<![CDATA[HONORABLE ASAMBLEA:
Los suscritos diputados Irma Dolores Romo Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional por la Transparencia; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional; José Salomé Tello Magos, del Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza y Reynaldo Millán Cota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, todos de esta Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión para la
Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal, conformada por representantes de los tres poderes
de gobierno del Estado de Sonora, en ejercicio de nuestro derecho de iniciativa previsto en los
artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 32, fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparecemos ante esta Asamblea con la
finalidad de someter a su consideración, Iniciativa de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias para el Estado de Sonora, por lo que en cumplimiento a los dispuesto en el
artículo 129 de la citada Ley Orgánica, nos permitimos expresar las razones que fundamentan la
misma, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El día 02 de octubre de 2007, se desarrolló el acto mediante el cual se firmó, por parte de los
titulares de los poderes del Estado, el Acuerdo para la Reforma Integral del Sistema de Justicia
Penal. En el mismo, se instituye como objeto el establecer las bases de colaboración entre los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para realizar las acciones necesarias de manera
coordinada y dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de elaborar una propuesta de
reforma integral al Sistema de Justicia Penal en el Estado.
Para tales efectos, el punto segundo del acuerdo mencionado con antelación contempló la
creación de la Comisión para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal, la cual se
integraría con cuatro representantes de cada uno de los poderes, estableciéndose quiénes tendrán
la facultad de nombrarlos y removerlos. Asimismo, el punto segundo transitorio del Acuerdo
estableció que dicha Comisión debería integrarse dentro de un plazo de quince días naturales,
contados a partir de la entrada en vigor del multicitado Acuerdo. Cabe señalar, que el punto
primero transitorio consigna que la entrada en vigor del acuerdo será al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, lo cual sucedió el pasado jueves 08 de
noviembre de 2007, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 38, Sección IV.
En el caso particular de esta Soberanía, la responsabilidad de nombrar a los representantes
en la referida Comisión, recayó en el Pleno de este Poder Legislativo. En cumplimiento a lo
anterior, mediante el acuerdo número 133, de fecha 22 de noviembre de 2007, se dio cumplimiento
por parte del Congreso del Estado a dicha obligación, al designarse como representantes este
Poder ante dicha Comisión a los que suscribimos la presente iniciativa, encomendándosenos la
realización de las tareas derivadas de los acuerdos aprobados por esta Soberanía en la búsqueda
de un mejor ordenamiento jurídico en materia de justicia penal.
En atención a lo anterior, la citada Comisión ha llevado a cabo diversas reuniones de trabajo
con los representantes de los otros poderes, en las cuales se han analizado los diversos
ordenamientos jurídicos que rigen la materia actualmente y se ha trabajado en la creación de
nuevos ordenamientos acordes a las realidades de nuestro Estado, que es el caso particular, al
realizar la presente iniciativa. En tal sentido, es preciso señalar que la solución alterna de conflictos
ha despertado gran interés en los juristas, los que son atraídos por las corrientes jurídicas que
sostienen que la solución de conflictos tradicionalmente sometidos a la intervención jurisdiccional
no son la solución para nuestros días y, que una solución alterna implica la posibilidad de verse
como una perspectiva de negociación y, por tanto de horizontalidad, en lugar del uso de la
verticalidad que ofrecen nuestras leyes.
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El derecho penal mínimo, despenalización, penas alternativas, solución alterna del conflictos,
negociación, mediación y arbitraje, son ideas que van cobrando fuerza en nuestro medio, ante un
derecho que se caracteriza por el prejuicio de que el poder estatal delegado al Poder Judicial es
indelegable e impostergable, con la inevitable recurrencia a la solución jurisdiccional como única
manera de enfrentar conflictos sociales.
Cuando se habla de solución alterna de conflictos, se hace referencia sobre todo a la
posibilidad de que el poder juzgador no intervenga en una serie de aspectos referentes a los
conflictos entre particulares en los que habitualmente sí interviene.
Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, para su mayor comprensión pueden
definirse todo en sentido amplio como en sentido restringido.
En sentido amplio, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, son aquellas
atribuciones, alternativas al sistema judicial oficial, que permite la solución privada de los conflictos.
En sentido restringido, son aquellos procedimientos que buscan la solución a los conflictos
entre las partes, ya sea de manera directa entre ellas (o con el nombramiento de agentes
negociadores, como es el caso de la negociación) o mediante la intervención de un tercero
imparcial (como son los casos de la mediación, la conciliación y la negociación).
Ahora bien, atendiendo al contenido de la presente iniciativa y para ilustrar los
procedimientos que en ella se contienen, señalaremos que por mediación se puede entender, el
procedimiento voluntario en el cual un (tercero) profesional imparcial y sin la facultad para sustituir
las decisiones de las partes involucradas en una controversia (denominado mediador), las asiste
con la finalidad de facilitar las vías de diálogo y la búsqueda de un acuerdo en común.
Por conciliación se puede definir, como el proceso voluntario mediante el cual un tercero
(neutral e imparcial) colabora con las partes en conflicto para que ellas mismas acuerden una
solución consensual o les puede proponer soluciones, las cuales pueden ser aceptadas o
rechazadas por las personas en controversia. La función del conciliador es asistir a las partes,
guiándolos para clarificar y delimitar los puntos conflictivos.
En este contexto, es importante destacar que son principios rectores de los mecanismos
alternativos: la voluntariedad, la confidencialidad, la buena fe, la veracidad, la neutralidad, la
imparcialidad, la equidad, la legalidad, la honestidad; y la flexibilidad, principios que son definidos
ampliamente en el articulado del presente proyecto de ley.
Definido lo anterior, podemos afirmar entonces que estos mecanismos pretenden buscar una
justificación racional a los límites de la potestad de administración de justicia del Estado y enfrentar
los conflictos con la solución negociada o mediada entre los particulares.
Para ello, se pretende incluir la posibilidad de una solución negociada de algunos conflictos
que tradicionalmente han sido confiados exclusivamente a los tribunales, estableciendo por ley
centros de justicia alternativa del Estado dependientes del Poder Judicial del Estado y de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.
Pudiendo someter a los centros de justicia alternativa, la mayoría de las diferencias que se
susciten entre personas interesadas en relación con determinado hecho, derecho, contrato,
obligación, acción o pretensión, siempre que se trate de asuntos que puedan ser objeto de
transacción, o de conductas tipificadas como delito, respecto de las cuales proceda el perdón o la
manifestación de desinterés jurídico por la víctima en cuanto a la prosecución del procedimiento, y
que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan disposiciones de orden
público.
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Por otra parte, en materia de justicia para adolescentes, esta iniciativa busca promover y
aplicar los mecanismos alternativos con el fin de lograr la justicia restaurativa, mediante la
participación de la víctima u ofendido y el imputado, para buscar la solución a las controversias
derivadas del hecho calificado como delito.
Finalmente, se puede afirmar que los mecanismos alternativos para la solución de conflictos
que se proponen, son necesarios y primordiales y debieran ser instrumentados antes de iniciar a
un proceso, pues con ellos, el particular pudiera encontrar vías alternas de solución más rápidas y
económicas antes excitar a los órganos de procuración e impartición de justicia, pues la
experiencia a demostrado que los costos y el tiempo de resolución de los mecanismos propuestos
son más reducidos y accesibles.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III de la
Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de:
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N U M E R O 1 6 1
LEY
DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
PARA EL ESTADO DE SONORA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social en el Estado y tiene por
objeto promover y regular los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como a los
centros que brinden estos servicios a la población y la actividad que desarrollen los prestadores de
dichos servicios.
Los habitantes del Estado de Sonora tienen el derecho de resolver sus controversias de
carácter jurídico a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y, el Estado el
deber de proporcionar y promover los mecanismos para que lo logren pacíficamente, conforme a
los principios y disposiciones de la presente Ley.
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I.- Centros de Justicia Alternativa del Estado: Los Centros de Justicia Alternativa
dependientes del Poder Judicial del Estado;
II.- Especialista: Persona adscrita al Centro o privada, capacitada y certificada para aplicar
los mecanismos alternativos en la solución de controversias;
III.- Mecanismos alternativos: Los mecanismos alterativos de solución de controversias, tales
como la mediación, la conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos, o
en su caso, solucionarlos, sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para
garantizar la eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo;
IV.- Mediación: Procedimiento voluntario en el cual un profesional imparcial y sin facultad
para sustituir las decisiones de las personas involucradas en una controversia, las asiste con la
finalidad de facilitar las vías de diálogo y la búsqueda en común de un acuerdo;
V.- Conciliación: El proceso voluntario mediante el cual un tercero, de manera neutral e
imparcial, ayuda a las personas en conflicto a buscar una solución consensual, y les propone
soluciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por las personas en controversia;
VI.- Justicia restaurativa: Proceso en el que participan la víctima, el probable responsable o
el delincuente, así como miembros de la comunidad afectados por el delito, para que se repare el
daño provocado y se atiendan las necesidades de las partes con el fin de lograr su reintegración
social;
VII.- Personas en controversia: Son quienes participan en los mecanismos alternativos, con
el fin de solucionar sus controversias. Tratándose de menores de edad e incapaces, serán
representados por la persona o personas que ejerzan la patria potestad o la tutela, con excepción
de los adolescentes en conflicto con la ley penal, quienes participarán directamente;
VIII.- Convenio o Acuerdo: Acto voluntario que pone fin a una controversia total o
parcialmente, y que tendrá respecto a los participantes la misma eficacia que una sentencia
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ejecutoriada cuando sea aprobado por la autoridad judicial. En materia penal, el convenio o
acuerdo es un acto que contiene la voluntad de las partes y surte los efectos que establezca la
legislación penal del Estado; y
IX.- Ley: La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de
Sonora.
Artículo 3.- Los mecanismos de solución de controversias previstos en la presente Ley son
alternativos a la jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado.
Artículo 4.- Los mecanismos alternativos se aplicarán por los Centros de Justicia Alternativa
del Estado, a través de los especialistas adscritos a los mismos.
Las instituciones públicas y privadas, así como los particulares podrán prestar servicios con
la finalidad de contribuir a la solución de controversias, a través de los mecanismos alternativos,
ajustándose en lo conducente a lo previsto en el Capítulo II de la presente Ley.
CAPÍTULO II
DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Artículo 5.- Los mecanismos alternativos son la mediación, la conciliación y los demás que
sean adecuados para la solución pacífica de controversias entre las partes, conforme a las
disposiciones legales aplicables.
El arbitraje se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
Artículo 6.- Son principios rectores de los mecanismos alternativos, los siguientes:
I.- Voluntariedad, que estriba en la autodeterminación de las personas para acudir,
permanecer o retirarse de cualesquiera de los mecanismos alternativos, sin presiones, libremente,
decidir sobre la información que revelan, así como llegar o no a un acuerdo;
II.- Confidencialidad, que consiste en que la información tratada durante el procedimiento de
aplicación de los mecanismos alternativos no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en
perjuicio de las partes dentro del proceso judicial. El deber de confidencialidad no se extiende a la
información relativa a la comisión de un delito no susceptible de solucionarse por los mecanismos
alternativos;
III.- Buena fe y Veracidad, que consiste en conducirse con buena fe en cuanto a que debe
existir una absoluta disposición para alcanzar acuerdos y con congruencia entre lo que se piensa y
se expresa;
IV.- Neutralidad, el cual consiste en que el especialista mantenga una postura y mentalidad
de no ceder a sus propias inclinaciones o preferencias durante todo el procedimiento de realización
de los mecanismos alternativos;
V.- Imparcialidad, que consiste en que el especialista actúe libre de favoritismos y prejuicios,
en su relación con las personas y los resultados del conflicto, tratándolas con absoluta objetividad y
sin hacer diferencia alguna;
VI.- Equidad, el cual significa que el especialista debe procurar que el acuerdo al que lleguen
las personas para solucionar su controversia, sea comprendido por las mismas y que lo perciban
como justo;
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VII.- Legalidad, el cual consiste en que sólo pueden ser objeto de los mecanismos
alternativos, las controversias derivadas de los derechos que se encuentren dentro de la libre
disposición de las personas y que las soluciones sean conforme a derecho;
VIII.- Honestidad, que consiste en la actuación del especialista, reconociendo sus
capacidades, limitaciones e intereses personales, así como institucionales, por lo cual se excusará
de participar en la aplicación de los mecanismos alternativos por razones de conflicto de intereses
o por la falta de preparación o aptitudes necesarias para llevarlos a cabo;
IX.- Flexibilidad, que consiste en que los mecanismos alternativos carezcan de toda forma
estricta, con el fin de responder a las necesidades particulares de las personas interesadas en su
aplicación para la solución de sus controversias, y que puedan acordar, en su caso y conforme a la
Ley, las reglas de tales mecanismos;
X.- Oralidad, el cual consiste en que los procesos de los mecanismos alternativos se
realizarán de manera oral, por lo que no deberá dejarse constancia ni registro alguno de los
comentarios y opiniones de las partes con excepción del acuerdo o convenio que podrá formularse
por escrito para suscribirse, y en su caso, ratificarse por las partes;
XI.- Consentimiento informado, que consiste en la comprensión de las partes sobre los
mecanismos alternativos de solución de controversias, las características de cada uno de los
procedimientos, la importancia de los principios, los compromisos inherentes a su participación y el
alcance de los acuerdos; y
XII.- Intervención mínima, el cual consiste en el deber del especialista de realizar las
actividades estrictamente indispensables para que las partes avancen y, en su caso, logren la
solución de sus controversias.
Artículo 7.- Pueden ser materia de mecanismos alternativos de solución de controversias,
todas o algunas de las diferencias que se susciten entre personas interesadas en relación con
determinado hecho, derecho, contrato, obligación, acción o pretensión, siempre que se trate de
asuntos que puedan ser objeto de transacción o de hechos que la ley señale como delito, respecto
de las cuales proceda el perdón o la manifestación de desinterés jurídico por la víctima en cuanto a
la prosecución del procedimiento y que no se afecten la moral, los derechos de terceros ni se
contravengan disposiciones de orden público.
Asimismo, serán aplicables los mecanismos alternativos en lo que se refiere a hechos que la
ley señale como delito respecto de las que no proceda el perdón o el desinterés jurídico de la
víctima, exclusivamente con el objeto de que se repare el daño o se atienda a sus diversas
necesidades.
En materia penal y de justicia para adolescentes, se promoverán y aplicarán los mecanismos
alternativos en los términos de esta Ley, con el fin de lograr la justicia restaurativa, mediante la
participación de la víctima u ofendido y el imputado, para buscar la solución a las controversias
derivadas del hecho calificado como delito.
Artículo 8.- Los mecanismos alternativos serán conforme al menor costo para las partes, se
realizarán con rapidez y podrán aplicarse simultáneamente en un conflicto cuando así se requiera.
En el supuesto de que las personas hubieren elegido el mecanismo de la mediación y no
lograren la solución del conflicto, el especialista les sugerirá que recurran a la conciliación u otros
mecanismos alternativos, informándoles sobre la naturaleza, características y alcances legales de
los mismos.
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La oportunidad para sujetar la solución de controversias a mecanismos alternativos, puede
tener lugar en cualquier momento, aun cuando exista un proceso judicial pendiente, caso en el cual
las partes deberán hacerlo del conocimiento del tribunal, para que éste tome nota en los autos y si
lo solicitan las partes intervinientes en el proceso judicial, decretar la suspensión del mismo,
siempre que no se afecten los derechos de terceros y por un período que no excederá de dos
meses.
El juez podrá denegar la suspensión por virtud de disposiciones de orden público o cuando
sea necesario para la protección de derechos de menores de edad e incapaces.
Las partes deberán informar al órgano jurisdiccional, antes de que fenezca el plazo de
suspensión, sobre los resultados obtenidos y para el caso de que no hubieren concluido las
negociaciones, podrán solicitar la ampliación de la suspensión sobre la que el órgano jurisdiccional
resolverá conforme a los lineamientos establecidos en los párrafos anteriores. La omisión del
informe dará lugar a la reanudación del procedimiento.
Artículo 9.- Los mecanismos alternativos pueden aplicarse aun en aquellos casos en que
haya sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. En materia civil, las partes podrán
sujetarse a algún medio alterno en lo relativo al cumplimiento o ejecución del fallo.
En materia penal, habiéndose dictado sentencia firme, sólo podrán tratar lo conducente a la
reparación del daño.
Artículo 10.- Los mecanismos alternativos podrán iniciarse:
I.- Por solicitud de persona interesada, en forma verbal o escrita ante el Director o cualquier
especialista del Centro; o
II.- A instancia del Ministerio Público o del Juez que conozcan del procedimiento cuando se
advierta la voluntad de los interesados en solucionar sus controversias mediante un mecanismo
alternativo.
Artículo 11.- Cuando la petición se formule oralmente se registrarán los datos de
identificación del interesado y su domicilio, así como los de la persona involucrada en la
controversia y los antecedentes que sirvan para identificar la misma.
Artículo 12.- Una vez planteada la solicitud, se analizará para determinar si la controversia
es susceptible de solucionarse a través de algún mecanismo alterno y de ser así, se iniciará el
procedimiento ordenando el especialista mandar citar a la parte contraria para informarle de la
solicitud realizada y hacerle saber las reglas y consecuencias del trámite del procedimiento.
Una vez aceptada por ambas partes, la sujeción al mecanismo alterno para la solución de su
controversia, se abrirá el expediente correspondiente y se citará a las partes para proceder a la
elaboración del Convenio o Acuerdo al que lleguen.
Si el procedimiento fue solicitado a instancia de una autoridad, se le informará el resultado
del mismo mediante oficio.
En caso de que se considere que la controversia no es susceptible de solucionarse por
algún mecanismo alterno, se hará del conocimiento del interesado, expresándole los motivos.
Artículo 13.- Las personas interesadas en solucionar sus controversias, deberán conducirse
con respeto, guardar la confidencialidad del procedimiento y cumplir con las obligaciones que se
establezcan en los convenios que celebren.
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Los Especialistas no podrán revelar a una de las partes ni a terceros, la información relativa
al conflicto que la otra le haya manifestado, sin autorización por escrito de esta última.
Artículo 14.- La información que se genere en los procedimientos de los mecanismos
alternativos, se considerará confidencial, en los términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado.
Artículo 15.- Las personas que enfrenten un conflicto de naturaleza jurídica podrán acudir
conjunta o separadamente, a los centros de justicia alternativa para recibir información y
orientación sobre los mecanismos alternativos.
En caso de que su asunto sea calificado como susceptible de ser solucionado a través de
algún medio alterno, podrán solicitar la iniciación del que mejor satisfaga sus intereses.
Artículo 16.- Los jueces del orden civil, una vez fijada la litis, analizarán si el conflicto
planteado es susceptible de solucionarse por mecanismos alternativos, y en su caso, podrán
convocar a las partes y exponerles la posibilidad de acudir a los centros de justicia alternativa para
tal efecto.
Artículo 17.- El trámite de los mecanismos alternativos interrumpe el término de la
caducidad por el tiempo que dure la suspensión del procedimiento.
Las partes deberán informar al tribunal, antes de que fenezca el plazo de interrupción, sobre
los resultados obtenidos y para el caso de que no hubieren concluido las negociaciones, podrán
solicitar la ampliación de dicho plazo, sobre el que el órgano jurisdiccional resolverá conforme a los
lineamientos establecidos en el párrafo anterior. La omisión del informe dará lugar a la
reanudación del término de la caducidad.
Artículo 18.- En las controversias del orden penal que puedan someterse a algún
mecanismo alternativo, el Ministerio Público, durante la averiguación previa o investigación, o el
Juez, en el auto de sujeción a proceso o de formal prisión, o en la etapa intermedia, hasta antes
del auto de apertura a juicio oral, en su caso, podrán ordenar la citación al imputado o acusado y a
la víctima u ofendido a una audiencia en la que se les expondrá la posibilidad de acudir a los
centros de justicia alternativa para solucionar la controversia.
En caso de que las partes acuerden algún mecanismo alternativo, el Ministerio Público o el
Juez, en su caso, lo notificará al Centro que corresponda.
Si las partes no aceptan iniciar los mecanismos alternativos, continuará el procedimiento o
proceso respectivo, sin perjuicio de que manifiesten posteriormente su voluntad de acudir a
aquéllos para resolver la controversia.
Artículo 19.- La prescripción tanto de las acciones civiles, como de las penales tratándose
de delitos susceptibles de ser solucionados por un mecanismo alternativo, podrá interrumpirse
hasta por el término de dos meses, por voluntad de las partes, a partir de la fecha que determinen
de común acuerdo.
CAPÍTULO III
DE LOS CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
Artículo 20.- El Poder Judicial del Estado tendrá Centros de Justicia Alternativa, con
autonomía técnica para la aplicación de los mecanismos de solución de controversias, previstos en
esta Ley.
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Artículo 21.- Los Centros de Justicia Alternativa, tendrán competencia en toda la Entidad
para la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Los centros dependerán jerárquicamente de las Direcciones Generales correspondientes del
Poder Judicial del Estado, con las atribuciones que se establezcan en los reglamentos respectivos.
Artículo 22.- Los Centros de Justicia Alternativa del Estado tienen las siguientes
atribuciones:
I.- Prestar de forma gratuita los servicios de información, de orientación y de aplicación de los
mecanismos alternativos de solución de controversias en los términos de la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;
II.- Conocer las controversias que les planteen directamente los particulares o por conducto
del Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, para procurar que se solucionen a través de
los mecanismos alternativos;
III.- Llevar un registro de las instituciones y particulares que presten servicios de aplicación
de mecanismos alternativos de solución de controversias;
IV.- Intercambiar en forma permanente, conocimientos y experiencias con instituciones
públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que contribuyan al cumplimiento de los
fines que esta Ley persigue;
V.- Fomentar la cultura de la solución pacífica de las controversias;
VI.- Realizar estudios relacionados con la aplicación de los mecanismos alternativos;
VII.- Difundir las funciones, objetivos y logros de los Centros, así como los resultados de los
estudios que realicen; y
VIII.- Las demás que establezcan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 23.- Los Centros de Justicia Alternativa del Estado estarán integrados por:
I.- Los Directores;
II.- Los especialistas; y
III.- El personal administrativo.
Las personas que desempeñen cargos directivos o de especialistas en los Centros serán
considerados servidores públicos de confianza.
Artículo 24.- Para ser Director General de los Centros de Justicia Alternativa del Estado, se
requiere:
I.- Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II.- Poseer, al día en que inicie el cargo, título profesional de licenciado en derecho y cédula
profesional y contar con experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la profesión;
III.- Contar con los conocimientos, aptitudes y habilidades suficientes para desempeñar el
cargo de manera eficiente;
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IV.- No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, ni
estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público;
V.- Ser de reconocida honorabilidad; y
VI.- Los demás requisitos que establezcan la ley, su respectivo reglamento y demás
disposiciones que resulten aplicables.
Artículo 24 Bis.- Para ser Director de un Centro de Justicia Alternativa del Estado, se
requiere:
I.- Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II.- Poseer, al día en que inicie el cargo, título profesional de licenciado en derecho y cédula
profesional, y contar con experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la profesión;
III.- Contar con los conocimientos, aptitudes y habilidades suficientes para desempeñar el
cargo de manera eficiente;
IV.- No haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, ni
estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público;
V.- Ser de reconocida honorabilidad; y
VI.- Los demás requisitos que establezcan la ley, su respectivo reglamento y demás
disposiciones que resulten aplicables.
Artículo 25.- Los directores generales tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes:
I.- Revisar la correcta aplicación de los mecanismos alternativos por parte de los Centros, en
los términos previstos por esta Ley;
II.- Desahogar las consultas que planteen los directores de los Centros respecto de la
prestación de sus servicios;
III.- Llevar el registro de los convenios celebrados ante los Centros;
IV.- Certificar la documentación que obre en el archivo de la Dirección General a su cargo;
V.- Fungir como director de un Centro de Justicia Alternativa del Estado, y como
especialista, cuando las necesidades del servicio lo requieran;
VI.- Proponer ante la autoridad correspondiente, el reglamento para el funcionamiento de los
Centros de cada institución, así como las reformas al mismo; y
VII.- Las demás establecidas en la Ley, en el Reglamento o en los acuerdos que rijan sus
funciones.
Artículo 26.- Los directores de los Centros de Justicia Alternativa del Estado, tienen las
atribuciones y obligaciones siguientes:
I.- Revisar la aplicación correcta de los mecanismos alternativos por los especialistas del
Centro a su cargo;
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II.- Ejercer la dirección técnica y administrativa del Centro, así como vigilar el cumplimiento
de sus objetivos;
III.- Revisar que los convenios celebrados por las partes, con la intervención de especialistas
del Centro, se apeguen a los principios establecidos en esta Ley;
IV.- Llevar un registro de los convenios celebrados ante los especialistas y, en su caso,
certificar documentos que obren en los archivos del Centro a su cargo;
V.- Fungir como especialista cuando las necesidades del servicio lo requieran;
VI.- Actuar como jefe inmediato del personal adscrito al Centro;
VII.- Solicitar, en cualquier momento, el auxilio de un profesional en determinada materia,
cuando una determinada controversia entre personas, así lo requiera;
VIII.- Difundir información relativa a las funciones, actividades y logros del Centro; y
IX.- Las demás atribuciones y obligaciones establecidas en esta Ley, en el Reglamento o en
los acuerdos que emitan las autoridades competentes.
Artículo 27.- Los mecanismos alternativos se realizarán por los Centros de Justicia
Alternativa del Estado, a través de los especialistas adscritos al Centro o bien por los especialistas
privados autorizados por el Centro, de acuerdo con las directrices que se establezcan en el
Reglamento o en los acuerdos que emitan las autoridades competentes.
A) Para obtener la certificación como especialista adscrito se requiere:
I.- Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;
II.- Contar con los conocimientos, aptitudes y habilidades suficientes para desempeñar el
cargo de manera eficiente;
III.- No haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, ni
estar inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público;
IV.- No estar cumpliendo una sanción administrativa que implique inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público;
V.- Cumplir con los programas de capacitación y evaluación que establezca el Centro;
VI.- En el caso de personas especializadas, acreditar sus estudios y práctica en la materia;
VII.- Contar con título profesional de licenciado en derecho y cédula profesional;
VIII.- Acreditar los exámenes de ingreso que establezca el Centro; y
IX.- Los demás que establezcan otras leyes o el Reglamento.
Para obtener la certificación como especialista privado, además de los requisitos anteriores,
se requiere acreditar que cuenta con la estructura suficiente para proporcionar el servicio como
especialista, tener su domicilio en el Estado y mantener vigente el registro del servicio otorgado por
el Centro.
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B) Son obligaciones comunes de los especialistas adscritos al Centro o de los especialistas
privados:
I.- Ejercer con probidad, eficiencia y respeto a los principios que rigen los mecanismos
alternativos de solución de controversias y las funciones que esta Ley les encomienda;
II.- Guardar la debida confidencialidad, en calidad de secreto profesional, respecto de la
información obtenida en razón de su intervención, así como de las actuaciones y los convenios en
que intervenga;
III.- Conducir los procedimientos alternativos, atendiendo a los principios rectores a que se
refiere esta Ley;
IV.- Vigilar que en los mecanismos alternativos en que intervengan, no se afecten derechos
de terceros, intereses de menores e incapaces y disposiciones de orden público;
V.- Desarrollar el mecanismo alternativo elegido por los participantes;
VI.- Cerciorarse del correcto entendimiento y comprensión que los participantes tengan del
desarrollo del mecanismo alternativo elegido, desde su inicio hasta su conclusión, así como de sus
alcances;
VII.- Cerciorarse que la voluntad de los interesados no sufra algún vicio;
VIII.- Abstenerse de prestar servicios profesionales diversos a los inherentes a su función a
las personas sujetas a los medios alternativos;
IX.- Exhortar y motivar a los participantes a cooperar en la solución del conflicto;
X.- Declarar la improcedencia del mecanismo alternativo elegido, en los casos en que así
corresponda, haciendo saber a las partes los motivos de la misma;
XI.- Excusarse de conocer del mecanismo alternativo elegido cuando se encuentre en alguno
de los supuestos en que la legislación procesal aplicable al conflicto, obligue al juzgador a
excusarse, salvo cuando los participantes con pleno conocimiento y por estimar que no se afecta la
imparcialidad del prestador, lo acepten por escrito;
XII.- Informar a las partes sobre la naturaleza y ventajas de los procedimientos alternativos
de solución de conflictos previstos en esta Ley, así como de las consecuencias legales del acuerdo,
convenio o transacción que celebren en su caso;
XIII.- Evitar la prolongación innecesaria de los procedimientos que atienda;
XIV.- Actualizarse permanentemente en la teoría y técnicas de los mecanismos alternativos
para la solución de controversias;
XV.- Proporcionar los informes estadísticos o relacionados con su actividad que le requiera
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en su reglamento;
XVI.- Someter a consideración del Director del Centro los convenios celebrados por las
partes; y
XVII.- Los demás requisitos que establezcan la ley, su respectivo reglamento y demás
disposiciones que resulten aplicables.
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Artículo 28.- Los convenios podrán celebrarse verbalmente o por escrito.
Cuando se realicen por escrito, las personas interesadas podrán acordar presentarse, junto
con el especialista que haya intervenido en el procedimiento, ante el Director del Centro de
Justicia Alternativa del Estado, para que en presencia de éste ratifiquen el convenio y reconozcan
las firmas que lo calzan, con el objeto de que sea certificado por el propio Director.
Esta disposición es aplicable a los convenios que se firmen ante las instituciones y
particulares a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4 de esta Ley.
Artículo 29.- Los directores generales y los directores de los Centros de Justicia Alternativa
del Estado, gozarán de fe pública únicamente para certificar que ante su presencia se ratifica el
convenio por las personas interesadas y que reconocen las firmas que lo calzan.
Artículo 30.- Los directores generales y los directores de los Centros tendrán la facultad,
cuando lo solicite cualquiera de los interesados, de remitir los convenios cuya autenticidad hayan
certificado, ante el Juez que corresponda, para que éste determine, sin requerir ratificación de los
suscriptores, si son de aprobarse.
Tratándose de convenios que se celebren respecto de derechos de menores de edad e
incapaces, deberán ser sometidos a la autoridad judicial correspondiente, para su revisión y
aprobación, en su caso, previa intervención que se dé al Ministerio Público.
Los convenios que se suscriban ante especialistas que no formen parte de los Centros de
Justicia Alternativa del Estado, podrán presentarse por los interesados ante el Director de
cualquiera de dichos Centros, quien, previamente a la ratificación, los revisará y verificará que las
soluciones acordadas sean conforme a derecho y que reúnen los requisitos esenciales. Asimismo,
una vez ratificados, a petición de cualquiera de los interesados, podrá someter tales convenios a la
aprobación, en su caso, por la autoridad judicial, en los términos previstos por esta Ley.
El Juez resolverá lo que legalmente corresponda y lo hará del conocimiento del director de
que se trate, anexándole copia certificada de la resolución respectiva.
En el caso en que no se apruebe un convenio, deberán expresarse los motivos relativos,
para conocimiento de los interesados y que los mismos estén en aptitud de celebrar un nuevo
acuerdo.
La resolución judicial que determine la no aprobación de un convenio, será irrecurrible.
Artículo 31.- Los Directores y Especialistas de los Centros de Justicia Alternativa del Estado
no pueden ser abogados en causa ajena, apoderados, asesores o árbitros de derecho, ni
desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de la Federación, del Gobierno del Estado, de otras
entidades, de los municipios, o de particulares, salvo los cargos honoríficos en instituciones
educativas y en asociaciones científicas o artísticas y los cargos docentes siempre y cuando éstos
últimos no interfieran con el horario normal de las labores.
Artículo 32.- Las instalaciones de los Centros deberán estar debidamente acondicionadas y
equipadas, a fin de prestar los servicios en un ambiente propicio que les permita la comunicación
adecuada y solucionar la controversia.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
14
Artículo Segundo.- El Ejecutivo del Estado deberá emitir el Reglamento del presente
ordenamiento jurídico dentro los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo Tercero.- El Poder Judicial del Estado y la Procuraduría General de Justicia del
Estado, dispondrán lo conducente respecto a la creación de los Centros señalados en esta Ley.
TRANSITORIO DEL DECRETO 200
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 18 de junio de 2016, previa
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
El Congreso del Estado podrá establecer, mediante declaratorias, la entrada en vigor de la
presente reforma de manera gradual, antes del 18 de junio de 2016, en las modalidades que
determine, por Distrito Judicial y por tipos de delitos.
A P E N D I C E
Ley No.161; B. O. No. 28, sección II, de fecha 7 de abril de 2008.
DECRETO 200; B. O. No. 30, sección VI, de fecha 11 de octubre de 2012, que reforma los
artículos 2, fracciones I y II; 7, párrafos primero y segundo; 12; 18, párrafo primero; 20; 21, párrafo
segundo; 24, 27 y la denominación del Capítulo III y adiciona el artículo 24 Bis.
I N D I C E
LEY DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL ESTADO
DE SONORA…………………………………………………………………………………………..………3
CAPITULO I………….………………………………………………………………………………………..3
DISPOSICIONES GENERALES…………………………………………………………………………….3
CAPITULO II…………………………………………………………………………………………………..4
DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS…………………4
CAPITULO III………………………………………………………………………………………………….8
DE LOS CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO…………………………………………….8
TRANSITORIOS…………………………………………………………………………………………….11
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