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ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
Ley publicada en el Periódico Oficial, el martes 19 de diciembre de 2017.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
EL C. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 1136.-
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
TÍTULO PRIMERO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Esta ley tiene por objeto establecer la estructura, las atribuciones y las bases para la
organización y el funcionamiento de la administración pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. Para el
correcto ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos a cargo del Titular del Ejecutivo, la
administración pública se organiza en centralizada y paraestatal.
La administración pública centralizada se compone por el Despacho del Titular del Ejecutivo, las secretarías
del ramo y demás unidades administrativas que se integren para la buena marcha de la administración,
cualquiera que sea su denominación.
La administración pública paraestatal se conforma por los organismos públicos descentralizados, los
organismos públicos de participación ciudadana, las empresas de participación estatal, los fideicomisos
públicos y demás entidades, sin importar la forma en que sean identificadas.
En cada una de las dependencias y entidades de la administración pública, se mantendrán al corriente los
escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen
la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.
ARTÍCULO 2. El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a su titular y jefe de la administración pública
denominado Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien tiene las atribuciones, funciones y
obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del
Estado, esta ley y demás disposiciones vigentes en la entidad.
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ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Constitución Política del Estado: La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza;
III. Congreso: El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza;
IV. Dependencias: las secretarías del ramo que conforman la administración pública centralizada;
V. Entidades: los organismos públicos descentralizados, los organismos públicos de participación
ciudadana, las empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos y demás de
naturaleza análoga que conforman la administración pública paraestatal;
VI. Estado: El Estado de Coahuila de Zaragoza;
VII. Ley: La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza;
VIII. Periódico Oficial: El Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y
IX. Titular del Ejecutivo: El Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO 4. Para el despacho de los asuntos que le competan, el Titular del Ejecutivo se auxiliará de las
dependencias y entidades que señalen la Constitución Política del Estado, la presente ley, el Presupuesto
de Egresos y las demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 5. El Titular del Ejecutivo podrá convenir con el Gobierno Federal, con otras entidades
federativas, con los municipios y con los sectores social y privado, en los términos previstos por la
Constitución Política del Estado y demás disposiciones aplicables, el ejercicio de funciones, la prestación de
servicios públicos y la ejecución o atención de obras que favorezcan el desarrollo del Estado.
ARTÍCULO 6. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y circulares expedidos por el Titular del Ejecutivo,
serán refrendados por los titulares de las secretarías del ramo a los que el asunto corresponda.
Tratándose de los actos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso, sólo se requerirá
el refrendo del Secretario de Gobierno.
Sin este requisito de refrendo, los instrumentos señalados en los párrafos anteriores, no surtirán efectos
legales. El refrendo actualiza la responsabilidad que pueda resultar del mismo.
Los instrumentos señalados en este artículo deberán ser publicados en el Periódico Oficial; sin este requisito
de publicidad carecerán de validez y obligatoriedad.
Los manuales de organización general deberán publicarse en el Periódico Oficial, mientras que los manuales
de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los
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propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de Fiscalización y
Rendición de Cuentas.
ARTÍCULO 7. Quienes sean titulares de las dependencias y entidades, no podrán desempeñar ningún otro
puesto, empleo, cargo o comisión, salvo aquellos relacionados con la docencia y la investigación, siempre y
cuando exista compatibilidad en el ejercicio de los mismos.
Los servidores públicos podrán desempeñar los nombramientos honoríficos a los que sean invitados,
cuidando que no se pongan en riesgo los intereses de la entidad.
Los servidores públicos deberán abstenerse de prestar servicios profesionales independientes cuando ello
implique conflicto de intereses con los de cualquier rama de la administración pública. Los que sean
abogados solo podrán ejercer en el Estado en causa propia, de su cónyuge, concubina, concubinario o
compañero civil, o en la de sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el tercer grado en cualquier
línea.
CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
ARTÍCULO 8. La administración pública ajustará la planeación y ejecución de las políticas públicas a los
siguientes principios:
I. La relevancia y pertinencia de los objetivos que se plantean, la eficacia en el cumplimiento de
los mismos y la eficiencia en el uso de los recursos que le sean destinados;
II. El respeto a los derechos humanos y la promoción transversal y permanente de los mismos;
con especial atención en garantizar todas las formas de diversidad y eliminar las diferencias
que dañan a las mujeres;
III. La identificación de la sociedad con el orden jurídico a través de la promoción permanente de
la cultura de la legalidad;
IV. La conjunción de esfuerzos para mejorar el bienestar individual y colectivo de los coahuilenses,
aumentar su expectativa de vida y propiciar la felicidad;
V. Disminuir la marginación, dar oportunidad de desarrollo individual y colectivo para quien vive en
la pobreza y fomentar la solidaridad y las soluciones colectivas;
VI. El cuidado al medio ambiente y la remediación de los daños acarreados a éste. La promoción
de una cultura que garantice a las nuevas generaciones disfrutar de un ecosistema sustentable;
VII. Mejorar la competitividad del Estado; construir indicadores que permitan evaluar el
cumplimiento de los planes y programas, garantizar la transparencia en el uso de los recursos
y la ejecución de las políticas públicas, y
VIII. Promover la participación responsable de la sociedad civil organizada en la ejecución de las
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políticas públicas.
CAPÍTULO TERCERO
DEL TITULAR DEL EJECUTIVO
ARTÍCULO 9. El Titular del Ejecutivo tendrá las siguientes facultades:
A. Son facultades indelegables:
I. Iniciar y presentar ante el Congreso las leyes y decretos;
II. Solicitar al Congreso, que inicie ante el Legislativo Federal las leyes y decretos que a dicha
instancia competan;
III. Asistir el 30 de noviembre de cada año al Congreso a informar sobre el estado que guarda la
administración pública. En el año de cambio de Titular del Ejecutivo, de acuerdo con el
legislativo, se escogerá un día dentro de la primera quincena del mes de noviembre para cumplir
con esta obligación;
IV. Determinar los distritos notariales, las zonas de desarrollo económico, las de desarrollo
metropolitano, así como las demás circunscripciones que se requieran para la buena marcha
de la administración pública;
V. Promover la armonización de la normatividad estatal con los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, en materia de protección a los derechos humanos, de
conformidad con lo dispuesto por la Constitución Federal;
VI. Nombrar y remover libremente a las y los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo,
cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución Política
del Estado y en las demás leyes aplicables;
VII. Designar y someter a ratificación del Congreso, o en su caso, a la diputación permanente, a
quienes sean titulares de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición
de Cuentas;
VIII. Crear dependencias y unidades administrativas, así como separar, fusionar, transformar o
extinguir las existentes, en atención al volumen de trabajo y la trascendencia de los asuntos
públicos, con base en criterios de racionalidad, eficiencia y eficacia del gasto público;
IX. Asignar atribuciones especiales a las dependencias y entidades de la administración pública
cuando el cumplimiento del servicio público lo requiera;
X. Crear las entidades del sector paraestatal que requiera la administración y las entidades
necesarias para operar programas emergentes, estratégicos y prioritarios, así como para la
prestación de un servicio público, la ejecución de una obra o cualquier otro propósito de
beneficio colectivo, con base en criterios de racionalidad, eficiencia y eficacia del gasto público;
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XI. Modificar la estructura administrativa mediante la creación de nuevas unidades o la fusión,
transformación o supresión de las existentes para asegurar la buena marcha de la
administración pública y sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política
del Estado, en la ley y en el Presupuesto de Egresos;
XII. Expedir, previo refrendo del secretario del ramo los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares,
manuales de organización y demás disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de la
administración pública;
XIII. Constituir comisiones intersecretariales, en los términos de lo dispuesto en la presente ley; así
como aquéllas de carácter interinstitucional transitorias o permanentes, que involucren sectores
público, social y privado, para el desarrollo de programas de beneficio colectivo;
XIV. Someter a consideración del Consejo de Estado, las decisiones que requieran su voto conforme
a esta ley;
XV. Asistir al Congreso, en caso de urgencia o peligro grave para el Estado a explicar las medidas
que se decidan tomar para enfrentar la emergencia;
XVI. Resolver con opinión de la Secretaría de Gobierno, las controversias de competencia que
existan entre una o más dependencias y asignarles, en casos extraordinarios, la
responsabilidad sobre asuntos específicos;
XVII. Tomar la protesta de quienes sean titulares de las secretarías del ramo;
(REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
XVIII. Otorgar los estímulos e incentivos fiscales de carácter general, así como los apoyos específicos
que sean necesarios para atraer inversiones a la entidad, propuestos por quienes sean titulares
de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Economía y sean votados por el Consejo de
Estado, y
XIX. Las que con ese carácter le confieran la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado
y las leyes aplicables.
B. Son facultades delegables:
I. La elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y los procesos que permiten la participación de la
sociedad en esta tarea;
II. Integrar los planes y programas sectoriales, regionales y el Programa Estatal Anual de
Inversión;
III. Tomar la protesta a los servidores públicos distintos a los que señala la fracción XVII del
apartado A de este artículo;
IV. Determinar, el agrupamiento de entidades paraestatales en sectores definidos, a efecto de que
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las relaciones con el propio Ejecutivo se realicen a través de la dependencia a la que estén
sectorizadas;
V. Celebrar acuerdos y convenios con el Gobierno Federal, con otras entidades federativas y los
municipios, así como con personas físicas y morales;
VI. Operar el sistema sobre información geográfica, estadística, socioeconómica, de recursos y
características de las actividades económicas de la entidad;
VII. Nombrar y remover con la opinión de quienes sean titulares de las áreas correspondientes, a
los directores generales y subsecretarios de dependencias y entidades de la administración
pública, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución
Política del Estado, en esta ley o en las demás disposiciones aplicables;
VIII. Realizar los planes, programas y acciones necesarios para mantener con los gobiernos
municipales una relación permanente de colaboración constructiva, corresponsable y de ayuda
mutua a favor del desarrollo político, económico, social y cultural del Estado;
IX. Concurrir al Congreso cuando se discuta un proyecto de ley o decreto que el Titular del Ejecutivo
presente, a fin de informar respecto a su contenido. Dicha atribución sólo podrá delegarse en
quienes ocupen la titularidad de la Consejería Jurídica, las secretarías del ramo o en quienes
dirijan entidades paraestatales, y
X. Las que con ese carácter le confieran la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado
y las demás disposiciones aplicables.
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
ARTÍCULO 10. Son unidades administrativas que corresponden al Despacho del Titular del Ejecutivo, la
Jefatura de Gabinete y Proyectos Estratégicos, de la cual forma parte Pro Coahuila, la Jefatura de la Oficina
del Ejecutivo, la Secretaría Particular, la Secretaría Privada, así como la Comisión para la Instrumentación
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que auxilian al Ejecutivo y a la administración pública para el despacho
de los asuntos que le correspondan. Esta ley y los reglamentos que de ella se desprendan, fijarán sus
facultades y obligaciones.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS COMISIONES INTERSECRETARIALES
ARTÍCULO 11. El Titular del Ejecutivo, mediante acuerdo, podrá constituir comisiones intersecretariales, a
fin de organizar a las dependencias y entidades en sectores definidos para dar atención a los asuntos
relacionados con materias o áreas específicas, así como para la atención de actividades estratégicas.
El Titular del Ejecutivo también podrá constituir comisiones u organismos de carácter interinstitucional,
integrados por representantes del gobierno y de los sectores social y privado, o de alguno de ellos, para
desarrollar programas de beneficio colectivo, a partir de la colaboración recíproca entre sus integrantes.
Las comisiones u organismos podrán ser transitorios o permanentes y serán presididos por quien determine
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el Titular del Ejecutivo.
El acuerdo que cree estas comisiones se publicará en el Periódico Oficial y deberá contener el nombre del
coordinador de la comisión intersecretarial o interinstitucional y las áreas estratégicas a las que se enfocarán
las políticas, programas y acciones.
ARTÍCULO 12. Los coordinadores de las comisiones intersecretariales o interinstitucionales tendrán las
atribuciones que se señalen en los acuerdos de creación correspondientes.
Las comisiones intersecretariales o interinstitucionales podrán a su vez, contar con subcomisiones para la
preparación, estudio y desarrollo de aspectos propios de la materia y objeto por el que se hayan integrado.
CAPÍTULO QUINTO
DEL CONSEJO DE ESTADO
ARTÍCULO 13. El Titular del Ejecutivo podrá convocar a quienes integren el gabinete legal, para que
constituidos en consejo deliberen y emitan su voto sobre los asuntos que estime de importancia y
trascendencia para el desarrollo del Estado, para su gobernabilidad o para enfrentar situaciones
extraordinarias. En todo caso, serán siempre sometidos a votación:
I. El Plan Estatal de Desarrollo;
II. El Programa Estatal de Seguridad Pública;
III. Las medidas presupuestarias que se tomen para hacer frente a situaciones extraordinarias
provocadas por desastres naturales o eventualidades graves en materia de salud;
IV. El otorgamiento de estímulos fiscales de carácter general y aquellos estímulos que se requieran
para apoyar al establecimiento de factorías o empresas estratégicas que generen nuevos
empleos en la entidad;
V. La solicitud a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Federal, y
VI. Los proyectos o propuestas que impliquen contratación de deuda pública.
(REFORMADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
El Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, tendrá el carácter de Secretario del Consejo de Estado, será
el encargado de instrumentar la convocatoria y asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto a efecto de dar
fe y levantar las minutas correspondientes, que serán publicadas en el Periódico Oficial.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS
ARTÍCULO 14. Para ser titular de las secretarías del ramo se requiere:
(REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 2018)
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II. Tener pleno uso y goce de sus derechos políticos, y
III. Tener un modo honesto de vivir, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público,
quedará inhabilitado para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
ARTÍCULO 15. Quienes sean titulares de las dependencias y entidades, y demás servidores públicos del
Estado, antes de tomar posesión de su cargo o empleo, deberán rendir protesta.
El servidor público que deba rendir protesta lo hará ante el Titular del Ejecutivo invariablemente cuando se
trate de quienes vayan a ocupar la titularidad de una secretaría, en los demás casos lo podrán hacer ante
quien el Titular del Ejecutivo designe.
El servidor público será interrogado por quien le tome la protesta en los siguientes términos:
“¿PROTESTA USTED GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS LEYES EMANADAS O QUE
DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE (cargo que protesta),
QUE LE HA SIDO CONFERIDO MIRANDO EN TODO MOMENTO POR EL BIEN DEL ESTADO?”
Si la persona interrogada responde afirmativamente, deberá hacerlo levantando la mano y decir “SI,
PROTESTO”
Quien le tome la protesta responderá entonces: “SI ASI LO HACE QUE EL ESTADO SE LO RECONOZCA
Y SI NO, QUE SE LO DEMANDE”
Una vez concluida la ceremonia, se asentará en el acta correspondiente y el nombramiento surtirá todos sus
efectos legales.
Del acta de protesta se remitirá un ejemplar a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Al tomar posesión del cargo, quienes sean titulares de las dependencias, organismos y entidades, en un
término no mayor de noventa días, deberán levantar un inventario sobre los bienes y documentos recibidos,
que se encuentren en poder de estos, debiéndose registrar en la Secretaría de Finanzas y en la Secretaría
de Fiscalización y Rendición de Cuentas para su verificación.
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ARTÍCULO 16. Corresponde a quienes sean titulares de las dependencias y entidades de la administración
pública, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. Para la mejor organización del trabajo,
mediante acuerdo podrán delegar sus facultades en las o los servidores públicos adscritos a sus unidades,
excepto aquellas que por disposición de la ley o del reglamento interior respectivo tengan el carácter de
indelegables.
Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades se publicarán en el Periódico Oficial, sin este trámite no
surtirán efectos.
ARTÍCULO 17. Las ausencias temporales de quienes dirijan las dependencias serán suplidas siempre con
el consentimiento del Titular del Ejecutivo, en la forma que determine la ley o el reglamento respectivo.
Cuando el cargo quede vacante, el Titular del Ejecutivo designará a un encargado o encargada de despacho,
quien ejercerá las atribuciones correspondientes, hasta en tanto se nombre a quien será titular definitivo.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CENTRALIZADA
ARTÍCULO 18. Para el estudio, planeación y ejecución de las políticas públicas, el Poder Ejecutivo contará
con las siguientes dependencias:
I. Secretaría de Gobierno;
II. Secretaría de Finanzas;
III. Secretaría de Seguridad Pública;
(REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
IV. Secretaría de Economía;
V. Secretaría de Educación;
VI. Secretaría de Salud;
VII. Secretaría de Desarrollo Rural;
VIII. Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social;
(REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 2018)
IX. Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad;
(REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 2018)
X. Secretaría de Medio Ambiente;
XI. Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;
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(REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
XII. Secretaría de Cultura;
(REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
XIII. Secretaría del Trabajo;
(REFORMADA, P.O. 19 DE MARZO DE 2021) (ADICIONADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
XIV. Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023) (REFORMADA, P.O. 19 DE MARZO DE 2021) (ADICIONADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
XV. Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos;
(REFORMADA, P.O. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024) (ADICIONADA, P.O. 19 DE MARZO DE 2021)
XVI. Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público
Productiva;
(ADICIONADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
XVII. Secretaría de las Mujeres; y
(ADICIONADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
XVIII. Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna.
Quienes sean titulares de las secretarías integrarán el gabinete legal.
Las dependencias de la administración pública centralizada tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por
lo tanto, preeminencia alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Titular del Ejecutivo, la Secretaría
de Gobierno coordinará las acciones de los secretarios y demás funcionarios de la administración pública
para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 19. Sin detrimento de las atribuciones que correspondan en exclusiva a las dependencias
previstas en el artículo que antecede, sus titulares tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I. Acordar con el Titular del Ejecutivo el despacho y atención de los asuntos encomendados a su
dependencia y los del sector que le corresponda coordinar, así como acordar con los servidores
públicos que les estén subordinados conforme a las disposiciones legales aplicables;
II. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en las materias de su competencia
señalan la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado, las leyes federales y
estatales y demás disposiciones aplicables;
III. Observar, cumplir y exigir el cumplimiento al interior de la dependencia a su cargo, de las
políticas, programas, lineamientos, acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones;
IV. Realizar las gestiones y acciones necesarias para que los planes, programas, proyectos y
demás acciones de la dependencia a su cargo, cumplan con los compromisos establecidos en
el Plan Estatal de Desarrollo, mediante la elaboración e instrumentación de indicadores de
gestión;
V. Planear, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de sus unidades
administrativas y organismos desconcentrados, conforme al Plan Estatal de Desarrollo;
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VI. Formular los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y demás
disposiciones de carácter general que se requieran para el manejo de los asuntos de su
competencia y remitirlos a la Secretaría de Gobierno para su revisión o efectos procedentes;
VII. Expedir, previa opinión de la Secretaría de Gobierno, los acuerdos, circulares, los manuales de
organización, de procedimientos y de servicios al público y demás disposiciones de carácter
general necesarias para el desarrollo y ejercicio de las atribuciones que le competan;
VIII. Comparecer ante el Congreso cuando éste así se lo requiera, se discuta una ley o se estudie
un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades, previa anuencia del Titular del
Ejecutivo;
IX. Desempeñar las comisiones y funciones que el Titular del Ejecutivo le confiera, manteniéndolo
informado sobre la atención, desarrollo y ejecución de las mismas;
X. Revisar, aprobar y dar seguimiento a los programas anuales de la dependencia a su cargo y de
las entidades sectorizadas a ella, para ser sometidos a consideración del Titular del Ejecutivo;
XI. Establecer, dirigir y controlar las políticas públicas de la dependencia a su cargo, así como
programar, coordinar y evaluar las actividades de las entidades del sector que le corresponda,
de conformidad con los lineamientos estratégicos previstos por esta ley y las disposiciones
aplicables;
XII. Garantizar el respeto a los derechos humanos y la no discriminación en la ejecución de sus
funciones y en las áreas de su competencia, además de generar políticas públicas en estas
materias;
XIII. Fomentar las acciones que fortalezcan la perspectiva de género en todas las áreas a su cargo;
XIV. Dictar y ejecutar, programas emergentes para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del
milenio establecidos por la Organización de las Naciones Unidas;
XV. Cuidar que en el ejercicio de las políticas públicas de la dependencia a su cargo se respete el
medio ambiente y se aliente una cultura en ese sentido;
XVI. Promover la mayor cercanía con los ciudadanos en el ejercicio de sus atribuciones, para ello
emplearán los mecanismos de desconcentración, coordinación y colaboración establecidos en
las leyes;
XVII. Proponer el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la dependencia a su cargo,
remitiéndolo oportunamente a la Secretaría de Finanzas;
XVIII. Documentar, compilar y mantener actualizada la información de la dependencia a su cargo, con
el objeto de integrar el informe anual que el Titular del Ejecutivo debe rendir ante el Congreso;
XIX. Certificar y expedir copias de los documentos que obren en los archivos de la dependencia a
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su cargo y de aquellos que expidan en el ejercicio de sus funciones los servidores públicos
adscritos a las mismas;
XX. Suscribir todos los instrumentos y actos jurídicos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así
como otorgar poderes en materia laboral y demás actos jurídicos de naturaleza análoga;
XXI. Representar legalmente al Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia, sin menoscabo de
las facultades que en la materia tengan las demás dependencias;
XXII. Aplicar escrupulosamente las leyes en materia de adquisiciones, contratación de servicios, obra
pública y arrendamientos y disponer lo necesario para establecer buenas prácticas que protejan
la hacienda pública;
XXIII. Promover la participación de la sociedad, en la elaboración, evaluación y vigilancia del
cumplimiento de las políticas públicas que le correspondan;
XXIV. Emitir normas técnicas en el ámbito de su competencia y vigilar su cumplimiento, así como la
aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas;
XXV. Promover la observancia de las Normas Mexicanas conducentes;
XXVI. Ejercer los recursos federales y estatales asignados, así como proponer planes y programas de
financiamiento para la ejecución de programas de su competencia;
XXVII. Observar los principios constitucionales que rigen la transparencia y el acceso a la información
pública;
XXVIII. Conocer y resolver, en el ámbito de su competencia, los recursos administrativos que se
interpongan en contra de los actos emanados de la dependencia a su cargo;
XXIX. Designar y remover libremente a los servidores públicos adscritos a la dependencia a su cargo,
cuyo nombramiento y remoción no esté determinado de otro modo en los distintos
ordenamientos jurídicos aplicables;
XXX. Elaborar, al inicio de cada ejercicio fiscal el programa de austeridad y buenas prácticas para el
ejercicio presupuestal y revisar el cumplimiento de las metas en esta materia en el ejercicio
anterior;
XXXI. Cuidar el cumplimiento de las normas de protección civil, salud, seguridad e higiene en las
oficinas de la dependencia a su cargo y en las políticas públicas que se generen;
XXXII. Cuidar el cumplimiento estricto de los calendarios cívicos nacional y estatal, y promover
acciones que fortalezcan el respeto a los símbolos patrios, la identidad coahuilense, el escudo
y el himno del Estado;
XXXIII. Integrar el Consejo para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, regulado por
la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de la Niños y Niñas del
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Estado de Coahuila de Zaragoza, y
XXXIV. Las demás que le confieran expresamente este ordenamiento, otras disposiciones aplicables y
aquellas que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 20. Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, las
dependencias podrán contar con órganos administrativos desconcentrados, que les estarán jerárquicamente
subordinados y tendrán las facultades específicas que determinen el acuerdo de su creación, su reglamento
interior o las disposiciones legales que se dicten.
El Titular del Ejecutivo podrá crear, mediante decreto organismos públicos desconcentrados encargados de
la prestación de servicios, ejecución de obras o el ejercicio de las atribuciones que esta ley otorga a varias
dependencias.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
ARTÍCULO 21. A la Secretaría de Gobierno le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Conducir la atención de los asuntos internos de orden político y promover una mejor convivencia
social en el Estado;
II. Coordinar las relaciones del Ejecutivo con el Gobierno Federal, otras entidades federativas y
municipios de la entidad, con los otros poderes del Estado, con los órganos constitucionales
autónomos y los agentes consulares, en lo relativo a su competencia;
III. Propiciar la colaboración entre el Ejecutivo y los municipios de la entidad y construir políticas
públicas que generen un ambiente de colaboración entre ellos;
IV. Formular y ejecutar las políticas públicas en materia de población y coordinarse con otras
dependencias de la administración estatal y los municipios;
V. Proponer la celebración de convenios de coordinación con los municipios para la realización de
acciones, estudios y proyectos tendientes al fortalecimiento del desarrollo municipal y fomentar la
participación ciudadana;
VI. Auxiliar al Ejecutivo Federal en el cumplimento de la legislación federal en materia de juegos y
sorteos, así como de asociaciones religiosas y culto público;
VII. Realizar las acciones relativas a la demarcación y conservación de los límites del Estado y sus
municipios y, en caso de conflicto, previo acuerdo del Titular del Ejecutivo, presentar a los
ayuntamientos o a las autoridades legislativas o judiciales competentes, las propuestas de solución
correspondientes;
VIII. Fijar el calendario cívico y oficial del Estado, organizar en coordinación con la Secretaría de
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Educación, los eventos y actos cívicos en la entidad, así como cuidar que se observe el calendario
del Gobierno Federal y las disposiciones electorales locales y federales;
IX. Llevar el registro de autógrafos; legalizar y certificar las firmas de los servidores públicos estatales,
de los presidentes municipales y titulares de las secretarías de los ayuntamientos del Estado,
notarios públicos, corredores públicos, así como de los demás servidores a quienes esté
encomendada la fe pública, para la legalización de firmas;
X. Certificar, legalizar o apostillar los documentos que así lo requieran en los términos de las leyes y
demás disposiciones aplicables;
XI. Remitir a los tribunales los exhortos para su atención y diligencia previa legalización, en aquellas
materias que la ley lo exija;
XII. Dirigir y administrar el Periódico Oficial, ordenar la publicación de los cuerpos normativos y demás
disposiciones que para su cumplimiento lo requieran;
XIII. Organizar y dirigir el registro civil, el registro de la propiedad y del comercio, el registro catastral y
de información territorial, y el servicio del notariado;
XIV. Dirigir, evaluar y vigilar el funcionamiento de las coordinaciones regionales creadas por el Titular
del Ejecutivo como organismos desconcentrados que estén sectorizados a la Secretaría de
Gobierno;
XV. Proponer al Titular del Ejecutivo, los distritos notariales y demás circunscripciones de la
administración pública;
XVI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de documentación y archivos públicos y
administrar aquellos cuyo resguardo corresponda al Poder Ejecutivo;
XVII. Intervenir, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, en la conciliación de conflictos obrero
patronales de importancia y trascendencia;
XVIII. Tramitar el nombramiento del Consejero de la Judicatura del Estado que designe el Titular del
Ejecutivo, de acuerdo a lo previsto en la Constitución Política del Estado;
XIX. Promover el desarrollo de una cultura democrática en la entidad y propiciar una relación de trabajo
y diálogo del Ejecutivo con los partidos, y las organizaciones políticas;
XX. Coordinar la relación del Gobierno del Estado con las diferentes iglesias y asociaciones religiosas
y promover un ambiente de respeto y participación en el desarrollo del Estado;
XXI. Conducir y ejecutar las políticas en materia de protección civil y alentar la colaboración con los
otros dos órdenes de gobierno en este tema;
XXII. Coordinar, por acuerdo del Ejecutivo, a los secretarios y demás funcionarios de la administración
pública para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo. Para
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tal efecto, convocará por acuerdo del Ejecutivo a las reuniones de gabinete; acordará con los
titulares de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las
acciones necesarias para dicho cumplimiento, y requerirá a los mismos los informes
correspondientes;
XXIII. Intervenir en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones, renuncias y
jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por la ley a otras
dependencias del Ejecutivo;
XXIV. Tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al Ejecutivo los artículos 146 y 168-A
de la Constitución Política del Estado;
XXV. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra
dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las
instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral;
favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales
para que, en los términos de la Constitución Política del Estado y de las leyes, se mantengan las
condiciones de cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad
democrática;
XXVI. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos municipales,
y con las dependencias y entidades de la administración pública, las políticas y programas de
protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la
prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar
con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo
objetivo;
XXVII. Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo a colonización, asentamientos
humanos y turismo, así como manejar el servicio nacional de identificación personal, en términos
de las leyes aplicables;
XXVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público,
iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
XXIX. Impulsar las políticas públicas en materia de derechos humanos y dar seguimiento a los programas,
mediante estrategias y acciones que contribuyan a prevenir y a eliminar la discriminación;
XXX. Coordinar y apoyar la defensa jurídica de las dependencias y entidades de la administración
pública, en los juicios de amparo en los que se señale como responsables a las autoridades del
Poder Ejecutivo y representar al Titular del Ejecutivo, en todo tipo de controversias, juicios o
acciones de inconstitucionalidad en que éste sea parte con cualquier carácter, esta facultad es
delegable;
XXXI. Supervisar que se dé cabal cumplimiento en el Estado a los acuerdos del Consejo Nacional de
Seguridad Pública;
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XXXII. Presidir el Consejo Estatal de Seguridad Pública en ausencia del Ejecutivo y supervisar que se
instrumenten y de cumplimiento a sus acuerdos;
XXXIII. Dirigir, coordinar, operar y calificar los procesos de evaluación y certificación de los aspirantes e
Integrantes de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, el
Secretariado Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad Pública y dependencias encargadas de la
seguridad pública en los municipios y sus unidades administrativas internas, delegaciones o
coordinaciones;
XXXIV. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con dependencias e instancias federales,
estatales y municipales que ejercen facultades, realicen acciones, ejecuten programas y políticas
públicas en materia de seguridad pública;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
XXXV. Conocer la operación y evaluar los resultados de las entidades paraestatales que se encuentren
sectorizadas a la Secretaría, en relación de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo
vigente y sus respectivos programas;
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
XXXVI. Promover y coordinar acciones y proyectos en materia de salud, educación, bienestar y demás
temas en el ámbito social que sean necesarios para el desarrollo sostenible de la población; y
(ADICIONADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
XXXVII. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones legales y administrativas,
y aquellas que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 22. A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Elaborar el proyecto de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado, en
coordinación con las dependencias y entidades y someterlo a la aprobación del Titular del
Ejecutivo;
II. Llevar a cabo la administración, guarda y distribución de los caudales públicos, la planeación,
programación, presupuestación, ejecución y evaluación de la actividad hacendaria, económica,
financiera, fiscal y tributaria;
III. Llevar a cabo el cobro de los impuestos, contribuciones cualesquiera que sea su denominación,
derechos, productos y aprovechamientos en los términos de las leyes aplicables;
IV. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones derivadas de los convenios de
coordinación fiscal, celebrados por el Estado con la federación o los municipios de la entidad y
vigilar el cumplimiento de dichos convenios;
V. Proporcionar asesoría en materia de interpretación y aplicación de las leyes tributarias del
Estado, a los municipios y a los causantes que lo soliciten y realizar una labor permanente de
difusión y orientación fiscal;
VI. Representar al fisco del Estado y defender los intereses de la hacienda pública del Estado ante
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los tribunales y autoridades judiciales o administrativas, federales, estatales y municipales,
siempre que por disposición de la ley la representación en estos casos no corresponda a otra
autoridad, así como promover toda clase de juicios, incluyendo controversias constitucionales
y el juicio de amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos, interponer toda clase
de recursos en las instancias y ante las autoridades que procedan y endosar en procuración
títulos de crédito;
VII. Formular las denuncias y querellas que legalmente procedan ante el Ministerio Público, y
coadyuvar con éste, en los procesos penales de que tengan conocimiento, y se vinculen con
los intereses hacendarios y fiscales del Estado;
VIII. Programar, operar y controlar el sistema de recaudación de rentas en el Estado;
IX. Cancelar las cuentas incobrables, previo acuerdo con la Secretaría de Fiscalización y Rendición
de Cuentas;
X. Reintegrar las cantidades pagadas incorrectamente por los contribuyentes;
XI. Convenir con los ayuntamientos para que, cuando así se requiera, el Tesorero Municipal asuma
las funciones de Recaudador de Rentas del Estado, por el tiempo que sea necesario;
XII. Recibir, revisar y distribuir en los términos de las leyes y de los convenios aplicables, las
participaciones de impuestos federales que les corresponden a los municipios;
XIII. Recibir, coordinar y registrar, la entrega oportuna de los fondos descentralizados para inversión
que la federación participe al Estado y de los recursos estatales que se descentralicen a los
municipios;
XIV. Obtener, revisar, aplicar y, en su caso, reclamar las participaciones de impuestos federales a
favor del Estado y acudir en auxilio de los municipios, cuando éstos lo soliciten, para gestionar
lo que a ellos les corresponda;
XV. Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Estado, informando al
Titular del Ejecutivo periódicamente sobre el estado de las amortizaciones de capital y pago de
intereses;
XVI. Custodiar y concentrar los fondos y valores financieros del Gobierno del Estado;
XVII. Administrar las erogaciones conforme al Presupuesto de Egresos y organizar, operar y controlar
la contabilidad pública y la estadística financiera del Estado;
XVIII. Presentar al Congreso la cuenta pública estatal, para efectos de su revisión, discusión y, en su
caso, aprobación;
XIX. Proporcionar al Congreso, por conducto de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, la
información que se solicite con relación al funcionamiento de la dependencia;
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XX. Conocer e integrar las propuestas de gasto e inversión pública que formulen las dependencias
y entidades que integran la administración pública y autorizar los montos globales de inversión
pública del Estado;
XXI. Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, estudiar y proyectar sus
efectos en los ingresos del Estado y evaluar sus resultados conforme a sus objetivos,
atendiendo para ello a los sectores beneficiados;
XXII. Otorgar los estímulos fiscales necesarios para el desarrollo económico y social del Estado
previo acuerdo votado por el Consejo de Estado en los términos de esta ley;
XXIII. Otorgar los estímulos y apoyos que apruebe el Consejo de Estado para atraer la inversión al
Estado;
XXIV. Someter al Titular del Ejecutivo para su aprobación, los programas de inversión pública y
autorizar los proyectos derivados de los mismos;
XXV. Programar y operar, los recursos destinados a la inversión pública de las dependencias del
Ejecutivo, de sus organismos auxiliares y de las entidades paraestatales;
XXVI. Establecer y operar un sistema de evaluación y seguimiento de los programas federales y
estatales de inversión pública, conforme a las leyes y acuerdos de coordinación;
XXVII. Representar al Titular del Ejecutivo en la celebración de negociaciones y convenios que
involucren transferencias de fondos, ante la federación, los estados y entidades u organismos
de los sectores paraestatal y privado;
XXVIII. Dirigir y operar los sistemas de administración y nómina del personal, realizar los pagos de
salarios y demás prestaciones de carácter social, ejecutar las retenciones de impuestos y
enterarlas al fisco. En su caso autorizar el pago de premios, compensaciones extraordinarias,
estímulos de productividad, bonos y apoyos a los servidores públicos;
XXIX. Autorizar, para efectos presupuestales, los cambios en la estructura de la administración
pública;
XXX. Tramitar los movimientos de nómina que se reflejen por nombramientos, remociones, licencias,
retiros, pensiones y jubilaciones de los servidores públicos;
XXXI. Administrar por si o a través de los organismos correspondientes los fondos de pensiones de
los servidores públicos. El Estado responderá a sus trabajadores hasta el límite de los fondos
existentes y, en su caso, cuando haya una partida presupuestal que para ese efecto apruebe el
Congreso;
XXXII. Mantener el inventario y control de los bienes muebles e inmuebles del Estado, así como la
contabilidad patrimonial;
XXXIII. Coordinar las funciones del Comité para el Control de Adquisiciones y Operaciones
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Patrimoniales;
XXXIV. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, las
normas de recepción y entrega de los bienes de las dependencias y entidades y vigilar su
cumplimiento;
XXXV. Organizar y reglamentar los programas de retiro voluntario para el personal operativo, de base
y de confianza del Gobierno del Estado, así como los seguros, fondos y estímulos que se juzgue
conveniente;
XXXVI. Participar en los términos de las leyes de la materia, en la celebración de contratos de
compraventa, arrendamiento, seguros, comodato, donación y demás en los que se afecte el
patrimonio del Estado;
XXXVII. Administrar y vigilar los almacenes generales en donde se depositan bienes del Estado;
XXXVIII. Emitir lineamientos sobre contabilidad gubernamental y forma de consolidación de la
información financiera, conforme a la normativa aplicable;
XXXIX. Licitar y adjudicar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con
la normativa aplicable;
XL. Promover, en coordinación con los municipios, la recaudación municipal que se genere en
materia de catastro y de información territorial, y
XLI. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
Para la recaudación de impuestos, derechos, contribuciones y cualquier otra carga tributaria y para el
ejercicio de aquellas atribuciones en la materia que se convengan con la federación y los municipios, la
dependencia tendrá una unidad administrativa especializada denominada Administración Fiscal General.
Las funciones de fiscalización, ejecución, representación legal y defensa jurídica de los intereses de la
hacienda pública y administración tributaria serán ejercidas por la dependencia a través de la Administración
Fiscal General.
ARTÍCULO 23. A la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad
pública del Estado y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo la política criminal y las medidas
que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración pública de
acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a
la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos
y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
20
(REFORMADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
II. Proponer, implementar y evaluar políticas públicas en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia y coadyuvar a la prevención del delito;
III. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía del Estado, garantizar el
desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de
salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del
orden común;
IV. Proponer en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias
de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio del
Estado; y efectuar estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable
en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito;
V. Auxiliar a las autoridades estatales y municipales, que soliciten apoyo en el marco del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, en la protección de la integridad física de las personas y la
preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea policial y de seguridad de
los municipios y localidades rurales y urbanas que lo requieran, intervenir ante situaciones de
peligro cuando se vean amenazados por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminentes;
VI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades estatales y municipales, en aras de
lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el
combate a la delincuencia; así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones
similares, en los términos de la legislación aplicable;
VII. Auxiliar al Poder Judicial del Estado, cuando así lo requiera, para el debido ejercicio de sus
funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno y municipios; y cuando lo
solicite, a la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza en la investigación y
persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán
bajo el mando y conducción del Ministerio Público; y disponer de la fuerza pública en términos
de las disposiciones legales aplicables;
VIII. Proponer al Consejo Estatal de Seguridad Pública el desarrollo de políticas orientadas a
prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos de
delincuencia recurrente o generalizada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades
competentes; fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de
prevención en materia de delitos del fuero común; promover y facilitar la participación social
para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia
de seguridad pública; y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con
relación al ejercicio de estas atribuciones;
IX. Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de
colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de
esta atribución;
X. Diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos
21
generales de las personas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá
ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero
de las personas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente;
XI. Ejecutar las penas por delitos del orden común y administrar el sistema penitenciario y de
justicia para adolescentes en el Estado, en términos de la ley de la materia, de la política
especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; así como organizar y
dirigir las actividades de apoyo a liberados, las solicitudes de extradición, así como los indultos
y el traslado de reos;
XII. Procurar la reinserción social de los procesados y sentenciados en la ejecución de las penas
privativas de la libertad;
XIII. Supervisar el adecuado cumplimiento de tratamientos y medidas de inserción, orientación y
protección en materia de justicia para adolescentes;
XIV. Establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la
integridad, estabilidad y permanencia del Estado, así como contribuir en lo que corresponda al
Ejecutivo, a dar sustento a la unidad, a preservar la cohesión social y a fortalecer las
instituciones de gobierno;
XV. Administrar, coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de información,
comunicación, reportes, registro y bases de datos en materia criminal y de seguridad pública;
desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio
de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes; y establecer
un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de
delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;
XVI. Establecer mecanismos e instancias para la coordinación integral de las tareas y cuerpos de
seguridad pública y policial, así como para el análisis y sistematización integral de la
investigación e información de seguridad pública en el marco del Sistema Estatal de Seguridad
Pública;
XVII. Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con la información de seguridad
pública, así como del ámbito criminal y preventivo que esta Secretaría requiera de dependencias
y organismos competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento de las
atribuciones que le son conferidas;
XVIII. Dirigir y organizar a la Policía del Estado;
XIX. Aplicar las normas, políticas y lineamientos que procedan para establecer mecanismos de
coordinación entre los cuerpos de seguridad pública que existen en el Estado;
XX. Apoyar a las autoridades federales, municipales y de otras entidades de la República en la
adopción de medidas y desarrollo de acciones tendientes a mejorar los servicios de seguridad
pública;
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XXI. Autorizar la prestación de servicios de seguridad a los particulares, así como los servicios de
seguridad privada prestada por éstos;
XXII. Promover la capacitación, profesionalización y modernización de los cuerpos de seguridad
pública del Estado;
XXIII. Vigilar las carreteras, caminos y aeropuertos de jurisdicción estatal, así como las instalaciones
y edificios públicos del Gobierno del Estado;
XXIV. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, con autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad
de México, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares conforme
a la legislación aplicable;
XXV. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en la materia de su competencia
señalan la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado, las leyes federales,
estatales y demás disposiciones aplicables;
XXVI. Diseñar los planes, programas y acciones para la implementación, operación y el desarrollo de
un sistema de seguridad pública metropolitana con los municipios del Estado, así como con
otras entidades federativas;
XXVII. Asumir las funciones de dirección, manejo, operación, supervisión y control del servicio de
seguridad pública municipal y tránsito, así como de su policía preventiva, previa celebración de
los convenios de transferencia específicos suscritos con los municipios;
XXVIII. Asumir el mando único de la policía preventiva de los municipios, en los casos de delitos de alto
impacto, previa celebración de los convenios correspondientes, y
XXIX. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
ARTÍCULO 24. A la Secretaría de Economía le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, coordinar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el
desarrollo, promoción, fomento económico y competitividad, de conformidad con el Plan Estatal
de Desarrollo;
II. Promover e impulsar el establecimiento, ampliación y desarrollo integral de los diversos
sectores que integran la planta productiva del Estado;
III. Participar con otras entidades federativas, en el desarrollo e instrumentación de programas y
proyectos regionales de carácter económico;
IV. Diseñar, proponer y ejecutar las acciones para el establecimiento de nuevos proyectos de
inversión nacional y extranjera en el Estado, vigilando la preservación de los recursos naturales,
23
así como la creación de fuentes de empleo y el impulso al desarrollo tecnológico;
V. Promover, generar, instrumentar y dar seguimiento a los acuerdos del gobierno con las
entidades federativas, otros países y organismos internacionales, que contribuyan al desarrollo
económico y la competitividad del Estado;
VI. Formular, dirigir e impulsar las acciones tendientes a estimular la calidad y competitividad
productiva en el Estado;
VII. Diseñar y proponer, en coordinación con las instancias correspondientes, las obras de
infraestructura necesarias para el establecimiento y ampliación de empresas;
VIII. Apoyar a los municipios del Estado en la formulación de proyectos específicos de inversión;
IX. Impulsar la investigación tecnológica e industrial, dirigida a incrementar la competitividad
productiva y mejora de la calidad de los bienes y servicios;
X. Asesorar a la iniciativa privada para el establecimiento y ampliación de empresas, comercios,
industrias o unidades de producción;
XI. Proponer al Consejo de Estado y al Titular del Ejecutivo el proyecto de estímulos fiscales de
carácter general y apoyos específicos que sirvan para atraer inversiones a la entidad;
XII. Promover los incentivos y estímulos fiscales, financieros y de infraestructura para buscar el
establecimiento y ampliación de empresas en la entidad;
XIII. Formular estudios técnicos para determinar la factibilidad para la creación de parques y zonas
industriales, comerciales y de servicios;
XIV. Supervisar en el ejercicio de sus atribuciones que las empresas, industrias y comercios
instalados en el Estado, ajusten sus actividades a lo establecido en los diversos ordenamientos
jurídicos y administrativos;
XV. Mejorar la competitividad y productividad del Estado de acuerdo a su propia vocación;
XVI. Participar de manera activa en las instancias nacionales e internacionales de competitividad y
desarrollo económico;
XVII. Implementar las acciones y programas para detectar obstáculos a la inversión nacional e
internacional;
XVIII. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de las industrias micros, pequeñas y
medianas en el Estado y apoyar a las mismas en el desarrollo de programas de comercio
exterior;
XIX. Concretar la vinculación de los sectores gubernamental, productivo y educativo, tendientes a
24
incrementar e incentivar la promoción, el desarrollo y la inversión en las distintas actividades
económicas del Estado;
XX. Elaborar e implementar, en coordinación con las instancias competentes de los tres órdenes de
gobierno, el Programa Estatal de Competitividad, como un instrumento económico que permita
contar con las herramientas necesarias para el desarrollo integral de la entidad, en congruencia
con el Plan Estatal de Desarrollo;
XXI. Ejecutar las acciones necesarias que permitan al Estado llevar a cabo análisis prospectivos y
retrospectivos referentes a la situación socioeconómica, demográfica, y otras características de
la población en el contexto estatal, mediante la elaboración de estudios, investigaciones y
proyección de escenarios de carácter cuantitativos y cualitativos, con el fin de coadyuvar a la
planeación, diseño y seguimiento de estrategias, programas, proyectos y acciones en el Estado;
XXII. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXIII. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXIV. (DEROGADA. P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXV. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXVI. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXVII. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXVIII. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXIX. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018); y
XXX. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 25. A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Planear, dirigir y colaborar en evaluar la educación conforme se establece en el sistema
educativo nacional en todos los tipos, niveles y modalidades, promoviendo la participación de
los padres o tutores de los alumnos y de la colectividad;
II. Ejecutar la política educativa en la entidad que permita a los individuos recibir una educación
de calidad, con apego a lo dispuesto en la Constitución Federal y cumplir con los acuerdos que
en materia educativa suscriba el Estado;
III. Diseñar, autorizar e instrumentar los planes y programas de estudios que no sean exclusivos
de la federación y demás para la formación de maestros de educación básica, la Secretaría
también deberá mantenerlos acordes al marco de educación de calidad contemplado en el
Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades detectadas en las actividades
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realizadas a los componentes del sistema educativo nacional y evaluar su cumplimento;
IV. Ofrecer servicios de educación inicial, básica, media y superior, así como de formación para el
trabajo y de adultos en planteles de sostenimiento estatal y, en su caso, proponer la creación
de escuelas e instituciones para lograr y mantener la cobertura universal;
V. Ofrecer educación tecnológica o coordinar la que se imparta a través de organismos
descentralizados, universidades tecnológicas, politécnicas o instituciones de educación
superior;
VI. Planear la formación de los profesionales que requiere la entidad; difundir las necesidades que
de ellos tienen los sectores productivos e impulsar la educación tecnológica y politécnica;
VII. Ofrecer en los términos de la ley de la materia, la educación física, artística y especial y
coordinar los esfuerzos que en materia de la activación y el deporte correspondan al Estado;
VIII. Establecer las metas y diseñar los programas para conseguirlas en materia de disminución del
analfabetismo, incremento del promedio de escolaridad, combate al rezago y mejora de los
indicadores de aprendizaje;
IX. Operar los procesos de formación inicial y permanente de los directivos y docentes del Sistema
Educativo Estatal conforme a la normatividad que para tal efecto expidan las autoridades
educativas federales, sin detrimento de las facultades que a nivel estatal tenga la Secretaría;
X. Organizar, coordinar y contribuir en el ámbito de su competencia en la medición y evaluación
permanente del servicio profesional docente en la educación básica y media superior;
XI. Promover los derechos humanos, la no discriminación, la perspectiva de género, el respeto a la
diversidad, la transparencia y el acceso a la información en los contenidos de los programas
educativos y en el proceso de enseñanza aprendizaje;
XII. Llevar el registro de las instituciones educativas en la entidad, de los profesionistas y sus
colegios, así como de los títulos, certificados y documentación escolar que expidan los planteles
de sostenimiento público o privado incorporados al sistema educativo;
XIII. Resolver sobre la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios a los
particulares que ofrezcan y soliciten la incorporación de servicios educativos;
XIV. Operar los procesos de revalidación y equivalencia de estudios expidiendo las constancias
correspondientes;
XV. Promover el intercambio de experiencias educativas con instituciones nacionales y del
extranjero, así como el académico de estudiantes, maestros e investigadores;
XVI. Promover la vinculación del sector educativo con el productivo de la entidad, del país y del
extranjero;
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XVII. Otorgar becas, estímulos de desempeño y premios a estudiantes, docentes y directivos a través
de los programas que para el efecto se autoricen;
XVIII. Regular y coordinar el servicio social de estudiantes y profesionistas;
XIX. Organizar el sistema de bibliotecas y librerías del Estado y promover la lectura dentro del sector
educativo y en la población en general;
XX. Impulsar la práctica literaria, la edición de libros, recursos didácticos y el desarrollo de
programas informáticos y tecnológicos para apoyar el proceso educativo;
XXI. Ajustar, en su caso, el calendario escolar fijado por la autoridad educativa federal para cada
ciclo lectivo y coordinar con la Secretaría de Gobierno los eventos y actos cívicos del Gobierno
del Estado;
XXII. Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente;
XXIII. Ejecutar de manera concurrente y adicional con las autoridades federales programas para la
inducción, actualización, capacitación y superación de maestros de educación media superior,
los que deberán sujetarse, en lo conducente a lo dispuesto por la normatividad aplicable;
XXIV. Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, en instrumentos de evaluación a
los educandos, así como corroborar que el trato de los educadores hacia aquéllos corresponda
al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Federal, los tratados internacionales
ratificados por el Estado Mexicano, y demás legislación aplicable;
XXV. Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que consideren necesarios para garantizar la
calidad educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio
de sus atribuciones emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
XXVI. Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de
educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, de
conformidad con la normatividad aplicable;
XXVII. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los
maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la
Secretaría de Educación Pública determine, y demás disposiciones aplicables;
XXVIII. Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior
que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo,
la autonomía universitaria y la diversidad educativa;
XXIX. Participar en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión
Educativa, mismos que también deberá proporcionar información para satisfacer las
27
necesidades de operación de los sistemas educativos, de conformidad con la normatividad
aplicable;
XXX. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de
administración escolar;
XXXI. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta
educación obligatoria, vigilando que se rinda ante la comunidad escolar, después de cada ciclo
escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel;
XXXII. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y
seguimiento de quejas del servicio público educativo, y
XXXIII. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 26. A la Secretaría de Salud le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Establecer y conducir la política en materia de salud, con apego a lo dispuesto por la
Constitución Federal y a la Ley General de Salud;
II. Planear, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Salud y proveer la adecuada participación de
los sectores público, social y privado a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la
protección de la salud;
III. Diseñar, instrumentar y evaluar los programas de detección oportuna, medicina preventiva,
servicios a la salud, atención médica de urgencia y hospitalaria, combate a las epidemias, así
como las de salubridad en general y promover su ejecución en las instituciones públicas y
privadas;
IV. Vigilar el cumplimento de las normas a que está sujeta la prestación de servicios de salud en
los sectores público, social y privado;
V. Operar centros de salud, clínicas, hospitales generales, de especialidades, unidades médicas
y consultorios para ofrecer atención médica, según el grado que corresponda;
VI. Procurar la captación y uso eficiente de recursos para el desarrollo de los programas de salud;
VII. Alentar y participar en la formación inicial y permanente de los recursos humanos del sector
salud y promover una distribución cercana a las necesidades de la colectividad;
VIII. Vigilar en coordinación con la Secretaría de Educación, el servicio social, el ejercicio de las
profesiones y las prácticas en el sector salud;
IX. Analizar el fenómeno de la salud en la entidad y proponer la creación de instancias de atención
que resuelvan las necesidades en la materia;
28
X. Promover políticas públicas que garanticen el derecho a la protección de la salud y la vida de
los trabajadores, así como la higiene industrial;
XI. Diseñar y operar un programa permanente para la prevención de enfermedades, adicciones y
accidentes. Estimular la participación social en este programa y la corresponsabilidad de las
personas en el cuidado y mantenimiento de la salud;
XII. Instrumentar políticas públicas para fomentar las buenas prácticas en materia de nutrición y
combatir la obesidad;
XIII. Dictar y ejecutar en el área de su competencia, un programa emergente que atienda las
enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer;
XIV. Impulsar la investigación científica y tecnológica y alentar la formación de recursos humanos en
este campo;
XV. Apoyar las acciones en materia de salubridad local a cargo de los municipios, con sujeción a
las políticas estatales de salud;
XVI. Ejercer la vigilancia y control sanitario en los establecimientos y servicios en los términos de la
Ley Estatal de Salud, y
XVII. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 27. A la Secretaría de Desarrollo Rural le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
(REFORMADA, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2018)
I. Diseñar y coordinar las políticas de desarrollo rural, que mejoren la competitividad y la
productividad agropecuaria, así como formular y ejecutar los planes, programas y acciones para
el desarrollo integral de las personas que viven y trabajan en zonas rurales del Estado,
principalmente aquellos dirigidos a mejorar las condiciones de las mujeres.
II. Formular e instrumentar planes y acciones que eleven el rendimiento, calidad y comercialización
de los productos del campo;
III. Promover la articulación de modelos de desarrollo rural regional, bajo criterios de eficiencia,
productividad y sustentabilidad;
IV. Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos hidráulicos para riego de la entidad;
V. Fomentar la capacitación y las actividades que permitan la adopción y aplicación de tecnología
e insumos para mejorar las condiciones de elaboración, producción y comercialización de
productos del campo;
VI. Establecer y operar un sistema de inspección y verificación de las normas relacionadas con el
sector rural;
29
VII. Coadyuvar con las instancias competentes, en la obtención de la información estadística y
geográfica del sector rural;
VIII. Impulsar los programas de investigación y transferencia de tecnología en el sector rural, en
colaboración con instituciones públicas y privadas;
IX. Promover la organización de productores, ejidatarios, comuneros y grupos sociales para la
instrumentación de programas de beneficio colectivo;
X. Coordinar la ejecución de obras de infraestructura para impulsar el desarrollo rural;
XI. Realizar estudios de evaluación de los suelos para lograr su aprovechamiento racional,
conservación, mejoramiento y debida explotación con una perspectiva de desarrollo
sustentable;
XII. Promover la creación y ampliación de agro negocios, integración de cadenas productivas, así
como alentar la diversificación de unidades de producción;
XIII. Impulsar y coordinar la obtención de fondos para el desarrollo de proyectos y promover los
programas de inversión en el campo;
(REFORMADA, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2018)
XIV. Instrumentar en el ámbito de su competencia, campañas permanentes fitosanitarias y
zoosanitarias de prevención y combate de plagas, siniestros y enfermedades e intercambiar
con los estados del norte del país las experiencias y conocimientos que permitan mejorar los
estándares sanitarios y la comercialización regional de todos los productos agropecuarios.
XV. Promover la participación de productores, empresarios e industriales estatales en exposiciones,
ferias y congresos en materia rural;
XVI. Promover un sistema para la certificación de origen y calidad de los productos agrícolas,
pecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas en el Estado, y
XVII. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 28. A la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social le corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I. Definir, conducir y evaluar la política para el combate de la pobreza, las desigualdades y la
exclusión social, así como para aumentar las capacidades de las personas, de acuerdo a las
características de las diversas regiones del Estado;
II. Propiciar las condiciones para el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos
garantizando el acceso a los programas de desarrollo social;
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III. Diseñar y ejecutar una política de protección social dirigida a las personas en condiciones de
pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, que sea incluyente, que promueva un
desarrollo con equidad y respeto a la diversidad;
IV. Asegurar las formas de participación social y colectiva en la formulación, ejecución,
instrumentación y evaluación de los programas de desarrollo social y determinar las bases de
su participación;
V. Fomentar un desarrollo económico con sentido social que propicie el acceso y conservación del
empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;
VI. Promover programas que alienten la creación de proyectos productivos y autoempleo;
VII. Promover instrumentos que ofrezcan alternativas de financiamiento eficientes y sostenibles;
VIII. Brindar apoyo técnico en materia de desarrollo social y humano a los municipios de la entidad
que lo soliciten;
IX. Realizar estudios e investigaciones para determinar las necesidades de desarrollo social y
humano en el Estado;
X. Ejecutar programas tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios y los espacios de
las viviendas de las familias coahuilenses;
XI. Ejecutar los planes y convenios celebrados con otros órdenes de gobierno y grupos sociales
para el desarrollo individual y colectivo que favorezca a las comunidades del Estado;
XII. Asegurar la adecuada distribución y abastecimiento de los productos de consumo básico o de
necesidad extrema entre la población de escasos recursos;
XIII. Formular y ejecutar políticas públicas que aseguren el tránsito hacia una sociedad más
igualitaria;
XIV. Coordinar las acciones y actividades del Comité para el Desarrollo del Estado de Coahuila de
Zaragoza;
XV. Formular, ejecutar y evaluar planes y programas en beneficio de personas adultas mayores,
con discapacidad, y demás población en situación de vulnerabilidad o de marginación;
XVI. Formular y ejecutar políticas encaminadas al desarrollo integral de la juventud que impacten e
incidan en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo;
XVII. Diseñar y ejecutar acciones con perspectivas de equidad de género y de diversidad juvenil para
incorporar de manera plena y efectiva a los jóvenes en el desarrollo del Estado;
XVIII. Integrar un padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social que cuente con
información estructurada, actualizada y sistematizada;
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XIX. Instrumentar, en coordinación con las dependencias competentes, acciones encaminadas a
mejorar condiciones de marginación;
XX. (DEROGADA, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023), y
XXI. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 29. A la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, le corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:
(REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
I. Formular, ejecutar y evaluar en el ámbito de su competencia las políticas públicas en materia
de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, obras públicas y transporte;
II. Coordinar y gestionar la inversión pública en infraestructura estatal y proponer políticas para
determinar la idoneidad de obras públicas, así como para la licitación y contratación de las
mismas;
III. Formular y dirigir la ejecución de los planes y programas de obras públicas e infraestructura en
la entidad, con el uso de las tecnologías y los sistemas de construcción disponibles que permitan
una mayor eficiencia del aprovechamiento del erario, así como decretar la idoneidad de la obra
por construir;
IV. Construir y conservar las obras públicas y la infraestructura de la red de carreteras y vías de
comunicación de jurisdicción del Estado y las que se le asignen vía convenios;
V. Brindar la asesoría técnica a las dependencias y entidades, así como a los municipios que lo
soliciten, para la planeación, proyección, contratación, ejecución y supervisión de obras públicas
y la conservación de las mismas;
VI. Licitar y adjudicar contratos de obra pública, así como supervisar y vigilar el cumplimiento a la
normatividad vigente y los requisitos técnicos de los proyectos;
VII. Realizar las acciones técnicas y jurídicas tendientes a la adquisición, expropiación, ocupación
temporal, limitación de dominio o servidumbre administrativa de bienes inmuebles o derechos
de propiedad necesarios para la ejecución de infraestructura y liberación de derecho de vía; así
como integrar y mantener actualizado el inventario de los mismos;
VIII. Proponer la concesión en la construcción, administración, operación y conservación de
carreteras y caminos de cuota de competencia local;
IX. Supervisar la operación de aeropuertos y aeropistas a cargo del Gobierno del Estado;
X. Realizar las acciones necesarias tendientes a que el servicio público de transporte se realice
con eficiencia, calidad y seguridad para los usuarios;
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XI. Regular, organizar, orientar, aprobar, controlar y en su caso modificar la prestación de los
servicios públicos de transporte de competencia estatal con la finalidad de alcanzar el objetivo
en materia de movilidad sustentable;
XII. Promover la celebración de convenios con los municipios para concurrir o compartir funciones
que corresponda a éstos en materia de desarrollo urbano, movilidad y transporte público;
XIII. Normar y supervisar el adecuado funcionamiento del transporte público de competencia estatal,
así como otorgar, renovar, prorrogar y cancelar las concesiones y permisos que les
correspondan;
XIV. Expedir, en coordinación con la dependencia competente, las placas y demás documentos de
identificación relacionados con la circulación de los vehículos destinados al servicio público de
transporte en el Estado;
XV. Promover una amplia cultura vial a través de programas innovadores en esta materia;
XVI. Expedir, en coordinación con la dependencia competente, las licencias de conducir en el
Estado;
XVII. Promover y apoyar en coordinación con los municipios, el ordenamiento territorial y el desarrollo
urbano sustentable de los asentamientos humanos y los centros de población del Estado;
XVIII. Promover la creación de reservas territoriales estratégicas y demás acciones necesarias para
la construcción de vivienda, obras públicas, vialidades y áreas verdes;
(REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
XIX. Formular, actualizar, ejecutar y evaluar los programas estatales de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano, y de transporte y movilidad sustentable, así como brindar asesoría y apoyo
que le sea requerido por las autoridades municipales de la entidad para la formulación e
instrumentación de los programas municipales en estas materias;
XX. Formular y emitir los dictámenes de congruencia de los programas y planes de desarrollo
urbano municipal, así como los dictámenes de impacto urbano de los proyectos y obras públicas
y privadas en los términos que fijen las disposiciones legales aplicables;
XXI. Promover y otorgar, asesoría y asistencia técnica, a las autoridades municipales, en materia de
desarrollo metropolitano, coordinación regional e intermunicipal a efecto de fortalecer sus
programas de desarrollo urbano, infraestructura y equipamiento urbano;
XXII. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración, planeación, ejecución, regulación
y evaluación de las políticas, estrategias, programas y proyectos de inversión, en materia de
desarrollo urbano, metropolitano, regional e intermunicipal que establezca el Plan Estatal de
Desarrollo y los Programas de Desarrollo Urbano aplicables;
XXIII. Fomentar con la participación de los municipios un desarrollo metropolitano ordenado y el
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aprovechamiento de los fondos federales y estatales que se dispongan para tal efecto;
XXIV. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXV. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXVI. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXVII. Imponer las sanciones que procedan por la infracción a los ordenamientos legales
correspondientes, y
XXVIII. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 30. A la Secretaría de Medio Ambiente, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular y conducir en el ámbito de su competencia las políticas públicas en materia de
recursos naturales, equilibrio ecológico, saneamiento ambiental, vida silvestre, protección y
restauración ecológica y recursos forestales;
II. Promover el ordenamiento ecológico del territorio estatal, en coordinación con las autoridades
federales y municipales y con la participación de la sociedad;
III. Impulsar políticas transversales en la administración pública para fomentar en la comunidad la
formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación del patrimonio
natural;
IV. Evaluar el impacto ambiental de las obras y actividades que sean competencia del Estado;
resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la
prevención de accidentes con consecuencias ambientales;
V. Dirigir las políticas estatales en materia de prevención y control de la contaminación del
ambiente;
VI. Coordinar la política estatal de cambio climático;
VII. Integrar y actualizar el inventario de todas las fuentes fijas de contaminación que sean de
competencia estatal en la entidad;
VIII. Establecer las políticas en materia de manejo integral de residuos de manejo especial; y
promover y coadyuvar con las autoridades municipales la construcción y mantenimiento de los
centros de confinamiento de residuos;
IX. Regular la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, así
como de las aguas nacionales que tenga asignadas;
X. Proponer el establecimiento de áreas naturales protegidas y promover para su administración
34
y vigilancia, la participación de autoridades federales, municipales, universidades, centros de
investigación y la sociedad civil;
XI. Proyectar, construir y conservar obras de defensa que sirvan para la preservación y
mejoramiento de terrenos;
XII. Diseñar y operar los programas que eviten la destrucción por incendios de la riqueza forestal
del Estado, con acciones de cultura, prevención, detección oportuna, atención inmediata y
coordinación de las diversas autoridades;
XIII. Proponer y opinar sobre el establecimiento y levantamiento de vedas forestales y de caza y
pesca;
XIV. Evaluar la calidad del ambiente y promover el sistema de información ambiental, en
coordinación con las instancias correspondientes;
XV. Promover el desarrollo y uso de las tecnologías para la protección y en su caso, el
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, así como para el uso de fuentes alternativas
de energía;
(REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
XVI. Dirigir estudios, trabajos y servicios meteorológicos y climatológicos;
XVII. Coordinar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la
capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales;
XVIII. Regular la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción estatal, la protección
de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial, así como controlar los ríos y
demás corrientes de jurisdicción estatal y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones,
en coordinación con las instancias correspondientes;
XIX. Coadyuvar con las autoridades municipales en el diseño de programas que garanticen la
prestación de los servicios públicos en condiciones que protejan, y en su caso, remedien el
medio ambiente;
XX. Promover la determinación de criterios para el establecimiento de los estímulos fiscales y
financieros para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del
medio ambiente;
XXI. Integrar proyectos autofinanciables o susceptibles de concesión en materia de medio ambiente;
XXII. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXIII. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXIV. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
35
XXV. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXVI. (DEROGADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018);
XXVII. Aplicar las disposiciones relativas a la protección y trato digno de los animales, dentro de la
esfera de su competencia, y
XXVIII. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 31. A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental;
inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y su congruencia con los presupuestos de
egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública y
validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las
disposiciones aplicables;
II. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como
asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la
administración pública;
III. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública,
de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento,
inversión, deuda y patrimonio;
IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la
realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los
instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la
administración pública, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución
o apoyo de sus propios órganos internos de control;
V. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y
entidades de la administración pública, así como de las unidades administrativas equivalentes
en las empresas productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, asimismo, designar y remover a los
titulares de las áreas de auditoría, denuncias y responsabilidades de los citados órganos
internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de
las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales, representando al
Titular de dicha Secretaría;
VI. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su
desempeño;
VII. Intervenir por sí o a través de los órganos internos de control, en los procesos de entrega y
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recepción de las oficinas de las dependencias y entidades de la administración pública, a efecto
de verificar el procedimiento a seguir y conocer de las incidencias que pudieran resultar en faltas
administrativas;
VIII. Supervisar, por sí o a través de los órganos internos de control, el cumplimiento de convenios
y contratos en los que participen las dependencias y entidades, así como los acuerdos y
convenios celebrados entre la federación y el Estado, asimismo, los que se suscriban entre el
Estado y los municipios;
IX. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de
Zaragoza y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las
normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se
requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría
normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las
mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la administración pública y
promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la administración
pública, la coordinación y cooperación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales,
los órganos constitucionales autónomos, los municipios y demás entes públicos encargados de
regímenes de contratación pública, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de
políticas, normativas y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con
un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel estatal;
X. Llevar el padrón de proveedores y contratistas, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones,
extendiendo la verificación a las obligaciones fiscales y laborales;
XI. Atender las denuncias que presente la ciudadanía con motivo del desempeño del servicio
público y las inconformidades que presenten los particulares con motivo de licitaciones,
convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades;
XII. Archivar y llevar el registro de las actas o instrumentos que contengan la toma de protesta de
los servidores públicos de la administración pública;
XIII. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la administración pública, recibir y registrar
las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su
contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las
disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas
que, en su caso, les hayan sido impuestas;
XIV. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la administración pública que
puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos
correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a
cada área de la administración pública; para lo cual podrán aplicar las sanciones que
correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal de Justicia
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Administrativa de Coahuila de Zaragoza y, cuando se trate de faltas administrativas graves,
ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias
correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y ante
otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;
XV. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, la política general de la
administración pública para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia
en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la
información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;
XVI. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios
correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación
del personal, Servicio Profesional de Carrera;
XVII. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades
de la administración pública y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la
Secretaría de Finanzas;
XVIII. Vigilar que las dependencias cuenten con reglamento interior, manuales de organización,
manuales de procedimientos administrativos, y su congruencia y alineación entre los mismos;
XIX. Organizar, coordinar y evaluar los programas integrales de modernización, desarrollo
administrativo y calidad en las dependencias y entidades;
XX. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia,
integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual
deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones
generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;
XXI. Dictar las normas técnicas y criterios de aplicación a que deba sujetarse la planeación,
programación y evaluación de las acciones, que en materia de informática, se lleven a cabo en
la administración pública y otorgar la asesoría correspondiente;
XXII. Vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de protección a los derechos humanos,
igualdad de género, respeto a la diversidad y protección al medio ambiente;
XXIII. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las
dependencias y entidades de la administración pública;
XXIV. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la
administración pública, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la
expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior,
sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;
XXV. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y
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entidades de la administración pública cumplan con las normas y disposiciones en materia de
sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de
adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles,
almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública;
XXVI. Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control, garantizando la igualdad de
oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para
ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;
XXVII. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión
gubernamentales a los comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la
administración pública paraestatal; así como normar y controlar su desempeño;
XXVIII. Colaborar en el marco de los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización, así como
con los correspondientes en el Estado, en el establecimiento de las bases y principios de
coordinación necesarios que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus
integrantes;
XXIX. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Estatal Anticorrupción, en términos de las
disposiciones aplicables;
XXX. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, así
como al Titular del Ejecutivo, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las
dependencias y entidades de la administración pública, así como del resultado de la revisión
del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales, y promover ante las
autoridades competentes las acciones que procedan para corregir las irregularidades
detectadas;
XXXI. Establecer mecanismos internos para la administración pública, que prevengan actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
XXXII. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la administración pública;
XXXIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos de la administración pública y las Reglas de
Integridad para el ejercicio de la función pública;
XXXIV. Ejercer las facultades que la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado le otorga
a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el
presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales,
recursos públicos federales y participaciones federales según corresponda en el ámbito de su
competencia, y
XXXV. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
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El nombramiento de quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que
someta el Titular del Ejecutivo a ratificación del Congreso, deberá estar acompañado de la declaración de
intereses de la persona propuesta, en los términos previstos en las leyes y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 32. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Coordinar, ejecutar y evaluar la política cultural en la entidad y proponer y en su caso ejecutar
el programa y las acciones que se autoricen para el sector;
II. Alentar la difusión de la cultura y la aproximación de las personas a ella como una forma de
fortalecer la identidad, reconocer el pasado y diseñar el destino de los coahuilenses;
III. Fomentar la investigación, la manifestación y difusión de las artes en sus distintas modalidades;
IV. Promover, difundir y preservar las manifestaciones de la cultura popular del Estado, y rescatar
y preservar las tradiciones que conforman la identidad de los coahuilenses;
V. Alentar e impulsar la participación organizada de la sociedad civil en la promoción y difusión de
la cultura;
VI. Fomentar y coordinar la creación de instituciones y espacios para el desarrollo, promoción y
difusión de la cultura;
VII. Operar museos, teatros, centros de investigación artística, casas de cultura, galerías y librerías
en el Estado;
VIII. Promover y difundir en la entidad la riqueza cultural de sus regiones y hacer lo mismo en el país
y en el mundo para dar a conocer las expresiones artísticas y culturales de los coahuilenses;
IX. Traer al Estado y difundir en sus regiones expresiones artísticas y culturales de otras partes del
país y del mundo que enriquezcan la perspectiva y el espíritu de los habitantes del Estado;
X. Consolidar la Banda de Música del Estado;
XI. Ejercer las acciones correspondientes para la preservación del patrimonio cultural del Estado;
XII. Fomentar la capacitación y profesionalización cultural y artística en la sociedad, y
XIII. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 33. A la Secretaría del Trabajo le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Ejercer las atribuciones que en materia de Trabajo y Previsión Social le correspondan al
Ejecutivo;
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II. Vigilar en el ámbito de su competencia, y coadyuvar con las autoridades competentes, en la
vigilancia y aplicación de las disposiciones laborales contenidas en la Constitución Federal, los
tratados internacionales, la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones de observancia
general;
III. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;
(REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 2018)
IV. Promover e instrumentar, políticas y acciones para el acceso y permanencia al trabajo digno,
que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, así como la inclusión de las personas con
discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad laboral;
(REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 2018)
V. Diseñar y dirigir programas de fomento al empleo, mediante la capacitación y adiestramiento
para el trabajo y la vinculación al sector productivo, incluyendo a las personas con discapacidad,
propiciando su integración en el ámbito laboral tanto en empresas como en oficinas
gubernamentales;
VI. Diseñar y dirigir programas de fomento al empleo, mediante la capacitación y adiestramiento
para el trabajo y la vinculación con el sector productivo;
(REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2019)
VII. Elaborar y resguardar los padrones de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de
jurisdicción estatal que se encuentren registradas ante las instancias competentes;
VIII. Elaborar y resguardar los padrones de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de
jurisdicción estatal que se encuentren registradas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje;
(REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2019)
IX. Coordinar el Centro de Conciliación y vigilar su correcto funcionamiento;
X. Coordinar la Integración de las Juntas Locales y Especiales de Conciliación y Arbitraje y vigilar
su correcto funcionamiento;
XI. Participar, a petición de parte, en la negociación o revisión de contratos colectivos de trabajo;
XII. Intervenir de oficio o a petición de parte, en los conflictos obrero patronales de importancia y
trascendencia en el Estado y mediante el diálogo y la concertación, promover la conciliación
para generar condiciones de paz y estabilidad laboral en el Estado;
XIII. Ordenar y supervisar, en el ámbito de su competencia, las visitas de verificación y de inspección
a los centros de trabajo que sean necesarias, para comprobar el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia laboral y, en su caso aplicar las sanciones administrativas
correspondientes;
XIV. Informar a las instituciones públicas de seguridad y de previsión social, sobre empresas que
omitan otorgar estas prestaciones a sus trabajadores o que trasgredan las normas aplicables,
41
de las cuales tenga conocimiento;
XV. Llevar las estadísticas generales correspondientes a la materia de trabajo;
XVI. Desahogar y emitir dictamen respecto de las consultas sobre la interpretación de las normas en
materia laboral;
XVII. Generar políticas públicas para incrementar la productividad, fomentar la ocupación y el empleo
y mejorar las condiciones laborales en el Estado;
(REFORMADA, P.O. 05 DE JULIO DE 2019)
XVIII. En coordinación con las autoridades federales, organizar ferias del empleo y programas para
vincular la oferta y la demanda en el mercado laboral; facilitando el acceso de los interesados
de manera presencial y por medios virtuales;
(REFORMADA, P.O. 05 DE JULIO DE 2019)
XIX. Ejecutar los convenios y acuerdos que en materia del trabajo suscriba el Poder Ejecutivo del
Estado con la Federación,
(ADICIONADA, P.O. 05 DE JULIO DE 2019)
XX. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
(ADICIONADO, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2018)
ARTÍCULO 33 BIS. A la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, le corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
I. Formular, ejecutar y evaluar en el ámbito de su competencia las políticas públicas en materia
de vivienda y ordenamiento territorial relacionado con vivienda, aguas y regularización de la
tenencia de la tierra de los asentamientos humanos;
II. Formular, actualizar, ejecutar y evaluar los programas estatales de vivienda, así como brindar
asesoría y apoyo que le sea requerido por las autoridades municipales de la entidad para la
formulación e instrumentación de los programas municipales en esta materia;
III. Promover y/o efectuar acciones tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra urbana
y rústica, y de los asentamientos humanos en coordinación con las dependencias o entidades
competentes; así como tomar las medidas para subsanar los que ilegalmente ocurran;
IV. Promover la planeación en materia de vivienda y la inversión en ésta, el equipamiento y
servicios urbanos;
V. Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de vivienda en
coordinación, en su caso, con los ayuntamientos y promover el acceso a las personas,
principalmente a aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, a una vivienda
digna y decorosa;
VI. Promover y apoyar el ordenamiento territorial en relación con vivienda, aguas y regularización
de la tenencia de la tierra de los asentamientos humanos;
VII. Coadyuvar con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad en la formulación
y actualización del programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;
VIII. Coordinar a los organismos estatales que ofrezcan el servicio de agua potable y alcantarillado,
y en su caso, convenir con uno o más municipios la prestación de servicios en áreas
metropolitanas;
42
IX. Colaborar e impulsar estudios en materia hidrológica, que garanticen el cuidado del agua y la
posibilidad de su aprovechamiento para el consumo humano, agropecuario e industrial;
X. Promover políticas e implementar acciones de coordinación institucional que propicien el
mejoramiento, operación y uso eficiente de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado
y saneamiento en zonas urbanas y rurales;
XI. Asesorar y otorgar la asistencia técnica para la creación y funcionamiento de los organismos
descentralizados estatales y municipales, cuando estos últimos lo soliciten, encargados de la
prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, de conformidad a la legislación aplicable en la materia;
XII. Favorecer las buenas prácticas en materia de cuidado del agua, ahorro y uso responsable de
la misma y contribuir en la remediación de este líquido;
XIII. Regular el aprovechamiento y abastecimiento de cuerpos de agua de competencia estatal, y
apoyar a las instancias municipales en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado y saneamiento de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIV. Imponer las sanciones que procedan por la infracción a los ordenamientos legales
correspondientes, y
XV. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
ARTÍCULO 33 TER. A la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, ejecutar y coordinar la política de desarrollo y promoción de la actividad turística
estatal;
II. Promover las zonas de desarrollo turístico en la entidad y apoyar el desarrollo de su
infraestructura, estimulando la participación de los sectores público, social y privado;
III. Establecer programas permanentes para alentar el turismo interno y para promover en el mundo
las riquezas paleontológicas e históricas y la singularidad de la naturaleza del Estado, como un
mecanismo de atracción de visitantes especializados;
IV. Auxiliarse de la Secretaría de Economía para alentar el turismo de negocios y generar
alternativas de esparcimiento para este tipo de visitantes;
V. Promover aspectos de calidad y competitividad en los programas de desarrollo turístico;
VI. Instrumentar programas con los prestadores de servicios turísticos para incrementar el flujo de
turistas a la entidad;
VII. Estimular la creación de organismos especializados para la promoción y difusión de programas
de desarrollo turístico, así como apoyar la formación de asociaciones, patronatos, comités y
demás organismos que auspicien el turismo social, los proyectos turísticos en los pueblos
mágicos y en el medio rural;
VIII. Promover la capacitación de personal especializado con la finalidad de elevar la calidad en la
prestación de los servicios turísticos;
IX. Recopilar, actualizar y difundir la información estadística relacionada con el turismo estatal, así
como aquella de orientación a turistas;
X. Brindar asistencia al turista en sus relaciones con prestadores de servicios;
XI. Participar en acciones coordinadas con las dependencias competentes para auxiliar a los
turistas en casos de emergencia o desastre;
XII. Realizar visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos;
XIII. En coordinación con la Secretaría de Cultura, promover y difundir la cultura del Estado, en
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beneficio del turismo de la entidad;
XIV. Impulsar las actividades culturales, eventos y espectáculos que difundan los atractivos turísticos
y de negocios del Estado;
XV. Administrar y, en su caso, proponer la concesión de los servicios comerciales y de apoyo al
turista, así como promover su mejora, ampliación y modernización;
XVI. Desarrollar e impulsar el aprovechamiento racional de los recursos y atractivos naturales y
culturales de los pueblos mágicos del Estado;
XVII. Gestionar el fortalecimiento de la calidad de los servicios, la innovación y el desarrollo de los
productos turísticos de los pueblos mágicos del Estado;
XVIII. Promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico en el exterior de los pueblos mágicos
del Estado;
XIX. Emitir opinión ante la Secretaría de Economía, en aquellos casos en que la inversión concurra
en proyectos de desarrollo turísticos o en el establecimiento de servicios turísticos en pueblos
mágicos;
XX. Coordinar y supervisar la implementación, el seguimiento y aplicación de los programas
regionales referidos a pueblos mágicos;
XXI. Implementar políticas públicas que fomenten el desarrollo turístico de los pueblos mágicos del
Estado;
XXII. Promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística en los pueblos mágicos y estimular
la participación de los sectores social y privado, y
(REFORMADA, P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2020)
XXIII. Realizar convenios de coordinación y colaboración, con el objeto de regular la prestación de
servicios de hospedaje que se ofrecen mediante plataformas digitales en el Estado.
(ADICIONADA, P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2020)
XXIV. Las demás que le confieran expresamente esta ley, otras disposiciones aplicables y aquellas
que le encomiende el Titular del Ejecutivo.
(REFORMADO, P.O. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024) (ADICIONADO, P.O. 19 DE MARZO DE 2021)
ARTÍCULO 33 QUÁTER. A la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e
Inversión Público Productiva, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Elaborar, formular y ejecutar acciones innovadoras de gestión, administración y ejecución en
diferentes áreas del gobierno estatal, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, la
sociedad civil, la iniciativa privada, entre otros;
II. Coordinar la participación de los sectores público, social y privado, en la formulación y ejecución
de políticas públicas y programas de innovación social;
III. Proponer soluciones para problemáticas que afecten al Estado, con la participación del sector
empresarial y social, que contribuyan al desarrollo sostenible;
IV. Incentivar el desarrollo social y económico del Estado, a través de políticas públicas plurales, con
un enfoque transversal, trascendente y sostenible;
V. Llevar a cabo los proyectos de innovación social que le sean encomendados por el Titular del
Ejecutivo;
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VI. Participar en comités, comisiones y consejos, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y
disposiciones administrativas en la materia o cuando así lo instruya el Titular del Ejecutivo;
VII. Suplir al Titular del Ejecutivo del Estado dentro de los consejos, comisiones y comités ciudadanos
cuando así lo contemplen los ordenamientos legales y administrativos correspondientes o así lo
instruya el Titular del Ejecutivo;
VIII. Celebrar los contratos, convenios y acuerdos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
atribuciones;
IX. Fungir como el enlace del Gobierno del Estado en materia de vinculación ciudadana y proyectos
de innovación social;
X. Establecer vínculos y acciones, para el fortalecimiento de las relaciones entre el Gobierno del
Estado con los distintos órganos y agrupaciones sociales;
XI. Establecer enlaces de colaboración e intercambio con instituciones académicas y de
investigación nacional e internacionales, a fin de enriquecer las políticas y programas en materia
de vinculación ciudadana, proyectos de innovación social e inversión pública productiva;
XII. Organizar foros, coloquios, consejos, comités o cualquier otro mecanismo mediante el cual se
promueva la vinculación y participación ciudadana y los proyectos de innovación social;
XIII. Establecer canales institucionales para incorporar a la agenda pública, los diagnósticos,
propuestas y proyectos derivados de innovación social;
XIV. Promover la responsabilidad social empresarial a través de principios, directrices y estándares,
que garanticen que las operaciones de las empresas se desarrollen en armonía con las políticas
públicas, fortalezcan la confianza entre empresa y sociedad, mejoren el clima para la inversión
extranjera y aumente la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible;
XV. Impulsar los marcos legales y regulatorios, las políticas públicas y las medidas adecuadas para
incentivar la conducta empresarial responsable en distintas áreas productivas relevantes del
Estado;
XVI. Favorecer la contribución positiva de las empresas, a través del desarrollo sostenible, así como
ayudar a prevenir y abordar el impacto negativo de las operaciones, productos o servicios de las
distintas áreas productivas en el Estado;
XVII. Fomentar la aplicación de medidas y estándares internacionales sobre conducta empresarial
responsable;
XVIII. Fungir como enlace y representante de Gobierno del Estado, en los proyectos de responsabilidad
social, en los que se tenga injerencia o participación;
XIX. Incentivar los proyectos de responsabilidad social desde el Gobierno, a través de los mecanismos
45
que la legislación estatal contemple;
XX. Gestionar donaciones a favor del Gobierno del Estado y sus Entidades, para fines sociales;
XXI. Facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y
medidas para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en temas
gubernamentales;
XXII. Desarrollar esquemas de colaboración y participación entre gobierno y sociedad, así como
promover la constitución, capacitación y profesionalización de las organizaciones de la sociedad
civil;
XXIII. Diseñar y ejecutar instrumentos y mecanismos, que contribuyan a que las organizaciones
accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con sus obligaciones correspondientes;
XXIV. Promocionar la participación de las organizaciones, en los instrumentos y mecanismos que
establezca la legislación correspondiente, para la planeación, ejecución y seguimiento de
políticas públicas;
XXV. Evaluar, en el ámbito de su competencia, la viabilidad de los Proyectos de Innovación Social que
le sean propuestos y gestionar ante las instancias competentes los que sean factibles para su
posible implementación;
XXVI. Asesorar, en el ámbito de su competencia, a las personas, grupos, asociaciones y colectivos que
busquen presentar proyectos de innovación social ante las instancias que correspondan, de los
tres órdenes de gobierno;
XXVII. Estudiar, analizar y proponer, tanto al Ejecutivo del Estado como a los ayuntamientos, modelos
financieros que permitan ofrecer fuentes de financiamiento alternas para el incremento de la
inversión pública productiva, mediante proyectos de asociación público privadas en ambos
niveles de gobierno;
XXVIII. Estructurar y desarrollar los modelos de inversión pública productiva, a través de la figura
financiera de asociaciones público privada que requieran las diversas unidades administrativas
de la administración pública del Estado de Coahuila de Zaragoza;
XXIX. Proponer a las dependencias del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, y a las relativas
de los municipios, la instrumentación de modelos de inversión pública productiva a través de
asociaciones público privadas;
XXX. Celebrar con los ayuntamientos del Estado, cuando así se lo soliciten, convenios para
capacitación de funcionarios municipales, en materia de:
a. Aplicación e interpretación de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de
Coahuila de Zaragoza;
b. Integración de comités para la validación de asociaciones público privadas; y
c. Metodología para la estructuración de asociaciones público privadas.
46
XXXI. Colaborar con la Secretaría de Finanzas en el establecimiento de las acciones que permitan dotar
de los elementos técnicos, metodológicos y normativos requeridos para su instrumentación,
consolidación y seguimiento, en aras de lograr una eficiente inversión pública productiva;
XXXII. Colaborar con la Secretaría de Finanzas, en el establecimiento de criterios para la formulación,
financiamiento y evaluación de los proyectos de asociaciones público privadas, en la
administración pública del Estado de Coahuila de Zaragoza;
XXXIII. Proponer a la Secretaría de Finanzas y demás dependencias de la administración pública,
proyectos de asociaciones público privadas, así como evaluar su impacto en los diversos grupos
sociales;
XXXIV. Integrar y administrar la cartera de programas y proyectos de inversión con base en la información
que presenten las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Coahuila
de Zaragoza, relativos a proyectos de asociaciones público privadas;
XXXV. Verificar, en coordinación con las instancias competentes, la congruencia de los proyectos de
asociaciones público privadas que se lleven a cabo, con los objetivos rectores y estrategias
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo;
XXXVI. Elaborar y emitir directrices relativas a esquemas de gasto de asociaciones público privadas, para
su observancia por parte de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado
de Coahuila de Zaragoza; de igual forma, participar en las propuestas de modificación a la
normatividad aplicable relacionada con programas y proyectos de asociaciones público privadas
impulsados por dichas dependencias y entidades;
XXXVII. Proponer criterios, a través de las disposiciones normativas que deben observar las
dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, para
la formulación e inclusión de programas y proyectos de asociaciones público privadas, en sus
respectivos presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal, y en su caso, evaluar los mismos;
XXXVIII. Prestar la asesoría que soliciten las dependencias y entidades de la administración pública del
Estado de Coahuila de Zaragoza, así como, de los municipios, respecto de los criterios y
directrices que haya emitido la propia Secretaría en materia de gasto de asociaciones público
privadas;
XXXIX. Analizar y proponer, en coordinación con las instancias competentes, modalidades de inversión
para programas y proyectos de asociación público privadas en el Estado de Coahuila de Zaragoza
y sus municipios, atendiendo a las circunstancias coyunturales, económicas y sociales,
procurando en todo momento la participación de los sectores público, privado y social en los
mismos;
XL. Llevar a cabo en coordinación con las unidades administrativas competentes del Estado de
Coahuila de Zaragoza, el seguimiento sobre la rentabilidad social y/o económica, de los
programas y proyectos de asociaciones público privadas autorizados por el Congreso del Estado
de Coahuila de Zaragoza, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Asociaciones
Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
47
XLI. Hacer pública la información en materia de programas y proyectos de asociaciones público
privadas, en términos de lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, salvo aquella que sea considerada como de carácter reservado;
XLII. Atender las solicitudes de información de su competencia, en el marco de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
XLIII. Elaborar, en forma conjunta con la Secretaría de Finanzas, la prospectiva de las necesidades del
Estado de Coahuila de Zaragoza en materia de asociación público privada, a mediano y largo
plazo, a partir de los documentos de planeación que elaboren las propias dependencias y
entidades, considerando el esquema de asociaciones público privadas, en aras de evitar el
endeudamiento de los entes gubernamentales;
XLIV. Requerir a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza, por conducto de las unidades competentes en materia de programación y presupuesto
respectivas, la información pertinente para el cumplimiento de sus responsabilidades en materia
de asociaciones público privadas;
XLV. Proponer a la Secretaría de Finanzas, los apartados en materia de gasto, programas y proyectos
de asociaciones público privadas, para en su caso, ser incluidos en la exposición de motivos del
presupuesto de egresos correspondiente;
XLVI. Analizar, y en su caso, adecuar conforme a las legislaciones aplicables en el Estado de Coahuila
de Zaragoza, la experiencia tanto a nivel nacional como internacional, en el diseño y aplicación
de normas y metodologías en materia de asociaciones público privadas;
XLVII. Participar en foros y organismos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en temas relacionados con
asociaciones público privadas y su debida instrumentación;
XLVIII. Atender, de conformidad con la normatividad aplicable, los requerimientos de información y
documentación que efectúe la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, en materia
de programas y proyectos de asociaciones público privadas;
XLIX. Atender los requerimientos y consultas en materia de asociaciones público privadas, que
formulen las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza, que incidan en el ámbito presupuestario;
L. Llevar a cabo los procedimientos de licitación pública, así como los procedimientos de invitación
restringida y adjudicación directa, adjudicación de contratos y suscripción de los mismos, que
sean necesarios para el desarrollo de proyectos de asociaciones público privadas, de
conformidad con la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de
Zaragoza y demás disposiciones aplicables;
LI. Llevar a cabo el registro, análisis y evaluación de los bienes muebles e inmuebles involucrados
en los proyectos de asociaciones público privadas que en su caso se instrumenten, así como
coadyuvar en las negociaciones correspondientes, tendientes a la indemnización de particulares
48
por la afectación de bienes inmuebles, y en su caso, proponer su adquisición a la Secretaría de
Finanzas e incorporación a la reserva territorial del Estado, y
LII. Las demás atribuciones que por la naturaleza de sus funciones sean competencia de la
Secretaría.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
ARTÍCULO 33 QUINQUIES. A la Secretaría de las Mujeres le corresponden los siguientes asuntos:
I. Impulsar, en coordinación con las demás dependencias y entidades de la administración pública estatal,
la incorporación transversal de la perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres en
todas las políticas y programas del Estado;
II. Promover la formulación de políticas públicas para alcanzar la igualdad de género;
III. Impulsar en la población la erradicación de los estereotipos que generan desigualdad para las mujeres
y niñas;
IV. Elaborar, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, el
Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que deberá contener los objetivos,
estrategias y líneas de acción para lograr el avance en la igualdad sustantiva;
V. Coordinar, dar seguimiento y evaluar las acciones que lleven a cabo las dependencias y entidades
estatales, en el marco del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
VI. Desarrollar y dar seguimiento al Programa de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
VII. Impulsar de manera coordinada con las instancias competentes en los tres poderes del Estado y en las
instancias federal y municipales, las estrategias y acciones encaminadas a la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres y niñas;
VIII. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las
mujeres;
IX. Promover el empoderamiento y el avance de las mujeres en todos los ámbitos;
X. Implementar el Programa de Empoderamiento Educativo para las Mujeres que permita el acceso a la
educación de las mujeres con perspectiva de género, así como su permanencia o reingreso a todos los
niveles y modalidades del sector educativo, favoreciendo, a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres;
XI. Promover la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos tanto públicos como privados, con
perspectiva de género, libre de prejuicios, sin patrones estereotipados de comportamiento, prácticas
sociales y culturales basados en conceptos de inferioridad o subordinación;
XII. Fomentar el acceso de las mujeres a servicios financieros y créditos para apoyar las actividades
productivas, la formalización y el crecimiento de las microempresas dirigidas por mujeres;
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XIII. Participar en la operación y seguimiento de programas que emanen del gobierno federal y del ámbito
internacional que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las
mujeres y su acceso a una vida libre de violencia;
XIV. Promover, ante las instancias competentes, el establecimiento de presupuestos etiquetados a las
diversas dependencias de gobierno con perspectiva de género;
XV. Impulsar, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, la
creación de las Unidades de Igualdad de Género;
XVI. Diseñar e implementar planes de formación, capacitación, especialización y profesionalización de las y
los servidores públicos en materia de perspectiva de género, igualdad de género, derechos humanos
de las mujeres y violencia contra las mujeres;
XVII. Impulsar la adopción de prácticas de conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de las mujeres;
XVIII. Promover la participación de las mujeres en el ámbito político;
XIX. Fungir como enlace y representante permanente del Gobierno del Estado ante la instancia federal
competente en la materia;
XX. Coadyuvar en la observancia del debido cumplimiento de las disposiciones legales que forman parte del
orden jurídico estatal, nacional e internacional en materia de protección a los derechos humanos de las
mujeres;
XXI. Proponer iniciativas de reforma al marco jurídico estatal que permitan el avance hacia la igualdad
sustantiva y que garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres, o en su caso, la creación de
nuevas leyes, en colaboración con el Poder Legislativo;
XXII. Establecer vínculos de colaboración con las autoridades responsables de la procuración de justicia y
de seguridad pública para la implementación de medidas de prevención y protección contra cualquier
forma de violencia y/o discriminación contra las mujeres;
XXIII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, así como de las autoridades municipales y de los sectores social y
privado, en materia de igualdad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres, cuando
así lo requieran;
XXIV. Promover en colaboración con las instancias competentes la creación de fuentes y bolsa de trabajo,
así como capacitación para el empleo y emprendimiento para las mujeres;
XXV. Propiciar el acceso de todas las mujeres a los programas sociales y culturales que se establezcan en
la entidad;
XXVI. Promover el acceso de las mujeres a los servicios de salud de calidad considerando las características
de su ciclo de vida, condición social y ubicación geográfica, ante el sector salud público y privado;
50
XXVII. Fomentar, en conjunto con las instancias competentes, acciones para mejorar la condición social, la
inclusión y no discriminación contra las mujeres tanto en el sector urbano como rural;
XXVIII. Impulsar ante las instancias que correspondan la creación y el fortalecimiento de los mecanismos
jurídicos y administrativos para asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres;
XXIX. Fomentar la participación activa de las organizaciones que actúan en la promoción y defensa de los
derechos de las mujeres;
XXX. Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres en
todos los ámbitos;
XXXI. Promover en los medios de comunicación una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, la
eliminación de imágenes estereotipadas de género y el respeto a la dignidad de las personas;
XXXII. Impulsar la cooperación internacional, nacional, estatal y municipal para el apoyo financiero y técnico
para el desarrollo de acciones, programas y proyectos que favorezcan el avance de las mujeres y de la
igualdad de género;
XXXIII. Suscribir acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos
y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de políticas, programas y acciones en
materia de igualdad de género e igualdad de oportunidades para las mujeres;
XXXIV. Realizar periódicamente investigaciones, diagnósticos y recopilación de datos estadísticos y demás
información pertinente sobre la situación en el Estado que sirvan de soporte para el desarrollo de
políticas públicas; y
XXXV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE DICIEMBRE DE 2023)
ARTÍCULO 33 SEXIES. A la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna le corresponden los siguientes
asuntos:
I. Coordinar a las dependencias y entidades en la región laguna, para garantizar el cumplimiento de las
órdenes y los acuerdos del Titular del Ejecutivo;
II. Coordinar en la región laguna, las políticas, estrategias y acciones de seguridad pública que se
implementen en conjunto con las instituciones militares, con las corporaciones policiales federales,
estatales y municipales;
III. Convocar y dirigir las reuniones de coordinación con las dependencias, entidades o unidades
administrativas, cuando se trate de temas relacionados con la región laguna y dar seguimiento a los
acuerdos que se generen;
IV. Atender las necesidades de la ciudadanía de la región laguna, y dar o proponer soluciones a conflictos
sociales;
51
V. Dar seguimiento en la región laguna, a las políticas públicas aplicadas por la administración pública
estatal y realizar su evaluación periódica, con objeto de aportar elementos para la toma de decisiones;
VI. Coadyuvar con las dependencias en la ejecución de programas y proyectos en materia de salud,
derechos humanos, educación, cultura, vivienda y en cualquier otro relacionado con el desarrollo social;
VII. Promover y fortalecer la gestión individual y colectiva en materia social, económica y de turismo;
VIII. Apoyar las actividades y programas científicos, tecnológicos, deportivos y culturales que organice el
Gobierno del Estado;
IX. Participar en la ejecución de programas y obras sociales que favorezcan el bienestar individual y
colectivo;
X. Participar en la distribución y abastecimiento de productos alimentarios básicos a población marginada
o en estado de necesidad;
XI. Actuar como enlace en la región, entre el Titular del Ejecutivo y la sociedad civil, entidades privadas y
los Ayuntamientos;
XII. Representar al Titular del Ejecutivo, ante las autoridades federales, del estado, municipales, de otras
entidades federativas, así como de organismos públicos y privados, en la región laguna;
XIII. Auxiliar a las dependencias y entidades competentes en la organización de actividades y eventos que
fomenten las tradiciones culturales y el deporte;
XIV. Coordinar la atención de las demandas populares dirigidas al Titular del Ejecutivo o a las dependencias;
XV. Dirigir y organizar las unidades administrativas a su cargo y establecer sistemas de coordinación y
colaboración de éstas con las dependencias y entidades para el debido ejercicio de sus funciones;
XVI. Establecer mecanismos de coordinación con las oficinas de las diferentes dependencias ubicadas en la
región para cumplir los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo;
XVII. Colaborar en el ámbito de su competencia, con las acciones que considere pertinentes e inherentes a
su función, con los gobiernos municipales, entidades federativas y las autoridades federales, ubicadas
en la región de la laguna; y
XVIII. Las que le confiera esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, así como las que le
asigne el Titular del Ejecutivo.
La Secretaría, desempeñará sus atribuciones en los municipios de Torreón, San Pedro, Matamoros, Viesca
y Francisco I. Madero.
Cuando alguna de las facultades u obligaciones contenidas en el presente artículo sean concurrentes con
otra dependencia o entidad, deberá ser ejercida en forma coordinada buscando la mayor eficiencia y eficacia
52
en el uso de los recursos y el máximo beneficio para la población de la región laguna.
ARTÍCULO 34. Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la
administración pública y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de
mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán
como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los
objetivos y políticas institucionales, así como al buen desempeño de servidores públicos y órganos, a la
modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos
públicos. Los órganos internos de control de las entidades que cuenten con un régimen específico de control
interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se
crea la respectiva entidad.
Los órganos internos de control tienen la facultad de auditoría prevista en la fracción XXXIV del artículo 31
de esta ley y en ejercicio de esta atribución, se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones,
obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la
información, responsabilidades, combate a la corrupción y demás disposiciones aplicables en la materia y
por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado y la Secretaría de Fiscalización
y Rendición de Cuentas respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y
supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la
administración pública y presentación de informes por parte de dichos órganos.
La Secretaría de Fiscalización y Redición de Cuentas como integrante del Sistema Nacional de Fiscalización
incorporará en su ejercicio las normas técnicas y código de ética, de conformidad con la Ley Nacional del
Sistema Anticorrupción, Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el
referido sistema.
Las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de Fiscalización y Redición de Cuentas
y los órganos internos de control formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación.
Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de Fiscalización y
Redición de Cuentas y de los órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre entregarán
informes al titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las
acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los
distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones
aplicadas por los órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal
de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y las sanciones correspondientes; las denuncias por
actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; así
como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos internos de control
que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente
cobradas durante el periodo del informe.
Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios de coordinación
que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de Fiscalización y
Redición de Cuentas, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión.
53
De acuerdo a lo establecido en las leyes de la materia, así como en las bases y principios de coordinación
emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado, los titulares de los órganos internos de control encabezarán comités de control y
desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión.
TÍTULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 35. La administración pública paraestatal se conforma por las siguientes entidades:
I. Los organismos públicos descentralizados;
II. Los organismos públicos de participación ciudadana;
III. Las empresas de participación estatal, y
IV. Los fideicomisos públicos.
ARTÍCULO 36. La creación, funcionamiento, control y evaluación de las entidades que conforman la
administración pública paraestatal se sujetarán a lo establecido por la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Coahuila de Zaragoza, y sólo en lo no previsto, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del
derecho común.
TÍTULO CUARTO
DE LA JUSTICIA LABORAL
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
(REFORMADO, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2019)
ARTÍCULO 37. El Poder Ejecutivo contará con el Centro de Conciliación a que se refiere el artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un organismo público descentralizado.
Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
(REFORMADO, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2019)
ARTÍCULO 38. El Centro de Conciliación debe ser un organismo especializado e imparcial, con plena
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con funciones de instancia
conciliatoria en conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones, antes de acudir a los órganos
jurisdiccionales en materia laboral a dirimir sus controversias.
Su integración, facultades y funcionamiento se determinarán en las leyes y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 39. Las infracciones a esta ley, serán sancionadas en los términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones que resulten aplicables.
T R A N S I T O R I O S
54
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 30 de noviembre de 2011, salvo las disposiciones
relativas a la Secretaría de las Mujeres, Secretaría de la Juventud y de la Procuraduría para Niños, Niñas y
la Familia, que continuarán en vigor, hasta en tanto no se lleve a cabo la entrega recepción a la dependencia
o entidad que asumirá sus atribuciones.
TERCERO.- Cuando en esta ley se dé una denominación nueva o distinta a alguna dependencia cuyas
funciones estén establecidas por la ley anterior, dichas atribuciones se entenderán conferidas a la
dependencia que determine esta ley y demás disposiciones relativas.
CUARTO.- Cuando alguna de las dependencias conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 30 de
noviembre de 2011, pase a otras secretarías o entidades, el traspaso se hará incluyendo los recursos
humanos, materiales y financieros que tenga asignados para el ejercicio de sus atribuciones.
QUINTO.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, el Congreso
realizará las adecuaciones o elaboración de leyes secundarias que resulten necesarias al marco jurídico, a
fin de hacer efectivas las disposiciones de esta ley.
SEXTO.- En un plazo no mayor a noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor de este Decreto,
deberán de expedirse las adecuaciones a las disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten
necesarias para la aplicación de la presente ley, en tanto, se seguirán aplicando las vigentes en lo que no se
oponga al presente Decreto.
SÉPTIMO-. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente ley, serán
desahogados por las unidades administrativas correspondientes de las dependencias que asuman la
competencia para ello conforme a este Decreto y se regirán por las disposiciones que se encontraban
vigentes al momento que dio inició su substanciación.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de
Zaragoza, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
DIPUTADO PRESIDENTE
SERGIO GARZA CASTILLO
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(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
MARTHA HORTENSIA GARAY CADENA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
CLAUDIA ELISA MORALES SALAZAR
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 18 de diciembre de 2017
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
(RÚBRICA)
56
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA
PRESENTE LEY.
P.O. 43 / 29 DE MAYO DE 2018 / DECRETO 026
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los quince días del mes de mayo del
año dos mil dieciocho.
P.O. 43 / 29 DE MAYO DE 2018 / DECRETO 028
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las disposiciones que se
encontraban vigentes al momento que dio inició su substanciación.
Los asuntos que se presenten para nuevo trámite, así como aquellos a los que hace referencia el párrafo anterior, serán tramitados por las
unidades administrativas que corresponda.
TERCERO. Las áreas que conforme al presente decreto deberán ser transferidas de una dependencia a otra, conservarán las estructuras y
facultades establecidas en los respectivos reglamentos interiores, permaneciendo vigentes y en funcionamiento las disposiciones que las regulan
hasta en tanto se expidan las reformas correspondientes.
CUARTO. La transferencia de las áreas que implica el presente decreto, deberá realizarse en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de
su publicación, mediante la entrega recepción correspondiente.
QUINTO. Los reglamentos interiores de las dependencias a que se refiere el presente decreto deberán adecuarse en un plazo no mayor de 180
días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
SEXTO. En un plazo no mayor de un año contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, se deberá efectuar la armonización del marco
jurídico estatal correspondiente.
SÉPTIMO. Las autorizaciones, permisos y licencias expedidas conforme a las disposiciones aplicables durante la vigencia de la ley que se
reforma, continuarán vigentes hasta la conclusión del término con el que fueron otorgadas.
OCTAVO. Toda referencia a la Secretaría de Infraestructura y Transporte que haga alguna disposición legal o administrativa, así como a la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano, deberá
entenderse hecha a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil dieciocho.
P.O. 99 / 11 DE DICIEMBRE DE 2018 / DECRETO 94
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.
P.O. 100 / 14 DE DICIEMBRE DE 2018 / DECRETO 154
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. En un plazo no mayor a ciento veinte días, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, se deberá efectuar la armonización
de la legislación estatal correspondiente.
TERCERO. Los reglamentos interiores de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, de la Secretaría de Economía y de la
Secretaría de Medio Ambiente, deberán adecuarse en un plazo no mayor a noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
CUARTO. Los reglamentos interiores de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de
Pueblos Mágicos, se deberán expedir dentro de los noventa días siguientes al nombramiento de sus titulares.
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QUINTO. Cuando alguna disposición legal o administrativa haga mención o referencia a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Movilidad, o Secretaría de Medio Ambiente, en materia de vivienda y ordenamiento territorial relacionado con vivienda, aguas y regularización
de la tenencia de la tierra de los asentamientos humanos, según corresponda, deberá entenderse hecha a la Secretaría de Vivienda y
Ordenamiento Territorial.
SEXTO. Cuando alguna disposición legal o administrativa haga mención o referencia a la Secretaría de Economía y Turismo, en materia de
turismo, deberá entenderse hecha a la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.
SÉPTIMO. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, así como la Secretaría de Medio Ambiente, en coordinación con la
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas deberán transferir, a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento
Territorial que se crea, las unidades administrativas a las que correspondan los asuntos que en el presente decreto se le asignan, incluyendo,
en su caso, sus recursos materiales, humanos y financieros que tengan asignados, en un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la
publicación del presente decreto, mediante la entrega recepción correspondiente, sin que ello implique que se deba ampliar el presupuesto de
egresos aprobado para el presente año.
OCTAVO. La Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas,
deberá transferir, a la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, las unidades administrativas en materia de turismo con las que
cuenta la dependencia mencionada en primer lugar, incluyendo, en su caso, sus recursos materiales, humanos y financieros que tengan
asignados, en un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la publicación del presente decreto, mediante la entrega recepción
correspondiente, sin que ello implique que se deba ampliar el presupuesto de egresos aprobado para el presente año.
NOVENO. La Secretaría de Finanzas, en coordinación con las autoridades competentes, deberá realizar las gestiones necesarias para las
adecuaciones o modificaciones presupuestales para la implementación de este decreto.
DÉCIMO. Los trabajadores que con motivo del cumplimiento del presente decreto deban quedar adscritos a una dependencia o entidad diferente
a su actual centro de trabajo, en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales.
DÉCIMO PRIMERO. Las unidades administrativas que se transfieran en términos de los artículos transitorios anteriores, conservarán las
estructuras y facultades establecidas en los respectivos reglamentos interiores, permaneciendo vigentes y en funcionamiento las disposiciones
que las regulan hasta en tanto se expidan las reformas legales, administrativas y reglamentos correspondientes.
DÉCIMO SEGUNDO. Los asuntos en trámite que se encuentren pendientes en la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad,
la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Economía y Turismo, respecto de los asuntos cuya responsabilidad se transfiere a las
dependencias que con el presente decreto se crean, serán tramitados hasta su conclusión por las unidades administrativas a las que corresponda
conforme a los respectivos reglamentos interiores, de acuerdo a lo establecido en el transitorio anterior.
DÉCIMO TERCERO. El Ejecutivo del Estado, dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, propondrá
al Congreso del Estado las reformas a la legislación estatal que se requieran para la modificación de la estructura de la administración pública
paraestatal, o en su caso, emitirá los decretos administrativos conducentes, según corresponda, de conformidad con los artículos 14 y 15 de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los once días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
P.O. 54 / 05 DE JULIO DE 2019 / DECRETO 291
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los doce días del mes de junio del año dos mil diecinueve.
P.O. 98 / 06 DE DICIEMBRE DE 2019 / DECRETO 385
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. El Congreso del Estado, en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo
las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.
TERCERO. En los términos que dispongan las leyes, se deberá prever la competencia de los Tribunales Laborales, así como lo relativo a su
integración.
CUARTO. Para la integración, instalación y operación de los Tribunales Laborales, el Consejo de la Judicatura determinará mediante un proceso
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de gradualidad, su inicio de operación en los Distritos Judiciales que, conforme a dicho proceso, determine.
QUINTO. La reforma relativa a los artículos 37 y 38 de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,
continuarán en vigor hasta que concluyan sus funciones las Juntas Locales y Especiales de Conciliación y Arbitraje en los términos de los
transitorios del presente decreto y demás disposiciones aplicables.
SEXTO. Los procedimientos que se encuentren en trámite una vez que entren en funciones el Centro de Conciliación y los Tribunales Laborales
serán concluidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio, en términos
de las disposiciones aplicables.
SÉPTIMO. En los términos del instrumento de creación del Centro de Conciliación previsto en la presente reforma, se deberá contemplar lo
relativo a la integración, facultades y funcionamiento, así como al inicio de sus operaciones.
OCTAVO. En tanto se instituye e inicia operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el organismo
descentralizado a que se refiere el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, las Juntas
Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y
sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.
NOVENO. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberán remitir al organismo descentralizado que
se refiere en el artículo cuarto del presente régimen transitorio, una relación de los emplazamientos a huelga que se encuentren en trámite en
un plazo no mayor a ciento veinte días naturales después de la entrada en vigor del presente decreto.
DÉCIMO.- Las autoridades competentes y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberán transferir
los procedimientos, expedientes y documentación que tengan bajo su atención o resguardo, en el ámbito de sus respectivas competencias, al
organismo descentralizado, citado en el artículo cuarto del presente régimen transitorio, que se encargará de atender los asuntos relacionados
con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.
DÉCIMO PRIMERO.- Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro de los ciento veinte días
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, presentarán al Titular de la Secretaría del Trabajo y a la autoridad local que
corresponda, respectivamente, un plan de trabajo con un plazo máximo de duración de cuatro años para la conclusión de los asuntos en trámite
y para la supresión gradual de dichos órganos.
El plan de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, se deberá implementar a partir del inicio de operaciones del Centro de Conciliación y deberá
contener indicadores de medición de resultados e impacto por periodos semestrales, correspondiendo la medición de resultados e impacto al
Órgano Interno de Control de cada Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
DÉCIMO SEGUNDO.- El Congreso del Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las adecuaciones presupuestarias necesarias
para dotar de los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes, para el cumplimiento del presente decreto, en términos de las
disposiciones aplicables.
DÉCIMO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
P.O. 84 / 20 DE OCTUBRE DE 2020 / DECRETO 746
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los siete días del mes de octubre del año dos mil veinte.
P.O. 23 / 19 DE MARZO DE 2021 / DECRETO 36
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- En un plazo no mayor a ciento veinte días, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, se deberá efectuar la armonización
de la legislación estatal correspondiente.
TERCERO.- El reglamento interior de la Secretaría de Inversión Pública Productiva se deberá expedir dentro de los noventa días siguientes al
nombramiento de su titular.
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CUARTO.- En un plazo no mayor a sesenta días, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se deberá efectuar la armonización
del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Lineamientos Técnicos de aplicación
para proyectos de Asociación Público Privada del Estado de Coahuila de Zaragoza, los Lineamientos Financieros de aplicación para proyectos
de Asociación Público Privada del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como las demás disposiciones administrativas.
QUINTO. La Secretaría de Finanzas, en coordinación con las autoridades competentes, deberá realizar las gestiones necesarias para las
adecuaciones o modificaciones presupuestales para la implementación de este decreto.
SEXTO.- Los trabajadores que con motivo del cumplimiento del presente decreto deban quedar adscritos a una dependencia o entidad diferente
a su actual centro de trabajo, en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales.
SÉPTIMO.- Los procedimientos ya iniciados conforme a las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto,
continuarán regulándose bajo dichas disposiciones, esto, hasta el momento en que se emita el dictamen de viabilidad por parte del Comité de
Proyectos o Comité Municipal de Proyectos, según corresponda y; posteriormente deberán ajustarse a lo establecido en el presente Decreto.
OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en lo que respecta a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
en materia de asociaciones público privadas, en cualquier mención hecha a la Secretaría de Infraestructura, deberá entenderse referida a la
Secretaría de Inversión Pública Productiva, conforme a las atribuciones que a esta se le confieren en el presente decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno.
P.O. 103 / 26 DE DICIEMBRE DE 2023 / DECRETO 675
PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil veinticuatro.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.
FE DE ERRATAS / P.O. 104 / 29 DE DICIEMBRE DE 2023 / DECRETO 675
PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil veinticuatro.
Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo anterior, la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional adscrita al Despacho del
Ejecutivo, continuará en funcionamiento y ejerciendo todas sus atribuciones que contemplen su Reglamento Interior y demás disposiciones
legales y administrativas, hasta en tanto, el Ejecutivo del Estado determine, mediante reglamento o cualquier otra disposición administrativa, su
nueva adscripción o bien, quien deberá sustituirla. Una vez cumplido lo antes señalado, se procederá en los términos del transitorio noveno del
presente decreto.
TERCERO. Dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, las dependencias y unidades
administrativas de nueva creación, deberán remitir a la Consejería Jurídica los anteproyectos de reforma o de nuevos reglamentos interiores
para someterlos a consideración del Titular del Ejecutivo.
CUARTO. Se abroga el Decreto de creación del Instituto Coahuilense de las Mujeres, publicado el 12 de enero de 2018, en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.
No obstante lo anterior, las disposiciones relacionadas con el Consejo Consultivo a que se refiere dicho decreto, continuarán en vigor hasta que
se expida el Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres.
QUINTO. Cuando en una ley, reglamentos o cualquier otra disposición administrativa, se haga referencia o se establezcan facultades y
obligaciones al Instituto Coahuilense de las Mujeres, se entenderán hechas o conferidas, según sea el caso, a la Secretaría de las Mujeres.
El Reglamento Interior del Instituto Coahuilense de las Mujeres será aplicable a la Secretaría de las Mujeres en lo que no se oponga al presente
decreto, y continuará en vigor hasta que no se expida el Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres.
Todos los recursos humanos, financieros y materiales asignados al Instituto Coahuilense de las Mujeres, deberán ser reasignados a la Secretaría
de las Mujeres.
Los asuntos en trámite que se encuentren pendientes en el Instituto Coahuilense de las Mujeres se continuarán hasta su conclusión, por la
Secretaría de las Mujeres.
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Los derechos y obligaciones derivados de convenios celebrados por el Instituto Coahuilense de las Mujeres, serán asumidos por la Secretaría
de las Mujeres.
SEXTO. Cuando en una ley, reglamentos o cualquier otra disposición administrativa, se haga referencia o se establezcan facultades y
obligaciones a la Unidad de Atención Regional en la Laguna, se entenderán hechas o conferidas, según sea el caso, a la Secretaría de Desarrollo
Regional de la Laguna.
El Reglamento Interior de la Unidad de Atención Regional en la Laguna será aplicable a la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna en lo
que no se oponga al presente decreto, y continuará en vigor hasta que no se expida el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Regional de la Laguna.
Todos los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Unidad de Atención Regional en la Laguna, deberán ser reasignados a la
Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna.
Los asuntos en trámite que se encuentren pendientes en la Unidad de Atención Regional en la Laguna se continuarán hasta su conclusión, por
la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna.
Los derechos y obligaciones derivados de convenios celebrados por la Unidad de Atención Regional en la Laguna, serán asumidos por la
Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna.
SÉPTIMO. El personal que con motivo de la aplicación del presente decreto deba quedar adscrito a una dependencia diferente a su actual centro
de trabajo, en ninguna forma resultará afectado en sus derechos laborales.
OCTAVO. La Secretaría de Finanzas, deberá realizar las gestiones necesarias para las adecuaciones presupuestales, con el fin de dar
cumplimiento al presente decreto, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
NOVENO. La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en coordinación con las Secretarías de nueva creación y de las unidades
administrativas que cambian de adscripción en cumplimiento al presente decreto, deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para los efectos
de la entrega recepción que corresponda.
DÉCIMO. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso realizará las modificaciones a
la legislación estatal que resulten necesarias.
DÉCIMO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
P.O. 76/ 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / DECRETO 101
PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TERCERO.- Cuando en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, otras leyes, reglamentos, lineamientos
o cualquier otra disposición administrativa, así como en procedimientos ante autoridades, se haga referencia o se establezcan facultades y
obligaciones a la Secretaría de Inversión Pública Productiva, se entenderán conferidas o impuestas, según sea el caso, a la Secretaría de
Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva.
CUARTO.- Los asuntos en trámite que se encuentren pendientes en la Secretaría de Inversión Pública Productiva, se continuarán hasta su
conclusión, por la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva.
QUINTO.- En un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, se deberá efectuar
la armonización de los ordenamientos legales y administrativos que correspondan.
SEXTO.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, se
deberá expedir dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
SÉPTIMO.- La Secretaría de Finanzas, deberá realizar las gestiones necesarias para las adecuaciones presupuestales, con el fin de dar
cumplimiento al presente decreto, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
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OCTAVO.- La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en coordinación con la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de
Innovación Social e Inversión Pública Productiva, y de las unidades administrativas que cambien de adscripción en cumplimiento al presente
Decreto, deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para los efectos de la entrega recepción que corresponda.
NOVENO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.
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