<![CDATA[CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR
H. Congreso del Estado de Baja California
Sur
Oficialía Mayor
Departamento de Apoyo Parlamentario
Última Reforma BOGE.60 Ext. 14-Agosto-2024
CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Ley publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 30 de Noviembre de
2014
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada BOGE 14-08-2024
Declaratoria de invalidez de artículo por Sentencia de la SCJN 130/2021
Al margen un sello con el Escudo del Estado de Baja California Sur, al calce dice: PODER
EJECUTIVO.
MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE SABER:
QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
DECRETO 2189
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
D E C R E T A:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL
TÍTULO PRIMERO
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS PENALES
Artículo 1. Principio de legalidad. A nadie se le podrá imponer pena, medida de
seguridad, ni cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización
de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al
tiempo de su realización, siempre que concurran los presupuestos señalados en la
ley y la pena, la medida de seguridad o cualquier otra consecuencia jurídica, que se
encuentre previamente establecida en la ley.
Artículo 2. Principio de tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva,
analógica y por mayoría de razón. No podrá imponerse pena o medida de
seguridad, ni cualquier otra consecuencia jurídica del delito, si no se acredita la
existencia de los elementos del tipo penal, del delito de que se trate. Queda
prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón de la ley penal
en perjuicio de persona alguna.
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La ley penal sólo tendrá efecto retroactivo si favorece a la persona imputada,
cualquiera que sea la etapa del procedimiento, incluyendo la fase de la ejecución de
la sanción penal. En caso de duda se aplicará al imputado la ley más favorable,
habiéndosele escuchado previamente.
Artículo 3. Principio de prohibición de la responsabilidad objetiva. Para que
la acción o la omisión sean penalmente relevantes deben realizarse dolosa o
culposamente.
Artículo 4. Principio de bien jurídico. Únicamente puede ser constitutiva de
delito la acción o la omisión que lesione o ponga en peligro al bien jurídico tutelado
por la ley penal.
Artículo 5. Principios de culpabilidad, proporcionalidad y presunción de
inocencia. No podrá imponerse pena alguna, ni declararse penalmente responsable
a una persona, si la acción u omisión no han sido realizadas culpablemente. La
medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad de la
persona respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de éste. En ningún
caso podrá imponerse pena alguna que sea mayor al grado de culpabilidad.
Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad de la persona para la
aplicación de una medida de seguridad, si ésta se impone accesoriamente a la pena
y su duración estará en relación directa con el grado de culpabilidad. Para la
imposición de cualquiera de las restantes consecuencias jurídicas será necesaria la
existencia, al menos, de un hecho típico y antijurídico, siempre que de acuerdo con
las circunstancias personales del sujeto activo, hubiera merecimiento, necesidad
racional e idoneidad de su aplicación en atención a los fines de prevención especial
del delito y de reinserción social que con aquéllas pudieran alcanzarse.
Todo imputado será tenido como inocente mientras no se pruebe que se cometió el
delito que se le imputa y que él lo perpetró o participó en su comisión.
Artículo 6. Principio de jurisdiccionalidad. Sólo podrá imponerse consecuencia
jurídica del delito por resolución de la autoridad jurisdiccional competente y
mediante un proceso seguido ante los tribunales previamente establecidos, por lo
que ninguna persona podrá ser juzgada por leyes privativas ni por tribunales
especiales.
Artículo 7. Principio de personalidad de las consecuencias jurídicas. La
consecuencia jurídica que resulte de la comisión de un delito no trascenderá de la
persona y bienes del sujeto activo.
Artículo 8. Principio de punibilidad independiente. Quienes tengan la calidad
de autores o de partícipes del delito responderán cada uno en la medida de su
propia culpabilidad.
Artículo 9. Principio del Derecho penal del hecho. No podrá restringirse
ninguna garantía o derecho de la persona imputada, ni imponerse consecuencia
jurídica alguna del delito, con base en la peligrosidad del agente o en los rasgos de
su personalidad.
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Toda determinación deberá fundamentarse en el hecho cometido y en el grado de
lesión o puesta en peligro al que haya sido expuesto el bien jurídico tutelado.
Artículo 10. Principio de dignidad de la persona humana. Queda prohibido
todo acto u omisión, en cualquier fase del procedimiento y del proceso, que vulnere
la dignidad humana de la víctima u ofendido, o la dignidad humana de la persona
imputada. La infracción a este principio será sancionada con arreglo al
ordenamiento jurídico aplicable.
TÍTULO SEGUNDO
LA LEY PENAL
CAPÍTULO I
APLICACIÓN ESPACIAL DE LA LEY
Artículo 11. Principio de territorialidad. Este Código se aplicará en el Estado de
Baja California Sur por los delitos del fuero común que se cometan en su territorio, o
cuya ejecución se inicie o consume en el territorio del Estado.
En estos últimos casos, se aplicará cuando no se haya ejercido acción penal en otra
Entidad Federativa, cuyos tribunales sean competentes para conocer del delito por
disposiciones equivalentes a las de este Código.
Artículo 12. Principio de aplicación extraterritorial de la ley penal. Este
Código se aplicará, asimismo por los delitos cometidos en alguna Entidad
Federativa, cuando:
I. Produzcan efectos dentro del territorio del Estado de Baja California Sur; o
II. Sean permanentes o continuados y se sigan cometiendo en el territorio del
Estado de Baja California Sur.
CAPÍTULO II
APLICACIÓN TEMPORAL DE LA LEY
Artículo 13. Principio de validez temporal. Es aplicable la ley penal vigente en
el momento de la realización del delito.
Artículo 14. Principio de la ley más favorable. Cuando entre la comisión del
delito y la extinción de la pena o consecuencia jurídica correspondiente, entrare en
vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en la ley más favorable a la
persona imputada o sentenciada. La autoridad que esté conociendo o haya
conocido del procedimiento o proceso penal, aplicará de oficio o a petición de parte,
la ley más favorable.
Cuando una persona haya sido sentenciada y la reforma atenúe la consecuencia
jurídica impuesta, se aplicará de forma inmediata la ley más favorable sin afectar
los derechos de la víctima u ofendido en relación a la reparación del daño.
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En caso de que la nueva ley deje de considerar una determinada conducta u hecho
como delictivo, se sobreseerán los procedimientos y cesarán los efectos de las
sentencias en sus respectivos casos, ordenándose la libertad de los imputados o
sentenciados, con excepción de la reparación del daño cuando se haya efectuado el
pago.
En caso de cambiarse la naturaleza de la sanción, se sustituirá en lo posible, la
señalada en la ley anterior por la prevista en la nueva ley siempre que ésta le sea
más favorable al sentenciado.
Artículo 15. Momento y lugar del delito. Para determinar la competencia
territorial y temporal de la aplicación de la ley penal se estará al momento y lugar
de realización del delito.
CAPÍTULO III
APLICACIÓN PERSONAL DE LA LEY
Artículo 16. Principios de igualdad y edad penal. Las penas y medidas de
seguridad contempladas en este Código se aplicarán por igual a todas las personas
a partir de los dieciocho años de edad.
A las personas menores de dieciocho años de edad que realicen una conducta activa
u omisiva prevista en algún tipo penal, se les aplicarán las disposiciones contenidas
en las leyes correspondientes, por los órganos especializados destinados a ello y
según las normas de procedimiento que las mismas establezcan.
CAPÍTULO IV
CONCURSO APARENTE DE NORMAS
Artículo 17. Principios de especialidad, consunción y subsidiariedad.
Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones:
I. La especial prevalecerá sobre la general;
II. La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor alcance; o
III. La principal excluirá a la subsidiaria.
CAPÍTULO V
ACERCA DE LAS LEYES ESPECIALES
Artículo 18. Aplicación subsidiaria del Código Penal. Cuando se cometa un
delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial del Estado de Baja
California Sur, se aplicará esta última y, sólo en lo no previsto por la misma se
aplicarán las disposiciones de este Código.
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Cuando se realice una conducta tipificada penalmente por otra ley y que deban
aplicar los tribunales del Estado, será ésa la que se aplique, observándose, en su
caso, las disposiciones generales de este Código en lo no previsto por aquélla.
TÍTULO TERCERO
EL DELITO
CAPÍTULO I
FORMAS DE COMISIÓN E IMPUTACIÓN SUBJETIVA
Artículo 19. Principio de acto. El delito sólo puede ser realizado por acción o por
omisión.
Artículo 20. Omisión impropia o comisión por omisión. En los delitos de
resultado material, será atribuible el resultado típico producido a quien omita
impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si:
I. Es garante del bien jurídico protegido;
II. De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo; o
III. Su inactividad es equivalente a la actividad prohibida en el tipo penal.
Es garante del bien jurídico quien:
a) Aceptó efectivamente su custodia;
b) Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afrontaba peligros de
la naturaleza;
c) Con una actividad precedente, imprudente o fortuita, generó el peligro para el
bien jurídico tutelado; o
d) Se hallaba en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud
o integridad corporal de algún miembro de su familia.
Artículo 21. Delito instantáneo, permanente y continuado. Atendiendo al
momento de la consumación del resultado típico, el delito puede ser:
I. Instantáneo: cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se
han realizado todos los elementos del tipo penal;
II. Permanente: cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se
prolonga en el tiempo; o
III. Continuado: cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas
e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo tipo penal.
Artículo 22. Principio de imputación subjetiva. Las acciones u omisiones
delictivas únicamente pueden cometerse dolosa o culposamente.
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I. Dolo. Actúa dolosamente quien quiere la realización del hecho legalmente
tipificado o previendo como posible el resultado típico, acepta su realización.
II. Culpa. Actúa culposamente quien produce el resultado típico, que no previó
siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la
infracción de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar.
Artículo 23. Principio de incriminación cerrada para la punibilidad de los
delitos culposos. Las acciones y omisiones culposas sólo serán punibles en los
casos expresamente determinados por la ley.
CAPÍTULO II
FORMAS DE TENTATIVA
Artículo 24. Tentativa punible. Existe tentativa y es punible en los siguientes
casos:
I. Tentativa acabada. Existe tentativa acabada, cuando la resolución de cometer
un delito se exterioriza realizando totalmente los actos ejecutivos que deberían
producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y aquél no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente.
II. Tentativa inacabada. Existe tentativa inacabada cuando la resolución de
cometer un delito se exterioriza realizando parcialmente los actos ejecutivos que
deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y aquél no se
consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.
Artículo 25. Desistimiento y arrepentimiento en la tentativa.
I. Desistimiento. Si el sujeto activo desiste espontáneamente de la ejecución ya
iniciado del delito, no se le impondrá consecuencia jurídica alguna, ni pena ni
medida de seguridad, por lo que a éste se refiere.
II. Arrepentimiento. Si el sujeto activo impide la consumación del delito, no se le
aplicará consecuencia jurídica alguna, ni pena ni medida de seguridad, por lo que a
éste se refiere.
Lo anterior sin perjuicio de aplicar la consecuencia jurídica que corresponda a los
actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos.
CAPÍTULO III
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
Artículo 26. Formas de autoría y participación. Son responsables del delito
quienes:
I. Formas de autoría. Son autores, quienes:
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a) Autoría intelectual.- Los que ordenen o intervengan en su concepción,
preparación o ejecución;
b) Autoría directa.- Lo realicen por sí;
c) Coautoría.- Lo realicen conjuntamente; o
d). Autoría mediata.- Lo realicen sirviéndose de otra persona como instrumento;
II. Formas de participación. Son partícipes del delito, quienes:
a) Inducción.- Determinen dolosamente al autor a cometerlo;
b) Complicidad.- Presten ayuda o auxilio al autor para su comisión o con
posterioridad a su ejecución auxilien al autor en cumplimiento de una promesa
anterior a la ejecución del delito.
Para las hipótesis previstas en la fracción II, inciso b) se impondrá la punibilidad
dispuesta en el artículo 84 de este Código.
El inductor responderá hasta con la misma consecuencia jurídica por la que pudiera
responder el autor directo.
Los partícipes inductores o cómplices responderán penalmente, siempre y cuando la
conducta del autor del hecho principal suponga un comportamiento típicamente
doloso y antijurídico, en un hecho consumado o realizado en grado de tentativa.
En ningún caso el desistimiento o arrepentimiento del autor del hecho principal
beneficiará a los partícipes.
Artículo 27. Delito emergente. Si varias personas toman parte en la realización
de un delito y alguno de ellos comete un delito distinto al previamente determinado,
todos serán responsables de éste, conforme a su propio grado de culpabilidad,
siempre que concurra alguno de los siguientes requisitos:
I. Que sirva de medio adecuado para cometer el principal;
II. Que sea una consecuencia necesaria o natural de aquél o de los medios
concertados;
III. Que hayan sabido antes que se iba a cometer; o
IV. Que cuando hayan estado presentes en su ejecución, no hayan hecho cuanto
estaba de su parte para impedirlo.
Artículo 28. Autoría indeterminada. Cuando varias personas intervengan en la
comisión de un delito y no pueda precisarse el daño o lesión al bien jurídico que
cada quien produjo, se atenderá lo dispuesto en el artículo 85 de este Código para
los efectos de la punibilidad.
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Artículo 29. De las personas jurídicas. Cuando un miembro o representante de
una persona jurídica, con excepción de las instituciones públicas del Estado, cometa
algún delito con los medios que para tal objeto la misma persona jurídica le
proporcione, de modo que resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio
de ésta, el juez impondrá en la sentencia, previo juicio correspondiente y con la
intervención del representante de la persona jurídica, las consecuencias jurídicas
accesorias previstas en los artículos 70 y 71 de este Código, sin perjuicio de las
responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas.
CAPÍTULO IV
CONCURSO DE DELITOS
Artículo 30. Concurso real y concurso ideal de delitos. Existe concurso ideal
cuando con una conducta de acción o de omisión se cometen varios delitos.
Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas, activas u omisivas, se
cometen varios delitos.
No existirá concurso de delitos cuando las conductas constituyan un delito
continuado.
En caso de concurso de delitos se estará a lo dispuesto en el artículo 82 de este
Código.
CAPÍTULO V
CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO
Artículo 31. Causas de exclusión del delito. El delito se excluye cuando:
I. Ausencia de conducta como una causa de atipicidad. La actividad o la
inactividad se realicen sin intervención de la voluntad del agente;
II. Atipicidad. Falte alguno de los elementos del tipo penal de que se trate;
III. Consentimiento de la víctima como causa de atipicidad. Se actúe con el
consentimiento de la víctima o de la persona legalmente autorizada para otorgarlo,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un bien jurídico disponible;
b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté autorizado legalmente para
consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien jurídico; y
c) Que el consentimiento sea expreso.
IV. Error de tipo vencible como causa de atipicidad. Cuando la acción o la
omisión se realice bajo un error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento
del tipo penal que no admita, configurarse de forma culposa.
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V. Error de tipo invencible como causa de atipicidad y error de prohibición
invencible como causa de inculpabilidad. Se realice la acción o la omisión bajo
un error invencible, respecto de:
a) Alguno de los elementos del tipo penal; o
b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de
la ley o el alcance de la misma o porque crea que su conducta se encuentra
justificada.
Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo
dispuesto por el artículo 86 de este Código.
VI. Legítima defensa como causa de justificación. Se repela una agresión real,
actual o inminente, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que
exista necesidad racional y proporcional de la defensa empleada y no medie
provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.
Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause
un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al
lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su
familia o al de cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación
de defender, a sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o
ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá
cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los
lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una
agresión.
En los casos de agresiones provenientes de menores de 18 años se evitará lesionar
al agresor y sólo se ejercerá la defensa necesaria ante ataques graves. La
contravención a esta disposición será considerada un exceso en la legítima defensa
conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de este Código;
VII. Estado de necesidad justificante. Se obre por la necesidad de
salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente,
no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor valor que
el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el
agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;
VIII. Cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho como causas de
justificación. Se actúe en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un
derecho, dentro de los límites establecidos por la ley, siempre que exista necesidad
razonable de la conducta empleada para cumplir el deber o ejercer el derecho.
Se entenderá como cumplimiento de un deber, cuando los agentes policíacos del
Estado, previamente autorizados por el Titular del Ministerio Público, ejecuten una
orden de entrega vigilada y operaciones encubiertas como técnica para la
investigación. En el acto de investigación de entrega vigilada y operaciones
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encubiertas autorizadas por el titular del Ministerio Público, dichos agentes se
encontrarán sujetos a los lineamientos, modalidades, limitaciones y condiciones que
al efecto se emitan con dicha autorización;
IX. Inimputabilidad como causa de inculpabilidad, e imputabilidad
disminuida. Al momento de realizar el hecho típico y por causa de enfermedad
mental que perturbe gravemente su conciencia, de desarrollo psíquico incompleto o
retardado o de grave perturbación de la conciencia sin base patológica, el agente no
tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de
acuerdo con esa comprensión, a no ser que el agente hubiese provocado su
trastorno mental para en ese estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por
el resultado típico producido en tal situación.
Cuando el agente sólo haya poseído en grado moderado la capacidad a que se
refiere el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 68; o
X. Estado de necesidad disculpante como causa de inculpabilidad. Se obre
por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real,
actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien
de igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros
medios y no sea exigible otra conducta menos lesiva, y el agente no tuviere el deber
jurídico de afrontarlo;
XI. Inexigibilidad de otra conducta como causa de inculpabilidad. En
atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita,
no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a la que realizó, en
virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho.
Las causas de exclusión del delito se resolverán de oficio en cualquier etapa del
procedimiento.
Si en los casos de las fracciones VI, VII, VIII y X de este artículo la persona se
excediere, se atenderá a lo previsto en el artículo 87 de este Código.
TÍTULO CUARTO
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
CAPÍTULO I
PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS
ACCESORIAS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 32. Catálogo de penas. Las penas que se pueden imponer por la
comisión de un delito son:
I. Prisión;
II. Tratamiento en libertad de imputables;
III. Semilibertad;
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IV. Trabajo a favor de la víctima o de la comunidad;
V. Sanciones pecuniarias;
VI. Decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito;
VII. Suspensión o pérdida de derechos;
VIII. Destitución e inhabilitación para el desempeño de cargos, comisiones o
empleos;
IX. Amonestación;
X. Caución de no ofender; y
XI. Remoción
Artículo 33. Catálogo de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad que
se pueden imponer son:
I. Supervisión de la autoridad;
II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él;
III. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos; y
IV. Tratamiento de deshabituación o desintoxicación.
V. Tratamiento psicológico especializado tratándose de sujetos activos cuyas
conductas se hubieran cometido con violencia.
Fracción adicionada BOGE 16-12-2019
Artículo 34. Catálogo de consecuencias jurídicas accesorias para las
personas jurídicas.
I. Disolución;
II. Suspensión;
III. Prohibición de realizar determinadas operaciones; e
IV. Intervención.
CAPÍTULO II
PRISIÓN
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Artículo 35. Concepto y duración. La prisión consiste en la privación de la
libertad personal. Su duración no será menor de seis meses ni mayor de ochenta
años.
Párrafo reformado BOGE 10-04-2019
En toda pena de prisión que se imponga se computará el tiempo de la detención.
Cuando un sentenciado deba cumplir más de una sanción privativa de libertad,
proveniente de sentencias diversas, se atenderá para lo conducente a las reglas
previstas en la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales.
Los imputados sujetos a prisión preventiva los sentenciados por delitos políticos, o
que pertenezcan o hayan sido miembros de alguna institución de seguridad pública,
procuración de justicia o administración de justicia, serán recluidos en
establecimientos o áreas diversas a las comunes.
CAPÍTULO III
TRATAMIENTO EN LIBERTAD DE IMPUTABLES
Artículo 36. Concepto y duración. El tratamiento en libertad de imputables
consiste en la aplicación, según el caso, de las medidas educativas, deportivas,
laborales, sanitarias o de cualquier otra índole autorizada por la ley, orientada a la
reinserción social del sentenciado y bajo la orientación y cuidado de la autoridad
ejecutora.
Esta consecuencia jurídica podrá imponerse como pena autónoma o sustitutiva de la
prisión, sin que su duración pueda exceder de la correspondiente a la pena de
prisión sustituida.
CAPÍTULO IV
SEMILIBERTAD
Artículo 37. Concepto y duración. La semilibertad implica alternar periodos de
libertad y privación de la misma y se cumplirá conforme a las modalidades
siguientes:
I. Libertad durante la semana laboral con reclusión el fin de semana;
II. Libertad el fin de semana con reclusión durante el resto de ésta;
III. Libertad diurna con reclusión nocturna; o
IV. Libertad nocturna con reclusión diurna.
La semilibertad podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la
prisión. En este último caso, la duración no podrá exceder de la que corresponda a
la pena de prisión sustituida.
CAPÍTULO V
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TRABAJO A FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE LA COMUNIDAD
Artículo 38. Trabajo a favor de la víctima. Consiste en la prestación de servicios
no remunerados en instituciones públicas, educativas, empresas de participación
estatal o empresas privadas conforme a los términos de la Ley Nacional de
Ejecución de Sanciones Penales.
Artículo 39. Trabajo a favor de la comunidad. Consiste en la prestación de
servicios no remunerados en instituciones públicas, educativas, de asistencia o
servicio social o en instituciones privadas de asistencia que no sean de carácter
lucrativo y debidamente reguladas por el ordenamiento jurídico.
Artículo 40. Reglas generales para su aplicación. Relativo al trabajo a favor de
la víctima o de la comunidad, deben aplicarse las siguientes disposiciones:
I. Ambas consecuencias jurídicas deberán cumplirse bajo la orientación y
vigilancia del juez de ejecución de sanciones penales;
II. El trabajo a favor de la víctima o de la comunidad se llevará a cabo en jornadas
dentro de periodos distintos al horario de las labores que represente la fuente de
ingresos para la subsistencia de la persona sentenciada y la de su familia sin que
pueda exceder de la jornada extraordinaria que determina la ley laboral;
III. La extensión de la jornada será fijada tomando en cuenta las circunstancias del
caso y por ningún motivo se desarrollará en forma que resulte degradante o
humillante para la persona sentenciada;
IV. Ambas consecuencias jurídicas podrán imponerse como pena autónoma o
sustitutiva de la pena de prisión o de multa; y
V. Cada día de prisión o cada día multa será sustituido por una jornada de trabajo a
favor de la víctima o de la comunidad.
CAPÍTULO VI
SANCIÓN PECUNIARIA
Artículo 41. Sanción pecuniaria. La sanción pecuniaria comprende la multa, la
reparación del daño y la sanción económica.
Artículo 42. Multa. La multa consiste en el pago de una cantidad determinada de
dinero al Estado fijada mediante el esquema de días multa.
Cuando este Código al señalar la sanción de multa haga referencia a días, se
entenderán estos como días multa.
Artículo 43. Reglas generales para su determinación. En cuanto a la
imposición de la multa debe atenderse a las siguientes consideraciones:
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I. Los mínimos y máximos de la multa atenderán a cada delito en particular, los
cuales no podrán ser menores a un día ni mayores a cinco mil días multa, salvo los
casos expresamente señalados en este Código;
II. El día multa equivale a la percepción neta diaria del imputado en el momento de
cometer el delito;
III. El límite inferior del día multa será equivalente al valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización al momento de cometerse el delito;
Fracción reformada BOGE 31-10-2016
IV. Para determinar el día multa se tomará en cuenta:
a) El momento de la consumación si el delito es instantáneo;
b) El momento en que cesó la consumación si el delito es permanente; o
c) El momento de la consumación de la última conducta si el delito es continuado.
Artículo 44. Sustitución de la multa. Cuando se acredite que la persona
sentenciada no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ésta, la
autoridad judicial podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo a favor de la
víctima o de la comunidad, en cuyo caso cada jornada de trabajo saldará un día
multa.
Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por trabajo a favor
de la víctima o de la comunidad, la autoridad judicial podrá decretar la libertad bajo
vigilancia, cuya duración no excederá del número de días multa sustituido sin que
este plazo sea mayor al de la prescripción.
Artículo 45. Exigibilidad de la multa. El juez de ejecución de sanciones penales
iniciará el procedimiento económico coactivo dentro de los cinco días siguientes a la
recepción de la sentencia.
En atención a las características del caso, el juez de ejecución de sanciones penales
podrá fijar plazos razonables para el pago de la multa en exhibiciones parciales. En
cualquier momento podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la
parte proporcional a las jornadas de trabajo a favor de la víctima o de la comunidad
que se hayan efectuado o el tiempo de prisión que se hubiese cumplido.
El importe de la multa y la sanción económica impuestas se destinará, en primer
lugar, a la reparación del daño ocasionado por el delito. En el caso de que éste se
haya cubierto o garantizado, el importe se destinará al mejoramiento de la
administración de justicia.
Artículo 46. Reparación del daño. La reparación del daño comprende, según la
naturaleza del delito, lo siguiente:
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I. El restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de
cometer el delito;
II. La restitución de la cosa obtenida por el delito, incluyendo sus frutos y
accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado que se determinará
por el juez o Tribunal al momento que emita la resolución, atendiendo a las pruebas
aportadas para demostrar su cuantía, el cual se actualizará por el transcurso del
tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el
factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Si se trata de
bienes fungibles, el juzgador podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que
fuese materia del delito;
III. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;
IV. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a
la reparación, el daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones
causados a las víctimas u ofendidos del delito, como el menoscabo de valores muy
significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de
medición pecuniaria;
V. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que como consecuencia del
delito, sean necesarios para la recuperación de la salud física y psíquica de la
víctima;
VI. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o
alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su
tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distinto al del
enjuiciamiento o donde recibe la atención;
VII. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el
pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause
incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; y
VIII. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones
sociales.
Artículo 47. Reglas generales para su determinación. Para la debida
reparación del daño se estará a lo dispuesto en las siguientes reglas:
I. La reparación del daño será fijada por el juez o Tribunal de Enjuiciamiento según
el daño o perjuicio que sea preciso reparar y de acuerdo con los elementos
obtenidos durante el proceso;
II. La obligación de reparar el daño es preferente al pago de cualquiera otra
sanción pecuniaria u obligación contraída con posterioridad a la comisión del delito,
salvo las referentes a alimentos y relaciones laborales; y
III. En todo proceso penal el Ministerio Público estará obligado a solicitar, si
procede, la condena a la reparación de daños o perjuicios y referir el monto
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correspondiente y el juzgador deberá resolver lo conducente. Su incumplimiento
será sancionado con cincuenta a quinientos días multa.
Artículo 48. Derecho a la reparación del daño. Tienen derecho a la reparación
del daño:
I. La víctima y el ofendido; o
II. A falta de la víctima o del ofendido, el o la cónyuge, o en su caso el concubino o
concubina y los hijos del ofendido que dependan de él, a falta de éstos, las demás
personas con derecho a alimentos y de no haberlos, los herederos del ofendido que
no estén en los casos anteriores.
Artículo 49. Obligados a reparar el daño. Están obligados a reparar el daño:
I. Los tutores, curadores o custodios, por los ilícitos cometidos por los inimputables
que estén bajo su autoridad;
II. Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos
mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus trabajadores,
obreros, jornaleros, empleados domésticos o artesanos con motivo y en desempeño
de sus servicios;
III. Las sociedades o agrupaciones por los delitos de socios o gerentes o directores
en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las
demás obligaciones que los segundos contraigan. Se exceptúa de esta regla a la
sociedad conyugal, pues cada cónyuge responderá con sus propios bienes; y
IV. El Estado y sus municipios responderán solidariamente por los delitos que
cometan sus servidores públicos con motivo del ejercicio de sus funciones,
quedando a salvo el derecho de aquél para ejercer las acciones correspondientes en
contra del servidor público responsable.
Artículo 50. Supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo. Si se trata de delitos
que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación del daño no
podrá ser menor del que resulte de aplicar las disposiciones relativas de la Ley
Federal del Trabajo.
Artículo 51. Plazos para la reparación del daño. De acuerdo con el monto de
los daños o perjuicios y de la situación económica del sentenciado, el juez podrá fijar
plazos para su pago, que en conjunto no excederán de seis meses, estando
facultado para exigir garantía si lo considera conveniente.
Artículo 52. Exigibilidad de reparación del daño. Para los efectos de hacer
efectiva la reparación del daño se atenderán las reglas generales establecidas para
la pena de multa y las disposiciones que en esta materia establece la normatividad
aplicable.
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Cuando sean varios los ofendidos y no resulte posible satisfacer los derechos de
todos, se cubrirán proporcionalmente los daños y perjuicios. En todo caso, el
afectado podrá optar en cualquier momento por el ejercicio de la acción civil
correspondiente.
Artículo 53. Sanción económica. En los delitos cometidos por servidores
públicos, la sanción económica consistirá en la aplicación de hasta tres tantos del
lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados.
CAPÍTULO VII
DECOMISO DE INSTRUMENTOS, OBJETOS
Y PRODUCTOS DEL DELITO
Artículo 54. Bienes susceptibles de decomiso. El decomiso consiste en la
aplicación a favor del Estado, de acuerdo a la ley de la materia, de los instrumentos,
objetos o productos del delito, una vez satisfecha la reparación a la víctima.
Si son de uso lícito, se decomisarán sólo cuando la persona haya sido condenada
por delito doloso; si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando éste haya
tenido conocimiento de su utilización para la comisión del delito y no lo denunció o
no hizo cuanto estaba de su parte para impedirlo.
El Ministerio Público durante la investigación procederá al inmediato aseguramiento
de los bienes que podrían ser materia de decomiso.
Artículo 55. Destino de los objetos decomisados. La autoridad competente
determinará el destino de los instrumentos, objetos o productos del delito, al pago
de la reparación de los daños y perjuicios causados, o en su defecto, serán
entregados en partes iguales al Poder Judicial del Estado, a la Procuraduría General
de Justicia del Estado, a la Secretaria de Salud del Estado y al Fondo Estatal para
Víctimas del Delito.
Si las cosas aseguradas o decomisadas son sustancias nocivas o peligrosas, la
autoridad competente ordenará de inmediato las medidas de cuidado debidas,
incluida su destrucción o conservación para fines de docencia o investigación. Si se
trata de material pornográfico se ordenará su inmediata destrucción.
CAPÍTULO VIII
SUSPENSIÓN DE DERECHOS, DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN PARA EL
DESEMPEÑO DE CARGOS, COMISIONES O EMPLEOS
Artículo 56. Suspensión de derechos. La suspensión consiste en la pérdida
temporal de derechos.
La destitución consiste en la privación definitiva del empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en el servicio público.
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La inhabilitación implica la incapacidad legal de carácter temporal para obtener y
ejercer cargos, comisiones o empleos públicos.
Artículo 57. Clases de suspensión. La suspensión de derechos, son de dos
clases:
I. La que se impone por ministerio de ley como consecuencia necesaria de la pena
de prisión; y
II. La que se impone como pena autónoma.
La suspensión de derechos impuesta como pena, empezará a contar desde que
cause ejecutoria la sentencia, cuando no fuese acompañada de reclusión y, en caso
contrario, desde que el condenado obtenga su libertad por cumplimiento de la pena
o el otorgamiento de algún beneficio de libertad anticipada. La pérdida de derechos
inicia desde que cause ejecutoria la sentencia que la imponga.
A estas mismas reglas se sujetará la inhabilitación.
Artículo 58. Suspensión de derechos como consecuencia de la pena de
prisión. La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos, en los
términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en
su caso, los derechos de tutela, curatela, para ser apoderado, defensor, albacea,
perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en concursos o
quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. La suspensión comenzará
desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y concluirá cuando se extinga la
pena de prisión.
Artículo 59. Destitución. La destitución se hará efectiva a partir del día en que
cause ejecutoria la sentencia.
CAPÍTULO IX
AMONESTACIÓN
Artículo 60. Amonestación. La amonestación consiste en la advertencia que el
órgano jurisdiccional hace al sentenciado en Audiencia Pública, explicándole las
consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y previniéndole
de las consecuencias en caso de cometer otro delito.
CAPÍTULO X
CAUCIÓN DE NO OFENDER
Artículo 61. Caución de no ofender. La caución de no ofender consiste en la
garantía que el órgano jurisdiccional puede exigir al sentenciado para que no se
repita el daño causado o que quiso causar al ofendido. Si se realiza el nuevo daño,
la garantía se hará efectiva en favor del Estado, en la sentencia que se dicte por el
nuevo delito.
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Si desde que cause ejecutoria la sentencia que impuso la caución transcurre un
lapso de tres años sin que el sentenciado haya repetido el daño, el órgano
jurisdiccional ordenará de oficio, o a solicitud de parte, la cancelación de la garantía.
Si el sentenciado no puede otorgar la garantía, ésta será sustituida por vigilancia de
la autoridad durante un lapso que no excederá de tres años.
CAPÍTULO XI
REMOCIÓN
Artículo 62. Concepto, aplicación y duración. Consiste en la sustitución del
órgano de administración y/o de vigilancia total o parcialmente, sustituyéndose por
otro designado por el juzgador durante un periodo máximo de cinco años. Para
realizar la designación, el juzgador deberá atender la propuesta que formulen los
socios o asociados que no hubiesen tenido participación en el delito.
CAPÍTULO XII
SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD
Artículo 63. Concepto, aplicación y duración. La supervisión de la autoridad
consiste en la observación y orientación de la conducta de la persona sentenciada,
ejercidas por personal especializado dependiente de la autoridad competente, con
la finalidad exclusiva de coadyuvar a la reinserción social de la persona sentenciada.
El Juez de Ejecución de Sanciones Penales correspondiente deberá disponer esta
supervisión en los casos en que sustituya la pena de prisión por otra sanción o
conceda la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia. Su duración no
deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de seguridad impuesta.
CAPÍTULO XIII
PROHIBICIÓN DE IR A UN LUGAR DETERMINADO O RESIDIR EN ÉL
Artículo 64. Concepto y duración. En atención a las circunstancias de comisión
del delito, de la víctima, el ofendido y el sentenciado, el juzgador impondrá las
medidas siguientes: prohibir al sentenciado que vaya a un lugar determinado o que
resida en él, conciliando la exigencia de seguridad pública y tranquilidad de la
víctima u ofendido. Estas medidas no podrán ser mayores al término de la pena
impuesta.
En su calidad de medidas de seguridad, la prohibición de ir a un lugar determinado o
residir en él, podrán ser solicitadas por el Ministerio Público durante el
procedimiento o el proceso al juez, sin que dicha medida pueda exceder de un año
ni ser prorrogada, salvo que la autoridad judicial así lo determine.
En el caso señalado en el párrafo anterior, la medida de seguridad únicamente
podrá constreñirse a aquellos lugares en los que el imputado haya cometido el
hecho típico y donde resida la víctima, ofendido o sus familiares.
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La persona que se vea afectada por el quebrantamiento de la medida de seguridad
decretada por el Juez, podrá requerir el auxilio y colaboración de la fuerza pública,
sin perjuicio de que la persona imputada pueda ser detenida en flagrancia por el
delito de desobediencia de particulares.
CAPÍTULO XIV
TRATAMIENTO DE PERSONAS INIMPUTABLES
O DE PERSONAS IMPUTABLES DISMINUIDAS
Artículo 65. Medidas para personas inimputables. En el caso de que la
inimputabilidad sea permanente, conforme lo dispone la parte conducente de la
fracción IX del artículo 31 de este Código, el órgano jurisdiccional correspondiente
dispondrá la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en
libertad, previo al procedimiento penal respectivo. En el primer caso, el inimputable
será internado en la institución correspondiente para su tratamiento durante el
tiempo necesario para su curación sin que pueda tener en ningún caso mayor
duración a la de la pena que pudiera corresponder al sujeto en caso de que fuera
imputable y si concluido este tiempo, la autoridad ejecutora considera que el sujeto
continua necesitando el tratamiento, lo pondrá a disposición de las autoridades
sanitarias para que procedan conforme a las leyes aplicables.
Si la inimputabilidad proviene de trastorno mental transitorio, no se aplicará medida
de seguridad alguna, a no ser que el órgano jurisdiccional correspondiente, previa
determinación de los peritos en la materia, considere necesaria la imposición de
alguna medida, en cuyo caso se aplicará la menos gravosa sin perjuicio de reparar
los daños y perjuicios a que hubiere lugar.
En los casos de personas con desarrollo intelectual retardado o trastorno mental, la
medida de seguridad tendrá carácter terapéutico en el lugar más adecuado para su
aplicación, el cual en ningún caso podrá ser una institución de reclusión preventiva,
de ejecución de sanciones penales o anexos.
Artículo 66. Entrega de personas inimputables a quienes legalmente
corresponda hacerse cargo de ellas. El Juez de Ejecución de Sanciones Penales
correspondiente podrá entregar a la persona inimputable a sus familiares o a las
personas que conforme a la ley tengan la obligación de hacerse cargo de él, siempre
que previamente se repare el daño, se obliguen a tomar las medidas adecuadas
para el tratamiento y supervisión del inimputable y se garantice el cumplimiento de
las obligaciones contraídas.
Esta medida podrá revocarse cuando se deje de cumplir con las obligaciones
contraídas.
Artículo 67. Modificación o conclusión de la medida. El Juez de Ejecución de
Sanciones Penales correspondiente podrá resolver sobre la modificación o
conclusión de la medida, considerando las necesidades del tratamiento, mismas que
se acreditarán mediante revisiones periódicas y con la frecuencia y características
del caso.
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Artículo 68. Tratamiento para personas con imputabilidad disminuida. Si la
capacidad del autor sólo se encuentra notablemente disminuida, por desarrollo
intelectual retardado o por trastorno mental, a juicio del juzgador se le impondrá de
una cuarta parte de la mínima o hasta la mitad de la máxima de las penas
aplicables para el delito cometido o las medidas de seguridad correspondientes, o
bien ambas, tomando en cuenta el grado de inimputabilidad basado en dictámenes
de peritos en la materia.
Al agente que, encontrándose en el supuesto previsto en el último párrafo de la
fracción IX del artículo 31, se le aplicará una punibilidad de un tercio del mínimo a
un medio del máximo de la establecida para el delito de que se trate.
Si la imposición de una pena privativa de libertad se considera perjudicial para el
debido tratamiento del agente por mediar circunstancias patológicas, se aplicará
solamente una medida de seguridad curativa.
CAPÍTULO XV
TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN O DESINTOXICACIÓN
Artículo 69. Aplicación y alcances. Cuando la persona haya sido sentenciada por
un delito cuya comisión obedezca a la inclinación o abuso de bebidas alcohólicas,
estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares,
independientemente de la pena que corresponda por el delito cometido, se le podrá
aplicar tratamiento de deshabituación o desintoxicación, el cual no podrá exceder
del término de la pena impuesta por el delito y para lo cual deberá contarse, sin
excepción, con el consentimiento de la persona sentenciada.
Cuando se trate de penas no privativas o restrictivas de libertad, el tratamiento no
excederá de seis meses.
CAPÍTULO XV BIS
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO
TRATÁNDOSE DE AGRESORES DE VIOLENCIA.
Capítulo adicionado BOGE 16-12-2019
ARTÍCULO 69 BIS. Aplicación y alcances. Cuando la persona haya sido
sentenciada por un delito cuya comisión obedezca al ejercicio de algún tipo de
violencia, independientemente de la pena que corresponda por el delito cometido,
se le sujetará a tratamiento psicológico especializado, cuya duración será la que
determine el especialista correspondiente. Cuando se trate de penas no privativas o
restrictivas de libertad, el tratamiento no excederá de seis meses.
Artículo adicionado BOGE 16-12-2019
CAPÍTULO XVI
SUSPENSIÓN, DISOLUCIÓN, PROHIBICIÓN DE REALIZAR DETERMINADAS
OPERACIONES, REMOCIÓN E INTERVENCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
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Artículo 70. Modelos y alcances en su aplicación. Las consecuencias jurídicas
accesorias para las personas jurídicas se aplicarán conforme a lo señalado a
continuación:
I. Suspensión.- Consiste en cesar la operación de la persona jurídica durante un
máximo de cinco años según lo determine el juzgador;
II. Disolución.- Consiste en la conclusión definitiva de toda actividad de la persona
jurídica, la cual no podrá volverse a constituir por las mismas personas en forma
real o encubierta. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la
realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El juzgador
designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir todas las
obligaciones contraídas hasta entonces por la persona jurídica, incluyendo las
responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones
legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la
entidad objeto de la liquidación;
III. Prohibición de realizar determinadas operaciones.- Su duración podrá ser
hasta por diez años y se referirá, exclusivamente a las operaciones expresamente
determinadas por el juez o Tribunal de Enjuiciamiento, mismas que deberán tener
relación directa con el delito cometido. Los administradores y el comisario de la
sociedad serán responsables ante el juez del cumplimiento de esta prohibición e
incurrirán en las penas que establece este Código por desobediencia a un mandato
de la autoridad; e
IV. Intervención.- Consiste en la supervisión de las funciones que realizan los
órganos de representación de la persona jurídica y se ejercerá con las atribuciones
que la ley confiere al interventor, hasta por el término de cinco años.
Artículo 71. Salvaguarda de derechos. Al imponer las consecuencias jurídicas
accesorias previstas en este capítulo, el juzgador tomará las medidas pertinentes
para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona
jurídica, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras
personas, derivados de actos celebrados con la persona jurídica sancionada.
Estos derechos quedan a salvo aun cuando el juzgador no tome las medidas a que
se refiere el párrafo anterior.
TÍTULO QUINTO
APLICACIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES
Artículo 72. Regla general. Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y
tribunales impondrán las consecuencias jurídicas establecidas para cada delito,
considerando las circunstancias exteriores de la ejecución y de la persona que
cometió el delito, conforme a lo establecido en el artículo 74 de este Código:
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Cuando se trate de pena alternativa, en la que se contemple pena de prisión, el juez
o Tribunal de Enjuiciamiento deberá imponer la pena menos gravosa para el
sentenciado. Únicamente se impondrá la pena privativa de la libertad cuando de
forma debidamente motivada el juez o el Tribunal de Enjuiciamiento considere que
ésta es indispensable para los fines de prevención especial.
Artículo 73. Determinación de la disminución o aumento de la pena. En los
casos en que este Código contemple penas en proporción a las previstas para el
delito doloso consumado, la punibilidad aplicable será para todos los efectos
legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los
términos mínimo y máximo de la pena prevista por aquél. Cuando se trate de
prisión, la pena mínima nunca será menor de seis meses.
Cuando se prevea la disminución o el aumento de una pena con referencia a otra, se
fijará con relación a los términos mínimo y máximo de la punibilidad que sirva de
referencia. En estos casos, el juzgador individualizará la pena tomando como base el
nuevo marco de referencia que resulte del aumento o disminución.
En ningún caso se podrán rebasar los extremos previstos en este Código.
Lo previsto en el párrafo anterior no es aplicable para la reparación del daño ni la
sanción económica.
Artículo 74. Criterios para la individualización de las penas o medidas de
seguridad. El juez o el Tribunal de Enjuiciamiento, al dictar sentencia condenatoria,
determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las
individualizará dentro de los límites establecidos, con base en la gravedad de la
conducta típica y antijurídica, y el grado de culpabilidad del sentenciado, tomando
en consideración:
I. La gravedad de la conducta típica se determinará:
a) Por el valor del bien jurídico;
b) El grado de afectación al bien jurídico tutelado o del peligro al que fue
expuesto;
c) La naturaleza dolosa o culposa de la conducta;
d) Los medios empleados;
e) Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho realizado;
f) La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del delito;
II. El grado de culpabilidad se determinará:
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a) Por el juicio de reproche según el sentenciado haya tenido bajo las
circunstancias y características del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de
manera distinta y de respetar la norma jurídica quebrantada;
b) Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado;
c) Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba al
momento de la comisión del hecho;
d) Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u
ofendido;
e) La edad, el nivel educativo, las costumbres, condiciones sociales y culturales
del sentenciado; y
f) Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido siempre
que resulten relevantes para la individualización de la sanción.
Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán
en cuenta además, sus usos y costumbres;
Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juez o el
Tribunal de Enjuiciamiento deberán tomar conocimiento directo del sentenciado, de
la víctima u ofendido, y de las circunstancias del hecho y, en su caso, podrá tomar
en consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba para los fines
señalados en el presente artículo.
Artículo 75. Ausencia de conocimientos especiales. No es atribuible al
sentenciado el aumento en la gravedad del delito generado por circunstancias
particulares del ofendido si las ignoraba al momento de cometerlo.
Artículo 76. Comunicabilidad de las circunstancias. El aumento o disminución
de la pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas
del autor de un delito, no son aplicables a los demás sujetos que intervinieron en
aquél. Si serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas,
siempre que los demás sujetos tengan conocimiento de ellas.
Artículo 77. Pena innecesaria. El juzgador, de oficio o a petición de parte, podrá
prescindir de la imposición de la pena privativa o restrictiva de la libertad o
sustituirla por una menos grave o por una medida de seguridad, cuando la
imposición resulte innecesaria e irracional, con base en que el sujeto activo:
a) Con motivo del delito haya sufrido consecuencias graves en su persona;
b) Presente demencia senil; o
c) Padezca enfermedad grave e incurable en fase terminal o precario estado salud.
En estos casos, el juez o el Tribunal de Enjuiciamiento tomará en cuenta el resultado
de los dictámenes médicos y asentará con precisión, en la sentencia, las razones de
su determinación.
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Se exceptúa la reparación del daño y la sanción económica, por lo que no se podrá
prescindir de su imposición.
CAPÍTULO II
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS
Artículo 78. Punibilidad del delito culposo. En los casos de delitos culposos, se
impondrá al sujeto activo del delito desde una cuarta parte del mínimo y hasta la
mitad del máximo de las sanciones aplicables al delito doloso correspondiente, con
excepción de aquellos para los cuales la ley señale una pena específica. Además
impondrá en su caso, la suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio,
autorización, licencia o permiso.
Párrafo reformado BOGE 10-04-2019
Siempre que al delito doloso corresponda sanción alternativa que incluya una pena
no privativa de libertad, aprovechará esta situación al responsable del delito
culposo.
En el caso de homicidio culposo la pena será de dos a seis años de prisión y multa
de cien a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización.
Párrafo adicionado BOGE 10-04-2019
Cuando el delito se cometa en la conducción de vehículo de motor en virtud de la
prestación del servicio de transporte público de pasajeros, de personal, de
escolares, de turismo o de personas, las sanciones se podrán aumentar hasta en
una mitad del mínimo y máximo de las sanciones correspondientes a las del delito
culposo, en términos de lo establecido en los párrafos que anteceden.
Párrafo reformado BOGE 10-04-2019
Artículo 79. Incriminación cerrada para la punibilidad de los delitos
culposos o sistema de números clausus. Sólo se sancionarán como delitos
culposos los siguientes: homicidio regulado en el artículo 128; lesiones reguladas en
artículo 136; lesiones por contagio, regulado en el artículo 168; daños regulado en el
artículo 252; ejercicio indebido del servicio público a que se refieren las fracciones
IV y V del artículo 270 en las siguientes hipótesis: destruir, alterar o inutilizar
información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso de la
fracción IV, y propicie daños, pérdida o sustracción de objetos de la fracción V;
evasión de presos, a que se refieren el artículo 316; suministro de medicinas
nocivas o inapropiadas, contemplados en los artículos 345 y 346; ataques a las vías
y a los medios de comunicación, regulados en los artículos 348, a excepción de la
fracción II y 349 fracción I; delitos contra el ambiente, regulado en el artículo 367, y
los demás casos señalados específicamente en el presente Código y otras
disposiciones legales.
Artículo 80. Clasificación de la gravedad de la culpa e individualización de
la sanción para el delito culposo. La calificación de la gravedad de la culpa
queda al arbitrio del juez o Tribunal de Enjuiciamiento, quien deberá considerar las
circunstancias generales señaladas en el artículo 74 de este Código y las especiales
siguientes:
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I. La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño causado;
II. El deber de cuidado de la persona sentenciada que le es exigible por las
circunstancias y condiciones personales que la actividad o el oficio que desempeñe
le impongan;
III. El tiempo del que dispuso para desplegar la acción cuidadosa necesaria de cara
a no producir o evitar el daño causado; y
IV. El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico,
tratándose de infracciones cometidas en los servicios de transporte y, en general,
por conductores de vehículos.
CAPÍTULO III
PUNIBILIDAD DE LA TENTATIVA
Artículo 81. Punibilidad de la tentativa. A quien resulte responsable de la
comisión de un delito cometido en grado de tentativa, se le disminuirá una tercera
parte de la pena correspondiente al delito doloso consumado que el sujeto activo
quiso realizar.
En la aplicación de las consecuencias jurídicas señaladas en este artículo, el juez o
Tribunal de Enjuiciamiento tomará en consideración, además de lo previsto en el
artículo 74 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación a la
consumación del delito y la magnitud del peligro al que fue expuesto el bien jurídico.
CAPÍTULO IV
PUNIBILIDAD EN LOS CASOS DE CONCURSO DE DELITOS
Y DELITO CONTINUADO
Artículo 82. Aplicación de consecuencias jurídicas para los casos de concurso de
delitos.
I. Punibilidad del concurso ideal. En caso de concurso ideal, se impondrán las
sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales
podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas
correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean
de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las
consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos. En ningún caso, las
sanciones aplicables podrán exceder de los máximos señalados en este Código.
II. Punibilidad del concurso real. En caso de concurso real se impondrá la
sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley
contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos
señalados en este Código.
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Artículo 83. Punibilidad del delito continuado. En caso de delito continuado, se
aumentará la sanción hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del
delito cometido.
CAPÍTULO V
PUNIBILIDAD PARA LA COMPLICIDAD, AUXILIO EN CUMPLIMIENTO DE
PROMESA ANTERIOR Y AUTORÍA INDETERMINADA
Artículo 84. Punibilidad de la complicidad. Para los casos señalados en el inciso
b) de la fracción II, del artículo 26 de este Código, se impondrán hasta las tres
cuartas partes de la pena o medida de seguridad señalada para el delito cometido.
Artículo 85. Punibilidad de la autoría indeterminada. Para el caso previsto en
el artículo 28 de este Código, se impondrán las tres cuartas partes de la pena o
medida de seguridad señaladas para el delito cometido.
CAPÍTULO VI
PUNIBILIDAD PARA LOS CASOS DE ERROR VENCIBLE Y EXCESO
EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN
Artículo 86. Error de tipo vencible y error de prohibición vencible. En caso
de que el error a que se refiere el inciso a) fracción V del artículo 31 de este Código
sea de carácter vencible, se impondrá la pena o medida de seguridad señalada para
el delito culposo, siempre que el tipo penal acepte dicha forma de comisión.
Si el error vencible es el previsto en el inciso b) de la misma fracción, se impondrá
hasta una tercera parte de la pena o medida de seguridad señalada para el delito
correspondiente.
Artículo 87. Exceso en las causas de justificación y de inculpabilidad. A
quien incurra en exceso en los casos previstos en las fracciones VI, VII, VIII y X del
artículo 31 de este Código, se le impondrá la cuarta parte de la pena o medida de
seguridad correspondiente al delito de que se trate, siempre que con relación al
exceso no se actualice otra causa de exclusión del delito.
CAPÍTULO VII
SUSTITUCIÓN DE PENAS
Artículo 88. Sustitución de la prisión. El juez, considerando lo dispuesto en el
artículo 74 de este Código, podrá sustituir la pena de prisión en los términos
siguientes:
I. Por multa, trabajo a favor de la víctima u ofendido, o a renuncia expresa o falta
de estos a favor del Estado cuando no exceda de un año; o
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II. Por tratamiento en libertad o semilibertad cuando no exceda de dos años.
Fracción reformada BOGE 16-12-2019
La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión será en razón de un día
multa por un día de prisión y de acuerdo con las posibilidades económicas de la
persona sentenciada.
Artículo 89. Sustitución de la multa. La multa podrá ser sustituida por trabajo a
favor de la víctima o de la comunidad.
Artículo 90. Reglas para la sustitución de penas. La sustitución de penas se
llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:
I. La sustitución de la pena privativa de libertad procederá cuando se haya
cubierto la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello de acuerdo a
la situación económica de la persona sentenciada, sin que dicho plazo pueda ser
superior a seis meses; y
II. La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse cuando se trate de uno
de los delitos señalados en el último párrafo del artículo 107.
Artículo 91. Revocación de la sustitución de la pena. El juez podrá dejar sin
efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta en los
siguientes casos:
I. Cuando la persona sentenciada no cumpla con las condiciones que le fueran
señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo de
que si incurre en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. En estos
casos se fijará garantía para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con
motivo del sustitutivo concedido; o
II. Cuando a la persona sentenciada se le condene en otro proceso por la comisión
de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el
tiempo durante el cual la persona sentenciada hubiere cumplido la pena sustitutiva.
Artículo 92. Obligación del fiador en la sustitución. En caso de haberse
designado un fiador para el cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución
de las penas, la obligación de éste concluirá al extinguirse la pena impuesta.
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá al
juez a fin de que éste prevenga a la persona sentenciada para que presente nuevo
fiador dentro del plazo fijado por el mismo, apercibido de que de no hacerlo, se le
hará efectiva la pena.
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en
conocimiento del juez para los efectos señalados en el párrafo anterior.
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CAPÍTULO VIII
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
Artículo 93. Requisitos para la procedencia de la suspensión. El juez o
Tribunal, al dictar sentencia condenatoria, suspenderá motivadamente la ejecución
de las penas, de oficio o a petición de parte, siempre que concurran los siguientes
requisitos:
I. Que la duración de la pena impuesta no exceda de dos años de prisión;
Fracción reformada BOGE 16-12-2019
II. Que en atención al delito cometido no haya necesidad de sustituir las penas en
función del fin para el que fueron impuestas; y
III. Que no se trate de un delito doloso cometido en contra de una persona menor
de dieciocho años de edad o que no tuviese capacidad para comprender el
significado del hecho, siempre y cuando la conducta hubiese sido perpetrada
aprovechándose de su vulnerabilidad.
Artículo 94. Requisitos para obtener la suspensión condicional de la
ejecución de la pena. Para obtener el beneficio a que se refiere el artículo
anterior, la persona sentenciada deberá:
I. Acreditar que se ha cubierto la reparación del daño, pudiendo el Juez fijar plazos
para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado;
II. Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se fijen para asegurar su
comparecencia ante la autoridad, cada vez que sea requerida por ésta;
III. Obligarse a residir en un lugar previamente determinado, del cual no podrá
ausentarse, sin permiso de la autoridad que ejerza el cuidado o supervisión;
IV. Desempeñar una ocupación lícita; y
V. Abstenerse de causar molestias al ofendido o a sus familiares.
Artículo 95. Efectos y duración de la suspensión. La suspensión comprenderá
la pena de prisión y la multa. En cuanto a las demás sanciones impuestas, el juez o
tribunal resolverá según las circunstancias del caso, teniendo la suspensión una
duración igual a la de la pena suspendida.
Una vez transcurrida ésta, se considerará extinguida la pena impuesta, siempre que
durante ese término, la persona sentenciada no diere lugar a un nuevo proceso que
concluya con sentencia condenatoria, en cuyo caso el juzgador, considerando la
gravedad del delito, resolverá si debe aplicarse o no la pena suspendida.
Los hechos que originan el nuevo proceso interrumpen el plazo de la suspensión,
tanto si se trata de delito doloso como imprudente, hasta que se dicte sentencia
ejecutoria. Si la persona sentenciada falta al cumplimiento de las obligaciones
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contraídas, el juez o tribunal podrá hacer efectiva la pena suspendida o apercibirla
de que si vuelve a infringir alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha
pena.
CAPÍTULO IX
REGLAS GENERALES PARA LA SUSTITUCIÓN Y SUSPENSIÓN
DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
Artículo 96. Promoción de la suspensión. La persona sentenciada que considere
que al dictarse la sentencia, en la que no hubo pronunciamiento sobre la sustitución
o suspensión de la pena, reunía las condiciones fijadas para su obtención y que está
en aptitud de cumplir con los requisitos para su otorgamiento, podrá promover el
incidente respectivo ante el juez de ejecución de sanciones penales.
Artículo 97. Jurisdicción y supervisión. La autoridad judicial conservará
jurisdicción para conocer las cuestiones relativas al cumplimiento, revocación y
modificación de la sustitución o suspensión de sanciones y supervisará su
cumplimiento.
TÍTULO SEXTO
EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA
Y DE LA POTESTAD DE EJECUTAR LAS PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES
Artículo 98. Causas de extinción. La pretensión punitiva y la potestad para
ejecutar las penas y medidas de seguridad, se extinguen por las siguientes causas:
I. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad;
II. Muerte de la persona imputada o sentenciada;
III. Reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia;
IV. Perdón de la persona ofendida;
V. Rehabilitación;
VI. Conclusión del tratamiento de personas inimputables;
VII. Indulto;
VIII. Amnistía;
IX. Prescripción;
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X. Supresión del tipo penal;
XI. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso instaurado por los
mismos hechos; o
XII. Aplicación de un criterio de oportunidad o el cumplimiento del acuerdo
reparatorio o de las condiciones decretadas en la suspensión condicional del
proceso.
Artículo 99. Procedencia de la extinción. La resolución acerca de la extinción
punitiva se dictará de oficio o a solicitud de parte.
Artículo 100. Alcances de la extinción. La extinción que se produzca en los
términos del artículo 98 no abarca el decomiso de instrumentos, objetos y productos
del delito, salvo disposición legal expresa o cuando la potestad para ejecutar dicha
sanción pecuniaria se extinga por alguna causa. Ninguna de las hipótesis anteriores
tendrá como consecuencia la devolución de la reparación del daño que ya hubiese
sido pagada.
CAPÍTULO II
CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD
Artículo 101. Efectos del cumplimiento. La potestad para ejecutar la pena o
medida de seguridad impuesta, se extingue por cumplimiento de las mismas o de
las penas por las que se hubiesen sustituido o conmutado. Así mismo, la sanción
que se hubiese suspendido, se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos
establecidos para el otorgamiento de la suspensión, en los términos y dentro de los
plazos legalmente aplicables.
CAPÍTULO III
MUERTE DE LA PERSONA IMPUTADA O SENTENCIADA
Artículo 102. Extinción por muerte. La muerte de la persona imputada extingue
la pretensión punitiva; la del sentenciado extingue a su vez las penas o medidas de
seguridad impuestas, a excepción del decomiso y la reparación del daño.
CAPÍTULO IV
ABSOLUCIÓN O ANULACIÓN DE LA SENTENCIA
Artículo 103. Pérdida del efecto de la sentencia por absolución por
reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia
ejecutoria. Cualquiera que sea la consecuencia jurídica impuesta en sentencia que
cause ejecutoria, procederá la anulación de ésta, cuando se pruebe que el
sentenciado es inocente del delito por el que se le juzgó.
La absolución por reconocimiento de inocencia o anulación de la sentencia
ejecutoria produce la extinción de cualquier consecuencia jurídica del delito.
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CAPÍTULO V
PERDÓN DEL OFENDIDO EN DELITOS DE QUERELLA
Artículo 104. Extinción por perdón del ofendido. El perdón del ofendido o del
legitimado para otorgarlo, extingue la pretensión punitiva respecto de los delitos
que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público o
ante el órgano jurisdiccional, debiéndose proceder de inmediato a decretar la
extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad.
El perdón sólo beneficia al imputado en cuyo favor se otorga. Cuando sean varios
los ofendidos y cada uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al
responsable del delito, el perdón sólo surtirá efectos por lo que hace a quien lo
otorga.
CAPÍTULO VI
REHABILITACIÓN
Artículo 105. Objeto de la rehabilitación. La rehabilitación tiene por objeto
reintegrar a la persona sentenciada en el goce de los derechos, funciones o empleo
de cuyo ejercicio se le hubiere suspendido o inhabilitado en virtud de sentencia
firme.
CAPÍTULO VII
CONCLUSIÓN DE TRATAMIENTO DE PERSONAS INIMPUTABLES
Artículo 106. Extinción de las medidas de tratamiento. La potestad para la
ejecución de las medidas de tratamiento a personas inimputables se considerará
extinguida si se acredita que la persona ya no necesita tratamiento. Si la persona
inimputable se encontrara prófuga y posteriormente fuese detenida, la potestad
para la ejecución de dicha medida se considerará extinguida, siempre que se
acredite que las condiciones personales del sujeto que dieron origen a su imposición
ya han cesado.
CAPÍTULO VIII
INDULTO
Artículo 107. Efectos y procedencia del indulto. El indulto extingue la potestad
de ejecutar las penas y las medidas de seguridad impuestas en sentencia ejecutoria,
salvo el decomiso de instrumentos, objetos y productos relacionados con el delito,
así como la reparación del daño.
El Titular del Ejecutivo podrá otorgar el indulto respecto al fallo ejecutoriado,
tomando siempre en consideración el grado de reinserción social del sentenciado y
que su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y la seguridad
pública.
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No podrá otorgarse el indulto a los sentenciados por los delitos de violación,
homicidio doloso en cualquiera de sus modalidades, lesiones calificadas, tráfico de
personas menores de edad, corrupción de personas menores de edad o de quienes
no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, pornografía
infantil, lenocinio con personas menores de edad y de aquellos delitos que atenten
contra el libre desarrollo de la personalidad.
CAPÍTULO IX
AMNISTÍA
Artículo 108. Efectos y procedencia de la amnistía. La amnistía puede ser
concedida por el Titular del Poder Ejecutivo y extingue la acción penal, así como las
sanciones impuestas, excepto la reparación del daño.
CAPÍTULO X
PRESCRIPCIÓN
Artículo 109. Efectos y características de la prescripción. La prescripción es
personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las
medidas de seguridad, siendo suficiente para ello el transcurso del tiempo señalado
por la ley.
Por afectar bienes jurídicos fundamentales, se establece como excepción a la
prescripción, el delito de homicidio doloso en cualquiera de sus modalidades, así
como el delito de desaparición forzada de personas, contemplados en el presente
Código, por tanto serán imprescriptibles.
El peculado, el cohecho y el enriquecimiento ilícito prescribirán en un término de
diez años, contados desde que el servidor público o empleado abandone, por
cualquier causa, el servicio público.
Artículo 110. Promoción de la prescripción. La resolución respecto de la
prescripción se dictará de oficio o a petición de parte.
Artículo 111. Duplicación de plazos. Los plazos para que opere la prescripción
se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Estado por
haberse sustraído a la acción de la justicia, siempre y cuando persista esta
condición, y que por esa circunstancia no sea posible concluir la investigación, el
proceso o la ejecución de la sentencia.
Artículo 112. Plazos. Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva
serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán
a partir de:
I. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo;
II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente;
III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado;
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IV. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta
debida, si se trata de una tentativa;
V. El día en que se libró la orden de aprehensión, comparecencia, reaprehensión, o
presentación, respecto del imputado que se haya sustraído a la acción de la justicia;
y
VI. Los demás señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
No prescribirá la acción penal de los delitos contra la libertad sexual y el normal
desarrollo psicosexual.
Párrafo reformado BOGE 31-05-2024
Artículo reformado BOGE 24-04-2023
Artículo 113. Plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar
penas y medidas de seguridad. Los plazos para la prescripción de la potestad de
ejecutar penas y medidas de seguridad serán continuos y correrán desde el día
siguiente a aquél en que el sentenciado se sustraiga de la acción de la justicia,
siempre que las penas o medidas de seguridad fueran privativas o restrictivas de
libertad. En caso contrario, desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia.
Artículo 114. Prescripción de la potestad punitiva en los casos de delitos
de querella. Salvo disposición en contrario, la pretensión punitiva que surja de un
delito que sólo puede perseguirse por querella del ofendido, prescribirá en un año,
contado a partir del día en el que quienes pueden formular la querella, tengan
conocimiento del hecho ilícito y en tres años fuera de esta circunstancia.
Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado,
la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de
oficio.
Artículo 115. Prescripción de la pretensión punitiva según el tipo de pena.
La pretensión punitiva respecto de delitos que se persigan de oficio prescribirá:
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad,
incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de
tres años. Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté
señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa.
II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad.
Artículo 116. Prescripción de la pretensión punitiva en caso de concurso de
delitos. En caso de concurso de delitos se estará a la prescripción del delito que
merezca pena mayor.
Artículo 117. Necesidad de resolución o declaración previa. Cuando para
ejercer o continuar la pretensión punitiva sea necesaria una resolución previa de
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autoridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a correr desde que se dicte la
sentencia irrevocable.
Si para deducir la pretensión punitiva la ley exigiere previa declaración o resolución
de alguna autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen dentro de los
términos señalados en el artículo 115 de este Código interrumpirán la prescripción.
Artículo 118. Interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva. La
prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá por las actuaciones que se
practiquen en investigación del delito y de la persona inculpada, aunque por
ignorarse quién sea éste, no se practiquen las diligencias contra persona
determinada.
La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá también por el
requerimiento de auxilio en la investigación del delito o de la persona imputada, por
las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional y por el
requerimiento de entrega del sujeto activo que formalmente haga el Ministerio
Público al de otra Entidad Federativa donde aquél se refugie, se localice o se
encuentre detenido por el mismo delito o por otro.
En el primer caso también se interrumpirá con las actuaciones que practique la
autoridad requerida y en el segundo subsistirá la interrupción hasta en tanto ésta
niegue la entrega o desaparezca la situación legal del detenido que dé motivo al
aplazamiento de su entrega.
Si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde el día
siguiente al de la última diligencia.
Artículo 119. Excepción a la interrupción. No operará la interrupción de la
prescripción de la pretensión punitiva, cuando las actuaciones se practiquen
después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción,
contados a partir de los momentos a que se refieren las fracciones I a IV del artículo
112 de este Código.
Artículo 120. Lapso de prescripción de la potestad de ejecutar las penas.
Salvo disposición legal en contrario, la potestad para ejecutar la pena privativa de
libertad o medida de seguridad, prescribirá en un tiempo igual al fijado en la
condena, pero no podrá ser inferior a tres años.
La potestad para ejecutar la pena de multa prescribirá en un año. Para las demás
sanciones prescribirá en un plazo igual al que deberían durar éstas, sin que pueda
ser inferior a dos años. La reparación del daño prescribirá en un tiempo igual al de la
pena privativa de la libertad impuesta sin que pueda ser inferior a tres años.
Los plazos serán contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución.
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Artículo 121. Prescripción y extinción de la condena. Cuando el sentenciado
hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción
tanto tiempo como el que falte de la condena.
Artículo 122. Interrupción de la prescripción de la potestad para ejecutar la
pena o medida de seguridad. La prescripción de la potestad para ejecutar la
pena o medida privativa de la libertad, sólo se interrumpe con la aprehensión de la
persona sentenciada, aunque se ejecute por un delito diverso o por la solicitud
formal de entrega que el Ministerio Público haga al de otra Entidad Federativa,
donde se encuentre detenido, en cuyo caso subsistirá la interrupción hasta en tanto
la autoridad requerida niegue dicha entrega o desaparezca la situación legal del
detenido que motive aplazar su cumplimiento.
La prescripción de la potestad de las demás sanciones se interrumpirá por cualquier
acto de autoridad competente para hacerlas efectivas. También se interrumpirá la
prescripción de las penas pecuniarias, por las promociones que la víctima u ofendido
o persona a cuyo favor se haya decretado la reparación del daño, haga ante la
autoridad correspondiente y por las actuaciones que esa autoridad realice para
ejecutarlas, así como por el inicio de juicio ejecutivo ante autoridad civil usando
como título la sentencia condenatoria correspondiente.
Artículo 123. Autoridad competente para resolver la extinción. La extinción
de la pretensión punitiva será resuelta por el titular del Ministerio Público o por el
órgano jurisdiccional durante el procedimiento o el proceso, según sea el caso.
La declaración de extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de
seguridad corresponde al órgano jurisdiccional.
Artículo 124. Facultad jurisdiccional en la ejecución. Si durante la ejecución
de las penas o medidas de seguridad se advierte que se había extinguido la
pretensión punitiva o la potestad de ejecutarlas, tales circunstancias se plantearán
por la vía incidental ante el juez de ejecución de sanciones penales y éste resolverá
lo procedente.
CAPÍTULO XI
SUPRESIÓN DEL TIPO PENAL
Artículo 125. Extinción por supresión del tipo penal. Cuando la ley suprima un
tipo penal, se extinguirá la potestad punitiva respectiva o la de ejecutar las penas o
medidas de seguridad impuestas, se pondrá en absoluta e inmediata libertad a la
persona imputada o sentenciada y cesarán todos los efectos del procedimiento
penal o de la sentencia.
CAPÍTULO XII
EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA ANTERIOR
DICTADA EN PROCESO SEGUIDO POR LOS MISMOS HECHOS
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Artículo 126. Prohibición de doble juzgamiento. Nadie puede ser juzgado dos
veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.
Cuando existan en contra de la misma persona y por la misma conducta:
I. Dos procedimientos distintos, se archivará o sobreseerá de oficio el que se haya
iniciado en segundo término;
II. Una sentencia y un procedimiento distinto, se archivará o sobreseerá de oficio el
procedimiento distinto; o
III. Dos sentencias, dictadas en procesos distintos, se hará la declaratoria de
nulidad de la sentencia que corresponda al proceso que se inició en segundo
término y se extinguirán sus efectos.
CAPÍTULO XIII
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS REPARATORIOS, O DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN LA
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
Artículo 127. Cumplimiento en las soluciones alternas del procedimiento o
de la aplicación de un criterio de oportunidad. La potestad para ejercer la
acción penal, se extingue en los casos de la aplicación de un criterio de oportunidad,
así como el cumplimiento de un acuerdo reparatorio o de las condiciones impuestas
en la suspensión condicional del proceso, en las formas previstas en el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA Y
LA INTEGRIDAD CORPORAL
CAPÍTULO I
HOMICIDIO
Artículo 128. Homicidio simple. A quien prive de la vida a otra persona, se le
impondrán de doce a veinte años de prisión.
Artículo 129. Homicidio en razón de parentesco o relación. A quien con
conocimiento de la relación que le une con el sujeto pasivo, prive de la vida a su
ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o
adoptado, cónyuge, concubina o concubinario, se le impondrán de catorce a treinta
y cinco años de prisión y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la
víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
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Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las
previstas en el artículo 144 de este Código, se impondrán las penas del homicidio
calificado.
Artículo 130. Se deroga.
Artículo derogado BOGE 10-04-2019
Artículo 131. Agravantes del homicidio por discriminación. Cuando en el
homicidio concurra alguna de las siguientes circunstancias donde el activo se vea
motivado por odio o discriminación hacia el pasivo que lo lleven a perpetrar la
conducta se le impondrá de veinte a treinta y cinco años de prisión:
I. Que la conducta sea ejecutada dolosamente sobre un menor de 18 años en
razón de esta circunstancia; o
II. Que la conducta sea ejecutada dolosamente en razón de la preferencia sexual,
el color o cualquier otra característica genética, procedencia étnica, lengua, religión,
ideología, nacionalidad o lugar de origen, condición social o económica, ocupación o
actividad, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido,
discapacidad, características físicas o estado de salud de la víctima.
Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia calificativa de las
previstas en el artículo 144 de este Código, se impondrán las penas del homicidio
calificado, pudiéndose aumentar la pena hasta en un tercio.
Artículo 132. Homicidio calificado. Cuando el homicidio sea calificado se
impondrán de veinticinco a cincuenta años de prisión.
Artículo 133. Homicidio a petición de la víctima. A quien prive de la vida a otra
persona, por petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de la víctima,
siempre que medien razones humanitarias y el sujeto pasivo padeciere una
enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrán de tres a seis años de
prisión.
Artículo 134. Homicidio en riña. A quien prive de la vida a otra persona en riña
se le impondrá la pena de ocho a doce años de prisión, debiendo ponderar el
juzgador si se trata de provocador o de provocado al momento de individualizar la
pena que a cada uno de estos le corresponda.
Artículo 135. Acerca de cuándo una lesión es mortal. Se tendrá como mortal
una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas en cuerpo o en la
salud que tenga como consecuencias la perdida de la vida de la víctima,
consecuencias inmediatas, directas o alguna complicación determinada
inevitablemente por la lesión.
Cuando concurran estas circunstancias, se tendrá como mortal una lesión, aunque
se pruebe que se hubiera evitado la muerte con auxilio oportuno o que la lesión no
hubiera sido mortal en otra persona.
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CAPÍTULO II
LESIONES
Artículo 136. Lesiones simples. A quien cause a otra persona un daño en la salud
o una alteración que deje huella material en su cuerpo se le impondrán:
I. Seis meses de prisión o multa de dieciocho a treinta y seis días, si las lesiones
tardan en sanar hasta quince días;
II. De seis meses a dos años de prisión y multa de hasta cien días, cuando tarden
en sanar más de quince días y menos de sesenta días;
III. De dos a cuatro años de prisión y multa de hasta ciento cincuenta días, si tardan
en sanar más de sesenta días;
IV. De tres a seis años de prisión y multa de hasta doscientos días, cuando dejen
cicatriz permanentemente notable en la cara;
V. De cuatro a ocho años de prisión y multa de hasta trescientos días, cuando
disminuyan alguna facultad o el normal funcionamiento de un órgano o de un
miembro;
VI. De cinco a nueve años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días, si
producen la pérdida o perturbación permanente de cualquier función orgánica, de
un miembro, de un órgano o de alguna facultad, o provoquen una enfermedad
incurable o una deformidad incorregible; o
VII. De seis a diez años de prisión y multa de hasta quinientos días, cuando pongan
en peligro la vida.
Las lesiones que ponen en peligro la vida son aquellas que en algún momento de su
evolución, producen una alteración real y profunda de alguna de las funciones
vitales de la víctima. El riesgo abstracto de muerte, el órgano o la ubicación corporal
de la lesión carecen de trascendencia para decretar esta calificativa.
Artículo 137. Lesiones en razón de relación. A quien cause lesiones a una
persona con la cual tenga una relación de sentimental o de pareja sin cohabitar con
ésta, se le incrementará en una mitad la pena que corresponda por las lesiones
inferidas.
Artículo 138. Lesiones por razones de odio o discriminación. Cuando en las
lesiones concurra alguna de las siguientes circunstancias donde al activo se vea
motivado por odio o discriminación hacia el pasivo que lo lleven a perpetrar la
conducta, se le incrementará en una tercera parte de la pena que corresponda por
las lesiones inferidas:
I. Que la conducta sea ejecutada dolosamente sobre un menor de 18 años;
II. Se deroga
Fracción derogada BOGE 16-12-2019
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III. Que la conducta sea ejecutada dolosamente en razón de la preferencia sexual,
el color o cualquier otra característica genética, procedencia étnica, lengua, religión,
ideología, nacionalidad o lugar de origen, condición social o económica, ocupación o
actividad, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido,
discapacidad, características físicas o estado de salud de la víctima.
Fracción reformada BOGE 10-04-2019
Artículo 139. Lesiones en riña. A quien cause a otro lesiones en riña se le
impondrá la mitad de las penas que correspondan por las lesiones inferidas,
debiendo ponderar el juzgador, si se trata de provocador o de provocado al
momento de individualizar la pena que corresponda.
Artículo 140. Lesiones calificadas. Cuando las lesiones sean calificadas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de este Código, la pena correspondiente a
las lesiones simples se incrementará en dos terceras partes.
Artículo 141. Lesiones perseguidas por querella. Se perseguirán por querella
las lesiones simples que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de
sesenta días. Lo mismo se aplicará a las lesiones imprudentes, salvo que se
hubieran cometido con motivo del tránsito de vehículos y en los siguientes casos:
I. Que el conductor hubiese realizado la conducta en estado de ebriedad, bajo el
influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca
efectos similares; o
II. Que el conductor haya abandonado a la víctima o no le haya prestado auxilio o
solicitado la asistencia pertinente.
CAPÍTULO III
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS
DE HOMICIDIO Y LESIONES
Artículo 142. Homicidio o lesiones por emoción violenta. A quien en estado
de emoción violenta cometa el delito de homicidio o de lesiones, se reducirá hasta
la mitad del mínimo y máximo de las penas que correspondan por su comisión.
Existe emoción violenta, cuando en virtud de las circunstancias que
desencadenaron el delito, se atenúa en forma considerable y transitoria la
capacidad del sujeto activo para comprender el significado del hecho y conducirse
de acuerdo con esa comprensión.
No se tendrá como emoción violenta aquella conducta desplegada por el activo que
siendo cónyuge, concubino o detente cualquier otra relación de hecho con la
víctima, ésta se vea motivada por vindicación próxima de una ofensa grave de
honor.
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Artículo 143. Riña. La riña es la contienda de obra y no sólo de palabra entre dos
o más personas.
Artículo 144. Circunstancias calificativas. El homicidio y las lesiones son
calificadas cuando se cometen con premeditación, ventaja, traición, alevosía,
retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria o
cuando se cometan en contra de periodistas en los términos que se precisan en la
fracción IX de este artículo.
Párrafo reformado BOGE 30-11-2022
I. Existe premeditación: Cuando se ejecuta la conducta después de haber
reflexionado sobre el delito que se va a cometer.
II. Existe ventaja:
a) Cuando el sujeto activo es superior en fuerza física al ofendido y éste no se
halla armado;
b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor
destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él;
c) Cuando el sujeto activo se vale de algún medio que debilita la defensa del sujeto
pasivo; o
d) Cuando el sujeto pasivo se halla inerme y/o caído y el sujeto activo se
encuentra armado o de pie.
III. Existe traición: Cuando el sujeto activo realiza el hecho quebrantando la
confianza o seguridad que expresamente le había prometido al sujeto pasivo, o las
mismas que de forma tácita debía éste esperar de aquel por las relaciones de
confianza real y actual que existen entre ambos.
IV. Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo
intencionalmente a la victima de improviso, o empleando acechanza u otro medio
ventajoso que no le dé lugar a defenderse ni a evitar el mal que se le quería hacer.
V. Existe retribución: Cuando el agente comete el hecho por pago prometido o
cumplido.
VI. Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, minas, bombas o
explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tortura o por medio del suministro
de cualquier otra sustancia nociva para la salud.
VII. Existe saña: Cuando el sujeto activo actúa con crueldad o bien aumente
deliberadamente el dolor o sufrimiento de la víctima; o
VIII. Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el sujeto activo comete el hecho
colocándose deliberadamente en estado de ebriedad o bajo el influjo de
estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares.
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IX. Se cometan en agravio de periodistas, de su cónyuge, de sus hijos o de sus
parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, si tuvieren como finalidad
obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad de expresión del ofendido, o en
razón del desempeño de su profesión.
Fracción adicionada BOGE 30-11-2022
Artículo 145. Excusa absolutoria en delitos imprudenciales. No se impondrá
pena o medida de seguridad alguna, a quien de forma culposa ocasione lesiones u
homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea
recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina, concubinario, o cuando
entre el sujeto activo y el pasivo exista relación de familia, salvo que el sujeto activo
se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o
psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, o bien que se diere a la fuga y no
auxiliare a la víctima.
Artículo 146. Homicidio o lesiones culposas con motivo de tránsito
vehicular. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo
del tránsito vehicular, se aumentará en una mitad del mínimo y máximo de las
penas previstas en los artículos 78 respectivamente, según se adecuen a los
siguientes casos:
Párrafo reformado BOGE 10-04-2019
I. Cuando el sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de
estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares;
o
II. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga.
CAPÍTULO IV
AYUDA E INDUCCIÓN AL SUICIDIO
Artículo 147. Ayuda al suicidio. A quien ayude a otra persona para que se prive
de la vida, se le impondrán de uno a ocho años de prisión y multa de hasta por
doscientos días, siempre que el suicidio se consume.
Artículo 148. Inducción al suicidio. A quien induzca a otra persona para que se
prive de la vida se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de hasta
por doscientos días, si el suicidio se consuma.
Si el suicidio no se consuma por causas ajenas a la voluntad de quien induce o
ayuda, pero sí se causan lesiones, se impondrán las dos terceras partes de la pena
anterior, sin que exceda de la pena que corresponda a las lesiones de que se trate.
En caso de que no se cause lesión alguna, la pena será la correspondiente a su
ejecución en grado de tentativa.
Artículo 149. Inducción o ayuda al suicidio de persona menor de edad. Si la
persona a quien se induce o ayuda al suicidio fuere menor de dieciocho años de
edad o no tuviere capacidad para comprender el significado el hecho, se impondrán
al sujeto activo las consecuencias jurídicas señaladas para el homicidio calificado o
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las lesiones calificadas en caso de que ocurriese la muerte del pasivo o se
ocasionasen sólo lesiones en la víctima, derivadas de esta conducta.
Artículo 150. Punibilidad específica atendiendo a la calidad de garante. Si
el responsable es ascendiente o descendiente, consanguíneo en línea recta,
hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario de la víctima, y
con conocimiento de esta relación, ejecute alguna de las conductas prevista en el
presente capítulo, la pena que corresponda se aumentará hasta en una mitad y se
le impondrá la pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima,
incluidos los de carácter sucesorio.
CAPÍTULO V
ABORTO
Artículo 151. Aborto es la interrupción del embarazo después de la decimosegunda
semana de gestación.
Artículo reformado BOGE 14-06-2022
Artículo 152. Se impondrán como máximo dos meses o sesenta días de trabajo a
favor de la comunidad, a la mujer o persona con capacidad de gestar que
voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro le haga abortar, después
de la decimosegunda semana de gestación. En este caso, el delito de aborto sólo se
sancionará cuando se haya consumado.
Párrafo reformado BOGE 14-06-2022
A quien hiciere abortar a una mujer o persona con capacidad de gestar, después de
la decimosegunda semana de gestación, con el consentimiento de ésta, se le
impondrá una penalidad consistente en hasta sesenta días de trabajo a favor de la
comunidad.
Párrafo adicionado BOGE 14-06-2022
Artículo 153. Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier
momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada o persona embarazada.
Para efectos de este artículo, al que hiciere abortar a una mujer o persona con
capacidad de gestar, por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrá de
tres a cinco años de prisión. Si mediare violencia física, emocional, psicológica o
moral, se impondrá de ocho a diez años de prisión.
Artículo reformado BOGE 14-06-2022
Artículo 154. Si el aborto forzado lo causare un médico cirujano, comadrón o
partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan
conforme a este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio
por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Artículo reformado BOGE 14-06-2022
Artículo 155. Se deroga.
Artículo derogado BOGE 14-06-2022
Artículo 156. Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el
delito de aborto:
Párrafo reformado BOGE 14-06-2022
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I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación
artificial no consentida, independientemente de que exista, o no, causa penal sobre
estos delitos;
Fracción reformada BOGE 14-06-2022
II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer o persona gestante corra peligro de
muerte o de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista;
Fracción reformada BOGE 14-06-2022
III. Cuando a juicio de un médico especialista exista razón suficiente para
diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que
puedan dar como resultado daños físicos o mentales, siempre que se tenga el
consentimiento de la mujer o persona embarazada;
Fracción reformada BOGE 14-06-2022
IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer o persona gestante;
Fracción reformada BOGE 14-06-2022
V. Cuando una autoridad le hubiese negado previamente la posibilidad de
interrumpir su embarazo dentro del plazo de las primeras doce semanas de
gestación;
Fracción adicionada BOGE 14-06-2022
En los casos contemplados en las fracciones I, II y III, los médicos tienen la
obligación de proporcionar información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre
los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos a las mujeres y personas
gestantes; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que puedan tomar
la decisión de manera libre, informada y responsable.
Párrafo reformado BOGE 14-06-2022
Se deroga.
Párrafo derogado BOGE 14-06-2022
CAPÍTULO VI
VIOLENCIA OBSTÉTRICA
Capítulo adicionado BOGE 11-07-2024
Artículo 156 Bis. Violencia obstétrica. Comete el delito de violencia obstétrica el
personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de
salud, públicas o privadas, que, en el ejercicio de las funciones de su profesión u
oficio y durante el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas de las
niñas, adolescentes o mujeres:
I. Omita la atención oportuna y eficaz, de manera injustificada;
II. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, a través del uso de técnicas
de aceleración, sin obtener su consentimiento libre, voluntario, expreso e informado
o, en su caso, de la persona que ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia
sobre la niña, adolescente o la mujer;
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III. Practique el parto por cesárea, no obstante existir condiciones para el parto
natural, sin obtener el consentimiento libre, expreso e informado de la mujer o, en
su caso, de la persona que ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia sobre
la niña o adolescente o la mujer, a menos que éstas pongan en riesgo la vida del
producto o de la madre;
IV. Las acose o presione física, psicológica u ofensivamente, con el fin de inhibir la
libre decisión de su maternidad;
V. Obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, sin causa médica
justificada, a través de la negación de la posibilidad de cargarle o de amamantarle
inmediatamente después de nacer, o
VI. Aun cuando existan los medios necesarios para la realización del parto vertical,
las obligue a parir en forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y
tradiciones obstétricas, a menos que estas pongan en riesgo la vida del producto o
de la madre.
Al que cometa cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones I, II, III y IV,
se le impondrán de cuatro a seis años de prisión y de trescientos a quinientos días
multa y la reparación del daño; y a quien incurra en cualquiera de los supuestos
descritos en las fracciones V y VI, se le sancionará con prisión de dos a cuatro años
y de ciento cincuenta a trescientos días multa y la reparación del daño.
Artículo 156 Ter. Violencia obstétrica equiparada. A quien, sin ser personal
médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud,
públicas o privadas, por razones de género, mediante acto u omisión, impida u
obstaculice la atención oportuna y eficaz en el embarazo, parto, puerperio o en
emergencias obstétricas, o altere sus procesos reproductivos sin obtener el
consentimiento libre, voluntario, expreso e informado de la mujer, se le sancionará
con prisión de uno a dos años y de cien a ciento cincuenta días multa y la
reparación del daño.
TÍTULO SEGUNDO
PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Y MANIPULACIÓN GENÉTICA
CAPÍTULO I
PROCREACIÓN ASISTIDA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Artículo 157. Disposición ilícita de óvulos o esperma. A quien disponga de
óvulos o esperma para fines distintos a los autorizados por sus donantes, se le
impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de cincuenta a cuatrocientos días.
Artículo 158. Inseminación artificial. A quien sin consentimiento de una mujer
mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una mujer menor de edad
o de persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o
para resistirlo, realice en ella inseminación artificial, se le impondrán de tres a seis
años de prisión.
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Si la inseminación se realiza con violencia, se impondrán de cuatro a doce años de
prisión.
Artículo 159. Procreación asistida. A quien implante a una mujer un óvulo
fecundado, cuando para ello hubiere utilizado un óvulo ajeno o esperma de donante
no autorizado, sin el consentimiento expreso de la paciente, del donante o con el
consentimiento de una persona menor de dieciocho años de edad o de persona que
no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, se le
impondrán de tres a seis años de prisión.
Si el delito se realiza con violencia, se impondrán de cuatro a doce años de prisión.
Artículo 160. Punibilidad para agentes cualificados. Además de las penas
previstas en este capítulo, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en
caso de servidores públicos, inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o
comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como
la destitución.
Artículo 161. Persecución por querella. Cuando entre los sujetos, activo y
pasivo, exista una relación de matrimonio, concubinato, o relación de pareja, los
delitos previstos en los artículos anteriores se perseguirán por querella.
CAPÍTULO II
MANIPULACIÓN GENÉTICA
Artículo 162. Manipulación genética. Se impondrán de dos a cinco años de
prisión, inhabilitación, así como suspensión por igual término para desempeñar
cargo, empleo o comisión públicos, profesión u oficio, a quien:
I. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves,
manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo;
II. Fecunde óvulos humanos con cualquier fin distinto al de la procreación humana;
o
III. Genere seres humanos por clonación o realice procedimientos de ingeniería
genética con fines ilícitos.
Artículo 163. Punibilidad específica. Si de la comisión de alguno de los delitos
previstos en este título resultaren hijos, la reparación del daño comprenderá,
además, el pago de alimentos para éstos y para la madre conforme a la legislación
civil.
TÍTULO TERCERO
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD
DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I
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OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO
Artículo 164. Omisión de auxilio. A quien abandone a una persona que no tenga
capacidad para valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le
impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a doscientos
días. Si el sujeto activo fuese ascendiente o tutor del sujeto pasivo se le impondrá
además la perdida de los derechos derivados de la patria potestad o la tutela así
como los derechos sucesorios en relación con la víctima.
Si el sujeto activo fuese médico o profesionista similar o auxiliar, también se le
suspenderá en el ejercicio de su profesión hasta por dos años.
La misma pena se impondrá a quien no estando en condiciones de prestar el auxilio,
no diere aviso inmediato a la autoridad o no solicitare auxilio a quienes pudieren
prestarlo.
Si por la comisión de este delito se cometiera algún otro, se aplicarán las reglas del
concurso de delitos contempladas en este Código.
Artículo 165. Omisión de auxilio o solicitud de asistencia. A quien después de
lesionar a una persona, imprudente o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite
la asistencia que requiere pudiendo hacerlo, se le impondrán multa de cuarenta a
cien días, independientemente de la pena que proceda por el delito cometido.
Si del abandono se pone en situación de peligro la integridad física y moral del
abandonado, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión, y si
resultare algún otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación.
Artículo 166. Omisión de cuidado. A quien abandone en una institución, o ante
cualquier persona, a un ser humano que no tenga la capacidad para valerse por sí
mismo, respecto del cual tenga la obligación de cuidado o se encuentre legalmente
a su cargo, se le impondrán uno a dos años de prisión.
Párrafo reformado BOGE 16-12-2019
Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de asistencia o beneficencia
a una persona menor de doce años de edad que esté bajo su potestad o custodia,
perderán por ese sólo hecho los derechos que tengan sobre la persona y bienes de
la persona entregada.
No se procederá contra la madre que entregue a su hijo por ignorancia, extrema
pobreza o cuando sea producto de algún delito.
Artículo 167. Omisión de auxilio impropio. Al que encuentre abandonada o
perdida a una persona incapaz de cuidarse, atropellada o amenazada de un peligro
cualquiera, y omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin
riesgo personal, se le impondrán de uno a seis meses de prisión o multa de veinte a
cincuenta días.
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Artículo 167 BIS. Requisitos de Procedibilidad y Pena Adicional. Tratándose
de Personas Adultas Mayores, cuando los sujetos activos de los delitos previstos en
el Capítulo I de este Título Tercero, sean descendientes directos o tengan
parentesco por consanguinidad, afinidad o por adopción con la víctima, se
perseguirán de oficio. Así mismo, además de la pena señalada en el delito que
corresponda, se les impondrá la pérdida de los derechos sucesorios.
Artículo adicionado BOGE 21-07-2023
CAPÍTULO II
PELIGRO DE CONTAGIO
Artículo 168. Peligro de contagio. A quien con conocimiento de que padece una
enfermedad grave y transmisible, ponga en peligro de contagio la salud de alguien,
por cualquier medio transmisible, siempre que la víctima no tenga conocimiento de
esa circunstancia, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de
cincuenta a trescientos días. Si la enfermedad fuera incurable la pena que se
impondrá será de dos a diez años de prisión.
Párrafo reformado BOGE 15-12-2023
Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido.
CAPÍTULO III
DISPARO DE ARMA DE FUEGO
Capítulo adicionado BOGE 20-06-2019
ARTÍCULO 168 BIS. Disparo de Arma de Fuego. Se impondrá prisión de un año
a dos años y hasta cien días multa, al que dispare un arma de fuego, sin ánimo
lesivo, poniendo en peligro la vida o la integridad corporal de alguna persona.
ARTÍCULO 168 TER. Agravantes. Cuando el delito al que se refiere el presente
capítulo, sea cometido en estado de embriaguez o bajo el influjo de estupefacientes,
psicotrópicos o cualquier otra substancia que afecte las facultades psicomotrices, se
le impondrán de dos a tres años de prisión y hasta quinientos días multa.
TÍTULO CUARTO
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD
CAPÍTULO I
CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD
O DE QUIENES NO TIENEN CAPACIDAD
PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO
Artículo 169. Corrupción de personas menores de edad. A quien propicie para
sí o para otro, inicie, induzca, procure, obligue o facilite a persona menor de
dieciocho años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado
del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporales o sexuales, actos de
desnudo corporal con fines lascivos, prostitución, prácticas sexuales, consumo de
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algún narcótico o bebida embriagante, la comisión de algún delito o a formar parte
de una pandilla o asociación delictuosa, se le aplicarán de cuatro a once años de
prisión y de quinientos a mil doscientos días multa.
A quien induzca a la práctica de la mendicidad, se le impondrán de tres a seis años
de prisión y multa de quinientos a mil días.
No se entenderá por corrupción de personas menores de edad, los programas
preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen e impartan las
instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto educación sexual,
educación sobre la función reproductiva, prevención de enfermedades de
transmisión sexual y embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por
la autoridad competente.
Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción la persona menor de
edad o la persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del
hecho, adquiera el hábito de consumo de drogas de abuso, alcoholismo o se
dedique a la prostitución, la pena será de seis a diez años de prisión y multa de
quinientos a mil quinientos días.
Artículo 170. Corrupción de personas menores de edad mediante su
empleo. Queda prohibido emplear a una persona menor de dieciocho años de edad
o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, en cantinas,
tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar donde se afecte de
forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional. La contravención a
esta disposición se castigará con prisión de cuatro a ocho años y multa de
trescientos a setecientos días.
Incurrirán en la misma pena los que ejerzan la patria potestad, la tutela o custodia y
guarda de personas menores de edad o de personas que no tengan capacidad para
comprender el significado del hecho y promuevan o acepten que se empleen en los
referidos establecimientos.
Artículo 171. Corrupción de personas menores en centros de vicio. A quien a
sabiendas o sin cerciorarse debidamente, permita la entrada a menores de edad en
cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar donde se
afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional, se castigará
con prisión de uno a cuatro años y multa de trescientos a setecientos días.
Artículo 172. Venta ilegal de bebidas embriagantes o tabaco. Se aplicará
prisión de seis meses a cinco años y multa de cien a doscientos días, así como la
cancelación de la licencia, a quien venda bebidas alcohólicas o tabaco a menores de
edad o a personas con discapacidad mental.
CAPÍTULO II
PORNOGRAFÍA DE PERSONAS MENORES DE EDAD Y
DE QUIENES QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA COMPRENDER
EL SIGNIFICADO DEL HECHO
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Artículo 173. Pornografía de personas menores de edad. Se le impondrá pena
de tres a diez años de prisión y multa de mil a cuatro mil días y se decomisarán los
instrumentos del delito, a quien:
I. Induzca, procure, facilite o permita por cualquier medio a persona menor de
edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar
actos de índole sexual o de exhibicionismo corporal, reales o simulados, con el fin
de grabarlos, audiograbarlos, videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, o exhibirlos a
través de sistemas de cómputo, redes sociales, medios electrónicos, o de cualquier
otra naturaleza, independientemente de que se logre la finalidad;
II. Fije, grabe, audiograbe, videograbe, fotografíe, filme o describa actos de
exhibicionismo corporal, reales o simulados, de índole sexual, en los que participe
una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el
significado del hecho.
Artículo 174. Punibilidad específica. A los sujetos activos de los delitos previstos
en los Capítulos I y II de este Título Cuarto, cuando sean ascendientes, o tenga
parentesco por consanguinidad, afinidad o por adopción con la víctima, se le
aumentará un tercio del mínimo y el máximo de la pena de prisión previstas en el
tipo penal que corresponda, asimismo se les impondrá la pérdida del derecho a
ejercer la patria potestad, la tutela o curatela, según el caso, incluyendo los
derechos sucesorios.
CAPÍTULO III
LENOCINIO
Artículo 175. Lenocinio. Comete el delito de lenocinio:
I. Quien explote el cuerpo de otra persona por medio del comercio carnal, se
mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera;
II. Quien induzca a una persona o la solicite para que con otra, comercie
sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que ejerza la prostitución;
III. Quien regentee, dirija, patrocine, administre o sostenga directa o indirectamente
prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia, en donde se explote la
prostitución u obtenga cualquier beneficio de la ejecución de esos actos; o
IV. Quien oculte, concierte o permita el comercio carnal de una persona.
El delito de lenocinio se sancionará con prisión de dos a siete años y multa de
quinientos a dos mil días. Para los efectos de las hipótesis contempladas en este
Título, el consentimiento no excluye la responsabilidad penal.
CAPÍTULO IV
APOLOGÍA DE UN DELITO O DE UN VICIO
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Artículo 176. Apología de un delito o de un vicio. A quien públicamente, en
forma directa o indirecta, incite a la comisión de un delito, se le impondrá de seis
meses a tres años de prisión y multa hasta por cincuenta días.
Así mismo a quien en forma pública provoque o recomiende la realización de
conductas viciosas, se le aplicará de diez a cincuenta jornadas de trabajo a favor de
la comunidad o, en su caso, multa de diez a cincuenta días.
TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL
CAPÍTULO I
VIOLACIÓN
Artículo 177. Violación. A quien por medio de la violencia física o moral realice
cópula con otra persona, se le impondrán de diez a quince años de prisión y multa
de hasta quinientos días.
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía
vaginal, anal o bucal.
Se sancionará con la misma pena antes señalada, a quien introduzca por vía vaginal
o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano,
distinto al pene, por medio de la violencia física o moral.
Si entre los sujetos activo y pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial,
de concubinato o de pareja, se impondrá la misma pena prevista en este artículo. En
estos casos el delito se perseguirá por querella.
Artículo 178. Violación equiparada. Se equipara a la violación y se sancionará
de quince a veintidós años y multa de cien a quinientos días, a quien:
Párrafo reformado BOGE 16-12-2019
I. Realice cópula con persona menor de doce años de edad o con persona que no
tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no
pueda resistirla; o
II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier
parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de doce años de
edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o
que por cualquier causa no pueda resistirlo.
Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una tercera
parte.
CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL
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Artículo 179. Abuso sexual. A quien sin consentimiento de una persona y sin el
propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la haga ejecutarlo,
se le impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de cien a trecientos días. Si
se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una
mitad.
Párrafo reformado BOGE 16-12-2019
Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia o que sea
cometido por ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano
contra su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su
hijastro, éste contra cualquiera de ellos, amasio de la madre o del padre contra
cualquiera de los hijos de éstos o los hijos contra aquellos.
Artículo 180. Abuso sexual de personas menores de edad. A quien sin
propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de
catorce años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el
significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la haga
observar o ejecutar dicho acto, se le impondrán de cuatro a doce años de prisión y
multa de doscientos a quinientos días.
Párrafo reformado BOGE 16-12-2019
Si se hiciera uso de la violencia física o moral la pena prevista se aumentará en una
mitad.
CAPÍTULO III
AGRAVANTES PARA LOS DELITOS
DE VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL
Artículo 181. Agravantes. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual
se aumentarán en una mitad cuando sean cometidos:
I. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas;
II. Por ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra
su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro,
éste contra cualquiera de ellos, amasio de la madre o del padre contra cualquiera de
los hijos de éstos o los hijos contra aquellos. Además de la pena de prisión, a la
persona responsable se le impondrá la pérdida de los derechos relativos a la patria
potestad, tutela o curatela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima, así
como los derechos sucesorios con respecto del sujeto pasivo;
III. Por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión,
utilizando los medios o circunstancias que éstos le proporcionen. Además de la pena
de prisión, la persona sentenciada será destituida del cargo o empleo o suspendida
por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión;
IV. Por la persona que tenga a la víctima bajo su custodia, guarda, educación,
adoctrinamiento religioso o aproveche la confianza en ella depositada;
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V. Cuando el responsable allane el domicilio de la víctima;
VI. Si el delito es cometido en el interior de las instituciones públicas o privadas de
educación inicial, especial, básica, media superior, o en sus inmediaciones o en
cualquier centro de enseñanza extraescolar e instituciones afines; o
VII. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario.
En el supuesto establecido en la fracción VI, si el activo es un docente,
administrativo, directivo u operativo, además de las penas establecidas, se le
impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión en instituciones educativas por un plazo igual al de la pena de prisión
impuesta.
CAPÍTULO IV
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
Artículo 182. Hostigamiento sexual. Comete el delito de hostigamiento sexual el
que, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales,
docentes, domésticas o de cualquiera otra que implique subordinación, solicite
favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero. Al responsable se le
impondrá una sanción de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a
trescientos días.
Si la persona ofendida es menor de edad, la pena de prisión será de dos a cuatro
años y multa de dos cientos a quinientos días.
Párrafo reformado BOGE 14-12-2021
Si la persona hostigadora fuese servidor público y utilizare los medios o
circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el
párrafo anterior, se le destituirá de su encargo.
Sólo se procederá contra la persona hostigadora a petición de parte ofendida. Si a
consecuencia del hostigamiento sexual la víctima pierde o se le obliga a abandonar
su trabajo por ésta causa, la reparación del daño consistirá en el pago de la
indemnización por despido injustificado teniendo en cuenta su antigüedad laboral, al
doble de lo previsto en la Ley Federal del Trabajo o del contrato respectivo, además
del pago del daño moral.
Artículo 183. Acoso sexual. Comete el delito de acoso sexual quien se exprese
verbal o físicamente de manera degradante en relación a la sexualidad de otra
persona, sin que exista subordinación real de la víctima frente al agresor en los
ámbitos laboral o escolar, dicha conducta será sancionada con una pena de un año
a dos años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días.
Párrafo reformado BOGE 14-12-2021
Cuando el sujeto activo tenga la calidad de servidor público y haya cometido la
conducta valiéndose de esta condición o haya intervenido en cualquier etapa del
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hecho delictivo, además de la pena establecida en el párrafo anterior, se le
impondrá destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
Párrafo adicionado BOGE 14-12-2021
CAPITULO IV BIS
CIBERACOSO SEXUAL
Capítulo adicionado BOGE 31-12-2017
Artículo 183 Bis. Comete el delito de ciberacoso quien hostigue, amenace o envíe
contenido no requerido en una o más ocasiones que por medio de las Tecnologías
de la Información y Telecomunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería
instantánea o cualquier espacio digital y cause un daño en la dignidad personal o
cualquier otro bien tutelado por la norma.
Se le impondrá la pena de once meses y hasta seis años de prisión y multa de
cincuenta a seiscientos días multa en el momento de la comisión del delito.
Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por
tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico y la sanción se
aumentará desde una tercera parte de la mínima y hasta dos terceras partes de la
máxima.
Además se instruirá a la autoridad competente a investigar los contenidos
denunciados que se presuma constituyan el ciberacoso, y se solicitará la
intervención inmediata para inhibir la práctica, a fin de generar un banco de datos
con información pertinente que este en constante actualización por la terminología
emergente sobre los delitos en el ecosistema digital.
Artículo adicionado BOGE 31-12-2017. Reformado BOGE 20-06-2019
Artículo 183 Ter. Agravantes. Se le impondrá una pena de seis a diez años de
prisión y hasta quinientos días multa a quien haciendo uso de los medios de
radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de
transmisión de datos contacte a una persona menor de dieciocho años de edad, a
quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su
consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo y le requiera
imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación
sexual, o le solicite un encuentro sexual a fin de cometer cualquiera de los delitos
descritos en los artículos 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
182, 183, 184, 185 y 187.
Artículo adicionado BOGE 20-06-2019
CAPITULO IV TER
DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL
Capítulo adicionado BOGE 20-06-2019
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Artículo 183 Quáter. Violación a la intimidad sexual. Comete el delito de
violación a la intimidad sexual, quien:
I. Divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite la imagen de una persona
desnuda parcial o totalmente de contenido erótico sexual, por cualquier medio ya
sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.
II. Divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite por cualquier medio el
contenido íntimo o sexual, sin el consentimiento de la víctima.
Esta conducta se sancionará de tres a seis años de prisión y multa de mil a dos mil
días multa al momento de que se cometa el delito.
Este delito se perseguirá por querella de la víctima, salvo que sea niña, niño,
adolescente o persona con discapacidad que vicie su consentimiento en cuyo caso
se perseguirá de oficio.
En caso de que este contenido sin consentimiento sea difundido o compilado por
medios de comunicación o plataformas digitales, la autoridad competente ordenará
a la empresa de prestación de redes sociales o medio de comunicación a retirar
inmediatamente el contenido.
En el caso de que el sujeto activo tenga relación de parentesco por consanguinidad,
afinidad o civil, con la víctima u ofendido, o bien que estos últimos se encuentren
bajo la guarda o custodia del sujeto activo, la pena se incrementará hasta en una
tercera parte.
Artículo 183 Quinquies. Las mismas sanciones del artículo 183 Quáter se
aplicarán a quien obtenga de dispositivos móviles o dispositivos de almacenamiento
de datos físico o virtual, cualquier imagen, videos, textos o audios sin la autorización
del titular.
En el caso de que en esta conducta el sujeto activo la realice con violencia, se
incrementará la sanción hasta en una tercera parte.
CAPÍTULO V
ESTUPRO
Artículo 184. Estupro. A quien tenga cópula con persona mayor de doce y menor
de dieciocho años de edad, obteniendo su consentimiento por cualquier tipo de
engaño, se le impondrán de uno a seis años de prisión. Este delito se perseguirá por
querella.
CAPÍTULO VI
INCESTO
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Artículo 185. Incesto. Se impondrá de dos a cinco años de prisión a los
ascendientes consanguíneos que tengan cópula con sus descendientes, conociendo
el parentesco. La sanción aplicable a éstos últimos y a los hermanos biológicos que
tengan cópula entre sí, será de uno a tres años de prisión.
CAPÍTULO VII
REPARACIÓN DEL DAÑO PARA LOS
DELITOS PREVISTOS EN ESTE TÍTULO
Artículo 186. Reparación del daño. Si a consecuencia de la comisión de alguno
de los delitos previstos en los artículos anteriores resultaren hijos, la reparación del
daño comprenderá, además, el pago de alimentos para éstos y para la madre en los
términos fijados por la legislación civil.
CAPÍTULO VIII
EXHIBICIONISMO CORPORAL
Artículo 187. Exhibicionismo corporal. Se impondrán de seis meses a tres años
de prisión y multa hasta por cincuenta días, a quien públicamente ejecute o haga
ejecutar a otro, actos obscenos de naturaleza sexual.
TÍTULO SEXTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL
CAPÍTULO I
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL
Artículo 188. Privación de la libertad personal. A quien prive de la libertad
personal a otra persona, sin el propósito de obtener un lucro, causar un daño o
perjuicio a alguien, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y con multa de
cien a trescientos días.
Artículo 189. Agravantes. La privación ilegal de la libertad se agrava y será
sancionada con prisión de tres a ocho años y multa de ciento cincuenta a
cuatrocientos días, en los siguientes casos:
I. Si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas;
II. Cuando se haga uso de la violencia física o moral;
III. La víctima sea persona menor de dieciocho o mayor de setenta años de edad o
por cualquier circunstancia la víctima esté en situación de inferioridad física o no
tenga capacidad para comprender el significado del hecho; o
IV. Sea ejecutado allanando el domicilio de la víctima o en paraje solitario.
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Artículo 190. Arrepentimiento. Si el sujeto activo libera espontáneamente a la
víctima dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento del inicio de la
privación de la libertad, se impondrá la mitad de la pena prevista.
CAPÍTULO II
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
Capítulo derogado BOGE 16-08-2019
Artículo 191. Se deroga
Artículo derogado BOGE 16-08-2019
Artículo 192. Se deroga
Artículo derogado BOGE 16-08-2019
Artículo 193. Se deroga
Artículo derogado BOGE 16-08-2019
CAPÍTULO III
TRÁFICO DE PERSONAS MENORES DE EDAD
Artículo 194. Tráfico de personas menores de edad. A quien con el
consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a
su cargo la custodia de una persona menor de edad, aunque ésta no haya sido
formalmente declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia
definitiva a cambio de un beneficio cualquiera, se le impondrán de dos a seis años
de prisión y multa de cien a trescientos días.
Artículo 195. Agravantes. Las penas previstas en el artículo anterior se
aumentarán conforme a las siguientes disposiciones:
I. Hasta el doble de la pena impuesta, cuando no exista el consentimiento
señalado en el artículo anterior; o
II. En un tercio, cuando la persona menor de edad sea trasladada fuera del
territorio del Estado.
Artículo 196. Atenuantes. Las penas previstas en el artículo 194 se atenuarán
conforme a las siguientes disposiciones:
I. Hasta un tercio cuando la entrega definitiva de la persona menor de edad se
realice sin la finalidad, por parte de quien lo entrega, de obtener un beneficio
cualquiera;
II. Hasta una mitad cuando quien recibió a la persona menor de edad lo hizo para
incorporarlo a su núcleo familiar con la finalidad de otorgarle los beneficios propios
de tal incorporación;
III. Hasta en una mitad si la recuperación de la víctima se logra en virtud de los
datos proporcionados por la persona inculpada; o
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IV. Hasta en dos terceras partes si espontáneamente se devuelve a la persona
menor de edad dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito.
CAPÍTULO IV
RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE PERSONA MENOR DE EDAD
O QUE NO TENGA LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER
EL SIGNIFICADO DEL HECHO
Artículo 197. Retención de persona menor edad o que no tenga la
capacidad para comprender el significado del hecho. A quien sin tener
relación de parentesco, de tutela o curatela con una persona menor de edad o que
no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, la retenga sin el
consentimiento de quien ejerza su custodia legítima, su curatela o su guarda, se le
impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de cien a trescientos días.
Artículo 198. Sustracción de persona menor de edad o que no tenga la
capacidad para comprender el significado del hecho. A quien bajo los mismos
supuestos del artículo anterior, sustraiga al sujeto pasivo de su custodia legítima, su
curatela o su guarda, se le impondrán de cuatro a doce años de prisión y multa de
doscientos a mil días.
Las penas establecidas en el presente artículo y en el artículo anterior se agravarán
hasta en una mitad si la retención o sustracción se realiza en contra de una persona
menor de doce años de edad.
Artículo 199. Retención o sustracción específica de persona menor de edad
o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. A
quien teniendo la calidad de ascendiente, descendiente, pariente colateral o afín
hasta el cuarto grado, que retenga o sustraiga a una persona menor de edad en las
hipótesis señaladas a continuación, se le impondrán de dos a seis años de prisión y
multa de hasta cien días:
I. Cuando el sujeto activo haya perdido la patria potestad, o ejerciendo ésta, se le
haya suspendido o limitado su ejercicio;
II. Cuando el sujeto activo no tenga la guarda y custodia provisional o definitiva o
la tutela sobre el sujeto pasivo;
III. Cuando teniendo la patria potestad, no ejerza la guarda y custodia de hecho
sobre el sujeto pasivo;
IV. Cuando el sujeto activo no permita las convivencias decretadas por resolución
judicial sin causa justificada; o
V. Cuando teniendo la guarda y custodia compartida, no devuelva al sujeto pasivo
en los términos de la resolución que se haya dictado para tal efecto.
Este delito se perseguirá por querella.
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TÍTULO SÉPTIMO
DELITOS COMETIDOS ENTRE INTEGRANTES DE LA FAMILIA
Y DELITOS POR DISCRIMINACIÓN CONTRA
LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I
VIOLENCIA FAMILIAR
Artículo 200. Violencia familiar. A quien teniendo la calidad de cónyuge,
concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o
descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el
cuarto grado, adoptante o adoptado, maltrate física, psicológica, emocional,
patrimonial o económicamente a un miembro de la familia, se le impondrán de tres
años seis meses a siete años seis meses de prisión y multa de cien a cuatrocientos
días, y pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de
carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él.
Párrafo reformado BOGE 16-12-2019
Se deroga.
Párrafo adicionado BOGE 20-09-2022. Derogado BOGE 11-07-2024
Además se sujetará al activo del delito a tratamiento psicológico especializado el
cual tendrá la duración que la autoridad jurisdiccional competente disponga, sin
exceder el tiempo de la sanción de prisión y sin perjuicio de la aplicación de otros
tratamientos.
Párrafo adicionado BOGE 16-12-2019
Cuando se trate de penas no privativas o restrictivas de libertad, el tratamiento no
excederá de seis meses.
Párrafo adicionado BOGE 16-12-2019
Artículo 200 Bis. Violencia Vicaria. A quien, siendo o haya sido cónyuge,
concubino o concubina o haya mantenido relación de afectividad con una persona a
la que maltrate física, psicológica o económicamente, utilizando a las hijas e hijos, a
familiares, a personas apreciadas por ella o mascotas como instrumento para
dañarla, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión, el pago total de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, la pérdida de los derechos que
tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a
una circunscripción territorial determinada o de residir en ella.
Al responsable de violencia vicaria, se le someterá a tratamiento psicológico
especializado, el cual tendrá la duración que la autoridad jurisdiccional competente
disponga, sin exceder el tiempo de la sanción de prisión y sin perjuicio de la
aplicación de otros tratamientos.
Artículo adicionado BOGE 11-07-2024
Artículo 201. Definiciones. Para los efectos de los artículos anteriores se
considera:
Párrafo reformado BOGE 14-08-2024
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I. Maltrato físico.- Todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna
parte del cuerpo, objeto, elemento o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar
daño a la integridad física de otra persona.
II. Maltrato psicológico o emocional.- Todo acto u omisión, tales como
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, control coactivo del
tiempo o de la economía o actitudes devaluatorias de la dignidad humana, que
provoquen en quien las recibe algún deterioro, disminución o afectación a una de
las áreas que integran la estructura psíquica.
III. Miembro de la familia.- Toda persona que se encuentra unida por una
relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo, en
línea recta ascendente o descendente, sin limitación de grado, o parentesco
colateral o afín hasta el cuarto grado, así como parentesco civil.
Se deroga
Párrafo derogado BOGE 30-11-2022
Artículo 201 Bis. Los delitos a que se refieren los artículos anteriores se perseguirán
por querella, excepto cuando se cometan con la participación de dos o más personas,
con el uso de armas de fuego o punzocortantes y se deje cicatriz permanente en
alguna parte del cuerpo o se tengan documentados antecedentes o denuncias de
violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, o según
corresponda, cuando esta última:
Párrafo reformado BOGE 14-08-2024
I. Sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado
del hecho;
II. Presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o
permanente;
III. Sea mayor de sesenta años de edad;
IV. Sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores al
parto;
V. Exista imposibilidad de la víctima de denunciar:
Artículo adicionado BOGE 30-11-2022
Artículo 202. Violencia familiar equiparada. Se equipara a la violencia familiar
y se sancionará con las mismas penas y medidas de seguridad, a quien realice
cualquiera de los actos u omisiones señalados en los artículos anteriores en contra
de la persona que esté sujeta a su custodia, protección o cuidado, o tenga el cargo
de tutor o curador sobre la persona, o de aquellas personas que no reúnen los
requisitos para constituir concubinato, siempre que hagan vida en común. Este
delito se perseguirá por querella.
Artículo 203. Violencia por alienación parental. Al que ejerciendo la custodia
sobre el menor comunique hechos con el ánimo de causar el desprecio o cualquier
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acto de manipulación tendiente a provocar alienación parental encaminada a
producir en el menor, rencor, rechazo o desprecio, hacia uno o ambos de los
progenitores, se le impondrá tratamiento en libertad y de cien a doscientos días
multa.
Artículo 204. Medidas de protección victimal. En los casos vinculados a
violencia familiar, el Ministerio Público cuando la víctima se encuentre en riesgo,
solicitará al juez la aplicación de medidas de protección para la víctima y este
resolverá de forma inmediata.
CAPÍTULO II
DISCRIMINACIÓN
Artículo 205. Discriminación. Se impondrán de uno a tres años de prisión o multa
de cincuenta a doscientos días y de cien a trescientos días de trabajo a favor de la
comunidad, a quien por motivo de género, edad, estado civil, embarazo, raza,
procedencia étnica, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, color de piel,
nacionalidad, origen, posición social, trabajo, profesión, posición económica,
discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier circunstancia que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o afectar los derechos o
libertades de las personas:
Párrafo reformado BOGE 10-04-2019
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
III. Veje o excluya a alguna persona;
Fracción reformada BOGE 10-04-2019
IV. Niegue o restrinja derechos laborales;
V. Niegue o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el
embarazo; o
Fracción adicionada BOGE 10-04-2019
VI. Niegue o restrinja derechos Educativos.
Fracción adicionada BOGE 10-04-2019
Artículo 205 Bis. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice,
imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o
práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la
orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las
conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o
apercibimiento a consideración del juez.
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Las sanciones señaladas en el primer párrafo de este artículo se aumentarán al
doble de la que corresponda, cuando la persona autora tuviere para con la víctima,
alguna de las relaciones que a continuación se enuncian o bien, se sitúen en alguno
de los siguientes supuestos:
a) Relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una
subordinación de la víctima;
b) Quien se valga de función pública para cometer el delito, y
c) Cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral en contra
de la víctima.
En los casos del inciso b), además de las sanciones señaladas, se castigará con
destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro
de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. [En caso
de reincidencia, la inhabilitación será definitiva].
Párrafo con declaración de invalidez en porción normativa por sentencia de la SCJN a Acción de
Inconstitucionalidad 130/2021
Este delito se investigará y perseguirá de oficio o por denuncia.
Artículo adicionado BOGE 31-07-2021
Artículo 206. Agravantes. Al servidor público que, por las razones previstas en el
primer párrafo del artículo anterior, niegue o retarde a una persona un trámite,
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará la pena a que se refiere
el artículo anterior, hasta en una mitad. Así mismo, se le impondrá destitución o
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública por
el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Cuando las conductas sean
cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación
laboral, la pena se incrementará en una mitad. Asimismo, se incrementará la pena
cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas
indispensables para la protección de todos los derechos humanos.
Párrafo reformado BOGE 10-04-2019
Este delito se perseguirá por querella, salvo que se trate de grupos vulnerables.
TÍTULO OCTAVO
DELITOS CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 207. Incumplimiento de la obligación alimentaria. A quien incumpla
con su obligación de dar alimentos a la persona con la que tenga ese deber legal,
independientemente de que exista resolución judicial que cuantifique el monto de
los alimentos, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de cincuenta a
doscientos días, así como la suspensión de los derechos de familia y pago en calidad
de reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente.
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Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, éstos
se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor
y el acreedor alimentario hayan tenido en los dos últimos años.
Artículo 208. Incumplimiento de las obligaciones alimentarias por
equiparación. Para los efectos del artículo anterior, se tendrá como consumado el
delito:
I. Aun cuando el acreedor alimentario haya sido dejado al cuidado o reciba ayuda
de un tercero;
II. Proporcione de manera irregular los recursos a favor de las personas con las que
tenga obligación alimentaria en relación a los plazos fijados en una resolución
judicial o por convenio suscrito ante una autoridad judicial o distinta a ésta en uso
de sus atribuciones; o
III. Proporciones de modo parcial los recursos a favor de las personas con las que
tenga obligación alimentaria en relación a los plazos fijados en una resolución
judicial o por convenio suscrito ante una autoridad distinta a la judicial en uso de sus
atribuciones.
En el caso de los alimentos de los excónyuges, el incumplimiento de las obligaciones
alimentarias derivadas de los convenios o resoluciones judiciales en materia de
divorcio, sólo tendrá carácter delictivo, cuando se pruebe que el excónyuge titular
del derecho pudo sufrir daños en su salud por la omisión, al no tener bienes propios
y estar incapacitado para trabajar.
Artículo 209. Insolvencia simulada. A quien se coloque dolosamente en estado
de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones
alimentarias que la ley determina, se le impondrán de uno a tres años de prisión y
de cuatrocientos a setecientos días multa, suspensión de los derechos de familia
hasta por ocho años y pago, en calidad de reparación del daño, de las cantidades no
suministradas oportunamente.
Artículo 210. Omisión de rendición de informes. A quien estando obligado a
informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con alguna de las
obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden judicial
de hacerlo o no lo hagan dentro del término señalado por la autoridad judicial u
omitan realizar el descuento ordenado de forma inmediata, se le impondrá de seis
meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días.
Artículo 211. Perdón del ofendido. Cuando la persona legitimada para ello
otorgue el perdón, éste sólo procederá si la persona inculpada, procesada o
sentenciada, paga todas las cantidades que hubiere dejado de proporcionar por
concepto de alimentos y otorgue garantía equivalente al próximo año.
Los delitos previstos en este capítulo se perseguirán por querella. A falta de querella
del ofendido o su representante, cuando la víctima sea menor de edad o
incapacitado, el Ministerio Público procederá de oficio.
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TÍTULO NOVENO
DELITOS CONTRA LA FILIACIÓN Y EL MATRIMONIO
CAPÍTULO I
ALTERACIÓN DEL ESTADO CIVIL
Artículo 212. Alteración del estado civil. Se impondrán de seis meses a tres
años de prisión y multa de cien a mil días, así como pérdida o suspensión hasta por
diez años de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de
carácter sucesorio, a quien con el fin de alterar el estado civil incurra en alguna de
las conductas siguientes:
I. Registre a una persona asumiendo la filiación que no le corresponde;
II. Inscriba o registre el nacimiento de una persona sin que esto hubiere ocurrido;
III. Omita registrar el nacimiento de una persona con el propósito de hacerle perder
los derechos derivados de su filiación;
IV. Intente registrar a una persona, atribuyendo a terceros la paternidad que no le
corresponda;
V. Usurpe el estado civil o la filiación de otro, con el fin de adquirir derechos de
familia que no le correspondan;
VI. Sustituya a una persona menor de edad por otra o cometa ocultación de aquella
para perjudicarlo en sus derechos de familia;
VII. Inscriba o haga registrar un divorcio o nulidad de matrimonio inexistentes o que
aún no hubiesen sido declarados por sentencia que haya causado ejecutoria; o
VIII. La madre o padre que al acudir a registrar al menor oculte su estado civil de
casado ante el Registro Civil, con el propósito de menoscabar los derechos de
paternidad de su cónyuge.
Artículo 213. Exclusión de la pena. En el caso de la fracción I del artículo
anterior, no se procederá contra el sujeto activo si éste actuó por motivos
humanitarios.
CAPÍTULO II
BIGAMIA
Artículo 214. Bigamia. Comete el delito de bigamia quien:
I. Se encuentre unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado
nulo y contraiga otro matrimonio; o
II. Contraiga matrimonio con una persona casada, si conocía el impedimento al
tiempo de celebrarse aquél.
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Artículo 215. Consecuencias jurídicas. A quien incurra en la fracción primera del
artículo anterior se le impondrá de quinientos a setecientos días multa y cien a
doscientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad. A quien incurra en la
fracción segunda se le impondrá de cien a doscientas jornadas de trabajo a favor de
la comunidad.
TÍTULO DÉCIMO
DELITOS CONTRA EL RESPETO
A LOS CADÁVERES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 216. Inhumación o exhumación indebida. Se impondrán de uno a tres
años de prisión a quien:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o fetos humanos, sin la
autorización de la autoridad competente o sin cumplir con los requisitos que exijan
las leyes especiales;
II. Realice la exhumación de un cadáver, restos o fetos humanos, sin cumplir con
los requisitos legales; o
III. A quien sustraiga o esparza las cenizas de un cadáver sin la autorización del
cónyuge supérstite o de los parientes consanguíneos más cercanos en grado.
La pena anterior se duplicará cuando se oculte, destruya o sepulte el cadáver o
parte de él y se trate de una persona a la que se haya dado muerte violenta, si el
inculpado sabía de esta circunstancia.
Artículo 217. Profanación de cadáveres. Se impondrán de uno a tres años de
prisión a quien:
I. Viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación,
brutalidad o necrofilia.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA PAZ DE LAS PERSONAS
Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
CAPÍTULO I
AMENAZAS Y COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL
Denominación del Capítulo reformada BOGE 30-11-2017
Artículo 218. Amenazas. Al que amenace a otro con causarle un daño en alguno
sus bienes jurídicos o en los de un tercero con quien el ofendido tenga vínculos de
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amor, amistad, parentesco o gratitud, se le impondrá prisión de uno a cuatro años
de prisión o multa de cien a trescientos días y de cien a doscientas jornadas de
trabajo a favor de la comunidad.
Párrafo reformado BOGE 10-04-2019
En este caso procede a criterio del juez, prohibir al condenado que vaya o resida en
el lugar en que habita el amenazado, por un término no menor a seis meses ni
mayor a tres años, contados desde el cumplimiento de la pena de prisión o desde la
concesión de un beneficio de libertad.
El delito de amenazas se perseguirá por querella de parte. Cuando el sujeto activo
pertenezca a grupos delictivos relacionados con delincuencia organizada o la
amenaza sea abierta a una Institución gubernamental se perseguirá por oficio.
Párrafo adicionado BOGE 10-04-2019
Con independencia de la sanción impuesta en sentencia; al responsable de la
comisión del delito de amenazas se le exigirá caución de no ofender:
I. Si los daños con que se amenaza son leves o evitables;
II. Si las amenazas son por medio de emblemas o señas, jeroglíficos o frases de
doble sentido, y
III. Si la amenaza tiene por condición que el amenazado no ejecute un hecho ilícito
en sí.
En este caso también se exigirá caución al amenazado, si el juez lo estima
necesario. Si el responsable no otorga la caución de no ofender se le impondrá la
pena establecida en el primer párrafo.
Párrafo adicionado BOGE 10-04-2019
Si el amenazador cumple su amenaza se acumulará la sanción de esta y la del delito
que resulte. Si el amenazador exigió que el amenazado cometiera un delito, a la
sanción de la amenaza se acumulará la que le corresponda en su caso, por su
participación o autoría mediata en el delito que resulte.
Párrafo adicionado BOGE 10-04-2019
Artículo 218 BIS.- Cobranza Extrajudicial Ilegal: A quien por sí o por interpósita
persona, lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal, se le impondrán
de uno a cuatro años de prisión y multa de veinticinco mil a cien mil pesos.
Si utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica
aumentaran una mitad.
Si ocurriere en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del
concurso de delitos señalado en el artículo 30 de este código.
Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o la intimidación,
ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una
deuda derivada de actividades mercantiles, incluyendo créditos o financiamiento
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que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y
profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos
de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. No se considerará como
intimidación informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del
impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval,
obligado solidario o cualquier tercero relacionado a estos, cuando éstas sean
jurídicamente posibles.
Artículo adicionado BOGE 30-11-2017
CAPÍTULO II
ALLANAMIENTO
Artículo 219. Allanamiento de morada. A quien se introduzca a una vivienda o
dependencia de ésta, sin el consentimiento de la persona autorizada y sin motivo
justificado, se le impondrá de un año a cuatro años de prisión y multa de cincuenta
a doscientos días.
También se produce el allanamiento, cuando el inculpado permanezca en una
morada o en sus dependencias, contra la voluntad expresa de la persona que podría
autorizar el ingreso.
Artículo 220. Allanamiento de despacho, oficina o establecimiento
mercantil. A quien sin el consentimiento de la persona autorizada y sin causa
justificada se introduzca al domicilio de una persona jurídica pública o privada,
despacho profesional, establecimiento mercantil o local abierto al público fuera del
horario laboral correspondiente, se le impondrá la pena señalada en el artículo
anterior.
Los delitos previstos en este Capítulo se perseguirán por querella.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DELITO CONTRA LA CONFIDENCIALIDAD
CAPÍTULO ÚNICO
REVELACIÓN DE SECRETO
Artículo 221. Revelación de secreto. A quien sin consentimiento de quien tenga
derecho a otorgarlo y en perjuicio de cualquier persona, revele un secreto o
comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le haya
confiado o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrán multa de
cincuenta a doscientos días o de cien a doscientos días de trabajo a favor de la
comunidad.
Artículo 222. Agravación de la pena. Si el sujeto activo conoció o recibió el
secreto o comunicación reservada con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u
oficio o si el secreto fuere de carácter científico o tecnológico, la multa será de
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trescientos a quinientos días y de cien a doscientas jornadas de trabajo a favor de la
comunidad.
Cuando el sujeto activo sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e
inhabilitación de uno a tres años.
TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CAPÍTULO I
ROBO
Artículo 223. Robo. Al que se apodere de una cosa mueble ajena sin
consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.
Párrafo reformado BOGE 16-12-2019
Se dará por consumado el robo desde que el activo tiene en su poder la cosa
robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella.
Artículo 224. Punibilidad del Robo. A quien cometa el delito de robo se le
impondrá:
I. De seis meses a tres años de prisión y hasta cien días multa, cuando el valor de
lo robado no exceda de ochenta veces el valor diario de Unidad de Medida y
Actualización;
II. De tres a seis años de prisión y de cien a doscientos días multa, cuando el valor
de lo robado exceda de ochenta veces pero no de doscientos cincuenta veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización; y
III. De seis a catorce años de prisión y de doscientos hasta quinientos días multa,
cuando el valor de lo robado exceda de doscientos cincuenta veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización.
Cuando el valor de lo robado no exceda de cuarenta veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, y se trate de un delincuente primario, que haya
admitido su responsabilidad durante la investigación inicial y restituya el objeto
materia del delito o su importe, el Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la
acción penal, siempre que el imputado no haya empleado violencia sobre las
personas y no se trate de las hipótesis prevista en el artículo 228 fracciones I y II de
este Código, apercibiéndole formalmente, dejando constancia, de que en caso de
cometer un nuevo robo dentro del término de tres años, se ejercitará acción penal
por éste y el último delito cometido.
Artículo reformado BOGE 16-12-2019
Artículo 225. Robo específico. Se impondrán las mismas penas previstas en el
artículo anterior, a quien sin consentimiento de la persona que legalmente puede
otorgarlo:
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I. Utilice energía eléctrica o cualquier otro fluido; y
II. La disposición de una cosa mueble ejecutada por el dueño, si la cosa se
encuentra en poder de otro a título de prenda o de depósito, decretado por una
autoridad o hecho con su intervención o mediante contrato público o privado.
El delito de robo específico se perseguirá por querella de parte ofendida.
Artículo reformado BOGE 16-12-2019
Artículo 226. Cuantía indeterminada. Para estimar la cuantía del robo se estará
únicamente al valor intrínseco del objeto de apoderamiento; pero si por alguna
circunstancia no fuere estimable en dinero, o si por su naturaleza no fuere posible
fijar su valor, se impondrá prisión de tres días hasta cinco años.
En la tentativa de robo, cuando no fuere posible determinar su monto, se estará a lo
dispuesto por el artículo 81 de este Código.
Artículo reformado BOGE 16-12-2019
Artículo 227. Robo en terreno rústico. A quien cometa el delito de robo en
terreno rústico, además de las penas previstas en el artículo 224 se le impondrá de
uno a cinco años de prisión y de cien hasta doscientos días multa, cuando este se
realice respecto de semillas o cualesquiera otros artículos destinados al
aprovechamiento agrícola, forestal, agropecuario o respecto de productos de la
misma índole o de maquinaria, insumos, instrumentos o equipo de pesca o
productos que se encuentren en el lugar de explotación pesquera o acuícola; frutos
recolectados o pendientes de recolectar, postes, alambres u otros materiales que
sirvan como cercos a las áreas de siembra, motor eléctrico o cualquier parte de
este, tubería para riego, maquinaria agrícola o cualesquiera otro equipo,
componente o accesorio destinado al aprovechamiento agropecuario, pesquero o
acuícola.
Las penas para el delito previsto en este artículo se incrementarán de uno a tres
años cuando se cometa en contra de bienes propiedad del Estados o de los
Municipios. En el presente artículo será aplicable la excluyente de acción penal,
prevista en los términos del último párrafo del artículo 224 de este Código.
Artículo reformado BOGE 16-12-2019
Artículo 227 Bis. Robo de partes de instalaciones de servicios básicos e
industrias. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cincuenta hasta
doscientos días multa, a quien se apodere o sustraiga sin derecho y sin
consentimiento de la persona que pueda disponer de él, de piezas, cordones,
cableado o metales de instalaciones de energía eléctrica o hidráulicas, partes de
medidores de agua, energía eléctrica y gas, así como equipamiento urbano,
industrial y de la construcción de obras, o en cualquier parte de los mismos, o bien
en algún objeto o componente integrado o adherido a aquéllos.
Artículo adicionado BOGE 16-12-2019
Artículo 227 Ter. Robo con violencia. Si el robo se ejecuta con violencia, a la
pena que corresponda por el robo simple, se agregarán de tres a seis años de
prisión. Hay violencia física o moral, pudiendo recaer la primera sobre las personas
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o las cosas. Si la violencia en las personas constituyere otro delito, se aplicarán las
reglas de la acumulación.
Si hay violencia en las cosas y produce daños, éstos quedarán subsumidos en el
delito de robo calificado.
La violencia a las personas se distingue de física o moral. Se entiende por violencia
física en el robo, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona o a
las cosas. Hay violencia moral cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona
con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarla.
Se equipara a la violencia moral, cuando la víctima haya sido intimidada, mediante
la utilización de juguetes u otros objetos que tengan apariencia, forma o
configuración de armas de fuego, de pistolas de municiones o aquellas que arrojen
proyectiles a través de aire o gas comprimido.
Artículo adicionado BOGE 16-12-2019
Artículo 227 Quáter. Equiparación al robo con violencia. Para la imposición de
la sanción se tendrá también por robo como hecho con violencia:
I. Cuando ésta se haga a una persona distinta de la robada, cuando se halle en
compañía de ella;
II. Cuando el ladrón la ejerza después de consumado el robo, para proporcionarse
la fuga o defender lo robado;
III. Cuando es cometido por una o más personas armadas o portando instrumentos
peligrosos; o
IV. Cuando es cometido con premeditación o asechanza.
Artículo adicionado BOGE 16-12-2019
Artículo 227 Quinquies. Robo por querella. El robo se perseguirá por querella
de parte ofendida en los casos siguientes:
I. Cuando sea cometido por y contra quienes tenga una relación de parentesco
consanguíneo, por afinidad o civil, o una relación de concubinato;
II. Cuando se trate de las hipótesis previstas en el artículo 225 de este código; y
III. Cuando se trate de las hipótesis previstas en los inciso h) y j) de la fracción I e
incisos b), c), d) y e) de la fracción II del artículo 228 de este Código.
Fracción reformada BOGE 24-04-2023
Artículo adicionado BOGE 16-12-2019
Artículo 227 Sexties. Robo de uso. Al que se le impute el hecho de haber
tomado una cosa ajena sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor y acredite
haberla tomado con carácter temporal no para apropiársela o venderla, se le
impondrá de uno a seis meses de prisión, siempre que justifique no haberse negado
a devolverla, si se le requirió para ello. Además pagará al ofendido como reparación
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del daño, el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada,
conforme a los valores del mercado, por todo el tiempo que la haya retenido.
Artículo adicionado BOGE 16-12-2019
Artículo 228. Robo calificado. Para los supuestos de robo calificado, se estará a
lo dispuesto de la siguiente manera:
I. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y multa de hasta
seiscientos días:
a) Cuando el delito se cometa en edificio, vivienda, aposento o cuartos que estén
habitados o destinados para habitación comprendiéndose en esta denominación no
solo los que estén fijados sino también los movibles, sea cual fuere la materia de
que están construidos;
b) Cuando se cometa en despoblado o lugar solitario;
c) Cuando se cometa de noche o por dos o más personas;
d) Cuando se cometa en establecimiento comercial o de servicios, cuando esté
abierto al público;
e) Cuando se cometa en contra de persona con discapacidad, menor de dieciocho
o mayor de más de sesenta años de edad, o que no tenga la capacidad para
comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo;
f) Cuando se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que
se conserven caudales o valores, o contra personas que las custodien o transporten;
g) Cuando el agente se valga de identificaciones falsas o supuestas ordenes de
alguna autoridad;
h) Cuando se cometa en contra de bienes afectados a la prestación de un servicio
público Estatal o Municipal;
i) Cuando se cometa en contra de uno o más bienes de cualquier institución
educativa pública o privada;
j) Cuando se cometa aprovechando las condiciones que se produzcan por
catástrofe o desorden público o la consternación que una desgracia privada cause al
ofendido o a su familia;
k) Cuando una vez retirado dinero en efectivo de una institución financiera o de
sus equipos o centros cambiarios de divisas, el robo se cometa en contra de la
persona que lo porta, custodie o transporte dentro del lugar de retiro o en el camino
de este último a su destino inmediato;
l) Cuando se cometa en un establecimiento, negociación o comercio con servicio
al público;
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m) Cuando se cometa sobre expedientes, libros o documentos existentes en
oficinas o archivos públicos. Si el delito lo comete una persona, que en calidad de
servidor público, labore en la dependencia en la que se cometió el robo, se le
impondrá, además, destitución e inhabilitación de uno a cinco años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión público;
n) Cuando se cometa por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de
seguridad pública o personal operativo de empresas que presten servicios de
seguridad privada, aunque no esté en servicio; y
o) Cuando se cometa sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en éstas.
II. Se impondrá prisión de cinco a diez años y multa de hasta quinientos
días:
a) Cuando se cometa el delito en lugar cerrado;
b) Cuando lo cometa un dependiente domestico contra su patrón o alguno de la
familia de este, en cualquier parte que lo cometa.
Por domestico se entiende, la persona que por un salario, por la sola comida u otro
estipendio o servicio, gajes o emolumentos, sirve a otro, aun cuando no viva en la
casa de este;
c) Cuando el huésped o comensal o alguna persona de su familia o de sus
acompañantes, lo cometa en la casa donde reciban hospitalidad, obsequio o
agasajo;
d) Cuando lo cometa el dueño o alguno de su familia en la casa del primero, contra
sus dependientes o domésticos o contra cualquier otra persona;
e) Cuando lo cometan los dueños, dependientes, encargados o empleados de
empresas o establecimientos comerciales, en los lugares en que presten sus
servicios al público, y en los bienes de los huéspedes o clientes;
f) Cuando se cometa por los empleados, obreros, artesanos, aprendices o
discípulos, en la casa, taller, escuela, empresa o negociación en que habitualmente
trabaje o aprenda, o en la habitación, oficina, bodega, u otro lugar al que tengan
libre entrada con el carácter indicado;
g) Cuando se cometa estando la víctima en un vehículo particular o de transporte
público o privado; o
h) Sobre equipaje o valores de viajero, encontrándose la víctima en terminales de
transporte.
Se aumentará la pena de prisión de tres a seis años, cuando en las hipótesis de robo
contempladas en el presente artículo se cometan con violencia.
Artículo reformado BOGE 16-12-2019
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Artículo 228 Bis. Robo de Vehículo. Al que se apodere de un vehículo de motor,
sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con
arreglo a la ley, se le impondrán de seis a quince años de prisión y de quinientos a
mil días multa.
Si el robo del vehículo se ejecutare con violencia, a la pena impuesta se le
agregarán de dos a cuatro años de prisión.
Artículo adicionado BOGE 20-06-2019
Artículo 228 Ter. Robo equiparado de vehículo de motor. Se le impondrán de
cuatro a ocho años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien:
I. Venda, suministre, comercialice o trafique, vehículos de motor robado o con
reporte de robo;
II. Destruya total o parcialmente vehículo de motor robado o con reporte de robo,
lo desmantele o le sustraiga cualquiera de sus partes;
III. Venda, suministre, comercialice o trafique parte o partes de algún o algunos
vehículos de motor robados o con reporte de robo;
IV. Altere, falsifique, gestione, tramite o modifique de cualquier manera, la
documentación que acredite la propiedad o posesión de un vehículo de motor
robado;
V. Altere, falsifique, modifique o sustituya cualquiera de las series o numeración
que identifique vehículo de motor robado o con reporte de robo, o de cualquiera de
sus partes;
VI. Posea, compre, use o de cualquier manera adquiera o reciba la documentación
que acredite la propiedad o posesión de un vehículo de motor robado o con reporte
de robo;
VII. Posea, use, compre, custodie, transporte o traslade aun gratuitamente vehículo
de motor robado o con reporte de robo; y
VIII. Posea, use, compre, custodie o de cualquier otra manera adquiera o reciba
parte o partes de algún o algunos vehículos de motor robados o con reporte de
robo.
Artículo adicionado BOGE 20-06-2019
Artículo 228 Quáter. Excluyente de la acción penal. Será causa excluyente de
la acción penal el contar desde antes de la radicación del Número Único de Caso
correspondiente, con documento expedido por la Procuraduría General de Justicia
del Estado, que haga constar que en sus registros no se encuentra denuncia o
reporte de robo de vehículo de motor de que se trate o de cualquiera de las partes
de éste.
Será también excluyente de la acción penal, acreditar con la documentación
correspondiente:
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I. Haber adquirido el vehículo o cualquiera de sus partes en subasta pública;
II. Haber comprado el vehículo, parte o partes del mismo en una negociación
legalmente establecida, o directamente de un particular respecto de un vehículo de
su propiedad; y
III. Haber recibido en custodia el vehículo de motor o cualquiera de sus partes, para
su reparación o mejora, siempre que se trate de una negociación legalmente
establecida y dedicado al ramo correspondiente a la actividad a realizar sobre el
vehículo o sus partes.
Asimismo, no serán sancionadas las conductas a que se refieren las fracciones VII y
VIII del artículo 228 Ter de este Código, cuando el vehículo de motor robado, parte o
partes a que aluden dichas disposiciones, hayan sido proporcionados por persona a
quien le opere respecto de tales bienes, alguna de las excluyentes a que se refiere
el presente artículo.
Artículo adicionado BOGE 20-06-2019
Artículo 228 Quinquies. Al que use un vehículo de motor que porte placas de
circulación de vehículo de motor robado o reportadas como robadas, se le
impondrán de uno a cuatro años de prisión y hasta doscientos días multa.
Artículo adicionado BOGE 20-06-2019
Artículo 228 Sexties. Si en los actos mencionados en los artículos 228 Bis, 228 Ter
y 228 Quinquies, participa algún servidor público o persona que presta sus servicios
para el Estado por contrato, además de las sanciones a que se refieren estos
artículos, se le aumentará la pena de prisión hasta en una mitad más y se le
inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por el
período igual a la pena de prisión impuesta.
Artículo adicionado BOGE 20-06-2019
CAPÍTULO II
ABIGEATO
Artículo 229. Abigeato. Comete abigeato quien se apodere de una o más cabezas
de ganado, sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ellas conforme
a la ley y se le impondrá prisión de dos a doce años, y hasta trescientos días multa,
si el apoderamiento recae sobre una o más cabezas de ganado mayor o de sus crías
y de uno a diez años de prisión y hasta doscientos días multa, si se realiza sobre una
o más cabezas de ganado menor o de sus crías.
Párrafo reformado BOGE 20-06-2019
El juez deberá ordenar el decomiso de los bienes que fueren utilizados como medio
o instrumento para la comisión del ilícito.
Párrafo adicionado BOGE 20-06-2019
En todo momento, el afectado podrá reclamar la reparación integral del daño, a
través de la restitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuera posible,
mediante el pago de la misma a su valor actualizado.
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Párrafo adicionado BOGE 20-06-2019
Artículo 230. Apoderamiento en áreas custodiadas. Cuando el apoderamiento
ocurra en áreas custodiadas o privadas y recaiga sobre especies cunícula, apícola o
avícola, se considerará como robo y se le aplicarán las penas correspondientes a
este ilícito y sus modalidades.
Artículo 231. Ganado mayor y menor. Para efectos de este delito, se dividen las
clases de ganado en dos:
I. Ganado mayor: Las especies bovina y equina comprendiendo esta última la
caballar, mular y asnal.
II. Ganado menor: Las especies ovina, caprina, porcina, cunícola, apícola, aves y
demás que constituyan una explotación zootécnica.
Artículo reformado BOGE 20-06-2019
Artículo 232. Agravantes. Se aumentará en una tercera parte el mínimo y el
máximo de la pena de prisión prevista para el abigeato:
I. Cuando se ejerza violencia física sometiendo al legítimo poseedor para hacerse
del ganado o darse a la fuga, ya sea a través de armas de fuego o cualquier otro
recurso o instrumento que dañe su integridad física;
Fracción reformada BOGE 20-06-2019
II. Cuando los responsables actúen en grupos de dos o más personas;
III. Cuando sea cometido por quien tenga una relación laboral, o de parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el propietario del ganado;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
IV. Cuando se ejerza violencia moral sobre el legítimo poseedor, a través de
amenazas, intimidaciones y presiones para hacerse del ganado ajeno;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
V. Participen servidores públicos en funciones relacionadas con el sector ganadero
o instituciones policiales, de seguridad pública y de procuración de justicia, sus
subalternos o personal dependiente de ellos, en alguna de las conductas señaladas
en el presente capitulo;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
VI. Se autorice en rastros oficiales o lugares de matanza el sacrificio de ganado
producto del abigeato bajo conocimiento de las circunstancias;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
VII. Sea cometido en horarios nocturnos;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
VIII. Cuando se generen daños a la propiedad donde se resguarda el ganado;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
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IX. El sujeto activo tenga corrales construidos exprofesamente para el encierro del
ganado producto del abigeato, sea en zona urbana o en campo despoblado;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
X. El sujeto activo tenga vehículos acondicionados para ocultar la movilización del
ganado producto del abigeato; y cuente con vehículos de transporte público o
privado; exprofeso para movilizar con discreción y ocultamiento el producto del
abigeato; y
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
XI. El sujeto activo posea bodegas, refrigeradores o un lugar destinado para
transformar el producto del abigeato o de sus vestigios identificables.
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
Artículo 233. Abigeato equiparado. Se equipara al abigeato y se aplicarán las
mismas penas de la figura simple, a quien:
I. Desfigure, altere o borre las marcas o señales del ganado, con ánimo de
apropiación;
II. Marque o señale en campo ajeno o propio, ganado perteneciente a un tercero,
sin autorización de éste;
III. Adquiera, venda, tenga en su poder, transporte o sacrifique ganado materia de
un delito de abigeato, sabiendo su procedencia ilícita;
Fracción reformada BOGE 20-06-2019
IV. Justifique o ampare la adquisición, posesión, transporte o sacrifique ganado con
documentación alterada o con documentos auténticos, cuando las marcas o señales
no correspondan o estén alteradas.
V. Transporten, comercien y distribuyan productos cárnicos y derivados,
procedentes del delito de abigeato;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
VI. Aporten recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier
manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de
alguno de los delitos a que se refiere este capítulo;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
VII. Trasladen, comercien, enajenen o trafiquen de cualquier manera, pieles o cueros
robados, que tuvieren borradas o alteradas la marca, fierro o huella, de un lugar a
otro del Estado, a otra Entidad Federativa, o al extranjero;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
VIII. Transporten una o más cabezas de ganado ajeno, sin derecho y sin
consentimiento del propietario;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
IX. Introduzcan, transporten, auxilien o documenten ganado procedente de otro
país, sin contar con la documentación que acredite la legal procedencia;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
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X. Reciban, ministren, aprovechen, o realicen actos de intermediario en el
comercio de animales producto del abigeato;
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
XI. Legalicen o intervengan en la realización, de documentos para acreditar la
propiedad o posesión de animales producto del abigeato; y
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
XII. Extraigan los dispositivos de identidad y demás medios de identificación del
ganado.
Fracción adicionada BOGE 20-06-2019
Artículo 234. Abigeato equiparado por descuido. Cuando se adquiera, posea,
transporte o sacrifique ganado que provenga de un abigeato, sin conocer su origen,
pero sin tomar las medidas necesarias para cerciorarse de su legítima procedencia,
se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a cien días.
Las mismas sanciones que para el robo de diferentes especies de ganado
establecen los dos artículos anteriores se aplicarán a quien, siendo administrador o
encargado de algún rastro o lugar de matanza, permita el sacrificio de ganado
robado.
Al servidor público que participe en el robo de ganado, sea mayor o menor, o de
aves de corral, además de las penas previstas en los artículos anteriores, se le
impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión
de cualquier naturaleza en el servicio público de uno a tres años.
Artículo 235. Consumación. Para los efectos de este Código, el delito de abigeato
y robo se tendrá por consumado desde el momento en que el autor tenga en su
poder la cosa robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ésta.
CAPÍTULO III
ABUSO DE CONFIANZA
Artículo 236. Abuso de confianza. A quien con perjuicio de una persona
disponga para sí o para otro de una cosa ajena mueble, de la cual se le haya
transmitido la tenencia, pero no el dominio, se le impondrán de uno a siete años de
prisión y multa de hasta cien días.
Este delito se perseguirá a petición de parte ofendida.
Artículo 237. Abuso de confianza específico. Se impondrán las mismas penas
contempladas en el artículo anterior, a quien:
I. Siendo propietario o poseedor de una cosa mueble, que sin tener la libre
disposición sobre la misma en virtud de cualquier título legítimo a favor de tercero,
disponga de ella con perjuicio de otra persona;
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II. Disponga de una cosa mueble siendo el propietario, si le ha sido embargada o
entregada en prenda y la tiene en su poder con el carácter de depositario;
III. Siendo depositario judicial, administrativo o convencional, disponga de la cosa
puesta bajo su custodia;
IV. Haga parecer como suyo, sin ser de su propiedad, un depósito que garantice la
libertad caucional de una persona;
V. Habiendo recibido mercancías con subsidio o en franquicia para darles un
destino determinado, las distraiga de ese destino o desvirtúe en cualquier forma los
fines perseguidos con el subsidio o la franquicia; o
VI. Disponga en provecho propio o ajeno, el intermediario en operaciones de
enajenación, arrendamiento o gravamen de bienes inmuebles, de aquellas
cantidades, títulos o valores obtenidos por cualquiera de estas operaciones o no las
entregue al titular o no realice su depósito en cualquier institución bancaria, a favor
del propietario, dentro de los quince días de recibidos.
Artículo 238. Abuso de confianza equiparado. Se sancionará con las mismas
penas señaladas en este capítulo, la ilegítima posesión de la cosa retenida, si el
tenedor o poseedor de ésta no la devuelve a pesar de ser requerido formalmente
por quien tenga derecho a ello o no la entregue a la autoridad para que ésta
disponga de la misma conforme a la ley.
CAPÍTULO IV
FRAUDE
Artículo 239. Fraude. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en
que éste se encuentre, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro
indebido se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de hasta cien días.
Artículo 240. Fraude agravado. Cuando el fraude se cometa por medio de
maquinaciones o artificios como el uso de documentos falsificados o la usurpación
de funciones, la prisión será de tres a diez años y multa de hasta trescientos días.
Artículo 241. Fraude específico. Se impondrán las penas previstas en el artículo
anterior a quien:
I. Por título oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene derecho a disponer o
la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el
precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente;
II. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, como
consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre propio o de
otro, de un documento nominativo, a la orden o al portador, contra una persona
supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo;
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III. Venda a dos personas una misma cosa, sea mueble o inmueble, y reciba el
precio de la primera, de la segunda enajenación o de ambas, o parte de aquél, o
cualquier otro lucro, con perjuicio del primero o segundo comprador o de ambos;
IV. Se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier establecimiento
comercial y no pague el importe debido;
V. Teniendo el carácter de fabricante, comerciante, empresario, contratista o
constructor de una obra, suministre o emplee en ésta materiales o realice
construcciones de calidad o cantidad inferior a las estipuladas, si ha recibido el
precio convenido o parte de éste o no realice las obras que amparen la cantidad
pagada;
VI. Provoque deliberadamente cualquier acontecimiento, haciéndolo parecer como
caso fortuito o fuerza mayor, para liberarse de obligaciones o cobrar fianzas o
seguros;
VII. Venda o traspase una negociación sin autorización de los acreedores de ésta o
sin que el nuevo adquiriente se comprometa a responder de los créditos, siempre
que éstos resulten insolutos;
VIII. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un
trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las que legalmente le
corresponden o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier clase,
que amparen una suma de dinero superior a la que efectivamente le entrega;
IX. Con el fin de procurarse ilícitamente una cosa, u obtener un lucro indebido, libre
un cheque contra una cuenta bancaria que sea rechazado por la institución por no
tener el librador cuenta en la institución o por carecer éste de fondos suficientes
para su pago de conformidad con la legislación aplicable;
X. Con la finalidad de obtener algún beneficio para sí o para un tercero, acceda por
cualquier medio, entre o se introduzca a los sistemas o programas informáticos del
sistema financiero e indebidamente realice operaciones, transferencias o
movimientos de dinero o valores, independientemente de que los recursos no
salgan de la institución;
XI. Fraccione o transfiera por sí o por interpósita persona, la propiedad o la posesión
sobre un terreno urbano o rústico, sin previo permiso de las autoridades
competentes o sin haber satisfecho los requisitos establecidos en las leyes de la
materia para su autorización, siempre que se haya recibido el precio pactado o
parte de él;
XII. Reciba o participe en la recaudación de cuotas o rentas en efectivo o en especie,
a título de gestión, administración, representación o derecho de permanencia en el
inmueble al que se refiere la fracción anterior, de las personas o familias que
conforman el asentamiento humano irregular;
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XIII. Compre una cosa mueble, ofreciendo pagar su precio de contado, si el
comprador se rehúsa a hacer el pago después de recibida o devolverla, siempre que
el vendedor se lo requiera dentro de los quince días;
XIV. Venda una cosa mueble recibiendo su precio o parte de él, si el vendedor no
entrega la cosa ni devuelve el precio, cuando el comprador se lo exija dentro del
plazo de quince días de realizada la operación;
XV. Aprovecharse de la necesidad apremiante, la ignorancia o la inexperiencia de
una persona, obteniendo ventajas usurarias por medio de contratos, convenios o
documentos, en los que se estipulen intereses o réditos superiores a la tasa
promedio porcentual bancaria; alterar las fechas de suscripción de dichos
documentos, o no registrar ni entregar recibos de pagos parciales, pretendiendo
posteriormente su cobro;
XVI. Alterar por cualquier medio los medidores destinados a marcar el consumo de
gases o fluidos;
XVII. Explotar las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de la población,
por medio de supuestas evocaciones de espíritu, adivinaciones o curaciones
milagrosas u otros procedimientos carentes de validez técnica o científica,
obteniendo un lucro;
XVIII. Emplear en la elaboración de mercancías que se vendan al público, productos,
materiales o substancias en menor calidad o cantidad que las anunciadas en las
envolturas o envases;
XIX. Promover sorteos, rifas, loterías, préstamos entre grupos o cualquier otro juego
o negocio que requiera de aportaciones o pagos, quedándose en todo o en parte
con las sumas recibidas, sin entregar la mercancía, cantidad u objeto ofrecidos;
XX. Enajenar o grabar el fiador sus bienes raíces, si de la operación resulta su
insolvencia;
XXI. Ocultar bienes o simular embargos, gravámenes o deudas, las personas sujetas
al procedimiento de quiebra;
Fracción reformada BOGE 30-11-2017
XXII. Colocarse en estado de insolvencia para eludir obligaciones; o
Fracción reformada BOGE 30-11-2017
XXIII. La persona física o jurídica que enajenen bienes inmuebles pertenecientes a
un conjunto habitacional, fraccionamiento o condominios cuya construcción se llevó
a cabo en predios ubicados en zonas o áreas consideradas no urbanizables o de
riesgo grave o de alto riesgo en los planes o programas estatales y municipales de
desarrollo urbano o en los atlas de riesgos nacional, estatal o municipal expedidos
por las autoridades competentes, ocultando al comprador esta condición o habiendo
obtenido las licencias correspondientes oculten al comprador que no eran mitigables
o que no se realizaron las obras de mitigación en términos de la legislación en la
materia.
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Fracción adicionada BOGE 30-11-2017
Artículo 242. Fraude equiparado. A quien valiéndose del cargo que ocupe en el
gobierno del Estado, Ayuntamiento, en cualquier fuente de trabajo o en cualquier
agrupación sindical o con la ayuda de algún funcionario o dirigente, obtenga dinero,
valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio, a cambio de prometer o
proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento de salario en los mismos o alguna
prestación a la que tenga derecho el trabajador, se le impondrán de dos a siete años
de prisión y multa de quinientos a dos mil quinientos días.
Artículo 243. Requisito de procedibilidad. El delito de fraude se perseguirá a
petición de parte ofendida, a excepción de los fraudes específicos previstos en las
fracciones XI, XII y XVI del artículo 241 y del previsto en el artículo 242 de este
Código.
CAPÍTULO V
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA
Artículo 244. Administración fraudulenta. A quien por cualquier motivo,
teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos y con ánimo de
lucro, perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los
contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los
reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a
sabiendas, realice operaciones que perjudiquen el patrimonio del titular en beneficio
propio o de un tercero, se le impondrá la pena de dos a ocho años de prisión y multa
de hasta cien días.
El juez atendiendo a la gravedad y al número de conductas ilícitas que integren el
delito, podrá condenar al responsable a la pérdida o suspensión hasta por cinco
años, del derecho a fungir como administrador, gerente o contador de empresas.
Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida.
CAPÍTULO VI
EXTORSIÓN
Artículo 245. Extorsión. Comete el delito de extorsión y se le aplicará de cinco a
quince años de prisión y multa hasta quinientos días, el que sin derecho y mediante
violencia física o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer o tolerar algo,
con la finalidad de obtener un lucro, para sí o para otro, o causar un perjuicio
patrimonial.
Artículo 246. Agravantes. Las penas previstas en el artículo anterior se agravarán
conforme a las siguientes disposiciones:
I. Hasta en una tercera parte cuando la víctima sea una persona menor de
dieciocho o mayor de sesenta años de edad o cuando no tenga la capacidad para
comprender el significado del hecho; o
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II. Hasta en una mitad cuando el delito se realice por un servidor público o
miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. En
este caso, además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión pública
y se le inhabilitará hasta por ocho años para desempeñarlo nuevamente y se le
suspenderá hasta por ocho años el derecho para ejercer actividades en
corporaciones de seguridad privada; y
III. Además de las penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán de dos a
cuatro años de prisión cuando en la comisión del delito intervengan una o más
personas armadas o con la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la
apariencia, forma o configuración de armas de fuego o de pistolas de municiones o
aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.
CAPÍTULO VII
DESPOJO
Artículo 247. Despojo. Se impondrán de cuatro a siete años de prisión y de cien a
seiscientos días multa, a quien:
Artículo reformado BOGE 20-05-2016
I. De propia autoridad, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de éste o de un
derecho real que no le pertenezca;
II. De propia autoridad ocupe un inmueble de su propiedad en los casos en que la
ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio
que lesionen derechos legítimos del ocupante; o
III. En los términos de las fracciones anteriores, desvié o derive en su provecho
aguas ajenas o ejerza actos de dominio respecto de aguas propias, lesionando
derechos de otros.
Artículo 248. Agravantes. Las penas contempladas en este capítulo se agravarán
en una mitad, cuando el despojo en cualquiera de sus modalidades, se cometa:
I. Por medio de violencia física o moral;
II. Sobre terrenos ejidales o destinados a la ganadería o a la agricultura;
III. Sobre instalaciones de una institución pública; o
IV. Sea llevada a cabo por un servidor público en ejercicio de sus funciones.
Artículo 249. Despojo en la modalidad de invasión. Se aplicará pena de prisión
de cuatro a ocho años y multa de mil a mil quinientos días, cuando el despojo se
realice por grupo o grupos que en conjunto sean mayores de cinco personas.
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A los autores intelectuales o los que induzcan, instiguen, financien, dirijan,
encabecen o propicien la acción de despojo en la modalidad de invasión, se le
impondrán de seis a diez años de pena de prisión y multa de mil a mil quinientos
días.
Las sanciones previstas en el párrafo segundo del presente artículo se
incrementaran, hasta en una mitad, cuando la acción de despojo en la modalidad de
invasión se lleve a cabo en predios ubicados en zonas o áreas consideradas no
urbanizables o de riesgo grave o de alto riesgo en los planes o programas estatales
y municipales de desarrollo urbano o en los atlas de riesgos nacional, estatal o
municipal expedidos por las autoridades competentes.
Párrafo adicionado BOGE 30-11-2017
Las sanciones previstas en este artículo se observarán con independencia de la
aplicación correspondiente por las agravantes genéricas en que puedan ocurrir los
activos en la comisión de esta conducta.
Párrafo reformado (para quedar como párrafo cuarto) BOGE 30-11-2017
Las penas señaladas en los párrafos precedentes se disminuirán hasta en una mitad
cuando dentro de las cuarenta y ocho horas después de cometido este delito cesen
los actos de invasión y se produzca la desocupación voluntaria del inmueble que
hubiere sido invadido y siempre que los invasores indemnicen al ofendido por los
daños que se hubieren causado.
Párrafo reformado (para quedar como párrafo quinto) BOGE 30-11-2017
Artículo 250. Alteración de linderos y mojoneras. Se impondrá de seis meses a
dos años de prisión y multa de diez a cien días, al que altere o modifique
señalamientos, mojoneras, linderos o cualquier clase de señal destinada a fijar los
límites de predios, establecidos por autoridades competentes, lo anterior
independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro ilícito penal.
Artículo 251. Requisito de procedibilidad. Las sanciones previstas en este
capítulo se impondrán, aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté sujeto a
litigio.
Este delito se perseguirá a petición de parte ofendida, siempre y cuando no
concurran las agravantes previstas en el artículo 248, ni sea ejecutado en su
modalidad de invasión.
CAPÍTULO VIII
DAÑOS
Artículo 252. Daños. Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa
ajena, se le impondrá prisión de dos a seis años y multa de hasta cien días. La
destrucción o deterioro de cosa propia en perjuicio de terceros, se equipara al delito
de daños y se impondrá la misma pena.
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Artículo 253. Agravantes. Se impondrá prisión de dos a ocho años, cuando
dolosamente se cause daño por incendio, inundación o explosión, o si afecta a
bienes de interés colectivo o de valor científico, artístico o cultural.
Cuando el delito se cometa de forma culposa en las hipótesis previstas en este
artículo, se disminuirá un tercio de la pena señalada en este artículo.
Artículo 254. Daños con motivo del tránsito vehicular. Cuando los daños se
ocasionen culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá tres
cuartas partes de la pena a que se refiere el artículo 252 de este Código, siempre
que se trate de alguno de los siguientes casos:
I. El sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de
estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares;
o
II. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga.
Artículo 255. Persecución Penal. Los daños culposos o dolosos que sólo afecten
el patrimonio de los particulares, se perseguirán a petición de parte ofendida.
Cuando el daño se cometa en bienes de dominio público, propiedad del Estado o de
los Ayuntamientos, este delito se perseguirá de oficio.
CAPÍTULO IX
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN
Artículo 256. Encubrimiento por receptación. Al que después de la ejecución
del delito y sin haber participado en él, oculte, reciba en prenda o adquiera de
cualquier manera, objetos que sean producto del delito, conociendo su origen, será
castigado con pena de uno a cinco años de prisión y multa de hasta cien días de
salario.
La misma penalidad se aplicará a los propietarios, encargados o empleados de
casas de empeño, establecimientos de compraventa de metales o piedras preciosas
o similares a éstas que compren o reciban en prenda o adquieran de cualquier
manera objetos que sean productos del delito, con conocimiento o sin la
comprobación correspondiente de su procedencia legítima. Para ello, deberá
presentar la documentación probatoria de transmisión de la propiedad o posesión
como la factura, contrato de arrendamiento o endoso. En caso de que la persona
que detente el o los bienes en las circunstancias referidas en el presente artículo, no
cuente con la documentación que acredite su legítima propiedad, deberá emitir
manifiesto donde reconoce expresamente que es legítimo e indiscutible propietario
del mismo, para lo cual deberá identificarse plenamente con documento oficial,
apoyándose en dos testigos. De lo anterior deberá obrar constancia con copia de los
documentos presentados que acrediten la legítima procedencia
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Si la receptación de objetos de procedencia ilícita constituye una actividad habitual,
entonces se impondrá un tercio más de la pena prevista en este artículo y se
procederá a la clausura del local o negociación en que se realice tal actividad.
Artículo 257. Se deroga
Artículo derogado BOGE 20-06-2019
Artículo 258. Receptación agravada de metales y similares. También se
considerará como receptación agravada y se aplicará prisión de dos a ocho años y
multa de cien a cuatrocientos días, a quien a sabiendas o sin verificar la legal
procedencia:
I. Comercialice o suministre de cualquier manera con metal o derivados de alguna
aleación metálica robados, que provengan de bienes destinados a la prestación de
un servicio público;
II. Detente, posea o custodie metal o derivados de alguna aleación metálica
robados o que, por su forma de adquisición, se advierta su origen ilegal, que
provengan de bienes destinados a la prestación de un servicio público;
III. Transporte o traslade el metal o derivados de alguna aleación metálica robados
que provengan de bienes destinados a la prestación de un servicio público; de un
lugar a otro dentro del Estado o a otra Entidad Federativa;
IV. Reciba, adquiera, comercialice, traslade u oculte mercancías robadas a
transportes de carga en tránsito; o
V. Aporte recursos económicos o proporcione medios de cualquier especie, para la
ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores.
Artículo 259. Receptación imprudente. Si el adquirente de un objeto de
procedencia ilícita desconoce su origen, pero atendiendo al precio, a las personas, al
lugar o a cualquier otra circunstancia, debió suponer este carácter, se le aplicarán
de tres días a un año de prisión o multa de cien a trescientos días.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 260. Persecución por querella en razón de la calidad del agente.
Los delitos previstos en este título se perseguirán por querella cuando sean
cometidos por un ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por
consanguinidad hasta el segundo grado, adoptante o adoptado, concubina o
concubinario, o parientes por afinidad hasta el segundo grado, excepto cuando se
hayan cometido con violencia.
Artículo 261. Atenuante especial. En los delitos patrimoniales previstos en este
título, a excepción del robo calificado como grave, del abigeato de ganado mayor,
de la extorsión, del despojo violento, despojo en la modalidad de invasión y los
daños agravados, sólo se impondrá al responsable de tres días a un año de prisión o
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multa de hasta cien días, si restituye espontáneamente el objeto del delito o su
valor, antes de que se ejercite la acción penal y sea la primera vez incurra en la
comisión de delitos de esta naturaleza. Si la restitución o el pago del objeto ocurre
durante el proceso, antes de que se dicte sentencia, la pena no excederá de la
mitad del mínimo ni del máximo previsto para el delito.
Artículo 262. Suspensión de derechos. El juzgador podrá suspender al sujeto
activo, de dos a cinco años, en el ejercicio de los derechos civiles que tenga en
relación con el ofendido. Se podrá aplicar la misma suspensión por lo que respecta a
los derechos de ser perito, depositario, interventor judicial, síndico o interventor en
concursos, arbitrador o representante de ausentes y para el ejercicio de una
profesión cuyo desempeño requiera título profesional.
TÍTULO DÉCIMO CUARTO
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 263. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. A quien por sí
o a través de otra persona, a sabiendas de su procedencia ilícita, adquiera, enajene,
administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o
transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o
representen el producto de una actividad ilícita se le impondrán de cuatro a ocho
años de prisión. Para los efectos de este artículo, será necesario que el sujeto activo
despliegue la conducta con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o
impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos,
derechos o bienes.
Artículo 264. Agravantes. Las penas previstas en el artículo anterior se agravarán
en un tercio, cuando el delito se cometa por un funcionario de institución de crédito
o servidor público. En este último caso, se impondrá la destitución e inhabilitación
para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por el doble del término de la
pena de prisión impuesta.
TÍTULO DÉCIMO QUINTO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA
CAPÍTULO I
PORTACIÓN O FABRICACIÓN
DE OBJETOS APTOS PARA AGREDIR
Artículo 265. Portación o fabricación de objetos aptos para agredir. Son
armas o instrumentos que pueden ser aptos para agredir, los que utilizados con tal
carácter, fueren peligrosos para la seguridad pública dada su gravedad dañosa,
sean de las denominadas blancas, punzantes, cortantes, punzocortantes,
contundentes, manuales o arrojadizas.
A quien sin causa justificada porte, fabrique o acopie sin autorización armas o
instrumentos que puedan ser aptos para agredir y que no tengan aplicación en
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actividades laborales o recreativas según las circunstancias de tiempo, modo y
lugar, se le impondrán multa de cien a trescientos días o de ciento cincuenta a
doscientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Se entiende por acopio la
retención de tres o más armas.
CAPÍTULO II
PANDILLA Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA
Artículo 266. Definición de pandilla. Existe pandilla cuando el delito se comete
en común por tres o más personas que se reúnen ocasional o habitualmente con esa
finalidad.
I. Punibilidad. Cuando se cometa algún delito por pandilla, se impondrá a los
sujetos activos hasta una mitad más de las penas que correspondan por el delito
cometido.
II. Agravación de la pena. Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido
servidor público de alguna corporación policíaca, se aumentará hasta en dos
terceras partes la pena que corresponda al delito cometido y se le impondrá,
además, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación de tres a ocho
años para desempeñar otro.
Artículo 267. Definición de asociación delictuosa. Existe asociación delictuosa
cuando tres o más personas formen parte de manera permanente de un grupo
dedicado a delinquir.
Al miembro de una asociación delictuosa se le impondrán de seis meses a cuatro
años de prisión con independencia del delito cometido.
TÍTULO DÉCIMO SEXTO
DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Denominación del Título reformada BOGE 17-07-2017
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 268. Definición de servidor público. Para los efectos de este Código, se
considerará como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo
o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública estatal o municipal,
centralizada, organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos,
empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, así
como quienes administren recursos económicos estatales o municipales, propios o
por destino, cualquiera que sea la forma jurídica de aplicación de dichos fondos.
Así mismo se equiparan a la calidad de servidores públicos aquellos que detenten
una patente otorgada por el Titular del Ejecutivo o autoridad competente y actúen
por delegación para ejercer una función de orden público.
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Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables al Gobernador del
Estado, a los Diputados de la Legislatura Local y a los Magistrados de los Tribunales
de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título.
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a
cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos
en este Título.
De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su
comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo
o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de
explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio público estatal por un
plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:
A. Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o
cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no
exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y
B. Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado
en el apartado anterior.
Para efectos de lo anterior, el juez o Tribunal deberá considerar, en caso de que el
responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el
artículo 269 de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que
desempeñaba cuando incurrió en el delito.
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la
sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para
participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas,
considerando, en su caso, lo siguiente:
I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;
II. Las circunstancias socioeconómicas del responsable;
III. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y
IV. El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.
Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será
una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena de hasta la
mitad de la de la pena mínima del delito del que se trate.
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 270, 280, 283, 284, 285 y 287, del
presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o
cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación por el Congreso del Estado, las penas
previstas serán aumentadas hasta en un tercio.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
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Artículo 269. Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, el
juez tomará en cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del servidor público y el grado
de responsabilidad del encargado, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes
de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los
daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de
los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de
funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a
una agravación de la pena de hasta la mitad de la de la pena mínima del delito del
que se trate.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
Artículo 269 Bis. Cuando los delitos a que se refieren los artículos 274, 281 y 284
del presente Código, sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna
corporación policiaca, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad.
Artículo adicionado BOGE 17-07-2017
CAPÍTULO II
EJERCICIO ILÍCITO Y ABANDONO DEL SERVICIO PÚBLICO
Denominación del Capítulo reformada BOGE 17-07-2017
Artículo 270. Ejercicio ilícito del servicio público. Comete el delito de ejercicio
ilícito de servicio público, el servidor público que:
I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión
legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales, así como el que lo designe sin
que satisfaga los requisitos legales.
II. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que
pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna
dependencia o entidad de la administración pública centralizada, organismos
descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y
sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de empresas productivas del
Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso del Estado o del
Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior
jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades.
III. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de
saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido.
IV. Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda
informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en
todo o en parte sobre los mismos.
V. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice
ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la
cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o
comisión;
Fracción reformada BOGE 30-11-2017
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VI. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar,
vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos,
incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los
lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se
encuentren bajo su cuidado; y
Fracción reformada BOGE 30-11-2017
VII. Por sí o por interpósita persona, autorice licencias de construcción o uso de
suelo, que permita cualquier tipo de construcción en zonas o áreas consideradas no
urbanizables o de riesgo grave o de alto riesgo en los planes o programas estatales
y municipales de desarrollo urbano o en los atlas de riesgos nacional, estatal o
municipal expedidos por las autoridades competentes, no mitigables o que siendo
mitigable no se hayan realizado previamente las obras de mitigación en términos de
la legislación en la materia.
Fracción adicionada BOGE 30-11-2017
Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y III de este
artículo, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a trescientas
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Al penalmente responsable de las fracciones II, IV, V, VI y VII se le impondrán de tres
a ocho años de prisión y multa de cien a cuatrocientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización.
Párrafo reformado BOGE 30-11-2017
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
Artículo 271. Ejercicio ilícito del servicio público equiparado. A quien
teniendo la calidad de servidor público, en ejercicio de sus funciones o con motivo
de ellas, otorgue o autorice el nombramiento de un empleo, cargo o comisión en el
servicio público, a persona que no satisfaga los requisitos legales y que por
resolución firme de autoridad competente se encuentre inhabilitada para
desempeñarlo, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de cien a
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
Artículo 272. Otorgamiento indebido de identificaciones. Se le impondrán de
dos a seis años de prisión y multa de doscientos a seiscientos días, a quien otorgue
cualquier identificación en la que se acredite como servidor público a otra persona
que no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha
identificación. Las mismas sanciones se impondrán a quien acepte la identificación.
Artículo 273. Abandono del servicio público. A quien teniendo la calidad de
servidor público y de forma injustificada, abandone su empleo, cargo o comisión, se
le impondrán de seis meses a dos años de prisión. Para los efectos de este artículo,
el abandono de funciones se consumará cuando el servidor público se separe sin dar
aviso a su superior jerárquico con la debida anticipación de acuerdo con la
normatividad aplicable, y de no existir ésta, en un plazo de tres días, contados al día
siguiente de haber presentado su renuncia.
Comete igualmente este ilícito el servidor público que teniendo conocimiento, por
razón de su empleo, cargo o comisión, de que actos de terceros pueden afectar el
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patrimonio o la función pública, no lo evite por los medios a su alcance, ni informe
por escrito a su superior jerárquico
CAPÍTULO III
ABUSO DE AUTORIDAD Y USO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA
Artículo 274. Abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. Cometen
el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública los servidores
públicos que en perjuicio de particulares, en razón de sus funciones y con los
medios o la autoridad que estas le otorguen, incurra en los siguientes abusos:
I. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de
un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza
pública o la emplee con ese objeto;
II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una
persona sin causa legítima o la vejare o la insultare;
III. Realizar, en ejercicio de sus funciones, actos que produzcan daño o alguna
ventaja indebida a los interesados en un negocio o a cualquier otra persona.
IV. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o
servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de
una solicitud;
V. Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto,
aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a
despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por la
ley;
VI. Cuando el perito, requerido legalmente por una autoridad competente para que
le preste auxilio se niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente.
VII. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la
denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también
inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones;
VIII.Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya
confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente.
IX. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución
firme de autoridad competente para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación;
X. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente
poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, y
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Al que cometa el delito de abuso de autoridad, se impondrán de dos a ocho años de
prisión y multa de cien a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
Artículo 275. Abuso de autoridad con fines de lucro. A quien teniendo la
calidad de servidor público, obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa
legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de
uno o más de sus subalternos, dádivas u otro servicio, se le impondrán de dos a
siete años de prisión y multa de trescientos a setecientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
Artículo 276. Abuso de autoridad por simulación. A quien teniendo la calidad
de servidor público, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas, otorgue
empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios
profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a
sabiendas de que no se prestará el correspondiente servicio o no se cumplirá el
contrato o cualquier acto jurídico dentro de los plazos establecidos, se le impondrán
de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos a ochocientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
Artículo 276 Bis. Administración fraudulenta. Al servidor público que por
cualquier motivo, teniendo a su cargo administración o el cuidado de bienes del
Estado o Municipios y con ánimo de lucro, perjudique al titular de éstos, alterando
las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos
inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o
empleándolos indebidamente, o a sabiendas, realice operaciones que perjudiquen el
patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrá la pena de
tres a ocho años de prisión y multa de doscientas a ochocientas veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo adicionado BOGE 17-07-2017
Artículo 277. Simulación del ejercicio del servicio público. Se le impondrán de
un año a cinco años de prisión y multa de cien a quinientas veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización y reparación del daño que consistirá en los
salarios y prestaciones recibidos, a quien reciba un salario o prestaciones como
servidor público, sin presentarse a trabajar en el lugar al que fue adscrito o sin
desempeñar el servicio público para el que fue contratado.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
Artículo 278. Abuso de autoridad equiparado. Se impondrán las mismas penas
señaladas en el artículo anterior, a quien acepte algún contrato de prestación de
servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, remunerados,
cuyas obligaciones no va a cumplir, dentro de los plazos estipulados.
CAPÍTULO IV
COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
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Artículo 279. Coalición de servidores públicos. Cometen el delito de coalición
de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar
medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general,
impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o
suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. No cometen este
delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos
constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga.
Al que cometa el delito al que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis
meses a doce años de prisión y de 30 a 400 veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
CAPÍTULO V
USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES
Denominación del Capítulo reformada BOGE 17-07-2017
Artículo 280. Uso ilícito de atribuciones y facultades. Comete el delito de uso
ilícito de atribuciones y facultades:
I. El servidor público que ilícitamente:
a) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado;
b) Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido
económico;
c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad
social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes
y servicios producidos o prestados en la Administración Pública;
d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos,
enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos;
e) Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos;
y
Produzca algún beneficio económico al propio servidor público, o para cualquiera de
sus parientes en los grados previstos por el Código Civil para el Estado o para
cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia
administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen parte.
II. Servidor público que, valiéndose de la información que posea por razón de su
empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del
conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones o
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enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto jurídico, que le produzca algún
beneficio económico indebido al propio servidor público, o a alguna de las personas
mencionadas en la fracción anterior.
III. El servidor público que, a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del
patrimonio o del servicio público o de otra persona:
a) Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hace referencia
la fracción I, existiendo todos los requisitos establecidos en la normatividad
aplicable para su otorgamiento, o
b) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de
los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido
de cumplir con dicha obligación.
IV. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la
contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción I de
este artículo, o sea parte en las mismas, y
V. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una
aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.
Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a sabiendas
de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o el servicio público o de otra
persona participe, solicite o promueva la perpetración de cualquiera de los delitos
previstos en este artículo.
Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de dos
a diez años de prisión y de treinta a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
CAPÍTULO VI
INTIMIDACIÓN
Artículo 281. Intimidación. Comete el delito de intimidación:
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia
física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un
tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta
comisión de una conducta sancionada por la Ley Penal o por la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y
II. El servidor público que, por sí o por interpósita persona, ejerza represalia contra
persona que hubiese formulado denuncia o querella aportando información o
pruebas sobre la probable comisión de una conducta ilícita de un servidor público o
ejerza cualquier represalia contra persona ligada por vínculo afectivo o de negocios
con el denunciante, querellante o informante.
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Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de tres a diez años de
prisión y multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
CAPÍTULO VII
NEGACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL
Artículo 282. Negación e incumplimiento de un deber legal. Se impondrá
prisión de dos a seis años a cualquier servidor público que:
I. Requerido legalmente por una autoridad para que le preste auxilio, se niegue
injustificadamente a dárselo;
II. Indebidamente niegue o retarde a los particulares la protección, auxilio o
servicio que deba otorgarles en razón de su puesto, o impida la presentación o el
curso de una solicitud;
III. Teniendo a su cargo elementos de la Fuerza Pública y habiendo sido requerido
legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue a
proporcionarlo;
IV. Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la
ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de reinserción
social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o
administrativos, que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida,
arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar
parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo
estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente;
Fracción reformada BOGE 17-07-2017
V. Procure intencionalmente la impunidad de los delitos y faltas administrativas de
que tenga conocimiento en razón de sus funciones, absteniéndose de denunciar los
hechos o entorpeciendo su averiguación;
VI. Incurra dolosamente, con motivo de sus funciones, en omisiones que produzcan
daño a una persona o una ventaja indebida a los interesados en un negocio
cualquiera; o
VII. Contribuya a poner riesgo por sí o por un tercero, la seguridad de la víctima del
delito o de violación de derechos humanos, a través de la intimidación, represalias,
amenazas directas o negligencia, cuando existan indicios de que pueda ser
nuevamente afectada en su integridad física o moral por el sujeto activo o por un
tercero.
Al sujeto activo que cometa cualquiera de las hipótesis contenidas en las fracciones
anteriores por razones de género, se le impondrán de tres a siete años de prisión.
Párrafo adicionado BOGE 11-07-2024
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Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por razones de género cuando se
dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o
tengan un impacto diferenciado en ella.
Párrafo adicionado BOGE 11-07-2024
CAPÍTULO VIII
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Artículo 283. Tráfico de influencias. Comete el delito de tráfico de influencias el
servidor público que, por sí o por interpósita persona, gestione, promueva o tramite
la resolución ilícita de un negocio público, ajeno a la responsabilidad inherente a su
empleo, cargo o comisión, obteniendo beneficios económicos para sí o para otro, se
le impondrán pena de dos a nueve años de prisión y multa de doscientos a
setecientos días.
CAPÍTULO IX
COHECHO
Artículo 284. Cohecho. Cometen el delito de cohecho:
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba
indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una
promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes
a su empleo, cargo o comisión;
II. El que prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se
mencionan en el artículo 268 de este Código, para que haga u omita un acto
relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.
III. El legislador que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco
del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o
solicite:
a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo,
para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en
especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;
b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de
determinadas personas físicas o morales; o
c) Los contratos de prestación de servicios Estatales o Municipales que conforme a
la Ley le corresponda.
IV. El Presidente Municipal, Síndico o Regidores que en el ejercicio de sus funciones
o atribuciones, exija u obtenga para sí o para un tercero, una comisión dadiva o
contraprestación en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el
ejercicio de su encargo para aprobar:
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a.- El presupuesto de egresos;
b.- La contratación de empréstitos;
c.- La desafectación de bienes inmuebles; y
d.- La celebración de convenios, contratos o concesiones en términos de la Ley,
obras o la prestación de servicios públicos.
V. Los Titulares de las Secretarías y Dependencias del Gobierno del Estado o
cualquier servidor público que corresponda a éste; o el titular de un organismo
público descentralizado que en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, exija u
obtenga para sí o para un tercero, una comisión dadiva o contraprestación en dinero
o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo para
aprobar:
a.- La Adjudicación de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas
físicas o morales;
b.- Adjudicación de una licitación pública, de compras o de servicios;
c.- Hacer un gasto que no esté previsto en el presupuesto;
d.- Firmar los convenios de colaboración que se efectúen relacionados con su área,
con las secretarías de la administración pública federal o diversas entidades
públicas o privadas;
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del
equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se
impondrán de uno a tres años de prisión y multa de doscientos a setecientas veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes, promesa o prestación
exceda de quinientas hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a seis
años de prisión y de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes, promesa o prestación
exceda de diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en
el momento de cometerse el delito, se impondrán de cuatro a diez años de prisión y
de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o
dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
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CAPÍTULO X
PECULADO
Artículo 285. Peculado. Comete el delito de peculado:
I. Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto
dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un
particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en
depósito, en posesión o por otra causa;
II. El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de
los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades
con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su
superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;
III. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones
a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de
los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de
atribuciones y facultades, y
IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando
obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos,
los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta
a la que se les destinó.
Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda
del equivalente de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de uno a
tres años, multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de
mil hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el
momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a ocho años, multa de cien a
trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de
diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento
de cometerse el delito, se impondrán de seis a quince años, multa de cien a
trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines
de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los
párrafos anteriores.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
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CAPÍTULO XI
CONCUSIÓN
Artículo 286. Concusión. Comete el delito de concusión: el servidor público que
con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito,
salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o
cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada
por la Ley.
Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones:
I. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del
equivalente de quinientas veces valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de uno a
tres años de prisión, multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización.
II. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas
hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el
momento de cometerse el delito, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y
multa de ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.
III. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de diez mil
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de
cometerse el delito, se impondrán de seis años a doce años de prisión y multa de
ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Artículo reformado BOGE 17-07-2017
CAPÍTULO XII
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Artículo 287. Enriquecimiento ilícito. Comete el delito de enriquecimiento ilícito
el servidor público que, durante su encargo o al concluir éste, no acredite la legítima
procedencia del aumento desproporcionado de su patrimonio o de aquellos bienes
respecto de los cuales se conduzca como dueño, aunque estén inscritos a nombre
de otro, tomando en cuenta las percepciones que legalmente obtuvo y sus
declaraciones patrimoniales.
Artículo 288. Punibilidad. Al autor de este delito se le impondrá de dos a nueve
años de prisión y el decomiso, en favor del Estado, de los bienes cuya legítima
procedencia no pueda acreditar.
Artículo reformado BOGE 20-11-2023
CAPÍTULO XIII
TORTURA
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Artículo 289. Tortura. Se impondrán de tres a doce años de prisión y multa de
doscientos a quinientos días e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión públicos, hasta por dos tantos del lapso de la pena de prisión
impuesta, al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo
de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con el fin
de:
I. Obtener de ella, o de un tercero, una confesión o cualquier otra clase de
información;
II. Lesionarla por un acto cometido o que se tenga sospecha que cometió;
III. Intimidar o como medida preventiva; o
IV. Coaccionar de cualquier forma su voluntad para que realice o deje de realizar
una conducta determinada.
Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus
atribuciones o con motivo de ellas, induzca, ordene o autorice a otro servidor
público, o a un particular, a realizar cualquiera de las conductas anteriores, o no
impida su comisión.
La misma pena de prisión se le impondrá al particular que participe como inductor o
como cómplice, o intervenga de cualquier forma en la tortura llevada a cabo por
algún servidor público.
El encubrimiento del delito de tortura se castigará con la misma pena señalada para
este.
Se equipara a la tortura y se sancionará con las penas previstas en el artículo
anterior, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no
cause dolor físico o angustia.
Artículo 290. Agravantes. Las sanciones previstas en el artículo anterior se
aumentarán en una mitad cuando:
I. Recaiga sobre víctimas de delitos de trata de personas;
II. Se realicen sobre la víctima delitos contra la libertad sexual o se atente contra
su dignidad;
III. Sea llevado a cabo sobre la víctima, derivado de su preferencia sexual;
IV. Se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra grupos
de población y con conocimiento de dicho ataque;
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V. Se cometa sobre persona desplazada o inmigrante; o
VI. Se cometa sobre personas pertenecientes grupos vulnerables;
CAPÍTULO XIV
FALSEDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 291. Falsedad de servidores públicos. Se impondrá de dos a seis años
de prisión y multa de trescientos a quinientos días, al servidor público que, en
ejercicio de su empleo, cargo o comisión, expida una certificación de hechos que no
sean ciertos, o dé fe de lo que no conste en autos, registros, protocolos o
documentos.
Se considerará como delito de falsedad y será sancionado con la misma pena, el
hecho de que el servidor público, por engaño, hiciere que alguien firme un
documento que no habría firmado sabiendo su contenido.
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO
COMETIDOS POR PARTICULARES
CAPÍTULO I
PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS, COHECHO
DE PARTICULARES Y DISTRACCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
Artículo 292. Promoción de conductas ilícitas. El particular que promueva,
participe o se beneficie de cualquier conducta ilícita cometido por servidores
públicos, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cien a
quinientos días.
Artículo 293. Cohecho de particulares. A quien de manera espontánea le
ofrezca dinero o cualquier otra dádiva u otorgue promesa a un servidor público o a
interpósita persona, para que dicho servidor haga u omita un acto relacionado con
sus funciones, se le aplicará de uno a seis años de prisión y multa de cincuenta a
doscientos días.
Artículo 294. Peculado impropio. A la persona que estando obligada legalmente
a la custodia, depósito, administración de bienes muebles o inmuebles
pertenecientes al erario público, o aplicación de recursos públicos, los distraiga de
su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les
destinó, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa de cien a quinientos
días.
Artículo 295. Enriquecimiento ilícito por simulación. A quien haga figurar
como suyos, bienes que un servidor público adquiera o haya adquirido en
contravención de lo dispuesto en la legislación sobre responsabilidades de los
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servidores públicos, se le impondrán las mismas penas señaladas para el delito de
enriquecimiento ilícito.
CAPÍTULO II
DESOBEDIENCIA, RESISTENCIA Y USURPACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO POR PARTICULARES
Artículo 296. Desobediencia de particulares. A quien rehusare prestar un
servicio de interés público al que la ley le obligue o desobedeciere un mandato
legítimo de la autoridad, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y
trescientas jornadas a favor de la comunidad o multa de cincuenta a trescientos
días.
Al que debiendo ser examinado en juicio como testigo o perito y sin que le
aprovechen las excepciones establecidas en la ley, se niegue a declarar o rendir
protesta, se le aplicarán de un año a cuatro de prisión y multa de cien a
cuatrocientos días.
Cuando la ley autorice el empleo de medios de apremio para hacer efectivas las
determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito cuando, después de
haberse hecho efectivo el medio de apremio impuesto por la autoridad, subsista la
desobediencia.
Artículo 297. Resistencia de particulares. A quien por medio de la violencia
física o moral, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de
sus funciones en forma legal o resista el cumplimiento de un mandato de autoridad
competente ejecutado en forma legal, se le impondrán de seis meses a dos años de
prisión.
Cuando la desobediencia o resistencia sea a un mandato judicial o cumplimiento de
una sentencia, la pena será de dos a cinco años de prisión y multa de cien a
trescientos días.
Artículo 298. Oposición a que se realice alguna obra. Al que procure con actos
materiales impedir la ejecución de una obra pública, ordenada por autoridad
competente, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión o hasta cien
jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Cuando se cometa por varias
personas, de común acuerdo, se use violencia en las personas o en las cosas, la
pena será de un año a tres años de prisión y multa de hasta cien días, si sólo
hubiese oposición material, independientemente de cualquier otro delito cometido.
Artículo 299. Usurpación de funciones públicas. Al que se atribuyere y
ejerciere funciones públicas que no le hubieren sido conferidas legalmente, se le
impondrán de dos a siete años de prisión y multa hasta por doscientos días, con
total independencia de los delitos que hubiese cometido a través de la usurpación, a
menos de que se trate del delito de fraude y éste hubiese sido el medio para
producir el engaño.
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Artículo 300. Uso indebido de credenciales, condecoraciones y uniformes.
Se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa hasta por cien días, al que
usare uniforme, insignia, distintivo, credencial o condecoración oficial a que no
tenga derecho.
CAPÍTULO III
QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS
Artículo 301. Quebrantamiento de sellos. A quien quebrante los sellos puestos
por orden de la autoridad competente, se le impondrán de seis meses a tres años de
prisión o multa de cien a quinientos días.
Artículo 302. Quebrantamiento de sellos equiparado. A quien siendo titular,
propietario o responsable de una construcción de obra, anuncio o establecimiento
mercantil, en estado de clausura, que explote comercialmente, realice o promueva
actos de comercio, construcción o prestación de un servicio, aun cuando los sellos
permanezcan sin alteración alguna, se le sancionará con la misma pena establecida
en el artículo anterior.
A quien siendo titular o propietario de una casa habitación en construcción, que
quebrante los sellos de clausura, se le aplicarán de seis meses a dos años de prisión
o cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad.
CAPÍTULO IV
ULTRAJES A LA AUTORIDAD
Artículo 303. Ultrajes a la autoridad. A quien ultraje o ejerciere violencia a una
autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas, se le impondrán de
seis meses a dos años de prisión y multa hasta por cincuenta días,
independientemente de la sanción que le corresponda si cometiere otro delito.
Los ultrajes hechos a la Legislatura, a un tribunal o a cualquier institución pública, se
sancionarán con prisión de uno a tres años y multa hasta por cien días.
CAPÍTULO V
EJERCICIO ILEGAL DEL PROPIO DERECHO
Artículo 304. Ejercicio ilegal del propio derecho. A quien para hacer efectivo
un derecho ejerza violencia de cualquier tipo que requiera declaración previa de
autoridad competente, se le impondrán de cien a trescientas jornadas de trabajo a
favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días, independientemente
de las sanciones que le correspondan si cometiere otro delito.
En estos casos sólo se procederá por querella de la parte ofendida.
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO
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DELITOS CONTRA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
CAPÍTULO I
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 305. Negativa injustificada. El que sin causa justificada se niegue a
rendir un peritaje, realizar un acto o comparecer ante la autoridad investigadora, la
autoridad judicial o el órgano penitenciario, cuando legalmente proceda, se le
impondrá de uno a tres años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario,
después de agotar el medio de apremio que le hubiese sido impuesto.
Artículo 306. Alteración del lugar de los hechos o del hallazgo. Al servidor
público que dolosamente altere, modifique, destruya, cambie, oculte, transforme o
mueva de cualquier manera, los indicios, vestigios, objetos, huellas, rastros,
señales, fragmentos, instrumentos o cadáveres, producto de la comisión de un
delito, que se encuentren en el lugar en que éste se hubiese perpetrado, o en el que
se hubiese llevado a cabo su hallazgo, se le impondrá de dos a seis años de prisión,
multa hasta de doscientos días de salario y destitución e inhabilitación hasta por
cinco años.
Las mismas penas se le impondrán al servidor público que en el ejercicio de sus
funciones, en el lugar de los hechos o del hallazgo, siembren, incorporen o coloquen
indicios, vestigios, objetos, huellas, rastros, señales, fragmentos, instrumentos o
cadáveres, para simular un medio probatorio.
Cuando la alteración se produzca en forma culposa, la pena será de seis meses a
dos años de prisión y multa de hasta cincuenta días de salario.
Artículo 307. Alteración y contaminación de la cadena de custodia. Se le
impondrá de dos a seis años de prisión, multa hasta de doscientos días de salario y
destitución e inhabilitación hasta por cinco años, al servidor público que en
cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, tenga contacto
con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho
delictivo, cuando:
I. No aplique sobre los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o
productos del hecho delictivo la cadena de custodia;
II. No utilice las técnicas adecuadas de identificación y fijación de los indicios,
vestigios, evidencias, encontrados en el lugar de los hechos delictivo, o de su
hallazgo;
III. Altere los formatos de registro, embalajes o etiquetas relativas a la cadena de
custodia;
IV. No aplicar, dolosamente los exámenes correctos o idóneos a los indicios,
vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo; o
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V. Altere, sustraiga o destruya la evidencia dentro de la bodega del resguardo de
evidencia.
Artículo 308. Denegación de la justicia. A los servidores públicos encargados de
procurar o administrar justicia o ejecutar penas, se impondrán de dos a ocho años
de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, cuando:
I. Dolosamente emita u omita ilícitamente una resolución, violando algún precepto
de la ley o contradiciendo las constancias procesales; o
II. No cumpla las órdenes o mandatos legítimos del superior jerárquico o de
cualquier otro servidor público al que estén obligados a obedecer, después de
agotar las medidas administrativas tendientes a procurar su cumplimiento.
Artículo 309. Prevaricación. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa
de cien a doscientos cincuenta días, a los servidores públicos encargados de
procurar o administrar justicia o ejecutar penas, cuando:
I. Desempeñe otro empleo, puesto o cargo que la ley les prohíba;
II. Conozca de un negocio para el cual tenga impedimento legal;
III. Litigue por sí o por interpósita persona cuando la ley se lo prohíba o dirija o
aconseje a las personas que litiguen ante él;
IV. Actuar parcialmente en favor o en contra de alguna de las partes;
V. Remate a su favor, por si o por interpósita persona, algún bien objeto de remate
en cuyo juicio hubiere intervenido;
VI. Admita o nombre a un depositario o entregue a éste los bienes secuestrados sin
el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes;
VII. Induzca a error al demandado, con relación a la providencia de embargo
decretada en su contra; o
VIII. Nombre síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona que sea
deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido, o a persona que tenga con el
funcionario relación de parentesco, estrecha amistad o esté ligada con él por
negocios de interés común.
La misma sanción se impondrá a quien, como intermediario de un servidor público,
remate algún bien objeto del remate en cuyo juicio haya intervenido aquél.
Artículo 310. Denegación de la justicia por equiparación. Se impondrán de
uno a cinco años de prisión y multa de cien a doscientos días, a los servidores
públicos encargados de procurar o administrar justicia o ejecutar penas, cuando:
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I. Se abstenga, sin tener impedimento legal, de conocer un asunto que le
corresponda por razón de su cargo o comisión;
II. Retarde o entorpezca indebidamente la procuración o administración de justicia;
o
III. Se niegue, injustificadamente, a despachar, dentro del plazo legal, un asunto
pendiente sujeto a su responsabilidad.
Artículo 310 BIS. Las penas contempladas en este capítulo se agravarán hasta en
una mitad cuando se cometa por razones de género.
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por razones de género cuando se
dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o
tengan un impacto diferenciado en ella.
Artículo adicionado BOGE 11-07-2024
CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA LA PROCURACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 311. Delitos contra la procuración y administración de justicia. Se
impondrán de tres a siete años de prisión y multa de doscientos a quinientos días, a
los servidores públicos encargados de procurar o administrar justicia o ejecutar
penas, en ejercicio de las funciones propias de su encargo, cuando:
I. Desempeñe otro empleo, puesto o cargo que la ley le prohíba;
II. Detenga a una persona fuera de los casos previstos por la ley, o la retenga por
más tiempo del previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
o la retenga sin que existan los requisitos de procedibilidad dentro de los plazos
legales;
III. Detenga a una persona o le sea puesta a su disposición, y no lleve a cabo el
registro de la detención, o no lo realice de manera inmediata;
IV. Exponga a los medios de comunicación al imputado en los casos en que se lleve
a cabo su detención;
V. Ocultar o negar la información de la persona detenida a sus familiares o a sus
abogados;
VI. Obligue al imputado a deponer en su contra o, al testigo, a declarar falsamente;
VII. Ejecute una aprehensión sin poner inmediatamente a la persona aprehendida a
disposición del Juez competente;
VIII. No otorgue la libertad provisional bajo caución si ésta procede conforme a la
ley, o la otorgue cuando ésta no proceda conforme al ordenamiento jurídico;
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IX. Fije garantías económicas notoriamente injustificadas, excesivas y
desproporcionales con el ánimo de que la persona no obtenga su libertad;
X. Se abstenga de iniciar la investigación correspondiente, cuando sea puesto a su
disposición una persona por un delito doloso que sea perseguible de oficio;
XI. Ordene o practique cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados
por la ley;
XII. Fabrique, altere o simule elementos de prueba para incriminar o exculpar a una
persona;
XIII. Ordene la aprehensión de una persona por delito que no amerite pena privativa
de libertad, no preceda denuncia o querella, o esté sujeto a medida cautelar;
XIV. Prolongue injustificadamente la prisión preventiva, sin sentencia definitiva, por
más tiempo del que como máximo fija la Constitución;
XV. Demore injustificadamente el cumplimiento de la resolución judicial en la que
se ordena poner en libertad a una persona detenida;
XVI. Permita, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de personas
detenidas a disposición del Ministerio Público o del Juez;
XVII. No emita el auto de vinculación a proceso o el de libertad dentro del término
legal, cuando el imputado esté sujeto a prisión preventiva por medida a cautelar
anticipada;
XVIII. Dilate el otorgamiento de providencias precautorias, medidas cautelares o
medidas de protección;
XIX. Impida el ejercicio de la defensa o de la asesoría de la víctima sin causa
justificada;
XX. Trate asuntos relativos a un proceso penal, con una sola de las partes, en los
casos no autorizados por la ley;
XXI. Abandone, el defensor público, la dirección, patrocinio o defensa de un asunto
que le haya sido encomendado, o no aportar las pruebas o argumentos o no
interponga los recursos que legalmente correspondan para la adecuada defensa del
imputado; o
XXII. Realice una acusación que no corresponda con el caudal probatorio que se
encuentra en la carpeta de investigación, o realice alegatos de clausura
notoriamente contrarios a lo planteado durante el desarrollo del juicio oral.
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Al sujeto activo que cometa cualquiera de las hipótesis contenidas en las fracciones
anteriores por razones de género, se les impondrá de cuatro a ocho años de prisión
y multa de doscientos a quinientos días.
Párrafo adicionado BOGE 11-07-2024
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por razones de género cuando se
dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o
tengan un impacto diferenciado en ella.
Párrafo adicionado BOGE 11-07-2024
Artículo 312. Delito contra la procuración o impartición de justicia
agravado. A quien teniendo la calidad de servidor público que durante el desarrollo
del proceso utilice la violencia contra una persona para evitar que ésta o un tercero
aporten pruebas relativas a la comisión de un delito, se le impondrán de cuatro a
nueve años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.
CAPÍTULO III
OMISIÓN DE INFORME MÉDICO
Artículo 313. Omisión de informe médico. Se impondrán de uno a cuatro años
de prisión, a quien teniendo la calidad de médico y habiendo prestado atención
médica a un lesionado, no comunique de inmediato a la autoridad correspondiente:
I. La identidad del lesionado;
II. El lugar, estado y circunstancias en las que lo halló;
III. La naturaleza de las lesiones que presenta y sus probables causas;
IV. La atención médica que le proporcionó; o
V. En su caso el lugar donde esté siendo atendido o hubiese sido trasladado para
su atención médica.
Artículo 314. Omisión de informe médico equiparado. Se impondrá la sanción
establecida en el artículo anterior, al médico que habiendo otorgado responsiva de
la atención de un lesionado, no proporcione a la autoridad correspondiente:
I. El cambio del lugar en el que se atiende a la persona lesionada;
II. El informe acerca de la agravación que hubiere sobrevenido y sus causas;
III. La historia clínica respectiva;
IV. El certificado definitivo con la indicación del tiempo que tardó la curación o de
las consecuencias que dejó la lesión; o
V. En su caso, el certificado de defunción.
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CAPÍTULO IV
DELITOS CONTRA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO
DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO
Artículo 315. Delito contra el debido funcionamiento de los centros de
internamiento. Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de multa de cien a
cuatrocientos días, a quien teniendo la calidad de servidor público:
I. Exija gabelas, prestaciones indebidas o contribuciones de cualquier especie a los
encargados o empleados de lugares de reclusión o internamiento, a los internos o a
sus familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente
brinde el Estado o para otorgarles cualquier condición de privilegio;
II. Teniendo un empleo, cargo o comisión en los centros de reinserción del Estado,
facilite o fomente en los centros de reinserción social o penitenciarías, la
introducción, uso, consumo, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, así como
de teléfonos celulares, radiolocalizadores o cualquier otro instrumento de
comunicación radial o satelital para uso de los internos, armas blancas o cualquier
otro instrumento que sirva para ocasionar lesiones;
III. Otorgue, indebidamente, privilegios a uno o más internos; o
IV. Permita ilegalmente la salida temporal de personas privadas de su libertad.
CAPÍTULO V
EVASIÓN DE PRESOS
Artículo 316. Evasión de preso. A quien indebidamente ponga en libertad o
favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente privada de
aquélla, se le impondrá de dos a siete años de prisión y multa de cien a trescientos
días.
Artículo 317. Evasión de presos. A quien favorezca al mismo tiempo, o en un
sólo hecho, la evasión de dos o más personas privadas legalmente de su libertad, se
le impondrán de tres a diez años de prisión y multa de cien a trescientos cincuenta
días.
Artículo 318. Agravantes. Las sanciones previstas en los artículos anteriores se
aumentarán hasta en una mitad, cuando:
I. Para favorecer la evasión se haga uso de la violencia en las personas o de fuerza
en las cosas; o
II. El sujeto activo tenga la calidad de servidor público en funciones de custodia.
Artículo 319. Atenuantes. Las sanciones previstas en los artículos anteriores se
atenuarán conforme a las siguientes disposiciones:
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I. Si quien favorece la evasión es ascendiente, descendiente, adoptante,
adoptado, cónyuge, concubina o concubinario, hermana, hermano o pariente por
afinidad hasta el segundo grado del evadido, se impondrán de seis meses a dos
años de prisión. Si mediare violencia se impondrán de uno a cuatro años de prisión;
o
II. Si la reaprehensión de la persona evadida se logra por gestiones del responsable
de la evasión, la pena aplicable será de una cuarta parte de las sanciones
correspondientes.
Artículo 320. Excusa absolutoria y sus excepciones. A la persona evadida no
se le impondrá pena o medida de seguridad alguna, salvo que obre
concertadamente con otro u otros presos y se evada alguno de ellos o ejerza
violencia sobre una persona, en cuyo caso se le impondrán de seis meses a dos
años de prisión.
Cuando una persona que no tenga la calidad de servidor público cometa o participe
en alguno de los delitos previstos en este Capítulo, se le impondrá la mitad de la
sanción que corresponda por el hecho cometido.
Artículo 321. Consecuencia sobre la ejecución de la pena. Al interno que se
fugue durante el procedimiento o mientras esté extinguiendo la pena de prisión, no
se le contará el tiempo que dure evadido, ni se tendrá en cuenta la buena conducta
mostrada antes de la fuga, para el otorgamiento de beneficios judiciales o
penitenciarios.
TÍTULO DÉCIMO NOVENO
DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES
ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
FRAUDE PROCESAL
Artículo 322. Fraude procesal. El que a sabiendas y fundándose en testigos o
documentos falsos o sin valor, ejercite acción u oponga excepciones en contra de
cualquier persona, ante las autoridades judiciales o administrativas, se le impondrá
pena de uno a seis años de prisión y multa de cincuenta a cien días.
Igual pena se aplicará a quien simule un acto jurídico o un escrito judicial o altere
elementos de prueba y los presente en juicio.
Para proceder por este delito, es necesaria la previa calificación de estos hechos por
el juez o Tribunal que conozca del negocio. Mientras esté pendiente dicha
calificación no corre el término de prescripción.
Artículo 323. Fraude procesal equiparado. El que a sabiendas de que tiene que
cumplir con una obligación procesal, o reparar el daño, simule actos jurídicos para
quedarse en estado de insolvencia, se le impondrán las mismas penas señaladas en
el artículo anterior.
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CAPÍTULO II
VIOLACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
Capítulo derogado BOGE 30-04-2016
Artículo 324. Se deroga
Artículo derogado BOGE 30-04-2016
CAPÍTULO III
FALSEDAD ANTE AUTORIDAD
Artículo 325. Falsedad ante autoridad. Quien al declarar o proporcionar
información ante una autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas,
faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta,
se le sancionará con pena de uno a tres años de semilibertad y de cien a quinientos
días multa. Igual pena se aplicará cuando el hecho ocurra ante un notario o corredor
público.
Artículo 326. Falsedad ante autoridad específica. A quien con el propósito de
inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal o proceso
penal, declare falsamente o proporcione información falsa ante el Ministerio Público
o autoridad judicial en calidad de testigo o denunciante, será sancionado con pena
de tres a seis años de prisión y multa de cien a quinientos días.
Artículo 327. Dictaminación falsa ante autoridad. A quien emita un dictamen o
examinado en calidad de perito por la autoridad administrativa o judicial, falte
dolosamente a la verdad en su dictamen, se le impondrán de cuatro a siete años de
prisión y multa de cien a trescientos días, así como suspensión para desempeñar
profesión, oficio, empleo, cargo o comisión públicos hasta por diez años.
Artículo 328. Arrepentimiento. Si el sujeto activo se retracta espontáneamente
de sus declaraciones falsas o de su dictamen, antes de que se pronuncie resolución
en la etapa procedimental en la que se conduce con falsedad, sólo se le impondrá la
pena de multa señalada en los artículos anteriores.
Artículo 329. Testimonio falso ante autoridad. A quien aporte testigos falsos
conociendo esta circunstancia o logre que un testigo, perito, intérprete o traductor
falte a la verdad o la oculte al ser examinado por la autoridad pública en el ejercicio
de sus funciones, se le impondrán de dos meses a cinco años de prisión y multa de
doscientos a quinientos días.
La misma pena se impondrá a quien presente documentos falsos con el propósito de
obtener un beneficio en audiencia.
Artículo 330. Punibilidad accesoria. Además de las penas a que se refieren los
artículos anteriores, se suspenderá hasta por tres años en el ejercicio de su
profesión, ciencia, arte u oficio, al perito, intérprete o traductor responsable.
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Artículo 331. Uso indebido de los sistemas de emergencia y de denuncia.
Comete este delito, quien:
I. Realice o consienta que desde cualquier medio de telecomunicación bajo su
control o radio de acción se efectúen llamadas o mensajes a los centros de servicio
de respuesta a emergencias o redes similares a ésta, aludiendo un reporte para
burlarse, proferir insultos o distraer dolosamente al personal a cargo del servicio sin
que exista asunto que lo justifique; o
II. Utilice medios de comunicación, como teléfono, radio, celular, internet o
cualquier otro, para realizar denuncia o reporte de hechos falsos a sabiendas de tal
situación a los centros de servicio de respuesta de emergencia o redes similares,
informando o alertando sobre la comisión de ilícitos, desastres o cualquier otra
situación que haga necesaria la movilización y presencia de elementos de
Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Bomberos, personal médico, agentes de
corporaciones policiacas, o de las fuerzas armadas, con el propósito de engañar a
las autoridades, dificultar el ejercicio de sus funciones o causar alarma en la
población.
A los responsables de las conductas señaladas en las fracciones anteriores se les
impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de cien a quinientos días.
Cuando el reporte falso se refiera a la colocación de bombas o de cualquier
artefacto explosivo en edificios públicos, instituciones educativas o lugares de
concentración masiva, la pena que se aplicará al activo será de tres a seis años de
prisión y multa de quinientos a mil quinientos días.
Si la conducta del infractor provoca un accidente en el que se causen daños o
pérdidas en contra de personas o cosas, se aplicará a su autor de uno a cuatro años
de prisión y multa de quinientos a mil días. Además de condenarse a la reparación
de los daños ocasionados y la indemnización de perjuicios.
Así mismo se deberá reparar el daño patrimonial causado a las instituciones que
acudan a los llamados falsos por el detrimento en su patrimonio que se le cause por
movilizarse a dichos falsos reportes.
El uso indebido de medios de comunicación para movilizar cuerpos de emergencia
se perseguirá de oficio, por lo que la autoridad que conozca de un reporte falso
deberá hacerlo de conocimiento inmediato del Ministerio Público quien deberá
iniciar con la investigación correspondiente.
CAPÍTULO IV
VARIACIÓN DEL NOMBRE O DOMICILIO
Artículo 332. Variación del nombre o domicilio. A quien ante una autoridad
judicial o administrativa en ejercicio de sus funciones, oculte o niegue su nombre o
apellido o domicilio o se atribuya uno distinto al verdadero, se le impondrán de
sesenta a doscientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de
cincuenta a doscientos días.
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CAPÍTULO V
SIMULACIÓN DE PRUEBAS
Artículo 333. Simulación de pruebas. A quien con el propósito de inculpar a
alguien por la comisión de un delito, simule en su contra la existencia de pruebas
materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrán de tres a cinco
años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días.
CAPÍTULO VI
DELITO CONTRA EL EJERCICIO GARANTISTA
DE LA ABOGACÍA O EL LITIGIO
Artículo 334. Delito contra el ejercicio garantista de la abogacía o el litigio.
Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión, multa de cien a quinientos días
y suspensión de dos a cinco años para ejercer la abogacía o el litigio, a quien:
I. Obtenga cualquier lucro prometiendo encargarse de la defensa, patrocinio o
representación legal de un asunto penal, civil, familiar, mercantil, administrativo o
del trabajo, si no se hace cargo del mismo;
II. Abandone una defensa o un negocio, sin motivo justificado, y en perjuicio de
quien patrocina;
III. Asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos en un
mismo negocio o negocios conexos, o acepte el patrocinio de alguno y admita
después el de la parte contraria en un mismo negocio;
IV. Pida término para probar lo que notoriamente no pueda probarse o no de
aprovechar a la parte que representa, promover artículos, incidentes, o recursos con
el fin de crear dilaciones o trámites innecesarios o alegar a sabiendas hechos falsos
o leyes derogadas o inexistentes;
V. Omita promover las pruebas y diligencias necesarias para una defensa
adecuada del imputado, cuando éste hubiese aceptado y protestado el cargo;
VI. Alegue preceptos legales, jurisprudenciales o convencionales inexistentes, en
audiencia, en ejercicio de la defensa o de la asesoría jurídica de víctima;
VII. Abandonar la defensa durante la audiencia, o no llegar a la misma, a pesar de
que se encuentre debidamente notificado, con el propósito de causar un daño; o
VIII. Como representante de la víctima o el ofendido, se concrete a aceptar el cargo
sin realizar gestiones, trámites o promociones relativas a su representación.
CAPÍTULO VII
ENCUBRIMIENTO
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Artículo 335. Encubrimiento. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión
y multa de cien a quinientos días, a quien después de la ejecución de un delito y sin
haber participado en éste, ni prometido anticipadamente su participación:
I. Ayude en cualquier forma a la persona inculpada a eludir las investigaciones de
la autoridad competente o a sustraerse de la acción de la justicia;
II. Oculte o favorezca el ocultamiento de la persona inculpada del delito, u oculte,
altere, inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos u
otras pruebas del delito;
III. Oculte o asegure para la persona inculpada, el instrumento, objeto, producto o
provecho del delito;
IV. A quien requerido por la autoridad, no proporcione la información de que
disponga para la investigación del delito, o para la aprehensión o detención de la
persona inculpada; o
V. No procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su
persona, impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están
cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará
a lo contemplado por este artículo o en otras normas aplicables.
Artículo 336. Causas de exclusión de la pena. No se impondrá pena a quienes
no puedan cumplir con el deber de denunciar o negarse a encubrir, por estar en
peligro su persona, la del cónyuge, concubina o concubino, adoptante o adoptado, o
algún pariente consanguíneo en línea ascendente o descendente o en la colateral,
hasta el segundo grado.
Están protegidos por un impedimento legítimo, los abogados, ministros de culto,
mediadores, psicólogos y psiquiatras, que no puedan ser compelidos por la
autoridad a revelar el secreto que se les hubiere confiado por causa de su
ocupación.
Gozan de una excusa absolutoria los que incurran en encubrimiento del cónyuge,
concubina o concubino, parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea
recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado.
CAPÍTULO VIII
QUEBRANTAMIENTO DE SANCIONES
Artículo 337. Quebrantamiento de sanciones. Se le impondrá prisión de dos a
cinco años y multa de cincuenta a doscientos días, a quien estando suspendido en el
ejercicio de su profesión u oficio o inhabilitado para ejercerlo, quebrante su
condena.
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La misma sanción se impondrá al que teniendo prohibido ir a lugar determinado o
residir en él, viole la prohibición o ejercite cualquier otro derecho que tenga
suspendido o que haya perdido en virtud de sentencia ejecutoriada.
A quien quebrante el confinamiento impuesto en la sentencia, se le aplicará prisión
por todo el tiempo que faltaba para extinguirla.
CAPÍTULO IX
ROBO Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
Artículo 338. Robo y destrucción de expedientes. El robo o la destrucción
dolosa de expedientes escritos, electrónicos o digitales, constancias procesales,
información contenida en dispositivos de almacenamiento electrónico y documentos
que contengan obligación, liberación o transmisión de derechos que obren en los
expedientes escritos, archivos o cajas de seguridad de las instituciones encargadas
de la procuración y administración de justicia o de la ejecución de penas y medidas
de seguridad, se castigará con pena de cuatro a diez años de prisión y multa hasta
de doscientos días.
La misma pena se aplicará a quien altere o copie indebidamente constancias,
resoluciones o informes contenidos en memorias, archivos electrónicos o digitales
pertenecientes a los órganos de procuración y administración de justicia o a las
autoridades encargadas de la ejecución de penas.
TÍTULO VIGÉSIMO
DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
CAPÍTULO I
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y TÉCNICA
Artículo 339. Reglas generales. Los profesionistas, artistas, técnicos y sus
auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su
profesión observándose además a lo siguiente:
I. Además de las penas fijadas para los delitos que resulten consumados, según
sean dolosos o imprudentes, se les impondrá de tres meses a dos años de prisión y
multa de diez a cien días, suspensión de un mes a tres años en el ejercicio de su
profesión o especialidad con cuya actividad lo hubieren ocasionado e inhabilitación;
y
II. Estarán obligados a la reparación del daño, conforme a los preceptos de este
Código, por sus propias acciones u omisiones y por las de sus ayudantes o
subordinados, cuando éstos obren con arreglo a las instrucciones de aquellos.
CAPÍTULO II
USURPACIÓN DE PROFESIÓN
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Artículo 340. Usurpación de profesión. A quien se atribuya públicamente el
carácter de profesionista sin tener título profesional o autorización para ejercer una
profesión reglamentada u ofrezca, o realice actos propios de la profesión, sin la
autorización para ejercerla en términos de la legislación aplicable, se le impondrán
de dos a cinco años de semilibertad y multa de trescientos a quinientos días.
Las mismas penas se aplicarán al que sin tener título o autorización para ejercer
alguna profesión reglamentada, con objeto de lucrar, se una a profesionistas
legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna
asociación profesional.
CAPÍTULO III
ABANDONO, NEGACIÓN Y PRÁCTICA
INDEBIDA DEL SERVICIO MÉDICO
Artículo 341. Negación del servicio médico. Se impondrán de tres a siete años
de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días y suspensión para ejercer la
profesión por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, a quien teniendo la
calidad de médico en ejercicio de su profesión:
I. Estando en presencia de un lesionado o habiendo sido requerido para atender a
éste, no lo atienda o no solicite el auxilio a la institución adecuada;
II. Se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando éste corra peligro de
muerte o de una enfermedad o daño más grave, y por las circunstancias del caso no
pueda recurrir a otro médico ni a un servicio de salud; o
III. Practique esterilización con fines de infecundidad, sin la voluntad del paciente o
ejerza presión para que éste la admita.
Las mismas penas se impondrán a los enfermeros o paramédicos que, teniendo la
capacidad técnica, omitan las obligaciones tuteladas en las fracciones primera y
segunda o no soliciten el auxilio pertinente.
Artículo 342. Abandono del servicio médico. A quien teniendo la calidad de
médico y habiéndose hecho cargo de la atención de un lesionado, deje de prestarle
tratamiento sin causa justificada, sin derivar al paciente ni dar aviso inmediato a la
autoridad competente o no cumpla con las obligaciones que le impongan las
regulaciones en la materia, se le impondrán de uno a cinco años de semilibertad y
multa de doscientos a cuatrocientos días.
Cuando derivada de la desatención en que se deje al paciente el estado de salud de
éste se agrave o se ponga en peligro su vida, se le impondrá de cuatro a siete años
de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días, y suspensión para ejercer la
profesión por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Artículo 343. Práctica indebida del servicio médico. Se impondrán de tres a
ocho años de prisión y multa de doscientos a quinientos días, a quien teniendo la
calidad de médico:
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I. Realice una operación quirúrgica innecesaria;
II. Simule la práctica de una intervención quirúrgica; o
III. Sin autorización del paciente o de quien legítimamente pueda otorgarla, salvo
en casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga
en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte la
integridad de una función vital.
CAPÍTULO IV
DELITOS COMETIDOS POR MIEMBROS
DEL SISTEMA DE SALUD Y AGENCIAS FUNERARIAS
Artículo 344. Ejercicio indebido de la responsabilidad laboral. Se impondrán
de seis meses a tres años de semilibertad, de cien a trescientos días multa y
suspensión de seis meses a cinco años para ejercer su labor, a los directores,
encargados, administradores o empleados de cualquier lugar donde se preste
atención médica, que:
I. Niegue la atención médica de urgencia por cualquier causa a persona lesionada
o que presente seriamente comprometida su salud, si por esta causa se pone en
riesgo objetivo su integridad física o su vida;
II. Impida o condicione la salida de un paciente aduciendo adeudos de cualquier
índole;
III. Impida o condicione la entrega de un recién nacido por el mismo motivo; o
IV. Retarde o nieguen la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden
de autoridad competente.
Las mismas sanciones se impondrán a los directores, encargados, administradores o
empleados de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega
del cadáver.
CAPÍTULO V
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INAPROPIADOS
Y SUMINISTRO SIMULADO DE MEDICAMENTO
Artículo 345. Suministro de medicamento inapropiado. A quien teniendo la
calidad de médico o enfermera, suministre un medicamento evidentemente
inapropiado en perjuicio de la salud del paciente, se le impondrán de cien a
trescientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad, multa de cincuenta a
trescientos días y suspensión para ejercer la profesión u oficio hasta por dos años.
Artículo 346. Suministro simulado de medicamento. A quien tenga la calidad
de encargado, empleado o dependiente de una farmacia, que al surtir una receta
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sustituya la medicina específicamente señalada por otra que ponga en peligro la
salud o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el que se prescribió, se
le impondrán de seis meses a dos años de semilibertad y multa de doscientos a
cuatrocientos días.
TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO
DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
CAPÍTULO I
ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE
Artículo 347. Regla General. Para los efectos de este Código se entienden por
vías de comunicación terrestre, los caminos y carreteras que atraviesen los límites
de uno o más municipios, así como los puentes, obras, construcciones y accesorios
de los mismos y vías públicas, los bulevares, calzadas, avenidas, calles, callejones
de una población, así como las carreteras, caminos vecinales, brechas y veredas
comprendidas en el territorio de un municipio.
Artículo 348. Ataques a las vías de comunicación. Se castigará con pena de
seis meses a tres años de prisión o multa de cincuenta a cien días:
I. Al que provoque el desplazamiento sin control de un vehículo de motor en una
vía estatal o municipal o lo abandone, de modo que pueda causar daño;
II. Al que obstaculice dolosamente una vía estatal o una vía pública; o
III. Interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación o de transporte,
obstaculizando alguna vía local de comunicación, reteniendo algún medio local de
transporte público de pasajeros, de carga o cualquier otro medio local de
comunicación.
Las mismas sanciones se impondrán al dueño y al encargado de la vigilancia y
custodia, de una o más piezas de ganado, que deambulen en cualquier vía terrestre
de comunicación. Se entiende que deambulan cuando se encuentren en las vías de
comunicación o las atraviesan sin estar vigilados por personas que las conduzcan de
acuerdo con las disposiciones legales relativas y con las debidas precauciones, de
modo que no constituyan peligro a los usuarios de las vías terrestres de
comunicación.
Estas sanciones se impondrán con independencia de las que procedan si se
ocasiona algún otro ilícito.
Artículo 349. Daño o destrucción de vías de comunicación. Se impondrá
prisión de seis meses a cinco años y multa de cincuenta a doscientos días:
I. Al que dañe o destruya cualquier vía terrestre de comunicación estatal;
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II. A quien destruya, inutilice, quite o altere dolosamente indicadores o dispositivos
para el control del tránsito en cualquier vía pública o de comunicación terrestre en
el Estado; o
III. A quien quite, corte o destruya intencionalmente las ataduras de las
embarcaciones que se encuentren atracadas.
Si a consecuencia de los delitos previstos en este artículo se causan daños a
terceros, el infractor será considerado responsable imprudencial del delito
resultante.
Artículo 350. Agravantes. Si alguno de los hechos a que se refiere este capítulo
se ejecuta por medio de violencia física o moral, la pena se aumentará hasta en una
mitad.
CAPÍTULO II
ATAQUE A LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO VEHICULAR
Artículo 351. Ataque a la seguridad del tránsito vehicular. Se impondrá de
uno a tres años de prisión o trescientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad
y multa de cincuenta a doscientos días, así como la reparación del daño a quien
dolosamente:
I. Altere o destruya las señales indicadoras de peligro; o
II. Derrame sustancias deslizantes o inflamables en la vía pública.
Si a consecuencia de las conductas previstas en este artículo se causan daños a
terceros, el infractor será considerado responsable imprudencial del delito
resultante.
Artículo 352. Conducción en estado de ebriedad. A quien en estado de
ebriedad o bajo el influjo de drogas o sustancias similares, conduzca algún vehículo
de motor, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión o multa de
cincuenta a cien días y de cincuenta a cien días de tratamiento, además de la
sanción correspondiente al delito que se hubiere cometido.
Si este delito se comete por conductores de vehículos de transporte escolar o de
servicio público de pasajeros, se duplicarán las sanciones señaladas en este artículo.
CAPÍTULO III
VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA
Artículo 353. Violación de correspondencia. A quien abra o intercepte una
comunicación escrita que no esté dirigida a su persona, se le impondrá multa de
cuarenta a noventa días.
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No se procederá contra quien, en ejercicio de la patria potestad, tutela o custodia,
abra o intercepte la comunicación escrita dirigida a la persona que se halle bajo su
patria potestad, tutela o custodia.
Este delito se perseguirá por querella.
CAPÍTULO IV
VIOLACIÓN DE COMUNICACIÓN PRIVADA
Artículo 354. Violación de comunicación privada. A quien intervenga una
comunicación privada sin mandato de la autoridad judicial competente, se le
impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de trescientos a mil días.
A quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en perjuicio de otra persona,
información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se
le impondrán de dos a seis años de prisión y de trescientos a mil doscientos días
multa.
TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
CAPÍTULO I
SIMULACIÓN MEDIANTE TÍTULOS AL PORTADOR,
DOCUMENTOS DE CRÉDITO PÚBLICO O SIMILARES
Artículo 355. Simulación de documentos. Se impondrán de tres a siete años de
prisión y multa de doscientos a setecientos días, a quien:
I. Falsifique o altere acciones, obligaciones u otros documentos de crédito público
del Gobierno del Estado, o cupones de interés o de dividendos de estos títulos; o
II. Introduzca al territorio del Estado o ponga en circulación dentro de éste,
obligaciones u otros documentos de crédito público, o cupones de interés o de
dividendos de esos títulos, falsificados o alterados.
Artículo 356. Simulación de documentos equiparado. Se impondrán de cuatro
a ocho años de prisión y multa de quinientos a tres mil días, a quien sin
consentimiento de quien esté facultado para ello:
I. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique tarjetas, títulos o
documentos utilizados para el pago de bienes y servicios o para disposición en
efectivo;
II. Adquiera, utilice, posea o detente tarjetas, títulos o documentos para el pago de
bienes y servicios, a sabiendas de que son alterados o falsificados;
III. Adquiera, utilice o posea tarjetas, títulos o documentos auténticos para el pago
de bienes y servicios, sin el consentimiento de quien esté facultado para ello;
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IV. Altere los medios de identificación electrónica de tarjetas, títulos o documentos
para el pago de bienes y servicios;
V. Acceda a los equipos electromagnéticos de las instituciones emisoras de
tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y servicios o para disposición
en efectivo;
VI. A quien utilice indebidamente información confidencial o reservada de la
institución o persona que legalmente esté facultada para emitir tarjetas, títulos o
documentos utilizados para el pago de bienes y servicios, o de los titulares de
dichos instrumentos o documentos; o
VII. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique vales utilizados para
canjear bienes y servicios.
CAPÍTULO II
FALSIFICACIÓN DE SELLOS, CONTRASEÑAS O SIMILARES
Artículo 357. Falsificación de sellos, contraseñas o similares. Se impondrán
de dos años a ocho años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días, a
quien:
I. Falsifique o altere sellos, marcas, llaves, estampillas, troqueles, cuños, matrices,
planchas, contraseñas, boletos o fichas oficiales;
II. Use los objetos falsificados o alterados señalados en la fracción anterior; o
III. Enajene los objetos a que se refieren las fracciones anteriores, conociendo su
falsedad.
La misma pena se le aplicará a los dueños de las imprentas o técnico que elaboren
documentos oficiales no teniendo facultad para hacerlo.
Se incrementará la pena hasta en una tercera parte, cuando el autor sea o haya sido
integrante de alguna institución de seguridad pública o corporación policíaca, hasta
un año después de haber concluido el empleo, cargo o comisión.
Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa de hasta cincuenta días, a
quien falsifique o altere sellos, marcas, llaves, estampillas, troqueles, cuños,
matrices, planchas, contraseñas, boletos o fichas de particulares, los enajene o haga
uso ilícito de los mismos.
CAPÍTULO III
ELABORACIÓN, ALTERACIÓN O USO INDEBIDO DE PLACAS, ENGOMADOS O
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Artículo 358. Elaboración, alteración o uso indebido de placas, engomados
o documentos de identificación de vehículos automotores. A quien elabore,
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fabrique, transforme, altere, cambie, varíe, falsifique o modifique sin permiso de la
autoridad competente una placa, el engomado, la tarjeta de circulación o cualquiera
de los demás documentos oficiales que se expiden para identificar vehículos
automotores o remolques, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de
trescientos a dos mil días multa.
Las mismas penas se impondrán a quien posea, utilice, tenga, conserve, adquiera,
compre, venda o enajene cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo
anterior, con conocimiento de que son falsificados o fueron obtenidos
indebidamente.
Si en las conductas mencionados en los dos párrafos anteriores, participa algún
servidor público o persona que presta sus servicios para el Estado por contrato,
además de las sanciones a que se refieren estos párrafos, se le aumentará la pena
de prisión hasta en una mitad más y se le inhabilitará para desempeñar cualquier
empleo, cargo o comisión públicos por el período igual a la pena de prisión
impuesta.
Artículo reformado BOGE 20-06-2019
CAPÍTULO IV
FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTO
Artículo 359. Falsificación o alteración y uso indebido de documento. Se
impondrán de uno a cinco años de prisión y multa hasta por cien días de salario a
quien, para obtener un beneficio para sí o para otro o causar un perjuicio y sin
autorización de la persona interesada:
I. Ponga una firma o rúbrica falsa en un documento, aunque sea imaginaria, o
altere una verdadera;
II. Aproveche indebidamente un documento en blanco que contenga huella digital,
firma o rúbrica de una persona;
III. Altere el contenido de un documento verdadero, después de concluido y
firmado, cambiando su sentido en forma sustancial;
IV. Varíe la fecha, el monto de los intereses o cualquier otra circunstancia relativa al
tiempo y modo de la ejecución del acto contenido en el documento;
V. Atribuya el que extiende el documento o a la persona a cuyo nombre se hace,
una investidura o calidad necesaria para la validez del acto;
VI. Redacte un documento en términos que cambien sustancialmente el acuerdo,
creando obligaciones o derechos ajenos a la voluntad del otorgante; o
VII. Engañe o sorprenda a alguien, haciendo que firme un documento privado que
no habría firmado sabiendo su contenido.
La misma sanción se impondrá al que, a sabiendas, haga uso de un documento
falso, a menos que se utilice como medio para la comisión del delito de fraude, ya
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que en este caso su utilización quedará subsumida en la forma agravada de este
último ilícito.
Artículo 360. Agravantes. Las penas previstas en el artículo anterior se
incrementarán hasta en una mitad, cuando:
I. El delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, en
cuyo caso se impondrá a éste, además, destitución e inhabilitación para ocupar otro
empleo, cargo o comisión públicos de uno a cinco años; o
II. La falsificación sirva como medio para el comercio de vehículos robados o de sus
partes o componentes.
Artículo 361. Falsificación o alteración y uso indebido de documento
equiparado. Se impondrán las penas señaladas en el artículo 357 párrafo primero,
a la persona que:
I. Siendo funcionario o empleado que por engaño o por sorpresa, hiciere que
alguien firme un documento público, que no habría firmado sabiendo su contenido;
II. Siendo notario, fedatario o cualquier otro servidor público que, en ejercicio de
sus atribuciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, dé fe de lo
que no consta en autos, registros, protocolos o documentos;
III. Para eximirse de un servicio debido legalmente o de una obligación impuesta
por la ley, exhiba una certificación de enfermedad o impedimento que no padece;
IV. Siendo médico, certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u
otro impedimento bastante para dispensarla de prestar un servicio que exige la ley,
o de cumplir una obligación que ésta impone o para adquirir algún derecho;
V. Siendo perito traductor o paleógrafo plasme hechos falsos o altere la verdad al
traducir o descifrar un documento;
VI. Siendo encargado de un servicio telefónico, radial o similar, falsifique un
despacho o mensaje; o
VII. A sabiendas de la falsificación, hiciese uso de cualquiera de los documentos a
que se refiere este artículo.
Artículo 362. Falsificación o alteración de documento o similar tecnológico.
Se impondrán las penas señaladas en el artículo 357 párrafo primero, a la persona
que para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente, produzca o edite,
por cualquier medio tecnológico, imágenes, audio, voces o textos, total o
parcialmente falsos o verdaderos.
CAPÍTULO V
USURPACIÓN DE IDENTIDAD
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Artículo 363. Usurpación de identidad. Al que por cualquier medio incluyendo
el informático, usurpe o suplante a otro con fines ilícitos, para ejercer un derecho
que legítimamente pertenezcan a otro o de apropiamiento de la identidad de otra
persona, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y multa de
quinientos a seiscientos días.
La misma pena se impondrá a quien otorgue su consentimiento para que con fines
ilícitos, otro lleve a cabo la usurpación de su identidad.
Artículo 364. Usurpación equiparada. Se equipara a la usurpación de identidad
y se impondrán las mismas penas previstas en el artículo 363, las siguientes
conductas:
I. Al que utilizando medios telemáticos o informáticos, valiéndose de alguna
manipulación informática o de intersección de datos, accese a base de datos
automatizadas no autorizadas y lleve a cabo el empleo no autorizado de datos
personales o suplante identidades y obtenga un lucro indebido para sí o para otro;
II. A quien transfiera, posea o utilice sin autorización datos de identificación de otra
persona con la intención de cometer o favorecer cualquier actividad ilícita; y
III. Al que asuma, suplante, se apropie, o utilice a través de internet o cualquier
sistema informático, o medio de comunicación la identidad de una persona física o
jurídica que no le pertenezca.
Se aumentará hasta en una mitad las penas previstas para las presentes conductas
y suspensión del derecho de ejercer la actividad profesional por un lapso igual a la
pena de prisión que corresponda cuando el sujeto activo tenga licenciatura,
ingeniería o cualquier otro grado académico en carrera afín a la informática o
telemática.
TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO I
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Artículo 365. Ocupación o invasión de área ambiental. Se impondrán de
cuatro a ocho años de prisión y multa de mil a tres mil días, a quien ilícitamente
ejecute la ocupación o invasión de:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado,
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
II. Un área verde que se encuentre en suelo urbano; o
III. Dunas o zonas prioritarias en materia ambiental de jurisdicción estatal
adyacentes a la zona federal marítimo terrestres;
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Las penas previstas en este artículo se aumentarán de uno a dos tercios cuando la
ocupación o invasión se realice con violencia, así como a quien instigue, promueva,
dirija o incite la comisión de las conductas anteriores.
Artículo 366. Cambio ilícito del uso de suelo. Se impondrán de tres a siete años
de prisión y multa de mil a tres mil días, a quien ilícitamente realice el cambio de
uso del suelo o le dé un destino diferente para el que fue autorizado en:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado,
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
II. Un área verde en suelo urbano; o
III. Dunas o zonas prioritarias en materia ambiental de jurisdicción estatal
adyacentes a la zona federal marítimo terrestres;
Artículo 367. Depósito ilícito de residuos. Se impondrán de uno a tres años de
prisión y multa de quinientos a mil días, a quien ilícitamente descargue o deposite
en cualquier estado físico, residuos utilizados en la construcción o en cualquier
proceso productivo en:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado,
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
II. Una barranca;
III. Una zona de recarga de mantos acuíferos;
IV. Un área verde en suelo urbano; o
V. Dunas o zonas prioritarias en materia ambiental de jurisdicción estatal
adyacentes a la zona federal marítimo terrestre.
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona jurídica, a ésta se
le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de
realizar determinados negocios u operaciones hasta por quince años,
independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas
físicas por el delito cometido.
Artículo 368. Extracción ilícita de materia ambiental. Se impondrán de seis
meses a cinco años de prisión y multa de quinientos a mil quinientos días, a quien
ilícitamente extraiga suelo, arena, piedra, o cubierta vegetal por un volumen igual o
mayor a dos metros cúbicos, de:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado,
de conformidad con las disposiciones jurídicas ambientales;
II. Una barranca;
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III. Un área verde en suelo urbano; o
IV. Dunas o zonas prioritarias en materia ambiental de jurisdicción estatal
adyacentes a la zona federal marítimo terrestre.
Artículo 369. Provocación de incendio. Se impondrá pena de tres meses a tres
años de prisión y multa por el equivalente de cien a mil días multa, a quien por
descuido o negligencia provoque un incendio forestal que cause un daño
generalizado.
Se considera que existe daño generalizado cuando por la superficie afectada o la
gravedad del daño, tenga como consecuencia que se requiera un tiempo de
recuperación de la flora y fauna mayor a un año, se dé una afectación grave o
pérdidas de especies de flora o fauna, o se altere el ecosistema.
Se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de mil a cinco mil días multa, a
quien dolosamente provoque un incendio que ponga en peligro:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado,
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
II. Una barranca;
III. Un área verde en suelo urbano;
IV. Dunas o zonas prioritarias en materia ambiental de jurisdicción estatal
adyacentes a la zona federal marítimo terrestre;
V. Áreas forestales de jurisdicción estatal o municipal que en superficie conjunta o
separadamente sea mayor a media hectárea; o
VI. Áreas de palmares de competencia estatal que se encuentran en los oasis,
arroyos, ríos o esteros del territorio del Estado, sin importar la superficie que
comprendan.
Las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad cuando el área
afectada sea igual o mayor a cinco hectáreas o se afecten recursos forestales
endémicos en una cantidad igual o mayor a mil metros cúbicos o se afecte fauna
endémica que haga de esas áreas su hábitat natural sin importar el número de
ejemplares o especies.
Toda persona que conozca o tenga indicios de un hecho probablemente constitutivo
del presente delito, deberá hacerlo del conocimiento inmediato del Ministerio
Público quien deberá iniciar con la investigación correspondiente.
Párrafo adicionado BOGE 16-12-2022
Artículo reformado BOGE 20-06-2019
Artículo 370. Tala ilícita. Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y
de quinientos a mil quinientos días multa, a quien ilícitamente derribe, tale u
ocasione la muerte de una especie endémica de flora o recurso forestal.
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Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las
conductas descritas en el párrafo anterior se desarrollen en un área natural
protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado, de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables.
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a ésta se le
impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar
determinados negocios u operaciones hasta por quince años, independientemente
de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito
cometido.
Artículo 371. Delito ambiental genérico. Se impondrán de dos a seis años de
prisión y multa de mil a cuatro mil días, a quien ilícitamente:
I. Emita gases o partículas sólidas o líquidas, a la atmósfera, provenientes de
fuentes fijas ubicadas en el territorio del Estado;
II. Descargue, deposite o infiltre aguas residuales, resíduos sólidos o industriales
no peligrosos, líquidos químicos o bioquímicos;
III. Descargue, deposite o infiltre resíduos sólidos, líquidos o industriales de manejo
especial;
IV. Genere emisiones de energía térmica o lumínica, olores, ruidos o vibraciones,
provenientes de fuentes fijas ubicadas en territorio del Estado; o
V. Genere, maneje o disponga ilícitamente de residuos sólidos o industriales no
peligrosos que causen daño a la salud de las personas, a un ecosistema o sus
elementos.
Artículo 372. Agravantes. Las penas previstas en el artículo 371, se aumentarán
hasta en una mitad cuando las conductas descritas se realicen en:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado;
II. Una barranca;
III. Una zona de recarga de mantos acuíferos;
IV. Un área verde en suelo urbano; o
V. Dunas o zonas prioritarias en materia ambiental de jurisdicción estatal
adyacentes a la zona federal marítima terrestres.
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte
cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a ésta se le
impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar
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determinados negocios u operaciones hasta por quince años, independientemente
de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito
cometido.
CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA EL DERECHO AL ACCESO
Y GOCE DE LOS RECURSOS NATURALES
Artículo 373. Cierre de accesos a los recursos naturales. Se impondrán de
tres a siete años de prisión o multa de mil a tres mil días, a quien ilícitamente cierre,
destruya o impida el acceso y goce de los recursos naturales de zonas prioritarias
para la conservación y áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal y
municipal.
Igual sanción se aplicará a los propietarios, concesionarios o posesionarios bajo
cualquier título jurídico de terrenos o predios colindantes con playas o zona federal
marítimo-terrestre, que cierren obstaculicen, destruyan o impidan el acceso a las
playas o zona federal marítimo-terrestre.
Igual sanción se aplicará a quien cobre o exija alguna contraprestación en dinero o
en especie por el acceso a dichos lugares.
Se consideran accesos las servidumbres de paso registradas o en proceso de
registro, así como los caminos comúnmente utilizados por la población hacia los
sitios antes descritos.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS
PREVISTOS EN EL PRESENTE TÍTULO
Artículo 374. Atenuación de la punibilidad por arrepentimiento del sujeto
activo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá reducir las penas
correspondientes para los delitos previstos en este Título hasta tres cuartas partes,
cuando el agente haya restablecido las condiciones de los elementos naturales
afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse la conducta, y
cuando ello no sea posible, ejecutando las acciones u obras que compensen los
daños ambientales que se hubiesen generado.
Artículo 375. Reparación del daño. Para los efectos del presente Título, la
reparación del daño se ordenará a petición del Ministerio Público y estará obligado a
condenar la autoridad judicial, e incluirá además:
I. La ejecución de las acciones necesarias para restaurar las condiciones de los
elementos naturales afectados, al estado en que se encontraban antes de la
realización del delito, cuando ello no sea posible, la ejecución de acciones u obras
que permitan compensar los daños ambientales que se hubiesen generado, y si
ninguna de ellas fuera posible, el pago de una indemnización que se utilizará para la
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autoridad competente en materia ambiental, en beneficio de los elementos
naturales afectados; o
II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o
actividades que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo.
Artículo 376. Trabajo a favor de la comunidad. Tratándose de los delitos
previstos en este Título, el trabajo a favor de la comunidad consistirá en actividades
relacionadas con la protección al ambiente o la restauración de los recursos
naturales.
Artículo 377. Agravación de la pena por la calidad del sujeto activo. Cuando
en la comisión de un delito previsto en este Título intervenga un servidor público en
ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas, la pena de prisión se aumentará
hasta en una mitad y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el
servicio público hasta por diez años.
TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
CAPÍTULO I
CONSPIRACIÓN
Artículo 378. Conspiración. Hay conspiración por el sólo hecho de que dos o más
personas acuerden ejecutar alguno de los delitos previstos en el presente Título. La
sanción será de uno a cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer derechos
políticos hasta por cinco años, independientemente de la sanción que corresponda
al delito o delitos cometidos.
CAPÍTULO II
REBELIÓN
Artículo 379. Rebelión. A los que no siendo militares en activo se alcen en armas,
se les impondrán de cinco a diez años de prisión e inhabilitación de derechos
políticos hasta por diez años, siempre que se propongan algunos de los siguientes
fines:
I. Abolir o reformar por medios ilícitos la Constitución Política del Estado o sus
instituciones;
II. Impedir la integración de alguno de los poderes del Estado o de algún
Ayuntamiento o coartar su libre ejercicio; o
III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los titulares de los
poderes e instituciones antes señalados.
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Artículo 380. Rebelión equiparada. Las penas señaladas en el artículo anterior
también se aplicarán al que, residiendo en territorio del Estado y bajo la protección
y garantía de éste, proporcione voluntariamente a los rebeldes, hombres, armas,
municiones, dinero, víveres o medios de transporte o impida que las fuerzas
públicas reciban esos auxilios.
Cuando en el transcurso de una rebelión se cometa cualquier delito ajeno al
combate y desvinculado de los fines previstos en el artículo anterior, se aplicarán las
reglas del concurso y se considerará como delito común.
Declaración de responsabilidad penal sin pena. No se impondrá pena alguna
por este delito a quienes depongan las armas antes de ser detenidos, sin perjuicio
de las consecuencias jurídicas aplicables por la comisión de otros delitos.
CAPÍTULO III
INJERENCIA EN LA PAZ PÚBLICA
Artículo 381. Injerencia en la paz pública. A quien mediante la utilización de
sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en
contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o
menoscaben la autoridad de las instituciones del Estado, o presionen a la autoridad
para que tome una determinación, se le impondrán de seis años a quince años de
prisión y suspensión de derechos políticos hasta por veinte años.
CAPÍTULO IV
SABOTAJE
Artículo 382. Sabotaje. Se impondrán de cinco a doce años de prisión y
suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a quien con el fin de
trastornar la vida económica, política, social, turística o cultural del Estado o para
perjudicar la capacidad de las instituciones gubernamentales:
I. Dañe, destruya o entorpezca las vías de comunicación del Estado;
II. Dañe o destruya centros de producción o distribución de bienes básicos o
instalaciones de servicios públicos;
III. Entorpezca los servicios públicos;
IV. Dañe o destruya elementos fundamentales de instituciones de docencia,
investigación o turismo; o
V. Dañe o destruya recursos esenciales que el Gobierno del Estado tenga
destinados para el mantenimiento del orden público.
CAPÍTULO V
MOTÍN
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Artículo 383. Motín. Se impondrá prisión de uno a cinco años de prisión a quienes,
para conseguir que se les reconozca o conceda algún derecho o pretextando su
ejercicio, o para evitar el cumplimiento de una ley, en forma tumultuaria:
I. Amenacen a la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación; o
II. Por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas perturben el orden
público.
CAPÍTULO VI
SEDICIÓN
Artículo 384. Sedición. Se impondrán de uno a cinco años de prisión, a quienes de
forma tumultuaria y sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para
impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las siguientes finalidades:
I. Destruir, impedir o coartar la integración de las instituciones constitucionales del
Estado o su libre ejercicio; o
II. Separar o impedir el desempeño de su cargo al Gobernador del Estado o alguna
alta autoridad de cualquiera de los tres poderes del Estado o Municipios.
Artículo 385. Agravación de la pena. Las penas señaladas en este Título se
aumentarán en una mitad para quienes dirijan, organicen, inciten, induzcan o
patrocinen económicamente a otros para cometer este delito.
TÍTULO VIGESIMO QUINTO
DELITOS EN CONTRA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 386. Maltrato de animal doméstico. Al que ilícitamente realice actos
de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal doméstico con la intención de
ocasionarle dolor o sufrimiento, provocándole lesión o mutilación que no pongan en
peligro la vida del animal, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y
multa de cincuenta a cien días.
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, las penas se incrementarán hasta
en una tercera parte.
Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, se impondrán de
uno a tres años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días.
Artículo 387. Agravantes. Las sanciones previstas en el artículo 386 se
incrementarán hasta en una mitad en los supuestos siguientes:
I. Si se prolonga innecesariamente la agonía o el sufrimiento del animal;
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II. Si se utilizan métodos de extrema crueldad; o
III. Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier
animal, el sujeto activo los capta en imágenes, fotografía o videograba para
hacerlos públicos por cualquier medio.
Artículo 388. Maltrato de animal doméstico equiparado. Se impondrá de uno
a tres años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días a la persona que
organice, promueva, difunda o realice una o varias peleas de perros, con o sin
apuestas, o las permita en su propiedad.
TÍTULO VIGESIMO SEXTO
DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO
Título adicionado BOGE 10-04-2019
CAPITULO I
FEMINICIDIO
Artículo 389. Feminicidio. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a
una mujer por razones de género, y se le impondrá de treinta a sesenta años de
prisión y la reparación integral del daño.
Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes, datos o medios de prueba de cualquier tipo de violencia
en el ámbito familiar, vecinal, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la
víctima; independientemente de que exista denuncia o haya sido del conocimiento
de alguna autoridad;
IV. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, o
sentimental, cualquier otra relación de hecho o amistad, laboral, docente, o
cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad;
V. Existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas o
violencia relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en
contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, depositado o arrojado en un
lugar público o paraje despoblado; y
132
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VIII. El Cuerpo o restos de la víctima hayan sido enterrados u ocultados.
La pena se agravará hasta en un tercio cuando concurra cualquiera de las siguientes
circunstancias:
I. Cuando la víctima sea mujer menor de edad, adulta mayor, indígena, estuviera
embarazada o discapacitada; o se encuentre en cualquier otra condición especial;
II. Cuando el sujeto activo sea servidora o servidor público y haya cometido la
conducta valiéndose de esta condición o haya intervenido en cualquier etapa del
hecho delictivo;
III. Si fuere cometido por dos o más personas;
IV. Si fuere cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere
vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil o una relación afectiva o
sentimental de hecho, a sabiendas de esta relación; y
V. Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del agente,
utilizando los medios o circunstancias que su cargo o situación personal le
proporcionen.
En el tipo penal de feminicidio, el sujeto activo puede ser persona conocida o
desconocida y sin ningún tipo de relación con la víctima.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá
todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
En caso que no se acredite que existieron razones de género al privar de la vida a
una mujer, se estará a la punibilidad prevista para el delito de homicidio calificado
establecido en el artículo 132 y demás relativos y aplicables de este Código.
CAPITULO II
VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
Artículo 390. Se deroga.
Artículo derogado BOGE 14-12-2021
CAPITULO III
LESIONES COMETIDAS CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO.
Capítulo adicionado BOGE 16-12-2019
Artículo 390 BIS. Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su
género. Al que cause lesiones a una mujer en razón de su género se le impondrán
de siete a catorce años de prisión.
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Se considera que existen razones de género, cuando concurran cualquiera de las
siguientes circunstancias:
I. Que las lesiones causadas sean infamantes, degradantes o una mutilación; o
II. Que previo a la lesión infringida existan datos que establezcan que se han
cometido amenazas, acoso o violencia del sujeto activo contra la víctima.
Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de
confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación
o superioridad, y se acredita que en virtud de esa relación fueron infringidas las
lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, se impondrán de nueve a
dieciocho años de prisión.
Artículo adicionado BOGE 16-12-2019
Artículo 390 TER. Agravantes. Las penas previstas en el artículo anterior se
aumentarán en dos tercios en los siguientes casos:
I. Cuando las lesiones sean provocadas mediante el empleo de ácidos o
substancias corrosivas; o
II. Cuando las lesiones sean provocadas como resultado de un procedimiento
consistente en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos o
mamas, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no
médicos.
Artículo adicionado BOGE 16-12-2019
TÍTULO VIGESIMO SEPTIMO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Título adicionado BOGE 20-06-2019
CAPÍTULO I
ESPIONAJE CONTRA LAS INSTITUCIONES POLICIALES, DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Denominación del Capítulo reformada BOGE 20-01-2020
Artículo 391. Espionaje contra las Instituciones Policiales, de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia. Se le impondrán de siete a quince años de
prisión y de cuatrocientos a ochocientos días multa, a quien incurra en cualquiera
de las conductas siguientes:
I. Utilice instrumentos punzocortantes, punzo contundentes, contuso cortantes,
contuso contundentes o de cualquier material, que por su resistencia o su fuerza,
dañe o impida el paso de vehículos de instituciones policiales, de seguridad pública,
procuración de justicia y fuerza armada permanente, con la finalidad de entorpecer
o evitar el cumplimiento de sus funciones, ocasionar un daño a dichas instituciones
o servidores públicos, favorecer la comisión de delitos o de posibilitarle la huida a un
delincuente o grupo delincuencial;
II. Posea, porte o utilice para el espionaje o halconeo, en su persona, domicilio o en
el lugar donde se le aprehenda, equipos de comunicación de cualquier tipo;
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III. Posea, porte o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha
o transmisión de datos para prácticas de espionaje, con respecto a canales de
comunicaciones oficiales o privadas, estos últimos cuando sean utilizados para
funciones de seguridad pública;
IV. Permita o consienta la instalación de antenas o cualquier instrumento de
comunicación en bienes de su propiedad o posesión, con los cuales se intercepte o
transmita la señal o las comunicaciones para el espionaje o halconeo;
V. Posea, porte o utilice para el espionaje, en su persona, domicilio o en el lugar
donde se le aprehenda, prendas de vestir o equipos correspondientes o similares a
los utilizados por cualquiera de las instituciones policiales, de seguridad pública,
procuración de justicia y fuerza armada permanente, o que simulen la apariencia de
los utilizados por éstas;
VI. Posea, porte o utilice para el espionaje o halconeo, en su persona, domicilio o en
el lugar donde se le aprehenda, escritos o mensajes producidos por cualquier medio,
que tengan relación con alguna pandilla o miembros de la delincuencia organizada,
de algún grupo o actividades delictivas; así como de las actividades de las
instituciones policiales, de seguridad pública, procuración de justicia y fuerza
armada permanente;
VII. Posea, porte o utilice para el espionaje o halconeo, en su persona, domicilio o en
el lugar donde se le aprehenda, accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos
oficiales de las instituciones policiales, de seguridad pública, procuración de justicia
y fuerza armada permanente;
VIII. Detente, posea, conduzca o custodie un vehículo que simule ser de las de las
instituciones policiales, de seguridad pública, procuración de justicia y fuerza
armada permanente, para el espionaje, se le incrementará hasta la mitad de la
sanción, prevista en este artículo; y
IX. Dañe, altere o impida el funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia
en la vía pública, establecimientos o edificios públicos, instaladas para ser utilizadas
por las instituciones policiales, de seguridad pública, procuración de justicia y fuerza
armada permanente, con la finalidad de favorecer la comisión de delitos o de
posibilitarle la huida a un delincuente o grupo delincuencial.
Las mismas penas se impondrán a los participantes que se vean involucrados en la
ejecución de alguno de los supuestos descritos en las fracciones del párrafo
anterior.
Artículo 392. Agravantes. Las sanciones previstas en el artículo anterior se
aumentarán conforme a las siguientes disposiciones:
I. Se incrementará hasta una cuarta parte a quien, para la comisión del delito
utilice algún vehículo del servicio público de transporte de pasajeros, u otro que
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preste un servicio análogo; o sea similar en apariencia a los vehículos antes
señalados.
II. Se incrementará hasta la mitad a quien emplee menores de edad o de la tercera
edad, para la comisión de este delito.
III. Se incrementará hasta el doble de la sanción prevista a quien, siendo elemento
de las instituciones policiales, de seguridad pública, procuración de justicia y fuerza
armada permanente, de seguridad privada o de traslado de valores, porte o utilice
teléfonos móviles, radiofrecuencias, radiotransmisiones o cualquier aparato de
comunicación y filtre información relativa a las actividades de los cuerpos de
seguridad pública municipales, estatales, federales o de las fuerzas armadas
mexicanas para grupos delictivos.
Artículo 393. Definiciones. Para los fines de este capítulo se entenderá por:
I. Halconeo: La acción de acechar, vigilar o cualquier acto encaminado a obtener
información sobre la ubicación de las actividades, operativos o en general las
labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o ejecución de
penas que desplieguen las instituciones policiales, de seguridad pública, procuración
de justicia, fuerza armada permanente y comunicarlo a una agrupación delictiva.
II. Espionaje: Intervenir comunicaciones privadas u oficiales, utilizando cualquier
medio tecnológico, con la finalidad de obtener y comunicar información a una
agrupación delictiva sobre la ubicación de las actividades, operativos o en general
las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o ejecución de
penas que desplieguen las instituciones policiales, de seguridad pública, procuración
de justicia y fuerza armada permanente.
III. Instituciones policiales, de seguridad pública, procuración de justicia y
fuerza armada permanente: Las previstas en el artículo 3 fracciones XV, XVI y
XVII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Baja
California Sur; y la prevista en el artículo 89 fracción VI y demás relativos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CAPITULO II
ACCESO ILÍCITO A SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
Capítulo adicionado BOGE 20-01-2020
Artículo 394. Acceso ilícito a sistemas de videovigilancia. Al que sin
autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en
sistemas de videovigilancia o componentes físicos o electrónicos que permiten la
protección, visualización, transmisión, registro y almacenamiento de la información
captada o grabada mediante las cámaras de videovigilancia de un particular,
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos
años de prisión y multa de cien a trescientas veces del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
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Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas de
videovigilancia o componentes físicos o electrónicos que permiten la protección,
visualización, transmisión, registro y almacenamiento de la información captada o
grabada mediante las cámaras de videovigilancia protegidos por algún mecanismo
de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y multa de
cincuenta a ciento cincuenta veces del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.
Artículo 395. Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de
información contenida en sistemas de videovigilancia o componentes físicos o
electrónicos que permiten la protección, visualización, transmisión, registro y
almacenamiento de la información captada o grabada mediante las cámaras de
videovigilancia del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le
impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de doscientas a seiscientas
veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas de
videovigilancia o componentes físicos o electrónicos que permiten la protección,
visualización, transmisión, registro y almacenamiento de la información captada o
grabada mediante las cámaras de videovigilancia del Estado, protegidos por algún
mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y
multa de cien a trescientas veces del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.
A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en
cualquier sistema, sistemas de videovigilancia o componentes físicos o electrónicos
que permiten la protección, visualización, transmisión, registro y almacenamiento
de la información captada o grabada mediante las cámaras de videovigilancia de
seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de
cuatro a diez años de prisión y multa de quinientas a mil veces del valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización.
Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad
pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
Las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducta obstruya, entorpezca,
obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia, o recaiga
sobre los registros relacionados con un procedimiento penal resguardados por las
autoridades competentes.
Artículo 396. Al que estando autorizado para acceder a sistemas de videovigilancia
o componentes físicos o electrónicos que permiten la protección, visualización,
transmisión, registro y almacenamiento de la información captada o grabada
mediante las cámaras de videovigilancia del Estado, indebidamente modifique,
destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de dos
a ocho años de prisión y multa de trescientas a novecientas veces del valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización.
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Al que estando autorizado para acceder a sistemas de videovigilancia o
componentes físicos o electrónicos que permiten la protección, visualización,
transmisión, registro y almacenamiento de la información captada o grabada
mediante las cámaras de videovigilancia del Estado, indebidamente copie
información que contengan, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de
ciento cincuenta a cuatrocientas veces del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.
A quien estando autorizado para acceder a sistemas de videovigilancia o
componentes físicos o electrónicos que permiten la protección, visualización,
transmisión, registro y almacenamiento de la información captada o grabada
mediante las cámaras de videovigilancia en materia de seguridad pública,
indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le impondrá
pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil veces del valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad
pública, se impondrá además, hasta una mitad más de la pena impuesta,
destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.
Artículo 397. Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una
mitad cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno.
CAPITULO III
USO INDEBIDO DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
Capítulo adicionado BOGE 20-01-2020
Artículo 398. Uso indebido de sistemas de videovigilancia. Al que ubique,
instale, utilice y opere videocámaras y sistemas de videovigilancia para grabar o
captar imágenes con o sin sonido en lugares, equipamiento, mobiliario, vía o
cualquier espacio público, sin la autorización, o aviso respectivo a las autoridades
competentes, con apariencia tal que se asemejen a los utilizados por las
instituciones de seguridad pública del Estado, sin estar legalmente facultado para
ello, simulando la existencia de un sistema de videovigilancia oficial, se le impondrá
pena de cuatro a diez años de prisión y multa de mil veces del valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización.
CAPITULO IV
DAÑO FÍSICO A LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y COMUNICACIONES
Capítulo adicionado BOGE 20-01-2020
Artículo 399. Daño físico a los sistemas de videovigilancia y
comunicaciones. Al que ataque, destruya, robe o sabotee físicamente y de manera
intencional cualquier equipo de videovigilancia y su estructura como poste, cámara,
enlace, gabinete o cableado que pertenezca a instituciones policiales, de seguridad
pública y procuración de justicia, se le impondrá prisión de dos a seis años y multa
de hasta cien días. Además de condenarse a la reparación de los daños
ocasionados.
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TITULO TRIGÉSIMO
DELITOS CONTRA LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS
Título adicionado BOGE 30-11-2022
CAPÍTULO ÚNICO
DELITO CONTRA LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS
Capítulo adicionado BOGE 30-11-2022
Artículo 400. A quien por sí o por interpósita persona a través de correo
electrónico o de redes sociales o dispositivos móviles o fijos envíe mensajes de texto
o llamadas telefónicas, de manera personal y directa, o bien atente contra los
bienes, la familia o las derivadas por relaciones afectivas o de negocios, con la
intensión de inhibir o censurar la libre manifestación de las ideas, se le impondrá
una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días.
T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO.- Este Código entrará en vigor ciento veinte días después de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- Una vez iniciada la vigencia del presente Código, los ordenamientos
legales que remitan a alguna disposición del Código Penal aprobado en fecha 01 de
marzo del 2005 y sus reformas, se estarán a las disposiciones del presente
ordenamiento.
TERCERO.- Una vez iniciada la vigencia del presente Código, queda abrogado el
Código Penal para el Estado de Baja California Sur, expedido mediante decreto
1525, publicado en el Boletín del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en
fecha 20 de marzo del 2005, sus reformas y demás leyes que se opongan al
presente.
CUARTO.- Para los hechos ejecutados antes de que entre en vigor el presente
decreto, se continuará aplicando el Código Penal anterior, a menos que los
imputados manifiesten su voluntad de acogerse al ordenamiento que estimen más
favorable en los términos de lo dispuesto en el presente Código.
QUINTO.- Para los casos de que los imputados manifiesten su voluntad de acogerse
al presente ordenamiento por estimarlo más favorable, antes de que entre en vigor
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral conforme al decreto de incorporación
al mismo, se sustanciarán conforme al Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Baja California Sur, pero en el caso de que las disposiciones del presente
ordenamiento aludan al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley
Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, se tendrán como remitidos al Código
de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur y a la Ley de
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad para el Estado de Baja California
Sur.
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De igual forma, en los supuestos aquí referidos, las remisiones específicas que haga
el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur a artículos
del Código Penal aprobado en fecha 01 de marzo del 2005 y sus reformas, se
estarán a las disposiciones coincidentes del presente Código.
De acogerse los imputados y sentenciados al presente ordenamiento, cuyos asuntos
se estén sustanciando, bajo el Código de Procedimientos Penales para el Estado de
Baja California Sur, los tipos penales establecidos como graves dentro del catálogo
del artículo 148 del mismo, se tendrán como remitidos a los tipos penales que en
este ordenamiento correspondan con independencia de los artículos en que recaiga
su tipificación dentro de este cuerpo normativo.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. PRESIDENTE.- DIP. AXXEL
GONZALO SOTELO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.- Rúbrica. SECRETARIA.-
DIP. DORA ELDA OROPEZA VILLALEJO.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO No. 2339
POR EL QUE SE DEROGA EL CAPÍTULO II DEL TÍTULO DÉCIMO NOVENO DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 30 de abril de 2016
ÚNICO.- Se deroga todo el Capítulo II del Título Décimo Noveno del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA PAZ BAJA
CALIFORNIA SUR A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.
Presidente.- Dip. Joel Vargas Aguiar.- Rúbrica. Secretaria.- Dip. Julia Honoria
Davis Meza.- Rúbrica.
DECRETO No. 2350
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 247 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de mayo de 2016
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ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMA EL ARTÍCULO 247 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA PAZ BAJA
CALIFORNIA SUR A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2016. Presidente.-
Dip. Joel Vargas Aguiar.- Rúbrica. Secretaria.- Dip. Rosa Delia Cota
Montaño.- Rúbrica.
DECRETO No. 2379
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL MARCO
JURÍDICO ESTATAL RELATIVAS A LA ARMONIZACIÓN EN MATERIA DE
DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 31 de Octubre de 2016
ARTÍCULO PRIMERO.- …
..........
ARTÍCULO SEGUNDO.- …
..........
ARTÍCULO TERCERO.- …
..........
ARTÍCULO CUARTO.- …
..........
ARTÍCULO QUINTO.- …
..........
ARTÍCULO SEXTO.- …
..........
ARTÍCULO SÉPTIMO.- …
..........
ARTÍCULO OCTAVO.- …
..........
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ARTÍCULO NOVENO.- …
..........
ARTÍCULO DÉCIMO.- …
..........
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- …
..........
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- …
..........
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- …
..........
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- …
..........
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- …
..........
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- …
..........
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- …
..........
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- …
..........
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- …
..........
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- …
..........
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- …
..........
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- …
..........
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- …
..........
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- …
..........
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- …
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..........
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- …
..........
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- …
..........
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- …
..........
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- …
..........
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- …
..........
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- …
..........
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- …
..........
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- …
..........
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- …
..........
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- …
..........
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- …
..........
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- …
..........
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- …
..........
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- …
..........
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO.- …
..........
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- …
..........
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ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- …
..........
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- …
..........
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- …
..........
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- …
..........
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- …
..........
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- …
..........
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- …
..........
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO.- …
..........
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.- Se reforma el artículo 43, fracción III, del Código Penal para
el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
..........
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- …
..........
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- …
..........
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- …
..........
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO.- …
..........
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- …
..........
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios deberán efectuar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, los ajustes correspondientes en sus reglamentos, bandos y
demás normas administrativa, en un plazo que no exceda el día 28 de enero de 2017.
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISEIS. Presidente.- Dip. Alfredo Zamora García.- Rúbrica.
Secretaria.- Dip. Norma Alicia Peña Rodríguez.- Rúbrica.
DECRETO No. 2441
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO PENAL Y SE
REFORMA EL ARTÍCULO 1102 DEL CÓDIGO CIVIL AMBOS PARA EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 22 de junio de 2017
ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
……….
ARTÍCULO SEGUNDO.-
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto los Ayuntamientos
de la Entidad contarán con un plazo de hasta 90 días naturales para expedir los
Reglamentos a que hace referencia el artículo 1102 del Código Civil.
Artículo transitorio adicionado BOGE 30-11-2017
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.
Presidente.- Dip. Edson Jonathan Gallo Zavala.- Rúbrica. Secretaria.- Dip.
Diana Victoria Von Borstel Luna.- Rúbrica.
DECRETO No. 2457
POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 27 de julio de 2017
ARTICULO ÚNICO.- Se modifica el Título Décimo Sexto y nomenclaturas de los
Capítulos II y V del mismo Título, reforma el artículo 268, 269, 270, 271, 274, 275,
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276, 277, 279, 280, 281, fracción IV del artículo 282, 284, 285, 286 y se adiciona el
artículo 269 BIS y 276 BIS del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. Presidente.- Dip. Edson Jonathan Gallo
Zavala.- Rúbrica. Secretaria.- Dip. Maritza Muñoz Vargas.- Rúbrica.
DECRETO No. 2477
POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII DEL ARTÍCULO 241,
LAS FRACCIONES V, VI Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 270; Y SE
ADICIONA LA FRACCION XXIII AL ARTÍCULO 241; UN PARRAFO TERCERO Y
EL CONTENIDO DE ESTE SE RECORRE AL SUBSECUENTE DEL ARTICULO 249;
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 270, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 30 de noviembre de 2017
Artículo Único.- Se reforman fracciones XXI y XXII del artículo 241, las fracciones
V, VI y último párrafo del artículo 270; Y se adiciona la fracción XXIII al artículo 241;
un párrafo tercero y el contenido de éste se recorre al subsecuente del artículo 249,
la fracción VII del artículo 270 todos del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO
2017. Presidenta.- Dip. Diana Victoria Von Borstel Luna.- Rúbrica. Secretaria.-
Dip. Julia Honoria Davis Meza.- Rúbrica.
DECRETO No. 2484
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO AL
DECRETO NUMERO 2441 A TRAVES DEL CUAL SE REFORMARON EL
147
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ARTÍCULO 373 DEL CODIGO PENAL Y EL ARTÍCULO 1102 DEL CODIGO CIVIL,
AMBOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 30 de noviembre de 2017
ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo tercero transitorio al Decreto número
2441, a través del cual se reformaron el artículo 373 del Código Penal y el artículo
1102 del Código Civil, ambos del Estado de Baja California Sur, para quedar de la
siguiente manera:
……….
TRANSITORIOS
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. Presidenta.- Dip. Diana Victoria
Von Borstel Luna.- Rúbrica. Secretaria.- Dip. Julia Honoria Davis Meza.-
Rúbrica.
DECRETO No. 2485
POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPITULO I DEL TITULO
DÉCIMO PRIMERO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 218 BIS AL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 30 de noviembre de 2017
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la denominación del CAPÍTULO I del TÍTULO DÉCIMO
PRIMERO y se adiciona el artículo 218 BIS al Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. Presidenta.- Dip. Diana Victoria
Von Borstel Luna.- Rúbrica. Secretaria.- Dip. Julia Honoria Davis Meza.-
Rúbrica.
DECRETO No. 2515
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H. Congreso del Estado de Baja California
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POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO IV BIS, DENOMINADO CIBERACOSO
SEXUAL, CORRESPONDIENTE AL TÍTULO QUINTO DEL CATALOGO DE
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO
PSICOSEXUAL; Y UN ARTÍCULO 183 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 31 de diciembre de 2017
UNICO.- Se adiciona un Capítulo IV BIS, denominado Ciberacoso Sexual,
correspondiente al Título Quinto del catálogo de Delitos Contra la Libertad Sexual y
el Normal Desarrollo Psicosexual; y un artículo 183 bis, al Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- Con la entrada en vigor de este Decreto, se derogan todas las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al mismo.
DADO EN EL SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2017. Presidenta.- Dip. Diana Victoria Von Borstel Luna.- Rúbrica. Secretaria.-
Dip. Maritza Muñoz Vargas.- Rúbrica.
DECRETO No. 2596
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 10 de abril de 2019
Único.- Se reforman el artículo 35 párrafo primero, artículo 78 párrafo primero y
cuarto, la fracción III del artículo 138, el artículo 146 párrafo primero, primer
párrafo y la fracción III del artículo 205, el artículo 206 párrafo primero, el párrafo
primero del artículo 218; se adicionan un párrafo tercero al artículo 78 y el que era
tercero pasa a ser el párrafo cuarto, una fracción V y VI al artículo 205, un párrafo
tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto al artículo 218, al LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL el TITULO VIGESIMO SEXTO denominado DELITOS POR RAZONES
DE GÉNERO integrado por un CAPITULO I denominado FEMINICIDIO que contempla
el artículo 389 y por un CAPITULO II denominado VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO
que contempla el artículo 390; y se deroga el artículo 130, todos del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
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H. Congreso del Estado de Baja California
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PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del
presente decreto y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, por el
delito previsto en el artículo 130 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Baja California Sur que se deroga, se seguirán substanciando hasta su conclusión
con esa disposición vigente y demás relativas y aplicables al momento de la
comisión de los hechos que le dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la
ejecución de las penas correspondientes.
TERCERO.- En la aplicación de la presente reforma al tipo penal de discriminación,
amenazas y a la punibilidad de los delitos culposos, se empleará el principio de
sucesión de normas penales sustantivas.
CUARTO.- Con la entrada en vigor de este Decreto, se derogan todas las
disposiciones que se opongan al mismo.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE. Presidente.- Dip. Homero González Medrano.- Rúbrica.
Secretario.- Dip. Humberto Arce Cordero.- Rúbrica.
DECRETO No. 2606
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de junio de 2019
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN el artículo 358; se ADICIONAN al TITULO
TERCERO denominado DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS
PERSONAS un CAPITULO III denominado DISPARO DE ARMA DE FUEGO que
contempla el artículo 168 BIS y el articulo 168 TER; un artículo 228 Bis, 228 Ter, 228
Quáter, 228 Quinquies y 228 Sexties al CAPITULO I denominado ROBO
correspondiente al TITULO DÉCIMO TERCERO denominado DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO; al LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL un TITULO VIGESIMO SÉPTIMO
denominado DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA integrado por un CAPITULO
UNICO denominado ESPIONAJE CONTRA LAS INSTITUCIONES POLICIALES, DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA que contempla el artículo 391, el
Artículo 392 y el Artículo 393; y se DEROGA la fracción V del artículo 227 y el
artículo 257, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
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PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del
presente decreto y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, por el
delito previsto en el artículo 227 fracción V y en el artículo 257 del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur que se derogan, se seguirán
substanciando hasta su conclusión con esa disposición vigente y demás relativas y
aplicables al momento de la comisión de los hechos que le dieron origen. Lo
mismo se observará respecto de la ejecución de las penas
correspondientes.
TERCERO.- Se deroga las disposiciones que se opongan el presente decreto.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE
MAYO DEL AÑO 2019. Presidente.- Dip. Homero González Medrano.- Rúbrica.
Secretario.- Dip. Humberto Arce Cordero.- Rúbrica.
DECRETO No. 2609
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de junio de 2019
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman el párrafo primero del artículo 229, el artículo
231,el artículo 232 fracción I, el artículo 233 fracción III; se adicionan el artículo 229
con un párrafo segundo y un párrafo tercero, el artículo 232 con una fracción III, IV,
V, VI, VII,VIII,IX,X y XI y el articulo 233 con una fracción V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII;
todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para
quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- Con la entrada en vigor de este Decreto, se derogan todas las
disposiciones que se opongan al mismo.
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, respecto de la
descripción legal de la conducta delictiva contenida en los artículos 229, 231, 232 y
233 del Código Penal del Estado, y que por virtud de las representes reformas, se
denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas y
los hechos respondan a la descripción que ahora se establece, se estará a lo
siguiente:
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l.- En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones
acusatorias el Ministerio Público las formulará de conformidad con la
traslación del tipo que resulte;
II.- En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda
instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación
del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus
modalidades, y
III.- La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el
sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto en función de la
traslación del tipo, según las modalidades correspondientes.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE
MAYO DEL AÑO 2019. Presidente.- Dip. Homero González Medrano.- Rúbrica.
Secretario.- Dip. Humberto Arce Cordero.- Rúbrica.
DECRETO No. 2611
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR Y A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de junio de 2019
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 183 Bis, se adiciona un artículo 183
Ter y se adiciona un Capítulo IV Ter denominado Delitos contra la Intimidad Sexual
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar
como sigue:
……….
ARTÍCULO SEGUNDO: …
……….
TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Segundo.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio Primero, la policía
Cibernética de la Entidad contara con el plazo de 180 días a partir de la entrada en
vigor de esta reforma, para el debido diseño, implementación, modificación y
actualización de sus planes, programas y bases de datos a efecto de que se
modifiquen de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto.
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DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE
MAYO DEL AÑO 2019. Presidente.- Dip. Homero González Medrano.- Rúbrica.
Secretario.- Dip. Humberto Arce Cordero.- Rúbrica.
DECRETO No. 2612
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 17 Y EL PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL
SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SE REFORMA
EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de junio de 2019
Artículo Primero.- …
……….
Artículo Segundo.- Se reforma: El artículo 369 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar de la siguiente manera:
……….
TRANSITORIOS
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO 2019. Presidente.- Dip. Homero González Medrano.- Rúbrica.
Secretario.- Dip. Humberto Arce Cordero.- Rúbrica.
DECRETO No. 2621
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE
PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 16 de agosto de 2019
ARTÍCULO PRIMERO: …
……….
ARTÍCULO SEGUNDO: Se deroga del Título Sexto, el CAPÍTULO II denominado
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS y los artículos 191, 192 y 193; todos del
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Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar de
la siguiente manera:
……….
ARTÍCULO TERCERO: …
……….
TRANSITORIOS
Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Artículo segundo.- En un plazo que no exceda de quince días posteriores a la
conformación del Consejo Estatal Ciudadano, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal
nombrará a la o al Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, atendiendo a lo
previsto en los artículos 31 y 32 de esta Ley.
Artículo tercero.- Dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor del
presente decreto, deberán ser nombrados por el Congreso del Estado, los
integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, previa convocatoria pública, de
conformidad a lo establecido en el artículo 40 de esta Ley.
En un plazo de treinta días posteriores a su conformación el Consejo Estatal
Ciudadano deberá emitir sus reglas de funcionamiento.
El nombramiento de los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano será de forma
escalonada, con la finalidad de no interrumpir los proyectos de trabajo que se
planteen, siguiendo la siguiente formula:
a.- Respecto a los cinco representantes de familiares de cada uno de los cinco
municipios;
El primer nombramiento será por el periodo de un año;
El segundo y tercer nombramiento será por el periodo de dos años; y
El Cuarto y Quinto nombramiento será por el periodo de tres años.
b.- Respecto a los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano en su carácter de
especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de
Personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los
delitos previstos en la Ley General. El primer nombramiento será por un periodo de
tres años, el segundo por un lapso de dos años.
c.- en el caso de los representantes de organizaciones de la sociedad civil de
derechos humanos, el primer cargo será de un año, el segundo por dos años y el
tercero de tres años, y
d.- Esta fórmula se aplicara para la renovación del Consejo Estatal Ciudadano, de tal
manera que se alcance un equilibrio entre sus integrantes.
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Artículo cuarto.- El Mecanismo Estatal deberá quedar instalado a más tardar
dentro de los treinta días naturales posteriores al nombramiento del o la
Comisionada Estatal de Búsqueda.
Artículo quinto.- Dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor del
presente Decreto, la Procuraduría General del Estado deberá hacer las adecuaciones
necesarias a su reglamento a fin de atender con lo mandatado en el capítulo sexto
del título tercero de esta Ley.
Artículo sexto.- En la propuesta del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
del año 2020, que envié el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para su aprobación,
deberá venir incluida la creación de la partida y la suficiencia presupuestal para el
fondo estatal de desaparición a que hace referencia el artículo 49 de esta Ley.
Artículo séptimo.- Dentro de treinta días siguientes a que la Comisión Estatal de
Búsqueda inicie sus funciones, ésta deberá emitir los protocolos rectores para su
funcionamiento previstos en el artículo 33 fracción VII, de esta Ley.
Artículo octavo.- Los servidores públicos que integren la Fiscalía Especializada y la
Comisión de Búsqueda deberán estar certificados dentro del año posterior a su
creación.
La Comisión Estatal de Búsqueda podrá, a partir de que entre en funcionamiento,
ejercer las atribuciones que esta Ley y La Ley General le confieren con relación a los
procesos de Búsqueda que se encuentren pendientes.
Artículo noveno.- El Ejecutivo del Estado, en un plazo de treinta días a partir de la
entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir el reglamento de ésta y
armonizar las disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo
dispuesto en la presente Ley.
Artículo decimo.- Las y los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada
para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de
personas, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados, deberán estar
certificados dentro del año posterior a la entrada en vigor del presente Decreto.
Artículo décimo primero.- La Procuraduría General de Justicia del Estado deberá
realizar las gestiones necesarias para que se provea de recursos materiales,
humanos, técnicos, presupuestales para el correcto funcionamiento y capacitación
de la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los delitos de
desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y delitos
vinculados.
Hasta en tanto se tenga la suficiencia presupuestal para la operación y
funcionamiento de la Fiscalía Especializada, se continuará con la estructura y
presupuesto con que contaba la Unidad de Investigación y Judicialización
Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Artículo décimo segundo.- Para los efectos de la continuación del trámite y
conclusión de los asuntos ya radicados por la Unidad de Investigación y
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Judicialización Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, con
asignación de número único de caso y pendientes de resolver, el personal adscrito a
la Fiscalía Especializada que se crea, serán los responsables de las mismas, quienes
asumirán de manera inmediata su legal conocimiento y seguimiento; dichos asuntos
continuarán con el mismo número único de caso que se les diere desde su
radicación primigenia.
Artículo décimo tercero.- Una vez que se dé la creación de la Comisión Estatal
de Búsqueda de Personas y se integre y empiece operaciones la Fiscaliza
Especializada, el ACUERDO 165/2017 emitido por la Procuraduría General de Justicia
de Baja California Sur, por el que se crea la Unidad de Investigación y Judicialización
Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, publicadas en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur No. 24 de fecha 30 de junio de
2017, quedara abrogado.
Artículo décimo cuarto.- Los procedimientos penales iniciados antes de la
entrada en vigor del presente decreto y que se encuentren en trámite o pendientes
de resolución, por el delito previsto en los artículos 191,192 y 193 del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur que se derogan, se seguirán
substanciando hasta su conclusión con esa disposición vigente y demás relativas y
aplicables al momento de la comisión de los hechos que le dieron origen. Lo mismo
se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO 2019. PRESIDENTE.- DIP. HOMERO GONZÁLEZ MEDRANO.- Rúbrica.
SECRETARIO.- DIP. HUMBERTO ARCE CORDERO.- Rúbrica.
DECRETO No. 2674
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 16 de diciembre de 2019
ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo 88 en las fracciones I y II, el artículo 93
fracción I, el artículo 166 párrafo primero, artículo 178 párrafo primero, artículo 179
párrafo primero, artículo 180 párrafo primero, 200 párrafo primero, 223 párrafo
primero, 224, 225, 226, 227 y 228; se adiciona una fracción V al artículo 33, un
CAPITULO XV BIS denominado TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO
TRATÁNDOSE DE AGRESORES DE VIOLENCIA con un artículo 69 BIS, un párrafo
segundo y tercero al artículo 200, un artículo 227 Bis, 227 Ter, 227 Quáter, 227
Quinquies y 227 Sexties y un CAPITULO III DENOMINADO LESIONES COMETIDAS
CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE SU GÉNERO AL TITULO VIGESIMO SEXTO con un
artículo 390 BIS y un artículo 390 TER; y se deroga la fracción II del artículo 138;
todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para
quedar como sigue:
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……….
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Segundo.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del
presente decreto y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, por las
disposiciones previstas en los artículos 88, 93, 138, 166, 178, 179, 180, 200, 223,
224, 225, 226, 227 y 228 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur que se reforman, derogan y adicionan respectivamente, se seguirán
substanciando hasta su conclusión con esa disposición vigente y demás relativas y
aplicables al momento de la comisión de los hechos que le dieron origen. Lo mismo
se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE. Presidenta.- Dip. Daniela Viviana Rubio Avilés.-
Rúbrica. Secretaria.- Dip. Lorenia Lineth Montaño Ruiz.- Rúbrica.
DECRETO No. 2688
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de enero de 2020
ARTÍCULO PRIMERO: …
..........
ARTÍCULO SEGUNDO: …
..........
ARTÍCULO TERCERO: DEL TÍTULO VIGÉSIMO SEPTIMO CORRESPONDIENTE A
LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SE REFORMA LA
DENOMINACIÓN DEL CAPITULO UNICO QUE AHORA SE DENOMINARÁ
CAPITULO I; SE ADICIONA UN CAPITULO II CON LOS ARTÍCULOS 394, 395,
396 Y 397 DENOMINADO ACCESO ILÍCITO A SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA,
UN CAPITULO III CON EL ARTÍCULO 398 DENOMINADO USO INDEBIDO DE
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA, Y UN CAPITULO IV CON EL ARTICULO 399
DENOMINADO DAÑO FÍSICO A LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y
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COMUNICACIONES, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
..........
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- Se abroga el Decreto 2174, mediante el cual se expidió la Ley de Video
Vigilancia del Estado de Baja California Sur, Publicada en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de fecha 31 de julio del año 2014.
TERCERO.- En un plazo de 90 días, contado a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto, el Poder Ejecutivo del Estado deberá:
1.- Emitir el reglamento de la Ley de Videovigilancia para Estado de Baja California
Sur.
2.- Actualizar los reglamentos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur y la Ley Sobre el
Régimen de Propiedad de Condominio del Estado de Baja California Sur, para
armonizarlo con las disposiciones establecidas en la presente ley.
CUARTO.- Las autoridades, prestadoras de servicios de seguridad privada y los
establecimientos mercantiles que actualmente realicen actividades de
videovigilancia, deberán ser notificadas por la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado para efecto de que en formato libre, en un plazo no mayor de treinta días
naturales, contados a partir de la notificación correspondiente, informen:
El número de cámaras de video vigilancia que tiene instaladas;
El número de cámaras fijas de video vigilancia que tiene instaladas;
El número de cámaras móviles de video vigilancia que tiene instaladas;
El número de componentes físicos o electrónicos que permiten la protección,
visualización, transmisión, registro y almacenamiento de la información captada o
grabada mediante las cámaras de videovigilancia;
Los lugares, con especificaciones, en que tiene colocadas las cámaras de video
vigilancia;
El uso y utilización que se haga de las videocámaras fijas o móviles con que cuente;
El uso y destino del material grabado, particularmente del lugar donde se
resguarda;
Dicha información será para la integración del registro estatal de videovigilancia.
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Asimismo le serán notificadas las sanciones e infracciones que deriven de la
presente ley y las demás obligaciones y principios rectores que deriven de la
presente.
QUINTO.- En un plazo de 120 días, contado a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto, los cinco Ayuntamientos del Estado deberán:
1.- Actualizar sus reglamentos, bandos y disposiciones en materia de seguridad
pública y demás relativos y aplicables, para armonizarlos con la Ley de
Videovigilancia para Estado de Baja California Sur y la reforma a la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Publica de Baja California Sur.
2.- Actualizar sus reglamentos de desarrollo urbano, de fraccionamientos,
condominios y conjuntos urbanos y demás relativos y aplicables, para armonizarlos
con la Ley de Videovigilancia para Estado de Baja California Sur.
3.- Actualizar sus reglamentos y disposiciones en materia de licencias para
establecimientos mercantiles y demás relativos y aplicables, para armonizarlos con
la Ley de Videovigilancia para Estado de Baja California Sur.
SEXTO.- Las disposiciones contenidas en los artículos 22, 23 y 24, no serán
aplicables para los establecimientos mercantiles, fraccionamientos y condominios
existentes, antes de la expedición del presente decreto. Sin embargo, la Secretaria
de Seguridad Pública del Estado podrá suscribir convenios de colaboración con ellos,
para orientarlos en caso de que sea su deseo cumplir con las disposiciones ahí
contenidas.
SEPTIMO.- Por única ocasión, la Comisión Técnica de Video Vigilancia deberá
quedar integrada en un término que no excederá de 60 días siguientes a la entrada
en vigor del presente decreto.
OCTAVO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DE 2019. PRESIDENTA.- DIP. DANIELA VIVIANA RUBIO AVILÉS.- Rúbrica.
SECRETARIA.- DIP. LORENIA LINETH MONTAÑO RUIZ.- Rúbrica.
DECRETO No. 2778
POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXIX Y XXX, Y SE ADICIONA
LA FRACCIÓN XXXI, TODAS DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY PARA PREVENIR Y
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 205 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 31 de julio de 2021
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ARTÍCULO PRIMERO.- …
……….
ARTÍCULO SEGUNDO.- SE ADICIONA EL ARTÍCULO 205 BIS AL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
DADO EN EL SALA DE SESIONES “GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”
DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 28 DÍAS
DEL MES DE JUNIO DE 2021. Presidenta.- Dip. Ma. Mercedes Maciel Ortiz.-
Rúbrica. Secretario.- Dip. Héctor Manuel Ortega Pillado.- Rúbrica.
DECRETO No. 2728
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE
BAJA CALIFORNIA SUR, LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR Y LA LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN
MATERIA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DEL
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de diciembre de 2021
ARTÍCULO PRIMERO.- …
……….
ARTÍCULO SEGUNDO.- …
……….
ARTÍCULO TERCERO.- …
……….
ARTÍCULO CUARTO.- …
……….
ARTÍCULO QUINTO.- Se deroga el artículo 390 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
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……….
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE
AGOSTO DE 2020. Presidente.- Dip. Ramiro Ruiz Flores.- Rúbrica. Secretario.-
Dip. Héctor Manuel Ortega Pillado.- Rúbrica.
DECRETO No. 2736
POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 182 Y SE
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE LE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 183 AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANOS DE LAS
MUJERES.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de diciembre de 2021
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 182 y se reforma
el párrafo primero y se le adiciona un segundo párrafo al artículo 183 ambos del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar
como sigue:
……….
ARTÍCULO SEGUNDO.- …
……….
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Artículo Segundo.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en
vigor del presente Decreto y que se encuentren en trámite o pendientes de
resolución, por las disposiciones previstas en los artículos 182 y 183 del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, que se reforman y
adicionan respectivamente, se seguirán substanciando hasta su conclusión con esa
disposición vigente y demás relativas y aplicables al momento de la comisión de los
hechos que le dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las
penas correspondientes.
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Artículo Tercero.- Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo Transitorio
Primero, el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, deberá elaborar en
coordinación y concertación con los sectores público, privado y social los Protocolos
de Atención en los diversos ámbitos en los que se presenta la violencia hacia las
mujeres en la entidad a más tardar el 30 de junio del año 2021.
Los citados protocoles deberán difundirse ampliamente y publicados en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Artículo Cuarto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. Presidente.- Dip. Homero González Medrano.-
Rúbrica. Secretario.- Dip. Carlos José Van Wormer Ruiz.- Rúbrica.
DECRETO No. 2832
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 151, 152, 153, 154 Y LOS
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y LAS FRACCIONES DE LA I A LA IV DEL
ARTÍCULO 156; SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 152 Y
LA FRACCIÓN V DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 156; SE DEROGAN
EL ARTÍCULO 155 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 156; TODOS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR; SE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 60 Y LOS PÁRRAFOS
PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 62; SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 32
BIS, 32 TER, 32 QUATER Y LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO AL
ARTÍCULO 62, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de junio de 2022
ARTÍCULO PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 151, 152, 153, 154 Y LOS
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y LAS FRACCIONES DE LA I A LA IV DEL ARTÍCULO
156; SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 152 Y LA FRACCIÓN V DEL
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 156; SE DEROGAN EL ARTÍCULO 155 Y EL
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 156; TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
……….
ARTÍCULO SEGUNDO. …
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
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SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente
decreto.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.
Presidenta.- Dip. Gabriela Montoya Terrazas.- Rúbrica. Secretaria.- Dip.
Eufrocina López Velasco.- Rúbrica.
DECRETO No. 2849
POR EL QUE SE ADICIONAN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de septiembre de 2022
ARTÍCULO PRIMERO.- …
……….
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 200 del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y los actuales segundo
y tercero pasan a ser tercero y cuarto del mismo precepto, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE
2022. Presidenta.- Dip. Gabriela Montoya Terrazas.- Rúbrica. Secretaria.- Dip.
Eufrocina López Velasco.- Rúbrica.
DECRETO No. 2877
POR EL QUE SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 201 Y SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 201 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 17 Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 35
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 30 de noviembre de 2022
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga el último párrafo del artículo 201 y se adiciona un
artículo 201 Bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur,
para quedar como sigue:
……….
ARTÍCULO SEGUNDO.- …
……….
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DE 2022. Presidente.- Dip. José María Avilés Castro.- Rúbrica. Secretario.-
Dip. Fernando Hoyos Aguilar.- Rúbrica.
DECRETO No. 2878
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 144 Y SE ADICIONA UN TITULO VIGÉSIMO
NOVENO DENOMINADO “DELITOS CONTRA LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE
LAS IDEAS” CON UN CAPÍTULO ÚNICO DENOMINADO “DELITO CONTRA LA
LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS, Y UN ARTÍCULO 402 AL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 30 de noviembre de 2022
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero y se adiciona una fracción IX al artículo 144
y un Título Vigésimo Noveno denominado “Delitos Contra la Libre Manifestación de
las ideas” con un Capítulo Único denominado “Delito Contra la Libre Manifestación
de las Ideas, con un artículo 402 al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DE 2022. Presidente.- Dip. José María Avilés Castro.- Rúbrica. Secretario.-
Dip. Fernando Hoyos Aguilar.- Rúbrica.
DECRETO No. 2886
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 369 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.
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Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 16 de diciembre de 2022
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un párrafo quinto al artículo 369 de del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como
sigue:
……….
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Artículo Segundo.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en
vigor del presente decreto y que se encuentren en trámite o pendientes de
resolución, por las disposiciones previstas en el artículo 369 del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur que se adiciona respectivamente, se
seguirán substanciando hasta su conclusión con esa disposición vigente y demás
relativas y aplicables al momento de la comisión de los hechos que le dieron origen.
Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.
Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
decreto.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS 06 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DE 2022. Presidente.- Dip. José María Avilés Castro.- Rúbrica. Secretaria.-
Dip. Guadalupe Vázquez Jacinto.- Rúbrica.
DECRETO No. 2910
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 24 de abril de 2023
Artículo Único.- Se reforma el artículo 112 del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
Presidenta.- Dip. Guadalupe Vázquez Jacinto.- Rúbrica. Secretaria.- Dip. María
Luisa Trejo Piñuelas.- Rúbrica.
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DECRETO No. 2912
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 227 QUINQUIES FRACCIÓN III DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 24 de abril de 2023
ÚNICO.- Se reforma el artículo 227 Quinquies Fracción III del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.
Presidenta.- Dip. Guadalupe Vázquez Jacinto.- Rúbrica. Secretaria.- Dip. María
Luisa Trejo Piñuelas.- Rúbrica.
DECRETO No. 2936
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 167 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28 Y 32, 42 Y 46 Y SE
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN I Y UN SEGUNDO
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 28 Y SE REFORMAN LAS
FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 30 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 31 DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 21 de julio de 2023
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 167 Bis al Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
ARTÍCULO SEGUNDO.- …
……….
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE
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JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. Presidenta.- Dip. Guadalupe Vázquez
Jacinto.- Rúbrica. Secretaria.- Dip. María Luisa Trejo Piñuelas.- Rúbrica.
DECRETO No. 2991
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 288 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de noviembre de 2023
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 288 del Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2023. Presidente.- Dip. Luis Armando Díaz.- Rúbrica.
Secretaria.- Dip. Teresita de Jesús Valentín Vázquez.- Rúbrica.
DECRETO No. 3004
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 168 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 15 de diciembre de 2023
ÚNICO.- Se reforma el Párrafo Primero del Artículo 168 del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE
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DICIEMBRE DEL AÑO 2023. Presidente.- Dip. Luis Armando Díaz.- Rúbrica.
Secretaria.- Dip. María Luisa Ojeda González.- Rúbrica.
DECRETO No. 3040
POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 31 de mayo de 2024
ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 112 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO 2024. Presidenta.- Dip. María Luisa Trejo Piñuelas.- Rúbrica.
Secretaria.- Dip. Eufrocina López Velasco.- Rúbrica.
DECRETO No. 3047
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR Y DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 11 de julio de 2024
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 311; y se ADICIONA
el segundo y tercer párrafo al artículo 282 , el segundo y tercer párrafo al artículo 311
y el artículo 310 BIS al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California
Sur, para quedar como sigue:
……….
ARTÍCULO SEGUNDO.-
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente
Decreto.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO 2024. Presidenta.- Dip. María Luisa Trejo Piñuelas.- Rúbrica.
Secretaria.- Dip. Eufrocina López Velasco.- Rúbrica.
DECRETO No. 3052
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 11 de julio de 2024
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 200 y se adiciona el artículo 200 Bis al
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como
sigue:
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTISIETE DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO 2024. Presidenta.- Dip. María Luisa Trejo Piñuelas.- Rúbrica.
Secretaria.- Dip. Eufrocina López Velasco.- Rúbrica.
DECRETO No. 3054
POR EL QUE SE ADICIONA, AL TÍTULO PRIMERO DEL LIBRO SEGUNDO DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
SUR, EL CAPÍTULO VI DENOMINADO “VIOLENCIA OBSTÉTRICA” Y LOS
ARTÍCULOS 156 BIS Y 156 TER.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 11 de julio de 2024
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona, al Título Primero del Libro Segundo del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, el Capítulo VI denominado
“Violencia Obstétrica” y los artículos 156 Bis y 156 Ter, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTISIETE DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO 2024. Presidenta.- Dip. María Luisa Trejo Piñuelas.- Rúbrica.
Secretaria.- Dip. Eufrocina López Velasco.- Rúbrica.
DECRETO No. 3062
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de agosto de 2024
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 201 y el primer
párrafo del artículo 201 BIS, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Baja California Sur, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE JULIO
DE 2024. Presidente.- Dip. Eduardo Valentín Van Wormer Castro.- Rúbrica.
Secretaria.- Dip. Gabriela Montoya Terrazas.- Rúbrica.
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