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H. Congreso del Estado de Baja California.
Dirección de Procesos Parlamentarios.
Coordinación de Registro Parlamentario y
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Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Página 1
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
LEY PARA PREVENIR, ERRADICAR LOS DELITOS EN
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS
DELITOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Publicada en el Periódico Oficial No. 19, de fecha
19 de julio de 2013, Tomo CXX
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e
interés social, de observancia general en el Estado de Baja California y tiene por objeto:
I. Prevenir y erradicar la trata de personas;
II. Proteger, apoyar, atender y asistir a las víctimas, ofendidos y testigos de trata de
personas, con la finalidad de garantizar el respeto a su dignidad, su libertad, el desarrollo de
la personalidad, la seguridad y fortalecimiento de sus capacidades;
III. Fijar las atribuciones de las entidades públicas del Estado y sus municipios, en sus
ámbitos de competencia, tendientes a prevenir, combatir y erradicar la trata de personas;
IV. Establecer los criterios de coordinación interinstitucional en relación a la
implementación de políticas públicas, programas de gobierno, acciones y operativos para la
prevención, combate y erradicación de los delitos de trata de personas; y
V. Promover la cultura de la prevención, el estudio, la investigación y el diagnóstico
respecto de los delitos de trata de personas, así como la participación ciudadana en las
políticas, programas y acciones institucionales en relación a la trata de personas en el
Estado.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. La Ley General: La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos;
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
II. La Ley: La Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de
Baja California;
III. El Reglamento: El Reglamento de la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y
Erradicar la Trata de Personas;
IV. La Comisión: La Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas;
V. El Programa Estatal: El Programa Estatal para Erradicar los delitos en materia de
Trata de Personas y para la protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos;
VI. La Coordinación General: La Coordinación General de Atención Integral a
Víctimas de los delitos;
VII. Víctima: Es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u
omisión por los delitos previstos en la Ley General;
VIII. Ofendido: Podrán ser considerados como tal, los familiares de la víctima hasta en
cuarto grado, dependientes económicos, así como a cualquier otra persona que tenga una
relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, hayan sufrido o se
encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o perjuicio por motivos o a
consecuencia de la comisión del delito. Entre los que se encuentran:
a) Hijos o hijas de la víctima;
b) El cónyuge, concubina o concubinario;
c) El heredero declarado judicialmente en los delitos cuyo resultado sea la muerte de
la víctima u ofendido;
d) La persona que hubiere vivido de forma permanente con la víctima durante por lo
menos dos años anteriores al hecho; y
e) La persona que haya sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o
para prevenir la victimización; y
IX. Testigo: Es toda persona que de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos
tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información
para su esclarecimiento, independientemente de su situación legal.
Artículo 3. El Estado de Baja California y sus municipios en el ámbito de sus
respectivas competencias, velarán por el cumplimiento de la presente Ley en coordinación
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
con la Federación, será competente para investigar, procesar y sancionar los delitos
establecidos en la Ley General, cuando no se den los supuestos contenidos en el artículo 5
de dicha ley, por lo que la Federación solo podrá ser competente para investigar, perseguir y
sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando se den los siguientes supuestos:
I. Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.
II. El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando
produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie,
prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que
tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código
Penal Federal;
III. Lo previsto en el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales;
Fracción Reformada
IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de una
entidad federativa la atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho,
así como las circunstancias de ejecución o a la relevancia social del mismo.
V. Que sean cometidos por la delincuencia organizada, en los términos de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada. Para tal efecto la autoridad local deberá
coadyuvar en todo momento con la autoridad federal en la integración de la investigación por
delincuencia organizada.
Artículo Reformado
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 4. Son Principios rectores de la presente Ley, en los términos previstos en la
Ley General de la materia, los siguientes:
I. Máxima protección;
II. Perspectiva de género;
III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación, en los términos del artículo 1o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Interés superior de la infancia;
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V. Debida diligencia;
VI. Prohibición de devolución o expulsión;
VII. Derecho a la reparación del daño;
VIII. Garantía de no revictimización;
IX. Laicidad y libertad de religión; y
X. Presunción de minoría de edad.
CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Artículo 5. El Gobierno Estatal establecerá una Comisión Interinstitucional para
coordinar las acciones de sus miembros en la materia, para elaborar y poner en práctica el
Programa Estatal para Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la
protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos; el cual deberá incluir, cuando menos,
las políticas públicas en materia de prevención, combate y erradicación de la trata de
personas, así como la protección y atención a las víctimas de estos delitos.
Los cargos de los integrantes de la Comisión son de carácter honorífico, con
excepción del Secretario Técnico.
Artículo 6. La Comisión estará integrada por:
I. El titular del Poder Ejecutivo, quien la presidirá.
II. El Secretario General de Gobierno del Estado.
III. El Secretario de Seguridad Pública del Estado.
IV. El Procurador General de Justicia del Estado.
V. El Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado.
VI. El Secretario de Turismo del Estado.
VII. El Secretario de Educación y Bienestar Social del Estado.
VIII. El Secretario de Desarrollo Social del Estado.
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
IX. La titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California.
X. El Presidente del Congreso del Estado.
XI. Un representante de cada uno de los Ayuntamientos del Estado.
XII. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Artículo 7. La Comisión podrá, a propuesta de su presidente, aprobar la
incorporación como integrante de la misma a otras dependencias y organismos oficiales, así
como organismos no gubernamentales.
Artículo 8. La Comisión, a propuesta de su presidente podrá, invitar con efectos
meramente consultivos, a representantes de organismos públicos, organizaciones de la
sociedad civil, así como académicos y expertos en temas vinculados con la trata de
personas.
Artículo 9. La Comisión se coordinará con los gobiernos municipales para el eficaz
cumplimiento de los fines de la Ley y podrá proponerles su inclusión en las actividades que
así se requiera.
Los municipios establecerán los objetivos y estrategias tendientes a la prevención de
los delitos de trata de personas, así como la protección, atención, el apoyo y la asistencia a
las víctimas, ofendidos y testigos de trata de personas, en sus planes y programas de
desarrollo municipales, así como en los programas de trabajo, mediante disposiciones
reglamentarias.
Las autoridades estatales y municipales, de conformidad con sus atribuciones y
facultades legales, deberán adoptar y reglamentar las medidas necesarias para la
inspección a los establecimientos comerciales, agencias de colocación y reclutamiento, a fin
de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres, niñas, niños y
adolescentes se expongan al peligro de la trata de personas y demás delitos que se
establecen en la Ley General.
Párrafo Adicionado
Queda prohibida toda publicidad o inserciones pagadas en los medios de
comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios de
contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata
de personas, de igual forma aquellos que discriminan a la mujer en razón de la edad y
aspecto físico.
Párrafo Adicionado
Artículo Reformado
Artículo 10. La Comisión deberá:
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
I. Elaborar su Reglamento Interno;
II. Elaborar el Programa Estatal;
III. Coordinar a las dependencias, instituciones y entidades en la implementación del
Programa Estatal;
IV. Desarrollar campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de
personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y el respeto a los derechos
humanos, con especial referencia a aquellos que sean considerados como grupos vulnerables;
V. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir convenios de
coordinación con los gobiernos de la federación, otras entidades federativas y los municipios,
en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas, ofendidos y testigos
de los delitos; con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y en su caso, asistirlas en
su regreso a su lugar de origen, así como para prevenir la trata de personas;
VI. Dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan por la ejecución de los
convenios de coordinación;
VII. Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al
interés superior de la infancia, sobre los conceptos fundamentales y las implicaciones de la
trata de personas y de los instrumentos internacionales con la materia al personal de la
administración pública estatal y municipal, relacionados con la prevención e investigación con
este fenómeno delictivo;
VIII. Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre
organismos e instituciones a nivel nacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil
vinculadas con la protección de las personas;
IX. Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de personas,
los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, así como de las diversas
modalidades de sometimiento para cometer este delito;
X. Informar y advertir al personal del sector turístico, tales como cadenas hoteleras,
servicios de transporte público, restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de
la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar las conductas inherentes a la trata
de personas, así como orientarlos en la prevención de este delito;
XI. Orientar al personal responsable de los diversos medios de transporte, acerca de las
medidas necesarias para asegurar, en especial, la protección de las personas menores de
dieciocho o mayores de sesenta años de edad, indígenas, mujeres, así como de quienes no
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tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes sufren de alguna
discapacidad, que viajen solas al interior o exterior del Estado;
XII. Elaborar un informe anual, el cual contendrá los resultados obtenidos del Programa
Estatal, mismo que será remitido al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado;
XIII. Coordinarse con la Comisión u órgano homólogo a nivel federal;
XIV. Asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y
municipal en la realización de acciones tendientes a prevenir y combatir la trata de personas
y proteger a sus víctimas, ofendidos y testigos; y
XV. Las demás que se establezcan en esta Ley y su Reglamento.
Artículo 11. La Comisión, además deberá compilar con la colaboración de
instituciones y organismos competentes los datos estadísticos relativos a la incidencia
delictiva en materia de trata de personas, con la finalidad de utilizarlos en la toma de decisiones
y para la elaboración de los programas en la materia.
CAPÍTULO CUARTO
DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN
Artículo 12. La Comisión contará con un Secretario Técnico remunerado,
quien deberá de cumplir el perfil indicado en el Reglamento, el cual será designado por el
titular del Poder Ejecutivo dependiendo administrativamente de la Secretaría General de
Gobierno.
Las funciones del Secretario Técnico serán:
I. Elaborar propuestas para la formación y modificación del Programa Estatal y
someterlas a la aprobación de la Comisión;
II. Impulsar las relaciones interinstitucionales en relación a la implementación de
políticas públicas, programas de gobierno, acciones y operativos para la prevención,
combate y erradicación de los delitos de trata de personas; así como para la protección,
apoyo, atención y asistencia física, psicológica y social a las víctimas, ofendidos y testigos
de cualquier forma de explotación;
III. Levantar y certificar las actas y acuerdos que se tomen en la Comisión y llevar el
archivo de éstos;
IV. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones de la Comisión;
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
V. Elaborar semestralmente informes de actividades de la Comisión;
VI. Recopilar, administrar y sistematizar la información necesaria para el cumplimiento
de sus atribuciones;
VII. Rendir un informe de sus actividades a la Comisión por escrito, por lo menos cada
tres meses;
VIII. Dar seguimiento a los estudios e investigaciones especializadas sobre la trata de
personas aprobados por la Comisión; y
IX. Las demás que le asigne la Comisión y le confieran otros ordenamientos legales
aplicables.
Artículo 13. La Comisión podrá organizarse en subcomisiones permanentes o
especiales de acuerdo a ejes temáticos, las que serán presididas por un coordinador y
tendrán las facultades que el Reglamento o la Comisión les confieran.
Artículo 14. La Comisión sesionará por lo menos cada tres meses, a convocatoria de
su Presidente, o bien, a solicitud de al menos dos terceras partes de los miembros de la
Comisión.
Para que se instale válidamente deberán estar presentes más de la mitad de sus
integrantes y las decisiones se tomarán por el voto de la mayoría de los presentes.
Artículo 15. La Comisión fomentará las acciones tendientes a fortalecer la
participación ciudadana, la responsabilidad social, la cultura de la denuncia y la prevención
social de los delitos, para lo cual deberá:
a) Sensibilizar a la población mediante la divulgación de material referente a los
derechos de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos de trata de personas;
b) Adoptar y proponer medidas legislativas, educativas, sociales, culturales y de
cualquier otra índole para desalentar la demanda que propicia cualquier forma de
explotación relacionada con el delito de trata de personas;
c) Elaborar estrategias y programas para evitar la comisión de los delitos de trata de
personas, señalando las repercusiones que el delito conlleva;
d) Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los
responsables de los delitos de trata de personas para captar, enganchar, transportar,
transferir, retener, entregar, recibir, alojar o reclutar con fines de explotación a las víctimas;
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
e) Promover la cultura de la denuncia como un factor indispensable en la lucha contra
la delincuencia, la impunidad y la aceptación social de los delitos de trata de personas; y
f) Las demás que considere necesarias para la prevención de estos delitos.
Artículo 16. Las políticas públicas, los programas y demás acciones que se adopten
de conformidad con el presente capítulo incluirán cuando proceda, la cooperación de
organismos de la sociedad civil.
Artículo 17. La Comisión propondrá la adopción de medidas administrativas,
legislativas y de cualquier otra índole, a fin de erradicar los factores de vulnerabilidad ante el
delito de trata de personas.
CAPÍTULO V
DE LA PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y REINTEGRACIÓN SOCIAL
DE LAS VÍCTIMAS, OFENDIDOS Y TESTIGOS
Artículo 18. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus
competencias, procurarán la seguridad de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos de
trata de personas que se encuentren en territorio estatal, con independencia de su situación
migratoria. Además, garantizará a las mismas personas, todos los servicios y atenciones que
para el caso prevean las leyes.
Artículo Reformado
Artículo 19. La Coordinación General, con las autoridades, organismos del Estado y
sus municipios adoptarán, entre otras, las siguientes medidas de atención y protección:
a) Proporcionar orientación jurídica, asistencia social, educativa y laboral a las
víctimas, ofendidos y testigos de los delitos de trata de personas y sus familiares;
b) Auxiliarse de las instituciones, organismos y dependencias correspondientes para
asignar un traductor o interprete, en el caso de que las víctimas, ofendidos y testigos sean
sordomudos, pertenezcan a alguna etnia o comunidad indígena o hablen un dialecto o
idioma diferente al castellano, quien le asistirá en todo momento;
c) Canalizar a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos para que reciban
atención médica y psicológica, en todo momento;
d) Fomentar las estrategias para generar las oportunidades de empleo, educación y
capacitación para el trabajo a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos;
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e) Desarrollar y ejecutar programas de asistencia, que incluyan la construcción y
operación de refugios, albergues adecuados para la asistencia de las víctimas, ofendidos y
testigos de trata de personas, donde se les brinden las condiciones para garantizar el
respeto a sus derechos fundamentales, así como alojamiento por el tiempo necesario,
asistencia médica y psicológica, alimentación y cuidados, atendiendo a las necesidades
particulares de las víctimas, ofendidos y testigos, de conformidad a la disponibilidad
presupuestal;
f) Permitir en todo momento la libertad de comunicación y tránsito de las víctimas,
ofendidos y testigos de los delitos en los albergues o en cualquier otra instalación y que los
mismos puedan salir del lugar si así lo desean; siempre y cuando no se contravenga con
otros ordenamientos jurídicos aplicables;
g) Cuidar que bajo ninguna circunstancia se albergue a las víctimas, ofendidos y
testigos de los delitos en centros preventivos o penitenciarios, ni en lugares habilitados para
tal efecto; y
h) Procurar con los medios a su alcance, protección, seguridad y salvaguarda de la
integridad de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos de trata de personas, ante
amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas de los responsables de los delitos o de
quienes estén ligados con ellos.
Artículo 20. Las autoridades del Estado y sus municipios, protegerán la privacidad y
la identidad de las víctimas, ofendidos y testigos de trata de personas, previendo la
confidencialidad de las actuaciones.
Artículo 21. La Comisión cooperará con la Coordinación General, así como con las
autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, en la
implementación de medidas que procuren la recuperación física, psicológica y social de las
víctimas, ofendidos y testigos del delito de trata de personas, pudiendo coordinarse con
organizaciones de la sociedad civil.
Artículo 22. La Comisión procurará y vigilará que las autoridades estatales y
municipales, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo acciones tendientes a
reintegrar en la sociedad, a las víctimas, ofendidos y testigos del delito de trata de personas,
tomando en consideración la edad, el género, u otras características especiales.
Artículo 23. La Comisión procurará y vigilará que las autoridades estatales y
municipales, en el ámbito de sus competencias, brinden seguridad física de los niños, niñas
y adolescentes víctimas, ofendidos y testigos del delito de trata de personas, mientras se les
asigne un tutor, se entreguen en custodia o adopción.
CAPÍTULO VI
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DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, COMBATIR Y
ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS
Artículo 24. El Programa Estatal constituye el instrumento rector en materia de trata
de personas, el cual deberá incluir políticas públicas de prevención, persecución y combate
al delito de trata de personas; así como de protección, asistencia y atención a las víctimas,
ofendidos y testigos del delito de trata de personas.
Artículo 25. La Comisión en el diseño del Programa Estatal, deberá incluir los
siguientes aspectos:
I. Un diagnóstico con evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la situación que
prevalezca en la materia, así como la identificación de la problemática a superar;
II. Los objetivos generales y específicos del Programa Estatal;
III. Las estrategias y líneas de acción del Programa Estatal, incluyendo aquellas en las
que participe la población activa y propositiva;
IV. Los mecanismos de cooperación interinstitucional;
V. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil
organizada u otras organizaciones relacionadas;
VI. El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, para
sensibilizar a la sociedad sobre las formas de prevención y protección a víctimas, ofendidos
y testigos;
VII. La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del
programa; y
VIII. El establecimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades que deriven
del programa, fijando indicadores para medir los resultados.
Además de las medidas de atención y protección a las víctimas, ofendidos y testigos,
previstas en el artículo 19 de la ley.
CAPÍTULO VII
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Artículo 26. Las autoridades y organismos tanto estatales como municipales y la
Comisión, promoverán la participación ciudadana, a fin de que la población y la sociedad
civil organizada:
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a) Colaboren en la prevención de los delitos de trata de personas;
b) Participen en las campañas y en las acciones derivadas del Programa Estatal a
que se refiere esta Ley;
c) Colaboren con las instituciones a fin de detectar a las víctimas de los delitos de
trata de personas, así como denunciar a los posibles autores de los delitos;
d) Denuncien ante el Ministerio Público o cualquier autoridad, los hechos de que una
persona sea víctima de los delitos de trata de personas; y
e) Proporcionen los datos necesarios para el desarrollo de investigaciones y
estadísticas en la materia.
Artículo 27. Las autoridades vinculadas a la prevención, persecución de los delitos de
trata de personas, así como de protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos
cooperarán entre sí, intercambiando información, a fin de fortalecer las acciones
encaminadas a combatir y prevenir la trata de personas, y asistir a las víctimas, ofendidos y
testigos de este delito.
Artículo 28. La Comisión promoverá que se imparta a la población, capacitación en la
prevención de la trata de personas. La capacitación deberá tener en cuenta la necesidad de
considerar el respeto a los derechos humanos, así como fomentar la colaboración con
organizaciones de la sociedad civil.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DELITOS Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE
CAPÍTULO I
DE LOS DELITOS
Artículo 29. Los delitos en materia de trata de personas y sus sanciones serán los
que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas de estos Delitos.
Artículo 30. En materia de investigación, procedimientos y sanciones, comprendidas
en esta Ley la reparación del daño de los delitos en materia de trata de personas se
aplicarán las disposiciones de la Ley General, y en lo no previsto en ésta se aplicarán
supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de
Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código
Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Artículo Reformado
CAPÍTULO II
DE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS,
OFENDIDOS Y EL FONDO
Artículo 31. El Ejecutivo Estatal en el ámbito de su respectiva competencia, de
acuerdo con su capacidad y disponibilidad presupuestal, contará con un fondo para la
protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en la Ley
General.
Los Fondos se constituirán en los términos y porcentajes que establezca el
Reglamento respectivo y se integrarán de la siguiente manera:
I. Recursos previstos para dicho fin, siempre de conformidad con la capacidad
presupuestal;
II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos
penales que correspondan a los delitos materia de la Ley General;
III. Recursos adicionales obtenidos por los bienes que causen abandono;
IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y
estén relacionados con la comisión de los delitos previstos en la Ley General;
V. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros.
El Fondo para la atención de víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en
la Ley General será administrado por la instancia y en los términos que disponga el
Reglamento, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad que
serán plasmados en el Reglamento correspondiente, el cual determinará los criterios de
asignación de recursos.
Los recursos que integren el Fondo así como los que destine la Federación a los
fondos de protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, serán fiscalizados por
la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado,
según corresponda.
Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de la cuenta pública en los
ámbitos de sus respetivas competencias, fiscalizarán los Fondos de Protección y Asistencia
a las víctimas, ofendidos y testigos.
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
Los recursos del Fondo, así como los correspondientes a los fondos del Estado,
provenientes de las fracciones II, III y IV del presente artículo, podrán utilizarse para el pago
de la reparación del daño a las víctimas y ofendidos en los términos de las legislaciones en
materia de extinción de dominio, en caso de que los recursos del sentenciado sean
insuficientes para cubrir el monto determinado por el juzgador.
Artículo 32. El monto que determine el juez para la reparación del daño deberá
resarcir a las víctimas y ofendidos por los daños ocasionados por cualquiera de las
conductas típicas incluidas en la Ley General.
Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o
pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la
victimización, la prestación de servicios y la restitución de sus derechos, incluyendo:
I. Costos de tratamientos médicos, medicinas, exámenes clínicos e intervenciones
necesarias, rehabilitación física, prótesis o aparatos ortopédicos, de ser el caso, hasta la
total recuperación de las víctimas u ofendidos, así como su rehabilitación;
II. Costos de terapias o tratamientos psiquiátrico, psicológico, rehabilitación social y
ocupacional hasta la total recuperación de la víctima u ofendido;
III. Costos de transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, si así lo deciden
las víctimas y ofendidos, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean
necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación física y psíquica total de las
víctimas u ofendidos;
IV. Pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones
sociales;
V. Daños materiales y pérdida de ingresos, incluida la indemnización laboral por el
tiempo que no pudo trabajar;
VI. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos hasta la total
conclusión de los procedimientos legales necesarios; y
VII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de las víctimas u
ofendidos.
Artículo 33. Cuando servidores públicos u otros agentes que actúen a título oficial,
cometan cualquiera de los delitos objeto de esta Ley, las víctimas u ofendidos serán
resarcidas por el Estado, conforme a la legislación en materia de responsabilidad
patrimonial, a través de las dependencias o instancias cuyos funcionarios o agentes hayan
sido responsables de los delitos o los daños causados.
H. Congreso del Estado de Baja California.
Dirección de Procesos Parlamentarios.
Coordinación de Registro Parlamentario y
Actualización Legislativa.
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes a su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado dentro del término de 90 días, deberá elaborar y
publicar el reglamento correspondiente.
TERCERO. El Ejecutivo del Estado y los municipios deberán incluir a partir del
ejercicio fiscal 2014 y en los subsecuentes, dentro de sus presupuestos anuales, recursos
suficientes para la implementación de programas y acciones para prevenir, atender, combatir
y erradicar dichos delitos.
CUARTO. Treinta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, deberá realizar las acciones
necesarias para la creación de la Fiscalía Especializada a que se refiere la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de conformidad con el presupuesto
que para tal efecto le sea asignado; atentos a lo dispuesto en el artículo transitorio anterior.
QUINTO. Todos los asuntos que se encuentren en etapa de averiguación previa,
proceso, hayan sido sentenciados o se encuentren en la ejecución de sentencia por delitos
relacionados con el presente Decreto, seguirán rigiéndose por las normas vigentes
anteriores a la entrada en vigor del presente decreto.
SEXTO. La constitución de la Comisión Interinstitucional deberá realizarse en un
plazo máximo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley; así como la
designación del Secretario Técnico de ésta.
La Comisión Interinstitucional deberá aprobar en un plazo máximo de sesenta días
naturales a partir de su constitución el Programa Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar
la Trata de personas y remitir a la Secretaría General de Gobierno para su publicación.
DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo
del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil trece.
DIP. GREGORIO CARRANZA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
(RÚBRICA)
DIP. MARCO ANTONIO VIZCARRA CALDERÓN
H. Congreso del Estado de Baja California.
Dirección de Procesos Parlamentarios.
Coordinación de Registro Parlamentario y
Actualización Legislativa.
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
SECRETARIO
(RÚBRICA)
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 49
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, IMPRÍMASE Y PUBLÍQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL TRECE.
JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN
GOBERNADOR DEL ESTADO
(RÚBRICA)
FRANCISCO ANTONIO GARCÍA BURGOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
(RÚBRICA)
H. Congreso del Estado de Baja California.
Dirección de Procesos Parlamentarios.
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Actualización Legislativa.
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
ARTÍCULO 3.- Fue reformado por Decreto No. 71, publicado en el Periódico Oficial
No. 11 Sección IV, Tomo CXXIX, de fecha 11 de febrero de 2022, expedido por la H. XXIV
Legislatura, siendo Gobernadora Constitucional la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda 2022-
2027;
ARTÍCULO 9.- Fue reformado por Decreto No. 595, publicado en el Periódico Oficial
No. 46, Sección III, Tomo CXXIII, de fecha 14 de octubre de 2016, expedido por la H. XXI
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Francisco Arturo Vega de Lamadrid
2013-2019;
ARTÍCULO 18.- Fue reformado por Decreto No. 240, publicado en el Periódico Oficial
No. 47, Sección II, Tomo CXXVIII, de fecha 02 de julio de 2021, expedido por la H. XXIII
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Jaime Bonilla Valdez 2019-2021;
ARTÍCULO 30.- Fue reformado por Decreto No. 71, publicado en el Periódico Oficial
No. 11 Sección IV, Tomo CXXIX, de fecha 11 de febrero de 2022, expedido por la H. XXIV
Legislatura, siendo Gobernadora Constitucional la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda 2022-
2027;
H. Congreso del Estado de Baja California.
Dirección de Procesos Parlamentarios.
Coordinación de Registro Parlamentario y
Actualización Legislativa.
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 595, POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 9, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 46, SECCIÓN
III, TOMO CXXIII, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2016, EXPEDIDO POR LA H. XXI
LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. FRANCISCO ARTURO
VEGA DE LAMADRID 2013-2019.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, deberán
adoptar y reglamentar las medidas a que se refiere el presente decreto, en un plazo no
mayor a 60 días, a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo
del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los ocho días del mes de
septiembre del año dos mil dieciséis.
DIP. MÓNICA BEDOYA SERNA
PRESIDENTA
(RÚBRICA)
DIP. ROSA ISELA PERALTA CASILLAS
SECRETARIA
(RÚBRICA)
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 49
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, IMPRÍMASE Y PUBLÍQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID
GOBERNADOR DEL ESTADO
(RÚBRICA)
FRANCISCO RUEDA GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
(RÚBRICA)
H. Congreso del Estado de Baja California.
Dirección de Procesos Parlamentarios.
Coordinación de Registro Parlamentario y
Actualización Legislativa.
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 240, POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 18, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 47, SECCIÓN
II, TOMO CXXVIII, DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021, EXPEDIDO POR LA H. XXIII
LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. JAIME BONILLA
VALDEZ 2019-2021.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
DADO en Sesión Ordinaria Virtual en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los diecinueve
días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.
DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA
(RÚBRICA)
DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA
SECRETARIA
(RÚBRICA)
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTÍCULO 49
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, IMPRÍMASE Y PUBLÍQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
JAIME BONILLA VALDEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO
(RÚBRICA)
AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
(RÚBRICA)
H. Congreso del Estado de Baja California.
Dirección de Procesos Parlamentarios.
Coordinación de Registro Parlamentario y
Actualización Legislativa.
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Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Página 20
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 71, POR EL QUE SE
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3 Y 30, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 11,
SECCIÓN IV, TOMO CXXIX, DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022, EXPEDIDO POR LA
H. XXIV LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADORA CONSTITUCIONAL LA C. MARINA
DEL PILAR ÁVILA OLMEDA 2021-2027.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
DADO en Sesión Ordinaria Virtual de la XXIV Legislatura en la Ciudad de Mexicali,
B.C., a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintidós.
DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA
PRESIDENTE
(RÚBRICA)
DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ
SECRETARIA
(RÚBRICA)
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 49
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, IMPRÍMASE Y PUBLÍQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA
GOBERNADORA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
(RÚBRICA)
CATALINO ZAVALA MÁRQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(RÚBRICA)
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