<![CDATA[Estimado Usuario:
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Código Civil Federal; los artículos 2º, 3º, 4º y 8º de la Ley del Diario Oficial de la Federación; los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley del Periódico Oficial del Estado de San
Luis Potosí; y el artículo 2º del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, las únicas publicaciones que dan validez jurídica a una norma es el propio Diario
Oficial de la Federación, la Gaceta Oficial del Distrito Federal o los Periódicos Oficiales Estatales, en este caso el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
Fecha de Aprobación: 05 DE OCTUBRE DE 2005
Fecha de Promulgación: 13 DE OCTUBRE DE 2005
Fecha de Publicación: 15 DE OCTUBRE DE 2005
Fecha de Ultima Reforma: 22 DE JULIO DE 2024
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
UNIDAD DE INFORMATICA LEGISLATIVA
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LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: EL LUNES 22 DE JULIO DE
2024.
Ley publicada en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, el sábado 15 de
Octubre de 2005.
C.P. MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ, A SUS HABITANTES SABED:
QUE LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, DECRETA EL SIGUIENTE:
DECRETO 385
LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 26 de julio de 2005, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Legislativo No. 358,
que contiene reformas y adiciones a los artículos 57, 80, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99 102, 104,
105, 108 y 126 de la Constitución Política del Estado, relativas al Poder Judicial del Estado,
destacando fundamentalmente la institución del Consejo de la Judicatura.
En consecuencia, se hace necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para dar a este
ordenamiento congruencia con las nuevas disposiciones constitucionales y establecer las normas
que propicien el pleno cumplimiento de los principios fundamentales del sistema de impartición de
justicia, considerando la enorme trascendencia social de esta función.
Con estos cambios se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial expedida con fecha 25 de
diciembre de 1996, no obstante que una buena parte de las disposiciones vigentes permanecen
intocadas, porque su contenido es válido y no tiene que alterarse, pues la reforma constitucional no
las afecta; pero si deben recorrer su numeración para dar correcta estructura al ordenamiento legal
que organiza al Poder Judicial del Estado.
Si bien gran parte de las modificaciones a este ordenamiento son de forma y texto, han sido
reordenados en sus numerales y capítulos en razón de técnica jurídica; de esta manera, se respeta
en lo general el contenido restante de la ley que se abroga, con la reestructura y reacomodo
necesarios, en ocho títulos. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 92 fracción I del
Reglamento Interior del Congreso del Estado, al modificarse y adicionarse más del cincuenta por
ciento del contenido de la ley en comento, se trata entonces de una nueva ley, haciéndose por
tanto necesaria la abrogación de la vigente, aun cuando se conserva gran parte de la estructura y
sistematización ya existentes en la misma. La ley abrogada en virtud del presente decreto contaba
con 153 artículos, y la que ahora se expide con 203, con lo que se adicionan 48 artículos; además,
de que de los 153 vigentes se reforman 135, razón por la que formal y cuantitativamente se
actualiza el supuesto que consigna el numeral de referencia.
Una parte de estas modificaciones responden a la necesidad de sustituir los términos referidos al
Supremo Tribunal de Justicia en la ley que se abroga, por el vocablo Consejo de la Judicatura, que
conforme al mandato constitucional asumirá las funciones de administración del Poder Judicial,
antes conferidas al Pleno de su máximo órgano.
Otros artículos si introducen cambios sustantivos, porque redistribuyen facultades de
administración, de vigilancia y de disciplina que correspondían al Supremo Tribunal y a los
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juzgados, o a los diversos órganos de apoyo a la administración de justicia y que ahora competen
al Consejo de la Judicatura.
Por otra parte, se establecen disposiciones nuevas, ordenadas por capítulos y títulos adicionales,
que resultan indispensables para dar cabida a la existencia del Consejo de la Judicatura y a sus
atribuciones y disposiciones, así como a sus organismos internos de apoyo, como el Secretariado
Ejecutivo que se subdivide para el pleno y la carrera judicial, para la administración y para la
vigilancia y disciplina.
De esta manera, esta nueva Ley Orgánica del Poder Judicial atiende fundamentalmente a las
siguientes líneas:
VIGILANCIA Y RENDICION DE CUENTAS. Este tema vinculado esencialmente a la
necesidad de cumplir con las atribuciones que competen al Consejo de la Judicatura, lleva a la
necesidad de instituir órganos especializados como la Visitaduría Judicial, e implementar los
mecanismos estadísticos, de seguimiento y de evaluación, e indicadores de desempeño, tanto
cualitativos como cuantitativos, que permitan por una parte observar el desarrollo general de las
tareas jurisdiccionales y administrativas, y por otro el cumplimiento de las atribuciones y funciones
que competen a los diversos funcionarios judiciales.
Dependiente del Consejo de la Judicatura se crea la Visitaduría Judicial, encargada de atender
este rubro con personal altamente capacitado; llevará a cabo su encomienda conforme a las
estrictas reglas que al efecto también se establecen en esta Ley, cuestión que desahogará de esta
responsabilidad a los magistrados del Tribunal, que previo a esta reforma se encontraban
encargados de realizar personalmente esa labor en los juzgados de primera instancia del Estado.
Esta Visitaduría del Poder Judicial del Estado, estará conformada por profesionistas debidamente
capacitados y especializados en los procedimientos de visita, inspección, revisión, supervisión y
análisis de la calidad en el desempeño del trabajo que se lleva a cabo en los juzgados de Primera
Instancia y menores del Estado; pero exclusivamente en lo que toca al aspecto administrativo de
los órganos encargados de la justicia y no a su impartición; distinguiendo a estos conceptos con la
claridad que la doctrina y la jurisprudencia les entrega; con esto se quiere decir que el Consejo de
la Judicatura no podrá revisar el sentido, ni el contenido de las resoluciones jurisdiccionales; ni
intervenir en sus fallos; ni mucho menos en los criterios que alimentan el arbitrio judicial en una
sentencia, que es responsabilidad exclusiva de los juzgadores.
Conforme a los criterios anteriores, se establecen en esta Ley el procedimiento que en cada caso
debe seguirse para llevar a cabo tales visitas, garantizando así una revisión más objetiva y
especializada.
Por otra parte, en esta misma línea, se hizo indispensable instrumentar un procedimiento para la
designación de magistrados, que permitirá tanto al Titular del Poder Ejecutivo, como al Poder
Legislativo, contar con elementos suficientes de juicio para la evaluación que deben realizar del
desempeño de los magistrados, para la emisión del respectivo dictamen de reelección o no en el
cargo. En el diseño de tal procedimiento, se consideraron las diversas tesis y criterios
jurisprudenciales dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos a la evaluación
de magistrados como requisito previo a su reelección, con el objeto de garantizar a la sociedad que
permanezcan en el cargo sólo aquellos que hayan alcanzado el grado de excelencia en el
desempeño del cargo.
El procedimiento contempla desde luego, la garantía de audiencia del magistrado en cuestión, y su
derecho a ofrecer pruebas y a presentar alegatos en términos de ley, así como los supuestos de
actuación del Congreso y del Ejecutivo en el caso de que los magistrados no sean ratificados en
sus cargos, o no sean aceptadas las propuestas que para ocupar tales cargos presente éste
último. Consideramos que la inclusión de este procedimiento fortalece al Poder Judicial, garantiza
su autonomía y permite contar con mecanismos de evaluación que contribuyen a alcanzar el
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cumplimiento de los principios de excelencia, profesionalismo e imparcialidad que rigen el ejercicio
de la función judicial.
FORTALECER Y EFICIENTAR AL PODER JUDICIAL. Para ello se redistribuyen las funciones
administrativas que antes de esta reforma, correspondían al Pleno del Tribunal o a los magistrados
en lo particular, y que ahora se establecen como propias del Consejo de la Judicatura, para permitir
que los magistrados puedan avocarse de manera completa al ejercicio de la función propiamente
jurisdiccional; asimismo, se da competencia a las salas para dictar jurisprudencia y al Pleno para
resolver la contradicción de tesis entre la que dicten las mismas.
EL PERFECCIONAMIENTO DE LA CARRERA JUDICIAL. De la adecuada selección y
capacitación de los servidores públicos del Poder Judicial, depende en gran parte la eficiencia en el
cumplimiento del principio de justicia pronta y expedita que deben impartir los tribunales; por ello,
se consignan los procedimientos que actualmente operan en esta materia, tales como los
exámenes de aptitud y de oposición, para eficientar y en todo caso cuidar la aplicabilidad del
escalafón y de los demás criterios rigen para la promoción de personal en los diversos cargos.
Además de lo anterior, destacan en esta Ley respecto a la que se abroga, las siguientes
modificaciones:
Acorde a la reforma a la Constitución del Estado ya referida, se instituye el Consejo de la
Judicatura, como un órgano del Poder Judicial, encargado de la administración, vigilancia y
disciplina de los órganos del mismo, en los términos de esta Ley, así como de la carrera judicial,
con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, de la Presidencia del mismo, y de los
magistrados del Tribunal Electoral. Esta última distinción obedece al principio mismo de división de
poderes, que adjudica la representación del Poder Judicial al Supremo Tribunal de Justicia,
compuesto por los magistrados del mismo, razón por la que no puede crearse un órgano de
vigilancia y disciplina por encima del propio Pleno; de esta forma, las atribuciones reglamentadas
de las funciones administrativas del Consejo de la Judicatura, están redactadas de una forma tal
que pretenden dejar claro que este órgano no puede interferir en los límites de la jerarquía y
competencia de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, puesto que el Consejo no podrá
ejercer vigilancia sobre aspectos que correspondan a la esencia jurisdiccional de la tarea de dichos
funcionarios, ni imponer medidas disciplinarias respecto de sus personas, pues esto sólo
corresponderá al propio Pleno de los pares de un Magistrado, en el supuesto de que fuera sujeto
de procedimiento de queja o responsabilidad administrativa.
A la par de la instancias y organismos auxiliares al Consejo de la Judicatura, como se menciona
antes, relativos al secretariado ejecutivo, se recoge la existencia del actual Instituto de la Judicatura
y se le ubica en el ámbito del Consejo, desde luego, con algunas adecuaciones pertinentes para
preservar su encargo de promover la investigación y contribuir a la formación, capacitación y
actualización de los actuarios, secretarios y jueces del Poder Judicial de San Luis Potosí.
El Consejo de la Judicatura con base en las funciones que se le atribuyen, atenderá la mayor parte
de los asuntos de orden administrativo del Tribunal, tales como formular el presupuesto de
egresos del Poder Judicial, presentándolo al Pleno para su validación; integrar la Comisión de
Presupuesto y Administración; crear o suprimir las plazas de jueces, secretarios de acuerdos, de
estudio y cuenta, actuarios y demás servidores judiciales que sean necesarios, otorgando los
nombramientos con pleno apego a los principios de la carrera judicial, de concurso de oposición y
de aptitud; conocer y resolver de las renuncias de los jueces, secretarios de acuerdos, de estudio y
cuenta y demás empleados del Supremo Tribunal; determinar el número, la ubicación y jurisdicción
de las salas regionales de Primera Instancia del Tribunal Electoral, que se requerirán para cada
proceso electoral, previa opinión del Pleno del Tribunal.
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DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
TITULO PRIMERO
DEL PODER JUDICIAL
CAPITULO l
De su Naturaleza
ARTICULO 1º. El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí es autónomo y desarrolla sus
funciones en los términos que establecen la Constitución Política del Estado y la presente Ley.
(REFORMADO P.O. 22 MAYO 2021)
ARTÍCULO 2º. El Poder Judicial administrará en forma autónoma e independiente de cualquier
otro poder, su presupuesto de egresos, que anualmente le será entregado en la forma y términos
que prevenga la ley de la materia, promoviendo prácticas sustentables en cuanto al uso del papel;
energías limpias; ahorro de agua; y energía; y, en general, el desarrollo de programas que
fomenten mejores prácticas en materia de aprovechamiento de insumos, así como el implemento
de la digitalización como medida de optimización del uso de recursos.
Asimismo, podrá formar un fondo de apoyo para el mejoramiento de la administración de justicia,
que se integrará en términos de lo dispuesto en la presente Ley.
CAPITULO II
De las Autoridades Judiciales
(REFORMADO, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADO, P.O. 30 JUNIO 2014)
(REFORMADO P.O. 20 AGOSTO 2018)
(REFORMADO P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
ARTÍCULO 3°. En el ejercicio de la función jurisdiccional, corresponde al Poder Judicial la potestad
de interpretar, aplicar y ejecutar las leyes del fuero común en materia civil, familiar, laboral, penal, y
justicia para adolescentes en el territorio del Estado.
ARTICULO 4°. El Poder Judicial del Estado se integra por:
I. El Supremo Tribunal de Justicia;
II. (DEROGADA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
(REFORMADA, P.O. 01 AGOSTO 2013)
III. Los Jueces de Primera Instancia:
a) Juzgados Civiles.
b) Juzgados Familiares.
c) Juzgados de Oralidad Mercantil.
(REFORMADO P.O. 20 AGOSTO 2018)
d) Juzgados Especializados en Justicia Penal para Adolescentes.
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e) Juzgados Penales.
f) Juzgados de Control.
g) Tribunales de Juicio Oral.
(REFORMADO P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
h) Juzgados de Ejecución de Sentencia.
(ADICIONADO P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
(REFORMADO P.O. 15 JULIO 2022)
i) Tribunales laborales;
(ADICIONADO P.O. 15 JULIO 2022)
j) Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las
Mujeres y de Procedimientos no Controvertidos, y
(REFORMADA, P.O. 01 AGOSTO 2013)
IV. Los Juzgados Menores.
Los jueces auxiliares apoyarán al Poder judicial cuando así lo requiera y cumplirán las funciones
que determina la presente Ley.
El Poder Judicial contará con el Consejo de la Judicatura, que cumplirá las funciones que
establecen la Constitución Política del Estado y la presente Ley.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 5°. Para ejercer de manera plena sus funciones el Poder Judicial recibirá el auxilio del
Poder Ejecutivo del Estado, de las dependencias a su cargo, de las autoridades municipales
y de los cuerpos de policía.
ARTICULO 6º. Los servidores judiciales quedan impedidos para postular, salvo cuando se trate de
causa propia. Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente a los magistrados supernumerarios que
no ejerzan el cargo de numerarios.
Los magistrados, consejeros de la judicatura, jueces, secretarios de acuerdos, actuarios y demás
servidores públicos que desempeñen funciones jurisdiccionales o cargos de dirección, están
impedidos para ocupar otro cargo o encomienda del gobierno o de particulares, salvo los cargos
honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia, y los docentes cuyo
desempeño no afecte las funciones o labores que les competan.
La infracción a esta disposición será sancionada de acuerdo a las responsabilidades
administrativas que establece la ley.
TITULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES
CAPITULO l
Del Supremo Tribunal de Justicia
ARTICULO 7º. El Supremo Tribunal de Justicia tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado en
los términos de la presente Ley. Se integrará con el número de magistrados propietarios que
señala la Constitución Política del Estado.
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Sólo los supernumerarios que ejerzan como numerarios formarán parte del Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia.
ARTICULO 8º. (DEROGADO P.O. 29 JUNIO DE 2023)
(REFORMADO, P.O. 25 MARZO 2015)
(REFORMADO, P.O. 26 MARZO 2015)
(REFORMADO P.O. 15 JULIO 2022)
ARTÍCULO 9º. El haber por retiro a que se refieren los artículos, 97, y 102, de la Constitución
Política del Estado, consiste en un único pago equivalente a un año de salario, sin perjuicio del
pago de aguinaldo y vacaciones proporcionales que correspondan. Este pago se cubrirá con base
en el último salario percibido, cuando la Magistrada o el Magistrado; la Juez o el Juez:
I. No haya sido ratificada o ratificado en el cargo;
II. Cuando la Magistrada o Magistrado se retire del desempeño del cargo por haber cumplido
quince años en el mismo, o bien, cualquiera de ellos haya cumplido setenta y tres años de edad;
III. Padezca incapacidad física o mental permanente para el desempeño de su cargo, o
IV. Se retire del desempeño del cargo por haber cumplido los años de servicio y proceda su
jubilación, en términos de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Pensiones y Prestaciones
Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 10. El Supremo Tribunal de Justicia funcionará en Pleno y en salas colegiadas, las que
podrán residir en la capital del Estado, en otros distritos judiciales o regiones.
(REFORMADO P.O. 03 JUNIO 2017)
(REFORMADO P.O. 20 AGOSTO 2018)
(REFORMADO P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
ARTÍCULO 11. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia conocerá de los asuntos de naturaleza
judicial que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución
Política del Estado; los Códigos, Civil; Penal; y de Procedimientos Civiles y Penales; la Ley Federal
del Trabajo; la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; la Ley
Nacional de Ejecución Penal; la presente Ley, y las demás disposiciones legales aplicables.
(REFORMADO, P.O. 31 DEJULIO DE 2012)
(REFORMADO P.O. 10 ABRIL DE 2023)
ARTÍCULO 12. Las sesiones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia podrán ser ordinarias o
extraordinarias, serán públicas y por excepción, privadas en los casos en que así lo exija la moral o
el interés público. Las sesiones ordinarias se celebrarán el día y la hora que previamente se haya
acordado, con las formalidades que establece el Reglamento Interior; y las extraordinarias, cuando
sea necesario para tratar y resolver asuntos urgentes, previa convocatoria de quien presida, en la
que deberá incluir el orden del día al cual debe sujetarse la sesión, determinándose si será pública
o privada. De igual forma, se podrá celebrar sesión extraordinaria cuando lo soliciten por lo menos
tres magistrados.
(ADICIONADO P.O. 20 MAYO 2021)
En epidemias; peligro de invasión; caso fortuito o fuerza mayor, en el país o en el Estado, las
sesiones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia podrán celebrarse mediante video
conferencia, trabajo a distancia, o medios virtuales análogos que permitan la comunicación
simultánea, con transmisión en tiempo real, debiendo quedar videograbadas.
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(ADICIONADO P.O. 10 ABRIL DE 2023)
Todas las sesiones públicas del Pleno, incluyendo aquellas efectuadas en los términos del párrafo
segundo de este artículo, serán transmitidas en tiempo real, y difundidas vía internet, por medio de
la página oficial del Poder Judicial del Estado. Adicionalmente, en dicha página, estarán
disponibles las versiones estenográficas de las sesiones públicas.
ARTICULO 13. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estará integrado por los magistrados
adscritos a las diversas salas y por el Presidente del mismo. Para que sesione, se requiere la
asistencia de la mayoría de sus integrantes, y sus resoluciones o determinaciones se tomarán por
mayoría de votos de los magistrados presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de
empate.
ARTICULO 14. Son atribuciones del Pleno las siguientes:
I. Ejercer las que le señale la Constitución Política del Estado;
II. Elegir al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, de entre los magistrados que lo integren;
III. Resolver jurisprudencia por contradicción respecto a la establecida por las salas, en términos
de lo dispuesto en esta Ley, la cual surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta del
Poder Judicial del Estado;
IV. Revisar a petición de parte interesada, las decisiones del Consejo de la Judicatura respecto a
la designación, adscripción, remoción, ratificación y no ratificación de jueces, para el efecto de
verificar que se ajustaron a las reglas previstas en esta Ley;
V. Resolver toda clase de controversias entre las salas y el Tribunal, que no tengan señaladas
una tramitación especial en la Ley;
VI. (DEROGADA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
VII. Adscribir a los magistrados a las salas que integren el Supremo Tribunal de Justicia;
VIII. Conceder licencias a los magistrados para separarse de su cargo, por más de cinco días y
hasta por seis meses sin goce de sueldo, en el periodo de un año;
IX. Calificar la renuncia al cargo, del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia;
X. Elegir al Magistrado que habrá de suplir las ausencias temporales o definitivas del Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia;
XI. Calificar las excusas o impedimentos que los magistrados presenten para conocer en el
Pleno sobre determinados asuntos, en los casos previstos en la ley de que se trate;
(ADICIONADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
XI. BIS. Conocer y resolver sobre la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación
anticipada a que hace referencia el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal;
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
XII. Conocer y resolver los recursos sobre las revisiones extraordinarias que se interpongan en
materia penal, y de ejecución penal;
XIII. Resolver las quejas que supongan responsabilidad administrativa, que se presenten en
contra de sus integrantes e imponer las sanciones que correspondan, y
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XIV. Las demás que les confiera la ley.
CAPITULO II
De la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia
(REFORMADO P.O. 27 FEBRERO 2016)
ARTICULO 15. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, será el Magistrado que se elija en
la sesión de Pleno Extraordinario que al efecto se realice, de acuerdo con las formalidades
señaladas en el Reglamento Interior. Durará en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto por
una sola vez hasta por un año más, y no formará parte de las salas.
El cargo de Presidente es renunciable y corresponderá al Supremo Tribunal de Justicia constituido
en Pleno, calificar la renuncia.
ARTICULO 16. En los casos de falta temporal del Presidente, desempeñará tal cargo el
Magistrado de mayor antigüedad, mientras se llama al Magistrado suplente que corresponda,
procediéndose en su caso a juicio del Pleno, de acuerdo a la temporalidad de la falta, a la elección
del Presidente, el que permanecerá en su cargo el tiempo que dure la ausencia o hasta finalizar el
periodo comprendido según lo estime el Pleno.
Si la falta fuere absoluta, se observará el mismo procedimiento y el Presidente electo durará en su
cargo hasta finalizar el periodo que el anterior hubiese comenzado.
ARTICULO 17. Son atribuciones del Presidente las siguientes:
I. Presidir las sesiones del Pleno, cumplimentando y ejecutando las resoluciones que emanen del
mismo;
II. Atender la correspondencia oficial del Supremo Tribunal de Justicia;
III. Representar al Poder Judicial en toda clase de actos jurídicos y ante cualquier autoridad, así
como en los actos oficiales, pudiendo delegar tales representaciones;
IV. Convocar a los magistrados a los Plenos ordinarios o extraordinarios;
V. Proponer al Pleno las medidas necesarias para mejorar la impartición de justicia;
VI. (DEROGADA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
VII. Nombrar al personal asignado a la Presidencia;
VIII. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno, hasta ponerlos en estado de resolución;
IX. Remitir al juzgado en turno los exhortos, requisitorias, suplicatorios y despachos que reciba, de
acuerdo con los turnos respectivos;
X. Vigilar la publicación y contenido de la Gaceta del Poder Judicial;
XI. Registrar los títulos o cédulas de abogados expedidos legalmente;
XII. Hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura, las faltas absolutas de los jueces, para
efectos de que se nombre al sustituto respectivo;
XIII. Conceder licencias con goce de sueldo a los magistrados hasta por cinco días, y
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XIV. Las demás que le confiere la presente Ley.
CAPITULO III
De la Secretaría del Supremo Tribunal de Justicia
ARTICULO 18. En el Supremo Tribunal de Justicia habrá un Secretario General, un Subsecretario
y, conforme al presupuesto, el personal que sea necesario.
ARTICULO 19. Para ser Secretario General, y Subsecretario, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. (DEROGADA, P.O. 20 DE MAYO DE 2021)
III. Contar como mínimo con dos años de ejercicio de abogado;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena
corporal;
V. Haber residido en el Estado durante los últimos dos años, y
VI. Haber sido seleccionado mediante los procedimientos que en cada caso establece la presente
Ley.
ARTICULO 20. Son atribuciones del Secretario General autorizar las actas y resoluciones del
Pleno, de la Presidencia, y las que señale el Reglamento Interior; el Secretario tendrá fe pública en
el ejercicio de sus funciones.
Al Subsecretario le corresponderá auxiliar al Secretario General, y sustituirlo en los casos de
impedimentos o faltas temporales hasta por quince días; y tendrá además las atribuciones que
señala esta Ley, para los subsecretarios.
CAPITULO IV
De las Salas del Tribunal
ARTICULO 21. Corresponde al Consejo de la Judicatura, previa opinión del Supremo Tribunal de
Justicia, determinar la competencia por materia a cada una de las salas que lo integran, así como
el número de éstas.
ARTICULO 22. Cada Sala estará integrada por tres magistrados; secretarios de acuerdos y un
subsecretario; los secretarios de estudio y cuenta y actuarios, así como el personal que determine
el Consejo de la Judicatura, a propuesta de los magistrados de las respectivas salas en términos
de la presente Ley.
ARTICULO 23. Las determinaciones tomadas por las salas colegiadas serán por mayoría de
votos.
ARTICULO 24. Son atribuciones de los presidentes de las salas, las siguientes:
I. Llevar el manejo, registro y seguimiento de la correspondencia oficial de la Sala;
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II. Turnar los asuntos de la competencia de la Sala para su estudio y presentación del proyecto
de resolución;
III. Presidir las sesiones de las salas y dirigir los debates;
IV. Cumplimentar los acuerdos dictados por la Sala;
V. Firmar conjuntamente con el Secretario de Acuerdos, las actas de las sesiones de la Sala;
VI. Coadyuvar con el Consejo de la Judicatura para vigilar que los secretarios y demás servidores
de la Sala, cumplan con sus deberes respectivos y remitirle los casos que considere materia de
investigación o sanción;
VII. Conceder permisos sin goce de sueldo hasta por cinco días a sus subordinados, dando aviso
al Consejo de la Judicatura;
VIII. Las demás que les confiera la presente Ley, y las que le sean propias por ser inherentes al
ejercicio del cargo.
ARTICULO 25. Cada Sala, de acuerdo con su competencia, conocerá:
(REFORMADA, P.O. 01 AGOSTO 2013)
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
I. De los recursos de apelación que se interpongan en contra de las resoluciones de los jueces de
Primera Instancia, de los Jueces Menores, y de los Jueces de Ejecución, y
II. De los demás asuntos que expresamente les encomiende la ley.
(ADICIONADO P.O. 10 ABRIL DE 2023)
ARTÍCULO 25 BIS. Las sesiones de las salas serán públicas y por excepción, privadas, previo
acuerdo dictado por quien las presida, y siempre que el asunto a desahogar así lo exija. Con
excepción de las sesiones privadas, las sesiones de las salas serán trasmitidas en vivo, a través de
medios electrónicos que serán difundidos en la página del Poder Judicial del Estado, debiendo
además agregarse la versión estenográfica de las mencionadas sesiones.
CAPITULO V
Del Tribunal Electoral
Sección Primera
De la Integración del Tribunal Electoral
ARTICULO 26. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 27. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 28. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 29. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
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Sección Segunda
Del Funcionamiento de las Salas Regionales de Primera Instancia
Del Tribunal Electoral
ARTICULO 30. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 31. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 32. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 33. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 34. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 35. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
Sección Tercera
De la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral
ARTICULO 36. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 37. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 38. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 39. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 40. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 41. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 42. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 43. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 44. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
Sección Cuarta
Disposiciones Comunes a las Salas
de Primera y Segunda Instancia del Tribunal Electoral
ARTICULO 45. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 46. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 47. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 48. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 01 DE AGOSTO DE 2013)
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CAPITULO VI
De los Juzgados y Tribunales de Primera Instancia
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 49. Para los efectos de la presente Ley, el territorio del Estado se divide en distritos y
regiones judiciales.
(REFORMADA P.O. 22 JULIO DE 2024)
I. El Primero, que comprende los municipios de San Luis Potosí, Ahualulco del Sonido 13,
Villa de Arriaga, Armadillo de los Infante, Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano
Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos, y Zaragoza, con residencia en la Ciudad
Capital;
II. El Segundo, que comprende los municipios de Matehuala, Catorce, Villa de la Paz, Villa de
Guadalupe, Cedral y Vanegas, con residencia en la cabecera municipal de Matehuala;
III. El Tercero, que comprende los municipios de Rioverde, Ciudad Fernández y San Ciro de
Acosta, con residencia en la cabecera municipal de Rioverde;
IV. El Cuarto, que comprende los municipios de Cárdenas, Alaquines, Rayón, Santa Catarina,
Tamasopo y Lagunillas, con residencia en la cabecera municipal de Cárdenas;
V. El Quinto, que comprende los municipios de Ciudad del Maíz y El Naranjo, con residencia en la
cabecera municipal de Ciudad del Maíz;
VI. El Sexto, que comprende los municipios de Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente
Tancuayalab, Tanlajás y Ebano, con residencia en la cabecera municipal de Ciudad Valles;
VII. El Séptimo, que comprende los municipios de Tancanhuitz, Aquismón, Tampamolón Corona,
Coxcatlán, Xilitla, San Antonio, Tanquián de Escobedo y Huehuetlán, con residencia en la
cabecera municipal de Tancanhuitz;
VIII. El Octavo, que comprende los municipios de Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Matlapa,
Tampacán y San Martín Chalchicuautla, con residencia en la cabecera municipal de
Tamazunchale;
IX. El Noveno, que comprende los municipios de Cerritos, Villa Juárez y San Nicolás Tolentino,
con residencia en la cabecera municipal de Cerritos;
X. El Décimo, que comprende los municipios de Guadalcázar, Villa Hidalgo y Villa de Arista, con
residencia en la cabecera municipal de Guadalcázar;
XI. El Décimo Primero, que comprende los municipios de Venado, Moctezuma, Charcas y Santo
Domingo, con residencia en la cabecera municipal de Venado;
XII. El Décimo Segundo, que comprende los municipios de Salinas y Villa de Ramos, con
residencia en la cabecera municipal de Salinas, y
XIII. El Décimo Tercero, que comprende los municipios de Santa María del Río, Tierra Nueva y
Villa de Reyes, con residencia en la cabecera municipal de Santa María de Río.
(ADICIONADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
Las regiones judiciales serán determinadas por el Consejo de la Judicatura y comprenderán
el ámbito territorial de más de un Distrito.
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(ADICIONADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
Los tribunales o juzgados tendrán jurisdicción en el territorio del Distrito o Región Judicial al que
pertenezcan, conforme lo determine el Consejo de la Judicatura.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
(REFORMADO P.O. 20 AGOSTO 2018)
(REFORMADO P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
ARTÍCULO 50. En cada Distrito o Región Judicial habrá el número de Tribunales y Juzgados que
determine el Consejo de la Judicatura, los que tendrán competencia para conocer de los asuntos
civiles, mercantiles, laborales, penales, de lo familiar, de justicia para adolescentes, de ejecución, y
demás materias en que ejerzan su jurisdicción, y se distinguirán por su denominación o número
ordinal que les corresponda.
Las Regiones Judiciales podrán comprender el ámbito territorial de más de un Distrito Judicial.
(ADICIONADO P.O. 15 JULIO 2022)
ARTÍCULO 50 BIS. Las y los jueces Especializados en Órdenes de Protección, y de
Procedimientos no Controvertidos, tendrán competencia en el Primer Distrito Judicial; conocerán,
tramitarán y resolverán:
I. Juicios de divorcio voluntario, en los que no exista controversia;
II. Autorizaciones para salir del país, siempre que no se deba citar a persona alguna;
III. Cambios de régimen patrimonial, cuando se presenten todos los documentos que acrediten la
propiedad de los bienes, y se presente el proyecto de partición de bienes;
IV. Ratificaciones de convenio, cuando comparezcan en forma personal los solicitantes;
V. Procedimientos de jurisdicción voluntaria, para acreditar concubinato, y dependencia económica;
VI. Declaración de ausencia, siempre que se acredite con documental el interés de promover la
declaración de ausencia;
VII. Presunción de muerte; siempre y cuando se presenten las copias certificadas de la declaración
de presunción de ausencia;
VIII. La expedición de órdenes de protección de conformidad con lo previsto en la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí;
IX. Los asuntos derivados del Centro de Justicia para Mujeres del Estado, relativos a:
a) Alimentos; guarda y custodia; y, en su caso, conclusión, transmisión, pérdida, o suspensión de la
patria potestad.
b) Divorcios; y disolución de concubinatos; las demás que le otorga la ley, y los Acuerdos
Generales respectivos, y
X. Las demás que les encomienden las leyes.
ARTICULO 51. Son atribuciones y obligaciones de los jueces de Primera Instancia:
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I. Conocer, tramitar y resolver todos los negocios de su competencia, conforme a lo que dispongan
las leyes respectivas;
II. Resolver las competencias que se susciten entre los jueces menores;
III. Calificar en caso de oposición, las inhibiciones por excusa o recusación de sus subalternos y de
los jueces menores;
IV. Practicar las diligencias que les encomiende el Supremo Tribunal de Justicia, y cumplimentar
los exhortos, requisitorias y suplicatorios que reciban de los jueces del Estado, y de otras
autoridades judiciales;
V. Remitir, para efectos de estadística, al Consejo de la Judicatura los informes de los negocios
que ante ellos se tramiten, en los términos del Reglamento Interior, y demás que se les soliciten;
VI. Proponer los nombramientos de sus secretarios de acuerdos, y de estudio y cuenta, de
conformidad con lo establecido por la presente Ley, así como de los demás empleados judiciales; y
solicitar la remoción o cambio de adscripción de los que no sean de base, ante el Consejo de la
Judicatura;
VII. Conceder permisos sin goce de sueldo hasta por cinco días a sus subordinados, dando aviso
al Consejo de la Judicatura;
(REFORMADA P.O. 15 JULIO 2022)
VIII. Asesorar a los jueces menores y jueces auxiliares;
(ADICIONADA P.O. 15 JULIO 2022)
IX. Dictar las órdenes de protección orientadas a la salvaguarda de la víctima en función de su
interés superior, en los términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de San Luis Potosí, y
X. Las demás que les encomienden las leyes.
(REFORMADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTICULO 52. Los jueces del Ramo Civil conocerán, tramitarán y resolverán todos los negocios
del orden civil, con exclusión de aquellos cuyo conocimiento corresponda específicamente a los
jueces de lo familiar y, en su caso, a los jueces menores; así como de los juicios mercantiles cuya
competencia y atribuciones que en esta materia les confiere el Código de Comercio y demás leyes
relativas en los asuntos que conozcan en jurisdicción concurrente.
(ADICIONADO, P.O. 27 DE AGOSTO DE 2009)
Además de lo señalado en el párrafo anterior, los jueces del Ramo Civil conocerán, tramitarán y
resolverán, los procedimientos de extinción de dominio.
(ADICIONADO, P.O. 29 SEPTIEMBRE 2014)
En materia de extinción de dominio, los jueces civiles conocerán de las medidas cautelares;
diligenciación de los exhortos; y rogatorias, en la materia; así como todas aquellas diligencias,
acuerdos y actividades que les encomiende la Ley de Extinción de dominio para el Estado de San
Luis Potosí, y demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 53. Los jueces de lo Familiar conocerán, tramitarán y resolverán:
I. De los negocios de jurisdicción voluntaria relacionados con el derecho familiar;
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II. De los juicios contenciosos relativos al matrimonio, a la ilicitud o nulidad de matrimonio y al
divorcio, incluyendo los que se refieren al régimen de bienes en el matrimonio; de los que tengan
por objeto modificaciones o rectificaciones en las actas del Registro Civil, de los que afecten al
parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación legítima, natural o adoptiva; de los que
tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de interdicción y tutela, y las
cuestiones de ausencia y presunción de muerte; de los que se refieran a cualquier cuestión
relacionada con el patrimonio familiar, así como su constitución, disminución, extinción o afectación
en cualquier forma;
III. De los juicios sucesorios;
IV. De los asuntos concernientes a otras acciones relativas al estado civil y a la capacidad de las
personas;
V. De las diligencias de consignación en todo lo relativo al derecho familiar;
VI. De los exhortos, suplicatorios y despachos, relacionados con el derecho familiar;
(REFORMADA P.O. 15 JULIO 2022)
VII. De las cuestiones relativas a los asuntos que afecten los derechos de los menores o
incapacitados;
(ADICIONADA P.O. 15 JULIO 2022)
(REFORMADA P.O. 22 NOVIEMBRE 2022)
VIII. De dictar las órdenes de protección orientadas a la salvaguarda de la víctima en función de su
interés superior, en los términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de San Luis Potosí;
(ADICIONADA P.O. 22 NOVIEMBRE 2022)
IX. De ordenar, cuando sea procedente, la inscripción en el Padrón Estatal de Personas Deudoras
Alimentarias Morosas;
(ADICIONADA P.O. 22 NOVIEMBRE 2022)
X. De ordenar la expedición, en su caso, y en el término de tres días hábiles, de las constancias de
persona no deudora alimentaria morosa; o de persona deudora alimentaria morosa, en su caso;
(ADICIONADA P.O. 22 NOVIEMBRE 2022)
XI. De ordenar la cancelación de la inscripción en el Padrón Estatal de Personas Deudoras
Alimentarias Morosas, y
XII. En general de todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial.8
(ADICIONADO, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
(REFORMADO P.O. 03 JUNIO 2017)
(REFORMADO P.O. 20 AGOSTO 2018)
ARTÍCULO 53 BIS. Además de las atribuciones ya establecidas para los Jueces de Primera
Instancia, los Jueces Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, conocerán, tramitarán y
resolverán los asuntos que atribuyen conductas tipificadas como delito en las leyes, a las personas
que tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, y a aquellas que en el
momento de la comisión de la conducta atribuida hayan sido adolescentes en términos de la Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
(ADICIONADO, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
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(REFORMADO P.O. 03 JUNIO 2017)
ARTICULO 53 TER. Los jueces de ejecución especializados en justicia para adolescentes,
tendrán las siguientes competencias; y facultades:
I. Serán competentes para:
a) Conocer de los procedimientos de ejecución de las medidas de sanción y de internamiento
preventivo los jueces con jurisdicción en el lugar en que se encuentre la persona adolescente
cumpliendo su medida, independientemente del fuero y del lugar en el que se hubiese dictado la
medida de sanción o de internamiento preventivo.
b) En las controversias sobre traslados de un centro de internamiento a otro, serán competentes
tanto los jueces con jurisdicción en el centro de Internamiento de origen como en el de destino,
correspondiendo conocer a aquél donde se presente la controversia.
c) Los conflictos competenciales en materia de ejecución de medidas de sanción se resolverán con
apego a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La adscripción de los jueces de ejecución se determina en este Ordenamiento, y demás
disposiciones aplicables.
La jurisdicción territorial de los jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante
acuerdos generales, y
II. Estarán facultados para:
a) Garantizar a las personas adolescentes a quienes se les haya dictado una medida de sanción o
de internamiento preventivo, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y
garantías fundamentales que le reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la Constitución Política del Estado; los Tratados Internacionales; la Ley Nacional del
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y demás disposiciones legales aplicables;
b) Garantizar que la medida cautelar de internamiento preventivo o la de sanción se ejecute en sus
términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la legislación de
la materia permita.
c) Decretar las medidas de seguridad que procedan en sustitución de la medida de sanción de
internamiento, en los casos en que la persona adolescente privada de la libertad llegue a padecer
enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible y determinar la custodia de la misma a
cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde
atención, trato y tratamiento de tipo asilar.
d) Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de
la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de las
medidas de sanción.
e) Garantizar a las personas adolescentes su defensa en el procedimiento de ejecución
f) Aplicar la ley más favorable a las personas adolescentes a quienes se les haya dictado una
medida.
g) Autorizar y revisar las condiciones de supervisión de las medidas de sanción de conformidad
con la sentencia impuesta a la persona adolescente.
h) Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones.
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i) Resolver sobre las controversias que se presenten sobre las condiciones de internamiento y
cuestiones relacionadas con las mismas.
j) Resolver sobre la duración, modificación y extinción de las medidas de sanción.
k) Las demás que la Ley Nacional del Sistema Integral de justicia Penal para Adolescentes y otros
ordenamientos le confieran.
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTICULO 53 QUATER. Los jueces de oralidad mercantil conocerán, tramitarán y resolverán los
juicios, hasta por el monto que señala el Código de Comercio
(ADICIONADO P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
ARTÍCULO 53. QUINQUE. Las y los jueces laborales deberán:
I. Atender la función jurisdiccional en materia laboral en el ámbito local, que se ejerza por los
tribunales laborales;
II. Atender las facultades y obligaciones que les establecen, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; la Ley Federal del Trabajo; los acuerdos generales que dicte el Pleno del
Consejo de la Judicatura, y demás disposiciones aplicables, y
III. Conocer de los conflictos individuales y colectivos de conformidad con las disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo.
ARTICULO 54. Los jueces del Ramo Penal conocerán, tramitarán y resolverán los asuntos por
delitos comunes que sean de su competencia conforme a la legislación penal del Estado y demás
leyes aplicables, así como de asuntos de otro fuero a prevención, cuando así lo dispongan las
leyes relativas.
(ADICIONADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADO P.O. 20 AGOSTO 2018)
ARTÍCULO 54 BIS. Además de las atribuciones ya establecidas para los jueces de primera
instancia, los jueces de ejecución tendrán las siguientes:
I. Determinar la duración de las penas o medidas de seguridad;
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
II. Resolver sobre las modificaciones, suspensión, sustitución o conmutación de las penas o
medidas de seguridad;
III. Ordenar el cumplimiento de las sanciones distintas a la privativa de libertad;
IV. Ordenar el cumplimiento de las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan a la pena
de prisión o concedan el beneficio de la suspensión condicional de la misma;
V. Ordenar el cumplimiento de las medidas impuestas a inimputables;
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
VI. Decretar como medidas de seguridad, la custodia del interno que padezca enfermedad mental
de tipo crónico, continuo e irreversible, en los términos señalados por el Código Penal, y la Ley
Nacional de Ejecución Penal;
VII. Sustanciar el procedimiento para el cumplimiento de la sanción pecuniaria y de la
reparación del daño;
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VIII. Garantizar a los sentenciados su defensa en el procedimiento de ejecución;
IX. Revocar los beneficios otorgados cuando ocurra algún supuesto contenido en la ley;
X. Ordenar la reaprehensión del sentenciado cuando proceda;
XI. Aplicar la ley más favorable a los sentenciados;
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
XII. Solicitar información sobre el Plan de Actividades aplicado a los internos;
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
XIII. Vigilar que el Plan de Actividades del sentenciado que aplique el Poder Ejecutivo, se
desarrolle sobre la base del trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado y procurar que no vuelva a
delinquir;
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
XIV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de beneficios preliberacionales que impliquen una
modificación en las condiciones de cumplimiento de la condena;
XV. Resolver las peticiones de traslado que formulen internos o autoridades de otras entidades
federativas;
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
XVI. Conocer y resolver los incidentes y medios de impugnación que surjan con motivo de la
ejecución de las penas y medidas de seguridad;
XVII. Resolver de oficio o a petición de parte la extinción de los efectos de la responsabilidad
penal;
XVIII. Llevar el registro y control de los sentenciados puestos a su disposición para el
cumplimiento de sus sanciones;
XIX. Resolver la prescripción de los antecedentes penales;
XX. Resolver sobre la rehabilitación de derechos que la sentencia hubiere privado al
sentenciado;
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
XXI. Conocer y resolver las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el
régimen y el sistema penitenciario, en cuanto afecten sus derechos y beneficios que les otorgue la
ley, y
XXII. Las demás que otros ordenamientos le confieran.
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTICULO 54 TER. Los jueces que operen el sistema penal acusatorio y oral podrán ejercer como:
I. Jueces de Control, y
II. Jueces del tribunal de juicio oral.
Los jueces a que se refiere este artículo, tendrán fe pública en ejercicio de sus funciones.
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Los Jueces de Control integrarán los tribunales del juicio oral en asuntos en donde no hayan
intervenido previamente.
Los Jueces de Control y del tribunal de juicio oral, durante el desarrollo de las audiencias deberán
portar toga, la cual contará con las características que determine el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia.
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTICULO 54 QUATER. Los Jueces de Control tendrán las siguientes atribuciones:
I. Resolver sobre la aplicación, modificación, sustitución o cancelación de las medidas cautelares
de carácter real o personal que les sean solicitados por quien esté legitimado para ello;
II. Presidir la audiencia de vinculación a proceso, la de apertura del juicio oral, y emitir las
decisiones que en ellas corresponda; así como celebrar cualquier otra audiencia que legalmente
les sea solicitada y asumir las decisiones atinentes al caso;
III. Conocer del control de la detención;
IV. Procurar la solución del conflicto a través de medios alternos, conforme a lo dispuesto en la ley;
V. Validar las resoluciones emitidas en justicia restaurativa conforme al sistema normativo de
pueblos o comunidades indígenas;
VI. Instruir, sustanciar, y decidir el procedimiento abreviado;
VII. Vigilar que se respeten los derechos humanos del imputado, y de la víctima u ofendido;
VIII. Ordenar la aprehensión, cuando preceda denuncia, acusación, o querella de un hecho que la
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan
que se ha cometido este hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o
participó en su comisión. Así como la citación, o la comparecencia del imputado en los casos que
la ley señale;
(REFORMADA P.O. 20 OCTUBRE 2020)
IX. Resolver en audiencia pública lo conducente a la impugnación que la víctima o el ofendido
realicen ante las determinaciones del Ministerio Público y, en su caso, del Fiscal General del
Estado, al resolver acerca de la abstención de investigar, archivo temporal, no ejercicio de la
acción penal o, en su caso, criterios de oportunidad;
X. Conceder las técnicas de la investigación que requieren autorización judicial, y
XI. Las demás que le asignen las leyes o reglamentos.
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
(REFORMADO P.O. 24 JULIO 2018)
ARTÍCULO 54 QUINQUE. El Tribunal de Juicio Oral estará conformado por un Juez de
Enjuiciamiento y, solamente en casos de excepción, por determinación del Juez de Control que
dicte el auto de apertura de juicio, será integrado por tres jueces, debiendo tomar en cuenta la
relevancia, complejidad, e impacto social del asunto; y tendrá las siguientes atribuciones:
I. Integrar el tribunal del juicio oral, asumiendo las funciones que les otorgue la ley;
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II. Desahogar la audiencia del juicio oral desde el momento en que se declare legalmente instalado
el tribunal, hasta la lectura integral de sentencia;
III. Intervenir en las deliberaciones para determinar si se considera o no probada la culpabilidad del
inculpado y, en su caso, la determinación de la sanción aplicable;
IV. Emitir su voto respecto al sentido de la sentencia, la naturaleza y magnitud de la punición;
V. Estar presentes en la audiencia en la que sean leídos los puntos resolutivos de la sentencia, y
dicha resolución sea explicada por el presidente del tribunal del juicio oral;
VI. Ejercer el poder de disciplina, cuidar que se mantenga el buen orden, exigir que se guarde
respeto y consideraciones debidas a ellos y a los demás intervinientes de la audiencia, corrigiendo
en el acto las faltas que se cometieren;
VII. Fijar las sanciones penales con base en las disposiciones que la ley señale, y
VIII. Las demás que le asignen las leyes o reglamentos.
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTÍCULO 54 SEXTIES. Son atribuciones del presidente del tribunal de juicio oral:
I. Radicar el asunto y decretar la fecha para la celebración de la audiencia del debate dentro del
plazo legal, e informar la integración del tribunal;
II. Ordenar la citación oportuna de las partes e intervinientes a la audiencia de debate;
III. Verificar la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes
que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas y documentos que deban
exhibirse en éste;
IV. Declarar abierta la audiencia de debate advirtiendo al inculpado y al público, sobre la
importancia del significado de lo que en ella va a ocurrir;
V. Presidir el debate en todo su desarrollo y, en su caso, decretar los recesos que correspondan;
VI. Decretar los aplazamientos diarios de la audiencia del juicio oral, indicando la hora en que
continuará el debate;
VII. Emitir de manera verbal, fundada y motivada las decisiones indispensables para el correcto
desahogo de la audiencia de debate;
VIII. Dirigir el debate y ordenar las lecturas pertinentes, hacer las advertencias que correspondan,
exigir las ratificaciones solemnes, y moderar la discusión en audiencia de debate;
IX. Ordenar la suspensión de la audiencia de debate cuando las circunstancias así lo justifiquen;
X. Presidir la deliberación;
XI. Aplicar los medios de apremio autorizados por la ley;
XII. Explicar la sentencia en la audiencia respectiva;
XIII. Instruir los recursos que se promuevan en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia del
juicio oral, y
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XIV. Las demás que le asignen las leyes o reglamentos.
Los Jueces de Control, y del Tribunal de Juicio Oral, además de las atribuciones ya establecidas
en los artículos anteriores, tendrán las señaladas para los jueces del Ramo Penal.
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTÍCULO 54 SEPTIES. Los jueces de control, y del tribunal de juicio oral, ejercerán competencia
territorial en cada uno de los distritos o regiones judiciales del Estado.
ARTICULO 55. Los juzgados mixtos de Primera Instancia serán competentes para conocer,
tramitar y resolver los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53 y 54 de esta Ley.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 56. En los diversos distritos o regiones judiciales en donde haya varios juzgados de
Primera Instancia o de ejecución de sentencias, el turno de los asuntos se hará en la forma que
determine el Consejo de la Judicatura.
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
Tratándose de los Juzgados de Control y de Juicio Oral Penal y Mercantil se estará a lo dispuesto
en esta Ley.
(REFORMADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTICULO 57. En cada juzgado habrá un Juez, así como el número de secretarios, actuarios y
empleados que se requieran y determine el Consejo de la Judicatura.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 58. En caso de impedimento legal, excusa o recusación de un Juez de Primera
Instancia en los distritos o regiones judiciales donde haya varios, conocerá del asunto el juez de la
misma categoría que corresponda, conforme al turno establecido. Si existe un solo juzgado o todos
tuvieren que eximirse, conocerá del negocio el Juez de Primera Instancia con residencia más
próxima.
ARTICULO 59. Para ser Juez de Primera Instancia se requiere cumplir los requisitos que señala
la Constitución Política del Estado, y haber sido seleccionado mediante los procedimientos que en
cada caso establece la presente Ley. Durarán cinco años en el ejercicio de su cargo, al término de
los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala
la ley.
CAPITULO VII
De los Jueces Menores
ARTICULO 60. En la Entidad habrá el número de juzgados menores que de conformidad con las
necesidades del servicio, determine el Consejo de la Judicatura. En el acuerdo, que se publicará
en el Periódico Oficial del Estado, el Consejo determinará la competencia territorial que
corresponda a cada uno de ellos.
ARTICULO 61. Para ser Juez Menor se requiere cumplir los requisitos que señala la Constitución
Política del Estado, y haber sido seleccionado mediante los procedimientos que establece la
presente Ley.
ARTICULO 62. Los jueces menores tendrán competencia mixta en cuanto a materia.
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ARTICULO 63. Los jueces menores en el ámbito de su competencia, conocerán:
I. En materia civil, de negocios cuya cuantía no exceda de la suma de mil quinientos días de
salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate;
II. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia civil y familiar, salvo
la adopción;
III. De las diligencias de conciliación en todo lo que corresponda al derecho familiar, así como de
los exhortos, despachos y requisitorias de asuntos civiles, familiares y penales;
IV. A prevención, de los negocios civiles o de lo familiar que no sean de su competencia, en cuyo
caso practicarán las diligencias urgentes, remitiendo oportunamente las actuaciones al Juzgado
que corresponda;
V. En materia penal, de los delitos culposos y de aquellos cuya pena no exceda de cuatro años
de prisión o estén sancionados con pena alternativa;
VI. A prevención, de los asuntos penales que no sean de su competencia, para cuyo efecto
practicarán las diligencias urgentes que soliciten las partes, debiendo resolver lo relativo a la
situación jurídica del inculpado dentro del término constitucional, remitiendo oportunamente las
actuaciones al Juzgado competente, y
VII. Los demás asuntos que les encomienden la ley.
(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 2013)
ARTICULO 64. Corresponde a los jueces menores actuar como instancia conciliatoria,
exclusivamente en el ámbito de su competencia, en los conflictos que surjan entre personas
pertenecientes a comunidades con población mayoritariamente indígena, tomando en
consideración sus sistemas normativos, usos y costumbres, y salvaguardando las derechos
humanos y sus garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en las siguientes materias:
I. Conciliar los conflictos en materia civil y familiar, y
II. En materia penal, intervenir como conciliador, previo a la denuncia o querella, tratándose de
delitos que se persigan a petición de parte ofendida, siempre y cuando no se trate de los que la ley
califica como graves o se afecte sensiblemente a la sociedad.
ARTICULO 65. En los juzgados menores habrá el personal autorizado por el Consejo de la
Judicatura. El Juez propondrá a éste, el nombramiento de su personal y solicitará la remoción del
que no sea de base.
En los casos en que no se cuente con Actuario, el Secretario ejercerá sus funciones.
CAPITULO VIII
De los Jueces Auxiliares
(REFORMADO P.O. 24 JUNIO 2016)
ARTICULO 66. Habrá un Juez Auxiliar y dos suplentes en cada una de las fracciones de los
diferentes municipios del Estado, que serán electos por la asamblea de los ciudadanos que
pertenezcan a la comunidad o localidad de que se trate, haciéndose llegar la propuesta de los
jueces electos, durante la primera quincena de enero de cada tres años, al Consejo de la
Judicatura, para que otorgue el nombramiento respectivo.
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La convocatoria para la celebración de la asamblea deberá ser emitida por el Consejo de la
Judicatura, en la forma y términos que se establezcan en un acuerdo general.
En las comunidades indígenas, los jueces auxiliares serán designados conforme a los sistemas
normativos de la comunidad, debiendo la asamblea hacer del conocimiento del Supremo Tribunal
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, las designaciones correspondientes, para su registro y
expedición de nombramiento.
(ADICIONADO P.O. 09 FEBRERO 2023)
La convocatoria emitida por el Consejo de la Judicatura deberá garantizar los mecanismos que
introducen la paridad de género, en el nombramiento de jueces y juezas auxiliares, así como de
sus suplentes en las comunidades del Estado.
ARTICULO 67. Para ser Juez Auxiliar se requiere ser ciudadano potosino en ejercicio de sus
derechos, vecino del lugar, y saber leer y escribir. Este cargo es gratuito y los que lo desempeñen
están exentos de cualquier otro cargo concejil.
(REFORMADO P.O. 24 JUNIO 2016)
(REFORMADO P.O. 09 FEBRERO 2023)
ARTÍCULO 68. Los jueces y juezas auxiliares durarán en su cargo un año o el tiempo que la
asamblea comunitaria determine, de conformidad con los sistemas normativos, usos y costumbres
de la comunidad. Del mismo modo, la asamblea determinará con autonomía sobre la reelección de
los mismos.
Podrán ser suspendidos o removidos por el Consejo de la Judicatura por causa justificada y a
solicitud de la asamblea comunitaria, o por causa grave.
ARTICULO 69. Los jueces auxiliares tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I. Proporcionar la guardia de seguridad que sea necesaria para la conducción de presos, que
integrará recurriendo al auxilio de los vecinos del lugar;
II. Proporcionar la información que soliciten los particulares o las autoridades;
III. Cumplimentar los despachos de las autoridades judiciales y practicar las diligencias que éstas
y otras autoridades les encomienden;
IV. En las comunidades indígenas las que les correspondan conforme a sus sistemas
normativos internos, siempre y cuando no sean contrarias al orden jurídico, ni violatorias de
derechos humanos, y
V. Las demás que determine la ley.
ARTICULO 70. Las faltas absolutas o temporales de los jueces auxiliares, se cubrirán por los
suplentes respectivos en el orden de su nombramiento. Las dudas que sobre este punto se
susciten serán resueltas por el Consejo de la Judicatura.
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTÍCULO 70 BIS. La administración de los juzgados que operen sistemas que lo requieran,
estarán a cargo de un Administrador Judicial del Sistema de Gestión, cuya función esencial será,
planificar, organizar, implementar, controlar y dirigir un equipo multidisciplinario de gestión que
permita desarrollar con efectividad en todo el territorio del Estado, el sistema de justicia de que se
trate; el cual tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Ejecutar las acciones necesarias para la implementación del sistema de gestión en apoyo al
servicio de impartición de justicia, bajo los lineamientos autorizados por el Consejo de la
Judicatura;
II. Dirigir los trabajos y supervisar el desempeño del personal de apoyo;
III. Vigilar la correcta y eficiente aplicación de los recursos asignados al sistema de gestión, y
IV. Las demás que le asignen las leyes o reglamentos.
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTÍCULO 70 TER. Para cumplir sus funciones, el Administrador Judicial del Sistema de Gestión
contará con el personal de apoyo que el Consejo de la Judicatura le asigne, atendiendo a las
necesidades del servicio.
CAPITULO IX
De los Secretarios, Subsecretarios,
Actuarios y Empleados Judiciales
Sección Primera
De los Secretarios de Acuerdos
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 71. Los secretarios de acuerdos tendrán fe pública en todo lo relativo al ejercicio de
su cargo.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 72. Para ser Secretario de Acuerdos se requiere ser ciudadano mexicano, licenciado en
derecho con título registrado, y experiencia en el ejercicio profesional de dos años, no haber sido
condenado por sentencia irrevocable por delito intencional que amerite pena por más de un año de
prisión, pero si se tratare de algún otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena— y ser seleccionado mediante
los procedimientos que establece la presente Ley.
Tratándose de secretarios de acuerdos de juzgado menor, se deberán satisfacer los mismos
requisitos a los que alude el párrafo anterior, excepto la experiencia profesional, que deberá ser de
un año.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 73. Son obligaciones y atribuciones de los secretarios de acuerdos de las salas del
Supremo Tribunal de Justicia, las siguientes:
I. Recibir los escritos y anexos que se les entreguen, asentándose razón autorizada con su firma
del día y hora de su recepción;
II. Dar cuenta dentro del término de ley de los negocios que les correspondan y redactar el acuerdo
respectivo;
III. Firmar el libro de actas de los acuerdos correspondientes a la Sala;
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IV. Dar fe de las diligencias y autorizar las resoluciones de la Sala en los términos de esta Ley;
V. Asentar en los expedientes las certificaciones, constancias y demás razones que la ley obligue;
VI. Custodiar rigurosamente los expedientes que se encuentren en trámite
VII. Conservar los sobres cerrados de posiciones y de interrogatorios, previstos por las leyes; y en
su caso, los depósitos y consignaciones cuando así lo prevenga la ley;
VIII. Cuidar el buen desempeño de los actuarios y empleados de la Sala y juzgado,
IX. Las demás que les sean ordenadas por la ley, los reglamentos y acuerdos generales.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 74. Son obligaciones y atribuciones de los secretarios de acuerdos de los juzgados de
Primera Instancia, las siguientes:
I. Recibir los escritos y anexos que se les entreguen, asentándose razón autorizada con su firma
del día y hora de su recepción;
II. Dar cuenta dentro del plazo legal con los escritos, oficios, documentos que se reciban y en
general de los negocios que le correspondan, así como redactar el acuerdo respectivo;
III. Autorizar los exhortos, despachos, diligencias, acuerdos y toda clase de resoluciones;
IV. Dar fe de todas las diligencias en que intervengan y autorizar en los términos de ley, las
resoluciones dictadas por el Juez;
V. Asentar en los expedientes las certificaciones y constancias relativas a términos procesales, y
las demás razones que exprese la ley o el Juez ordene;
VI. Expedir y autorizar las copias certificadas que la ley determine o deban darse a las partes, en
virtud de decreto judicial;
VII. Conservar en su poder el sello del Juzgado y vigilar su buen uso;
VIII. Guardar en el secreto del Juzgado los sobres cerrados de posiciones, interrogatorios,
consignaciones, escritos, y demás documentos que disponga la ley o el titular del Juzgado;
IX. Cuidar los expedientes a cargo de la Secretaría y proporcionarlos a las partes que lo soliciten,
para informarse del estado de los mismos, dentro del local del Juzgado, salvo disposición expresa
de la ley;
X. Guardar bajo su responsabilidad los documentos y expedientes inventariados, mientras no se
remitan al Archivo Judicial del Estado;
XI. Practicar las diligencias que le sean encomendadas por el titular del Juzgado;
XII. Custodiar el buen desempeño del Juzgado en el orden administrativo, y dirigir las actividades
laborales conforme a las instrucciones de su titular;
XIII. Redactar los acuerdos y las actas que el Juez le encomiende;
XIV. Cuidar el buen desempeño de los actuarios del juzgado, y
XV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos generales.
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(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 75. Son obligaciones y atribuciones de los secretarios de acuerdos de los juzgados
menores, en el ámbito de su competencia, las siguientes:
I. Recibir los escritos y anexos que se les entreguen, asentándose razón autorizada con su firma
del día y hora de su recepción;
II. Dar cuenta dentro del plazo legal con los escritos, oficios, documentos que se reciban y en
general de los negocios que le correspondan, así como redactar el acuerdo respectivo;
III. Autorizar los exhortos, despachos, requisitorias, diligencias, acuerdos y toda clase de
resoluciones;
IV. Dar fe de todas las diligencias en que intervengan y autorizar en los términos de ley, las
resoluciones dictadas por el Juez;
V. Asentar en los expedientes las certificaciones y constancias relativas a términos procesales, y
las demás razones que exprese la ley o el Juez ordene;
VI. Expedir y autorizar las copias certificadas que la ley determine o deban darse a las partes, en
virtud de decreto judicial;
VII. Conservar en su poder el sello del Juzgado y vigilar su buen uso;
VIII. Guardar en el secreto del Juzgado los sobres cerrados de posiciones, interrogatorios,
consignaciones, escritos y demás documentos que disponga la ley o el titular del Juzgado;
IX. Cuidar los expedientes a cargo de la Secretaria y proporcionarlos a las partes que lo soliciten,
para informarse del estado de los mismos, dentro del local del Juzgado, salvo disposición expresa
de la ley;
X. Guardar bajo su responsabilidad los documentos y expedientes inventariados, mientras no se
remitan al Archivo Judicial del Estado;
XI. Practicar las diligencias que le sean encomendadas por el titular del Juzgado;
XII. Custodiar el buen desempeño del Juzgado en el orden administrativo, y dirigir las actividades
laborales conforme a las instrucciones de su titular;
XIII. Redactar los acuerdos y las actas que el juez le encomiende;
XIV. Cuidar el buen desempeño de los actuarios del Juzgado, y
XV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos generales.
(ADICIONADA LA SECCION P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
Sección Primera Bis
De los Secretarios Instructores
(ADICIONADO, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
ARTÍCULO 75 BIS. En cada uno de los juzgados laborales habrá las y los secretarios instructores
autorizados y nombrados, que el Consejo de la Judicatura determine convenientes.
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(ADICIONADO, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
ARTÍCULO 75 TER. Las secretarias y secretarios instructores tendrán fe pública, en todo lo
relativo al ejercicio de su cargo.
(ADICIONADO, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
ARTÍCULO 75 QUÁTER. Para ser secretaria o secretario instructor se deberán de reunir los
requisitos previstos en el artículo 72 de esta Ley, así como demostrar capacitaciones o experiencia
en materia laboral.
(ADICIONADO, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
ARTÍCULO 75 QUINQUE. Las secretarias y secretarios instructores, además de las facultades que
señala la Ley Federal del Trabajo, tendrán las siguientes atribuciones:
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
I. Redactar las radicaciones, acuerdos, actas y demás actos relativos a la etapa escrita del
procedimiento, así como las que las o los jueces le encomienden;
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
II. Admitir o prevenir la demanda y, en su caso, subsanarla conforme a las normas del trabajo y lo
establecido en la presente Ley;
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
III. Hacer constar oralmente, al inicio de las audiencias, en el registro, la fecha, hora y lugar de
realización, el nombre de las y los servidores judiciales y demás personas que intervendrán;
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
IV. Tomar protesta a las partes y demás ´personas intervinientes, previo al desahogo de las
audiencias, haciéndoles saber que deberán conducirse con verdad, apercibidas de las penas que
se les impondrá en caso de realizar declaraciones falsas;
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
V. Certificar el medio en donde se encuentre registrada la audiencia respectiva, identificar dicho
medio con el número de expediente, y tomar las medidas necesarias para evitar que pueda
alterarse;
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
VI. Firmar las resoluciones que así lo ameriten, el día en que se emitan;
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
VII. Ordenar la notificación a las personas demandadas;
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
VIII. Admitir y, en su caso, proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las
excepciones dilatorias;
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
IX. Dictar las providencias cautelares;
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
X. Decretar las providencias cautelares y medidas necesarias previstas en la Ley Federal del
Trabajo, y
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(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
XI. Las demás que determine la Ley, y el Consejo de la Judicatura.
Sección Segunda
De los Subsecretarios
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 76. Para ser Subsecretario de las salas y de los juzgados, se requiere cubrir los
mismos requisitos previstos en el artículo 72 de esta Ley.
ARTICULO 77. Son obligaciones y atribuciones de los subsecretarios, las siguientes:
I. (DEROGADA, P.O. 18 JUNIO 2011)
II. Llevar libros de registro de expedientes en los cuales se asienten todos los datos sobre trámite y
resolución que se dicten en cada negocio, así como organizar los minutarios correspondientes;
III. Inventariar rigurosamente los expedientes que se encuentren en trámite y vigilar el envío de los
que pasen al archivo, anotando todos los datos que faciliten su localización;
(REFORMADA, P.O. 18 JUNIO 2011)
IV. Sellar y foliar las actuaciones, oficios y demás documentos que lo requieran, y
V. Las demás que les señalen las leyes, reglamentos y acuerdos generales.
Sección Tercera
De los Secretarios de Estudio y Cuenta
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 78. En cada una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia, y en los juzgados, habrá
los secretarios de estudio y cuenta autorizados y nombrados por el Consejo de la Judicatura.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 79. Los secretarios de estudio y cuenta deben reunir los mismos requisitos previstos en
el artículo 72 de esta Ley.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 80. Los secretarios de estudio y cuenta tienen la obligación de elaborar, previo estudio
íntegro de los asuntos que les sean turnados, dando cuenta de los mismos a la brevedad posible y
elaborar de inmediato, con estricto apego a las constancias procesales y bajo su responsabilidad,
el respectivo proyecto de resolución, con sujeción al lineamiento indicado por el Superior, guardando
el secreto inherente a su cargo.
Sección Cuarta
De los Actuarios
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 81. Para ser Actuario se deberán cubrir los requisitos previstos en el artículo 72 de la
presente Ley.
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ARTICULO 82. Son obligaciones y atribuciones de los actuarios, las siguientes:
I. Practicar con estricto apego a la ley, las notificaciones y diligencias que les sean ordenadas,
dentro del término que les fuere señalado;
II. Devolver los expedientes o actuaciones, previas las anotaciones correspondientes, a más
tardar al día siguiente de haber practicado las notificaciones o diligencias ordenadas, y
III. Las demás que en forma expresa les sean encomendadas por las leyes, reglamentos o
acuerdos generales.
ARTICULO 83. Los actuarios tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 84. En los juzgados donde no haya Actuario, esa función la desempeñará el
Secretario de Acuerdos, o la persona que el Juez habilite para tal efecto.
Sección Quinta
Del Personal de Apoyo
ARTICULO 85. En cada Sala y juzgado, así como en las oficinas administrativas de los órganos
de apoyo, habrá el personal autorizado y nombrado por el Consejo de la Judicatura.
Los escribientes y empleados del Tribunal y de los juzgados, desempeñarán las funciones que los
reglamentos fijen.
TITULO TERCERO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CAPITULO I
De la Integración y Funcionamiento
ARTICULO 86. El Poder Judicial del Estado contará con un Consejo de la Judicatura, encargado
de la administración, vigilancia, disciplina y promoción de la carrera judicial, en los términos que
establecen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y esta Ley.
ARTICULO 87. El Consejo de la Judicatura velará, en todo momento, por el respeto a la autonomía
del Poder Judicial del Estado, y por la independencia e imparcialidad de los miembros de éste
último.
ARTICULO 88. El Consejo de la Judicatura estará integrado por cuatro consejeros, en los términos
del artículo 90 de la Constitución Política del Estado, y funcionará en Pleno o a través de
comisiones.
(REFORMADO, P.O. 30 JUNIO 2014)
El Consejo de la Judicatura contará con aquellas comisiones permanentes o transitorias de
composición variable que determine el Pleno del mismo, debiendo existir en todo caso las de
administración y presupuesto, carrera judicial, disciplina, y la de adscripción.
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Las comisiones serán colegiadas o unitarias y tendrán las facultades que establezca el reglamento
expedido por el Pleno del propio Consejo, en el que además se establecerá la organización y
funcionamiento de las mismas.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 89. El Consejo de la Judicatura estará presidido por el Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado y, en ausencia de éste, lo presidirá el Magistrado de mayor
antigüedad atendiendo al decreto de su designación, quien ejercerá las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Estado y esta Ley.
CAPITULO II
De las Sesiones
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 90. El Consejo de la Judicatura sesionará cuando menos una vez a la semana,
correspondiendo la convocatoria al Presidente del mismo, a la que se agregará el orden del día,
en el que necesariamente se incluirán asuntos generales
El Pleno del Consejo de la Judicatura también podrá sesionar a solicitud de cualquiera de sus
integrantes. Dicha solicitud deberá presentarse al Presidente del propio Consejo, a fin de que emita
la convocatoria correspondiente en los términos del párrafo anterior.
ARTICULO 91. Para que el Pleno del Consejo de la Judicatura pueda sesionar válidamente, se
requiere la presencia de cuando menos tres consejeros.
ARTICULO 92. Las resoluciones del Pleno del Consejo se tomarán por mayoría calificada de tres
votos. Los consejeros no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan impedimento legal.
El consejero que disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el
acta respectiva, si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
El Pleno del Consejo de la Judicatura calificará los impedimentos de sus miembros que hubieran
sido planteados en asuntos de su competencia, y si el impedido fuera el Presidente, será sustituido
por el Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, en los términos del artículo 89 de esta ley.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 93. Las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de la Judicatura,
constarán en acta y deberán notificarse personalmente a la brevedad posible a las partes
interesadas. La Ejecución de las mismas, deberá realizarse de inmediato por conducto de los
órganos del propio Consejo de la Judicatura o del Juzgado que actúe en auxilio de éste.
Cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura estime que sus reglamentos, acuerdos o
resoluciones pudieran resultar de interés general, deberá ordenar su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
CAPITULO III
De sus Atribuciones
ARTICULO 94. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura:
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(REFORMADA, P.O. 12 OCTUBRE 2010)
I.-Formular anualmente, con la aprobación del Supremo Tribunal de Justicia, el presupuesto de
egresos del Poder Judicial, el cual deberá incluir los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos, en los términos del artículo 92
segundo párrafo de la Constitución Política del Estado;
II.-Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado;
III. Administrar los recursos humanos, financieros y los bienes muebles e inmuebles del Poder
Judicial del Estado, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento;
IV- Nombrar, y remover por causa justificada, a los servidores judiciales;
V.- Designar al Secretario y los titulares de los órganos auxiliares del propio Consejo;
(REFORMADA P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
VI.-Dirigir la Escuela Judicial, la Contraloría y las demás unidades y áreas de apoyo técnico y
administrativo del Poder Judicial;
VII.- Acordar el retiro forzoso de los jueces de Primera Instancia y menores;
(REFORMADA P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
VIII.- Crear o suprimir las plazas de jueces; secretarias y secretarios de acuerdos, de estudio y
cuenta; secretarias y secretarios instructores; actuarias y actuarios y demás servidoras y servidores
judiciales que sean necesarios, otorgando los nombramientos con pleno apego a la carrera judicial,
a los procedimientos de concurso y exámenes de aptitud que establece la presente Ley, y
resolver sobre su ratificación, adscripción, remoción y renuncia;
IX.- Nombrar a los titulares de los órganos auxiliares del Poder Judicial del Estado; resolver sobre
sus ascensos, renuncias y licencias; removerlos por causa justificada o suspenderlos en los
términos que determinen las leyes y acuerdos correspondientes; y formular denuncia o querella en
los casos que proceda;
X.- Recibir la protesta de ley de los servidores públicos judiciales, exceptuando a los magistrados,
en la forma y términos que establece la Constitución Política del Estado;
XI.- Conceder licencia al personal del Poder Judicial para separarse de su cargo, por más de cinco
días y hasta por seis meses sin goce de sueldo en el periodo de un año; y conceder permisos con
goce de sueldo hasta por cinco días;
XII.- Autorizar a los secretarios de los juzgados de Primera Instancia y menores, para desempeñar
las funciones de los jueces respectivos, en las ausencias temporales de los titulares, y facultarlos
para designar secretarios interinos;
XIII.-Fijar con la aprobación del Supremo Tribunal, el calendario y el horario oficial de labores del
Poder Judicial, así como los periodos vacacionales de los servidores judiciales, y acordar la
suspensión de labores en los casos en que oficialmente no esté determinado;
XIV.-Proponer al Congreso del Estado, la modificación de las demarcaciones y del número de los
distritos judiciales en que se divida el territorio del Estado;
XV.-(DEROGADA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
XVI.-Determinar el número y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados en cada uno
de los distritos judiciales, así como la competencia territorial y ubicación de los juzgados menores;
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XVII.-Instrumentar y aplicar la carrera judicial en los términos de lo dispuesto en esta Ley;
XVIII.-Dirigir las labores de compilación y sistematización de tesis y jurisprudencia, implementando
las acciones necesarias a fin de lograr la difusión de las mismas;
XIX.-Establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado funcionamiento del
Consejo, y designar a los consejeros que deban integrarlas;
XX.- (DEROGADA, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
XXI.- Encargarse del cumplimiento de las obligaciones que impone al Poder Judicial, la Ley de
Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado;
XXII.-Despachar la correspondencia a través de la Secretaría;
XXIII.- Vigilar que los jueces, secretarios y demás servidores del Poder Judicial, cumplan con
sus deberes respectivos, dictando las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina de los
mismos;
(REFORMADA, P.O. 02 JULIO 2014)
(REFORMADA P.O. 20 OCTUBRE 2020)
(REFORMADA P.O. 18 MARZO DE 2024)
XXIV.- Llevar el seguimiento de los actos del desempeño del personal del Poder Judicial del
Estado, para evaluar y resolver sobre las designaciones, promociones, ratificaciones, y
reelecciones, sanciones o remociones que corresponda, conforme a los lineamientos de la carrera
Judicial y las disposiciones constitucionales; además llevar un registro referente a las sanciones
impuestas e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones de los servidores
públicos, así como los medios de impugnación y su resolución con carácter definitivo, para lo cual
deberá realizar la captura, así como el envío oportuno y veraz de la información al Instituto de
Fiscalización Superior del Estado, para ser inscrito en el Registro Estatal de Servidores Públicos
Sancionados e Inhabilitados, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado y Municipios de San Luis Potosí;
XXV.-Llevar la estadística del Poder Judicial, a través de la Unidad de Estadística y Seguimiento;
XXVI.-Convocar periódicamente a foros y reuniones estatales y regionales de magistrados, jueces,
asociaciones profesionales representativas e instituciones de educación superior, a fin de evaluar
el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial del Estado, y proponer las medidas pertinentes
para mejorarlo;
XXVII.-Vigilar los juzgados del Estado por conducto de la Visitaduría, conforme lo establece la
presente Ley;
XXVIII.-Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo de la
Judicatura;
XXIX.-Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando estime que se ha
cometido una falta grave, o cuando así lo solicite el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, sin perjuicio de las facultades que le correspondan a la Visitaduría Judicial o a la
Contraloría del Poder Judicial del Estado;
XXX.-Recibir quejas o informes sobre demora, excesos o faltas en el despacho de los negocios
judiciales, dictando al respecto las providencias del caso;
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XXXI.-Resolver las quejas administrativas y los procedimientos de responsabilidad que se inicien
en contra de los servidores públicos del Poder Judicial, en los términos que dispone esta Ley,
incluyendo las relativas a los impedimentos previstos en la Constitución Política del Estado, de los
correspondientes miembros del Poder Judicial del Estado, salvo las que se refieran a los
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia;
XXXII.-Imponer las sanciones administrativas que le competan de conformidad con la presente
Ley;
XXXIII.-Suspender en sus cargos a los jueces y demás personal del Poder Judicial, por resolución
propia o a solicitud de la autoridad que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra.
En este caso, la resolución que se dicte deberá comunicarse a la autoridad que la hubiere
solicitado;
XXXIV.-Formular denuncia o querella en contra de los jueces y demás servidores judiciales
cuando sea procedente;
XXXV.-Apercibir, amonestar e imponer multas hasta de doscientos días del importe del salario
mínimo general vigente de la zona económica que corresponde al Estado, al día de cometerse la
falta, a las personas que falten el respeto a alguno de los integrantes u órganos del Poder Judicial
del Estado, en las promociones que hagan ante el Consejo de la Judicatura;
XXXVI.-Dictar los acuerdos generales para la organización y funcionamiento de sus órganos
auxiliares;
XXXVII.-Expedir los reglamentos en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y
régimen disciplinario del Poder Judicial del Estado, y todos aquellos acuerdos generales que fueren
necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, en términos de lo previsto en la
Constitución Política del Estado; y ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de
aquellos que considere de interés general;
XXXVIII.-Dictar las medidas generales que estime convenientes para que en los procedimientos
judiciales, la impartición de la justicia sea expedita, pronta, imparcial y gratuita;
XXXIX.-Emitir, mediante acuerdos generales, las bases para que las adquisiciones,
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier
naturaleza y la contratación de obra que realice el Poder Judicial del Estado, en ejercicio de su
Presupuesto de Egresos, se ajusten a los criterios contemplados en la Constitución Política del
Estado y a la normatividad aplicable;
XL.-Establecer los acuerdos generales para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y
procedimientos administrativos internos, así como los servicios al público;
(ADICIONADA P.O. 25 FEBRERO 2022)
XLI. Expedir, a propuesta del Supremo Tribunal de Justicia, y a través de quien lo preside,
acuerdos que contengan las medidas que permitan la instrumentalización de expedientes en forma
electrónica, mediante el empleo de tecnologías de la información que utilicen la firma electrónica,
con la implementación de métodos modernos para la expedita y eficaz impartición de justicia en el
Estado, en sustento de lo previsto en las fracciones, IX, y XI, del artículo 91, de la Constitución
Política del Estado de San Luis Potosí;
XLII.-Fijar los acuerdos generales para establecer bases y directrices de la política informática, y
de información estadística, que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial del
Estado;
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XLIII.-Establecer el reglamento necesario para el ingreso, estímulos, reconocimientos,
capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo del
Supremo Tribunal de Justicia, y de los juzgados de primera instancia y menores;
XLIV.-Dictar los acuerdos generales para regular el turno de los asuntos de la competencia de los
juzgados de Primera Instancia o de los juzgados menores, cuando en un mismo lugar haya varios
de ellos;
(REFORMADA, P.O. 01 AGOSTO 2013)
XLV.-Dictar las disposiciones necesarias para la recepción, control y destino de los bienes
asegurados y decomisados;
(REFORMADA, P.O. 01 AGOSTO 2013)
XLVI.-Determinar por necesidades de la función jurisdiccional, los distritos o regiones geográficas
en que deban ejercer sus funciones, y
(ADICIONADA, P.O. 01 AGOSTO 2013)
XLVII.-Las demás que le confiera la ley.
ARTICULO 95. El Pleno del Consejo de la Judicatura podrá establecer, mediante acuerdos
generales, publicados en la Gaceta Judicial, cuáles atribuciones podrán ser ejercidas por las
comisiones que forme el propio Pleno.
Las comisiones tendrán facultades decisorias o consultivas, según lo determine el Reglamento
expedido por el Pleno del Consejo.
CAPITULO IV
De su Presidente
ARTICULO 96. Son atribuciones del Presidente del Consejo de la Judicatura, las siguientes:
I. Presidir el Pleno del Consejo de la Judicatura, dirigir los debates y conservar el orden en las
sesiones;
II. Representar al Consejo de la Judicatura;
III. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura, y turnar los
expedientes a sus diferentes integrantes, para que formulen los correspondientes proyectos de
resolución;
IV. Designar, en caso de que estime dudoso o trascendental algún trámite, a un Consejero
ponente para que someta el asunto a la consideración del Pleno del Consejo, a fin de que éste
determine lo que corresponda;
V. Firmar las resoluciones y acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura, y legalizar, por sí o
por conducto del Secretario Ejecutivo que al efecto designe, las firmas de los servidores públicos
del Poder Judicial del Estado, en los casos que la ley exija este requisito;
VI. Despachar la correspondencia oficial del Consejo, salvo la reservada a los presidentes de las
comisiones;
VII. Informar al Congreso y al Gobernador del Estado, de las vacantes que se produzcan en el
Consejo de la Judicatura, que deban ser cubiertas mediante sus respectivos nombramientos;
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VIII. Vigilar el contenido de la Gaceta;
IX. Dirigir por escrito a los servidores judiciales, excitativas de justicia, a petición fundada de parte,
y
X. Las demás que determinen las leyes y los correspondientes reglamentos y acuerdos
generales.
CAPITULO V
De los Órganos Auxiliares
(REFORMADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
(REFORMADO P.O. 24 MAYO 2018)
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 97. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura contará con los
siguientes órganos auxiliares: Escuela Judicial; la Visitaduría Judicial; la Contraloría del Poder
Judicial del Estado; la Dirección Jurídica; la Unidad de Estadística y Seguimiento; y el Centro
Estatal de Medición y Conciliación.
ARTICULO 98. Los titulares de los órganos del Consejo que se señalan en el artículo anterior,
deberán tener título legalmente expedido, de una profesión afín a las funciones que deban
desempeñar, con experiencia profesional mínima de cinco años.
CAPITULO VI
Del Personal
ARTICULO 99. El Pleno del Consejo de la Judicatura contará con los secretarios ejecutivos y
personal subalterno que pueda incluirse en el presupuesto, los cuales podrán ser nombrados y
removidos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
ARTICULO 100. Los secretarios ejecutivos apoyarán las labores del Consejo, deberán tener título
profesional legalmente expedido en alguna profesión afín a las facultades del Consejo de la
Judicatura, y contar con experiencia profesional mínima de tres años.
TITULO CUARTO
DE LOS ORGANOS DE APOYO DEL PODER JUDICIAL
CAPITULO I
Del Secretariado Ejecutivo
ARTICULO 101. El Consejo de la Judicatura contará con un Secretariado Ejecutivo, el cual estará
integrado, cuando menos, por los siguientes secretarios:
I. El Secretario Ejecutivo de Administración;
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II. El Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, y
III. El Secretario Ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial.
ARTICULO 102. La atención de los asuntos de carácter administrativo del Poder Judicial quedará
a cargo del Consejo de la Judicatura, a través del Secretariado Ejecutivo de Administración.
ARTICULO 103. El Secretariado Ejecutivo de Administración contará con las áreas de Recursos
Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros; se organizará y funcionará de acuerdo con
lo que disponga el Reglamento Interior.
ARTICULO 104. El Secretariado Ejecutivo de Administración se auxiliará por el personal que
autorice el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a su presupuesto.
ARTICULO 105. Los asuntos concernientes a la vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estarán
al cargo del Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, del que dependerán la Contraloría y
la Visitaduría Judicial.
El Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina se auxiliará para su mejor desempeño, del
personal que autorice el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a su presupuesto.
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 106. El Secretariado Ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial será responsable de la
Escuela Judicial, de la Gaceta Judicial, de la Biblioteca y de la Oficialía de Partes; y se apoyará por
el personal que autorice el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con su presupuesto.
CAPITULO II
De la Contraloría
ARTICULO 107. La Contraloría del Poder Judicial dependiente del Consejo de la Judicatura, a
través del Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, tendrá a su cargo las facultades de
control y la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rijan a
los órganos, servidores públicos y empleados del propio Poder Judicial del Estado.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 108. La Contraloría se integrará con un Contralor y el personal necesario para el
cumplimiento de sus funciones, designado por el Consejo de la Judicatura, a propuesta de su
Presidente.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 109. La Contraloría tendrá las siguientes atribuciones:
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de control establecidas por la ley y el Consejo de la
Judicatura;
II. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órganos administrativos, de las obligaciones
derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos,
financiamiento, patrimonio y fondos;
(REFORMADA P.O. 20 OCTUBRE 2020)
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III. Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores
públicos del Poder Judicial del Estado, a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí;
IV. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas
de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos
materiales del Poder Judicial del Estado, y
V. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y los acuerdos generales
correspondientes.
CAPITULO III
De la Visitaduría Judicial
ARTICULO 110. La Visitaduría Judicial es el órgano dependiente del Consejo de la Judicatura, a
través del Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, competente para inspeccionar el
funcionamiento de las salas del Supremo Tribunal de Justicia, de los juzgados de Primera
Instancia y menores; y para supervisar la conducta y desempeño de los integrantes de estos
órganos.
La vigilancia de la función jurisdiccional de los magistrados, así como las resoluciones disciplinarias
sobre los mismos, estarán a cargo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
ARTICULO 111. Las funciones que en esta Ley se confieren a la Visitaduría Judicial serán
ejercidas por los visitadores, quienes tendrán el carácter de representantes del Consejo de la
Judicatura.
ARTICULO 112. Para ser Visitador se requiere:
(REFORMADA P.O. 20 MAYO 2021)
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y
II. Tener título legalmente expedido de abogado, licenciado en derecho o en ciencias jurídicas, y
experiencia profesional de cuando menos cinco años.
ARTICULO 113. La designación de los visitadores, se hará por el Consejo de la Judicatura,
mediante concurso de oposición.
El Consejo de la Judicatura establecerá los sistemas que permitan evaluar de manera periódica el
desempeño y la honorabilidad de los visitadores.
ARTICULO 114. Los visitadores, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el Secretariado
Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, deberán inspeccionar de manera ordinaria los juzgados cuando
menos dos veces por año, de conformidad con las disposiciones generales que en esta materia
emita el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura ordenará visitas extraordinarias o la integración de comités de
investigación, siempre que, a su juicio, existan elementos que hagan presumir irregularidades
cometidas por los jueces o el personal bajo sus órdenes, o cuando exista queja de parte
interesada.
En las visitas se revisará el periodo que determine el Consejo de la Judicatura, y durarán el tiempo
necesario para tal efecto.
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ARTICULO 115. El Consejo de la Judicatura procurará que los visitadores no inspeccionen y
supervisen a los mismos órganos judiciales en forma consecutiva. Ningún visitador podrá visitar los
mismos órganos jurisdiccionales por más de dos años.
ARTICULO 116. Los visitadores notificarán con diez días hábiles de anticipación al titular del
órgano jurisdiccional, de la visita ordinaria que vayan a practicar, a fin de que procedan a fijar el
correspondiente aviso en los estrados, a más tardar el día hábil siguiente del en que se reciba la
notificación, para el efecto de que las personas interesadas puedan acudir a la visita y manifestar
sus quejas o denuncias.
El aviso hará mención de los días y horas en que se podrán manifestar las quejas y denuncias.
ARTICULO 117. En las visitas ordinarias a los juzgados, los visitadores, considerando las
particularidades de cada órgano, realizarán, además de lo que específicamente determine el
Consejo de la Judicatura, lo siguiente:
I. Verificar la lista del personal;
II. Verificar que los valores estén debidamente resguardados;
III. Comprobar si se encuentran inventariados y asegurados los instrumentos del delito y los
bienes afectos al mismo;
IV. Revisar los libros de gobierno a fin de determinar si se encuentran en orden y contienen los
datos requeridos;
(REFORMADO, P.O. 12 SEPTIEMBRE 2006)
(REFORMADA, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADA P.O. 03 JUNIO 2017)
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
(REFORMADA P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
V. Hacer constar el número de asuntos, penales; civiles; mercantiles; familiares; laborales; de
justicia penal para adolescentes; y de ejecución de penas y medidas de seguridad, concluidos y en
trámite, así como de los juicios de amparo que se hayan promovido en contra del órgano visitado,
durante el lapso que comprende la revisión;
VI. Determinar si los procesados en libertad caucional han cumplido con la obligación de
presentarse en los plazos fijados, y si durante la suspensión de un proceso prescribió la acción
penal;
VII. Examinar los expedientes penales, civiles y familiares que se estime conveniente, y que
permitan evaluar y verificar que las resoluciones y acuerdos hayan sido dictados y cumplidos
oportunamente; si las notificaciones y diligencias se efectuaron en los plazos legales; si los
exhortos y despachos han sido diligenciados; y si se han observado los términos y demás
garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los procesados y
a los ofendidos, y
VIII. Recomendar en su caso, que en los procesos rezagados se pronuncie sentencia a la
brevedad, y dejar constancia en el expediente.
ARTICULO 118. De toda visita de inspección deberá levantarse acta circunstanciada, en la cual se
hará constar el desarrollo de la misma; las quejas o denuncias presentadas en contra de los
titulares y demás servidores públicos del órgano visitado; las manifestaciones que respecto de la
visita o del contenido del acta éstos quisieran formular; y firmará el Juez que corresponda y el
Visitador.
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El acta de la visita se levantará por triplicado, uno de cuyos ejemplares se entregará al titular del
órgano visitado, y el original al Consejo de la Judicatura, para que determine lo que corresponda.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 24 MAYO 2018)
(REFORMADA SU DENOMINACION P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
CAPITULO IV
De la Escuela Judicial
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 119. La Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Judicatura, a través del
Secretariado Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial, es el órgano encargado de la investigación
jurídica, sensibilización, formación, profesionalización, especialización, capacitación y actualización
de las personas integrantes del Poder Judicial, y de quienes aspiren pertenecer a éste
El funcionamiento y atribuciones de la Escuela Judicial se regirán por las normas que determine el
Consejo de la Judicatura, en el reglamento respectivo.
La Escuela Judicial podrá establecer extensiones regionales, apoyar los programas y cursos en los
términos que les sea solicitados, y coordinarse con las instituciones de educación superior del país,
para que éstas le auxilien en la realización de sus tareas y atribuciones.
(ADICIONADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 119 BIS. La Escuela Judicial se integrará por:
I. Un Comité Académico;
II. La Dirección;
III. La Subdirección,
IV. Un área de investigación judicial;
V. Un área de investigación en derechos humanos y género;
VI. El personal administrativo que sea necesario y permita la disponibilidad presupuestal.
VII. El personal académico integrado por servidores y servidoras judiciales con grado de Maestría o
Doctorado, y
VIII. En su caso, las extensiones regionales.
Le corresponde al Pleno de la Judicatura el expedir los nombramientos del personal, incluyendo los
de la Dirección y Subdirección, así como los contratos de prestación de servicios que se requieran
para la planta docente y administrativa.
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 120. La Escuela Judicial tendrá un Comité Académico presidido por quien ocupe su
Dirección, integrado por cuando menos cuatro integrantes, todos de carácter honorífico,
designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, para ejercer por un periodo de dos años, de
entre personas con reconocida experiencia profesional y académica.
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(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 121. El Comité Académico tendrá como función determinar, de manera conjunta con la
persona que ocupe la Dirección, los programas de investigación, preparación y capacitación de las
y los alumnos de la Escuela Judicial; los mecanismos de evaluación y rendimiento; la elaboración
de proyectos reglamentarios; y las reglas para la participación en los exámenes de oposición.
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 122. Los programas que imparta la Escuela Judicial tendrán como objeto lograr que las
y los integrantes del Poder Judicial del Estado, o quienes aspiren a ingresar a éste, fortalezcan los
conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado desempeño de la función judicial
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
Para ello, la Escuela Judicial establecerá los programas y cursos tendientes a:
I. Desarrollar el conocimiento práctico de los trámites, diligencias y actuaciones que forman parte
de los procedimientos y asuntos de la competencia del Poder Judicial del Estado;
II. Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia de preparación y ejecución de actuaciones
judiciales;
III. Reforzar, actualizar y profundizar los conocimientos respecto del ordenamiento jurídico
positivo, la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional, como de los sistemas jurídicos extranjeros;
IV. Proporcionar y desarrollar técnicas de análisis, argumentación e interpretación, que permitan
valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos, así como
formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones judiciales;
V. Difundir las técnicas de organización en la función jurisdiccional;
VI. Contribuir al desarrollo de la vocación de servicio, así como al ejercicio de los valores y
principios éticos inherentes a la función judicial;
VII. Promover el intercambio académico con instituciones de educación superior, y
VIII. Las demás que le encomiende el Consejo de la Judicatura.
(ADICIONADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 122 BIS. Los cursos y programas que se impartan en la Escuela Judicial podrán ser
presenciales, semi presenciales o en modalidad de educación a distancia por medios electrónicos.
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 123. La Escuela Judicial llevará a cabo cursos de preparación para los exámenes
correspondientes, a las distintas categorías que componen la carrera judicial.
(REFORMADO P.O. 24 MAYO 2018)
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 124. La Escuela Judicial, contará con dos áreas de investigación; una que tendrá como
función primordial realizar los estudios necesarios para el desarrollo y mejoramiento de las
funciones del Poder Judicial del Estado; y la segunda, especializada en género y derechos
humanos, teniendo como función la realización de los estudios necesarios para el desarrollo y
mejoramiento de las funciones del Poder Judicial del Estado en esta materia.
(ADICIONADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
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ARTÍCULO 124 BIS. Para ocupar la Dirección de la Escuela Judicial, se requiere tener título
legalmente expedido, de una profesión afín a las funciones que deban desempeñar, con
experiencia profesional mínima de cinco años.
(ADICIONADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 124 TER. La Dirección de la Escuela Judicial tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dirigir, administrar y coordinar las actividades de la Escuela Judicial;
II. Proponer el proyecto de presupuesto anual de la Escuela Judicial y de capacitación al Pleno del
Consejo de la Judicatura, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo de Administración;
III. Presidir las reuniones del Comité Académico;
IV. Proponer e instrumentar mecanismos para la difusión de los estudios e investigaciones
desarrolladas en la Escuela Judicial;
V. Rendir, informes mensuales y anuales de las actividades realizadas al Pleno del Consejo de la
Judicatura y su Presidencia;
VI. Elaborar el programa operativo anual de la Escuela Judicial, así como los proyectos
estratégicos y demás procesos de planeación que le instruya el Pleno del Consejo de la Judicatura;
VII. Dar seguimiento a los proyectos e iniciativas que surjan en el seno del Comité Académico;
VIII. Presentar al Pleno del Consejo de la Judicatura propuestas de personas y perfiles para
incorporarse al Instituto en las áreas de investigación, docencia y cargos administrativos;
IX. Gestionar los convenios de colaboración que se le encomienden, con instituciones públicas y
privadas, así como de educación superior y coordinarse con la Dirección Jurídica del Consejo, para
la elaboración de los mismos;
X. Gestionar y sugerir la adquisición del acervo documental que resulte necesario para la consulta
de las y los alumnos de la Escuela Judicial, en coadyuvancia con la Biblioteca del Poder Judicial
José Francisco Pedraza Montes;
XI. Verificar que las actividades docentes y académicas se realicen conforme a la normatividad
aplicable, así como en apego a los planes y programas de estudio;
XII. Informar a sus superiores jerárquicos, sobre las decisiones y acuerdos adoptados en el seno
del Comité Académico;
XIII. Realizar los estudios previos y someter a consideración del Pleno del Consejo de la
Judicatura, el establecimiento de extensiones regionales en diversas regiones del Estado que sean
necesarias para el desarrollo de las funciones y cumplimiento de los objetivos de la Escuela
Judicial;
XIV. Gestionar apoyos y fondos externos para el financiamiento de investigaciones en beneficio del
Poder Judicial, ante instituciones académicas públicas, paraestatales y privadas, nacionales y
extranjeras, y
XV. Las demás que establezcan los reglamentos y los acuerdos que al efecto expida el Pleno del
Consejo de la Judicatura, así como lo que le instruyan la Comisión de Carrera Judicial y el
Secretariado Ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial.
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CAPITULO V
De la Oficialía de Partes Común
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 125. Para el turno de los diversos asuntos que se presenten, existirán oficinas
denominadas oficialías de partes común para los diversos juzgados, en los distritos judiciales y
regiones en que sean necesarias.
En los juzgados penales del distrito judicial de la Capital del Estado, la distribución de los asuntos
se hará diariamente, en forma equitativa y sucesiva, correspondiendo a cada juzgado conocer
conforme al orden recibido de un delito grave, y otro que no lo sea.
ARTICULO 126. El personal estará integrado por un Oficial y los auxiliares que sean necesarios.
ARTICULO 127. El Oficial de Partes tendrá bajo su responsabilidad el control de registros de
recepción y el turno de los respectivos negocios.
ARTICULO 128. Los turnos de los diversos asuntos deberán ser hechos conforme al sistema que
establezca el Consejo de la Judicatura.
CAPITULO VI
De los Peritos Médicos
ARTICULO 129. El Servicio Médico Legal dependerá del Consejo de la Judicatura, y se
desempeñará por médicos legistas, preferentemente por aquellos que tengan especialidad en la
materia forense. En los lugares donde no los haya, se procederá en los términos que señale el
Código de Procedimientos respectivo.
ARTICULO 130. El Servicio Médico Legal estará integrado por un Director y los demás servidores
públicos que determinen los reglamentos y acuerdos generales del Consejo de la Judicatura.
ARTICULO 131. Para ser médico legista se requiere:
I. Ser mexicano, preferentemente potosino;
II. (DEROGADA, P.O. 20 DE MAYO DE 2021)
III. Poseer título de médico cirujano, registrado ante la Dirección General de Profesiones, y la
Secretaría de Salud;
IV. Tener cuando menos dos años de ejercicio profesional, y
V. Ser de notoria buena conducta.
ARTICULO 132. Son obligaciones y facultades de los médicos legistas, las siguientes:
I. Practicar sin demora el reconocimiento de los lesionados cuando para ello sean requeridos por
las autoridades, y expedir los certificados relativos con la certificación probable o definitiva de las
lesiones;
II. Intervenir en las actas de inspección y descripción de cadáveres que levante el Ministerio
Público, redactando en ellas el parte médico legal;
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III. Practicar las autopsias que ordenen las autoridades, expedir los certificados relativos y dar
aviso al Oficial del Registro Civil;
IV. Recoger y entregar los objetos y las substancias que se encontraren con motivo de los
reconocimientos practicados, y que puedan servir para el esclarecimiento del hecho que se
investigue;
V. Rendir al Consejo de la Judicatura un informe mensual de las labores desarrolladas, y
VI. Las demás que les encomienden las leyes y el Reglamento Interior.
ARTICULO 133. El peritaje de los asuntos que se presenten ante las autoridades judiciales es una
función pública, y la designación que deba hacer el Juez de los peritos respectivos deberá
ajustarse a la ley correspondiente.
ARTICULO 134. Salvo los servidores a que se refiere el artículo anterior, los demás servidores
judiciales en ningún caso pueden intervenir como peritos.
CAPITULO VII
Del Archivo Judicial
ARTICULO 135. El Poder Judicial contará con un Archivo Judicial, el cual dependerá del Consejo
de la Judicatura, quien dictará las medidas y prevenciones que estime convenientes para su
organización y preservación; para tal efecto, deberá practicar cuando menos una visita de
inspección al año.
(REFORMADO P.O. 20 OCTUBRE 2020)
Para la consulta y expedición de documentos que se encuentren depositados en el archivo, deberá
observarse lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de San Luis Potosí.
ARTICULO 136. Se depositarán en el Archivo Judicial:
(REFORMADA, P.O. 12 SEPTIEMBRE 2006)
(REFORMADA, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADA P.O. 20 AGOSTO 2018)
I. Todos los expedientes del orden civil, familiar y penal, y los relativos a la justicia para
adolescentes, concluidos, tanto por el Supremo Tribunal de Justicia, como por los juzgados de los
diversos distritos y regiones judiciales;
II. Los expedientes que aún cuando no estén concluidos, hayan dejado de tramitarse por cualquier
motivo por un lapso de seis meses;
III. Los documentos que remitan la áreas administrativas del Poder Judicial o el Consejo de la
Judicatura, y
IV. Los demás documentos que el Supremo Tribunal de Justicia determine.
ARTICULO 137. Para el depósito de los expedientes y documentos a que se refiere el artículo
precedente, la Presidencia, las salas del Tribunal y los juzgados, llevarán un inventario por
duplicado de cada remisión. Al calce del inventario el responsable del archivo pondrá una
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constancia de su recibo, dando cuenta por escrito al Presidente del Tribunal, con copia al Consejo
de la Judicatura.
ARTICULO 138. Sólo a petición de las partes, o de autoridad judicial, la Dirección del Archivo o los
subdirectores regionales, procederán a la devolución de algún expediente que se encuentre
depositado en el Archivo Judicial del Estado, previa la solicitud de parte interesada o de la
autoridad judicial.
ARTICULO 139. El examen de libros, documentos o expedientes del archivo, sólo podrá permitirse
a las partes, en presencia del encargado y dentro del mismo.
ARTICULO 140. No se permitirá por ningún motivo a los empleados del archivo, extraer los libros,
documentos o expedientes guardados en el mismo.
ARTICULO 141. El Director del Archivo Judicial o quien haga sus funciones, a petición de alguna
de las partes o de autoridad, podrá expedir copia certificada de los documentos o expedientes que
estén depositados en esa oficina.
ARTICULO 142. El personal del Archivo Judicial del Estado se integrará por un Director, quien
deberá tener conocimientos en la materia, y con el personal que autorice el Consejo de la
Judicatura.
El Director deberá rendir en forma mensual al Consejo de la Judicatura, un informe general de las
actividades desarrolladas.
CAPITULO VIII
De la Biblioteca
ARTICULO 143. La Biblioteca del Supremo Tribunal de Justicia estará a cargo de un bibliotecario;
contará con el personal que sea necesario y que determine el Consejo de la Judicatura.
ARTICULO 144. La biblioteca estará al servicio de los funcionarios judiciales y del público en
general, pero sólo los primeros podrán extraer de ella los volúmenes que en general necesiten,
previo recibo.
CAPITULO IX
De la Gaceta Judicial
(REFORMADO, P.O. 12 SEPTIEMBRE 2006)
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADO P.O. 20 AGOSTO 2018)
ARTÍCULO 145. El Poder Judicial contará con una Gaceta que publicará por lo menos en forma
trimestral y tendrá por objeto dar a conocer la jurisprudencia, las tesis aisladas más notables que
se pronuncien en el ramo civil, familiar y penal, y en materia de justicia para adolescentes y, de
ejecución de sentencias y medidas de seguridad, por las salas y el pleno del Supremo Tribunal de
Justicia, así como los trabajos, artículos jurídicos y ejecutorias de amparo que se estimen
importantes.
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ARTICULO 146. El personal de la Gaceta Judicial será designado por el Consejo de la Judicatura,
a propuesta del Presidente del mismo, y dependerá de la Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis.
(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 01 DE AGOSTO DE 2013)
CAPITULO X
Del Centro Estatal de Medición y Conciliación
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTÍCULO 146 BIS. El Centro Estatal de Mediación y Conciliación es un órgano del Poder
Judicial del Estado, encargado de la administración, vigilancia, desarrollo, capacitación y
promoción de los procedimientos de mediación y conciliación, así como de la certificación,
autorización de la creación y vigilancia de los Centros Públicos y Privados en el Estado, conforme a
la Ley de Mediación y a su reglamento.
(ADICIONADO, P.O. 01 AGOSTO 2013)
ARTÍCULO 146 TER. Al Centro Estatal de Mediación y Conciliación corresponde la aplicación de la
mediación y la conciliación, como formas de solución de controversias en sede judicial, y contará
con el personal de apoyo que determine el Consejo de la Judicatura.
TITULO QUINTO
DE LA CARRERA JUDICIAL
CAPITULO I
Del Ingreso y Promoción
ARTICULO 147. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del
Poder Judicial del Estado, se hará mediante el sistema de carrera judicial, la cual se regirá por los
principios de excelencia, profesionalismo, probidad, objetividad, imparcialidad, independencia y
antigüedad, en su caso.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 148. La carrera judic ial , para efectos jurisdiccionales, estará integrada por
las siguientes categorías:
I. Juez de Primera Instancia;
II. Juez Menor;
(REFORMADA, P.O. 18 JUNIO 2011)
III. Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia;
IV. Secretario de Acuerdos;
(REFORMADA, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADA P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
V. Secretaria o Secretario Instructor;
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(REFORMADA, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADA P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
VI. Secretaria o Secretario de Acuerdos de Juzgado Menor;
(REFORMADA, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADA P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
VII. Secretaria o Secretario de Estudio y Cuenta;
(REFORMADA, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADA P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
VIII. Subsecretaria o Subsecretario del Supremo Tribunal de Justicia;
(ADICIONADA, P.O. 18 JUNIO 2011)
(REFORMADA P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
IX. Subsecretaria o Subsecretario, y
(ADICIONADA, P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
X. Actuaria o Actuario.
(REFORMADO, P.O. 18 JUNIO 2011)
ARTICULO 149. Las designaciones que deban hacerse en las categorías de la carrera judicial
a que se refiere el artículo anterior, ya sean definitivas o de carácter interino, deberán ser cubiertas
invariablemente mediante concurso de oposición, que podrá ser abierto; en las condiciones y
mediante los procedimientos que determine el Consejo de la Judicatura, tomando en consideración la
propuesta del titular del órgano jurisdiccional correspondiente donde se genera la vacante,
atendiendo el perfil de la persona que lo ocupará, así como su expediente personal.
ARTICULO 150. Los concursos de oposición se sujetarán al siguiente procedimiento:
I. El Consejo de la Judicatura emitirá una convocatoria que deberá ser publicada por una vez en
el Periódico Oficial del Estado, y en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación de la
Entidad.
En la convocatoria se especificará la categoría y la clase de concurso de que se trate; el lugar, día
y hora en que se llevarán a cabo los exámenes; así como el plazo, lugar de inscripción y demás
elementos que se estimen necesarios.
Los concursos podrán ser para cubrir una o más vacantes, o bien para contar con personal de
reserva para el caso en que las mismas deban cubrirse en forma inmediata;
II. Los aspirantes inscritos resolverán por escrito el o los exámenes de conocimientos generales
de derecho, y sobre las materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se
concursa; del número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa, las
cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso, hayan obtenido la más alta
calificación;
III. Los aspirantes seleccionados de conformidad con la fracción anterior, resolverán los casos
prácticos que se les asignen mediante la redacción de las respectivas resoluciones.
Posteriormente, se procederá a la realización de los exámenes psicológico, psicométrico y de
conocimientos, éste último será oral y público; pudiendo asistirse para la aplicación del primero, de
las instituciones especializadas que se estime pertinentes.
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La calificación final se determinará con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le
asigne al sustentante, de acuerdo con el porcentaje que para cada caso fije en la convocatoria
correspondiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura;
Al llevar a cabo su evaluación, el jurado se regirá por los principios de imparcialidad y objetividad.
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
En caso de empate se tomará en consideración los cursos que la persona sustentante haya
realizado y aprobado en la Escuela Judicial, la antigüedad en el Poder Judicial del Estado en su
caso, el desempeño y el grado académico, y
IV. Concluidos los exámenes orales se levantará un acta final, y el presidente del jurado declarará
quienes son los concursantes que resultaron ganadores y el medio de selección utilizado, e
informará de inmediato al Consejo de la Judicatura, para que realice los nombramientos
respectivos.
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 151. Los cuestionarios y casos prácticos serán elaborados por un comité, integrado por
un miembro del Consejo de la Judicatura, quien lo presidirá, por un magistrado o magistrada, o un
juez o jueza dependiendo de la categoría para la cual se concursa, y por una persona integrante de
la Escuela Judicial. La designación de los miembros del comité se hará en los términos que
establezca el reglamento respectivo de la Escuela Judicial.
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 152. El jurado encargado de la aplicación de los exámenes orales se integrará por:
I. Un Consejero o Consejera de la Judicatura, quien lo presidirá;
II. Un Magistrado o Magistrada y un Juez o Jueza, quienes serán designados por insaculación, y
III. Una persona designada por la Escuela Judicial.
Por cada titular se nombrará una persona suplente, designado en los términos que señale el
reglamento correspondiente.
A las y los miembros del jurado les serán aplicables los impedimentos legales, los cuales serán
calificados por el propio jurado.
La Presidencia del jurado tendrá voto de calidad en caso de empate.
ARTICULO 153. Los servidores judiciales que hayan obtenido el cargo por oposición, sólo podrán
ser removidos por las responsabilidades administrativas y mediante el procedimiento que establece
la presente Ley.
CAPITULO II
De la Adscripción y Ratificación
ARTICULO 154. Corresponde al Consejo de la Judicatura, de conformidad con los criterios
establecidos en el presente Capítulo, readscribir a los jueces a una competencia territorial o a un
órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran.
Ningún juez podrá permanecer en el juzgado de su adscripción por más de tres años, siendo
obligatoria su rotación.
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Siempre que ello fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este Capítulo, el Consejo de la
Judicatura establecerá las bases para que los jueces puedan elegir la plaza y materia del órgano
de adscripción.
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 155. En aquellos casos en que para la primera adscripción de jueces o juezas haya
más de una plaza vacante, el Consejo de la Judicatura tomará en consideración, de conformidad
con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos:
I. La calificación obtenida en el concurso de oposición;
(REFORMADA P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
II. Los cursos que haya realizado en la Escuela Judicial;
III. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional;
IV. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial del Estado, y
V. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así
como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente.
ARTICULO 156. Tratándose de cambios de adscripción se considerarán los siguientes elementos:
(REFORMADA P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
I. Los cursos de enseñanza y capacitación que se hayan realizado en Escuela Judicial;
II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado;
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así
como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente;
IV. Los resultados de las visitas de inspección, y
V. La disciplina y desarrollo profesional.
El valor de cada elemento se determinará en el reglamento respectivo, y deberá constar en las
resoluciones del Consejo de la Judicatura en que se acuerde un cambio de adscripción.
ARTICULO 157. Para la ratificación de jueces a que se refiere el primer párrafo del artículo 102 de
la Constitución Política del Estado, el Consejo de la Judicatura tomará en consideración los
siguientes elementos:
I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función;
II. Los resultados de las visitas de inspección;
III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así
como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente;
IV. No haber sido sancionado por falta grave con motivo de una queja de carácter administrativa,
y
V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados
con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación.
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CAPITULO III
De las Sustituciones y Ausencias
ARTICULO 158. Las faltas absolutas o las temporales de los magistrados propietarios, serán
cubiertas por los supernumerarios en el orden de su nombramiento. En el primer caso, los
magistrados supernumerarios permanecerán en el desempeño del cargo hasta que tome posesión
el magistrado numerario nombrado para cubrir la vacante.
ARTICULO 159. Cuando un Magistrado dejare de conocer algún asunto por impedimento,
recusación, excusa, o faltare accidentalmente al despacho, o esté ausente por un término no
mayor de treinta días, se integrará la Sala con un Magistrado de otra Sala del mismo ramo en el
orden que corresponda.
Cuando los tres magistrados que integren una Sala estuvieren impedidos o fueren recusados, el
negocio pasará al conocimiento de otra Sala del mismo ramo.
Si todos los magistrados de las salas del mismo ramo estuvieren impedidos de conocer o fueren
recusados, pasará el asunto a conocimiento de las salas del otro ramo, por su orden, y si éstas se
agotaren, se integrará una Sala con magistrados supernumerarios en el orden de su designación.
ARTICULO 160. Los jueces de Primera Instancia en sus ausencias que no excedan de sesenta
días, serán suplidos por los secretarios de acuerdos respectivos, quienes practicarán todas las
diligencias judiciales que se requieran, con excepción de pronunciar sentencias, salvo los casos en
que autorice el Pleno de la Judicatura, en atención a la urgencia del negocio de que se trate.
ARTICULO 161. La ausencia de los secretarios de acuerdos de las salas del Supremo Tribunal de
Justicia que no excedan de quince días, serán cubiertas por el secretario proyectista que designe
la Sala.
En los juzgados se cubrirán con otros secretarios, si hubiere dos o más, o en su defecto con un
actuario y a falta de éste, con dos testigos de asistencia designados por el Juez de entre los
empleados.
ARTICULO 162. Los consejeros, jueces y demás personal del Poder Judicial tendrán anualmente
dos periodos de vacaciones de quince días naturales cada uno, en la forma y tiempo que
determine el Consejo de la Judicatura.
Los periodos vacacionales de los magistrados serán determinados por el Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia.
CAPITULO IV
De los Estímulos y Recompensas
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 163. El Consejo de la Judicatura estimulará y recompensará a las y los servidores
judiciales, que se distingan por la eficiencia y excelencia en el ejercicio de su trabajo, espíritu de
servicio, asistencia y puntualidad.
El Consejo de la Judicatura establecerá, mediante acuerdos generales, acorde con su
presupuesto, un sistema de estímulos para las personas que integran las diversas categorías de la
carrera judicial. Dicho sistema tomará en consideración el desempeño en el ejercicio de su función,
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la capacitación recibida, o impartida en la Escuela Judicial, grado académico, antigüedad, arraigo
y los demás elementos que el propio Consejo estime necesarios.
Para tal efecto, implementará un sistema de indicadores de desempeño y evaluará objetivamente a
través de la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento, la información cuantitativa que
corresponda a cada servidor y servidora judicial, y tomará en cuenta la calidad humana y atención
que se preste en el ejercicio del trabajo; asimismo, promoverá la capacitación constante y
sistemática del personal en las diversas áreas de desarrollo profesional y humano.
TITULO SEXTO
DE LA JURISPRUDENCIA LOCAL
CAPITULO UNICO
(REFORMADO, P.O. 30 JUNIO 2014)
ARTICULO 164. El Pleno y las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, podrán
establecer jurisprudencia en los términos que dispone esta Ley.
ARTICULO 165. La jurisprudencia emitida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, es
obligatoria para las salas del propio Tribunal, los juzgados depositarios del Poder Judicial del
Estado y el Consejo de la Judicatura.
La jurisprudencia emitida por las salas del Supremo Tribunal de Justicia será obligatoria para los
juzgados depositarios del Poder Judicial del Estado.
(ADICIONADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
En caso de notoria inobservancia de una jurisprudencia, interpretado en el marco de un absoluto
silencio, sobre la aplicación de un criterio jurisprudencial estatal invocado por alguna de las partes
en un caso en particular, ante la actualización de la falta establecida en el artículo 178 fracción VIII
bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se deberá dar cuenta por el Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuando se actué en pleno o por el Presidente de la Sala,
cuando se actúe en Sala, al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a efecto de
que proceda conforme a su facultad investigadora y sancionadora.
(REFORMADO P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
ARTÍCULO 166. La jurisprudencia que emitan el Pleno y las salas del Supremo Tribunal de
Justicia, será obligatoria a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado. No obstante lo anterior, una vez que se haya aprobado, se deberá comunicar para su
conocimiento a todos los órganos jurisdiccionales del Estado y al Consejo de la Judicatura para su
difusión a través de la Gaceta y del apartado especial que al efecto cuente la página electrónica
oficial del Poder Judicial del Estado, para la publicidad sistematizada de los criterios a fin de que
los interesados estén en posibilidad de conocerla e invocarla.
ARTICULO 167. La jurisprudencia se formará cuando se pronuncien en sesiones distintas tres
resoluciones ininterrumpidas en el mismo sentido sobre la cuestión debatida, y ninguna en
contrario y que, tratándose del Pleno del Tribunal, sea aprobada por cuando menos diez de sus
integrantes, y en lo que respecta a las salas por unanimidad de sus miembros.
ARTICULO 168. Cuando exista contradicción de tesis entre las salas del propio Tribunal, resolverá
el Pleno, fijando el criterio que deba prevalecer, lo cual constituirá jurisprudencia.
ARTICULO 169. La contradicción de tesis podrá ser denunciada por:
I. Las salas que intervengan en ella o cualquiera de los magistrados que la integren;
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II. Las partes del juicio donde ésta surja o sus legítimos representantes;
III. Los jueces del Estado cuando después de haber dictado la resolución en el asunto de su
competencia, adviertan la contradicción;
IV. El Procurador General de Justicia del Estado, cuando considere que se afecta el interés de la
sociedad, y
V. El Coordinador General de Compilación y Sistematización de Tesis del Supremo Tribunal de
Justicia.
ARTICULO 170. Cuando en algún asunto se invoque una jurisprudencia deberá expresarse su
fuente, rubro y tesis.
ARTICULO 171. La jurisprudencia que emitan el Pleno y las salas del Supremo Tribunal de
Justicia, tratándose de resoluciones por contradicción de tesis, no afectará las situaciones jurídicas
concretas de las sentencias pronunciadas en los casos que se deriven.
ARTICULO 172. Se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de ser obligatoria cuando se emitan tres
resoluciones en el mismo sentido y que sean aprobadas, tratándose del Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia, por cuando menos diez de sus miembros, y en lo que respecta a las salas
colegiadas por unanimidad de sus integrantes.
En todo caso, en las ejecutorias respectivas deberán expresarse las razones en que se apoye la
interrupción, las cuales se referirán a las que tuvieron en consideración para establecer la
jurisprudencia relativa.
ARTICULO 173. La jurisprudencia dejará de tener carácter obligatorio, cuando al respecto exista
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de
circuito.
Antes de la publicación de una nueva jurisprudencia en el Periódico Oficial del Estado, el
Coordinador General de Compilación y Sistematización de Tesis del Supremo Tribunal de Justicia,
deberá cotejar la inexistencia de jurisprudencia sobre el tema, en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y en los tribunales colegiados de circuito.
ARTICULO 174. (DEROGADO, P.O. 30 DE JUNIO DE 2014)
TITULO SEPTIMO
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPITULO I
De los Sujetos
(REFORMADO P.O. 09 SEPTIEMBRE 2020)
ARTÍCULO 175. Son sujetos de responsabilidad administrativa las magistradas, magistrados,
consejeras, consejeros, jueces de primera instancia, jueces menores, secretarias y secretarios de
acuerdos, secretarias y secretarios instructores, secretarias y secretarios de estudio y cuenta,
subsecretarias y subsecretarios, actuarias, actuarios, visitadoras, y visitadores, así como todos los
demás servidoras y servidores del Poder Judicial del Estado, por los actos u omisiones en que
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, de acuerdo a la presente Ley y a las
demás leyes aplicables.
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ARTICULO 176. La responsabilidad de los delitos o faltas administrativas de los magistrados,
consejeros, jueces y demás personal del Poder Judicial, se sujetará a las disposiciones que
establezca la Constitución Política y las leyes del Estado.
CAPITULO II
De las Faltas Administrativas
(REFORMADO P.O. 20 OCTUBRE 2020)
ARTÍCULO 177. Son faltas administrativas además de las establecidas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, las previstas en
el presente Capítulo.
ARTICULO 178. Son faltas del personal jurisdiccional del Poder Judicial:
I. Demorar en forma injustificada, la tramitación o resolución de los negocios que deban conocer de
acuerdo a la ley;
II. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan por consecuencia, dificultar o retardar el
ejercicio de los derechos de las partes;
III. Admitir recursos notoriamente frívolos e improcedentes; conceder términos innecesarios o
prórrogas indebidas;
IV. Dar por probado un hecho que no lo esté legalmente en los autos, o tener como no probado
uno que conforme a la ley, deba estimarse debidamente comprobado;
V. Fundar con dolo o mala fe cualquier resolución en consideraciones de derecho notoriamente
falsas o inaplicables;
VI. Dictar resoluciones contra el texto expreso de la ley con dolo o mala fe;
VII. Aplicar penas por analogía o mayoría de razón;
(REFORMADA P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
VIII: Dedicar a los servidores públicos de la impartición de justicia de su dependencia, al
desempeño de labores extrañas a las funciones oficiales, las que deberán estar demarcadas con
toda precisión en el Reglamento de esta Ley;
(ADICIONADA P.O. 13 SEPTIEMBRE 2021)
IX. La notoria inobservancia de una jurisprudencia emitida a nivel local, conforme al artículo 165 de
esta Ley, y
X. Las demás que establezcan las leyes y los reglamentos.
ARTICULO 179. Son faltas en general de los servidores judiciales:
I. No concurrir sin causa justificada, al desempeño de sus labores durante el horario establecido;
II. No proporcionar a las partes o a las personas autorizadas, sin justificación, el expediente en
donde intervengan;
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III. No despachar oportunamente los oficios, ni llevar a cabo las diligencias que se les
encomienden, y
IV. Las infracciones y omisiones en que incurran, en relación con los deberes que les imponen las
disposiciones de esta Ley y las demás sustantivas y adjetivas del Estado, así como los
reglamentos respectivos.
ARTICULO 180. Con independencia de las causales antes previstas, los actuarios incurrirán en
faltas administrativas, por:
I. No hacer con la debida oportunidad y sin causa justificada las notificaciones personales; ni
observar cabalmente las normas jurídicas a las que deben ceñirse durante las diligencias
practicadas;
II. Retardar indebida o maliciosamente las notificaciones, emplazamientos, embargos o diligencias
de cualquier clase que les fueren encomendadas;
III. Dar preferencia a alguno o algunos de los litigantes con perjuicio de otros, por cualquier causa,
en la diligencia de sus asuntos en general;
(REFORMADA P.O. 21 FEBRERO 2022)
IV. Hacer notificaciones, citaciones o emplazamientos a las partes, por cédula o instructivo, fuera
del lugar designado en autos, o sin cerciorarse cuando proceda, de que el interesado tiene su
domicilio en donde se lleva a cabo la diligencia;
(REFORMADA P.O. 21 FEBRERO 2022)
V. Practicar embargos, aseguramiento o retención de bienes, o lanzamiento de personas o
corporación que no sea la designada en el auto respectivo, o cuando en el momento de la
diligencia o antes de retirarse el personal del juzgado, se le demuestre que esos bienes son
ajenos; para comprobar tal hecho, en todo caso, deberán agregar a los autos la documentación
que se les presente, a efecto de dar cuenta a quien hubiere ordenado la diligencia;
(ADICIONADA P.O. 21 FEBRERO 2022)
VI. Utilizar su fe pública para simular notificaciones o cualquier actuación a las partes, en perjuicio
de éstas, y
(ADICIONADA P.O. 21 FEBRERO 2022)
VII. Asentar hechos falsos en las actuaciones o alterarlas.
CAPITULO III
De las Sanciones Administrativas
ARTICULO 181. Las sanciones administrativas consistirán en:
I. Amonestación o apercibimiento, que podrá hacerse en público o en privado, según la gravedad
de la falta;
II. Sanción económica por el equivalente de doscientos a trescientos días de salario mínimo
general vigente en la región al momento de cometerse la falta, siempre que no se obtenga un
beneficio, o se cause un daño o un perjuicio;
III. Suspensión hasta por sesenta días;
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IV. Destitución del puesto o cargo, y
V. Inhabilitación para desempeñar cargo o empleo alguno en el Poder Judicial del Estado:
a) Hasta por dos años, cuando no se obtenga lucro ni se causen daños o perjuicios.
b) De seis meses a tres años en caso de que se obtenga algún beneficio o se causen daños o
perjuicios, si el monto de aquellos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en
la región.
c) De tres a diez años, si los daños o perjuicios causados exceden el límite señalado en el inciso
anterior.
(REFORMADO P.O. 20 OCTUBRE 2020)
ARTÍCULO 182. Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta lo que al efecto
prevé, la Ley de Responsabilidades de Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis
Potosí.
CAPITULO IV
Del Procedimiento Administrativo
ARTICULO 183. La aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 181 de esta Ley,
corresponde al Consejo de la Judicatura. Tratándose de las que correspondan a los magistrados
resolverá el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
(REFORMADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2012)
ARTICULO 184. El procedimiento administrativo se iniciará mediante queja de los órganos
auxiliares o de los particulares que tengan interés jurídico, la que se formulará por escrito o de
manera verbal, pero en éste último caso se levantará acta circunstanciada de la misma. También
podrá iniciarse de oficio por el superior jerárquico del presunto infractor, o por cualquiera de los
consejeros cuando la gravedad de la irregularidad observada así lo amerite y, en tal caso,
corresponderá al Pleno del Consejo de la Judicatura imponer al responsable la sanción respectiva.
Asimismo, iniciará el procedimiento disciplinario correspondiente derivado de las resoluciones
emitidas por los organismos constitucionalmente autónomos. No podrán imponerse dos veces por
una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
ARTICULO 185. El procedimiento lo instruirá el Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina
auxiliado por la Visitaduría o la Contraloría, según corresponda, y comprenderá una audiencia que
se verificará dentro de los quince días hábiles siguientes, con intervención del Ministerio Público y
conforme a lo siguiente.
El procedimiento se sujetará a lo siguiente:
I. Se citará al presunto responsable a la audiencia, haciéndole saber la responsabilidad que se le
imputa y el derecho que tiene a ofrecer pruebas y a alegar. Las pruebas deberán ofrecerse y
rendirse en la audiencia, con excepción de la testimonial y la pericial, que deberán anunciarse
cinco días antes del señalado para su celebración. La citación se hará cuando menos con ocho
días hábiles de anticipación. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas,
los alegatos y en su caso, el pedimento del Ministerio Público;
II. Al concluir la audiencia o dentro de los treinta días hábiles siguientes, el Pleno del Consejo
resolverá si existió o no responsabilidad; en caso afirmativo impondrá al infractor las sanciones
administrativas correspondientes y dará los avisos a las autoridades que corresponda, notificando
la resolución al interesado dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes;
III. La audiencia podrá diferirse si lo solicita el interesado con causa justificada a juicio del
Secretariado; asimismo, si éste encuentra que no hay datos suficientes para resolver, o advierte
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elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o
de otras personas, podrá disponer la práctica de mayores investigaciones y citar para otra u otras
audiencias, o bien turnar el asunto al órgano competente, y
IV. Si el Pleno del Consejo de la Judicatura estima que la queja fue interpuesta actuando de mala
fe, se impondrá al quejoso, representante, abogado o a ambos, una multa de doscientos a
trescientos días de salario mínimo vigente en la Capital del Estado al momento de interponerse la
queja.
ARTICULO 186. Las sanciones económicas que se impongan serán destinadas en favor del
Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia; se harán efectivas mediante el procedimiento
económico coactivo de ejecución, conforme al Código Fiscal del Estado.
ARTICULO 187. Para el cumplimiento de las atribuciones que se confieren en este Título, las
autoridades podrán emplear los siguientes medios de apremio:
I. Sanción hasta de doscientos veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica
donde se cometa la infracción, y
II. Auxilio de la fuerza pública. Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se
estará a lo previsto en el Código Penal del Estado.
(REFORMADO P.O. 20 OCTUBRE 2020)
ARTÍCULO 188. La facultad para imponer las sanciones que establece el Capítulo Tercero de este
Título, caducará en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y
Municipios de San Luis Potosí.
ARTICULO 189. En todo lo relativo al procedimiento no previsto en esta Ley, así como en la
apreciación y valorización de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.
TITULO SEPTIMO
DEL FONDO DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
CAPITULO UNICO
(REFORMADO, P.O. 29 SEPTIEMBRE 2014)
ARTÍCULO 190. El Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia se integra con:
I. El importe de las cauciones otorgadas para garantizar la libertad provisional, o la condena
condicional, que se hagan efectivas a su favor;
II. Las multas que imponen los órganos jurisdiccionales estatales;
III. Los intereses que generen los bienes y valores del propio fondo; además de los que provengan
de cantidades consignadas por los particulares, por cualquier causa, ante los tribunales;
IV. Donaciones, herencias y legados, y
V. Los bienes y valores depositados por cualquier motivo ante los tribunales cuando no fueren
reclamados por el depositante o por quien tenga derecho a ellos, dentro del plazo dentro del plazo
de un año a partir de la notificación de que queda a su disposición; observándose en su caso lo
dispuesto en el Código Penal del Estado.
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ARTICULO 191. El Consejo de la Judicatura se hará cargo del Fondo de Apoyo para la
Administración de Justicia, a través del Secretariado Ejecutivo de Administración, bajo la vigilancia
y supervisión del primero.
ARTICULO 192. Los recursos del Fondo se destinarán a:
I. Cubrir todos aquellos gastos que el Consejo de la Judicatura estime convenientes para la buena
marcha de la administración de justicia, y que no estén comprendidos en el presupuesto anual, y
II. La adquisición, construcción o remodelación de bienes inmuebles destinados a sedes judiciales.
ARTICULO 193. La administración y el manejo del Fondo queda sujeto a las siguientes bases:
I. Amparar los bienes o cantidades recibidas en depósitos, mediante certificados nominativos y no
negociables;
II. Invertir cantidades en la adquisición de títulos o valores de renta fija, cuyo titular será el Poder
Judicial del Estado, por conducto del Consejo de la Judicatura, y
III. Procurar que los bienes muebles o inmuebles adquiridos con recursos del Fondo, satisfagan
los fines para los que fueron adquiridos.
ARTICULO 194. El Secretariado Ejecutivo de Administración someterá a la aprobación del
Consejo de la Judicatura, los informes financieros que trimestralmente deben rendirse al Congreso
del Estado, y enviará una copia del mismo a la Contraloría del Poder Judicial para su conocimiento.
TITULO OCTAVO
DE LA REVISION ADMINISTRATIVA
CAPITULO UNICO
ARTICULO 195. El recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia, determine si el Consejo de la Judicatura designó, adscribió,
readscribió, removió o no ratificó a un juez, con estricto apego a los requisitos formales previstos
en esta Ley, o en los reglamentos y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la
Judicatura.
ARTICULO 196. El recurso de revisión administrativa podrá interponerse:
I. Tratándose de las resoluciones de designación o adscripción con motivo de un examen de
oposición, por cualquiera de las personas que hayan participado en él;
II. Tratándose de las resoluciones de remoción o no ratificación, por el juez afectado por la misma,
y
III. Tratándose de resoluciones de cambio de adscripción, por el juez que haya solicitado el
cambio de adscripción y se le hubiere negado.
ARTICULO 197. El recurso de revisión administrativa deberá presentarse por escrito ante el
Presidente del Consejo de la Judicatura, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en
que haya surtido efectos la notificación de la resolución que se combate. El escrito de revisión y el
informe correspondiente será turnado, dentro de los cinco días hábiles siguientes, a un magistrado
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ponente según el turno que corresponda. El informe mencionado deberá ir acompañado de todos
aquellos elementos probatorios que permitan la resolución del asunto, y será rendido por uno de
los consejeros que haya votado a favor de la decisión, quien representará al Consejo de la
Judicatura durante el procedimiento.
ARTICULO 198. En los casos en que el recurso de revisión administrativa se interponga contra las
resoluciones de nombramiento o adscripción, deberá notificarse también al tercero interesado,
teniendo ese carácter las personas que se hayan favorecido con las resoluciones, a fin de que
dentro del término de cinco días hábiles pueda alegar lo que a su derecho convenga.
ARTICULO 199. Tratándose del recurso de revisión administrativa interpuesto contra las
resoluciones de nombramiento o adscripción, no se admitirán más pruebas que las documentales
públicas, las cuales deberán ser ofrecidas por el promovente o el tercero interesado en el
correspondiente escrito de recurso o contestación a éste.
ARTICULO 200. En caso de que el recurso de revisión administrativa se presente en contra de
resoluciones de remoción o no ratificación, el magistrado ponente podrá ordenar la apertura de un
término probatorio hasta por el término de diez días. En este caso, únicamente serán admisibles
las pruebas documental y testimonial.
Cuando alguna de las partes ofrezcan una prueba documental que no obre en su poder, solicitará
al magistrado ponente que requiera a la autoridad que cuente con ella, a fin de que la proporcione
a la brevedad posible.
ARTICULO 201. Las resoluciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia que declaren
fundado el recurso de revisión administrativa, se limitarán a declarar la insubsistencia del acto
impugnado para el efecto de que el Consejo de la Judicatura dicte una nueva resolución, en un
plazo no mayor a treinta días naturales.
Esta resolución no producirá la invalidez de las actuaciones del juez nombrado o adscrito.
La interposición de la revisión administrativa no interrumpirá en ningún caso, los efectos de la
resolución impugnada.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 25 de diciembre de 1996 y sus reformas subsecuentes; y se derogan
todas las disposiciones que se opongan a la ley materia del presente Decreto.
TERCERO. En lo relativo al artículo 50 de este Decreto, en tanto el Consejo de la Judicatura
determine el número de juzgados que habrá en cada Distrito Judicial, se entenderá que
continuarán funcionando en los términos en que actualmente lo hacen conforme al ordenamiento
que se abroga.
CUARTO. A la entrada en vigor de esta Ley, las áreas de administración, contraloría, tesorería y en
general todas las que manejen cuestiones de la competencia que la Constitución del Estado y esta
Ley le atribuyen al Consejo de la Judicatura, pasarán a su dependencia y jerarquía.
QUINTO. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia deberá promover las adecuaciones
necesarias al instrumento jurídico vigente, que regula el Fondo de Apoyo para la Administración de
Justicia, para que, en adelante sea administrado por el Consejo de la Judicatura.
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SEXTO. Las referencias al Supremo Tribunal de Justicia del Estado que se encuentren en las
demás leyes estatales o en sus reglamentos, se entenderán hechas a favor del Consejo de la
Judicatura, en todo lo que corresponde al ejercicio de su competencia.
SEPTIMO. El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, se avocarán a realizar
las adecuaciones correspondientes a los reglamentos que regulan las diferentes competencias
administrativas en el Poder Judicial de Estado, en un plazo que no excederá de sesenta días
naturales a partir de la vigencia de este Decreto.
OCTAVO. Los asuntos relativos a la cuestiones de administración, vigilancia y disciplina que se
encuentren en trámite en los juzgados, en las salas y en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia,
pasarán a la competencia del Consejo de la Judicatura para continuar su tramitación y resolución,
así como sus respectivos archivos.
NOVENO. Instalado el Consejo de la Judicatura promoverá con respeto a los derechos laborales,
la readscripción del personal actual del Poder Judicial del Estado, para el ejercicio de los asuntos
de su competencia.
DECIMO. El Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión Gasto Financiamiento, dispondrá las
adecuaciones respectivas al Presupuesto de Egresos del Estado, para dar suficiencia
presupuestaria al Consejo de la Judicatura, incluyendo los meses restantes del Ejercicio 2005.
Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.
D A D O en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, el día cinco de octubre de dos mil
cinco.
Diputado Presidente: Paulino Pozos Aguilar, Diputado Primer Secretario: Galdino Martínez
Méndez, Primer Prosecretario en Funciones de Secretario: Mauricio Leyva Ortiz (Rúbricas).
Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan
cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.
D A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí, a los trece días del mes de octubre de dos mil cinco.
El Gobernador Constitucional del Estado
C.P. Marcelo de los Santos Fraga
(Rúbricas)
El Secretario General del Gobierno
Lic. Alfonso Jose Castillo Machuca
(Rúbricas)
N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS
DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.
P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006.
PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día doce del mes de septiembre del año dos mil seis,
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO. La situación jurídica de las personas que se encuentren compurgando una pena de
prisión, por haber cometido un delito siendo menores de dieciocho años de edad, será resuelta
sobre la base de las reformas al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la siguiente manera:
El juez Penal que conoció de la causa, remitirá el expediente correspondiente al Juez de Ejecución
para que resuelva lo procedente.
CUARTO. El Juez o la Sala Penal que estén conociendo del proceso seguido en contra de
personas menores de dieciocho años, por haber cometido un delito previsto por las leyes locales,
o que lo cometieron cuando eran menores de dieciocho años, se declarará incompetente y enviará
los autos al Juez Especializado, que resolverá conforme al procedimiento establecido en la Ley
de Justicia Menores del Estado de San Luis Potosí.
La Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia que esté conociendo de recursos relacionados con
menores de dieciocho años, o que hayan tenido menos de dieciocho años al momento de la
comisión del ilícito que se les atribuya, aplicará la Ley de Justicia para Menores del Estado de San
Luis Potosí.
QUINTO Las autoridades del Consejo Tutelar para menores infractores del Estado, a que se refiere
la Ley de Consejos Tutelares y de Readaptación Social para Menores del Estado de San Luis
Potosí, podrán seguir actuando válidamente a la entrada en vigor de la Ley de Justicia para
Menores del Estado de San Luis Potosí, para los efectos de remitir los asuntos que eran de su
conocimiento, a la autoridad competente; de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Los asuntos que estén conociendo en investigación o integración las autoridades del Consejo
Tutelar para Menores del Estado, serán remitidos de inmediato al Ministerio Público Especializado,
poniendo a su disposición, en su caso, al menor que tuviere detenido.
b) El procedimiento que estén instruyendo las autoridades del Consejo Tutelar para Menores del
Estado, será remitido de inmediato al Juez Especializado, poniendo a su disposición, en su caso, al
menor que tuviere detenido.
c) El Director del Centro de readaptación Social para Menores, “Profesor Angel Silva” entregará a
la Dirección de Ejecución de Medidas para Menores, a los menores que estuvieren afectos a
alguna medida firmemente decretada y los expedientes a ellos relativos.
Las medidas impuestas, tanto las de internamiento, como las de externación serán adecuadas por
el Juez de Ejecución.
d) Si las autoridades del Consejo Tutelar para Menores del Estado tuvieren detenidos a menores
de catorce años, ordenarán su inmediata libertad. Los nuevos órganos y autoridades proseguirán
con el trasmite del procedimiento, de acuerdo con las reglas de la Ley de Justicia para Menores del
Estado de San Luis Potosí, salvo en los aspectos en que resulte más benéfica para el menor, la
aplicación de la ley que se abroga.
P.O. 10 DE MAYO DE 2008
PRIMERO. Previa la aprobación de las modificaciones a la Constitución Política del Estado, que se
contienen en el artículo Primero del presente Decreto, por cuando menos las tres cuartas partes de
los ayuntamientos de la Entidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la propia
Constitución, este Decreto entrará en vigor en su integridad, al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Con la entrada en vigor de este Decreto, se abrogan, tanto la Ley Electoral del Estado,
publicada en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, el 30 de septiembre de 1999;
como la Ley de Referéndum y Plebiscito del Estado de San Luis Potosí, publicada en el mismo
órgano de comunicación oficial el 30 de abril de 1997; asimismo, se derogan las disposiciones
constitucionales, legales y administrativas que se le opongan.
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TERCERO. Respecto del artículo Segundo de este Decreto, por el que se expide la Ley Electoral
del Estado de San Luis Potosí, se habrán de observar las previsiones siguientes:
I. Por única vez, para los efectos que se establecen en el artículo 63 de la Ley Electoral, quienes
resulten electos o ratificados para integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, en 2009, durarán en su encargo dos años; sin perjuicio de que quienes hayan sido
electos por primera ocasión, puedan ser ratificados para el siguiente periodo, acorde con el
dispositivo 63 antes citado;
II. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, contará con un plazo de noventa días naturales para expedir o adecuar sus
disposiciones reglamentarias a este mismo Decreto, y
III. En lo sucesivo, a partir de la vigencia de este Decreto, toda referencia que en las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas se hagan al Consejo Estatal Electoral, se entenderán
hechas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
P.O. 27 DE AGOSTO DE 2009
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO. El Gobernador del Estado, en el ámbito de su competencia, deberá realizar las
modificaciones jurídico–administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de este
Decreto, en un término de sesenta días siguientes a la publicación del mismo.
CUARTO. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, propondrá al Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado, la reasignación a los juzgados civiles y mixtos en el
Estado, para el conocimiento y substanciación de los procedimientos en materia de extinción de
dominio.
QUINTO. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el ámbito de su
competencia, deberá realizar las modificaciones jurídico–administrativas necesarias para el
adecuado funcionamiento de este Decreto, en un término de sesenta días siguientes a la
publicación del mismo.
P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2010
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Las remuneraciones que en el ejercicio dos mil diez sean superiores a la máxima
establecida en la ley de la materia, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de
egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil once.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 18 DE JUNIO DE 2011
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a éste.
P.O. 25 DE JUNIO DE 2011
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a éste.
P.O. 30 DE JUNIO DE 2011
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se concede un plazo de sesenta días naturales para que el Consejo Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado, y el Poder Judicial del Estado, ajusten la reglamentación
interna y administrativa que corresponda, para asegurar el cumplimiento de este Decreto.
TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.
P.O. 31 DE JULIO DE 2012
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2012
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 13 DE JULIO DE 2013
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.
P.O. 01 DE AGOSTO DE 2013
PRIMERO. La parte atinente de este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado; excepto lo que precisa el artículo subsecuente.
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SEGUNDO. La Reforma a los artículos, 4º en su fracción III los incisos f) y g), 94 en su fracción
XLV; la denominación del capítulo VI del Titulo Segundo; y la adición de los artículos, 54 Ter a 54
Septies, entrarán en vigor el uno de marzo del dos mil catorce.
TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.
P.O. 30 DE JUNIO DE 2014
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Con la entrada en vigor del presente Decreto se abroga la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de San Luis Potosí, expedida como Decreto 579
de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de San Luis
Potosí, y publicada el 30 de junio de 2011 en el Periódico Oficial del Estado.
TERCERO: Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado que se encuentren
en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en los transitorios Segundo y Decimo
del Decreto Legislativo, por el cual fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, continuaran en
su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos en los términos previstos por la
fracción IV, inciso c)), del artículo 116 de la Constitución Federal. Los magistrados podrán ser
elegibles para un nuevo nombramiento.
CUARTO. Una vez que sean nombrados los magistrados electorales por el Senado de la
Republica, los recursos humanos, materiales, presupuestales y financieros para el año 2014 del
Tribunal electoral del Poder Judicial del Estado, seguirán formado parte y ejercidos por el Poder
Judicial del Estado; sin menos cabo de los derechos laborales de todos y cada uno de los
trabajadores que actualmente lo integran, y de conformidad con las leyes de la materia.
Los procedimientos jurisdiccionales relacionados con las agrupaciones políticas, y partidos
políticos, así como de sus militantes o simpatizantes, iniciados con anterioridad al inicio de la
vigencia del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de fecha veintidós de mayo del presente año, expedido por el Congreso de la Unión,
seguirán bajo la competencia del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado hasta su
conclusión.
Los medios de impugnación en materia electoral que a la fecha de inicio de vigencia del presente
Decreto se hayan promovido en contra de actos y resoluciones de la autoridad administrativa
electoral del Estado, con fundamento en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia
electoral del Estado, seguirán tramitándose bajo esa Ley; y hasta en tanto sea integrado el órgano
constitucional autónomo denominado Tribunal Electoral del Estado, serán recibidos y
substanciados por el actual Tribunal Electoral del Estado del Poder Judicial del Estado, el que
deberá entregar a través del proceso de entrega-recepción, los asuntos en trámite y el estado que
guardan los mismos al órgano de nueva creación.
Los procedimientos jurisdiccionales que se están tramitando ante el actual Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado en su carácter de sala auxiliar en razón de las competencias designadas
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, continuaran recibiéndose y
substanciándose por la misma, hasta en tanto se cumplan las disposiciones a que se refiere el
párrafo Segundo de este Transitorio; cumplido el supuesto, deberá iniciarse y ejecutarse el proceso
de entrega-recepción de los asuntos en trámite de acuerdo con la asignación que para este efecto
determine el Poder Judicial del Estado.
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QUINTO. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria de Finanzas del Estado, deberá
destinar las partidas presupuestales para la creación y funcionamiento del Tribunal Electoral del
Estado como organismo constitucional autónomo, para el debido cumplimiento de sus atribuciones
de conformidad con la normativa aplicable; así como de las diversas obligaciones que se
desprendan del presente Decreto.
SEXTO. El Congreso del Estado de San Luis Potosí, deberá realizar el procedimiento para
nombrar a los magistrados supernumerarios, previo al inicio del proceso electoral.
SEPTIMO. Una vez integrado el Tribunal Electoral del Estado, deberá emitir su reglamento interior
en un plazo máximo de treinta días.
OCTAVO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 02 DE JULIO DE 2014
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO. Los poderes, Ejecutivo; Legislativo; y Judicial; los ayuntamientos; los organismos
descentralizados; los organismos constitucionales autónomos, y los fideicomisos públicos, a través
del órgano de control interno que les corresponda, deberán remitir a la Auditoría Superior del
Estado, la información que obre en sus registros y archivos, de un periodo que deberá comprender
de diez años anteriores a la fecha de publicación de este Decreto, relativa a las sanciones e
inhabilitaciones dictadas en contra de todos y cada uno de los servidores públicos sujetos de
responsabilidad, por los actos u omisiones que hayan realizado derivados de sus funciones, dentro
del servicio público estatal y municipal; que deberán entregar sin exceder el plazo de ciento veinte
días, contados a partir de la vigencia de este Decreto.
CUARTO. La Auditoría Superior del Estado deberá recabar toda la información para la correcta
integración del Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados, para lo cual,
además de la recepción de toda la documentación a que refiere el transitorio tercero de este
Decreto, deberá agregar todas las sanciones e inhabilitaciones que consten en los archivos de la
propia Auditoria, así como revisar todas las actas de cabildo que se encuentren a su disposición de
los 58 ayuntamientos de la Entidad, donde consten sanciones a servidores públicos, incluyendo las
inhabilitaciones de diez años anteriores a la fecha de vigencia de este Decreto, a fin de que sean
incorporadas al Registro Estatal de Servidores Públicos sancionados e inhabilitados, para lo cual
dispondrá de un termino de ciento cincuenta días contados a partir de la vigencia del presente
Decreto, a efecto de poner en operación el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados e
inhabilitados.
P.O. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el treinta de septiembre de dos mil catorce, previa
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Todos los productos relacionados con procesos penales, iniciados hasta el veintinueve
de septiembre de dos mil catorce, en el Segundo Distrito Judicial, perteneciente a la Segunda
Región Judicial, continuarán ingresándose al Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia,
que prevén los artículos 190 al 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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P.O. 25 DE MARZO DE 2015
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO. Los magistrados del supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí que
se encuentran en funciones, y que hayan sido electos con anterioridad a la entrada en vigor de
este Decreto, se regirán por la ley vigente en el momento de su elección. Los jueces que se
encuentran en funciones al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, podrán elegir
entre los setenta o setenta y tres años como edad para su retiro.
P.O. 26 DE MARZO DE 2015
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Lo establecido en la fracción II del artículo 17 del presente Decreto, entrara en vigor a
los doce meses posteriores a la publicación del mismo.
TERCERO. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado instruirá las acciones necesarias al
Consejo de la Judicatura para que, en aquellos casos en que se actualicen los supuestos materia
del presente Decreto, tramite y pague el haber de retiro correspondiente.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales o reglamentarias que se opongan al
presente Decreto.
P.O. 27 DE FEBRERO DE 2016
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 24 DE JUNIO DE 2016
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. La disposición contenida en el párrafo primero del artículo 68 que reforma este
Decreto, será aplicable a los jueces auxiliares que estén en funciones a la entrada en vigor del
presente Decreto, sin perjuicio que hayan sido reelectos.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 03 DE JUNIO DE 2017
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PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto
P.O. 22 DE MARZO DE 2018
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto
P.O. 24 DE MAYO DE 2018
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 24 DE JULIO DE 2018
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 20 DE AGOSTO DE 2018
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO. Los reglamentos correspondientes deberán ser armonizados dentro de los 180 días
siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.
P.O. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2020
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”.
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SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 20 DE MAYO DE 2021-I
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 20 DE MAYO DE 2021-II
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 22 DE MAYO DE 2021
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 21 DE FEBRERO DE 2022
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 25 DE FEBRERO DE 2022
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 15 DE JULIO DE 2022-I
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PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado "Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 15 DE JULIO DE 2022-II
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el uno de enero de dos mil veintitrés, previa su
publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis”; tratándose de las y los jueces que
estén en la hipótesis del retiro, se deberá hacer la represupuestación correspondiente.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes a su publicación
en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 09 DE FEBRERO DE 2022
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado "Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 10 DE ABRIL DE 2023
(REFORMADO P.O. 31 JULIO DE 2023)
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el diez de abril de dos mil veinticuatro, previa su
publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 29 DE JUNIO DE 2023
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado "Plan de San Luis".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 31 DE JULIO DE 2023
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado "Plan de San Luis".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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P.O. 18 DE MARZO DE 2024
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado "Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 22 DE JULIO DE 2024
PRIMERO. El presente Decreto será vigente al momento de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. De conformidad con los artículos 119 y 57, fracción XXX, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y 52
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, hasta
en tanto el primer Ayuntamiento de Villa de Pozos sea electo, el gobierno y
administración del Municipio de Villa de Pozos se depositará en un Concejo
Municipal, en términos de los artículo 44 y 45 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, el cual será designado por el
Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí dentro de los
veinticinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto y conforme a lo previsto en el artículo 18 fracción III y 109 fracción
XVI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
TERCERO. El Concejo Municipal se instalará el uno de octubre de 2024.
CUARTO. Para la instalación del Concejo Municipal se observarán las
disposiciones del Capítulo II del Título Segundo de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, aplicables a la instalación de
los Ayuntamientos.
QUINTO. Hasta en tanto sea instalado el Concejo Municipal, el Ayuntamiento
de San Luis Potosí continuará ejerciendo sus funciones y prestando los
servicios públicos en la demarcación del nuevo Municipio de Villa de Pozos.
SEXTO. Instalado el Concejo Municipal, será responsable de prestar los
servicios públicos, en la demarcación territorial de la nueva municipalidad, a
través de los bienes muebles e inmuebles, infraestructura de cualquier tipo,
dentro de las que se encuentran la red hidráulica y eléctrica, vehículos,
maquinaria, herramientas y demás insumos que el Municipio de San Luis
Potosí, sus organismos públicos descentralizados municipales e
intermunicipales, y demás de sus entidades públicas, le deba transferir en
términos de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del
Estado y Municipios de San Luis Potosí.
SÉPTIMO. Una vez designado el Concejo Municipal por parte del Congreso
del Estado, se llevará a cabo el proceso de entrega recepción de los
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recursos públicos entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Concejo
Municipal, debiéndose observar para tales efectos las disposiciones de la
Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado y
Municipios de San Luis Potosí aplicables a los Ayuntamientos por
conclusión e inicio de un ejercicio constitucional.
Para hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido por el artículo 10
fracción IV de la Ley referida, la Comisión de entrega se conformará por los
integrantes del Ayuntamiento de San Luis Potosí que este determine, y la
Comisión de recepción se conformará por los integrantes del Concejo
Municipal, con la intervención que la Ley prevé de la Contraloría Interna del
Municipio, y los representantes del Instituto de Fiscalización Superior del
Estado.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí realizará la entrega de toda la
información, documentación, expedientes, archivos, y demás recursos
públicos que señala la Ley, que correspondan o se relacionen directa o
indirectamente con cualquier asunto inherente al nuevo Municipio de Villa de
Pozos.
OCTAVO. El Ayuntamiento de San Luis Potosí transferirá a favor del nuevo
Municipio de Villa de Pozos, el dominio, la posesión y demás derechos
reales de todos los bienes inmuebles que integren su patrimonio y que se
encuentren dentro la circunscripción territorial del nuevo Municipio de Villa
de Pozos, con el destino al que estaban afectos.
NOVENO. El Ayuntamiento de San Luis Potosí transferirá a favor del nuevo
Municipio de Villa de Pozos, todos los bienes muebles que integren su
patrimonio y que se encuentren dentro la circunscripción territorial del
nuevo Municipio de Villa de Pozos, con el destino al que estaban afectos.
DÉCIMO. A partir del día uno del mes de octubre del año 2024, los residentes
que se encuentren dentro la circunscripción territorial del nuevo Municipio
de Villa de Pozos se considerarán vecinos y habitantes del mismo, quedando
sujetos a la jurisdicción de sus autoridades.
La antigüedad de residencia de los habitantes del nuevo Municipio de Villa
de Pozos, se entenderá aquella que resulte de contabilizar el tiempo de
residencia que se haya tenido en el Municipio de San Luis Potosí que se
localice dentro la circunscripción territorial del nuevo Municipio de Villa de
Pozos, de acuerdo a la información que obre en los archivos o que para
dichos fines se proporcione.
DÉCIMO PRIMERO. Los derechos, así como las obligaciones que se
desprendan de contratos, convenios o acuerdos celebrados en términos de
ley por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, relativos a obras y acciones de
beneficio social que se localice dentro la circunscripción territorial del nuevo
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Municipio de Villa de Pozos, pasarán a cargo del nuevo Municipio de Villa de
Pozos.
DÉCIMO SEGUNDO. Los trabajadores de base del Municipio de San Luis
Potosí que se encuentren adscritos a la Delegación Municipal de Villa de
Pozos hasta antes del día uno del mes de enero del año 2024, podrán optar
como trabajadores del Municipio de San Luis Potosí, o pasar a formar parte
del nuevo Municipio de Villa de Pozos, en cuyo caso se les tendrá por
reconocida su antigüedad, nivel, puesto, salario y demás prestaciones que
previamente hayan sido adquiridas y que se encuentren establecidas en el
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 del Municipio de San Luis
Potosí, por lo que las relaciones laborales se entenderán con el nuevo
Municipio de Villa de Pozos a partir del día uno del mes de octubre del año
2024, debiendo los trabajadores comunicar su decisión por escrito al
Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, y al Concejo Municipal
designado del nuevo Municipio de Villa de Pozos, a más tardar el día trece de
septiembre de 2024.
DÉCIMO TERCERO. En tanto son expedidas y entran en vigor las
disposiciones reglamentarias del nuevo Municipio de Villa de Pozos, se
observarán en lo conducente las disposiciones reglamentarias del Municipio
de San Luis Potosí.
DÉCIMO CUARTO. La hacienda pública del Ayuntamiento de Villa de Pozos
se conformará de los ingresos provenientes de los siguientes conceptos: I.
Las contribuciones, consistentes en impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras, así como sus accesorios; II. Los productos y rendimientos de su
propio patrimonio; III. Los aprovechamientos y sus accesorios; IV. Las
transferencias de recursos por parte del Estado y la Federación; V. Las
participaciones provenientes del Estado y la Federación; VI. Los ingresos
derivados de financiamiento, y VII. Los bienes y derechos que formen su
patrimonio.
DÉCIMO QUINTO. El Congreso del Estado expedirá a más tardar el último día
del mes de septiembre de 2024, la Ley de Ingresos del nuevo Municipio de
Villa de Pozos para el periodo comprendido de entre el uno de octubre al
treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2024, tomando como iniciativa
de ley, la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio
fiscal 2024.
DÉCIMO SEXTO. El Congreso del Estado deberá comunicar tanto a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y a la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado lo relativo a la creación del
Ayuntamiento de Villa de Pozos a fin de que lleven a cabo las adecuaciones
correspondientes en lo relativo a la distribución de las participaciones y
aportaciones federales y estatales.
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DÉCIMO SEPTIMO. Para el periodo comprendido del uno de octubre al 31 de
diciembre del 2024, el Ayuntamiento de Villa de Pozos aplicará los valores
unitarios de suelo y construcción aprobados por el Congreso del Estado al
Ayuntamiento de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2024.
DÉCIMO OCTAVO. Dentro de un plazo de 90 días hábiles contados a partir de
la instalación del Concejo Municipal, el Ayuntamiento de Villa de Pozos
deberá elaborar un estudio financiero, acompañado de una propuesta de
Convenio entre éste y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, mediante el cual,
de así ser aceptado por ambas partes, se transfiera un porcentaje de los
pasivos y deuda pública preexistentes en este último. En la elaboración del
Convenio deberán analizarse los factores poblacionales y financieros.
De igual manera, en su caso, se deberá convenir con la institución financiera
acreedora del crédito existente, el reconocimiento del Concejo Municipal del
nuevo Municipio de Villa de Pozos, con la finalidad de que sea considerado
como parte dentro del respectivo Convenio.
El porcentaje de los pasivos y deuda pública deberá ser determinado entre el
Ayuntamiento de San Luis Potosí, el Concejo Municipal del nuevo Municipio
de Villa de Pozos, la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso del
Estado, y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
DÉCIMO NOVENO. El Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosí, tendrá facultades para dictar las normas interpretativas y aclaratorias
al presente Decreto que resulten necesarias para su adecuada aplicación y
vigencia.
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