<![CDATA[
1
TEXTO VIGENTE
Publicado en el P.O. No. 35, del 21 de marzo de 1984, Segunda Sección.
Última reforma publicada en el P.O. No. 142, del 22 de noviembre de 2024.
DECRETO NÚMERO 38*
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE SINALOA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETIVOS Y FINES
ARTÍCULO 1o. La presente Ley es de observancia general para los Municipios del Estado de
Sinaloa y sus Instituciones y Organismos que forman la administración Pública Paramunicipal, a
los que en lo sucesivo se les identificará como Entidades Públicas Municipales.
ARTÍCULO 2o. Para los efectos de esta Ley, la relación jurídica de trabajo se entenderá entre
las Entidades Públicas Municipales y los trabajadores de base que les presten servicios. (Ref.
Según Dec. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
ARTÍCULO 3o. Se entiende por trabajador, a la persona física que presta a las Entidades
Municipales, un trabajo personal en virtud del nombramiento expedido por autoridad facultada
para ello y que sus retribuciones aparezcan en presupuesto respectivo.
Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del
grado de preparación técnica requerida para cada profesión u oficio.
ARTÍCULO 4o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, por lo que no producirán
efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, las estipulaciones que establezcan:
I. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley,
II. Las labores peligrosas o insalubres para las mujeres o una jornada inhumana por
lo notoriamente excesiva o peligrosa para la salud y la vida del trabajador;
III. Un salario menor a los mínimos generales y profesionales que establezca la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos;
IV. Trabajo para los menores de 16 años.
* Publicado en el P.O. No. 35 de 21 de marzo de 1984. Segunda Sección.
2
V. Un plazo mayor de quince días para el pago de los salarios; y,
VI. Renuncia por parte del trabajador de cualesquiera de los derechos o prerrogativas
consignados en las normas de trabajo.
ARTÍCULO 5o. En los casos no previstos en esta Ley respecto a las relaciones y derechos de
los trabajadores de base con las Entidades Públicas Municipales, se aplicarán supletoriamente
las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, o en su defecto la costumbre, el uso, los
principios de justicia social que deriven del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la equidad.
CAPÍTULO II
DE LOS TRABAJADORES
ARTÍCULO 6o. Los trabajadores a que se refiere esta Ley se dividen en:
I. Trabajadores de base;
II. Trabajadores de confianza; y,
III. Trabajadores supernumerarios.
ARTÍCULO 7o. Son trabajadores de base, los no incluidos en el artículo siguiente y que por la
naturaleza de sus funciones no deban ser considerados como de confianza o supernumerarios.
ARTÍCULO 8o. Son trabajadores de confianza los Secretarios de los Ayuntamientos, los
Oficiales Mayores, los Directores, los Sub-Directores, Jefes y Sub-Jefes de Departamento,
Tesoreros encargados de las finanzas municipales, Contralores, Inspectores, Agentes de Policía,
Alcaides, Sub-Alcaides y Celadores, integrantes de los Jurados Calificadores, Secretarios
Particulares, Privados y Jefes de Ayudantes, Síndicos y Comisarios Municipales. (Fe de erratas,
publicada en el P.O. No. 35 de 21 de marzo de 1984).
En los organismos descentralizados municipales, los Directores, Sub-Directores, Gerentes,
Tesoreros, Administradores, Pagadores y en general los que dispongan las Leyes o Reglamentos
que rijan al organismo de que se trate.
La anterior clasificación es meramente enunciativa más no limitativa, pues también se consideran
trabajadores de confianza a todos aquellos que desempeñen funciones en dirección, inspección,
vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajadores
particulares de los titulares de las Entidades Públicas Municipales. (Ref. Según Dec. 334,
publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
ARTÍCULO 9o. Son trabajadores supernumerarios, los que presten sus servicios en forma
transitoria o eventual o en cargos o empleos no asignados específicamente en los presupuestos
o partidas de egresos. La relación contractual con este tipo de trabajadores concluirá de plano y
sin ninguna responsabilidad para las Entidades Públicas Municipales, al vencimiento del término
para el que fueron contratados.
3
ARTÍCULO 10. Quedan excluidos del régimen de esta Ley los trabajadores de confianza y los
supernumerarios y aquellos que presten sus servicios mediante contrato civil o estén sujetos al
pago de honorarios.
TÍTULO SEGUNDO
DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS TRABAJADORES
CAPÍTULO I
ARTÍCULO 11. Los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido
por el servidor público facultado para extenderlo, o el aviso de alta respectivo, excepto cuando
se trate de trabajadores supernumerarios en cuyo caso el nombramiento será substituido por la
nómina y lista de sueldos correspondiente.
ARTÍCULO 12. Los trabajadores mayores de dieciséis años tendrán capacidad legal para prestar
servicios, percibir el sueldo correspondiente y ejercitar las acciones que se deriven de la presente
Ley.
ARTÍCULO 13. Los nombramientos que se expidan a los trabajadores deberán contener:
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio;
II. El carácter del nombramiento;
III. Los servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión
posible;
IV. La duración de la jornada de trabajo;
V. El salario que deberá percibir el trabajador;
VI. El lugar y dependencia donde se prestará el servicio;
VII. Fecha y lugar en donde se expida el nombramiento; y
VIII. Firma autógrafa del servidor público que lo expida.
ARTÍCULO 14. En ningún caso el cambio de titulares de las Entidades Públicas Municipales
podrá afectar los derechos de los trabajadores.
CAPÍTULO II
DE LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
ARTÍCULO 15. Los municipios podrán establecer centros de capacitación y adiestramiento para
los trabajadores, con el objeto de actualizar y perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y
4
habilidades que les permitan elevar su nivel de vida, su productividad y su eficiencia en el
desempeño de sus labores.
Los municipios podrán celebrar convenios entre sí, con los Gobiernos Federal y Estatal, con el
Instituto de Administración Pública, así como con cualesquier otro organismo privado con el
propósito de otorgar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores.
ARTÍCULO 16. Los municipios podrán establecer en que la capacitación o adiestramiento se
proporcione a sus trabajadores dentro de las dependencias o fuera de ellas por conducto de
personal, propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos
especializados, en la jurisdicción del municipio o cualquiera otro lugar de la República.
ARTÍCULO 17. Los trabajadores están obligados a:
I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que
formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento;
II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o
adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y,
III. Presentar, cuando proceda, los exámenes y pruebas de evaluación de
conocimientos y de aptitud que sean requeridos.
CAPÍTULO III
DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DE
LOS DESCANSOS LEGALES
ARTÍCULO 18. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición
de quien lo haya contratado para prestar sus servicios.
ARTÍCULO 19. Se considera trabajo diurno el comprendido entre las seis y las diecinueve horas
y nocturno entre las diecinueve y las seis horas.
ARTÍCULO 20. La jornada mixta es la que comprende períodos de la jornada diurna y nocturna,
siempre que el período nocturno sea menor de dos horas y media, pues en caso contrario se
reputará como jornada nocturna.
ARTÍCULO 21. La jornada diurna tendrá una duración máxima de ocho horas; de siete horas la
nocturna y de siete horas y media la mixta.
ARTÍCULO 22. Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de la jornada
máxima establecida, este trabajo será considerado como extraordinario y nunca podrá exceder
de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas en una semana.
ARTÍCULO 23. Las horas extraordinarias de trabajo se pagarán con un ciento por ciento más del
salario asignado a las horas de la jornada ordinaria.
5
ARTÍCULO 24. Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso,
cuando menos, con goce de salario íntegro.
Las Entidades Públicas municipales acordarán con sus trabajadores o sindicatos los días de
descanso semanales que disfrutarán.
ARTÍCULO 25. Serán días de descanso obligatorio con goce de salario íntegro,
independientemente de los que señalan los calendarios oficiales de las Entidades Públicas
Municipales los siguientes:
I. El primero de enero;
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; (Ref. Según Dec.
863, publicado en el P.O. No. 126, del 12 de octubre del 2018)
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;(Ref. Según Dec.
863, publicado en el P.O. No. 126, del 12 de octubre del 2018)
IV. El primero de mayo;
V. El dieciséis de septiembre;
VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;( Ref. Según
Dec. 863, publicado en el P.O. No. 126, del 12 de octubre del 2018)
VII. El primero de diciembre de cada seis años, cuando corresponda la transmisión
del Poder Ejecutivo Federal;
VIII. El veinticinco de diciembre; y,
IX. El día que el Presidente Municipal rinda el informe anual de labores.
CAPÍTULO IV
DE LAS VACACIONES
ARTÍCULO 26. Las Entidades Públicas Municipales fijarán los términos y períodos en que los
trabajadores disfrutarán de sus vacaciones.
ARTÍCULO 27. Las vacaciones no podrán compensarse con remuneración, pero los trabajadores
tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre el salario de los días hábiles que
correspondan a su período vacacional.
CAPÍTULO V
DEL SALARIO
ARTÍCULO 28. Salario es la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios
prestados.
6
ARTÍCULO 29. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia
también iguales, debe corresponder salario igual.
ARTÍCULO 30. Las Entidades Públicas Municipales fijarán los salarios de sus trabajadores
conforme el presupuesto de egresos correspondiente.
ARTÍCULO 31. Las Entidades Públicas Municipales dictarán las normas conducentes para fijar
el monto del aguinaldo y la fecha en que deberán recibirlo los trabajadores; dicha prestación no
podrá ser inferior a quince días de salario.
Los que no hayan cumplido el año de servicios tendrán derecho a que se les cubra la parte
proporcional conforme al tiempo en que hubieren laborado.
ARTÍCULO 32. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los
trabajadores, cuando se trate:
I. De deudas contraídas en las dependencias donde presten sus servicios, por
concepto de anticipos de salario, pagos hechos en exceso, errores o pérdidas
debidamente comprobadas;
II. Del pago de impuestos sobre remuneraciones;
III. De descuentos ordenados por autoridad judicial competente para cubrir el pago
de pensiones alimenticias;
IV. De cuotas sindicales ordinarias;
V. De cuotas de defunción o aportación de fondos para la constitución de
cooperativas y cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado
previamente de manera expresa su conformidad; y,
VI. De descuento por faltas injustificadas de asistencia al trabajo, por retardos o
permisos.
Los reglamentos que expidan los municipios, determinarán el porcentaje que se descontará al
salario de los trabajadores en el caso previsto en la fracción I, y en lo que respecta a las
fracciones IV y V, el Tesorero Municipal de cada Ayuntamiento tendrá la obligación de enterar al
sindicato solicitante, los recursos retenidos a los trabajadores, en un plazo no mayor a 3 días
hábiles posteriores a la retención del salario. Fuera de los casos señalados, el salario no será
susceptible de embargo judicial o administrativo. (Ref. Según Decreto 863, publicado en el P.O.
No. 126, del 12 de octubre del 2018)
ARTÍCULO 32 Bis. Las mujeres y personas trabajadoras menstruantes diagnosticadas con
dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante, tendrán derecho a permiso para
ausentarse de su centro de trabajo de uno a tres días cada mes, con goce de salario íntegro.
Para tal efecto, deberán presentar un certificado médico que cumpla con los requisitos previstos
en la Ley General de Salud para su validez, expedido por un médico especialista en Ginecología,
preferentemente, de alguna institución pública de seguridad social, que acredite el diagnóstico.
7
El certificado tendrá una vigencia de seis meses a partir de su expedición, al término del cual
deberá realizarse la revaloración del diagnóstico; mismo que en ningún momento podrá ser
considerado como enfermedad o riesgo de trabajo.
(Adic. Según Decreto 786, publicado en el P.O. No. 64, del 24 de mayo del 2024)
ARTÍCULO 33. El pago del salario deberá hacerse en el lugar de trabajo y en moneda de curso
legal o en cheque.
ARTÍCULO 34. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de
las indemnizaciones y demás prestaciones que perciban por los servicios prestados, cualquiera
que sea la forma o denominación que se les de.
Todo convenio o liquidación para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación
circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él y será
ratificado ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje.
CAPÍTULO VI
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
ARTÍCULO 35. Son obligaciones del trabajador:
I. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en el
lugar, condiciones de tiempo y forma, sujetándose a la dirección de sus superiores
jerárquicos, observando las disposiciones reglamentarias correspondientes, los
manuales de organización, de procedimientos y de servicios públicos y demás
disposiciones orgánicas que se dicten y cumplir con las obligaciones que les
impongan las condiciones generales de trabajo; (Ref. Según Dec. 334, publicado
en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
II. Asistir puntualmente a sus labores de acuerdo con los horarios correspondientes;
III. Guardar reserva en los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo del
trabajo;
IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus
compañeros y del público;
V. Asistir a los cursos de capacitación o adiestramiento;
VI. Cuidar los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, útiles, materias primas y
demás objetos relacionados con el trabajo y evitar cualquier acto que tienda a su
deterioro o destrucción.
VII. Abstenerse de hacer propaganda o sustraerse a la misma en el lugar y en las
horas de trabajo;
8
VIII. Guardar el respeto y consideración debidos al público y a sus compañeros de
trabajo, otorgándole a aquel las facilidades y atenciones que sean compatibles
con las disposiciones dictadas de los asuntos de los trabajadores;
IX. Acreditar su estado de salud y sujetarse a exámenes médicos cuando sean
requeridos para ello;
X. Rehusar dádivas, obsequios, recompensas o cualesquiera otras ventajas con
motivo de sus funciones;
XI. Observar buena conducta durante el desempeño de sus labores;
XII. Cubrir las guardias en los períodos de vacaciones o descansos legales, cuando
sean requeridos para ello; y,
XIII. Las demás que le fijen las leyes, los reglamentos y los manuales de
procedimientos.
ARTÍCULO 36. Ningún trabajador podrá ser sancionado sino por causas justificadas; los
procedimientos se fijarán en las leyes o reglamentos respectivos.
ARTÍCULO 37. Queda prohibido al trabajador:
I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus
compañeros de trabajo o la de terceras personas así como la de los lugares en
que desempeñen sus labores;
II. Faltar al trabajo sin permiso o causa justificada;
III. Sustraer de las oficinas material, instrumentos útiles de trabajo, que no sean de
su propiedad o utilizarlos para objeto distinto del que estén destinados;
IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún
narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción
médica. Antes de iniciar su servicio, deberá ponerlo en conocimiento del jefe y
presentarle la prescripción suscrita por médico autorizado;
V. Portar armas de cualquier clase, salvo que su trabajo lo requiera, debiendo contar
en todo caso con la licencia respectiva;
VI. Suspender sus labores y abandonar el lugar de trabajo sin la autorización del jefe;
VII. Hacer colectas, rifas, propaganda de cualquier clase y actividades similares en el
lugar de trabajo; y,
VIII. Solicitar o aceptar gratificaciones por hacer o dejar de hacer un servicio que esté
obligado a prestar.
TÍTULO TERCERO
9
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS MUNICIPALES PARA CON LOS TRABAJADORES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 38. Son obligaciones de los titulares de las Entidades Públicas Municipales para con
sus trabajadores:
I. Preferir en igualdad de condiciones de competencia y antigüedad, a los
trabajadores sindicalizados, respecto de quienes no lo estén; a los que acrediten
mejor derecho conforme al escalafón y a los que con anterioridad hubieren
prestado servicios satisfactoriamente;
II. Cumplir con las medidas de higiene y de prevención de accidentes que sean
necesarias;
III. Cubrir las prestaciones dictadas por el Tribunal Municipal de Conciliación y
Arbitraje que corresponda;
IV. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios
para el desempeño de su trabajo;
V. Guardar a los trabajadores de base la debida consideración y respeto;
VI. Otorgar a las mujeres y personas trabajadoras menstruantes diagnosticadas con
dismenorrea primaria o secundaria en grado incapacitante, permiso para
ausentarse de su centro de trabajo de uno a tres días cada mes, con goce de
salario íntegro, en los términos establecidos en el artículo 32 Bis de esta Ley; y
(Ref. según Decreto 786, publicado el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”
número 64, de fecha 24 de mayo de 2024).
VII. Las demás que les fijen las leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 38 Bis. Todas las personas trabajadoras gozarán del permiso de un día al año, con
goce de salario íntegro, para someterse a la realización de estudios médicos de detección
oportuna del cáncer, particularmente de mama, cervicouterino, de próstata, así como otras
enfermedades crónicas. Para justificar este permiso, deberá presentarse la constancia médica
correspondiente expedida por una institución pública o privada de salud.
Los permisos señalados en este artículo no podrán ser sujetos de compensación económica en
caso de no ser ejercidos.
(Adic. Según Decreto No. 5, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 142,
de fecha 22 de noviembre de 2024).
TÍTULO CUARTO
DE LA ESTABILIDAD, DE LA SUSPENSIÓN
10
Y DE LA TERMINACIÓN DE LOS
EFECTOS DE LOS NOMBRAMIENTOS
DE LOS TRABAJADORES
CAPÍTULO I
DE LA ESTABILIDAD
ARTÍCULO 39. Los trabajadores tienen derecho a la estabilidad en sus empleos y no podrán ser
cesados ni separados de los mismos sino por las causas y procedimientos señalados en las
leyes y reglamentos aplicables.
Los reglamentos que al efecto expidan los municipios, establecerán las bases que regirán los
sistemas del servicio público de carrera.
CAPÍTULO II
DE LA SUSPENSIÓN
ARTÍCULO 40. Son causas de la suspensión temporal sin responsabilidad para las Entidades
Públicas Municipales las siguientes:
I. Las circunstancias de que el trabajador contraiga alguna enfermedad contagiosa
que implique un peligro para el público y las personas que trabajen con él;
II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no
constituya un riesgo de trabajo;
III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria;
IV. El arresto del trabajador;
V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en
los artículos 5o. y el de las obligaciones consignadas en el 31, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,
VI. Las demás que prevengan las leyes y reglamentos. (Ref. Según Dec. 334,
publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
ARTÍCULO 41. La suspensión surtirá efectos:
I. En el caso de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en que se
tenga conocimiento de la enfermedad o de la incapacidad para trabajar, hasta que
termine el período que haya fijado la institución correspondiente;
II. Tratándose de las fracciones III y IV desde el momento en que el trabajador
acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta
la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto;
y,
11
III. En el caso de la fracción V, desde la fecha en que deban prestarse los servicios
o desempeñarse los cargos, hasta la conclusión de los mismos.
ARTÍCULO 42. El trabajador deberá regresar a su trabajo:
I. En los casos de las fracciones I, II y IV del artículo 40, al día siguiente de la fecha
en que termine la causa de la suspensión; y,
II. En los casos de las fracciones III y V del artículo 40 dentro de los quince días
siguientes a la terminación de la causa de la suspensión.
CAPÍTULO III
DE LA TERMINACIÓN
ARTÍCULO 43. Son causas de terminación de los efectos del nombramiento, sin responsabilidad
para la Entidades Públicas Municipales:
I. La renuncia del trabajador o el abandono de empleo;
II. El mutuo consentimiento de las partes;
III. La muerte del trabajador;
IV. La incapacidad permanente, física o mental del trabajador, que lo imposibilite para
desempeñar su trabajo; y,
V. El cese motivado por alguna de las causas, del artículo siguiente.
ARTÍCULO 44. Serán motivos de cese del trabajador:
I. Engañar el trabajador, o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto, con
certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad,
aptitudes o facultades de que carezca;
II. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, actos
de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra de su jefe o jefes
respectivos;
III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos
enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la
disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo;
IV. Cometer el trabajador fuera del servicio, contra su jefe o jefes y familiares de éstos,
algunos de los actos a que se refiere la fracción segunda si son de tal manera
graves que hagan imposible el cumplimiento de la prestación del trabajo;
12
V. Ocasionar el trabajador intencionalmente, perjuicios materiales durante el
desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras,
maquinaria, instrumentos y demás objetos y útiles relacionados con el trabajo;
VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios mencionados en la fracción anterior siempre
que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que sea la causa única del
perjuicio;
VII. Comprometer el trabajador por su imprudencia o descuidos inexcusable, la
seguridad del local en que se presten los servicios o de las personas que se
encuentran en él;
VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el local o lugar del trabajo;
IX. Revelar el trabajador o dar a conocer los asuntos de carácter reservado que
lleguen a su conocimiento con motivo de sus servicios;
X. Tener el trabajador más de cinco faltas de asistencia en un período de treinta días,
sin permiso o causa justificada;
XI. Desobedecer el trabajador, sin causa justificada las órdenes que se le den con
motivo del trabajador contratado;
XII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia
de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista
prescripción médica debiendo poner el hecho en conocimiento del jefe, y
presentar la prescripción suscrita por médico autorizado;
XIII. La prisión derivada de sentencia ejecutoriada;
XIV. Las análogas a las señaladas en las fracciones anteriores, de igual manera graves
y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere; y,
XV. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 45. El trabajador a su elección, podrá solicitar ante el Tribunal Municipal de
Conciliación y Arbitraje que corresponda, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o
se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha
en que se realice el pago.
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador
tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los
salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce
meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se
ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen
sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al
13
momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de
indemnizaciones o prestaciones.
En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del
conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento.
Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes,
diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma
notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación
o resolución de un juicio laboral, serán sancionados en los términos de la legislación aplicable.
Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, se
sancionará en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado. De igual manera, se sancionará en caso de
reincidencia. Además en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que
investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia.
(Ref. Según Dec. 863, publicado en el P.O. No. 126, del 12 de octubre del 2018)
TÍTULO QUINTO
DEL ESCALAFÓN, VACANTES Y ASCENSOS
CAPÍTULO ÚNICO
DESCRIPCIONES GENERALES
ARTÍCULO 46. Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada una de las Entidades
Públicas Municipales conforme a las bases establecidas en este Capítulo, para efectuar las
promociones de ascenso de los trabajadores.
ARTÍCULO 47. Las vacantes de los puestos de base que se presenten, se cubrirán por escalafón
y mediante concurso otorgándose preferencia a los trabajadores de la categoría inmediata
inferior.
ARTÍCULO 48. Tienen derecho a participar en los concursos o exámenes de oposición para ser
ascendidos, todos los trabajadores de base con un mínimo de un año en la plaza de grado
inmediato inferior.
ARTÍCULO 49. En cada uno de los municipios se expedirá un Reglamento de Escalafón,
conforme a las bases establecidas en este capítulo, el cual se formulará de común acuerdo entre
los Ayuntamientos y el sindicato respectivo.
ARTÍCULO 50. Son factores escalafonarios:
I. Los conocimientos, traducidos en los principios teóricos, prácticos o título
legalmente expedido que se requiera para el desempeño de un trabajo;
II. La aptitud, iniciativa, laboriosidad y la eficacia para efectuar una actividad
determinada;
14
III. La antigüedad en el servicio prestado; y, (Ref. Según Dec. 334, publicado en el
P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
IV. La disciplina y puntualidad.
ARTÍCULO 51. Las vacantes se otorgarán a los trabajadores de la categoría inmediata inferior
que acrediten mejores derechos en la valoración y calificación de los factores escalafonarios.
Los factores escalafonarios se calificarán mediante sistemas adecuados para su evaluación que
estipulen los reglamentos respectivos.
El personal será calificado según las categorías asignadas en los presupuestos de egresos.
ARTÍCULO 52. En cada uno de los Municipios funcionará una Comisión Mixta de Escalafón,
integrada por un representante del Ayuntamiento y otro del sindicato respectivo. Si no hay
acuerdo, la designación la hará el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje en un término
que no exceda de diez días y de una lista de candidatos que las partes en conflicto le propondrán,
aportando las pruebas correspondientes. En todo caso, las resoluciones de la Comisión son
irrecurribles.
ARTÍCULO 53. Los Ayuntamientos proporcionarán a la Comisión Mixta de Escalafón los medios
administrativos y materiales para su efectivo funcionamiento.
Las facultades, obligaciones, atribuciones, procedimientos y derechos de las Comisiones Mixtas
de Escalafón en su caso, quedarán especificados en los reglamentos y convenios, sin contravenir
lo preceptuado en esta Ley.
ARTÍCULO 54. Los titulares de las entidades públicas municipales, les darán a conocer a la
Comisión Mixta de Escalafón las vacantes que se presenten, dentro de los diez días siguientes
en que se dicte el aviso de baja o se apruebe la creación de plazas. (Ref. Según Dec. 334,
publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
Al tener conocimiento de las vacantes, la Comisión Mixta de Escalafón procederá, desde luego,
convocar a concurso entre los trabajadores de la categoría inmediata inferior, mediante circulares
o boletines que se fijarán en lugares visibles de los centros de trabajo correspondiente.
Las convocatorias señalarán los requisitos y plazos para presentar solicitudes de participación
en los concursos y demás datos que determinen los reglamentos de la Comisión Mixta de
Escalafón.
ARTÍCULO 55. En los concursos la Comisión verificará las pruebas a que se sometan los
participantes y calificará los factores escalafonarios, teniendo en cuenta los documentos,
constancias o hechos que los comprueben de acuerdo con la valuación fijada en los reglamentos.
La vacante se otorgará al trabajador que habiendo sido aprobado obtenga la mejor calificación.
15
Tratándose de cargos para los que se requiera título profesional el concurso sólo podrá
verificarse entre los trabajadores del grado inmediato inferior legalmente titulados.
ARTÍCULO 56. Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses no se
moverá el escalafón; los titulares de las Entidades Públicas Municipales, nombrarán y
promoverán libremente al trabajador supernumerario que deba cubrirla.
Las vacantes temporales mayores de seis meses, serán las que se originen por incapacidad o
licencia sin goce de sueldo, otorgadas a un trabajador de base para desempeñar puestos de
confianza, comisiones sindicales o cargo de elección popular.
Las vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas por escalafón, pero los
trabajadores ascendidos serán nombrados en todo caso con el carácter de provisionales, de tal
modo que si quien disfrute de incapacidad o licencia reingrese al servicio, automáticamente se
correrá en forma inversa el escalafón sin responsabilidad para las entidades públicas
municipales.(Ref. Según Dec. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de
diciembre del 2017)
TÍTULO SEXTO
DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 57. Los riesgos del trabajo que sufran los trabajadores al servicio de las Entidades
Públicas Municipales, se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pero las
licencias que con este motivo se concedan serán con goce de sueldo íntegro.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LA PRESCRIPCIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 58. Las acciones que se originen con motivo de esta Ley, del nombramiento otorgado
en favor de los trabajadores y de los acuerdos que fije las condiciones generales del trabajo,
prescribirán en un año con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes:
ARTÍCULO 59. Prescriben en un mes:
I. Las acciones para pedir la nulidad de la aceptación de un nombramiento hecho
por error contado el término a partir del momento en que el error sea conocido;
II. Las acciones para ejercitar el derecho a ocupar la plaza que haya dejado por
incapacidad o licencia, contando el plazo a partir de la fecha en que esté en aptitud
de volver al trabajo;
16
III. Las acciones para exigir en caso de cese la reinstalación en el trabajo o la
indemnización constitucional que esta Ley concede contando el término a partir
del momento en que le sea comunicado dicho cese; y,
IV. Las acciones de las Entidades Públicas Municipales para cesar a los trabajadores
por causa justificada y para disciplinar las faltas de éstos, contándose el plazo a
partir del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa del
cese o de la falta cometida.
ARTÍCULO 60. Prescriben en dos años:
I. Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidad
proveniente de riesgos profesionales;
II. Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los
trabajadores fallecidos con motivo de riesgos profesionales para reclamar la
indemnización correspondiente; y,
III. Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Municipal de Conciliación
y Arbitraje.
Los términos para deducir las acciones a que se refieren las fracciones anteriores, correrán
respectivamente desde el momento en que se determine la naturaleza de la incapacidad o de la
enfermedad contraída; desde la fecha de la muerte del trabajador y desde que sea ejecutable la
resolución dictada por el Tribunal.
ARTÍCULO 61. La prescripción no puede comenzar ni correr:
I. Contra los incapacitados mentales, salvo cuando se haya discernido su tutela
conforme a la Ley; y,
II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra.
ARTÍCULO 62. La prescripción se interrumpe:
I. Por la sola presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal; y,
II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella
contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indubitables.
ARTÍCULO 63. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el número de días
que les correspondan. El primer día se contará completo aún cuando no lo sea, pero el último
debe ser completo y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido
el primero útil siguiente.
TÍTULO OCTAVO
DE LOS TRIBUNALES MUNICIPALES DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
17
CAPÍTULO PRIMERO
ARTÍCULO 64. En cada municipio funcionará un Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje
con jurisdicción en su respectivo territorio y asiento en su cabecera.
ARTÍCULO 65. Corresponde a los tribunales el conocimiento y resolución de los conflictos que
se susciten entre los trabajadores y las Entidades Públicas Municipales, o solo entre aquéllos,
con motivo de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.
ARTÍCULO 66. Cada tribunal estará integrado por tres árbitros; uno representante de los
trabajadores, designado por el sindicato o por la mayoría de aquellos; otro nombrado por el
Presidente Municipal y un tercer arbitro que será elegido por los dos representantes
mencionados, fungiendo éste último como Presidente.
Por cada árbitro representante del Sindicato o trabajadores y del Presidente Municipal, se
nombrará un suplente.
ARTÍCULO 67. Los miembros de los Tribunales durarán en su cargo el período constitucional
del Ayuntamiento correspondiente, pudiendo ser reelectos.
Los representantes de los trabajadores y del Presidente Municipal, podrán ser removidos
libremente por quienes lo designen, en tanto que el tercer arbitro sólo podrá ser removido por
delitos o faltas graves.
ARTÍCULO 68. Para ser miembro del Tribunal se requiere:
I. Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles;
II. Ser mayor de dieciocho años;
III. No haber sido condenados por delitos intencionales que ameriten pena corporal;
y,
IV. Haber servido cuando menos al municipio por un período no menor de dos años
anteriores a la fecha de la designación cuando se trate del representante del
sindicato o de los trabajadores.
El tercer arbitro, independientemente de los resultados señalados, deberá contar con título
legalmente expedido de licenciado en derecho.
ARTÍCULO 69. Los tribunales contarán con un secretario que autorizará las actuaciones y el
personal que sea conveniente. El secretario deberá residir en la cabecera municipal.
Las ausencias temporales del Presidente serán cubiertas por el secretario, quien podrá hacer las
veces de actuario.
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO
18
ARTÍCULO 70. El procedimiento no requiere solemnidad o forma especial alguna. Se iniciará
con la presentación del escrito de demanda ante el tribunal.
ARTÍCULO 71. La demanda contendrá:
I. El nombre y domicilio del reclamante;
II. El nombre y domicilio del demandado;
III. El objeto de la demanda, precisándose los puntos petitorios;
IV. Una relación detallada de los hechos; y,
V. La indicación del lugar en que puedan obtenerse las pruebas que el reclamante
no pudiera aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los
hechos en que se funde su demanda, así como las diligencias que con el mismo
fin se soliciten sean practicadas por el Tribunal.
En la demanda se ofrecerán y acompañarán las pruebas de que disponga y los documentos que
acrediten la personalidad del representante, en su caso.
El Tribunal dentro de las setenta y dos horas siguientes contadas a partir del momento en que
se reciba la demanda, dictará el auto de radicación, en el que ordenará se emplace a la parte
demandada dentro de los cinco días posteriores, apercibiéndosele que de no contestar la
demanda dentro del término que señale el artículo siguiente o de resultar mal representada, la
misma se tendrá por contestada en sentido afirmativo. (Ref. Según Dec. 334, publicado en el
P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
ARTÍCULO 72. La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de
diez días contados a partir del día siguiente del emplazamiento; deberá referirse a todos y cada
uno de los hechos que comprenda la demanda y ofrecer pruebas en los términos del artículo
anterior.
Cuando la Entidad Pública demandada no sea el Ayuntamiento y su domicilio se encuentre fuera
del lugar en que radique el tribunal, se ampliará el término de un día más por cada veinte
kilómetros de distancia, o fracción que exceda de la mitad.
ARTÍCULO 73. El tribunal inmediatamente después de que reciba la contestación de la
demanda, o una vez transcurrido el plazo para contestarla, calificará las pruebas, admitiendo
únicamente las que se refieran a hechos controvertidos y desechando aquellas que resulten
notoriamente inconducentes o contrarias a la moral o al derecho o que no tengan relación con la
litis y ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias para su recepción, citando a
las partes a una audiencia de conciliación, arbitraje, recepción de pruebas, alegatos y resolución.
ARTÍCULO 74. En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, el presidente tratará de avenir
a las partes, proponiendo soluciones conciliatorias acordes a los intereses en pugna; si llegaren
19
a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto y el convenio respectivo se elevará a la categoría
de laudo, para que surta los efectos jurídicos inherentes al mismo.
ARTÍCULO 75. Si las partes no llegaren a un arreglo, podrán replicar y contrareplicar
brevemente, asentándose en actas sus alegaciones, con lo que concluirá el período de arbitraje.
En la fase de recepción de pruebas solo se aceptarán las ofrecidas previamente, a no ser que
se refieran a hechos supervinientes en cuyo caso se dará vista a la contraria, o que tengan por
objeto probar las tachas contra testigos, siempre y cuando se ofrezcan antes de cerrarse la
instrucción del juicio.
ARTÍCULO 76. Concluida la recepción de pruebas, las partes en la misma audiencia formularán
alegatos y previa certificación del secretario, de que ya no quedan pruebas por desahogar,
declarará cerrada la instrucción y se dictará laudo.
ARTÍCULO 77. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida
a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción y se dictará el laudo.
ARTÍCULO 78. Los trabajadores deberán comparecer por sí o por representantes acreditados
mediante simple carta poder.
Cuando sea la parte demandada la que no comparezca en ninguna de las formas descritas, se
tendrá probada la acción enderezada en su contra.
ARTÍCULO 79. Los titulares de las Entidades Públicas Municipales podrán hacerse representar
por medio de apoderados, que acrediten ese carácter mediante simple oficio.
ARTÍCULO 80. El tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse
a reglas fijas para su estimación y dictará los laudos a verdad sabida y buena fe guardada,
debiéndose expresar los motivos y fundamentos legales en que se apoyen.
ARTÍCULO 81. Cualquier incidente que se suscite con motivo de la personalidad de las partes o
de sus representantes, de la competencia del tribunal o sobre la nulidad de actuaciones serán
resueltos de plano por el tribunal, con base en las pruebas que deberán aportarse al promoverse
la cuestión incidental que corresponda, continuándose en su caso con el procedimiento.
Por lo que hace a los incidentes de personalidad y de competencia deberán interponerse
inmediatamente después de concluida la etapa conciliatoria; y el de nulidad de actuaciones hasta
antes de que se dicte el laudo.
CAPÍTULO III
DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS
ARTÍCULO 82. Las partes en su primera comparecencia o escrito deberán señalar domicilio para
recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del tribunal si no lo hacen las notificaciones
se harán por estrados, aún las de carácter personal.
ARTÍCULO 83. Serán personales las siguientes notificaciones:
20
I. El emplazamiento a juicio y en todo caso que se trate de la primera notificación;
II. La resolución en que el tribunal se declare incompetente;
III. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento cuya tramitación
estuviese interrumpida por cualquier causa legal;
IV. El auto que cite a absolver posiciones;
V. La resolución que deba notificarse a terceros;
VI. El auto que se dicte al recibir la sentencia de amparo;
VII. El laudo; y,
VIII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del
tribunal.
ARTÍCULO 84. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas
siguientes:
I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja
o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación;
II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la
resolución, entregando copia de la misma; si se trata de la demanda, el actuario
se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante
legal de la misma;
III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para
que lo espere el día siguiente, a una hora determinada;
IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la
notificación se hará con cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y
si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de
entrada; y,
V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado,
su representante o persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la
notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma,
adjuntando una copia de la resolución.
ARTÍCULO 85. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona
autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local del tribunal o
en el domicilio que hubiese designado, y si no se hallare presente, se le dejará una copia de la
resolución autorizada por el actuario; si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta
de la entrada. El actuario asentará razón en autos.
21
ARTÍCULO 86. Los términos empezarán a correr al día siguiente en que surta efectos la
notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.
ARTÍCULO 87. Las actuaciones deberán practicarse en horas y días hábiles, comprendidas las
primeras entre las siete y diecinueve horas. Son días hábiles todos los del año con excepción de
los sábados y domingos, los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario oficial
y aquellos en que el tribunal suspenda sus labores con causa justificada.
En ningún término se contarán los días mencionados en el párrafo anterior, mismos en los que
no podrá actuar el tribunal bajo pena de nulidad, salvo disposición en contrario de esta Ley.
ARTÍCULO 88. El Presidente del Tribunal podrá habilitar las horas y días inhábiles para que se
practiquen las diligencias necesarias que así lo ameriten.
CAPÍTULO IV
DE LAS RECUSACIONES Y EXCUSAS
ARTÍCULO 89. Los miembros del Tribunal podrán ser recusados por las siguientes causas:
I. El parentesco por consanguinidad, dentro del cuarto grado o el de afinidad dentro
del segundo con el trabajador; (Ref. Según Dec. 334, publicado en el P.O. No.
161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
II. El mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el representante legal del
trabajador; (Ref. Según Dec. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda sección,
del 22 de diciembre del 2017)
III. Ser o haber sido denunciante o acusador privado del trabajador;
IV. Seguir proceso con el trabajador, o ser un apoderado legal;
V. Ser socio arrendatario, patrón o dependiente económico del trabajador; y, (Ref.
Según Dec. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de
diciembre del 2017)
VI. Ser deudor, acreedor, heredero o legatario del trabajador. (Ref. Según Dec. 334,
publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
Los miembros del tribunal deberán excusarse del conocimiento del negocio cuando concurra
alguna de las causas señaladas.
CAPÍTULO V
DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS
SANCIONES Y MEDIOS DE APREMIO
22
ARTÍCULO 90. El presidente del tribunal tiene el deber de mantener el buen orden y de exigir
que se guarde el respeto y la consideración debida, al tribunal o a sus empleados; a ese fin podrá
imponer correcciones disciplinarias a las partes, a sus representantes y a cualquier persona que
interrumpa el orden.
ARTÍCULO 91. Las correcciones a que alude el artículo anterior, son:
I. Amonestación;
II. Multa que no podrá exceder de siete veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización que le corresponda a un trabajador, y $10,000.00 pesos si se trata
de la parte demandada; (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el P.O. No. 158
del 28 de diciembre de 2016).
III. Expulsión del local con auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario.
ARTÍCULO 92. Cuando alguna de las partes o ambas, o sus representantes legales, obraren
con notoria temeridad o mala fe, podrá imponérseles la sanción a que se refiere la fracción II del
artículo anterior. La misma sanción fijará el Tribunal para hacer cumplir sus resoluciones.
ARTÍCULO 93. Las multas se harán efectivas por la Tesorería Municipal y para ese efecto deberá
girarse el oficio correspondiente. Hecha efectivo la multa, la tesorería rendirá informe al tribunal
señalando los datos relativos que acrediten su cobro.
TÍTULO NOVENO
DE LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE
LOS TRABAJADORES
CAPÍTULO I
DE LOS SINDICATOS
ARTÍCULO 94. Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores constituidas para el estudio,
mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.
ARTÍCULO 95. Se deroga. (Según Decreto 6, publicado en el P.O. No. 150, del 13 de diciembre
del 2021)
ARTÍCULO 96. Los sindicatos para fines de organización interna podrán formar delegaciones,
pero éstas no gozarán de personalidad jurídica.
ARTÍCULO 97. Todos los trabajadores al servicio de cada uno de los municipios, a excepción de
los de confianza y los supernumerarios, tienen derecho a constituir sindicatos, sin necesidad de
autorización previa.
El trabajador ejercerá en todo momento su libertad de adhesión o separación en un sindicato.
23
Asimismo, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de él o a
permanecer en el mismo.
La elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y secreto
de los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con una anticipación no menor a quince días
y que se difundirá entre todos los miembros del sindicato. El sindicato deberá notificar la
convocatoria al Tribunal con la misma anticipación, el cual podrá verificar el procedimiento de
elección por conducto de los servidores públicos o fedatarios que designe para tal efecto. Las
elecciones que no cumplan estos requisitos serán nulas.
(Ref. Según Dec. 6, publicado en el P.O. No. 150, del 13 de diciembre del 2021)
ARTÍCULO 98. Cuando los trabajadores sindicalizados pasen a desempeñar un puesto de
confianza, quedarán en suspenso todas las obligaciones y derechos sindicales, pero al terminar
su gestión, volverán automáticamente al empleo de base del que fueron promovidos.
ARTÍCULO 99. Para que se constituya un sindicato de trabajadores al servicio de cada uno de
los Municipios de Sinaloa se requiere que lo formen veinte trabajadores en servicio activo de una
misma dependencia.
(Ref. Según Dec. 6, publicado en el P.O. No. 150, del 13 de diciembre del 2021)
ARTÍCULO 100. Los sindicatos serán registrados por el tribunal correspondiente a cuyo efecto
le presentarán por duplicado, los siguientes documentos:
I. Acta de la asamblea constitutiva;
II. Los estatutos del sindicato;
III. Acta de la sesión en que se haya elegido la directiva; y,
IV. Lista de los miembros que compongan el sindicato, con expresión de nombres,
estado civil, edad, empleo, sueldo de cada uno.
Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario
General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos.
El tribunal al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime más prácticos
y eficaces, que no existe otra asociación sindical dentro del municipio de que se trate y que el
peticionario cuenta con la mayoría de los trabajadores, para proceder en su caso al registro.
ARTÍCULO 101. El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo. La solicitud
de cancelación podrá hacerse por persona interesada y el tribunal resolverá de plano.
ARTÍCULO 102. Los trabajadores que por su conducta antisindical, falta de solidaridad gremial
o por causas establecidas en los estatutos fueren expulsados de su sindicato, perderán por ese
sólo hecho todos los derechos sindicales que esta Ley concede. La expulsión sólo podrá votarse
24
por las dos terceras partes de los trabajadores, previa defensa de los interesados. La expulsión
deberá quedar comprendida expresamente en la orden del día.
ARTÍCULO 103. Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos.
ARTÍCULO 104. Las Entidades Públicas Municipales no podrán aceptar en ningún caso la
cláusula de exclusión.
ARTÍCULO 105. Son obligaciones de los sindicatos:
I. Proporcionar los informes que con base a esta Ley solicite el Tribunal; (Ref. Según
Dec. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del
2017)
II. Comunicar al Tribunal dentro de los diez días siguientes a cada elección, los
cambios que ocurrieren en su comité ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros,
y las modificaciones que sufran los estatutos, para lo cual acompañarán por
duplicado copia autorizada de las actas respectivas; (Ref. Según Dec. 334,
publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
III. Facilitar la labor del tribunal en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya sea
del sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que le soliciten;
y,
IV. Patrocinar y representar a sus miembros en la defensa de los derechos
individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores
para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador,
la intervención del sindicato.
ARTÍCULO 106. La representación de los sindicatos se ejercerá por un Secretario General o por
la persona que designe su directiva, salvo disposición especial en los estatutos.
ARTÍCULO 107. El Comité Ejecutivo de los sindicatos será responsable ante éstos y respecto
de terceras personas, en los mismos términos que lo son los mandatarios en el derecho común.
ARTÍCULO 108. Los actos realizados por los comités ejecutivos de los sindicatos obligan
civilmente a éstos, siempre que hayan obrado dentro de sus facultades.
ARTÍCULO 109. Queda prohibido a los sindicatos:
I. Hacer propaganda de carácter religioso;
II. Ejercer el comercio con fines de lucro;
III. Ejercer violencia en contra de los trabajadores libres para obligarlos a que se
sindicalicen o en contra de los trabajadores sindicalizados para obligarlos a que
apoyen a un movimiento de huelga; y,
25
IV. Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades.
ARTÍCULO 110. Los sindicatos podrán disolverse:
I. Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que los integren; y,
II. Por dejar de reunir los requisitos exigidos en esta Ley para su constitución.
ARTÍCULO 111. En caso de disolución de los sindicatos por cualquiera de las causas señaladas
en el artículo anterior, una vez cubierto el importe del pasivo, el remanente que resulte sólo podrá
ser destinado en la forma y orden determinados en sus estatutos. Si no estuviere previsto en sus
estatutos o no se pudiese aplicar, el remanente será entregado al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio que corresponda, o a cualquier otra institución con fines
sociales, culturales o educativos.
ARTÍCULO 112. Las remuneraciones que paguen a los directivos y empleados de los sindicatos,
y en general, los gastos que origine el funcionamiento de éstos, serán a cargo de su presupuesto,
cubierto en todo caso por los miembros del Sindicato de que se trate.
CAPÍTULO II
DE LA HUELGA Y SU PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 113. Huelga es la suspensión temporal del trabajo como resultado de una coalición
de trabajadores de base decretada en la forma y términos que esta Ley establece.
ARTÍCULO 114. Declaración de huelga es la manifestación de la voluntad de las dos terceras
partes de los trabajadores de cada una de las Entidades Públicas Municipales de suspender las
labores de acuerdo con los requisitos que establece esta Ley, si los titulares de las mismas no
acceden a sus demandas.
ARTÍCULO 115. La huelga puede ser general o parcial. La primera es la que se endereza en
contra de una Entidad Pública Municipal, y la segunda aquella que va dirigida en contra de algún
jefe o grupo de jefes de una o varias Dependencias de la Entidad Pública Municipal.
ARTÍCULO 116. La huelga general sólo puede ser motivada por cualquiera de las causas
siguientes:
I. Por falta de pago de salarios consecutivos correspondientes a un mes de trabajo,
salvo el caso de fuerza mayor que calificará el tribunal competente, mediante el
estudio que verifique de las pruebas aportadas por las partes;
II. Porque la política general del Ayuntamiento respectivo, sea contraria a los
derechos fundamentales que esta Ley concede a los trabajadores, debiendo en
tal caso la coalición, hacer la comprobación respetiva ante el Tribunal; y, (Ref.
Según Dec. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de
diciembre del 2017)
26
III. Por negarse el Presidente Municipal a discutir los pliegos de peticiones que se
formulen y a conceder las prestaciones que se soliciten en el mismo, de resultar
procedentes, dentro del término de diez días de su presentación.
ARTÍCULO 117. La huelga parcial sólo puede ser motivada por cualquiera de las causas
siguientes:
I. Violaciones frecuentemente repetidas a las disposiciones de esta Ley;
II. Negativa sistemática para comparecer ante el Tribunal; y,
III. Desobediencia a las resoluciones del mismo tribunal.
ARTÍCULO 118. La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores
por el tiempo que dure, pero sin terminar o extinguir dichos efectos.
En los procedimientos a que se refiere este capítulo no serán aplicables las reglas generales
respecto de términos para hacer notificaciones y citaciones.
Las notificaciones surtirán sus efectos desde el día y hora en que queden hechas. Todos los días
y horas serán hábiles.
ARTÍCULO 119. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Los actos
violentos o de coacción física o moral de los huelguistas contra las propiedades o las personas
sujetará a sus autores a las responsabilidades penales o civiles correspondientes, perdiendo su
calidad de trabajadores y como consecuencia, todos los derechos contenidos en esta Ley.
ARTÍCULO 120. Para declarar una huelga se requiere:
I. Que sea motivada por alguna o algunas de las causas señaladas en esta Ley;
II. Que sea declarada por la dos terceras partes de la totalidad de los trabajadores
al servicio de la Entidad Pública Municipal correspondiente; y,
III. Que no se ponga en peligro la soberanía nacional o la del Estado.
ARTÍCULO 121. Antes de suspender las labores los trabajadores deberán presentar al
Presidente del Tribunal su pliego de peticiones acompañando copia del acta de la asamblea en
que se haya acordado declarar la huelga. El Presidente, una vez recibido el escrito y sus anexos,
correrá traslado con la copia de ellos al jefe o jefes de quienes dependa la concesión de las
peticiones para que resuelvan en el término de diez días contados a partir de la notificación. En
todo caso los trabajadores deberán expresar en su pliego de peticiones el día y hora en que
comenzará la suspensión de labores.
ARTÍCULO 122. El tribunal decidirá dentro de un término de cinco días contados a partir del día
siguiente al que se reciba la documentación a que se refiere el artículo anterior, si la declaración
de huelga es legal o ilegal, según se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren los
artículos anteriores. Si la declaración de huelga es legal, procederá desde luego a la conciliación
27
de las partes, siendo obligatoria la presencia de éstas en la audiencia de avenimiento,
apercibiéndose a los trabajadores que de no concurrir a la audiencia mencionada no correrá el
término para la suspensión de las labores y se ordenará el archivo del expediente como asunto
concluido.
ARTÍCULO 123. Si la declaración de huelga se considera legal por el tribunal y si transcurrido el
plazo de diez días a que se refiere el artículo 121, no se hubiere llegado a un entendimiento entre
las partes, los trabajadores podrán suspender las labores.
ARTÍCULO 124. Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal a petición de
la Entidad Pública emplazada tomando en cuenta la naturaleza del servicio público y las pruebas
presentadas, fijará el número de trabajadores que el sindicato estará obligado a mantener en el
desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya
suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones, la conservación de las instalaciones, o
signifiquen un peligro para la salud pública.
ARTÍCULO 125. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de los diez días de practicado
el emplazamiento, el Tribunal declarará que no existe el estado de huelga y fijará a los
trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, apercibiéndolos de
que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad para el Ayuntamiento del Municipio de
que se trate, salvo en casos de fuerza mayor o de error no imputable a los trabajadores y
declarará que la Entidad Pública o las Dependencias afectadas no han incurrido en
responsabilidad.
ARTÍCULO 126. Si el Tribunal resuelve que la declaración de huelga es ilegal, prevendrá a los
trabajadores que, en caso de suspender las labores, el acto será considerado como causa
justificada de cese y dictará las medidas que juzgue necesarias para evitar la suspensión.
ARTÍCULO 127. Si el Tribunal resuelve que la huelga es ilegal quedarán sin efecto por este sólo
hecho, sin responsabilidad para los trabajadores que hubieren suspendido sus labores, sin
responsabilidad para la Entidad Pública o sus Dependencias afectadas.
ARTÍCULO 128. La huelga será declarada ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten
actos delictuosos contra las personas o las propiedades o se lleve a cabo en los casos del artículo
29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 129. En tanto no se declare ilegal, ilícita, inexistente o terminado el estado de huelga,
el Tribunal y las demás autoridades Municipales en su caso, deberán respetar el derecho que
ejerciten los trabajadores, dándoles las garantías y prestándoles el auxilio que soliciten.
ARTÍCULO 130. La huelga terminará:
I. Por avenencia entre las partes en conflicto; (Ref. Según Dec. 334, publicado en el
P.O. No. 161, segunda sección, del 22 de diciembre del 2017)
II. Por resolución de la asamblea de trabajadores tomada por la mayoría de los
miembros;
28
III. Por declaración de ilegalidad, ilicitud o inexistencia;
IV. Por laudo de la persona o Tribunal que a solicitud de las partes y con la
conformidad de éstas, se avoque al conocimiento del asunto; y,
V. Por sobrevenir el estado previsto en el artículo 29 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
TÍTULO DÉCIMO
DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
CAPÍTULO I
ARTÍCULO 131. El Presidente del Tribunal tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata
ejecución de los laudos, debiendo al efecto dictar las medidas necesarias para que sea pronta y
expedita.
ARTÍCULO 132. Los laudos deberán cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la
en que surta efectos su notificación, pudiendo las partes convenir en las modalidades del
cumplimiento.
ARTÍCULO 133. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Presidente dictará auto de ejecución
y comisionará al Actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio
de la parte demandada y la requiera para que cumpla la resolución; apercibiéndola de multa en
caso de no hacerlo.
CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LOS INTEGRANTES
DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
ARTÍCULO 134. El incumplimiento de las obligaciones del personal jurídico y administrativo del
Tribunal, que no constituya una causa de destitución, será sancionada disciplinariamente por el
Presidente, con amonestación o suspensión del cargo hasta por ocho días sin goce de salario.
ARTÍCULO 135. Para los efectos señalados en el Artículo anterior, el Presidente levantará el
acta respectiva y dará vista al interesado para que manifieste lo que a sus derechos convenga,
resolviendo con posterioridad si necesita más información.
ARTÍCULO 136. La persona afectada por la medida impuesta podrá acudir ante el pleno del
tribunal para que se le oiga en justicia. Recibida la petición, se le citará dentro de los ocho días
siguientes, para que exponga lo que crea conveniente y se dictará la resolución que corresponda.
ARTÍCULO 137. El Presidente del Tribunal deberá cuidar que la tramitación de los negocios se
desarrolle con la celeridad debida, pudiendo convocar a cuantas sesiones lo amerite el buen
despacho de los mismos.
ARTÍCULO 138. El Presidente del Tribunal tendrá las obligaciones siguientes:
29
I. Rendir al Presidente Municipal un informe anual de las labores desarrolladas;
II. Proporcionar a las autoridades los informes requeridos y practicar las diligencias
que le sean solicitadas;
III. Presidir las audiencias que se celebren de acuerdo con el procedimiento
establecido; y,
IV. Las demás conferidas por esta Ley.
ARTÍCULO 139. Las infracciones a la presente Ley que no tengan señalada otra sanción, se
castigarán con multa hasta de $10,000.00 y serán impuestas por el Presidente del Tribunal.
ARTÍCULO 140. El Presidente es el órgano de representación y comunicación del Tribunal con
las demás autoridades.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
ARTÍCULO TERCERO. Dentro de un plazo de ciento veinte días a partir de la iniciación de la
vigencia de esta Ley, cada Presidente Municipal en los términos del Artículo 66 de esta Ley
proveerá lo necesario para la integración del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, y
procederá al nombramiento del representante de la Entidad Pública Municipal; en el mismo
término de ciento veinte días requerirá al sindicato de trabajadores para que designen a su
representante; una vez nombrados los anteriores, se designará al árbitro Presidente.
ARTÍCULO CUARTO. Los Tribunales de Arbitraje que hasta la fecha vengan funcionando en los
Municipios del Estado, continuarán sus actividades hasta el momento de la integración del
Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje respectivo. Terminada las actividades de los
primeros, este último conocerá y resolverá los asuntos en trámite de conformidad con el
procedimiento bajo los cuales iniciaron.
ARTÍCULO QUINTO. Los sindicatos reconocidos por los Tribunales de Arbitraje que vienen
funcionando en los municipios, conservarán su registro para los efectos de esta Ley. Al integrarse
el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje respectivo, el sindicato dentro de los noventa
días siguientes deberá cumplimentar, en su caso, los requisitos establecidos en la presente Ley.
ARTÍCULO SEXTO. La presente Ley no será aplicable al organismo público descentralizado del
Ayuntamiento de Culiacán denominado "RASTROS DE CULIACÁN", así como tampoco a las
Juntas Intermunicipales de Agua Potable y Alcantarillado de la Entidad, cuyas relaciones
laborales con sus trabajadores continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo;
30
31
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo (sic-)Legislativo?) del Estado, en la Ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y
cuatro.
DR. JESÚS MANUEL ESCOBOSA BASTIDAS
Diputado Presidente
LIC. C. OCTAVIO LARA SALAZAR
Diputado Secretario
ALBERTO ZAZUETA DUARTE
Diputado Secretario
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
32
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa,
a los diecinueve días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.
El Gobernador Constitucional del Estado
ANTONIO TOLEDO CORRO
El Secretario de Gobierno
LIC. ELEUTERIO RÍOS ESPINOZA
TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS
33
(Decreto No. 58, publicado en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016)
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada
en vigor del presente Decreto será el equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente
diario para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto que
reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación
del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año
dos mil dieciséis, hasta en tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido
en el artículo quinto transitorio del citado decreto.
TERCERO. A la fecha de entrada del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo
como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes locales, así como en
cualquier disposición jurídica que emane de estas, se entenderán referidas a la Unidad de
Medida y Actualización.
CUARTO. Los créditos, contratos, convenios, garantías, coberturas y otros esquemas
financieros, de cualquier naturaleza vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto que
utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, se regirán conforme a lo
establecido en los artículos séptimo y octavo transitorios del Decreto que declara reformadas
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete
de enero del año dos mil dieciséis.
QUINTO. El Ejecutivo del Estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90 días,
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para realizar las adecuaciones que
correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus respectivas competencias, según sea
el caso, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice,
base, medida o referencia y sustituirlas por la Unidad de Medida y Actualización.
SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente
decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Decreto No. 334, publicado en el P.O. No. 161, segunda sección del 22 de diciembre de
2017). NOTA: Las reformas, adiciones y derogaciones contenidas en el Decreto referido
inherentes a la presente Ley, se encuentran incluidas en el Artículo Décimo Segundo de
contenido.
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1º de Abril del año 2018, previa
su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
34
ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, deberá expedir el
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa dentro de los
cinco días posteriores a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO. El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa designará al
Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa conforme a lo
previsto en el artículo 17 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de
Sinaloa, dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en su carácter de
Presidente Honorario del Órgano Superior de Dirección del Servicio de Administración Tributaria
del Estado de Sinaloa, emitirá y publicará en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el
Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera de dicho organismo, que deberá entrar en vigor el mismo
día en que el presente Decreto inicie su vigencia.
Una vez instalado el Órgano Superior de Dirección del Servicio de Administración Tributaria del
Estado de Sinaloa, procederá a ratificar el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera del organismo
y será el responsable de mantenerlo actualizado, así como analizar y, en su caso, aprobar las
reformas que sean sometidas a su consideración por el Director General del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO QUINTO. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes,
reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Administración y Finanzas o a cualquiera
de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria
del Estado de Sinaloa, cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la Ley
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, su Reglamento Interior o
cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.
ARTÍCULO SEXTO. Toda mención que se haga a la autoridad fiscal o tributaria del estado de
Sinaloa en cualquier ordenamiento jurídico o administrativo, federal o estatal, se entenderá hecha
al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los asuntos que, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se
encuentren en trámite ante la Procuraduría Fiscal, la Subsecretaría de Ingresos o en cualquier
unidad administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas, se seguirán tramitando
hasta su total conclusión ante el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.
Las solicitudes de devolución de cantidades a favor de los contribuyentes que a la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren en trámite ante la Secretaría de
Administración y Finanzas, seguirán su trámite ante el Servicio de Administración Tributaria del
Estado de Sinaloa, para lo cual dicho órgano desconcentrado en el primer acto de autoridad,
requerimiento o aviso relacionado con la solicitud de devolución, notificará al particular la
sustitución de autoridad.
Los recursos y juicios interpuestos en contra de actos o resoluciones de la Procuraduría Fiscal
del Estado de Sinaloa, la Subsecretaría de Ingresos o de cualquier unidad administrativa de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que a la
fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren en trámite y representación de
35
dicha Procuraduría Fiscal, vinculados con la materia objeto de la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, su reglamento o cualquier disposición que
emane de ellos, se seguirán tramitando por la citada Procuraduría Fiscal hasta su total
conclusión.
ARTÍCULO OCTAVO. Los amparos contra actos o resoluciones de las unidades administrativas
adscritas a la Procuraduría Fiscal, la Subsecretaría de Ingresos o cualquier unidad administrativa
de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuya interposición les sea notificada, con el
carácter de autoridad responsable o de tercero interesado, con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, que estén vinculados
con la materia objeto de la presente Ley, su reglamento o cualquier disposición que emane de
ellos, se seguirán tramitando por la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa hasta su total
conclusión.
ARTÍCULO NOVENO. Las unidades administrativas que con la emisión de la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa resulten competentes, notificarán por escrito a
los contribuyentes de la sustitución de autoridad, para tal efecto se estará a lo siguiente:
a) Tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad que resulte
competente notificará por escrito al contribuyente del cambio de autoridad, así como del aumento
o sustitución de auditores, antes de continuar con el desahogo de los procedimientos inherentes
al acto de fiscalización.
b) Tratándose de actos distintos a los actos de fiscalización, dicha notificación se entenderá
hecha con el primer acuerdo, aviso o respuesta que recaiga al trámite de que se trate, sin que
sea necesario emitir un escrito ex profeso para tal efecto.
En todo caso, los actos y resoluciones deberán estar debidamente fundados y motivados
conforme al texto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO DÉCIMO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
de Sinaloa, coordinará las acciones necesarias para que los archivos y expedientes vinculados
con la materia objeto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa,
su Reglamento Interior y cualquier otra disposición jurídica que de ellos emane, pasen a formar
parte del inventario del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.
Para efectos de lo dispuesto en el presente transitorio se deberán realizar las actas de entrega-
recepción, con todas las formalidades y requisitos previstos en las disposiciones jurídicas
aplicables.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, a través
de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa,
dispondrá lo conducente a fin de que a partir de la entrada en vigor del presente Decreto se lleve
a cabo la asignación de los recursos materiales y financieros que requiera el Servicio de
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa para el correcto ejercicio de las atribuciones
objeto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.
36
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Poder
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio de Administración
Tributaria del Estado de Sinaloa y del Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera, transferirá al
personal que formarán parte del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, de
entre los que se encuentren prestando servicios en las diferentes áreas de la Subsecretaría de
Ingresos. Para este objeto, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa,
proporcionará capacitación al personal que opte por someterse a las pruebas de selección
contempladas en el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera.
La asignación de personal que integre el Servicio de Administración Tributaria del Estado de
Sinaloa, deberá concluir en un plazo no mayor a un año conforme a lo establecido en el Estatuto
del Servicio Fiscal de Carrera. En tanto este proceso no concluya, las áreas o unidades de la
Subsecretaría de Ingresos encargadas de las funciones de la administración tributaria del Estado
Sinaloa, deberán seguir desarrollando las mismas en el marco de las facultades que tiene a su
cargo y que les otorga la Ley, hasta que sean sustituidas por el Servicio de Administración
Tributaria del Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Los servidores públicos de base que se encuentran prestando
servicios en la Subsecretaría de Ingresos, cuyas atribuciones sean asumidas por el Servicio de
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa a la entrada en vigor del presente Decreto, en
ninguna forma resultarán afectados en los derechos adquiridos con motivo de su relación laboral,
conservando ante su transición al nuevo organismo desconcentrado la misma calidad, sus
derechos y preservando su antigüedad en los términos de la normatividad aplicable,
subrogándose al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, como nuevo
empleador en todos los derechos y obligaciones derivados de esa relación laboral y aquellos
consagrados en el Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y su Ley Reglamentaria, o en las Condiciones Generales de Trabajo establecidas en
el contrato colectivo de trabajo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal del Estado
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 99, de fecha 18 de
agosto de 1993, Segunda Sección.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, deberá
expedir y publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, en un plazo no mayor a 90 días hábiles
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, deberá expedir y publicar
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, las modificaciones necesarias al Reglamento de la
Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. La recaudación que se obtenga por el pago de los últimos cinco
años anteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, del Impuesto Sobre Tenencia o Uso
de Vehículos a que se refería el Capítulo II de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, el 20%
será distribuido a los municipios en los términos y para los efectos que establece el Artículo 3º
Bis A de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa.
37
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Las funciones que realizaba la Comisión Coordinadora de
Capacitación y Asesoría Fiscal (COCCAF) hasta la entrada en vigor del presente Decreto, serán
desempeñadas por la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
de Sinaloa, en términos de su Reglamento Interior. Los derechos de los trabajadores serán
respetados en la reestructura objeto del presente Decreto.
Los juicios en los que sea parte la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal
(COCCAF) hasta la entrada en vigor del presente Decreto, serán competencia de la Secretaría
General de Gobierno en términos de lo dispuesto por su Reglamento Interior.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. El Gobierno del Estado de Sinaloa y los Municipios deberán
hacer las modificaciones que se estimen pertinentes para efectos de reasignar el presupuesto
que a prorrata aportaban para sufragar los gastos de la Comisión Coordinadora de Capacitación
y Asesoría Fiscal (COCCAF), hasta la entrada en vigor del presente Decreto, de acuerdo con la
legislación aplicable.
ARTÍCULO VIGÉSIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas que se opongan o de cualquier forma contravengan lo previsto en el presente
Decreto.
(Decreto No. 863, publicado en el P.O. No. 126 del 12 de octubre de 2018)
PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periodo
Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Queda sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente decreto.
TERCERO. Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán
concluidos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio.
(Decreto 6, publicado en el P.O. No. 150, del 13 de diciembre del 2021) NOTA: Las
reformas y adiciones inherentes a la presente Ley se encuentran contenidas en el
Artículo Cuarto de contenido.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial y el Centro de Conciliación
Laboral entrarán en funciones una vez que el Congreso del Estado haga la declaratoria
correspondiente, la cual deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
TERCERO. El Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados en materia laboral del Poder
Judicial iniciarán actividades a más tardar el día 02 de mayo del año 2022, previa declaratoria
del Congreso del Estado. El Centro de Conciliación Laboral deberá entrar en operaciones en la
38
misma fecha en que lo hagan los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial, conforme a las
disposiciones previstas en el presente Decreto.
CUARTO. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Estado y ante las Juntas Especiales, serán concluidos por éstas de conformidad
con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
El Centro de Conciliación Laboral no admitirá a trámite solicitudes de audiencias de conciliación
o emplazamiento respecto de procedimientos que estén sustanciados ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje y en su caso, ante las Juntas Especiales, incluyendo los de ejecución,
por lo que se archivarán dichas solicitudes.
QUINTO. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y las Juntas Especiales, según
corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales que se inicien con
posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los
Juzgados en materia laboral del Poder Judicial y el Centro de Conciliación Laboral, conforme los
plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto.
SEXTO. Una vez que entren en operaciones el Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados
en materia laboral del Poder Judicial, los procedimientos de conciliación y los procesos laborales
se ventilarán ante ellos, de conformidad con el presente Decreto, según corresponda.
SÉPTIMO. El Congreso del Estado deberá prever en la Ley de Ingresos y Presupuestos de
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos necesarios para la
implementación de la reforma del sistema de justicia laboral.
OCTAVO. Las convocatorias a concurso para la selección de personal del Centro de Conciliación
Laboral y de los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial serán de carácter abierto y
garantizarán el derecho de participar en igualdad de oportunidades al personal de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del Estado y las Juntas Especiales.
NOVENO. Los derechos laborales de las y los trabajadores de las instituciones que se vean
involucradas en esta transición deberán ser respetados en su totalidad. Las autoridades llevarán
a cabo todas las acciones de carácter administrativo para garantizar que se protejan y conserven
los derechos de seguridad social, de acuerdo con las leyes aplicables.
DÉCIMO. El Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial
deberán contar con los sistemas electrónicos para garantizar que los procedimientos a su cargo
sean ágiles y efectivos. Asimismo, deberán crear las plataformas electrónicas que albergarán los
buzones electrónicos y las aplicaciones digitales necesarias para operar la conectividad por
medios electrónicos con las autoridades laborales.
DÉCIMO PRIMERO. La Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral deberá instalarse
en un plazo no mayor a quince días naturales siguientes del inicio de funciones.
DÉCIMO SEGUNDO. El Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral, deberá ser
expedido y publicado por el Ejecutivo del Estado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
en un plazo que no exceda de sesenta días naturales a partir del inicio de funciones del mismo.
39
DÉCIMO TERCERO. El Poder Judicial deberá realizar las adecuaciones legales y administrativas
necesarias para del debido funcionamiento de los juzgados en materia laboral.
DÉCIMO CUARTO. En la implementación de las disposiciones a que se refiere el Decreto en
materia laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 01 de mayo de 2019, el
Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial, deberán
incorporar en sus programas de formación y capacitación, metodologías y contenidos para
brindar atención y asesoría en materia de protección de derechos humanos a personas en
situación de vulnerabilidad.
DÉCIMO QUINTO. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, comenzará a
prestar sus servicios en materia laboral en la misma fecha en que lo hagan los Juzgados en
materia laboral del Poder Judicial, por lo que el Instituto deberá adecuar su normativa interna con
las disposiciones de esta Ley y pueda crear un departamento en materia laboral.
DÉCIMO SEXTO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se
opongan a las contenidas en el presente Decreto.
(Decreto 786, publicado el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” número 64, de fecha
24 de mayo de 2024). NOTA: Las reformas y adiciones inherentes a la presente Ley se
encuentran contenidas en el Artículo Segundo de contenido.
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto 5, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 142, de fecha 22
de noviembre de 2024).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
------------------------
]]>
© 2025 Justia