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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2024.
Ley publicada en el Periódico Oficial, el 19 de febrero de 1918.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
GUSTAVO ESPINOSA MIRELES, Gobernador Constitucional del Estado, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a sus
habitantes, sabed:
Que el Congreso del mismo ha decretado lo siguiente:
El XXIII Congreso Constitucional y Constituyente del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza,
en ejercicio de los poderes que el Pueblo le ha conferido, decreta la siguiente Constitución Política Reformada, del Estado
de Coahuila de Zaragoza:
TITULO PRIMERO
Del Estado y sus Habitantes
CAPITULO I.
De la Independencia, Soberanía, Forma de Gobierno y Territorio del Estado.
Artículo 1º. El Estado de Coahuila de Zaragoza, es Independiente, Libre y Soberano en lo que toca en su administración y régimen
interior y es parte integrante de la Federación Mexicana.
(REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
Artículo 2º. La soberanía del estado reside esencial y originalmente en el pueblo coahuilense. El pueblo ejerce su soberanía:
I. En forma directa, por medio del sufragio popular, el plebiscito y el referendo para renovar o, en su caso, para vincular en
forma obligatoria a los poderes públicos del estado y de los municipios, en los términos que disponga esta Constitución y
demás leyes aplicables.
II. En forma indirecta, por medio de los poderes públicos del estado y de los municipios, en los términos prescritos por esta
Constitución y con arreglo al pacto fundamental de la República y las leyes que de ellos emanen.
Estas formas de ejercer la soberanía, dentro del régimen interior del estado, son principios esenciales que legitiman el Poder
Público del Estado y que, además, se complementan entre sí dentro del estado humanista, social y democrático de derecho que
salvaguarda esta Constitución.
El plebiscito es la consulta popular mediante la cual los ciudadanos electores coahuilenses aprueban o rechazan las decisiones
trascendentales del Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, en los términos que establezca esta Constitución y demás
disposiciones aplicables.
El referendo es la consulta popular mediante la cual los ciudadanos electores coahuilenses aprueban o rechazan una iniciativa de
ley o decreto o, en su caso, una ley o decreto trascendentales del Poder Legislativo del Estado, en los términos que establezca
esta Constitución y demás disposiciones aplicables.
(REFORMADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 3º. La Soberanía del Estado se ejerce:
I. Por el Gobierno Estatal a través de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas
competencias; y,
II. Por el Gobierno Municipal a través de los Ayuntamientos o, en su caso, de los Concejos Municipales, en el ámbito de su
competencia municipal.
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(ADICIONADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
En el régimen interior del estado, los organismos públicos autónomos son instituciones constitucionales que expresamente se
definen como tales por esta constitución y que se caracterizan por la esencialidad, permanencia, independencia, imparcialidad,
profesionalismo, transparencia, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho. Esta
Constitución y las leyes establecerán las bases de la organización, funcionamiento, modalidades, límites y formas de control de
los organismos públicos autónomos.
(REFORMADO, P.O. 27 DE MARZO DE 2020) (REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 4º.- En el Estado la forma de Gobierno será, republicana, laica, representativa, popular y democrático; considerando a la
democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento de los derechos humanos y en los aspectos económico, social y cultural del pueblo; teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, en los términos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(REFORMADO, P.O. 10 DE ENERO DE 2020) (ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Los Poderes Públicos del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, garantizarán la competencia exclusiva de los Municipios y la
solidaridad entre todos ellos bajo los principios que establece ésta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 5º. El territorio del Estado tiene la extensión y límites que legalmente le corresponden, siendo un deber de las autoridades
y de los ciudadanos conservarlo y defenderlo.
(REFORMADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 6º. Para el cumplimiento de sus funciones, el Estado se dividirá en Distritos, cualquiera que sea su denominación; Zonas
de Desarrollo Económico y demás circunscripciones que se consideren necesarias, con base en la agrupación de sus Municipios.
La determinación, aprobación y publicación oficial de los Distritos, Zonas de Desarrollo Económico y demás circunscripciones, se
hará por los órganos de los poderes públicos competentes; pero en todos los casos los Municipios involucrados deberán ser
consultados y su hacienda municipal no podrá ser afectada, a menos que cada Ayuntamiento preste su consentimiento.
CAPITULO II.
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
Derechos Humanos y sus Garantías.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
Artículo 7º. Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea
parte. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que establece la
Constitución Federal.
(DECRETO 261, ADICIONADO RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, ADICIONADO RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, P.O. 21 DE ENERO DE 2022)
Las personas son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
(ADICIONADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2020)
Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. En la aplicación e interpretación
de las normas de derechos humanos prevalecerá el principio por persona.
(DECRETO 312, REFORMADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2022) (DECRETO 739. ADICIONADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
El Estado reconoce a todos los pueblos indígenas que se han asentado, transitan y/o habitan en nuestro territorio, sin importar su
origen o la época en que iniciaron su residencia o pertenencia originaria, y a los que descienden de poblaciones afromexicanas
establecidas en territorio coahuilense; así como aquellas, que de manera enunciativa y no limitativa, sin tener establecimiento fijo
o permanente, habitan o transitan de manera nómada y organizada para preservar su lenguaje, costumbres, tradiciones y cultura;
a quienes se les brindarán todos los apoyos necesarios para la conservación y preservación de su lenguaje, cultura, costumbres,
formas de subsistencia, además de garantizarles todos los derechos que los tratados internacionales y las leyes nacionales
confieren a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el territorio coahuilense.
(DECRETO 312, ADICIONADO RECORRIENDOSE LAS ULTERIORES, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2022)
Los pueblos originarios y descendientes que habitan o transitan, y en su caso, se establezcan de manera fija, temporal o
permanente en el territorio coahuilense, de manera enunciativa y no limitativa, como Negros Mascogos, Kikapú, Mazahua, la
comunidad y/o nación N’dee/ N’nee/ Ndé, Seminoles, Irritila, Huachichil, la comunidad y/o nación Coahuilteca/Pakahua gozan del
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reconocimiento como pueblos y/o comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Coahuila de Zaragoza para todos los
efectos legales correspondientes.
(ADICIONADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos, las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre
determinación y, en consecuencia, a la autonomía, asegurando la unidad estatal, para:
a) Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
b) Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios
generales que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las garantías
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los
casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
c) Elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en
condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado.
d) Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
e) Conservar y mejorar el hábitat y sus recursos naturales y preservar la integridad de sus tierras, en los términos establecidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas.
f) Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por
integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las
comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
g) Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad
de género, en los términos dispuestos en la Ley, a estos representantes se les denominará Regidor o Regidora Étnico o
Afromexicano.
h) Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que
sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando
los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes respectivas. Los
indígenas tienen, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su
lengua y cultura.
(REFORMADO, P.O. 07 DE AGOSTO DE 2020) (ADICIONADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de promover, respetar,
proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, progresividad y no regresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que determine la ley.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y libertades de las personas. La ley
establecerá mecanismos a favor de las personas, para que el goce de sus derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y
justicia social, sean reales, efectivos y equitativos dentro del estado humanista, social y democrático de derecho que salvaguarda
esta Constitución.
(ADICIONADO, P.O. 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro
de nacimiento.
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(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así
como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para
proteger los derechos de terceros. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los
términos y con las excepciones que fijen las leyes.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
Toda persona tiene derecho a la información pública. La garantía de acceso a la información pública, es un derecho fundamental
que comprende difundir, investigar y recabar información pública, y se definirá a partir de los principios siguientes:
I. Su fundamento reside en el estado humanista, social y democrático de derecho que establece esta Constitución.
II. El acceso libre, gratuito, sencillo, antiformal, eficaz, pronto y expedito a la información.
III. La interpretación constitucional más favorable del principio de publicidad, salvo las excepciones que por razones de interés
público establezca la ley en sentido estricto.
IV. La protección de los datos personales.
V. La obligación de transparencia del Poder Público o cualquier otra entidad que utilice, reciba o disponga de recursos públicos,
en los términos de la ley.
VI. La administración, conservación y preservación de la documentación pública a través de mecanismos confiables, eficientes
y eficaces.
VII. La constitución de un organismo público autónomo conforme a las bases previstas en esta Constitución y las siguientes:
1. Será autoridad constitucional en la materia, independiente en sus funciones y decisiones, y profesional en su
desempeño.
2. Contará con autonomía política, jurídica, administrativa, presupuestal, patrimonial y financiera, en los términos que
establezca la ley.
3. Tendrá a su cargo la rectoría de las siguientes materias:
a) El acceso a la información pública.
b) La cultura de transparencia informativa.
c) Los datos personales.
d) (DEROGADO, P.O. 27 DE MARZO DE 2007)
e) La realización de estadísticas, sondeos, encuestas o cualquier instrumento de opinión pública.
f) Las demás atribuciones que establezca la ley.
4. Su actuación se regirá por los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y
objetividad.
5. Sus integrantes serán designados por el voto de cuando menos las dos terceras partes del Congreso del Estado, en
los términos y conforme al procedimiento que disponga la ley.
(ADICIONADO, P.O. 07 DE AGOSTO DE 2020)
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
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(ADICIONADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)
Las Cartas de los Derechos Fundamentales y esta Constitución, determinan los principios mínimos en los que se sustenta el
ejercicio de los Derechos Humanos. Serán ley suprema en el régimen interior del Estado.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MAYO DE 2014)
Ninguna persona será sometida a desaparición, sea ésta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas
que actúen sin la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MAYO DE 2014)
El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a las personas contra las desapariciones.
(DECRETO 261, REFORMADO, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, REFORMADO, P.O. 21 DE ENERO DE 2022) (ADICIONADO, P.O. 20 DE MAYO DE 2014)
Las personas desaparecidas y quienes hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición, tienen derecho
a buscar y a ser buscadas, a una búsqueda inmediata y efectiva, a la localización de la persona desaparecida, a ser identificada,
reintegrada o restituida en forma digna a su núcleo familiar; a la participación social, a conocer la verdad, a la justicia, a la protección
judicial efectiva, a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición. El Estado garantizará estos derechos.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MAYO DE 2014)
Las personas desaparecidas tienen derecho a continuar con su personalidad jurídica con el fin de garantizar el ejercicio de todos
sus derechos. El Estado adoptará las medidas apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuyo
paradero no haya sido esclarecido. La ley establecerá el procedimiento para la declaración de ausencia por desaparición de
personas.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MAYO DE 2014)
Ninguna persona será sometida a cualquier forma de esclavitud, servidumbre, o a ejecutar un trabajo forzoso.
(ADICIONADO, P.O. 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
Las personas migrantes o desplazadas que ingresen, transiten o residan temporalmente en el territorio del Estado, así como sus
familiares, con independencia de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizados por su condición
de migrantes o desplazados. Tratándose de menores de edad se privilegiará el interés superior de la niñez. Las autoridades de
todos los niveles, en la esfera de su competencia, adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos,
de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del presente artículo.
(DECRETO 261, ADICIONADO, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, ADICIONADO, P.O. 21 DE ENERO DE 2022)
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad,
inclusión e igualdad.
(DECRETO 261, ADICIONADA, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, ADICIONADO, P.O. 21 DE ENERO DE 2022)
Sección Primera
Principios Fundamentales
Artículo 7º- A. La dignidad humana es inviolable. Su respeto y protección más amplia es obligación prioritaria de todas las
autoridades y particulares.
La persona humana debe ser tratada como fin en sí mismo. Es un sujeto de derechos y libertades fundamentales que exigen el
trato digno; en ningún caso como objeto.
Artículo 7º- B. El genoma humano es la base de la unidad biológica fundamental de todos los miembros de la familia humana y
del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad.
Están prohibidas las prácticas contrarias a la dignidad humana. La investigación sobre el genoma humano, sobre todo en el campo
de la biología, la genética y la medicina, deberán orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud de las personas y de toda la
humanidad, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas.
Artículo 7º- C. Las personas tienen el derecho a desarrollar libre y plenamente su personalidad dentro de una comunidad de
derechos y deberes en libertad, igualdad y fraternidad.
La correlación entre derechos y deberes tendrá por objeto garantizar en forma proporcional los derechos de los demás, la seguridad
de todas las personas y las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática.
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Los derechos humanos no son absolutos. Están sujetos a límites razonables, estrictos y necesarios para el debido funcionamiento
de la sociedad democrática.
Artículo 7º- D. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Todas las personas son libres e iguales en dignidad, derechos y deberes. Las personas se deben entre sí la solidaridad justa y
necesaria para vivir en forma libre e igual.
La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe o ponga en riesgo grave a los demás y que no esté explícitamente
prohibido por ley.
La igualdad consiste en poder tener en igualdad de condiciones las mismas oportunidades, poderes o recursos, para posibilitar el
libre desarrollo de la personalidad, sin privilegios, discriminaciones, ni ventajas indebidas. La paridad es una garantía para asegurar
condiciones reales de igualdad entre los diferentes géneros en forma progresiva, transitoria y efectiva.
La seguridad jurídica consiste en la certeza de aplicar normas válidas, ciertas, predecibles y razonables que delimiten la esfera de
lo permitido y de lo prohibido por la ley.
La solidaridad consiste en el deber necesario y proporcional que se deben de manera fraterna las personas para permitir la ayuda
mutua, el desarrollo social de la comunidad y la libertad e igualdad en condiciones de mayor protección prevalente a las personas
en condiciones de vulnerabilidad.
Artículo 7º- E. El principio de inclusión social es la base del Estado social de derecho.
Las personas gozan de los derechos sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, identidad de género, orientación
sexual, idioma, religión, opinión, discapacidades, condición social, de salud y cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
Se prohíbe toda distinción, exclusión o restricción basada en cualquier condición que impida o anule las libertades, derechos o
sus garantías.
Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo efecto sería atentar contra su dignidad,
sus derechos y libertades fundamentales.
Artículo 7º- F. Los derechos humanos son universales, imperativos, innegociables, integrales, indivisibles, progresivos,
interdependientes e interrelacionados. Se reconocen en su conjunto de manera justa y son válidos para todos y vigentes en
cualquier lugar y momento.
Los derechos humanos tienen el mismo valor o peso, sin perjuicio de la prioridad que corresponda a cada uno de ellos conforme
a los principios de contenido esencial, limitación o ponderación según las circunstancias de cada caso concreto.
El disfrute de algunos derechos facilitará el ejercicio o la realización de otros. En ningún caso su reconocimiento, vigencia o disfrute
dependerá uno de otro en forma necesaria.
Se prohibirán las reformas legales o cualquier otro acto de autoridad que impliquen de manera desproporcional medidas regresivas
a los estándares de mayor protección de los derechos humanos.
En estricta observancia a los principios de progresividad y no regresividad previstos en el artículo 199 de esta Constitución, con
fundamento en la dignidad humana y el principio pro persona, los derechos y libertades reconocidos en el Estado, en esta
Constitución y en las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las
personas, nunca en su detrimento, salvo en aquellos casos en los que se justifique plenamente el principio de proporcionalidad en
casos de necesidad social imperiosa.
La progresividad de los derechos y su eficacia se garantizarán a través de una garantía de política pública con enfoque de derechos
humanos. El Estado, a través del Ejecutivo, deberá implementar en su gestión un programa local de política pública para garantizar
la construcción de ciudades de derechos humanos con la colaboración y asistencia neutral de la Comisión de Derechos Humanos
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del Estado, la sociedad civil, la academia y la comunidad local, nacional e internacional, para promover las buenas prácticas y
mayores estándares de derechos humanos.
Los tribunales competentes de la entidad están comprometidos a desarrollar e interpretar los derechos humanos siguiendo los
más altos estándares nacionales e internacionales en la materia.
Artículo 7º- G. Los derechos no son absolutos y tampoco lo son sus límites razonables, justos y previstos en ley proporcional.
En ningún caso se afectará el contenido esencial que fija el núcleo básico que delimita el concepto, alcance y límites de los
derechos humanos.
El principio de proporcionalidad delimitará la validez de las restricciones o permisiones que, en su caso, una norma imponga a
determinados derechos y deberes de las personas.
Las autoridades están obligadas a respetar la proporcionalidad en su actuación de certeza y legalidad que determine sus
facultades, atribuciones o deberes oficiales.
Artículo 7º- H. Los derechos solo pueden ser limitados por causa debida conforme al principio de proporcionalidad.
Los poderes públicos están vinculados y limitados en su actuar por los derechos y garantías fundamentales.
Artículo 7º- I. Los derechos humanos solo pueden suspenderse o restringirse de manera motivada por causa debida establecida
en ley válida, cierta, previsible y razonable.
Las suspensiones o restricciones a los derechos humanos deberán estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo, ser idóneas,
necesarias y estrictamente proporcionales.
La ponderación será un criterio interpretativo de los derechos para resolver conflictos entre derechos bajo la cláusula de máxima
protección del derecho que debe privilegiarse en forma estricta.
El principio de proporcionalidad se examinará de manera estricta o flexible con todas las cláusulas de los derechos humanos que
resulten aplicables para el caso de restricción o de permisión.
Artículo 7º- J. Las personas físicas y jurídicas están vinculadas a las obligaciones de respeto, promoción y protección de los
derechos humanos.
Los actos de los particulares podrán ser justiciables por violaciones de los derechos humanos cuando sean arbitrarias y requieran
tutela efectiva e inmediata en los términos que disponga la ley.
Artículo 7º- K. Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano serán
aplicados e interpretados por todas las autoridades en el ámbito de sus competencias locales, favoreciendo en todo momento la
protección más amplia de los derechos humanos.
Las decisiones emitidas por los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, en el
marco de sus atribuciones locales, conferidas en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, serán
vinculantes para todas las autoridades estatales y municipales.
Las observaciones, comentarios y recomendaciones generales o particulares que realicen dichos organismos internacionales
deberán ser observadas por las autoridades locales, de forma conjunta con los contenidos de los tratados internacionales que les
dan origen conforme al principio de protección más amplia de la persona y su interpretación progresiva.
Artículo 7º- L. Los derechos humanos que se reconocen en el ámbito local no se perderán ni dejarán de ser vinculantes para las
autoridades del Estado por estar fuera del territorio coahuilense.
El estado de la dignidad de las personas y sus derechos que establece esta Constitución, las Cartas de Derechos y sus Protocolos
Adicionales tendrán validez en las otras entidades federativas, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para los efectos del estado civil de las personas.
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Las violaciones graves a los derechos humanos que hayan sido cometidas en otra entidad federativa o en el extranjero en perjuicio
de la ciudadanía coahuilense, podrán ser objeto de tutela en el ámbito local conforme al derecho internacional obligatorio para el
Estado Mexicano. Esta tutela local de los derechos de las personas se activará mediante la prueba de conexión relevante con la
soberanía local o con los elementos del Estado para proteger sus derechos humanos en el régimen interno en los términos que
establezca la ley.
Artículo 7º- M. Todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta Constitución
y en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano serán plenamente justiciables y exigibles.
En ningún caso podrá alegarse falta de norma jurídica o de garantías, que implique su desconocimiento, violación o desprotección.
(DECRETO 261, ADICIONADA, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, ADICIONADO, P.O. 21 DE ENERO DE 2022)
Sección Segunda
Garantismo
Artículo 7º- N. Las garantías de los derechos humanos son los mecanismos o instrumentos otorgados en la presente Constitución,
las Cartas de Derechos y sus Protocolos Adicionales, con la finalidad de asegurar, proteger, defender o salvaguardar los derechos
humanos en forma efectiva y real.
Las garantías de los derechos humanos deben proteger de manera adecuada, necesaria, suficiente y eficaz la titularidad, el
contenido esencial y el ejercicio pleno de los mismos.
Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, progresividad y no regresividad.
Corresponde al Estado promover e instrumentar las garantías fundamentales para que la libertad, igualdad, seguridad y solidaridad
aseguren el disfrute de los derechos y libertades a todas las personas.
La garantía real y efectiva de los derechos requiere que las autoridades contemplen en los presupuestos correspondientes los
recursos de la comunidad para que los derechos humanos puedan ejercerse en libertad, igualdad y fraternidad.
El Estado deberá remover de manera proporcional los obstáculos de orden económico, político, social y cultural que impidan el
pleno desarrollo de la persona y la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social.
La falta de garantías no será razón para negar los derechos. En todo caso se aplicará la progresividad en los casos necesarios.
Artículo 7º- Ñ. Toda persona goza de los derechos, libertades y garantías proclamadas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, esta Constitución, las Cartas de Derechos
y sus Protocolos Adicionales.
Las disposiciones legislativas no deberán entenderse como la negación de otros derechos que, siendo inherentes a la dignidad
humana y a fin de favorecer la protección más favorable, no figuren expresamente en ellos.
Las personas juzgadoras podrán reconocer derechos, libertades y garantías conforme al derecho implícito que esté en
concordancia con los principios de esta Constitución y el principio de primacía internacional.
En los casos de lagunas legislativas, las personas juzgadoras colmarán las omisiones de derechos y garantías bajo el principio de
interpretación conforme, el principio pro persona o la construcción jurídica de las normas.
Artículo 7º- O. El Estado tiene la obligación de no interferir de manera arbitraria en la esfera de la libertad que es propia y exclusiva
de las personas.
El Estado solamente podrá interferir de manera proporcional y con prestaciones positivas a favor de las personas cuando sea
necesario y útil para garantizar su libertad, igualdad, seguridad jurídica y solidaridad.
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Artículo 7º- P. Esta Constitución, las Cartas de Derechos y sus Protocolos Adicionales establecerán las garantías reforzadas de
los derechos humanos de carácter fundamental.
Los Protocolos Adicionales se crearán y reformarán en los mismos términos que establece esta Constitución para las Cartas de
Derechos.
Las cláusulas de intangibilidad de los derechos humanos serán respetadas por los poderes constituyentes o, en su caso,
garantizadas por el Tribunal Constitucional Local en los términos previstos en la ley.
Artículo 7º- Q. Los derechos se garantizarán conforme a la cláusula de igual protección.
La ley deberá garantizar la igualdad de hecho y de derecho.
La cláusula de igualdad de género tendrá por objeto asegurar la participación e integración equilibrada entre hombres y mujeres
en la vida social, cultural, política y económica.
Las personas o grupos que se encuentren en una situación de desventaja y vulnerabilidad tienen derecho a que el Estado adopte
medidas apropiadas y preferenciales para erradicar la condición de desigualdad.
El trato diferenciado se regirá por el principio de proporcionalidad y podrá consistir en prestaciones positivas, políticas públicas o
cualquier otra garantía apropiada, temporal y eficaz para erradicar la desigualdad o la discriminación.
La violación grave por discriminación se reparará con las medidas que hagan cesar de inmediato las situaciones de desigualdad
o de injusticia.
Artículo 7º- R. Las normas que suspendan o restrinjan los derechos humanos de carácter local deberán:
I. Establecerse por ley válida, previsible y razonable, en sentido formal y material;
II. Ser adecuadamente accesible, suficientemente precisa y su contenido razonable conforme al principio de proporcionalidad;
III. Contextualizarse conforme al ámbito para el que fue creada a fin de regular de manera razonable la situación de las personas
a quien se dirige.
La reserva de ley, simple o calificada, se exigirá en la medida en que la materia requiera la exacta y estricta aplicación de la norma.
El juez podrá justificar suspensiones o restricciones a los derechos con base en violaciones a principios constitucionales locales
que impliquen fraude a la ley, abuso del derecho, desviación del poder o cualquier otro ilícito atípico.
Artículo 7º- S. La autoridad competente deberá motivar en forma concreta, autónoma e individualizada el fin legítimo de la
restricción de los derechos, su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
El objetivo que persiga la restricción deberá ser congruente con los principios, fines y normas de esta Constitución, a fin de proteger
los derechos de los demás, la seguridad de todos, el interés general o las justas exigencias del bien común, en el marco de los
fines de la sociedad democrática.
La determinación de la idoneidad de la restricción implica un análisis objetivo a través del cual se establece la relación lógica de
causalidad y, por tanto, si la medida es idónea para lograr el fin legítimo y constitucionalmente aceptable.
La necesidad de la restricción se verifica cuando los medios adoptados por la restricción no sean excesivamente gravosos, sino
útiles para tutelar los fines, así como mediante la constatación de la ausencia de otros medios menos restrictivos e igualmente
idóneos para contribuir a lograr el fin legítimo que se persigue con la restricción.
La estricta proporcionalidad implica la congruencia entre los fines y medios para evitar afectaciones inusuales o excesivamente
gravosas en la titularidad, el contenido esencial o el ejercicio pleno del derecho restringido.
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Artículo 7º- T. Todas las autoridades estarán obligadas a ejercer el control difuso local para proteger los derechos humanos de
esta Constitución, las Cartas de Derechos y sus Protocolos Adicionales de la manera siguiente:
I. La interpretación conforme en sentido amplio, según la cual todas las autoridades del Estado deberán interpretar la norma de
acuerdo a principios y reglas de los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia;
II. La aplicación del principio pro persona, según el cual cuando hay dos o más versiones interpretativas válidas las autoridades
deberán, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos
humanos y amplía su esfera de protección;
III. La inaplicación de la ley o cualquier otra norma secundaria o de su acto indebido de aplicación, como atribución exclusiva de
los jueces, cuando las alternativas anteriores no son posibles;
IV. En todo caso, las personas juzgadoras interpretarán los principios y reglas constitucionales locales para precisar de manera
justificada el sentido y alcance de las mismas.
V. En ningún caso, las autoridades administrativas o organismos públicos autónomos podrán invalidar o desaplicar esta
Constitución o las Cartas Fundamentales de los Derechos. Las personas juzgadoras serán las únicas competentes para
resolver el control difuso o de convencionalidad entre esta Constitución Local y una norma nacional o internacional que el
Estado mexicano debe observar.
Artículo 7º- U. La interpretación de las normas que realice la Corte Interamericana de Derechos Humanos será precedente
vinculante en el ámbito local para interpretar las normas protectoras de derechos humanos, con independencia de si el Estado
Mexicano fue parte o no de la sentencia correspondiente.
La interpretación de las disposiciones normativas que realicen los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas y
el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, será vinculante para todas las autoridades estatales y
municipales, con independencia de la participación del Estado mexicano en el asunto del que haya derivado la interpretación.
El precedente extranjero o comparado en materia de derechos humanos podrá asumirse por los jueces cuando se estime una
mayor protección a la persona que resulte aplicable conforme a una metodología estricta de derecho internacional o derecho
comparado.
Las sentencias, decisiones, recomendaciones, observaciones, comentarios y demás resoluciones de los organismos
internacionales emitidas como parte de sus competencias de resolución de casos o interpretación de las normas internacionales
de derecho humanos que deriven de tratados que el Estado mexicano haya suscrito tendrán el carácter de obligatorias en el
régimen interno.
Artículo 7º- V. Ninguna norma podrá interpretarse en el sentido de implicar para el Estado, un grupo o persona, el derecho a
abusar, destruir o suprimir los derechos o libertades reconocidos en el régimen interior del Estado.
Los derechos y libertades fundamentales no podrán ser ejercidos ni garantizados en oposición a los valores, fines y principios de
los derechos humanos.
Artículo 7º- W. El Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos
que determine la ley.
La tutela de los derechos humanos implica reparar las violaciones graves de los derechos humanos ocurridas dentro y fuera del
Estado, por medio de los tribunales del Poder Judicial conforme al principio de territorialidad o la prueba de conexión relevante.
Se establecerá un sistema de garantías prevalentes de acceso a la justicia con trato sensible a favor de las víctimas que resulten
afectadas de manera grave por un delito de lesa humanidad o por la violación de sus derechos humanos. Este sistema de
protección prevalente garantizará igualmente el derecho a la consulta popular en la justicia, la protección retrospectiva de la ley
más favorable para las víctimas, así como los derechos a la verdad, la reparación integral, la memoria, la no repetición y demás
derechos fundamentales de las víctimas.
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Artículo 7º- X. Los tribunales y las personas juzgadoras deberán garantizar, según la naturaleza de cada juicio, la figura del amicus
curiae en el debido proceso para posibilitar la cultura de los derechos humanos, la participación ciudadana, así como la opinión y
colaboración de los expertos y la sociedad civil para deliberar en forma pública las cuestiones de justicia a resolver.
Quien desee actuar como amicus curiae podrá hacerlo a través de cualquiera de los medios autorizados por la autoridad judicial
conforme al derecho de participación ciudadana.
Las personas juzgadoras podrán convocar de manera pública en los juicios que presidan o instruyan la recepción de escritos,
comunicaciones, audiencias públicas, alegatos de proyectos públicos de sentencias o cualquier otra forma de justicia abierta, en
los términos, condiciones y límites que autoricen durante el proceso.
Artículo 7º- Y. El Tribunal Constitucional Local será competente conforme a la ley, para emitir opiniones o decisiones obligatorias
acerca de la interpretación de esta Constitución, las Cartas de Derechos y sus Protocolos Adicionales, así como de sus proyectos
legislativos.
En todo caso, los jueces deberán garantizar la máxima publicidad de los juicios contra normas que planteen cuestiones
constitucionales o convencionales de derechos humanos.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)
Artículo 8º. En el Estado de Coahuila de Zaragoza, el ejercicio de los derechos fundamentales no tiene más límites que las
disposiciones prohibitivas de la ley. De ésta emanan la autoridad de los que gobiernen y las obligaciones de los gobernados. En
consecuencia, el ejercicio de la autoridad debe concretarse a las atribuciones determinadas en las leyes.
(DECRETO 261, REFORMADO, P.O. 21 DE ENERO DE 2022) (DECRETO 193, REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)
Corresponde a los poderes públicos del estado y de los municipios y a los organismos públicos autónomos, promover e
instrumentar las garantías necesarias para que sean reales, efectivas y democráticas, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica,
la justicia social, la paridad y todos los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, de todas las personas y de
los grupos en que se integran; facilitar su participación en la vida política, económica, cultural y social del estado; así como remover
los obstáculos que impidan o dificulten el pleno desarrollo de estos derechos fundamentales.
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016) (ADICIONADO, P.O. 7 DE MARZO DE 2014)
En el Estado de Coahuila de Zaragoza la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos a favor de niños y niñas,
estará a cargo de una Procuraduría y del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, que
establecerá los mecanismos de coordinación y participación de los poderes públicos del estado y de los municipios, de los
organismos públicos autónomos y la sociedad civil, en los términos que determine la ley, a fin de garantizar el interés superior de
la niñez.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)
Los derechos fundamentales que son inherentes a las personas, así como la premisa esencial para el respeto a la dignidad y al
libre desarrollo del ser humano por lo que, el garantismo y la promoción, fomento y ejercicio de una cultura política basada en la
pluralidad, diversidad, tolerancia y racionalidad, son fundamento de la legitimidad del orden constitucional, del ejercicio del poder
público, de las políticas públicas y de la paz social.
(ADICIONADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
La ley establecerá las formas, términos y procedimientos de los instrumentos de participación ciudadana y comunitaria, para
garantizar el derecho a participar en la vida pública del estado y de los municipios.
(ADICIONADO, P.O. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2003)
El acceso a la información pública garantiza el derecho a la participación de las personas.
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016) (ADICIONADO, P.O. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2003)
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende las libertades de opinión y de investigar, recibir o
comunicar informaciones o ideas sin censura y a través de cualquier medio, sin más límites que los que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(ADICIONADO, P.O. 10 DE ENERO DE 2020)
En el Estado de Coahuila de Zaragoza se protegerá y garantizará el ejercicio del periodismo. Las personas profesionales de la
información, gozarán de todos los derechos y salvaguardas establecidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes aplicables conforme a los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
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(ADICIONADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016)
El acceso a internet y a la banda ancha son derechos reconocidos a todas las personas, de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables en la materia.
CAPITULO III.
Clasificación Política de los Habitantes del Estado:
(REFORMADO, P.O. 20 DE MAYO DE 1967)
Artículo 9º. Las personas que de alguna manera se hallen en territorio del Estado, se considerarán: Coahuilenses; vecinos;
transeúntes y extranjeros.
(REFORMADO, P.O. 20 DE MAYO DE 1967)
Artículo 10. Son coahuilenses:
(REFORMADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
I. Las personas nacidos en el territorio del Estado.
II. Los hijos de coahuilenses sea cual fuere el lugar de su nacimiento.
(REFORMADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
III. Los mexicanos por nacimiento o por naturalización, que teniendo tres años de vecindad continua en el Estado, ejerzan algún
arte, oficio, industria, trabajo, profesión o modo honesto de vivir.
(REFORMADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
IV. Todo aquél que viva o trabaje en Coahuila y que quiere serlo, además de los que obtengan del Congreso del Estado la
calidad de coahuilenses, en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables.
(ADICIONADO, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
La solicitud al Congreso del Estado para estos fines, se formulará de conformidad con la Ley de la materia.
(REFORMADO, P.O. 20 DE MAYO DE 1967)
Artículo 11. Son ciudadanos coahuilenses:
(REFORMADA, P.O. 18 DE MARZO DE 1970)
I. Los varones y las mujeres nacidos en el Estado de Coahuila que hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.
(REFORMADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
II. Los mexicanos por nacimiento que reúnan la calidad de ciudadanos mexicanos, que tengan en el Estado una vecindad
continua de tres años y que ejerzan algún arte u oficio, comercio, industria, trabajo, profesión o modo honesto de vivir.
(REFORMADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
III. Los que obtengan del Congreso del Estado Carta de Ciudadanía Coahuilense, de acuerdo con lo establecido en los
ordenamientos jurídicos aplicables.
(ADICIONADO, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
La solicitud al Congreso del Estado para estos fines, se formulará de conformidad con la Ley de la materia.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 12. Los coahuilenses serán preferidos, en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los
empleos, cargos o comisiones del Gobierno del Estado.
Artículo 13. Son vecinos, los mexicanos que tengan seis meses de residencia continua en el Estado.
Artículo 14. Las personas que se encuentren accidentalmente en el Estado sin ser ciudadanos de éste o coahuilenses, se
considerarán como transeúntes.
(REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
Artículo 15. Son extranjeros los que no reúnan la calidad de mexicanos de conformidad con el artículo 30 de la Constitución
General de la República y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la presente Constitución.
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CAPITULO IV
De las Obligaciones y Derechos de los Habitantes del Estado.
Artículo 16. Son deberes de los habitantes del Estado:
I. Someterse a las leyes vigentes y respetar las autoridades legítimamente constituidas, cooperando al buen nombre y prestigio
de ellas.
II. Inscribirse en el padrón de su respectivo Municipio, manifestando la propiedad que tengan o industria, profesión o trabajo de
que subsistan.
III. Contribuir a los gastos públicos del Municipio, del Estado y de la Federación en la forma proporcional y equitativa que
dispongan las leyes correspondientes.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
IV. Adquirir la educación preescolar, primaria y secundaria , así como la educación media y hacer que la reciban los menores
de edad que estén bajo su potestad o cuidado.
V. Cooperar en cuanto les sea posible al engrandecimiento y prosperidad del Estado y a la defensa de la independencia del
territorio, la honra, derechos o intereses de la República en general y del Estado en particular.
(REFORMADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1938)
Artículo 17. Los habitantes del Estado tienen, además de los derechos concedidos en el Capítulo I de la Constitución General de
la República, los siguientes:
I. Ser amparados y protegidos por las leyes que serán aplicadas con igualdad a todas las personas, siempre que, se encuentren
colocadas en la misma situación jurídica.
(REFORMADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1938)
II. A ser educados en los establecimientos de enseñanza sostenidos con los fondos públicos cumpliendo con las obligaciones
que establezcan las leyes respectivas.
III. A ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado debiendo éstas contestar dentro de un plazo máximo de 15
días, contados desde la fecha en que se recibe la petición, siempre que se hagan conforme a la ley y cuando ésta no marque
término.
IV. A rehusar el pago de todo préstamo o contribución que no esté decretado legalmente.
Artículo 18. Son deberes del ciudadano coahuilense:
(REFORMADA, P.O. 29 DE JUNIO DE 2010)
I. Inscribirse en el padrón del Municipio de su residencia.
(REFORMADA, P.O. 29 DE JUNIO DE 2010)
II. Votar en las elecciones populares en los términos que prescriban las leyes.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024)
III.- Desempeñar los cargos de elección popular, en la forma que establezca la ley;
IV. Alistarse en la Guardia Nacional y servir en ella en los términos que designe la ley respectiva.
Artículo 19. Son derechos de los ciudadanos coahuilenses:
I. Votar y ser electos para los empleos y cargos públicos en la forma y términos que prescriban las leyes.
(ADICIONADO, P.O. 17 DE DICIEMBRE DE 2013)
El derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular ante la autoridad electoral corresponde a los partidos
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones
y términos que determine tanto esta Constitución, como la legislación electoral del Estado.
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(FE DE ERRATAS, P.O. 19 DE FEBRERO DE 2016) (ADICIONADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
Las candidaturas independientes se sujetarán a los requisitos, condiciones y términos que determine esta Constitución y la
legislación electoral del Estado, en especial para garantizar la transparencia, legalidad y fiscalización en el origen y ejercicio de
los recursos. En todo caso, las disposiciones relativas a los partidos políticos, en los procesos electorales, serán aplicables a las
candidaturas independientes con las modalidades específicas que la ley señale.
(FE DE ERRATAS, P.O. 19 DE FEBRERO DE 2016) (ADICIONADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
Los coahuilenses podrán ejercer su derecho a votar, aún estando en territorio extranjero, acorde a las disposiciones legales en la
materia.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024)
El derecho a elegir y a ser electo a un cargo de elección popular que forme parte del Poder Judicial del Estado, se sujetará a las
bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución y demás leyes aplicables;
II. Asociarse pacíficamente para tratar de asuntos políticos del Estado y ejercer en ellos los derechos que las leyes les
conceden.
(ADICIONADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
III. Fomentar, promover y ejercer los instrumentos de participación ciudadana y comunitaria conforme lo establezca la ley.
(ADICIONADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
IV. Los demás que establezca esta Constitución u otras disposiciones aplicables.
Artículo 20. El ejercicio de los derechos de ciudadanos coahuilenses se suspenden:
I. Por sentencia ejecutoria que condene a la suspensión de esos derechos, por el tiempo que ella fije.
II. Por sentencia ejecutoria que condene a pena corporal durante el término de ésta.
III. Por incapacidad natural, durante el término que dure la privación de la inteligencia.
IV. Por ser ebrio o tahúr consuetudinario.
V. Por no cumplir con las prevenciones de las leyes del Registro Civil.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
VI. Por negarse a servir los cargos de elección popular sin causa justificada y calificada por quien corresponda. En este caso, la
suspensión será por el tiempo que deba durar el cargo de que se trate y el remiso sufrirá, además, una sanción económica
que fijará la ley de la materia.
Artículo 21. La calidad de ciudadano coahuilense se pierde:
I. Por las causas que motivan la pérdida de los derechos de ciudadano mexicano, en la forma prescrita en la Constitución
General de la República.
II. Por sentencia ejecutoria en los delitos por los cuales debe imponerse como pena, la pérdida de la ciudadanía.
Artículo 22. La calidad de ciudadano se recobra por haber cesado la causa que dio motivo a la suspensión. Solo el Poder
Legislativo puede rehabilitar en los derechos de ciudadano al que los haya perdido. La rehabilitación se hará de conformidad con
los preceptos de la ley respectiva.
Artículo 23. La vecindad se pierde por dejar de residir en el territorio del Estado durante un año continuo.
Artículo 24. La vecindad no se pierde:
I. Por ausencia en virtud de comisión del servicio público del Estado o de la Federación.
II. Por ausencia en el desempeño de cargos de elección popular.
III. Por ausencia con ocasión de estudios científicos o artísticos.
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Artículo 25. Los extranjeros que residen en el Estado, tienen las garantías que otorga esta Constitución y la General de la
República y las obligaciones de contribuir para los gastos públicos, de respetar las instituciones y autoridades del Estado de
sujetarse a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que los que se conceden a los mexicanos.
TITULO SEGUNDO.
De los Poderes Públicos.
CAPÍTULO I
Del Origen y División del Poder
(REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
Artículo 26. El Poder Público del Estado como expresión constitutiva, concreta y dinámica de la soberanía, emana del pueblo y
se instituye para su beneficio en un marco de respeto a la dignidad, igualdad y libre desarrollo del ser humano, sus derechos
fundamentales y sus garantías constitucionales y legales.
El pueblo, en quien reside esencial y originariamente la soberanía que deposita formalmente en esta Constitución, tendrá siempre
el derecho de elegir o nombrar, conforme a las leyes, a sus representantes en los poderes públicos del estado y de los municipios
y de los organismos públicos autónomos, los cuales ejercerán sus funciones de acuerdo a los principios que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y demás disposiciones aplicables.
(REFORMADO, P.O. 29 DE JUNIO DE 2010)
Artículo 27. La renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como de los ayuntamientos, se realizará mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
1. Las elecciones ordinarias se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda.
2. Toda propaganda gubernamental deberá suspenderse durante el tiempo que comprendan las precampañas y campañas
electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral. Se exceptúa de lo anterior la difusión de campañas de información
de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en
casos de emergencia.
3. Los partidos políticos son entidades de interés público y se regirán por lo siguiente:
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
a) La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, o para la inscripción del mismo ante la autoridad
electoral estatal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, los derechos, obligaciones y
prerrogativas que les corresponden;
b) Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los
términos que señale la ley;
c) La ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con el financiamiento público para llevar a
cabo sus actividades ordinarias y de campaña, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los
de origen privado;
d) La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones que realicen los partidos políticos durante sus
precampañas y campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones, en dinero o en
especie, de sus militantes y simpatizantes y los procedimientos para el control y la vigilancia del origen y uso de todos
los recursos con que cuenten; asimismo, establecerá las sanciones que deban imponerse por la comisión de
infracciones en estas materias;
e) De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos con registro
estatal que lo pierdan y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados al Estado;
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(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
f) Los partidos políticos tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social; su acceso a radio y
televisión, durante los procesos electorales, se realizará en los términos establecidos por el artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes Generales en la materia.
g) En la propaganda política o electoral que difundan, los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a
las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
h) La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos
a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y campañas electorales;
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
i) En la postulación y registro de candidatos a diputados del Congreso del Estado, los partidos garantizarán la paridad.
Las autoridades electorales realizarán las acciones a efecto procurar la paridad en la integración del Congreso al
realizar la asignación de los diputados de representación proporcional.
En la postulación y registro de los candidatos a integrar los ayuntamientos, los partidos políticos garantizarán la
paridad horizontal y vertical, para el registro de candidatos de mayoría y representación proporcional. Las autoridades
electorales realizarán las acciones a efecto de salvaguardar la paridad en la integración del Ayuntamiento al realizar
la asignación de representación proporcional.
(ADICIONADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
j) Los Partidos Políticos tienen derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Los Partidos Políticos
Locales que no alcancen el 3 % del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren
para la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo les será cancelado su registro.
4. (DEROGADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015);
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
5. La organización de las elecciones, plebiscitos y referendos, es una función estatal encomendada a un Organismo público
Local Electoral denominado Instituto Electoral de Coahuila dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya
integración participan los partidos políticos y los ciudadanos. El Instituto se regirá por las siguientes normas y lo que
establezca la ley;
a) Será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño;
tendrá autonomía presupuestal;
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
b) La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores de su
desempeño;
(REFORMADO, P.O. 19 DE FEBRERO DE 2016)
c) Contará en su estructura con los órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia que señale la ley. El Consejo
General será su órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero Presidente y seis Consejeros
Electorales; concurrirán con voz y sin voto los Representantes de los Partidos Políticos y el Secretario Ejecutivo. El
Secretario Ejecutivo será propuesto por la o el Consejero Presidente y aprobado por al menos el voto de cinco
Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local Electoral, durará en su encargo
seis años y podrá ser ratificado por una sola vez en los términos que disponga la ley; tendrá un Contralor interno con
autonomía de gestión; designado por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los diputados
presentes de conformidad con las reglas y el procedimiento establecidos por la ley; durará en su encargo seis años y
podrá ser ratificado por una sola vez.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
d) Tendrá a su cargo, de manera integral y directa, todas las actividades relativas a la organización y desarrollo de los
procesos electorales locales, de los plebiscitos y referendos; los cómputos, declaración de validez y otorgamiento de
constancias en las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos; la fiscalización de los recursos de los
partidos políticos, cuando el Instituto Nacional le delegue esta función, el seguimiento de los compromisos de
campaña de los candidatos mediante la emisión de informes anuales con fines meramente informativos y sin efecto
vinculatorio alguno, y las demás que señale la ley;
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e) (DEROGADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015);
f) La vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos políticos estará a cargo del Instituto, a través de una unidad
técnica cuyo titular será nombrado por el Consejo General, a propuesta de su presidente, por dos terceras partes de
los consejeros con derecho a voto. La unidad contará con autonomía de gestión y desarrollará sus actividades
conforme a la ley, y
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
g) El Instituto Electoral de Coahuila contará con una oficialía electoral investida de fe pública, para actos de naturaleza
electoral cuyas atribuciones y funciones serán reguladas por las leyes generales en la materia y las demás
disposiciones aplicables. El Instituto contará para su funcionamiento permanente con un servicio profesional electoral.
El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, el cual comprende la
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los
servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
6. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y los relativos a
plebiscitos y referendos, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación del que conocerá el Tribunal Electoral del
Estado de Coahuila de Zaragoza. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirá efectos
suspensivos sobre la resolución o el acto reclamado. El Tribunal Electoral será órgano permanente, autónomo y máxima
autoridad jurisdiccional electoral. Se integrará por tres Magistrados, que durarán en su encargo 7 años y cuya designación
se realizará de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes en
la Materia.
El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 158 de esta Constitución, la
máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial, en los términos que establece el
artículo 136 de esta Constitución y demás leyes aplicables.
7. La ley determinará las infracciones y responsabilidades en materia electoral; igualmente establecerá las conductas
tipificadas como delitos electorales, así como las sanciones que deban imponerse en ambos casos.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024)
Artículo 27 Bis. La renovación del Poder Judicial del Estado se realizará mediante elección libre y auténtica basada en el sufragio
universal, directo, libre y secreto, conforme a las bases siguientes:
I.- En materia competencial:
1. La convocatoria de la elección judicial, según corresponda, se realizará por el Congreso del Estado, o en sus recesos,
por la Diputación Permanente, previa información de los cargos judiciales a elegir por parte del Poder Judicial, en los
términos que establezca esta Constitución y las demás leyes aplicables;
2. La inscripción de aspirantes, elegibilidad, participación y evaluación conforme a la garantía del perfil judicial idóneo, le
corresponderá al Comité de Evaluación de cada poder que se conformen en los términos que establezca esta
Constitución y la Ley;
3. La selección de los listados de las candidaturas para elegir los cargos judiciales populares, le corresponderá de manera
exclusiva a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los términos previstos por esta Constitución y las demás leyes
aplicables;
4. La preparación, organización, cómputo y calificación de la jornada del proceso judicial electoral le corresponderá de
manera exclusiva al Instituto Electoral de Coahuila, en los términos que establezca esta Constitución y las demás leyes
aplicables; y
5. El Tribunal Electoral del Estado le corresponderá conocer y resolver las controversias que únicamente presenten las
personas aspirantes y/o candidatas conforme a la Ley.
II. En materia procedimental:
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1. El proceso electoral de la elección judicial se realizará mediante mecanismos públicos, abiertos, transparentes,
inclusivos y accesibles previstos en la Ley para asegurar, en igualdad de condiciones, la participación de las personas
interesadas que reúnan los requisitos establecidos en esta Constitución y demás leyes aplicables;
2. La Ley establecerá la demarcación territorial para celebrar la jornada de la elección popular de los cargos judiciales de
que se trate;
3. La duración de las campañas para cualquier cargo judicial será de 20 ó 10 días, en los términos previstos en la Ley;
4. La ley establecerá ́ las restricciones, prohibiciones y sanciones aplicables a las personas candidatas, servidoras públicas
y demás personas y/o instituciones, públicas o privadas, que contravengan las reglas del proceso judicial previstas en
esta Constitución y demás leyes aplicables;
5. El día de la jornada electoral se celebrará de manera ordinaria para conformar los órganos de elección popular del Poder
Judicial del Estado, el primer domingo del mes de junio del año que corresponda de manera concurrente con los
procesos electorales en que se renueve cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, salvo las elecciones
judiciales extraordinarias o las que tengan por objeto conformar nuevos órganos judiciales que serán electos conforme
a los plazos previstos en la convocatoria que expida el Congreso del Estado, o en sus recesos, la Diputación
Permanente; y
6. El primero de septiembre del año siguiente a la elección judicial iniciará de manera ordinaria las funciones judiciales de
las personas electas por el período constitucional del cargo popular de que se trate, previa su toma de protesta en
términos de Ley.
III. En materia de derechos:
1. Las personas candidatas a los cargos judiciales populares tendrán derecho de acceso a radio y televisión para difundir
su imagen, conforme a la distribución del tiempo que les corresponda conforme a las leyes federales, a través del
Instituto Nacional Electoral;
2. Podrán participar en entrevistas, mesas de discusión o foros de debate organizados por el propio Instituto Electoral de
Coahuila o en aquellos que se organicen de manera gratuita por el sector público, privado o social, en condiciones de
equidad;
3. La carrera judicial es la garantía para asegurar el perfil idóneo a los cargos judiciales populares mediante reglas
meritocráticas de ingreso, formación, ascenso y permanencia del personal del Poder Judicial del Estado, en los términos
que establezca esta Constitución y la Ley;
4. La paridad de género es la garantía de igualdad entre hombres y mujeres que tiene por objeto conformar mediante
acciones paritarias los cargos de elección popular del Poder Judicial, unipersonales y colegiados, en los términos que
establezca la Ley; y
5. Las personas electas tendrán derecho a las garantías judiciales previstas en esta Constitución y demás leyes aplicables,
para asegurar su independencia judicial.
IV. En materia de prohibiciones:
1. Se prohíben los actos anticipados de campaña. La ley establecerá las sanciones correspondientes;
2. Se prohíbe cualquier financiamiento público y/o privado. Solo se permiten los gastos personales de las personas
candidatas que serán autorizados, auditados y sancionados por el Instituto Electoral de Coahuila, en los términos
previstos por la Ley;
3. Se prohíbe la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio
de comunicación para promocionar las candidaturas;
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4. Los partidos políticos tienen prohibido participar en cualquier etapa del proceso judicial. En ningún caso, podrán
intervenir, participar, observar o hacer proselitismo en el proceso electoral judicial, directa o indirectamente, ni mucho
menos podrán expresarse, a través de sus dirigentes, liderazgos y/o militantes, a favor o en contra de las personas
candidatas que participen en el proceso;
5. Los funcionarios públicos deberán observar el principio de neutralidad gubernamental previsto en esta Constitución y
demás leyes aplicables; y
6. Los sindicatos, la iglesia y las personas extranjeras tienen prohibido hacer proselitismo electoral dentro del proceso.
Artículo 28. El Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan reunirse
estos Poderes, ni dos de ellos, en una persona o corporación.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
El Poder Público del Municipio Libre que emana del pueblo, se deposita para su ejercicio en el Ayuntamiento o, en su caso, en el
Concejo Municipal. El Ayuntamiento o el Concejo Municipal se constituirá, dentro del régimen interior del Estado, en un orden
constitucional de gobierno municipal, libre, democrático, republicano, representativo y popular.
(ADICIONADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
Para garantizar la paridad de género, las listas de candidatos a integrantes de los ayuntamientos que presenten los Partidos
Políticos, se registrarán en segmentos conformados por los municipios en los términos que señale la ley. La lista alternará los
candidatos de distinto género, hasta agotar la lista correspondiente iniciando en el candidato o candidata a presidente municipal.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 29. Los cargos públicos son un mandato que el pueblo confiere, para que sean desempeñados por los ciudadanos que
merezcan su confianza. Ningún servidor público será inamovible en el desempeño de su encargo, excepción hecha de lo que la
Constitución dispone para los miembros del Poder Judicial.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 30. El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún
motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, substituto o encargado del despacho.
Nunca podrán ser electos para el período inmediato, el Gobernador substituto o el designado para concluir el período en caso de
falta absoluta del constitucional, independientemente de la denominación que se le dé: así como el Gobernador interino, el
provisional o el ciudadano que bajo cualquiera denominación, sea nombrado para cubrir faltas temporales del Gobernador, siempre
que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
Los Diputados del Congreso del Estado, podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, así como las
personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de
esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé o las que integren un Concejo Municipal, podrán ser electas para
el período inmediato.
(REFORMADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 31. La condición de servidor público del Estado o del Municipio, independientemente de la categoría, es incompatible con
el desempeño de cualquier otro cargo de la Federación, del Estado o de los Municipios. Para desempeñar un cargo diferente, el
servidor público del Estado o del Municipio deberá separarse previamente del mismo en los términos que establezca esta
Constitución y las demás leyes aplicables.
Cualquier otro régimen de incompatibilidad de los servidores públicos y sus excepciones podrán establecerse en la legislación
correspondiente.
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TITULO TERCERO.
Del Poder Legislativo.
CAPITULO I.
Elección e Instalación.
Artículo 32. Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en una Asamblea que se denominará: Congreso del Estado
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE JUNIO DE 2010)
Artículo 33. El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años y se integrará con dieciséis diputados electos
según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales, y con nueve diputados electos por el principio
de representación proporcional, los cuales serán asignados en los términos que establezca la ley entre aquellos partidos políticos
que obtengan cuando menos el 2% de la votación válida emitida en el Estado para la elección de Diputados.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
Por cada diputado propietario, deberá elegirse un suplente en los términos que establezca la ley. Las fórmulas para Diputados al
Congreso del Estado que registren los Partidos Políticos, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación
proporcional, estarán compuestas cada una por un Propietario y un Suplente ambos del mismo género. La Lista de Representación
Proporcional de Diputados al Congreso del Estado, se integrarán alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el
principio de paridad hasta agotar la lista.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado, y con objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de
los distritos se integrará con candidatos de un género diferente. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado
que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes
de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
(ADICIONADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
En el caso de candidatos independientes que se registren para contender por el principio de mayoría relativa, la fórmula de
propietario y suplente, deberá estar integrada por el mismo género.
(REFORMADO, P.O. 6 DE FEBRERO DE 2009)
Artículo 34. La demarcación territorial de los dieciséis distritos electorales se determinará por la ley de la materia.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE JUNIO DE 2010)
Artículo 35. Para tener derecho a participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional, los partidos políticos
deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley. Cubiertos los requisitos legales, las diputaciones serán distribuidas
conforme a las fórmulas de asignación que determine la ley de la materia.
En todo caso, la elección de los diputados de representación proporcional se sujetará a los principios y bases siguientes:
I. El pluralismo político como equilibrio de representación democrática en los términos que disponga esta Constitución y las
leyes.
II. Se constituirá una circunscripción electoral cuya demarcación será el Estado.
(REFORMADA, P.O. 29 DE JUNIO DE 2010)
III. El partido deberá registrar candidatos a diputados por mayoría relativa, en el número de distritos electorales que la ley señale.
IV. La ley establecerá las fórmulas, reglas, porcentajes específicos, rondas de asignación, requisitos y demás procedimientos
para la asignación de los diputados de representación proporcional.
V. El orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas o fórmulas de representación proporcional.
(REFORMADA, P.O. 6 DE FEBRERO DE 2009)
VI. El tope máximo de Diputados que puede alcanzar un partido por ambos principios, no excederá de dieciséis Diputados en
los términos que disponga la ley.
21
(ADICIONADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje
del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.
(ADICIONADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total
de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.
(ADICIONADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.
(REFORMADO P.O. 22 DE ABRIL DE 1994)
Artículo 36. Para ser diputado propietario o suplente se requiere:
(REFORMADA P.O. 22 DE ABRIL DE 1994)
I. Ser ciudadano coahuilense o estar avecindado en el Estado cuando menos tres años continuos inmediatamente anteriores
al día de la elección;
(REFORMADA, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 1974)
II. Tener 21 años cumplidos el día de la elección.
III. No estar en ejercicio activo en el Ejército Nacional ni tener mando en la Policía del Distrito, en que se pretenda su elección,
cuando menos noventa días antes de ella.
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
IV. No ser Secretario de la Administración Pública Estatal, Magistrado del Poder Judicial, Presidente Municipal, Síndico o
Regidor, Consejero o integrante del órgano de dirección de los organismos públicos autónomos, Fiscal General del Estado,
Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, titular de algún organismo descentralizado,
miembro de los órganos directivos y técnicos o integrante del cuerpo del servicio profesional electoral del Instituto Electoral
de Coahuila, ni Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, salvo que se separe de
su encargo en los términos que señale la legislación reglamentaria.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 37. El cargo de Diputado es incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o del
Municipio, por el que se perciba sueldo o emolumentos del erario público excepto los cargos de carácter docente y honoríficos.
Artículo 38. Las faltas temporales o absolutas de los Diputados Propietarios se cubrirán por los Suplentes respectivos.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
Artículo 39. Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo, y no podrán ser
reconvenidos ni procesados por ellas en ningún tiempo, ni por ninguna Autoridad.
El Presidente del Congreso velará por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 40. Para proceder contra los diputados que incurran en responsabilidad política, penal y administrativa, se observará lo
dispuesto en el Título Sexto de esta Constitución.
Artículo 41. Nadie puede excusarse de servir el cargo de diputado sino por causa bastante, a juicio del Congreso,
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008)
Artículo 42. Los Diputados recibirán una remuneración por el desempeño de su cargo, la cual se determinará conforme a lo
dispuesto en el Título Octavo de esta misma Constitución.
Artículo 43. Los Diputados, en funciones, sólo desempeñaran cargos de la Federación, del Estado o del Municipio, con licencia
de la Legislatura o de la Diputación Permanente, pero entonces cesarán en su cargo, mientras dure la nueva comisión.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
Artículo 44. Para que los diputados se consideren legalmente electos, al declararse válidas las elecciones, deberán recibir del
Instituto Electoral de Coahuila, el documento oficial que los acredite con esa calidad.
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(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 45. El Congreso del Estado expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. La Ley determinará las
formas y procedimientos para la agrupación de los Diputados.
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2012)
Esta Ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Estatal para tener vigencia. Los Diputados tendrán la
facultad exclusiva de aprobar, reformar y adicionar este ordenamiento.
CAPITULO II.
De las Sesiones del Congreso.
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2012)
Artículo 46. El Congreso tendrá dos períodos ordinarios de sesiones cada año. El primero iniciará el primer día hábil de marzo y
terminará a más tardar el 30 de junio. El segundo iniciará el primer día hábil de septiembre y concluirá a más tardar el 31 de
diciembre. Estos períodos serán improrrogables.
El Congreso también podrá celebrar períodos extraordinarios de sesiones, conforme a lo establecido en los Artículos 47, 48 y
demás aplicables de esta Constitución y a lo dispuesto en la Ley Orgánica del propio Congreso del Estado. En los períodos
extraordinarios se celebrarán las sesiones que sean necesarias para la atención de los asuntos que deban desahogarse durante
los mismos.
Al renovarse el Congreso del Estado, los diputados electos concurrirán a la sede oficial del Poder Legislativo, el día primero de
enero del año inmediato posterior al de la elección, para proceder a la instalación de la Legislatura correspondiente.
Para este efecto, se celebrará un período de instalación que tendrá una duración de hasta quince días y en el cual se atenderán
los asuntos y trabajos relacionados con la organización y funcionamiento de la nueva Legislatura, que señale la Ley Orgánica del
Congreso del Estado.
Artículo 47. El Congreso podrá reunirse en sesiones extraordinarias cada vez que fuere convocado por el Ejecutivo o por la
Diputación Permanente, y durante ellas se ocupará exclusivamente de los asuntos comprendidos en la convocatoria y de los que
se califiquen de urgentes, por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes.
Artículo 48. Las sesiones extraordinarias deberán cerrarse precisamente antes del día en que deban celebrarse las ordinarias,
aún cuando no hayan sido despachados los asuntos que motivaron la convocatoria, los que se resolverán de preferencia en el
período ordinario.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
Artículo 49. El Gobernador del Estado asistirá el 30 de noviembre de cada año al Congreso, a informar sobre el estado general
que guarda la administración pública estatal.
Tratándose del último año de su gestión, el Gobernador podrá, de acuerdo con el Congreso, rendir el informe a que se refiere el
párrafo anterior dentro de los primeros quince días del mes de noviembre del año que corresponda.
Artículo 50. La clausura de las sesiones tendrá lugar por un acuerdo que se comunicará al Ejecutivo y demás Poderes de la
República.
(REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
Artículo 51. El Congreso no puede abrir sus períodos de sesiones ni ejercer sus funciones sin la concurrencia de más de la mitad
del número total de sus miembros.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
Los diputados electos que concurran a la instalación del Congreso del Estado, exhortarán a los ausentes para que en un plazo de
tres días se presenten, con la advertencia de que, si no lo hiciesen sin causa justificada, se entenderá por ese sólo hecho que no
aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual y si tampoco lo hiciesen, se
declarará vacante el cargo. En este último caso, el Instituto Electoral de Coahuila convocará a nuevas elecciones, cuando así
proceda.
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Se entiende también que los diputados que falten a tres sesiones consecutivas, sin causa justificada o sin previa licencia del
Presidente del Congreso, con la cual se dará conocimiento a éste, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose
desde luego a los suplentes.
Incurrirá en responsabilidad y se hará acreedor a las sanciones que la Ley señale, quien habiendo sido electo Diputado no se
presente, sin causa justificada a juicio del Congreso, a desempeñar el cargo o a ejercer la función.
Artículo 52. Para que una disposición del Congreso se tenga como legítima es necesario que sea aprobada por mayoría de votos
de los Diputados presentes, excepto en aquellos casos en que esta Constitución exija mayor número.
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
Artículo 53. Al discutirse los dictámenes sobre iniciativas de leyes concernientes a la Administración de Justicia y Codificación,
podrán asistir a las sesiones el Magistrado o Magistrados que el Supremo Tribunal designe y a quienes se les concederá el uso
de la palabra para que opinen o informen sobre dichos dictámenes.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
El Congreso del Estado, podrá solicitar del gobernador la comparecencia de los secretarios del ramo, así como la de quienes
dirijan entidades paraestatales, para que informen cuando se discuta una Ley, o se estudie un asunto concerniente a sus
respectivos ramos o actividades.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 54. Las sesiones serán públicas; pero cuando se trate de asuntos que exijan reserva, las habrá secretas, de conformidad
con lo que establezca la Ley Orgánica del Congreso Estatal.
Artículo 55. El lugar de sesiones del Congreso será el designado por el mismo para la residencia de los Poderes del Estado y no
podrá trasladarse a otro punto sin que para ello estén de acuerdo las dos terceras partes de los diputados presentes.
(ADICIONADO, P.O. 24 DE ABRIL DE 2020)
De manera excepcional, en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales lo acuerde el Pleno por mayoría
calificada, las sesiones se podrán realizar de forma virtual, por medios electrónicos, para desahogar los asuntos concretos
acordados.
Artículo 56. El Congreso en calidad de Jurado, no tendrá receso.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 57. El Congreso en todo lo que concierne a su régimen interior, se sujetará a las prevenciones de su Ley, en lo que no
se oponga a los preceptos constitucionales.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 58. La Ley Orgánica del Congreso del Estado señalará las formalidades con que deban celebrarse las sesiones de
apertura y de clausura.
CAPITULO III.
De la Iniciativa y Formación de las Leyes.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 59. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. A los Diputados.
II. Al Gobernador del Estado.
III. Al Tribunal Superior, en materia de Administración de Justicia y Codificación.
(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
IV. A los Ayuntamientos del Estado, en todo lo concerniente a su competencia municipal. En este caso, la iniciativa se presentará
por conducto del presidente municipal, previo acuerdo de la mayoría de los miembros presentes de los Ayuntamientos.
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(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)
V. A los organismos públicos autónomos, en todo lo concerniente a su competencia. En este caso, la iniciativa se presentará
por conducto del Presidente del organismo previo acuerdo del Consejo General, por el Magistrado Presidente del Tribunal
de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza o el Fiscal General del Estado, según corresponda.
(REFORMADA, P.O. 10 DE JUNIO DE 2008)
VI. A los ciudadanos coahuilenses y a los que sin serlo acrediten que han residido en el Estado por más de tres años. Este
derecho se ejercerá en los términos que establezca la ley.
(REFORMADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016) (ADICIONADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
VII. Al instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, en todo lo concerniente a su competencia. La iniciativa se
presentará por conducto del Comisionado Presidente, previo acuerdo del Consejo General.
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
VIII. (DEROGADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
(REFORMADO, P.O. 2 DE DICIEMBRE DE 2016) (REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)
Artículo 60. Las Iniciativas presentadas por el Ejecutivo, Tribunal Superior, Organismos Públicos Autónomos, la Procuraduría
General de Justicia del Estado o Ayuntamientos pasarán desde luego, a Comisión. Las de los Diputados, se sujetarán al trámite
que disponga la Ley Orgánica del Congreso.
(REFORMADO, P.O. 10 DE JUNIO DE 2008)
Las iniciativas presentadas por los sujetos a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, se sujetarán al trámite que
establezcan las disposiciones legales aplicables.
(REFORMADO, P.O. 2 DE DICIEMBRE DE 2016) (REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
Cuando un Ayuntamiento presente una ley o decreto en materia municipal, el Congreso del Estado podrá pedir la opinión del
Ejecutivo del Estado, antes de elaborar el dictamen.
(REFORMADO, P.O. 2 DE DICIEMBRE DE 2016) (ADICIONADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
Por ley o decreto en materia municipal se entenderá sólo aquella norma o normas secundarias a que se refieren los incisos del a)
al e) de la fracción IX del artículo 67 de esta Constitución. No serán leyes o decretos en materia municipal aquellas normas fiscales
o presupuestales que deban ser aprobadas para el ejercicio fiscal del año siguiente.
Artículo 61. Todo proyecto de ley que fuere desechado, no podrá volverse a presentar en el mismo período de sesiones.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 62. Toda iniciativa de ley o decreto deberá sujetarse a los trámites siguientes:
I. Dictamen de Comisión.
(REFORMADO, P.O. 3 DE DICIEMBRE DE 2004)
II. Una, o dos discusiones en el supuesto que expresa la fracción V de este artículo.
(REFORMADA, P.O. 9 DE ENERO DE 1998)
III. La discusión se verificará el día que designe el Presidente del Congreso, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
IV. Terminada esta discusión se votara la ley o decreto, y aprobado que sea, se pasará al Ejecutivo para su promulgación,
publicación y observancia.
V. Si el Ejecutivo devolviere la ley o decreto con observaciones, volverá a la Comisión respectiva para que presente nuevo
dictamen.
VI. El nuevo dictamen se volverá a discutir y a esta segunda discusión podrá asistir y tomar parte en ella el Gobernador del
Estado o el orador que nombre al efecto.
(REFORMADA, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
VII. Si el proyecto devuelto con observaciones por el Ejecutivo, fuere confirmado por las dos terceras partes del número total de
votos, se declarará ley o decreto y se enviará de nuevo al Ejecutivo, para en el término de 10 días naturales siguientes ordene
su promulgación y publicación; en caso de no hacerlo, transcurrido dicho plazo, la ley o decreto será considerado promulgado,
y el Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente, dentro de los diez días naturales siguientes, ordenará su
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publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, sin que se requiera el refrendo previsto
en el artículo 88 de esta Constitución.
(ADICIONADO, P.O. 7 DE FEBRERO DE 2014)
Artículo 62 Bis.- Para la aprobación de toda iniciativa de ley o decreto, se necesita el voto de la mayoría de los diputados.
Se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, cuando se trate de:
I. Iniciativas de leyes o decretos en materia:
1) Electoral.
2) De Derechos Humanos.
3) De Deuda Pública.
4) De Fiscalización superior del Estado y los Municipios.
5) Penal
6) Las relacionadas con las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios así como con el Presupuesto de Egresos
del Estado.
7) De designación de integrantes de Organismos Públicos autónomos.
8) Relacionados con el Comité Estatal de Vinculación Hacendaria.
9) Relacionados con el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Hacienda
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
II. Las demás previstas en esta Constitución.
Artículo 63. En caso de urgencia notoria calificada por la mayoría de los Diputados presentes, el Congreso puede dispensar los
trámites; pero en ningún caso podrá reducir a menos de tres días el plazo concedido al Ejecutivo para presentar observaciones.
Artículo 64. Las resoluciones del Congreso no tendrán otro carácter que el de ley, decreto o acuerdo.
Es materia de ley toda resolución que otorgue derechos o imponga obligaciones, a alguna generalidad de personas.
Es materia de decreto, toda resolución que otorgue derechos o imponga obligaciones a determinadas personas individuales o
morales.
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 1992)
Son materia de acuerdo, todas las demás resoluciones que emita el Congreso y que no tengan el carácter de Ley o decreto.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo, firmados por el Presidente y dos Secretarios, para su promulgación, publicación
y observancia. Los acuerdos, sólo se firmarán por los dos Secretarios y se comunicarán también al Ejecutivo, para su conocimiento
y, en su caso, para su publicación y observancia.
Artículo 65. La derogación o reformas de las leyes, se hará con los mismos requisitos y formalidades prescritos para su formación.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 66. La promulgación de las Leyes o Decretos, se hará bajo la siguiente fórmula:
"N.N. Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a sus habitantes sabed:
Que el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Decreta:
26
(AQUI EL TEXTO)
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado (lugar, fecha y firmas del Presidente y Secretarios).
IMPRIMASE, COMUNIQUESE Y OBSERVESE.
(REFORMADO, P.O. 4 DE OCTUBRE DE 2016)
(Lugar, fecha y firmas del Gobernador y del Secretario de Gobierno).”
CAPITULO IV.
Facultades del Poder Legislativo.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
Artículo 67. Son atribuciones del Poder Legislativo:
(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
I. Expedir, reformar, derogar y abrogar leyes y decretos, en todo lo concerniente al Poder Público del Estado.
II. Iniciar ante el Congreso General las leyes y decretos que sean de la competencia del Poder Legislativo de la Federación, así
como la reforma o derogación de unas y otros; y secundar, cuando lo estime conveniente, las iniciativas hechas por las
Legislaturas de los otros Estados.
III. Reclamar ante el Congreso de la Unión cuando alguna ley general constituya un ataque a la Soberanía o Independencia del
Estado o a la Constitución Federal
(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
IV. Adicionar y reformar esta Constitución en los términos que la misma prescribe.
(REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 2 DE AGOSTO DE 2007)
V. Designar a los integrantes del organismo público autónomo a que se refiere la fracción VII del artículo 7º de esta Constitución,
con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, en los términos y conforme
al procedimiento que disponga la ley.
VI. Facultar al Ejecutivo del Estado para que por sí o por medio de una comisión, celebre arreglos con los Estados vecinos sobre
sus límites territoriales; reservándose el mismo Congreso la Facultad de aprobar o no dichos convenios, los que en el primer
caso, serán sometidos al Congreso de la Unión, para los efectos que establece la Constitución General.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
VII. Ratificar o no, la erección de nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VIII. Dictar leyes conducentes a combatir en el Estado, el alcoholismo, la vagancia y el juego.
(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
IX. Expedir, reformar, derogar y abrogar leyes y decretos en materia municipal, de conformidad con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, con sujeción a los cuales los Ayuntamientos deberán aprobar los bandos
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
El objeto de las leyes o decretos a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios
de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción
a los principios de imparcialidad, igualdad, publicidad, inmediatez, gratuidad, audiencia y legalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al
Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento;
27
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el segundo párrafo de la fracción VII del
artículo 116 de esa Constitución;
d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no
existir el convenio correspondiente, el Congreso del Estado considere que el Municipio de que se trate esté
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo,
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
X. Conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales del Estado.
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 1992)
XI. Suspender ayuntamientos; declarar que estos han desaparecido; suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros;
designar concejos municipales en aquellos casos en que proceda y a quienes deban suplir las ausencias temporales o
absolutas de alguno de los miembros del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en esta Constitución y en los demás ordenamientos aplicables.
(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
XII. Fijar el territorio que corresponda a los Municipios; arreglar sus límites y, por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros, modificar la extensión de los mismos, suprimirlos y crear otros, cuando así lo exija el buen servicio público;
asimismo otorgar su aprobación para la celebración de convenios de coordinación o asociación de los Municipios del Estado
con los Municipios de otros Estados de la República, para la más eficaz prestación de los servicios públicos municipales o el
mejor ejercicio de las funciones que les corresponden.
XIII. Cambiar provisionalmente la residencia de los Poderes del Estado por la misma mayoría que exige la fracción anterior, en los
términos de esta Constitución.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XIV. Establecer, mediante una ley, las bases conforme a las cuales el Estado, los Municipios y las entidades paraestatales y
paramunicipales, podrán contraer obligaciones y empréstitos, así como autorizar los conceptos y montos de los mismos, con
observancia de lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
XV. Recibir para su conocimiento las declaratorias de validez de las elecciones de gobernador, diputados y miembros de los
Ayuntamientos, que emita el Instituto Electoral de Coahuila.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XVI. Erigirse en Colegio Electoral, para elegir al ciudadano que deba sustituir al Gobernador del Estado, en los términos de los
artículos 78 y 79 de esta Constitución.
(REFORMADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 25 DE MAYO DE 2007)
XVII. Expedir la convocatoria, ordinaria o extraordinaria, para la elección de los cargos judiciales populares, en los términos de
esta Constitución y la Ley;
Igualmente, integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la Estado; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción
a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo del Estado, en los términos y conforme al procedimiento establecido en esta
Constitución y leyes aplicables.
(REFORMADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 25 DE MAYO DE 2007)
XVIII. Conocer de las renuncias y de las licencias de los diputados, del Gobernador, así como de los miembros de los
Ayuntamientos y Concejos Municipales. En caso de las renuncias de personas magistradas del Tribunal Superior de Justicia
y del Tribunal de Disciplina Judicial solamente procederán por causas graves y serán aprobadas por mayoría de los miembros
presentes del Congreso del Estado o, en sus recesos, por la Diputación Permanente;
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XIX. Otorgar licencia para separarse temporalmente de sus cargos, a los servidores públicos a que se refiere la fracción anterior.
28
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XX. Nombrar comisiones permanentes y especiales, para el estudio de los proyectos de leyes y decretos, así como para atender
asuntos de su competencia y de interés público Estatal y Municipal.
(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
XXI. Conceder o negar permiso a los diputados para desempeñar algún empleo, cargo o comisión federal, estatal y municipal, de
conformidad con el artículo 43 de esta Constitución;
(REFORMADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
XXII. Recibir la protesta de Ley a las personas titulares del Congreso del Estado, del Poder Ejecutivo, de magistraturas del Tribunal
Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Fiscalía General del Estado;
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 1992)
XXIII. Designar al Presidente y Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila; en la forma que
determine la ley.
(REFORMADA, P.O. 10 DE FEBRERO DE 1998)
XXIV. Elaborar y aprobar su propio presupuesto de egresos, así como rendir su cuenta pública en los términos de ley.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XXV. Conceder carta de ciudadanía y la calidad de Coahuilenses, a quienes fueren merecedores de ello; otorgar premios y
recompensas a los que hayan prestado servicios de importancia a la humanidad, al País o al Estado; y declarar beneméritos
a los que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados al mismo Estado.
XXVI. Rehabilitar, con arreglo a las leyes, a los que por sentencia pronunciada en el Estado hayan perdido los derechos de
ciudadanía, civiles o de familia.
XXVII. Declarar suspenso a un ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos, por resistirse a servir los cargos de elección
popular sin causa justificada.
(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
XXVIII. Expedir la ley que organice al Ministerio Público y sus auxiliares.
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XXIX. Erigirse en Jurado de Sentencia para conocer un juicio político de aquellas faltas u omisiones que redunden en perjuicio de
los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, imputadas a los servidores públicos a que se refiere el artículo
163 de esta Constitución.
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2006)
XXX. Expedir las normas para la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza,
en los términos que establece esta Constitución y las leyes.
(REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
XXXI. A petición de más de la mitad de sus miembros, integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los Municipios, los
organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán
del conocimiento del Gobernador.
(REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
XXXII. Expedir las Leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno del Estado y los Municipios, en materia de protección al
ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
(REFORMADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)
XXXIII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, los cuales deben
estar armonizados con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, discutiendo primero los ingresos que deben
decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la entidad de
fiscalización superior.
El Congreso deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas necesarias para solventar las obligaciones
incurridas en ejercicios anteriores y pagaderos en dicho ejercicio:
a) Que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales que cuenta con la garantía del Estado,
conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y:
29
(REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2020)
b) Que se deriven de contratos para asociaciones público privadas aprobados por el Congreso conforme a las leyes
aplicables.
Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los Municipios, tomando en cuenta, entre otros
elementos, los informes de la entidad de fiscalización superior, así como determinar, también anualmente, las bases, montos
y plazos que habrán de observarse conforme a los principios que establece el artículo 158-T de esta Constitución, para que
los Municipios reciban de inmediato y sin demora las participaciones y aportaciones federales o estatales que les
correspondan.
En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán en vigor las del año
inmediato anterior, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor.
Las leyes garantizarán la gratuidad de la información pública bajo el principio de disponibilidad presupuestal, sin perjuicio de
los derechos o cuotas proporcionales, equitativas y mínimas por la reproducción, gastos de envío, servicio o trámite público,
conforme a las leyes fiscales.
(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)
XXXIV. Revisar, por conducto de la entidad de fiscalización superior denominada Auditoría Superior del Estado, en los términos
previstos en las leyes, la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, Municipios, organismos públicos
autónomos, entidades paraestatales, paramunicipales, mandatos, fondos, fideicomisos y de cualquier entidad, persona física
o moral, pública o privada que gestione recursos públicos, con objeto de conocer sus resultados y comprobar si se han
ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos, según corresponda y a su presupuesto de egresos y el cumplimiento
de los objetivos contenidos en los planes y programas.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016)
Las cuentas públicas serán entregadas al Congreso a más tardar el treinta de abril del año siguiente al ejercicio
correspondiente. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del titular del Ejecutivo del Estado,
suficientemente justificada a juicio de la legislatura local.
(REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016)
El Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas en un periodo máximo de 60 días naturales contados a partir de la
fecha en que reciba el Informe Anual de Resultados por parte de la Auditoría Superior del Estado, emitiendo el dictamen
correspondiente con base en el análisis de su contenido, en las conclusiones técnicas del mismo y, en su caso, en la glosa,
sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior,
seguirá su curso en términos de lo dispuesto en la ley de la materia.
(ADICIONADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
Si del examen que realice la Auditoría Superior del Estado aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes
a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación
en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En caso
de la revisión en cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para
la mejora en el desempeño de los mismos en los términos de la Ley.
(ADICIONADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
El Congreso del Estado evaluará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado y al efecto le podrá requerir que le informe
sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.
(REFORMADA, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 1992)
XXXV. Autorizar a la Diputación Permanente para que resuelva aquellos asuntos que se presenten durante su funcionamiento y
que no requieran la intervención directa del Congreso.
XXXVI. Formar un Reglamento Interior y acordar las providencias para hacer concurrir a los diputados ausentes.
(REFORMADA, P.O. 22 DE JUNIO DE 2007)
XXXVII. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Oficialía Mayor y la Tesorería.
(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)
XXXVIII. Expedir leyes en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas.
XXXIX. Velar por la observancia de la Constitución y las leyes.
30
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Con este propósito, emitirá la ley reglamentaria que regule la justicia constitucional local a que se refiere el artículo 158 de
esta Constitución.
(REFORMADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (ADICIONADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
XL. Solicitar informes al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial del Estado sobre asuntos de su competencia, cuando lo estime
conveniente para el mejor ejercicio de sus funciones;
(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XLI. Expedir leyes sobre planeación del desarrollo económico y social del Estado, así como para el fomento de las actividades
económicas.
(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XLII. Autorizar que se constituyan en el Estado, bajo su vigilancia y amparo, asociaciones de trabajadores formadas para proteger
sus propios intereses y asociaciones o sociedades cooperativas de productores, que en defensa de sus intereses o del
interés general, se propongan vender directamente en mercados extranjeros, productos que sean la principal fuente de
riqueza de la región, o que no sean artículos de primera necesidad.
Asimismo, por sí o a propuesta del Ejecutivo y cuando así lo exijan las necesidades públicas, derogar las autorizaciones
concedidas para la formación de dichas asociaciones.
(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XLIII. Determinar los servicios públicos que, además de los expresamente consignados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de acuerdo con sus condiciones territoriales y socioeconómicas y su capacidad administrativa y
financiera, podrán tener a su cargo los Municipios de la Entidad.
(ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XLIV. Expedir, con base en lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, Leyes que rijan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores
y entre los Municipios y quienes laboran a su servicio.
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (ADICIONADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XLV. Expedir la ley sobre el Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado, en los términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y leyes generales aplicables.
(REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
XLVI. Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, en los casos y términos establecidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
(REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
XLVII. Expedir las Leyes y Acuerdos indispensables para hacer efectivas las facultades que anteceden y todas las demás que le
confieren esta Constitución y la General de la República.
(REFORMADA, P.O. 22 DE JUNIO DE 2007)
XLVIII. Designar al Auditor Superior del Estado, y
(ADICIONADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
XLIX. Ordenar la comparecencia en los términos que la ley señale, de las autoridades o servidores públicos que hayan
desestimado las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila a fin de que funden y
motiven su rechazo; y
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)
L. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría
Superior del Estado, en los términos que disponga la ley.
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (ADICIONADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)
LI. Ratificar, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, que designe el Gobernador del
Estado, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
(ADICIONADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
LII. Ratificar el nombramiento del titular de la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo del Estado y entidades
estatales y designar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes a los de Organismos Públicos
Autónomos.
31
(ADICIONADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
LIII. Nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción en los términos de esta Constitución.
(DECRETO 261, REFORMADO, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, REFORMADA, P.O. 21 DE ENERO DE 2022) (ADICIONADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
LIV. Expedir leyes en materia de asentamientos humanos, movilidad y seguridad vial, en los términos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales aplicables en la materia.
(DECRETO 261, ADICIONADA, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, ADICIONADA, P.O. 21 DE ENERO DE 2022)
LV. Las demás que le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los demás
ordenamientos legales.
(ADICIONADO, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2019)
De conformidad a lo que disponga su ley orgánica, el Congreso del Estado, tratándose de expedición, abrogación o reformas de
leyes o decretos en materia municipal, deberá notificarlo a los Ayuntamientos.
Artículo 68. En los casos de grave perturbación de la paz pública, o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en peligro, el
Congreso, si se hallare reunido, concederá las autorizaciones que juzgue necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la
situación. Las facultades extraordinarias solo podrán concederse en los casos a que se contrae este artículo, con arreglo a las
prescripciones siguientes:
I. Se concederán por tiempo limitado.
II. En el decreto que con tal motivo se expida, se expresarán con claridad y precisión todas y cada una de la facultades que se
concedan al Ejecutivo.
Artículo 69. En el caso del que el Congreso del Estado se halle en receso, la Diputación Permanente, unida a los Diputados que
se hallen en la Capital, si pudieren concurrir, y en caso contrario por sí sola, concederá o no las facultades extraordinarias a que
se refiere el artículo que antecede, dando cuenta del asunto en todo caso, al Congreso cuando se reuna.
CAPITULO V.
De la Diputación Permanente.
(REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2012)
Artículo 70. Cuando el Congreso no esté en período ordinario de sesiones, estará en funciones una Diputación Permanente
integrada por once diputados propietarios, de los cuales se nombrará un Presidente, un Vicepresidente, dos Secretarios y siete
Vocales, que serán electos el día de la clausura del período de instalación y de los períodos ordinarios de sesiones, en la forma
que determine la Ley. Por cada uno de los diputados electos como propietarios se designará respectivamente un suplente.
La Diputación Permanente tendrá dos períodos de funciones al año. El primero se desarrollará durante los meses de enero y
febrero y el segundo en los meses de julio y agosto de cada año; y concluirán al iniciarse los períodos ordinarios de sesiones
según corresponda.
DEROGADO, P.O.27 DE FEBRERO DE 2004)
Artículo 71. Se deroga.
(REFORMADO, P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 1992)
Artículo 72. Si durante el receso del Congreso fuere éste convocado a sesiones extraordinarias, la Diputación Permanente no
suspenderá sus trabajos, salvo en aquello que se refiera al asunto para el que se haya convocado el período extraordinario.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
Artículo 73. Son atribuciones de la Diputación Permanente:
I. Llevar la correspondencia con los Poderes de la Federación y con los de los Estados.
II. (DEEROGADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
III. Acordar por sí o a petición del Ejecutivo la convocatoria de la Legislatura a sesiones extraordinarias
32
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
IV. Designar al Gobernador Interino o al Provisional, en los casos a que se refieren los artículos 78 y 79 de esta Constitución.
(REFORMADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 25 DE MAYO DE 2007)
V. Expedir la convocatoria, ordinaria o extraordinaria, para elegir a las personas titulares de los cargos de elección popular del
Poder Judicial del Estado; así como recibir la protesta de Ley de su cargo, en los términos de esta Constitución y las demás
leyes aplicables;
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
VI. Conceder licencias a los servidores públicos a que se refiere la fracción XVIII del artículo 67; así como conocer y resolver,
en los términos de esta Constitución y demás ordenamientos aplicables, sobre las renuncias que individualmente y sin
tratarse de la mayoría, presenten los miembros de los Ayuntamientos y de los Concejos Municipales.
Cuando se trate de solicitudes de licencia o de renuncias presentadas por la totalidad o la mayoría de los miembros de un
Ayuntamiento o de un Consejo Municipal, la Diputación Permanente recibirá dichas solicitudes o renuncias y convocará al
Congreso, para que conozca y resuelva sobre las mismas, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y demás ordenamientos
aplicables.
VII. Dictaminar en los asuntos que quedaron pendientes de resolución y dar cuenta con ellos en el siguiente período de sesiones.
VIII. Resolver los asuntos para que fuere autorizada por el Congreso, según la fracción XXXV, del artículo 67.
Artículo 74. En los casos de invasión y perturbación de la paz pública, la Diputación Permanente podrá conceder, con carácter
de provisional, facultades extraordinarias al Ejecutivo para que haga frente a la situación; pero tan luego como se otorgue esta
concesión, deberá convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para que confirme, modifique o revoque el acuerdo relativo.
(ADICIONADO CON SUS ARTÍCULOS, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)
Capítulo VI.
De la Auditoría Superior del Estado.
Artículo 74-A. La Auditoría Superior del Estado es un órgano con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión, con
personalidad jurídica y patrimonio propio. La autonomía le permitirá el ejercicio de sus atribuciones y la decisión sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
(REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016)
La función de fiscalización superior será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad,
transparencia y máxima publicidad de la información gubernamental.
Los Poderes del Estado, municipios, organismos públicos autónomos y las demás entidades fiscalizadas facilitarán el auxilio que
requiera la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las
sanciones que establezca la ley.
De igual forma, los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato,
fondo o cualquier otra figura jurídica análoga, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, estatales o municipales, deberán
proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema
financiero. En caso de no proporcionar la información y documentación, los responsables serán sancionados en los términos que
establezca la ley.
Artículo 74-B. La Auditoría Superior del Estado es competente para:
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 27 DE MAYO DE 2016)
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de
los Poderes del Estado y de los entes públicos estatales y municipales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en
el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas estatales y municipales, a través de los informes que
se rendirán en los términos que dispongan esta Constitución y las leyes. Fiscalizará además, de manera coordinada con las
autoridades de la Federación, las participaciones federales asignadas al Estado y los municipios.
33
No obstante lo anterior, la Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización durante el ejercicio fiscal en
curso;
(ADICIONADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
Los informes de auditoría de la Auditoría Superior del Estado tienen carácter público.
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
II. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia
y aplicación de fondos y recursos estatales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros,
papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades
establecidas para los cateos.
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
III. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia
Administrativa de Coahuila de Zaragoza y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de la Fiscalía
General de Justicia del Estado, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales y
municipales y, en su caso, a los particulares, en los términos de esta Constitución y las leyes.
IV. (DEROGADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
(REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016)
La Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al
de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta
pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación,
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones
sobre el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente,
la Auditoría Superior del Estado emita, sólo podrán referirse a la administración de los recursos contenidos en la cuenta pública
en revisión.
(REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016)
Así mismo, en las situaciones excepcionales que determine la ley, podrá realizar directamente revisiones de conceptos específicos
o requerir a las entidades que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes, durante el ejercicio en curso, a fin
de que le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, dará lugar
al fincamiento de las responsabilidades que correspondan. La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al
Congreso del Estado, a través de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y, en su caso, fincará las
responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes.
(REFORMADA, P.O. 02 DE OCTUBRE DE 2020) (REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016)
Artículo 74-C. La Auditoría Superior del Estado entregará el Informe Anual de Resultados de la fiscalización superior de las
cuentas públicas, en los términos que señale la ley, a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio fiscalizado, salvo
aquellos casos en que se amplíe el plazo de presentación de las cuentas públicas conforme a lo dispuesto en la fracción XXXIV
del artículo 67 de esta Constitución, donde corresponderá la misma ampliación para la entrega del Informe Anual de Resultados.
Artículo 74-D. El Auditor Superior del Estado será designado por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del
Pleno del Congreso; será inamovible y su remoción sólo podrá realizarse por las causas establecidas en las leyes y conforme a
los procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución; durará en su encargo ocho años y podrá ser ratificado para
un segundo período.
TITULO CUARTO.
CAPITULO I.
Del Poder Ejecutivo.
Artículo 75. El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en una sola persona que se denominará Gobernador del Estado de Coahuila
de Zaragoza.
Artículo 76. Para ser Gobernador se requiere:
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento.
(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
II. Haber cumplido 30 años de edad para el día de la elección.
(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
III. Ser coahuilense por nacimiento o tener una residencia efectiva en el Estado no menor de cinco años inmediatamente
anteriores al día de la elección.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
IV. No encontrarse en el supuesto a que se refiere el segundo párrafo del artículo 30 de esta Constitución.
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
V. No ser secretario de la administración pública estatal, magistrado del Poder Judicial, presidente municipal, síndico o regidor,
consejero o integrante del órgano de dirección de los organismos públicos autónomos, magistrado del Tribunal de Justicia
Administrativa de Coahuila de Zaragoza, Fiscal General del Estado, titulares de los organismos descentralizados, miembro
de los órganos directivos y técnicos o integrante del cuerpo del servicio profesional electoral del Instituto, ni secretario del
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, salvo que se separe de su encargo en los términos que señale la legislación
reglamentaria.
VI. No haber figurado directa ni indirectamente en alguna asonada, motín o cuartelazo.
VII. No haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso de confianza, falsificación y otro delito infamante.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 77. La elección de Gobernador será directa y en los términos que señale la Ley de la materia. El Gobernador del Estado
tomará posesión el día primero de diciembre posterior a la elección, y no podrá durar en el cargo más de seis años.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
Artículo 78. En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, que ocurra durante los tres primeros años del período
constitucional correspondiente, el Congreso del Estado se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y con la concurrencia
de cuando menos las dos terceras partes del total de sus miembros nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de
votos, un Gobernador Interino. El Instituto Electoral de Coahuila, dentro de los noventa días siguientes al de la designación del
Gobernador Interino, expedirá la convocatoria para la elección del Gobernador que deba concluir el período, debiendo precisar en
la misma, la fecha en que habrá de celebrarse dicha elección.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputación Permanente nombrará desde luego un Gobernador Provisional y convocará
a sesiones extraordinarias al Congreso, para que éste, a su vez, designe al Gobernador Interino. El Instituto Electoral de Coahuila
deberá convocar a elecciones en los términos del párrafo anterior.
Cuando la falta absoluta del Gobernador del Estado, ocurriere en los tres últimos años del período constitucional respectivo, el
Congreso del Estado designará un Gobernador Substituto, en los términos que se establecen en el primer párrafo, quien se
encargará de concluir el período. Si el Congreso no estuviese reunido, la Diputación Permanente nombrará un Gobernador
Provisional y convocará al Congreso a sesiones extraordinarias, para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección del
Gobernador Substituto.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 79. Si el Gobernador del Estado, solicita licencia para separarse del cargo hasta por treinta días, el Congreso del Estado
o la Diputación Permanente, en su caso, designará un Gobernador Interino, que se encargará del Poder Ejecutivo, durante el
tiempo que dure dicha falta.
Cuando la solicitud de licencia del Gobernador del Estado, sea para separarse del cargo por más de treinta días, el Congreso del
Estado resolverá sobre dicha licencia y nombrará, en su caso, un Gobernador Interino. Si el Congreso del Estado no estuviera
reunido, la Diputación Permanente designará un Gobernador Provisional y convocará a sesiones extraordinarias del Congreso,
para el efecto antes señalado.
En caso de que el Gobernador del Estado se viere imposibilitado para desempeñar el cargo, por una causa grave que le impida
solicitar licencia y que, a juicio del Congreso, obligue a su separación del mismo, se considerará que existe falta temporal, y,
atendiendo a las circunstancias del caso, se procederá conforme a lo previsto en los párrafos anteriores.
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Si por cualquier motivo, la elección de Gobernador del Estado no estuviere hecha y declarada el primero de diciembre del año en
que debe renovarse el Poder Ejecutivo, o el Gobernador Electo no se presentare a tomar posesión del cargo en esa fecha, cesará,
sin embargo, el Gobernador saliente y se encargará del Poder Ejecutivo un Gobernador Interino, que será designado por el
Congreso del Estado, y si éste no estuviere reunido, la Diputación Permanente designará un Gobernador Provisional,
procediéndose luego, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Si el Congreso del Estado, con base en una causa grave y justificada, determina que la ausencia del Gobernador electo, debe
considerarse como falta temporal, el Gobernador Interino designado en los términos del párrafo anterior, se hará cargo del Poder
Ejecutivo, por el tiempo que dure dicha ausencia.
Cuando las faltas temporales se conviertan en absolutas, se observará lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 80. El cargo de Gobernador sólo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará a
renuncia.
Artículo 81. El Gobernador, al tomar posesión de su cargo, hará la protesta de ley ante el Congreso o a la Diputación Permanente,
si aquél estuviere en receso.
CAPITULO II.
Facultades y obligaciones del Gobernador del Estado.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 10 DE JUNIO DE 1936)
Artículo 82. Son facultades del Gobernador:
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
I. Iniciar ante el Congreso del Estado las leyes, decretos y acuerdos que juzgue convenientes y solicitar al mismo, que inicie
ante el Congreso de la Unión los que sean de competencia federal.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
II. Dirigirse al Gobierno Federal, siempre que lo estime necesario, para obtener las resoluciones que reclamen el bien público
y los intereses del Estado.
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 1999)
Asimismo, cuando el Congreso del Estado no estuviere reunido, solicitar la protección de los Poderes de la Unión, en los casos a
que se refiere el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Celebrar convenios con los Gobernadores de los Estados limítrofes para la entrada y paso de sus fuerzas de seguridad por
el territorio del Estado, y recíprocamente.
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 1999)
IV. Nombrar, suspender y remover libremente a los secretarios del ramo, a los subsecretarios, a los directores de los diferentes
ramos, a los Oficiales del Registro Civil y a todos los demás servidores públicos del Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento,
suspensión o remoción no estén determinados de otro modo en esta Constitución y las Leyes.
(ADICIONADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2022)
En caso de que el Gobernador del Estado resulte electo por una coalición electoral, podrá considerar que las designaciones
a que se refiere el párrafo anterior se realicen de forma plural, de conformidad con las bases establecidas en el convenio de
coalición previsto en la fracción XXX de este artículo, cuando se opte por dicha forma de gobierno.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
V. Celebrar, con el carácter de Representante del Estado y con observancia de lo dispuesto en los ordenamientos legales
aplicables, convenios y contratos que fueren favorables o necesarios en los diversos ramos de la Administración Pública,
tanto con los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, como con entidades paraestatales y paramunicipales y personas
físicas o morales de carácter público o privado.
Cuando se contraten obligaciones o empréstitos, deberá asegurarse, asimismo, que estos estén destinados a inversiones públicas
productivas y que los contratos correspondientes se celebren conforme a las bases legales que establezca el Congreso del Estado,
así como por los conceptos y hasta por los montos que la propia Legislatura local autorice.
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Conforme a esta facultad, el Gobernador del Estado, podrá convenir con la Federación:
1. La ejecución de acciones coordinadas, en relación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Plan
Nacional de Desarrollo y los programas que de ellos se deriven.
2. La asunción, por parte del Estado, del ejercicio de funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de
servicios públicos que competan al Gobierno Federal, cuando el desarrollo económico y social de la Entidad lo haga
necesario.
(REFORMADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Asimismo, el Ejecutivo del Estado podrá convenir con los municipios:
1. El concurso del Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo
temporalmente de uno o varios servicios o funciones municipales, cuando a juicio del Ayuntamiento fuera necesario;
o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y por el Municipio.
2. La intervención del Estado para que se haga cargo de alguna o algunas de las funciones relacionadas con la
administración de las contribuciones que integran la hacienda municipal, a solicitud del Ayuntamiento respectivo.
3. La ejecución, prestación y atención, por parte de los Municipios, de programas, obras, servicios y funciones que
competan directamente al Estado, cuando éste lo haya convenido con aquellos.
4. La participación de los Municipios, para la ejecución de las acciones coordinadas que se convengan entre el Estado
y la Federación, en relación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Plan Nacional de Desarrollo, los
programas que de ellos se deriven, los propios del Presupuesto de Egresos de la Federación y los Programas
Emergentes del Gobierno Federal.
5. La realización y prestación, también por parte de los Municipios, de programas, obras, funciones y servicios de
competencia federal, que el Estado hubiera asumido, en virtud de convenios celebrados con la Federación.
(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
VI. Celebrar arreglos sobre los límites del territorio del Estado y someterlos para su aprobación al Congreso Local, antes de
remitirlos al Congreso de la Unión para su ratificación.
VII. Nombrar, cuando lo crea conveniente, personas de su confianza para que informen si en los pueblos del Estado se observan
la Constitución y las leyes.
VIII. Pedir a la Diputación Permanente expida convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
IX. Someter al Congreso del Estado para su ratificación, los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa de Coahuila de Zaragoza.
(REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
X. Concurrir personalmente al Congreso del Estado o enviar al Secretario del Ramo que corresponda, cuando se discuta un
proyecto de Ley o Decreto, cuya iniciativa haya sometido a su aprobación.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XI. Remitir al Congreso los antecedentes relativos a actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho, imputados a los servidores públicos a que se refiere el artículo 163 de esta
Constitución; así como los relativos a delitos imputados a los servidores públicos a que se refiere el artículo 165 de esta
Constitución.
(REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
XII. Intervenir en la designación del Fiscal General del Estado, en términos de lo dispuesto en esta Constitución.
(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
XIII. Ejercitar, en el ámbito de su competencia, las facultades que señala el artículo 27 de la Constitución General.
XIV. Hacer observaciones por una sola vez a las leyes o decretos del Congreso con la obligación de mandarlos publicar y ejecutar
si fueren reproducidos.
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(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
XV. Declarar expropiaciones por causa de utilidad pública en la forma que determine esta Constitución y su Ley Reglamentaria.
(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
XVI. Conceder los estímulos que considere convenientes a las industrias y explotaciones agrícolas y ganaderas que se
establezcan en el Estado, de conformidad con lo que dispongan las leyes.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XVII. Solicitar a las dependencias y a los servidores públicos, los informes que necesite para el desempeño de sus funciones.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
XVIII. Expedir los reglamentos que fueren necesarios para la mejor aplicación y observancia de las leyes, sin contrariar sus
preceptos ni variar el espíritu de éstas; así como dictar los decretos, acuerdos, circulares, órdenes y disposiciones necesarios
para la buena marcha de la Administración Pública Estatal.
XIX. Organizar y disciplinar la Guardia Nacional y demás fuerzas del Estado y ejercer, respecto de unas y otras, las atribuciones
que determinen las leyes y reglamentos respectivos.
(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
XX. Ser el Jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y asumir, con tal carácter, cuando las circunstancias lo requieran
y por el tiempo que estime necesario, el mando directo e inmediato de todas las corporaciones de seguridad pública, en la
totalidad o parte del territorio estatal.
La Policía Preventiva Municipal estará al mando del presidente municipal en los términos del reglamento respectivo. No obstante,
deberá acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita, en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor
o alteración grave del orden público.
En los casos en que el titular del Ejecutivo Federal resida habitual o transitoriamente en el territorio del Estado, tendrá el mando
de la fuerza pública del Estado y de los Municipios durante el tiempo que dure su residencia;
(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
XXI. Sancionar con conocimiento de causa a los que infrinjan los reglamentos gubernativos y las órdenes que expida en el ejercicio
de sus atribuciones en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
XXII. Nombrar apoderados para asuntos administrativos y judiciales que se tramiten dentro o fuera del Estado.
(REFORMADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADA, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA, P.O. 25 DE MAYO DE 2007)
XXIII. Autorizar y presentar ante el Instituto Electoral de Coahuila los listados de candidaturas que le corresponda para que se
sometan a la elección popular de los cargos judiciales de que se trate, en los términos que establezca esta Constitución y
las demás leyes;
(REFORMADA, P.O. 6 DE ENERO DE 2012)
XXIV. Otorgar indultos de las penas impuestas por sentencia ejecutoria, previo las formalidades que la ley establezca y en los
casos en que la misma determine.
XXV. Ejercer la superior inspección en todos los ramos de la Administración Pública y de la Beneficencia Privada.
(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
XXVI. Otorgar autorizaciones, concesiones, licencias y permisos en los términos que establezcan las leyes.
(REFORMADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
XXVII. Desconcentrar las funciones administrativas cuando por razones de interés general lo estime conveniente.
(REFORMADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
XXVIII. Auxiliar y colaborar estrechamente con el Gobierno Municipal, para el mejor desarrollo político, económico, cultural y social
del Estado;
(ADICIONADA, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
XXVIII-A. Promover ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, las controversias constitucionales o acciones de
inconstitucionalidad locales que estime procedentes, de conformidad con el artículo 158 de esta Constitución; y,
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(REFORMADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2015) (ADICIONADA, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
XXIX. Emitir lineamientos y normatividad aplicable a la contabilidad gubernamental.
(REFORMADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2022) (ADICIONADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2015)
XXX. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos nacionales o estatales
con registro vigente, con independencia de que estén o no representados en el Congreso del Estado.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio respectivo, del cual se deberá enviar al Congreso del Estado para su
conocimiento.
El convenio establecerá las bases y los acuerdos generales celebrados entre las fuerzas políticas coaligadas, así como las
causas de disolución de este.
(ADICIONADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2022)
XXXI. Las demás que expresamente le concedan las Leyes.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
Artículo 83. El Ejecutivo tiene derecho de hacer observaciones a las leyes o decretos aprobados por el Congreso. Si quisiera
hacer uso de esta facultad, en el término de treinta días naturales lo devolverá con sus observaciones, vencido este término sin
realizar las observaciones, el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto, transcurrido
este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado, y el Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente,
dentro de los diez días naturales siguientes, ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila
de Zaragoza, sin que se requiera el refrendo previsto en el artículo 88 de esta Constitución.
Artículo 84. Son deberes del Gobernador:
I. Llevar las relaciones entre el Estado y los Gobiernos General y de los Estados.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
II. Promover por los medios que estime convenientes, el mejoramiento de las condiciones económicas y de bienestar de la
colectividad, fomentando el aumento y la justa distribución de la riqueza pública en el Estado, dando impulso a la explotación
adecuada de todas las fuentes de producción, así como otorgando facilidades y estímulos para la inversión de capitales en
actividades que permitan la creación de nuevos centros de trabajo.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
III. Cuidar de la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la particular del Estado, así como
promulgar, publicar y hacer cumplir las leyes o decretos que expida el Congreso Estatal.
Asimismo, será deber del Gobernador del Estado, publicar y hacer cumplir las leyes y decretos federales.
(REFORMADA, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
IV. Asistir e informar al Congreso, el 30 de noviembre de cada año o bien, dentro de los primeros quince días del mes de
noviembre del año que corresponda tratándose del último año de su gestión, sobre el estado general que guarda la
administración pública estatal.
(ADICIONADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
V.- Cuando salga del país en viajes oficiales, informar a su regreso, al Congreso o a la Diputación Permanente, sobre los
resultados obtenidos en las gestiones realizadas, lo cual podrá hacer por escrito o por comparecencia.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
VI. Rendir los informes que le solicite el Congreso del Estado en los términos de la fracción XL del artículo 67.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
VII. Presentar al Congreso la cuenta pública, dentro del término que disponga la Ley.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
VIII. Presentar al Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, correspondientes
a cada ejercicio fiscal.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
IX. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio de sus funciones.
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(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
X. Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos, y al efecto, mantener el orden, paz y tranquilidad
pública en todo el Estado, haciendo respetar las garantías individuales.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
XI. Impedir los abusos de la fuerza armada contra los ciudadanos y los pueblos, haciendo efectiva la responsabilidad en que ella
incurriere.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
XII. Procurar la conservación de la salubridad e higiene públicas.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
XIII. Proveer el buen estado y seguridad de los caminos.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
XIV. Exigir mensualmente a la Secretaría de Finanzas del Estado, la cuenta de ingresos y egresos, y remitirla al Congreso o a la
Diputación Permanente.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
XV. Cuidar de los fondos públicos que en todo caso estén bien asegurados y de que su recaudación y distribución se hagan con
arreglo a las leyes.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
XVI. Dictar las medidas necesarias para la seguridad de los fondos del Estado, en caso de suspensión de algunos de los
servidores públicos que los manejen.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
XVII. Visitar periódicamente los Municipios para atender sus necesidades y buscar soluciones en forma conjunta.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
XVIII. Solicitar información de los órganos electorales, en relación a las elecciones que se verifiquen en el Estado.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
XIX. Promover y vigilar el culto a los símbolos patrios.
(REFORMADO, P.O. 7 DE AGOSTO DE 2012)
XX. Los demás deberes que le impongan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y otros
ordenamientos legales.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 85. La Administración Pública del Estado será centralizada y paraestatal y el Gobernador del Estado, en su carácter de
titular del Poder Ejecutivo, será el Jefe de la misma, en los términos que establezcan esta Constitución y los demás ordenamientos
legales aplicables.
El Congreso Local definirá en la Ley, las bases generales para la creación de las entidades paraestatales y la intervención que
corresponde al Ejecutivo del Estado en su operación; así como las relaciones entre dichas entidades y el titular y las dependencias
del Poder Ejecutivo Estatal.
Para asegurar la buena marcha de la Administración Pública Estatal, el Gobernador del Estado, sin más limitación que las
prohibiciones consignadas en los ordenamientos antes señalados, podrá dictar los decretos, acuerdos y demás disposiciones de
orden administrativo que estime necesarios; así como establecer nuevas dependencias y separar, unir o transformar las existentes,
en atención al volumen de trabajo y trascendencia de los asuntos públicos.
(ADICIONADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2019)
El Poder Ejecutivo contará con un Centro de Conciliación como organismo público descentralizado, especializado e imparcial, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con
funciones de instancia conciliatoria en conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones, antes de acudir a los órganos
jurisdiccionales en materia laboral a que se refiere el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su
integración, facultades y funcionamiento se determinarán en las leyes y demás disposiciones aplicables.
(ADICIONADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2019)
El Centro de Conciliación se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
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CAPITULO III.
Del Despacho de Gobierno.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 86. Para el desempeño de los asuntos que la presente Constitución encomienda al Ejecutivo, habrán las Secretarías del
Ramo, las dependencias y organismos que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 87. Para ser Secretario del Ramo, se requiere:
(REFORMADA P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento.
(REFORMADA P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
II. Haber cumplido 25 años de edad para el día de la designación.
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; y
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año
de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime la buena fama en concepto
público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.
(REFORMADO, P.O. 4 DE OCTUBRE DE 2016) (REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
ARTÍCULOS 88. Los reglamentos, decretos, acuerdos y circulares expedidos por el Gobernador, serán refrendados por los
Secretarios del Ramo a que el asunto corresponda.
Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso del Estado, sólo se requerirá el
refrendo del Secretario de Gobierno.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2009)
Artículo 89. Los Secretarios del Ramo y los Directores Generales o sus equivalentes de las entidades paraestatales, previa
anuencia del Gobernador, así como los titulares de los organismos públicos autónomos concurrirán a las sesiones del Congreso,
para que informen cuando se discuta una Ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
El Procurador General de Justicia del Estado, previa solicitud del Legislativo al Gobernador, podrá concurrir ante el
Congreso cuando las leyes que se discutan sean de su competencia.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 90. Los Secretarios del Ramo y los demás titulares de las Dependencias centralizadas, así como los del sector
paraestatal, durante el ejercicio de sus funciones, no podrán desempeñar cualquier otro empleo dependiente de la Federación,
Municipios, organismos auxiliares, o bien de otra Entidad Federativa o de algún particular, excepto los cargos de carácter docente
y los honoríficos.
También están impedidos para ejercer la abogacía, salvo en causa propia.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 91. Las faltas temporales de los Secretarios del Ramo, serán suplidas por el funcionario que determine el reglamento
interior respectivo.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Artículo 92. Los reglamentos interiores de cada una de las secretarias del ramo serán expedidos por el Gobernador del Estado y
en ellos se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 93. El refrendo actualiza en el Secretario de Gobierno y los demás Secretarios del Ramo, la responsabilidad que pueda
resultar del mismo.
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CAPITULO IV.
De la Hacienda Pública del Estado.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 94. Constituyen la Hacienda Pública del Estado:
I. Los bienes que sean propiedad del Estado.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
II. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos decretados por el Congreso del Estado.
III. Los bienes vacantes en el Estado.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
IV. Las donaciones, legados, herencias o reintegros que se hagan o dejen al patrimonio estatal.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
V. Los ingresos que, por otros conceptos, señalen los ordenamientos legales de la materia.
Artículo 95. Solamente el Congreso, o la Diputación Permanente, cuando haya sido autorizada por aquel, puede decretar
contribuciones, derogar o alterar el sistema de su recaudación o administración y señalar los gastos en que deban invertirse.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 96. El producto de las contribuciones y bienes del Estado se invertirá únicamente en los gastos que demanda su
administración y en obras y servicios públicos.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 97. La Ley de Ingresos, que a iniciativa del Ejecutivo deberá expedir anualmente el Congreso del Estado, contendrá la
enumeración de los impuestos y de las demás percepciones que se requieran para cubrir el presupuesto, correspondiente a cada
ejercicio fiscal.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 98. Las contribuciones al gasto público serán determinadas anualmente por el Congreso del Estado, en forma
proporcional y equitativa.
(REFORMADA, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2011)
Artículo 99. Para la guarda, recaudación y distribución de los caudales públicos, habrá una dependencia que se denominará
Secretaría de Finanzas del Estado, cuyo titular será designado por el Gobernador del Estado y deberá ser ratificado por el
Congreso o en los recesos por la Diputación Permanente, en ambos casos bastará con la mayoría relativa y podrá ser removido
libremente por el Titular del Poder Ejecutivo.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2011)
Artículo 100. Son obligaciones del Secretario de Finanzas del Estado:
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
I. Glosar las cuentas presentadas por los Recaudadores de Rentas, dando cuenta al Gobernador del resultado de las mismas.
(REFORMADA, P.O. 10 DE FEBRERO DE 1998)
II. Presentar al Congreso del Estado, dentro del término que disponga la Ley, previo acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, la
cuenta pública, para efectos de su revisión, discusión y aprobación, en su caso.
(REFORMADA, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2011)
III. Recaudar los ingresos públicos del Estado, con arreglo a las leyes del mismo.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
IV. Informar al Gobernador del Estado, sobre las responsabilidades en que incurran los servidores públicos bajo su dirección, a
fin de que las mismas se hagan exigibles, en los términos de esta Constitución y demás ordenamientos legales aplicables.
(REFORMADA, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
V. Presentar diariamente al Ejecutivo, un informe general que manifieste el movimiento diario de ingresos y egresos.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 101. En la administración de los recursos económicos del Estado, se observará lo dispuesto en esta Constitución y demás
ordenamientos legales aplicables.
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(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 102. No se hará ningún gasto que no esté comprendido en el Presupuesto o haya sido autorizado por el Congreso. La
infracción de este artículo hace responsable a la autoridad que ordene el gasto y al servidor público que lo ejecute.
(ADICIONADO, P.O. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2003)
La disponibilidad presupuestal en materia de acceso a la información pública, se regirá por la eficiencia, racionalidad, optimización
de recursos e interés social.
(REFORMADA, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2011)
Artículo 103. El Secretario de Finanzas del Estado deberá exigir a todo servidor público que maneje caudales del Estado, que
constituya caución suficiente a su satisfacción, antes de tomar posesión de su cargo.
(REFORMADA, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2011)
Artículo 104. El Ejecutivo sólo podrá expedir órdenes de recaudación por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado.
(REFORMADA, P.O. 18 DE NOVIEMBRE DE 2011)
Artículo 105. El Gobernador deberá presentar al Congreso, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Estado, a más tardar el 30 de noviembre del año anterior al del Ejercicio Fiscal que correspondan, o hasta el día 15
del mes de diciembre cuando inicie su encargo en los términos del Artículo 77 de esta Constitución. El Secretario de Finanzas del
Estado, deberá comparecer a dar cuenta de los mismos.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
No podrá haber otras partidas globales, fuera de las que se considere necesarias con ese carácter, en el mismo presupuesto. Su
empleo requerirá acuerdo escrito del Gobernador del Estado.
Artículo 106. El año fiscal comenzará en el Estado el primero de enero, para expirar el día último de diciembre del mismo año.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 107. Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias o de beneficio social, de carácter temporal y que no afecten
substancialmente las finanzas del Estado.
El Ejecutivo vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.
CAPITULO V.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 16 DE MARZO DE 2009)
De la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Sección Primera.
De la Seguridad Pública.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Artículo 108.- La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el estado y los municipios, que tiene como fines
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende
la prevención especial y general de los delitos, su investigación y persecución, la reinserción social del sentenciado, así como la
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias previstas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia,
profesionalismo, honradez, transparencia y respeto a los derechos humanos.
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social de la delincuencia con carácter integral, sobre las causas que
generan violencia, adicciones, la comisión de delitos y otras conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar
en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 9 DE AGOSTO DE 2016)
Artículo 109.- Para el cumplimiento de la función de seguridad pública la ley establecerá una dependencia especializada en la
materia y conformará el Sistema Estatal de Seguridad Pública, como instancia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno
con amplia participación social.
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Las instituciones encargadas de la seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
El Sistema Estatal de Seguridad Pública estará sujeto a las bases siguientes:
I. Formulará políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a prevenir la comisión de delitos y
otras conductas antisociales;
II. Propiciará la coordinación de los órdenes de gobierno estatal, municipal y federal, para la vinculación y el mejor desarrollo
de la función de seguridad pública;
III. Normará el sistema de desarrollo policial del estado y los municipios, mediante el servicio profesional de carrera, la
certificación y el régimen disciplinario;
IV. Establecerá y actualizará permanentemente las bases de datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad
pública y seguridad privada, a fin de que ninguna persona pueda ingresar al servicio si no ha sido debidamente certificada y
registrada en el sistema;
V. Garantizará la participación de la sociedad civil en los procesos de elaboración y evaluación de las políticas públicas de
prevención del delito y de la delincuencia, así como de las instituciones de seguridad pública;
VI. Verificará que los fondos destinados a seguridad pública, se utilicen única y exclusivamente para esos fines;
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales del estado y los municipios, podrán
ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para
permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad
jurisdiccional laboral resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en
ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere
promovido.
Las autoridades estatales y municipales, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social para el personal del
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales y de sus familias y dependientes.
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Artículo 110.- El Gobierno del Estado y los ayuntamientos, podrán celebrar convenios de coordinación para formular planes,
desarrollar programas y ejecutar acciones de manera conjunta a fin de lograr los objetivos en materia de seguridad pública.
Cuando a juicio de un ayuntamiento sea necesario, porque no cuente con suficientes y adecuados recursos humanos o de
equipamiento, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente,
se haga cargo de la prestación del servicio de seguridad pública o bien se ejerza coordinadamente por ambos.
En caso de ocurrir situaciones graves que pongan en riesgo el orden y la paz pública de una comunidad, el Estado de manera
oficiosa o a petición del propio municipio, podrá asumir el mando temporal de la policía preventiva municipal a través de la
dependencia competente, hasta en tanto se restablezcan las condiciones de normalidad.
Frente a una situación de emergencia, natural o humana, que rebase las posibilidades de los municipios afectados, el mando y la
coordinación de las policías preventivas municipales quedará bajo la responsabilidad del gobierno estatal, hasta en tanto cese la
emergencia.
Artículo 111.- La función de seguridad pública estatal comprende el sistema penitenciario, que se organizará sobre la base del
respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para
lograr la reinserción a la sociedad de las personas sentenciadas y procurar que no vuelvan a delinquir, observando los beneficios
que para ellas prevé la ley.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
Toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser alimentada y a tener acceso a asistencia médica, con cargo a los fondos
públicos.
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(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
El Estado formará un cuerpo policial especializado en la vigilancia de los centros penitenciarios.
Artículo 112.- Los particulares podrán prestar servicios de seguridad privada previa autorización que otorgue el estado, según las
disposiciones que al efecto se expidan. Las corporaciones de seguridad privada serán auxiliares de las autoridades estatales de
seguridad pública.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Sección Segunda.
De la Procuración de Justicia.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Artículo 113.- La procuración de justicia es una función esencial y por tanto indelegable del Estado que tiene por objeto proteger
los intereses de la sociedad y resguardar la observancia de la ley, particularmente por lo que toca a la investigación y persecución
de los delitos del orden común. Se ejerce a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de
patrimonio propios, denominado Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza que se integra por el Ministerio Público,
sus órganos auxiliares y áreas de apoyo.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando
de aquél en el ejercicio de esta función.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
El Ministerio Público es la institución única e indivisible, que dirige la investigación y persecución de los hechos probablemente
constitutivos de delitos y, en su caso, promueve el ejercicio de la acción penal ante los tribunales de justicia, protege y brinda
atención a las víctimas del delito y testigos, con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos del imputado y demás intervinientes.
En el ejercicio de su función de investigación y persecución de los delitos, el Ministerio Público goza de total autonomía, para
garantizar su independencia en la emisión de las determinaciones de su competencia, por lo que ningún funcionario del Poder
Ejecutivo o de cualquier otro poder podrá intervenir en sus decisiones.
La actuación del personal de procuración de justicia se regirá bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez,
imparcialidad, transparencia, objetividad, independencia y respeto a los derechos humanos.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
El Fiscal General del Estado presidirá al Ministerio Público y será el titular de la fiscalía, con las facultades y obligaciones que
establecen esta Constitución y las leyes. En el ámbito de la investigación y persecución de los delitos, las decisiones del Fiscal
General del Estado únicamente estarán sujetas al mandato de la ley.
(ADICIONADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza contará con una Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de
Corrupción, dotada de autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por
hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado previa convocatoria, pública, abierta y transparente por las dos terceras partes
de los diputados presentes del Congreso. El Ejecutivo podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo
nombramiento en los términos de este párrafo.
(ADICIONADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, podrá ser removido libremente por el Fiscal General
del Estado. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro
de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la Fiscalía Especializada será restituido en el ejercicio de sus funciones.
(ADICIONADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2024)
La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, contará con una Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, dotada de autonomía
técnica y operativa, para la investigación y persecución de los hechos que la ley considera constitutivos de delitos cometidos por
razón de género en contra de mujeres y niñas, así como los delitos ejecutados contra niños. Esta Fiscalía, deberá tener el personal
necesario para su operación debidamente especializado y capacitado en la materia.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Artículo 114.- Los requisitos, la designación, el ejercicio y la remoción del cargo de Fiscal General del Estado, se sujetará a las
bases siguientes:
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I. Para ocupar el cargo se requerirá:
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
2. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.
3. Contar, con título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para
ello y cédula profesional que acredite su registro ante autoridad competente y contar con una antigüedad mínima de 10
años en el ejercicio de la profesión.
4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
5. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público.
6. Haber residido en el Estado durante los cinco años anteriores al día de la designación.
II. La designación y remoción se realizarán conforme al siguiente procedimiento:
1. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, el Congreso del Estado, previa convocatoria pública
abierta y transparente, contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada
por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo del Estado.
Si el Ejecutivo del Estado no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Congreso del Estado una
terna y designará provisionalmente al Fiscal General del Estado, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice
la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General del Estado designado
podrá formar parte de la terna.
2. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo del Estado formulará
una terna y la enviará a consideración del Congreso del Estado.
3. El Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal
General del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.
En caso de que el Ejecutivo del Estado no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Congreso del Estado
tendrá diez días para designar al Fiscal General del Estado de entre los candidatos de la lista que señala el numeral 1.
Si el Congreso del Estado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo del
Estado designará al Fiscal General del Estado de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna
respectiva.
4. El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Congreso del Estado por las causas graves que establezca la
ley, en la forma y términos que fijen esta Constitución y la ley de la materia. La remoción deberá ser aprobada por el
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
5. En los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato a sesión extraordinaria
para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General del Estado.
6. Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en los términos que determine la ley.
III. Antes de tomar posesión de su cargo deberá rendir la protesta de ley ante el Congreso del Estado.
IV. El período constitucional del Fiscal General del Estado será de siete años.
V. En tanto se designe nuevo Fiscal General del Estado y rinda la protesta de ley, ocupará el cargo el servidor público que
conforme a la ley deba cubrir su ausencia.
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VI. El cargo será incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión de carácter público o privado, así como con el
ejercicio libre de la profesión de abogado. Sin embargo, podrá realizar labores docentes y actividades de investigación
académica y/o científica, en los términos previstos por la ley de la materia.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Artículo 115.- El Fiscal General del Estado tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
I. Ser el titular y rector de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y presidir al Ministerio Público.
II. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos humanos, con cuantas actuaciones exijan su defensa.
III. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Sistema de Seguridad Pública del Estado.
IV. Formular iniciativas de ley ante el Congreso del Estado, en materia de procuración de justicia.
V. Emitir los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas que regulen los procedimientos, materias, funciones
y servicios públicos de su competencia.
VI. Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional y de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos.
VII. Nombrar y remover de conformidad con la ley, a los servidores públicos bajo su dependencia, siempre y cuando el
nombramiento no esté previsto de manera especial por esta Constitución o las leyes.
VIII. Asignar y desplazar libremente a los servidores públicos en las labores de procuración de justicia, investigación y atención
de procesos. Asimismo, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza
asumirá en cada caso.
IX. Coordinar los trabajos tendientes a conformar las políticas públicas de procuración de justicia en el Estado.
X. Investigar, por sí o por conducto del personal de su dependencia, de oficio o con base en la denuncia o querella formuladas,
los hechos que puedan constituir delito.
XI. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos o de situaciones jurídicas en que exista interés público u
oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.
XII. Suministrar al Gobernador información sobre las investigaciones cuando sea necesario para la preservación del orden
público.
XIII. Elaborar cada año el proyecto de presupuesto de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y hacerlo llegar al
Ejecutivo del Estado, para su inclusión en el presupuesto de egresos. Por la especialidad de la función, cualquier
modificación deberá ser puesta a consideración del Fiscal General del Estado para que fundamente las necesidades
planteadas o establezca prioridades.
XIV. Denunciar ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia las tesis que estime contradictorias para su depuración, en asuntos
en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones.
XV. Presentar anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo un informe de actividades y comparecer ante el Congreso del
Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.
XVI. El Fiscal General del Estado, podrá concurrir ante el Congreso cuando las leyes que se discutan sean de su competencia.
XVII. Expedir los reglamentos que requiera la procuración de justicia para hacerla pronta y expedita, los cuales deberán tener
como principios rectores el respeto a los derechos humanos de las víctimas, de los indiciados y los probables responsables
de los delitos, en los términos que disponga la ley que rija su función.
XVIII. Las demás que le atribuyan las leyes.
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(DECRETO 261, ADICIONADA, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, ADICIONADA, P.O. 21 DE ENERO DE 2022)
Sección Tercera
De la búsqueda de personas
Artículo 115 Bis. La búsqueda de personas es una función esencial para la protección de la vida, seguridad e integridad de las
personas y, por tanto, indelegable e irrenunciable de las autoridades del estado y de los municipios, que tiene por objeto determinar
la suerte o el paradero de las personas desaparecidas y, en su caso, la localización, reintegración o restitución a sus núcleos
familiares o comunitarios.
Esta obligación comprende la realización, con la debida diligencia, de todas las acciones encaminadas al esclarecimiento de los
hechos para garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación integral, incluidas aquellas tendientes a la
localización, restitución, recuperación e identificación forense de personas, en forma digna, confiable y veraz. El deber de
búsqueda es una función concurrente y complementaria entre diferentes autoridades encargadas de esta función, principalmente
a cargo de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Fiscalía General del Estado, por lo que es
obligación irrenunciable de ambas realizar, de manera coordinada, las acciones de búsqueda de cualquier naturaleza, incluidas
las relativas a la búsqueda inmediata, individualizada y de larga data como las relacionadas a la búsqueda por patrones, de familia,
forense o cualquier otra que disponga la normatividad en la materia.
La dirección, coordinación y seguimiento de las acciones de búsqueda de personas se realizará en forma coordinada por la
Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado y las demás instituciones que conforman el Mecanismo Estatal de
Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda, en los términos que establezca la ley.
Las instituciones de seguridad pública del estado y de los municipios u otras que tengan la obligación de proteger la seguridad, la
vida y la libertad de las personas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben contar y garantizar la disponibilidad
inmediata de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. Dicho personal debe atender las
solicitudes de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza.
La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza será un órgano que dependerá del Poder Ejecutivo, con autonomía
técnica y profesional, con presupuesto suficiente para el ejercicio de sus funciones, en los términos de las disposiciones aplicables,
a partir de los principios siguientes:
I. Las acciones, medidas y procedimientos para la búsqueda de personas desaparecidas se regirán por los principios de
efectividad y exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y
no discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, participación y colaboración conjunta e
interinstitucional, perspectiva de género, presunción de vida y verdad, así como de progresividad y no regresividad en los
términos del artículo 199 de esta Constitución.
II. La búsqueda de personas se regirá en todo momento por lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia de los que
el Estado mexicano es parte, las resoluciones de los organismos internacionales competentes en la materia, así como por los
principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas emitidos por el Comité de la Organización de las Naciones
Unidas contra la Desaparición Forzada, en el sentido de que la misma se realice bajo la presunción de vida; respete la dignidad
humana; se oriente por una política pública; con un enfoque diferencial; respete el derecho a la participación; se inicie sin
dilación; se conciba como una obligación permanente; se realice con una estrategia integral; en su caso, tome en cuenta la
vulnerabilidad de las personas migrantes; se organice de manera eficiente; use la información de manera apropiada; sea
realizada de manera coordinada; en condiciones seguras; sea independiente e imparcial y se lleve a cabo a través de
protocolos públicos.
III. Para el desarrollo y colaboración en procesos de identificación de personas la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila
de Zaragoza contará con un Centro de Identificación Humana.
CAPITULO VI.
De la Instrucción Pública.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 116. La educación de los hijos es deber y derecho primario de los padres o de quienes los representen. El Estado vigilará
el cumplimiento de ese deber y facilitará el ejercicio de este derecho.
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(REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
Artículo 117. La educación y la enseñanza será organizada como un proceso integral correlacionado con sus diversos ciclos, de
modo que exista una adecuada articulación y continuidad entre todos sus grados, incluyendo el superior, y estará orientada a
lograr el desarrollo armonioso de la personalidad humana, el amor a la Patria y el respeto a los derechos humanos conforme a lo
dispuesto por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(ADICIONADO, P.O. 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020)
La educación pública que el Estado debe de otorgar a los escolares deberá de contribuir a una mejor convivencia humana,
fomentando el cuidado, preservación y protección del medio ambiente y de todos los seres vivos que forman parte de este,
incluyendo a los animales domésticos, bajo la perspectiva de consolidar una conducta pacífica y amigable hacia todos los seres
vivos.
(ADICIONADO, P.O. 8 DE MARZO DE 2014)
El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación propondrá y en su caso aplicará los planes y programas de estudio
de educación preescolar, primaria, secundaria y normal previamente determinados por la federación.
(ADICIONADO, P.O. 8 DE MARZO DE 2014)
Por lo que respecta al nivel bachillerato, la autoridad educativa estatal regulará en coordinación con la autoridad educativa federal
los planes y programas de estudio, una vez establecido el marco curricular común.
(ADICIONADO, P.O. 8 DE MARZO DE 2014)
Se garantizará el derecho a la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la
organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de
aprendizaje de los educandos, así mismo gozarán de las prerrogativas que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.
(ADICIONADO, P.O. 8 DE MARZO DE 2014)
A fin de garantizar la idoneidad de los docentes y los directivos, el ingreso al servicio profesional y la promoción a cargos con
función de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se realizará mediante
concursos de oposición, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes
reglamentarias.
(ADICIONADO, P.O. 8 DE MARZO DE 2014)
El ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional se realizarán mediante evaluaciones
obligatorias que garantizarán los conocimientos y capacidades que correspondan, y con pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 8 DE MARZO DE 2014)
Artículo 118. El Estado y los municipios prestarán los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior,
estos niveles educativos serán obligatorios.
(REFORMADO, P.O. 8 DE MARZO DE 2014)
La educación inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria y media superior que impartan el Estado y los municipios en
establecimientos sostenidos por recursos públicos será gratuita, de calidad y tenderá a desarrollar armónicamente, todas las
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de
la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
El Estado reconoce a la juventud el derecho de que se le complemente su educación en instituciones sostenidas con los fondos
públicos, sin más limitación que las posibilidades económicas al alcance del Estado.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
El Estado sostendrá las Escuelas Normales indispensables para la preparación técnica de los maestros encargados de la
enseñanza.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Los centros particulares de enseñanza en todos sus tipos y grados, están sujetos a la inspección del Estado y, para la validez legal
de los estudios que impartan, deben obtener autorización expresa, así como cumplir con los planes y programas oficiales. La
autorización podrá ser negada o revocada discrecionalmente sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno.
(REFORMADO, P.O. 8 DE MARZO DE 2014)
Artículo 119. Las Universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo
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con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas;
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el
Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos y con las modalidades
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden
con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que este artículo se refiere.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 120. Se declara de interés público: la campaña permanente de alfabetización; la creación de becas que favorezcan a
personas de escasos recursos económicos, con merecimientos académicos; el establecimiento de bibliotecas públicas y escolares;
hemerotecas y demás centros de estudio, investigación y cultura en general, así como el fomento del deporte y la cultura física.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 121. Para realizar los objetivos de la educación y la enseñanza, el Estado contará con los órganos de autoridad necesarios
que determinen las leyes y los ordenamientos de la materia.
(DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
CAPITULO VII.
(DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Del Gobierno y Administración Interior del Estado.
Artículo 122. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 123. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 124. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 125. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 126. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 127. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 128. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 129. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 130. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 131. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 132. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 133. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 134. (DEROGADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
TITULO QUINTO.
El Poder Judicial
(ADICIONADA SU DENOMINACION, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
CAPITULO I.
De la Organización y Atribuciones.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2019) (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
(REFORMADO, P.O. 22 DE JUNIO DE 2007)
Artículo 135. El Poder Judicial se deposita, para su ejercicio, en el Tribunal Superior de Justicia, en los Tribunales Distritales, en
los Juzgados de Primera Instancia, cualquiera que sea su denominación y en los demás órganos judiciales que con cualquier otro
nombre determinen las leyes. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia se integrará con el número de magistraturas que establezca
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza. Será titular de su Presidencia, la persona magistrada que
designe el Pleno por tres años, con posibilidad de ser reelecto por igual período. La representación del Poder Judicial recaerá en
ella.
El Poder Judicial del Estado contará con un Órgano de Administración Judicial, mientras que la vigilancia, disciplina, evaluación y
contraloría de su personal estará ́ a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, en los términos que señala esta Constitución y demás
leyes aplicables.
El período constitucional de los integrantes del Poder Judicial será:
50
I. De nueve años, para las personas magistradas del Tribunal Superior de Justicia;
II. De nueve años, para las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial;
III. De nueve años, para las personas magistradas de los Tribunales Distritales;
IV. De nueve años, para las personas juzgadoras de primera instancia; y
De seis años, para las personas integrantes del Órgano de Administración Judicial
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 22 DE JUNIO DE 2007)
Artículo 136. La competencia, organización, funcionamiento y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia y demás órganos
jurisdiccionales, así como las facultades, deberes, responsabilidades, licencias, retiros y demás comisiones de las personas
magistradas o juzgadoras, se regirán por esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza. Las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, en los términos que disponga la Ley.
El Tribunal Superior de Justicia se compondrá por trece integrantes electos popularmente, propietarios y suplentes,
respectivamente. Funcionará en Pleno y en Salas, en los términos que establezca la Ley.
Por cada listado de candidaturas propietarias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, se elegirá
también un listado de candidaturas suplentes que preferentemente se conformarán entre las personas del Poder Judicial para
garantizar la carrera judicial, en los términos que establezca la Ley. Las magistraturas suplentes cubrirán las ausencias temporales
o definitivas de los propietarios que correspondan en los términos de Ley, por el período constitucional de que se trate. Las
ausencias definitivas y temporales de los demás cargos judiciales del Poder Judicial se suplirán en los términos que establezca la
Ley.
(ADICIONADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
Artículo 136-A. (DEROGADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024)
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 25 DE MAYO DE 2007)
Artículo 137. El Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como el Tribunal de Disciplina Judicial y los
Tribunales Distritales, están facultados para formar jurisprudencia local, en los términos que establezca la Ley.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE 2007)
Artículo 138. Para ser electo titular de una magistratura del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial o del
Tribunal Distrital, se requiere:
I. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y contar con treinta y cinco
años de edad a la fecha de la convocatoria respectiva;
II. Contar al día de la publicación de la convocatoria respectiva con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber
obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente;
III. Gozar de buena reputación, buena fama y honorabilidad y tener una experiencia profesional jurídica acreditada de por lo
menos diez años;
IV. Haber residido en el estado durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria respectiva;
V. Contar con la certificación de perfil judicial idóneo, por parte de la institución que se encargue de la formación judicial del
Poder Judicial del Estado, en los términos que disponga la Ley;
VI. Emitir por escrito una declaración de no conflicto de interés;
VII. No haber ocupado el cargo de Secretaría del Ramo o su equivalente, en la Administración Pública Estatal, de la Fiscalía
General del Estado, del Congreso del Estado o alguno de los cargos a que se refiere el artículo 97, fracción V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el año previo al día de la convocatoria;
51
VIII. No tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la función pública, la vida y la integridad corporal; contra
la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o
doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus
modalidades y tipos;
IX. No ser declarada, por juez competente, como persona deudora alimentaria morosa, o culpable de sanción administrativa o
pena de inhabilitación del cargo público, o suspendida de sus derechos políticos, en los términos de Ley; y
X. Los demás que establezca la Ley.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 1993)
Artículo 139. Para ser electo Juez de Primera Instancia se requiere:
I. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Contar el día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido
un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente. En caso de aspirar a un juzgado
especializado señalado en la convocatoria respectiva, se deberá tener en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado,
según corresponda, nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo especializado al que se postula;
III. Gozar de buena reputación, buena fama y honorabilidad y tener una experiencia profesional jurídica acreditada de por lo
menos cinco años;
IV. Haber residido en el estado durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria respectiva;
V. Contar con la certificación de perfil judicial idóneo, por parte de la institución encargada de la formación judicial del Poder
Judicial del Estado, en los términos que disponga la Ley;
VI. Emitir por escrito una declaración de no conflicto de interés;
VII. No haber ocupado el cargo de Secretaría del Ramo o su equivalente, en la Administración Pública Estatal, de la Fiscalía
General del Estado, del Congreso del Estado o alguno de los cargos a que se refiere el artículo 97, fracción V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el año previo al día de la convocatoria;
VIII. No tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la función pública, la vida y la integridad corporal; contra
la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o
doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus
modalidades y tipos;
IX. No ser declarada, por juez competente, como persona deudora alimentaria morosa, o culpable de sanción administrativa o
pena de inhabilitación del cargo público, o suspendida de sus derechos políticos, en los términos de Ley; y
X. Los demás que establezca la Ley.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 140. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los órganos del
Poder Judicial en los negocios que les encomienden las leyes, según los procedimientos que las mismas establezcan.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
Artículo 141. La Justicia se imparte en nombre del pueblo y se administra por el Estado a través de la función jurisdiccional,
ejercida por Magistrados y Jueces integrantes del Poder Judicial, independientes, imparciales, responsables y sometidos
únicamente al imperio de esta Constitución y la Ley.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024)
Es obligatorio para toda autoridad cumplir las sentencias y demás resoluciones de los órganos del Poder Judicial del Estado, así
como prestar la colaboración requerida por éstos. La autoridad requerida está obligada a proporcionar las garantías, recursos y
elementos necesarios para hacer efectiva la orden judicial.
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(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 142. El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica y de
gestión para emitir sus resoluciones que le correspondan conforme a la Ley, el cual se regirá conforme a las bases siguientes:
I. El Tribunal de Disciplina se integrará por tres personas electas popularmente, en los términos de esta Constitución y la Ley.
La Presidencia del Tribunal se renovará en los términos que establezca la Ley;
II. Las magistraturas del Tribunal de Disciplina ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durarán nueve años en
su encargo. No podrán ser electos para un nuevo período. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos
del Título Séptimo de esta Constitución;
III. Para ser elegibles, las personas Magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial deberán reunir los requisitos señalados para
las personas Magistradas del Tribunal Superior de Justicia y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad
profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades;
IV. El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en Pleno o en Ponencias. El Pleno será la autoridad máxima en los términos que
establezca la Ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Podrá ordenar por denuncia u oficio el
inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos;
ordenar medidas cautelares y de apremio; y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones
contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia,
profesionalismo y excelencia, además de los asuntos que la ley determine. En todo caso, la Ley establecerá con certeza las
faltas administrativas judiciales, sus sanciones y el procedimiento respectivo con garantía de audiencia;
V. El Tribunal conducirá sus investigaciones a través de una unidad técnica e imparcial, responsable de integrar y presentar al
Pleno o a sus ponencias los informes de probable responsabilidad, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y
medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas
que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre
otras que determinen las leyes. El titular de esta unidad será designado en los términos que establezca La ley, con base en
los principios de publicidad, imparcialidad e independencia;
VI. El Tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de ponencias,
que fungirán como autoridad unipersonal substanciadora y resolutora en los asuntos de su competencia. Sus resoluciones
podrán ser impugnadas ante el Pleno, que resolverá en los términos que señale la ley. Las decisiones del Tribunal serán
definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso ordinario alguno en contra de estas;
VII. El Tribunal Pleno podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos. Sin perjuicio de sus
atribuciones sancionadoras, podrá solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante el
Congreso del Estado;
VIII. El Tribunal Pleno podrá sancionar actos de personas físicas o morales privadas cuando determine que hay conductas que
afecten la administración de la justicia, en los términos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas
y demás disposiciones aplicables;
IX. Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e
inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de las personas Magistradas del Tribunal Superior de
Justicia y de los propios del Tribunal, que serán sujetas de responsabilidad política conforme a esta Constitución y la Ley
General de Responsabilidades Administrativas;
X. El Tribunal Pleno de Disciplina Judicial podrá solicitar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia o al Órgano de Administración
Judicial, según corresponda, la expedición de iniciativas de ley o reformas, reglamentos, acuerdos generales o la ejecución
de las resoluciones que considere necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional en los asuntos
de su competencia;
XI. El Tribunal Pleno evaluará, con el auxilio de la institución encargada de la formación judicial del Poder Judicial del Estado, el
desempeño judicial. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación. La ley señalará las
áreas que participen en los procesos de evaluación y seguimiento de resultados, garantizando la imparcialidad y objetividad
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de las personas evaluadoras, así como los procedimientos para ordenar las siguientes medidas correctivas o sancionadoras
cuando la evaluación resulte insatisfactoria:
1. De fortalecimiento, consistentes en actividades de capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o
competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación; y
2. De sanción cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación que derive de las medidas
correctivas ordenadas o se niegue a acatarlas, el Tribunal podrá ordenar su suspensión de hasta un año y determinar
las acciones y condiciones para su restitución. Transcurrido el año de suspensión sin acreditar satisfactoriamente la
evaluación, el Tribunal resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública, sin
responsabilidad para el Poder Judicial.
XII. Para garantizar el principio de justicia pronta y expedita en los términos y plazos previstos en esta Constitución y las leyes
aplicables para asegurar la garantía de breve juicio, las personas interesadas en los juicios respectivos podrán presentar
excitativa de justicia ante el Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de que el órgano jurisdiccional de que se trate rinda de
inmediato un informe y justifique las razones de la demora, en los términos que establezca la Ley;
XIII. El Tribunal de Disciplina Judicial conocerá y resolverá de asuntos, de oficio o a petición de parte, para establecer si los
litigantes realizaron acciones tendientes a prolongar, dilatar u obstaculizar en forma indebida la sustanciación o resolución
del juicio, en cuyo caso serán sancionados en términos de la Ley; y
XIV. El Tribunal Pleno de Disciplina Judicial conocerá y resolverá de los conflictos laborales entre el Poder Judicial del Estado y
todos sus servidores públicos conforme a la Ley.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
Artículo 143. El Órgano de Administración Judicial será un órgano del Poder Judicial responsable de la administración, de la
carrera judicial, del servicio profesional, así como de los demás servicios no jurisdiccionales del Poder Judicial, conforme a las
bases siguientes:
I. Contará con independencia técnica y de gestión. Tendrá a su cargo la determinación de la adscripción de las magistraturas
del Tribunal Distrital, de las personas juzgadoras de primera instancia, cualquiera que sea su denominación; de igual forma
determinará la competencia, número, división de distrito judiciales, competencia territorial y especialización por materias de
los Tribunales Distritales y juzgados de primera instancia; el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera
judicial y servicio profesional, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño; la inspección del cumplimiento
de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial; los procedimientos de gestión judicial y apoyo a la función
jurisdiccional; y las demás que establezcan las leyes;
II. El Pleno del Órgano de Administración Judicial se integrará por cinco personas que durarán en su encargo seis años
improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto del Gobernador del Estado; uno por
el Congreso del Estado y tres por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. La coordinación se
elegirá en los términos que establezca la Ley;
III. Quienes integren el Pleno del Órgano de Administración Judicial deberán tener la ciudadanía mexicana por nacimiento, en
pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar con experiencia profesional mínima de cinco años en las actividades
relacionadas con las funciones del órgano de administración judicial; y contar con título de licenciatura en derecho, economía,
actuaría, administración, contabilidad o cualquier título profesional relacionado, con antigüedad mínima de cinco años; y no
estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni haber sido condenados por los
delitos previstos en el artículo 138, fracción VII, de esta Constitución;
IV. Durante su encargo, las personas integrantes del Pleno del órgano de administración sólo podrán ser removidas en los
términos del Título Séptimo de esta Constitución. En caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de alguna de las
personas integrantes, la autoridad que le designó hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste al período de
designación respectivo;
V. La Ley establecerá las bases para la formación, evaluación, certificación y actualización del personal judicial, así como para
el desarrollo de la carrera judicial y servicio profesional, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género;
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VI. El Órgano de Administración Judicial contará con un órgano auxiliar con autonomía técnica y de gestión responsable de
diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de
carrera judicial y servicio profesional del Poder Judicial del Estado, así como de llevar a cabo los concursos de oposición
para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial, así como para elaborar y aplicar los exámenes de conocimientos
para poder participar en la selección de las candidaturas de la elección judicial popular, en los términos de las disposiciones
aplicables;
VII. El servicio jurídico de defensoría en asuntos del fuero común será proporcionado por el Órgano de Administración Judicial,
a través del Instituto que se encargue de la defensoría pública, en los términos que establezca la Ley;
VIII. Los demás servicios de conciliación, mediación o cualquier otro de justicia alternativa o servicios no jurisdiccionales se
prestarán por la institución que determine la Ley;
IX. De conformidad con lo que establezca la ley, el Órgano de Administración Judicial estará facultado para expedir acuerdos
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. El Órgano de Administración Judicial, a solicitud del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia, podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados
con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración
deberá tomarse en función del interés social y el orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y
competencia;
X. Las decisiones del Órgano de Administración Judicial se tomarán por mayoría de votos y serán definitivas e inatacables por
recurso ordinario; y
XI. En el ámbito del Poder Judicial del Estado de Coahuila, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos,
mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 144. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, regulará el Estatuto Jurídico que formarán
un cuerpo único de los titulares de la función judicial y del personal de carrera judicial y servicio profesional de la administración
de justicia, así como las condiciones para su ingreso, ascenso, permanencia y retiro.
La formación y actualización de los servidores públicos judiciales estará a cargo de la escuela de formación judicial que es la
garantía de la carrera judicial y del servicio profesional de carrera, los cuales se regirán por los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo, independencia y honorabilidad.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (F. DE E., P.O. 5 DE JULIO DE 1988)
Artículo 145. Las listas de candidaturas que realicen libremente los Poderes del Estado a los cargos judiciales populares serán
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios en la administración de justicia con eficiencia y
probidad, o por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, en los términos que
establece esta Constitución y la Ley.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO, PRIMER PARRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE
2007)
Artículo 146. Las personas magistradas y juzgadoras del Poder Judicial del Estado serán electas conforme a las bases previstas
en esta Constitución y al siguiente procedimiento:
I. El Congreso del Estado o, en sus recesos, la Diputación Permanente, expedirá la convocatoria después del mes de junio del
año anterior al de la jornada de la elección judicial que corresponda. La convocatoria contendrá las etapas completas del
proceso, el calendario, los plazos definitivos e improrrogables, los cargos a elegir y demás bases que establezca la legislatura
conforme a la Ley;
II. El Órgano de Administración Judicial hará del conocimiento del Congreso del Estado o la Diputación Permanente, según
corresponda, los cargos sujetos a elección judicial, la especialización por materia y demás información que se requiera;
III. Cada Poder integrará el Comité de Evaluación en los términos de Ley, conformado por tres personas reconocidas en la
actividad jurídica, que recibirán los expedientes de las personas aspirantes, dictaminará el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad y evaluará con el dictamen de idoneidad a las mejores personas que cuenten con los conocimientos técnicos
necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y
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antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. El Comité se encargará de remitir a cada
poder el listado de las personas que reúnan este perfil idóneo judicial, en los términos que establezca la Ley;
IV. Los Poderes del Estado postularán en un listado el número de candidaturas que corresponda para conformar cada órgano
judicial, conforme a la Ley;
V. El Instituto Electoral recibirá de cada poder los listados de las candidaturas a los cargos judiciales a elegir, conforme al plazo
señalado en la convocatoria en los términos de Ley, para integrar las boletas;
VI. Las personas candidatas podrán registrarse y ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes del Estado, siempre
que aspiren al mismo cargo. Los Poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria
no podrán hacerlo posteriormente;
VII. El Instituto Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría
a los listados de las candidaturas que obtengan el mayor número de votos; y
VIII. En todo caso, se incorporará de manera directa a los listados de candidaturas que se remita al Instituto Electoral de Coahuila
a las personas que se encuentren en funciones en los cargos judiciales a elegir o reelegir, excepto cuando manifiesten la
declinación de su candidatura, renuncien, retiren o sean postuladas para un cargo diverso, en los términos que establezca
la Ley.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 147. Los Magistrados Distritales, los Jueces de Primera Instancia, cualquiera que sea su denominación, y los titulares de
los demás órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial, serán nombrados en los términos previstos en esta Constitución
y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
(F. DE E., P.O. 5 DE JULIO DE 1988)
CAPITULO II.
De las Garantías de la Función Jurisdiccional.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, PRIMER PARRAFO, P.O. 25 DE MAYO DE 2007)
Artículo 148. Las personas titulares del Poder Judicial del Estado, así como los integrantes del Órgano de Administración Judicial,
rendirán protesta conforme a esta Constitución y la Ley.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 149. La Ley establecerá el régimen de incompatibilidad de los miembros del Poder Judicial, que asegurará la total
independencia de los mismos.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024)
Las personas titulares de cargos judiciales no podrán, dentro del siguiente año a la fecha de su conclusión del cargo o retiro, actuar
como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 1993)
Artículo 150. Los Magistrados y Jueces al cumplir un período constitucional, en los términos del artículo 135, podrán ser reelectos,
y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Séptimo de esta Constitución. El procedimiento
de la reelección se establecerá en la Ley.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 151. Son causas de retiro forzoso de los Magistrados y Jueces:
I. (DEROGADA, P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2015)
II. Padecer incapacidad física incurable o mental, incluso cuando esta fuese parcial o transitoria.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (F. DE E., P.O. 5 DE JULIO DE 1988)
Artículo 152. El Órgano de Administración Judicial, a través de su Coordinador, propondrá́ ante el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial, para su discusión y aprobación, a fin de que sea presentando
por conducto de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia ante el Ejecutivo, para que lo incluya en el Presupuesto de Egresos
del Estado.
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Los recursos materiales, humanos y financieros que se asignen para satisfacer el presupuesto aprobado por el Congreso del
Estado serán administrados directamente por el Órgano de Administración Judicial, en términos de la Ley.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 153. Las personas magistradas y juzgadoras percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ́ ser
mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente conforme al
artículo 127 de la Constitución Federal, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.
No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco
préstamos o créditos dentro del Poder Judicial, sin que estas se encuentren asignadas por la Ley, decreto legislativo, contrato
colectivo o condiciones generales de trabajo, conforme al artículo 127 de la Constitución Federal.
Las personas magistradas, juzgadoras y demás personal del Poder Judicial del Estado tendrán derecho a una pensión en los
términos, condiciones y límites establecidos en la Ley.
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
CAPITULO III.
De las Garantías de Acceso y Ejercicio de la Función Jurisdiccional.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
Artículo 154. Toda persona tiene derecho al acceso a la justicia de manera pública, gratuita, pronta, expedita y completa para
tutelar de manera efectiva sus derechos fundamentales.
Esta garantía de la tutela judicial efectiva se regirá por los principios siguientes:
(REFORMADA, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
I. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Nadie puede ser juzgado
por leyes privativas ni por tribunales especiales. El servicio de justicia será gratuito. Quedan prohibidas las costas judiciales.
II. El acceso a la justicia se sujetará a lo siguiente:
1. La garantía de la transparencia judicial que significa la publicidad de la función de los jueces, desde su organización y
funcionamiento hasta el acceso libre al expediente y actuaciones judiciales, salvo los casos reservados por razones
válidas de orden público o privado conforme a la ley.
2. La dirección e impulso del proceso por parte de los jueces, sin perjuicio de la disponibilidad de las partes.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
3. La garantía del breve juicio bajo principios de celeridad, concentración, inmediación, oralidad, contradicción,
continuidad, publicidad, oportunidad y expeditez. Los jueces tienen el deber de procurar que la justicia se imparta en
condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en
demanda del servicio judicial.
4. El derecho a la igualdad, salvo la prevalencia del trato judicial más favorable a las personas más débiles o vulnerables.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
5. El derecho a la audiencia previa y a una defensa adecuada de las partes. El Estado proporcionará el servicio de
defensoría pública de calidad para la población, en las diversas materias del conocimiento de autoridades que tengan
a su cargo funciones jurisdiccionales y asegurará las condiciones para un servicio profesional de carrera para los
defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del
Ministerio Público.
La defensoría pública, independientemente de su adscripción, contará con autonomía técnica, de gestión y operativa,
y su objeto es coordinar, dirigir y controlar el servicio de la defensa pública, de acuerdo con las disposiciones de esta
Constitución y demás ordenamientos legales aplicables. La defensoría pública desempeñará sus funciones jurídicas,
técnicas y de gestión con independencia de su adscripción orgánica.
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(REFORMADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
6. El derecho a obtener una resolución fundada y motivada que ponga fin al proceso. Toda resolución deberá ser clara,
precisa, accesible y deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e
independencia. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública,
previa citación de las partes.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
7. La interpretación más extensiva de la acción para permitir el más amplio acceso a la jurisdicción
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
8. La interpretación restrictiva de las causas de de improcedencia que sólo serán las estrictamente necesarias.
9. El debido procedimiento con formalidades esenciales, a partir de los principios de antiformalismo, subsanabilidad,
razonabilidad, proporcionalidad y estabilidad o conservación de los actos válidos.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
10. Los principios generales del proceso, siendo éstos los de oralidad, publicidad, inmediación, concentración, continuidad
y contradicción.
11. El procedimiento judicial se podrá tramitar a través de un sistema de justicia digital confiable.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
12. La plena y efectiva ejecución de las resoluciones judiciales. La ley establecerá los medios necesarios para que se
garantice la plena ejecución de las resoluciones judiciales.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
13. El derecho a un recurso sencillo que, en su caso, repare de manera rápida y eficaz las violaciones durante el proceso
en los términos que establezca esta Constitución y la ley. Se considera que un recurso no es efectivo cuando es ilusorio,
gravoso, desproporcional o cuando el legislador no ha regulado su debida aplicación en las leyes secundarias.
(REFORMADA, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
III. La ley establecerá los casos en que procederá la indemnización a cargo del Estado, por los daños causados por error grave
o funcionamiento anormal de la procuración o impartición de justicia.
(REFORMADA, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
IV. El Estado establecerá un sistema de justicia alternativa para resolver las controversias entre particulares, cuyo servicio será
gratuito. Las leyes regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño, fijarán medios equivalentes y establecerán
los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Se privilegiará la justicia restaurativa a fin de recomponer el tejido social
y que el imputado o sentenciado pueda reintegrarse en mejores condiciones a la sociedad.
(ADICIONADA, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
V. El Poder Judicial contará con jueces de control que resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de
medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial,
garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.
(ADICIONADA, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
VI. Quienes sean miembros de los pueblos o comunidades indígenas tienen derecho a que en todos los juicios y procedimientos
en que sean parte, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando
los preceptos de esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los indígenas tienen en todo
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
(REFORMADO, P.O. 17 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 155. A ninguna Ley se dará efecto retroactivo, en perjuicio de persona alguna.
(REFORMADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016)
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016)
Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie,
la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que atenten contra la dignidad
humana.
58
(ADICIONADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016)
No se considerará confiscación de bienes, los casos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no
esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la Ley, a falta de
ésta, se fundará en los principios generales del derecho.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía
de la inviolabilidad personal, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en
ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada para el esclarecimiento del delito.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
No se admitirán comunicaciones que violen la inviolabilidad personal o el deber de confidencialidad que establezca la ley, salvo
las excepciones a la prueba ilícita.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
Artículo 156. Los juicios, los expedientes y las actuaciones judiciales serán públicas, salvo los casos de excepción que determine
la ley.
La garantía de la transparencia judicial se regirá por los principios siguientes:
I. Toda persona tiene derecho a recibir información en los términos que disponga la ley y el reglamento, sobre:
1. La organización y el funcionamiento del sistema judicial.
2. Las características y requisitos de los procedimientos que se sigan ante los jueces y tribunales.
3. El orden jurídico legal y reglamentario, las sentencias, jurisprudencias y tesis aisladas a través de un sistema de fácil
acceso.
4. El contenido y el estado de cualquier expediente, salvo que se trate de información confidencial o reservada conforme
a la ley.
5. La demás información que resulte relevante para conocer el sistema judicial.
II. Los jueces tienen el deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta en
condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad de la persona que acude en
demanda del servicio.
III. Los actos de comunicación y difusión judicial se deberán realizar en términos sencillos y comprensibles a cualquier persona.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
Artículo 157. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración,
continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no
quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la
valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la
audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que
por su naturaleza requiera desahogo previo;
59
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y
los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo
penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente
la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación
anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad
judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de
convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los
beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y
X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.
B. Todo inculpado, desde el inicio de su proceso, deberá ser informado de los derechos que en su favor consignan la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, señaladamente los relativos a:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la
causa. La presunción de inocencia es un derecho fundamental que se regulará como regla de juicio, de prueba y, en
general, de tratamiento durante todo el procedimiento penal.
II. Una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de que conozca la imputación
o su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le
designará un defensor público.
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de
hacerlo cuantas veces se le requiera.
III. A un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías;
IV. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el
juez, en qué se hacen consistir el o los hechos concretos que se le imputan y los derechos que le asisten.
V. A utilizar todos los medios de prueba pertinentes para su defensa;
VI. A declarar o guardar silencio, así como a no ser compelido a declarar en su contra. El indiciado no podrá ser obligado
a declarar. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar
silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio.
Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación, tortura y tratos crueles,
inhumanos o degradantes. La confesión obtenida por estos medios o rendida sin la asistencia del defensor carecerá de
todo valor probatorio.
VII. A que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca concediéndosele el tiempo que la ley estime
necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los
términos que señale la ley.
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VIII. A ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción
que determine la ley, por razones de seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se
ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas
para justificarlo.
IX. A ser juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes
de un año si la pena excede de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.
C. La víctima o el ofendido por algún delito en todo proceso penal, tendrá derecho a:
I. Recibir asesoría jurídica, ser informada de los derechos que en su favor establecen la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento
penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público, bajo los siguientes derechos:
a) A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en
el proceso,
b) A que se desahoguen las diligencias correspondientes,
c) A intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su
negativa.
III. La reparación del daño, en los casos en que sea procedente. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público
estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia
condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.
IV. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia, en caso de ser necesaria;
V. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las
resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, suspensión del procedimiento, sentencias
absolutorias o cualquier otra resolución que libere al imputado.
VI. Al resguardo de su identidad y otros datos personales cuando sea menor de edad o se trate de delitos de violación,
secuestro o trata de personas, o cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando los
derechos de la defensa; a que se le garantice su protección, y
VII. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias que prevea la ley, para la protección y restitución de sus
derechos.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan
en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación.
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones
que fija la ley.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los
particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Toda pena deberá ser
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. La ejecución de las penas corresponde al Poder Ejecutivo.
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(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
CAPITULO IV.
La Justicia Constitucional Local.
(REFORMADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158. La Justicia Constitucional Local se erige dentro del régimen interior del Estado, como un medio de control para
mantener la eficacia y la actualización democrática de esta Constitución, bajo el principio de supremacía constitucional.
(REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
La Justicia Constitucional Local tiene por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable los conflictos constitucionales que surjan
dentro del ámbito interior del Estado, conforme a este artículo, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 41, 99, 103, 105 y 107
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuando la Autoridad Jurisdiccional considere en su resolución que una norma, es contraria a esta Constitución, con base en lo
establecido por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá declarar de oficio su
inaplicabilidad para el caso concreto. En este supuesto, el Tribunal superior de Justicia revisará la resolución en los términos que
disponga la ley.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en su carácter de Tribunal Constitucional Local conocerá, en los términos que establezca
la ley, de los medios de control siguientes:
(REFORMADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
I. De las controversias constitucionales locales, que con excepción de las que se refieran a la materia jurisdiccional electoral
en los términos del artículo 136 de esta Constitución, se susciten entre:
1. El Poder Ejecutivo y el Legislativo;
2. El Poder Ejecutivo y uno o más Municipios del Estado;
3. El Poder Legislativo y uno o más Municipios del Estado;
4. El Poder Legislativo y una o más entidades paraestatales o paramunicipales del Estado;
5. Un Municipio y otro u otros del Estado;
6. Uno o más Municipios y una o más entidades paraestatales o paramunicipales del Estado;
7. Una o más entidades paraestatales y otra u otras paramunicipales del Estado.
(ADICIONADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
8. Uno o más organismos públicos autónomos y otro u otros órganos del gobierno estatal y/o municipal.
En el caso del inciso 1, la controversia sólo procederá en materia de régimen interno del Estado, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En los casos de los incisos 2., 3. y 5., la controversia sólo procederá en los supuestos previstos en el artículo 115, fracción II,
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
Las controversias constitucionales locales se sujetarán a lo siguiente:
(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
1, Podrán promoverse por cualquiera de las partes, según la controversia de que se trate. En las que el Ejecutivo sea parte,
podrá estar representado por el titular de la Consejería Jurídica.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
El Fiscal General del Estado, podrá promover en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito
de sus funciones.
62
2. La controversia tendrá por objeto resolver sobre si el acto o los actos reclamados son conformes o contrarios a esta
Constitución con base en el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por vía de consecuencia declarar su validez o invalidez.
3. Las resoluciones que pronuncie el Tribunal Superior de Justicia, tendrán efectos de cosa juzgada únicamente respecto
de las partes que intervinieron en la controversia. Sólo en los casos en que se forme jurisprudencia local tendrá efectos
generales.
4. La ley establecerá el procedimiento a que deberán sujetarse las partes para dirimir la controversia.
II. De las acciones de inconstitucionalidad local que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma o
acuerdo de carácter general y esta Constitución, las que deberán resolverse con base en lo establecido en el artículo 133 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
Las acciones de inconstitucionalidad se sujetarán a lo siguiente:
1. Se podrán promover en forma abstracta por:
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
a) El Ejecutivo del Estado por sí o por conducto de quien le represente legalmente.
b) El equivalente al diez por ciento de los integrantes del Poder Legislativo.
c) El equivalente al diez por ciento de los integrantes de los Ayuntamientos o Concejos Municipales.
d) El organismo público autónomo, por conducto de quien le represente legalmente.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
e) El Fiscal General del Estado, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus
funciones.
(REFORMADO, P.O. 22 DE ENERO DE 2016)
f) Los partidos políticos nacionales y estatales con registro debidamente acreditado ante la autoridad electoral que
corresponda, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el Congreso
del Estado.
2. Se ejercitarán dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de publicación oficial de la norma, o en su
defecto, de que se tenga conocimiento de la misma.
3. Procederán contra:
a) Las leyes, decretos o puntos de acuerdos que apruebe el Congreso del Estado o la Diputación Permanente.
b) Los reglamentos, acuerdos, decretos y demás normas administrativas de carácter general expedidas por el poder
Ejecutivo, organismos públicos autónomos y demás entidades públicas con facultad reglamentaria.
c) Los bandos de policía y de gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general, expedidas por los Ayuntamientos o Concejos Municipales.
d) Las normas de carácter general que expidan los organismos públicos autónomos.
e) Las demás normas de carácter general, salvo las que dicte el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
f) La omisión normativa consistente en la falta de regulación legislativa o reglamentaria.
4. Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas
con efectos generales, siempre que fueren aprobadas por la mayoría absoluta de sus miembros y tendrá efectos de cosa
juzgada en los términos que establezca la ley.
63
(DECRETO 261, ADICIONADA, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, ADICIONADA, P.O. 21 DE ENERO DE 2022)
III. Del juicio local para la protección de los derechos humanos, el cual procederá en forma subsidiaria:
1. Contra actos u omisiones de una autoridad responsable que presuntamente haya violado el interés jurídico, legítimo o
difuso de una persona que pretenda la protección de sus derechos humanos previstos en esta Constitución, las Cartas
de Derechos y sus Protocolos Adicionales;
2. Contra actos de una autoridad responsable que omita o niegue en forma indebida aceptar una recomendación o informe
de violaciones de derechos humanos emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, o
habiéndola aceptado no realice todo lo necesario para reparar en forma efectiva las violaciones cometidas;
3. Contra actos de una autoridad responsable que presuntamente viole de manera grave los derechos humanos, con el
objeto de fincar las declaratorias de responsabilidad oficial que correspondan;
4. Contra actos arbitrarios de un particular que ejerza una función o servicio público, o bien, realice actos de poder privado
arbitrario que afecten el interés general de los derechos o dañe o ponga en riesgo real e inminente el disfrute de los
derechos humanos, siempre y cuando en todos los casos se requiera de una tutela inmediata y efectiva;
5. Para resolver las opiniones consultivas sobre proyectos de ley o de normas vigentes;
6. Para resolver las acciones derivadas de violaciones graves a los derechos humanos, a fin de garantizar el derecho a
una reparación integral en los términos que establezca esta Constitución, las Cartas de Derechos y sus Protocolos
Adicionales;
7. Contra la omisión normativa consistente en la falta de regulación legislativa o reglamentaria que vulnere la protección
efectiva de los derechos humanos;
8. Para resolver de la cuestión de constitucionalidad local cuando cualquier juez o autoridad tenga duda sobre la
inaplicación de esta Constitución, las Cartas de Derechos y sus Protocolos Adicionales, por la no conformidad con las
normas constitucionales locales;
9. Para resolver, en casos de extrema gravedad y urgencia, las medidas provisionales que se consideren pertinentes para
evitar daños irreparables a las personas en sus derechos y libertades fundamentales. Si se tratare de asuntos que aún
no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Coahuila;
10. En todos los demás casos locales de importancia y trascendencia constitucional en cualquier materia de derechos
humanos, conforme lo disponga la ley.
11. En todo caso, el Tribunal Constitucional Local podrá ejercer un escrutinio flexible para decidir conforme a la prueba de
relevancia constitucional la procedencia del juicio local de protección de derechos humanos. También podrá establecer
acuerdos generales para facilitar la aplicación e interpretación de sus precedentes a todos los tribunales y autoridades
estatales y municipales.
(ADICIONADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
La única vía para plantear la inconstitucionalidad de leyes, decretos o acuerdos legislativos en materia electoral, es la prevista en
este artículo, sin perjuicio del control difuso que ejercerá el Tribunal Electoral del Poder Judicial en los términos de esta
Constitución.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
La Justicia Constitucional Local se regirá por la jurisprudencia local, salvo los casos de prevalencia de la jurisprudencia federal.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
TÍTULO SEXTO.
El Municipio Libre
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(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
CAPÍTULO I.
Bases Fundamentales.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-A. El Municipio Libre es la base fundamental para la organización territorial, política y administrativa del Estado.
Los elementos que conforman el Municipio Libre son: su población, su territorio, la organización y el funcionamiento de sus órganos
de gobierno y su hacienda. La ley establecerá las normas fundamentales para que cada Ayuntamiento reglamente los elementos
de su Municipio, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-B. El Municipio Libre es un orden constitucional de gobierno natural y autónomo, con personalidad jurídica plena y
patrimonio propio.
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2009)
Artículo 158-C. La autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí los asuntos propios
de su comunidad, en el ámbito de su competencia municipal y sin interferencia de otros poderes, salvo lo dispuesto por los artículos
21, 73, fracción XXIII y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-D. El Municipalismo Cooperativo e Interdependiente se instituye en el régimen interior del Estado como la fórmula
política, orgánica y funcional, para que los Gobiernos Estatal y Municipal actúen, bajo el principio de fidelidad municipal, de manera
constructiva, corresponsable y armónicamente en el desempeño de sus funciones exclusivas, concurrentes o coincidentes.
(REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
Artículo 158-E. Los principios de fidelidad estatal y municipal tienen por objeto consolidar una relación permanente de
colaboración constructiva, corresponsable y de ayuda mutua entre los gobiernos del estado y de los municipios y de entre éstos
con los organismos públicos autónomos, a favor del desarrollo democrático del estado, basado en el constante mejoramiento
político, económico, social y cultural de la comunidad.
Los gobiernos estatal y municipal y los organismos públicos autónomos, en la esfera de sus competencias, deberán actuar bajo
los lineamientos señalados, a fin de mantener con la federación y con las entidades federativas una relación cooperativa e
interdependiente, bajo el principio de fidelidad federal.
Estos principios están vinculados directamente con los valores, principios y bases previstas en esta Constitución y demás leyes
aplicables, bajo el estado humanista, social y democrático de derecho.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
CAPÍTULO II.
El Gobierno Municipal.
SECCIÓN I.
La División Territorial.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-F. El territorio de cada Municipio determina el ámbito espacial de validez de los actos de gobierno y de administración
de su Ayuntamiento, y constituye el espacio físico indispensable para la gestión de sus respectivos intereses y la consecución de
sus fines.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-G. El Estado tiene como base de su división territorial el Municipio Libre. Son Municipios del Estado: Abasolo, Acuña,
Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, General Cepeda, Guerrero,
Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras
Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra
Mojada, Torreón, Viesca, Villa Unión y Zaragoza.
65
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-H. Los Municipios del Estado conservarán la extensión territorial y límites que actualmente tienen, siempre que no
haya dificultad en cuanto a éstos.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-I. En caso de duda sobre el territorio de los Municipios, los Ayuntamientos podrán arreglar de común acuerdo sus
diferencias, pero éste no surtirá efecto entre ellos hasta en tanto quede aprobado por el Congreso del Estado con el voto de las
dos terceras partes de sus miembros.
El Congreso del Estado resolverá el conflicto de límites territoriales, con base en los decretos de constitución y antecedentes
históricos de los Municipios.
El Tribunal Superior de Justicia, en Pleno, resolverá en última instancia y con fuerza de cosa juzgada, los conflictos de límites
fijándolos en forma definitiva e inatacable, de conformidad con el artículo 158 de esta Constitución.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-J. El Congreso del Estado podrá crear, fusionar y suprimir Municipios; así como modificar su extensión territorial, con
base en las reglas siguientes:
I. Se iniciará el procedimiento ante el Congreso del Estado sólo a instancia del Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados o,
en su caso, a través del Ejecutivo del Estado.
II. En todo caso, el Congreso del Estado deberá oír a las partes interesadas y al Ejecutivo del Estado. Su resolución definitiva
deberá tener el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
III. Si se trata de la creación de un nuevo Municipio deberán, por lo menos, satisfacerse los requisitos siguientes:
1. Contar con una población de más de veinticinco mil habitantes;
2. Comprobar que se cuenta con los recursos suficientes para crear la infraestructura administrativa necesaria; proveer a
su sostenimiento, ejercer las funciones que le son propias y prestar los servicios públicos municipales que requiera la
comunidad;
3. Contar con la conformidad del Ayuntamiento o Ayuntamientos de los Municipios afectados en su territorio.
IV. Podrá crearse un nuevo Municipio mediante fusión o división de los existentes cuando así lo exija el interés público.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
SECCIÓN II.
El Ayuntamiento y el Concejo Municipal.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-K. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por un presidente municipal y el número de
regidores y síndicos que establezca la ley de la materia.
El Ayuntamiento se conformará de acuerdo con las bases siguientes:
I. Sus integrantes serán electos en la forma que establezca la ley de la materia.
(REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
II. La elección consecutiva será permitida en los términos del artículo 30 de esta Constitución por un período adicional.
(REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
III. Se renovará en su totalidad cada tres años.
IV. Iniciará sus funciones el primero de enero del año inmediato siguiente al de la elección y concluirá el día anterior a aquel en
que inicie funciones el que lo sucederá.
66
V. La ley de la materia introducirá el principio de representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos, en todos los
Municipios del Estado.
(REFORMADA, P.O. 2 DE AGOSTO DE 2007)
VI. Cuando el presidente municipal electo no se presente a tomar posesión del cargo o en caso de falta absoluta, el Congreso
del Estado, con la concurrencia de cuando menos dos terceras partes del total de sus miembros, nombrará, en escrutinio
secreto y por mayoría absoluta de votos a un presidente municipal, quien se encargará de concluir el período. El
nombramiento se hará conforme a la propuesta que realice la dirigencia estatal del partido político que haya obtenido el
triunfo en el municipio correspondiente.
En el caso de coaliciones la ley reglamentaria determinará el procedimiento correspondiente.
VII. Si alguno de los miembros de un Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido conforme el sistema de
suplentes o se procederá de otra forma con arreglo a la ley.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-L. El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y por causa grave que determine
la ley, podrán suspender Ayuntamientos o, en su caso, Concejos Municipales, declarar que éstos han desaparecido y suspender
o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando, en todos estos casos, se les otorgue las garantías de audiencia
y de legalidad.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
Artículo 158-M. Cuando por cualquier circunstancia no se haya verificado la elección de munícipes antes del día señalado por la
ley para la renovación del Ayuntamiento o cuando hubiere sido declarada nula, así como en el caso de declararse desaparecido
un Ayuntamiento o un Concejo Municipal por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no
procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado constituirá un
Concejo Municipal, conforme a las bases siguientes:
I. El Concejo Municipal se constituirá de entre los vecinos del Municipio de que se trate y estará integrado por un concejal
presidente, un síndico y cinco concejales, propietarios y suplentes, que serán designados por insaculación por el Congreso
del Estado.
II. Para realizar la designación, el Congreso del Estado por acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes, presentará una
terna de vecinos para cada cargo del Concejo Municipal. Para tal efecto, podrán recibir propuestas de la ciudadanía de los
Municipios que correspondan, bajo los requisitos, condiciones y límites que se fijen en la convocatoria respectiva.
III. Los vecinos del Municipio que formen parte de la terna que apruebe el Congreso del Estado, deberán cumplir,
invariablemente, los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; pero en todo caso, los vecinos deberán
distinguirse por su honorabilidad, honestidad y compromiso ciudadano acreditados en la comunidad.
IV. De entre la terna propuesta se realizará, en forma pública, transparente y al mismo tiempo, la insaculación para cada
integrante del Concejo Municipal, sea propietario o suplente, respectivamente.
V. El Concejo Municipal designado concluirá el período municipal correspondiente y ejercerá con plenitud las funciones que se
otorgan a los miembros de los Ayuntamientos, respectivamente.
VI. Si alguno de los miembros del Concejo Municipal dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se
procederá con arreglo a la ley.
VII. En el caso de que un Concejo Municipal se ubique en el supuesto previsto en el artículo anterior, el Congreso del Estado
procederá de nueva cuenta a constituir el Concejo Municipal para concluir el período respectivo de conformidad con este
artículo.
(REFORMADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
VIII. En todo caso, el Congreso del Estado deberá tomar las medidas necesarias para asegurar la gobernabilidad del Municipio
mientras realiza la designación de los miembros del Concejo Municipal.
(ADICIONADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
Para cumplir con lo anteriormente señalado, al tenerse formal conocimiento de la existencia de uno de los supuestos a que se
refiere este artículo y de considerarse necesario, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, nombrará en forma
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inmediata un Concejo Provisional, formado por vecinos del municipio que cumplan con los requisitos y reúnan la cualidades que
se mencionan en la fracción III de esta misma disposición.
(ADICIONADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
El Concejo Provisional estará integrado por un Concejal Presidente y dos Concejales y se encargará en forma transitoria del
gobierno y la administración del municipio, con el auxilio de los servidores públicos de las dependencias y organismos de la
administración pública municipal, a partir de la fecha en que se formalice su nombramiento y hasta que asuma sus funciones el
Concejo Municipal que nombre el Congreso del Estado, conforme a lo que se establece en este artículo.
(ADICIONADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
Cuando el Congreso del Estado se encuentre en receso, el Presidente de la Diputación Permanente de manera inmediata hará la
designación del Concejo Provisional y de igual manera convocará al Pleno de la Legislatura, para que haga la designación del
Concejo Municipal en un plazo no mayor de quince días.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
SECCIÓN III.
La Competencia Municipal.
APARTADO PRIMERO.
Bases Generales.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-N. El Municipio Libre tiene un ámbito de competencia exclusiva y distinta a los Gobiernos Federal o Estatal, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y demás leyes aplicables.
La competencia municipal se ejercerá por el Ayuntamiento o, en su caso, por el Concejo Municipal y no podrá ser vulnerada o
restringida por los Gobiernos Federal o Estatal. Sin perjuicio de su competencia municipal, los Ayuntamientos deberán observar
lo dispuesto por las leyes federales y estatales, siempre que estas leyes no contravengan la competencia municipal que establece
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y demás disposiciones que emanen de ellas.
Los Gobiernos Municipales, en la esfera de su competencia y de conformidad con las disposiciones aplicables, mantendrán con
las partes integrantes de la Federación una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo político, económico,
social y cultural del país. Los Municipios ejercerán de manera coordinada, en los términos de las disposiciones aplicables, las
facultades coincidentes o concurrentes con la Federación o el Estado.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-Ñ. No existirá autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal.
Por autoridad intermedia se entiende toda entidad que interrumpa u obstaculice la comunicación directa que debe existir entre los
Gobiernos Estatal y Municipal. Se considerará también autoridad intermedia aquella que, entre el Estado y el Municipio, asuma
indebidamente alguna o algunas facultades propias del Ayuntamiento.
No será autoridad intermedia aquella que asuma, conforme a las disposiciones aplicables, una función de auxilio y de colaboración
que solicite o acepte el propio Ayuntamiento para el mejor desempeño de sus funciones, bajo los principios de fidelidad federal y
municipal.
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2009)
De igual manera, no serán autoridades intermedias las que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado y la ley de la materia, sean los responsables de planear, dirigir, coordinar y
supervisar las políticas de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-O. El Estado podrá transferir o delegar a los Municipios, mediante ley o convenio, funciones o servicios que le son
propios y que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, considerando las condiciones territoriales y
socioeconómicas de los propios municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
En todo caso, la transferencia o delegación de funciones o servicios de la Federación o del Estado hacia los Municipios, debe ir
acompañada de la asignación de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de la función o servicio transferidos. En
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estos casos, la transferencia o la delegación deberá programarse de manera gradual, a efecto de que el Municipio pueda asumir
con responsabilidad la función o servicio de que se trate, bajo los principios de fidelidad federal y municipal.
En la ley o en el convenio se preverá la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que
se reserva el Estado.
Los supuestos contenidos en este artículo se fundamentarán en una interpretación funcional de los artículos 115 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
APARTADO SEGUNDO
La Hacienda Municipal.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-P. Los Municipios administrarán libremente su hacienda conforme a las bases siguientes:
I. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos o, en su caso, por
los Concejos Municipales, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley y su reglamento;
II. El Congreso del Estado discutirá y aprobará las leyes de ingresos de los Municipios, en los términos de las disposiciones
aplicables. La deuda pública municipal se sujetará a los principios que establece esta Constitución y demás disposiciones
aplicables;
(ADICIONADO P.O. 17 DE AGOSTO DE 2007)
En el caso de no aprobarse alguna de las leyes de ingresos, continuarán en vigor las del año inmediato anterior del municipio
o municipios de que se trate, con las actualizaciones a que se refiere el tercer párrafo de la fracción XXXIII del artículo 67
de esta Constitución.
(REFORMADA, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014)
III. El Congreso del Estado revisará por conducto de la Auditoría Superior del Estado, la gestión financiera y las cuentas públicas
de los municipios, en los términos de las disposiciones aplicables; la cual en coordinación con los municipios garantizará la
disposición de la información correspondiente a la gestión financiera y de la cuenta pública municipal a la comunidad en
general, a través de instrumentos confiables, oportunos y transparentes;
(REFORMADA, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008) (FE DE ERRATAS, P.O. 10 DE ABRIL DE 2009)
IV. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y de acuerdo a
la programación de sus actividades gubernamentales y administrativas, observando para tal efecto las disposiciones
aplicables.
El Ayuntamiento deberá aprobar en el presupuesto de egresos del ejercicio las partidas necesarias para solventar las obligaciones
incurridas en ejercicios anteriores y pagaderos en dicho ejercicio:
a) Que constituyan deuda pública del Ayuntamiento o de las entidades paramunicipales que cuenta con la garantía del
Ayuntamiento o el Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y
(REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2020)
b) Que se deriven de contratos para asociaciones público privadas aprobados por el Ayuntamiento conforme a las leyes
aplicables.
El ejercicio presupuestal del Municipio deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos,
recionalidad e interés público y social. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, a los integrantes de los Concejos Municipales. La
infracción hace responsable solidariamente, por su devolución, a la autoridad que ordene el pago de la percepción extraordinaria;
al servidor público que lo ejecute y al que lo reciba, sin perjuicio de la responsabilidad establecida por la ley de la materia;
V. El Ayuntamiento manejará prudentemente el patrimonio municipal conforme a la ley.
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La ley establecerá los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para
dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al
Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento. El convenio siempre será por un tiempo determinado y con un objeto
preciso.
En ambos casos, el Congreso del Estado podrá invalidar las resoluciones de los Ayuntamientos cuando contravengan el interés
público y social. La ley de la materia establecerá el procedimiento a que deberá sujetarse la invalidez de las resoluciones de los
Ayuntamientos;
VI. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones
relacionadas con la administración de las contribuciones que tiene derecho de percibir el Municipio;
VII. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la legislatura del Estado, con arreglo a la ley y de acuerdo
a los principios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-Q. La hacienda municipal se formará con los bienes muebles e inmuebles dominio público o privado que pertenezcan
a los Municipios, los rendimientos de sus bienes, de sus contribuciones y demás ingresos que el Congreso del Estado establezca
en favor de los propios Municipios, los que, en todo caso, deberán percibir:
I. Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Congreso del Estado, sobre la propiedad inmobiliaria y
su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los
inmuebles;
II. Las participaciones federales que sean cubiertas por la Federación a los Municipios y, en su caso, las que participe el Estado
en la forma que señalen los ordenamientos aplicables, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine
el Congreso del Estado;
III. Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a cargo de los Municipios;
IV. Todo tipo de bienes que sin contravenir las leyes aplicables, acreciente su hacienda, ya sea que provengan de personas
físicas o morales, nacionales o extranjeras.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-R. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los
incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni concederán
exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones, subsidios o cualquier privilegio en favor
de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares,
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-S. Toda contribución que establezca el Congreso del Estado para integrar la hacienda municipal, deberá cumplir los
principios de equidad y proporcionalidad a que se refiere la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-T. Para fijar la distribución de las participaciones o aportaciones federales y estatales a los Municipios, el Congreso
del Estado deberá tomar en cuenta, por lo menos, los criterios de población, marginación social, desarrollo económico, esfuerzo
recaudatorio y eficiencia de los servicios públicos, a fin de que la distribución de los ingresos a los Municipios genere un desarrollo
integral armónico, sustentable y equitativo en todas las regiones del Estado, bajo los principios de fidelidad federal y municipal.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
APARTADO TERCERO.
Las Funciones y Servicios Públicos Municipales.
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(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-U. Los Ayuntamientos tendrán las competencias, facultades y obligaciones siguientes:
I. En materia de gobierno y régimen interior:
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2009)
1. Formular, aprobar y publicar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; el Reglamento de Seguridad Pública Municipal deberá
ser ajustado a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado y a las Leyes federales y estatales aplicables.
2. Intervenir en el proceso legislativo constitucional u ordinario de conformidad con los artículos 59, 62 y 196 de esta
Constitución.
3. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las controversias constitucionales a que se refiere el artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Promover ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia las controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad locales a que se refiere el artículo 158 de esta Constitución.
5. Formular, aprobar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal, con arreglo a la ley.
6. Nombrar entre los munícipes, comisiones permanentes y temporales, para la atención de los asuntos públicos, de
conformidad con lo que establezca la ley de la materia y la reglamentación respectiva.
7. Actualizar la información demográfica, económica y social que coadyuve a la mejor toma de decisiones de gobierno y
colaborar con las autoridades federales y estatales en la formación de censos y estadísticas de toda índole.
8. Conceder licencias hasta por quince días para separarse en lo individual de sus cargos, al presidente municipal, síndicos
y regidores, En el caso de que las ausencias excedan de los plazos señalados, se requerirá autorización del Congreso
del Estado.
9. Dictar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, las resoluciones que afecten el
patrimonio inmobiliario municipal, con arreglo a la ley.
10. Aprobar, con el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, los actos o convenios que
comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento, con arreglo a la ley.
11. Integrar un Comité Municipal de Seguridad Pública y organizar rondines de seguridad y tranquilidad social. Para tal efecto,
el presidente municipal aprobará la designación y el funcionamiento del personal que integre los rondines de seguridad
pública, los que tendrán el carácter de policía auxiliar.
12. Turnar al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, las renuncias y las solicitudes de licencia que
le sean presentadas por los miembros de los ayuntamientos y de los Concejos Municipales, para que se resuelva sobre
las mismas, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y demás disposiciones aplicables. En estos casos, el
Ayuntamiento respectivo deberá dar aviso al Ejecutivo del Estado.
II. En materia de administración pública municipal:
1. Crear las dependencias y entidades de la administración pública municipal centralizada, desconcentrada y paramunicipal.
En éste último caso, el Ayuntamiento notificará al Congreso la creación de la entidad paramunicipal.
El Congreso del Estado podrá crear entidades paramunicipales sólo a iniciativa del Ayuntamiento interesado.
2. Celebrar, con arreglo a la ley, convenios y contratos que fueren favorables o necesarios en los distintos ramos de la
administración pública municipal, con los gobiernos federal, estatal y otros gobiernos municipales de la entidad o de otras
entidades.
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3. Aprobar, cada año, el informe del estado que guarda la administración pública municipal, el cual será rendido por
conducto del presidente municipal en sesión pública y solemne.
4. Nombrar y remover al secretario del Ayuntamiento, al tesorero municipal y demás funcionarios de la administración
pública municipal, a propuesta del presidente municipal y sin menoscabo del servicio profesional de carrera en el
Municipio.
5. Nombrar al titular del órgano de control interno municipal. Podrán establecerse contralorías sociales.
6. Ordenar la comparecencia de cualquier servidor público municipal, para que informe sobre los asuntos de su
competencia.
7. Establecer el Servicio Profesional de Carrera Municipal, el cual es un sistema de administración del personal, que debe
contener las reglas, requisitos, criterios y parámetros para el ingreso, el desarrollo laboral y el retiro, con el objetivo de
que los funcionarios municipales logren su profesionalización y aseguren un plan de vida y de carrera.
8. Organizar cursos, seminarios y programas de educación y capacitación continua tendientes a eficientar el cumplimiento
de las funciones de los integrantes del Ayuntamiento y demás servidores públicos municipales.
III. En materia de desarrollo urbano y obra pública:
1. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
(REFORMADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2012)
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Los Planes de Desarrollo
Urbano Municipal deberán establecer la prohibición de usos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de
sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para centros donde se presentan
espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos
de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el Estado;
b) Participar en la creación y administración de las reservas territoriales municipales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes
generales de la materia. Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional, en estos se deberá asegurar la
participación de los Municipios;
(REFORMADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2012)
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus respectivas jurisdicciones
territoriales. No estará permitido en el Estado el uso de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos,
casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación, para centros donde se presentan espectáculos con
personas desnudas o semidesnudas y, para establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia
extranjera sin acreditar su legal estancia en el Estado;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
(REFORMADO, P.O. 19 DE OCTUBRE DE 2012)
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones. No estarán permitidos en el Estado los permisos o licencias de
construcción para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su
denominación, para centros donde se presentan espectáculos con personas desnudas o semidesnudas y, para
establecimientos donde se comercializan vehículos de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el
Estado;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de
programas de ordenamiento en esta materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten el
ámbito territorial de los Municipios;
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales;
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j) Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, en lo conducente y de conformidad
a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Planear y regular, en el ámbito de sus competencias y dentro de sus jurisdicciones respectivas, el desarrollo de centros
urbanos situados en territorios municipales que pertenezcan también a otras entidades federativas y que formen o tiendan
a formar una continuidad demográfica, con apego a la ley federal de la materia y lo dispuesto por la fracción VI del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Acordar la división territorial del municipio, determinando las unidades políticas y administrativas y su denominación.
4. Solicitar al Ejecutivo del Estado, la expropiación de bienes inmuebles por causa de utilidad pública.
5. Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente.
6. Participar en la creación y administración de las zonas ecológicas y áreas naturales protegidas de competencia local.
7. Aprobar el programa municipal de obra pública; así como convenir y contratar su ejecución.
8. Participar conjuntamente con los organismos y dependencias oficiales competentes, en la planeación y aplicación, en su
caso, de inversiones públicas federales y estatales.
9. Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de calles, plazas y jardines públicos, así
como el alineamiento y numeración oficial de avenidas y calles, conforme al reglamento respectivo, dando aviso a los
organismos correspondientes.
IV. En materia de servicios públicos municipales:
1. Prestar los servicios públicos municipales siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
través de la policía preventiva municipal;
i) Los demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los
Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
2. Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la prestación de los servicios
públicos.
3. Crear, con arreglo a la ley, los órganos operadores necesarios para prestar los servicios públicos municipales.
4. Aprobar, con arreglo a la ley, las concesiones a los particulares para que éstos presten los servicios públicos municipales.
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V. En materia de hacienda pública municipal:
1. Administrar libremente su hacienda y controlar la aplicación del presupuesto de egresos del municipio, estableciendo un
órgano de funciones de control y evaluación del gasto público municipal.
(REFORMADO, P.O. 2 DE DICIEMBRE DE 2016) (REFORMADO, P.O. 15 DE JUNIO DE 2007)
2. Discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso del Estado, a más tardar el 15 de octubre de cada año, la
iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente a cada ejercicio fiscal.
3. Discutir y analizar el Presupuesto de Egresos del Municipio y aprobarlo a más tardar el día 31 de diciembre del año
anterior a su ejercicio y disponer su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y difundirlo por los medios
más amplios de que se disponga.
4. Coordinar, supervisar y vigilar con toda oportunidad los ingresos municipales.
5. Enviar al Congreso del Estado para su estudio y aprobación, los proyectos de contratación de créditos que afecten los
ingresos de la administración municipal.
6. Aprobar los estados financieros mensuales que presente el tesorero municipal y publicarlos en el Periódico Oficial del
Estado, cada tres meses.
(REFORMADO, P.O. 27 DE MARZO DE 2020)
7. Presentar al Congreso del Estado la cuenta pública de la hacienda municipal, así como los informes de avance de gestión
financiera, en los términos y plazos que para tal efecto establezca la ley de la materia; asimismo verificar la presentación
de la cuenta pública y de los informes correspondientes del sector paramunicipal.
(REFORMADO, P.O. 2 DE DICIEMBRE DE 2016) (REFORMADO, P.O. 15 DE JUNIO DE 2007)
8. Proponer al Congreso del Estado a más tardar el 15 de octubre de cada año, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para
el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los términos de las leyes fiscales y conforme a los
principios de equidad, proporcionalidad y capacidad contributiva.
9. Determinar la forma en que el tesorero y demás servidores públicos que manejen caudales públicos municipales, deban
caucionar suficientemente su manejo.
10. Aceptar herencias, legados o donaciones que se hagan al Municipio, siempre que no sean onerosas; en caso contrario
solicitar autorización al Congreso para aceptarlas.
11. Aprobar los movimientos de altas y bajas en el inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal.
VI. En materia de desarrollo económico y social:
1. Conceder subsidios, apoyos administrativos o estímulos fiscales, en los términos de la legislación de la materia, con la
finalidad de impulsar la actividad económica del municipio, así como el establecimiento de nuevas empresas y la
generación de empleos.
2. Promover y apoyar los programas estatales y federales de desarrollo económico y de creación de empleos.
VII. En materia de educación y cultura, asistencia y salud públicas:
1. Fomentar las actividades educativas, científicas, tecnológicas, culturales, recreativas y deportivas.
2. Velar por el mantenimiento y conservación del patrimonio histórico, cultural y ecológico del Municipio.
3. Contar con un registro del acontecer histórico local y con el archivo de los documentos históricos municipales.
4. Promover y procurar la salud pública en el Municipio y auxiliar a las autoridades sanitarias estatales y municipales en la
planeación y ejecución de sus disposiciones.
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5. Prevenir y combatir los juegos prohibidos, la vagancia, el alcoholismo, la prostitución, la farmacodependencia y toda
actividad que implique una conducta antisocial, con el apoyo de las distintas dependencias oficiales.
6. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia electoral, de cultos y de protección integral a menores.
7. Organizar y promover la instrucción cívica que fomente entre los habitantes del Municipio, el conocimiento de sus
derechos y obligaciones.
VIII. En materia de participación ciudadana y vecinal:
1. Formular programas de organización y participación social que permitan una mayor cooperación entre autoridades y
habitantes del Municipio.
2. Promover la participación de los diferentes sectores organizados del Municipio y de los habitantes interesados en la
solución de la problemática municipal y en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.
3. Promover la organización de asociaciones de ciudadanos.
4. Reglamentar y establecer las bases que organicen la participación, colaboración y cooperación de los vecinos en la
prestación, construcción y conservación de los servicios y obras públicas.
5. Establecer e instrumentar mecanismos efectivos, funcionales y democráticos de participación comunitaria directa para la
toma de decisiones fundamentales hacia el interior del gobierno municipal.
IX. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-V. La asignación de recursos a los Municipios será en proporción directa a las necesidades y responsabilidades que
asuman conforme a su competencia. Estos recursos deberán asegurar la prestación permanente y continua de los servicios
públicos a cargo de los Municipios, bajo una adecuada programación financiera y se ejercerán de acuerdo a los principios a que
se refiere la fracción IV del artículo 158-P de esta Constitución.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Artículo 158-W. El Congreso del Estado resolverá cuando el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal en el caso
de que no exista el convenio entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento respectivo, por considerar que el Municipio de que
se trate está imposibilitado para ejercer o prestar la función o servicio municipal en detrimento de su comunidad. En este caso, la
controversia se sujetará a las bases siguientes:
I. Será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus
integrantes, para que el Congreso tenga competencia para resolver lo conducente.
II. La resolución del Congreso podrá ser impugnada en los términos del artículo 158 de esta Constitución.
III. En el caso de que no exista la solicitud previa del Ayuntamiento, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus
integrantes, el Ejecutivo del Estado o el equivalente al veinte por ciento de los integrantes de los Ayuntamientos o Concejos
Municipales, podrán impugnar por vía de controversia constitucional, si procede o no que el Gobierno Estatal asuma la
función o servicio público municipal de que se trate, en los términos del artículo 158 de esta Constitución.
IV. En todo caso, la resolución se basará en el interés público de garantizar el ejercicio o prestación continua y eficiente de la
función o servicio público de que se trate. Para tal efecto, las partes en conflicto deberán ofrecer todas las pruebas necesarias
para determinar la situación real que guarda la prestación del servicio o el ejercicio de la función; pero la autoridad que
resuelva tiene, en cualquier momento, el derecho de recabar todas las pruebas necesarias para decidir lo conducente.
(REFORMADA SU NUMERACION, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
TITULO SÉPTIMO.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
CAPITULO UNICO.
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Del Sistema Estatal Anticorrupción y de las Responsabilidades Vinculadas con Faltas Administrativas Graves o Hechos
de Corrupción, y de la Patrimonial del Estado.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Artículo 159. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se considerarán servidores públicos, los
representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza,
los funcionarios y empleados del Estado, y de los Municipios, y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública, Estatal o Municipal y en las entidades paraestatales y
paramunicipales, así como a los integrantes de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán
responsables por los actos y omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su
declaración patrimonial, fiscal y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes y
disposiciones aplicables.
Asimismo, serán sujetos de responsabilidad, los particulares que intervengan en hechos vinculados con faltas administrativas
graves o hechos de corrupción, de conformidad con lo que determinen las leyes.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 160. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme
a lo siguiente:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones señaladas en el artículo 164 a los servidores públicos a que se refiere
el artículo 163, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particular que incurran por hechos de corrupción, será
perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal.
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos, por los actos u omisiones que afecten la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones de
conformidad con la Ley General de la materia y demás ordenamientos legales aplicables. Las leyes establecerán los
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos
internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán investigadas, substanciadas y resueltas por los órganos internos de
control.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial
del Estado se estará a lo previsto por el artículo 143 de esta Constitución y las leyes aplicables, sin perjuicio de las
atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización del manejo, custodia y aplicación de los recursos
públicos.
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves,
que realicen los órganos internos de control.
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y
consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III de este artículo. Cuando dichos actos u omisiones
fuesen graves los plazos no serán inferiores a siete años.
Las dependencias y entidades estatales y municipales, así como los Organismos Públicos Autónomos, tendrán órganos
internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas; para substanciar y sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; substanciar y promover ante el Tribunal de Justicia
76
Administrativa de Coahuila de Zaragoza los procedimientos para la sanción de faltas administrativas graves y de particulares
vinculados con las mismas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales; así como
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en
Delitos por Hechos de Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado a que se refiere esta Constitución.
IV. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza impondrá a los particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones
económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas estatales o
municipales, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal o municipal, a las
dependencias o entidades estatales o municipales o a los Organismos Públicos Autónomos.
Las personas morales serán sancionadas en los términos de la ley, cuando los actos vinculados con faltas administrativas
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de
ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se
trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, estatales o
municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera
sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la
resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones
aplicables de dichos actos u omisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas, serán autónomos en su desarrollo. No podrán imponerse
dos veces, por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular
denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información
en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley
de la materia establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información.
La Auditoría Superior del Estado y la secretaría del ejecutivo estatal responsable del control interno, podrán recurrir las
determinaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado y
del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo previsto en la fracción V, Apartado C del
artículo 157 de esta Constitución, y demás leyes aplicables.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o
derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases,
límites y procedimientos que establezcan las leyes.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 161. La ley de la materia determinará, los casos y las circunstancias en que se deba sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o con motivo del mismo, por sí o por interpósita
persona, aumenten su patrimonio y no puedan acreditar la legítima procedencia de los bienes que hayan adquirido o de aquellos
respecto de los cuales actúen como dueños.
Las leyes aplicables, sancionarán el enriquecimiento ilícito con el decomiso, o en su caso, con la extinción de dominio de dichos
bienes, además de las otras penas que correspondan.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 162. Todo ciudadano, bajo su responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular
denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a que se refieren los dos artículos anteriores.
(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024) (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Artículo 163. Podrán ser sujetos de juicio político los diputados del Congreso del Estado; el Auditor Superior del Estado; el
Gobernador del Estado; los Secretarios del ramo; los subsecretarios; el Fiscal General del Estado, los fiscales, los fiscales
especializados; los directores generales o su equivalente en las entidades y los directores de las dependencias del Poder Ejecutivo
y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de
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Disciplina Judicial; los integrantes del órgano de administración judicial; los Magistrados del Tribunal Electoral; los Magistrados del
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; los presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos del
Estado; los integrantes de los concejos municipales; los directores generales o sus equivalentes de las entidades paraestatales y
paramunicipales; así como los titulares e integrantes de los consejos y asambleas generales de los organismos públicos
autónomos, cualquiera que sea su denominación.
(FE DE ERRATAS, P.O. 19 DE JUNIO DE 2007)
El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso Local y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, serán
sujetos de juicio político en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando incurran
en violaciones graves a este supremo ordenamiento y a las leyes federales que de él emanen, así como en el caso de manejo
indebido de fondos y recursos federales.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 164. Las sanciones que deberán imponerse mediante juicio político, consistirán en la destitución del servidor público y en
su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Para la aplicación de dichas sanciones, el Congreso del Estado conocerá de las acusaciones presentadas en contra de los
servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior y se erigirá en jurado de sentencia, que impondrá la
sanción correspondiente, mediante la resolución de las dos terceras partes del total de sus miembros, previa la substanciación del
procedimiento respectivo, conforme a lo que establezcan los ordenamientos legales aplicables y con audiencia del inculpado.
Las declaraciones y resoluciones que emita el Congreso del Estado en estos casos, serán inatacables.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2012)
Artículo 165. Se podrá proceder penalmente contra el Gobernador del Estado; los Diputados del Congreso del Estado; el Auditor
Superior del Estado; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del Tribunal Electoral; del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje; de los Tribunales Distritales; los jueces de primera instancia; los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de
Coahuila de Zaragoza; los secretarios del ramo; el Fiscal General del Estado, los fiscales y fiscales especializados; los presidentes,
regidores y síndicos de los Ayuntamientos; los integrantes de los consejos municipales; y así como los titulares e integrantes de
los consejos o asambleas generales de los organismos públicos autónomos, cualquiera que sea su denominación, por la comisión
de delitos durante el tiempo de su encargo, éstos quedaran sujetos a la acción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cual
fallará en definitiva, previas las formalidades esenciales del procedimiento y con audiencia del inculpado y del acusador, si lo
hubiere.
Lo anterior se realizará conforme a las bases siguientes:
Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su encargo salvo que se le imponga alguna medida cautelar
consistente en prisión preventiva, o alguna otra medida que restrinja o limite su libertad, según lo establezca la ley de la materia
aplicable. Las medidas cautelares no podrán consistir en prisión preventiva, restricción o limitación de la libertad, salvo en los
casos de delincuencia organizada, delitos relacionados con hechos de corrupción, suspensión temporal en el ejercicio del cargo
cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; así como delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación y de la salud.
En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo, se separará al sentenciado de sus funciones. La
separación del cargo, tendrá efectos mientras se extingue la pena.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 166. Si el delito que se impute a algún funcionario se hubiere cometido antes de que ejerza el cargo, se estará al
procedimiento establecido en el artículo anterior.
Cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 165 de esta Constitución cometa un delito durante el
tiempo que se encuentre separado de su cargo, no se aplicará lo que señala dicho precepto.
Si el servidor público ha vuelto a ejercer sus funciones propias o ha sido nombrado electo para desempeñar un cargo distinto, pero
de los enumerados en el artículo anterior, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de este ordenamiento.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017) (REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 167. El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
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(REFORMADA, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2024)
I. El Sistema contara ́ con un Comité ́ Coordinador que estará ́ integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de
la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; de la secretaria del Ejecutivo Estatal responsable del control
interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; el Presidente del Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información; así ́ como por un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro del Consejo
de Participación Ciudadana, que será ́ quien presida el Comité ́ de Coordinación en los términos que establece la ley de la
materia.
II. El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su
contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que
establezca la ley.
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación entre los organismos que integran el sistema estatal con los
municipios del Estado.
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención,
control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que
sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno
en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas en la materia.
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten
medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción,
así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones
informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 168. El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el período en que el servidor público desempeñe su
cargo y un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año, a partir de iniciado el
procedimiento.
La responsabilidad derivada de delitos cometidos por cualquier servidor público, durante el tiempo del encargo, será exigible de
acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley Penal, los cuales nunca deberán ser inferiores a tres años. Los
plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los cargos a que hace referencia el
artículo 165 de esta Constitución.
La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencias
de los actos y omisiones a que se refiere la fracción III, del artículo 160, de esta Constitución. Cuando dichos actos y omisiones
fueren graves, los plazos de prescripción no serán inferiores de tres años.
(ADICIONADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
CAPÍTULO II.
Del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.
(ADICIONADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2017)
Artículo 168-A. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, es un organismo, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establecerá su organización, su funcionamiento y los
recursos para impugnar sus resoluciones.
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Es competente para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública del Estado y los municipios y los
particulares; imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como
graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades; y fincar el pago de indemnizaciones
y sanciones pecuniarias derivadas de los daños y perjuicios a la hacienda pública del estado o de los municipios, o al patrimonio
de los entes públicos estatales y municipales.
Estará integrado al menos por 5 magistrados, designados por el Gobernador del Estado, y ratificados por las dos terceras partes
de los miembros presentes del Pleno, o de la Diputación permanente del Congreso del Estado, la duración de su encargo será de
15 años improrrogables y sólo podrán ser removidos del mismo por las causas graves señaladas por la ley.
Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber residido efectivamente en el Estado
durante los últimos cinco años;
II. Tener 35 años cumplidos al día de su designación;
III. No padecer enfermedad física o mental, que lo inhabilite para el desempeño del encargo;
IV. Ser licenciado en derecho con título y cédula profesional, con ocho años de antigüedad, al día de su designación;
V. Tener por lo menos cinco años de experiencia profesional en materia administrativa o fiscal;
VI. Ser de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta;
VII. No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe formal y definitivamente de su ministerio, cuando menos
cinco años antes del día de su designación; y
VIII. No haber sido condenado en sentencia ejecutoria, por delito intencional, ni haber sido inhabilitado o suspendido por más de
tres meses como servidor público.
El Congreso expedirá la ley en que se determine la organización y funcionamiento del Tribunal, así como su procedimiento y los
recursos que procedan contra sus resoluciones.
(REFORMADA SU NUMERACION, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
TITULO OCTAVO.
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)
CAPITULO UNICO.
Derechos Sociales y Prevenciones Generales.
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
Artículo 169. El Estado garantiza el derecho de propiedad privada reconocido y amparado por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Las Autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias proveerán las medidas necesarias
para ordenar los asentamientos humanos, con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la
propia Constitución.
La propiedad privada puede ser expropiada por causa de utilidad pública calificada por la Ley, la cual prescribirá en qué medida
el propietario debe ser indemnizado.
(ADICIONADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
La comunidad participará de la plusvalía que generen las acciones urbanísticas por obras realizadas por el Estado o los Municipios.
(REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
Artículo 170. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. El Estado, promoverá la creación de empleos y
dentro del ámbito de sus atribuciones vigilará por la estricta aplicación y observancia de las normas de trabajo.
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(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2009)
Artículo 171. Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las
entidades paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para
satisfacer los objetivos a que estén destinados.
(ADICIONADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2009)
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezca el Estado, con el objeto
de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo
anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 67 fracción XXXIV y 158P fracción III.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes; la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la
contratación de obras, que realicen el Estado, los Municipios y las entidades paraestatales y paramunicipales, se adjudicarán o
llevarán a cabo mediante convocatorias y licitaciones públicas, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre
cerrado, el cual será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a que se refiere el párrafo anterior, no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, se observaran las
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos que establezcan los ordenamientos legales aplicables, para acreditar
la economía, eficacia, imparcialidad y honradez requeridas.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)
Asimismo, el Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades paraestatales y paramunicipales, no
podrán realizar pago alguno que no esté comprendido en sus respectivos presupuestos o en las adiciones que se hagan a los
mismos, con autorización del Congreso del Estado, los Ayuntamientos o los órganos de gobierno de las entidades antes citadas,
según corresponda.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)
El manejo de los recursos económicos del Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades
paraestatales y paramunicipales, se sujetará a las bases que impone este artículo, y los servidores públicos estatales y
municipales, en sus correspondientes ámbitos de competencia, serán responsables del cumplimiento de las mismas, en los
términos del Título Séptimo de esta Constitución.
(ADICIONADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
En los talleres tipográficos del Gobierno, se publicará el Periódico Oficial del Estado y se harán únicamente lo trabajos oficiales
del mismo Gobierno. En consecuencia, queda prohibido utilizar dichos talleres para hacer otros trabajos que no sean los
expresados en el presente Artículo.
(REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
Artículo 172. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
El Estado y los Municipios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, velarán por la utilización racional de todos los
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en
la indispensable solidaridad colectiva.
Para quienes violen lo dispuesto en el párrafo anterior en los términos que la Ley fije, se establecerán sanciones penales, o en su
caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 173. El Estado reconoce a la familia como la agrupación primaria, natural y fundamental de la sociedad. A este efecto,
dictará las disposiciones necesarias para su seguridad, estabilidad y mejoramiento. La Ley dispondrá la organización del
patrimonio familiar, sobre la base de ser inalienable, inembargable y estar exento de toda carga pública.
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016) (ADICIONADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
Los menores tienen derecho a una vida sana, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura, a la recreación, a la
preparación para el trabajo y a llevar una vida digna en el seno de la familia; así como a todos los derechos que la Constitución
General, los Tratados Internacionales suscritos por México y los previstos en esta Constitución les confieren. El Estado, los
municipios, los poderes legislativo y judicial y demás autoridades, realizarán todas las acciones legislativas, reglamentarias,
administrativas y judiciales para garantizar el uso y goce de estos derechos a las niñas y niños en Coahuila, sin menoscabo de lo
dispuesto por el Artículo 8º de esta Constitución.
81
(REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a su salud física y mental. Las
Leyes deberán ampararlos desde su concepción y determinarán los apoyos para su protección a cargo de las instituciones
públicas.
(ADICIONADO, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2019)
La Patria Potestad es el conjunto de derechos y deberes recíprocos, reflejo de la filiación, que corresponde por una parte a los
padres y en su defecto a los abuelos y por la otra parte a los descendientes niñas o niños no emancipados, cuyo objeto es su
desarrollo integral, la guarda de su persona y de sus bienes, así como su asistencia y representación legal. Es una función de
interés público que se ejerce atendiendo al interés superior de la infancia, por lo tanto, dicha autoridad no podrá ser menoscabada,
limitada ni suspendida sino mediante un mandamiento judicial, decretado fundadamente por un Juez, con conocimiento de causa
y después de que los involucrados puedan ser oídos y vencidos en juicio, salvo lo dispuesto en las disposiciones aplicables, y los
casos en que niños, niñas y adolescentes sean colocados en una situación de riesgo inminente e inmediato en la que se vean
vulnerados sus derechos, debiendo actuar la autoridad competente de manera inmediata, urgente y expedita garantizando el
interés superior de la infancia, mediante los mecanismos establecidos en la Ley de la Materia.
(ADICIONADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
El Estado realizará una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los minusválidos, a los que prestará la
atención especializada que requieran.
(REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
Los ancianos tienen derecho al respeto y consideración de sus semejantes. En caso de desamparo, el Estado promoverá su
bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, alimentación, vivienda y
recreación.
Se reconoce la igualdad de derechos del hombre y de la mujer en todos los ámbitos de la vida cultural, social, jurídica, política y
económica.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
(REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
La Ley establecerá los medios y apoyos necesarios para el logro de estos objetivos.
(ADICIONADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2013)
Artículo 173 Bis. Toda persona tiene derecho a la prestación de servicios médicos públicos o privados, obteniendo una atención
eficiente, oportuna y de calidad, para ello, el estado promoverá la existencia de mecanismos que protejan y garanticen el derecho
a la salud así como el libre ejercicio de la medicina en la entidad.
Sin perjuicio de la competencia de las instancias jurisdiccionales y de las facultades que tiene la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Coahuila en la protección del derecho a la salud, se constituye a la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje
Médico como un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de contribuir en
el ámbito estatal, a mejorar la calidad en la prestación de los servicios médicos y resolver en forma imparcial los conflictos o
diferencias suscitadas entre los usuarios y prestadores de servicios, con motivo de una atención médica.
La Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico se constituirá de acuerdo a las bases siguientes:
I. Será un organismo público autónomo, independiente en sus resoluciones, acuerdos, laudos, recomendaciones y dictámenes,
así como en las demás funciones previstas en su marco legal;
II. Conocerá de las quejas médicas que se susciten con motivo de una mala práctica en la atención médica o de la negativa u
omisión en la prestación de esta, ofreciendo a los usuarios y prestadores de servicios médicos resolver sus conflictos a través
de la conciliación y el arbitraje médico en los términos que establezca la ley de la materia;
III. Será competente para promover las acciones de carácter preventivo, que permitan elevar la calidad en la atención de los
servicios;
82
IV. Contará con autonomía política, jurídica, administrativa, presupuestal, patrimonial y financiera, en los términos que establezca
la ley;
V. Su actuación se regirá por los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, equidad, objetividad, economía procesal,
independencia, reserva y confidencialidad;
VI. Los procedimientos, serán gratuitos, sencillos y ágiles;
VII. Estará integrada por un Consejo General que será el órgano superior de gobierno, una Presidencia, las Subcomisiones, un
órgano de control y demás unidades administrativas y personal necesario para su operación;
VIII. Los integrantes del Consejo General serán designados por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los Diputados
presentes en el Congreso del Estado, en los términos y conforme al procedimiento que disponga la ley;
IX. La ley determinará los requisitos para ser Presidente, así como consejero de la Comisión Coahuilense de Conciliación y
Arbitraje Médico;
X. La Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico podrá presentar iniciativas de leyes o decretos al Congreso del
Estado en materia de su competencia en los términos de los artículos 59 y 60 de esta Constitución. En este caso la iniciativa
se presentará por conducto del presidente, previo acuerdo del Consejo General;
XI. Las demás atribuciones que establezca la ley.
(REFORMADO, P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977)
Artículo 174. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se
destinare para la extinción de las penas y estarán separados.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos
o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de
un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro,
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad del Estado, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
El Estado organizará el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para
el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado y procurar que no vuelva a
delinquir. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
El Gobernador del Estado, en los términos de los ordenamientos legales aplicables, podrá celebrar convenios para que los
sentenciados por delitos del orden común extingan las penas en establecimientos penitenciarios del orden federal. Así mismo,
podrá solicitar al Ejecutivo Federal, que en los tratados internacionales que se celebren para el efecto de acordar el traslado de
reos de nacionalidad extranjera a su país de origen o residencia, se incluya a los sentenciados en el Estado, por delitos del orden
común. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros
penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social.
(REFORMADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
El Estado establecerá un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta
tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se
garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución
para todo individuo, los tratados internacionales, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en
desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito
en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
La operación del sistema estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición
de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso,
atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.
83
(ADICIONADO, P.O. 26 DE ABRIL DE 2013)
Artículo 174-A. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el
indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito
que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido
un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
Queda estrictamente prohibido detener a las personas para fines de investigación.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y
que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna
y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda
sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o
circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que
motiven su proceder.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse
su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o
decretar la libertad con las reservas de ley.
(REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
Artículo 175. La Ley determinará las profesiones que necesitan título para que sean ejercitadas en el Estado, las condiciones que
deban llenarse para obtenerlo y las Autoridades que deban expedirlo; asimismo, regulará las peculiaridades propias del régimen
jurídico de los colegios de profesionales cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
(REFORMADO, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007)
Artículo 176. Es obligación del Gobernador del Estado y de los Presidentes Municipales, hacer que se cumplan fielmente las
prescripciones del Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(REFORMADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2009)
Artículo 177. Las autoridades municipales, se sujetarán estrictamente a las facultades que les otorga la ley y observarán, muy
especialmente, las prescripciones de los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 1989)
Artículo 178. El Estado promoverá la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de la entidad
y de los bienes y valores que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley determinará los instrumentos
necesarios para el logro de estos objetivos.
Artículo 179. En el Estado toda elección será directa en primer grado exceptuando la que haga el Congreso para suplir al
Gobernador en sus faltas y para designar a los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 180. Los Ministros de cualquier culto religiosos no pueden ser nombrados para ningún empleo o cargo de la elección
popular.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 181. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez, dos cargos de elección popular; pero el electo puede elegir, entre
ambos, el que quiera desempeñar.
84
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 182. Los servidores públicos del Estado al prestar la protesta que exige la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, también protestarán guardar la presente. La protesta se otorgará ante la autoridad que determine la Ley; pero los
titulares de los Poderes del Estado, pueden delegar esa facultad, cuando el que ha de prestar la protesta, se encuentre, al ser
nombrado, fuera del lugar en que se halle el superior.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 183. Todo servidor público en el Estado, antes de tomar posesión de su cargo o empleo, hará la protesta de guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes emanadas o que emanen de ambas,
así como de desempeñar fielmente sus deberes. Si fueren de los que han de ejercer autoridad, añadirán la protesta de hacerlas
guardar.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 184. La autoridad a quien corresponda recibir la protesta, la formulará en la forma de interrogación; si la contestación
fuere afirmativa, replicará las palabras siguientes: "..... Si no lo hiciereis así, el Estado os lo demande.....", si la respuesta fuere
negativa, el servidor público que debía otorgar la protesta, quedará destituido para el desempeño del empleo o cargo y se
procederá a nuevo nombramiento.
Artículo 185. El Gobernador, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso bajo la forma que sigue: “Protesto
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza; guardar y hacer guardar sin
reserva alguna la Constitución Particular del Estado, y la General de la República con todas sus adiciones y reformas y las demás
que de ellas emanen mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado”.
Artículo 186. Las personas que desempeñen un cargo público lo harán solo por el término para que fueren nombrados, incurriendo
en responsabilidad si expirado el período, continúan sirviendo dicho cargo y siendo además nulos todos los actos que ejecutaren
con posterioridad a aquel término.
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2009)
El Estado proveerá de los medios de seguridad adecuados y suficientes a los Gobernadores y a los demás funcionarios de la
Administración Pública Estatal que desempeñen o hayan desempeñado cargos relevantes de seguridad pública y procuración de
justicia.
(ADICIONADO, P.O. 16 DE MARZO DE 2009)
Los Gobernadores gozarán de seguridad durante el tiempo de su ejercicio y una vez concluido de manera vitalicia. Los demás
funcionarios tendrán la seguridad asignada durante el tiempo de su cargo, así como un período igual después de concluido,
siempre que las circunstancias no ameriten un periodo mayor. Las leyes ordinarias reglamentarán este precepto.
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008)
Artículo 187. Los servidores públicos Estatales y Municipales, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinará anual y equitativamente en el Presupuesto de Egresos
del Estado, los Presupuestos de Egresos de los Municipios y en los Presupuestos de las entidades paraestatales y paramunicipales
según corresponda.
Quienes ocupen un cargo de elección popular, o de representación proporcional no podrán recibir remuneraciones, pagos o
percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos.
La infracción hace responsable solidariamente, por su devolución, a la autoridad que ordene el pago de la percepción
extraordinaria; al servidor público que lo ejecute o al que lo reciba.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la ley de la materia establecerá las responsabilidades y sanciones en que
incurran las autoridades que entreguen percepciones no autorizadas en el presupuesto respectivo y la de los servidores públicos
que las reciban.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 188. No se cubrirá ninguna remuneración a los servidores públicos por el tiempo de sus faltas temporales, a no ser que
estas fueren por causa justificada, en los términos que señalen las Leyes respectivas.
Artículo 189. Los Magistrados Propietarios, aun cuando gocen de licencia no podrán ejercer su profesión de abogados ni
patrocinar negocios ante los Tribunales.
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Artículo 190. La Ciudad de Saltillo, será la Capital del Estado y la residencia del Congreso, del Gobernador, y del Supremo
Tribunal de Justicia. Solo en caso de invasión extranjera o de trastorno grave del orden público, podrá el Gobernador cambiar tal
residencia a otro lugar, con aprobación del Congreso, y en sus recesos, de la Diputación Permanente.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 191. Los servidores públicos que entren a ejercer su cargo después del día señalado por esta Constitución, sólo durarán
en sus funciones el tiempo que faltare para completar el período respectivo.
(REFORMADO, P.O. 22 DE ABRIL DE 1994)
Artículo 192. No podrán formar parte de un mismo Ayuntamiento, dos personas que sean parientes por consanguinidad dentro
del segundo grado.
(REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 193. Cuando hayan desaparecido los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, si
hubiere permanecido dentro del orden Constitucional, integrado por los Magistrados Numerarios y Supernumerarios en ejercicio,
cuando menos en sus dos terceras partes, procederá a elegir un Gobernador Provisional dentro de los tres días siguientes a la
desaparición de los otros poderes. En caso de empate en la votación, el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad.
Cuando el Tribunal Superior de Justicia no hubiere podido reunirse en la forma prevista en el párrafo anterior, o hubieren
desaparecido los tres Poderes, asumirá provisionalmente el mando del Gobierno el último Presidente del Tribunal que haya sido
en el período Constitucional anterior, y a falta de éste los demás Magistrados en orden a su antigüedad y si esta es igual para
todos, conforme a su designación.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO, P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001)
El Instituto Electoral de Coahuila, convocará a elecciones dentro de los noventa días siguientes al que asumió el cargo el
gobernador provisional conforme al párrafo que antecede. En todo caso, el gobernador provisional no podrá ser electo para el
período para el cual haya convocado el Instituto conforme a este párrafo.
(REFORMADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
Cuando hubieren desaparecido los tres poderes quien asuma provisionalmente el mando del gobierno, designará, también con
carácter provisional, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los cuales, a su vez, deberán nombrar a los Magistrados
Distritales, a los Jueces de Primera Instancia, y demás titulares de los órganos jurisdiccionales que establezca la ley.
también, con carácter provisional, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los cuales, a su vez, deberán nombrar a los
Magistrados Unitarios de Distrito, a los Jueces de Primera Instancia, y demás titulares de los órganos jurisdiccionales que
establezca la ley.
En el caso de que ninguna de las prevenciones anteriores fuese aplicable a la desaparición de los Poderes, se atenderá a lo
dispuesto en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(REFORMADA SU NUMERACION, P.O. 20 DE MARZO DE 2001)
TITULO NOVENO.
CAPITULO UNICO.
De la inviolabilidad y reforma de la Constitución.
Artículo 194. El Estado no reconoce más ley fundamental para su Gobierno interior, que la presente Constitución y ningún Poder
ni Autoridad, puede dispensar su observancia.
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
Esta Constitución, las Cartas de los Derechos Fundamentales Locales y demás leyes fundamentales locales, serán parte de la
Ley Suprema Coahuilense. Este bloque de la constitucionalidad local se conformará y modificará bajo el mismo procedimiento
previsto en el artículo 196 de esta Constitución.
(ADICIONADO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
Los magistrados y jueces están sometidos a esta Constitución y a la ley conforme a ella. Todo juez tiene la obligación de cumplir
y hacer cumplir los principios, valores y reglas bajo el estado humanista, social y democrático de derecho.
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(ADICIONADO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
El sistema de justicia constitucional local previsto en esta Constitución, es la garantía de defensa judicial del bloque de la
constitucionalidad local dentro del régimen interno del estado.
(REFORMADO, P.O. 21 DE JULIO DE 2006)
Artículo 195. Todos los ciudadanos tienen derecho de reclamar, conforme lo previsto en esta Constitución y las leyes, al Congreso
y ante las autoridades que las mismas determinen, sobre la inobservancia o infracción de la Constitución, a fin de que se haga
efectiva la responsabilidad de los infractores.
Esta Constitución garantiza el ejercicio libre, democrático y equitativo de los Derechos Humanos. Su estudio, protección, difusión
y promoción se realizará a través de un Organismo Público Autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, se constituirá conforme a lo siguiente:
(REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
1. Será independiente en sus funciones y decisiones y profesional en su desempeño. No será competente tratándose de
asuntos electorales y jurisdiccionales.
2. Gozará de autonomía presupuestal y financiera en los términos que establezca la ley.
3. Sesionará en forma pública a través de un Consejo, que estará integrado por seis consejeros que durarán en su encargo
cuatro años.
(REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
4. El Presidente de la Comisión, así como los consejeros, propietarios y suplentes, serán designados por el voto de la mayoría
de los miembros del Congreso del Estado, ajustándose a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente,
en los términos y condiciones que disponga la ley.
5. Contará en su estructura con órganos consultivos, directivos, ejecutivos, técnicos, operativos y administrativos, en los
términos que la ley establezca.
6. La base de su funcionamiento será el servicio profesional de carrera.
7. Su actuación se regirá por los principios de constitucionalidad, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
8. Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o
municipal; sin embargo, no será competente tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.
9. Sus procedimientos serán gratuitos, breves y sencillos, y en ocasión de su investigación, podrá formular recomendaciones
públicas a las autoridades correspondientes.
10. La ley determinará los requisitos para ser Presidente, así como consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Coahuila.
11. Todo órgano, dependencia o entidad de los gobiernos estatal y municipal deberá colaborar con la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Coahuila en los términos de las disposiciones aplicables, para el mejor ejercicio de sus funciones,
bajo los principios de fidelidad estatal y municipal.
12. La Comisión de Derechos Humanos del Estado podrá presentar iniciativas de leyes o decretos al Congreso del Estado en
materia de derechos fundamentales en los términos de los artículos 59 y 60 de esta Constitución. En este caso la iniciativa
se presentará por conducto del presidente, previo acuerdo del Consejo.
(DECRETO 261, REFORMADO, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, REFORMADO, P.O. 21 DE ENERO DE 2022) (ADICIONADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2012)
13. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente este organismo. El Congreso del
Estado o, en sus recesos, la Comisión Permanente, podrá llamar, a solicitud de este organismo, a las autoridades o
servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el
motivo de su negativa, sin perjuicio del control jurisdiccional de las recomendaciones o informes previsto en esta Constitución.
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(DECRETO 261, ADICIONADA, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, ADICIONADO, P.O. 21 DE ENERO DE 2022)
En la integración de la Comisión se observará el principio de paridad de género en los términos que establezca la ley.
(DECRETO 261, ADICIONADO, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, ADICIONADO, P.O. 21 DE ENERO DE 2022)
Artículo 195-A. Los hechos materia de las resoluciones de una recomendación, denuncia, queja o informe de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Coahuila podrán ser objeto de acción del juicio local de protección de derechos humanos ante
el Tribunal Constitucional Local, a efecto de que, con observancia del debido proceso, determine las obligaciones de las
autoridades correspondientes para reparar las violaciones que se acrediten.
(DECRETO 261, ADICIONADO, P.O. 19 DE AGOSTO DE 2022) (DECRETO 193, ADICIONADO, P.O. 21 DE ENERO DE 2022)
Artículo 195-B. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila tendrá las atribuciones siguientes:
1. Formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; las cuales,
cuando no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, deberán estar fundadas, motivadas y
hechas públicas. Quien presida la Comisión podrá presentar el juicio local de protección de derechos humanos para que
el Tribunal Constitucional Local, resuelva, previo debido proceso, si puede ser obligatorio o no la reparación de las
violaciones que se acrediten conforme a los hechos constitutivos de una recomendación, queja o informe;
2. Presentar, a través de quien la presida, iniciativas de leyes o decretos al Congreso del Estado en materia de derechos
humanos en los términos de los artículos 59 y 60 de esta Constitución;
3. Crear relatorías temáticas para la defensa especializada de los derechos y libertades fundamentales en los términos de
la ley. Podrá constituir grupos de trabajo con expertos y sociedad civil, para implementar sus decisiones que le
corresponden;
4. Promover, apoyar e implementar, como órgano de asesoría técnica, una política pública con perspectiva de derechos
humanos en el Estado, que las autoridades estatales y municipales deberán diseñar y ejecutar, en el ámbito de su
competencia. La Comisión podrá diagnosticar, monitorear y evaluar en forma permanente las acciones de las
autoridades, sin perjuicio de sus demás atribuciones en los términos que establezca la ley;
5. Formular informes, investigaciones o recomendaciones generales para promover e implementar cambios institucionales
que prevengan y erradiquen las violaciones estructurales de derechos humanos;
6. Emitir comentarios generales, observaciones, opiniones, principios y buenas prácticas para interpretar e implementar las
Cartas de Derechos y sus Protocolos Adicionales, con la finalidad de definir el contenido, alcance y límites de algún
derecho, la interpretación que sobre el mismo deberán hacer las autoridades correspondientes o la implementación de
una política pública o recomendación;
7. Ejercer, a través de quien la presida, las acciones de justicia constitucional local y el juicio local de protección de los
derechos humanos indicados en el artículo 158, inciso III, bajo el principio de relevancia constitucional local;
8. Privilegiar, los métodos alternativos de conciliación y de solución de controversias, en los casos en los cuales su uso sea
razonable y necesario, según el conflicto de derechos;
9. Implementar, en los términos de ley, un examen periódico local para la rendición de cuentas de todas las autoridades,
estatales y municipales, que les corresponda velar por los derechos humanos en la entidad.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE JUNIO DE 2005)
Artículo 196. La Ley Suprema Coahuilense puede ser adicionada o reformada por el Congreso del Estado. Para que las adiciones
o reformas lleguen a ser parte del bloque de la constitucionalidad local, deben observarse los requisitos siguientes:
(REFORMADA, P.O. 2 DE DICIEMBRE DE 2016) (REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADA, P.O. 31 DE JULIO DE 2007)
I. Iniciativa suscrita por el Gobernador o por uno o varios Diputados, a la que se le dará una lectura y se turnará a la Comisión
correspondiente.
(REFORMADA, P.O. 2 DE DICIEMBRE DE 2016) (REFORMADA, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
II. Dictamen de la Comisión respectiva al que se le dará una lectura.
(REFORMADA, P.O. 22 DE ABRIL DE 1994)
III. Discusión del dictamen y aprobación del mismo, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados
presentes.
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IV. Publicación del expediente por la prensa.
V. Que la adición o reforma sea aprobada por la mayoría absoluta de los ayuntamientos del Estado.
VI. Discusión del nuevo dictamen, que se formará con vista del sentir de los ayuntamientos, la Comisión que conoció de la
iniciativa, pronunciándose en sentido afirmativo o negativo, según el sentir de la mayoría absoluta de los respectivos
ayuntamientos.
VII. Declaración del Congreso, con vista y discusión del dictamen de la comisión.
(REFORMADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015) (REFORMADO, P.O. 27 DE ENERO DE 1984)
Artículo 197. Para cumplir con lo que se previene en la fracción V del artículo que precede, el Congreso después de haber
cumplido los requisitos que consignan las fracciones anteriores a la citada, mandará a cada Ayuntamiento del Estado, una copia
del expediente a que se refiere la fracción IV de esta misma disposición, señalándoles, asimismo, que deberán emitir su voto, para
los efectos legales correspondientes.
Una vez que se reciba el voto favorable de la mayoría absoluta de los Ayuntamientos de los Municipios, se podrá proceder a la
formulación y presentación del dictamen a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, así como a hacer la declaración que
se señala en la fracción VII de la misma disposición.
Artículo 198. En ningún caso perderá esta Constitución su fuerza y vigor, aunque por alguna rebelión se interrumpa su
observancia. En caso de que por algún trastorno público se establezca un Gobierno contrario a los principios que ella sanciona,
tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a las leyes que en su virtud se hubieren
expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado
a ésta.
(ADICIONADO, P.O. 07 DE AGOSTO DE 2020)
Artículo 199. En estricta observancia a los principios de progresividad y no regresividad, los derechos y libertades reconocidos en
el Estado de Coahuila de Zaragoza, en esta Constitución y en las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar,
proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su detrimento, salvo en aquellos casos en los que se justifiquen
plenamente los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
TRANSITORIOS
1º.- Se deroga la Constitución del Estado de 21 de Febrero de 1882.
2º.- Se derogan todas las leyes y disposiciones expedidas por los Gobiernos provisionales, durante el fenecido período
preconstitucional, que estén, en oposición con la presente Constitución y la General de la República.
3º.- A partir del 1º. de enero de 1919 los Ayuntamientos durarán en funciones dos años, de acuerdo con el Artículo 124 de la
presente Constitución.
4º.- Los funcionarios públicos actualmente en ejercicio continuarán en el desempeño de sus cargos, hasta terminar el período para
el cual fueron electos.
5º.- Los juicios pendientes para los cuales se haya solicitado el recurso de casación, continuarán tramitándose, conforme a las
leyes establecidas.
6º.- En el presente período, el Congreso podrá hacer el nombramiento de los Magistrados que falten para integrar el Superior
Tribunal de Justicia, sin previa proposición de los Ayuntamientos.
7º.- Esta Constitución será promulgada solamente el Diez y Nueve de Febrero del corriente año.
Dado en la Ciudad de Saltillo, a los cinco días del mes de Febrero de mil novecientos diez y ocho, en el Salón de Sesiones del
Poder Legislativo.
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F. L. Treviño,
Presidente.- Diputado por el 15º. Distrito Electoral.
Francisco Paz,
Vice-Presidente.- Diputado por el 8º. Distrito Electoral.
E. Meade Fierro,
Diputado por el 1er. Distrito Electoral.
A. Barragán,
Diputado por el 2º. Distrito Electoral.
J. C. Valdés,
Diputado por el 4º. Distrito Electoral.
Prof. J. C. Montes,
Diputado por el 5º. Distrito Electoral.
Prof. J. R. Castro,
Diputado por el 6º. Distrito Electoral.
A. Aldana,
Diputado por el 7º. Distrito Electoral.
C. Ugartechea,
Diputado por el 9º. Distrito Electoral.
Prof. José Rodríguez González,
Diputado por el 11º. Distrito Electoral.
Indalecio Treviño Chapa,
Diputado por el 13º. Distrito Electoral.
Enrique Dávila,
Secretario—Diputado por el 3º. Distrito Electoral.
Prof. J. Martínez M,
Secretario—diputado por el 12º. Distrito Electoral.
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N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 19 DE OCTUBRE DE 1918.
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 5 DE NOVIEMBRE DE 1919
Transitorio.- Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.
P.O. 5 DE MAYO DE 1926
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 24 DE JULIO DE 1926
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 31 DE AGOSTO DE 1927
UNICO.- Por esta sola vez y teniendo en cuenta que el período para que han sido electos los Magistrados actualmente en ejercicio, ha comenzado ya, el Congreso
hará la designación del Magistrado que deba encargarse del despacho de la Cuarta Sala, sin pedir terna a los Ayuntamientos, tan luego como entren en vigor
estas reformas, que será la fecha de su promulgación en el Periódico Oficial del Estado.
P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 1927
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 16 DE FEBRERO DE 1929
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 21 DE AGOSTO DE 1929
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor desde el día quince de septiembre del año en curso.
P.O. 10 DE JUNIO DE 1936
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 12 DE ENERO DE 1938
Artículo Transitorio.- Desde la promulgación del presente Decreto desaparecerá la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuyos asuntos serán
encomendados a las tres Salas restantes.
P.O. 26 DE MARZO DE 1938
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 20 DE ABRIL DE 1938
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EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 15 DE JUNIO DE 1938
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 1939
UNICO.- A partir de la vigencia de la presente reforma, el Tribunal Superior de Justicia del Estado procederá a hacer los nombramientos de Jueces Locales
Letrados que establezcan las Leyes, de manera que el período del funcionamiento de estos Jueces coincida con el de los de Primera Instancia, aunque por esta
vez sea necesario para tal efecto, que se designe un período menor para los Jueces Locales Letrados.
P.O. 18 DE ENERO DE 1941
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1941
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 11 DE FEBRERO DE 1942
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 4 DE MARZO DE 1942
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 16 DE SEPTIEMBRE DE 1942
TRANSITORIOS.- Los Ayuntamientos que se elijan el primero de noviembre próximo, durarán en funciones el término de tres años, de conformidad con la reforma
al Artículo 124 de la Constitución Política Local, hecha en este Decreto.
P.O. 27 DE FEBRERO DE 1943
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 27 DE MARZO DE 1948
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 14 DE OCTUBRE DE 1950
Artículo 1º.- La actual Comisión Permanente, continuará en funciones hasta el 19 de noviembre del corriente año, fecha en que se reunirá el Congreso, para
designar su Mesa Directiva, e iniciar sus Sesiones Ordinarias el día 20.
Artículo 2º.- La Legislatura que se elija para substituir a la actual durará en funciones del 15 de noviembre de 1952 al 19 de noviembre de 1955.
Artículo 3º.- La XXXIX Legislatura se instalará, de acuerdo con lo que previene la Ley el día 14 de noviembre; pero designará sus Directivas el día 19 de cada mes,
y celebrará su primer sesión el 20 de noviembre.
Artículo 4º.- Con excepción de la Mesa Directiva correspondiente al mes de noviembre de 1950 y 1951, el actual Congreso continuará nombrando sus Directivas
el día 14 de cada mes. A partir de la próxima Legislatura la designación será hecha el día 19 de cada mes.
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P.O. 16 DE MAYO DE 1951
ARTICULO PRIMERO.- Estas reformas entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 142 de la Constitución Política Local, los Magistrados que se designen para iniciar
sus labores el 1º. de Diciembre de 1953, durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo.
P.O. 28 DE JULIO DE 1954
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 25 DE ABRIL DE 1956
ARTICULO UNICO.- Las reformas a los Artículos 46, y 193 de la Constitución Política Local, entrarán en vigor a partir del 15 de noviembre de 1961 por lo que la
Legislatura que se elija para sustituir a la actual, iniciará su período el 20 de noviembre de 1958 para terminarlo el 14 de noviembre de 1961.
P.O. 28 DE MARZO DE 1959
EL DECRETO DE REFORMAS CITADO CON ANTELACION, NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA
DEL TEXTO MODIFICADO; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES DEL CODIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
P.O. 12 DE OCTUBRE DE 1966
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
P.O. 20 DE MAYO DE 1967
UNICO.- Este decreto entrará en vigor cinco días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
P.O. 18 DE MARZO DE 1970
UNICO.- EL presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 1972
PRIMERO.- Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y como consecuencia de las mismas se procederá
a modificar en lo conducente la Ley Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.- Hasta en tanto se elija y tome posesión de su cargo el Magistrado Titular de la Cuarta Sala, el Supremo Tribunal de Justicia funcionará legalmente
en la forma como actualmente está constituido.
TERCERO.- Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que entren en vigor las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Ayuntamientos deberán
proponer ternas al Congreso del Estado para la elección del Magistrado Propietario y de los magistrados Supernumerarios de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado.
CUARTO.- El Magistrado Propietario y los Magistrados Supernumerarios de la Cuarta Sala del Tribunal Supremo de Justicia del Estado, durarán en su encargo a
partir de la fecha de su toma de posesión, hasta el día 30 de noviembre de 1975.
P.O. 16 DE MAYO DE 1973
PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a este decreto.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 1974
PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a este decreto.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
P.O. 4 DE FEBRERO DE 1977
UNICO.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
P.O. 24 DE MARZO DE 1978
UNICO.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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P.O. 25 DE AGOSTO DE 1981
UNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
P.O. 27 DE ENERO DE 1984.
PRIMERO:- Las presentes reformas y adiciones, una vez promulgadas, se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y entrarán en vigor el día
diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.
SEGUNDO:- El Congreso del Estado, cuando así se requiera, expedirá, reformará o adicionará las leyes orgánicas, reglamentarias y ordenamientos legales, para
proveer a la exacta observancia y debido cumplimiento, de los artículos contenidos en estas reformas o adiciones, que creen o modifiquen estructuras de órganos
de autoridades estatales o municipales; que establezcan nuevos procedimientos para su elección, designación o funcionamiento; y los que otorguen nuevas
facultades, deberes u obligaciones.
TERCERO:- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a las presentes reformas y adiciones.
P.O. 17 DE JUNIO DE 1988.
ARTICULO PRIMERO.- Estas reformas constitucionales entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, excepción
hecha de las disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que iniciarán su vigencia cuando sean
expedidas, reformadas, adicionadas o modificadas las leyes ordinarias respectivas y se establezcan las partidas necesarias en el Presupuesto de Egresos.
ARTICULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado dentro del plazo de un año a partir de la publicación del presente Decreto, procederá a cumplir con lo dispuesto
en la parte final del Artículo anterior.
ARTICULO TERCERO.- Los Artículos 33, 34, 35 y 70 surtirán efectos a partir del proceso de renovación del Congreso con la LII Legislatura.
(REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 1993)
ARTICULO CUARTO.- Se establece que el período constitucional de los integrantes del Poder Judicial, concluirá el 29 de diciembre de 1993 para los Magistrados
del Tribunal Superior de Justicia y el 31 de Enero de 1994 para los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Distrito y los Jueces.
ARTICULO QUINTO.- Los Artículos 138 y 151 serán aplicables a partir de las nuevas designaciones de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
P.O. 13 DE ENERO DE 1989
UNICO.- Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del gobierno del Estado.
P.O. 29 DE JUNIO DE 1990
ARTICULO PRIMERO.- Estas Reformas entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, excepción
hecha del Artículo 124 en cuanto a la fecha de renovación de Ayuntamientos, que iniciará su vigencia hasta el mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.
ARTICULO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos electos para el próximo período Constitucional, durarán en sus funciones hasta el día martes de la segunda semana
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.
ARTICULO TERCERO.- La LII Legislatura iniciará sus funciones el día 15 de noviembre de 1991 y las concluirá el 14 de octubre de 1994.
D A D O en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la ciudad de Saltillo, a los 25 días de mes de junio de 1990.
P.O. 19 DE MAYO DE 1992
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto de reformas y adiciones, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- El organismo a que se refiere este Decreto, deberá integrarse e iniciar sus funciones dentro de los treinta días siguientes a la fecha en
que entre en vigor su Ley Orgánica.
P.O. 3 DE NOVIEMBRE DE 1992
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- La reforma aprobada con relación al Artículo 124, entrará en vigor a partir de las elecciones que se celebren para la renovación de los Ayuntamientos
municipales, que estarán en funciones en el período 1993-1996.
P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 1993
ARTICULO PRIMERO.- Las anteriores reformas, adiciones y modificaciones constitucionales entrarán envigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico oficial del Gobierno del Estado.
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ARTICULO SEGUNDO.- El personal, los expedientes en trámite, el archivo, el mobiliario y los recursos financieros que tenían asignados los Consejos Tutelares
para Menores, pasarán íntegramente a la dependencia del Poder Ejecutivo que le corresponda organizar y vigilar el establecimiento de instituciones y la aplicación
de normas preventivas tutelares, de menores infractores.
P.O. 22 DE ABRIL DE 1994
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, excepción hecha de las
disposiciones cuyo mecanismo de aplicación se establecerá en la legislatura reglamentaria.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente reforma.
TERCERO.- Los diputados que resulten electos para integrar la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, iniciarán sus funciones el quince de
octubre de 1994 y las concluirán el 31 de diciembre de 1996.
CUARTO.- Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 46, será aplicable a partir de la instalación de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
QUINTO.- Para efectos de la reforma del artículo 124 los ayuntamientos electos en el año de 1993 concluirán sus funciones el 31 de diciembre de 1996.
SEXTO.- La Comisión Estatal Electoral continuará a cargo del proceso electoral que se desarrolla durante 1994 para la renovación del Congreso del Estado, hasta
en tanto se integre en los términos de la ley reglamentaria el organismo encargado de la función electoral a que se refiere el tercer párrafo del artículo 27.
P.O. 24 DE MAYO DE 1996
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente reforma.
P.O. 28 DE JUNIO DE 1996
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto,
P.O. 9 DE ENERO DE 1998.
UNICO,- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
P.O. 10 DE FEBRERO DE 1998
ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.
P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 1998
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.
P.O. 18 DE MAYO DE 1999.
PRIMERO.- Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Una vez que inicien su vigencia estas reformas, el segundo párrafo del artículo 110 se aplicará cuando se dé el motivo para ello.
P.O. 20 DE MARZO DE 2001
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Los Gobiernos Estatal y Municipales deberán instrumentar, de manera conjunta o separada, todos los mecanismos idóneos de divulgación de este decreto para
el conocimiento de la población.
La exposición de motivos, así como el dictamen de la comisión y, en su caso, la opinión del Tribunal Superior de Justicia y la discusión en el Congreso del Estado
sobre esta iniciativa de reforma constitucional, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado, dentro de los 240 días naturales siguientes a la fecha en que entre en vigor este decreto, deberá expedir la ley
reglamentaria de la justicia constitucional local.
El Tribunal Superior de Justicia, una vez que haya entrado en vigor esta reforma, substanciará y resolverá las controversias constitucionales a que se refiere el
artículo 158, fracción I, incisos 2, 3 y 5 de esta Constitución.
En tanto se expide la ley que regulará dichas controversias, el trámite de las que se deban resolver de acuerdo con este artículo se sujetarán a las bases siguientes:
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a) La demanda deberá ser interpuesta dentro de los treinta días siguientes a partir del día en que conforme a la ley propia del acto, surta efectos la notificación de
la resolución o acuerdo que se reclame, o al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
b) La demanda deberá formularse por escrito; así como, la contestación, que deberá producirse dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos
la notificación del auto que la admita.
c) Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello sin que se haya hecho, se señalará fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas,
que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes.
d) Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad. Las pruebas testimonial, pericial y de
inspección ocular deberán anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia, para su debida preparación.
e) La audiencia se celebrará con o sin asistencia de las partes o de sus representantes legales, y
f) La sentencia deberá pronunciarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia.
g) El Tribunal Superior de Justicia, emitirá los acuerdos que procedan, para la efectiva tramitación de estas controversias constitucionales.
En todo caso, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia deberá proveer lo conducente y lo necesario para sustanciar y resolver las controversias constitucionales
o acciones de inconstitucionalidad locales que se promuevan durante ese plazo. Para tal efecto, deberá observar los principios previstos en los artículos 14, 16 y
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que entre en vigor este decreto, el Tribunal Superior de Justicia, en Pleno, deberá sesionar para emitir un
acuerdo en donde se declare formalmente el carácter de Tribunal Constitucional Local, en los términos del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Este
acuerdo tendrá sólo efectos declarativos, no constitutivos, pero deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO TERCERO. Los Ayuntamientos deberán adecuar sus bandos, reglamentos y demás acuerdos o disposiciones de carácter general dentro de los 210
días naturales siguientes a la fecha en que entre en vigor este decreto.
ARTÍCULO CUARTO. De conformidad con el inciso e) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
Ayuntamientos en donde no existan bandos o reglamentos correspondientes deberán observarse y cumplirse, en lo conducente, las leyes, decretos y demás
disposiciones estatales con vigencia en todo el territorio del Estado, según la materia que corresponda, hasta en tanto el o los Ayuntamientos respectivos aprueben
sus bandos o reglamentos correspondientes.
ARTÍCULO QUINTO. El artículo 135 fracción II de la Constitución, sólo se aplicará a los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Distrito y a los Jueces de
Primera Instancia, cualquiera que sea su denominación, cuya designación tenga lugar en fecha posterior a la en que entre en vigor este decreto. Los que para esa
fecha estén en funciones, concluirán en su encargo el día que se precisa en su nombramiento.
ARTÍCULO SEXTO. A partir del día siguiente en que entre en vigor este decreto, los Juzgados de Conciliación no admitirán a trámite ningún asunto de su
competencia y deberán concluir los que para esa fecha tengan radicados, a más tardar el día 31 de agosto del 2001, fecha en la que concluirán sus funciones,
quedando sin efectos los nombramientos de sus titulares. Sus archivos una vez depurados, deberán concentrarse en los archivos del Poder Judicial que
corresponda. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, deberá tomar las providencias necesarias para que se cumpla esta disposición.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan este decreto.
P.O. 13 DE OCTUBRE DE 2001
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los actuales consejeros ciudadanos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza concluirán sus funciones a la
entrada en vigor del presente Decreto. Quedará sin efectos también la representación del Congreso del Estado en el Instituto que este Decreto crea y, en todo
caso, los partidos políticos deberán ratificar o designar a sus representantes conforme a lo previsto en este Decreto y demás disposiciones aplicables.
Los recursos materiales, financieros y humanos del Consejo Estatal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y su patrimonio, se transferirán en su totalidad
al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila que se crea mediante este Decreto. Al personal del Consejo Estatal Electoral se le respetarán sus
derechos laborales; pero, en todo caso, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila acordará las reglas para ingresar,
ascender o permanecer en dicho organismo.
A más tardar el día 30 de noviembre del año 2001, deberán estar designados los consejeros electorales, propietarios y suplentes, del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, en los términos que dispone este Decreto y demás leyes aplicables, bajo las modalidades previstas en el
párrafo siguiente.
Para renovar escalonadamente al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y sólo por única ocasión, el período de los
consejeros electorales propietarios concluirá el 30 de noviembre del año 2006, para dos de ellos; el 30 de noviembre del año 2007, para dos de ellos y el 30 de
noviembre del año 2008, para el restante. Al aprobar las designaciones, el Congreso del Estado deberá señalar cuál de los períodos corresponderá a cada
consejero electoral propietario. En todo caso, el Congreso del Estado al concluir los períodos de los consejeros electorales propietarios, deberá designar a los
consejeros electorales propietarios que durarán en su cargo siete años, en los términos de las disposiciones aplicables.
Los cinco consejeros electorales suplentes que designe el Congreso del Estado durarán en su encargo siete años en los términos de las disposiciones aplicables.
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Una vez aprobada la designación de los consejeros electorales, propietarios y suplentes, rendirán su protesta de ley ante el Congreso del Estado. Hecho lo cual,
los consejeros electorales propietarios realizarán una sesión solemne de apertura e instalación, en la cual designarán al presidente del Consejo General, que lo
será del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y, en su caso, emitirán los acuerdos necesarios para el inicio de su organización y
funcionamiento. El acta de la sesión se enviará al Periódico Oficial del Gobierno del Estado para su publicación.
ARTÍCULO TERCERO. A más tardar el día 15 de febrero del año dos mil dos, deberán estar designados los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial,
en los términos que dispone este Decreto y demás leyes aplicables.
Los magistrados del Tribunal Electoral iniciarán sus funciones a partir del día en que inicie el proceso electoral del año dos mil dos, y rendirán su protesta de ley
ante el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, según el caso.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado realizarán, en forma conjunta, una sesión de apertura e instalación del Tribunal
Electoral, una vez que los magistrados que lo integren rindan su protesta de ley ante el Congreso del Estado. El acta de la sesión se enviará al Periódico Oficial
del Gobierno del Estado para su publicación.
Los magistrados integrantes del Tribunal Electoral, dentro de los quince días posteriores a su designación, deberán celebrar por separado una sesión plenaria
para elegir presidente, a fin de que se integre al Consejo de la Judicatura y realice todos los actos necesarios para lograr el funcionamiento adecuado del Tribunal
Electoral.
El Consejo de la Judicatura tomará las previsiones necesarias a efecto de que el Tribunal Electoral pueda iniciar sus funciones al inicio del proceso electoral del
año 2002. Para tal efecto, el Consejo de la Judicatura, en los términos de las disposiciones aplicables, deberá enviar al Ejecutivo del Estado el Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el Tribunal Electoral, para efecto de que el Congreso del Estado asigne el presupuesto respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, el
Pleno del Tribunal y el Consejo de la Judicatura enviarán su Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año 2002, en los términos de las
disposiciones aplicables.
ARTÍCULO CUARTO. Los magistrados supernumerarios que integraban la Sala Auxiliar en Materia Electoral hasta antes del inicio de vigencia de este Decreto,
continuarán siendo magistrados supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los términos de las disposiciones aplicables hasta la conclusión
de su encargo.
El personal que formaba parte de la Sala Auxiliar en Materia Electoral, conservará sus derechos laborales y deberá ser readscrito, según lo acuerde el Consejo de
la Judicatura, a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado.
ARTÍCULO QUINTO. En la primera sesión que celebre el Consejo de la Judicatura, una vez que entre en vigor este Decreto, se levantará un acta en la que conste
su nueva integración y continuará ejerciendo las atribuciones que legalmente le competan, quedando convalidados para todos los efectos legales todos los actos
del Consejo de la Judicatura anteriores a la vigencia de este Decreto.
ARTÍCULO SEXTO. El período constitucional de gobierno de los Ayuntamientos del estado de cuatro años prevista en la fracción III del artículo 158-K de la
Constitución Política del Estado de Coahuila que se aprueba en este Decreto, será aplicable a partir de la renovación de los Ayuntamientos del año 2005 y, por
tanto, los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos elegidos en el año 2005 durarán en su encargo cuatro años.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Para auxiliar y orientar el entendimiento, la interpretación y la aplicación de la reforma político-electoral que aquí se aprueba, el Ejecutivo
del Estado publicará la exposición de motivos correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO OCTAVO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2003
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días hábiles siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
Dentro del plazo de vacancia de este Decreto, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial promoverán la difusión de esta reforma.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá expedir la nueva legislación de la materia para reglamentar el derecho a la información pública, asimismo,
deberá realizar las modificaciones y adecuaciones pertinentes a la legislación secundaria vigente para remover todo obstáculo normativo para el ejercicio de este
derecho.
En todo caso, la ley de la materia establecerá las modalidades temporales para implementar de manera efectiva el ejercicio del derecho de libre acceso a la
información pública.
ARTÍCULO TERCERO. En todo caso, el organismo público autónomo a que se refiere la fracción VII del artículo 7º de la Constitución, se regirá para su
establecimiento a partir de principios de eficiencia, economía presupuestal, la no duplicidad innecesaria de funciones, así como el aprovechamiento de las
estructuras actuales de la documentación pública en el estado.
P.O. 27 DE FEBRERO DE 2004
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
P.O. 3 DE DICIEMBRE DE 2004
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir del día 1º de Enero del año 2005 y hasta en tanto se observará lo establecido
actualmente en las disposiciones que se reforman en este Decreto.
P.O. 21 DE JUNIO DE 2005
PRIMERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación, bajo las modalidades previstas en los artículos siguientes.
SEGUNDO. En un término que no excederá de seis meses contados a partir de que entre en vigor este Decreto, el Poder Legislativo del Estado expedirá la Ley
de Justicia administrativa que regulará la competencia, procedimientos, organización y atribuciones del Tribunal Administrativo.
En dicho ordenamiento se establecerán las disposiciones relativas a los recursos presupuestales para la instalación del Tribunal Administrativo.
TERCERO. Las impugnaciones, a través de las acciones de inconstitucionalidad a ordenamientos jurídicos vigentes, al momento de entrar en vigor este Decreto,
se substanciaran y resolverán en los términos de lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma constitucional, publicado el veinte de marzo
del dos mil uno.
CUARTO. Hasta en tanto el Congreso del Estado expida un ordenamiento legal para regular las figuras a que se refieren los artículos 154, fracción II, numerales
1 y 11, y 156 de este Decreto, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, emitirán los
acuerdos generales en los plazos y bajo las modalidades que estimen convenientes conforme a esta Constitución.
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que contravengan este Decreto.
P.O. 7 DE ABRIL DE 2006
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 2007; misma fecha en que a más tardar deberán ser publicadas en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, las reformas a las disposiciones legales estatales y municipales de Coahuila, que regulen sobre la materia de responsabilidad del
Estado
SEGUNDO. Publíquese este Decreto en el periódico Oficial del Gobierno del Estado.
P.O. 21 DE JULIO DE 2006
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TERCERO. El Poder Legislativo del Estado deberá emitir una nueva Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, de conformidad
con las disposiciones previstas en el presente decreto.
Hasta en tanto entre en vigor la ley a que se refiere el párrafo que antecede, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, para su organización y
funcionamiento continuará aplicando las disposiciones de la Ley Orgánica que en este momento la rige, en cuanto no contravengan lo dispuesto en el presente
decreto, así como las determinaciones que sobre el particular emita la presidencia de este organismo.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.
P.O. 29 DE AGOSTO DE 2006
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. El Poder Legislativo del Estado expedirá la Ley de Justicia Administrativa que regulará la competencia, procedimientos, organización y atribuciones
del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que iniciará sus actuaciones una vez aprobada la partida presupuestal para su operación.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
98
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
P.O. 9 DE FEBRERO DE 2007
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
P.O. 27 DE MARZO DE 2007
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
P.O. 25 DE MAYO DE 2007
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- En un plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se presentarán ante el Congreso Local,
las reformas a los ordenamientos aplicables, a efecto de hacer efectiva la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 15 DE JUNIO DE 2007
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a este Decreto.
P.O. 19 DE JUNIO DE 2007 FE DE ERRATAS
P.O. 22 DE JUNIO DE 2007
PRIMERO.- El presente Decreto producirá efectos el mismo día en que entre en vigor la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila. En estos
términos publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a este Decreto.
P.O. 22 DE JUNIO DE 2007
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Los nombramientos de los actuales Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, conforme al decreto numero 616, de fecha veintiuno
de diciembre de dos mil cinco, se entenderán extendidos por el periodo constitucional que establece esta reforma y comprenderá desde la fecha de la designación
conforme al decreto de referencia, para finalizar el veintinueve de diciembre de dos mil veinte.
Así mismo, se conservan las adscripciones de los Magistrados en ejercicio a la Salas del Tribunal y la Presidencia para adecuarse al término previsto en el presente
decreto.
TERCERO. De los periodos constitucionales descritos en el artículo 135 de esta Constitución, quedan excluidos los Magistrados que hubiesen alcanzado la calidad
de inamovibles
CUARTO. En un plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se presentarán ante el Congreso Local las
reformas a los ordenamientos secundarios, a fin de hacer efectiva la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.
Asimismo, publicadas las reformas a los ordenamientos secundarios, el Consejo de la Judicatura del Estado iniciará el proceso de designación de los Magistrados
Numerarios necesarios para alcanzar el número que contempla este decreto.
99
Concluido el proceso de designación, en la primera sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia posterior al nombramiento, los magistrados designados serán
adscritos a la Sala que corresponda.
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 29 DE JUNIO DE 2007
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a este Decreto.
P.O. 31 DE JULIO DE 2007
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
P.O. 2 DE AGOSTO DE 2007
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. El periodo de cuatro años para los integrantes del Congreso del Estado será aplicable a partir de la renovación a realizarse en el año
2013. En consecuencia y por única ocasión, los diputados electos en el proceso electoral a celebrarse en el año 2008, correspondiente a la Quincuagésima Octava
Legislatura, durarán en su encargo el período comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y los diputados electos en el proceso electoral a
celebrarse en el año 2011, correspondiente a la Quincuagésima Novena Legislatura, entrarán en su encargo el 1 de enero de 2012 para culminar el día 31 de
diciembre de 2013.
P.O. 17 DE AGOSTO DE 2007
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
P.O. 10 DE JUNIO DE 2008 - DECRETO 530
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
P.O. 11 DE JULIO DE 2008 - DECRETO 536
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.
P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2008 - DECRETO 629
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 6 DE FEBRERO DE 2009 - DECRETO 5
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán estar designados dos consejeros electorales
propietarios y dos suplentes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, bajo las siguientes consideraciones:
Para ser designado consejero electoral, propietario o suplente, se deberán cumplir los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y coahuilense, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, mayor de 27 años de edad el día de su
designación;
II. Estar inscrito en el registro federal de electores y contar con credencial para votar;
III. Poseer al día del registro de aspirantes a ocupar el cargo, título profesional o de formación equivalente y tener conocimientos en la materia político-
electoral;
IV. No haber desempeñado en ningún caso, un cargo de elección popular federal, estatal o municipal;
100
V. No desempeñar un cargo o comisión en cualquiera de los órganos del Instituto Federal Electoral u otro órgano electoral de entidades federativas,
diferente al Instituto;
VI. No haber sido en ningún momento, dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal,
ni representante del mismo ante ningún organismo electoral en el país;
VII. No tener antecedentes, en ningún caso de una militancia activa, pública y notoria en algún partido político;
VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la
pena;
IX. Tener residencia en el estado durante los últimos tres años, salvo el caso de ausencia por desempeño de cargo público al servicio de la federación,
del estado o del municipio;
X. No haber sido Secretario o Subsecretario en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, ni Procurador General de Justicia del Estado.
Los aspirantes que hayan acreditado los requisitos legales, deberán sujetarse a una comparecencia en los días y horas señalados por el Congreso del Estado,
que en todo momento coordinará y vigilará lo relativo al procedimiento.
Concluido el período de audiencias, los grupos parlamentarios de los diferentes partidos representados en el Congreso del Estado, podrán formular sus propuestas
del listado de aquellos aspirantes que hayan cumplido con cada uno de los requisitos establecidos en las fracciones anteriores, o, en su caso, las presentarán ante
una Comisión plural del Congreso del Estado.
La Comisión plural realizará el dictamen correspondiente y lo presentará al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y en su caso aprobación.
Las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, aprobarán o rechazarán las designaciones de los consejeros electorales.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila expedirá convocatoria para que los ciudadanos interesados presenten sus solicitudes
en un plazo no mayor de quince días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Una vez terminado el plazo, remitirá los expedientes
de los aspirantes al Congreso del Estado, para que determine cuales de los ciudadanos que hayan cumplido con los requisitos establecidos en las disposiciones
correspondientes ocuparán los cargos de Consejeros Electorales.
TERCERO.- En tanto se nombren los dos consejeros señalados en el artículo anterior, tendrán validez todos los actos que realice el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana.
CUARTO.- En relación a la disminución del número de diputados que integrarán el Congreso del Estado, ésta surtirá efectos a partir del período comprendido del
1 de enero de 2012 y deberá realizarse el proceso de redistritación correspondiente, el cual por única ocasión quedará publicado a más tardar en el mes de enero
del 2011.
QUINTO.- El periodo de cuatro años para los integrantes del Congreso del Estado será aplicable a partir de la renovación a realizarse en el año 2013. En
consecuencia y por única ocasión, los diputados electos en el proceso electoral del año 2008, correspondiente a la Quincuagésima Octava Legislatura, durarán
en su encargo el período comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y los diputados electos en el proceso electoral a celebrarse en el año
2011, correspondiente a la Quincuagésima Novena Legislatura, entrarán en su encargo el 1 de enero de 2012 para culminar el día 31 de diciembre de 2013.
SEXTO.- En un plazo no mayor de 90 días naturales, el Congreso del Estado deberá emitir las reformas a su Ley Orgánica, en función de este decreto y de la
integración y funcionamiento de las comisiones permanentes.
SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 16 DE MARZO DE 2009 - DECRETO 14
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se fusiona en la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual se transforma en la Fiscalía
General del Estado. Los actos realizados por ambas dependencias hasta la fecha de entrada en vigor de este Decreto serán válidos.
TERCERO. Deberán de realizarse las reformas a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables para adecuarlas a los términos del presente decreto.
CUARTO. En tanto se expidan la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y las reformas a que se refiere el artículo anterior, se observará lo siguiente:
1. Todas las disposiciones, menciones y referencias que se hagan en los códigos, leyes, reglamentos y acuerdos federales, estatales y municipales a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, se entenderán hechas a la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
2. Igualmente, todas las disposiciones, menciones y referencias que se hagan en las leyes, reglamentos y acuerdos federales, estatales y municipales a la
Seguridad Pública del Estado de Coahuila, se entenderán hechas a la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
3. Las obligaciones y facultades que en las disposiciones constitucionales, federales y estatales, en los códigos, leyes, reglamentos y acuerdos que correspondan
al Procurador General de Justicia y al Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, se entenderán atribuidas al Fiscal General
del Estado de Coahuila, en las que en lo sucesivo se entenderán referidas siempre con esta denominación. Igualmente, la sustitución de nombre se hace también
extensiva al Subprocurador Ministerial, al Subprocurador de Control de Procesos y Legalidad, y al Subprocurador Jurídico de Profesionalización y de Proyectos,
que en lo sucesivo se identificarán con las palabras “Fiscales Especializados” y la función que a cada uno correspondan.
101
Además, la Ley Orgánica que se expida como reglamentaria de los preceptos de este Decreto, podrá crear otras Fiscalías Especializadas en la medida en que se
estimen necesarias para el funcionamiento eficiente de la Fiscalía General.
QUINTO. Dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá presentarse la Iniciativa de Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza que sirva de marco jurídico a la Institución que crea.
SEXTO. Se ratifican los nombramientos del Procurador General de Justicia y de los Subprocuradores Ministerial, de Control de Procesos y Legalidad, y Jurídico
de Profesionalización y de Proyectos; en el entendido que sus nuevas denominaciones son: Fiscal General del Estado y Fiscales Especializados Ministerial, de
Investigación y Operación Policial; de Control de Procesos y Legalidad; y Jurídico de Profesionalización y de Proyectos.
SÉPTIMO. Los nombramientos del Fiscal General del Estado y de los Fiscales Especializados se entenderán extendidos por el período constitucional que establece
esta reforma; por lo tanto sus períodos respectivos de ocho años, se contarán a partir del inicio de la vigencia de este decreto; por lo que inmediatamente se les
extenderán sus nombramientos y se les tomará la protesta de ley, entre tanto sus actuaciones serán válidas.
OCTAVO. Se autoriza al Fiscal General del Estado, para que determine qué personal de confianza de la Secretaría de Seguridad Pública deberá integrarse a la
Fiscalía General, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades.
NOVENO. El personal de base y sindicalizado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que en aplicación del presente decreto pase a la Fiscalía General
del Estado, en ninguna forma resultarán afectados en los derechos que hayan adquirido en virtud de su relación laboral con el Gobierno del Estado.
DÉCIMO. Los recursos materiales y financieros de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, pasan a formar parte de la Fiscalía
General, sin necesidad de ningún procedimiento posterior.
UNDÉCIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, salvo lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio.
P.O. 10 DE ABRIL DE 2009 FE DE ERRATAS
P.O. 26 DE JUNIO DE 2009 - DECRETO 59
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto
P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2009 - DECRETO 114
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 26 DE MARZO DE 2010 - DECRETO 237
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 29 DE JUNIO DE 2010 - DECRETO 262
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo quinto transitorio del Decreto 5, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 6 de febrero de 2009.
ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente del Consejo General y los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila,
en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en su encargo hasta el término del mismo, conforme a las normas aplicables hasta antes de
la entrada en vigor del presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
ARTÍCULO QUINTO.- La base 4 del artículo 27 del presente Decreto, relativa al derecho de los ciudadanos coahuilenses a ser votados en las elecciones estatales
de manera independiente, sólo será aplicable a partir del año 2017, en caso de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo permita y se
reglamente el acceso a tiempos de radio y televisión para dichas candidaturas.
El artículo Quinto Transitorio del Decreto Número 262, fue declarado inválido por sentencia de la SCJN.
Acción de inconstitucionalidad No. 14/2010 y sus acumuladas 15/2010, 16/2010 y 17/2010.
P.O. 85 – 22 DE OCTUBRE DE 2010 - DECRETO 329
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Las referencias que cualquier ordenamiento haga a la Secretaría de Finanzas del Estado, se entenderán hechas a la Tesorería General del Estado,
y las que se hagan al Secretario de Finanzas se entenderán al Tesorero General del Estado.
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TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, las atribuciones relacionadas con la planeación financiera del Gobierno del Estado y coordinación
correspondiente a las entidades paraestatales; el conocimiento e integración de las propuestas de gasto e inversión que formulen las Dependencias y Entidades
de la administración pública estatal; la presentación al Ejecutivo del Estado para su aprobación de los programas de inversión pública y autorización de los
proyectos derivados de los mismos; la autorización de los montos globales de inversión pública del estado; la programación y operación de recursos destinados a
los programas de inversión pública de las dependencias del Ejecutivo, de sus organismos auxiliares y de las entidades paraestatales; el establecimiento y operación
del sistema de seguimiento de los programas federales y estatales de inversión, conforme a las leyes y acuerdos de coordinación; y la representación del Ejecutivo
en la celebración de negociaciones y convenios que involucren transferencias de fondos, ante la federación, los estados y entidades u organismos de los sectores
paraestatal y privado, serán ejercidos por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 25 de Octubre de 2010, relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 14/2010 y sus
acumuladas 15/2010, 16/2010 y 17/2010:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas.
SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 33, párrafo primero, de la Constitución Política; 12, 18, numeral 1, inciso e), 29, numeral 1, inciso e),35, numeral
1, inciso k), 44, numerales 1, inciso e), 2 y 3, 45, numeral 1, 46, numeral 1, incisos f) y g), 72, numeral 5, 133, numeral 7, 134, 141, numeral 2, 146, numeral 3, 159,
numeral 5, 160, numeral 1, inciso d), 182, numeral 2, 192, numeral 3 y 194, numeral 2, 265, numeral 1, inciso a), 271, numerales 3 y 5 y 273, numeral 2, del Código
Electoral; y 89 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político- Electoral y de Participación Ciudadana, todos del Estado de Coahuila.
TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 27, numeral 4, de la Constitución Política; quinto transitorio del Decreto Número 262, por el que se reforman
diversas disposiciones de la Constitución Política; 6, numeral 6, 25, numeral 1, inciso e), 43, numeral 2, 142, 143 y 213, numeral 8, del Código Electoral; y segundo
transitorio del Decreto Número 263, por el que se expide el nuevo Código Electoral, todos del Estado de Coahuila, en la inteligencia de que esta determinación
surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso de ese Estado.
CUARTO. Se declara fundada la acción de inconstitucionalidad en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Coahuila consistente en regular de
manera deficiente en el Código Electoral de esa entidad federativa, los supuestos y las reglas de los recuentos parciales o totales en el ámbito jurisdiccional,
prevista en el inciso l) de la fracción IV del numeral 116 de la Constitución Federal. En consecuencia, el órgano legislativo de dicho Estado deberá legislar a la
brevedad posible, para corregir la deficiencia apuntada, antes de la celebración de la jornada electoral estatal del primer domingo de julio de dos mil once.
QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila y en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta.
P.O. 104 - 29 DE DICIEMBRE DE 2010 - DECRETO 437
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil diez.
P.O. 92 - 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 - DECRETO 540
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Las referencias que cualquier ordenamiento haga a la Tesorería General del Estado, se entenderán hechas a la Secretaría de Finanzas del Estado,
y las que se hagan al Tesorero General del Estado se entenderán al Secretario de Finanzas del Estado.
TERCERO.- En un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se presentarán ante el Congreso Local, las reformas
a los ordenamientos aplicables, a efecto de hacer efectiva la aplicación de lo dispuesto en este Decreto.
Hasta en tanto entren en vigor las disposiciones legales a que se refiere el párrafo que antecede, el Servicio de Administración Tributaria del Estado continuará
aplicando las disposiciones de la Ley que en este momento lo rige.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los quince días del mes de Noviembre del año dos mil
once.
P.O. 2 – 6 DE ENERO DE 2012 - DECRETO 539
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Todas las solicitudes de libertad preparatoria, remisión parcial de la sanción, modificación de sanción o cualquier otra que se encuentre pendiente de
resolución al entrar en vigor este Decreto, serán resueltas por la autoridad administrativa que esté conociendo de ellas.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido por este Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los quince días del mes de Noviembre del año dos mil
once.
103
P.O. 28 – 8 DE ABRIL DE 2012 - DECRETO 10
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
TERCERO.- En tanto se expidan e inicien su vigencia las leyes que organicen las funciones de seguridad pública y procuración de justicia, conforme a esta reforma,
seguirán en vigor las disposiciones relativas a la Fiscalía General del Estado y vigente el nombramiento de su titular.
CUARTO.- En tanto se designa a los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, el Gobernador del Estado
designará a los respectivos encargados del despacho.
QUINTO.- De conformidad con la naturaleza de las funciones de cada una de las áreas que actualmente integran la Fiscalía General del Estado, deberán
transferirse los recursos financieros, humanos y materiales a la Procuraduría General de Justicia o la Secretaría de Seguridad Pública, según correspondan
respetando los derechos laborales de todos los trabajadores.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil
doce.
P.O. 51 – 26 DE JUNIO DE 2012 - DECRETO 48
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones a la legislación ordinaria para la implementación de las disposiciones previstas en este
decreto.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los once días del mes de junio del año dos mil doce.
P.O. 63 – 7 DE AGOSTO DE 2012 - DECRETO 70
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diez días del mes de julio del año dos mil doce.
P.O. 84 – 19 DE OCTUBRE DE 2012 - DECRETO 101
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil
doce.
P.O. 102 – 21 DE DICIEMBRE DE 2012 - DECRETO 161
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos
mil doce.
P.O. 102 – 21 DE DICIEMBRE DE 2012 - DECRETO 162
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- La distribución que se establece en este decreto, sobre los tiempos en que habrán de desarrollarse los períodos ordinarios de sesiones del Congreso
del Estado y los períodos de funcionamiento de la Diputación Permanente, surtirá efectos a partir del Segundo Año del Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura,
que se inicia el 1 de enero de 2013.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos
mil doce.
P.O. 30 – 12 DE ABRIL DE 2013 - DECRETO 202
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los doce días del mes de febrero del año dos mil trece.
P.O. 34 – 26 DE ABRIL DE 2013 - DECRETO 201
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con excepción a aquellas
que se relacionen con el nuevo sistema penal acusatorio, mismas que tendrán aplicación a partir del día primero de junio del año dos mil trece, en el distrito judicial
o región que determine el Consejo de la Judicatura, el cual definirá el esquema de gradualidad en todo el estado, sea por distrito o por región, asimismo decidirá
sobre la conveniencia de mantener los actuales distritos judiciales, o, en su cado, establecer una nueva distritación para la implementación eficaz del nuevo modelo
de juzgamiento penal.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los doce días del mes de febrero del año dos mil trece.
P.O. 101 – 17 DE DICIEMBRE DE 2013 - DECRETO 361
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza deberá expedir la legislación secundaria que resulte
necesaria para poder aplicar con certeza las candidaturas independientes. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila expedirá los acuerdos
que hagan posible el ejercicio de los derechos de las candidaturas independientes, conforme a la legislación secundaria que haga exigible este derecho humano
de contenido y de desarrollo legal.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil
trece.
P.O. 11 – 7 DE FEBRERO DE 2014 - DECRETO 456
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a los previsto en este Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil
catorce.
P.O. 19 – 7 DE MARZO DE 2014 - DECRETO 451
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Por los motivos, razones y fundamentos expuestos en los considerandos de este dictamen, ha lugar a que el Congreso haga declaratoria de que
quedó aprobada la reforma Constitucional, contenida en el decreto que se transcribe en el considerando segundo de este dictamen; y, una vez hecho lo anterior,
ordenar que se expida el decreto correspondiente y que se envíe al Ejecutivo Estatal para su promulgación, publicación y observancia.
TERCERO.- Comuníquese éste dictamen al Pleno del Congreso, para su conocimiento, discusión y en su caso, aprobación.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil
catorce.
P.O. 19 – 8 DE MARZO DE 2014 - DECRETO 472
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los siete días del mes de marzo del año dos mil catorce.
P.O. 29 – 11 DE ABRIL DE 2014 - DECRETO 457
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil
catorce.
P.O. 40 – 20 DE MAYO DE 2014 - DECRETO 489
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
105
SEGUNDO.- El Congreso del Estado presentará ante el Congreso de la Unión una Iniciativa de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para proponer el reconocimiento de los derechos y garantías de las personas desaparecidas conforme a los contenidos similares previstos en este
Decreto.
TERCERO.- Dentro de los ochenta días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, se presentará ante el Congreso del Estado la Iniciativa de Carta de
Derechos de las Personas Desaparecidas para desarrollar los derechos y garantías bajo los estándares internacionales.
CUARTO.- Dentro de los ciento sesenta días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, se presentará la Ley General de Desaparición de Personas del
Estado de Coahuila de Zaragoza conforme a las recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los seis días del mes de abril del año dos mil catorce.
P.O. 90 – 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 - DECRETO 612
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil
catorce.
P.O. 76 – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - DECRETO 126
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios
siguientes.
SEGUNDO.- Los ayuntamientos que se elijan el primer domingo de junio de 2017 durarán en su encargo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
TERCERO.- Con la entrada en funciones de los Consejeros Electorales nombrados por el INE, se extingue el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Coahuila, sustituyéndose por el Instituto Electoral de Coahuila. Los recursos humanos, financieros y materiales pasarán a la Secretaría de Finanzas, quien dotará
al nuevo organismo el presupuesto necesario para el desempeño de sus funciones. La extinción no tendrá efecto alguno sobre los trámites o procedimientos que
se encuentren pendientes ante el Instituto.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
realizará los trámites necesarios para la entrega de los recursos humanos financieros y materiales a las instancias correspondientes.
CUARTO.- Todas las referencias que, en disposiciones legales o administrativas, se hagan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, se
entenderán hechas al Instituto Electoral de Coahuila.
QUINTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 27 numeral 6; 67 fracciones XVII y XVIII, 135,136 párrafos cuarto y quinto, así
como el apartado A del mismo artículo, y a los artículos 138,143 y 146 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, serán aplicables en la
misma fecha en que entren en funciones los magistrados electorales locales designados por el Senado de la República. Los magistrados del Tribunal Electoral del
Estado continuarán en funciones hasta en tanto el Senado de la República realice los nombramientos. La mencionada designación deberá hacerse de manera
escalonada, de tal forma que, el primero de los magistrados dure en el encargo siete años, el segundo de ellos cinco y el último tres.
Los recursos humanos financieros y materiales del Tribunal Electoral del Poder Judicial pasarán a la Secretaría de Finanzas del Estado, ésta proveerá al nuevo
tribunal electoral del presupuesto necesario para su funcionamiento de conformidad con esta Constitución y las demás disposiciones aplicables. La extinción del
Tribunal no tendrá efecto alguno sobre los juicios y trámites que se encuentren pendientes ante el Tribunal.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Coahuila realizará los
trámites necesarios para la entrega de los recursos humanos financieros y materiales a las instancias correspondientes.
SEXTO.- Las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones relacionadas con el Tribunal Electoral
se realizarán en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la designación de los magistrados en la materia.
SÉPTIMO.- Las modificaciones al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se realizarán en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.
OCTAVO.- El Congreso del Estado contará con un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor del Presente Decreto para emitir la Ley que sustituirá la Ley
de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial el viernes 16 de noviembre de 2001.
NOVENO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al Presente Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil
quince.
P.O. 81 – 9 DE OCTUBRE DE 2015 - DECRETO 153
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
106
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil
quince.
P.O. 101 – 18 DE DICIEMBRE DE 2015 - DECRETO 332
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del momento de su aprobación; publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto y aplicará a magistrados y jueces en funciones o trámites de jubilación.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos
mil quince.
P.O. 7 – 22 DE ENERO DE 2016 - DECRETO 247
ÚNICO.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil
quince.
P.O. 7 – 22 DE ENERO DE 2016 - DECRETO 323
ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos
mil quince.
P.O. 7 – 22 DE ENERO DE 2016 - DECRETO 324
ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos
mil quince.
P.O. 15 – 19 DE FEBRERO DE 2016 - DECRETO 368
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil
dieciséis.
FE DE ERRATAS AL DECRETO 126 P.O. 19 DE FEBRERO DE 2016
PUBLICADO EN EL P.O. 76 – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - DECRETO 126
P.O. 43 – 27 DE MAYO DE 2016 - DECRETO 446
PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
P.O. 64 – 9 DE AGOSTO DE 2016 - DECRETO 480
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los quince días del mes de junio del año dos mil
dieciséis.
P.O. 78 – 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - DECRETO 538
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como de sus normas reglamentarias en la materia, el Gobierno del Estado coadyuvará en la implementación de la política de inclusión digital universal a cargo del
107
Ejecutivo Federal. Asimismo, realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil
dieciséis.
P.O. 78 – 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 - DECRETO 539
PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil
dieciséis.
P.O. 80 – 4 DE OCTUBRE DE 2016 - DECRETO 540
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil
dieciséis.
P.O. 97 – 2 DE DICIEMBRE DE 2016 - DECRETO 578
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las Iniciativas presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán con su proceso legislativo en los
términos establecidos en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al momento de su presentación.
ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado, tendrá un plazo de treinta días contados a partir de la publicación del presente Decreto para realizar las
adecuaciones a la legislación correspondiente, a fin de dar cumplimiento al mismo.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
P.O. 97 – 2 DE DICIEMBRE DE 2016 - DECRETO 579
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este Decreto.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.
P.O. 56 – 14 DE JULIO DE 2017 - DECRETO 903
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios
siguientes.
SEGUNDO.- El Congreso del Estado dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación del presente decreto, emitirá declaratoria expresa de entrada
en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Las disposiciones del presente decreto relativas a la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza entrarán en vigor con la declaratoria señalada en el
párrafo anterior.
Una vez constituida la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción pasará a formar parte de aquella.
TERCERO.- Expedida la declaratoria a que se refiere el segundo transitorio, los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales, así como los asuntos
en trámite de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se transferirán a la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado que con motivo de la aplicación del presente decreto deban quedar adscritos a una dependencia
diferente a su actual centro de trabajo o a la Fiscalía General, en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales.
CUARTO.- Los Contratos, Convenios o Acuerdos celebrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado con Secretarías, Dependencias o Entidades de
la Administración Pública Estatal, Federal, y de los Municipios, así como con cualquier persona física o moral, serán asumidos por la Fiscalía General del Estado
de Coahuila de Zaragoza o el Fiscal General del Estado.
QUINTO.- Los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, relacionados con la separación, remoción, cese o cualquier otra forma de conclusión de los
servicios de trabajadores o empleados al servicio de la Procuraduría General de Justicia del Estado que estuviesen en trámite a la entrada en vigor de este decreto,
se concluirán conforme a la normativa que les era aplicable al inicio del procedimiento de que se trate.
108
Los procedimientos administrativos de responsabilidad o disciplinarios iniciados a la fecha a los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este decreto, se continuarán tramitando conforme a las disposiciones
legales aplicables al inicio del procedimiento.
El trámite de los procedimientos administrativos señalados en este artículo, será responsabilidad de los servidores públicos a los que se les atribuya la competencia
para su desahogo, conforme al presente decreto y las disposiciones aplicables.
SEXTO.- En tanto no se emita la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se continuará aplicando a está, en lo conducente, la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Las disposiciones legales o administrativas que hagan referencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Procurador General de Justicia del Estado y
a los Subprocuradores o Fiscales, se entenderán hechas a la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, al Fiscal General del Estado, así como a las
autoridades de la Fiscalía General equivalentes a los Subprocuradores o Fiscales, respectivamente.
SÉPTIMO.- Las disposiciones relativas a la Auditoría Superior del Estado, a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, a los órganos internos
de control, y al régimen de responsabilidades de servidores públicos estatales y municipales, de particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos
de corrupción, y de la responsabilidad patrimonial del estado serán aplicables a partir del día en que entre en vigor la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
OCTAVO.- Los titulares de los órganos a que se refiere el presente decreto en la fracción LII del artículo 67, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor
del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados.
NOVENO.- Hasta en tanto se emite la declaratoria a que se refiere el artículo segundo transitorio y entran en vigor las disposiciones relativas a la Fiscalía General
del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Procuraduría General de Justicia del Estado contará con una Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción,
para tal efecto, el Ejecutivo del Estado expedirá el acuerdo de creación de esta Fiscalía Especializada, en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la
entrada en vigor de este decreto.
DÉCIMO.- El Congreso del Estado a más tardar en un plazo de treinta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo de creación a que hace
referencia el artículo anterior, deberá designar al Fiscal Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción.
UNDÉCIMO.- Las disposiciones relativas a la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y las relacionadas con el Tribunal
Contencioso administrativo del Poder Judicial del Estado, entrarán en vigor una vez que los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de
Zaragoza sean nombrados por el Titular del Ejecutivo y ratificados por el Congreso del Estado.
Mientras no se cumpla lo previsto en el párrafo anterior y a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Poder Judicial o quien determine el Consejo de la Judicatura, será competente para imponer sanciones a los servidores públicos
por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades;
y fincar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de los daños y perjuicios a la hacienda pública del estado o de los municipios, o al patrimonio
de los entes públicos estatales y municipales.
DUODÉCIMO.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza deberán ser designados en un plazo no mayor a treinta días
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
DÉCIMO TERCERO.- El Congreso del Estado y el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, proveerán los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes, para el cumplimiento del presente decreto,
en términos de las disposiciones aplicables.
DÉCIMO CUARTO.- El Congreso del Estado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, contará con los siguientes plazos:
a) Un plazo no mayor a treinta días naturales para armonizar la legislación estatal de acuerdo al presente decreto.
b) Un plazo no mayor a treinta días naturales para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.
c) Un plazo no mayor a sesenta días naturales para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza.
DÉCIMO QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los once días del mes de julio del año dos mil
diecisiete.
P.O. 100 – 17 DE DICIEMBRE DE 2018 - DECRETO 184
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- El Congreso del Estado, en un plazo máximo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las adecuaciones
legislativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.
TERCERO.- Se proveerá al Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza de los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente decreto.
CUARTO.- El nombramiento de los Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia deberá realizarse en los términos del artículo 146 de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
P.O. 94 - 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 - DECRETO 370
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. El Congreso del Estado, en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las adecuaciones
legislativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.
TERCERO. En los términos que dispongan las leyes, se deberá prever la competencia de los Tribunales Laborales, así como lo relativo a su integración.
CUARTO. Para la integración, instalación y operación de los Tribunales Laborales, el Consejo de la Judicatura determinará mediante un proceso de gradualidad,
su inicio de operación en los Distritos Judiciales que, conforme a dicho proceso, determine.
QUINTO. Los procedimientos que se encuentren en trámite una vez que entren en funciones el Centro de Conciliación y los Tribunales Laborales serán concluidos
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio, en términos de las disposiciones aplicables.
SEXTO. En los términos del instrumento de creación del Centro de Conciliación previsto en la presente reforma, se deberá contemplar lo relativo a la integración,
facultades y funcionamiento, así como al inicio de sus operaciones.
SÉPTIMO. En tanto se instituye e inicia operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el organismo descentralizado
a que se refiere el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado
continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de
organizaciones sindicales.
OCTAVO. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberán remitir al organismo descentralizado que se refiere en el
artículo cuarto del presente régimen transitorio, una relación de los emplazamientos a huelga que se encuentren en trámite en un plazo no mayor a ciento veinte
días naturales después de la entrada en vigor del presente decreto.
NOVENO. Las autoridades competentes y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberán transferir los procedimientos,
expedientes y documentación que tengan bajo su atención o resguardo, en el ámbito de sus respectivas competencias, al organismo descentralizado, citado en el
artículo cuarto del presente régimen transitorio, que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y
organizaciones sindicales.
DÉCIMO. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en
vigor del presente decreto, presentarán al Titular de la Secretaría del Trabajo y a la autoridad local que corresponda, respectivamente, un plan de trabajo con un
plazo máximo de duración de cuatro años para la conclusión de los asuntos en trámite y para la supresión gradual de dichos órganos.
El plan de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, se deberá implementar a partir del inicio de operaciones del Centro de Conciliación y deberá contener
indicadores de medición de resultados e impacto por periodos semestrales, correspondiendo la medición de resultados e impacto al Órgano Interno de Control de
cada Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
DÉCIMO PRIMERO.- El Congreso del Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y
Rendición de Cuentas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las adecuaciones presupuestarias necesarias para dotar de los recursos
humanos, financieros y materiales correspondientes, para el cumplimiento del presente decreto, en términos de las disposiciones aplicables.
DÉCIMO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
P.O. 98 - 06 DE DICIEMBRE DE 2019 - DECRETO 386
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y
Segundo. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
P.O. 98 - 06 DE DICIEMBRE DE 2019 - DECRETO 387
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
110
P.O. 003 - 10 DE ENERO DE 2020 - DECRETO 412
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.
P.O. 003 - 10 DE ENERO DE 2020 - DECRETO 413
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado; y
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.
P.O. 025 – 27 DE MARZO DE 2020 - DECRETO 572
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.
P.O. 025 – 27 DE MARZO DE 2020 - DECRETO 573
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.
P.O. 033 - 24 DE ABRIL DE 2020 - DECRETO 589
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte.
P.O. 051 - 26 DE JUNIO DE 2020 - DECRETO 603
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias, deberán adecuarse dentro de los 180 días iniciada la vigencia
del presente decreto para su apropiado cumplimiento.
ARTÍCULO TERCERO.- En tanto subsistan los contratos aprobados por el Congreso durante la vigencia de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para
el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se deberá aprobar en los Presupuestos de Egresos del Estado y de los municipios las partidas necesarias
para solventar las obligaciones que deriven de los mismos, hasta su conclusión.
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil veinte.
P.O. 63 - 07 DE AGOSTO DE 2020 - DECRETO 651
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los treinta días del mes de junio del año dos mil veinte.
P.O. 63 - 07 DE AGOSTO DE 2020 - DECRETO 652
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los treinta días del mes de junio del año dos mil veinte.
P.O. 71 – 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - DECRETO 708
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a primero de septiembre del año dos mil veinte.
P.O. 71 – 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - DECRETO 709
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a primero de septiembre del año dos mil veinte.
111
P.O. 71 – 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - DECRETO 710
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor de este decreto, el Poder Legislativo realizará las adecuaciones legislativas necesarias
para garantizar en las leyes correspondientes una educación a los escolares que fomente en ellos el cuidado, preservación y protección del medio ambiente y los
seres vivos en los términos planteados en la presente reforma.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a primero de septiembre del año dos mil veinte.
P.O. 78 – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 - DECRETO 739
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte.
P.O. 79 – 02 DE OCTUBRE DE 2020 - DECRETO 740
ÚNICO-. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veinte.
Los artículos transitorios contenidos en el Decreto 193, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, el veintiuno de enero de
dos mil veintidós, fueron declarados inválidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, actuando como Tribunal Constitucional
Local, en el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 03/2022, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el lunes 27 de junio de dos mil
veintidós.
PRIMERA PARTE ARTÍCULOS TRANSITORIOS
REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y EXPEDICIÓN DE CARTAS DE DERECHOS
P.O. 6 – 21 DE ENERO DE 2022 - DECRETO 193
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan este Decreto.
TERCERO.- Salvo que se establezca un plazo distinto en alguna otra disposición, el Congreso del Estado contará con un plazo de hasta dos años naturales desde
la publicación del presente Decreto para hacer todas las adecuaciones correspondientes a las normas estatales.
CUARTO.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila ejercerá la facultad para presentar al Congreso del Estado, en un plazo de hasta 90 días
desde la publicación del presente Decreto, la iniciativa de ley nueva o de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
QUINTO.- Cualquier duda en la aplicación de este Decreto será resuelta por el Tribunal Constitucional Local.
SEXTO.- La exposición de motivos y el debate parlamentario de este Decreto constituyen interpretación originalista que las personas juzgadoras deberán observar
para significar el sentido la finalidad de las normas que deben aplicarse.
Los artículos transitorios contenidos en el Decreto 193, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, el veintiuno de enero de
dos mil veintidós, fueron declarados inválidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, actuando como Tribunal Constitucional
Local, en el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 03/2022, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el lunes 27 de junio de dos mil
veintidós.
SEGUNDA PARTE ARTÍCULOS TRANSITORIOS
SEGUNDA PARTE EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO
P.O. 6 – 21 DE ENERO DE 2022 - DECRETO 193
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- En materia de paridad y de conformidad con el principio de libertad configurativa de las entidades federativas previsto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para procurar garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a la Gubernatura del Estado en el siguiente proceso
electoral 2023, se deberá estar a lo siguiente:
I. En atención a los principios de autodeterminación y auto organización partidista, previstos en el artículo 41, fracción I, tercer párrafo de la Constitución
General de la República, los partidos políticos nacionales y locales deberán cumplir con el principio de paridad en sus procesos internos para determinar
la candidatura a la Gubernatura del Estado en el Proceso Electoral 2023.
II. El género de la persona que tome posesión en el año 2023 condicionará el género de las postulaciones del Proceso Electoral posterior.
III. Por lo tanto, si en el Proceso Electoral 2023 resulta electo un hombre en el cargo a la Gubernatura del Estado, los partidos políticos nacionales y locales
deberán postular obligatoriamente a una mujer en el siguiente Proceso Electoral, en los términos previstos en este Decreto.
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IV. Si en el Proceso Electoral resulta electa una mujer en el cargo de Gobernadora del Estado, los partidos políticos nacionales y locales estarán en la
posibilidad de postular a un hombre en el siguiente proceso electoral, de conformidad con sus procesos internos, o podrán optar por postular nuevamente
a una mujer en dicho cargo.
V. Las coaliciones, candidaturas comunes u cualquier otra forma de organización electoral, así como los partidos políticos nacionales y locales que participen
por primera vez en el próximo proceso electoral ordinario para renovar la Gubernatura del Estado, también estarán obligados a cumplir con el principio
de paridad en los términos previstos en el párrafo anterior.
VI. La regla de paridad no será aplicable a las candidaturas independientes que, habiendo cumplido los requisitos que señala la ley, se registren formalmente
en el Proceso Electoral referido, con independencia del número que éstas sean, por lo que para este proceso electoral y los subsecuentes, las personas
tendrán derecho a postularse en forma independiente sin condiciones de paridad porque esa obligación constitucional solo será para los partidos políticos.
VII. Las medidas afirmativas contenidas en el presente Decreto, se interpretarán con base el principio de igualdad establecido y regulado en las Cartas
Fundamentales de Derechos Humanos.
VIII. En ningún caso, se aplicará para el proceso electoral 2023 la paridad en forma retroactiva en perjuicio de cualquier género conforme al artículo 14 de la
Constitución General de la República.
TERCERO.- El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza tendrá un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para
hacer las adecuaciones correspondientes al Código Electoral, a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana, a la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes secundarias correspondientes.
CUARTO.- Para garantizar la paridad de género en las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación habrá de
realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley.
QUINTO.- Conforme al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prohíbe la aplicación retroactiva de cualquier norma contenida
en este Decreto, en perjuicio de persona alguna.
Los artículos transitorios contenidos en el Decreto 193, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, el veintiuno de enero de
dos mil veintidós, fueron declarados inválidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, actuando como Tribunal Constitucional
Local, en el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 03/2022, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el lunes 27 de junio de dos mil
veintidós.
TERCERA PARTE ARTÍCULOS TRANSITORIOS
REFORMA EN MATERIA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y SUS FAMILIARES
P.O. 6 – 21 DE ENERO DE 2022 - DECRETO 193
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan este Decreto.
TERCERO.- El Congreso del Estado contará con un plazo de hasta dos años naturales desde la publicación del presente Decreto para hacer todas las
adecuaciones correspondientes a las normas estatales.
CUARTO.- Durante los procesos de adecuación de las normas estatales al presente Decreto y en cada decisión que se tome y que pueda llegar a afectar el
derecho a la búsqueda, se deberá someter a una consulta para escuchar la opinión de colectivos o familiares de personas en situación de desaparición, en forma
previa, libre e informada, para que puedan ejercer su derecho a la participación.
QUINTO.- En todo caso, el Congreso del Estado dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, deberá expedir las adecuaciones que
resulten necesarias a la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Coahuila de Zaragoza, respetando el derecho de las personas víctimas por desaparición y sus defensoras, a una consulta previa, libre e informada,
conforme al acuerdo de diálogo que existe con el Ejecutivo del Estado, contenido en el Decreto publicado el 29 de junio de 2018, en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.
SEXTO.- Cualquier duda en la aplicación de este Decreto será resuelta por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, constituido como Tribunal
Constitucional Local.
Los artículos transitorios contenidos en el Decreto 193, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, el veintiuno de enero de
dos mil veintidós, fueron declarados inválidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, actuando como Tribunal Constitucional
Local, en el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 03/2022, cuyos puntos resolutivos fueron notificados el lunes 27 de junio de dos mil
veintidós.
CUARTA PARTE ARTÍCULOS TRANSITORIOS
REFORMA EN MATERIA DE VARIOS DERECHOS
P.O. 6 – 21 DE ENERO DE 2022 - DECRETO 193
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.
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PRIMERA PARTE ARTÍCULOS TRANSITORIOS
REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y EXPEDICIÓN DE CARTAS DE DERECHOS
P.O. 66 – 19 DE AGOSTO DE 2022 - DECRETO 261
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan este Decreto.
TERCERO.- Salvo que se establezca un plazo distinto en alguna otra disposición, el Congreso del Estado contará con un plazo de hasta dos años naturales desde
la publicación del presente Decreto para hacer todas las adecuaciones correspondientes a las normas estatales.
CUARTO.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila ejercerá la facultad para presentar al Congreso del Estado, en un plazo de hasta 90 días
desde la publicación del presente Decreto, la iniciativa de ley nueva o de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
QUINTO.- Cualquier duda en la aplicación de este Decreto será resuelta por el Tribunal Constitucional Local.
SEXTO.- La exposición de motivos y el debate parlamentario de este Decreto constituyen interpretación originalista que las personas juzgadoras deberán observar
para significar el sentido la finalidad de las normas que deben aplicarse.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
TERCERA PARTE ARTÍCULOS TRANSITORIOS
REFORMA EN MATERIA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y SUS FAMILIARES
P.O. 66 – 19 DE AGOSTO DE 2022 - DECRETO 261
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan este Decreto.
TERCERO.- El Congreso del Estado contará con un plazo de hasta dos años naturales desde la publicación del presente Decreto para hacer todas las
adecuaciones correspondientes a las normas estatales.
CUARTO.- Durante los procesos de adecuación de las normas estatales al presente Decreto y en cada decisión que se tome y que pueda llegar a afectar el
derecho a la búsqueda, se deberá someter a una consulta para escuchar la opinión de colectivos o familiares de personas en situación de desaparición, en forma
previa, libre e informada, para que puedan ejercer su derecho a la participación.
QUINTO.- En todo caso, el Congreso del Estado dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, deberá expedir las adecuaciones que
resulten necesarias a la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Coahuila de Zaragoza, respetando el derecho de las personas víctimas por desaparición y sus defensoras, a una consulta previa, libre e informada,
conforme al acuerdo de diálogo que existe con el Ejecutivo del Estado, contenido en el Decreto publicado el 29 de junio de 2018, en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.
SEXTO.- Cualquier duda en la aplicación de este Decreto será resuelta por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, constituido como Tribunal
Constitucional Local.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
CUARTA PARTE ARTÍCULOS TRANSITORIOS
REFORMA EN MATERIA DE VARIOS DERECHOS
P.O. 66 – 19 DE AGOSTO DE 2022 - DECRETO 261
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veintidós.
P.O. 77 – 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - DECRETO 270
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La renovación del Congreso del Estado para la elección del 2023 se regirá conforme a las bases previstas en los artículos 33 y 35 de la
Constitución Local.
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Para la composición de las circunscripciones de mayoría relativa a que refiere el artículo 33 de la Constitución del Estado, el Instituto Electoral de Coahuila deberá
estar a lo dispuesto por el Instituto Nacional Electoral en el proceso de redistritación 2022 y, en su caso, sus equivalencias que se establezcan conforme a la ley.
Los partidos políticos deberán cumplir con la postulación paritaria en las candidaturas de mayoría o de representación proporcional para renovar el Congreso del
Estado que establezca la ley, para asegurar su cumplimiento para el siguiente proceso electoral del 2023.
ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones a las leyes secundarias que resulten necesarias dentro de los 90 días antes de
inicio del proceso electoral del 2023, para asegurar el principio de certeza electoral.
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintinueve días del mes de septiembre del año
dos mil veintidós.
P.O. 99 – 13 DE DICIEMBRE DE 2022 - DECRETO 311
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez publicado el presente Decreto, el Congreso del Estado realizará las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria.
ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado contará con noventa días a partir de la aprobación del presente Decreto, para implementar la ley reglamentaria.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil
veintidós.
P.O. 99 – 13 DE DICIEMBRE DE 2022 - DECRETO 312
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil
veintidós.
P.O. 94 – 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 - DECRETO 129
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deberán llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y
demás disposiciones legales y administrativas que correspondan para dar cumplimiento al presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez creada la Fiscalía a que se refiere el presente Decreto, se deberá establecer anualmente en el Presupuesto de Egresos del
Estado de Coahuila de Zaragoza, los recursos necesarios para el eficaz ejercicio de sus funciones, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y las
normas legales y administrativas aplicables en la materia.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro.
P.O. 102 – 20 DE DICIEMBRE DE 2024 - DECRETO 218
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en los términos y modalidades
que establece las reglas transitorias de este Decreto conforme al artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre del año en
curso en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado realizará las adecuaciones secundarias al régimen interno, conforme a los siguientes términos y modalidades:
I. El Congreso del Estado deberá discutir y, en su caso, aprobar en el mes de diciembre de 2024, las adecuaciones necesarias al Código Electoral y la Ley
de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana, ambas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para ser
promulgadas en tiempo y forma por el titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de garantizar la Elección Extraordinaria a celebrarse el 1 de junio de 2025,
para elegir los cargos populares del Poder Judicial del Estado que se determinen conforme a la Convocatoria que expida el Congreso del Estado o, en sus
recesos, la Diputación Permanente, en los términos de este Decreto y demás disposiciones legales aplicables.
II. Para las iniciativas de ley que resulten necesarias para cumplir este Decreto, el Congreso del Estado tendrá hasta 100 días naturales, a partir de la entrada
en vigor de este Decreto, para expedir la siguiente legislación:
1. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, y
2. Las demás leyes que resulten necesarias.
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III. Para las restantes reformas, derogaciones y/o adiciones a la legislación secundaria del Estado que, en su caso, resulten aplicables adecuar conforme a
este Decreto, el Congreso del Estado podrá aprobarlas dentro del plazo de un año contado a partir de su entrada en vigor;
IV. En tanto entran en vigor de manera plena este Decreto, la nueva legislación judicial, las reformas y/o adiciones aplicables conforme a este artículo transitorio,
seguirá vigente y aplicándose, en lo conducente y de manera ultra activa y retrospectivamente, las normas constitucionales, legales y reglamentarias del
Estado vigentes con anterioridad a este Decreto, con la finalidad de asegurar la organización y el funcionamiento adecuado del Poder Judicial, así como los
derechos laborales de que se trate, y
V. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje a que se refiere el artículo 136-A que deroga este Decreto, se convertirá en el órgano de Conciliación y Arbitraje que
se integrará, funcionará y se adscribirá al Poder Ejecutivo en los términos que establezca la Ley, para conocer y resolver la conciliación, arbitraje y demás
controversias laborales que se susciten en el régimen interno del estado, con base en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, para
asegurar la protección de los derechos laborales de las Personas Trabajadoras al Servicio Público del Estado, salvo las del Poder Judicial que le
corresponderá al Tribunal de Disciplina Judicial.
Los asuntos pendientes de resolución en este Tribunal seguirán resolviéndose conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad, mientras se expiden las
reformas correspondientes. En todo caso, el Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, acordará con el Poder Ejecutivo un plan de transferencia de los
recursos materiales, humanos y financieros del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
ARTÍCULO TERCERO. Para la renovación de la totalidad de los cargos de elección popular del Poder Judicial del Estado en los procesos 2025 y 2027,
respectivamente, se observarán, conforme a este Decreto, los términos y modalidades siguientes:
I. Para llevar a cabo la jornada electoral del primero de junio de 2025 de la Elección Extraordinaria, se observarán las reglas siguientes:
1. El Proceso Electoral Judicial 2024-2025 para el régimen local dará inicio el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que a partir de esa fecha
todos los días y horas son hábiles para las actuaciones de las autoridades que se encargarán de este proceso conforme a este Decreto y se regirá
por las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución, el Código Electoral de Coahuila, la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana y demás disposiciones aplicables.
2. Se autoriza habilitar y facultar expresamente desde el inicio del proceso, para que, en forma urgente, puedan sesionar o reunirse válidamente el
Congreso del Estado, a través de la Diputación Permanente, la Junta de Gobierno, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,
según corresponda; el Poder Judicial del Estado, a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia o el Consejo de la Judicatura, según corresponda;
y el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, a fin de que se emitan los actos, acuerdos o lineamientos necesarios para
implementar este Decreto.
3. En términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, no será aplicable lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo
105 de la Constitución Federal.
4. El Congreso del Estado o, en sus recesos, la Diputación Permanente, expedirá la Convocatoria General de la Elección Judicial Extraordinaria, por
esta única ocasión, una vez que determine el Pleno del Tribunal Superior de Justicia los cargos a elegir en la jornada electoral del primero de junio de
2025, el cual deberá informar oportunamente al Poder Legislativo los cargos a elegir en la jornada electoral del primero de junio de 2025 y demás
información necesaria, para la elaboración de la Convocatoria General que se expedirá a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes al
inicio de este proceso electoral.
5. Los Poderes del Estado, a partir del inicio del proceso electoral, crearán e instalarán libremente sus Comités de Evaluación, a más tardar el siete de
enero del dos mil veinticinco para que inicien sus funciones, expidan de inmediato sus convocatorias y se implementen las diversas etapas previstas
en esta Constitución y en el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con las modalidades, requisitos y excepciones previstos en la
Convocatoria General y que, además, determinen los propios Comités por razón del tiempo.
6. En la Convocatoria General además de cumplir, en lo conducente, las disposiciones previstas en este Decreto y el Código Electoral, el Congreso de
Estado deberá establecer los plazos y fechas improrrogables que serán especiales, por esta única ocasión, para llevar a cabo de manera pronta y
expedita:
a) La etapa de convocatoria pública para el registro de aspirantes a cargo de los Comités de Evaluación;
b) La etapa del dictamen de elegibilidad a cargo de los Comités de Evaluación;
c) La etapa del dictamen de idoneidad a cargo de los Comités de Evaluación;
d) La publicación de la lista de los mejores perfiles calificados a cargo de los Comités de Evaluación, y su envío a los poderes del Estado;
e) El período del registro para la presentación de los listados de las candidaturas judiciales por parte de cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo
y judicial, ante el Instituto para asegurar la preparación de la jornada electoral;
f) El plazo fatal en el que los funcionarios judiciales en funciones solicitarán a los Poderes del Estado su derecho a la incorporación a los listados
de las candidaturas, en los términos que establezca el Código Electoral.
7. En la Convocatoria General se establecerán los criterios que los Comités de Evaluación deberán seguir de manera uniforme para homologar los
méritos y la calificación de los mejores perfiles a seleccionar, para asegurar la igualdad de condiciones.
8. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, una vez de inicie el proceso electoral judicial y en coordinación con el Congreso del Estado, establecerá e
informará oportunamente el acuerdo que determine los términos y modalidades de los cargos a elegir en la jornada electoral del primero de junio de
dos mil veinticinco, a fin de que el Congreso del Estado pueda emitir, en forma urgente, la Convocatoria General respectiva para que puedan iniciar
sus funciones, en los términos de la Constitución Local, el primer día hábil del inicio del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tribunal Superior
de Justicia, previa toma de protesta de Ley. Los cargos judiciales populares que no vayan a la elección por acuerdo del Pleno del Tribunal se renovarán
a más tardar el primero de junio del dos mil veintisiete, en los términos de la Convocatoria General respectiva.
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9. Una vez que el Congreso del Estado reciba del Pleno del Tribunal la información anterior para llevar a cabo la elección, se turnará y citará de manera
urgente a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para la elaboración del proyecto de la Convocatoria General que deberá
aprobar el Congreso en los términos previstos en este Decreto.
10. La preparación, organización, validación e impugnación de las elecciones judiciales estarán a cargo del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del
Estado, conforme a este Decreto y demás disposiciones aplicables.
11. Para la elección extraordinaria solo se establecerá una circunscripción estatal única para facilitar la votación, la boleta y la jornada electoral en todo
el Estado.
12. En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año siguiente, el Congreso del Estado aprobará la partida que corresponda para llevar a cabo
la elección judicial extraordinaria.
13. Las personas que se encuentren en funciones en los cargos a elegir, serán incorporadas en los términos y plazos que establezca este Decreto, el
Código Electoral y la Convocatoria General, a los listados de candidaturas para participar en el Proceso Extraordinario 2025, excepto cuando
renuncien, se retiren en forma anticipada, declinen su participación antes del registro de las candidaturas o sean postuladas para un cargo diverso.
En caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer el cargo concerniente a la postulación por un nuevo período, concluirán su encargo en
la fecha establecida para el inicio de las funciones por las personas servidoras públicas que resulten de la elección extraordinaria conforme a las
disposiciones transitorias aplicables del presente Decreto.
14. Respecto al requisito de certificado de perfil idóneo previsto en los artículos 138 y 139, fracciones V, de este Decreto, por única ocasión para participar
en el Proceso Electoral Extraordinario 2025, el mismo será cumplido con la certificación o evaluación equivalente que determine el actual Instituto de
Especialización Judicial del Poder Judicial en los términos siguientes:
a) Las personas aspirantes, a partir del inicio del proceso judicial electoral, podrán solicitar ante el Pleno dicha certificación, con los documentos
que estimen convenientes para acreditar su perfil judicial idóneo, a fin de que el Instituto de Especialización Judicial expida la certificación en
tiempo y forma antes de que inicie el período de registro de aspirantes.
b) En caso de que el aspirante no obtenga la certificación correspondiente, deberá manifestarlo así en su solicitud para que el Comité de Evaluación
de que se trate determine la fecha del examen correspondiente, con auxilio del Instituto de Especialización Judicial, según el cargo judicial a
aspirar. Si el aspirante no obtiene una calificación mínima de 80/100, el Comité de Evaluación lo declarará inelegible e inidóneo.
c) Para la elección judicial de la jornada de primero de junio de dos mil veintisiete, la certificación del perfil idóneo se cumplirá en la forma que
determine la escuela de formación judicial conforme los programas o cursos que se convoquen para tal efecto.
15. El Tribunal Superior de Justicia, los Tribunales Distritales, los Juzgados de Primera Instancia, cualquiera que sea su denominación, que resulten
electos o que continúen con el ejercicio de su encargo, seguirán funcionando conforme a las reglas transitorias, ultraactivas y retrospectivas, de la
fracción IV del Artículo Segundo Transitorio de este Decreto, mientras se adecúa la nueva legislación que ordena este Decreto.
16. En el caso de las personas magistradas supernumerarias que estén en funciones al momento de la publicación del presente Decreto, su encargo se
prórroga hasta la toma de protesta de las personas magistradas electas en la jornada del primero de junio del 2025 que iniciarán sus funciones el
primer día hábil del inicio del Segundo Período de Sesiones del Tribunal Pleno.
II. Para llevar a cabo la Elección Extraordinaria Judicial Local 2026-2027, que tendrá lugar el día de la elección federal ordinaria del año 2027, se observarán
las reglas que establezca la legislación local aplicable, pero en todo caso el Congreso del Estado o, en sus recesos, la Diputación Permanente, expedirá la
convocatoria respectiva conforme a este Decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El Instituto Electoral de Coahuila, en forma extraordinaria, podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la preparación, organización
y desarrollo de las elecciones judiciales 2025 y 2027, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad
y paridad de género que establece este Decreto.
Los partidos políticos, nacionales y locales, no podrán participar en ningún caso en las acciones, sesiones, reuniones, debates, casillas, centros de votación o
cualquier actividad relacionada con este proceso judicial electoral.
El Instituto Electoral, en lo conducente, se coordinará con el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo el proceso judicial conforme al Código Electoral de
Coahuila.
El Instituto Electoral podrá realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de este Decreto. Las elecciones extraordinarias se ajustarán
al principio de austeridad conforme a la disponibilidad presupuestaria.
ARTÍCULO QUINTO. El Consejo de la Judicatura del Estado vigente con anterioridad a este Decreto continuará ejerciendo sus facultades y atribuciones de
administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, hasta en tanto se efectúe la elección de las personas Magistradas
del Tribunal de Disciplina Judicial y se designen a las personas integrantes del órgano de administración judicial, en los términos de este Decreto y la nueva
legislación.
Previo a la entrada en funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, el Consejo de la Judicatura implementará en su
momento un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial en lo que
respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del Poder Judicial; y al Órgano de Administración Judicial en lo que corresponde a sus
funciones administrativas, de carrera judicial, servicio profesional y demás funciones aplicables.
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El Consejo de la Judicatura aprobará los acuerdos generales y específicos que se requieran para implementar dicho plan de trabajo, conforme a los plazos y
términos que establezca la Ley.
El Consejo de la Judicatura continuará la substanciación y resolución de los procedimientos que se encuentren pendientes hasta la entrada en funciones de los
nuevos órganos y entregará la totalidad de los expedientes que se encuentren en trámite, así como la totalidad de su acervo documental, al Tribunal de Disciplina
Judicial o al Órgano de Administración del Poder Judicial, según corresponda.
ARTÍCULO SEXTO. Las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza que estén en funciones al
momento de la entrada en vigor del presente Decreto, no podrán ser mayores a la establecida para la persona Presidenta de la República para el Presupuesto de
Egresos 2026, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los
casos que corresponda.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza serán respetados en su
totalidad conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes al momento de su designación, con base en el Artículo Décimo Transitorio del
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma
del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que las jubilaciones o pensiones por retiro anticipado
se asignen con base en la Constitución Local, la Ley, el decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo que establece el artículo 127,
fracción IV, de la Constitución Federal. Las personas juzgadoras en funciones que tengan derecho a un retiro anticipado por jubilación o pensión concluirán su
encargo una vez que inicien sus funciones las personas electas en la elección extraordinaria de que se trate.
El Consejo de la Judicatura, o en su caso, el Órgano de Administración Judicial emitirá los acuerdos necesarios para garantizar los derechos laborales previos
conforme a las normas constitucionales locales, contratos colectivos o condiciones generales de trabajo vigentes con anterioridad.
ARTÍCULO OCTAVO. Para la implementación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado de Coahuila de Zaragoza y toda autoridad jurisdiccional
deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus
términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.
ARTÍCULO NOVENO. Se derogan y quedan sin efecto, todas las disposiciones que contravengan este Decreto.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve días del mes de diciembre del
año dos mil veinticuatro.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN 5410/2021 EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DONDE SE INFORMAN DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DE LOS AUTOS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 285/2020, RECIBIDO POR EL
CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN FECHA 14 DE JULIO DE 2021, PUNTOS RESOLUTIVOS CONTENIDOS EN EL OFICIO NÚM.
SGA/MOKM/253/2021, MISMO QUE SEÑALA LO SIGUIENTE:
MAESTRA CARMONA CORTÉS RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE
DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E
El Tribunal Pleno, en su sesión celebrada el trece de julio de dos mil veintiuno, resolvió la acción de inconstitucionalidad 285/2020, promovidas por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, en los siguientes términos:
PRIMERO. Son procedentes y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto 739, por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos, recorriendo los ulteriores,
del artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el treinta de
septiembre de dos mil veinte, en los términos del considerando sexto de esta decisión.
TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los dieciocho meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos
al Congreso del Estado de Coahuila, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de la respectiva consulta a los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas, dicho Congreso deberá legislar en la materia contenida en el decreto invalidado, en los términos precisados en el considerando
séptimo de esta determinación.
CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Cabe señalar que el Tribunal Pleno determinó que la referida declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a los dieciocho meses
siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila, por lo que le solicito que gire instrucciones para que, a la brevedad,
se practique la citada notificación, inclusive, al titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa
118
Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el doce de abril de dos mil diez, le solicito
que remita a esta Secretaría General de Acuerdos únicamente copia certificada del documento en el que conste la notificación que se realice al Congreso del
Estado de Coahuila de Zaragoza.
A t e n t a m e n t e
Ciudad de México; 13 de julio de 2021
LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA
(RÚBRICA)
En virtud de la Acción de Inconstitucionalidad 03/2022 presentada, el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de
Zaragoza declaró la INCONSTITUCIONALIDAD de todos los apartados del Decreto 193 publicado el (21) veintiuno de enero de (2022) dos mil veintidós, en
el Periódico Oficial del Estado, declarando su invalidez y dejándolo sin efectos lisa y llanamente, lo anterior por transgredir las formalidades esenciales del
procedimiento legislativo contenidas en los artículos 67, 194 párrafo 2, 196 y 197 de la Constitución Local, en relación con el 159 y 160 de la Ley Orgánica
del Congreso del Estado, y los artículos 32, 36, 87, 98, 99 y 105, fracción V, 107 y 113 Bis-1, del Código Municipal para el Estado.
En el segundo punto resolutivo emitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila en la sesión celebrada el día lunes (27) veintisiete de junio de (2022)
dos mil veintidós, se ordenó al Congreso del Estado de Coahuila ordenar la reposición del procedimiento legislativo, con el objetivo de escuchar de forma
debida el sentir de los Ayuntamientos en los términos de la ejecutoria en cuestión, a fin de que estos se pronuncien por separado de cada apartado del
proyecto de Decreto 193.
5 de Enero de 2023 / Acción de Inconstitucionalidad 142/2022 y sus acumuladas 145/2022, 146/2022, 148/2022, 150/2022 y 151/2022
OFICIO DE NOTIFICACIÓN 90/2023 EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DONDE SE INFORMAN DE LOS PUNTOS
RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA DICTADA DENTRO DE LOS AUTOS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 142/2022 Y SUS ACUMULADAS
145/2022, 146/2022, 148/2022, 150/2022 Y 151/2022, RECIBIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN FECHA 19 DE
ENERO DE 2023, PUNTOS RESOLUTIVOS CONTENIDOS EN EL OFICIO NÚM. SGA/HMS/14/2023, MISMO QUE SEÑALA LO SIGUIENTE:
MAESTRA CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE
DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E
El Tribunal Pleno, en su sesión celebrada el cinco de enero de dos mi veintitrés, resolvió la acción de inconstitucionalidad 142/2022 y sus acumuladas
145/2022, 146/2022, 148/2022, 150/2022 y 151/2022, promovidas por los Partidos Políticos Local Unidad Democrática de Coahuila; del Trabajo y MORENA,
así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los términos siguientes:
“PRIMERO. Son procedentes y fundadas la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas.
SEGUNDO. Se declara la invalidez de los Decretos número 270, por el que se reforma el segundo párrafo del numeral 6 del artículo 27, el artículo 33, los
párrafos primero, segundo incluyendo sus fracciones y tercero del artículo 35 y la fracción V del artículo 76; se adiciona un último párrafo al artículo 35, y un
segundo párrafo al artículo 77, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y 271, por el que se reformas y adicionan diversas disposiciones
del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintinueve y el treinta de
septiembre de dos mil veintidós; respectivamente, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de
Coahuila de Zaragoza, en términos de los apartados penúltimo y último de esta sentencia.
TERCERO. Se ordena la reviviscencia de la legislación derogada con motivo de la entrada en vigor de los Decretos referidos en el resolutivo anterior, como
se precisa en el último apartado de esta determinación.
CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta.”
Cabe señalar que el Tribunal Pleno determinó que la referida declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de
estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que le solicito que gire instrucciones para que, a la brevedad, se practique
la citada notificación, inclusive, al titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa
Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el doce de abril de dos mil diez, le solicito
que remita a esta Secretaría General de Acuerdos únicamente copia certificada del documento en el que conste la notificación que se realice al Congreso del
Estado de Coahuila de Zaragoza.
A t e n t a m e n t e
Ciudad de México; 5 de enero de 2023
LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA
(RÚBRICA)
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