<![CDATA[NUMERO 38
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA,
EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1o.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general
en el Estado de Sonora; y se aplicará:
I.- A los trabajadores del Servicio Civil del Estado de Sonora;
II.- A los trabajadores o empleados de organismos que por Ley o por disposición legal del Ejecutivo
del Estado sean incorporados a su régimen.
III.- A los pensionistas del Estado y de organismos públicos a que se refiere la fracción anterior;
IV.- A los familiares derechohabientes tanto de los trabajadores como de los pensionistas
mencionados;
V.- Al Estado y organismos públicos que se menciona en este artículo.
ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I.- Instituto: al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora;
II.- Estado: a las dependencias de la Administración Pública Estatal, al igual que los poderes
Legislativo y Judicial;
III.- Organismos públicos incorporados: a las entidades de la Administración Pública Estatal, los
municipios de la Entidad y los organismos o instituciones que se incorporen al régimen de seguridad
social que regula esta Ley;
IV.- Trabajador: a toda persona que preste sus servicios al Estado o a los organismos públicos
incorporados, mediante designación legal y siempre que sus retribuciones estén consignadas en la
normatividad y los presupuestos respectivos, o se paguen con cargo a alguna de estas partidas, o por
estar incluido en las nominas de trabajadores temporales. No se considerarán como trabajadores a las
personas que presten sus servicios mediante contrato sujeto a la legislación común, a las que perciban
emolumentos con cargo a la partida de honorarios y a los menores de 16 años;
V.- Pensionista o pensionado: a toda persona que tiene derecho a percibir y cobrar una pensión en
los términos de esta Ley;
VI.- Familiares derechohabientes, a:
A) El o la cónyuge o, en su caso, la persona con quien el trabajador o pensionista ha vivido como si
lo fuera durante los cinco años anteriores, o con la que tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan
libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá
derecho a recibir la prestación.
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B) Los hijos del asegurado menores de 18 años, siempre que dependan económicamente de él.
C) Los hijos solteros mayores de 18 años, hasta la edad de 25, previa comprobación de que están
y continúan realizando estudios de nivel medio o superior, en cualquier rama del conocimiento, en
planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo remunerado.
D) Los hijos mayores de 18 años incapacitados física o psíquicamente, que no puedan trabajar
para obtener su subsistencia, según comprobación que se hará mediante certificado médico expedido
por el Instituto y por los medios legales procedentes.
E) Los padres de los trabajadores, en los términos que establece esta Ley; y
Los familiares que se mencionan en esta fracción tendrán los derechos que esta Ley les concede
si reúnen los requisitos que para el otorgamiento de dichas prestaciones señala el presente
ordenamiento.
VII.- Maternidad: el estado fisiológico de la mujer originado por el proceso de la reproducción
humana, en relación con el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia. En el caso de adopción se
equipara el término entre madre adoptiva y biológica, para todos los efectos legales, a partir del parto.
ARTICULO 3o.- El Instituto podrá celebrar convenios con las Entidades de la Administración
Pública Estatal y con los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, así como con organismos o
instituciones públicas, con el fin de que sus trabajadores y los familiares derechohabientes de éstos
reciban las prestaciones y servicios del régimen de esta Ley.
La Junta Directiva del Instituto establecerá los requisitos, condiciones, modalidades y obligaciones,
a los que se sujetarán los organismos que decidan incorporarse al régimen de esta Ley. La incorporación
podrá ser total o parcial.
ARTICULO 4o.- Se establecen con el carácter de obligatorias las siguientes prestaciones, salvo la
prevención señalada en el párrafo segundo del artículo 3° de esta Ley:
I.- Seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad;
II.- Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
II Bis.- Servicio de reducción y readaptación de inválidos.
III.- Créditos para la adquisición en propiedad de casas o terrenos para la construcción de las
mismas, destinados a la habitación familiar del trabajador;
III Bis.- Actividades que eleven el nivel cultural del servidor público y su familia.
IV.- Arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes al Instituto;
V.- Préstamos hipotecarios;
VI.- Préstamos a corto plazo;
VII.- Jubilación;
VIII.- Pensión por vejez.
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IX.- Pensión por invalidez.
X.- Pensión por muerte.
XI.- Indemnización global.
XII.- Pago póstumo en los términos del Capítulo Séptimo BIS.
XIII.- Fondo colectivo de retiro.
ARTICULO 5o.- La Dirección de Pensiones del Estado creada por la Ley Número 5 del 14 de
noviembre de 1949, publicada en el Boletín Oficial del Estado correspondiente al día 19 del propio mes y
año, se transforma en un organismo que se denominará Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Sonora, que tendrá el carácter de organismo público descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propios y cuyo domicilio será la Ciudad de Hermosillo.
Este Instituto tendrá a su cargo las prestaciones que esta ley establece.
ARTICULO 6o.- El Estado y organismos públicos deberán remitir al Instituto en enero de cada año,
una relación del personal sujeto al pago de las cuotas a que se refiere el artículo 16 de este
ordenamiento.
Asimismo, pondrán en conocimiento del Instituto, dentro de los 15 días siguientes a su fecha:
I.- Las altas y bajas de los trabajadores;
II.- Las modificaciones de los sueldos sujetos a descuentos;
III.- Los nombres de los familiares que los trabajadores deben señalar para disfrutar de los
beneficios que esta Ley concede. Esto último dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la toma de
posesión del trabajador.
En todo tiempo, el Estado y organismos públicos incorporados proporcionarán al Instituto los datos
que les solicite y requiera en relación con las funciones que le señala esta ley.
Los funcionarios y empleados designados por el Estado u organismos públicos incorporados para
el cumplimiento de estas obligaciones, serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen con
sus omisiones y serán sancionados en los términos de esta ley.
ARTICULO 7o.- Los trabajadores están obligados a proporcionar al Instituto y al Estado y
organismos públicos incorporados en que presten sus servicios:
I.- Los nombres de los familiares que deben disfrutar de los beneficios que esta ley concede;
II.- Los informes y documentos que se les pidan, relacionados con la aplicación de esta ley.
Los trabajadores tendrán derecho, en su caso, a gestionar que el Instituto los inscriba, y exigir al
Estado y organismos públicos incorporados correspondientes al estricto cumplimiento de las obligaciones
que les impone el artículo anterior.
ARTICULO 8o.- El Instituto estará obligado a expedir a todos los beneficiarios de esta ley, una
cédula de identificación, a fin de que puedan ejercitar los derechos que la misma les confiere, según el
caso.
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En dicha cédula se anotarán los nombres y datos que establezca el reglamento.
ARTICULO 9o.- Para que los beneficiarios puedan percibir las prestaciones que les correspondan,
deberán cumplir los requisitos que esta Ley establece y los de los reglamentos y acuerdos que expida el
Instituto con apoyo en la misma. No obstante lo anterior, los requisitos que impongan tales normatividades
no podrán condicionar la prestación de los servicios en virtud de circunstancias relativas al estado de
salud y/o físico del trabajador. Durante el proceso de ingreso o reingreso de los trabajadores como
derechohabientes del Instituto, éste únicamente podrá exigir la realización de estudios médicos a
aquéllos, con el exclusivo propósito de determinar si el Estado y/o alguno de los organismo públicos
incorporados, debe cubrir aportaciones adicionales a favor del Instituto, así como la cuantía de las
mismas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 de esta Ley.
No se podrá negar, ni a los trabajadores, pensionados o jubilados o a sus familiares
derechohabientes, la prestación de alguno de los servicios que ofrece el Instituto, por alguna
inconsistencia o imprecisión en los documentos que acrediten la identidad o cualquier dato relaciona con
el estado civil. En los casos de que al requerir la atención médica un derechohabiente se detecte
cualquier irregularidad respecto de los datos de identidad, estado civil o parentesco, así como cualquier
otro análogo a estos, el Instituto no deberá negar el servicio médico al interesado, pudiendo solicitar la
garantía de pago del mismo, en los términos de la ley. Además, se otorgará al interesado, un plazo de
hasta 90 días naturales para la entrega de los documentos con la debida corrección; transcurrido dicho
plazo sin que el Instituto reciba los documentos debidamente corregidos, podrá dar de baja de los
servicios que presta el Instituto, al trabajador o familiar que no tenga debidamente acreditada su
identidad, sin responsabilidad alguna para el Instituto, hasta en tanto no se reciban los mismos.
Para efectos de que el Instituto pueda prestar un mejor servicio a sus derechohabientes, en
materia de acreditación del Estado Civil, podrá celebrar convenios de colaboración con la Dirección
General del Registro Civil del Estado, en los términos y condiciones que en los mismos convenios se
establezcan.
ARTICULO 9o BIS.- Los servicios médicos que tiene encomendados el Instituto en los términos de
los capítulos relativos a los seguros de enfermedades profesionales, no profesionales y de maternidad,
los prestará directamente, o bien, a través de personas físicas o morales con las cuales se hayan
celebrado los contratos respectivos.
En tales casos, las personas que hubieren suscrito esos contratos, estarán obligadas a
proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les solicite,
sujetándose a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el Instituto.
ARTICULO 10.- Los trabajadores que por cualquier causa no perciban íntegramente su sueldo,
sólo podrán continuar disfrutando de los beneficios que esta ley les otorga, si pagan la totalidad de las
cuotas que les correspondan.
ARTICULO 11.- El Instituto recopilará y clasificará la información sobre el personal a efecto de
formular escalas de sueldos, promedios de duración de los servicios que esta ley regula, tablas de
mortalidad, y, en general, las estadísticas y cálculos necesarios para encauzar las prestaciones
establecidas en el artículo 4o., y, en su caso, proponer al Ejecutivo las modificaciones que fueren
procedentes.
ARTICULO 12.- El Instituto formulará el censo general de trabajadores en servicio y cuidará de
registrar las altas y bajas que ocurran, para que dicho censo esté al corriente y sirva de base para
formular las liquidaciones que se refieran a las cuotas de los trabajadores y a las aportaciones a cargo
del Estado y organismos públicos incorporados.
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ARTICULO 13.- El Estado y organismos públicos incorporados quedan obligados a remitir sin
demora al Instituto, los expedientes y datos que solicite de los trabajadores o extrabajadores, para las
investigaciones correspondientes.
En caso de negativa o demora injustificada para proporcionar dichos expedientes o datos o cuando
los mismos se suministren en forma inexacta o fueren alterados, la autoridad competente exigirá la
responsabilidad e impondrá las sanciones respectivas en los términos de esta ley.
ARTICULO 14.- Las controversias judiciales que surjan sobre la aplicación de esta ley, así como
todas aquellas en que el Instituto tuviere el carácter de actor o demandado, serán de la competencia de
los Tribunales del Estado.
ARTÍCULO 14 BIS.- Las modificaciones o reformas integrales a la presente Ley deberán ser
sujetas a un proceso de socialización universal dentro de la derechohabiencia, previo a su aprobación por
parte del Congreso del Estado.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS SUELDOS, CUOTAS Y APORTACIONES
ARTICULO 15.- El sueldo que se tomará como base para los efectos de esta Ley, se integrará con
el sueldo presupuestal y los demás emolumentos de carácter permanente que el trabajador obtenga por
disposición expresa de las leyes respectivas, con motivo de su trabajo.
El sueldo básico integrado por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, estará sujeto a
las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta Ley y se tomará en cuenta para la
determinación del monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que la misma establece.
El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos incorporados se determinará en
cada caso particular mediante los convenios que celebren con el Instituto, en los términos del párrafo
segundo del artículo 3° de esta Ley.
ARTICULO 16.- Todo trabajador al servicio del Estado deberá aportar la cuota obligatoria del
17.5% sobre el sueldo básico integrado que devengue, definido en el primer párrafo del artículo anterior;
aplicándose dicha cuota de la siguiente manera:
A).- El 10% para pensiones y jubilaciones;
B).- El 5.5% para servicios médicos;
C).- El .5% Para préstamos a corto plazo,
D).- El .5% Para préstamos prendarios.
E).- El 1% para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario.
ARTICULO 17.- Los trabajadores que desempeñen dos o más empleos compatibles entre sí en el
Estado y organismos públicos incorporados a que se refiere el artículo 1o. de esta ley, o aquellos a que
se refiere el artículo 3o., cubrirán sus cuotas sobre la totalidad de los sueldos que tengan asignados.
ARTICULO 18.- El Estado y organismos públicos incorporados están obligados:
I.- A efectuar los descuentos de las cuotas a que se refiere el artículo 16 de esta ley y los que el
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Instituto ordene con motivo de la aplicación de la misma;
II.- A enviar al Instituto las nóminas y recibos en que figuren los descuentos dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que deban hacerse;
III.- A expedir los certificados y proporcionar informes que les soliciten tanto el Instituto como los
interesados.
Los pagadores y los encargados de cubrir sueldos serán responsables en los términos de esta Ley
y de sus reglamentos de los actos y omisiones que realicen con perjuicio del Instituto o de los
trabajadores, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa que proceda.
ARTICULO 19.- La separación por licencia sin goce de sueldo o por suspensión de los efectos de
nombramiento por causa de prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, se
computará como tiempo de servicios en los siguientes casos:
I.- Cuando las licencias sean concedidas por un período que no exceda de seis meses;
II.- Cuando las licencias se concedan para el desempeño de cargos públicos o comisiones
sindicales, mientras duren dichos cargos o comisiones;
III.- Cuando el trabajador sufra prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, mientras dure
la privación de libertad.
IV.- Cuando el trabajador fuere suspendido, por todo el tiempo que dure la suspensión y siempre
que por resolución firme sea reinstalado en su empleo.
Para disfrutar del cómputo mencionado en los cuatro casos anteriores, el trabajador deberá pagar
la totalidad de las cuotas a que se refieren los artículos 16 y 21. Si el trabajador falleciere antes de
reanudar sus labores y sus familiares derechohabientes tuvieren derecho a pensión, estos deberán cubrir
el importe de esas cuotas, si desean que se compute el período de servicio correspondiente. Estas
liquidaciones causarán el interés que corresponda, el cual se calculará con base en una tasa equivalente
al 80% del costo porcentual promedio vigente al momento de la liquidación.
ARTICULO 20.- Cuando no se hubieren hecho a los trabajadores los descuentos procedentes
conforme a esta Ley, el Instituto ordenará descontar hasta un 50% del sueldo mientras el adeudo no esté
cubierto.
ARTICULO 21.- El Estado cubrirá al Instituto por vía de aportaciones el 29.5% sobre el sueldo
básico integrado de los trabajadores según éste se define por el artículo 15 de esta Ley.
Estas aportaciones se aplicarán de la siguiente manera:
A).- El 17% para pensiones y jubilaciones;
B).- El 7.5% para servicio médico;
C).- El .5% Para préstamos a corto plazo;
D).- El .5% Para préstamos prendarios;
E).- El .4% Para indemnización global;
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F).- El .1% Para ayuda de funeral;
G).- El 2.5% Para gastos de administración.
H).- El 1% para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario.
Sin perjuicio de las aportaciones recién señaladas, el Instituto podrá determinar, de forma
debidamente justificada con estudios actuariales, aportaciones adicionales al Estado y/o a los organismos
públicos incorporados, cuando algún trabajador de cualquiera de ellos presente padecimientos
preexistentes cuyo tratamiento, presente o futuro, impacte adicionalmente en las finanzas del Instituto.
ARTICULO 22.- El Estado y organismos públicos incorporados harán entregas quincenales al
Instituto, por conducto de sus respectivas Tesorerías o Departamentos correspondientes, del monto de
las cantidades que correspondan por concepto de las cuotas y aportaciones a que se refieren los
artículos 16 y 21. También entregarán quincenalmente el importe de los descuentos que el Instituto
ordene que se hagan a los trabajadores por otros adeudos derivados de la aplicación de esta Ley.
CAPITULO TERCERO
DEL SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y DE MATERNIDAD
SECCION PRIMERA
SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES
ARTICULO 23.- En caso de enfermedad no profesional, el trabajador y el pensionista tendrán
derecho a las siguientes prestaciones:
I.- Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sean necesarias, desde el
comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma
enfermedad. El Reglamento de Servicios Médicos determinará que se entiende por este último concepto.
El Instituto no estará obligado a proporcionar servicios de cirugía cosmética, ni a proveer
dentífricos, cosméticos, aparatos de prótesis, de odontología o aparatos de prótesis de ortopedia.
En caso de enfermos ambulantes, cuyo tratamiento médico no les impida trabajar, el tratamiento
de una misma enfermedad se continuará hasta su curación.
II.- Cuando se trate de un trabajador y la enfermedad lo incapacite para el trabajo, tendrá derecho
a licencia con goce de sueldo, o con medio sueldo, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
que reglamenten las relaciones laborales entre el Estado y los organismos públicos incorporados, por una
parte, y sus servidores, por la otra. Si al vencer la licencia con medio sueldo continua la incapacidad, el
trabajador tendrá derecho a disfrutar licencia sin goce de sueldo mientras dure la incapacidad, hasta
completar con las licencias anteriores y a partir de la fecha en que se inició aquella, el término de
cincuenta y dos semanas, no obstante cualquiera disposición en contrario contenida en las expresadas
leyes reglamentarias. Durante la licencia sin goce de sueldo a que acaba de aludirse, el Instituto cubrirá
al asegurado un subsidio en dinero equivalente al cincuenta por ciento del sueldo que percibía el
trabajador.
Al principiar la licencia sin goce de sueldo, y para los efectos de pago del subsidio señalado en el
párrafo anterior, el trabajador deberá dar el aviso respectivo, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha
en que se le haya extendido la incapacidad correspondiente; en caso contrario, el Instituto no entregará el
subsidio.
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ARTICULO 24.- También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del artículo 23 de
esta Ley en caso de enfermedad, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que establece la
misma y el Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto, los familiares del trabajador y del
pensionista que enseguida se señalan:
I.- La cónyuge o, en su caso, la persona con quien ha vivido como si lo fuera durante los cinco
años anteriores a la enfermedad o aún durante un término menor si con ella tuviese hijos, siempre que
ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna
de ellas tendrá derecho a recibir las mencionadas prestaciones.
En caso de fallecimiento de la trabajadora o pensionista, únicamente continuará recibiendo el
servicio médico el esposo o concubinario que esté incapacitado física o psíquicamente y haya dependido
económicamente de ella;
II.- Los hijos menores de 18 años.
Los familiares que se mencionan en esta fracción y la precedente, tendrán el derecho antes
establecido cuando el trabajador o el pensionista tengan derecho a las prestaciones señaladas en la
fracción I del artículo 23 de esta Ley y cuando dichos familiares no tengan por si mismos derechos
propios a las prestaciones otorgadas por esta Ley o por la Ley del Seguro Social o la del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dependientes de la Federación.
III.- Los hijos mayores de 18 y hasta 25 años.
Los familiares que se mencionan en esta fracción, tendrán el derecho antes establecido si reúnen
además de los requisitos que se señalan en la fracción anterior, los siguientes:
A).- Que esté cursando estudios a nivel medio superior o subsecuentes.
B).- Que a satisfacción del Instituto compruebe periódicamente tanto la inscripción como el
promedio de calificación aprobatoria.
IV.- Los hijos mayores de 18 años, incapacitados física o psíquicamente, que no puedan trabajar
para obtener su subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto
y por los medios legales procedentes.
V.- El esposo o concubinario de la trabajadora o pensionista, siempre que esté incapacitado física
o psíquicamente y dependa económicamente de ella.
VI.- Los padres del trabajador.
En este supuesto, la prestación se otorgará:
A).- Sin costo adicional, a quienes dependan económicamente en forma exclusiva del trabajador.
B).- Con el costo que determinen los aranceles, a quienes no demuestren la dependencia
económica en forma exclusiva. En este caso, el paciente cubrirá el importe del servicio al momento del
otorgamiento del mismo.
Quedan excluidos del servicio médico los padres que tengan derechos propios en otras
instituciones de seguridad social, sean del Estado o de la Federación.
ARTICULO 25.- La cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que
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establece este Artículo en favor de pensionistas y de sus familiares derechohabientes, se cubrirá en la
siguiente forma:
I.- Siete por ciento, a cargo del pensionista, sobre la pensión que disfrute, cuyo descuento será
hecho por el Instituto;
II.- Siete por ciento de la misma pensión a cargo del Estado u organismo público incorporado a que
corresponda.
Para el efecto establecido en la fracción II, el Instituto remitirá el día 15 de cada mes la nómina de
los pensionistas a la Tesorería General del Estado, a fin de que esta Dependencia entregue en la
quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportación del Gobierno del Estado. En la
misma forma se procederá cuando se trate de organismos incorporados. La misma cuota dará a los
pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta ley.
ARTICULO 26.- Cuando se haga la hospitalización del asegurado en los términos del Reglamento
de Servicios Médicos, el subsidio establecido en la Fracción II del artículo 23 se pagará al trabajador o a
los familiares derechohabientes señalados en el orden del artículo 24.
Para la hospitalización se requiere el consentimiento expreso del enfermo o de sus familiares, a
menos que se trate de casos graves y de urgencia o cuando por la naturaleza de la enfermedad, se
imponga como indispensable esa medida.
En caso de incumplimiento por parte del enfermo a la orden del Instituto de someterse a
hospitalización o cuando se interrumpa el tratamiento sin la autorización debida, se suspenderá el pago
del subsidio.
SECCIÓN SEGUNDA
SEGURO DE MATERNIDAD
ARTICULO 27.- La mujer trabajadora, la esposa del trabajador o del pensionista, o a falta de la
esposa la concubina de uno u otro, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
I.- Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que los servicios médicos del Instituto
certifiquen el estado de embarazo, o de la fecha en que se otorgue legalmente la adopción, en lo
conducente.
II.- Ayuda para la lactancia solo para la mujer trabajadora. Esta prestación se hará extensiva a la
esposa o concubina del trabajador o pensionista, en los casos en que según dictamen médico exista
incapacidad física para amamantar al hijo. Dicha ayuda será proporcionada en especie por un lapso de
seis meses con posterioridad al nacimiento y se entregará a la madre, o a falta de ésta, a la persona
encargada de alimentar al niño. Los mismos derechos aplicarán en el caso de adopción legalmente
otorgada.
III.- A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que
la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el
segundo año de vida.
IV.- Durante la lactancia podrá tener dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada
uno, para alimentar a sus hijos, sean biológicos o por adopción, o en su caso el tiempo equivalente
acordado con la autoridad responsable, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o
dependencia.
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SECCIÓN SEGUNDA BIS
DE LA LICENCIA ESPECIAL CON GOCE DE
SUELDO POR RAZONES MÉDICAS
ARTÍCULO 27 BIS.- Cuando un trabajador derecho-habiente no tenga cónyuge o pareja, y tenga
bajo su custodia un hijo menor con una enfermedad que requiera atenciones y cuidados especiales a
juicio de un médico especialista, la Junta Directiva del Instituto podrá autorizarle una licencia con goce de
sueldo, por tiempo determinado, para efecto de que el propio trabajador brinde los cuidados y atenciones
que requiere su hijo menor.
ARTICULO 28.- Para que la trabajadora, la esposa o concubina derechohabiente tengan derecho
a las prestaciones que establece el artículo anterior, será necesario que, durante los seis meses
anteriores al parto, o de la fecha en que se otorgue legalmente la adopción, se hayan mantenido vigentes
los derechos de la trabajadora asegurada o del trabajador del que se deriven estas prestaciones.
SECCIÓN TERCERA
CONSERVACIÓN DE DERECHOS
ARTICULO 29.- El trabajador dado de baja por cese o renuncia, pero que haya prestado servicios
ininterrumpidos inmediatamente antes de la separación durante un mínimo de seis meses, conservará
durante los dos meses siguientes a la misma el derecho de recibir las prestaciones establecidas en este
capítulo. Del mismo derecho disfrutarán, en lo que proceda, sus familiares derechohabientes.
CAPITULO CUARTO
DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ARTICULO 30.- Se establece el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en
favor de los trabajadores a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley y de aquellos que se acojan a sus
beneficios en los términos del Artículo 3o. de la misma. El Instituto se subrogará, en la medida y términos
de esta Ley, en las obligaciones del Estado y organismos públicos incorporados derivadas de las leyes
que regulen sus relaciones con sus respectivos trabajadores.
ARTICULO 31.- La profesionalidad de los accidentes y enfermedades será calificada técnicamente
por el Instituto. El afectado inconforme con la calificación podrá designar un perito técnico o médico para
que dictamine a su vez. En caso de desacuerdo entre la calificación del Instituto y el dictamen del perito
del afectado, el Instituto le proporcionará una terna preferentemente de especialistas de notorio prestigio
profesional para que entre ellos elija uno, quien resolverá en forma definitiva, en la inteligencia de que
una vez hecha la elección por el afectado del tercero en discordia, el dictamen de éste será inapelable y
por lo tanto obligatorio para el interesado y para el Instituto.
ARTICULO 32.- En caso de accidente o enfermedad profesional, el trabajador tendrá derecho a las
siguientes prestaciones:
I.- Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, así como aparatos de prótesis de ortopedia y
hospitalización que sea necesaria.
II.- Licencia con goce de sueldo íntegro cuando el accidente o enfermedad profesional incapaciten
al trabajador para desempeñar sus labores. El pago del sueldo se hará desde el primer día de
incapacidad y será cubierto en la siguiente forma:
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a).- Por el Estado y organismos públicos incorporados, durante los períodos y de acuerdo con las
disposiciones que para el efecto estén en vigor.
b).- Por el Instituto, desde el día en que cese la obligación del Estado y organismos a que se
refiere el inciso anterior y hasta que termine la incapacidad cuando esta sea temporal, o bien hasta que
se declare la incapacidad permanente del trabajador y este comience a disfrutar de la pensión por
invalidez.
Para los efectos de la determinación de la incapacidad producida por accidente o enfermedad
profesional, debe estarse a lo que dispongan las leyes que rijan las relaciones del Estado o de los
organismos incorporados, en su caso, con sus trabajadores. El trabajador será sometido a examen
periódicos, con intervalos que no excederán de tres meses, cuando la índole de la incapacidad lo
amerite, con el fin de apreciar su estado de salud y dictaminar si se encuentra en aptitud de volver al
servicio. En un término que no excederá de un año después de iniciada una incapacidad, deberá
declararse si la misma es permanente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en los siguientes artículos.
ARTICULO 33.- Al ser declarada una incapacidad parcial permanente, se concederá al
incapacitado una indemnización por la cantidad que resulte, calculada conforme a la tabla de valuación
de incapacidades aplicable, en los términos de las leyes a que se refiere la fracción II del artículo anterior
y, en su defecto, a la contenida en la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al sueldo básico definido por el
artículo 15. El tanto por ciento se fijará entre el máximo y el mínimo que establezcan las tablas de
valuación mencionadas, teniendo en cuenta la edad del trabajador y la importancia de su incapacidad,
según sea o no absoluta para el ejercicio de su profesión, oficio o trabajo habitual, aún cuando quede
habilitado para dedicarse a otra actividad, o aún si solamente hubiere disminuido su aptitud para el
desempeño de la misma.
Al ser declarada una incapacidad total permanente, se concederá al incapacitado una pensión
igual al sueldo íntegro que venía disfrutando y sobre el cual hubiese pagado las cuotas correspondientes,
cualquiera que sea el tiempo que hubiese estado en funciones.
ARTICULO 34.- Al declararse una incapacidad permanente total, se concederá la pensión
respectiva con carácter provisional, por un período de dos años. En el transcurso de este lapso, el
Instituto podrá ordenar, y, por su parte, el afectado tendrá derecho a solicitar, la revisión de la
incapacidad con el fin de aumentar, disminuir o revocar la cuantía de la pensión, según el caso.
Transcurrido el período anterior, la pensión se considerará como definitiva y su revisión sólo podrá
hacerse una vez al año, salvo que existieran pruebas de un cambio substancial en las condiciones de la
incapacidad.
El incapacitado estará obligado, en todo tiempo, a someterse a los reconocimientos, tratamientos y
exámenes médicos que determine el Instituto.
ARTICULO 35.- Cuando el trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo profesional, los
derechohabientes señalados en el artículo 83 y en el orden que establece, gozarán por un año de una
pensión íntegra, equivalente al 100% del sueldo o sueldos que hubiese percibido el trabajador en el
momento de ocurrir el fallecimiento, disminuyendo dicha pensión un 10% el segundo año y así
sucesivamente en los subsecuentes, hasta llegar a la mitad de la pensión original.
ARTICULO 36.- Cuando un pensionado por incapacidad permanente total fallezca, se aplicarán las
siguientes reglas:
I.- Si el fallecimiento se produce como consecuencia directa de la incapacidad total permanente,
los familiares derechohabientes señalados en esta Ley y en el orden que la misma establece, continuarán
percibiendo la pensión con cuota íntegra durante el primer año, diez por ciento menos en el segundo año
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e igual deducción en los años sucesivos, hasta llegar al cincuenta por ciento de la pensión original.
II.- Si la muerte es originada por causas ajenas a la incapacidad permanente total, se entregará a
los derechohabientes, como única prestación, el importe de seis meses de la cuota disfrutada por el
pensionista.
ARTICULO 37.- Para la división de la pensión derivada de este Capítulo, entre los familiares
derechohabientes, se estará a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 83 de esta ley.
En cuanto a la determinación de la pensión para la viuda, concubina, hijos o divorciada, en su
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 86 y 87.
ARTICULO 38.- Para los efectos de este Capítulo el Estado y organismos públicos incorporados
deberán avisar al Instituto la realización del accidente del trabajador dentro de los tres días siguientes. El
trabajador, su representante legal o sus familiares derechohabientes, también podrán dar el aviso de
referencia, así como el de presunción de la existencia de una enfermedad profesional.
ARTICULO 39.- No se considerarán accidentes o enfermedades profesionales:
I.- Los que ocurran encontrándose el trabajador en estado de embriaguez o bajo la acción de
narcóticos o estupefacientes;
II.- Los que provoque intencionalmente el trabajador;
III.- Los que sean resultado de un intento de suicidio, efecto de una riña en que hubiere participado
el trabajador u originados por algún delito cometido por éste;
IV.- Los que sean debidos a caso fortuito o de fuerza mayor extraños al trabajo u ocurridos fuera
del lugar donde aquel se desempeña.
CAPITULO QUINTO
DE LA VIVIENDA PARA TRABAJADORES
ARTICULO 40.- En los términos de la presente Ley, se instituye el Fondo de la Vivienda para los
Trabajadores, el cual tendrá por objeto:
I.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito
barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria para:
A).- El pago de enganche para la adquisición de vivienda o, en su caso, la adquisición en
propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, incluyendo aquellas sujetas al régimen de condominio;
B).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones;
C).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, en los términos que acuerde la
Comisión Ejecutiva del Fondo;
D).- La adquisición de terrenos en los que deberá construir la habitación el trabajador.
II.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas
en propiedad o en arrendamiento por los trabajadores; y
III.- Los demás que esta Ley establece.
13
ARTÍCULO 40 BIS.- Para el cumplimiento del objeto del Fondo de la Vivienda para los
Trabajadores, el Instituto podrá diseñar e incrementar coordinadamente con las organizaciones sindicales
o, en su caso, con los organismos incorporados, los mecanismos necesarios para acceder a esquemas
de financiamiento compartido con instituciones del ramo de la vivienda, como sociedades financieras de
objeto limitado, sociedades o asociaciones hipotecarias, bancos, compañías constructoras o inmobiliarias
y otras semejantes. Asimismo, el Instituto podrá convenir con las organizaciones u organismos
mencionados la transferencia de recursos y obligaciones para la instrumentación de tales mecanismos.
ARTICULO 41.- El Instituto podrá adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar conjuntos
habitacionales y servicios sociales, a favor de los trabajadores.
ARTICULO 42.- Los organismos públicos incorporados podrán celebrar convenios con el Instituto
para incorporar a sus trabajadores a los beneficios del Fondo.
ARTICULO 43.- Los recursos del Fondo se integrarán:
I.- Con las aportaciones del Estado por el equivalente al 4% sobre el sueldo básico integrado de los
trabajadores, definido en el Artículo 15 de esta Ley.
El tope máximo para el pago de las aportaciones, será el equivalente a diez veces el salario
mínimo general vigente en la zona de que se trate.
II.- Con los bienes y derechos adquiridos por cualquier título; y
III.- Con los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos a que se refieren las
fracciones anteriores.
ARTICULO 44.- Para asignar los créditos a los trabajadores, se tomarán en cuenta el número de
miembros de la familia, el sueldo o salario o el ingreso conyugal, si hay acuerdo por los interesados, y las
características y precios de venta de las habitaciones disponibles.
Si dentro de cada grupo de trabajadores en una clasificación semejante, hay varios con el mismo
derecho, se asignarán entre éstos los créditos individuales mediante sorteos.
ARTICULO 45.- Con sujeción a los requisitos que fije la Junta Directiva, se determinarán: los
montos máximos de los créditos que se otorguen, la relación de dichos montos con el sueldo o salario de
los trabajadores acreditados, la protección de los préstamos, así como los precios máximos de venta de
las habitaciones cuya adquisición o construcción pueda ser objeto de los créditos que se otorguen con
cargo al Fondo.
En ningún caso el importe del préstamo que se conceda, ya sea para una sola persona o dos o
más en mancomún, podrá exceder del valor total que señale el Banco de México para el financiamiento
de vivienda de interés social.
El avalúo deberá coincidir con los precios unitarios de las tablas generales que el Instituto
formulará oportunamente.
ARTICULO 46.- Los créditos que se otorguen con cargo al Fondo, deberán darse por vencidos
anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento del Instituto, enajenan las viviendas, gravan los
inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos, o incurren en las causas de rescisión
consignadas en los contratos respectivos.
ARTICULO 47.- Los créditos que se otorguen a los trabajadores estarán cubiertos por un seguro,
14
para los casos de muerte y daños, que libere a sus beneficiarios de las obligaciones derivadas de los
mismos. El costo de este seguro quedará a cargo del acreditado.
ARTICULO 48.- Cuando un trabajador deje de percibir ingresos por cualquier causa y hubiere
recibido un préstamo a cargo del Fondo, se le otorgará una prórroga, sin causar intereses, en los pagos
de las amortizaciones que tenga que hacer por concepto de capital e intereses. La prórroga tendrá un
plazo máximo de seis meses y terminará anticipadamente cuando el trabajador vuelva a prestar servicios
remunerados.
ARTICULO 49.- El Estado continuará haciendo los depósitos para constituir el Fondo de la
Vivienda, sobre los sueldos o salarios de los trabajadores que disfruten licencia por enfermedad, en los
términos de las leyes que rijan sus relaciones de trabajo, así como sobre los de aquellos que sufran
suspensión temporal de los efectos de su nombramiento; debiendo suspenderse esos depósitos a partir
de la fecha en que cese el pago de salarios.
La existencia de los supuestos a que se refiere este artículo y el anterior deberán comprobarse a
satisfacción del Instituto.
ARTICULO 50.- Los créditos a los trabajadores a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40
de esta Ley devengarán un interés que en ningún caso será inferior al 30% del costo porcentual promedio
vigente al momento del otorgamiento del financiamiento, con un plazo para su amortización que no podrá
ser mayor a quince años.
ARTICULO 50-A.- Los depósitos constituidos en favor de los trabajadores estarán exentos de toda
clase de impuestos.
ARTICULO 50-B.- El Instituto no estará obligado a proporcionar servicios de operación o
mantenimiento de conjuntos habitacionales construidos con recursos del Fondo, ni sufragar los gastos
correspondientes a estos conceptos.
ARTICULO 50-C.- Los depósitos constituidos en favor de los trabajadores para la integración del
Fondo, no podrán ser objeto de cesión o embargo y sólo podrán afectarse cuando se trate de hacer
efectivos los créditos otorgados con cargo al Fondo.
ARTICULO 50-D.- El Instituto deberá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista, las
cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias, relacionadas con el
Fondo de la Vivienda. Los recursos del Fondo, en tanto se aplican a los fines señalados en el artículo 40
de la presente Ley, deberán mantenerse invertidos en las mejores condiciones de rentabilidad.
ARTICULO 50-E.- El Instituto sólo podrá realizar con cargo al Fondo, las inversiones en los bienes
muebles e inmuebles estrictamente necesarias para el cumplimiento de los fines del mismo.
...Se deroga.
ARTICULO 50-F.- El Instituto cuidará de que sus actividades relacionadas con el Fondo, se
realicen dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello, deberá coordinarse
con los organismos del sector público responsables de esta materia.
ARTICULO 50-G.- Son obligaciones del Estado:
I.- Inscribir a sus trabajadores y beneficiarios del Fondo;
II.- Efectuar las aportaciones en los términos de la presente Ley y sus reglamentos; y
15
III.- Practicar a los sueldos y salarios de sus trabajadores, los descuentos que se destinen al pago
de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Fondo, y enterar el importe de dichos descuentos en la
forma y términos que señala el artículo 22 de esta Ley.
ARTICULO 50-H.- Los recursos destinados a los préstamos a que se refiere el artículo 40 de la
presente Ley, serán: el 1% del monto de la masa salarial del Fondo de la Vivienda, más los recursos que
autorice la Junta Directiva del concepto de recuperación de estos créditos.
ARTICULO 50-I.- Los contratos de compraventa de vivienda que realice el Instituto con sus
derechohabientes, y los contratos de hipoteca en virtud de los cuales se garanticen las obligaciones
contenidas en los mismos, podrán hacerse constar en instrumentos privados, debiéndose inscribir estos
en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, con la constancia del registrador sobre la
autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.
También se podrán hacer constar en instrumentos privados, con las mismas formalidades
establecidas en el párrafo anterior, los contratos de hipoteca que celebre el Instituto con sus
derechohabientes y que tengan por objeto garantizar las obligaciones derivadas del otorgamiento de los
préstamos o créditos a que se refiere la fracción I, incisos a), b), c) y d) del artículo 40 de la presente Ley.
Los instrumentos privados en que consten los contratos de hipoteca a que se refiere este artículo,
tendrán el carácter de escritura pública, para los efectos de la fracción I del artículo 528 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Sonora.
ARTICULO 50-J.- Los actos jurídicos referidos en el artículo 40 de la presente Ley realizados por
los trabajadores con fondos suministrados directamente por el Instituto, o con recursos que provengan
del Fondo de la Vivienda, o los suministrados por Instituciones de crédito, en sus programas de vivienda
de interés social, quedarán exentos de todos los impuestos y derechos estatales.
ARTICULO 50-K.- Se deroga.
ARTICULO 50-L.- Se deroga.
ARTICULO 50-M.- Se deroga.
ARTICULO 50-N.- Se deroga.
ARTICULO 50-Ñ.- Se deroga.
ARTICULO 50-O.- Se deroga.
ARTICULO 50-P.- Se deroga.
ARTICULO 50-Q.- Se deroga.
ARTICULO 50-R.- Se deroga.
ARTICULO 50-S.- Se deroga.
ARTICULO 50-T.- Se deroga.
ARTICULO 50-U.- Se deroga.
ARTICULO 50-V.- Se deroga.
16
ARTICULO 50-W.- Se deroga.
ARTICULO 50-X.- Se deroga.
CAPITULO SEXTO
DE LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO
ARTICULO 51.- Los préstamos a corto plazo se harán a los trabajadores que hayan cubierto al
Instituto las cuotas a que se refiere el Artículo 16, cuando menos por un año, conforme a las reglas
siguientes:
I.- Los recursos destinados para este préstamo serán: el 1% del monto de la masa salarial, más los
recursos que autorice la Junta Directiva del concepto de recuperación de estos créditos.
II.- Podrá prestarse hasta el importe de cuatro veces el sueldo básico integrado a que se refiere el
Artículo 15, si la aportación con derecho a retiro, en caso de indemnización global a que se refiere el
Artículo 89, es igual o mayor que el monto del préstamo.
III.- El plazo para el pago del préstamo no será mayor de 36 quincenas iguales, e incluirá capital e
intereses.
IV.- Los préstamos a corto plazo causarán un interés sobre saldos insolutos que en ningún caso
será inferior al 50% del costo porcentual promedio vigente; el monto del préstamo y los intereses serán
pagados en abonos quincenales iguales. Sólo se concederá nuevo préstamo cuando se haya liquidado el
anterior.
Los pensionistas gozarán de los beneficios que establece este artículo, con sujeción a los
acuerdos generales que en los términos y dentro de los lineamientos de esta Ley, dicte la Junta Directiva.
ARTICULO 52.- Se deroga.
ARTICULO 53.- Los préstamos se harán de tal manera que los abonos para reintegrar la cantidad
prestada y sus intereses, sumados en su caso, a los descuentos por préstamos hipotecarios y a los que
deban hacerse por cualquier otro adeudo a favor del Instituto, no excederán del 50% de los sueldos del
interesado, y se ajustarán al reglamento respectivo.
ARTICULO 54.- Se deroga.
ARTICULO 55.- Se deroga.
ARTICULO 56.- Se deroga.
ARTICULO 57.- Se deroga.
ARTICULO 58.- Los adeudos por concepto de préstamo a corto plazo que no fueren cubiertos a su
vencimiento, se pagarán con cargo a las aportaciones del deudor.
CAPITULO SEXTO BIS
DE LOS PRESTAMOS PRENDARIOS PARA LA ADQUISICION
DE BIENES DE CONSUMO DURADERO
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ARTICULO 58 BIS.- Los trabajadores y pensionistas podrán obtener créditos para adquirir bienes
de uso duradero, si satisfacen, en lo conducente, las condiciones que esta Ley establece en el caso de
los préstamos a corto plazo, y si cumplen con los requisitos que prevenga el reglamento que al efecto
expida la Junta Directiva.
Los créditos para la adquisición de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, se otorgarán
mediante garantía prendaria, pagaderos en forma directa del derechohabiente al Instituto o mediante los
mecanismos que se precisen en el reglamento que sobre el particular emita la Junta Directiva. El plazo
mayor que se concederá para estos préstamos, será de 72 quincenas, en pagos iguales que incluyan
capital e intereses; el interés que deberá calcularse sobre saldos insolutos no será inferior al 30% del
costo porcentual promedio vigente, y la cantidad autorizada será hasta ocho veces el sueldo básico
integrado de los trabajadores en las mismas condiciones a las de los préstamos a corto plazo.
Los adeudos por concepto de préstamos prendarios que no fueren cubiertos a su vencimiento, se
pagarán con cargo a las aportaciones del deudor, siempre que las mismas no estén garantizando
préstamos a corto plazo; si ese fondo no fuera suficiente, el Instituto podrá dar por rescindido el contrato
prendario y exigir el pago del adeudo o la entrega del bien constituido en prenda.
Los préstamos prendarios se otorgarán hasta el importe de ocho veces el sueldo básico integrado,
si la aportación con derecho a retiro, en el caso de indemnización global a que se refiere el Artículo 89, es
igual o mayor que el monto del préstamo.
CAPITULO SÉPTIMO
DE LA JUBILACIÓN Y DE LAS PENSIONES POR VEJEZ, CESANTÍA EN EDAD
AVANZADA, INVALIDEZ Y MUERTE
SECCIÓN PRIMERA
GENERALIDADES
ARTICULO 59.- El derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada,
invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en
los supuestos establecidos en esta Ley y satisfacen los requisitos que la misma señala.
Los montos de las pensiones y jubilaciones que se otorguen con base en esta Ley se
incrementarán en beneficio de quienes las reciban en el mismo porcentaje en que aumente el salario
mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente
determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento.
El Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a
partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, el
Gobernador del Estado revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trate, para los
efectos que expresa la primera parte del artículo 108 de esta Ley.
Una vez presentada una solicitud de jubilación o pensión, el área correspondiente del Instituto
contará con un plazo de cinco días naturales, para realizar el análisis de los expedientes de los
solicitantes, a efecto de verificar que la documentación necesaria para su trámite se encuentre en orden y
sin inconsistencia o imprecisión. En caso de encontrarse estas, se dará aviso al interesado para que
realice las correcciones necesarias.
ARTÍCULO 59 BIS.- El Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto será administrado a través
de un fideicomiso cuya operación y reglamentación será prevista en el acto jurídico de su constitución. El
Comité Técnico del fideicomiso estará obligado a solicitarle al Director General del Instituto la publicación
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trimestral en la página de Internet del Organismo, de la información relativa al manejo de los recursos del
relacionado Fondo, y éste deberá publicarla en los términos y condiciones previstas por la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
ARTICULO 60.- Todas las pensiones que se concedan, se otorgarán por cuota diaria.
Para el otorgamiento de las pensiones directas por vejez o invalidez, si el sueldo regulador fuera
inferior al salario mínimo vigente, se tomará éste para los efectos de la aplicación de la tabla de
porcentajes contenida en el artículo 71 de esta Ley.
ARTÍCULO 60 BIS A.- Quienes accedan a una pensión o jubilación tendrán derecho a recibir un
apoyo extraordinario anual en el mes de diciembre por concepto de aguinaldo, por el equivalente a 40
días de la cuota diaria que señala el primer párrafo del artículo precedente.
ARTÍCULO 60 BIS B.- Se deroga.
ARTICULO 61.- Cuando un trabajador a quien se haya otorgado una pensión siga en servicio, sin
haberla disfrutado, podrá renunciar a ella y obtener otra, de acuerdo con las cuotas aportadas y el tiempo
de servicios prestados con posterioridad.
En ningún caso un pensionista podrá regresar a servicio activo, salvo el de inhabilitados que
quedaren aptos para el servicio, los que fueren electos para cargos de elección popular o los designados
para puestos de confianza del Ejecutivo.
ARTICULO 62.- Es incompatible la percepción de una pensión, otorgada por el Instituto con la
percepción de cualquiera otra pensión concedida por el propio Instituto y organismos públicos a que se
refieren los artículos 1o. y 3o. de esta Ley y que están incorporados al régimen de la misma. Es
igualmente incompatible la percepción de una pensión ganada por derecho propio con el desempeño de
cualquier cargo, empleo o comisión remunerados por el Estado y organismos públicos, siempre que tales
cargos y empleos impliquen la incorporación al régimen de esta Ley. Los interesados podrán gozar
nuevamente de la pensión, cuando desaparezca la incompatibilidad. Tal incompatibilidad no existirá entre
la percepción de una pensión concedida por el Instituto por servicios prestados al Gobierno del Estado y
el desempeño de la docencia en la Universidad de Sonora o en otro organismo público descentralizado
de fines educativos, ni entre aquella y la pensión por servicios docentes en otros organismos.
El infractor a la disposición antes expresada estará obligado a reintegrar las cantidades percibidas
indebidamente en el plazo que le será fijado por el Instituto, pero que nunca será menor al tiempo en que
las hubiera recibido. Desaparecida la incompatibilidad y reintegradas las cantidades indebidamente
recibidas, el pensionista puede volver a disfrutar de la pensión otorgada. Si no hiciese el reintegro en los
términos de este artículo perderá todo derecho a la pensión.
Los pensionistas quedan obligados a dar aviso inmediato al Instituto cuando acepten cualesquiera
de los empleos, cargos o comisiones a que se ha hecho referencia; igualmente quedan obligados a dar
aviso en caso de otorgamiento de alguna pensión. En todo caso, el Instituto ordenará la suspensión de la
pensión otorgada.
ARTICULO 63.- La edad y el parentesco de los trabajadores y sus derechohabientes se acreditará
ante el Instituto en los términos de la legislación civil; y la dependencia económica será constatada por el
Instituto a través de los medios que tuviere a su disposición.
ARTICULO 64.- El Instituto podrá ordenar en cualquier tiempo, la verificación de la autenticidad de
los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder una pensión.
Cuando se sospechase que son falsos, el Instituto, con audiencia del interesado, procederá a la
19
respectiva revisión y de comprobar la falsedad ordenará la suspensión del pago de la misma y su
cancelación y denunciará los hechos al Ministerio Público, para los efectos que procedan.
ARTICULO 65.- Para que un trabajador pueda disfrutar de pensión, deberá cubrir previamente al
Instituto los adeudos que tuviese con el mismo, por concepto de cuotas, así como las que hubiere
retirado o las que se hubiesen aplicado a cubrir importe de préstamos insolutos, en los términos del
artículo 58. En caso de fallecimiento del trabajador, sus derechohabientes tendrán igual obligación. Los
adeudos que al transmitirse una pensión a los derechohabientes tuviesen el trabajador o el pensionista,
serán cubiertos por los derechohabientes en los plazos que se convengan con el Instituto con la
aprobación de la Junta Directiva.
En los casos de devolución de cuotas, para que se tenga derecho a disfrutar de las pensiones,
además de la devolución de aquellas, tendrán la obligación de cubrir una cantidad por concepto de
interés, que en ningún caso será inferior al último interés aplicable a los préstamos a corto plazo y que se
calculará a partir de la fecha en que se debió haber entregado las cuotas.
ARTICULO 66.- Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta ley
establece. Devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la
obligación de ministrar alimentos por mandato judicial o para el pago de adeudos con el Instituto, con
motivo de la aplicación de esta Ley.
ARTICULO 67.- A los trabajadores que tengan derecho, tanto a pensión de vejez como a pensión
de invalidez, se les otorgará solamente una de ellas, a elección del beneficiario.
SECCIÓN SEGUNDA
JUBILACIÓN
ARTICULO 68.- Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores del sexo masculino
con treinta y cinco años o más de servicio e igual tiempo de cotización al Instituto, en los términos de esta
Ley, cualquiera que sea su edad. En el caso de trabajadoras mujeres el derecho lo adquieren al cumplir
treinta y tres años de servicio e igual tiempo de cotización al Instituto.
La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente a lo que resulte menor entre veinte
salarios mínimos mensuales o el cien por ciento del sueldo regulador, entendiéndose por éste, el
promedio ponderado de los sueldos cotizados en los últimos diez años, previa su actualización con el
índice nacional de precios al consumidor o, en su caso, el incremento salarial del año correspondiente, el
que sea menor, si se cumple con los requisitos abajo señalados y su recepción comenzará a partir del día
siguiente a aquel en que el trabajador lo hubiese devengado. En ningún caso, las pensiones por
jubilación podrán ser menores al equivalente a dos salarios mínimos generales mensuales en la zona de
Hermosillo, Sonora.
Además de lo anterior, deberán cubrirse los siguientes requisitos:
I.- Que la cantidad contribuida por el trabajador al Fondo de Pensiones resulte de la base del
cálculo del sueldo regulador; y
II.- Que cumplan con los demás requisitos que establezca el reglamento respectivo que emita la
Junta Directiva del Instituto.
SECCIÓN 3a
PENSIÓN POR VEJEZ Y DE CESANTÍA POR EDAD AVANZADA
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ARTICULO 69.- Tienen derecho a pensión por vejez, los trabajadores que, habiendo cumplido
cincuenta y cinco años de edad, tuviesen quince años de servicio como mínimo e igual tiempo de
contribución al Instituto o a la antigua Dirección General de Pensiones del Estado, y recibirán como
pensión un porcentaje del sueldo regulador dependiendo de los años de cotización al momento del retiro
conforme a la siguiente tabla:
AÑOS DE COTIZACIÓN PORCENTAJE DEL SUELDO REGULADOR
15 50.0%
16 52.0%
17 54.0%
18 56.0%
19 58.0%
20 60.0%
21 62.5%
22 65.0%
23 67.5%
24 70.0%
25 72.5%
26 75.0%
27 77.5%
28 80.0%
29 82.5%
30 85.0%
31 88.0%
32 91.0%
33 94.0%
34 97.0%
35 o más 100.0%
ARTÍCULO 69 BIS.- Tienen derecho a pensión de cesantía por edad avanzada los trabajadores
que, habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen diez años de servicio como mínimo e igual
tiempo de contribución al Instituto y recibirán como pensión un porcentaje del sueldo regulador
dependiendo de la edad al momento del retiro conforme a la siguiente tabla:
CON UN MÍNIMO DE 10 AÑOS COTIZADOS Y LA
SIGUIENTE EDAD
PORCENTAJE DEL SUELDO
REGULADOR
60 40.0%
61 42.0%
62 44.0%
63 46.0%
64 48.0%
65 o más 50.0%
ARTICULO 70.- El cómputo de los años de servicios se hará considerando uno solo de los
empleos, en los casos en que el trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera
que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se considerará por una sola vez el tiempo durante el
cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de trabajador.
ARTICULO 71.- Para los efectos del otorgamiento de las pensiones por invalidez, cuando el
trabajador haya prestado servicios al Gobierno del Estado y organismos incorporados durante diez años
por lo menos y contribuido al Instituto por el mismo período, aquella se calculará aplicando el sueldo
21
regulador a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, de acuerdo con los porcentajes que especifica la
tabla siguiente:
AÑOS DE SERVICIO PORCENTAJE DEL SUELDO REGULADOR
10 40.0%
11 42.0%
12 44.0%
13 46.0%
14 48.0%
15 50.0%
16 52.5%
17 55.0%
18 57.5%
19 60.0%
20 62.5%
21 65.0%
22 67.5%
23 70.0%
24 72.5%
25 75.0%
26 77.5%
27 80.0%
28 82.5%
29 85.0%
30 87.5%
31 90.0%
32 92.5%
33 95.0%
34 97.5%
35 o más 100%
En el cómputo final, toda fracción de más de seis meses se considerará como año completo.
ARTICULO 72.- Se deroga.
ARTICULO 73.- Para calcular el monto de la pensión a que tengan derecho los trabajadores, se
tomarán en cuenta exclusivamente el sueldo o sueldos percibidos, y, a partir del 1 de enero de 1949, sólo
se considerarán aquellos sobre los cuales se hubiesen cubierto las aportaciones correspondientes.
Todas las pensiones que otorgue el Instituto se calcularan sobre la base del sueldo regulador que
define el artículo 68 de esta Ley.
El Instituto tendrá la obligación de publicar en le Boletín Oficial del Gobierno del Estado, dentro de
los siete días hábiles siguientes a su autorización por el órgano de gobierno, los aumentos porcentuales
que sirvan de base para la actualización de los montos de las pensiones que otorga.
ARTICULO 74.- El derecho al pago de la pensión por vejez comenzará a partir del día siguiente a
aquel en que el trabajador hubiese percibido el último sueldo por haber causado baja.
ARTICULO 75.- El trabajador que se separe del servicio después de haber contribuido cuando
menos quince años al Instituto, podrá, mediante solicitud expresa, dejar en éste la totalidad de las
aportaciones, a efecto de que al cumplir la edad requerida para la pensión, se le otorgue la misma a que
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tuviese derecho. Si falleciere antes de cumplir los cincuenta y cinco años de edad, a sus familiares
derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta Ley.
SECCION 4a
PENSION POR INVALIDEZ
ARTICULO 76.- La pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se inhabiliten física o
mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contribuido al Instituto
cuando menos durante quince años. El derecho al pago de esta pensión comienza a partir de la fecha en
que el trabajador cause baja motivada por la inhabilitación.
Para calcular el monto de esta pensión, se aplicará la tabla contenida en el artículo 71, en relación
con el artículo 73.
ARTICULO 77.- No se concederá la pensión por invalidez:
I.- Cuando el estado de inhabilitación sea consecuencia de un acto intencional del trabajador u
originado por algún delito cometido por el trabajador;
II.- Cuando el estado de invalidez sea anterior al nombramiento del trabajador.
ARTICULO 78.- El otorgamiento de la pensión por invalidez queda sujeto a la satisfacción de los
siguientes requisitos:
I.- Solicitud del trabajador o de sus representantes legales;
II.- Dictamen de uno o más médicos o técnicos designados por el Instituto, que certifiquen la
existencia del estado de invalidez. Si el afectado no estuviere de acuerdo con el dictamen del Instituto, el
o sus representantes podrán designar médicos particulares para que dictaminen. En caso de desacuerdo
entre ambos dictámenes el Instituto propondrá al afectado una terna preferentemente de especialistas de
notorio prestigio profesional para que entre ellos elija uno, quien dictaminará en forma definitiva, en la
inteligencia de que una vez hecha la elección por el afectado del tercero en discordia, el dictamen de éste
será inapelable y por tanto obligatorio para el interesado y para el Instituto.
ARTICULO 79.- Los trabajadores que soliciten pensión por invalidez y los pensionados por la
misma causa están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto les
prescriba y proporcione y, en caso de no hacerlo, no se les tramitará su solicitud o se les suspenderá el
goce de la pensión.
ARTICULO 80.- La pensión por invalidez y la tramitación de la misma se suspenderá:
I.- Cuando el pensionista o solicitante esté desempeñando cargo o empleo en el Estado o en los
organismos públicos incorporados o acogidos al régimen de esta Ley, de conformidad con los artículos
1o. y 3o. de la misma.
II.- En el caso de que el pensionista o solicitante se niegue injustificadamente a someterse a las
investigaciones que en cualquier tiempo ordene el Instituto se practiquen, o se resista a las medidas
preventivas o curativas a que deba sujetarse. El pago de la pensión o la tramitación de la solicitud se
reanudará a partir de la fecha en que el pensionado se someta al tratamiento médico, sin que haya lugar,
en el primer caso, al reintegro de las prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que duró la
suspensión.
ARTICULO 81.- La pensión por invalidez, será revocada cuando el trabajador recupere su
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capacidad para el servicio; en tal caso el Estado u organismo público en que hubiere prestado sus
servicios al trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto
para el mismo o, en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando
menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer la invalidez. Si el trabajador
no aceptare reingresar al servicio en tales condiciones o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo
remunerado, le será revocada la pensión.
Si el trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asigne otro en los términos del párrafo
anterior por causa imputable al Estado u organismo público en que hubiere prestado sus servicios,
seguirá percibiendo la pensión, pero ésta será a cargo del Estado u organismo público correspondiente.
SECCIÓN 5a
PENSIÓN POR CAUSA DE MUERTE
ARTICULO 82.- La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su
edad, y siempre que hubiere contribuido al Instituto por al menos diez años, así como la de un
pensionado por vejez, invalidez o cesantía por edad avanzada, darán origen a las pensiones de viudez y
de orfandad o pensiones a los ascendientes, en su caso, según lo previene esta Ley. El derecho al pago
de esta pensión se iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la
pensión.
ARTICULO 83.- El orden para gozar de las pensiones a que se refiere este capítulo será el
siguiente:
I.- Esposa supérstite e hijos menores de 18 años o, en su caso, aquellos hijos que habiendo
alcanzado la mayoría de edad, no pudieren mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad
duradera, defectos físicos o afectación psíquica, ya sean habidos dentro o fuera de matrimonio;
II.- A falta de esposa legítima, la mujer con quien viviere el trabajador o pensionado al ocurrir el
fallecimiento y tuvieren hijos o aquella con la que haya vivido maritalmente durante los cinco años que
precedieron a su muerte, siempre que ambos hayan estado libres de matrimonio. Si al morir el trabajador
tuviere varias concubinas, ninguna tendrá derecho a pensión;
III.- El esposo supérstite, siempre que a la muerte de la esposa trabajadora o pensionada fuese
mayor de 55 años, o esté incapacitado para trabajar, siendo condición en ambos casos que hubiere
dependido económicamente de ella;
IV.- A falta de las personas a las que se refieren las tres fracciones anteriores, la pensión por
muerte se entregará a los ascendientes en caso de que hubiesen dependido económicamente del
trabajador o pensionado, durante los cinco años anteriores a su muerte.
La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados en cada una de las fracciones
anteriores, se dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios de una
pensión y alguno de ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida
proporcionalmente entre los restantes.
ARTICULO 84.- El monto de las pensiones se calculará aplicando las siguientes reglas:
I.- Cuando el trabajador fallezca habiendo cumplido diez o más años de servicios y cotizado al
Instituto por un periodo similar, la pensión será equivalente a la que hubiese correspondido al trabajador
en los términos de los artículos 71 y 73 de esta Ley;
II.- Al fallecer un jubilado o un pensionista por vejez, invalidez o cesantía por edad avanzada, sus
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deudos, en el orden establecido por esta Ley, continuarán recibiendo una pensión por un monto
equivalente al 80% de la jubilación o pensión de la que percibía el fallecido.
ARTICULO 85.- Si el hijo del trabajador o del pensionado, cualquiera que fuese su edad, no
pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o
afectación psíquica, el pago de la pensión por orfandad se otorgará por el tiempo que subsista su
inhabilitación. En tal caso estará obligado a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el
Instituto le prescriba y proporcione y a las investigaciones que en cualquier tiempo éste ordene para los
efectos de determinar su estado de invalidez, pudiendo decretarse, en caso contrario, a la suspensión de
la pensión.
ARTICULO 86.- Sólo se pagará la pensión a la viuda o a la concubina mientras no contraigan
nupcias o entren en concubinato. Al contraer matrimonio recibirán como única y última prestación el
importe de seis meses de la pensión que hubiere disfrutado alguna de ellas.
La divorciada no tendrá derecho a la pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos que a la
muerte del marido éste estuviese pagándole pensión alimenticia por condena judicial y siempre que no
existan viuda, hijos, concubina y ascendientes con derecho a la misma. Cuando la divorciada disfrutase
de la pensión en los términos de este artículo perderá ese derecho si contrae nuevas nupcias, si viviese
en concubinato o si no viviese honestamente, previa declaración judicial correspondiente. El importe de la
pensión a la divorciada no será mayor de la que hubiese estado disfrutando antes de la muerte del
deudor alimentista.
ARTICULO 87.- Si un pensionista desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se
tengan noticias de su paradero, los deudos con derecho a la transmisión de la pensión, disfrutarán de la
misma en los términos de la fracción II del artículo 84 con carácter provisional, y previa la solicitud
respectiva, bastando para ello que se comprueben el parentesco y la desaparición del pensionista, sin
que sea necesario, promover diligencias formales de declaración de ausencia. Si posteriormente y en
cualquier tiempo el pensionista se presentase, tendrá derecho a disfrutar el mismo su pensión y a recibir
las diferencias entre el importe original de la misma y aquel que hubiese sido entregado a sus familiares.
Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionista, la transmisión será definitiva.
ARTICULO 88.- Cuando fallezca un trabajador pensionista, el Instituto entregará a sus herederos
legítimos o a las personas que se hubiesen hecho cargo de la inhumación, al momento de ocurrir el
fallecimiento, el importe de siete veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado
de Sonora, por concepto de gastos de funeral, sin más trámite que la presentación del certificado de
defunción y la constancia de los gastos del sepelio.
Si no existiesen parientes o personas que se encarguen de la inhumación, el Instituto lo hará.
CAPITULO SÉPTIMO BIS
DEL PAGO PÓSTUMO
ARTICULO 88 BIS.- El Instituto se obliga a cubrir el pago póstumo, que podrá ser ordinario o
extraordinario.
a).- Es pago póstumo ordinario el que se fija en favor de los beneficiarios de quien, conforme a
esta Ley, tiene la calidad de derecho habiente. Consistirá en el pago de $100,000.00, que el Instituto
entregará, a la muerte de los trabajadores incorporados al propio Instituto, a los beneficiarios que éstos
designen y a falta de designación, a sus herederos legítimos. Para el cumplimiento de esta prestación el
Gobierno del Estado aportará una cuota mensual de $37.50 por cada trabajador, e igual cantidad
aportará cada uno de los trabajadores, sin que exista el derecho a la devolución de tales cuotas. En
iguales términos podrá proporcionarse el pago póstumo a los trabajadores de otras instituciones u
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organizaciones que se incorporen al Instituto. Los trabajadores que se pensionen a partir de la fecha de
vigencia de esta reforma, podrán disfrutar del mismo derecho, mediante una cuota mensual de $75.00,
previa manifestación de su interés que hagan al Instituto, sin que en éste caso exista obligación de parte
del Gobierno del Estado de aportar alguna cuota adicional. El pago póstumo a que se refiere este
capítulo quedará sujeto a las siguientes bases:
PRIMERA: El Gobierno del Estado, por conducto de la Tesorería General, hará los descuentos a
los trabajadores el día 1 de cada mes y entregará de inmediato al Instituto las cuotas correspondientes,
tanto del Gobierno como de cada trabajador. Los remanentes que arroje la operación, se incorporarán al
fondo de pensiones. Así como en caso de insuficiencia, el fondo de pensiones proporcionará el faltante
para el cumplimiento oportuno de los pagos póstumos.
SEGUNDA: El Instituto deberá expedir un certificado individual a cada uno de los trabajadores, por
lo que, previamente, cada trabajador firmará una solicitud, proporcionando los datos necesarios y
designará a sus beneficiarios.
TERCERA: El trabajador que tenga derecho al pago póstumo podrá en cualquier tiempo hacer una
nueva designación de beneficiario, notificándolo al Instituto.
CUARTA: Con el fin de que el beneficiario compruebe sus derechos, deberá identificarse a
satisfacción del Instituto y presentar el acta de defunción del trabajador fallecido.
QUINTA: Cuando el trabajador no haya designado beneficiario, el importe del pago póstumo se
pagará a los herederos de acuerdo con el orden que establece el Código Civil del Estado, en lo relativo a
la sucesión legítima.
SEXTA: Al fallecimiento del trabajador y cuando éste no haya designado beneficiario el Instituto al
enterarse del fallecimiento, convocará, por medio de uno de los periódicos de mayor circulación del lugar
en donde haya aquél tenido domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, para que dentro de los 30 días
siguientes a la última publicación, comparezcan las personas que tengan derecho, de acuerdo con la Ley,
a reclamar el pago póstumo. Transcurrido el término anterior y una vez estudiadas las reclamaciones y
las pruebas presentadas, el Instituto resolverá dentro de los quince días a quien corresponde entregar el
beneficio. Para acreditar el derecho de percibir el pago póstumo y en todo lo relativo a la valorización de
las pruebas que se ofrezcan, se estará a lo dispuesto en la legislación civil.
b).- Es pago póstumo extraordinario el que se establece a favor de los beneficiarios del derecho
habiente, su pago quedará sujeto a las siguientes bases:
PRIMERA: En caso de fallecimiento de un trabajador al servicio del Gobierno del Estado, jubilado
o pensionado, tendrán derecho los beneficiarios a percibir como pago póstumo extraordinario la cantidad
de $10,000.00, que no estará sujeto a descuento alguno. Este pago se hará a la persona o personas que
el propio empleado en servicio o jubilado haya designado expresamente para tal fin; los interesados hará
la designación, llenando y autorizando con su firma y huella digital la forma correspondiente que les será
proporcionada, por duplicado, quedando uno de los ejemplares en poder el interesado y el otro
depositado en las oficinas del Instituto.
SEGUNDA: En defecto de la manifestación expresa a que se refiere el párrafo anterior, para
decidir que persona o personas tienen derecho a recibir el pago póstumo, se seguirá el siguiente orden:
I.- La esposa y los hijos legítimos o naturales que sean menores de dieciocho años y los
ascendientes, a menos que se compruebe que no dependían económicamente del empleado;
II.- A falta de esposa, hijos y ascendientes en los términos de la fracción anterior el pago póstumo
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se entregará a las personas que, económicamente, dependían parcial o totalmente del empleado, según
lo decida el Instituto, en vista de las pruebas rendidas.
ARTICULO 88 A.- Derogado.
ARTICULO 88 B.- Derogado.
ARTICULO 88 C.- Derogado.
CAPITULO OCTAVO
DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL
ARTICULO 89.- Al trabajador que sin tener derecho a jubilación o a pensión por vejez o invalidez,
se separe definitivamente del servicio, se le otorgará una indemnización global equivalente a las cuotas
con que hubiese contribuido al Fondo de Pensiones a que se refiere el artículo 16 de esta Ley.
Si el trabajador falleciere sin tener derecho a las pensiones mencionadas al principio de este
artículo, el Instituto entregará el importe de la indemnización global a los beneficiarios que aquel hubiere
designado, y a falta de designación, a sus derechos legítimos.
ARTICULO 90.- Sólo podrá afectarse la indemnización a que se refiere el artículo anterior, en los
siguientes casos:
I.- Si el trabajador tuviese algún adeudo con el Instituto o responsabilidades con el Estado u
organismos públicos incorporados.
II.- Cuando al trabajador se le impute la comisión de algún delito con motivo del desempeño de su
cargo y que entrañe responsabilidad con el Estado u organismo público correspondiente. En este caso se
retendrá el total de la indemnización hasta que los Tribunales dicten fallo absolutorio y, en caso contrario,
sólo se entregará al trabajador el sobrante, si lo hubiere, después de cubrir dicha responsabilidad. Si el
trabajador estuviere caucionado por algún fondo de garantía para el desempeño de su empleo, operará
este en primer término. En el caso del último párrafo del artículo anterior, la indemnización global sólo
podrá afectarse para cubrir los adeudos que tuviese para con el Instituto hasta la fecha de su muerte.
ARTICULO 91.- Si el trabajador o extrabajador hubiere cobrado una indemnización global y
quisiere que el tiempo que abarque dicha indemnización se le compute, para los efectos de esta Ley,
reintegrará, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación personal que se le haga por
parte del Instituto, la indemnización global que hubiere recibido, más sus intereses calculados a la tasa
vigente para los préstamos a corto plazo en el momento de la devolución. Si falleciere antes de ejercer
este derecho o de solventar el adeudo, sus familiares derechohabientes podrán optar por el pago de la
indemnización que en su caso hubiere correspondido al trabajador en los términos del artículo 89, o bien,
por cubrir íntegramente el saldo adeudado, para disfrutar de la pensión en los casos en que ésta
proceda.
La Junta Directiva del Instituto, está facultada para resolver cualquier caso que se presente con
motivo de la interpretación y aplicación de este precepto, observando lo dispuesto por el reglamento.
ARTICULO 91-A.- El fondo colectivo de retiro en beneficio de los trabajadores al servicio del
Estado, se otorgará en los siguientes casos:
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I.- A los trabajadores con 30 años o más de servicio y 15 años de contribución al Instituto, como
mínimo, que causen baja definitiva del servicio. En este caso, la suma será de 2.6 veces el salario
mínimo general mensual vigente de la capital del Estado.
II.- A los trabajadores con 15 años o más de servicio e igual tiempo de aportación al Instituto, y 55
años o más de edad, que causen baja definitiva del servicio. En este caso, se entregará la suma que
resulte de aplicar, a la cantidad señalada en la fracción que antecede y según los años de servicio que
correspondan, el porcentaje establecido en la siguiente tabla:
AÑOS DE
SERVICIO
PORCENTAJE DEL MONTO DEL
BENEFICIO.
15 50%
16 52.5%
17 55%
18 57.5%
19 60%
20 62.5%
21 65%
22 67.5%
23 70%
24 72.5%
25 75%
26 80%
27 85%
28 90%
29 95%
III.- A los trabajadores que causen baja del servicio por incapacidad o invalidez total permanente,
en los términos de esta Ley. La suma correspondiente dependerá, en este caso, de la causa que haya
originado la incapacidad o invalidez conforme a lo siguiente:
A).- Tratándose de accidentes o enfermedades profesionales, la suma que se entregará al
trabajador será igual a la señalada en la fracción I de este artículo; y
B).- Tratándose de invalidez por causas ajenas al servicio, el monto del beneficio corresponderá a
la tabla de la fracción II de este artículo, sin tomar en cuenta la edad.
ARTICULO 91-B.- El Fondo Colectivo de Retiro se integrará con las aportaciones mensuales que,
en igual proporción, realicen el Estado y los trabajadores. Dichas aportaciones, en conjunto, serán
equivalentes al 0.3% del salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado, por cada
trabajador.
Corresponde al Estado hacer mensualmente las retenciones que procedan, para ser entregadas al
Instituto.
ARTICULO 91-C.- Los trabajadores que desempeñen más de dos empleos compatibles, cubrirán
la prima correspondiente en una sola plaza.
ARTICULO 91-D.- Si el trabajador falleciese, el Instituto entregará el importe que le corresponda
del fondo a los beneficiarios que hubiere designado y a falta de designación, a sus herederos legítimos.
ARTICULO 91-E.- El Instituto pagará a los asegurados el importe que proceda, a los 20 días de
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que se hayan acreditado los requisitos que señale el Reglamento, mediante los cuales se pruebe que se
tiene derecho a la prestación.
ARTICULO 91-F.- El Instituto podrá celebrar con los organismos públicos incorporados, convenios
mediante los cuales se otorgue a sus funcionarios o empleados el Fondo de Retiro.
CAPITULO NOVENO
DE LA PRESCRIPCIÓN
ARTICULO 92.- El derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible. Las pensiones caídas,
las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del Instituto que no se reclame
dentro de los tres años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del
Instituto.
ARTICULO 93.- Los créditos respecto de los cuales el Instituto tenga el carácter de acreedor,
cualquiera que sea su especie, prescribirán en diez años, a contar de la fecha en que el propio Instituto
pueda, conforme a la ley, ejercitar sus derechos.
ARTICULO 94.- Las obligaciones que en favor del Instituto señala la presente ley a cargo del
Estado y organismos públicos incorporados prescribirán en el plazo de diez años contados a partir de la
fecha que sean exigibles.
La prescripción se interrumpirá por cualquier gestión de cobro, hecha por escrito, judicial o
extrajudicial.
CAPITULO DÉCIMO
DE LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIONES DEL INSTITUTO
SECCIÓN 1a
FUNCIONES DEL INSTITUTO
ARTICULO 95.- El Instituto tendrá personalidad jurídica para celebrar toda clase de actos y
contratos, así como para defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos, y para ejercitar las
acciones judiciales o gestiones extrajudiciales que le competan.
ARTICULO 96.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora tendrán las siguientes funciones:
I.- Otorgar y administrar los diversos servicios a su cargo.
II.- Vigilar la concentración de las cuotas, aportaciones y demás recursos del Instituto;
III.- Satisfacer las prestaciones a su cargo;
IV.- Otorgar jubilaciones y pensiones;
V.- Invertir los Fondos de acuerdo con las disposiciones de esta Ley;
VI.- Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el servicio;
VII.- Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines;
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VIII.- Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas;
IX.- Expedir los reglamentos para la debida prestación de sus servicios y de su organización
interna; y
X.- Obtener préstamos, créditos o financiamientos para aplicarlos a sus propios fines y para gravar
en garantía de esas operaciones, su patrimonio, previa sanción del Ejecutivo del Estado.
XI.- Las demás que le confieran esta Ley y sus reglamentos.
ARTÍCULO 96 Bis.- Para el Instituto, será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que
presenten urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad
médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas,
independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
ARTICULO 97.- Los órganos de Gobierno del Instituto serán:
I.- La Junta Directiva, y
II.- El Director General.
III.- La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda.
ARTICULO 98.- La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, será el órgano máximo y de
mayor jerarquía donde se determinará las acciones y programas que se sujetará el Instituto, la cual se
integrará por 8 miembros, siendo estos los siguientes:
I.- El Titular del Poder Ejecutivo, quien fungirá como Presidente de la junta;
II.- El Oficial Mayor del Gobierno del Estado;
III.- El Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado;
IV.- Un representante del Poder Legislativo;
V.- Un representante del Poder Judicial; y
VI.- Tres designados por los Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de
Sonora, en la inteligencia de que dos de ellos como máximo pertenecerán al magisterio.
El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora será nombrado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo y fungirá como
Secretario Técnico de la junta Directiva, con las atribuciones que establece la presente Ley y su
reglamento.
ARTICULO 99.- Por cada miembro propietario de la Junta Directiva, se nombrará un suplente, el
cual lo sustituirá en sus faltas temporales, en los términos del reglamento. Para el caso del presidente de
la Junta Directiva será su suplente, el Secretario de Gobierno del estado o quien éste último designe.
ARTICULO 100.- Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser al mismo tiempo empleados o
funcionarios del Instituto, salvo lo previsto en el artículo noventa y ocho por lo que se refiere al Director.
ARTICULO 101.- Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus funciones tres años y podrán
ser reelectos. En todo caso sus puestos se considerarán de confianza.
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ARTÍCULO 102.- Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos;
II.- No estar desempeñando un cargo sindical; y
III.- Ser de reconocida competencia y honorabilidad.
ARTICULO 103.- El Director General percibirá el sueldo que acuerde la Junta Directiva al aprobar
el presupuesto del Instituto.
ARTICULO 104.- Corresponde a la Junta Directiva:
I.- Planear las operaciones y servicios del Instituto;
II.- Decidir las inversiones del Instituto;
III.- Dictar los acuerdos que resulten necesarios para satisfacer las prestaciones establecidas en
esta Ley, incluso aquellos relativos a la autorización de transferencia de recursos entre programas
cuando las condiciones financieras del Instituto así lo requieran, exceptuando los recursos de los Fondos
de Pensiones y de Vivienda para los Trabajadores;
IV.- Conceder, negar, suspender, modificar y revocar las jubilaciones y pensiones, en los términos
de esta ley;
V.- Nombrar y remover el personal de base y de confianza del Instituto, a propuesta del Director
General;
VI.- Aprobar y poner en vigor los reglamentos interiores económicos y de servicios médicos del
Instituto;
VII.- Conferir poderes generales o especiales de acuerdo con el Director, sin perjuicio de la facultad
que en esta materia concede al propio Director el artículo 109;
VIII.- Examinar para su aprobación o modificación los balances anuales, los presupuestos de
ingresos y egresos y el plan de labores del Instituto;
IX. Otorgar gratificaciones y recompensas a los funcionarios y empleados del Instituto;
X.- Conceder licencias a los Consejeros;
XI. Se deroga;
XII.- En relación con el Fondo de la Vivienda:
a).- Examinar y en su caso aprobar dentro de los últimos tres meses del año, el presupuesto de
ingresos y egresos y los planes de labores y de financiamientos del Fondo para el siguiente año;
b).- Examinar y en su caso aprobar, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados
financieros que resulten de la operación en el último ejercicio y el informe de actividades de la Comisión
Ejecutiva del Fondo;
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c).- Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos y para la operación de los depósitos
relacionados con el Fondo;
d).- Examinar y aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y
vigilancia del Fondo, los que no deberán exceder del 5% de los recursos totales que maneje;
e).- Determinar las reservas que deban constituirse para asegurar la operación del Fondo y el
cumplimiento de los demás fines y obligaciones del mismo. Estas reservas deberán invertirse en valores
de máxima rentabilidad.
f).- Vigilar que los créditos y los financiamientos que se otorguen, se destinen a los fines para los
que fueron concedidos; y
g).- Las demás necesarias para el cumplimiento de los fines del Fondo;
XIII.- Ordenar cuando lo estime necesario, la realización de estudios financieros actuariales, a fin
de determinar el monto de sus reservas y la suficiencia de las aportaciones para el correcto cumplimiento
de las funciones del Instituto; y
XIV.- En general, realizar todos aquellos actos y operaciones autorizadas por esta Ley y los que
fuesen necesarios para la mejor administración o gobierno del Instituto y prestación de los servicios,
incluyendo en su caso, el establecimiento de delegaciones o agencias del propio Instituto en otros
lugares del Estado.
ARTICULO 105.- La Junta Directiva celebrará las sesiones que sean necesarias para la debida
marcha de la Institución. Las sesiones serán válidas con la asistencia por lo menos de cuatro consejeros,
tres de los cuales deberán ser representantes del Estado.
ARTICULO 106.- Las votaciones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los
miembros presentes. En caso de empate el presidente o quien haga sus veces tendrá voto de calidad.
ARTICULO 107.- A falta del presidente de la Junta, las sesiones serán presididas por uno de los
representes del Estado en el orden del artículo 98.
ARTICULO 108.- Los acuerdos de la Junta Directiva por los cuales se concedan, nieguen,
modifiquen, suspendan o revoquen las jubilaciones y pensiones a que esta ley se refiere, serán
sancionadas por el Gobernador del Estado para que puedan ser ejecutados.
Las demás resoluciones de la Junta Directiva que afecten intereses particulares, podrán recurrirse
ante la misma dentro de los quince días siguientes. Si la Junta sostiene su resolución, los interesados
podrán acudir ante el Gobernador del Estado dentro de los quince días siguientes, para que éste resuelva
en definitiva.
ARTÍCULO 109.- El Director del Instituto tendrá las obligaciones y facultades siguientes:
I. Representar al Instituto, y fungir como Secretario Técnico de la Junta Directiva, con todas las
facultades y atribuciones que establece la presente Ley y su Reglamento, y ejecutar los acuerdos de la
Junta;
II.- Presentar cada seis meses a la Junta un informe pormenorizado del estado del Instituto; así
como un informe de las observaciones realizadas a los órganos públicos incorporados y a las diversas
dependencias del Estado, por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en relación a los
recursos que le corresponden al Instituto;
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II BIS.- Solicitar cada seis meses al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el informe de las
observaciones realizadas a los órganos públicos incorporados y a las diversas dependencias del Estado,
señalado en la fracción anterior, así como, las actualizaciones del estado de dichas observaciones. El
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización deberá entregar los informes que le solicite el Director
General, dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud;
III.- Someter a la decisión de la Junta todas aquellas cuestiones que sean de la competencia de la
misma;
IV.- Firmar las escrituras y títulos de crédito en que el Instituto intervenga. Esta facultad podrá
delegarse mediante poder expreso otorgado por la Junta Directiva.
V.- Representar al Instituto en toda gestión judicial, extrajudicial y administrativa, sin perjuicio de
los poderes otorgados al efecto.
VI. Se deroga;
VII.- Formular y presentar para discusión y aprobación de la Junta, el balance, el presupuesto de
ingresos y egresos y el plan de labores del Instituto, correspondientes a cada ejercicio anual;
VIII.- Llevar la firma del Instituto, sin perjuicio de la delegación de facultades que para tal efecto
fueren necesarias;
IX.- Formular el Calendario Oficial del Instituto y autorizar en casos extraordinarios la suspensión
de labores;
X.- Conceder licencias al personal en los términos de las leyes correspondientes;
XI.- Vigilar las labores del personal, exigiendo su debido cumplimiento, e imponer a los
trabajadores del Instituto las correcciones disciplinarias procedentes;
XII.- Someter a la consideración de la Junta las reformas o adiciones que considere pertinentes a
los reglamentos interiores, económicos y de servicios médicos del Instituto;
XIII. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la Junta Directiva cuando
proceda o previa petición del Presidente de la Junta; y
XIV.- Todas las demás que le fijen los reglamentos o le otorgue la Junta Directiva.
ARTICULO 110.- Cuando el Director falte temporalmente al desempeño de sus funciones, el
Gobernador del Estado determinará la persona que lo sustituya cuando el caso lo amerite.
ARTÍCULO 111.- El Director será auxiliado en sus funciones por los subdirectores que nombre la
Junta Directiva del Instituto, quienes deberán reunir los requisitos exigidos por el artículo 102 de esta Ley.
ARTICULO 111-A.- Los integrantes de la Comisión Ejecutiva, representantes de las
Organizaciones Sindicales, durarán en sus funciones tres años, pero podrán ser removidos libremente a
petición de quienes los hayan propuesto.
ARTICULO 111-B.- La Comisión Ejecutiva sesionará con la frecuencia que requiera la atención
oportuna de los asuntos de su competencia, a propuesta de su Presidente. Las sesiones serán válidas
con la asistencia de por lo menos cuatro de sus miembros, de los cuales uno será el presidente y dos
representantes de las entidades públicas a que se refiere el Artículo 111-D.
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Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate, el Presidente
tendrá voto de calidad.
ARTICULO 111-C.- El órgano del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado de Sonora, para la operación del Fondo de la Vivienda, será la Comisión Ejecutiva, la cual
tendrá las atribuciones y funciones siguientes:
I.- Decidir a propuesta de su presidente, las inversiones de los recursos y los financiamientos del
Fondo;
II.- Resolver sobre las operaciones del fondo, excepto aquellas que por su importancia ameriten
acuerdo expreso de la Junta Directiva, la que deberá resolver lo conducente dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente;
III.- Examinar y en su caso, aprobar la presentación a la Junta Directiva de los presupuestos de
ingresos y egresos, los planes de labores y de financiamiento, así como los estados financieros y el
informe de actividades formulado por el Vocal Ejecutivo;
IV.- Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, en su caso el presupuesto de gastos de
administración, operación y vigilancia del Fondo;
V.- Proponer a la Junta Directiva las reglas para el otorgamiento de créditos, así como para la
operación de los Depósitos a que se refiere esta Ley; y
VI.- Las demás que le señale la Junta Directiva.
ARTÍCULO 111-D.- La Comisión Ejecutiva del Fondo, estará integrada por siete miembros, uno de
los cuales será el Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, que tendrá el carácter de Presidente, por el Secretario de Hacienda,
por el Oficial Mayor del Poder Ejecutivo, por el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, por dos
representantes designados por la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y
por un representante designado por el Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Sonora, por cada miembro propietario se designará un suplente.
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva excepto por lo que hace a su presidente, no podrán ser
miembros de la Junta Directiva ni tener otro cargo dentro del Instituto.
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva deberán ser mexicanos por nacimiento, de reconocida
honorabilidad y experiencia técnica y administrativa.
ARTÍCULO 111-E.- Para la atención de las labores administrativas propias del funcionamiento del
Fondo, el Director General del Instituto será el Vocal Ejecutivo de la Comisión.
ARTICULO 112.- Los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, quedan incorporados al régimen de la presente Ley y las relaciones
de trabajo entre ambos, se regirán por la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora.
Son trabajadores de confianza al servicio del Instituto: el Director General, el Subdirector General,
Subdirectores, Jefes de Departamento, Gerentes, Subgerentes, Tesoreros, Cajeros, Pagadores,
Asistentes Ejecutivos y Administrativos, Coordinadores Generales, Asesores, Coordinadores Médicos,
Jefes de Enfermeras, Responsables de Farmacia, Delegados, personal al servicio del Director General,
Supervisores, Jefe de Auditores, Auditores, Auditores Auxiliares y personal en labores de Seguridad y
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Vigilancia.
CAPITULO DECIMOPRIMERO
DEL PATRIMONIO E INVERSIONES DEL INSTITUTO
SECCIÓN 1a
PATRIMONIO DEL INSTITUTO
ARTICULO 113.- El patrimonio del Instituto lo constituirán:
I.- Las propiedades, posesiones, derechos y obligaciones que al entrar en vigor esta ley integran el
patrimonio de la Dirección de Pensiones del Estado;
II.- Las aportaciones de los Trabajadores y Pensionistas en los términos de esta ley;
III.- Las aportaciones que hagan el Estado y organismos públicos incorporados en los términos de
esta ley;
IV.- El importe de los créditos e intereses a favor del Instituto y a cargo de los Trabajadores y del
Estado y organismos públicos incorporados;
V.- Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones que
conforme a esta ley haga el Instituto;
VI.- El importe de las indemnizaciones, pensiones caídas e intereses que prescriban en favor del
Instituto.
VII.- El producto de las sanciones pecuniarias derivadas de la aplicación de esta ley;
VIII.- Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a favor del Instituto;
IX.- Los muebles e inmuebles que el Estado y organismos públicos incorporados destinen y
entreguen para el servicio público que establece la presente ley;
X.- Cualquiera otra percepción respecto de la cual el Instituto resultare beneficiario.
ARTICULO 114.- Los trabajadores contribuyentes no adquieren derecho alguno ni individual ni
colectivo al patrimonio del Instituto, sino sólo a disfrutar de los servicios que esta Ley concede.
ARTICULO 115.- Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Instituto gozarán de las
franquicias, prerrogativas y privilegios concedidos a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes así
como los actos y contratos que celebre el Instituto estarán igualmente exentos de toda clase de
impuestos y derechos.
El Instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos ni
fianza legales.
ARTICULO 116.- Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del Instituto no bastaren
para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit que hubiese será
cubierto por el Estado y organismos incorporados a que se refieren los artículos 1o. y 3o., en la
proporción que a cada uno corresponda.
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SECCIÓN 2a
INVERSIONES
ARTICULO 117.- La inversión de los recursos y reservas financieras del Instituto deberá hacerse
procurándose las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, prefiriéndose en igualdad de
circunstancias aquellas que generes un mayor beneficio social.
ARTICULO 118.- Las reservas se invertirán preferentemente:
I.- En bonos o títulos emitidos por el Gobierno Federal y del Estado, instituciones nacionales de
crédito o entidades encargadas del manejo de servicios públicos, siempre que se sujeten a lo dispuesto
en el artículo siguiente.
II.- En la adquisición, construcción o financiamiento de hospitales, sanatorios, maternidades,
dispensarios, farmacias, laboratorios, habitaciones para trabajadores y demás muebles e inmuebles
propios para los fines del Instituto;
III.- Se deroga.
IV.- Se deroga.
ARTICULO 119.- Los bonos o títulos a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán
estar garantizados con la afectación en fideicomiso de alguna contribución suficiente para el servicio de
sus intereses y amortización, por participaciones en impuestos federales. En los emitidos por el Gobierno
Federal o por instituciones nacionales de crédito, bastará con que se hallen al corriente en sus servicios.
ARTICULO 120.- Todo acto, contrato o documento que implique obligación o derecho inmediato o
eventual para el Instituto, deberá ser registrado en su contabilidad. La contabilidad del Instituto mostrará
por separado la situación de los servicios a que se refiere el artículo 4o. en la forma siguiente:
I.- Los de la fracción I;
II.- Los de la fracción II;
III.- Los de las fracciones III a la XI.
IV.- Los de la fracción XII; y
V.- Los de la fracción XIII.
ARTÍCULO 120 BIS.- Con atribuciones especificas para vigilar el gasto del Instituto y la inversión
de sus recursos, así como fiscalizar su aplicación según los programas correspondientes, éste contará
con un Comité de Vigilancia y Fiscalización, cuya operación y reglamentación será emitida por la Junta
directiva del Instituto, y que estará integrado por un representante de la Secretaría de Hacienda, otro del
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, uno de la Sección 54
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y de los organismos incorporados al régimen de
la Ley, un representante elegido de entre las Instituciones de Educación Media Superior y Superior, otro
de los Ayuntamientos, otro de los Organismos Públicos Descentralizados y uno más de las
organizaciones sindicales, respectivamente.
Los integrantes del Comité de Vigilancia no podrán ser miembros de la Junta Directiva ni tener
cargo alguno en el Instituto, con excepción del Director General de éste, quien fungirá como Secretario
Técnico del Comité con derecho a voz pero sin voto.
36
Los integrantes del Comité ejercerán su cargo honoríficamente.
Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 121 de esta Ley, el Comité de Vigilancia y
Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Exigir y obtener del Director General un informe trimestral sobre el manejo financiero de todos
los fondos del Instituto.
II.- Exigir y obtener del Director General un informe detallado del comportamiento del sistema de
pensiones con la periodicidad que el propio Comité determine.
III.- Exigir y obtener del Director General un dictamen semestral de los estados financieros del
Instituto.
IV.- Obtener del Contador Mayor de Hacienda del Congreso, o del órgano que lo substituya,
información relativa al estado financiero y resultado de las auditorias, inspecciones y visitas que se le
practiquen al Instituto.
V.- Participar en el procedimiento de contratación de los auditores externos que elaboren los
dictámenes sobre los estados financieros del Instituto, con la facultad especial de vetar, con las dos
terceras partes del voto del Comité, la contratación de auditores.
VI.- Definir las acciones que consideren necesarias y conducentes al cumplimiento de los objetivos
y metas del Instituto, según se encuentren previstos en los presupuestos y programas respectivos.
VII.- Obtener, analizar y, en su caso, opinar sobre al valoración actuarial del Instituto.
VIII.- Cada vez que lo considere conveniente, examinar la suficiencia de las aportaciones y el
cumplimiento de los programas anuales de constitución de reservas.
IX.- Intervenir como coadyuvante de la Contraloría General en las auditorias y procedimientos de
revisión que ésta practique sobre el Instituto.
ARTICULO 121.- Las actividades de control, vigilancia y evaluación en el Instituto, estarán a cargo
de un Comisario Público que será designado por la Secretaría de la Contraloría General del Estado y de
un órgano de control interno; ambos formarán parte de la estructura orgánica de dicho Instituto.
El Comisario Público evaluará el desempeño general y por funciones del Instituto; realizará
estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos de recursos económicos del
organismo, así como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitará la información y efectuará los
actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la
Secretaría de la Contraloría General del Estado le asigne específicamente conforme a las leyes.
Las acciones del órgano de control interno tendrán por objeto apoyar la función directiva y
promover el mejoramiento de gestión del Instituto; dicho órgano desarrollará sus funciones conforme a
los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
CAPITULO DECIMOSEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
ARTÍCULO 122.- Los funcionarios y trabajadores del Estado y organismos públicos incorporados
que dejen de cumplir con alguna de las obligaciones que les impone esta Ley, serán sancionados con
37
multa de setenta a siete mil Unidades de Medida y Actualización por la Junta Directiva del Instituto, de
acuerdo a la gravedad del daño ocasionado al Instituto o a algún derechohabiente, sin perjuicio de las
sanciones penales que les correspondan.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera que existe daño contra un
derechohabiente cuando sea afectada la atención médica que debe de recibir por parte del Instituto, así
como por causa del desabasto de medicamentos y falta de atención hospitalaria.
ARTICULO 123.- Los pagadores y encargados de cubrir sueldos que no efectúen los descuentos
que proceda en los términos de esta ley, serán sancionados con una multa equivalente al cinco por ciento
de las cantidades no descontadas, independientemente de la responsabilidad civil o penal en que
incurran, sin perjuicio de regularizar la situación en los términos del artículo 20.
ARTICULO 124.- Las sanciones pecuniarias previstas en los artículos anteriores, a que se hicieren
acreedores los trabajadores o funcionarios al servicio del Instituto, serán impuestas por el Director
General, después de oír al interesado y son revisables por la Junta Directiva si se hace valer la
inconformidad por escrito dentro del plazo de quince días. Las mismas sanciones, cuando se trate de los
funcionarios o trabajadores que no presten servicios al Instituto, se impondrán por la Tesorería General
del Estado con vista de la documentación que envíe a dicha dependencia, el Director General del Instituto
y previa audiencia del afectado.
ARTICULO 125.- Sin perjuicio de lo establecido en los preceptos anteriores, los miembros de la
Junta Directiva, el Director, los funcionarios y trabajadores del Instituto, como encargados de un servicio
público, estarán sujetos a las responsabilidades civiles y penales en que pudieren incurrir.
ARTICULO 126.- Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código
Penal del Estado, el obtener las prestaciones que esta ley concede a los Trabajadores del Estado, sin
tener el carácter de beneficiario de los mismos o derecho a ellos, mediante cualquier engaño, ya sea en
virtud de simulaciones, sustitución de personas o cualquier otro acto.
ARTICULO 127.- Cuando se establezca una responsabilidad pecuniaria a cargo del trabajador y a
favor del Instituto por la imposición de las sanciones establecidas en este Capítulo o por haber recibido
servicios indebidamente, el Estado u organismos públicos incorporados de quienes dependa el
trabajador, le harán a petición del Instituto los descuentos correspondientes hasta por el importe de su
responsabilidad, con la limitación establecida en el artículo 20 de esta ley.
ARTICULO 127 BIS.- Aquellos médicos que le presten sus servicios al Instituto y que expidan
incapacidades que resulten improcedentes por contravención a las normas que regulan su expedición y
se encuentren contenidas en el Reglamento de Servicios Médicos que emita la Junta Directiva del
Instituto, serán denunciados inmediatamente ante el Ministerio Publico y la Secretaría de la Contraloría
General para la determinación de las responsabilidades correspondientes.
CAPITULO DECIMOTERCERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 128.- Se deroga.
ARTICULO 129.- Se deroga.
ARTICULO 130.- Se deroga.
T R A N S I T O R I O S
38
ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1963, previa su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las pensiones concedidas con anterioridad a esta Ley con arreglo a las
disposiciones de la Ley que creó el Fondo de Protección Burocrática, la que instituyó la Dirección de
Pensiones y la que aprobó el reglamento de ésta última, serán cubiertas en lo sucesivo por el Instituto
con cargo a su propio patrimonio.
ARTÍCULO TERCERO.- Las solicitudes que al entrar en vigor esta Ley se encuentren en trámite
ante la Dirección de Pensiones del Estado, se sujetarán a los términos de la Ley anterior, para lo cual
serán turnadas al Instituto. Las que se formulen a partir del 1 de enero de 1963, se ajustarán a la
presente Ley.
ARTÍCULO CUARTO.- Se deroga.
ARTÍCULO QUINTO.- El personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, se formará con los trabajadores que estaban adscritos a la Dirección
de Pensiones del Estado y los de nuevo ingreso.
ARTÍCULO SEXTO.- Los servicios prestados con anterioridad al primero de enero de mil
novecientos cuarenta y nueve, se tomarán en cuenta para el otorgamiento de la jubilación y de la pensión
de vejez.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las prestaciones establecidas en los capítulos 5, 6 y 6 BIS, se harán
efectivas en proporción a las posibilidades financieras del Instituto.
ARTÍCULO OCTAVO.- Se deroga.
ARTÍCULO NOVENO.- Se deroga.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Para los efectos de la fracción I del artículo 113, al entrar en vigor la
presente Ley la Dirección de Pensiones del Estado, con intervención de la Tesorería General de la propia
entidad, hará entrega formal de su patrimonio al Instituto que ahora se constituye.
ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- Las prestaciones establecidas en esta Ley podrán ser ampliadas
previo estudio actuarial financiero que determine el monto de la prima que deba aportarse a fin de
disfrutar el nuevo beneficio.
ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO.- A partir de la vigencia del presente Ordenamiento quedan
derogadas la Ley número 112 de 20 de diciembre de 1948 que estableció el "Fondo de Protección
Burocrática"; la Número 5 de 14 de noviembre de 1949, que modificó y adicionó la anterior e instituyó la
Dirección de Pensiones del Estado y la Número 60 de 4 de diciembre de 1950 que aprobó el Reglamento
de la Dirección de Pensiones del Estado; así como la Ley Número 13, de 14 de marzo de 1962, que
estableció un pago adicional del cinco por ciento del sueldo base para los servidores públicos del
Gobierno del Estado, por concepto de Asistencia Médica y Medicinas, porcentaje que pasará a formar
parte del sueldo y se tomará en cuenta al hacer las deducciones que esta propia ley establece; quedan
derogadas asimismo todas las disposiciones de carácter general que se opongan a la presente ley.
ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- Se deroga.
T R A N S I T O R I O S D E L D E C R E T O 2 1 1
39
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora deberá realizar las acciones necesarias para que el fideicomiso que
señala el artículo 59 BIS adicionado, se constituya dentro de un plazo no mayor a noventa días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la vigencia de esta reforma.
ARTÍCULO TERCERO.- En el caso de las generaciones actuales, conformadas por aquellos
trabajadores, mujeres y hombres, que iniciaron su prestación de servicios al Estado con anterioridad a la
vigencia del presente Decreto, se incrementarán gradualmente sus porcentajes de cotización al fondo de
pensiones hasta alcanzar compartidamente con el Estado el 27% de cuotas y aportaciones,
aumentándose de la forma gradual indicada los porcentajes de cotización que refieren los incisos A) de
los artículos 16 y 21 de la Ley en la medida de un punto porcentual por año, de acuerdo a la siguiente
tabla:
AÑO CUOTA DEL TRABAJADOR APORTACIÓN DEL PATRÓN
2005 5% 12%
2006 6% 13%
2007 7% 14%
2008 8% 15%
2009 9% 16%
2010 10% 17%
Las generaciones futuras, que estarán conformadas por aquellas personas que ingresen a
trabajar al servicio del Estado con posterioridad a la vigencia de este Decreto, cubrirán íntegramente el
porcentaje de cuotas para pensiones y jubilaciones que prevé el artículo 16, inciso A) de la Ley. Las
aportaciones que por el mismo concepto le corresponden al Estado, se cubrirán con el porcentaje que
establece el artículo 21, párrafo segundo, inciso A) de este ordenamiento.
ARTÍCULO CUARTO.- Para las generaciones actuales se entenderá por sueldo regulador al
promedio ponderado de los sueldos cotizados de los últimos tres años, previa su actualización con el
índice nacional de precios al consumidor o, en su caso, el incremento salarial correspondiente, el que sea
menor.
ARTÍCULO QUINTO.- Los montos de las pensiones y jubilaciones que actualmente cubre el
Instituto y las que se autoricen en el futuro a los trabajadores que conforman a las generaciones actuales,
se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de
Hermosillo, Sonora o, en su caso, conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores
del Estado con éste, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento.
ARTÍCULO SEXTO.- Para el caso de los trabajadores que conforman las generaciones actuales,
el tiempo cotizado requerido para jubilarse se modifica en los términos siguientes:
A).- En el caso de los trabajadores:
NUMERO DE AÑOS COTIZADOS AL MOMENTO DE
LA VIGENCIA DE ESTE DECRETO
REQUERIRÁN LOS SIGUIENTES AÑOS DE
COTIZACIÓN PARA JUBILARSE
15 o más 30.0
14 30.5
13 30.5
12 30.5
40
11 31.0
10 31.0
9 31.0
8 31.5
7 31.5
6 31.5
5 o menos 32.0
B).- En el caso de las trabajadoras:
NUMERO DE AÑOS COTIZADOS AL MOMENTO DE
LA VIGENCIA DE ESTE DECRETO
REQUERIRÁN LOS SIGUIENTES AÑOS DE
COTIZACIÓN PARA JUBILARSE
14 o más 28.0
13 28.5
12 28.5
11 28.5
10 29.0
9 29.0
8 29.0
7 29.5
6 29.5
5 29.5
4 o menos 30.0
Los trabajadores con 30 o más años y las trabajadoras con 28 o más años cotizados al momento
de la vigencia de este Decreto, recibirán sus jubilaciones con base en el último salario cotizado, los
restantes trabajadores o trabajadoras con menor número de años cotizados, recibirán sus jubilaciones
con base en el sueldo regulador que refiere el artículo cuarto transitorio.
Como caso de excepción y exclusivamente para efectos jubilatorios, cuando un trabajador se
haya mantenido durante un período de 3 años en un mismo nivel y rango laboral, se le aplicará dicho
período de años para calcular el sueldo regulador, previa su actualización con el índice nacional de
precios al consumidor.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para el caso de las generaciones actuales, el Estado y los organismos
incorporados podrán implementar programas con cargo a sus respectivos presupuestos para estimular la
permanencia de los trabajadores que hayan cumplido con el tiempo cotizado requerido para acceder a su
jubilación en los términos que prevé el artículo sexto transitorio. El estimulo que se llegare a otorgar no
será considerado para los efectos de la determinación del monto de la pensión cuando lo solicite.
ARTÍCULO OCTAVO.- Las solicitudes de pensión o jubilación presentadas y en tramite con
anterioridad al inicio de la vigencia del presente Decreto, se resolverán conforme al momento y a las
condiciones en que se haya generado el derecho correspondiente, por lo que no serán afectadas por las
modificaciones establecidas en ésta. Igual suerte correrán las que presenten los trabajadores de uno u
otro sexo con el derecho adquirido antes del inicio de la vigencia de este Decreto.
Entratándose de trabajadores de generaciones actuales, en ningún caso les resultará aplicable la
restricción del monto de jubilación referida en el artículo 68 de este Decreto.
ARTÍCULO NOVENO.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora continuará cubriendo el importe de las pensiones concedidas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta reforma en los términos en que se hayan otorgado,
41
ARTÍCULO DÉCIMO.- El pago del porcentaje que establece el artículo 60 BIS B, tendrá
aplicación en los casos de aquellos trabajadores o sus derechohabientes que obtengan una pensión o
jubilación del Instituto a partir de la vigencia de este Decreto. La señalada obligación de pago se cumplirá
por los beneficiarios de pensiones o jubilaciones en los plazos y en los incrementos porcentuales que
establece la siguiente tabla:
AÑO
PORCENTAJE A CUBRIR MENSUALMENTE DEL MONTO DE LA PENSIÓN O JUBILACIÓN
MENSUAL
2005 5.0%
2006 6.0%
2007 7.0%
2008 8.0%
2009 9.0%
2010 10%
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las generaciones actuales empezarán a cubrir el 0.5% de
incremento a la cuota del rubro de servicio médico previsto por el artículo 16, inciso B), de esta Ley, a
partir del mes de enero del año 2006. En esa misma fecha se empezarán a cubrir las aportaciones
correspondientes al Estado por el mismo concepto.
Para estas mismas generaciones, los conceptos de cuotas y aportaciones de los trabajadores y el
Estado para el rubro de infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario establecidas por los
incisos E) y H) de los artículos 16 y 21 de la Ley, respectivamente, se cubrirán de manera gradual a partir
del año 2005 con un 0.5% y el restante en un porcentaje similar en el año 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Durante un plazo no mayor de dos años contados a partir de
la vigencia de este Decreto y previa autorización expresa de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los recursos de las diferentes
prestaciones económicas para los trabajadores podrán transferirse cuando exista insuficiencia en la
prestación de los servicios médicos que presta el Instituto, mismas que deberán reflejarse en los
presupuestos de ingresos o egresos correspondientes.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La Junta Directiva del Instituto Seguridad y Servicios Sociales
de los trabajadores del Estado de Sonora deberá emitir, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días
hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Bases, Convocatorias y el
Reglamento a que se refiere el artículo 120 BIS de la misma.
TRANSITORIOS DEL DECRETO 86
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, se derogan todas aquellas
disposiciones que se contrapongan al mismo.
TRANSITORIOS DEL DECRETO 114
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado, en un plazo de 90 días naturales a partir de la
42
entrada en vigor del presente Decreto, realizará las modificaciones pertinentes en las disposiciones
reglamentarias de la materia.
TRANSITORIOS DEL DECRETO 8
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado de Sonora.
TRANSITORIOS DEL DECRETO 12
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado de Sonora.
TRANSITORIOS DEL DECRETO 166
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La titular del Ejecutivo del Estado, a través del Secretario del Ramo,
deberá de difundir entre las y los sonorenses, el derecho que tienen las mujeres embarazadas de recibir
la asistencia médica necesaria, cuando se encuentren ante una urgencia obstétrica independientemente
de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.
TRANSITORIO DEL DECRETO 204
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIO DEL DECRETO 211
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIO DEL DECRETO 146
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
TRANSITORIO DEL DECRETO 55
ARTÍCULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado de Sonora.
A P E N D I C E
43
LEY 38.-B. O. No. 53, Sección Tercera, de fecha 31 de diciembre de 1962.
LEY 74.- B. O. No. 53, Sección Tercera, de fecha 31 de diciembre de 1963. Se reforma el párrafo
segundo del artículo 2o., se reforma la fracción V del artículo 40; se reforman el párrafo primero del
artículo 43 y fracción IV del propio artículo; se reforman los artículos 44, 45, 51, 54, 58; se adiciona el
artículo 96 con la fracción X; se adiciona el artículo 104 con la fracción VII; se reforman los artículos 109
fracción VI y 112.
LEY 11.- B. O. No. 4, de fecha 13 de enero de 1965. Que adiciona los artículos 68 y 69; y se reforman
el 8o. y 13 transitorios.
LEY 28.- B. O. No. 22, de fecha 15 de septiembre de 1965. Se reforman y adicionan los artículos 1o.
fracción II y 3o.
LEY 64.- B. O. No. 14, de fecha 17 de agosto de 1966. Se modifican y adiciona el Artículo 4o.,Capitulo
Séptimo y el Artículo 88.
LEY 102.- B. O. No. 4, de fecha 12 de julio de 1967. Que adiciona con el Capítulo Sexto Bis. De los
préstamos prendarios para la adquisición de bienes de consumo verdadero (58 bis).
LEY 59.- B. O. No. 11, de fecha 6 de agosto de 1969. Se reforma la fracción XII del Art. 4o. y se reforma
y adiciona el Capítulo Séptimo Bis.
LEY 93.- B. O. No. 37, de fecha 9 de mayo de 1973. Se reforman los artículos 62, 68 y 89.
LEY 12.- B. O. Alcance al No. 31, de fecha 17 de abril de 1974. Que modifica el Artículo 50.
LEY 16.- B. O. No. 40, de fecha 18 de mayo de 1974. Se reforma los artículos 45 y 58 Bis.
LEY 41.- B. O. No. 23, de fecha 19 de marzo de 1975. Se adiciona el artículo 4o. con las fracciones II
bis y III bis; se reforma el artículo 23 fracción I, primer párrafo y fracción II, primer párrafo; se adiciona el
artículo 24 con una fracción III; se reforma la fracción I del artículo 32; se reforma la fracción V del artículo
40, primer párrafo; se adiciona el artículo 60 con un segundo párrafo, se reforma el artículo 71, 72, 73,
segundo párrafo; 76 segundo párrafo; se derogan los artículos 88-A, 88-B y 88-C y se substituye por el
artículo 88 Bis y se adiciona con el artículo 127 bis.
LEY 68.- B. O. No. 4, de fecha 14 de enero de 1982. Se reforman los artículos 40 fracción II, 50; se
adiciona la Sección 3a. al Capítulo Quinto con los artículos del 50-A al 50-Z; se adiciona la fracción III del
artículo 97; se reforma la fracción XII y se adiciona la fracción XIII del artículo 104; se adicionan los
artículos 111-A, al 111-E.
LEY 100.- B. O. No. 6, Sección II, de fecha 20 de julio de 1987. Se reforma la fracción V del artículo 40.
LEY 91.- B. O. No. 1, Sección II, de fecha 3 de julio de 1989. Se reforman los artículos 1o. primer
párrafo y fracción II; 2o.; 3o.; 16, 19, último párrafo; 20; 21; 23 segundo párrafo de la fracción I y segundo
párrafo de la fracción II; 24, inciso a) de la fracción II; 33; 34; 36; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50;
50-A; 50-B; 50-C; 50-D; 50-E; 50-F; 50-G; 50-H; 50-I; 50-J; 51; 53; 58; 58 Bis; 68; 73 segundo párrafo; 76
segundo párrafo; 88; 89 primer párrafo; 91; 95; 103; 104 inciso g) de la fracción XII y la fracción XIII; 120
fracción II; 121; 7 y 11 Transitorios. Se reforma el Capítulo V para cambiar su denominación, quedando el
mismo integrado por los artículos 40 al 50-J; suprimiéndose las Secciones Primera, Segunda y Tercera.
Se adicionan los artículos 4o. con una fracción XIII; 9o. Bis; 24 con las fracciones IV, V y VI; 65 con un
párrafo; 91-A; 91-B; 91-C; 91-D; 91-E; 91-F; 104 con una fracción XIV; 112 con un párrafo y 120 con las
fracciones IV y V. Se derogan los artículos 50-K; 50-L; 50-M; 50-N; 50-Ñ; 50-O; 50-P; 50-Q; 50-R; 50-S;
44
50-T; 50-U; 50-V; 50-W; 50-X; 52; 54; 55; 56; 57; 72 las fracciones III y IV del artículo 118; 128; 129 y
130. Se derogan los artículos 4o.; 8o.; 9o.; 13 Transitorios.
DECRETO 211; B. O. EDICIÓN ESPECIAL No. 3, de fecha 29 de Junio de 2005, que reforma los
artículos 2°; 4°, primer párrafo; 15, párrafo tercero; 16, primer párrafo y los incisos A) y B); 21, párrafos
primero y segundo y sus incisos A) y B); 24, primer párrafo, fracciones I, II, párrafo segundo y III, párrafo
segundo; 40, fracción I, inciso A); 50; la denominación del Capitulo Séptimo y la de su Sección 3ª; los
artículos 59; 68; 69;71, párrafo primero; 73, párrafo segundo; 82; 83, fracción I; 84; 85; 104, fracción III;
117 y 127 BIS; se adiciona un inciso E) al artículo 16, un inciso H) al párrafo segundo del artículo 21; los
artículos 40 BIS; 59 BIS; 60 BIS A; 60 BIS B; un párrafo tercero al artículo 73 y el artículo 120 BIS;
asimismo se deroga el párrafo segundo del artículo 50-E.
DECRETO 86; B. O. No.53, sección XIV, de fecha 30 de diciembre de 2010, que reforma el artículo 9o
y se adiciona un párrafo tercero al artículo 21.
DECRETO 114; B. O. No. 3, sección I, de fecha 11 de julio de 2011, reforma los artículos 27,
fracciones I y II y 28 y adiciona la fracción VII al artículo 2º.
DECRETO 8; B. O. No. 38, sección II, de fecha 9 de noviembre de 2015, que adicionan las fracciones
III y IV al artículo 27.
DECRETO 12; B. O. No. 43, sección II, de fecha 26 de noviembre de 2015, que deroga el artículo 60
Bis B.
DECRETO 166; B. O. No. 37, sección II, de fecha 6 de noviembre de 2017, que adiciona un artículo 96
Bis.
DECRETO 204; B. O. No. 29, sección II, de fecha 09 de abril de 2018, que adicionan los párrafo
segundo y tercero al artículo 9o y un cuarto párrafo al artículo 59.
DECRETO 211; B. O. No. 34, sección I, de fecha 26 de abril de 2018, que adicionan una Sección
Segunda Bis al Capítulo Tercero y un artículo 27 Bis.
DECRETO 146; B. O. No. 44, sección I, de fecha 30 de noviembre de 2020, que reforman los artículos
109, fracción II y 122 y se adicionan un artículo 14 Bis y una fracción II Bis al artículo 109.
DECRETO 55; B. O. No. 2, sección I, de fecha 07 de julio de 2022, que reforman los artículos 98, 99,
102 fracción II, 104 fracción IX, 109 fracciones I y XIII, 111, 111-D párrafo primero y 111-E; se deroga la
fracción XI del articulo 104 y la fracción VI del artículo 109.
I N D I C E
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA ................................................................................................................................. 1
CAPITULO PRIMERO .................................................................................................................................. 1
DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................... 1
CAPITULO SEGUNDO ................................................................................................................................. 5
DE LOS SUELDOS, CUOTAS Y APORTACIONES ..................................................................................... 5
CAPITULO TERCERO .................................................................................................................................. 7
DEL SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y DE MATERNIDAD ................................. 7
45
SECCION PRIMERA ..................................................................................................................................... 7
SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES ............................................................................ 7
SECCIÓN SEGUNDA ................................................................................................................................... 9
SEGURO DE MATERNIDAD ........................................................................................................................ 9
SECCIÓN TERCERA .................................................................................................................................. 10
CONSERVACIÓN DE DERECHOS ............................................................................................................ 10
CAPITULO CUARTO .................................................................................................................................. 10
DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES .................................................. 10
PROFESIONALES ...................................................................................................................................... 10
CAPITULO V ............................................................................................................................................... 12
DE LA VIVIENDA PARA TRABAJADORES ............................................................................................... 12
CAPITULO SEXTO ..................................................................................................................................... 16
DE LOS PRESTAMOS A CORTO PLAZO ................................................................................................. 16
CAPITULO SEXTO BIS .............................................................................................................................. 16
DE LOS PRESTAMOS PRENDARIOS PARA LA ADQUISICION .............................................................. 16
DE BIENES DE CONSUMO DURADERO .................................................................................................. 16
CAPITULO SÉPTIMO ................................................................................................................................. 17
DE LA JUBILACIÓN Y DE LAS PENSIONES POR VEJEZ, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA,
INVALIDEZ Y MUERTE .............................................................................................................................. 17
SECCIÓN PRIMERA ................................................................................................................................... 17
GENERALIDADES ...................................................................................................................................... 17
SECCIÓN SEGUNDA ................................................................................................................................. 19
JUBILACIÓN ............................................................................................................................................... 19
SECCIÓN 3a ............................................................................................................................................... 19
PENSIÓN POR VEJEZ Y DE CESANTÍA POR EDAD AVANZADA .......................................................... 19
SECCION 4a ............................................................................................................................................... 22
PENSION POR INVALIDEZ ........................................................................................................................ 22
SECCIÓN 5a ............................................................................................................................................... 23
PENSIÓN POR CAUSA DE MUERTE ........................................................................................................ 23
CAPITULO SÉPTIMO BIS .......................................................................................................................... 24
DEL PAGO PÓSTUMO ............................................................................................................................... 24
CAPITULO 8o ............................................................................................................................................. 26
DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL ............................................................................................................. 26
CAPITULO NOVENO .................................................................................................................................. 28
DE LA PRESCRIPCIÓN .............................................................................................................................. 28
CAPITULO DÉCIMO ................................................................................................................................... 28
46
DE LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIONES DEL INSTITUTO ................................................................ 28
SECCIÓN 1a ............................................................................................................................................... 28
FUNCIONES DEL INSTITUTO ................................................................................................................... 28
CAPITULO DECIMOPRIMERO .................................................................................................................. 34
DEL PATRIMONIO E INVERSIONES DEL INSTITUTO ............................................................................ 34
SECCIÓN 1a ............................................................................................................................................... 34
PATRIMONIO DEL INSTITUTO .................................................................................................................. 34
SECCIÓN 2a ............................................................................................................................................... 35
INVERSIONES ............................................................................................................................................ 35
CAPITULO DECIMOSEGUNDO ................................................................................................................ 36
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ...................................................................................... 36
CAPITULO DECIMOTERCERO ................................................................................................................. 37
DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................. 37
T R A N S I T O R I O S .............................................................................................................................. 37
I N D I C E.................................................................................................................................................... 44
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