director y, en su ausencia, a quien lo esté supliendo;
II. Quien reciba la noticia de la infracción, de inmediato determinará si ésta es de las reguladas en el artículo
82. En caso de ser así y si la sanción disciplinaria no debe imponerse en ese mismo momento, notificará
al infractor los hechos de que se tiene conocimiento, quien deberá presentarse ante el Consejo Técnico
Interdisciplinario en la fecha que se le señale. Lo anterior deberá constar por escrito cuyo original se
agregará al expediente y una copia se entregará al interno;
III. En la sesión del Consejo Técnico Interdisciplinario en la que deba decidirse o revisarse la imposición de la
sanción disciplinaria podrá estar presente el abogado particular del interno, y si éste no puede asistir, el
interno podrá realizar su defensa por sí mismo, o se le designará un defensor de oficio para que se pueda
alegar lo que al derecho del interno convenga;
IV. Para los efectos de lo señalado en la fracción anterior, se le comunicará al interno su derecho de defensa
para que señale si lo quiere ejercer por sí mismo, por abogado particular o de oficio;
V. Si es mediante abogado particular, se le hará de su conocimiento que a él le corresponde la comunicación;
si es de oficio, el Director deberá hacerlo del conocimiento de la institución que lo proporcione;
VI. El abogado particular o el de oficio podrá entrevistarse con el interno y consultar las constancias
relacionadas con el caso, para que pueda desempeñar una defensa adecuada;
VII. En la sesión del Consejo Técnico Interdisciplinario, el defensor o el interno podrán aportar los medios de
prueba y alegar lo que al derecho de éste convenga en relación con el caso en particular, los cuales se
tomarán en cuenta al dictarse la resolución que corresponda al término de la misma o al día siguiente; y,
VIII. El secretario del Consejo Técnico Interdisciplinario notificará por escrito al interno y a su defensor la
decisión dictada, anexando al expediente del interno dicha notificación.
La resolución que se dicte especificará la infracción por la que se le declaró culpable, las manifestaciones que en
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su defensa se hayan hecho y, en su caso, la sanción disciplinaria impuesta o las razones por las cuales se dictó
resolución favorable.
Artículo 87.- El interno, por sí mismo, o a través de sus familiares o defensor, podrá recurrir, verbalmente o por
escrito, la sanción disciplinaria impuesta, ante el propio Consejo Técnico Interdisciplinario, ante el Director del
centro o directamente ante la Dirección de Prevención y Reinserción Social, la cual, en un plazo que no exceda de
setenta y dos horas, dictará la resolución que proceda, comunicándola para su ejecución al Director del centro y al
interesado, agregándose la copia de aquélla al expediente del interno. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 88.- Si el interno no estuviere conforme con la resolución dictada, podrá acudir ante el Juez de Ejecución
de las Consecuencias Jurídicas del Delito para que, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, emita
resolución confirmando, revocando o modificando la decisión del Director de Prevención y Reinserción Social.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 89.- En la aplicación de sanciones queda prohibida la tortura, así como todo maltrato físico o mental del
interno.
La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones que establezca el reglamento respectivo, sin perjuicio
de la responsabilidad penal, laboral y administrativa en que se pueda incurrir.
Artículo 90.- Sólo podrán utilizarse, con autorización del Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias
Jurídicas del Delito, aquellos medios coercitivos que se establezcan reglamentariamente, en los casos siguientes:
I. Para impedir actos de evasión o de violencia de los internos;
II. Para evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas o cosas; y,
III. Para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal del centro en el
ejercicio de su cargo.
Cuando ante la urgencia de la situación se tuviere que hacer uso de tales medios, se comunicará inmediatamente
al Director del centro, el cual lo pondrá en conocimiento del Director de Prevención y Reinserción Social. (Ref.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
El uso de las medidas coercitivas estará dirigido exclusivamente al restablecimiento de la normalidad y sólo
subsistirá el tiempo estrictamente necesario.
Artículo 91.- Cuando los hechos de que se tenga conocimiento estén tipificados como delito, el Director del centro
deberá presentar denuncia ante la autoridad competente.
CAPÍTULO V
DE LA EDUCACIÓN
Artículo 92.- En cada centro de ejecución de la pena de prisión existirá al menos una escuela en la que se
desarrollará la instrucción de los internos, para que estos adquieran conocimientos útiles a su reinserción social.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
El personal responsable del servicio educativo y de las actividades culturales, será proporcionado de común
acuerdo con la Dirección de Prevención y Reinserción Social, por la secretaría o dependencia competente de la
prestación del mismo en el Estado, con quien se formalizarán los convenios de colaboración procedentes
adecuados y adaptados al medio donde habrán de aplicarse. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre
de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Las enseñanzas que se impartan deberán orientarse a formar en el interno el respeto a los valores humanos y a
las instituciones sociales, fortalecer el valor de la dignidad de la persona, la integridad de la familia y la convicción
del interés general de la sociedad. Los programas se sujetarán en lo posible a la legislación vigente en materia de
educación y formación profesional, buscándose con ello que los internos puedan lograr su titulación o continuar los
estudios una vez que hayan sido liberados. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
La administración fomentará el interés de los internos por el estudio y promoverá los cursos por correspondencia,
televisión o a distancia.
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La asistencia a cursos de alfabetización, instrucción primaria y secundaria será prioritaria y obligatoria para
quienes no sepan leer y escribir o no hubieren cursado completa la educación básica obligatoria.
Los certificados de estudio que se expidan no harán mención de haber sido realizados en los centros de ejecución
de la pena de prisión regulados por esta ley.
Artículo 93.- En cada centro de ejecución de la pena de prisión existirá una biblioteca provista de libros
adecuados a las necesidades culturales y profesionales de los internos, quienes además podrán utilizar los libros
facilitados por el servicio de bibliotecas ambulantes establecido por la administración o entidades particulares con
el mismo fin.
También habrá, al alcance de los internos, los medios de comunicación y herramientas tecnológicas que permitan
difundir los avances obtenidos en su reinserción social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de
2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 94.- Los internos tienen derecho a disponer de libros, periódicos o revistas de libre circulación en el
exterior, con las limitaciones que en casos concretos aconsejen las exigencias del régimen de reinserción social,
previa resolución motivada del Consejo Técnico Interdisciplinario. Asimismo, podrán informarse a través de
audiciones radiofónicas, televisivas y otras análogas. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013
y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO VI
DEL TRABAJO Y DE LA CAPACITACIÓN PARA EL MISMO
Artículo 95.- El trabajo se considera como un derecho y como un deber del interno, siendo un elemento
fundamental del régimen de reinserción social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Sus condiciones serán:
I. No tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida disciplinaria;
II. No atentará contra la dignidad del interno;
III. Tendrá carácter formativo, creador y formador de hábitos laborales, productivo y terapéutico con el fin de
preparar a los internos para las condiciones normales del trabajo libre; (Ref. Según Decreto 970, de fecha
21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
IV. Se organizará y planificará atendiendo a las aptitudes y cualificación profesional, de manera que satisfaga
las aspiraciones laborales de los internos en cuanto sean compatibles con la organización y seguridad del centro;
V. Será promovido por la administración; y,
VI. No tendrá como finalidad el logro de beneficios económicos por la administración.
Artículo 96.- Todo trabajo directamente productivo que realicen los internos será remunerado y tendrá las
garantías contempladas en la legislación vigente en materia de seguridad social, que sean compatibles con su
situación jurídica.
Artículo 97.- Para los efectos de la reinserción social, se entenderá por trabajo el que se realice en las
modalidades siguientes: (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
I. Las actividades productivas;
II. Las actividades de formación profesional y de enseñanza;
III. Los servicios profesionales que contribuyan al orden, limpieza, higiene, conservación y funcionamiento del
centro;
IV. Las actividades intelectuales, artísticas y artesanales; y,
V. Los servicios personales de apoyo permanente en actividades dirigidas a la población del centro.
Artículo 98.- El trabajo será compatible con las demás actividades del régimen de reinserción social. Por ello, la
administración adoptará las medidas que reglamentariamente se determinen para asegurar y garantizar el
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desarrollo y cumplimiento del régimen de reinserción social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre
de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 99.- Todos los sentenciados deberán trabajar conforme a sus aptitudes físicas y mentales.
Quedarán exceptuados, sin perjuicio de poder disfrutar, en su caso, de los beneficios del régimen de reinserción
social: (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de
fecha 27 de noviembre de 2013).
I. Los sometidos a tratamiento médico por causa de accidente o enfermedad, hasta que sean dados de alta;
II. Los que padezcan incapacidad permanente para toda clase de trabajos;
III. Los que padezcan incapacidad transitoria, mientras ésta perdure;
IV. Los mayores de sesenta y cinco años;
V. Los perceptores de prestaciones por jubilación;
VI. Las mujeres embarazadas, durante las seis semanas anteriores a la fecha prevista para el parto, y las
ocho posteriores al mismo;
Tratándose de embarazos que pongan en peligro la salud o la vida de la madre o de su hijo, la excepción
laboral durará el tiempo que determine el dictamen médico;
VII. Los internos que no puedan trabajar por prescripción médica o por razón de fuerza mayor circunstancia
que será calificada por el Consejo Técnico Interdisciplinario.
Los que se encuentren en prisión preventiva podrán trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones. La
administración del centro les facilitará los medios de ocupación de que disponga, sin que obste para que el interno
se procure a sus expensas otros, siempre que sean compatibles con las garantías procesales y la seguridad y el
buen orden de aquél. Los que voluntariamente realicen cualquiera de los trabajos expresados en el artículo 97, lo
harán en las condiciones y con los efectos y beneficios previstos en esta Ley.
Los internos que se nieguen a trabajar sin causa justificada serán sometidos disciplinariamente. Si la negativa a
trabajar revela peligrosidad se le denegará el beneficio de la libertad preparatoria previo el dictamen del Consejo
Técnico Interdisciplinario.
Artículo 100.- Los bienes, productos o servicios obtenidos por el trabajo de los internos tendrán, en igualdad de
condiciones, carácter preferente en las adjudicaciones de suministros y obras de las administraciones públicas.
Artículo 101.- La dirección y control de las actividades desarrolladas en régimen laboral dentro de los
establecimientos corresponderá a la administración del centro.
La administración estimulará la participación de los internos en la organización y planificación del trabajo.
Artículo 102.- Los programas y las normas para establecer el trabajo penitenciario, serán previstos por la
autoridad penitenciaria y tendrán como propósito planificar, regular, organizar, establecer métodos, horarios,
medidas preventivas de ingreso y seguridad del trabajo penitenciario. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
La administración organizará y planificará el trabajo de carácter productivo en las condiciones siguientes: (Adic.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
I. Proporcionará trabajo suficiente para ocupar en días laborables a los internos, garantizando el descanso
semanal;
II. La jornada de trabajo no podrá exceder de la máxima legal y se cuidará de que los horarios laborales
permitan disponer de tiempo suficiente para el desarrollo de las demás actividades del régimen de
reinserción social; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
III. Velará porque la retribución sea conforme al rendimiento, categoría profesional y clase de actividad
desempeñada; y,
IV. Cuidará de que los internos contribuyan al sostenimiento de sus cargas familiares, a cubrir la reparación
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del daño, a la formación del fondo de ahorro que se le entregará al obtener su libertad y al cumplimiento
de sus restantes obligaciones, disponiendo el sentenciado de la cantidad sobrante en las condiciones que
se establezcan reglamentariamente.
En cada centro de ejecución de la pena de prisión se constituirá un fideicomiso o figura jurídica similar para
administrar en cuentas individuales el fondo de ahorro de los internos, quienes al menos bimestralmente recibirán
información sobre su estado de cuenta.
El fondo de ahorro de cada interno será destinado al pago de la reparación del daño, a satisfacer las necesidades
de alimentación de su familia y a cubrir otros gastos. El porcentaje de este fondo destinado al pago de los rubros
anteriores, será establecido en el propio fideicomiso o en la figura jurídica similar conforme a criterios de justicia y
equidad.
Artículo 103.- Cuando la administración haya contratado el trabajo para los internos, deberá asumir la defensa de
sus derechos e intereses laborales ante los organismos y tribunales competentes.
La retribución del trabajo de los internos sólo será embargable en las condiciones y con los requisitos establecidos
para el salario del trabajador libre.
Artículo 103 Bis.- La autoridad penitenciaria, establecerá un programa de capacitación para el trabajo,
atendiendo a las necesidades de la población, para lo cual planificará, regulará, organizará, establecerá métodos,
horarios y medidas preventivas.
Para tal efecto, las Secretarías de Administración y Finanzas, Desarrollo Social y Humano del Estado deberán
coordinar sus órganos competentes, programas y actividades con la Secretaría de Seguridad Pública.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO VII
DE LA ASISTENCIA PARA LA SALUD
Artículo 104.- El servicio público de asistencia para la salud de los internos será competencia de Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado, que deberá de proveer y prestar los servicios médicos que se requieran para
atender a la población penitenciaria.
Los servicios de atención médica serán gratuitos como medio para prevenir, proteger y mantener la salud de los
sentenciados, mediante programas de medicina de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las
disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud.
Los servicios médicos serán acordes con los siguientes términos:
I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades;
II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y
crónico degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales;
III. Coadyuvar en la elaboración de las dietas nutricionales; y,
IV. Suministrar medicamentos para la atención médica de los sentenciados.
Para los fines anteriores la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, deberá prever que exista personal de
servicios médicos con conocimientos médicos, psicológicos, psiquiátricos y odontológicos, responsable de cuidar
la salud física y mental de los sentenciados y vigilar las condiciones de higiene y salubridad en las instalaciones.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 105.- En cada centro de ejecución de la pena de prisión existirán las instalaciones, el personal y el
cuadro de medicamentos básicos suficientes para proporcionar servicios de salud física y mental a los internos.
Además, el personal deberá vigilar las condiciones de higiene y salubridad, pudiendo, en su caso, solicitar la
colaboración de especialistas cuando el servicio médico requerido no se esté en condiciones de prestarlo en el
centro.
Además de los servicios médicos del centro, los internos podrán ser asistidos en las instituciones hospitalarias y
asistenciales de carácter público y, en casos de necesidad o de urgencia, en otras instituciones hospitalarias.
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Los internos podrán solicitar a su costa los servicios médicos de profesionales ajenos a los centros, excepto
cuando razones de seguridad aconsejen limitar este derecho. Este servicio se prestará invariablemente con la
presencia del personal médico del Centro en los términos y condiciones que apruebe el Director del Centro.
Ninguno de los sentenciados podrá usar medicamentos que no estén autorizados por el personal médico del
Centro Penitenciario. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 106.- Para la prestación de la asistencia para la salud, los centros de ejecución de las consecuencias
jurídicas del delito deberán contar con:
I. Una enfermería que tendrá un número suficiente de camas y estará provista de material clínico,
instrumental adecuado y productos farmacéuticos básicos para las curaciones de urgencia e
intervenciones dentales;
II. Una dependencia destinada a la observación psiquiátrica y a la atención de los toxicómanos; y,
III. Una unidad para enfermos contagiosos.
Artículo 106 Bis.- El personal médico adscrito a los Centros Penitenciarios deberá contar con una certificación
extendida por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado que los habilite para prestar servicios en los mismos.
Quedan estrictamente prohibidas las prácticas médicas experimentales en los sentenciados.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 106 Bis A.- El área médica hará inspecciones regulares a los Centros Penitenciarios y asesorará al
Director en lo referente a:
I. La cantidad, calidad, preparación y distribución de alimentos;
II. La higiene y el aseo de los Centros Penitenciarios y de los internos;
III. Las condiciones sanitarias, de calefacción, de iluminación y ventilación del Centro Penitenciario;
IV. La calidad y aseo de la ropa y cama de los internos; y,
V. La calidad, cantidad, desarrollo de la educación física y deportiva y las reglas de observancia en éstas.
El titular del área médica del Centro Penitenciario deberá hacer del conocimiento del Director, y éste a sus
superiores jerárquicos, de los casos de enfermedades transmisibles a que se refieren la Ley General de Salud y la
Ley de Salud del Estado, a fin de aplicar los procedimientos previstos para estos casos.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 106 Bis B.- El área médica de los Centros Penitenciarios deberá realizar periódicamente jornadas de
medicina preventiva y planificación familiar, para lo cual se auxiliará de las autoridades del Sistema Estatal de
Salud. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143
de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 107.- En los centros o departamentos para mujeres existirá una dependencia dotada del material de
obstetricia necesario para el tratamiento de las internas embarazadas y de las que acaben de parir y se
encuentren convalecientes, así como para atender aquellos partos cuya urgencia no permita que se realicen en
hospitales civiles.
En los centros de mujeres se facilitarán a las internas los artículos necesarios de uso normal para la higiene
íntima.
Artículo 108.- Los dictámenes psiquiátricos que afecten a la situación jurídica del interno en el centro, deberán
realizarse por un equipo técnico, el cual se integrará por un especialista en psiquiatría, un médico forense y el del
centro, acompañándose en todo caso informe del Consejo Técnico Interdisciplinario.
Artículo 108 Bis.- El tratamiento psicológico se fundará en los resultados de los estudios técnicos que se
practiquen al sentenciado, que deberán ser actualizados periódicamente.
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El área de psicología apoyará, auxiliará y asesorará a la Autoridad de los Centros Penitenciarios en todo lo
concerniente a su especialidad para:
I. El debido manejo conductual de los sentenciados, considerándose las características de personalidad;
II. Manejar adecuadamente al sentenciado en posibles situaciones críticas y para prevenir trastornos en su
personalidad;
III. Procurar un ambiente psicológicamente adecuado entre el sentenciado y personal del Centro
Penitenciario; y,
IV. Tomar las medidas necesarias cuando el estado emocional del sentenciado amenace su integridad física,
la de terceros o la seguridad del centro penitenciario, previo informe de seguridad y custodia.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 108 Bis A.- Las áreas médicas, psicológicas y psiquiátricas deberán presentar los informes que les sean
requeridos por las autoridades competentes y, en su caso proporcionar a éstas los elementos técnicos
especializados que solicite la autoridad judicial. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 108 Bis B.- Al área de psiquiatría corresponderá detectar y tratar las enfermedades mentales y
emocionales de los sentenciados, primordialmente cuando representen una amenaza para su propia integridad
física, la de terceros o la seguridad de los Centros Penitenciarios. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 109.- La asistencia médica y sanitaria estará asegurada por el reconocimiento inicial de los internos y los
sucesivos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 110.- El aseo personal del interno será obligatorio. Además deberá cuidar del aseo de su lugar de
alojamiento y contribuir a la higiene del centro.
Artículo 111.- La arquitectura del centro deberá estar de acuerdo con la clase y ubicación geográfica de éste, en
buen estado y conservación.
CAPÍTULO VII BIS
DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 111 Bis.- Como parte del proceso de reinserción social el sentenciado está obligado a participar en los
programas recreativos, culturales y deportivos, siempre y cuando su estado físico y sus condiciones de salud, de
su seguridad o de otros internos así lo permitan.
Para la instrumentación de los programas y actividades físicas y deportivas, la autoridad penitenciaria planificará,
organizará y establecerá métodos, horarios, medidas de seguridad y custodia, las cuales estarán reguladas por el
reglamento respectivo.
En el ámbito deportivo se establecerán programas los cuales deberán cumplir dos funciones principales: el
acondicionamiento físico preventivo y las actividades deportivas y recreativas. El acondicionamiento físico
preventivo será obligatorio, y una vez que el sentenciado cumpla con éste y conforme a los avances en su
tratamiento técnico progresivo, podrá participar en actividades deportivas de recreación.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 111 Bis A.- El objeto de los programas de acondicionamiento físico será:
I. El impulso de la actividad deportiva como causa generadora de hábitos favorecedores de la reinserción
social, fomento de la solidaridad y cuidado preventivo de la salud;
II. La práctica deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, sanitario y de calidad de vida;
III. El desarrollo de la interacción grupal, y revalorización de juegos de la tradición popular como medio de la
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reinserción social; y,
IV. El esparcimiento a través de actividades deportivas.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 111 Bis B.- Con la finalidad de cumplir dicho objetivo el Sistema Penitenciario del Estado, sus
establecimientos y autoridades contarán con la participación, apoyo y colaboración del Instituto Sinaloense del
Deporte y la Cultura Física y adicionalmente podrán establecer vínculos de participación con instituciones públicas
y privadas en materia de deporte y recreación. (Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO VIII
DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA
Artículo 112.- La administración garantizará la libertad religiosa de los internos y facilitará los medios para que
pueda llevarse a cabo, por lo que deberá expedirse el reglamento respectivo.
CAPÍTULO IX
COMUNICACIONES Y VISITAS
Artículo 113.- Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y abogado su detención, así
como a comunicar su traslado a otro centro en el momento de ingresar en el mismo.
Artículo 114.- Los internos podrán comunicarse periódicamente, de forma oral o escrita, con sus familiares,
amigos o representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria o
pospenitenciaria, salvo en los casos de incomunicación decretada por autoridad competente.
En dichas comunicaciones se respetará al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a las
personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés del régimen de reinserción social y de
orden del centro. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial
No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Las comunicaciones de los internos con su abogado defensor se realizarán en departamentos apropiados y no
podrán ser suspendidas o intervenidas.
En los mismos departamentos podrán los internos comunicarse con profesionales acreditados en lo relacionado
con su actividad, con los asistentes sociales y con sacerdotes o ministros de su religión, cuya presencia haya sido
reclamada previamente. Estas comunicaciones podrán ser intervenidas en la forma que se establezca
reglamentariamente.
Las comunicaciones previstas en este artículo podrán efectuarse telefónicamente en los casos y con las garantías
que se determinen en el Reglamento.
Las comunicaciones orales y escritas previstas en este artículo podrán ser suspendidas o intervenidas
motivadamente por el Director del centro, debiendo ser ratificada esta decisión por el Director de Prevención y
Reinserción Social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 115.- En los casos de defunción, enfermedad o accidente grave del interno, el Director informará al
familiar más próximo o a la persona designada por aquél.
Igualmente se informará al interno, cuando se tome conocimiento, del fallecimiento o enfermedad grave de un
pariente próximo o de persona íntimamente vinculada con aquél.
Artículo 116.- Los centros dispondrán de locales especialmente adecuados para la visita familiar o íntima.
Todo tipo de visitas e introducción de vehículos y objetos a los centros de ejecución de las consecuencias jurídicas
del delito, se concederán, en los términos, condiciones, requisitos, horarios, medidas de seguridad y periodicidad
que reglamentariamente se determinen. Estos se precisarán considerando el programa de reinserción social de
los internos. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No.
143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
La revisión a mujeres se realizarán por personal del mismo sexo.
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CAPÍTULO X
PERMISOS DE SALIDA
Artículo 117.- En el caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, el cónyuge, concubina,
concubinario, hijos, así como por importantes y comprobados motivos, con las medidas de seguridad adecuadas,
se podrán conceder permisos de salida, salvo que concurran circunstancias excepcionales que las impidan, previa
autorización del Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. (Ref. Según Decreto 970, de fecha
21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 118.- Los permisos a que se refiere el artículo anterior podrán ser concedidos, asimismo, a internos en
prisión preventiva con la aprobación, en cada caso, de la autoridad judicial competente.
La administración elaborará el instructivo en el que se detallen los procedimientos y condiciones para la concesión
de los permisos.
CAPÍTULO XI
RECOMPENSAS
Artículo 119.- Los actos que pongan de relieve buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad
en el comportamiento personal y en las actividades definidas para la reinserción social de los internos, serán
registradas, reconocidas y documentadas mediante un sistema de estímulos y recompensas reglamentariamente
determinadas. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No.
143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Todo estímulo o recompensa otorgado deberá constar y agregarse en el expediente personal del interno.
Los estímulos y recompensas serán incluidos y considerados para el otorgamiento de los beneficios de la remisión
parcial de la sanción corporal, y de la libertad preparatoria en su caso.
CAPITULO XII
DE LA REMISION PARCIAL DE LA SANCION CORPORAL
Artículo 120.- La remisión parcial de la sanción, es un beneficio otorgado por la autoridad judicial ejecutora y
consistirá en la disminución de un día de la pena de prisión establecida en la sentencia judicial por cada dos días
en que el interno participe en actividades educativas, laborales y culturales en el centro de ejecución de la pena de
prisión, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
I. Que el interno haya observado durante su estancia en prisión buena conducta;
II. Que participe regularmente en las actividades que se organicen en el centro de ejecución; y,
III. Que con base en los estudios de personalidad que practique el Consejo, pueda determinarse la viabilidad
de su reinserción social. Éste será el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión
parcial de la pena.
Los requisitos señalados en las fracciones I y II se acreditarán con los informes que mensualmente rendirá la
Dirección de Prevención y Reinserción Social al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.
Con estos elementos el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, resolverá sobre la
procedencia del beneficio.
Este beneficio no se otorgará a los sentenciados por los delitos de secuestro previstos en el Título Cuarto,
Capítulo II, de la Sección Primera del Libro Segundo del Código Penal para el Estado.
El sentenciado que considere tener derecho a este beneficio, elevará su solicitud al Juez de Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito, por conducto de la Dirección o de su defensor, dando inicio al procedimiento
respectivo.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 121.- La primera remisión parcial de la pena será a solicitud del sentenciado o su defensor al Juez de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, el cual la otorgará cuando el interno haya cumplido las dos
quintas partes de la sanción privativa. En lo sucesivo, la remisión que resulte se hará anualmente, siguiendo el
mismo procedimiento. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
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Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
La resolución respectiva se dictará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la proposición y se dará a
conocer al interesado, haciéndose constar en su expediente.
Para que sirvan de antecedentes a la primera remisión parcial de la pena, el Consejo Técnico Interdisciplinario
rendirá informes anuales a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, acerca de los datos que deben
tomarse en cuenta para estimar la reinserción social del sentenciado, informes que se rendirán dentro del mes de
enero de cada año. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Las remisiones parciales que se concedan no serán revocables.
Artículo 122.- La remisión parcial de la sanción corporal, funcionará simultáneamente con el beneficio de la
libertad preparatoria, independientemente de la procedencia de esta última. Los cómputos de ambos beneficios se
regirán de acuerdo a las normas legales correspondientes.
CAPÍTULO XIII
INFORMACIÓN, QUEJAS Y RECURSOS
Artículo 123.- Los internos recibirán a su ingreso información escrita sobre el régimen del centro, sus derechos y
deberes, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos. A quienes no puedan
entender la información escrita, les será dada por el medio a través del cual puedan comprenderla.
Artículo 123 Bis.- Los sentenciados y demás internos en lo compatible con la calidad jurídica que revistan,
gozarán de todos los derechos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza,
opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualquiera otra circunstancia discriminatoria. Por tanto,
tendrán derecho a:
I. La asistencia de una defensa en cualquier incidente suscitado durante la ejecución de la pena;
II. Recibir un trato digno;
III. No ser objeto de violencia física o moral por parte de funcionarios, personal y empleados de los Centros
Penitenciarios, ni de otros internos;
IV. Gozar de condiciones de estancia digna dentro de los Centros Penitenciarios;
V. Recibir visita de su familia, amistades e íntima;
VI. Recibir un tratamiento técnico progresivo e individualizado que permita su reinserción a la sociedad;
VII. No ser discriminado en razón de su situación jurídica y criminológica;
VIII. Ser llamados por su nombre y apellidos, no permitiéndose el uso de apodos que impliquen discriminación;
IX. Recibir la información que conste en los expedientes judicial y técnico; y,
X. Profesar el culto religioso de su preferencia. La Autoridad Penitenciaria y las autoridades administrativas
de los Centros Penitenciarios facilitarán los medios necesarios para el ejercicio de prácticas religiosas y
espirituales.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 123 Bis A.- Los sentenciados tendrán las siguientes obligaciones:
I. Conocer y acatar las normas del régimen interior y cumplir las sanciones disciplinarias que le sean
impuestas en caso de infracción de aquéllas;
II. Respetar a los funcionarios y personal del establecimiento penitenciario en que se encuentren, tanto
dentro del mismo como fuera de él, con ocasión de traslados, conducción o práctica de diligencias;
III. Respetar la dignidad y derechos de los otros sentenciados; y,
IV. Vestir las prendas que proporcione el establecimiento penitenciario o determine el reglamento.
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(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 123 Bis B.- Ningún sentenciado interno podrá desempeñar funciones de autoridad, empleo o cargo
administrativo al interior de los establecimientos penitenciarios.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 124.- Los internos tienen derecho a formular peticiones y quejas relativas a su régimen de reinserción
social o al régimen del Centro, ante el Director o persona que lo represente, a fin de que tome las medidas
oportunas o, en su caso, las haga llegar a las autoridades u organismos competentes. Si fueren hechas por
escrito, podrán presentarse en sobre cerrado, que se entregará bajo recibo. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21
de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO XIV
DE LA LIBERTAD PREPARATORIA
Artículo 125.- La libertad preparatoria permitirá al sentenciado el egreso del centro y su reintegración al medio
libre antes del cumplimiento del tiempo señalado para la pena de prisión.
El sentenciado que considere tener derecho al beneficio de la libertad preparatoria, presentará su solicitud
personalmente o a través de su defensor al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, o por
conducto de la Dirección de Prevención y Reinserción Social o de su defensor, y previos los informes del Consejo
Técnico Interdisciplinario del Centro, iniciará el trámite para conceder al sentenciado el régimen de libertad
preparatoria, la cual será otorgada por el Juez de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas
del Delito. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143
de fecha 27 de noviembre de 2013).
El beneficio de la libertad preparatoria no se concederá a sentenciados por los delitos de secuestro previstos en el
Título Cuarto, Capítulo II, de la Sección Primera del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
(Ref. Según Decreto 212, de fecha 31 de marzo de 2011 y publicado en el Periódico Oficial No.63 de fecha 27 de
mayo de 2011).
Artículo 126.- Para que el sentenciado pueda acceder al régimen de libertad preparatoria, el informe del Consejo
Técnico Interdisciplinario deberá contener opinión favorable en cuanto a:
I. Tiempo de cumplimiento de la pena de prisión. Este deberá ser de las tres quintas partes del total del impuesto
en la sentencia definitiva;
II. Educación, en cuanto a logros obtenidos;
III. Trabajo y capacitación para el mismo, relacionado con el tiempo laborado y la cualificación laboral obtenida; y,
IV. Disciplina, en relación con su comportamiento y participación en la vida comunitaria del centro.
En este caso, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado
farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico
correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora. (Ref. Según Decreto 322, de
fecha 29 de julio de 2011 y publicado en el Periódico Oficial No. 103 de fecha 29 de agosto de 2011).
Artículo 127.- Para gozar del régimen de libertad preparatoria, el sentenciado deberá satisfacer los siguientes
requisitos:
I. Demostrar, en su caso, que se integra a su núcleo familiar;
II. Demostrar que cuenta con oferta para desempeñar un trabajo, profesión u oficio;
III. Demostrar, en su caso, que se integrará a un programa de educación o de formación profesional; y,
IV. Demostrar que cuenta con el apoyo de persona física o moral, quien se hará responsable ante la autoridad de
su comportamiento en libertad; y, (Ref. según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el
Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004)
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V. Haber reparado el daño u otorgado garantía para cubrir su monto. (Adic. según Decreto No. 453, de fecha 18
de diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004)
La autoridad concederá la libertad preparatoria, aun cuando no se satisfagan los requisitos de las fracciones I y II,
cuando el interno demuestre plenamente que la no satisfacción de los mismos obedece a causas ajenas a él. La
resolución respectiva deberá estar debidamente motivada.
Artículo 128.- El sentenciado a quien se le haya concedido el régimen de libertad preparatoria, estará obligado a:
I. Presentarse ante el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito las veces que sea
requerido, para demostrar que se están cumpliendo los requisitos señalados en el artículo anterior; (Ref.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de
fecha 27 de noviembre de 2013).
II. Residir en el domicilio que se señale en la resolución de concesión del régimen de libertad preparatoria.
Cualquier cambio de domicilio deberá estar debidamente fundado y será autorizado previamente por el
Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
III. En los términos precisados en la resolución que le concede la libertad preparatoria, no frecuentar
determinados lugares o personas, abstenerse de practicar hábitos que, en su caso, se consideren
inconvenientes para su reinserción social; y (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
IV. Cumplir con el programa que le sea asignado de apoyo y acercamiento para con la víctima del delito.
Las condiciones señaladas en las fracciones I, II y III deberán ser observadas desde el día del egreso hasta el
cumplimiento del tiempo total de la pena de prisión. La condición señalada en la fracción IV durará el tiempo
establecido en el programa.
Artículo 129.- Las condiciones previstas en las fracciones I, II y III del artículo anterior deberán ser observadas
desde el día del egreso hasta el cumplimiento total de la pena de prisión. La condición señalada en la fracción IV
durará el tiempo establecido en el programa. (Ref. según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003,
publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004)
Artículo 130.- Cuando al sentenciado en régimen de libertad preparatoria se le dictare nuevo auto de formal
prisión o de sujeción a proceso, o incumpliere con alguno de los requisitos o de las obligaciones impuestas, le será
revocada la libertad preparatoria y deberá cumplir con el tiempo que reste de la pena de prisión impuesta.
Artículo 131.- Si el auto de formal prisión o de sujeción a proceso se dejaren sin efecto por resolución posterior, el
sentenciado podrá ser incorporado, de nuevo, al régimen de libertad preparatoria.
Artículo 132.- Cuando el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito dicte la revocación de la
libertad preparatoria, lo comunicará a la Procuraduría General de Justicia para que proceda conforme a sus
atribuciones legales y el sentenciado cumpla el tiempo que le resta de la consecuencia jurídica impuesta. (Ref.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
Artículo 132 Bis.- Los sentenciados por los delitos de secuestro previstos en el Título Cuarto, Capítulo II, de la
Sección Primera del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Sinaloa, no tendrán derecho a ningún
beneficio que implique reducción de la condena.
Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la
investigación y persecución de otros miembros de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en
materia de secuestro y para la localización y liberación de las víctimas, conforme al Código Penal para el Estado
de Sinaloa y esta Ley, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre
que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian:
I. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión;
II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte
cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento;
III. El sentenciado sea primodelincuente;
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IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido
condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación;
V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad penitenciaria el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por el sentenciado;
VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que
acrediten que continuará estudiando;
VII. Cuente con fiador; y
VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o
personas vinculadas a éstos.
(Adic. Según Decreto 212, de fecha 31 de marzo de 2011 y publicado en el Periódico Oficial No.63 de fecha 27 de
mayo de 2011).
Artículo 132 Bis A.- A los procesados y sentenciados por los delitos de secuestro previstos en el Código Penal
para el Estado de Sinaloa, se les podrán aplicar medidas de vigilancia especial por las autoridades competentes,
las cuales podrán restringir las comunicaciones de éstos con terceros, salvo el acceso con su defensor.
Las autoridades competentes, conforme a las disposiciones legales o los convenios al efecto celebrados, podrán
remitir a los Centros Federales de Readaptación Social, de otros estados o el Distrito Federal a los procesados o
sentenciados por delitos de secuestro, para cumplir la determinación judicial.
Las diligencias que deban realizarse se llevarán a cabo siempre en las áreas que al efecto existan dentro de los
propios centros de reclusión, sin que pueda justificarse para estos efectos traslado alguno, salvo petición del
Titular del Ministerio Público o en quien éste delegue dicha atribución.
(Adic. Según Decreto 212, de fecha 31 de marzo de 2011 y publicado en el Periódico Oficial No.63 de fecha 27 de
mayo de 2011).
Artículo 132 Bis B.- Durante su reclusión, los inculpados y sentenciados por los delitos de secuestro, sólo podrán
tener los objetos que les sean entregados por conducto de las autoridades competentes.
(Adic. Según Decreto 212, de fecha 31 de marzo de 2011 y publicado en el Periódico Oficial No.63 de fecha 27 de
mayo de 2011).
Artículo 132 Bis C.- Los procesados o sentenciados por los delitos de secuestro que proporcionen datos
fehacientes o suficientes elementos de convicción para la detención de los demás participantes, podrán
beneficiarse con medidas de protección durante el tiempo y bajo las modalidades que se estime necesario.
Además, se asegurará su reclusión y ejecución de sentencia, en establecimientos distintos a aquel en donde
compurguen su sentencia los miembros del mismo grupo delictivo.
(Adic. Según Decreto 212, de fecha 31 de marzo de 2011 y publicado en el Periódico Oficial No.63 de fecha 27 de
mayo de 2011).
CAPÍTULO XV
DE LA ASISTENCIA POSPENITENCIARIA
Artículo 133.- Los sentenciados que hayan cumplido su pena y los que de algún otro modo hayan extinguido su
responsabilidad penal, deben ser plenamente reintegrados en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. (Ref.
según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02
de Enero de 2004)
Artículo 134.- La Secretaría de Seguridad Pública, a través del Patronato Pospenitenciario o de la figura jurídica
igualmente idónea, cuya estructura y funciones se determinarán en su reglamento orgánico, prestará a los
internos, a los que gocen del régimen de libertad preparatoria, a liberados definitivos y a sus familiares, la
asistencia social necesaria para lograr la reinserción social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre
de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
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Artículo 135.- El Patronato Pospenitenciario o la institución jurídica igualmente idónea colaborará en forma
permanente con las entidades dedicadas especialmente a la asistencia de los internos y al tratamiento de los
liberados existentes en el lugar donde se encuentren ubicados los centros de ejecución de la pena de prisión.
TÍTULO TERCERO
DE LAS PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD
CAPÍTULO I
DE LA SEMILIBERTAD
Artículo 136.- Cuando en la sentencia ejecutoria recibida se haya sustituido la pena de prisión por la de
semilibertad, la Dirección de Prevención y Reinserción Social procederá a definir el programa que deberá ser
cumplido por el sentenciado en el lugar en el que se ejecute la reclusión y durante el tiempo que goce de libertad,
haciéndolo del conocimiento del sentenciado y enviando copia certificada al Juez de Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito. Dicho programa se revisará y reajustará periódicamente, cuando sea
necesario. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No.
143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 137.- El establecimiento en el que deba cumplirse la reclusión será el que se encuentre ubicado más
cerca del domicilio o del lugar de trabajo del sentenciado, de preferencia en los centros de ejecución de la pena de
prisión de mínima seguridad y en lugar distinto al de cumplimiento de dicha pena.
Las mujeres cuya pena de prisión haya sido sustituida por la de semilibertad tendrán derecho a que sus hijos de
hasta seis meses de edad puedan permanecer con ellas en el lugar en el que cumplirán la reclusión.
Articulo 138. El sentenciado que se considere afectado con el programa de cumplimiento de la pena de
semilibertad que le haya sido impuesta o con cualquier circunstancia que sea contraria a las disposiciones legales
relacionadas con dicha pena, podrá acudir ante el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito
para que resuelva sobre su petición. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en
el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 139.- Cuando el sentenciado no se presente al lugar de reclusión o deje de cumplir con el programa que
le fuere impuesto, la Dirección de Prevención y Reinserción Social informará sobre ello a la Procuraduría General
de Justicia del Estado, al tribunal que haya ordenado la sustitución y al Juez de Ejecución de las Consecuencias
Jurídicas del Delito, para que procedan conforme a sus atribuciones. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 139 Bis.- Los sentenciados tendrán las siguientes prohibiciones:
I. Poseer y consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas;
II. Portar o poseer explosivos y armas de cualquier naturaleza;
III. Guardar dinero u objetos de valor, salvo lo dispuesto en el Reglamento;
IV. Poseer teléfonos celulares o cualquier medio de comunicación electrónica;
V. Efectuar reclamaciones colectivas;
VI. Comunicarse con sentenciados de otros tratamientos o grupos, o sometidos a aislamiento temporal;
VII. Mantener comunicación en idiomas, términos o signos que resulten ininteligibles para el personal, salvo el
caso de extranjeros, indígenas o sordomudos;
VIII. Enajenar los efectos obtenidos como recompensa por su comportamiento;
IX. Abandonar su puesto sin autorización; y,
X. Todos los actos contrarios a lo establecido en esta Ley y su Reglamento.
(Adic. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
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Artículo 139 Bis A.- Todo sentenciado deberá contribuir al orden, limpieza e higiene del Centro Penitenciario. El
Reglamento y demás disposiciones internas determinarán la organización de los trabajos para dichos fines. (Adic.
Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
TÍTULO CUARTO
DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD
CAPÍTULO I
DE LA MULTA
Artículo 140.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria en la que se imponga la pena de multa, o en la
que ésta sea sustitutiva de la de prisión, el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, verificará
su monto para el efecto de requerir al sentenciado a su pago voluntario, fijándosele un plazo de quince días
hábiles para ello. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial
No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
En el momento de notificar al sentenciado lo anterior se le hará saber que si no puede pagar la cantidad en una
sola emisión, podrá, en ese mismo momento o dentro de los tres días siguientes, proponer el tiempo en el cual
pueda cubrir la cantidad equivalente a la multa impuesta, lo cual será valorado por la autoridad competente, quien
aceptará la propuesta o señalará plazos diferentes para su pago.
Si el pago no se realiza en los plazos establecidos, se hará uso del procedimiento económico coactivo, quedando
su trámite a cargo de la Dirección de Prevención y Reinserción Social. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 141.- El sentenciado que se considere afectado con los plazos señalados para el pago del monto de la
multa, podrá solicitar la reconsideración de los mismos ante el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas
del Delito. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143
de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 142.- Las cantidades que reciba el personal de la Dirección de Prevención y Reinserción Social por
concepto de pago de multas, serán remitidas inmediatamente a la Secretaría de Administración y Finanzas del
Estado, la que expedirá los recibos correspondientes, cuyos originales serán entregados al sentenciado, dejando
copia de los mismos en el expediente de ejecución para constancia y remitiendo, a su vez, copia certificada al
Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre
de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO II
DECOMISO Y PÉRDIDA DE LOS INSTRUMENTOS Y OBJETOS
RELACIONADOS CON EL DELITO
Artículo 143.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, el Juez de Ejecución de las Consecuencias
Jurídicas del Delito, verificará si el tribunal ha ordenado el decomiso y pérdida de los instrumentos y objetos
relacionados con el delito. En ese caso, se determinarán exactamente los objetos e instrumentos a decomisar y de
los cuales deba perderse la propiedad, para el efecto de que se hagan los trámites correspondientes,
levantándose constancia en el momento de realizar aquellos, en términos de lo dispuesto por el Código Penal.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO III
DEL TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD
Artículo 144.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria en la que se imponga la pena de trabajo en favor
de la comunidad, o de la multa, el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito asignará al
sentenciado a la institución, de las señaladas en el Código Penal, determinando los días y el horario en el que
deberá cumplimentarse la pena impuesta, y registrará el inicio del cumplimiento de la ejecución a partir de la
primera comparecencia del sentenciado a la prestación del trabajo en favor de la comunidad. (Ref. Según Decreto
970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
Para los efectos de este artículo deberá observarse lo establecido en el código penal.
Artículo 145.- El sentenciado que se considere afectado por la naturaleza del trabajo asignado, o por no haberse
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observado lo establecido en el artículo anterior, podrá solicitar la reconsideración de la medida ante el Juez de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013
y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 146.- La institución favorecida con la prestación del trabajo en favor de la comunidad deberá rendir
mensualmente a la Dirección de Prevención y Reinserción Social y al Juez de Ejecución de las Consecuencias
Jurídicas del Delito, informe detallado de las actividades realizadas por el sentenciado, debiendo comunicar su
ausencia o faltas disciplinarias.
Si el sentenciado se ausenta injustificadamente durante tres días en el cumplimiento de la pena, el Juez de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, ordenará, en su caso, que la pena sustituida se ejecute,
computándose los días de trabajo que hayan sido cumplidos en favor de la comunidad.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 147.- Cuando las condiciones laborales y personales del sentenciado fueren diferentes a las que existían
en el momento en que se le impuso el trabajo en favor de la comunidad, podrá acudir ante el Juez de Ejecución de
las Consecuencias Jurídicas del Delito para que se realicen las adecuaciones necesarias y poder cumplir con
dicha pena. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No.
143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO IV
DE LA SUSPENSIÓN, PRIVACIÓN E INHABILITACIÓN
DE DERECHOS, FUNCIONES O EMPLEOS
Artículo 148.- Cuando en la sentencia ejecutoria que se reciba, se imponga la suspensión, privación o
inhabilitación de derechos, funciones o empleos, la Dirección de Prevención y Reinserción Social girará
comunicado, acompañando copia certificada de la sentencia, a la autoridad o institución que corresponda,
notificándole dicha resolución, y al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. (Ref. Según
Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
Artículo 149.- La autoridad o institución que haya recibido comunicación relacionada con la suspensión, privación
e inhabilitación de derechos, funciones o empleos y deba hacerla efectiva, remitirá a la Dirección de Prevención y
Reinserción Social la documentación en la que conste su cumplimentación. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21
de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 150.- Además de lo anterior, el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito deberá
realizar todo lo conducente para que la sentencia sea cumplida en todos sus términos. (Ref. Según Decreto 970,
de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
CAPÍTULO V
DE LA PUBLICACIÓN DE SENTENCIA
Artículo 151.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, la Dirección de Prevención y Reinserción
verificará si el tribunal ha ordenado su publicación, y, si así fuere, tramitará la publicación de sus puntos
resolutivos en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar en que se haya cometido el delito. Los gastos
se cobrarán al sentenciado. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
TÍTULO QUINTO
DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 152.- El Ejecutivo del Estado dispondrá que, por lo menos, exista en el territorio de la entidad un centro
de ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad.
En tanto no exista esta clase de centros, el cumplimiento de dichas medidas, cuando se trate de inimputables que
requieran tratamiento, se realizará en la institución de salud mental, pública o privada, que se determine por la
Dirección de Prevención y Readaptación Social.
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Artículo 153.- En los centros de ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad habrá secciones y
personal destinados para desarrollar el procedimiento relacionado con el cumplimiento de las medidas de
seguridad, de tratamiento en libertad y de deshabituación.
CAPÍTULO II
TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO O EN LIBERTAD DE
INIMPUTABLES O DE IMPUTABLES DISMINUIDOS
Artículo 154.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria en la que se imponga medida de seguridad
consistente en tratamiento en internamiento o en libertad, la Dirección de Prevención y Reinserción Social valorará
si el sentenciado es o no entregado a quien legalmente corresponda hacerse cargo de él. Si se niega la entrega
del sentenciado, éste será asignado al centro de ejecución de la medida de seguridad privativa de libertad o a la
institución pública o privada que se determine, para que se formule y aplique el tratamiento, según el caso y por el
tiempo necesario. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial
No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Si se decide la entrega del sentenciado a quien legalmente le corresponda hacerse cargo de él, la Dirección
formulará la documentación en la que se establezcan las obligaciones y garantías para satisfacer la aplicación del
tratamiento y la vigilancia del sentenciado.
Artículo 155.- La institución en la que haya sido internado el sentenciado o la que esté llevando a cabo el
programa de tratamiento deberá enviar a la Dirección de Prevención y Reinserción Social y al Juez de Ejecución
de las Consecuencias Jurídicas del Delito, informe mensual detallado del desarrollo, avances y culminación del
tratamiento, así como las ausencias o dificultades originadas por parte del sentenciado o de quien legalmente le
haya sido entregado éste. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el
Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 156.- La Dirección de Prevención y Reinserción Social podrá resolver sobre la modificación o conclusión
del tratamiento en forma provisional o definitiva, tomando como base los informes mensuales rendidos por la
institución aplicadora de éste. Si considera que dichos informes no son suficientes, ordenará la revisión del
programa del tratamiento y la elaboración del dictamen pericial correspondiente. (Ref. Según Decreto 970, de
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Decidida la modificación o conclusión del tratamiento en forma definitiva, se ordenará la libertad del sentenciado o
la no sujeción al programa. Si la modificación o conclusión del tratamiento es en forma provisional, deberá
establecerse el tiempo que durará la interrupción y las obligaciones a que se sujetarán el sentenciado y las
personas a quienes legalmente se les haya entregado.
Si transcurrido el tiempo señalado en el párrafo anterior el sentenciado no se presenta a la continuación del
programa de tratamiento, la Dirección de Prevención y Reinserción Social hará del conocimiento de la
Procuraduría General de Justicia del Estado los hechos para que se proceda legalmente. (Ref. Según Decreto
970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
CAPITULO III
DESHABITUACIÓN
Artículo 157.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria en la que se establezca que el delito cometido por
el sentenciado fue consecuencia de su inclinación o del abuso de bebidas alcohólicas, de estupefacientes,
psicotrópicos o substancias que produzcan efectos similares, la Dirección de Prevención y Reinserción Social
asignará al sentenciado a la institución pública o privada que determine, para que se formule y aplique el
tratamiento de deshabituación o desintoxicación, según el caso y por el tiempo necesario para su rehabilitación.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 158.- El sentenciado que se considere afectado por la naturaleza y duración del tratamiento o por no
haberse observado lo establecido en el código penal, podrá solicitar la reconsideración de la medida ante el Juez
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de
2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 159.- La institución a la que haya sido asignado el sentenciado deberá enviar a la Dirección de
Prevención y Reinserción Social y al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, el programa de
tratamiento que aplicará, así como informar quincenalmente de manera detallada su desarrollo, avances y, en su
caso, culminación, pudiendo en cualquier momento, comunicar la ausencia o faltas disciplinarias del sentenciado.
Si el sentenciado se ausenta injustificadamente durante un tiempo que impida la continuación del tratamiento o el
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logro de sus objetivos, el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y la Dirección de
Prevención y Reinserción Social procederán conforme a sus atribuciones.
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
CAPÍTULO IV
SUJECIÓN A VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD
Artículo 160.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, la Dirección de Prevención y Reinserción Social
verificará si el tribunal ha ordenado vigilancia de autoridad sobre el sentenciado. Si así fuere, se procederá a
establecer la vigilancia correspondiente en los términos ordenados, por lo que cualquier comportamiento
inadecuado del sentenciado será comunicado a la Procuraduría General de Justicia del Estado para los efectos
legales correspondientes. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
CAPITULO V
PROHIBICIÓN DE IR A UNA DETERMINADA CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORIAL O DE RESIDIR EN ELLA
Artículo 161.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, la Dirección de Prevención y Reinserción Social
verificará si el tribunal ha ordenado la prohibición de ir a una determinada circunscripción territorial o de residir en
ella. Si así fuere, la Dirección notificará lo anterior a las autoridades administrativas de los lugares de la
circunscripción territorial que comprenda la prohibición para que designen el personal que deba ejercer las
funciones de vigilancia y dar cumplimiento a la sentencia penal. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 162.- Las autoridades a que se refiere el artículo anterior deberán rendir mensualmente a la Dirección de
Prevención y Reinserción Social y al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, informe
detallado sobre el cumplimiento o no de la prohibición. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de
2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
En caso de incumplimiento de la prohibición por parte del sentenciado, se levantará el acta correspondiente y se
remitirá a la Dirección de Prevención y Readaptación Social para que ésta haga del conocimiento de la
Procuraduría General de Justicia del Estado los hechos, para los efectos legales que procedan.
TÍTULO SEXTO
DE LA EJECUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS
PARA LAS PERSONAS MORALES
Artículo 163.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, el Juez de Ejecución de las Consecuencias
Jurídicas del Delito verificará si el tribunal ha condenado al pago de multa, pago de reparación de daños y
perjuicios o la publicación de sentencia en contra de una persona moral. Si así fuere, se estará a lo dispuesto por
esta Ley. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143
de fecha 27 de noviembre de 2013).
Si de la sentencia se desprende la prohibición de realizar determinadas operaciones, intervención, suspensión o
disolución de la persona moral, se ordenará al personal de la Dirección la realización de los trámites
correspondientes ante los tribunales competentes para que de acuerdo con las disposiciones legales aplicables se
proceda a hacer efectiva la sentencia de carácter penal.
TITULO SÉPTIMO
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LOS
JUECES DE EJECUCIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
(Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
Artículo 164.- Las consecuencias jurídicas del delito se ejecutarán al causar ejecutoria las sentencias; el tribunal
que haga dicha declaración ordenará inmediatamente las comunicaciones que correspondan.
Cuando se deba cumplir pena de prisión o medida de seguridad privativa de libertad, el tribunal competente
remitirá certificación de las actuaciones del proceso al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del
Delito, así como copia certificada de la sentencia a la Dirección de Prevención y Reinserción Social y al Director
del centro de ejecución de la pena de prisión o de la medida de seguridad donde el sentenciado esté detenido, en
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su caso, para que procedan según corresponda. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 165.- Recibida la certificación de la sentencia, el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del
Delito ordenará su cumplimiento y practicará el cómputo de las penas o medidas de seguridad, descontando de
ésta la prisión preventiva y el arraigo cumplidos por el sentenciado. En base a las reglas que establece el Código
Penal. Esta resolución y el cómputo efectuado, serán notificados a la Dirección de Prevención y Reinserción
Social, al sentenciado y a su defensor, quienes podrán solicitar al mismo juez, revisión del cómputo practicado
dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación. El cómputo se tendrá por aprobado al vencer el plazo
para su impugnación sin que ésta se haya realizado y, habiéndose hecho, al decidir el juez sobre el particular. El
cómputo practicado podrá rectificarse en cualquier tiempo, a solicitud de parte o de oficio. (Ref. Según Decreto
970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
Artículo 166.- El sentenciado que sufra menoscabo directo en sus derechos fundamentales no afectados por la
sentencia, o fuere sometido a alguna actividad o sanción disciplinaria prohibida por la Ley, podrá presentar queja
oral o escrita ante el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, competente. (Ref. Según
Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de
noviembre de 2013).
También podrán plantear la queja cualquier persona o asociación de personas directamente vinculadas con los
intereses del sentenciado.
El juez conocerá sobre la queja planteada en audiencia oral, a realizarse dentro de un plazo máximo de setenta y
dos horas de recibida, a la cual debe convocar al quejoso, en su caso, al sentenciado y al servidor público
señalado como responsable. La queja debe quedar resuelta en esa misma audiencia, con las partes que
asistieren.
En caso de queja manifiestamente improcedente, el juez la rechazará mediante resolución debidamente fundada y
motivada.
La resolución de rechazo total o parcial podrá ser impugnada ante la Sala de Circuito del Poder Judicial del
Estado, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a su notificación. (Ref. según
Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02 de
Enero de 2004)
Por el mismo hecho y motivos, podrá presentarse sólo una queja.
De constatarse positivamente los hechos denunciados, el juzgador resolverá que se restablezca el derecho
conculcado. Al efecto, notificará la resolución al Director de Prevención y Reinserción Social, para su cumplimiento
y sanción correspondiente a quien ordenó el acto indebido. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre
de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 167.- Los incidentes que se refieran a la extinción de la pena o de las medidas de seguridad, así como
todos los que por su importancia, el Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito lo estime
necesario, deben ser resueltos en una audiencia oral a realizarse dentro de un plazo de cinco días, a la cual
convocará a todas las partes. El incidente debe resolverse en esa misma audiencia, con las partes que asistieren.
Esta resolución será apelable ante las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado. (Ref. Según Decreto 970,
de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
Artículo 168.- Las resoluciones del Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito que nieguen el
beneficio de la libertad preparatoria, la extinción de la pena o la suspensión condicional de la ejecución de la pena
prevista en el artículo 105 del Código Penal, así como las referidas a la modificación o suspensión de las medidas
de seguridad, serán apelables ante las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado. (Ref. Según Decreto 970,
de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de
2013).
No son apelables las resoluciones pronunciadas en los demás incidentes que se susciten dentro de la ejecución
de las consecuencias jurídicas del delito, salvo que exista una grave violación al régimen de privación de libertad.
Artículo 169.- El recurso de apelación deberá interponerse por escrito, debidamente fundado, ante el mismo Juez
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito que dictó la resolución, dentro del término de tres días,
contados a partir del siguiente al de la notificación respectiva. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre
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de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Cuando el recurrente ofrezca pruebas, tendrá que hacerlo en el mismo escrito de interposición, señalando
concretamente el hecho o hechos que pretenda probar.
Artículo 170.- Presentado el recurso ante Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, éste
deberá emplazar a las otras partes para que dentro del plazo de tres días contesten el recurso y, en su caso,
ofrezcan prueba; luego, sin más trámite e inmediatamente, deberá remitir las actuaciones a la Sala de Circuito del
Poder Judicial del Estado para que ésta resuelva. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y
publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 171.- Recibidas las actuaciones, la Sala de Circuito del Poder Judicial del Estado, dentro de los tres días
siguientes debe admitir o rechazar el recurso, y decidir la cuestión planteada, todo en una sola resolución. (Ref.
según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 001, de fecha 02
de Enero de 2004)
Si la parte ha solicitado prueba y la sala la estima pertinente para resolver el recurso, debe fijar una audiencia oral
a realizarse dentro de los cinco días de recibidas las actuaciones.
Quien haya ofrecido prueba para la segunda instancia, toma a su cargo la aportación de dicha prueba en la
audiencia y la sala debe resolver únicamente con la prueba que se incorpore.
La sala debe auxiliar al oferente expidiendo las citaciones o las órdenes que sean necesarias.
Artículo 172.- El sentenciado que reuniere los requisitos previstos en el Código Penal, podrá solicitar al Juez de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito se le otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la
pena, señalada en el artículo 105 de dicho cuerpo normativo. El juez deberá promover el incidente de oficio,
cuando fuere procedente. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico
Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Recibida la solicitud, o de oficio, el juez, solicitará por el medio que estime conveniente a la Dirección de
Prevención y Readaptación Social y al centro de ejecución de la pena de prisión en el que estuviere el
sentenciado, la remisión, por cualquier medio, de los informes que se señalan en el código penal. Estos informes
deberán rendirse en un plazo perentorio que no excederá de las veinticuatro horas hábiles siguientes.
En la resolución que otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena se especificarán las condiciones
o reglas de conducta a que se subordina, todo de acuerdo a lo que establece el código penal. Se dará certificación
de la resolución al peticionario y al Director del centro de ejecución de la pena de prisión respectivo, ordenando
ponga en libertad inmediatamente al beneficiado.
Artículo 173.- A falta de disposición expresa de esta Ley, se estará a las prevenciones del Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Sinaloa. (Ref. según Decreto No. 453, de fecha 18 de diciembre de 2003, publicado en el Periódico Oficial
No. 001, de fecha 02 de Enero de 2004)
Artículo 174.- La revocación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y los incidentes que ocurran
durante el plazo de cumplimiento de las condiciones o reglas de conducta, se tramitarán de acuerdo al artículo 166
de esta Ley.
TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL DERECHO DE DEFENSA
Artículo 175.- El sentenciado podrá ejercer, durante el procedimiento de ejecución de las consecuencias jurídicas
del delito, todos los derechos y facultades que esta ley, la legislación penal, la procesal penal y los reglamentos le
otorgan, por lo que podrá plantear ante las autoridades competentes todas las observaciones que, con
fundamento en ellos, estime convenientes.
Artículo 176.- El sentenciado tendrá derecho a defensa técnica, la que podrá ser ejercida por el defensor que le
haya sido designado durante el proceso penal. Si dicho defensor fuere particular y renunciara al cargo, el Juez de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito instruirá al sentenciado sobre su derecho a nombrar otro
defensor de su confianza y, si no lo hiciere, le nombrará uno de oficio. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de
noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Artículo 177.- No recae sobre el defensor el deber de vigilar la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito,
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por lo que su función será únicamente asesorar al sentenciado cuando él lo requiera, e intervenir en los incidentes
y recursos que se planteen durante el procedimiento de ejecución de dichas consecuencias.
Artículo 178.- Los detenidos y procesados podrán nombrar, ante el juez o tribunal de la causa, al defensor de
confianza que los represente en cualquier incidente relacionado con la ejecución de la prisión preventiva.
TÍTULO NOVENO
DEL SERVICIO CIVIL RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE
LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 179.- La capacitación del personal relacionado con la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito,
a excepción del perteneciente al Poder Judicial del Estado, estará bajo la responsabilidad de la Dirección de
Prevención y Reinserción Social, la cual deberá promover ante el Instituto Estatal de Ciencias Penales y
Seguridad Pública todo lo necesario para su cumplimiento. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de
2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013).
Será requisito para ingresar o permanecer en el servicio civil relacionado con las consecuencias jurídicas del
delito, así como para obtener designaciones o ascensos, haber aprobado los estudios y cursos impartidos por el
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.
Artículo 180.- El personal perteneciente al servicio civil relacionado con las consecuencias jurídicas del delito será
cuidadosamente seleccionado, teniendo en cuenta su integridad y capacidad personal.
El personal perteneciente al servicio civil relacionado con las consecuencias jurídicas del delito queda sujeto a la
obligación de seguir, antes de su nombramiento, y durante el desempeño de su cargo, los cursos de inducción,
formación y de actualización que establezca el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, así como
someterse a los exámenes de selección respectivos.
Sólo se nombrará o promoverá a quien hubiere aprobado las correspondientes evaluaciones en el Instituto Estatal
de Ciencias Penales y Seguridad Pública.
Artículo 181.- Todo servidor público perteneciente al servicio civil relacionado con la ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito deberá poseer las características generales siguientes:
I. Ser estable emocionalmente y capaz para tomar decisiones en momentos de emergencia;
II. Tener buenas relaciones humanas para con los demás servidores públicos y, especialmente, en el trato con los
internos;
III. Poseer conocimientos de administración de prisiones;
IV. Ser de notoria moralidad y honradez;
V. Poseer título profesional correspondiente al área en la que habrá de desempeñarse, si por la naturaleza de la
función así se requiere;
VI. No haber sido condenado por delito doloso ni por delito culposo de evasión de presos; y,
VII. No ser adicto a sustancias psicotrópicas o estupefacientes, ni padecer alcoholismo.
La característica señalada en la fracción III es obligatoria para aspirantes a directores, subdirectores y jefes de
departamento.
El estudio y evaluación del personal perteneciente al servicio civil relacionado con la ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito, para los efectos anteriores, lo hará el Instituto Estatal de Ciencias Penales y
Seguridad Pública.
Artículo 182.- Existirán cuando menos tres categorías del personal perteneciente al servicio civil relacionado con
la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito:
I. Profesionales y especialistas;
II. Personal auxiliar y administrativo; y,
III. Personal de seguridad.
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El régimen de servicios de todos los centros de ejecución de la pena de prisión y de medidas de seguridad es
eminentemente civil.
Artículo 183.- El personal de seguridad será organizado jerárquicamente, a efecto de mantener entre el mismo las
categorías y el orden que requiere la disciplina de los centros de ejecución de la pena de prisión, de acuerdo a un
régimen especial.
Artículo 184.- El reglamento del servicio civil relacionado con la ejecución de las consecuencias jurídicas del
delito dispondrá todo lo relacionado con dicho servicio, siguiendo los principios de selección de personal,
especialización, formación, estabilidad, humanidad e integridad personal, disciplina y respeto a los derechos
humanos de las personas que cumplen con alguna de las consecuencias jurídicas del delito. En el mismo se
regularán las sanciones disciplinarias a imponer al personal de seguridad, por los actos indebidos cometidos en el
ejercicio de sus funciones.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día tres de enero de 2004. (Ref. según Decreto número 277,
publicada en el P. O. “El Estado de Sinaloa” número 155, de fecha 25 de diciembre de 2002)
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el debido cumplimiento de lo preceptuado por esta ley, el Ejecutivo del Estado
deberá expedir el o los reglamentos administrativos dispuestos dentro de un plazo de treinta días naturales
contados a partir de la fecha de su inicio de vigencia.
ARTÍCULO TERCERO.- Se abrogan la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de Libertad; la
Ley Orgánica del Instituto de Readaptación Social; la Ley Orgánica de la Zona de Procesados del Instituto de
Readaptación Social, así como la Ley que crea el Patronato para Reos Liberados del Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO CUARTO.- El Poder Ejecutivo del Estado, deberá, a más tardar el día primero de enero del año 2004,
asumir la responsabilidad de incorporar presupuestalmente al sistema penitenciario estatal, a las hoy
denominadas cárceles municipales, en lo que respecta a su funcionamiento como centro de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito, quedando a partir de esa fecha, a cargo de su administración, operación,
mantenimiento y vigilancia directa. (Ref. según Decreto número 277, publicada en el P. O. “El Estado de Sinaloa”
número 155, de fecha 25 de diciembre de 2002)
Se faculta al Ejecutivo del Estado para que por sí o a través del Secretario General de Gobierno y con la
intervención de la Dirección de Prevención y Readaptación Social formalice con los ayuntamientos donde están
ubicadas las denominadas cárceles municipales, los convenios de colaboración que permitan cumplir con lo
dispuesto en el párrafo anterior de este artículo transitorio.
Para el debido cumplimiento de esta responsabilidad, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente
al ejercicio fiscal del 2004, que el ejecutivo presentará al Congreso del Estado, se deberá contemplar la partida
correspondiente al sistema penitenciario estatal. Así mismo, a partir del primero de julio del 2003 implementara las
acciones orientadas a capacitar y concientizar al personal que integrará este sistema.
ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los
veintiséis días del mes de julio del año dos mil uno.
C. AMADO LOAIZA PERALES
DIPUTADO PRESIDENTE
C. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO C.
DIPUTADO SECRETARIO
PATRICIA ESTELA BUENO YANES
DIPUTADA SECRETARIA
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los
dos días del mes de Agosto del año dos mil uno.
El Gobernador Constitucional del Estado
Juan S. Millán Lizárraga
El Secretario General de Gobierno
Gonzalo M. Armienta Calderón
El Procurador General de Justicia del Estado
Ramón de Jesús Castro Atondo
El Secretario de Seguridad Pública
Humberto López Favela
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TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS:
(Del Decreto No. 64, publicado en el P.O. No. 031 de 11 de Marzo de 2002)
ARTÍCULO ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial AEl Estado de Sinaloa@.
(Del Decreto 227, publicado en el P.O. No. 155 de 25 de diciembre de 2002).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial AEl Estado de Sinaloa@.
(Del Decreto 453, publicado en el P.O. No. 01 de 02 de enero de 2004).
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 4 de enero de 2004, previa publicación en
el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 162, publicado en el P.O. No. 92 de 03 de agosto de 2005).
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial AEl Estado de Sinaloa@.
Artículo Segundo.- Dentro de un plazo que no deberá exceder de treinta días, contados a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, el Ejecutivo Estatal deberá proveer lo conducente para que la Unidad
de Asuntos Internos prevista en el artículo 156 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se
formalice al interior de la Secretaría de Seguridad Pública; y, en tanto los Ayuntamientos estén en
condiciones presupuestales para hacer lo propio, deberán ser auxiliados por dicha Secretaría, en lo
concerniente al ejercicio de las atribuciones previstas en el dispositivo mencionado, respecto a las
corporaciones municipales de seguridad pública.
Artículo Tercero.- Dentro de un plazo que no deberá exceder de quince días, contados a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos procederán a la firma de los
convenios de coordinación en las materias previstas en los artículos 41, 42 y 108 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
Artículo Cuarto.- Dentro de un plazo que no deberá exceder de cuarenta y cinco días, contados a partir
de la entrada en vigor de este decreto, el Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias
para la debida regulación de la prestación de los servicios privados de seguridad en la entidad, para
garantizar que los mismos sean prestados en el marco de la ley con profesionalismo y honradez.
Artículo Quinto.- La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del H. Congreso del Estado,
realizará una revisión a fondo del contenido y alcances de los servicios especializados de protección a
empresas y/o particulares que prestan instituciones de seguridad pública, valorando los efectos
sociales, de dicha prestación y la conveniencia o no de su permanencia, debiendo dictaminar, en un
lapso no mayor de seis meses, la o las iniciativas orientadas a realizar las reformas legales que se
requieran.
(Del Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27 de mayo de 2011).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Dec. 322 del 29 de julio del 2011 y publicado en el P.O. No. 103 del 29 de agosto del 2011).
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PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación, salvo para la competencia en
el delito de narcomenudeo.
SEGUNDO. En materia de narcomenudeo, las autoridades competentes de la entidad conocerán de
dicho delito a partir del día 21 de agosto de 2012, en cumplimiento al transitorio primero, párrafo tercero,
del Decreto Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de agosto de 2009.
TERCERO. Durante la vacatio legis, los poderes Ejecutivo y Judicial deberán realizar las acciones
necesarias para su debida observancia e instrumentación.
(Del Dec. 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143 de fecha
27 de noviembre de 2013).
PRIMERO. Las disposiciones relativas al régimen de modificación y duración de penas, entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Las disposiciones que contienen los principios del Sistema Penal Acusatorio que aplicarán
los jueces de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, entrarán en vigor en los términos que
establezca la Declaratoria que para tales efectos emita el H. Congreso del Estado de Sinaloa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, así como en el
artículo segundo transitorio, segundo párrafo, del Decreto por el que se expide el Código Nacional de
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de marzo de 2014.
(Ref. Según Decreto 101, de fecha 29 de mayo de 2014 y publicado en el Periódico Oficial No. 65 de
fecha 30 de mayo de 2014).
TERCERO. El Ejecutivo del Estado deberá realizar las modificaciones reglamentarias necesarias para
el cumplimiento del presente Decreto.
(Del Decreto 101, de fecha 29 de mayo de 2014 y publicado en el Periódico Oficial No. 65 de fecha 30
de mayo de 2014).
QUINTO. Los ARTÍCULOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO del presente Decreto
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEXTO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
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