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Ley de Responsabilidad Patrimonial
del Estado de Tamaulipas
y sus Municipios
Documento de consulta
Última reforma aplicada P.O. Edición Vespertina del 11 de noviembre de 2020.
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios Pág. 2
EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL
ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TIENE A BIEN EXPEDIR
EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. 640
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS MUNICIPIOS.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.
1. La presente ley es de orden público e interés general.
2. Sus normas son reglamentarias del párrafo segundo del artículo 154 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
3. Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar la responsabilidad patrimonial objetiva y directa del poder
público del Estado. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos públicos autónomos, los
Ayuntamientos de la entidad y, en general todo ente público responderá por los daños que se causen en los
bienes y derechos de los particulares con motivo de la actividad administrativa irregular de los servidores
públicos que colaboren en dichos entes.
4. Por medio de esta ley se fijan las condiciones y procedimientos para reconocer el derecho a la
indemnización de quienes sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes o
derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los servidores públicos de los entes
públicos.
5. La indemnización por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado deberá ajustarse a los términos
y condiciones contemplados en este ordenamiento jurídico y en las demás disposiciones relacionadas en la
materia.
ARTÍCULO 2.
1. Los particulares que sufran alguna lesión en sus bienes o derechos, producida como consecuencia de la
actividad administrativa irregular del Estado, tendrán derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios,
conforme a las bases, límites y procedimientos que establece el presente ordenamiento jurídico.
2. El resarcimiento de los daños se basa en la posibilidad de compensar por la lesión patrimonial causada,
así como el pago de los perjuicios derivados del hecho considerado fuente de responsabilidad, mediante el
pago de una indemnización.
3. Las acciones cuyo ejercicio regula esta ley no extinguen las que otros ordenamientos establezcan, pero
una vez intentada cualquiera de ellas, no podrá ejercitarse otra.
ARTÍCULO 3.
Para los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Actividad administrativa irregular: aquellos actos u omisiones que causen daño a los bienes o derechos
de los particulares, y que éstos no tengan obligación jurídica de soportar, en virtud de que se carece de
fundamento legal o causa jurídica de justificación para sustentar el daño ocasionado.
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios Pág. 3
b) Caso fortuito: Todo acontecimiento natural previsible o imprevisible, pero inevitable, por virtud del cual se
pierde total o parcialmente el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación.
c) Daño: Pérdida o menoscabo sufrido en los bienes o derechos por la realización del hecho que la ley
considera fuente de responsabilidad.
d) Documentación comprobatoria de gasto: Los documentos que acrediten una erogación y reúnan los
requisitos previstos por las leyes fiscales.
e) Entes públicos: Los poderes del Estado, sus dependencias, organismos públicos descentralizados,
empresas públicas estatales y fideicomisos públicos estatales; organismos públicos autónomos;
Ayuntamientos, organismos descentralizados municipales, empresas públicas municipales y fideicomisos
públicos municipales.
f) Fuerza mayor: Todo hecho previsible o imprevisible, pero inevitable, proveniente de uno o más terceros
determinados o indeterminados, por virtud del cual se pierde total o parcialmente el bien o se imposibilita el
cumplimiento de la obligación.
g) Incapacidad permanente parcial: Es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para
trabajar.
h) Incapacidad permanente total: Es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilitan
para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.
i) Incapacidad temporal: La pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una
persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.
j) Perjuicio: La privación de cualquier ganancia lícita que habría obtenido la persona de no haberse realizado
el hecho considerado como fuente de la responsabilidad.
k) Salario: El salario mínimo diario vigente en el lugar donde se produjeron los hechos.
l) Servidor público: Toda persona considerada como tal a la luz del primer párrafo del artículo 149 de la
Constitución Política del Estado.
ARTÍCULO 4.
Se exime al Estado de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios, cuando los mismos devengan de:
a) Caso fortuito o fuerza mayor;
b) Hechos que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular de los servidores de los entes
públicos;
c) Hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos
de la ciencia o técnica disponible en el momento del suceso, en lugar, circunstancias y tiempo
determinados;
d) Hechos imputables a terceros, que hayan producido la causa de responsabilidad;
e) Hechos derivados del descuido o la negligencia del afectado;
f) Hechos en los cuales el afectado sea el único causante del daño;
g) Hechos que resulten de la concurrencia de culpas del afectado y del servidor público;
h) Hechos acontecidos para evitar un daño grave e inminente.
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios Pág. 4
ARTÍCULO 5.
Los daños y perjuicios que constituyan la lesión patrimonial reclamada deberán ser reales y evaluables en
dinero, afectar directamente a una o varias personas y ser desproporcionados a los hechos que pudieran
afectar a la generalidad de la población.
ARTÍCULO 6.
1. El presupuesto de egresos del Estado incluirá una partida que, en términos de la Ley de Gasto Público
del Estado de Tamaulipas, deberá destinarse a cubrir el concepto de responsabilidad patrimonial de los
poderes del Estado y de los organismos públicos autónomos.
2. Los Ayuntamientos también deberán establecer una partida destinada al mismo fin en sus respectivos
presupuestos de egresos.
3. Los demás entes públicos a que se refiere esta ley considerarán en sus proyectos de presupuesto de
egresos la partida correspondiente al cumplimiento de obligaciones derivadas de la responsabilidad
patrimonial del Estado en que incurran.
4. La suma total de los recursos comprendidos en los respectivos presupuestos de egresos del Estado o de
los Ayuntamientos, no podrá exceder del equivalente al 0.3 al millar del respectivo gasto programable para
el ejercicio fiscal correspondiente.
5. Los pagos de las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado se realizarán
conforme a la disponibilidad presupuestal del ente público, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los
programas aprobados en el presupuesto de egresos del Estado o de los Ayuntamientos, según el caso.
6. En la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal, los entes
públicos considerarán los montos correspondientes al cumplimiento de las indemnizaciones que no haya
sido factible saldar en el ejercicio fiscal en el cual se determinó la responsabilidad patrimonial. Del monto
anual asignado presupuestalmente para el pago de este tipo de indemnizaciones, se atenderán en forma
preferente y de acuerdo al orden de prelación, los saldos insolutos de ejercicios fiscales anteriores.
7. Los entes públicos contratarán pólizas de seguro o finanzas para hacer frente a la responsabilidad
patrimonial, conforme a las disponibilidades presupuestales.
ARTÍCULO 7.
1. El monto contemplado en la iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado para el pago de la
responsabilidad patrimonial de los entes públicos de carácter estatal, deberá estimarse anualmente,
conforme a la proyección que se tenga de las reclamaciones que pudieran presentarse, sobre la base de lo
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6.
2. Los Ayuntamientos del Estado estimarán el monto de la partida correspondiente al cumplimiento de
obligaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial, a la luz de la proyección que se elabore sobre las
reclamaciones que eventualmente se presenten, sobre la base de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 6.
3. Las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que excedan el monto máximo contemplado en el
presupuesto de egresos que corresponda, se cuantificarán en valores diarios de Unidad de Medida y
Actualización, liquidándose el importe correspondiente en la fecha de su pago.
ARTÍCULO 8.
1. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán supletoriamente las contenidas en el Código
Fiscal, el Código Civil, el Código Municipal y el Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado.
2. Para los efectos administrativos, la interpretación de este ordenamiento corresponde a cada ente público, y
para los efectos jurisdiccionales corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, al
Tribunal de Justicia Administrativa Municipal y al Poder Judicial, en su caso.
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CAPÍTULO II
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
ARTÍCULO 9.
1. El importe de la indemnización de los daños y perjuicios deberá cubrirse en moneda nacional.
2. Previo acuerdo con el interesado, el pago de la indemnización podrá hacerse en especie.
3. Cuando no afecte el interés público, el pago de la indemnización podrá efectuarse en parcialidades.
ARTÍCULO 10.
El monto de la indemnización por daños y perjuicios materiales se calculará de acuerdo a los criterios
establecidos por la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio y las demás
disposiciones aplicables, debiéndose tomar como base los valores comerciales.
ARTÍCULO 11.
1. Cuando el daño que se cause a las personas produzca la muerte, la indemnización de orden económico
consistirá en el pago de una cantidad de equivalente a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización y seis veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por concepto de
gastos funerarios y, en su caso, los gastos de hospitalización y curación efectuados antes del fallecimiento.
2. Si el daño hubiere ocasionado incapacidad permanente total, la indemnización comprenderá las
prestaciones a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y V, del artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo y,
además, una cantidad equivalente al importe de tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.
3. En el caso que el daño origine incapacidad permanente parcial para trabajar, la indemnización
comprenderá las prestaciones a que hacen referencia los artículos 487 y 492 de la Ley Federal del Trabajo,
tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 493 de la misma ley.
4. En la hipótesis del párrafo anterior, el pago del salario o ingreso en numerario comprobable que deje de
percibir el afectado mientras subsista la imposibilidad de trabajar, le serán resarcidos íntegramente, siempre
que no le sean cubiertos por instituciones estatales o federales de seguridad social.
5. Cuando el afectado no perciba un salario o no sea posible cuantificar sus ingresos, tendrá derecho a que
se le consideren tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
ARTÍCULO 12.
1. La indemnización deberá ser íntegra, independientemente del ingreso económico del reclamante.
2. La indemnización se cuantificará con base en la fecha en la que sucedieron los hechos o, cuando sean
de carácter continuo, en la fecha en que hayan cesado.
3. El monto de toda indemnización se cuantificará en salarios mínimos diarios, liquidándose el importe
correspondiente en la fecha de su pago.
ARTÍCULO 13.
1. Cuando el ente público haya celebrado contrato de seguro que garantice la reparación del daño derivado
de una responsabilidad patrimonial ante la eventualidad de un siniestro que sea consecuencia de la
actividad administrativa irregular de los servidores de los entes públicos del Estado, el importe de la suma
asegurada se dedicará a la indemnización.
2. Si el monto es insuficiente, el Estado, por conducto del ente público, cubrirá la suma faltante.
3. El pago de las cantidades por concepto de deducible deberán ser cubiertas por los entes públicos.
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CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 14.
1. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se efectuará con base en lo dispuesto por la presente
ley.
2. El procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se iniciará a petición de parte interesada.
3. La resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado tendrá carácter de acto
administrativo definitivo de carácter constitutivo, no admitiéndose recurso administrativo alguno ante el ente
público emisor de la resolución.
ARTÍCULO 15.
1. La reclamación de indemnización por daño patrimonial se presentará por escrito ante el ente público al
cual se atribuya la misma, y deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos:
a) El nombre del ente público al cual se dirige;
b) El nombre del promovente y, en su caso, de su representante legal, quien deberá ser acreditado con la
documentación de su designación y el alcance de sus facultades;
c) El domicilio del promovente para recibir notificaciones, en el lugar de la residencia del ente público ante el
cual se realice la reclamación;
d) La narración y descripción cronológica de los hechos y el razonamiento en el (sic) justifica su pretensión;
e) La relación causa–efecto entre el daño producido y la presunta actividad administrativa irregular del
servidor del ente público;
f) La estimación del monto del daño ocasionado;
g) El ofrecimiento de las pruebas, cuando la naturaleza del hecho así lo requiera;
h) El señalamiento, bajo protesta de decir verdad de que la reclamación no se ha iniciado por otra vía; e
i) El lugar, fecha y firma o huella dactilar del interesado o, en su caso, la del representante legal.
2. Se desecharán de plano las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial que sean
notoriamente improcedentes.
3. Cuando del análisis y resolución de la reclamación se colijan presuntas conductas dolosas para obtener o
incrementar el monto de la indemnización, ya por imputar daños, falsear o alterar los ocurridos, el ente
público dará vista al Ministerio Público para que actúe con base en sus atribuciones.
ARTÍCULO 16.
Para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, es necesaria la coexistencia de los
siguientes requisitos:
a) Que se haya producido un daño a los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos;
b) Que el daño inferido sea imputable a un servidor del ente público, con motivo de su actuación
administrativa irregular; y
c) Que exista una relación de causalidad entre la actuación administrativa irregular y el daño producido.
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ARTÍCULO 17.
La causalidad única o, en su caso, concurrencia de hechos, así como la participación de otros agentes en la
generación del daño que motiva la reclamación, deberá probarse a través de la identificación precisa de la
serie de actuaciones que ocasionaron el resultado final.
ARTÍCULO 18.
1. Al reclamante le corresponde probar la responsabilidad del Estado por la lesión ocasionada en su
perjuicio.
2. Al Estado, en su caso, le corresponderá probar la responsabilidad del propio reclamante en los hechos
que ocasionaron los daños, así como las eximientes de responsabilidad que establece el artículo 4 de esta
ley.
ARTÍCULO 19.
1. De la reclamación de indemnización por daño patrimonial se dará visita al o a los servidores públicos a
quienes se atribuye una actividad administrativa irregular, a fin de que en un plazo de 5 días hábiles
posteriores a la notificación expresen lo que a su derecho convenga.
2. Formulada la reclamación de indemnización por daño patrimonial y transcurrido el plazo a que se refiere
el párrafo anterior, el ente público dispondrá lo conducente para el desahogo de las pruebas ofrecidas.
3. La resolución del ente público deberá formularse dentro de los 60 días hábiles siguientes a que transcurra
el plazo señalado en el párrafo 1 de este artículo.
4. En la resolución se incluirán el señalamiento de la reclamación planteada, el análisis y valoración de las
pruebas ofrecidas, el análisis de las disposiciones legales aplicables y los puntos resolutivos. En todo caso,
la resolución deberá estar fundada y motivada conforme a derecho.
ARTÍCULO 20.
Las resoluciones que se dicten con motivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, deberán contener:
a) Una exposición clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el análisis y la valoración de las
pruebas que se hayan aportado;
b) Los fundamentos legales que motivaron la resolución;
c) La existencia o ausencia del nexo causal entre el daño producido y la actividad administrativa irregular; y
d) La comprobación y valoración de las lesiones patrimoniales causadas, así como la explicación y
justificación del criterio empleado en la cuantificación del importe económico o en especie que deba
erogarse con motivo de la indemnización resarcitoria del daño infringido; o
e) La determinación de que no se acreditaron las lesiones patrimoniales reclamadas y la improcedencia de
la indemnización planteada.
ARTÍCULO 21. Las resoluciones emitidas por el ente público que nieguen la indemnización o que no satisfagan
al reclamante, podrán ser impugnadas por la vía contenciosa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Tamaulipas o ante el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal, en caso de haberse creado en el
Municipio que corresponda.
ARTÍCULO 22.
Durante cualquier etapa del procedimiento previsto en este capítulo, las partes podrán celebrar convenio
con la finalidad de concluir la reclamación en los términos que convengan de común acuerdo.
ARTÍCULO 23.
1. El derecho a reclamar la reparación del daño o la indemnización prescribe en un año, el que se
computará:
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios Pág. 8
a) A partir del día siguiente que se hubiera producido la lesión patrimonial o que se tuviera conocimiento de
la misma;
b) En caso de que los hechos o actos dañosos hayan tenido carácter continuo, a partir del momento que
hubieren cesado sus efectos lesivos; o,
c) Cuando existan hechos que generen un daño físico a las personas, el plazo de prescripción empezará a
contar desde el momento en que ocurra el alta del paciente.
2. En caso de que el reclamante hubiera obtenido la anulación de actos administrativos, el lapso de
prescripción para reclamar la indemnización deberá computarse a partir del día siguiente de la fecha en que
fue emitida la resolución anulatoria de carácter definitivo.
3. La anulación de actos administrativos no presupone el derecho a indemnización.
CAPÍTULO IV
DE LA CONCURRENCIA DE SUJETOS EN LOS DAÑOS O LESIONES PATRIMONIALES.
ARTÍCULO 24.
1. En caso de concurrencia acreditada en los términos del artículo 17 de esta ley, la obligación del pago de
la indemnización correspondiente deberá distribuirse proporcionalmente entre los causantes del daño
patrimonial reclamado, conforme a su participación en el mismo.
2. Para la distribución del pago de daños y perjuicios o la indemnización, los entes públicos o el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en su caso, tomarán en cuenta los siguientes criterios de
imputación:
a) Cada ente público es responsable de los daños y perjuicios que provengan de los servidores públicos de
su propia organización, así como de la actividad que hubieren desarrollado;
b) Cada ente público responderá por los daños y perjuicios que, en el ejercicio de sus funciones hayan
ocasionado los servidores públicos que formen parte de su plantilla de colaboradores o empleados;
c) Los entes públicos de los que dependan otros entes públicos susceptibles de responsabilidad patrimonial
del Estado, solamente responderán de los daños y perjuicios que ocasionen los entes dependientes,
cuando éstos no hayan tenido la facultad de actuar de manera autónoma;
d) Los entes públicos que sean competentes para prestar un servicio público, cuando su actividad irregular
haya ocasionado daños y perjuicios, responderán de los mismos;
e) Los entes públicos que tengan la obligación de vigilancia respecto de otros, sólo responderán de los
daños y perjuicios que ocasionen éstos, cuando tengan a su cargo el control y supervisión de los últimos;
f) Los entes públicos que hubieren proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otros, y éstos no hayan
tenido autorización ni oportunidad de modificar el proyecto por cuya causa se generaron los daños y
perjuicios, responderán de la lesión patrimonial reclamada. Por su parte, el ente público ejecutor responderá
cuando las deficiencias no tuvieran como origen el proyecto elaborado por otro ente público y no hayan
tenido oportunidad de modificarlo o corregirlo.
3. Cuando en la causa de daños y perjuicios se señale como presuntas responsables a autoridades
federales y locales, las primeras responderán conforme a la legislación federal aplicable y las segundas en
términos de la responsabilidad patrimonial prevista en la presente ley.
ARTÍCULO 25.
Cuando en la causa de daños y perjuicios intervengan varios entes públicos, y no sea posible identificar la
participación exacta de cada uno en la misma, se establecerá entre las participantes una responsabilidad
solidaria frente al reclamante, debiéndose distribuir entre los causantes la indemnización por partes iguales.
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios Pág. 9
ARTÍCULO 26.
1. Cuando los daños y perjuicios se produzcan como consecuencia de la explotación de una concesión de
servicio público y las lesiones patrimoniales tengan su origen en una determinación del concedente, este
último responderá directamente, siempre y cuando la obligación sea de ineludible cumplimiento por parte del
concesionario.
2. En caso de que los daños y perjuicios sean causados por la actividad del concesionario y no se derive de
una determinación impuesta por el concedente, la obligación de reparar el daño corresponderá a aquél.
ARTÍCULO 27.
En caso de que en la causa de daños y perjuicios intervengan dos o más entes públicos, y éstos no lleguen a un
acuerdo sobre la reparación del daño, deberá someterse el conflicto a la resolución del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tamaulipas.
CAPÍTULO V
DERECHO DEL ESTADO A SOLICITAR LA RESTITUCIÓN DE LO PAGADO A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
ARTÍCULO 28.
1. El Estado deberá exigir a los servidores públicos responsables el resarcimiento del importe de la
indemnización cubierta a los afectados por concepto de la reparación de los daños y perjuicios en los
términos de la presente ley.
2. Para efectos del párrafo anterior, deberá sustanciarse previamente el procedimiento administrativo
previsto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, determinarse la
responsabilidad del servidor público que causó el daño, y establecer que medió culpa grave o dolo de su
parte y no una causa derivada de los propios riesgos del funcionamiento regular del servicio público o
deficiencias del mismo.
3. El monto que se obtuviese por concepto del resarcimiento a que se refiere este artículo, formará parte de
la sanción económica que se le aplique.
ARTÍCULO 29.
La calificación de la falta cometida por el servidor público deberá valorarse en términos de lo dispuesto por
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, debiéndose contemplar su relación
con la producción del hecho dañoso, el dolo o ausencia del mismo en la conducta externada que dio origen
a la lesión patrimonial, los niveles promedio del desempeño de servidores públicos que detenten puestos
análogos en la administración, así como las condiciones laborales en las que se presta el servicio o se
desarrolla la función.
ARTÍCULO 30.
Los servidores públicos podrán impugnar las resoluciones administrativas que les impongan la obligación de
resarcir el monto correspondiente de los daños y perjuicios que haya erogado el Estado, por medio de los
recursos previstos por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, o cualquier
otro ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 31.
La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado suspenderá los plazos de
prescripción que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas determina para
iniciar el procedimiento administrativo a los servidores públicos, mismos que se reanudarán cuando quede
firme la sentencia definitiva que al efecto se dicte en los procedimientos mencionados
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios Pág. 10
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los asuntos relacionados con indemnizaciones a particulares que se encuentren
en trámite en los entes públicos, como consecuencia de las faltas administrativas en las que hubieren
incurrido servidores públicos, se atenderán hasta su total terminación de acuerdo con las disposiciones
vigentes en la fecha en que se inició el procedimiento.
ARTÍCULO TERCERO.- Los poderes del Estado, los organismos públicos autónomos, los Ayuntamientos y
los demás entes públicos contemplados en la presente ley, incluirán, a partir del ejercicio fiscal de 2006,
partidas específicas en sus proyectos de presupuesto de egresos para el cumplimiento de los hechos
dañosos relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado.
Al efecto, se harán estimaciones cualitativas y cuantitativas respecto a eventuales actuaciones
administrativas irregulares, así como para la adquisición de pólizas de seguro o finanzas que se requieran
en esta materia.
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Victoria, Tam., 28 de abril del 2004.-
DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ LUIS CASTELLANOS GONZÁLEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO
SECRETARIO.- LORENZO RAMÍREZ DÍAZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- RENÉ MARTÍN
CANTÚ CÁRDENAS.- Rúbrica.”
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cinco
días del mes de enero del año dos mil cinco.
ATENTAMENTE -SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.- EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES.- Rúbrica.-EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO.- ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica.
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios Pág. 11
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMAS, A PARTIR DE LA
EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE LEY.
1. TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO LXII-327, DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y
PUBLICADO EN EL ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 146, DEL 4 DE DICIEMBRE DE
2014.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos que en forma libre decidan crear un Tribunal de Justicia
Administrativa Municipal, deberán expresar con claridad en las disposiciones transitorias del
Reglamento Interior, la fecha de inicio de sus funciones.
ARTÍCULO TERCERO.- En términos de lo dispuesto por la fracción XLVII del artículo 49 del Código
Municipal para el Estado de Tamaulipas reformado mediante este Decreto, se deberá nombrar al juez
del Tribunal Municipal de Justicia Administrativa.
El procedimiento y reglas de elección del juez del Tribunal Justicia Administrativa Municipal a que se
refiere este artículo, será el ordinario que contempla el artículo 330, del Código Municipal para el
Estado de Tamaulipas, adicionado mediante este Decreto y las reglas y modalidades que al efecto se
establezcan en el respectivo acuerdo que emita el Ayuntamiento correspondiente.
ARTÍCULO CUARTO.- Dentro de los 30 días siguientes a que concluya el procedimiento señalado en
el artículo anterior, el Juez del Tribunal de Justicia Administrativa Municipal deberá realizar las
designaciones y nombramientos correspondientes de los funcionarios que integren el Tribunal
Municipal de Justicia Administrativa para su debida integración y funcionamiento.
ARTÍCULO QUINTO.- El titular del Tribunal presentará, dentro de los 10 días hábiles siguientes al
inicio de funciones del órgano, un proyecto de Reglamento Interior, el cual deberá ser aprobado por las
dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEXTO.- Los Ayuntamientos expedirán la convocatoria a que hace alusión el artículo 330,
fracción I, del Código Municipal, con la anticipación suficiente para que antes del inicio de funciones del
Tribunal de Justicia Administrativa ya se encuentre nombrado el Juez.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ayuntamiento que corresponda, mediante el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes podrá declarar la disolución del Tribunal Municipal de Justicia
Administrativa. Para tal efecto deberá establecer de manera clara fundando y motivando las causas por
las cuales ha tomado esa determinación. Previo a la fecha de extinción del Tribunal Municipal de
Justicia Administrativa deberán concluirse los asuntos en trámite.
2. ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXIII-103, DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016 Y
PUBLICADO EN EL ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL No. 152, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016.
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Las normas del Código de Procedimientos Penales para el Estado de
Tamaulipas, abrogado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Artículo Tercero
Transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de marzo de 2014, y de su reforma
publicada el 17 de junio de 2016 del citado órgano de difusión, en la que se haga referencia al salario
mínimo y que sean objeto de aplicación, se entenderá efectuada la homologación a la que se ciñe el
presente Decreto.
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios Pág. 12
3. ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXIII-817, DEL 6 DE AGOSTO DE 2019 Y
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 100, DEL 20 DE AGOSTO DE 2019.
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
4. ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXIV-208, DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EDICIÓN VESPERTINA No. 136, DEL 11 DE NOVIEMBRE
DE 2020.
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios Pág. 13
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS MUNICIPIOS.
Decreto No. 640 del 28 de abril de 2004.
Anexo al P.O. No. 4, del 11 de enero de 2005.
R E F O R M A S:
1. Decreto No. LXII-327, del 5 de noviembre de 2014.
Anexo al P.O. No. 146, del 4 de diciembre de 2014.
ARTÍCULO TERCERO.- Se modifican los artículos 8 y 21.
2. Decreto No. LXIII-103, del 14 de diciembre de 2016.
Anexo al P.O. No. 152, del 21 de diciembre de 2016.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Se reforman los artículos 7 párrafo 3 y 11 párrafos 1, 2 y
5, en materia de desindexación del salario mínimo.
3. Decreto No. LXIII-817, del 6 de agosto de 2019.
P.O. No. 100, del 20 de agosto de 2019.
Se reforman los artículos 28 numeral 2, 29, 30 y 31.
4. Decreto No. LXIV-208, del 4 de noviembre de 2020.
P.O. Edición Vespertina No. 136, del 11 de noviembre de 2020.
Se reforman los artículos 8, numeral 2; 21; 24 numeral 2; y 27.
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