LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
H. Congreso del Estado de Baja
California Sur
Oficialía Mayor
Departamento de Apoyo Parlamentario
Última Reforma BOGE. 60 Ext. 14-Agosto-2024
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Ley publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 26 de Julio de 2023
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada BOGE 14-08-2024
Al margen un sello con el Escudo del Estado de Baja California Sur, al calce dice: PODER
EJECUTIVO.
VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE SABER:
QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
DECRETO 2945
El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur
DECRETA
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO ÚNICO
Objeto de la Ley
Artículo 1
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el
territorio del Estado y para la ciudadanía que ejerza su derecho al sufragio en
territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables
en materia de procedimientos electorales, así como la relación entre el
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y el Instituto Nacional
Electoral.
2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones para la
renovación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos del
Estado, las que se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
3. Para los efectos de la presente Ley aplicará de manera supletoria la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Artículo 2
1. Esta Ley reglamenta las normas de la Constitución Política del Estado de
Baja California Sur en materia electoral; así como las disposiciones
establecidas en el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
2. Las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de sus
funciones, se regirán por los principios de la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y las
realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
Artículo 3
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Agrupaciones: Conjunto de personas u organismos que se asocian de
manera informal con algún fin;
II. Asociaciones Civiles: Organización de varios individuos con
personalidad jurídica plena que convinieren en reunirse, de manera formal y
que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté
prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico;
III. Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se
realicen bajo cualquier modalidad y temporalidad fuera de la etapa de
campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de
un Partido Político y/o candidatura independiente, así como, expresiones
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral;
IV. Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va
desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio
de las precampañas;
V. Autoadscripción Calificada: Es necesario demostrar el vínculo efectivo
con las constancias que emiten las instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que se pertenece. Con
la finalidad de garantizar que la ciudadanía vote efectivamente por
candidaturas indígenas, asegurando que las personas electas representarán
los intereses reales de los grupos en cuestión. En ese sentido las autoridades
y los actores políticos tienen el deber de vigilar que esas candidaturas
postuladas, sean ocupadas por personas indígenas con vínculos a sus
comunidades que pretenden representar y evitar una autoadscripción no
legítima;
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VI. Bloques de Competitividad para Ayuntamientos: Son los segmentos
que resultan de dividir en dos partes las demarcaciones municipales en las
que los Partidos Políticos pretendan competir en lo individual, en coalición o
en candidatura común, considerando los porcentajes de votación válida
emitida obtenida por cada uno de ellos en la elección inmediata anterior;
VII. Bloques de Competitividad para Diputaciones: Son los segmentos
que resultan de dividir en tres partes las demarcaciones distritales en las que
los Partidos Políticos pretendan competir en lo individual, en coalición o en
candidatura común, considerando los porcentajes de votación válida emitida
obtenida por cada uno de ellos en la elección inmediata anterior;
VIII. Candidata o Candidato: Es la persona registrada por un Partido
Político o de manera independiente ante el Consejo General, los Consejos
Distritales Electorales o los Consejos Municipales Electorales, para competir
por un cargo de elección popular, habiendo cumplido con los requisitos que
para tal efecto establece la Ley;
IX. Candidatura Común: Dos o más Partidos Políticos que abanderan a una
persona candidata en común con solo su consentimiento y sin mediar
coalición, por ende, no plantean compromisos posteriores a los comicios;
X. Candidatura Independiente: Persona que obtenga por parte de la
autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos
que para tal efecto establece la presente Ley;
XI. Ciudadana o Ciudadano Sudcaliforniano: La persona que, sin
distinción por motivos de raza, género, lengua, religión, preferencia sexual y
que, teniendo la ciudadanía mexicana, reúna además los requisitos
establecidos en los Artículos 26 y 27 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur;
XII. Coalición: La unión temporal, transitoria, emergente de los convenios
celebrados entre dos o más Partidos Políticos Nacionales y estatales o solo
estatales, con la finalidad de postular las mismas personas candidatas a
cargos de elección popular, pudiendo ser estas totales, parciales o flexibles;
XIII. Congreso: Congreso del Estado de Baja California Sur;
XIV. Consejo General: Órgano de Dirección Superior del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur;
XV. Consejo Distrital: Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur;
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XVI. Consejo Municipal: Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur;
XVII. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California Sur;
XVIII. Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
XIX. Discapacidad: Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o
limitación permanente en una persona ya sea hereditaria, congénita,
progresiva y/o accidental, que al interactuar con las barreras que le impone
el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás personas;
XX. Diversidad Sexual: Son todas las posibilidades que tienen las personas
de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones,
preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género; las cuales
son distintas en cada cultura y persona;
XXI. Estado: Estado Libre y Soberano de Baja California Sur;
XXII. Género: Es el conjunto de atributos asignados socialmente a las
personas a partir de su sexo, se define de acuerdo con los parámetros que se
establecen en cada sociedad;
XXIII. Grupos Prioritarios: Se entenderá por aquellas personas
afromexicanas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual,
personas indígenas y personas jóvenes;
XXIV. Igualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades
para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y derechos
fundamentales;
XXV. Instituto: El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur;
XXVI. Instituto Nacional: El Instituto Nacional Electoral;
XXVII. Jóvenes: La persona que cuente con dieciocho años y menos de
treinta años cumplidos al día del registro como persona candidata;
XXVIII. Ley: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Baja California Sur;
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XXIX. Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales;
XXX. Paridad de Género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se
garantiza con la asignación del cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por
ciento hombres en candidaturas a cargos de elección popular, y en
nombramientos de cargos por designación en los Partidos Políticos, así como
en el Instituto y el Tribunal Electoral;
XXXI. Paridad Horizontal: Se refiere a la postulación de planillas con
garantía de paridad de género en los ayuntamientos del Estado;
XXXII. Paridad Vertical: Se entenderá de manera vertical, la postulación
alternada de candidatas y candidatos integrantes de la lista de
representación proporcional en diputaciones y de planillas para
ayuntamiento, iniciando la nominación en orden para presidencia, sindicatura
y regidurías municipales respetando la igual proporción de géneros;
XXXIII. Personas Afromexicanas: Aquellas que se reconocen y definen en
el apartado C del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
XXXIV. Personas Indígenas: Aquellas que se reconocen y definen en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 2o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
XXXV. Persona Precandidata: Es la ciudadana o ciudadano que pretende
ser postulada por un Partido Político como candidata o candidato a cargo de
elección popular, conforme a esta Ley y a los estatutos de un Partido Político,
en el proceso de selección interna de candidaturas a cargos de elección
popular;
XXXVI. Precampaña: Conjunto de actividades que realizan los Partidos
Políticos y los aspirantes a cargos de elección popular, de conformidad con lo
establecido en esta Ley, en los Estatutos, reglamentos, acuerdos y demás
disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de
cada Partido Político;
XXXVII. Transversalidad de Género: El proceso que permite garantizar la
incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las
implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que
se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades
administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y
privadas;
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XXXVIII. Tribunal Electoral: Tribunal Estatal Electoral de Baja California
Sur;
XXXIX. Víctima: Aquellas personas físicas que pudieran estar sufriendo
algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general
cualquier peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como
consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de
los que el Estado Mexicano es Parte;
XL. Víctimas Indirectas: Son los familiares o aquellas personas físicas a
cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella;
XLI. Víctimas Potenciales: Son las personas cuya integridad física o
derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o
detener la violación de derechos o la comisión de un delito;
XLII. Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género: Es
toda acción u omisión, basada en elementos de género y ejercida dentro de
la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la
mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo,
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las
prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o
cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de
género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Baja California Sur, y puede ser perpetrada indistintamente por persona
funcionaria pública municipal, estatal o federal, por superiores jerárquicos,
colegas de trabajo, personas dirigentes de Partidos Políticos, militantes,
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos
postulados por los Partidos Políticos o representantes de los mismos; medios
de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de
personas; y
XLIII. Votación Válida Emitida: Es la que resulte de deducir de la suma de
todos los votos depositados en las urnas los votos nulos, los votos de los
partidos que no conservaron su registro y a las candidaturas no registradas.
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Artículo 4
1. El Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de esta
Ley y de la Ley General, para tal efecto, las autoridades federales, estatales y
municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado
desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas por
la Constitución Local y esta Ley.
2. La aplicación de esta Ley corresponde en sus respectivos ámbitos de
competencia al Instituto, al Instituto Nacional y al Tribunal Electoral.
3. La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical,
sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 14 de la Constitución General y al penúltimo párrafo del artículo 14
de la Constitución local.
Artículo 5
1. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al
sufragio corresponde al Instituto y al Instituto Nacional, a los Partidos
Políticos y sus candidatas y candidatos.
2. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para
asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y las dispuestas
en esta Ley, garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los
derechos político-electorales y el respeto a los Derechos Humanos.
Artículo 6
1. Son derechos y obligaciones de la ciudadanía sudcaliforniana:
I. Derechos:
a) Votar en las elecciones populares en los términos de esta Ley;
b) Poder ser votada para todo cargo de elección popular, teniendo las
calidades que establece esta Ley, el derecho de solicitar el registro para
contender a una candidatura ante la autoridad electoral corresponde a los
Partidos Políticos, así como a la ciudadanía que solicite su registro de manera
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
determine esta Ley;
c) Asociarse individual, libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos
políticos del Estado;
d) Participar en las consultas ciudadanas plebiscitarias y de referéndum, así
como en los procesos de Revocación de Mandato;
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e) Afiliarse, libre e individualmente, a los Partidos Políticos; y
f) Las demás que le confieran esta Ley.
II. Obligaciones:
a) Inscribirse en el Padrón Electoral y gestionar la correspondiente credencial
para votar;
b) Notificar al Registro Federal de Electores los cambios de domicilio que
realicen;
c) Desempeñar los cargos de elección popular para los que sean electos;
d) Cumplir en forma obligatoria y gratuita las funciones electorales para las
que sean requeridos;
e) Votar en las elecciones estatales, municipales y distritales en la casilla que
corresponda a su domicilio, salvo las excepciones que establece esta Ley;
f) Participar en la preparación y vigilancia de las elecciones a través de los
organismos electorales, en los términos de la presente Ley;
g) Acudir a recibir ante la autoridad electoral, la capacitación para el
desempeño de sus funciones; y
h) Las demás que señale la Ley.
2. Será causa justificada de la ciudadanía para no desempeñar una función
electoral:
a) Haber sido designado representante de un Partido Político ante el Instituto
y sus órganos el día de la jornada electoral;
b) Ser o haber sido dirigente de un Partido Político los tres años anteriores al
día de la elección;
c) Contar con el registro de una candidatura, ya sea en calidad de persona
candidata propietaria o suplente a cualquier puesto de elección popular;
d) Ser Notaria o Notario Público;
e) Ser Agente del Ministerio Público;
f) Ser Magistrada o Magistrado de los órganos del Poder Judicial del Estado; y
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g) Ser Jueza, Juez, titular de la secretaría de acuerdos, proyectista y/o similar
de los órganos del Poder Judicial del Estado, en funciones.
TÍTULO SEGUNDO
Del Instituto Estatal Electoral
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares
Artículo 7
1. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, es el organismo público
local en materia electoral, profesional en su desempeño, autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio, depositario de la autoridad electoral en la
entidad, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las
elecciones en los términos de esta Ley y de la Ley General, así como
responsable de los procedimientos de referéndum, plebiscito, consulta
ciudadana y Revocación de Mandato.
2. El Instituto, así como todas sus actividades se regirá por los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad, y las realizarán con perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos.
3. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores se regirán
por las Leyes locales, de conformidad con lo dispuesto por el Apartado A del
artículo 123 de la Constitución General.
Artículo 8
1. Son fines del Instituto:
I. Ejercer la función de Estado consistente en la preparación, organización y
vigilancia de los procesos electorales para renovar a los integrantes y
titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos
de la Entidad;
II. Preparar, organizar y vigilar los procesos de referéndum, plebiscito y
Revocación de Mandato;
III. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;
IV. Preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos;
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V. Asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales y
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
VI. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;
VII. Llevar a cabo la promoción del voto y la difusión de la educación cívica y
la cultura democrática;
VIII. Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos
de las mujeres en el ámbito político y electoral;
IX. Coadyuvar y, en su caso, llevar a cabo la organización, desarrollo y
vigilancia de las elecciones de las autoridades auxiliares municipales, con
cargo al ayuntamiento respectivo, previa solicitud y suscripción del convenio
correspondiente; y
X. Llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos de
participación ciudadana en términos de esta ley.
Artículo 9
1. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles
que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente
se le señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado, así como con los
ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las
disposiciones de esta Ley.
2. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los
Partidos Políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste
no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del
mismo resulten conforme a la Ley General de Partidos Políticos y la presente
Ley.
3. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por
las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables.
Artículo 10
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y
formatos que establezca el Instituto Nacional;
II. Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los Partidos
Políticos y candidaturas;
III. Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que
tienen derecho los Partidos Políticos nacionales y locales y, en su caso, a las
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Candidaturas Independientes, en la entidad de conformidad con lo
establecido en el Título Décimo Tercero de la presente Ley;
IV. Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica;
V. Orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus obligaciones político-electorales;
VI. Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada
electoral;
VII. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;
VIII. Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a
cabo en el Estado con base en las disposiciones de esta Ley y con base en los
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales;
IX. Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a
las candidatas y candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de los votos,
así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación
proporcional de la legislatura, conforme al cómputo y declaración de validez
que efectúe el propio organismo;
X. Efectuar el cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo en la
entidad;
XI. Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares
de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las
reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto
Nacional;
XII. Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto
Nacional en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en el Estado;
XIII. Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho
de la ciudadanía a realizar labores de observación electoral en el Estado, de
acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional;
XIV. Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos
emitidos por el Instituto Nacional;
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XV. Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los
resultados de los mecanismos de participación ciudadana;
XVI. Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y
municipales en la entidad, durante el proceso electoral;
XVII. Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos
exclusivamente de naturaleza electoral;
XVIII. Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional, sobre el ejercicio de las funciones que
éste, le hubiera delegado, conforme a lo previsto por la Ley General y demás
disposiciones que emita el Consejo General;
XIX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como
el respeto de los derechos político-electorales de las mujeres; y
XX. Las demás que determinen la Ley General y esta Ley.
Artículo 11
1. El Instituto tiene su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus
funciones en todo el territorio de la entidad, conforme a la siguiente
estructura:
I. Un órgano de dirección, que es el Consejo General;
II. Órganos ejecutivos, que son:
a) La Presidencia;
b) La Junta Estatal Ejecutiva;
c) La Secretaría Ejecutiva; y
d) La Contraloría General.
III. Órganos técnicos, que son:
a) La Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral;
b) La Comisión de Organización Electoral;
c) La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas;
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d) La Comisión de Quejas y Denuncias, y de Procedimiento Contencioso
Electoral;
e) La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Profesional Electoral;
f) La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación; y
IV. Las siguientes Direcciones:
a) Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;
b) Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;
c) Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral;
d) Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral;
e) Dirección de Ejecutiva Transparencia y Acceso a la Información y del
Servicio Profesional Electoral;
f) Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; y
g) Las demás que se requieran para la óptima operación del Instituto, en
términos de la disponibilidad presupuestal y la autorización mediante
acuerdo del Consejo General.
V. Las siguientes Unidades:
a) Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos;
b) Unidad Técnica de Archivo; y
c) Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
VI. Órganos desconcentrados durante el desarrollo del proceso electoral, que
son:
a) Los Consejos Distritales Electorales;
b) Los Consejos Municipales Electorales; y
c) Las Mesas Directivas de Casilla.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de su
Presidencia
Artículo 12
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y
las realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
2. El Consejo General se integra por una Consejera o Consejero Presidente,
tres Consejeras y tres Consejeros Electorales, una persona representante por
cada uno de los partidos políticos y una Secretaría Ejecutiva. Solo las
Consejeras y Consejeros Electorales, así como la Consejera o Consejero
Presidente tendrán derecho a voto.
3. La conformación de las siete personas consejeras y consejeros, así como
la Secretaría Ejecutiva deberá garantizar el Principio Constitucional de
paridad de género.
4. El Consejero o Consejera Presidente del Consejo General y las Consejeras
y Consejeros electorales durarán en su encargo siete años, y serán electos y
removidos por el Consejo General del Instituto Nacional, de conformidad con
lo establecido por el artículo 116, fracción IV inciso c) de la Constitución
General, y el procedimiento establecido en la Ley General.
5. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrada y removida
por el voto de las dos terceras partes de las Consejeras y/o Consejeros
electorales del Consejo General, a propuesta de la persona que lo preside.
6. Cada Partido Político designará a una persona representante propietaria y
una suplente.
7. Los Partidos Políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus
representaciones, dando con oportunidad el aviso correspondiente a la
persona que preside el Consejo General.
Artículo 13
1. El Consejo General se reunirá en sesión ordinaria cada dos meses, en
periodo de proceso electoral se deberá reunir cada mes, o cuando el mismo
Consejo General lo estime necesario, quien lo presida podrá convocar a
sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición que le sea
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formulada por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales o de
las representaciones de los Partidos Políticos, de forma conjunta o
indistintamente.
2. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté
presente la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar la
persona que lo preside quien será suplida en sus ausencias momentáneas
por el integrante del Consejo General que ella misma designe. En el supuesto
de que el Consejero o Consejera que lo presida no asistan o se ausente en
forma definitiva de la sesión, el Consejo General designará a una Consejera o
un Consejero electoral presente para que lo presida.
3. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto asistirá a las
sesiones con derecho a voz, pero sin voto. La Secretaría del Consejo General
estará a cargo de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. En
caso de ausencia de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva a la sesión,
sus funciones serán realizadas por alguno de los integrantes de la Junta
Estatal Ejecutiva que al efecto designe el Consejo General para esa sesión.
4. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el primer párrafo
de este artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas
siguientes, con las Consejeras y los Consejeros, así como con las
representaciones de los Partidos Políticos que asistan.
5. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, salvo las que conforme
a esta Ley requieran de una mayoría calificada.
6. En el caso de ausencia definitiva de la presidencia del Consejo General, las
personas integrantes de éste nombrarán de entre ellas a quien deberá
sustituirla provisionalmente, comunicando de inmediato al Consejo General
del Instituto Nacional a fin de que se designe su reemplazo en los términos
señalados en la Constitución General y la Ley General.
Artículo 14
1. El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que serán presididas
por una Consejera o Consejero Electoral.
2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones
de: Educación Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral;
Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas; Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral; De Quejas y Denuncias y de
Procedimiento Contencioso Electoral y Comisión de Igualdad de Género y No
Discriminación, funcionarán permanentemente y se integrarán
exclusivamente por Consejeros y Consejeras Electorales designados por el
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Consejo General. Las Consejeras y los Consejeros Electorales podrán
participar hasta en tres de las comisiones antes mencionadas, por un periodo
de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual
entre sus integrantes. Los partidos políticos participarán a través de
representantes acreditados con derecho a voz en aquellas comisiones que el
Consejo General apruebe.
3. Para cada proceso electoral se fusionarán las comisiones de Educación
Cívica y Capacitación Electoral y de Organización Electoral, a fin de integrar
la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral; el
Consejo General designará en septiembre del año previo al de la elección, a
sus integrantes y al Consejero o Consejera Electoral que la presidirá. Todas
las comisiones se integrarán con tres Consejeros y Consejeras Electorales.
4. Las comisiones permanentes contarán con una Secretaría Técnica que
será el o la persona titular de la Dirección Ejecutiva correspondiente, quien
podrá suplirse en sus funciones de Secretaría Técnica, por la persona
servidora pública de nivel inmediato inferior que se determine.
5. La persona titular de la Dirección Ejecutiva podrá ser suplida en sus
funciones de Secretaría Técnica, por la persona servidora pública de nivel
inmediato inferior que se determine.
6. En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán
presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso,
dentro del plazo que determine esta Ley.
7. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General
colaborará con las comisiones para el cumplimiento de las tareas que se les
hayan encomendado.
Artículo 15
1. El Consejo General solicitará la publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, los acuerdos y resoluciones de
carácter general que así lo determine, así como los nombres de los
integrantes de los Consejos Distritales y Consejos Municipales designados en
los términos de esta Ley.
2. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General
establecerá los acuerdos para asegurar la oportuna publicación a que se
refiere el párrafo anterior.
CAPÍTULO TERCERO
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De los Consejos Municipales
Artículo 16
1. Los Consejos Municipales Electorales son los órganos del Instituto
encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en
la elección de ayuntamientos, en el ámbito de su competencia conforme a lo
estipulado en esta Ley y los acuerdos que emita el Consejo General.
2. En cada uno de los Municipios del Estado, funcionará un Consejo
Municipal, con residencia en la cabecera municipal y ejercerán sus funciones
sólo durante el proceso electoral. Dichos Consejos se instalarán a más tardar
en la primera semana del mes de diciembre del año previo a la elección.
3. A partir de la fecha de instalación y hasta el término del proceso electoral
sesionarán por lo menos una vez al mes, previa convocatoria de quien lo
presida y en forma extraordinaria cuando éste lo estime necesario o a
petición que le formulen la mayoría de las representaciones de los Partidos
Políticos, de las candidaturas independientes, coaliciones y/o candidaturas
comunes acreditadas en los términos de esta Ley.
4. Apartado A. Los Consejos Municipales se integrarán de la siguiente
manera:
I. Por una Consejera o un Consejero Presidente y dos Consejeras y dos
Consejeros electorales, con voz y voto, que serán nombrados en base al
procedimiento establecido en la convocatoria emitida por el Consejo General,
a más tardar en la primera semana del mes de diciembre del año previo al de
las elecciones ordinarias. Deberá estar integrado de manera paritaria y la
ocupación de la presidencia será rotativa para cada elección;
II. Por una representación de cada uno de los Partidos Políticos y de
candidaturas independientes acreditados conforme a esta Ley, con derecho a
voz, pero no a voto; y
III. Por la persona titular de la Secretará General, con derecho a voz, pero no
a voto, nombrado por el Consejo General.
5. Por cada una de las personas integrantes propietarias de los Consejos
Municipales Electorales, se designará una suplente.
6. Las personas titulares de la presidencia, la Secretaría General y las y los
Consejeros electorales percibirán la remuneración económica que al efecto
determine el Instituto.
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7. Una persona representante del Registro Federal de Electores podrá asistir
a las sesiones del Consejo Municipal correspondiente, con voz, pero sin voto,
a invitación expresa.
8. Apartado B. Los Consejos Municipales tendrán dentro del ámbito de su
competencia las siguientes atribuciones:
I. Vigilar la observancia de esta Ley y las disposiciones que dicte el Consejo
General;
II. Intervenir en el proceso electoral en los términos de esta Ley, dentro del
Municipio de que se trate;
III. Recibir las solicitudes de registro de las planillas para miembros de
Ayuntamientos, para su aprobación y registro en su caso, vigilando el estricto
cumplimiento de la obligación de los Partidos Políticos, que participen ya sea
en forma individual, a través de candidaturas comunes o de coaliciones; así
como de las personas candidatas independientes. Así como la de vigilar que
en todas las candidaturas se proponga el cincuenta por ciento de personas
candidatas propietarias y suplentes de un mismo género y el cincuenta por
ciento restantes con personas candidatas del género opuesto e informando
de ello al Instituto;
IV. Conocer de los acuerdos de los Consejos Distritales respecto del número
y ubicación de casillas, así como de la integración de las mesas directivas
correspondientes;
V. Conocer de los acuerdos de los Consejos Distritales respecto de los
nombramientos de los representantes generales y de casilla, que se efectúen
en los términos de esta Ley;
VI. Recibir los escritos del recurso de revisión que se hagan valer en contra
de sus actos y resoluciones y remitirlos al Instituto;
VII. Realizar el cómputo de votación de la elección de Ayuntamientos, hacer
la declaratoria de validez de esta y expedir la constancia de mayoría
respectiva a la planilla triunfadora, informando de ello al Instituto;
VIII. Asignar las Regidurías de Representación Proporcional, conforme a lo
dispuesto por el artículo 182 de esta Ley;
IX. Recibir los juicios de inconformidad en contra del cómputo, declaratoria
de validez y expedición de la constancia de mayoría de la elección de
Ayuntamiento, así como de la asignación de regidurías por el principio de
Representación Proporcional y turnarlos al Tribunal Electoral;
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X. Publicar, mediante avisos colocados en el exterior de sus oficinas, los
resultados de los cómputos municipales; y
XI. Las demás que les confiera esta Ley y el Consejo General del Instituto.
9. Apartado C. La Consejera o Consejero Presidente del Consejo Municipal
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y las resoluciones
que dicte el Instituto;
II. Informar al Instituto y al Consejo Distrital que le corresponda sobre el
desarrollo de sus funciones;
III. Solicitar a las autoridades correspondientes la intervención de la fuerza
pública para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral;
IV. Designar al personal administrativo que sea necesario para el
cumplimiento de sus funciones;
V. Una vez hecho el cómputo de la elección de integrantes de Ayuntamientos
enviar al Instituto copias certificadas de las actas correspondientes y de la
asignación de regidurías de Representación Proporcional; y
VI. Las demás que le confiera esta Ley.
10. Apartado D. La persona titular de la Secretaría General del Consejo
Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
I. Auxiliar a la Consejera o Consejero Presidente del Consejo Municipal en los
asuntos que éste le encomiende;
II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo; declarar la
existencia del quórum legal para sesionar; dar fe de lo actuado en las
sesiones; elaborar el acta correspondiente y autorizarla conjuntamente con la
Consejera o Consejero Presidente;
III. Llevar el archivo del Consejo Municipal;
IV. Expedir y entregar, por instrucciones de la persona titular de la
Presidencia del Consejo, copias certificadas de registros, nombramientos,
documentos, actas y actuaciones que le soliciten por escrito las Consejeras o
Consejeros electorales y representaciones de los Partidos Políticos y de
personas candidatas independientes acreditadas, recabando la constancia de
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recibo correspondiente, salvo el caso de que tal expedición amerite acuerdo
expreso de los integrantes del Consejo y existan los medios materiales para
su expedición o en su caso, a costa del Partido Político solicitante, lo anterior
previo análisis y en su caso de la clasificación de datos personales, con base
en la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja California
Sur y demás preceptos legales aplicables;
V. Supervisar la administración de los recursos humanos, materiales y
financieros del Consejo; y
VI. Las demás que le confiera esta Ley y el propio órgano electoral.
11. Las vacantes de la Consejera o Consejero Presidente o de las Consejeras
o Consejeros electorales propietarios serán cubiertas por las suplencias
respectivas; en caso de continuar dichas vacantes deberán ser cubiertas
conforme a lo que determine el Consejo General.
12. Los Partidos Políticos y candidaturas independientes deberán acreditar a
sus representaciones ante el Consejo General del Instituto, para que los
representen en los Consejos Municipales Electorales, en la primera quincena
de octubre del año previo al de la elección respectiva; si no lo hicieren dentro
de dicho término los podrán acreditar con posterioridad, sin que tengan
derecho a combatir los actos o resoluciones dictados con antelación por los
citados órganos electorales.
13. Para las sesiones ordinarias de los Consejos Municipales, sus integrantes
serán citados cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación,
anexándose el respectivo orden del día y documentación que en su caso
habrá de someterse a consideración del Consejo, requiriéndose para su
validez que asistan la mayoría de estos, con derecho a voz y voto, debiendo
contarse siempre con la presencia de la Consejera o Consejero Presidente. En
el caso de las sesiones extraordinarias, sus integrantes se citarán cuando
menos con veinticuatro horas de anticipación.
14. En la cita a que se refiere el párrafo anterior se les apercibirá que, en
caso de no haber mayoría, la sesión se celebrará después de dos horas de
pasada la cita original y dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el
número de integrantes con derecho a voto que asistan, entre los que estará
la Consejera o Consejero Presidente, siendo válidos los acuerdos que en ella
se tomen.
15. Toda resolución se tomará por mayoría de votos y en caso de empate
será de calidad el de la Consejera o Consejero Presidente.
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CAPÍTULO CUARTO
De los Consejos Distritales
Artículo 17
1. Los Consejos Distritales Electorales son los órganos del Instituto
encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en
la elección de Diputados, en el ámbito de su competencia conforme a lo
estipulado en esta Ley y los acuerdos que emita el Consejo General.
2. En cada Distrito Electoral en que se divida el territorio del Estado
funcionará un Consejo Distrital, con domicilio legal en el mismo, que será
determinado por el Consejo General, el cual ejercerá sus funciones sólo
durante el proceso electoral.
3. Se instalarán a más tardar en la primera semana del mes de diciembre del
año previo al de la elección y sesionarán por lo menos una vez al mes, previa
convocatoria de quien lo preside y en forma extraordinaria, cuando éste lo
estime necesario o a petición que le formulen la mayoría de las
representaciones de los Partidos Políticos, de candidaturas independientes,
coaliciones y candidaturas comunes acreditadas en los términos de esta Ley.
4. Apartado A. Los Consejos Distritales se integrarán de la siguiente
manera:
I. Por una consejera o un consejero Presidente y cuatro Consejeras o
Consejeros electorales con voz y voto, que serán nombrados por el Consejo
General, en base al procedimiento establecido en la convocatoria emitida
para tal efecto, a más tardar en la tercera semana de octubre del año previo
al de las elecciones. Deberá estar integrado de manera paritaria y la
ocupación de la presidencia será rotativa para cada elección;
II. Por una persona representante de cada uno de los Partidos Políticos,
candidaturas independientes, coaliciones y candidaturas comunes
acreditadas conforme a esta Ley, con derecho a voz; y
III. Por una Secretaría o Secretario General con derecho a voz, pero no a
voto, nombrado por el Consejo General.
5. Por cada uno de las personas integrantes propietarias de los Consejos
Distritales, se designará una persona suplente.
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6. La persona titular de la Presidencia y de la Secretaría General y las
consejeras y consejeros electorales percibirán la remuneración económica
que al efecto determine el Consejo General.
7. Apartado B. Los Consejos Distritales tendrán las siguientes atribuciones:
I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones que dicte el
Instituto;
II. Recibir las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a
diputaciones por el principio de mayoría relativa, para su aprobación y
registro en su caso, vigilando el estricto cumplimiento de la obligación de los
Partidos Políticos, que participen ya sea en forma individual, a través de
candidaturas comunes o de coaliciones, de proponer el cincuenta por ciento
de candidaturas propietarias y suplentes de un mismo género y el cincuenta
por ciento restante con candidaturas del género opuesto e informando de
ello al Instituto;
III. Registrar los nombramientos de las representaciones generales y de
casilla de los Partidos Políticos, candidaturas independientes, coaliciones y
candidaturas comunes que se efectúen en los términos de esta Ley y
expedir, en su caso, la identificación para los mismos en un plazo máximo de
setenta y dos horas a partir de su registro, siempre y cuando cumplan los
requisitos establecidos en esta Ley, debiendo informar de ello a los Consejos
Municipales;
IV. Recibir las solicitudes de registro de la ciudadanía para participar como
personas observadoras durante el proceso electoral, de conformidad a lo
dispuesto por esta Ley y turnarlas al Instituto para su resolución;
V. Resolver sobre las peticiones y consultas que presenten la ciudadanía, las
personas candidatas y Partidos Políticos, relativos a la integración y
funcionamiento de las mesas directivas de casilla, al desarrollo del proceso
electoral y demás asuntos de su competencia;
VI. Recibir los escritos del recurso de revisión que se hagan valer en contra
de sus actos o resoluciones y remitirlos al Instituto;
VII. Efectuar el cómputo distrital de la votación para diputaciones por el
principio de mayoría relativa, realizar la declaratoria de validez de la elección
y expedir la constancia de mayoría a la fórmula triunfadora, así como
informar de esta actividad al Instituto;
VIII. Efectuar el cómputo de la elección de la Gubernatura del Estado,
enviando al Instituto la respectiva documentación;
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IX. Recibir los juicios de inconformidad que se presenten en contra del
cómputo, declaratoria de validez y expedición de constancias de la elección
de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa y remitirlas al Tribunal
Electoral;
X. Impartir en su caso, cursos de capacitación a la ciudadanía residente en el
Estado, que pretendan desempeñar la función de personas observadoras; y
XI. Las demás que le confiera esta Ley o el Instituto.
8. Apartado C. La Consejera o Consejero Presidente del Consejo Distrital
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Informar al Instituto sobre el desarrollo de sus funciones y del propio
Consejo;
II. Designar al personal administrativo del Consejo que sea necesario para el
cumplimiento de sus funciones;
III. Publicar en su caso, en los lugares de mayor concurrencia del Distrito
Electoral, así como en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado,
las listas que contengan la ubicación de las casillas y los integrantes de sus
mesas directivas en los términos que establece esta Ley;
IV. Entregar a las presidencias de las mesas directivas de casilla
directamente la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para el
cumplimiento de sus funciones;
V. Turnar los expedientes de la elección para la Gubernatura del Estado al
Consejo General del Instituto, a efecto de que realice el cómputo
correspondiente y la expedición de constancia de mayoría de votos y las
actas de cómputo distrital de la elección de diputados para la asignación de
diputaciones de representación proporcional en su caso;
VI. Solicitar, cuando juzgue conveniente, a las autoridades correspondientes
el auxilio de la fuerza pública necesaria para garantizar el desarrollo pacífico
del proceso electoral;
VII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones que dicte el propio Consejo;
VIII. Designar en su caso, a las ciudadanas y ciudadanos que deberán fungir
como titulares de las presidencias, secretarías y personas escrutadoras
cuando mediante el procedimiento de insaculación no se hubiesen integrado
la totalidad de mesas directivas de casillas;
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IX. Remitir los recursos de inconformidad al Tribunal Electoral; y
X. Las demás que le confieran esta Ley o el Consejo General del Instituto.
9. Apartado D. La persona titular de la Secretaría del Consejo Distrital
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Auxiliar a la persona titular de la Presidencia del Consejo Distrital en los
asuntos que éste le encomiende;
II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo; declarar la
existencia del quórum legal para sesionar; dar fe de lo actuado en las
sesiones; elaborar el acta correspondiente y autorizarla juntamente con
quien preside;
III. Llevar el archivo del Consejo Distrital;
IV. Expedir y entregar, por instrucciones de la Consejera o Consejero
Presidente del Consejo, copias certificadas de registros, nombramientos,
documentos, actas y actuaciones que le soliciten por escrito las Consejeras o
Consejeros electorales y representaciones de los Partidos Políticos,
candidaturas independientes o coaliciones acreditadas, recabando la
constancia de recibo correspondiente, salvo el caso de que tal expedición
amerite acuerdo expreso de los integrantes del Consejo y existan los medios
materiales para su expedición o en su caso, a costa del Partido Político,
candidatura independiente o coalición solicitante lo anterior previo análisis y
en su caso clasificación de datos personales, con base en la Ley de General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información del Estado de Baja California Sur y demás
preceptos legales aplicables;
V. Supervisar la administración de los recursos humanos, materiales y
financieros del Consejo; y
VI. Las demás que le confiera esta Ley y el propio órgano electoral.
10. Apartado E.- Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, los
Consejos Distritales, podrán designar capacitadores asistentes electorales,
que tendrán las siguientes atribuciones:
I. Auxiliar al Consejo Distrital en la entrega de la documentación, material y
útiles para la elección a las presidencias de las mesas directivas de casilla;
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II. Apoyar la instalación de las casillas electorales en cumplimiento de lo
establecido en esta Ley y los acuerdos del Consejo Distrital respectivo;
III. Vigilar la correcta instalación de las casillas electorales el día de la
jornada electoral e informar al Consejo Distrital correspondiente de las
casillas que no se hubieren instalado y las causas;
IV. Auxiliar en la recepción de los paquetes electorales; y
V. Las demás que le confiera esta Ley y el propio órgano electoral.
11. Apartado F. Para ser titular de la Presidencia y Consejera o Consejero
Electoral de los Consejos Municipales o Distritales del Estado, deberá cumplir
los siguientes requisitos:
I. Tener ciudadanía sudcaliforniana en pleno goce de sus derechos políticos y
civiles;
II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con la credencial
para votar vigente;
III. Tener por lo menos veinticinco años al día de su designación;
IV. Tener residencia en el Municipio o Distrito respectivo durante los últimos
tres años anteriores al día de su designación;
V. Ser de reconocida probidad y tener conocimientos en la materia político
electoral;
VI. No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular ni haber
sido postulado como persona candidata para alguno de ellos en los últimos
tres años anteriores a su designación;
VII. No desempeñar o haber desempeñado cargo de dirigencia nacional,
estatal o municipal de algún Partido Político en los últimos tres años
anteriores a la fecha de designación;
VIII. No haber sido ministro de algún culto religioso, a menos que se haya
separado formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos
tres años antes del día de la elección; y
IX. No haber sido condenada por delito doloso.
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CAPÍTULO QUINTO
De las Atribuciones del Consejo General
Artículo 18
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:
I. Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido
ejercicio de las facultades, atribuciones y obligaciones del Instituto;
II. Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos
del Instituto, y conocer, por conducto de la Presidencia, de la Secretaría
Ejecutiva o de sus comisiones, las actividades de estos, así como de los
informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles;
III. Designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva por el voto de las
dos terceras partes de las consejeras y los consejeros electorales, conforme a
la propuesta que presente la Consejera o el Consejero Presidente,
observando el principio de paridad de género respecto de la designación
anterior;
IV. Designar en caso de ausencia de la persona titular de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo General, de entre los integrantes de la Junta Estatal
Ejecutiva, a la persona que fungirá como titular de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo General en la sesión;
V. Designar a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y de las
unidades técnicas del Instituto, a propuesta que presente la consejera o el
consejero presidente. En el caso de las direcciones ejecutivas y unidades
técnicas previstas en esta Ley, el nombramiento de sus titulares deberá
realizarse por el voto de las dos terceras partes de las consejeras y los
consejeros electorales;
VI. Designar, mediante convocatoria pública, a las personas funcionarias que
se desempeñaran como consejeras y consejeros de los consejos distritales y
municipales durante los procesos electorales, quedando sin efecto el
nombramiento una vez concluido el proceso respectivo;
VII. Recibir y resolver sobre los convenios de fusión, frente, coalición y
candidaturas comunes que celebren los Partidos Políticos, así como sobre los
acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con los
Partidos Políticos, en los términos de la Ley General de Partidos Políticos;
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VIII. Recibir y resolver sobre la solicitud de candidatura común a la
Gubernatura, que soliciten los Partidos Políticos, en términos de lo
establecido en esta Ley;
IX. Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos tanto locales como
nacionales se desarrollen con apego a las Leyes locales y generales en la
materia, así como los lineamientos que emita el Consejo General para que los
Partidos Políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política
contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las
obligaciones a las que están sujetos;
X. Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los Partidos Políticos
incluyendo el acceso a medios de comunicación distintos a radio y televisión,
se actúe con apego a las Leyes Generales en la materia, así como a lo
dispuesto en los reglamentos que al efecto expida el Consejo General del
Instituto Nacional, y convenios que expida el propio Consejo General del
Instituto;
XI. Resolver, en los términos de las Leyes Generales, y esta Ley, el
otorgamiento del registro a los Partidos Políticos y agrupaciones políticas
locales, así como sobre la pérdida de este en los casos previstos en la Ley
General de Partidos Políticos, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
Sur;
XII. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben
presentar los Partidos Políticos y candidatos en los términos de esta Ley;
XIII. Conocer los informes, bimestrales y el informe anual, que la Junta
Estatal Ejecutiva rinda por conducto de la persona titular de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto, así como los que, en su caso, deba rendir la
Contraloría General;
XIV. Requerir a la Junta Estatal Ejecutiva investigue, por los medios a su
alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los Partidos
Políticos o el proceso electoral;
XV. Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la
Ley de la materia;
XVI. Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le
proponga la persona titular de la Presidencia del Consejo General y una vez
aprobado remitirlo a la persona Titular del Ejecutivo Estatal para su inclusión
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en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, mismo que estará
sujeto a la aprobación del Congreso del Estado en términos del artículo 127
de la Constitución General. En año de ejercicio electoral, el Consejo General
deberá integrar en el anteproyecto de presupuesto el impacto presupuestario
del gasto que representa el proceso, con base al gasto comprobado del
proceso anterior y su ajuste inflacionario. El presupuesto aprobado será para
el cumplimiento de sus funciones, en ningún caso se podrán aplicar los
recursos para erogaciones no previstas en el presupuesto aprobado.
XVII. Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que
correspondan, en los términos previstos en esta Ley;
XVIII. Aprobar las políticas, los programas de las unidades y el programa
anual de trabajo del Instituto a propuesta de la Junta Estatal Ejecutiva;
XIX. Nombrar de entre las consejeras y los consejeros electorales, a quien
deba sustituir provisionalmente a la persona titular de la Presidencia del
Consejo en caso de ausencia definitiva e informarlo al Consejo General del
Instituto Nacional para los efectos conducentes;
XX. Resolver, por mayoría de votos de las consejeras y de los consejeros
electorales, sobre la creación de direcciones, unidades técnicas y comisiones,
en los términos de esta Ley;
XXI. Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las
dirigencias de los Partidos Políticos locales que así lo soliciten, con cargo a
sus prerrogativas, en los términos que establece esta Ley. La solicitud deberá
realizarse al Instituto cuando menos con cuatro meses de anticipación. El
Instituto establecerá mediante acuerdo las modalidades que deberán cumplir
los Partidos Políticos para la solicitud respectiva, siendo obligación tener
actualizado el padrón de afiliados en el registro de Partidos Políticos;
XXII. Emitir el reglamento de quejas y denuncias;
XXIII. Resolver los medios de impugnación que le competan, en contra de
los actos o resoluciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y de
las consejeras y los consejeros de los consejos distritales y municipales del
Instituto, en los términos establecidos en la presente Ley;
XXIV. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores
atribuciones y las demás señaladas en las Leyes generales de la materia,
esta Ley o en otra legislación aplicable;
XXV. Registrar las candidaturas para la Gubernatura del Estado, así como las
listas de candidaturas de representación proporcional;
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XXVI. Calificar la elección a la Gubernatura del Estado y declarar electa a la
persona candidata que haya obtenido la mayoría de los votos en los términos
previsto en esta Ley y remitir al Congreso la declaratoria de Gobernador o
Gobernadora electa;
XXVII. Vigilar que, en la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas
a diputaciones de mayoría relativa, de representación proporcional e
integrantes de ayuntamiento, que presenten los Partidos Políticos,
coaliciones y candidaturas independientes, ante el órgano electoral
respectivo, se cumpla con el cincuenta por ciento de las candidaturas a
personas propietarias y suplentes de un mismo género y el cincuenta por
ciento restantes con candidaturas del género opuesto;
XXVIII. Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la integración y
domicilio legal de los diversos órganos que forman parte de este, dentro de
los cinco días posteriores a su instalación;
XXIX. Conocerá la geografía electoral del Estado, que apruebe el Instituto
Nacional en términos de lo dispuesto por la Ley General;
XXX. Rendir los informes que el Instituto Nacional le requiera, relacionado
con las funciones que al primero le establece la Ley General;
XXXI. Informar al Congreso, la integración de la Legislatura entrante; y
XXXII. Convenir y asumir las funciones delegadas por el Instituto Nacional,
con base en la fracción V apartado C numeral 11 inciso b) del artículo 41 de
la Constitución General y 125 de la Ley General.
Artículo 19
1. Corresponde a la persona titular de la Presidencia del Consejo General las
atribuciones siguientes:
I. Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del
Instituto;
II. Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales,
estatales y municipales, para que, en sus respectivos ámbitos de
competencia, colaboren con el Instituto para el cumplimiento de sus fines;
III. Convocar y conducir las sesiones del Consejo General;
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IV. Recibir las solicitudes de candidaturas para el cargo a la Gubernatura del
Estado;
V. Recibir las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de
representación proporcional;
VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo
General;
VII. Proponer al Consejo General el nombramiento de la persona titular de la
Secretaría Ejecutiva, de las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas y
demás Titulares de Unidades Técnicas del Instituto;
VIII. Designar de entre los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva a quien
sustanciará, en términos de la Ley de la materia, el medio de impugnación
que se interponga en contra de los actos o resoluciones de la persona titular
de la Secretaría Ejecutiva;
IX. Recibir de la persona titular de la Contraloría General los informes de las
revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal
aplicación de los recursos y bienes del Instituto, así como hacerlos del
conocimiento del Consejo General;
X. Proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de presupuesto
del Instituto para su aprobación;
XI. Remitir al titular del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del
Instituto aprobado por el Consejo General, en los términos de la Ley de la
materia;
XII. Presidir la Junta Estatal Ejecutiva e informar al Consejo General de los
trabajos de esta;
XIII. Someter al Consejo General las propuestas para la creación de nuevas
comisiones, direcciones o unidades técnicas para el mejor funcionamiento
del Instituto;
XIV. Proponer a la Junta Estatal Ejecutiva, la contratación de personal
adscrito a una rama administrativa, para el correcto desempeño de las
actividades relacionadas con los fines y objetivos del Instituto;
XV. Ordenar, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur de los acuerdos y resoluciones que pronuncie el
Consejo General;
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XVI. Con base a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional y lo
dispuesto por la Ley General, y previa autorización del Consejo General,
ordenará la realización de encuestas o sondeos de opinión y dará publicidad
a los resultados de estos;
XVII. Coordinar las actividades del Instituto con el Instituto Nacional en
términos de la ley;
XVIII. Designará personal a su cargo a fin de asesorar y capacitar a las
personas candidatas independientes en sus registros y comprobación de
gastos previo al inicio del proceso electoral, sujetándose al presupuesto
anual de egresos autorizado por el Congreso; y
XIX. Las demás que le confiera esta Ley.
Artículo 20
1. Corresponde a la persona titular de la Secretaría del Consejo General:
I. Auxiliar al propio Consejo General y a su presidencia en el ejercicio de sus
atribuciones;
II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo General, declarar la
existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta
correspondiente y someterla a la aprobación de las y los consejeros y
representantes asistentes;
III. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General;
IV. Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las comisiones;
V. Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra
de los actos o resoluciones de los consejos distritales y municipales del
Instituto y preparar el proyecto correspondiente;
VI. Recibir y dar el trámite previsto en la Ley de la materia, a los medios de
impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del
Consejo General, informándole sobre los mismos en la sesión inmediata;
VII. Informar al Consejo General de las resoluciones que le competan
dictadas por el Tribunal Electoral;
VIII. Llevar el archivo del Consejo General;
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IX. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de las consejeras y
los consejeros y de las representaciones de los Partidos Políticos;
X. Firmar, junto con la persona titular de la Presidencia del Consejo General,
todos los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo;
XI. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones
que pronuncie el Consejo General;
XII. Recibir, para efectos de información y estadísticas electorales, copias de
los expedientes de todas las elecciones;
XIII. Cumplir las instrucciones de la persona titular de la Presidencia del
Consejo General y auxiliarla en sus tareas;
XIV. Integrar los expedientes de las candidaturas a la Gubernatura y de
diputaciones por el principio de Representación proporcional, junto con la
documentación requerida en términos de esta Ley, debiendo turnarla al
Consejo General; y
XV. Lo demás que le sea conferido por esta Ley, el Consejo General y su
presidencia.
CAPÍTULO SEXTO
De la Junta Estatal Ejecutiva
Artículo 21
1. La Junta Estatal Ejecutiva deberá de estar integrada observando el
principio de paridad de género, será presidida por la persona titular de la
Presidencia del Consejo General y se integrará con la persona titular de la
Secretaría Ejecutiva, con las personas titulares de las direcciones ejecutivas
de Prerrogativas y Partidos Políticos; de Organización Electoral; de Educación
Cívica y Capacitación Electoral; de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral; de Transparencia y Acceso a la Información y del
Servicio Profesional Electoral y de Administración y Finanzas y la Contraloría
General.
Artículo 22
1. La Junta Estatal Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo
sus atribuciones las siguientes:
I. Proponer al Consejo General las políticas y los programas generales del
Instituto;
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II. Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y
programas generales del Instituto;
III. Conocer el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal
de Electores;
IV. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los Partidos
Políticos locales y a las agrupaciones políticas locales y las prerrogativas de
ambos;
V. Proponer al Consejo General el establecimiento de oficinas municipales de
acuerdo con los estudios que formule y la disponibilidad presupuestal;
VI. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen
de pérdida de registro del Partido Político que se encuentre en los supuestos
previstos por la Ley General de Partidos Políticos, a más tardar el último día
del mes siguiente a aquél en que concluya el proceso electoral;
VII. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen
de pérdida de registro de la agrupación política que se encuentre en los
supuestos previstos por la Ley General de Partidos Políticos;
VIII. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia
electoral y, en su caso, proponer las sanciones, en los términos que
establece esta Ley;
IX. Recibir informes de la Contraloría General respecto de los expedientes
relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre imposición de
sanciones a los servidores públicos del Instituto;
X. Aprobar el calendario y el plan integral del proceso electoral y de los
procesos electorales extraordinarios que se convoquen, para ser puestos a
consideración del Consejo General;
XI. Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, y demás órganos del
Instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos
presupuestales autorizados; y
XII. Las demás que le encomienden esta Ley, el Reglamento Interior del
Instituto, el Consejo General o su presidencia.
CAPÍTULO SÉPTIMO
De la Secretaría Ejecutiva del Instituto
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Artículo 23
1. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva coordinará la Junta Estatal
Ejecutiva, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de
las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.
2. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto deberá reunir los
mismos requisitos que se exigen para ser Consejera o Consejero Electoral,
salvo el hecho de haber pertenecido al servicio profesional electoral.
Artículo 24
1. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto durará en el
cargo tres años y podrá ser reelecto una sola vez.
Artículo 25
1. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva:
I. Representar legalmente al Instituto;
II. Actuar como secretaria o secretario del Consejo General con voz, pero sin
voto;
III. Cumplir los acuerdos del Consejo General;
IV. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo
General los asuntos de su competencia;
V. Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral por sí, o
por conducto de los servidores públicos del Instituto en los que delegue dicha
función, respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral.
La persona titular de la Secretaría Ejecutiva podrá delegar la atribución en
servidores públicos a su cargo;
VI. Orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas del
Instituto, informando permanentemente a la Presidencia del Consejo General;
VII. Suscribir conjuntamente con la persona titular de la Presidencia, los
convenios con el Instituto Nacional, para asumir la organización de procesos
electorales locales;
VIII. Coadyuvar con la Contraloría General en los procedimientos que éste
acuerde para la vigilancia de los recursos y bienes del Instituto y, en su caso,
en los procedimientos para la determinación de responsabilidades e
imposición de sanciones a los servidores públicos del Instituto;
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IX. Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones;
X. Actuar como secretaria o secretario de la Junta Estatal Ejecutiva y
preparar el orden del día de sus sesiones;
XI. Sustanciar los recursos que deban ser resueltos por la Junta Estatal
Ejecutiva o, en su caso, tramitar los que se interpongan contra los actos o
resoluciones de ésta, en los términos de la Ley de la materia;
XII. Elaborar anualmente, de acuerdo con las Leyes aplicables, el
anteproyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración
de la presidencia del Consejo General;
XIII. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas;
XIV. Otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de
administración y para ser representado ante cualquier autoridad
administrativa o judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio
sobre inmuebles destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos
efectos, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva requerirá de la
autorización previa del Consejo General;
XV. Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de
calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de
elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva;
XVI. Ejercer la función de la oficialía electoral y expedir las certificaciones
que se requieran;
XVII. Firmar el convenio con el Instituto Nacional, en el que se contengan los
instrumentos necesarios para llevar a cabo el proceso electoral;
XVIII. Apoyar al Instituto para conocer las tendencias electorales, y los
mecanismos del programa de resultados preliminares, en base a las reglas,
lineamientos, criterios y formatos emitidos por el Instituto Nacional, y
XIX. Las demás que le encomienden el Consejo General, su presidencia, la
Junta Estatal Ejecutiva y esta Ley.
2. La Secretaría Ejecutiva tendrá adscrita la Dirección de Quejas y Denuncias
y de Procedimiento Contencioso Electoral, que será competente para la
tramitación de los procedimientos sancionadores y demás que determinen
las Leyes generales en la materia, esta Ley y demás disposiciones aplicables.
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3. En el ejercicio de la función de oficialía electoral, la persona titular de la
Secretaría Ejecutiva, y las personas funcionarias públicas en quien se
delegue esta función tendrán las siguientes atribuciones, las cuales deberán
realizarlas de manera oportuna:
I. A petición de los Partidos Políticos, dar fe de la realización de actos y
hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las
contiendas electorales;
II. A petición de los órganos desconcentrados del Instituto, constatar hechos
que influyan o afecten la organización del proceso electoral;
III. Solicitar la colaboración de notarías públicas, éstas estarán obligadas,
para el auxilio de la función electoral durante el desarrollo de la jornada
electoral en los procesos electorales; y
IV. Las demás que establezcan las Leyes generales en la materia, esta Ley y
demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO OCTAVO
De las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Contraloría.
Artículo 26
1. Al frente de cada una de las direcciones de la Junta Estatal Ejecutiva habrá
una persona titular de la Dirección Ejecutiva, o de Unidad Técnica, según el
caso, quien será nombrada por el Consejo General.
2. El Consejo General hará los nombramientos a que se refiere el párrafo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley.
3. Las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas o de unidades técnicas
deberán satisfacer los mismos requisitos que las Consejeras y los Consejeros
electorales del Consejo General.
4. En caso de ser necesaria, la creación de unidades técnicas distintas a las
previstas en esta Ley deberá ser aprobada por el voto de la mayoría de las
consejeras y los consejeros electorales del Consejo General, siempre que su
creación no implique duplicidad de funciones con cualquier otra área del
Instituto y se cuente con la disponibilidad presupuestaria necesaria para su
funcionamiento.
5. De acuerdo con sus funciones las unidades técnicas podrán ser
permanentes o transitorias.
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Artículo 27
1. Para el buen funcionamiento del Instituto, serán atribuciones de las
Direcciones Ejecutivas y la Contraloría General las siguientes:
I. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las
siguientes atribuciones:
a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que
pretendan constituirse como Partidos Políticos Locales o como agrupaciones
políticas y realizar las actividades pertinentes;
b) Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que
hayan cumplido los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos
Políticos para constituirse como Partido Político o como agrupación política, e
integrar el expediente respectivo para que la persona titular de la Secretaría
Ejecutiva lo someta a la consideración del Consejo General;
c) Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos y agrupaciones
políticas, así como los convenios de fusión, frentes, coaliciones y
candidaturas comunes;
d) Ministrar a través del área administrativa a los Partidos Políticos
nacionales, locales, en su caso a Candidaturas Independientes y a las
agrupaciones políticas el financiamiento público al que tienen derecho
conforme a lo señalado en esta Ley;
e) Llevar a cabo los trámites necesarios para que los Partidos Políticos
puedan disponer de las franquicias postales y telegráficas que les
corresponden;
f) Realizar lo necesario para que los Partidos Políticos y candidatos ejerzan
sus prerrogativas de acceso a los tiempos en radio y televisión, en los
términos establecidos por la Base III del artículo 41 de la Constitución
General y lo dispuesto en esta Ley;
g) Proponer al Instituto Nacional las pautas de radio y televisión que
correspondan a los tiempos que éste les asigne conforme a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y al Reglamento aplicable que
apruebe su Consejo General;
h) Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de
los Partidos Políticos y de sus representaciones acreditadas ante los órganos
del Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas;
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i) Llevar los libros de candidaturas a los puestos de elección popular;
j) Organizar la elección de los dirigentes de los Partidos Políticos locales,
cuando así lo soliciten al Instituto. Los gastos correspondientes serán con
cargo a las prerrogativas de los Partidos Políticos solicitantes;
k) Acordar con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, los
asuntos de su competencia;
l) Asistir a las sesiones de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
sólo con derecho de voz;
m) Integrar el Libro de Registro de Partidos Políticos locales;
n) Informar al Instituto Nacional el registro de Partidos Políticos locales que
se efectúen ante el Instituto, para su registro en el libro correspondiente;
ñ) Llevar a cabo la fiscalización de recursos de los Partidos Políticos locales y
nacionales en su caso, cuando dicha función sea delegada por el Instituto
Nacional;
o) Llevar a cabo la fiscalización de recursos de las agrupaciones políticas
locales, observadores electorales y candidaturas independientes; y
p) Las demás que le confieran las Leyes generales y esta Ley.
II. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene las siguientes
atribuciones:
a) Apoyar la instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales y
Distritales Electorales;
b) Proveer lo necesario para la impresión de la documentación electoral y
producir los materiales electorales, bajo los Lineamientos del Instituto
Nacional;
c) Recabar de los consejos municipales y distritales electorales, copias de las
actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso
electoral;
d) Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de
que el Consejo General efectúe los cómputos que conforme a la Ley debe
realizar;
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e) Elaborar y proponer a la Comisión de Organización Electoral los programas
de organización electoral;
f) Elaborar el proyecto de convocatoria para las elecciones que establece
esta Ley, a fin de someterla a la consideración y, en su caso, aprobación del
Consejo General a través de la Presidencia del Consejo;
g) Ejecutar los acuerdos que determine el Consejo General del Instituto
Nacional sobre el diseño, la impresión y distribución de las boletas y
documentación electorales, a través del Consejo General del Instituto;
h) Asistir a las sesiones, sólo con derecho de voz, de la Comisión de
Organización Electoral y, durante el proceso electoral, a la de Capacitación y
Organización Electoral;
i) Elaborar los dictámenes correspondientes que deban someterse a
consideración de la Comisión de Organización Electoral en los asuntos que
sean de su competencia;
j) Acordar con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su
competencia; y
k) Las demás que le confieran las Leyes generales, esta Ley y el Reglamento
Interno.
III. La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
Electoral tiene las siguientes atribuciones:
a) Elaborar, proponer y coordinar a la Comisión de Educación Cívica los
programas de educación cívica, paridad de género y respeto a los derechos
humanos de las mujeres en el ámbito político, en el Instituto y sus órganos
desconcentrados;
b) Vigilar el cumplimiento de los programas y políticas de educación cívica
desarrollados;
c) Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía;
d) Orientar a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento
de sus obligaciones político-electorales;
e) Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que
se inscriban y actualicen su registro en el Registro Federal de electores y
para que acudan a votar;
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f) Asistir a las sesiones de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación
Electoral sólo con derecho de voz;
g) Elaborar los dictámenes correspondientes que deban someterse a
consideración de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral;
h) Ejecutar los acuerdos relativos al diseño y capacitación electoral que
determine el Consejo General del Instituto Nacional;
i) Acordar con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto los
asuntos de su competencia;
j) Realizar campañas de información para la prevención, atención y
erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género;
k) Capacitar al personal del Instituto, organismos públicos locales e
integrantes de mesas directivas de casillas para prevenir, atender y erradicar
la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en
igualdad sustantiva; y
l) Las demás que le confiera la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, esta Ley y el Reglamento.
IV. La Dirección de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral tiene las siguientes atribuciones:
a) Elaborar el proyecto de Reglamento de Quejas y Denuncias para su
aprobación por el Consejo General;
b) Recibir, tramitar y sustanciar las quejas o denuncias presentadas por
cualquier persona u órgano del Instituto, en procedimiento ordinario o
especial según corresponda;
c) Requerir el auxilio de los Consejos Distritales y Municipales Electorales
para la tramitación de los procedimientos sancionadores;
d) Ordenar un nuevo procedimiento de investigación cuando advierta hechos
distintos a los denunciados, que puedan constituir nuevas violaciones
electorales;
e) Llevar un registro de quejas o denuncias desechadas e informar de ello al
Consejo General;
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f) Analizar las quejas o denuncias para determinar en su caso, su prevención,
y posteriormente su admisión o desechamiento;
g) Ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias, una vez
admitida la queja o denuncia;
h) Dictar de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los hechos
denunciados;
i) Proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral dictar medidas cautelares, para lograr la cesación de
los actos o hechos que constituyan la infracción;
j) En el procedimiento sancionador ordinario, elaborar el proyecto de
resolución correspondiente y turnarlo a la Comisión de Quejas y Denuncias y
de Procedimiento Contencioso Electoral para su conocimiento y estudio;
k) En el procedimiento especial sancionador, turnar al Tribunal Electoral de
forma inmediata el expediente formado con motivo de la interposición de la
queja o denuncia, exponiendo en su caso las medidas cautelares y demás
diligencias realizadas, así como el informe circunstanciado a que se refiere
esta Ley; y
l) Las demás que le confiera la presente Ley, el Reglamento de Quejas y
Denuncias y demás disposiciones aplicables.
V. La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del
Servicio Profesional Electoral, tiene las siguientes atribuciones:
a) Difundir y actualizar la información considerada obligatoria por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja California Sur;
b) Proteger la información considerada como reservada o confidencial;
c) Proporcionar de manera oportuna la información pública con que cuenta el
Instituto, siempre que no sea reservada o confidencial;
d) Desempeñar su función con autonomía y probidad;
e) Proteger la documentación que le es proporcionada por los diversos
órganos del Instituto, así como los que obran en la misma;
f) Utilizar la información y documentación pública con que cuenta el Instituto
únicamente para los fines permitidos por la Ley de la materia;
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g) Publicar en la página electrónica del Instituto la información que los
Partidos Políticos le proporcionen, excepto la información que por Ley se
deba reservar, sin menoscabo de la obligatoriedad que tienen los partidos
políticos como sujetos obligados con base en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur;
h) Cumplir las obligaciones establecidas en las Leyes generales, la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California Sur y la normatividad en la materia;
i) Acatar las disposiciones que se generen por el Instituto Nacional Electoral
en materia del Servicio profesional Electoral;
j) Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio
Profesional Electoral Nacional;
k) Acordar con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su
competencia;
l) Asistir a las sesiones de la Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional Electoral, sólo con derecho de voz; y
m) Las demás que le confiera esta Ley y la normatividad en la materia que
genere el Instituto Nacional Electoral.
VI. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas tiene las
siguientes atribuciones:
a) Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de
los recursos financieros y materiales del Instituto;
b) Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y
financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto;
c) Formular el anteproyecto anual del presupuesto del Instituto;
d) Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control
presupuestales;
e) Elaborar el proyecto de manual de organización y el catálogo de cargos y
puestos de la rama administrativa del Instituto y someterlo para su
aprobación a la Junta Estatal Ejecutiva;
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f) Proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento de la rama
administrativa del personal al servicio del Instituto y someter a consideración
de la Junta Estatal Ejecutiva los programas de capacitación permanente o
especial y los procedimientos para la promoción y estímulo del personal
administrativo;
g) Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto;
h) Presentar al Consejo General, por conducto de la persona titular de la
Secretaría Ejecutiva, un informe anual respecto del ejercicio presupuestal del
Instituto;
i) Acordar con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su
competencia; y
j) Las demás que le confiera esta Ley.
VII. La Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos tiene las siguientes
atribuciones:
a) Cumplir los Lineamientos que genere el Instituto Nacional para la
implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares;
b) Cumplir con el programa de actividades que tenga bajo su
responsabilidad;
c) Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas necesarios para el
correcto desarrollo de las actividades inherentes a la materia, tanto en
proceso electoral, como fuera de éste;
d) Proponer la infraestructura tecnológica que se requiera para el
cumplimiento de los fines del Instituto;
e) Impartir capacitación en la materia a las personas funcionarias del
Instituto cuando así se solicite;
f) Supervisar el mantenimiento preventivo a los servicios y bienes
informáticos que realice la Dirección a su cargo, que sean utilizados en el
órgano electoral;
g) Proporcionar asesoría y soporte técnico a las personas servidoras
públicas;
h) Elaborar y mantener actualizados los Lineamientos o reglamentos
necesarios para el ejercicio de sus funciones; y
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i) Las demás que le confiera esta Ley y el Consejo General.
VIII. La Unidad Técnica de Archivo tiene las siguientes atribuciones:
a) Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de
trámite, de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control
archivístico previstos en la Ley General, las leyes locales y sus disposiciones
reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos;
b) Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de
organización y conservación de archivos, cuando la especialidad así lo
requiera;
c) Elaborar el programa anual de la unidad y el Programa Anual de Desarrollo
Archivístico para someterlos y someterlo a consideración de la persona titular
de la presidencia para la aprobación del Consejo General;
d) Coordinar el grupo interdisciplinario para dictaminar los procesos de
valoración y disposición documental que realicen las áreas del Instituto;
e) Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización
de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las
áreas del instituto;
f) Elaborar programas de capacitación en gestión documental y
administración de archivos;
g) Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de
acceso y la conservación de los archivos;
h) Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su
caso, histórico, de acuerdo con la normatividad;
i) Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del
instituto sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de
adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones
legales aplicables; y
j) Las demás que le confieran las Leyes generales, locales, esta Ley y el
Reglamento Interno.
IX. La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
tiene las siguientes atribuciones:
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a) Coadyuvar en el desarrollo de las acciones y programas que promuevan la
igualdad de género, la no discriminación, inclusión de grupos en situación de
desventaja y la no violencia política contra las mujeres en razón de género
dentro de las atribuciones y competencias de la institución;
b) Coadyuvar en el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional con los
entes públicos nacionales y locales para dar seguimiento de los avances de
la participación política y ciudadana en apego al principio de paridad e
inclusión de grupos prioritarios;
c) Apoyar en el seguimiento a las acciones de difusión, sensibilización y
capacitación para la promoción de los derechos de la ciudadanía con
igualdad de género y no discriminación de conformidad a las atribuciones de
este instituto;
d) Coadyuvar al desarrollo de publicaciones, informes, estudios e
investigaciones sobre la participación ciudadana y política de mujeres y
hombres destacando la diversidad e inclusión de grupos prioritarios;
e) Coadyuvar en la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de
participación ciudadana;
f) Apoyar en el seguimiento en la incorporación del enfoque de derechos
humanos y de la perspectiva de género en los programas, proyectos,
actividades y acciones institucionales del Instituto;
g) Dar seguimiento a la Política General sobre el fortalecimiento de la
perspectiva de género y no discriminación del Instituto;
h) Dar seguimiento a la promoción de proyectos de normativa en materia de
igualdad de género y derechos humanos;
i) Revisar que la normativa del Instituto esté acorde con la legislación local,
nacional e internacional en materia de igualdad de género y no
discriminación, y en su caso, proponer los cambios correspondientes;
j) Elaborar estudios y proponer eventos sobre paridad, igualdad de género e
inclusión de grupos prioritarios en relación con la materia electoral,
participación política y el poder público;
k) Coadyuvar en la revisión de los programas y materiales educativos
encaminados a la promoción y difusión de los derechos cívicos y políticos
bajo la perspectiva de género e inclusión de grupos prioritarios;
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l) Coadyuvar en la promoción de acciones encaminadas a la prevención y
atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género;
m) Elaborar y mantener actualizados los lineamientos o reglamentos
necesarios para el ejercicio de sus funciones;
n) Asesorar en la transversalización de la perspectiva de género, en las
actividades de las áreas del instituto; y
o) Las demás que le confiera esta Ley y el Consejo General.
2.- La Contraloría General tendrá las facultades siguientes:
a) Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos,
métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos
a cargo de las áreas y órganos del Instituto;
b) Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de
contabilidad y de archivo, de los libros y documentos justificativos y
comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos elementos que
permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones, que realice en el
cumplimiento de sus funciones;
c) Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los
programas autorizados y los relativos a procesos concluidos;
d) Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas
de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del
Instituto;
e) Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren
recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la
normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así
como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y
con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
conducentes;
f) Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se
hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a
estas materias;
g) Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios
contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han
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aplicado, legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los
programas aprobados;
h) Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el
Instituto la información relacionada con la documentación justificativa y
comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las compulsas que
correspondan;
i) Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus
funciones. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de
cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito, les será
aplicable a todas las personas servidoras públicas de la propia Contraloría
General del Instituto, así como al personal profesional contratado para la
práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden las
disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la
información pública;
j) Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos
administrativos respecto de las quejas que se presenten en contra de las
personas servidoras públicas del Instituto, y llevar el registro de las personas
servidoras públicas sancionadas;
k) Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto;
I) Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y
disposición de los ingresos y recursos del Instituto por parte de las personas
servidoras públicas del mismo y desahogar los procedimientos a que haya
lugar;
m) Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del Instituto
para solicitar la exhibición de los libros y papeles indispensables para la
realización de sus investigaciones, sujetándose a las formalidades
respectivas;
n) Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que
resulten necesarios para que las personas servidoras públicas del Instituto
cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas;
ñ) Formular pliegos de observaciones en materia administrativa;
o) Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio
y fincar directamente a las personas responsables las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias correspondientes;
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p) Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones en términos de la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja
California Sur;
q) Presentar a la aprobación del Consejo General sus programas anuales de
trabajo;
r) Presentar al Consejo General los informes previo y anual de resultados de
su gestión, y acudir ante el mismo consejo cuando así lo requiera la
consejera o consejero Presidente;
s) Participar, a través de su titular, con voz, pero sin voto, en las reuniones
de la Junta Estatal Ejecutiva cuando por motivo del ejercicio de sus
facultades, así lo considere necesario la consejera o consejero Presidente;
t) Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales y de conflicto de
intereses que deban presentar las personas servidoras públicas del Instituto,
conforme a los formatos y procedimientos que establezca la propia
Contraloría General. Serán aplicables en lo conducente las normas
establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Baja California Sur;
u) Recibir y resguardar el resultado de los exámenes toxicológicos de las
personas servidoras públicas;
v) Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de
encargo de los servidores públicos que corresponda; y
w) Las demás que le otorgue esta Ley o las Leyes aplicables en la materia.
Artículo 28
1. Las personas servidoras públicas adscritas a la Contraloría General del
Instituto y, en su caso, el personal profesional contratado para la práctica de
auditorías deberá guardar estricta reserva sobre la información y
documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades, así
como de sus actuaciones y observaciones.
Artículo 29
1. Los órganos, áreas ejecutivas y las personas servidoras públicas del
Instituto estarán obligadas a proporcionar la información, permitir la revisión
y atender los requerimientos que les presente la Contraloría General, sin que
dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o
atribuciones que esta Ley o las Leyes aplicables les confieren.
Artículo 30
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1. Si transcurrido el plazo establecido por la Contraloría General el órgano o
área fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe o documentos
que se le soliciten, la Contraloría General procederá a fincar las
responsabilidades que correspondan conforme a la Ley.
2. El fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones no
relevará a la persona infractora de cumplir con las obligaciones o regularizar
las situaciones que motivaron la sanción.
3. La Contraloría General, además de imponer la sanción respectiva,
requerirá la persona infractora para que, dentro del plazo determinado, que
nunca será mayor a cuarenta y cinco días, cumpla con la obligación omitida
motivo de la sanción; y si aquél incumple, será sancionada.
4. Durante el desahogo de los procedimientos administrativos tendentes, en
su caso, al fincamiento de responsabilidades, las personas servidoras
públicas tendrán asegurado el ejercicio de las garantías constitucionales.
Artículo 31
1. La Contraloría General es el órgano de control interno del Instituto que
tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto; en el
ejercicio de sus atribuciones estará dotada de autonomía técnica y de
gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.
2. La persona titular de la Contraloría General tendrá un nivel jerárquico
equivalente a una Dirección Ejecutiva.
3. La persona titular de la Contraloría General será designada por el
Congreso, conforme lo establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Baja California Sur y durará en su encargo cinco años.
4. La Contraloría General contará con la estructura orgánica, personal y
recursos que apruebe el Consejo General a propuesta de su titular.
5. En su desempeño, la Contraloría General se sujetará a los principios
previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.
Artículo 32
1. La persona titular de la Contraloría General deberá reunir los mismos
requisitos que esta Ley establece para las personas titulares de las
direcciones ejecutivas del Instituto, y los siguientes:
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I. No haber sido consejera o consejero electoral de cualquiera de los consejos
del Instituto, salvo que se haya separado del cargo tres años antes del día de
la designación;
II. No haber sido condenada por delito intencional que amerite pena corporal
de más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público,
ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
III. Contar al momento de su designación con experiencia profesional de al
menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos;
IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años,
con título profesional, de nivel licenciatura, de contaduría pública u otro
relacionado en forma directa con las actividades de fiscalización, expedido
por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y
V. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su
designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado
sus servicios al Instituto o a algún Partido Político.
Artículo 33
La persona titular de la Contraloría General podrá ser sancionada conforme a
lo previsto por esta Ley por las siguientes causas graves de responsabilidad
administrativa:
I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información
confidencial en los términos de la presente Ley y de la legislación en la
materia;
II. Dejar sin causa justificada, de fincar responsabilidades o aplicar sanciones
pecuniarias, en el ámbito de su competencia, cuando esté debidamente
comprobada la responsabilidad e identificada la persona responsable como
consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice en el ejercicio
de sus atribuciones;
III. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e
información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que
exista en la Contraloría General, con motivo del ejercicio de sus atribuciones;
IV. Conducirse con parcialidad en los procedimientos de supervisión e
imposición de sanciones a que se refiere esta Ley; y
V. Cometer alguna de las faltas mencionadas en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
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Artículo 34
1. A solicitud del Consejo General, el Congreso resolverá sobre la aplicación
de las sanciones a la persona titular de la Contraloría General, incluida entre
éstas, la remoción por causas graves de responsabilidad administrativa,
debiendo garantizar el derecho de audiencia al afectado. La remoción
requerirá del voto de las dos terceras partes de las personas diputadas que
integran la legislatura.
TÍTULO TERCERO
Del Tribunal Estatal Electoral
CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
Artículo 35
1. El Tribunal Estatal Electoral es el órgano jurisdiccional especializado en
materia electoral en el Estado y gozará de autonomía técnica y de gestión en
su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Estará integrado por
tres personas que serán nombradas Magistradas y/o Magistrados,
observando el principio de paridad, alternando el género, que actuarán en
forma colegiada y deberán cumplir sus funciones bajo los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad.
2. El Tribunal tendrá su residencia en la capital del Estado.
3. Las personas titulares de las magistraturas electorales serán electas de
conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley General y durarán
en el cargo siete años.
4. La persona titular de la presidencia será designada por votación
mayoritaria del Pleno del Tribunal Electoral y durará en su encargo dos años,
observando la alternancia de género.
5. El Tribunal funcionará en pleno, para que sesione válidamente se requiere
la presencia de por lo menos dos de sus integrantes; sus determinaciones
serán válidas con el voto de la mayoría simple de los presentes, en caso de
empate, la persona titular de la presidencia tendrá voto de calidad, después
de haber emitido su voto ordinario.
Artículo 36
1. En caso de presentarse alguna vacante no mayor a tres meses de alguna
de las personas titulares de las magistraturas electorales, inmediatamente
después de conocida la vacante, la Junta de Gobierno y Coordinación Política
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del Congreso, presentará una terna al Pleno, la cual, será sometida a
votación, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas. La vacante será
cubierta por la persona que sea designada por las dos terceras partes de los
miembros de la legislatura.
2. Dicha designación será notificada a la Cámara de Senadores del Congreso
de la Unión para los efectos correspondientes, las vacantes que excedan de
noventa días serán consideradas como definitivas, y se sustituirán conforme
a la Ley General.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las Atribuciones
Artículo 37
1. El Tribunal Electoral tendrá las siguientes atribuciones:
I. Conocer y resolver de los asuntos de su competencia, interpuestos de
conformidad a la presente Ley;
II. Emitir los acuerdos que resulten necesarios para garantizar el debido
funcionamiento del Pleno, en todo aquello que no esté previsto
expresamente en la presente Ley;
III. Elaborar su reglamento interno;
IV. Fijar los criterios de observancia obligatoria, cuando haya sentado
jurisprudencia después de haberse dictado tres resoluciones en el mismo
sentido, no interrumpidas por ninguna en contrario;
V. Conocer de las excusas de las personas titulares de las magistraturas;
VI. Nombrar y remover en su caso, a la persona titular de la Secretaría
General de Acuerdos y a las personas con funciones actuariales del Tribunal;
VII. Autorizar la celebración de convenios de colaboración con otros
tribunales, instituciones y autoridades para el mejor desempeño del Tribunal;
VIII. Discutir y aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del
Tribunal, enviarlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión en
el presupuesto de egresos que aprueba el Congreso; A través de la persona
titular de la presidencia, ejercer el presupuesto de egresos del Tribunal;
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IX. Brindar de manera gratuita el servicio de orientación y asesoría en
materia electoral a la ciudadanía en general en los términos de la
Constitución, la presente Ley y la normatividad aplicable; y
X. Las demás que le señale la Ley General, la Constitución local, esta Ley y
otras disposiciones legales que sean aplicables.
2. Todas las sesiones de las autoridades electorales jurisdiccionales locales
serán públicas.
3. En la fecha de instalación del Tribunal Electoral en la sede de éste, se
reunirán las personas titulares de las magistraturas, debiendo estar
presididas por la de mayor edad. Inmediatamente se procederá a la elección
de la persona titular de la presidencia del Tribunal en votación secreta y
escrutinio público; y por mayoría de votos, quien desempeñará el cargo
durante todo el proceso electoral ordinario o en su caso el extraordinario.
Artículo 38
1. Durante el periodo de su encargo, las personas titulares de las
magistraturas no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión; con
excepción de aquellos en que actúen en representación de la autoridad
electoral jurisdiccional local, y de los que desempeñen en la docencia,
científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.
2. Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos
emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser
postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia
partidista, por un plazo de dos años.
Artículo 39
1. La persona titular de la Presidencia del Tribunal Electoral, además de las
funciones que esta Ley le encomienda, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Convocar a los demás integrantes del Tribunal, para la instalación e inicio
de sus funciones, en los términos de esta Ley;
II. Presidir las sesiones del Pleno del Tribunal, dirigir los debates y conservar
el orden durante las mismas;
III. Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades;
IV. Proponer al Pleno los nombramientos de la persona titular de la
Secretaría General de Acuerdos y a las personas con funciones actuariales
del Tribunal;
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V. Nombrar al personal administrativo sujetándose al presupuesto anual de
egresos autorizado por el Congreso;
VI. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal y
someterlo a la aprobación del Pleno para el trámite legislativo
correspondiente;
VII. Despachar la correspondencia del Tribunal Electoral;
VIII. Ordenar y vigilar que se notifique a los organismos electorales en el
Estado, Partidos Políticos y a quien corresponda, las resoluciones que se
dicten sobre los recursos de que conozca el Tribunal;
IX. Resolver las solicitudes de licencia al personal administrativo, en los
términos de las disposiciones legales aplicables;
X. Solicitar el auxilio de la fuerza pública y de las autoridades administrativas
estatales y municipales a fin de dar cumplimiento a las resoluciones del
Tribunal Electoral;
XI. Rendir ante el Pleno del Tribunal Electoral un informe al término de cada
proceso electoral, dando cuenta del estado que guarda el Tribunal Electoral;
XII. Ejercer el Presupuesto de Egresos;
XIII. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de defensoría pública
en materia electoral que preste el Tribunal Electoral de manera gratuita a la
ciudadanía; y
XIV. Las demás que le confiere esta Ley.
Artículo 40
1. Son atribuciones de las personas titulares de las magistraturas del
Tribunal Electoral:
I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda en las sesiones públicas
y sesiones privadas a las que sean convocados por la persona titular de la
presidencia del Tribunal Electoral;
II. Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su
competencia;
III. Formular los proyectos de resolución de expedientes que le sean
turnados para tal efecto;
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IV. Exponer en sesión pública presencial, virtual o mixta sus proyectos de
resolución, señalando las consideraciones jurídicas y los preceptos en que se
funden;
V. Discutir y votar los proyectos de resolución que sean sometidos a su
consideración en las sesiones públicas presenciales, virtuales o mixtas;
VI. Formular voto particular razonado en caso de disentir en un proyecto de
resolución aprobado por la mayoría y solicitar que se agregue al expediente;
VII. Solicitar que sus proyectos de resolución se agreguen a los expedientes
como votos particulares, cuando no sean aprobados por la mayoría;
VIII. Realizar tareas de docencia e investigación en el Tribunal Electoral; y
IX. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del
Tribunal Electoral y las que les confieran la presente Ley.
Artículo 41
1. Para la tramitación, integración y sustanciación de los expedientes
relativos a los medios de impugnación que deba resolver, el Tribunal
Electoral contará con una persona que fungirá como titular de la Secretaría
General de Acuerdos, Actuaria y/o Actuario y demás personal administrativo
que sea necesario.
Artículo 42
1. Para ser titular de la Secretaría General de Acuerdos y personal de la
actuaría se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser de nacionalidad mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II. Ser mayor de veinticinco años;
III. Tener título y cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, con una
antigüedad mínima de tres años;
IV. No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún Partido
Político, en los últimos cinco años, ni haber desempeñado cargo de elección
popular en igual lapso; y
V. Tener credencial para votar vigente.
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Artículo 43
La persona titular de la Secretaría General de Acuerdos tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Dar cuenta en las sesiones del Pleno, de los asuntos del orden del día,
tomar las votaciones de los Magistrados y formular el acta respectiva;
II. Autorizar con su firma las actuaciones del Tribunal Electoral;
III. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones que ordena
la presente Ley;
IV. Engrosar los fallos del Pleno, bajo la supervisión de la Presidencia del
Tribunal Electoral;
V. Llevar el turno de las personas titulares de las magistraturas que deben
formular los proyectos de ponencias para la resolución en el Pleno del
Tribunal Electoral;
VI. Expedir certificaciones; y
VII. Las demás que le encomiende el Pleno y la presidencia del Tribunal
Electoral.
Artículo 44
Las personas con funciones actuariales del Tribunal Electoral tendrán las
siguientes funciones:
I. Autorizar con su firma las diligencias y notificaciones teniendo fe pública
en el desempeño de las funciones que se le encomienden;
II. Realizar las notificaciones que le sean ordenadas con las formalidades
prescritas por el procedimiento respectivo;
III. Auxiliar a la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos, en sus
labores; y
IV. Las demás que le fije esta Ley y las que sus superiores le encomienden.
Artículo 45
1. El Congreso deberá fijar en el presupuesto anual las remuneraciones de
las personas titulares de las magistraturas electorales, en términos del
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artículo 127 de la Constitución General, las cuales no podrán disminuirse
durante el tiempo que dure su encargo.
Artículo 46
1. En los períodos en los cuales no se celebren elecciones, el Tribunal
Electoral realizará tareas de capacitación, investigación, documentación y
difusión en materia electoral, sujetándose al presupuesto anual de egresos
autorizado por el Congreso.
CAPÍTULO TERCERO
De los Impedimentos y Excusas
Artículo 47
1. En ningún caso las personas titulares de las magistraturas electorales
podrán abstenerse de votar salvo cuando tengan impedimento legal.
Artículo 48
1. Son impedimentos para conocer de los asuntos, alguna de las causas
siguientes:
I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por
consanguinidad hasta el cuarto grado, en la colateral por afinidad hasta el
segundo, en concubinato, o alguna de las calidades reconocidas en nuestra
legislación vigente con alguna de las personas interesadas, sus
representantes, patronos o defensores;
II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
a las que se refiere el fracción anterior;
III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo con las calidades
establecidas en la fracción I de este artículo;
IV. Haber presentado querella o denuncia, o alguna de las personas con las
calidades establecidas en la fracción I de este artículo; en contra de alguna
de las personas interesadas;
V. Tener pendiente de manera personal, su cónyuge o sus parientes, en los
grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna de las personas
interesadas o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la
terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento
del asunto;
VI. Haber sido persona sentenciada de manera ejecutoriada, su cónyuge o
parientes, en los grados expresados en la fracción I, en virtud de querella o
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denuncia presentada ante las autoridades por alguna de las personas
interesadas, sus representantes o defensores;
VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como
particular, semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o
tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en la fracción I;
VIII. Tener interés personal en asuntos donde alguna de las personas
interesadas sea juez, jueza, árbitro, arbitra o arbitrador o arbitradora;
IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o
costeare alguna de las personas interesadas, tener mucha familiaridad o vivir
en familia con alguno de ellas;
X. Aceptar presentes o servicios de alguna de las personas interesadas;
XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna
de las personas interesadas, sus representantes, patronos o defensores, o
amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;
XII. Ser acreedor, acreedora, deudor, deudora socio, socia arrendador,
arrendadora o arrendatario, dependiente o principal de alguna de las
personas interesadas;
XIII. Ser o haber sido tutor o tutora y/ o curador o curadora de alguna de las
personas interesadas o administrador o administradora de sus bienes por
cualquier título;
XIV. Ser persona heredera, legataria, donataria o fiadora de alguna de las
personas interesadas, si la persona servidora pública ha aceptado la herencia
o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido;
XV. Ser cónyuge o hijo e hija de la persona servidora pública, acreedora,
deudora o fiadora de alguna de las personas interesadas;
XVI. Haber sido juez, jueza o Magistrada y Magistrado en el mismo asunto,
en otra instancia;
XVII. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo,
apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber
gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de
alguno de alguna de las personas interesadas; y
XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores.
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Artículo 49
1. Las excusas y recusaciones que por impedimento legal se presenten,
serán calificadas y resueltas de inmediato por el Pleno del Tribunal Electoral.
CAPÍTULO CUARTO
De los Requisitos para ser Titular de una Magistratura Electoral
Artículo 50
1. Para ser titular de una Magistratura Electoral se requiere lo siguiente:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación;
III. Poseer título y cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, con una
antigüedad mínima de diez años al día de la designación;
IV. No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año
de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza
y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público,
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
V. Haber residido en el Estado, durante un año anterior al día de la
designación;
VI. No haber sido titular del Poder Ejecutivo del Estado, miembro de
ayuntamiento, titular de una secretaría, procuraduría, senaduría, diputación
federal o local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento;
VII. Contar con credencial para votar vigente;
VIII. Acreditar conocimientos en derecho electoral;
IX. No desempeñar ni haberse desempeñado como titular de presidencia del
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político;
X. No haber sido registrada a una candidatura, con excepción de las
candidaturas Independientes, a cargo alguno de elección popular en los
últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación; y
XI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo en la dirección nacional,
estatal, distrital o municipal en algún Partido Político en los seis años
inmediatos anteriores a la designación.
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CAPÍTULO QUINTO
De la Remoción de las Personas Titulares de las Magistraturas
Artículo 51
1. Además de lo dispuesto en la Constitución local y Leyes aplicables, serán
causas de responsabilidad de las personas titulares de las magistraturas
electorales las siguientes:
I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función
jurídica electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación
respecto de terceros;
II. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las
funciones o labores que deban realizar;
III. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se
encuentren impedidos;
IV. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las
disposiciones correspondientes;
V. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su
conocimiento;
VI. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que
tenga a su cargo;
VII. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información
confidencial en los términos de la presente Ley y de la demás legislación de
la materia; y
VIII. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e
información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con
motivo del ejercicio de sus atribuciones.
2. Las personas titulares de las magistraturas electorales gozarán de todas
las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución General
a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido
mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo
por el tiempo de su duración y la seguridad económica.
Artículo 52
1. Las personas titulares de las magistraturas electorales sólo podrán ser
privadas de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución
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General y las Leyes de responsabilidades de los servidores públicos
aplicables.
TÍTULO CUARTO
De la Integración de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Ayuntamientos
CAPÍTULO PRIMERO
De la Participación de la Ciudadanía en las Elecciones
Artículo 53
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se
ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular, también es
derecho de la ciudadanía y obligación para los Partidos Políticos la igualdad
de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a
cargos de elección popular.
2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible,
quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción al electorado.
3. Es derecho de la ciudadanía ser votado para todos los puestos de elección
popular, teniendo las calidades que establece la presente Ley y solicitar su
registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos,
condiciones y términos de esta Ley.
4. Es derecho y obligación de la ciudadanía, votar en las consultas populares
sobre temas de trascendencia estatal o municipal, en los términos que
determine la Ley de la materia y en los procesos de participación ciudadana
que estén previstos en la legislación correspondiente.
5. Para efectos del presente artículo, es obligación de la ciudadanía solicitar
su incorporación al padrón electoral, en términos de lo dispuesto por los
artículos 135 y 136 de la Ley General.
6. Los derechos político-electorales se ejercerán libres de violencia política
contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud,
religión, opiniones, orientación y/o preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 54
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1. Es obligación de la ciudadanía integrar las mesas directivas de casilla en
los términos de la Ley General.
2. Es derecho exclusivo de la ciudadanía participar como observadoras y
observadores de los actos de preparación y desarrollo de los procesos
electorales, así como en las consultas populares y demás formas de
participación ciudadana que se realicen de conformidad con la legislación
correspondiente, en la forma y términos que determine el Consejo General, y
en los términos previstos en Ley General.
3. Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por el inciso m) del artículo 104 de la
Ley General, el Instituto desarrollará las actividades que se requieran para
garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observadoras y
observadores en la Entidad, de acuerdo con los lineamientos que emita el
Instituto Nacional.
Artículo 55
1. Para el ejercicio del voto, la ciudadanía deberá satisfacer, además de los
que fija el artículo 28 de la Constitución Local y esta Ley, además estar
inscrita en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por la
Ley General y contar con la credencial para votar vigente.
2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que
comprenda al domicilio de la persona ciudadana, salvo en los casos de
excepción expresamente señalados por la Ley General y la presente Ley.
3. El derecho de asociación de los Partidos Políticos en los procesos
electorales a cargos de elección popular estará regulado por la Ley General
de Partidos Políticos. Independientemente del tipo de elección, el convenio
de coalición y los términos precisados en el mismo.
4. Cada uno de los Partidos Políticos aparecerá con su propio emblema en la
boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para
la persona candidata de la coalición y contarán para cada uno de los Partidos
Políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley, en ningún caso se
podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición.
5. Los Partidos Políticos podrán constituir frentes, formar coaliciones,
candidaturas comunes, así como, fusionarse para constituir un nuevo Partido
Político o para incorporarse en uno de ellos, de conformidad con la regulación
establecida en la Ley General de Partidos Políticos.
6. Los Partidos Políticos Nacionales que hayan participado en una elección
local en la cual hayan perdido su registro pero hayan alcanzado el porcentaje
requerido siendo aprobados como Partidos Políticos Locales por el Consejo
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General del Instituto, no serán considerados como de nuevo registro para
efectos de participación en el convenio de candidatura común u otras formas
de participación o asociación, toda vez que ya pasaron por el escrutinio de
votación en el proceso electoral inmediato anterior y haber sido sometidos
materialmente al escrutinio del voto y respaldo de la ciudadanía.
7. Las candidaturas comunes y otras formas de participación o asociación de
los Partidos Políticos se regularán conforme a la presente Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
De los Requisitos de Elegibilidad
Artículo 56
1. Para ser persona candidata a un cargo de elección popular, deberán
cumplir con los siguientes requisitos establecidos en la Constitución:
a) Para ser Titular de la Gubernatura del Estado, los que están establecidos
en los artículos 69 y 78.
b) Para ser Diputada o Diputado, los que establecen los artículos 44 y 45, así
como no ser magistrada o magistrado del Tribunal Estatal Electoral, salvo
que renuncie a su cargo, cuando menos dos años antes de la fecha del inicio
del proceso electoral.
c) Para ser integrante de algún Ayuntamiento, los establecidos en los
artículos 138 y 138 bis.
2. Además de lo anterior cualquier persona candidata a un cargo de elección
popular deberá cumplir con los siguientes requisitos generales:
a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial
para votar.
b) No ser Consejero o Consejera Presidente, Consejero o Consejera Electoral,
titular de la Secretaria Ejecutiva o titular de área o su equivalente del
Instituto Estatal Electoral, salvo que se separe del cargo mediante renuncia
tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral que se trate.
c) No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Estatal ni al Servicio
Profesional Electoral Nacional, salvo que, en el primer caso, se separe del
cargo un año antes de la fecha del inicio del proceso electoral de que se trate
o en el segundo, se separe del cargo tres años antes de la misma fecha.
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d) No haber sido suspendido en sus derechos o prerrogativas ciudadanas,
por cualquier de las causas comprendidas en el artículo 31 de la
Constitución.
3. Elección consecutiva: Quien desempeñe el cargo de Diputado o
Diputada o sea integrante de algún Ayuntamiento y se encuentre en ejercicio
de sus funciones, podrá optar por la elección consecutiva cumpliendo los
siguientes requisitos:
a)Las diputadas y diputados, asi como integrantes del Ayuntamiento que
opten por la elección consecutiva daran aviso de su intención al Partido
Político, o cualquiera de los partidos políticos integrantes de la coalición que
los postuló y al Consejo General cuando menos cuarenta y cinco días antes
de las precampañas.
b)Quienes sean integrantes de algún Ayuntamiento podrán ser nuevamente
electos hasta completar un máximo de dos períodos consecutivos de
ejercicio.
c)Las y los Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta
completar un máximo de cuatro periodos consecutivos de ejercicio.
d)La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo Partido Político o por
cualquiera de los Partidos Políticos integrantes de la coalición o candidatura
común que les hubiese postulado originalmente.
Se exceptuará de la anterior disposición a quien antes de la mitad de su
mandato haya renunciado o perdido su militancia en el partido por el que fue
registrada su candidatura;
e)Para la elección consecutiva de las y los Diputados locales, deberá
respetarse en todo momento el principio de paridad de género, de
conformidad con lo que para tal efecto establecen la Constitución, la
Constitución Local, la presente Ley y demás leyes en la materia, así como por
las autoridades electorales;
f) Las Diputadas y Diputados y quienes integren algún ayuntamiento, si
desean optar por la elección consecutiva, no tendrán que separarse de su
cargo, pero la autoridad electoral establecerá mecanismos de carácter
obligatorio para garantizar que la persona que se encuentre en el ejercicio de
sus funciones, no haga uso de recursos públicos, humanos, materiales o
financieros que tenga a su cargo, ni tiempo en horario laboral, para realizar
proselitismo.
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g)En lo que respecta a elección consecutiva de Diputadas o Diputados
registrados a través de la figura de la candidatura independiente, sólo
podrán postularse con la misma calidad con la que fueron electos,
sujetándose a los requisitos que para tal efecto se prevé en la Constitución,
la presente Ley y demás leyes en la materia, así como por las autoridades
electorales.
h)Las personas regidoras y síndicas que se encuentren en ejercicio y
pretendan su elección consecutiva deberán observar lo que para tal efecto
dispone esta Ley;
Artículo 57
1. A ninguna persona podrá registrársele a una candidatura de distintos
cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, en términos de lo
dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 de la Ley General, con
excepción de lo previsto en el artículo 41 fracción III párrafo segundo de la
Constitución.
2. No podrá ser registrada a una candidatura a elección consecutiva por
Partido Político distinto a aquel o cualquiera de aquellos que, en vía de
coalición o candidatura común, la postuló en el proceso electoral en que
resultó electa, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la
mitad de su mandato.
3. Tratándose de la postulación de candidaturas independientes a elección
consecutiva solo podrá ser realizada si fue electo mediante tal mecanismo de
participación política.
CAPÍTULO TERCERO
De la Elección a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos
Artículo 58
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en una sola persona
que se denomina “Gobernadora o Gobernador del Estado de Baja California
Sur”, electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de la
ciudadanía, en la cual los Partidos Políticos deberán atender el principio de
paridad de género.
Artículo 59
1. El Poder Legislativo del Estado, se deposita en una Asamblea que se
denomina “Congreso del Estado de Baja California Sur”, que deberá estar
integrada por dieciséis diputaciones según el principio de mayoría relativa en
su totalidad cada tres años, mediante el sistema de distritos electorales
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uninominales y por cinco diputaciones electas según el principio de
Representación Proporcional, mediante el sistema de listas, que serán
integradas de manera paritaria por mujeres y hombres en cada periodo
electivo acatando el principio de paridad vertical, por cada diputada o
diputado que tenga la figura de propietaria o propietario se elegirá un
suplente del mismo género.
2. A fin de respetar el principio de autodeterminación, los Partidos Políticos
deberán atender el principio de alternancia de género para encabezar las
listas de representación proporcional tomando como base la elección
inmediata anterior.
3. En las fórmulas para una diputación, tanto en el caso de mayoría relativa,
como de representación proporcional, los Partidos Políticos deberán
integrarlas por personas del mismo género.
4. En el caso de las candidaturas independientes, las fórmulas deberán estar
integradas por personas del mismo género.
5. Las diputadas y diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos
consecutivos por ambos principios.
6. Serán sujetos de elección consecutiva las diputadas y diputados que
hayan protestado o ejercido el cargo, independiente de su carácter de
propietaria, propietario o suplente.
7. Quien hubiese sido electo diputada o diputado propietario de manera
consecutiva por el límite constitucional y el establecido en esta Ley, no podrá
ser electa para el siguiente periodo en calidad de suplente del mismo cargo
de elección popular.
8. La posición de diputada o diputado suplente que no haya protestado el
cargo, no se contabiliza para efectos del límite de periodos para elección
consecutiva.
Artículo 60
1. Los municipios serán gobernados por un ayuntamiento de elección popular
directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de
integrantes que determine la Constitución Local.
2. Serán sujetos de elección consecutiva la Presidenta o el Presidente
Municipal, Síndica o Síndico y Regidoras o Regidores del Ayuntamiento que
hayan ejercido el cargo independientemente de su carácter de propietario o
suplente, podrán ser en orden distinto al que fueron electos, a efecto de
garantizar el principio de paridad de género.
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3. La suplencia de la Sindicatura y Regiduría no se contabilizará para efectos
de los límites de la elección consecutiva, salvo que hayan ejercido el cargo.
4. Quien hubiese sido electo miembro propietario de manera consecutiva por
el límite establecido en esta Ley, no podrá ser electo para el siguiente
periodo en calidad de suplente del mismo cargo de elección popular.
5. Las candidatas y candidatos a integrantes de los ayuntamientos que
busquen reelegirse en sus cargos deberán acompañar una carta con su
manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la
Constitución Local en materia de reelección.
CAPÍTULO CUARTO
Disposiciones Complementarias
Artículo 61
1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio
del año que corresponda, para elegir:
I. Diputaciones, cada tres años;
II. Gubernatura, cada seis años, y
III. Ayuntamientos, cada tres años.
2. El día en que deban celebrarse las elecciones ordinarias será considerado
como no laborable en todo el Estado.
Artículo 62
1. Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula
triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la elección
extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días naturales
siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral.
Artículo 63
1. En el caso de vacantes de miembros del Congreso electos por el principio
de mayoría relativa, se convocará a elecciones extraordinarias en el plazo
señalado en el párrafo anterior.
2. Las vacantes de integrantes propietarios del Congreso electos por el
principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los
suplentes de la fórmula electa respectiva, si la vacante se presenta respecto
de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatas y
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candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista respectiva
atendiendo la paridad de género, después de habérsele asignado las
diputaciones que le hubieren correspondido.
Artículo 64
1. Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no
podrán restringir los derechos que esta Ley reconoce a la ciudadanía y a los
Partidos Políticos nacionales y locales, ni alterar los procedimientos y
formalidades que establece.
2. El Instituto podrá ajustar los plazos establecidos en esta Ley conforme a la
fecha señalada en la convocatoria respectiva.
3. En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias
el Partido Político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha
en que éstas deban realizarse, no obstante, podrá participar en una elección
extraordinaria el Partido Político que hubiese perdido su registro, siempre y
cuando hubiera participado con candidaturas en la elección ordinaria que fue
anulada.
TÍTULO QUINTO
De la Coordinación entre las Autoridades Electorales
CAPÍTULO ÚNICO
De las Facultades Especiales del Instituto
Artículo 65
1. La coordinación de actividades entre el Instituto Nacional y el Instituto
estará a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales y de la Presidencia del Instituto, a través de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en los términos previstos
en el artículo 119 de la Ley General.
Artículo 66
1. El Consejo General del Instituto podrá iniciar el procedimiento de asunción
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 121 y 123 de la Ley
General.
Artículo 67
1. El Consejo General del Instituto podrá iniciar el procedimiento de atracción
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 124 de la Ley
General.
TÍTULO SEXTO
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De las Reglas Generales para los Procesos Electorales
CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Preliminares
Artículo 68
1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución
General, la Constitución local, la Ley General y esta Ley, realizados por las
autoridades electorales, los Partidos Políticos, así como la ciudadanía, que
tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos del Estado.
2. Las organizaciones que pretendan constituirse en Partidos Políticos
Locales para participar en las elecciones locales deberán obtener su registro
ante el Instituto en términos de lo dispuesto por el Capítulo I del Título II de la
Ley General de Partidos Políticos.
CAPITULO SEGUNDO
De la Propaganda Electoral
Artículo 69
1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la
conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de
los poderes del Estado, como de los municipios y cualquier otro ente público.
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de
las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o
las necesarias para la Protección Civil en casos de emergencia.
Artículo 70
1. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con
materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas
para la salud o el medio ambiente, los Partidos Políticos y candidaturas
Independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que
utilizarán durante su campaña.
2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por artículos promocionales
utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y
expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del
Partido Político, candidatura común, coalición o candidata o candidato que lo
distribuye.
3. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con
material textil.
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4. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política
o electoral de partidos, candidatura común, coaliciones o candidatas o
candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto,
mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema
que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita
persona, está estrictamente prohibida a los partidos, candidatas y
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona, dichas conductas
serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio
de presión al electorado para obtener su voto.
5. El Partido Político, candidata o candidato registrado o simpatizante que
viole lo dispuesto en este artículo, será sancionado en los términos previstos
en la presente Ley.
Artículo 71
1. La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar
los tiempos legales que se establezcan para cada caso. El fin de su
distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral.
2. En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse
durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral.
3. La omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda, serán
sancionados conforme a esta Ley.
4. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por propaganda de
precampaña al conjunto de escritos, publicaciones impresas, publicaciones
digitales, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el
periodo de precampaña difunden las personas precandidatas con el propósito
de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de
elección popular.
5. Durante las precampañas sólo se podrán utilizar artículos utilitarios
textiles.
6. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por
medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidatura de la persona que
es promovida conforme a sus estatutos.
Artículo 72
1. Para los efectos de la fracción X del artículo 18, los Partidos Políticos,
coaliciones y candidaturas comunes, podrán contratar publicidad para
difundir sus actividades ordinarias, de precampaña y de campaña en medios
de comunicación impresos, electrónicos y digitales, distintos a radio y
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televisión, para tal efecto, el Instituto celebrará convenio con los
representantes de los medios de comunicación.
2. Las candidaturas independientes podrán contratar publicidad para difundir
sus actividades de campaña en medios de comunicación impresos,
electrónicos y digitales, distintos a radio y televisión, para tal efecto el
Instituto celebrará convenio con los representantes de los medios de
comunicación.
3. El Consejo General del Instituto creará la Comisión de Medios de
Comunicación, encargada de convenir las tarifas publicitarias con medios
distintos a radio y televisión durante el proceso electoral respectivo, misma
que estará integrada por dos consejeras o consejeros electorales y las
representaciones de los Partidos Políticos, una vez agotado el fin para el que
fue creada, la Comisión se disolverá y se creará nuevamente durante el
siguiente proceso electoral.
4. El convenio con los representantes de los medios de comunicación será
aprobado por el Consejo General y contendrá:
I. Un catálogo de tarifas por unidad y por paquete de espacio para
propaganda electoral, relacionada con los cargos de elección popular,
incluyendo las promociones y el costo por publicidad, según sea el caso, que
tengan a disposición de los Partidos Políticos, candidatura común, coaliciones
o candidaturas independientes para su contratación;
II. La garantía de que las tarifas publicitarias que se cobren a los Partidos
Políticos, candidatura común, coaliciones o candidatas y candidatos
independientes sean equitativas, procurando sean inferiores a las de la
publicidad comercial, e iguales para todos; y
III. La prohibición de obsequiar espacios a algún Partido Político, coalición,
candidatura común, precandidata o precandidato, o a candidata y candidato,
aspirante o candidata o candidato independiente, salvo que opere para todos
en la misma proporción.
5. El Instituto informará oportunamente y en condiciones de equidad, a todos
los Partidos Políticos, candidatura común, coaliciones o candidatas y
candidatos independientes, las diferentes modalidades y tarifas publicitarias
de los servicios ofrecidos por las empresas de los medios de comunicación
distintos a radio y televisión, durante el proceso electoral, la contratación de
los espacios orientados a la promoción del voto a favor de las candidaturas a
cargos de elección popular, exclusivamente se realizará por los Partidos
Políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatas y candidatos
independientes con los medios de comunicación que hubieran suscrito el
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convenio al que se hace referencia en el presente artículo, y los contratos se
celebrarán con la participación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, el responsable de la administración de los recursos de las
candidatas y candidatos independientes, en sus respectivos ámbitos de
competencia, con el objeto de vigilar el cumplimiento del convenio y las
disposiciones en esta materia.
6. Los medios de comunicación que signen contratos publicitarios con los
Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatas y
candidatos independientes, estarán obligados a proporcionar oportunamente
al Instituto la información que éste les requiera.
7. El Instituto informará oportunamente y en condiciones de equidad a todos
los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidatas y
candidatos independientes, los espacios públicos de que puedan disponer
para la fijación de su propaganda electoral.
Artículo 73
1. Los Partidos Políticos, precandidatas, precandidatos y simpatizantes están
obligados a retirar su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje,
por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de
candidaturas de la elección de que se trate, de no retirarse, el Instituto
tomará las medidas necesarias para su retiro con cargo a la ministración del
financiamiento público que corresponda al Partido Político, además de la
imposición de la sanción que al respecto establezca la presente Ley y en su
caso la Ley General.
CAPÍTULO TERCERO
De las Encuestas y Sondeos de Opinión
Artículo 74
1. El Instituto realizará las funciones, en materia de encuestas o sondeos de
opinión en el marco de los procesos electorales, atendiendo a las reglas,
lineamientos y criterios que emita el Consejo General.
2. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las
casillas, queda prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier
medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de
opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales.
3. Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de
opinión, deberán presentar al Instituto, un informe sobre los recursos
aplicados en su realización en los términos que disponga la autoridad
electoral correspondiente.
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4. La metodología, costos, personas responsables y resultados de las
encuestas o sondeos serán difundidas en los medios digitales oficiales del
Instituto.
CAPÍTULO CUARTO
De la Capacitación Electoral
Artículo 75
1. El Instituto auxiliará al Instituto Nacional en la responsabilidad de llevar a
cabo la capacitación de las personas funcionarias que integrarán las mesas
directivas de casilla conforme a los programas establecidos por el Consejo
General.
CAPÍTULO QUINTO
De la Impresión de Documentos y Producción de Materiales
Artículo 76
1. Para la elaboración, uso y destino de la documentación y materiales
electorales, se deberá atender lo establecido en la Ley General, a los
Lineamientos del Instituto Nacional y a lo siguiente:
I. Los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando
materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su
destrucción;
II. En el caso de las boletas electorales deberán elaborarse utilizando los
mecanismos de seguridad que apruebe el Instituto;
III. La destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan
el medio ambiente, según lo apruebe el Consejo General del Instituto
Nacional; y
IV. La salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados
como un asunto de seguridad nacional.
CAPÍTULO SEXTO
De los Observadores Electorales
Artículo 77
1. Las ciudadanas y ciudadanos que deseen ejercer su derecho como
personas observadoras electorales deberán sujetarse a las bases siguientes:
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I. Podrán participar sólo cuando hayan obtenido oportunamente su
acreditación ante la autoridad electoral;
II. Las ciudadanas y ciudadanos que pretendan actuar como personas
observadoras deberán señalar en el escrito de solicitud los datos de
identificación personal anexando fotocopia de su credencial para votar, y la
manifestación expresa de que se conducirán conforme a los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad y, sin vínculos a Partido Político o agrupación política alguna;
III. La solicitud de registro para participar como observadoras y/o
observadores electorales, podrá presentarse en forma personal o a través de
la organización a la que pertenezcan, ante el Consejo Distrital
correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y
hasta el 30 de abril del año de la elección. Las presidencias de los consejos
distritales darán cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para su
aprobación, en la siguiente sesión que celebren, la resolución que se emita
deberá ser notificada a los solicitantes, el Instituto, en el ámbito de su
competencia garantizará este derecho y resolverá cualquier planteamiento
que pudiera presentarse por parte de la ciudadanía o las organizaciones
interesadas;
IV. Sólo se otorgará la acreditación a las ciudadanas y ciudadanos que
cumplan los requisitos establecidos en la Ley General y los que expida el
Instituto Nacional;
V. Las personas observadoras se abstendrán de:
a) Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus
funciones, e interferir en el desarrollo de estas;
b) Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de Partido
Político o candidatura alguna;
c) Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra
de las instituciones, autoridades electorales, Partidos Políticos, candidatas o
candidatos; y
d) Declarar el triunfo de Partido Político, candidata o candidato alguno.
VI. La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial del Estado;
VII. Las ciudadanas y ciudadanos acreditados como personas observadoras
electorales podrán solicitar ante el Instituto, la información electoral que
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requieran para el mejor desarrollo de sus actividades, dicha información será
proporcionada siempre que no sea reservada o confidencial en los términos
fijados por la Ley y que existan las posibilidades materiales y técnicas para
su entrega;
VIII. En los contenidos de la capacitación que se imparta a las personas
funcionarias de las mesas directivas de casilla, debe preverse la explicación
relativa a la presencia de las personas observadoras electorales, así como los
derechos y obligaciones inherentes a su actuación;
IX. Las personas observadoras electorales podrán presentarse el día de la
jornada electoral con sus acreditaciones e identificaciones en una o varias
casillas, así como en el local de los consejos correspondientes, pudiendo
observar los siguientes actos:
a) Instalación de la casilla;
b) Desarrollo de la votación;
c) Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla;
d) Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla;
e) Clausura de la casilla;
f) Lectura en voz alta de los resultados en el consejo distrital; y
g) Recepción de escritos de incidencias y protestas.
X. Las personas observadoras electorales podrán presentar, ante la
autoridad electoral, informe de sus actividades en los términos y tiempos que
para tal efecto determine el Instituto, en ningún caso, los informes, juicios,
opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre
el proceso electoral y sus resultados.
2. Las organizaciones a las que pertenezcan las personas observadoras
electorales, a más tardar treinta días después de la jornada electoral,
deberán declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que
obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente
con la observación electoral que realicen, mediante informe que presenten al
Instituto.
CAPÍTULO SÉPTIMO
De los Debates
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Artículo 78
1. El Instituto organizará dos debates obligatorios entre las candidaturas a la
Gubernatura del Estado y promoverá la celebración de debates entre
candidatas y candidatos a una diputación y las candidatas y candidatos a las
Presidencias Municipales.
2. Para la realización de los debates obligatorios, el Instituto definirá las
reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre las
candidatas y candidatos.
3. Las señales radiodifundidas que el Instituto genere para este fin podrán
ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de
radio, televisión y medios digitales, así como por otros concesionarios de
telecomunicaciones sujetándose a lo ya presupuestado en su proyecto de
presupuesto.
4. El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la
transmisión de los debates en el mayor número de estaciones, canales y
medios digitales.
5. Los debates deberán ser transmitidos por las estaciones de radio,
televisión y medios digitales de las concesionarias locales de uso público. El
Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros
concesionarios de radiodifusión y medios digitales con cobertura en el
Estado.
6. Los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente
debates entre las candidatas y candidatos, siempre y cuando cumplan con lo
siguiente:
I. Se comunique al Instituto;
II. Participen por lo menos dos candidatas y/o candidatos de la misma
elección; y
III. Se establezcan condiciones de equidad en el formato.
7. La transmisión de los debates por los diversos medios de comunicación
será gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos.
La no asistencia de una de las personas candidatas invitadas a estos
debates, no será causa para la no realización de éste.
CAPÍTULO OCTAVO
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Del Programa de Resultados Electorales Preliminares
Artículo 79
1. El Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de
información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no
definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura,
digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio
y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y
transmisión de datos autorizados por el Instituto, atendiendo a las reglas,
lineamientos y criterios en materia de resultados preliminares, emita el
Instituto Nacional.
2. Su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de
seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los
resultados y la información en todas sus fases al Instituto Nacional, el
Instituto, los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes,
candidatas y candidatos independientes, medios de comunicación y a la
ciudadanía.
CAPÍTULO NOVENO
Del Conteo Rápido
Artículo 80
1. El Instituto conjuntamente con el Instituto Nacional, determinarán la
viabilidad de la realización de los conteos rápidos.
2. De igual manera, las personas físicas o morales que realicen estos conteos
pondrán a su consideración, las metodologías y financiamiento para su
elaboración y términos para dar a conocer los resultados de conformidad con
los criterios que para cada caso se determinen.
CAPÍTULO DÉCIMO
De los Informes Financieros de las Encuestas y Sondeos
Artículo 81
1. Para los efectos del artículo 222 de la Ley General, las personas físicas o
morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al
Instituto un informe sobre los recursos aplicados en su realización en los
términos que disponga la autoridad electoral correspondiente.
Artículo 82
1. Los organismos, dependencias y autoridades locales y municipales
deberán colaborar de manera pronta y efectiva con la unidad administrativa
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competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.
TÍTULO SÉPTIMO
De los Actos Preparatorios de la Elección
CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Preliminares
Artículo 83
1. El proceso electoral rige el conjunto de actos ordenados por la
Constitución General, la Ley General, la Constitución local y esta Ley,
realizados por las autoridades electorales, los Partidos Políticos nacionales, y
locales y de la ciudadanía que tiene por objeto la renovación periódica de los
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como, de los Integrantes
de ayuntamientos del Estado.
Artículo 84
1. El proceso electoral ordinario se inicia en diciembre del año previo al de la
elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección a
la Gubernatura del Estado, diputaciones locales y presidencias municipales.
En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya
resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto
o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.
2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las
etapas siguientes:
I. Preparación de la elección;
II. Jornada electoral;
III. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y
IV. Dictamen y declaraciones de validez de las elecciones a la Gubernatura.
3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que
el Consejo General celebre durante el mes de diciembre del año previo en
que deban realizarse las elecciones locales ordinarias y concluye al iniciarse
la jornada electoral.
4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 08:00 horas del primer
domingo de junio y concluye con el cierre de casilla, previo a ello, a las 07:30
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horas, las personas que serán responsables de las presidencia, secretaría y
escrutadoras de la mesa directiva de las casillas nombradas como
propietarias deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la
instalación de la casilla en presencia de los representantes de Partidos
Políticos y de candidaturas independientes que concurran.
5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se
inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los
organismos electorales respectivos y concluye con los cómputos y
declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que,
en su caso, emita en última instancia los órganos jurisdiccionales
competentes.
6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección se inicia al
resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen
interpuesto en contra de la elección de que se trate o cuando se tenga
constancia de que no se presentó ninguno, y concluye con las resoluciones
que emita el Tribunal Electoral, las Salas Regionales y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en su caso.
7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos
electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los
actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el Instituto,
según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios
que estime pertinentes.
CAPÍTULO SEGUNDO
De los Procesos Internos de Selección de Candidatas y Candidatos y
las Precampañas
Artículo 85
1. Los procesos internos para la selección de candidatas y candidatos a
cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los
Partidos Políticos y las personas aspirantes a dichos cargos, de conformidad
con lo establecido en esta Ley, en los estatutos, reglamentos, acuerdos y
demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de
dirección de cada Partido Político.
Artículo 86
1. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se
refiere el párrafo inmediato anterior, cada Partido Político determinará,
conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus
candidatas y candidatos a cargos de elección popular, según la elección de
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que se trate, incluyendo la definición de mecanismos por los que garantice la
participación de quienes pretenden ser postuladas para una elección
consecutiva, los mecanismos para garantizar la paridad de género en las
candidaturas a diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y
regidurías; y la definición de los distritos electorales en los que se postularán
bajo el principio de paridad de género y a los grupos prioritarios: personas
afromexicanas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual,
personas indígenas y personas jóvenes. La determinación deberá ser
comunicada al Consejo General dentro de las setenta y dos horas siguientes
a su aprobación, señalando:
I. La fecha de inicio del proceso interno;
II. El método o métodos que serán utilizados;
III. La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente;
IV. Los requisitos mínimos de la convocatoria que deberá incluir:
a) Lugar y fecha de expedición;
b) Cargos a elegir;
c) Documentos que acrediten los requisitos establecidos en el artículo 56 de
esta ley; y
d) Documento que acredite la autoadscripción calificada de los grupos
prioritarios expedido por asociación civil o agrupación asentada en el Estado
para personas indígenas y afromexicanas, autoadscripcion de genero para
las personas de la diversidad sexual; institución pública de salud para
personas con discapacidad, y acta emitida por el registro civil para jóvenes.
V. Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno;
VI. Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia;
VII. La fecha de celebración de la asamblea electoral estatal, distrital,
municipal, o en su caso, de realización de la jornada comicial interna deberá
señalar lo siguiente:
a) Durante los procesos electorales en que se renueven los poderes
ejecutivo, legislativo e integrantes de los ayuntamientos del Estado, las
precampañas darán inicio en la primera semana de enero del año de la
elección; y no podrán durar más de sesenta días;
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b) Durante los procesos electorales en que se renueven el poder legislativo e
integrantes de los ayuntamientos del Estado, las precampañas darán inicio
en la primera semana de enero del año de la elección; y no podrán durar más
de cuarenta días; y
c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se
apruebe el registro interno de las personas precandidatas. Las precampañas
de todos los Partidos Políticos deberán celebrarse dentro de los mismos
plazos.
Artículo 87
1. Las personas aspirantes a precandidaturas y candidaturas a cualquier
cargo de elección popular que participen en los procesos de selección interna
convocados por cada Partido Político no podrán realizar actividades de
proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio, antes de la fecha
de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición será sancionada
con la negativa de registro como persona precandidata.
Artículo 88
1. Los Partidos Políticos harán uso del tiempo en radio, televisión y medios
digitales conforme a lo dispuesto por la Ley General, para la difusión de sus
procesos de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular,
de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional.
2. Las personas precandidatas debidamente registradas podrán acceder a
radio, televisión y medios digitales exclusivamente a través del tiempo que
corresponda en dichos medios al Partido Político por el que pretenden ser
postuladas.
3. Queda prohibido a las personas precandidatas a candidaturas a cargos de
elección popular, en todo tiempo, la contratación o adquisición de
propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio,
televisión y medios digitales, la violación a esta norma será sancionada con
la negativa de registro como persona precandidata o, en su caso, con la
cancelación de dicho registro, de comprobarse la violación a esta norma en
fecha posterior a la de postulación de la persona precandidata por el Partido
Político de que se trate, el Instituto negará el registro legal de la persona
infractora.
Artículo 89
1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan
los Partidos Políticos, sus militantes y las personas precandidatas a
candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada
Partido Político.
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Artículo 90
1. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquéllos en que las personas
precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas afiliadas,
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su
respaldo para ser postulada como persona candidata a un cargo de elección
popular.
Artículo 91
1. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos,
publicaciones impresas y digitales, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale
la convocatoria respectiva, difunden las personas precandidatas a
candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer
sus propuestas, la propaganda de precampaña deberá señalar de manera
expresa, por medios gráficos, auditivos y digitales, la calidad de persona
precandidata de quien es promovida.
Artículo 92
1. Precandidata o precandidato es la ciudadana o ciudadano que pretende
ser postulada por un Partido Político como candidata o candidato a cargo de
elección popular, conforme a esta Ley y a los estatutos de un Partido Político,
en el proceso de selección interna de candidaturas a cargos de elección
popular.
2. Ninguna persona podrá participar simultáneamente en procesos de
selección interna de persona candidata a cargos de elección popular por
diferentes Partidos Políticos, salvo que entre ellos medie convenio para
participar en coalición o en candidatura común.
3. Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos
promocionales utilitarios con excepción de los textiles señalados en esta Ley.
Artículo 93
1. Los Partidos Políticos, conforme a sus estatutos, deberán establecer el
órgano interno responsable de la organización de los procesos de selección
de sus candidatas y candidatos y, en su caso, de las precampañas.
Artículo 94
1. Las personas precandidatas podrán impugnar, ante el órgano interno
competente, los reglamentos y convocatorias; la integración de los órganos
responsables de conducir los procesos internos, los acuerdos y resoluciones
que adopten, y en general los actos que realicen los órganos directivos, o sus
integrantes, cuando de los mismos se desprenda la violación de las normas
que regulan los procesos de selección de candidatas y candidatos a cargos
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de elección popular. Cada Partido Político emitirá un reglamento interno en el
que se normarán los procedimientos y plazos para la resolución de tales
controversias.
2. Los medios de impugnación internos que se interpongan con motivo de los
resultados de los procesos de selección interna de candidatas y candidatos a
cargos de elección popular deberán quedar resueltos en definitiva a más
tardar catorce días después de la fecha de realización de la consulta
mediante voto directo, o de la asamblea en que se haya adoptado la decisión
sobre candidaturas.
3. Los medios de impugnación que presenten las personas precandidatas
debidamente registradas en contra de los resultados de elecciones internas,
o de la asamblea en que se hayan adoptado decisiones sobre candidaturas,
se presentarán ante el órgano interno competente a más tardar dentro de los
cuatro días siguientes a la emisión del resultado o a la conclusión de la
asamblea.
4. Solamente las personas precandidatas debidamente registradas por el
Partido Político de que se trate podrán impugnar el resultado del proceso de
selección de candidatas y candidatos en que hayan participado.
Artículo 95
1. Es competencia directa de cada Partido Político, a través del órgano
establecido por sus estatutos, o por el reglamento o convocatoria
correspondiente, negar o cancelar el registro a las personas precandidatas
que incurran en conductas contrarias a esta Ley o a las normas que regulan
su proceso interno, así como, confirmar o modificar sus resultados, o declarar
la nulidad de todo el proceso interno de selección, aplicando en todo caso los
principios legales y las normas establecidas en sus estatutos o en los
reglamentos y convocatorias respectivas. Las decisiones que adopten los
órganos competentes de cada Partido Político podrán ser recurridas por las
personas aspirantes o precandidatas ante el Tribunal Electoral, una vez
agotados los procedimientos internos de justicia partidaria.
Artículo 96
1. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el
Consejo General determinará los topes de gasto de precampaña por persona
precandidata y tipo de elección para la que pretenda ser postulada. El tope
será determinando por el Consejo General, con base al último censo de
población y a la geografía territorial del municipio o distrito de que se trate.
Artículo 97
1. El Consejo General, conocerá y vigilará el cumplimiento de la presentación
del informe de ingresos y gastos de precampaña de las personas
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precandidatas. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al
órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los siete días
siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea
respectiva.
2. Si una persona precandidata incumple la obligación de entregar su
informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes
establecido y hubiese obtenido la mayoría de los votos en la consulta interna
o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como
candidata o candidato. Las personas precandidatas que sin haber obtenido la
postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán
sancionados en los términos de lo establecido por la presente Ley.
Artículo 98
1. Las personas precandidatas que rebasen el tope de gastos de precampaña
establecido por el Consejo General podrán de conformidad con lo establecido
en esta Ley, ser sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso,
con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto,
los Partidos Políticos conservan el derecho de realizar las sustituciones que
procedan.
Artículo 99
1. Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de precampaña los
conceptos señalados en las fracciones I, II, III y IV del párrafo segundo del
artículo 124 de esta Ley.
Artículo 100
1. A las precampañas y a las personas precandidatas que en ellas participen
les serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas en esta Ley
respecto de los actos de campaña y propaganda electoral.
CAPÍTULO TERCERO
Del Procedimiento de Registro de las Personas Candidatas
Artículo 101
1. Corresponde a los Partidos Políticos nacionales y locales el derecho de
solicitar el registro de personas candidatas a cargos de elección popular, sin
perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta Ley.
Artículo 102
1. Las candidaturas a diputaciones y ayuntamientos a elegirse por el
principio de mayoría relativa, por el principio de representación proporcional
y planillas de ayuntamientos del Estado, se registrarán por fórmulas de
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candidatas y candidatos compuestas cada una por una persona propietaria y
una suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y personas
candidatas, separadamente, salvo para efectos de la votación. El cincuenta
por ciento de candidaturas propietarias y suplentes de un mismo género y el
cincuenta por ciento restante con candidaturas del género opuesto, las
cuales deberán apegarse al principio de paridad vertical y horizontal.
2. Los Partidos Políticos podrán registrar simultáneamente, en un mismo
proceso electoral, hasta dos personas candidatas a diputaciones por mayoría
relativa y representación proporcional.
3. Los Partidos Políticos en lo individual, en candidatura común o en coalición
en todas sus modalidades, deberán registrar para las diputaciones locales
por el principio de mayoría relativa una fórmula perteneciente a cada uno de
los siguientes grupos prioritarios:
I. Un distrito electoral para personas afromexicanas;
II. Un distrito electoral para personas con discapacidad;
III. Un distrito electoral para personas de la diversidad sexual; y
IV. Un distrito electoral para personas jóvenes.
4. Los Partidos Políticos en lo individual, en candidatura común o en coalición
en todas sus modalidades, deberán registrar para las diputaciones locales
por el principio de mayoría relativa dos formulas pertenecientes a dos
distritos electorales para personas indígenas.
5. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur en cumplimiento a los
principios de igualdad y no discriminación, podrá realizar las acciones
necesarias para garantizar la representación efectiva de los grupos
prioritarios.
6. En caso de reservar un espacio en la asignación de uno o más distritos
para la postulación exclusiva de personas que representen a los grupos de
atención prioritaria, deberá fundar y motivar su determinación y la reserva
señalada no podrá aplicarse en el mismo distrito en dos procesos electorales
consecutivos, para garantizar la representatividad de los diversos grupos en
toda la entidad.
7. Los Partidos Políticos en lo individual, en candidatura común o en
coalición, deberán garantizar la inclusión de:
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a).- una fórmula de personas afromexicanas;
b).- una fórmula de personas con discapacidad;
c).- una fórmula de personas de la diversidad sexual;
d).- una fórmula de personas jóvenes; y
e).- dos fórmulas de personas indígenas.
Distribuyéndolas entre las planillas de ayuntamientos que registren,
debiendo hacer rotativa esta distribución en las elecciones subsecuentes.
8. Los Partidos Políticos en cumplimiento con el principio de
autodeterminación podrán registrar las fórmulas citadas en el párrafo
anterior en los ayuntamientos que determinen sus procesos internos de
selección de personas candidatas a cargos de elección popular en una o más
de las planillas registradas.
Artículo 103
Los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y en lo que
respecta a candidaturas independientes, promoverán y garantizarán la
paridad de género en la postulación de candidatas y candidatos a los cargos
de elección popular para la Gubernatura, así como, la integración del
Congreso y las planillas de ayuntamientos del Estado.
Lo anterior, observando que cada Partido Político antes de sus procesos
internos determinarán y harán públicos a su militancia y simpatizantes, los
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a
legislaturas locales. Éstos, deberán ser objetivos y asegurar condiciones de
igualdad de género.
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno
de los géneros le sea asignados exclusivamente a los distritos en los que el
Partido Político haya obtenido los porcentajes de votación válida emitida más
bajos en el proceso electoral inmediato anterior.
Para garantizar el cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior el
Instituto implementará la siguiente metodología:
1. Se integrarán los resultados de la votación válida emitida que corresponde
a cada Partido Político en lo individual en cada distrito electoral, obtenida en
el proceso local electoral inmediato anterior, con base en lo siguiente:
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a) Candidatura Común. Para la obtención de la votación válida emitida para
cada uno de los Partidos Políticos en lo individual que integraron la
candidatura común, se tomará la votación recibida por la misma y se
distribuirá de acuerdo a la forma establecida en el convenio de candidatura
común para efectos de la conservación de registro.
b) Coalición. Para la obtención de la votación válida emitida para cada uno
de los Partidos Políticos en lo individual que integraron la coalición, se tomará
la votación recibida por cada Partido Político en cada distrito electoral y en
los casos en que los votos se hayan emitido a favor de dos o más Partidos
Políticos coaligados, se atenderá a lo dispuesto en la Ley.
c) Partidos Políticos. Para la obtención de los porcentajes de votación válida
emitida por partido político que haya participado en lo individual, se tomará
la votación recibida por cada uno de ellos en cada distrito electoral.
Tratándose de Partidos Políticos que hayan participado en coalición en dicho
proceso, la votación que le corresponda de manera individual se determinará
en términos de los artículos 55, tercer párrafo y 158, fracción III de la Ley y
del artículo 87, párrafo 12 Ley General de Partidos Políticos.
Tratándose de Partidos Políticos que hayan participado bajo la figura de la
candidatura común la distribución del porcentaje de votación será conforme
al convenio de candidatura común registrado ante el Instituto en el proceso
local electoral inmediato anterior.
2. Posteriormente, se calculará el porcentaje que cada Partido Político obtuvo
en los distritos electorales correspondientes, respecto de la votación válida
emitida. El porcentaje deberá expresarse en puntos decimales a dos
posiciones.
3. Se elaborará una lista por Partido Político con el porcentaje de votación
válida emitida en cada distrito electoral, ordenándose de menor a mayor por
dicho criterio.
Si algún Partido Político, en la última elección, no hubiere participado en
alguno de los distritos electorales, su porcentaje de la votación valida emitida
respecto de esa demarcación equivaldrá a cero por ciento.
4. El número total de distritos electorales se dividirá entre tres bloques,
donde cada uno representará un tercio del total de postulaciones por Partido
Político, integrándose tres bloques siguientes:
Baja: Seis Distritos electorales con el porcentaje de votación más bajo;
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Media: Cinco Distritos electorales con el porcentaje medio, y
Alta: Cinco Distritos electorales con el porcentaje más alto.
Para efectos de los bloques de competitividad los Partidos Políticos que
participen en coalición o candidatura común serán tomados como si se
tratara de un solo Partido Político, por lo que se sumarán los porcentajes de
votación válida emitida obtenida en lo individual de cada uno de los Partidos
Políticos que la integran.
5. Si del resultado de la división en tres bloques se tuviese un distrito
sobrante, este se integrará al bloque de competitividad bajo; de resultar dos
distritos sobrantes, el segundo se integrará al bloque de competitividad alto.
Cada uno de los bloques, se integrará de manera paritaria, con candidaturas
de ambos géneros en los distritos electorales que los componen. El orden de
asignación al interior de los bloques se realizará con base en la
autodeterminación de cada Partido Político que contienda en lo individual o
con base a lo establecido en el convenio de coalición o candidatura común.
Los bloques de competitividad no resultarán aplicables a los Partidos Políticos
nacionales o locales que obtengan su registro con fecha posterior al último
proceso local electoral inmediato anterior y que no hayan participado en el
mismo; sin embargo, deberán postular en las demarcaciones territoriales
donde participen, con candidaturas en condiciones de igualdad de
oportunidades para ambos géneros, observando el principio de paridad de
género.
Serán aplicables las reglas de constitución de bloques de competitividad a los
Partidos Políticos que obtengan su registro como local, habiendo participado
en el proceso local electoral inmediato anterior como Partidos Políticos con
registro nacional.
En el supuesto de coaliciones y candidaturas comunes, para determinar los
distritos electorales de menor a mayor votación, se estará a lo siguiente:
a) Tratándose de Partidos Políticos, integrantes de la coalición o candidatura
común que hubieran participado en forma individual en el proceso local
electoral inmediato anterior, se considerará la suma de la votación válida
emitida por cada uno de los Partidos Políticos que integre la coalición o
candidatura común correspondiente.
b) Tratándose de Partidos Políticos que participen en forma individual, y que
lo hayan hecho en coalición o candidatura común en el proceso local
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electoral inmediato anterior, se considerará la votación válida emitida por el
Partido Político en lo individual.
c) De igual manera, en caso de que alguno de los Partidos Políticos que
integran la coalición o candidatura común hubiera participado en forma
individual en el proceso local electoral inmediato anterior, o que la coalición o
candidatura común se integrará por Partidos Políticos distintos o que se
conformara en distritos electorales diferentes a la coalición o candidatura
común actual, se considerará la suma de la votación válida emitida por cada
Partido Político en lo individual.
Después de integrar la votación válida emitida referida en los incisos
anteriores a), b) y c), se llevarán a cabo los procedimientos establecidos en
los numerales 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 104
1. Para efectos de lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo
anterior, la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos del Instituto,
integrará la información concerniente a los resultados de conservación de
registro por Partido Político en lo individual y los remitirá a la Secretaría
Ejecutiva.
2. La información señalada en el párrafo anterior será validada y notificada
por la Secretaría Ejecutiva a los Partidos Políticos a más tardar cuatro meses
antes del inicio del próximo proceso.
Artículo 105
1. En lo que respecta a la presente ley se podrán registrar postulaciones a
cargos de elección popular que excedan la paridad, únicamente cuando sea
para promover mayores postulaciones de candidaturas para mujeres, a
propuesta del Partido Político, coalición o candidatura común.
Artículo 106
1. Los Partidos Políticos promoverán y garantizarán el principio de paridad
entre los géneros, mediante la postulación de candidaturas a los cargos de
elección popular para la integración del Congreso y planillas para
ayuntamientos.
2. En ningún caso la postulación de candidaturas para la renovación de
ayuntamientos debe contener más del cincuenta por ciento de personas
candidatas de un mismo género, cuando el cálculo del porcentaje antes
mencionado arroje un número fraccionado, éste se elevará al entero
inmediato superior.
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3. El número impar será ́ alternado por mujeres y hombres cada periodo
electivo, con base al proceso electoral anterior.
4. En el registro de candidaturas para las planillas de ayuntamientos,
deberán observarse y garantizarse la paridad de género, tanto de manera
vertical como horizontal. Se entenderá de manera vertical, la postulación
alternada de candidaturas integrantes dentro de una planilla para un mismo
ayuntamiento, iniciando la nominación en orden para presidencia,
sindicaturas y regidurías municipales respetando la igual proporción de
géneros; asimismo, deberá entenderse de manera horizontal, la postulación
de planillas con garantías de paridad de género entre los diferentes
ayuntamientos que forman parte del Estado, debiendo ser integrada de la
siguiente manera:
I. Un ayuntamiento: una mujer o un hombre.
II. Dos ayuntamientos: una mujer y un hombre.
III. Tres ayuntamientos: Dos mujeres y un hombre o dos hombres y una
mujer.
IV. Cuatro ayuntamientos: Dos mujeres y dos hombres.
V. Cinco ayuntamientos: Tres mujeres y dos hombres o tres hombres y dos
mujeres.
5. En lo correspondiente a las fracciones I, III y V los Partidos Políticos
deberán atender el principio de alternancia de género como base la elección
inmediata anterior.
Artículo 107
1. El Instituto, en el ámbito de su competencia, tendrá facultades para
rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no
garantice el principio de paridad, fijando al Partido Político un plazo
improrrogable de cuarenta y ocho horas para la sustitución de éstas. En caso
de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
2. En el caso de que, para un mismo cargo de elección popular sean
registradas diferentes candidaturas por un mismo Partido Político, el
Instituto, una vez detectada esta situación, requerirá al Partido Político a
efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho
horas, qué candidatura o fórmula prevalece, en caso de no hacerlo se
entenderá que el Partido Político opta por el último de los registros
presentados, quedando sin efecto los demás.
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Artículo 108
1. Para efectos de la elección en ayuntamiento se entiende por bloques de
competitividad los segmentos que resultan de dividir en dos partes las
demarcaciones municipales en las que los Partidos Políticos pretendan
competir en lo individual, en coalición o en candidatura común, considerando
los porcentajes de votación válida emitida obtenida por cada uno de ellos en
la elección inmediata anterior; este concepto solo será aplicable cuando se
postule en dos o más ayuntamientos.
2. Las postulaciones que hagan los Partidos Políticos en lo individual, en
coaliciones o candidaturas comunes para la elección de ayuntamientos, se
sujetarán a lo siguiente:
a) En los casos en que los Partidos Políticos postulen en dos o más
ayuntamientos, se utilizará la metodología descrita en los numerales 1 al 6
del presente artículo.
b) De postular en tres o menos ayuntamientos, se atenderá el cumplimiento
a la paridad entre los géneros.
1. Se integrarán los resultados de la votación válida emitida que corresponde
a cada Partido Político en lo individual en cada ayuntamiento, obtenida en el
proceso local electoral inmediato anterior con base en lo siguiente:
I. Candidatura Común. Para la obtención de la votación válida emitida para
cada uno de los Partidos Políticos en lo individual que integraron la
candidatura común, se tomará la votación recibida por la misma y se
distribuirá de acuerdo a la forma establecida en el convenio de candidatura
común para efectos de la conservación de registro.
II. Coalición. Para la obtención de la votación válida emitida para cada uno
de los Partidos Políticos en lo individual que integraron la coalición, se tomará
la votación recibida por cada Partido Político en cada distrito electoral y en
los casos en que los votos se hayan emitido a favor de dos o más partidos
coaligados, se atenderá a lo dispuesto en esta Ley.
III. Partidos Políticos. Para la obtención de los porcentajes de votación válida
emitida por Partido Político que haya participado en lo individual, se tomará
la votación recibida por cada uno de ellos en cada distrito electoral.
Tratándose de Partidos Políticos que hayan participado en coalición en el
proceso electoral inmediato anterior, la votación que le corresponda de
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manera individual se determinará en términos de los artículos 55, tercer
párrafo y 158, fracción III de la Ley, y del artículo 87, párrafo 12 Ley General
de Partidos Políticos;
Tratándose de Partidos Políticos que hayan participado bajo la figura de la
candidatura común la distribución del porcentaje de votación será conforme
al convenio de candidatura común registrado ante el Instituto en el proceso
local electoral inmediato anterior.
2. Posteriormente, se calculará el porcentaje que cada Partido Político obtuvo
en los distritos electorales correspondientes, respecto de la votación válida
emitida. El porcentaje deberá expresarse en puntos decimales a dos
posiciones.
3. Se elaborará una lista por cada Partido Político con el porcentaje de
votación válida emitida en cada ayuntamiento, ordenándose de menor a
mayor por dicho criterio.
Si algún Partido Político, en la última elección, no haya participado en alguno
de los ayuntamientos, su porcentaje respecto de esa demarcación equivaldrá
a cero por ciento.
4. El número total de ayuntamientos se dividirá entre dos bloques, cada uno
representará la mitad del total de postulaciones por Partido Político,
integrándose los dos bloques siguientes:
Baja: Dos ayuntamientos con el porcentaje de votación más bajo y
Alta: Tres ayuntamientos con el porcentaje más alto.
Para efectos de los bloques de competitividad los Partidos Políticos que
participen en coalición o candidatura común serán tomados como si se
tratara de un solo Partido Político, por lo que se sumarán los porcentajes de
la votación válida emitidas obtenida en lo individual de los Partidos Políticos
que la integran.
5. Si del resultado de la división en dos bloques se tuviese un ayuntamiento
sobrante, éste se integrará al bloque de competitividad alto.
6. Cada uno de los bloques, se integrará de manera paritaria, con
candidaturas de ambos géneros en los ayuntamientos que los componen; el
orden de asignación al interior de los bloques se realizará con base en la
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autodeterminación de cada Partido Político que contienda en lo individual o
con base a lo establecido en el convenio de coalición o candidatura común.
Los bloques de competitividad no resultarán aplicables a los Partidos Políticos
nacionales o locales que obtengan su registro con fecha posterior al último
proceso local electoral inmediato anterior y que no hayan participado en el
mismo; sin embargo, deberán postular en las demarcaciones territoriales
donde participen, con candidaturas en condiciones de igualdad de
oportunidades para ambos géneros, observando el Principio de Paridad de
Género.
Serán aplicables las reglas de constitución de bloques de competitividad a los
Partidos Políticos que obtengan su registro como local, habiendo participado
en el proceso local electoral inmediato anterior como Partidos Políticos con
registro nacional.
En el supuesto de coaliciones y candidaturas comunes, para determinar los
ayuntamientos de menor a mayor votación, se estará a lo siguiente:
a) Tratándose de Partidos Políticos integrantes de la coalición o candidatura
común que hubieran participado en forma individual en el proceso local
electoral inmediato anterior, se considerará la suma de la votación válida
emitida por cada Partido Político que integre la coalición o candidatura
común correspondiente.
b) Tratándose de Partidos Políticos que participen en forma individual, y que
lo hayan hecho en coalición o candidatura común en el proceso local
electoral inmediato anterior, se considerará la votación válida emitida por el
Partido Político en lo individual.
c) De igual manera, en caso de que alguno de los Partidos Políticos que
integran la coalición o candidatura común hubiera participado en forma
individual en el proceso local electoral inmediato anterior, o que la coalición o
candidatura común se integrara por Partidos Políticos distintos o que se
conformara en ayuntamientos diferentes a la coalición o candidatura común
actual, se considerará la suma de la votación válida emitida por cada Partido
Político en lo individual.
Después de integrar la votación válida emitida referida en los incisos
anteriores a), b) y c), se llevarán a cabo los procedimientos establecidos en
los numerales 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 109
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1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a
diputaciones y planillas de ayuntamientos que presenten los Partidos
Políticos ante el Instituto en forma individual o a través de coaliciones, así
como mediante candidaturas comunes deberán integrarse salvaguardando el
principio de paridad entre los géneros establecida en la Constitución General,
la Ley General, la Constitución local y en esta Ley.
2. El cincuenta por ciento de candidaturas propietarias y suplentes de un
mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidaturas del género
opuesto.
Artículo 110
1. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado qué a
alguno de los géneros le sea asignados exclusivamente aquellos distritos o
municipios en los que el Partido Político haya obtenido los porcentajes de
votación más bajos en el proceso electoral anterior.
Artículo 111
1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de
candidaturas compuestas cada una por una persona propietaria y una
suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género
para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. En todos los
casos, en la asignación se deberá de garantizar la paridad de género y se
respetará la inclusión de cuando menos una fórmula de grupos prioritarios.
2. A fin de respetar el principio de autodeterminación, los Partidos Políticos
deberán atender el principio de alternancia de género para encabezar las
listas de representación proporcional tomando como base la elección
inmediata anterior.
Artículo 112
1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un Partido Político en forma
individual, a través de candidaturas comunes, coaliciones no cumple con lo
establecido en los artículos que anteceden, el Consejo General le requerirá
en primera instancia para que, en el plazo de setenta y dos horas contadas a
partir de la notificación rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le
apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública.
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Partido Político
que, en forma individual, a través de candidaturas comunes, coaliciones no
realice la sustitución de candidaturas, será acreedor a una amonestación
pública y el Consejo General le requerirá, de nueva cuenta, para que, en un
plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la
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corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro
de las candidaturas correspondientes.
3. Las candidaturas independientes deberán observar lo establecido en los
parros 1 y 2 del presente artículo.
4. Las notificaciones a las que se refiere este artículo se realizarán mediante
correo electrónico previamente registrado por el Partido Político, la persona
candidata y/o las candidaturas independientes en sesión del Consejo General
del Instituto.
Artículo 113
1. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el
Partido Político postulante deberá presentar y obtener el registro de la
plataforma electoral que la personas candidatas sostendrán a lo largo de las
campañas políticas.
2. Las personas candidatas independientes deberán entregar su propuesta
electoral y obtener el registro de este.
3. Las plataformas y las propuestas electorales deberán presentarse para su
registro ante el Consejo General, dentro de los quince primeros días de enero
del año de la elección, expidiendo constancia de dicho registro.
Artículo 114
1. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas en
el año de la elección son los siguientes:
I. En el año de la elección en que se renueven los poderes ejecutivo y
legislativo e integrantes de los ayuntamientos del Estado, las personas
candidatas serán registradas en un plazo de diez días, por los siguientes
órganos:
a) Las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, por los consejos
distritales;
b) Las candidaturas a diputaciones electas por el principio de representación
proporcional, por el Consejo General;
c) Las planillas de integrantes de Ayuntamientos, electas por el principio de
mayoría relativa, por los consejos municipales correspondientes; y
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d) Las candidaturas a la Gubernatura del Estado, por el Consejo General,
órgano que, supletoriamente y en casos fortuitos o de fuerza mayor, podrá
registrar las candidaturas referidas en las fracciones a) y c) de esta fracción.
II. En el año de la elección en que solamente se renueve la integración del
Poder Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado, las candidaturas por
ambos principios serán registrados en un plazo de diez días, por los órganos
señalados en los incisos a) y c) de la fracción anterior.
Artículo 115
1. El Consejo General en condiciones extraordinarias podrá realizar ajustes a
los plazos establecidos en el artículo que antecede, a fin de garantizar los
plazos de registro y que la duración de las campañas electorales se ciña a lo
establecido en el artículo 251 de la Ley General.
Artículo 116
1. El Instituto dará amplia difusión a la apertura del registro de las
candidaturas y a los plazos a que se refiere el presente capítulo.
2. En el caso de que los Partidos Políticos decidan registrar ante el Consejo
General del Instituto, de manera supletoria, a alguno o a la totalidad de las
candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos por el
principio de mayoría relativa, deberán hacerlo a más tardar tres días antes
de que venzan los plazos a que se refiere este artículo, previa solicitud por
escrito del Partido Político interesado.
Artículo 117
1. La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el Partido Político
que en forma individual o a través de candidaturas comunes, o bien
mediante coaliciones las está postulando, así como los siguientes datos de
las personas candidatas:
I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
II. Lugar y fecha de nacimiento;
III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
IV. Correo electrónico y teléfono celular;
V. Ocupación;
VI. Clave de la credencial para votar vigente;
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VII. Cargo para el que se les postule, y en su caso, grupo prioritario al que
pertenece;
VIII. Las candidaturas a integrantes del Congreso del Estado y
Ayuntamientos del Estado que busquen reelegirse en sus cargos, deberán
acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites
establecidos por la Constitución local en materia de reelección;
IX. En las planillas de ayuntamientos, en ningún caso la postulación de
candidaturas deberá contener más del cincuenta por ciento de personas
candidatas de un mismo género; incluyendo en éstas, la participación de los
grupos prioritarios; y
X. En el caso de las fórmulas de diputaciones por el principio de mayoría
relativa que postulen únicamente Partidos Políticos en forma individual o a
través de candidaturas comunes o coaliciones, estas últimas ya sean
parciales o totales, deberán ser presentadas en su totalidad en listas
completas de distritos, las cuales en ningún caso la postulación de
candidaturas debe recaer en más del cincuenta por ciento del mismo género,
incluyendo en éstas, los grupos prioritarios.
2. Las candidaturas propietarias y suplentes deberán ser del mismo género,
a excepción de las candidaturas encabezadas por hombres en las que la
suplencia podrá ser registrada una mujer.
3. La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la
candidatura, copia fotostática simple y/o digital del acta de nacimiento y del
anverso y reverso de la credencial para votar.
4. De igual manera el Partido Político que en forma individual o a través de
candidaturas comunes, o bien mediante coaliciones postule candidaturas,
deberá manifestar por escrito que las personas candidatas cuyo registro
solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del
propio Partido Político.
Artículo 118
1. La solicitud de cada Partido Político para el registro de las listas completas
de candidaturas a diputaciones por el principio de representación
proporcional, deberán acompañarse de la acreditación que demuestre que se
registraron fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de
mayoría relativa, en cuando menos ocho distritos uninominales de la entidad,
respetando en estos, el principio de paridad ya sea de forma individual, a
través de candidaturas comunes o coaliciones.
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2. La solicitud de registro de las listas de representación proporcional a que
se hace referencia en el párrafo anterior deberá especificar en su caso,
cuáles de los integrantes de cada lista están optando por reelegirse en sus
cargos y el número de veces que han ocupado la misma posición de manera
consecutiva.
3. Para el registro de candidaturas de coalición deberá acreditarse que se
cumplió con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y las
disposiciones de esta Ley, de acuerdo con la elección de que se trate.
Artículo 119
1. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por la presidencia o
secretaría del consejo que corresponda, se verificará dentro de las setenta y
dos horas siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el
artículo anterior.
2. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de
uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al Partido Político
correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y
cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 114
de esta Ley.
Artículo 120
1. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que
se refiere el artículo 114 de esta Ley será desechada de plano y, en su caso,
no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los
requisitos.
2. Dentro de las setenta y dos horas siguientes en que venzan los plazos a
que se refiere el presente artículo, los Consejos: General, Municipales y
Distritales celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las
candidaturas que procedan.
3. Los Consejos Municipales y Distritales comunicarán de inmediato al
Consejo General el acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan
realizado durante la sesión a que se refiere el párrafo anterior.
4. De igual manera, el Consejo General comunicará de inmediato a los
consejos municipales y distritales, las determinaciones que haya tomado
sobre el registro de las listas de candidaturas por el principio de
representación proporcional.
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5. Al concluir la sesión de registro de candidaturas, a que refiere el presente
artículo, la autoridad electoral correspondiente, tomarán las medidas
necesarias para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas,
dando a conocer los nombres de las personas candidatas o fórmulas
registradas y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos.
Artículo 121
1. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado, así como, los medios digitales la relación de
nombres de las personas candidatas y los Partidos Políticos que en forma
individual o a través de candidaturas comunes, o bien mediante coaliciones
los postulan, asimismo, se publicarán y difundirán las cancelaciones de
registros o sustituciones de candidaturas.
Artículo 122
1. Para la sustitución de las candidaturas, los Partidos Políticos ya sea en
forma individual o a través de candidaturas comunes, o coaliciones, lo
solicitarán por escrito al Consejo General, observando las siguientes
disposiciones:
I. Dentro del plazo establecido para el registro de las candidaturas, podrán
sustituirlas siempre y cuando se acompañe de la ratificación de forma física
por la persona candidata o a través de los medios tecnológicos que disponga
el instituto y, se hará ante el consejo correspondiente, debiendo observar las
reglas y el principio de paridad de género establecido en el artículo 109 de
esta Ley;
II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente
podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o
renuncia;
III. En este último caso, no podrán sustituirlas cuando la renuncia se
presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. Para la
corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo
dispuesto en el artículo 137 de esta Ley; y
IV. En los casos en que la renuncia de la persona candidata fuera notificada
por éste al Consejo General, se hará de manera inmediata del conocimiento
del Partido Político que lo registró para que proceda, en su caso, a su
sustitución. En caso de omisión, el Partido Político podrá dar vista al Consejo
General, para que proceda en consecuencia.
CAPÍTULO CUARTO
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De las Campañas Electorales
Artículo 123
1. La campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por
los Partidos Políticos nacionales y locales, en forma individual o a través de
candidaturas comunes, coaliciones y sus candidatas y candidatos, así como,
las personas registradas para una candidatura independiente.
2. Se entiende por actos de campaña las reuniones y/o asambleas en su
modalidad presencial, digital o mixta, así como marchas públicas y
expresiones en medios de comunicación impresos, electrónicos y/o digitales,
en general cualquier medio de información en los que las personas
candidatas y las vocerías de los Partidos Políticos se dirigen al electorado
para promover sus candidaturas.
3. Se entiende por propaganda electoral cualquier escrito, publicación,
imagen, grabación, proyección y/o expresión ya sea esta impresa, electrónica
y/o digital que durante la campaña electoral producen y difunden los Partidos
Políticos en forma individual o a través de candidaturas comunes y/o
coaliciones, sus personas candidatas registradas y simpatizantes, así como
las personas candidatas como independientes, con el propósito de presentar
ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijadas por los
Partidos Políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la
plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
5. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público, así mismo, el informe
anual de labores o gestión de las personas servidoras públicas, así como los
mensajes que se difundan en los medios de comunicación impresos,
electrónicos y/o digitales, no serán considerados como propaganda, siempre
que la difusión se limite a una vez por año y no exceda de los siete días
anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rindió el informe. En
ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni
realizarse dentro de los periodos de precampaña y/o campaña electoral.
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Artículo 124
1. Los gastos que realicen las candidaturas independientes, así como los
Partidos Políticos, en forma individual, a través de candidaturas comunes y/o
coaliciones, y/o sus candidatas y candidatos, en la propaganda electoral y las
actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección
acuerde el Consejo General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los
topes de gasto los siguientes conceptos:
I. Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria, así como los que se difundan en los
medios de comunicación impresos, electrónicos, digitales, y cualquier otro
medio de información;
II. Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios
del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e
inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos, así como los
que se realicen en los medios de comunicación impresos, electrónicos,
digitales y cualquier otro medio de información;
III. Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios de
comunicación impresos, electrónicos, digitales: Comprenden los
realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas,
anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En
todo caso, tanto el Partido Politico y persona candidata contratante, como el
medio impreso, electrónico y/o digital, deberán identificar con toda claridad
que se trata de propaganda o inserción pagada; y
IV. Gastos de producción de los mensajes para radio, televisión y
medios digitales: Comprenden los realizados para el pago de servicios
profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y
producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.
3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que
realicen los Partidos Políticos para su operación ordinaria y para el
sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.
Artículo 125
1. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de
campaña, aplicará las siguientes reglas:
I. Para la elección a la Gubernatura del Estado, a más tardar el día último de
octubre del año anterior al de la elección, el tope máximo de gastos de
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campaña será equivalente a lo que resulte de multiplicar el número total de
la ciudadanía inscrita en el padrón electoral en la entidad a la fecha de corte
de julio del año previo al de la elección, por el treinta y cinco por ciento del
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
II. Para la elección de diputaciones, a más tardar el día último de diciembre
del año anterior de la elección, el tope máximo de gastos de campaña para la
elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa será a lo que
resulte de multiplicar el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón
electoral del distrito correspondiente a la fecha de corte de julio del año
previo al de la elección, por el treinta y cinco por ciento del valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización; y
III. Para la elección de integrantes de Ayuntamientos del Estado, a más
tardar el día último de diciembre del año anterior de la elección, el tope
máximo de gastos de campaña para la elección será a lo que resulte de
multiplicar el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral del
municipio correspondiente a la fecha de corte de julio del año previo al de la
elección, por el treinta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
Artículo 126
1. Las reuniones públicas realizadas por los Partidos Políticos y las personas
candidatas registradas se regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la
Constitución General y no tendrán más límite que el respeto a los derechos
de terceros, en particular los de otros Partidos Políticos y personas
candidatas, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de
reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa
competente.
2. En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los
Partidos Políticos o candidaturas el uso de locales cerrados de propiedad
pública, se estará a lo siguiente:
I. Las autoridades estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en
el uso de los locales públicos a todos los Partidos Políticos que participan en
la elección; y
II. Los Partidos Políticos deberán solicitar el uso de los locales con suficiente
antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de
personas que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la
preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de
iluminación y sonido, y el nombre de la persona autorizada por el Partido
Político o la persona candidata en cuestión que se responsabilice del buen
uso del local y sus instalaciones.
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3. La Presidencia del Consejo General podrá solicitar a las autoridades
competentes los medios de seguridad personal para las personas candidatas
que así lo requieran, desde el momento en que, de acuerdo con los
mecanismos internos de su Partido Politico, se ostenten con tal carácter. Las
medidas que adopte la autoridad competente serán informadas a la persona
titular de dicha Presidencia.
Artículo 127
1. Los Partidos Políticos o personas candidatas que decidan dentro de la
campaña electoral realizar marchas o reuniones que impliquen una
interrupción temporal de la vialidad, deberán hacer de conocimiento a la
autoridad competente su itinerario, a fin de que ésta provea lo necesario
para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la
marcha o reunión.
Artículo 128
1. La propaganda impresa que las personas candidatas utilicen durante la
campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa
del Partido Político que en forma individual o a través de candidaturas
comunes, y/o coaliciones ha registrado a dicha persona.
2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por
comunicación impresos, electrónicos, digitales: los Partidos Políticos en forma
individual o a través de candidaturas comunes, y/o coaliciones, así como de
las candidatas y candidatos, no tendrán más límite, en los términos del
artículo 7o. de la Constitución General, que el respeto a la vida privada de las
personas candidatas, autoridades, terceros y a las instituciones y valores
democráticos.
Artículo 129
1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y
campañas electorales difundan los Partidos Políticos y las candidaturas
independientes, se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo
6o. de la Constitución General.
2. Los Partidos Políticos, las personas precandidatas y candidatas, así como
las candidaturas independientes, podrán ejercer el derecho de réplica que
establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución General, respecto
de la información que presenten los medios de comunicación, cuando
consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus
actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquéllos
correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen
en términos de la Ley que regule la materia de imprenta y de las
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disposiciones civiles y penales aplicables. El derecho a que se refiere este
párrafo se ejercerá en forma y términos que determine la Ley de la materia.
Artículo 130
1. La propaganda que utilicen las candidaturas independientes, así como los
Partidos Políticos en forma individual, a través de candidaturas comunes,
coaliciones, y sus personas candidatas utilicen en la vía pública a través de
grabaciones y, en general, por cualquier otro medio de comunicación
impreso, electrónico y/o digital, se sujetará a lo previsto por el artículo
anterior, así como a las disposiciones legales y administrativas expedidas en
materia de protección del medio ambiente y de prevención de la
contaminación por ruido.
Artículo 131
1. En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los
poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de
ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere el artículo
132 de esta Ley y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de
campaña de que se trate.
Artículo 132
1. En la colocación de propaganda electoral los Partidos Políticos y las
personas candidatas observarán las reglas siguientes:
I. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano o carretero y sus
accesorios, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los
señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de
los centros de población;
II. No podrán colocarse o estacionarse remolques, plataformas, u otro tipo de
estructuras fijas a las anteriores, cajas de camión o tráiler con propaganda en
la vía pública o red carretera, salvo que se utilicen como parte de un evento,
reunión o acto proselitista celebrado y se retire al concluir éste;
III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que
medie permiso escrito de la persona propietaria;
IV. Podrá colgarse o fijarse en los bastidores, mamparas, inmuebles o
construcciones de uso común que determine el Consejo general, previo
acuerdo con las autoridades correspondientes;
V. No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, ni en
accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico;
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VI. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios
públicos; y
VII. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la
propaganda electoral contraria a esta norma.
2. Se entiende como equipamiento urbano, la categoría de bienes
concesionados o no, identificados primordialmente con el servicio público,
que comprenden al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y
mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos en los centros de
población; desarrollar las actividades económicas y complementarias a las de
habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de bienestar social y
apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa, tales como: parques,
servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas,
asistenciales y de salud, transporte, comerciales e instalaciones para
protección y confort del individuo.
3. Los bastidores, mamparas, inmuebles y construcciones de uso común
serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a lo que
corresponda a los Partidos Políticos registrados, conforme al procedimiento
acordado en la sesión del Consejo General, que celebre en diciembre del año
previo al de la elección.
4. Los consejos municipales y distritales, dentro del ámbito de su
competencia, harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a
que hubiere lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos y personas
candidatas el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones en la materia.
5. Las quejas motivadas por la propaganda de los Partidos Políticos y
personas candidatas podrán ser presentadas ante cualquiera de los órganos
del Instituto. La Secretaría Ejecutiva ordenará la inmediata verificación de los
hechos y someterá a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral el proyecto de acuerdo, cuando así proceda, que
ordene el retiro inmediato de la propaganda electoral contraria a esta norma.
Esta determinación podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral.
Artículo 133
1. Las campañas electorales para la Gubernatura del Estado, diputaciones e
integrantes de Ayuntamiento del Estado, en el año que corresponda, tendrán
una duración de sesenta días.
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2. Las campañas electorales para diputaciones, en el año en que solamente
se renueve la integración del Poder Legislativo e integrantes de los
Ayuntamientos, tendrán una duración de sesenta días.
3. Las campañas electorales de los Partidos Políticos y candidaturas
independientes se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de
aprobación de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo
concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.
4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se
permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de
campaña, de propaganda o de proselitismo electoral.
5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de
opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso
electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá
entregar en su caso, copia del estudio completo a la Secretaría Ejecutiva del
Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo
caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión
estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.
6. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial
de las casillas, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los
resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a
conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos
quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquéllos que incurran en alguno
de los tipos previstos y sancionados en la Ley General en Materia de Delitos
Electorales.
7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por
muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de la ciudadanía o
las tendencias de las votaciones adoptarán los criterios generales de carácter
científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con
los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.
Artículo 134
1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo
será sancionada en los términos de la Ley General.
CAPÍTULO QUINTO
De los Procedimientos para la Integración y Ubicación de Mesas
Directivas de Casilla
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Artículo 135
1. El Instituto para los efectos del procedimiento para la integración y
ubicación de mesas directivas de casillas, el registro de representantes y de
personas observadoras electorales, se sujetará a lo dispuesto por los
artículos 82 y 253 de la Ley General y los lineamientos que para tales efectos
emita el Instituto Nacional.
2. Esta disposición no aplicará con relación a la Integración y ubicación de las
casillas especiales que determine el Consejo General para las elecciones
locales ordinarias concurrentes y extraordinarias, las cuales se integrarán y
se ubicarán con base en los criterios que éste determine, así como en cuanto
al número de boletas a utilizarse en las mismas; lo anterior con base en los
convenios que signe con el Instituto Nacional y lo establecido en la
Constitución.
3. En lo que respecta a la elección local en elecciones concurrentes, una
persona secretaria y una escrutadora designadas por el Consejo General del
Instituto Nacional, durante la jornada electoral, tendrán la obligación de
respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio,
garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y
cómputo de conformidad a lo establecido en el Artículo 82 de la Ley General.
4. Para el caso de elecciones extraordinarias locales, el Instituto seguirá en lo
conducente, el mismo procedimiento de integración y ubicación de casillas,
que establece este numeral.
CAPÍTULO SEXTO
De la Documentación y el Material Electoral
Artículo 136
1. Para la emisión del voto el Consejo General, tomando en cuenta las
medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta
electoral que se utilizará para la elección.
2. Las boletas para la elección de la Gubernatura, diputaciones locales y
planillas de ayuntamientos contendrán:
I. Entidad, distrito o municipio;
II. Cargo para el que se postula a la persona candidata o candidatas;
III. Emblema a color de cada uno de los Partidos Políticos nacionales y
locales que participan con candidaturas propias, coalición, candidatura
común y candidaturas independientes en la elección de que se trate. En el
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caso de los Partido Políticos nacionales o locales que participen con
candidaturas comunes, el emblema común y el color o colores con que se
participa, en la elección de que se trate;
IV. Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán
desprendibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la
entidad federativa, distrito electoral y elección que corresponda. El número
de folio será progresivo;
V. Apellidos y nombre completo de la persona candidata o candidatas. A
solicitud de parte, podrá incluirse el sobrenombre que identifique a la
persona candidata;
VI. En el caso de diputaciones por mayoría relativa un solo espacio por cada
Partido Político para comprender la fórmula de la candidatura y al reverso de
la misma boleta un espacio por cada Partido Político para las candidaturas
Plurinominales. En el caso de diputaciones por mayoría relativa postulados
mediante candidaturas comunes se asignará un solo espacio o recuadro para
los Partidos Políticos que participan mediante esa figura;
VII. Para el caso de candidatura común, un solo espacio para cada partido y
persona candidata; el emblema común y el color o colores con que se
participe en la elección de que se trate;
VIII. En el caso de la elección de integrantes de ayuntamientos un solo
espacio, para la planilla de personas propietarias y suplentes, postuladas por
un Partido Político o coalición;
IX. Las firmas impresas de la persona titular de la Presidencia del Consejo
General y de la Secretaria Ejecutiva del Instituto;
X. Espacio para candidaturas o fórmulas no registradas; y
XI. Espacio para candidaturas Independientes.
3. Las boletas para la elección de diputaciones llevarán impresas las listas de
las personas candidatas, propietarias y suplentes, así como la lista de
representación proporcional que postulen los Partidos Políticos.
4. Los emblemas a color de los Partidos Políticos aparecerán en la boleta en
el orden que les corresponde de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso
de que el registro a dos o más Partidos Políticos haya sido otorgado en la
misma fecha, los emblemas de los Partidos Políticos aparecerán en la boleta
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en el orden descendente que les corresponda de acuerdo al porcentaje de
votación obtenido en la última elección para la diputación.
5. En el caso de las candidaturas independientes aparecerán en la boleta en
el orden que les corresponde de acuerdo a la fecha y hora de su registro.
6. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los Partidos Políticos
coaligados y los nombres de las personas candidatas aparecerán con el
mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que
se destinen en la boleta a los Partidos Políticos que participan por sí mismos.
En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los Partidos Políticos
coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la
coalición.
Artículo 137
1. No habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o
sustitución de una o más personas candidatas, si éstas ya estuvieran
impresas. En todo caso, los votos contarán para los Partidos Políticos, las
personas candidatas que estuviesen legalmente registrados ante el Consejo
General y Consejos Municipales o distritales correspondientes.
Artículo 138
1. El Consejo General deberá acordar con el Instituto Nacional, el tiempo de
entrega de Boletas correspondientes a las elecciones locales, que permita
hacer la distribución correspondiente a los Consejos Distritales y Municipales.
2. Las boletas deberán obrar en poder del Consejo Distrital quince días antes
de la elección. Para su control se tomarán las medidas siguientes:
I. El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en el día, hora y
lugar preestablecido, a las presidencias de los Consejos Municipales
Electorales y éstos, a su vez, a las presidencias de los Consejos Distritales;
II. Las personas titulares de las secretarías de los Consejos Distritales y
Municipales Electorales, según sea el caso, levantarán acta pormenorizada
de la entrega y recepción de las boletas asentando en ella los datos relativos
a su número, características del embalaje que las contenga, los nombres y
cargos de los personas funcionarias y representantes presentes;
III. A continuación, los integrantes presentes de los Consejos Distritales y
Municipales Electorales en su caso acompañarán a sus presidencias para
depositar la documentación recibida en el lugar previamente asignado dentro
de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y
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firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta
respectiva;
IV. El mismo día o a más tardar al día siguiente, las presidencias, secretarías
y Consejerías Electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales
procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al
reverso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a
cada una de las casillas a instalar;
V. Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes de
los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas
independientes que decidan asistir; y
VI. Los representantes de los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas
comunes y candidaturas independientes, bajo su más estricta
responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas, levantándose acta
en la que conste el número de boletas que se les dio a firmar, el número de
las firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes de firma. En este
último caso, se dará noticia de inmediato a la autoridad competente.
3. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su
oportuna distribución.
Artículo 139
1. Las personas titulares de las presidencias de los Consejos Distritales
entregarán a cada presidencia de mesa directiva de casilla, dentro de los
cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado
correspondiente, las boletas para cada elección, en número igual al de los
electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para
cada casilla de la sección, las urnas para recibir la votación, una por cada
elección de que se trate; las actas de escrutinio y cómputo; formas
aprobadas, útiles de escritorio, documentación y demás elementos
necesarios que se acuerde mediante convenio con el Instituto Nacional.
2. A las personas titulares de las presidencias de mesas directivas de casillas
especiales les será entregada la documentación y materiales a que se refiere
el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores con
fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos
en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en
su credencial para votar. El número de boletas que reciban no será superior a
250 salvo que este número sea modificado por acuerdo del Instituto
Nacional.
Artículo 140
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1. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el
sufragio, deberán construirse de un material transparente, plegable o
armable.
2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida en
el mismo color de la boleta que corresponda, la denominación de la elección
de que se trate.
Artículo 141
1. La presidencia y la secretaría de cada casilla cuidarán las condiciones
materiales del local en que ésta haya de instalarse para facilitar la votación,
garantizar la libertad y el secreto del voto, y asegurar el orden en la elección.
En el local de la casilla y en su exterior no deberá haber propaganda
partidaria; de haberla, la mandarán retirar.
Artículo 142
1. Los Consejos Distritales, con base a los lineamientos que emita el Instituto
Nacional, darán publicidad a la lista de los lugares en que habrá de instalarse
las casillas y un instructivo para los votantes.
2. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que
transitoriamente se encuentren fuera de la sección señalada en su credencial
para votar, se aplicará en lo procedente lo establecido en los artículos
anteriores, así como las siguientes reglas:
I. El electorado además de exhibir su credencial para votar, a requerimiento
de la persona titular de la presidencia de la mesa directiva de casilla, deberá
mostrar el pulgar derecho para constatar que no ha votado en otra casilla;
II. La persona titular de la secretaría de la mesa directiva de casilla
procederá a asentar en el acta de electores en tránsito los datos de la
credencial para votar del electorado;
III. Una vez asentados los datos a que se refiere la fracción anterior se
observará lo siguiente:
IV. Si el electorado se encuentra fuera de su Distrito, pero dentro de su
Municipio, sólo podrá votar para la Gubernatura del Estado e integrantes de
ayuntamiento; así mismo se podrá votar por la diputación local estando fuera
de su sección y municipio, pero estando dentro de su distrito electoral local;
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V. Si el electorado se encuentra fuera de su sección y fuera de su Municipio,
pero dentro del territorio del Estado, únicamente podrá votar para la
Gubernatura del Estado;
VI. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados
los datos en el acta correspondiente, la persona titular de la presidencia de la
mesa directiva de casilla le entregará las boletas a que tuviere derecho; y
VII. La persona titular de la secretaría asentará a continuación el nombre de
la persona y la elección o elecciones por las que votó.
TÍTULO OCTAVO
De la Jornada Electoral
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 143
1. Por lo que hace a la instalación y apertura de casillas, el procedimiento de
votación, el del escrutinio y cómputo, de la clausura y de la remisión del
expediente electoral, se estará a lo dispuesto por el Título Tercero “De la
Jornada Electoral”, del Libro Quinto denominado “De los Procesos
Electorales” de la Ley General.
Artículo 144
1. Las personas titulares de notarías públicas en ejercicio mantendrán
abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender las solicitudes
que les hagan las autoridades electorales, las personas funcionarias de
casilla, la ciudadanía y las personas representantes de Partidos Políticos y de
candidaturas Independientes, para dar fe de hechos o certificar documentos
concernientes a la elección. Para estos efectos, el colegio de notarios de Baja
California Sur publicará cinco días antes del día de la elección, los nombres
de sus miembros y los domicilios de sus oficinas.
2. Las autoridades estatales y municipales, a requerimiento que les formulen
los órganos electorales competentes, proporcionarán lo siguiente:
I. La información que obre en su poder, relacionada con la jornada electoral;
II. Las certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que
existan en los archivos a su cargo, relacionados con el proceso electoral;
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III. El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean
demandadas para fines electorales;
IV. La información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de
las elecciones; y
V. Las agencias del Ministerio Público, las Direcciones Generales de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como los
juzgados cívicos municipales en todo el Estado, permanecerán abiertas con
el personal suficiente y necesario durante la jornada electoral.
Artículo 145
1. Concluidas por las personas funcionarias de la mesa directiva de casilla las
operaciones establecidas, la persona titular de la secretaría levantará
constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre de las personas
funcionarias y representantes que harán la entrega del paquete que
contenga los expedientes. La constancia será firmada por las personas
funcionarias de la casilla y las representaciones de los Partidos Políticos y de
las candidaturas Independientes que desearen hacerlo.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Recepción de los Paquetes Electorales
Artículo 146
1. El Instituto podrá acordar con el Instituto Nacional, el mecanismo para el
traslado y la recepción de los paquetes con los expedientes de las elecciones
locales, para efectos del escrutinio y cómputo total de las elecciones con
base en las actas de cómputo distritales y municipales, así como el cómputo
para la elección a la Gubernatura del Estado, establecido en el artículo 104
de la Ley General.
Artículo 147
1. En la recepción a que se refiere el artículo anterior, estará presente el
personal designado por el Consejo Municipal Electoral a efecto de que se
reciban y trasladen los paquetes electorales de la elección de miembros de
ayuntamiento, extendiendo el recibo correspondiente, en el que se señalará
la hora en que fueron entregados. Lo anterior, se realizará bajo la vigilancia
de las representaciones de los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas
comunes o candidaturas independientes que así deseen hacerlo, quienes
podrán acompañar en el traslado de los paquetes al personal designado por
el Consejo Municipal.
Artículo 148
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1. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, en su caso, harán
constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes electorales,
las causas que se invoquen para el retraso de su entrega.
Artículo 149
1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se
contengan los expedientes de casilla por parte de las Consejos Distritales y
Municipales Electorales, se hará conforme al procedimiento siguiente:
I. Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas
facultadas para ello;
II. La persona titular de la Presidencia o persona funcionaria autorizada del
Consejo Distrital o Municipal extenderá el recibo señalando la hora en que
fueron entregados;
III. La persona titular de la Presidencia del Consejo Distrital o Municipal
dispondrá su depósito en orden numérico de las casillas, en un lugar dentro
del local del Consejo correspondiente que reúna las condiciones de seguridad
desde el momento de su recepción hasta el día en que se practique el
cómputo, colocando por separado las de las especiales;
IV. La persona titular de la Presidencia del Consejo Distrital o Municipal en su
caso, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que
sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en
presencia de las representaciones de los Partidos Políticos, coaliciones,
candidaturas comunes y Candidaturas Independientes; y
V. De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla,
se levantará el acta circunstanciada a que se refiere el artículo anterior en la
que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir
los requisitos que señala esta Ley.
2. Las personas funcionarias electorales designadas para la recepción de los
paquetes electorales recibirán las actas de escrutinio y cómputo, y de
inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las votaciones que
aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspondiente para
informar inmediatamente al Instituto.
3. En ningún caso, podrán ser abiertos los paquetes electorales.
4. La persona titular de la Secretaría General o la persona funcionaria
autorizada para ello anotará esos resultados en el lugar que les corresponda
en la forma destinada para tal fin, conforme al orden numérico de las
casillas.
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5. Las representaciones de los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas
comunes y de las candidaturas independientes contarán con los formatos
adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.
CAPÍTULO TERCERO
De la Libertad y Seguridad Jurídica en las Elecciones
Artículo 150
1. Los cuerpos de seguridad pública de la Federación, del Estado y de los
Municipios, deberán prestar el auxilio que el Instituto y los Consejos
Distritales y Municipales Electorales requieran, conforme a esta Ley, para
asegurar el orden y garantizar del desarrollo del proceso electoral.
2. Para los fines anteriores, el Instituto podrá solicitar la intervención de las
fuerzas armadas cuando lo considere conveniente.
Artículo 151
1. Ninguna autoridad puede el día de la elección, detener a una persona
electora formada para votar en la casilla sino hasta después de que haya
sufragado, salvo en los casos de delito flagrante o por orden expresa de la
persona titular de la Presidencia de una casilla.
Artículo 152
1. Las representaciones generales de los Partidos Políticos, coaliciones,
candidaturas comunes o candidaturas independientes ante la mesa directiva
de casilla y los acreditados ante el Instituto y sus órganos, gozarán de plenas
garantías para la realización de sus funciones durante la jornada electoral.
Las autoridades, en el ámbito de su competencia, les brindarán las
facilidades para este propósito y únicamente podrán ser detenidos cuando se
trate de delito flagrante o del cumplimiento de resolución dictada por
autoridad judicial competente.
2. Las autoridades harán constar la detención y su causa de manera
fehaciente.
Artículo 153
1. El día de la jornada electoral, exclusivamente, pueden portar armas las
personas uniformadas de las fuerzas públicas encargadas del orden, los que
tendrán la obligación, a petición de las personas funcionarias electorales o de
cualquier persona, de desarmar a quien infrinja esta disposición.
Artículo 154
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1. El día de la elección y el precedente, a juicio de las autoridades
municipales mediante acuerdo de cabildo y con arreglo a las disposiciones
vigentes en la materia, se ordenará, cuando sea indispensable para
preservar el orden de la jornada electoral, el cierre de los establecimientos
que expendan bebidas embriagantes.
TÍTULO NOVENO
De los Resultados Electorales
CAPÍTULO PRIMERO
De los Cómputos Distritales y de la Declaración de Validez de la
Elección de Diputadas y Diputados
Artículo 155
1. El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el consejo
distrital, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de
las casillas en un distrito electoral.
Artículo 156
1. A partir de las 08:00 horas del miércoles siguiente al día de la elección, los
Consejos Distritales sesionarán para efectuar el cómputo distrital de las
elecciones de diputaciones de mayoría relativa y en su caso de la
Gubernatura del Estado.
Artículo 157
1. Cada uno de los cómputos a los que se refiere el artículo anterior se
realizará sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión.
2. Los Consejos Distritales deberán contar con los elementos humanos,
materiales, técnicos y financieros, necesarios para la realización de los
cómputos en forma permanente.
Artículo 158
1. El cómputo distrital de la votación para diputaciones se sujetará al
procedimiento siguiente:
I. Se revisarán los paquetes y se procederá a abrir los paquetes que
contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de
alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el
resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de
casilla con los resultados que de la misma obre en poder de la persona titular
de la presidencia del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas
coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;
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II. Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones
evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la
elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el
expediente de la casilla ni obrare en poder de la persona titular de la
presidencia del consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y
cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a
cabo lo anterior, la persona titular de la secretaría del consejo abrirá el
paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta,
las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la
cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de
contabilizar la votación nula y válida, las representaciones de los Partidos
Políticos y candidaturas independientes que así lo deseen y una consejera o
consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la
validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
291 de la Ley General. Los resultados se anotarán en la forma establecida
para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente;
de igual manera, se hará constar en dicha acta las objeciones que hubiese
manifestado cualquiera de las representaciones ante el consejo, quedando a
salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de
que se trate;
III. En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos
o más Partidos Políticos coaligados y que por esa causa hayan sido
consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de
escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá
igualitariamente entre los Partidos Políticos que integran la coalición; de
existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los Partidos
Políticos de más alta votación;
IV. El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo
cuando:
a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de
las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a
satisfacción plena de quien lo haya solicitado;
b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las personas
candidatas ubicadas en el primero y segundo lugar en votación; y
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo Partido
Político o de una candidatura independiente.
V. A continuación, se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se
realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las fracciones
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anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada
respectiva;
VI. La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas
en las fracciones anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de
diputaciones de mayoría que se asentará en el acta correspondiente;
VII. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en
las fracciones anteriores, la persona titular de la presidencia o de la
secretaría del Consejo Distrital extraerá:
a) Los escritos de protesta, si los hubiere;
b) La lista nominal correspondiente; y
c) La relación de la ciudadanía que votaron y no aparecen en la lista nominal,
así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el
Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral.
De la documentación así obtenida, se dará cuenta al consejo distrital,
debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas
con dicha documentación quedarán bajo resguardo de la persona titular de la
presidencia del consejo para atender los requerimientos que llegare a
presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto;
VIII. El cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de
representación proporcional será el resultado de sumar las cifras obtenidas
en el presente articulo, y se asentará en el acta correspondiente a la elección
de representación proporcional;
IX. El Consejo Distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales
de la elección y, asimismo, que las personas candidatas de la fórmula que
haya obtenido la mayoría de los votos cumplan con los requisitos de
elegibilidad previstos en la Constitución local y esta Ley; y
X. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del
cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de
validez de la elección y de elegibilidad de las personas candidatas de la
fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos.
Artículo 159
1. Cuando exista indicio de que la diferencia entre la persona candidata
presunta ganadora de la elección en el distrito electoral y la que haya
obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto
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porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa de la persona
representante del Partido Politico, coalición, candidatura común o
candidatura independiente que postuló al segundo de las personas
candidatas antes señaladas, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento
de votos en la totalidad de las casillas.
2. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el
Consejo Distrital de la sumatoria de resultados por Partido Político
consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de
todo el distrito.
3. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre la persona
candidata presunta ganadora y la ubicada en segundo lugar es igual o menor
a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo
anterior, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la
totalidad de las casillas.
4. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya
hubiesen sido objeto de recuento.
5. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para
realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el
Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin
obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya
antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos,
quien presida el Consejo Distrital dará aviso inmediato a la persona titular de
la Secretaría Ejecutiva del Instituto; ordenará la creación de grupos de
trabajo integrados por las consejeras y los consejeros electorales, las
representaciones de los Partidos Políticos, candidaturas independientes y
aquél los presidirá. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea
dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno
tendrá bajo su responsabilidad. Los Partidos Políticos y candidaturas
independientes tendrán derecho a nombrar a una persona representante en
cada grupo, con su respectiva suplencia.
6. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una
elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.
7. Quien presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que
consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que
arroje la suma de votos por cada Partido Político y sus candidatas y
candidatos.
8. La presidencia del Consejo Distrital realizará en sesión plenaria la suma de
los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el
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resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se
trate.
9. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de
casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales siguiendo el
procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa
de nulidad ante el Tribunal Electoral.
10. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice
recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho
procedimiento en los Consejos Distritales.
Artículo 160
1. Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección
de diputaciones, la presidencia del Consejo Distrital expedirá la constancia de
mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo el caso de que
los integrantes de la fórmula fueren inelegibles.
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Representación Proporcional para la Integración del Congreso
del Estado y de las Fórmulas de Asignación
Artículo 161
1. Se entiende por votación total emitida, la suma de todos los votos
depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción I del
Artículo 41 de la Constitución local, se entiende por votación válida emitida la
que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las
urnas, los votos nulos, los correspondientes a las candidaturas
Independientes y a las candidaturas no registradas.
2. En la aplicación del inciso c) de la fracción I del artículo 41 de la
Constitución Local, para la asignación de diputaciones de representación
proporcional, se entenderá como votación válida emitida la que resulte de
deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los Partidos Políticos
que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos
emitidos para candidaturas independientes y los votos nulos.
Artículo 162
1. En ningún caso, un Partido Político podrá contar con un número de
diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de
la Legislatura que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal
válida emitida. Esta base no se aplicará al Partido Político que, por sus
triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total
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del Congreso de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su
votación estatal válida emitida más el ocho por ciento.
2. La asignación se hará independientemente de los triunfos de mayoría que
hubiesen obtenido siguiendo un orden de mayor a menor porcentaje de votos
obtenido.
Artículo 163
1. Para la asignación de diputaciones de representación proporcional
conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Constitución
Local, se procederá a la aplicación de una fórmula de asignación integrada
por los siguientes elementos:
I. Porcentaje mínimo de asignación o umbral: Es el tres por ciento de la
votación válida emitida en la elección de diputaciones correspondiente;
II. Cociente natural: Es el resultado de dividir la votación válida emitida
entre las cinco diputaciones de representación proporcional a asignar; y
III. Resto mayor: Es el remanente más alto entre los restos de las
votaciones de cada Partido Político, una vez hecha la distribución de curules
mediante el cociente natural.
2. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.
Artículo 164
1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se
observará el procedimiento siguiente:
I. Al Partido Político que obtenga en la elección de diputaciones al menos el
tres por ciento de la votación válida emitida y haber registrado cuando
menos ocho candidaturas por el principio de mayoría relativa, se le asignará
una diputación por el principio de representación proporcional,
independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido;
II. Se determinarán las diputaciones que se le asignarían a cada Partido
Político, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente
natural; y
III. Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el
cociente natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden
decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los Partidos Políticos
en la asignación de curules.
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Artículo 165
1. Se determinará si es el caso de aplicar a algún Partido Político el o los
límites establecidos en el artículo 41 de la Constitución Local, para lo cual al
Partido Político cuyo número de diputaciones por ambos principios exceda el
porcentaje señalado, o su porcentaje de curules del total de la Legislatura
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida, le serán
deducidos el número de diputaciones de representación proporcional hasta
ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes
a los demás Partidos Políticos que no se ubiquen en estos supuestos.
Artículo 166
1. El Consejo General, celebrará sesión el domingo siguiente al día de la
elección para realizar el cómputo estatal para la elección y asignación de
diputaciones de representación proporcional. En todos los casos, en la
asignación se deberá de observar el principio de paridad de género, misma
que se realizará conforme a lo siguiente:
I. Al Partido Político que obtenga en la elección de diputaciones al menos el
tres por ciento de la votación válida emitida y haber registrado cuando
menos ocho candidaturas por el principio de mayoría relativa, se le asignará
una curul por el principio de representación proporcional,
independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido, la
asignación se hará siguiendo un orden de mayor a menor porcentaje de
votos obtenidos;
II. Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar a los Partidos
Políticos el resto de las diputaciones de representación proporcional, cuantas
veces contenga su votación el cociente natural. La asignación se hará
siguiendo un orden de mayor a menor porcentaje de votos obtenidos; y
III. Si después de aplicado el cociente natural quedaren diputaciones por
distribuir, se aplicará el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los
votos no utilizados para cada uno de los Partidos Políticos en la asignación de
diputaciones de representación proporcional.
2. En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un
Partido Político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere
recibido menos ocho puntos porcentuales. Esta fórmula se aplicará una vez
que le sea asignado una diputación por la vía de representación proporcional
a los Partidos Políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima
para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral y
hubiesen registrado fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio
de mayoría relativa en cuando menos ocho de los distritos electorales
uninominales de la entidad.
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3. En todos los casos, para la asignación de las diputaciones por el principio
de representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen las
candidaturas en las listas respectivas.
CAPÍTULO TERCERO
Del Cómputo Distrital de la Elección a la Gubernatura
Artículo 167
1. El cómputo distrital de la votación para ocupar la Gubernatura del Estado
se sujetará al siguiente procedimiento:
I. Se harán las operaciones señaladas en las fracciones de la I a la VI del
artículo 158 de esta Ley; acto seguido se procederá a extraer los paquetes
de las casillas especiales relativos a la elección para ocupar la Gubernatura
del Estado;
II. El cómputo distrital de la elección para ocupar la Gubernatura del Estado
será el resultado de sumar las cifras obtenidas según la fracción anterior y se
asentará en el acta correspondiente a esta elección;
III. Una vez elaborada y firmada el acta correspondiente, se remitirá de
inmediato al Instituto para los efectos de practicar el cómputo general y
expedir la constancia de mayoría de votos;
IV. El cómputo de los votos a favor de una persona candidata postulada de
manera común, lo realizará el Consejo General, una vez que cuente con
todas las actas de los Consejos Distritales; y
V. Se formará un expediente de la elección con las actas de la jornada
electoral y de escrutinio y cómputo elaboradas en cada casilla, los recursos
interpuestos y demás documentos relativos al cómputo y se remitirá al
Instituto acompañándose a este un informe sobre la elección.
2. Es aplicable a el cómputo distrital de la elección para ocupar la
Gubernatura del Estado, lo establecido en el Artículo 158 de esta Ley, cuando
la diferencia existente entre el primero y segundo lugar sea menor de uno
por ciento; se enviarán al Tribunal Electoral los juicios de inconformidad que
se hubieren interpuesto y copia de la documentación relativa al cómputo
distrital.
Artículo 168
1. Las presidencias de los Consejos Distritales Electorales fijarán en el
exterior de sus locales al término de la sesión de cómputo distrital los
resultados de cada una de las elecciones.
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2. Las representaciones de los Partidos Políticos o coaliciones acreditadas
ante el órgano electoral tendrán derecho a recibir las copias legibles de las
actas de cómputo que soliciten.
Artículo 169
1. Independientemente del recuento de votos a que hace referencia el
artículo 158 de esta Ley, el recuento total de votos procederá cuando al
término del mismo, se establece que la diferencia entre la persona candidata
presuntamente ganadora y la ubicada en segundo lugar es igual o menor a
un punto porcentual, y existe la petición expresa de la persona representante
del Partido Politico que postuló a la segunda de las candidaturas antes
señaladas, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de
votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del
procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.
Artículo 170
1. En los casos en que se ordene el recuento total de votos, la presidencia
del Consejo Distrital dará aviso inmediato al Consejo General del Instituto,
ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por las consejeras y los
consejeros electorales y las representaciones de los Partidos Políticos y y de
las candidaturas independientes. Los grupos realizarán su tarea en forma
simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que
cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los Partidos Políticos y las
candidaturas independientes tendrán derecho a nombrar a una persona
representante en cada grupo, con su respectiva suplencia.
2. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una
elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.
3. La persona consejera electoral que presida cada grupo levantará un acta
circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada
casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada Partido
Politico y candidatura.
4. La presidencia del Consejo Distrital realizará en sesión plenaria la suma de
los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el
resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se
trate.
5. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de
casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales Electorales siguiendo
el procedimiento establecido en este artículo, y en el artículo 158 fracciones I
a la V de esta Ley, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el
Tribunal Electoral. En ningún caso podrá solicitarse a las autoridades
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jurisdiccionales que realice recuento de votos respecto de las casillas que
hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Distritales.
CAPÍTULO CUARTO
Del Cómputo General y Calificación de la Elección para la
Gubernatura
Artículo 171
1. En la misma sesión a que se refiere el artículo 166 de esta Ley, el Consejo
General realizará el cómputo general de la elección para la Gubernatura del
Estado, de acuerdo al siguiente orden:
I. Revisará las actas formuladas por cada uno de los Consejos Distritales,
tomando nota de los resultados anotados en cada una de ellas;
II. Realizará el cómputo general de la elección para la Gubernatura del
Estado;
III. Formulará el acta respectiva, haciendo constar el resultado de dicho
cómputo, así como las objeciones y escritos de protesta que se hubieran
presentado por los Partidos Políticos, coaliciones y las personas candidatas;
IV. Una vez efectuado el cómputo general de los votos emitidos en la
elección para la Gubernatura del Estado, el Consejo General expedirá y
entregará la constancia respectiva a la persona candidata que hubiese
obtenido mayoría de votos; y
V. Hecho lo anterior, de presentarse dentro del plazo legal algún medio de
impugnación sobre la elección para la Gubernatura del Estado y la expedición
y entrega de la constancia a la persona candidata que hubiere obtenido la
mayoría de los votos, remitirá el acta, así como los documentos relacionados
con el cómputo al Tribunal Electoral para que, en los términos de la presente
Ley, proceda a la substanciación de las impugnaciones que en su caso se
hubieren interpuesto.
Artículo 172
1. Si no se hubiere impugnado dentro del plazo legal la elección para la
Gubernatura del Estado y la expedición y entrega de la constancia de
mayoría de la persona candidata que hubiese obtenido el triunfo, el Consejo
General calificará la elección y declarará electa a la persona candidata que
haya obtenido mayoría de votos.
2. En el supuesto de que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación
sobre la elección para la Gubernatura del Estado, una vez dictadas las
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resoluciones respectivas, el Tribunal Electoral remitirá al Consejo General los
expedientes y las resoluciones de estos dentro del día siguiente a aquél en
que fueron dictados. Una vez hecho lo anterior, en un término que no
excederá de tres días, el Consejo General procederá a realizar la calificación
de la elección en los términos indicados en el párrafo anterior, acatando en
su caso las resoluciones del Tribunal Electoral y su ejecución.
3. Una vez realizada la calificación de la elección y emitida la Declaratoria
como Gobernadora electa o Gobernador electo del Estado, la persona titular
de la Presidencia del Instituto remitirá al Congreso copia certificada de este
documento para que el Pleno del Congreso del Estado, o en su caso la
diputación permanente, emitan el Decreto mediante el cual se dé a conocer
el Bando Solemne correspondiente a la Declaratoria de Gobernadora electa o
Gobernador Electo en todo el Estado, a través de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado y en los periódicos de mayor circulación en la
entidad.
CAPÍTULO QUINTO
Del Cómputo Municipal y de la Declaración de Validez de las
Elecciones para Ayuntamientos
Artículo 173
1. Para los efectos de esta Ley, por cómputo municipal se entenderá el
procedimiento mediante el cual el Consejo Municipal determinará mediante
la suma de los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo de
las mesas directivas de casilla, la votación total obtenida en el municipio
para la elección de integrantes de ayuntamiento.
Artículo 174
1. A partir de las 08:00 horas del miércoles siguiente al día de la elección,
cada Consejo Municipal se reunirá en sesión ordinaria, para realizar el
cómputo de la elección de integrantes del ayuntamiento de su respectivo
municipio.
2. Los trabajos de la sesión no podrán interrumpirse ni suspenderse, hasta la
terminación del cómputo, salvo acuerdo en contrario que se tome por el
propio Consejo.
Artículo 175
1. Para llevar a cabo el cómputo de la votación, el Consejo Municipal
procederá de acuerdo a lo siguiente:
I. Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I a la VII del artículo
158 de esta Ley; acto seguido se procederá a extraer los paquetes de las
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casillas especiales relativos a la elección de ayuntamiento y se realizarán las
operaciones anteriores;
II. La suma de los resultados obtenidos después de realizar esas operaciones
constituirá el cómputo municipal de la elección de ayuntamiento;
III. Se hará constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que
ocurran; y
IV. Se formará un expediente de la elección con las actas de la jornada
electoral elaboradas en cada casilla, recursos y demás documentos relativos
al cómputo y se remitirá al Instituto junto con un informe sobre la elección.
2. Se enviará al Tribunal Electoral los juicios de inconformidad que se
hubieren interpuesto y copia de la documentación relativa al cómputo
municipal.
Artículo 176
1. Una vez firmada el acta de cómputo municipal correspondiente, el Consejo
Municipal declarará la validez de la elección y expedirá la constancia de
mayoría a los miembros de la planilla que haya resultado electa.
Artículo 177
1. Las presidencias de los Consejos Municipales darán a conocer,
oportunamente, los resultados del cómputo municipal, la declaración de
validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría a la
planilla que haya resultado electa, así como la asignación de regidurías de
representación proporcional, fijando en el exterior de los locales los
resultados de la elección.
2. Las representaciones de los Partidos Políticos y candidaturas
independientes acreditadas ante el órgano electoral tendrán derecho a
recibir las copias legibles de las actas de cómputo que soliciten.
Artículo 178
1. Independientemente del recuento de votos a que hace referencia el
artículo 175 fracción I de esta Ley, el recuento total de votos procederá
cuando al término del mismo, se establece que la diferencia entre la persona
candidata presuntamente ganadora y la ubicada en segundo lugar es igual o
menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa de la
representación del Partido Politico o de las candidaturas independientes que
postularon a la segunda persona candidata antes señalada, el Consejo
Municipal Electoral deberá proceder a realizar el recuento de votos en la
totalidad de las casillas.
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2. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya
hubiesen sido objeto de recuento.
Artículo 179
1. En los casos en que se ordene el recuento total de votos, la presidencia
del Consejo Municipal dará aviso inmediato al Consejo General, ordenará la
creación de hasta dos grupos de trabajo integrados por las consejerías
electorales y las representaciones de los Partidos Políticos y candidaturas
independientes. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea
dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno
tendrá bajo su responsabilidad. Los Partidos Políticos y las candidaturas
independientes tendrán derecho a nombrar a una representación en cada
grupo con su respectiva suplencia.
2. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una
elección distinta, serán remitidos a la autoridad correspondiente a fin de que
se contabilicen para la elección de que se trate.
3. La consejera o consejero electoral que presida cada grupo levantará un
acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada
casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada Partido
Político y persona candidata.
4. La persona que preside el Consejo Municipal realizará en sesión plenaria la
suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y
asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección
de que se trate.
5. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de
casilla que sean corregidos por los Consejos Municipales siguiendo el
procedimiento establecido en este artículo, y las fracciones I a la VII del
artículo 158 de esta Ley, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el
Tribunal Electoral. En ningún caso podrá solicitarse a las autoridades
jurisdiccionales que realice recuento de votos respecto de las casillas que
hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Municipales.
CAPÍTULO SEXTO
De la Fórmula Electoral y Asignación de Regidurías por el Principio
de Representación Proporcional
Artículo 180
1. Se entiende por fórmula electoral, el conjunto de normas, elementos
matemáticos y mecanismos que deben observarse para la asignación de
regidurías por el principio de representación proporcional.
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2. La fórmula general para la asignación de regidurías por el principio de
representación proporcional se integrará con los siguientes elementos:
I. Un porcentaje mínimo de asignación o umbral;
II. Cociente de unidad; y
III. Resto mayor.
3. Se entiende por porcentaje mínimo de asignación, el tres por ciento de la
votación total emitida en la elección de ayuntamientos correspondiente y en
caso de coaliciones, el seis por ciento cuando se trate de dos Partidos
Políticos y hasta el nueve por ciento cuando la coalición esté integrada por
tres o más Partidos Políticos.
4. Se entiende por cociente de unidad, el resultado de dividir entre el número
de regidurías por distribuir, la cantidad que resultare de restar a la votación
total emitida, la votación del Partido Político mayoritario y la suma de los
votos que resulten de la reducción que a cada Partido Político se haya hecho
de su votación al otorgarles una regiduría por el porcentaje mínimo de
asignación.
5. Por resto mayor se entiende el remanente más alto entre los restos de las
votaciones de cada Partido Político, después de haber participado en la
distribución de regidurías por el factor de cociente de unidad.
Artículo 181
1. Sólo tendrán derecho a participar en la asignación de regidurías de
representación proporcional, los Partidos Políticos que en forma individual, a
través de candidaturas comunes o mediante coaliciones, no hubiesen
alcanzado el triunfo por mayoría relativa en el municipio de que se trate y
hayan obtenido, por lo menos, el tres por ciento de la votación total emitida
en el municipio de que se trate y en caso de coaliciones, el seis por ciento
cuando se trate de dos Partidos Políticos y hasta el nueve por ciento cuando
la coalición este integrada por tres o más Partidos Políticos.
Artículo 182
1. El Consejo Municipal, en los términos del artículo 135 de la Constitución
local, procederá a hacer la asignación de regidurías de representación
proporcional. Para este efecto, en la sesión a que refiere el artículo 174 de
esta Ley, hará la declaratoria de los Partidos Políticos que en forma
individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones, no
habiendo alcanzado el triunfo por mayoría relativa en la elección municipal
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respectiva, obtuvieron el porcentaje de votación a que se refiere el artículo
anterior, observando las siguientes disposiciones:
I. Se asignará una regiduría a cada Partido Político que, en forma individual,
a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones, haya obtenido el
porcentaje mínimo de asignación señalado en el artículo anterior;
II. Después de realizado el procedimiento previsto en la fracción anterior, se
asignarán a cada Partido Político en forma individual, mediante el esquema
de candidaturas comunes o coaliciones, las regidurías de representación
proporcional cuantas veces contenga su votación el cociente de unidad. La
asignación se hará siguiendo un orden de mayor a menor porcentaje de
votos; y
III. Si después de aplicado el cociente de unidad quedaren regidurías por
distribuir, se aplicará el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los
votos no utilizados para cada uno de los Partidos Políticos que, en forma
individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones, en la
asignación de regidurías de representación proporcional.
Artículo 183
1. Las coaliciones sólo podrán acumular los votos emitidos a favor de las
candidaturas objeto de la coalición.
2. Cuando, con el consentimiento de una planilla, su registro sea hecho por
dos o más Partidos Políticos sin mediar coalición, los votos emitidos a su
favor no serán computables para la asignación de regidores de
representación proporcional, con excepción de lo dispuesto para las
candidaturas comunes.
Artículo 184
1. La asignación de regidurías de representación proporcional se hará en el
orden de prelación de las candidaturas a regidurías que aparezcan en las
planillas registradas por los Partidos Políticos que participaron ya sea de
forma individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones.
2. Del procedimiento de asignación de regidurías por el principio de
representación proporcional se elaborará acta circunstanciada de sus etapas
e incidentes en su caso.
3. En contra de la asignación de regidurías por el principio de representación
proporcional procede el juicio de inconformidad.
4. El Consejo Municipal expedirá las constancias a las candidaturas
independientes o a los Partidos Políticos que participaron ya sea de forma
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individual, a través de candidaturas comunes o coaliciones de la asignación
de regidurías por el principio de representación proporcional.
TÍTULO DÉCIMO
Del Voto de la Ciudadanía Sudcaliforniana Residente en el Extranjero
CAPÍTULO ÚNICO
Generalidades
Artículo 185
1. Para los efectos del voto de la ciudadanía sudcaliforniana residente en el
extranjero se estará a lo dispuesto a los lineamientos que fije el Consejo
General del Instituto Nacional.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
De las Candidaturas Comunes, Frentes, Fusiones y Coaliciones
CAPÍTULO ÚNICO
Generalidades
Artículo 186
1. Los Partidos Políticos con registro, tendrán derecho a postular
candidaturas comunes para la elección de Gubernatura, diputaciones de
mayoría y planillas de ayuntamientos. Los Partidos Políticos que postulen por
la vía de candidatura común deberán suscribir un convenio firmado por sus
representaciones, dirigencias u órganos facultados de conformidad con sus
estatutos y reglamentos, el que deberán presentar para su registro ante el
Instituto, hasta cinco días antes del inicio del periodo de registro de las
candidaturas de la elección de que se trate.
2. Los Partidos Políticos que postulen candidata o candidato a la Gubernatura
en común deberán también suscribir convenio de candidatura común para
los cargos a integrar los ayuntamientos en todos los municipios que
conforman la geografía electoral del Estado.
3. Tratándose de candidatura común sólo para la elección de planillas de
ayuntamientos, los Partidos Políticos deberán suscribir convenio de
candidatura común en cuando menos tres de los ayuntamientos que
conforman la geografía electoral del Estado.
4. El convenio de candidatura común deberá contener:
I. Nombre de los Partidos Políticos que la conforman, así como el tipo de
elección de que se trate;
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II. Emblema común de los Partidos Políticos que lo conforman y el color o
colores con que se participa;
III. Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la
credencial para votar vigente y el consentimiento por escrito de la persona
candidata;
IV. La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos
correspondientes de cada uno de los Partidos Políticos postulantes del
candidato común;
V. La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los Partidos
Políticos que postulan la candidatura común, para efectos de la conservación
del registro y para el otorgamiento del financiamiento público; y
VI. Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los Partidos
Políticos para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de
contratación de los medios de comunicación distintos a radio, televisión y
medios digitales, así como, a los topes de gastos de campaña determinados
por el Consejo General.
Artículo 187
1. Al convenio de candidatura común deberá anexársele los siguientes
documentos:
I. La documentación que acredite que los Partidos Políticos postulantes de la
persona candidata común, entregaron en tiempo y forma su plataforma
electoral a la autoridad electoral; y
II. Las actas que acrediten que los órganos internos de los Partidos Políticos
aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de
candidatura común para la elección que corresponda.
Artículo 188
1. El Consejo General dentro de los cinco días siguientes a la presentación de
la solicitud de registro del convenio de candidatura común, deberá resolver
lo conducente sobre la procedencia de este, mandando publicar su resolución
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
2. Los Partidos Políticos que postulen candidaturas comunes no podrán
postular candidaturas propias ni de otros Partidos Políticos para la elección
que convinieron la candidatura común.
3. Para los efectos de la integración de los organismos electorales, del
financiamiento y de la responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los
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Partidos Políticos que postulen candidaturas comunes mantendrán su
autonomía y serán responsables de sus actos.
4. Los votos se computarán a favor de la persona candidata común y la
distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de
candidatura común registrado ante el Instituto.
5. En la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto
de los Partidos Políticos.
Artículo 189
1. Los Partidos Políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos
políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y
estrategias específicas y comunes.
2. Para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular a las
mismas personas candidatas en las elecciones, siempre que cumplan con los
requisitos establecidos en esta Ley.
3. Dos o más Partidos Políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo
Partido Político o para incorporarse en uno de ellos.
4. Los Partidos Políticos de nuevo registro no podrán convenir frentes,
coaliciones o fusiones con otro Partido Político antes de la conclusión de la
primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según
corresponda.
5. Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o
participación, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos
establecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos competentes,
salvo prueba en contrario.
6. Los Frentes, Fusiones y Coaliciones de Partidos Políticos, se regirán por lo
establecido por la Ley General de Partidos Políticos.
7. La candidatura común, se regirá por lo establecido por esta Ley.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
De las Agrupaciones Políticas Estatales
CAPÍTULO ÚNICO
Generalidades
Artículo 190
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1. La ciudadanía podrá asociarse en agrupaciones políticas estatales, en los
términos de la presente Ley.
2. Las agrupaciones políticas estatales son formas de asociación política y
tienen como objeto analizar, discutir y proponer alternativas de solución a los
asuntos públicos del Estado, así como contribuir al desarrollo de una opinión
política mejor informada y con mayor preparación ideológica. Las
agrupaciones políticas no podrán utilizar la denominación de “Partido” o
“Partido Político”.
3. Apartado A.- Para obtener el registro como agrupación política estatal,
se deberá acreditar ante el Consejo General, los siguientes requisitos:
I. Presentar acta original o copia certificada donde se haga constar su propia
denominación distinta de otras agrupaciones políticas, objeto, declaración de
principios, programa de acción y estatutos, que deberá estar suscrita por
cuando menos cuatrocientas personas ciudadanas del Estado, además de
contar con órgano directivo de carácter estatal y delegaciones en cuando
menos dos de los municipios que componen el Estado;
II. Haber realizado, de manera independiente de cualquier Partido Político u
organización, actividades políticas cuando menos durante dos años
anteriores a la fecha de solicitud de registro; y
III. Exhibir copias de las constancias relativas a la afiliación individual y
voluntaria de sus integrantes, donde se indiquen el nombre, apellidos,
domicilio, ocupación, número de folio de su credencial para votar, fecha y
firma.
4. Dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la fecha
de presentación de la solicitud, el Consejo General del Instituto resolverá lo
conducente.
5. Cuando proceda, otorgará el número de registro correspondiente,
señalando su fecha y la denominación de la agrupación y ordenará su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. En caso de negativa,
fundamentará las causas que la motiven y la comunicará a la organización
interesada, quien podrá impugnar esta resolución ante el Tribunal Electoral.
6. Obtenido el registro, las agrupaciones políticas estatales tendrán
personalidad jurídica para todos los efectos legales.
7. Apartado B.- Las agrupaciones políticas estatales tendrán los siguientes
derechos:
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I. Desarrollar las actividades para alcanzar objetivos políticos o sociales,
mediante acciones específicas;
II. Celebrar los convenios necesarios para aliarse, unirse o incorporarse de
manera permanente o transitoria con otras agrupaciones políticas y/o con un
Partido Político;
III. Ostentarse con su propia denominación y difundir su ideología;
IV. Las agrupaciones políticas con registro gozarán del régimen fiscal
previsto para los Partidos Políticos en la Ley General de Partidos Políticos; y
V. Las demás que les otorguen esta Ley.
8. Apartado C.- Las agrupaciones políticas estatales tienen las siguientes
obligaciones:
I. Cumplir los acuerdos tomados por el Consejo General;
II. Cumplir las normas que regulen su estructura interna;
III. Conservar vigentes los requisitos necesarios para su constitución y
registro;
IV. Registrar ante el Consejo General del Instituto los convenios señalados en
la fracción II del apartado anterior para que puedan surtir sus efectos;
V. Presentar al Instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el
origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad; y
VI. Las demás que les imponga esta Ley y demás normatividad aplicable.
9. El informe a que se refiere la fracción V deberá presentarse a más tardar
dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del
ejercicio que se reporte.
Artículo 191
1. Las agrupaciones políticas estatales sólo podrán participar en las
elecciones estatales o municipales cuando hayan celebrado convenio de
incorporación con un Partido Político con la aprobación del Consejo General
del Instituto. La candidatura que proponga la asociación política estatal al
Partido Político o coalición podrá ser registrada por éste y será votada con la
denominación, emblema, color o colores de dicho Partido Político o coalición.
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2. En la propaganda electoral se podrá mencionar a la agrupación política
estatal incorporada.
TÍTULO DÉCIMO TERCERO
De las Candidaturas Independientes
CAPÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Preliminares
Artículo 192
1. Las disposiciones contenidas en este Título tienen por objeto regular las
candidaturas independientes para la Gubernatura del Estado, diputaciones y
planillas de ayuntamientos, en términos de lo dispuesto en la fracción II del
artículo 35 y fracción lV inciso p) del artículo 116 de la Constitución General y
artículos 28 fracción ll y 36 fracción Vll de la Constitución local.
Artículo 193
1. El Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de
las normas contenidas en el presente Título.
Artículo 194
1. Son aplicables, en todo lo que no contravenga las disposiciones de este
Título, las disposiciones conducentes de esta Ley, la Ley General, la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y las demás Leyes aplicables.
Artículo 195
1. La organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes
será responsabilidad del Instituto, conforme a su estructura orgánica.
2. El Consejo General emitirá las reglas de operación respectivas, utilizando
racionalmente las unidades administrativas del mismo, conforme a la
definición de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de esta
Ley y demás normatividad aplicable.
3. La Presidencia del Instituto designará personal a su cargo a fin de asesorar
y capacitar a las personas candidatas independientes en sus registros y
comprobación de gastos previo al inicio del proceso electoral.
Artículo 196
1. El derecho de la ciudadanía de solicitar su registro de manera
independiente de los Partidos Políticos se sujetará a los requisitos,
condiciones y términos establecidos en la Constitución local y en la presente
Ley.
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2. Las candidaturas independientes no podrán celebrar convenios de
coalición, candidatura común o de apoyo con Partidos Políticos, tampoco
podrán manifestar su apoyo a otra opción electoral o renunciar a la
candidatura para estos fines en el proceso en que contiendan.
Artículo 197
1. La ciudadanía que cumplan con los requisitos, condiciones y términos
tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados para
candidaturas independientes para ocupar los siguientes cargos de elección
popular:
I. Gubernatura del Estado;
II. Diputaciones por el principio de mayoría relativa. No procederá en ningún
caso, el registro de aspirantes a Candidaturas Independientes por el principio
de representación proporcional;
III. Integrantes de los ayuntamientos; y
IV. Las candidaturas independientes deberán registrar en sus planillas de
ayuntamiento cuando menos una fórmula perteneciente a los grupos
prioritarios.
Artículo 198
1. Para los efectos de la integración del Congreso en los términos de los
artículos 41 y 42 de la Constitución Local, las candidaturas Independientes
para el cargo de diputaciones deberán registrar la fórmula correspondiente
para la persona propietaria y suplente.
Artículo 199
1. Las personas candidatas independientes que hayan participado en una
elección ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a participar en las
elecciones extraordinarias correspondientes.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del Proceso de Selección para Candidaturas Independientes
Artículo 200
1. Para los efectos de esta Ley, el proceso de selección de las candidaturas
independientes comprende las etapas siguientes:
I. De la Convocatoria;
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II. De los actos previos al registro de candidaturas independientes;
III. De la obtención de apoyo de la ciudadanía; y
IV. Del registro de candidaturas Independientes.
CAPÍTULO TERCERO
De la Convocatoria
Artículo 201
1. El Consejo General emitirá en la cuarta semana del mes de octubre del
año previo a la elección, la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada
en postularse a una candidatura independiente, señalando los cargos de
elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir,
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo
de la ciudadanía correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y
los formatos para ello. El Instituto dará amplia difusión a la convocatoria.
CAPÍTULO CUARTO
De los Actos Previos al Registro de Candidaturas Independientes
Artículo 202
1. Las ciudadanas y ciudadanos que pretenda postularse por la vía de la
candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo
del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste determine.
2. Durante los procesos electorales en que se renueven los poderes
ejecutivo, legislativo, e integrantes de los ayuntamientos, la manifestación
de la intención se realizará a partir del día siguiente al que se emita la
convocatoria y hasta que dé inicio el período para recabar el apoyo de la
ciudadanía correspondiente, conforme a las siguientes reglas:
I. La ciudadanía que aspire al cargo para la Gubernatura del Estado, ante el
Instituto;
II. La ciudadanía que aspire a un cargo de diputación por el principio de
mayoría relativa, ante el Consejo Distrital correspondiente; y
III. La ciudadanía que aspire a un cargo como integrantes de ayuntamiento,
ante el Consejo Municipal correspondiente.
3. Una vez hecha la comunicación a que se refiere este artículo y recibida la
constancia respectiva, la persona ciudadana adquirirá la calidad de
aspirante.
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Artículo 203
1. Con la manifestación de intención, la persona aspirante independiente
deberá presentar la documentación que acredite la creación de la persona
moral constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo
tratamiento que un Partido Político en el régimen fiscal. El Instituto
establecerá el modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma
manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria
y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona
moral para recibir el financiamiento público y privado correspondiente.
2. La persona moral a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar
constituida con por lo menos el aspirante a la candidatura independiente, su
representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la
candidatura independiente.
CAPÍTULO QUINTO
De la Obtención de Apoyo de la Ciudadanía
Artículo 204
1. A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de
aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar en los formatos
foliados específicos que para ese fin disponga y provea el Consejo General, el
porcentaje de apoyo de la ciudadanía requerido por los medios diversos a la
radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos
anticipados de campaña.
2. Los aspirantes a candidaturas Independiente para la Gubernatura del
Estado, diputaciones de mayoría relativa e Integrante de ayuntamiento
contarán con noventa días para realizar los actos tendentes a recabar el
apoyo de la ciudadanía.
3. El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este
artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de los
actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía se ciña a lo establecido
en el párrafo anterior. Cualquier ajuste que el Consejo General realice deberá
ser difundido ampliamente.
Artículo 205
1. Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía, el
conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas
actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan las personas
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aspirantes con el objeto de obtener el apoyo de la ciudadanía para satisfacer
el requisito en los términos de esta Ley.
Artículo 206
1. Para la candidatura a la Gubernatura del Estado, la cédula de respaldo
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanas y
ciudadanos equivalente al dos punto cincuenta y uno por ciento del resultado
de la votación valida emitida en la elección inmediata anterior y estar
integrada por electores de por lo menos nueve distritos electorales, que
sumen cuando menos el uno por ciento de la ciudadanía que figuren en la
lista nominal de electores en cada uno de ellos.
Artículo 207
1. Para la fórmula de diputaciones de mayoría relativa, la cédula de respaldo
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanas y
ciudadanos equivalente al cinco por ciento del resultado de la votación valida
emitida en la elección inmediata anterior y estar integrada por la ciudadanía
de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando
menos el dos por ciento de ciudadanas y ciudadanos que figuren en la lista
nominal de electores en cada una de ellas.
Artículo 208
1. Para integrantes de ayuntamientos, la cédula de respaldo deberá contener
cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos
equivalente al cinco por ciento del resultado de la votación valida emitida en
la elección inmediata anterior y estar integrada por la ciudadanía de por lo
menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el tres
por ciento de ciudadanas y ciudadanos que figuren en la lista nominal de
electores en cada una de ellas.
Artículo 209
1. Las personas aspirantes no podrán realizar actos anticipados de campaña
por ningún medio. La violación a esta disposición se sancionará con la
negativa de registro a la candidatura independiente.
2. Queda prohibido a las personas aspirantes, en todo tiempo, la
contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en
radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de
registro a la candidatura Independiente o, en su caso, con la cancelación de
dicho registro.
Artículo 210
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1. La cuenta bancaria que refiere el artículo 203 de la presente Ley, servirá
para el manejo de los recursos para obtener el apoyo de la ciudadanía y
para, en su caso, la campaña electoral.
2. La utilización de la cuenta será a partir del inicio de los actos tendentes a
obtener el apoyo de la ciudadanía y hasta la conclusión de las campañas
electorales y con posterioridad, exclusivamente para cubrir los pasivos
contraídos y demás erogaciones. 3Su cancelación deberá realizarse una vez
que se concluyan los procedimientos relacionados con el área que
corresponda del Instituto.
Artículo 211
1. Los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía se financiarán
con recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación
aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo
General por el tipo de elección para la que pretenda ser postulada.
2. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al
veinticinco por ciento del establecido para las campañas inmediatas
anteriores, según la elección de que se trate.
Artículo 212
1. Las personas aspirantes que rebasen el tope de gastos señalado en el
artículo anterior perderán el derecho a ser registradas para la candidatura
independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el
mismo.
Artículo 213
1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia
electrónica y los comprobantes que los amparen, deberán ser expedidos a
nombre del aspirante y la persona encargada del manejo de recursos
financieros en cuentas mancomunadas, debiendo constar en original como
soporte a los informes financieros de los actos tendentes a obtener el apoyo
de la ciudadanía.
2. Le serán aplicables a las personas aspirantes las disposiciones
relacionadas con el financiamiento privado de las candidaturas
independientes de esta Ley.
3. Las personas aspirantes deberán nombrar una persona encargada del
manejo de los recursos financieros y administración de los recursos
relacionados con el apoyo de la ciudadanía, así como de la presentación de
los informes en los términos de esta Ley.
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Artículo 214
1. El Consejo General, a propuesta del área correspondiente del Instituto,
determinará los requisitos que los aspirantes deben cubrir al presentar su
informe de ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el apoyo de la
ciudadanía.
Artículo 215
1. El aspirante que no entregue el informe de ingresos y egresos, dentro de
los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo
ciudadano, le será negado el registro como candidata o candidato
Independiente.
2. Las personas aspirantes que sin haber obtenido el registro a la
candidatura independiente no entreguen los informes antes señalados, serán
sancionadas en los términos de esta Ley.
CAPÍTULO SEXTO
De los Derechos y Obligaciones de las Personas Aspirantes
Artículo 216
1. Son derechos de las personas aspirantes:
I. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su
registro;
II. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener
el apoyo de la ciudadanía;
III. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en
términos de esta Ley;
IV. Nombrar a una persona representante para asistir a las sesiones de los
Consejos Estatal, locales y distritales, con derecho a voz, pero no a voto;
V. Insertar en su propaganda la Leyenda "aspirante a candidata o candidato
Independiente"; y
VI. Los demás establecidos por esta Ley.
Artículo 217
1. Son obligaciones de las personas aspirantes:
I. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución
General, la Ley General, la Constitución Local y en la presente Ley;
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II. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos
tendentes a obtener el apoyo de la ciudadanía;
III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como
metales y piedras preciosas de cualquier persona física o moral;
IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de personas extranjeras o de ministros de culto de cualquier
religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias.
Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie,
por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución, la Ley General, la
Constitución Local y la presente Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública
federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno de la Ciudad de México;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y de la ciudad de México;
d) Los Partidos Políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales; y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
V. Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o
coacción para obtener el apoyo de la ciudadanía;
VI. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de
género o de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que
denigre a otros aspirantes, precandidatas, candidatas, Partidos Políticos,
personas, instituciones públicas o privadas;
VII. Rendir el informe de ingresos y egresos;
VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo de la
ciudadanía, en los términos que establece la presente Ley; y
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IX. Las demás establecidas por esta Ley.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Del Registro de Personas Candidatas Independientes
SECCIÓN PRIMERA
De los Requisitos de Elegibilidad
Artículo 218
1. La ciudadanía que aspire a participar a una candidatura independiente en
las elecciones de que se trate, deberá satisfacer, además de los requisitos
señalados por la Constitución General y la Constitución local, los señalados
en el artículo 56 de esta Ley.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Solicitud de Registro
Artículo 219
1. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas
independientes en el año de la elección serán los mismos que se señalan en
la presente Ley para la Gubernatura del Estado, diputaciones e integrantes
de los ayuntamientos del Estado.
2. El Instituto dará amplia difusión a la apertura del registro de las
candidaturas independientes y a los plazos a que se refiere el presente
artículo.
Artículo 220
1. La ciudadanía que aspire a participar a una candidatura independiente a
un cargo de elección popular deberá:
I. Presentar su solicitud por escrito;
II. La solicitud de registro deberá contener:
a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su
caso, huella dactilar de la persona solicitante;
b) Lugar y fecha de nacimiento de la persona solicitante;
c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;
d) Ocupación de la persona solicitante;
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e) Clave de la credencial para votar de la persona solicitante;
f) Cargo para el que se pretenda postular la persona solicitante;
g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir
notificaciones; y
h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos
financieros y de la rendición de informes correspondientes.
III. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidata o candidato
independiente, a que se refiere esta Ley;
b) Copia fotostática del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la
credencial para votar vigente;
c) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la
candidata o candidato independiente sostendrá en la campaña electoral;
d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el
manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de
esta Ley;
e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el
apoyo de la ciudadanía; y
f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o
el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar
vigente de cada una de las personas ciudadanas que manifiestan el apoyo en
el porcentaje requerido en los términos de esta Ley.
IV. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:
a) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para
obtener el apoyo de la ciudadanía;
b) No haber presidido el comité ejecutivo nacional, estatal, municipal,
dirigente, militante, afiliada o afiliado o su equivalente, de un Partido Político,
conforme a lo establecido en esta Ley; y
c) No tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la
vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el
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normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar
equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política
contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y
tipos; y, no ser declarada judicialmente persona deudora alimentaria morosa
o, en caso de serlo demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos
alimenticios.
V. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier
momento, por el Instituto.
2. Recibida una solicitud de registro de candidatura independiente por la
presidencia o secretaría del consejo que corresponda, se verificará dentro de
los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en
el párrafo anterior, con excepción de lo relativo al apoyo de la ciudadanía.
Artículo 221
1. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de
uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al solicitante o a su
representante, para que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los
requisitos omitidos, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los
plazos que señala esta Ley.
2. Si no se subsanan los requisitos omitidos o se advierte que la solicitud se
realizó en forma extemporánea, se tendrá por no presentada.
Artículo 222
1. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta Ley, el
Instituto procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo de
la ciudadanía que corresponda según la elección de que se trate,
constatando que las personas ciudadanas aparecen en la lista nominal de
electores.
2. Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido
cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:
a) Nombres con datos falsos o erróneos;
b) En el caso de integrantes de ayuntamiento, las personas ciudadanas no
tengan su domicilio en la demarcación territorial del municipio para el que se
está postulando;
c) En el caso de candidatas y candidatos a diputaciones, la persona
ciudadana no tenga su domicilio en el distrito para el que se está postulando;
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d) La persona ciudadana que haya sido dada de baja de la lista nominal;
e) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una
manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y
f) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor
de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación
presentada.
Artículo 223
1. Si la solicitud no reúne el porcentaje requerido se tendrá por no
presentada.
Artículo 224
1. Ninguna persona podrá registrarse como candidata a distintos cargos de
elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidata
para un cargo de elección federal popular y simultáneamente para otro del
Estado o de los municipios. En este supuesto, si el registro para el cargo de la
elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación
automática del registro estatal.
2. Quienes hayan obtenido registro de candidatura independiente no podrán
ser postuladas como candidatas por un Partido Político que participe en
forma individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones,
en el mismo proceso electoral.
SECCIÓN TERCERA
Del Registro
Artículo 225
1. Dentro de las setenta y dos horas siguientes a aquel en que venzan los
plazos, el Consejo General, los Consejos Municipales y Distritales, deberán
celebrar la sesión de registro de candidaturas en los términos de la presente
Ley.
Artículo 226
1. La Secretaría del Consejo General y las presidencias de los consejos
municipales o distritales, según corresponda, tomarán las medidas
necesarias para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas
independientes, dando a conocer los nombres de las personas candidatas o
fórmulas registradas y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos.
SECCIÓN CUARTA
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De la Sustitución y Cancelación del Registro de Candidaturas
Independientes
Artículo 227
1. Las personas candidatas que contiendan por la vía de la candidatura
Independiente y que obtengan su registro, no podrán ser sustituidas en
ninguna de las etapas del proceso electoral.
Artículo 228
1. Tratándose de la fórmula para diputaciones, será cancelado el registro de
la fórmula completa cuando falte la persona propietaria y suplente. La
ausencia de la persona propietaria o suplente no invalidará la fórmula.
CAPÍTULO OCTAVO
De las Personas Candidatas Independientes
SECCIÓN PRIMERA
De las Prerrogativas, Derechos y Obligaciones
Artículo 229
1. Son prerrogativas y derechos de las personas candidatas Independientes
registradas:
I. Participar en la campaña electoral correspondiente y en la elección al
cargo para el que hayan sido registrados;
II. Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, como si se tratara de un
Partido Político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de
elección de que se trate, únicamente en la etapa de las campañas
electorales;
III. Obtener financiamiento público y privado, en los términos de esta Ley;
IV. Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los
términos de esta Ley;
V. Replicar y aclarar la información que generen los medios de
comunicación, cuando consideren que se deforma su imagen o que se
difundan hechos falsos o sin sustento alguno;
VI. Designar a las personas representantes ante los órganos del Instituto, en
los términos dispuestos por esta Ley;
VII. Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, a
través de sus representaciones acreditadas; y
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VIII. Las demás que les otorgue esta Ley, y los demás ordenamientos
aplicables.
Artículo 230
1. Son obligaciones de las personas candidatas independientes registradas:
I. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución y en la
presente Ley;
II. Respetar y acatar los acuerdos que emita el Consejo General;
III. Respetar y acatar los topes de gastos de campaña en los términos de la
presente Ley;
IV. Proporcionar al Instituto la información y documentación que éste solicite,
en los términos de la presente Ley;
V. Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para
los gastos de campaña;
VI. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de personas extranjeras o de ministros de culto de cualquier
religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias.
Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie,
por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
a) Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, así como de
las entidades federativas y sus municipios, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno de la Ciudad de México;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;
d) Los Partidos Políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales; y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
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VII. Depositar únicamente en la cuenta bancaria aperturada sus
aportaciones y realizar todos los egresos de los actos de campaña con dicha
cuenta;
VIII. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones,
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;
IX. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de
género o de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que
denigre a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas o candidatos,
Partidos Políticos, personas, instituciones públicas o privadas;
X. Insertar en su propaganda de manera visible la Leyenda: "candidata o
candidato Independiente";
XI. Abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral, emblemas y
colores utilizados por Partidos Políticos;
XII. Abstenerse de realizar actos que generen presión o coacción a los
electores;
XIII. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como
metales y piedras preciosas por cualquier persona física o moral;
XIV. Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los Partidos
Políticos, los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus
ingresos, así como su aplicación y empleo;
XV. Ser responsable solidario, junto con el encargado de la administración de
sus recursos financieros, dentro de los procedimientos de fiscalización de los
recursos correspondientes; y
XVI. Las demás que establezcan esta Ley, y los demás ordenamientos.
Artículo 231
1. Las personas candidatas Independientes que incumplan con la
normatividad electoral que les resulte aplicable, serán sancionadas en
términos de esta Ley.
SECCIÓN SEGUNDA
De los Representantes ante los Órganos del Instituto
Artículo 232
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1. Las personas candidatas Independientes, de conformidad con lo previsto
por los reglamentos de sesiones del Consejo General, de los Consejos
Municipales y Distritales aprobados por el Consejo General, podrán designar
representaciones ante los órganos del Instituto con derecho a voz, pero sin
voto, en los términos siguientes:
I. Las personas candidatas Independientes a la Gubernatura del Estado, ante
el Consejo General y la totalidad de los Consejos Municipales y Distritales;
II. Las personas candidatas independientes a diputaciones, ante el Consejo
Distrital de la demarcación por la cual se quiera postular;
III. Las personas candidatas independientes a integrantes de ayuntamientos,
ante el Consejo Municipal de la demarcación territorial por la cual se quiera
postular; y
IV. La acreditación la podrá realizar al momento de la aprobación de su
registro como candidata o candidato Independiente o en cualquier momento
del proceso electoral.
SECCIÓN TERCERA
De los Representantes ante las Mesas Directiva de Casilla
Artículo 233
1. El registro de los nombramientos de los representantes ante mesas
directivas de casilla y generales se realizará en los términos previstos en esta
Ley.
SECCIÓN CUARTA
Del Financiamiento
Artículo 234
1. El régimen de financiamiento de las personas candidatas Independientes
tendrá las siguientes modalidades:
I. Financiamiento privado; y
II. Financiamiento público.
Artículo 235
1. El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen
las personas candidatas Independientes y sus simpatizantes, el cual no podrá
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rebasar en ningún caso, el veinticinco por ciento del tope de gasto para la
elección de que se trate.
Artículo 236
1. Las personas candidatas Independientes tienen prohibido recibir
aportaciones y donaciones en efectivo, metales y piedras preciosas, por
cualquier persona física o moral.
Artículo 237
1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras
preciosas o en especie a título personal o por interpósita persona, a las
personas aspirantes o las personas candidatas independientes a cargos de
elección popular, bajo ninguna circunstancia:
I. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos;
II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los de la Ciudad de México;
III. Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;
IV. Los Partidos Políticos, personas físicas o morales extranjeras;
V. Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos;
VI. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
VII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión;
VIII. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y
IX. Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
Artículo 238
1. Las personas candidatas independientes no podrán solicitar créditos
provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus
actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.
Artículo 239
1. Para el manejo de los recursos de campaña electoral, se deberá utilizar la
cuenta bancaria aperturada a que se refiere esta Ley; todas las aportaciones
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deberán realizarse exclusivamente en dicha cuenta, mediante cheque o
transferencia bancaria.
Artículo 240
1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia
electrónica.
2. En el caso de los pagos por la prestación de bienes o servicios,
adicionalmente el cheque deberá contener la leyenda "para abono en cuenta
del beneficiario". Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la
documentación comprobatoria junto con la copia del cheque a que se hace
referencia.
3. Los comprobantes que amparen los egresos que realicen las personas
candidatas Independientes, deberán ser expedidos a su nombre y constar en
original como soporte a los informes financieros de las campañas electorales,
los cuales estarán a disposición del área de fiscalización del Instituto
Nacional o Estatal en su caso, para su revisión de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley. Dicha documentación deberá cumplir con los
requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las
establecidas por el Instituto.
Artículo 241
1. Las aportaciones de bienes muebles, servicios o de cualquier otra en
especie, deberán destinarse exclusivamente a las actividades de la
candidatura independiente.
Artículo 242
1. En ningún caso, las personas candidatas Independientes podrán recibir en
propiedad bienes inmuebles para las actividades de su candidatura, así como
adquirir bienes inmuebles con el financiamiento público o privado que
reciban.
Artículo 243
1. Las personas candidatas independientes tendrán derecho a recibir
financiamiento público para sus gastos de campaña, así mismo podrán
renunciar a dicho financiamiento público. Para los efectos de la distribución
del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho las
Candidaturas independientes, en su conjunto, serán considerados como un
Partido Político de nuevo registro.
Artículo 244
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1. El monto que le correspondería a un Partido Político de nuevo registro se
distribuirá entre todas las personas candidatas independientes de la
siguiente manera:
I. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera
igualitaria entre todas las candidaturas independientes al cargo para la
Gubernatura del Estado;
II. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera
igualitaria entre todas las fórmulas de candidaturas independientes al cargo
de integrantes de Ayuntamientos; y
III. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera
igualitaria entre todas las fórmulas de candidaturas independientes al cargo
de diputaciones.
2. En el año de la elección en que se renueve el poder legislativo, así como
de los integrantes de Ayuntamientos del Estado, el monto se distribuirá de la
siguiente manera:
I. Un cincuenta por ciento que se distribuirá de manera igualitaria en todas
las fórmulas de candidaturas independientes al cargo de Ayuntamientos; y
II. Un cincuenta por ciento que se distribuirá de manera igualitaria en todas
las fórmulas de candidaturas independientes al cargo de Diputaciones.
3. En el supuesto de que una sola persona candidata obtenga su registro
para cualquiera de los cargos antes mencionados, recibirá el cien por ciento
del monto de las cantidades antes mencionadas.
4. En el supuesto de que dos o más personas candidatas obtengan su
registro para cualquiera de los cargos antes mencionados, recibirán de forma
igualitaria el cien por ciento del monto de las cantidades antes mencionadas.
5. En el supuesto de que no se registre persona candidata independiente a
ningún cargo de elección popular, se estará a lo establecido en el artículo
287 de esta Ley.
Artículo 245
1. Las personas candidatas deberán nombrar una persona encargada del
manejo de los recursos financieros y administración de los recursos
generales y de campaña, así como de la presentación de los informes a que
se refiere esta Ley.
Artículo 246
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1. Las personas candidatas Independientes deberán reembolsar al Instituto
el monto del financiamiento público no erogado. Las reglas aplicables a la
liquidación de los Partidos Políticos serán de observancia para las
candidaturas independientes, de conformidad con el artículo 97 de la Ley
General de Partidos Políticos.
SECCIÓN QUINTA
Del Acceso a Radio y Televisión
Artículo 247
1. Las personas candidatas Independientes, contarán con la prerrogativa de
acceso a radio y televisión en términos de lo establecido en los artículos del
411 al 419 de la Ley General. Asimismo, tendrán derecho a acceder a los
espacios publicitarios en medios de comunicación distintos a los de radio y
televisión en las modalidades que determine el Instituto.
SECCIÓN SEXTA
De las Franquicias Postales
Artículo 248
1. Las personas candidatas Independientes, disfrutarán la prerrogativa de
franquicias postales y telegráficas en términos de lo establecido en la Ley
General.
CAPÍTULO NOVENO
De la Propaganda Electoral de las Candidaturas Independientes
Artículo 249
1. Son aplicables a las personas candidatas Independientes, las normas
sobre propaganda electoral contenidas en esta Ley.
Artículo 250
1. La propaganda electoral de las personas candidatas Independientes
deberá tener el emblema y color o colores que los caractericen y diferencien
de los Partidos Políticos y de otras candidaturas Independientes, así como
tener visible la Leyenda: "Candidata Independiente o candidato
independiente".
CAPÍTULO DÉCIMO
De la Fiscalización
Artículo 251
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1. Con fundamento en lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de la
fracción V, apartado B del artículo 41 de la Constitución General y en los
términos que esta Ley establezca para las candidatas y candidatos de
Partidos Políticos, el Instituto Nacional llevará a cabo la fiscalización de las
finanzas de las candidatas y candidatos independientes.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
De la Documentación y el Material Electoral
Artículo 252
1. Las candidatas y candidatos Independientes figurarán en la misma boleta
que el Consejo General apruebe para las personas candidatas de los Partidos
Políticos que participan en forma individual, a través de candidaturas
comunes o mediante coaliciones, según la elección en la que participen, de
conformidad con esta Ley.
2. Se utilizará un recuadro para cada candidatura Independiente o fórmula
de candidatura independientes, con el mismo tamaño y en un espacio de las
mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta a los partidos
que participan en forma individual, a través de candidaturas comunes o
coaliciones, que participan. Estos recuadros serán colocados después de los
destinados a los Partidos Políticos y si fueran varias personas candidatas o
fórmulas, aparecerán en el orden en que hayan solicitado su registro
correspondiente.
Artículo 253
1. En la boleta, de acuerdo a la elección de que se trate, aparecerá el
nombre completo de la persona candidata independiente o de los integrantes
de la fórmula de candidaturas independientes. A solicitud de parte, podrá
incluirse el sobrenombre que identifique a la persona candidata.
Artículo 254
1. En la boleta no se incluirá, ni la fotografía, ni la silueta de la persona
candidata.
Artículo 255
1. Los documentos electorales serán elaborados por el Instituto, aplicando en
lo conducente lo dispuesto en esta Ley para la elaboración de la
documentación y el material electoral.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
Del Cómputo de los Votos
Artículo 256
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1. Se contará como voto válido la marca que haga el elector en la que
manifiesta su intención en sentido positivo en un solo recuadro en el que se
contenga el emblema o el nombre de una persona candidata independiente,
en términos de lo dispuesto por esta Ley.
Artículo 257
1. Para determinar la votación estatal emitida que servirá de base para la
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional,
en términos de lo previsto por la Constitución y esta Ley, no serán
contabilizados los votos recibidos a favor de candidaturas Independientes.
2. Para determinar la votación municipal emitida que servirá de base para la
asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en
términos de lo previsto por la Constitución Local y esta Ley, no serán
contabilizados los votos recibidos a favor de Candidaturas Independientes.
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
Disposiciones Complementarias
Artículo 258
1. Corresponde al Instituto la organización, desarrollo, otorgamiento y
vigilancia de las prerrogativas para las candidaturas independientes,
conforme a lo establecido en esta Ley para los Partidos Políticos.
TÍTULO DÉCIMO CUARTO
Del Financiamiento de los Partidos Políticos y de las Agrupaciones
Políticas Locales
CAPÍTULO ÚNICO
Del Régimen de Financiamiento y sus Modalidades
Artículo 259
1. El financiamiento al que tendrán derecho los Partidos Políticos y sus
modalidades se realizará atendiendo a las disposiciones previstas por el título
quinto de la Ley General de Partidos Políticos, denominado del
Financiamiento de los Partidos Políticos, conforme a las disposiciones
siguientes:
I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
a) El Consejo General del Instituto, determinará anualmente el monto total
por distribuir entre los Partidos Políticos conforme a lo siguiente: multiplicará
el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral local, a la
fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
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b) El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el
financiamiento público anual a los Partidos Políticos por sus actividades
ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso
a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución General;
c) Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario
presupuestal que se apruebe anualmente;
d) Cada Partido Político deberá destinar anualmente cuando menos el tres
por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las
actividades específicas, a que se refiere la fracción tercera de este artículo; y
e) Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres, cada Partido Político deberá destinar anualmente, cuando menos el
diez por ciento del financiamiento público ordinario.
II. Para gastos de Campaña:
a) En el año de la elección en que se renueven el poder ejecutivo, la
legislatura Local y ayuntamientos en su caso, se le otorgará para gastos de
campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento
público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes
que le corresponda en ese año;
b) En el año de la elección en que se renueve solamente la legislatura local y
ayuntamientos a cada Partido Político ya sea local o nacional con registro
local, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al
cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de
sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y
c) El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los
Partidos Políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en esta
Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes
del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento del
Consejo General del Instituto en la siguiente sesión, sin que dichos
porcentajes de prorrateo puedan ser modificados.
III. Por actividades específicas como entidades de interés público:
a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y
política, así como las tareas editoriales de los Partidos Políticos nacionales,
serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual
equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las
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actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto
total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso
antes citado;
b) El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos
destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente
a las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior; y
c) Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario
presupuestal que se apruebe anualmente.
2. Los Partidos Políticos que hubieren obtenido su registro con fecha
posterior a la última elección o aquellos que habiendo conservado registro
legal no cuenten con representación en el Congreso tendrán derecho a que
se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:
I. Se le otorgará a cada Partido Político el dos por ciento del monto que por
financiamiento total les corresponda a los Partidos Políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere
este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el
financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo
dispuesto por la fracción segunda inciso a) del presente artículo; y
II. Participará del financiamiento público para actividades específicas como
entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma
igualitaria.
3. Las cantidades a que se refiere la fracción anterior serán entregadas en la
parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en
que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal
aprobado para el año.
4. Con fundamento en lo establecido en el último párrafo del apartado B de
la fracción V del artículo 41 de la Constitución General, el Instituto podrá
llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los Partidos Políticos y de las
campañas de las personas candidatas, conforme a la delegación respectiva
que en su caso haga el Instituto Nacional en los términos establecidos en la
Ley General de Partidos Políticos y con relación a las agrupaciones políticas
locales, con base en los lineamientos que en su caso emita el Instituto.
TÍTULO DÉCIMO QUINTO
De los Regímenes Sancionadores Electorales
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CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares
Artículo 260
1. Por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, se aplicará
el procedimiento ordinario; y por faltas cometidas dentro de los
procedimientos electorales se aplicará de manera expedita el procedimiento
especial sancionador.
CAPÍTULO SEGUNDO
De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones
Artículo 261
1. En la sustanciación de los procedimientos sancionadores, se aplicará
supletoriamente en lo no previsto en esta Ley, la Ley del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur.
Artículo 262
1. Son personas sujetas de responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales contenidas en esta Ley:
I. Los Partidos Políticos;
II. Las agrupaciones políticas;
III. Las personas aspirantes, precandidatas, candidatas y candidatos de
Partidos Políticos e independientes a cargos de elección popular;
IV. La ciudadanía, o cualquier persona física o moral;
V. Las personas observadoras electorales o las organizaciones de
observadores electorales;
VI. Las autoridades o las personas servidoras públicas de cualquiera de los
poderes de la federación, de los poderes locales; órganos de gobierno
municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;
VII. Las personas titulares de las notarías públicas;
VIII. Las personas propietarias, administradoras o representantes legales de
los medios de comunicación en el Estado, distintos a los de radio y televisión;
IX. Las personas extranjeras;
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X. Las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan formar un
Partido Político;
XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra
agrupación con objeto social diferente a la creación de Partidos Políticos, así
como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de
Partidos Políticos;
XII. Las o los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de
cualquier religión; y
XIII. Las demás personas obligadas en los términos de la presente Ley.
2. Cuando alguna de las personas señaladas en este artículo sea responsable
de las conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres en
razón de género, contenidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, será sancionado en
términos de lo dispuesto en este capítulo según corresponda.
3. Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón
de género se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador.
Artículo 263
1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del
proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley
por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 262 de
esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:
I. Obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política;
II. Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de
decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;
III. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o
candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir
la participación de las mujeres;
IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección
popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;
V. Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres,
impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de
igualdad; y
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VI. Cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad
de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
Artículo 264
1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley:
I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto;
III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la
presente Ley;
IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de
campaña, o no atender los requerimientos de información del área de
fiscalización del Instituto Nacional o Estatal en su caso, en los términos y
plazos previstos en esta Ley y sus reglamentos;
V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a
los propios partidos;
VI. Exceder los topes de gastos de campaña;
VII. La realización de actos de precampaña o campaña en territorio
extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos,
sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese
cometido la infracción;
VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente
Ley en materia de precampañas y campañas electorales;
IX. La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en
cualquier modalidad de plataformas y medios digitales, así como radio o
televisión;
X. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones
que denigren a las instituciones y a los propios partidos políticos, o que
calumnien a las personas;
XI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en
materia de transparencia y acceso a la información;
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XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el
origen, monto y destino de estos;
XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en
tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del
Instituto;
XIV. El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar
la violencia política contra las mujeres en razón de género; y
XV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.
Artículo 265
1. Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas a la presente Ley:
I. El incumplimiento de las obligaciones que les señala la Ley General de
Partidos Políticos, y
II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones
contenidas en esta Ley.
Artículo 266
1. Constituyen infracciones de las personas aspirantes, precandidatas,
candidatas y candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:
I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea
el caso;
II. En el caso de los aspirantes o personas precandidatas, solicitar o recibir
recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley;
III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña;
IV. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña
establecidos en esta Ley;
V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos; y
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta
Ley.
Artículo 267
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1. Constituyen infracciones de las personas aspirantes a candidaturas
independientes y personas candidatas independientes a cargos de elección
popular a la presente Ley:
I. La realización de actos anticipados de campaña;
II. Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no
autorizadas por esta Ley;
III. Liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u
operaciones mediante el uso de efectivo o metales y piedras preciosas;
IV. Utilizar recursos de procedencia ilícita para el financiamiento de
cualquiera de sus actividades;
V. Recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y/o
piedras preciosas de cualquier persona física o moral;
VI. No presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo de la
ciudadanía y de campaña establecidos en esta Ley;
VII. Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo de la ciudadanía y de
campaña establecido por el Consejo General;
VIII. No reembolsar los recursos provenientes del financiamiento público no
ejercidos durante las actividades de campaña;
IX. El incumplimiento de las resoluciones y acuerdos del Instituto;
X. La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en
cualquier modalidad de plataformas y medios digitales, radio o televisión;
XI. La obtención de bienes inmuebles con recursos provenientes del
financiamiento público o privado;
XII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones
que calumnien a las personas, instituciones o los Partidos Políticos;
XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en
tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del
Instituto;
XIV. Manifestar su apoyo a otra opción electoral o renunciar para estos fines
en el proceso en el que contienda; y
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XV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta
Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 268
1. Constituyen infracciones de la ciudadanía, de los dirigentes y personas
afiliadas a Partidos Políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral,
a la presente Ley:
I. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto, entregarla
en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el
requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que
celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que
los vincule con los Partidos Políticos, las personas aspirantes, precandidatas o
candidatas a cargos de elección popular;
II. Contratar propaganda en plataformas y medios digitales, radio y
televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la
promoción personal con fines políticos o electorales, tendente a influir en las
preferencias electorales de la ciudadanía, o a favor o en contra de Partidos
Políticos o de las personas candidatas a cargos de elección popular;
III. Contratar propaganda en medios de comunicación distintos a los de
plataformas y medios digitales, radio y televisión, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines
políticos o electorales, tendente a influir en las preferencias electorales de la
ciudadanía, o a favor o en contra de Partidos Políticos o de personas
candidatas a cargos de elección popular;
IV. La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá
como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se
encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan
actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o
denuncia; y
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta
Ley.
Artículo 269
1. Constituyen infracciones de las personas observadoras electorales, y de
las organizaciones con el mismo propósito, el incumplimiento de cualquiera
de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Artículo 270
1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las autoridades o de las
personas servidoras públicas, según sea el caso, de cualquiera de los
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poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y
cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y
auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea
solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro
del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta
el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información
relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección
civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el
artículo 163 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California
Sur, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los
Partidos Políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas o candidatas
durante los procesos electorales;
IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo
octavo del artículo 134 de la Constitución General;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal,
estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía
para votar a favor o en contra de cualquier Partido Político o de persona
candidata;
VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos
electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de
violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos de
esta Ley y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Baja California Sur; y
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta
Ley.
Artículo 271
1. Constituyen infracciones a la presente Ley, las personas titulares de las
notarías públicas que incumplan con la obligación de mantener abiertas sus
oficinas el día de la elección y de atender las solicitudes que les hagan las
autoridades electorales, las personas funcionarias de casilla, la ciudadanía y
las representaciones de los Partidos Políticos, para dar fe de hechos o
certificar documentos concernientes a la elección.
Artículo 272
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1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las personas extranjeras,
las conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución
General, y las leyes aplicables.
Artículo 273
1. Cuando el Instituto tenga conocimiento de infracciones contenidas en el
artículo 452 de la Ley General, así como en los contenidos de plataformas y
medios digitales, dará vista al Consejo General para que, en caso de resultar
procedente, imponga la sanción correspondiente.
Artículo 274
1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las organizaciones que
pretendan constituir Partidos Políticos:
I. No informar mensualmente al Instituto el origen y destino de los recursos
que obtengan para el desarrollo de las actividades tendiente a la obtención
del registro;
II. Permitir que en la creación del Partido Político intervengan organizaciones
gremiales u otras con objeto social diferente a dicho propósito, salvo el caso
de agrupaciones políticas estatales; y
III. Realizar o promover la afiliación colectiva de la ciudadanía a la
agrupación o al Partido Político para el que se pretenda registro.
Artículo 275
1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las organizaciones
sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto
social diferente a la creación de Partidos Políticos, así como de sus
integrantes o dirigentes, cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o
cuando dispongan de los recursos patrimoniales de su organización:
I. Intervenir en la creación y registro de un Partido Político o en actos de
afiliación colectiva a los mismos; y
II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones
contenidas en esta Ley.
Artículo 276
1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de los ministros de culto,
asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión:
I. La inducción a la abstención, a votar por una persona candidata o Partido
Político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al
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culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación, radio,
televisión, de plataformas y medios digitales;
II. Realizar o promover aportaciones económicas a un Partido Político,
aspirante o persona candidata a cargo de elección popular; y
III. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones
contenidas en esta Ley.
Artículo 277
1. Los ministros de cualquier culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de
cualquier religión que contravengan las prohibiciones que establecen el
artículo 130 de la Constitución General, se harán merecedores de las
sanciones que prevén las Leyes en la materia. Para este efecto, el Instituto
integrará el expediente respectivo mismo que remitirá a la autoridad
competente.
Artículo 278
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas
conforme a lo siguiente:
I. Respecto de los Partidos Políticos:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de las
candidatas o candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta
el doble de lo anterior;
c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución;
d) Con la interrupción de la propaganda política o electoral que se transmita
en medios de comunicación, radio, televisión, de plataformas y medios
digitales, en violación de las disposiciones de esta Ley; y
e) En los casos de graves o reiteradas conductas violatorias de la
Constitución local, de la Ley General y de esta Ley, especialmente en cuanto
a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como
las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir,
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atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de
género, con la cancelación de su registro como Partido Político.
II. Respecto de las agrupaciones políticas;
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización, según la gravedad de la falta; y
c) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no
podrá ser menor a seis meses.
III. Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a
cargos de elección popular:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización; y
c) Con la pérdida del derecho de la persona precandidata infractora a ser
registrada como candidata o candidato o, en su caso, si ya está hecho el
registro, con la cancelación de este. Cuando las infracciones cometidas por
personas aspirantes o precandidatas a cargos de elección popular, cuando
sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederán sanción alguna
en contra del Partido Político de que se trate. Cuando la persona
precandidata resulte electa en el proceso interno, el Partido Político no podrá
registrarlo como candidata o candidato.
IV. Respecto de las personas candidatas Independientes:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización;
c) Con la pérdida del derecho de la persona aspirante infractora a ser
registrada como candidata independiente o, en su caso, si ya hubiera sido
registrado, con la cancelación de este;
d) En caso de que la persona aspirante omita informar y comprobar al área
de fiscalización del Instituto Nacional o instituto local en su caso, los gastos
tendientes a recabar el apoyo de la ciudadanía, no podrá ser registrada en
las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las
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responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación
aplicable; y
e) En caso de que la persona candidata independiente omita informar y
comprobar al área de fiscalización del Instituto Nacional o instituto local en
su caso, los gastos de campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado
como candidata en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de
las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la
legislación aplicable.
V. Respecto de la ciudadanía, de las personas dirigentes y afiliadas a los
Partidos Políticos, o de cualquier persona física o moral:
a) Con amonestación pública;
b) Respecto de la ciudadanía, o de las personas dirigentes y afiliadas a los
Partidos Políticos: con multa de hasta quinientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización; en el caso de aportaciones que violen lo
dispuesto en esta Ley, o tratándose de la contratación de propaganda
política o electoral en medios de comunicación, radio, televisión, de
plataformas y medios digitales, con multa de hasta el doble del precio
comercial;
c) Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la
fracción anterior: con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, en el caso de aportaciones que violen lo
dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de propaganda política o
electoral en medios de comunicación, radio, televisión, de plataformas y
medios digitales, con multa de hasta el doble del precio comercial de la
misma; y
d) Respecto de la ciudadanía, o de las personas dirigentes y afiliadas a los
Partidos Políticos, o cualquier persona física o moral, cuando promuevan una
denuncia frívola serán acreedores a una multa de hasta mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización. Para la individualización de las
sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar
en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la
conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o
las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar
de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las
condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el
incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro,
daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
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VI. Respecto de las personas observadoras electorales u organizaciones de
observadores electorales:
a) Con amonestación pública;
b) Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadores
electorales y la inhabilitación para acreditarlos como tales en al menos dos
procesos electorales; y
c) Con multa de hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, tratándose de las organizaciones a las que
pertenezcan los observadores electorales.
VII. Respecto de los medios de comunicación como prensa, radio, televisión,
plataformas y medios digitales:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización, en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos
antes señalados, según corresponda; y
c) Cuando no cumplan las disposiciones de la presente Ley, además de la
multa que, en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la
omisión, conforme lo disponga el Instituto.
VIII. Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir
Partidos Políticos:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización, según la gravedad de la falta; y
c) Con la cancelación del procedimiento tendiente a obtener el registro como
Partido Político.
IX. Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de
cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de
Partidos Políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la
creación y registro de Partidos Políticos:
a) Con amonestación pública; y
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b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización, según la gravedad de la falta.
X. Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las
mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá
sancionarse con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo
que señale la resolución.
Artículo 279
1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna
infracción prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad
electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea
solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los
órganos del Instituto, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso,
presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran
constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante
el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se
proceda en los términos de las Leyes aplicables.
Artículo 280
1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los
mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la
información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que
les sea requerida por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente:
I. Conocida la infracción, el Instituto integrará un expediente que será
remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste
proceda en los términos de Ley;
II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá
comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso; y
III. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento
será turnada a la autoridad competente, a fin de que se proceda en los
términos de las Leyes aplicables.
Artículo 281
1. Cuando el Instituto conozca del incumplimiento por parte de las notarías
públicas a las obligaciones que la presente Ley les impone, integrará un
expediente que se remitirá a la autoridad competente para que proceda en
los términos de la legislación aplicable; estos últimos deberán comunicar al
Instituto, dentro del plazo de veinte días naturales, las medidas que haya
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adoptado y las sanciones impuestas. En todo caso, la autoridad competente
ordenará las medidas cautelares a fin de que la conducta infractora cese de
inmediato.
Artículo 282
1. Cuando el Instituto tenga conocimiento de que una persona extranjera,
por cualquier forma, pretenda inmiscuirse o se inmiscuya en asuntos
políticos, tomará las medidas conducentes y procederá a informar de
inmediato a la Secretaría de Gobernación, para los efectos previstos por la
Ley. Si la persona infractora se encuentra fuera del territorio nacional, el
Instituto procederá a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para
los efectos a que haya lugar.
Artículo 283
1. Cuando el Instituto tenga conocimiento de la comisión de una infracción
por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de
cualquier religión, informará a la Secretaría de Gobernación para los efectos
legales conducentes.
Artículo 284
1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una
vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad
electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la
contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta
Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
III. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora;
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del
incumplimiento de obligaciones.
2. Se considerará reincidente a la persona infractora que habiendo sido
declarada responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a
que se refiere la presente Ley, incurra nuevamente en la misma conducta
infractora al presente ordenamiento legal.
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Artículo 285
1. Las autoridades competentes deberán ordenar medidas cautelares por
infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de
género, son las siguientes:
I. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;
II. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las
razones;
III. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión,
suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;
IV. Ordenar la suspensión de cualquier cargo o puesto de la persona
agresora; y
V. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, víctimas
indirectas y/o víctimas potenciales.
Artículo 286
1. Las multas deberán ser pagadas en el Instituto; si la persona infractora no
cumple con su obligación, el Instituto dará vista a las autoridades
hacendarías a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación
aplicable. En el caso de los Partidos Políticos, el monto de estas se restará de
sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la
resolución.
Artículo 287
1. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas
derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador
electoral considerados en este Título, serán destinados al Consejo
Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología y este los aplicará en la
implementación y desarrollo de programas y proyectos estratégicos de
ciencia, tecnología e innovación en el Estado.
CAPÍTULO TERCERO
Del Procedimiento Sancionador
Artículo 288
1. El Instituto es el órgano competente para la tramitación, sustanciación y
resolución del procedimiento sancionador a través de:
I. La Dirección de Quejas y Denuncias, y del Procedimiento Contencioso
General;
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II. La Comisión de Quejas y Denuncias, y del Procedimiento Contencioso
General; y
III. El Consejo General.
2. Los Consejos Municipales y Distritales, en sus respectivos ámbitos de
competencia, fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de los
procedimientos sancionadores.
3. La Comisión mencionada en la fracción II del presente artículo se integrará
por tres consejeras y/o consejeros electorales, quienes serán designadas,
para un periodo de tres años, por el Consejo General. Sus sesiones y
procedimientos serán determinados en el reglamento que al efecto apruebe
el propio Consejo General.
Artículo 289
1. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles
siguientes a aquel en que se dicten las resoluciones que las motiven y
surtirán sus efectos el mismo día de su realización.
2. Cuando la resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de
una diligencia se notificará personalmente, al menos con tres días hábiles de
anticipación al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o
audiencia. Las demás se harán por cédula que se fijará en los estrados físicos
y digitales del Instituto o del órgano que emita la resolución de que se trate.
En todo caso, las que se dirijan a una autoridad u órgano partidario se
notificarán por oficio.
3. Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles al
interesado o por conducto de la persona que éste haya autorizado para el
efecto.
4. Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero en todo
caso, la primera notificación a alguna de las partes se llevará de forma
personal, en donde se le dará un plazo de tres días hábiles para que señale
domicilio y correo electrónico para las subsecuentes notificaciones.
5. Cuando deba realizarse una notificación personal, la persona notificadora
deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona que deba ser
notificada tiene su domicilio en el inmueble designado y, después de ello,
practicará la diligencia entregando copia autorizada de la resolución
correspondiente, de todo lo cual se asentará razón en autos.
6. Si no se encuentra la persona a notificar en su domicilio, se le dejará con
cualquiera de las personas que allí se encuentren, un citatorio que
contendrá:
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I. Denominación del órgano que dictó la resolución que se pretende notificar;
II. Datos del expediente en el cual se dictó;
III. La resolución que se notifica;
IV. Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se
le entrega; y
V. El señalamiento de la hora a la que, al día siguiente, deberá esperar la
notificación.
7. Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, la persona notificadora se
constituirá nuevamente en el domicilio y si el interesado no se encuentra, se
hará la notificación por estrados físicos y electrónicos, asentándose la razón
correspondiente.
8. Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, las personas que se
encuentran en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio y/o no se
encuentra nadie en el lugar, éste, se fijará en la puerta de entrada,
procediéndose a realizar la notificación por estrados físicos y electrónicos,
asentándose razón de ello en autos.
9. Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia de la
persona interesada, de su representante, o de la persona autorizada ante el
órgano que corresponda.
10. La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de
investigación será personal, se hará a más tardar dentro de los tres días
hábiles siguientes a aquél en que se dicten, entregando a la persona
denunciante y a la persona denunciada copia certificada de la resolución.
11. Los plazos se contarán de momento a momento y si están señalados por
días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. Durante los procesos
electorales todos los días y horas son hábiles. En el caso de las quejas que se
inicien antes del proceso electoral, los plazos se computarán por días hábiles,
respecto de las que se presenten una vez iniciado aquél, por días naturales.
Artículo 290
1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los
hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos; tanto
el área correspondiente del Instituto como el Consejo General podrán invocar
los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por la parte denunciada
o por la parte quejosa. En todo caso, una vez que se haya apersonado quien
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fue denunciada o denunciado al procedimiento de investigación, en el
desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la
prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o
el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio.
2. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las
partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o
hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por
las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas.
3. Serán admitidas las siguientes pruebas:
I. Documentales públicas;
II. Documentales privadas;
III. Técnicas;
IV. Periciales;
V. Presunción legal y humana; y
VI. Instrumental de actuaciones.
4. Además de las anteriores, la confesional y la testimonial podrán ser
admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que
las haya recibido directamente de las personas declarantes, y siempre que
estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su
dicho.
5. La autoridad que sustancie el procedimiento podrá ordenar el desahogo
de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales,
cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y
se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos
denunciados.
6. Cualquiera de las partes podrá aportar pruebas supervenientes hasta
antes del cierre de la instrucción.
7. Admitida una prueba superveniente, se dará vista a la parte quejosa o
denunciada, según corresponda, para que en el plazo de cinco días
manifieste lo que a su derecho convenga.
8. El área correspondiente del Instituto o el Consejo General podrán admitir
aquellas pruebas que habiendo sido ofrecidas en el escrito por el que se
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comparezca al procedimiento y que hayan sido solicitadas a las instancias
correspondientes, no se hubiesen aportado antes de la aprobación del
proyecto de resolución y se aporten hasta veinticuatro horas antes del inicio
de la sesión respectiva. El Consejo General apercibirá a las autoridades, en
caso de que éstas no atiendan en tiempo y forma el requerimiento de las
pruebas.
9. Asimismo, el Consejo General podrá admitir aquellos elementos
probatorios que, habiendo sido solicitados por los órganos del Instituto
dentro de la investigación correspondiente, no se hubiesen recibido sino
hasta veinticuatro horas antes de la sesión respectiva. En estos casos el
Consejo General ordenará la devolución del expediente al área
correspondiente del Instituto para los efectos de que lleve a cabo una
investigación congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.
10. Los órganos que sustancien el procedimiento podrán hacer uso de los
medios de apremio para hacer cumplir sus resoluciones.
Artículo 291
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto,
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así
como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que
produzcan convicción sobre los hechos denunciados.
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba
en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a
que se refieran.
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar
las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan
entre sí.
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un
indicio.
5. Para la resolución expedita de las quejas o denuncias y con el objeto de
determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá
decretar la acumulación por litispendencia, conexidad, o cuando exista
vinculación de dos o más expedientes de procedimientos por que existan
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varias quejas o denuncias contra una misma persona denunciada, respecto
de una misma conducta y provengan de una misma causa.
Artículo 292
1. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia
política en contra de las mujeres por razón de género, la autoridad resolutora
deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que
correspondan considerando al menos las siguientes:
a) Indemnización de la víctima;
b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por
motivos de violencia;
c) Disculpa pública; y
d) Medidas de no repetición.
CAPÍTULO CUARTO
Del Procedimiento Sancionador Ordinario
Artículo 293
1. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de
sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio,
cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de
conductas infractoras.
2. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por
infracciones administrativas prescribe en el término de tres años, contados a
partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de éstos.
Artículo 294
1. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas
violaciones a la normatividad electoral ante el Instituto; las personas morales
lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos de la
legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho.
2. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito o en forma oral y
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Nombre de la persona quejosa o denunciante, con firma autógrafa o huella
digital;
II. Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones;
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III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o
denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados;
V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las
que habrán de requerirse, cuando la persona promovente acredite que
oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le
hubieren sido entregadas. La persona que denuncia deberá relacionar las
pruebas con cada uno de los hechos; y
VI. Los Partidos Políticos deberán presentar las quejas o denuncias por
escrito. En caso de que las representaciones no acrediten su personería, la
queja o denuncia se tendrá por no presentada.
3. Salvo la hipótesis contenida en la última parte del párrafo siguiente, ante
la omisión de cualquiera de los requisitos antes señalados, el área
correspondiente del Instituto prevendrá a la persona que denuncia para que
la subsane dentro del plazo improrrogable de tres días. De la misma forma lo
prevendrá para que aclare su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, vaga o
genérica.
4. En caso de no enmendar la omisión que se le requiera, se tendrá por no
presentada la denuncia.
Artículo 295
1. La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o
denuncia en forma oral, deberá hacerla constar en acta, requiriendo la
ratificación por parte de la persona que denuncia. En caso de no acudir a
ratificar la denuncia o queja dentro del término de tres días contados a partir
de que se le notifique la citación, se tendrá por no formulada la denuncia.
2. Una vez recibida la queja o denuncia, deberá ser remitida dentro del
término de cuarenta y ocho horas al área correspondiente del Instituto para
su trámite, salvo que se requiera de ratificación de la parte quejosa;
supuesto en el que será remitida una vez ratificada o, en su caso cuando
haya concluido el plazo para ello.
3. La autoridad que promueva la denuncia la remitirá inmediatamente al
área correspondiente del Instituto, para que ésta la examine junto con las
pruebas aportadas.
4. Recibida la queja o denuncia, el área correspondiente del Instituto
procederá a:
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I. Su registro, debiendo informar de su presentación al Consejo General;
II. Su revisión para determinar si debe prevenir a la parte quejosa;
III. Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma; y
IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el
desarrollo de la investigación.
5. El área correspondiente del Instituto contará con un plazo de cinco días
para emitir el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento, contado a
partir del día en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se hubiese
prevenido a la parte quejosa, a partir de la recepción del desahogo de la
prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin que se hubiese
desahogado la misma.
Artículo 296
1. La queja o denuncia será improcedente cuando:
I. Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones
a la normatividad interna de un Partido Político, la parte quejosa o
denunciante no acredite su pertenencia al Partido Político de que se trate o
su interés jurídico;
II. La parte quejosa o denunciante no agote previamente las instancias
internas del partido denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones
a su normatividad interna;
III. Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido
materia de otra queja o denuncia que cuente con resolución del Consejo
General respecto al fondo y ésta no se haya impugnado ante el Tribunal
Electoral, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por el mismo
Tribunal Electoral;
IV. Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para
conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan
violaciones a la presente Ley;
V. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:
a) Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de
improcedencia;
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b) La parte denunciada sea un Partido Político que, con posterioridad a la
admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro; y
c) La parte denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando
lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución por parte de la
Secretaría y que, a juicio de esta, o por el avance de la investigación, no se
trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios
rectores de la función electoral.
2. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o
denuncia se realizará de oficio.
3. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, el área correspondiente
del Instituto elaborará un proyecto de resolución por el que se proponga el
desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.
4. Cuando durante la sustanciación de una investigación el área
correspondiente del Instituto advierta hechos distintos al objeto de ese
procedimiento que puedan constituir distintas violaciones electorales, o la
responsabilidad de actores diversos a los denunciados, deberá ordenar el
inicio de oficio, de un nuevo procedimiento de investigación.
5. El área correspondiente del Instituto llevará un registro de las quejas
desechadas e informará de ello al Consejo General.
Artículo 297
1. Admitida la queja o denuncia, el área correspondiente del Instituto
emplazará a la persona denunciada, sin perjuicio de ordenar las diligencias
de investigación que estime necesarias. Con la primera notificación a la
persona denunciada se le correrá traslado con una copia de la queja o
denuncia, así como de las pruebas que, en su caso, haya aportado la persona
denunciante o hubiera obtenido a prevención la autoridad que la recibió,
concediéndole un plazo de cinco días para que conteste respecto a las
imputaciones que se le formulan. La omisión de contestar sobre dichas
imputaciones únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a
ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los
hechos denunciados.
2. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Nombre de la parte denunciada o su representante, con firma autógrafa o
huella digital;
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II. Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos
o declarando que los desconoce;
III. Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones;
IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; y
V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionar éstas
con los hechos o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por
estar en poder de una autoridad y que no le haya sido posible obtener. En
este último supuesto, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas
pruebas.
Artículo 298
1. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por
el Instituto de forma seria, congruente, Idónea, eficaz, expedita, completa y
exhaustiva.
2. Una vez que el área correspondiente tenga conocimiento de los hechos
denunciados, en su caso, dictará de inmediato las medidas necesarias para
dar fe de estos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas
o vestigios, y en general para evitar que se dificulte la investigación.
3. Admitida la queja o denuncia por el área correspondiente del Instituto, se
allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar
el expediente respectivo. El plazo para llevar a cabo la investigación no
podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la recepción del escrito
de queja o denuncia ante autoridad correspondiente o del inicio de oficio del
procedimiento por parte de esta. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera
excepcional por una sola vez, hasta por un período igual al antes señalado,
mediante acuerdo debidamente motivado que emita el área correspondiente
del Instituto.
4. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, el área
correspondiente al Instituto valora que deben dictarse medidas cautelares lo
propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral para que ésta resuelva en un plazo de veinticuatro
horas lo conducente, a fin lograr la cesación de los actos o hechos que
constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la
afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas
en esta Ley.
Artículo 299
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1. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General podrá
solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, según
corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la
realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza
de los hechos denunciados. Con la misma finalidad podrá requerir a las
personas físicas y morales la entrega de informaciones y pruebas que sean
necesarias.
2. Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación deberán ser
efectuadas por el área correspondiente del Instituto, a través del servidor
público o por el apoderado legal que éste designe.
Artículo 300
1. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la
investigación, el área correspondiente del Instituto pondrá el expediente a la
vista de la parte quejosa y de la parte denunciada para que, en un plazo de
cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido este
plazo, procederá a elaborar el proyecto de resolución correspondiente, en un
término improrrogable de quince días contados a partir del desahogo de la
última vista.
Artículo 301
1. El proyecto de resolución que formule el área correspondiente del Instituto
será enviado a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral, dentro del término de cinco días para su conocimiento
y estudio.
Artículo 302
1. Quien presida la citada Comisión, a más tardar al día siguiente de la
recepción del dictamen, convocará a los demás integrantes de ésta a sesión,
la que deberá tener lugar no antes de veinticuatro horas de la fecha de la
convocatoria, con la finalidad de que dicho órgano colegiado analice y valore
el proyecto de resolución, atendiendo a lo siguiente:
I. Si el primer proyecto del área correspondiente del Instituto es el
desechamiento, sobreseimiento de la investigación, la imposición de una
sanción, y la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral está de acuerdo con el sentido de éste, será turnado al
Consejo General para su estudio y votación;
II. En caso de no aprobarse el desechamiento, sobreseimiento o la
imposición de la sanción, la Comisión de Quejas y Denuncias y de
Procedimiento Contencioso Electoral devolverá el proyecto a la secretaría
exponiendo las razones de su devolución, sugiriendo, en su caso, las
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diligencias que estime pertinentes para el perfeccionamiento de la
investigación; y
III. En un plazo no mayor a quince días después de la devolución del
proyecto y las consideraciones al respecto, la Dirección de Quejas, Denuncias
y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva emitirá
un nuevo proyecto de resolución, debiendo considerar los razonamientos y
argumentos que formule la Comisión correspondiente.
Artículo 303
1. Una vez que la persona que presida el Consejo General reciba el proyecto
correspondiente, convocará a sesión, remitiendo copia simple y/o digital de
éste a las cuentas registradas de los integrantes de dicho órgano por lo
menos tres días antes de la fecha de la sesión.
2. En la sesión en la que se conozca el proyecto de resolución, el Consejo
General determinará:
I. Aprobarlo en los términos en que se le presente;
II. Aprobarlo, ordenando a la Secretaría del Consejo General realizar el
engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y
razonamientos expresados por la mayoría;
III. Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre
y cuando se considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido
en el cuerpo del dictamen; o
IV. Rechazarlo y ordenar a la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de
Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, elaborar un
nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y
razonamientos expresados por la mayoría.
3. Rechazado un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un
acuerdo de devolución.
4. En caso de empate motivado por la ausencia de alguna de las consejeras
o consejeros electorales, se procederá a una segunda votación; en caso de
persistir el empate, la consejera o consejero Presidente determinará que se
presente en una sesión posterior, en la que se encuentren presentes todos
los consejeros electorales.
5. La consejera o consejero electoral que disienta de la mayoría podrá
formular voto particular, el cual se insertará en el proyecto respectivo si se
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remite la persona titular de la Secretaría Ejecutiva dentro de los dos días
siguientes a la fecha de su aprobación.
6. En el desahogo de los puntos del orden del día en que el Consejo General
deba resolver sobre los proyectos de resolución relativos a quejas o
denuncias, éstos se agruparán y votarán en un solo acto, salvo que alguno
de sus integrantes proponga su discusión por separado.
CAPÍTULO QUINTO
Del Procedimiento Especial Sancionador
Artículo 304
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Instituto, por
conducto de la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el
presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:
I. Violen lo establecido en la presente Ley en materia de contratación de
propaganda electoral en medios distintos a radio, televisión y medios
digitales;
II. Violen lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución
General y artículo 163 de la Constitución Local;
III. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral
establecidas en esta Ley;
IV. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña; o
V. Cuando se presenten a petición de parte o por oficio, denuncias por
hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de
género.
Artículo 305
1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o
electoral distinta a radio, televisión y medios digitales, la autoridad electoral
administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto.
2. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se
considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se
entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto
en un proceso electoral.
3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:
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I. Nombre de la parte quejosa o denunciante, con firma autógrafa o huella
digital;
II. Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones;
III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;
V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar
las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y
VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.
4. El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia, la remitirá
inmediatamente a la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de
Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, para que ésta
la examine junto con las pruebas aportadas.
5. La denuncia será desechada de plano por la Dirección Ejecutiva de Quejas
y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva, sin prevención alguna, cuando:
I. No reúna los requisitos indicados en el párrafo tercero del presente
artículo;
II. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de
propaganda político-electoral;
III. La parte denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; o
IV. La denuncia sea evidentemente frívola.
6. La Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva deberá admitir o desechar la
denuncia en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su
recepción. En caso de desechamiento, notificará al denunciante su
resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce
horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito y se informará al
Tribunal Electoral, para su conocimiento.
7. Cuando la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia,
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emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una
audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de
cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le
informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá
traslado de la denuncia con sus anexos.
8. Si la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva considera necesaria la
adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y
Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral dentro del mismo plazo
de cuarenta y ocho horas, en los términos establecidos en el artículo 309 de
esta Ley. Esta decisión podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral.
Artículo 306
1. En los procedimientos relacionadas con violencia política contra las
mujeres en razón de género, la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y
de Procedimiento Contencioso Electoral, ordenará en forma sucesiva iniciar
el procedimiento, así como resolver sobre las medidas cautelares y de
protección que fueren necesarias.
2. Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la
Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas
conforme a sus facultades y competencias.
3. Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades
electorales administrativas distritales o locales, de inmediato la remitirán, a
la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que ordene iniciar el procedimiento
correspondiente.
4. Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o
servidora pública, la Secretaría Ejecutiva dará vista de las actuaciones, así
como de su resolución, a las autoridades competentes en materia de
responsabilidades administrativas, para que en su caso apliquen las
sanciones que correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
5. La denuncia deberá contener lo siguiente:
I. Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
II. Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones;
III. Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia;
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IV. Ofrecer y exhibir las pruebas o indicios con que se cuente, que permitan
que la autoridad electoral inicie una investigación; o en su caso, mencionar
las pruebas o indicios que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de
recabarle; y
V. En su caso, las medidas cautelares y de protección que se soliciten.
6. La Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral del instituto, deberá admitir o desechar la denuncia en
un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción; tal
resolución deberá ser confirmada por escrito y se informará al Tribunal
Electoral, y al Tribunal de Justicia Administrativa para su conocimiento.
7. La Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral desechará la denuncia cuando:
I. No se aporten u ofrezcan pruebas o indicios; y
II. Sea notoriamente frívola o improcedente.
8. Cuando la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral admita la denuncia, emplazará a las partes para que
comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro
del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito
respectivo se le informará a la persona denunciada de la infracción que se le
imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos. En lo
procedente, el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos y su traslado
al Tribunal Electoral se desarrollará conforme lo dispuesto en el artículo 307
y 308 de la presente Ley.
Artículo 307
1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera
ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Dirección Ejecutiva de
Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la
Secretaría Ejecutiva, debiéndose levantar constancia de su desarrollo.
2. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la
documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el
oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia.
3. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la
audiencia en el día y hora señalados. La audiencia se desarrollará en los
siguientes términos:
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I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que,
en una intervención no mayor a treinta minutos, resuma el hecho que motivó
la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran.
En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la
Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva actuará como denunciante:
II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que, en un
tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las
pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza;
III. La Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión
de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo; y
IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Dirección Ejecutiva de Quejas y
Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y a la
parte denunciada, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma
escrita o verbal por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos
cada uno.
Artículo 308
1. Celebrada la audiencia, la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de
Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva deberá turnar
de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las
medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al
Tribunal Electoral, así como un informe circunstanciado.
2. El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo siguiente:
I. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia;
II. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;
III. Las pruebas aportadas por las partes;
IV. Las demás actuaciones realizadas; y
V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia.
3. Del informe circunstanciado se enviará una copia a la Comisión de Quejas
y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto para su
conocimiento.
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4. Recibido el expediente, el Tribunal Electoral actuará conforme lo dispone
la legislación aplicable.
Artículo 309
1. Cuando las denuncias a que se refiere este capítulo tengan como motivo
la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de
propaganda política o electoral impresa, de aquélla pintada en bardas o de
cualquier otra diferente a la transmitida por radio, televisión y/o medios
digitales, así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o
campaña en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de
propaganda se estará a lo siguiente:
I. La denuncia será presentada ante el consejo distrital o municipal que
corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta
denunciada o del cargo que se elija; y
II. De manera inmediata, el consejo distrital o municipal que corresponda
remitirá al Instituto, quien, a través del área correspondiente, procederá
conforme al procedimiento y dentro de los plazos señalados por el artículo
anterior.
Artículo 310
1. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial
sancionador referido en el artículo anterior, el Tribunal Electoral.
Artículo 311
1. El Tribunal Electoral, recibirá del Instituto el expediente original formado
con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo.
2. Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, quien presida lo turnará a
la ponencia que corresponda, quién deberá:
I. Radicar la denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento, por parte del
Instituto, de los requisitos previstos en esta Ley;
II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente
o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley;
ordenará al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las
cuales deberá desahogar en la forma más expedita;
III. De persistir la violación procesal, quien ostente la magistratura ponente
podrá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar los
principios de inmediatez y de exhaustividad en la tramitación del
procedimiento. Lo anterior con independencia de la responsabilidad
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administrativa que en su caso pudiera exigirse a las personas funcionarias
electorales;
IV. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, quien
ostente la magistratura ponente dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes contadas a partir de su turno, deberá poner a consideración del
pleno del Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el
procedimiento sancionador; y
V. El Pleno del Tribunal, en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de
veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de
resolución.
Artículo 312
1. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador
podrán tener los efectos siguientes:
I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en
su caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto; o
II. Imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo
dispuesto en esta Ley.
Artículo 313
1. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia
política en contra de las mujeres por razón de género, la autoridad resolutora
deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que
correspondan considerando al menos las siguientes:
I. Indemnización de la víctima;
II. Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por
motivos de violencia;
III. Disculpa pública; y
IV. Medidas de no repetición.
TÍTULO DÉCIMO SEXTO
De las Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas del
Instituto
CAPÍTULO PRIMERO
De las Responsabilidades Administrativas
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Artículo 314
1. Para los efectos del presente capítulo, serán considerados como personas
servidoras públicas del Instituto la Consejera o Consejero Presidente, las
Consejeras o Consejeros electorales del Consejo General y de los consejos
locales y distritales, las personas funcionarias y empleadas y, en general,
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Instituto, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
2. La Contraloría General del Instituto, su titular y el personal adscrito a la
misma, cualquiera que sea su nivel, están impedidos de intervenir o interferir
en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de
atribuciones de naturaleza electoral que la Constitución local y esta Ley
confieren a las personas funcionarias del Instituto.
Artículo 315
1. Serán causas de responsabilidad para las personas servidoras públicas del
Instituto:
I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función
electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto
de terceros;
II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a otros órganos
del Instituto;
III. Desempeñar su función con negligencia, ineptitud o descuido en el
desempeño de las funciones o labores que deban realizar;
IV. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se
encuentren impedidos;
V. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las
disposiciones generales correspondientes;
VI. No poner en conocimiento del Consejo General todo acto tendiente a
vulnerar la independencia de la función electoral;
VII. No preservar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto en el
desempeño de sus labores;
VIII. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su
conocimiento;
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IX. Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;
X. Las previstas, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Baja California Sur; y
XI. Las demás que determine esta Ley o las Leyes que resulten aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades
Administrativas
Artículo 316
1. El procedimiento para determinar las responsabilidades de las personas
servidoras públicas del Instituto a que se refiere este título se iniciará de
oficio o a petición de parte, por queja o denuncia, presentada por cualquier
persona, por la persona servidora pública que tenga conocimiento de los
hechos o, en su caso por el Ministerio Público. No se admitirán denuncias
anónimas. Las responsabilidades administrativas a que se refiere este
artículo prescribirán en tres años.
Artículo 317
1. Las quejas o denuncias que se presenten, de oficio o a petición de parte,
deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes para
establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad de la
persona servidora pública denunciada.
2. Las quejas o denuncias serán improcedentes:
I. Cuando se trate de actos u omisiones imputados a una misma persona que
hayan sido materia de otra queja o denuncia ante la Contraloría General del
Instituto y que cuenten con resolución definitiva;
II. Cuando se denuncien actos u omisiones de los que la Contraloría General
del Instituto resulte incompetente para conocer; y
III. Cuando los actos u omisiones denunciados no constituyan causas de
responsabilidad en los términos de este ordenamiento.
Artículo 318
1. Procederá el sobreseimiento del procedimiento sancionador:
I. Cuando habiendo sido recibida la queja o denuncia, sobrevenga una causa
de improcedencia; y
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II. Cuando el denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y
cuando se exhiba antes de que se dicte resolución.
2. En ningún caso procederá el sobreseimiento cuando se trate de
infracciones graves.
3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o
denuncia será de oficio.
Artículo 319
1. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este
capítulo deberá seguirse el siguiente procedimiento:
I. Recibida la queja o denuncia, y de no encontrarse ninguna causa de
improcedencia o de desechamiento, se enviará copia de esta, con sus
anexos, a la persona servidora pública presunta responsable para que, en un
término de cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos, ofrezca
las pruebas correspondientes y exponga lo que a su derecho convenga. El
informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en
la denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser
propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán ciertos
los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no se pronuncie,
salvo prueba en contrario. La aceptación de los hechos no entraña la
aceptación de la responsabilidad administrativa que se le imputa;
II. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, se resolverá dentro de los
treinta días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o
imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes, y se
notificará la resolución a la persona servidora pública y, en su caso, a la parte
denunciante, dentro de los tres días hábiles cuando se trate de los casos de
responsabilidad señalados en las fracciones II, IV a la VI, y VIII a la XI del
artículo 315 de esta Ley;
III. Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones I, III y VII del
artículo 315 de esta Ley, la persona titular de la Contraloría General citará a
la persona presunta responsable a una audiencia, haciéndole saber la
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora
en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho a ofrecer pruebas y
alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un
defensor. Entre la fecha de citación y la audiencia deberá mediar un plazo no
menor de diez días hábiles ni mayor de quince días hábiles;
IV. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden
elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva
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responsabilidad administrativa a cargo de la presunta parte responsable o de
otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar,
en su caso, la celebración de otra u otras audiencias;
V. Con excepción de la consejera o consejero que preside, los consejeros
electorales y la persona titular de la Secretaría del Consejo General, la
Contraloría General podrá determinar la suspensión temporal de la parte
presunta responsable de su cargo, empleo o comisión, siempre que así
convenga para la conducción o continuación de las investigaciones; la
suspensión cesará cuando así lo resuelva la propia Contraloría General. La
suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute a la
persona servidora pública, lo cual se hará constar expresamente en la
resolución respectiva;
VI. Si la persona servidora pública suspendida temporalmente no resultare
responsable de la falta que se le imputa, será restituida en el goce de sus
derechos y se le cubrirán las percepciones que debiera haber recibido
durante el tiempo en que hubiere estado suspendida; y
VII. Cuando se compruebe la existencia de la infracción motivo de la
denuncia, la persona titular de la Contraloría General impondrá la sanción
que corresponda y dictará las medidas para su corrección y reparación
inmediata.
Artículo 320
1. Las sanciones aplicables a las faltas no graves contempladas en el
presente capítulo y a las cometidas en contravención del artículo 75 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja
California Sur consistirán en:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión; y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones
en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas.
2. La Contraloría General podrá imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean
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compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta
administrativa no grave.
3. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de
uno a treinta días naturales.
4. En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta,
no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.
5. Tratándose de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y de las
personas titulares de las direcciones ejecutivas del Instituto, para la
aplicación de las sanciones por las infracciones a que se refiere el párrafo
anterior, la persona titular de la Contraloría General presentará ante el
Consejo General el expediente respectivo a fin de que resuelva sobre la
procedencia de la sanción.
Artículo 321
1. Las sanciones aplicables a las faltas graves contempladas en el presente
capítulo y a las cometidas en contravención del artículo 78 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California
Sur consistirán en:
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
II. Destitución del empleo, cargo o comisión;
III. Sanción económica; y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones
en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas.
2. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de
treinta a noventa días naturales.
3. En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez
años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede
de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y
de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se
cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán
imponer de tres meses a un año de inhabilitación.
4. Tratándose de la consejera o consejero que preside y las consejeras o
consejeros electorales del Consejo General, solo por infracciones
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administrativas que constituyan conductas graves y sistemáticas, la persona
titular de la Contraloría General notificará al Instituto Nacional, acompañando
el expediente del asunto fundado y motivado, para los efectos
correspondientes
Artículo 322
1. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con
los criterios establecidos, en lo conducente, en los artículos 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80 y demás relativos a la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado y Municipios de Baja California Sur
Artículo 323
1. Con independencia del sentido de la resolución que se dicte al final del
procedimiento, la persona titular de la Contraloría General dictará las
providencias oportunas para la corrección de las irregularidades
administrativas que se detecten en ocasión del trámite de la queja, y si del
contenido de ésta se desprende la realización de una conducta que pudiera
dar lugar a responsabilidad, procederá en los términos previstos en este
capítulo.
Artículo 324
1. Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas
podrán ser impugnadas a través de los medios de defensa que establezca la
Ley en la materia y los demás ordenamientos de carácter reglamentario
aplicable; las personas interesadas podrán optar, según corresponda y en
atención al cargo de la persona servidora pública y al tipo de falta, por la
impugnación directa de aquéllas ante el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Baja California Sur o autoridades competentes en los términos
que fije la Ley.
TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
De los Procesos de Participación Ciudadana
CAPÍTULO ÚNICO
Del Referéndum, Plebiscito, Consulta Ciudadana y Revocación de
Mandato
Artículo 325
1. En los procesos de referéndum, plebiscito y consulta ciudadana, se
aplicarán las reglas específicas señaladas en la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Baja California Sur y se aplicarán en lo conducente
las reglas señaladas para el proceso electoral sobre la preparación, recepción
y cómputo de la votación previstas en la presente Ley.
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2. En cuanto a los procesos de Revocación de Mandato se aplicaran las
reglas establecidas en la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja
California Sur.
Artículo 326
1. Tendrán derecho a participar en los procesos de referéndum, plebiscito,
consulta ciudadana y Revocación de Mandato convocado por las autoridades
la ciudadanía que:
I. Esté inscrita en el listado nominal y cuenten con la credencial para votar
vigente;
II. Estén en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; y
III. Los demás requisitos cuando la naturaleza de los procesos así lo
requieran y lo determine el Consejo General del Instituto.
Artículo 327
1. Para la celebración de los procesos de referéndum, plebiscito y consulta
ciudadana, el Consejo General del Instituto deberá emitir la correspondiente
convocatoria cuyas bases se ajustarán de acuerdo al proceso a realizar, así
como la materia de estas y objetivos a alcanzar.
Artículo 328
1. Los recursos económicos para la celebración de los procesos de
referéndum, plebiscito y consulta ciudadana serán ministrados al Instituto
por la persona titular del Poder Ejecutivo, y en el caso de asuntos
municipales por el ayuntamiento correspondiente; de acuerdo al presupuesto
y solicitud que les sea presentado por el Consejo General del Instituto.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
Sur.
SEGUNDO: Se abroga la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur,
expedida por el Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante
Decreto número 2178, y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, de fecha 28 de junio de 2014, así como sus
subsecuentes reformas y adiciones contenidas en los Decretos: 2379, 2435,
2436, 2573, 2598 y 2728.
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TERCERO: Respecto del tercer párrafo del artículo 31 de la presente Ley, el
periodo de cinco años de ejercicio del titular de la Contraloría General del
Instituto iniciará a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO: Para el proceso electoral 2023-2024, las medidas afirmativas
implementadas en los procesos electorales anteriores por el Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, quedan sin efectos, toda vez que la presente
Ley contempla y protege sus derechos humanos y la progresividad de los
grupos prioritarios y la paridad de género.
QUINTO: Para el proceso electoral 2023-2024, no se aplicarán los bloques de
competitividad contemplados en el artículo 103 de esta Ley, motivado del
acuerdo INE/CG589/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales
uninominales locales en que se divide el Estado de Baja California Sur y sus
respectivas cabeceras distritales.
SEXTO: Envíese al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para
dar cumplimiento con el resolutivo cuarto SUP-REC-343/2020, en donde se
vincula al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y en voto particular
al Congreso del Estado de Baja California Sur, para que antes de que se
verifique el plazo exigido constitucionalmente para emitir las reglas en
materia electoral aplicables para el proceso electoral 2023-2024 en la
entidad, previo desarrollo de las respectivas consultas indígena y
afromexicana, legisle respecto de sus derechos políticos, en particular, a las
candidaturas a diputaciones y Ayuntamientos.
SÉPTIMO: Los asuntos que se encuentren en trámite en el Instituto Estatal
Electoral y en el Tribunal Electoral del Estado a la entrada en vigor del
presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al
momento de su inicio.
OCTAVO: El periodo de la presidencia del Tribunal Estatal Electoral del
Estado de Baja California Sur que se hubiere designado conforme a la
legislación electoral abrogada terminará el 31 de octubre del año
correspondiente a la nueva designación de la Presidencia.
NOVENO: El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral deberán
adecuar sus Reglamentos Internos conforme a las disposiciones del presente
Decreto, en un periodo máximo de sesenta días naturales, posteriores a la
entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO: Las Diputadas y Diputados integrantes de la XVI Legislatura del
Congreso de Baja California Sur, así como los integrantes de los
Ayuntamientos de los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los
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Cabos, electos para el periodo Constitucional 2021-2024, podrán ejercer su
derecho a la elección consecutiva en los términos de este Decreto.
DÉCIMO PRIMERO: El voto de la ciudadanía sudcaliforniana en el extranjero
por vía electrónica se realizará hasta que se cuenten con los instrumentos
que sean validados por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la autoridad competente.
DÉCIMO SEGUNDO: Para el proceso electoral 2023-2024, tratándose de la
paridad de género en las candidaturas a diputaciones de representación
proporcional, los Partidos Políticos podrán registrar su lista de acuerdo a los
procedimientos que hayan sido aprobados en su vida interna, pudiéndola
encabezar una fórmula de mujer o una fórmula de hombres, en caso de que
el género femenino esté subrepresentado en la integración de la legislatura,
se podrá hacer ajuste en la asignación de diputaciones de representación
proporcional para garantizar la integración paritaria de la legislatura.
DÉCIMO TERCERO: Para el proceso electoral 2023-2024, en lo
correspondiente a la paridad de género para las candidaturas a los
ayuntamientos del Estado los Partidos Políticos, podrán postular
indistintamente el género acorde a sus procesos internos en cualquier
posición del bloque de competitividad bajo.
DÉCIMO CUARTO: Para el proceso electoral 2023-2024, en lo
correspondiente a la paridad de género para las candidaturas a los
ayuntamientos del Estado los Partidos Políticos, deberán postular a dos
mujeres en el bloque de competitividad alto.
DÉCIMO QUINTO: Los Partidos Políticos y las agrupaciones políticas que
participen en los procesos electorales en el Estado de Baja California Sur,
deberán adecuar sus Documentos Básicos a lo previsto en esta Ley y las
demás disposiciones legales aplicables.
DÉCIMO SEXTO: Las unidades administrativas contenidas en el artículo 11
fracción V, operarán con el presupuesto de egresos aprobado por el
Congreso.
DÉCIMO SÉPTIMO: Los Partidos Políticos y las agrupaciones políticas que
participen en los procesos electorales en el Estado de Baja California Sur,
podrán postular libremente mujer u hombre en la postulación a la
gubernatura en el proceso electoral 2027 atendiendo el principio de paridad
plasmado en esta Ley.
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA
CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS VEINTIUN DÍAS DEL
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MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. PRESIDENTA.- DIP.
GUADALUPE VÁZQUEZ JACINTO.- Rúbrica. SECRETARIA.- DIP. MARÍA LUISA
TREJO PIÑUELAS.- Rúbrica.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO No. 3059
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR Y A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE
MANDATO Y SE EXPIDE LA LEY DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de agosto de 2024
ARTÍCULO PRIMERO.- …
……….
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman el inciso d) de la fracción I del numeral 1 del
artículo 6, el numeral 1 del artículo 7, la fracción II del numeral I del artículo 8, el
numeral 2 del artículo 325 y el numeral 1 del artículo 326, así como la denominación
del Capitulo Único del Título Séptimo “delos Procesos de Participación Ciudadana”,
todo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja
California Sur, para quedar como sigue:
……….
ARTÍCULO TERCERO.- …
……….
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se derogan todas las
disposiciones normativas que se opongan al mismo.
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Tercero. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al
Instituto Estatal Electoral en materia revocación de mandato, se cubrirán con base
en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO,
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE JULIO
DE 2024. Presidente.- Dip. Eduardo Valentín Van Wormer Castro.- Rúbrica.
Secretaria.- Dip. Gabriela Montoya Terrazas.- Rúbrica.
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