<![CDATA[Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima
Dirección de Procesos Legislativo
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Ley publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 05 de junio de 2021.
DECRETO NO. 454
Se expide la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima.
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Colima, a sus habitantes hace sabed:
Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente
D E C R E T O
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES:
1. El día 23 de mayo de 2019, la entonces Diputada Jazmín García Ramírez presentó
una Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar una fracción al artículo 4 y
reformar el artículo 54 de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Colima.
2. Mediante oficio DPL/0481/2019 de fecha 23 de mayo de 2019, los CC. Diputados
Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Justicia,
Gobernación y Poderes; y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al
Migrante, la iniciativa suscrita por la entonces Diputada Jazmín García Ramírez.
3. El día 08 de agosto de 2019, la entonces Diputada Jazmín García Ramírez presentó
una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se pretende expedir la Ley
del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima.
4. Mediante oficio DPL/0752/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, los CC. Diputados
Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Derechos
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, la iniciativa suscrita por la
entonces Diputada Jazmín García Ramírez.
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5. El día 17 de noviembre de 2020, se recibió en la Dirección de Procesos Legislativos
el oficio SGG 275/2020, mediante el cual, se remite la Iniciativa de Ley con Proyecto
de Decreto mediante la que se pretende expedir la Ley del Instituto de Defensoría
Pública del Estado de Colima, suscrita por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado.
6. Mediante oficio DPL/1807/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, los CC.
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a las
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; y de Justicia,
Gobernación y Poderes, la iniciativa suscrita por el Lic. José Ignacio Peralta
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado.
7. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales
convocó a sus integrantes y a quienes conforman la Comisión de Justicia,
Gobernación y Poderes, a reunión de trabajo a celebrarse a las 12:30 horas del 29
de abril de 2021, en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a afecto de
analizar, discutir y, en su caso, dictaminar las iniciativas que nos ocupan.
Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a
realizar el siguiente:
ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS
I.- Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se pretende adicionar una fracción
al artículo 4 y reformar el artículo 54 de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Colima,
suscrita por la entonces Diputada Jazmín García Ramírez, dispone que:
“E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S
Ser jurisconsulto es una profesión que amerita que las asesorías y
conducciones de litigio sean de calidad, fundando y motivando siempre el actuar
que conlleve a la toma de decisiones sobre el asunto ventilado para alcanzar,
en lo mejor posible, el interés de la persona cuya situación le aqueja.
En ello tenemos dos vertientes, aquellas que se concretan hasta la última
secuela procesal del litigio, conocida como representación y aquellas donde
sólo son consultas.
En particular, trataré lo que respecta a la representación, haciendo la diferencia
con la mera asesoría de consulta. Esta última es aquella donde la persona
experta en Derecho ofrece su punto de vista profesional y técnico, fundando o
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motivando la vía legal sugerida, opinión o análisis del caso, la cual no implica
llevar el litigio en todas las etapas procesales.
La segunda de ellas, es aquella donde se asume la representación de la
persona con una dificultad legal y se acciona para realizar los procesos
correspondientes hasta el fin último, en el cual la sentencia causa estado. Sin
embargo, la representación puede ser coartada cuando la persona
representada así lo manifieste y, por ende, se deje de ocupar la representación
por el motivo que fuere.
Derivado de este razonamiento encontramos el deber del Estado para
proporcionar a la sociedad el acceso a jurisconsultos, quienes se encuentran
adscritas a los lineamientos que marca la Ley de Defensoría Pública del Estado
de Colima y reciben una remuneración por parte del Estado, en el caso de
Colima de la Secretaría de Finanzas.
A razón de lo anterior, la suscrita quien posee la licenciatura en derecho ha
visualizado una particularidad innata propia de la ciudadanía, toda vez que en
los días pasados se brindó atención técnica - jurídica a quienes acudieron al
curul por problemas de índole administrativo-legal, donde con puntualidad se
les orientó y, en su caso, se les proporcionó el líbelo con todas sus perspectivas
de argumentación jurídica dirigido a la autoridad competente, para que se
solventara en una jurisdicción administrativa en particular, argumentando en lo
general la nulidad lisa y llana, la ilegalidad, hasta su inconstitucionalidad del
acto reclamado.
En consecuencia, en un análisis de los asuntos atendidos, se ponderó la
capacidad misma de la estructura del Estado con base a la Defensoría Pública
para la atención de los temas, visualizando que en el apartado relacionado con
la atención y asesoría del ramo administrativo es inexistente la fundamentación
y viabilidad para que el defensor de oficio en ese ramo, pueda darle la
representación y conducción de un litigio a la ciudadanía.
Hay que ser expresivos, la relación supra - subordinación del Gobernante con
el gobernado es extensa y atañe en lo general al ramo administrativo en una
línea delgada con la rama penal, e incluso alcanza hasta las responsabilidades
administrativas, por lo que es deber del Estado proporcionar a la población
defensoría de oficio que les permita el acceso a la justicia, en su vertiente de
representación jurídica para la conducción de litigio en el ramo administrativo.
Ello trae su sustento los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como los normativos 1, 2, 4,
fracción II y 15, fracción VI, de la Ley Federal de Defensoría Pública; 208
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fracción II Ley general de Responsabilidades Administrativa; 1, 2 fracción VII,
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 de la Ley de la
Defensoría Pública del Estado de Colima.
Al efecto es de precisarse las Leyes generales que así confieren la necesidad
de tener un defensor en materia administrativa que no solo brinde la asesoría,
si no que pueda llevar la condición del litigio, es decir, la representación misma
bajo los elementos que son de orden público y de observancia general bajo la
supremacía que de ellas emanan apoyados en los tratados internacionales
basados en el derecho humano de representación judicial y acceso efecto a la
justicia.
Aunado a lo anterior, la Constitución General en su artículo 17 establece, entre
otras cosas, que: “La Federación y las entidades federativas garantizarán la
existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población”;
y que además el artículo 6, del Convenio de Roma, del que México forma parte,
establece que todo acusado tiene derecho, como mínimo, entre otras cosas: “…
a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo,
poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses
de la justicia lo exijan”, por lo que de conformidad al artículo 1 de la Constitución
General toda autoridad, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentra
obligada a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la
Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, en consecuencia se
desprende la obligación constitucional y convencional del Estado de garantizar
la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población,
que garantice el derecho a procesos judiciales y administrativos equitativos.
En consecuencia, se sustenta la presente propuesta de reforma para brindar a
la población colimense. Esto sin olvidar hacer la precisión que la infraestructura
actual y normativa le permite a la Defensoría Pública requerir en el momento
oportuno de acuerdo al momento fiscal vigente para hacer los ajustes
necesarias de plantilla de personal, hacer los estudios de impacto para recrear
los escenarios para medir el numero de atencion de casos que podrá tener el
profesionista y establecer una modalidad de validación para aquel ciudadano
que solicite la representación jurídica de conducción de litigio toda vez que está
dentro de sus facultades bajo el marco normativo actual.
No obstante ello, también es de precisar que el carecer de la representación en
la normativa estatal de la defensoría de oficio tal cual, abre la puerta para que
pueda caerse cualquier proceso de responsabilidad administrativa, o actividad
jurisdiccional de impartición de justicia en el ramo, ya que será equiparable una
mala defensa en materia penal que han dado lugar a amparos que reponen el
procedimiento en su totalidad, a no tener en la ley la facultad de que el defensor
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pueda representar al ciudadano, porque se actualizaría el carecer de ello la
violación flagrante al derecho de acceso a la justicia y la representación judicial.”
II.- Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se pretende expedir la Ley del
Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, suscrita por la entonces Diputada
Jazmín García Ramírez, dispone que:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestro Estado la Defensoría Pública carece de independencia financiera,
patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión. En diferentes
entidades de la República Mexicana la situación es similar, con una serie de
variables donde, por un lado la defensoría pública depende del Poder Judicial y
otros Estados que la ubican a esta dependencia como dependiente del Poder
Ejecutivo.
Si se ve más a fondo, se detecta que los Estados de Aguascalientes,
Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Nuevo León gozan de una
defensoría pública con patrimonio propio; no obstante cinco de ellos no tienen
autonomía financiera. Aunado a ello, esas mismas 5 entidades colocan a la
Defensoría Pública como parte de uno de los poderes de sus Estados.
La Ciudad de México, a partir de 2017, dotó de autonomía a la Defensoría
Pública, creando el Instituto de la Defensoría Pública de esa entidad; empero,
su operación sigue pendiente a pesar de ser un precepto constitucional.
Debatir y tratar la naturaleza jurídica idónea de la Defensoría Pública de nuestro
Estado es una excelente oportunidad para asegurar y velar por los derechos
humanos de todas las personas en nuestro territorio. Estar a la altura de los
estándares internacionales será crucial y sirve de modelo en nuestra región, así
como Ciudad de México ha servido de modelo en diferentes partes del país.
Dentro del ámbito internacional se puede observar que el artículo 11 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que “toda persona
acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le
hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Sin
embargo, con dificultad en nuestro Estado las garantías son aseguradas, debido
a la realidad económica, política y social. Cuando lo correcto sería no sólo en
esa materia de derecho, sino otras ramas que la sociedad necesita.
En ese mismo tenor, la Convención Americana de los Derechos Humanos tiene
dos disposiciones sobre el derecho a la adecuada defensa. En la fracción d) del
mencionado artículo sobre las Garantías Judiciales, se señala que toda persona
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inculpada por un delito tiene derecho “de defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente
con su defensor”. Asimismo, en la fracción e) se establece “el derecho
irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere
por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”.
Por otro lado, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, señala las garantías
del derecho a un proceso equitativo, y en su artículo 6 enlista los derechos
mínimos que todo acusado tiene, entre estos, en su párrafo 3 inciso c) “a
defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si
carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un
abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan”.
Dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo se busca la paz, justicia e instituciones
sólidas a nivel internacional. En el ámbito de Defensoría Pública y el
aseguramiento de los Derechos Humanos, el objetivo 16 se pone como metas:
Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas.
Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo
sostenible.
Aunado a ello, los mismos ODS enfocan su actuar en la defensa de los
Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades y el principio de “no dejar a
nadie atrás”; esto se vincula directamente con la importancia de un Instituto de
Defensoría Pública que goce de la autonomía ya prevista en la Constitución del
Estado Libre y Soberano de Colima.
Constitucionalmente México reconoce la salvaguarda del derecho a la defensa,
sirviendo de pilar el respeto a los derechos humanos, debiendo ser un abogado
o abogada quien intervenga y ayude a la persona a defenderse; sin que haya
menoscabo por su condición económica, social o de cualquier otra
vulnerabilidad reconocida por nuestras leyes.
Por otro lado, la misma Constitución Federal establece en su artículo 17 que
“La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un
servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las
condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las
percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan
a los agentes del Ministerio Público".
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Aunado a lo anterior, es evidente que debido a la saturación de trabajo, la falta
de autonomía financiera y las áreas de oportunidad en la operatividad del
sistema actual de Defensoría Pública de nuestro Estado, no se cumple con la
normativa de brindar un servicio de defensoría pública de calidad para la
ciudadanía y de carrera para el personal
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, ya garantiza la
existencia de un Instituto de la Defensoría Pública del Estado, pero su
autonomía carece de patrimonio propio, personalidad jurídica, libertad de
gestión y autonomía financiera. No obstante lo anterior, ya se ha presentado la
iniciativa que permitirá que a nivel constitucional el Instituto en cuestión cuente
con las atribuciones necesarias para su buen ejercicio y funcionamiento.
Es importante mencionar que esta propuesta contempla que el Instituto de la
Defensoría Pública del Estado de Colima cuente con los mecanismos jurídicos
y una naturaleza política de carácter especializado e imparcial, tal como es el
caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, el Instituto
Electoral del Estado de Colima, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado de Colima, entre otros.
El funcionamiento planteado de este Instituto permitirá que el sistema de
Defensoría Pública del Estado de Colima no se ve menguado debido a las
cargas de trabajo excesivas, la falta de recursos materiales y carencia de
autonomía de los abogados que prestan el servicio. Pudiendo con ello lograr un
nuevo sistema de organización, desarrollo, capacitación y modernización que
permita una verdadera defensoría pública.
Este Instituto también permitirá que se protejan los derechos laborales y se
promueva un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para las y los abogados y
profesionistas del sistema de Defensoría Pública. Lo anterior derivado a que se
perfeccionaría un Servicio de Carrera que garantice sus derechos laborales, su
crecimiento, evaluación y mejoramiento profesional.
Es nuestro deber como Diputadas y Diputados propiciar e implementar leyes
que respeten y hagan efectivas las garantías contempladas en los tratados
internacionales firmados por los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, se
deben buscar los mecanismos para dar independencia y autonomía funcional a
la Defensoría Pública de nuestra entidad, a fin de asegurar el pleno ejercicio del
derecho a la defensa de las personas.”
III.- Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se pretende expedir la Ley del
Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, expedir la Ley del Instituto de
Defensoría Pública del Estado de Colima, suscrita por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado, dispone que:
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La protección de los derechos humanos resulta un componente indispensable
para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, por ello, entre las metas y
objetivos de la Administración Pública del Estado, preponderantemente se
encuentra generar políticas encaminadas a salvaguardar los derechos y
garantías de los colimenses.
El acceso a la justicia es un derecho trascendental dentro de los que integran
la esfera de derechos humanos consagrados por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y una de sus aristas es el servicio de defensoría
pública que el Estado debe prestar a los particulares, como así lo establece el
artículo 17, párrafo séptimo, de la Carta Magna, que señala: “La Federación y
las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría
pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un
servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los
defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del
Ministerio Público.”
En este sentido y con el firme afán de alcanzar mayores y mejores niveles en la
defensa y representación jurídica de los miembros de la sociedad que así lo
requieren, se estima conveniente realizar una reforma integral del sector;
retomando el sentido original de la justicia, esto es garantizar la igualdad de
todos ante la ley, que sólo puede cobrar vigencia mediante el combate a la
unidad y la protección de los Derechos Humanos.
Asimismo, un factor de eficacia del Estado, es el ajuste de la norma a las
exigencias sociales, económicas y políticas que cada momento va presentando.
Ante el dinamismo con el que está impregnada la vida de la sociedad; debe
actualizarse el marco jurídico, de modo que las circunstancias del momento de
creación de una norma, no es dable que se mantengan estáticas en los
sucesivos momentos de su aplicación; por ello, es necesaria también su
evolución ante las nuevas condiciones del conglomerado social.
Por lo anterior, se propone una restructuración de los servicios de asesoría y
representación jurídica, a través de un instrumento jurídico denominado Ley del
Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, misma que se caracteriza
por proporcionar defensa penal de alta calidad profesional y gratuita a las
personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velar por la
igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuar con profundo respeto por la
dignidad humana de los representados, ofrecer servicios a los adolescentes de
conformidad con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes y asesorar en asuntos civiles, familiares, administrativos,
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mercantiles, agrarios y de amparo a quienes así lo soliciten y no se encuentren
en condiciones de retribuir los servicios de un abogado postulante.
Bajo el marco jurídico renovado se generarán mejores condiciones para el
desempeño de los defensores públicos, con lo que se busca fortalecer el
servicio que la Defensoría Pública presta a la sociedad colimense.
En cumplimiento a lo señalado, el proyecto que se presenta, propone una nueva
Ley que contempla la creación del Instituto de la Defensoría Pública del Estado
de Colima como un organismo público descentralizado sectorizado a la
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica,
patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión en el desempeño
de sus funciones para el cumplimiento de su objeto.
Lo anterior derivado de la importancia de la defensoría pública, que debe
concebirse como una obligación del Estado para preservar tanto los derechos
humanos como las garantías procesales; la defensa, desde su concepción más
amplia, representa un derecho natural y fundamental para preservar la dignidad
e integridad de cualquier persona. Por lo que las garantías y derechos que
nuestra Constitución Federal y la propia del Estado, relativas al acceso a la
justicia, serán posibles con la reestructuración de la organización y
funcionamiento de la defensoría pública en el Estado.
De acuerdo al marco jurídico de nuestro país y en armonía con diversos
instrumentos internacionales como la Declaratoria Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la
Convención Americana de Derechos Humanos, se debe contar con un
organismo que atempere lo mandatado constitucionalmente para dar
cumplimento al principio de una defensa adecuada que vigile y garantice el
debido proceso, aunado a la realidad jurídica de la transición de un sistema de
justicia penal mixto a la consolidación un sistema acusatorio adversaria!;
imperando la necesidad de replantear la existencia de una institución pública
alineada a los dictados de la Carta Magna Federal en lo que a la defensa técnica
adecuada y de calidad se refiere.
Asimismo, en los últimos años, el Gobierno de la Federación a través de
reformas integrales y de expedición de ordenamientos jurídicos, ha dado pasos
firmes en la protección y salvaguarda del derecho de acceso a la justicia, como
lo demuestra la reforma a la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 18 de junio de 2008, por la cual se dio inicio al Sistema
Procesal Penal Acusatorio; y la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales el 05 de marzo de 2014, acciones instauradas con la
visión de no solo garantizar el derecho al acceso a la justicia, sino de mejorar
su calidad y eficientar su impartición.
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Por su parte, el Estado de Colima se ha sumado a los esfuerzos del Gobierno
Federal para garantizar el derecho de acceso a la justicia, con la aprobación de
la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y al
Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro orden jurídico interno,
publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” (en adelante Periódico
Oficial) el 30 de agosto 2014, mediante decreto 372; acciones que generaron la
expedición de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima que fue
publicada el 13 de diciembre 2014 en el mismo medio de comunicación oficial.
Las acciones legislativas por parte del Gobierno Estatal encaminadas a
salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, continuaron instrumentándose,
siendo aprobada una reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima publicada en el Periódico Oficial el 07 noviembre 2015,
en la que se incorporaron nuevas disposiciones Y en materia de defensoría
pública, definiendo su objeto, funcionalidad y adscripción, con el fin de mejorar
el importante servicio que presta a la ciudadanía.
Ante este panorama, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, se
suma a la modificación de los instrumentos normativos encaminados a
garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia, armonizando
e integrando en una nueva ley, lo previsto en la citada reforma Constitucional
del Estado, con el objetivo de contar con un consolidado servicio de defensoría
pública en la Entidad, que permita evitar desequilibrios procesales entre las
partes y generar situaciones de indefensión, garantizando en todo momento el
debido proceso.
En este orden de ideas, se incorpora para el Defensor Público, la atribución y
obligación de ejercer y agotar la justicia restaurativa y los mecanismos
alternativos de solución de controversias, así como formular las solicitudes de
procedimientos especiales que procedan.
Se pone especial énfasis en que la función de asesoría y representación jurídica
que brinda el Instituto debe estar en consonancia con los nuevos estándares de
cultura que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Colima, Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Colima, así como los lineamientos
establecidos en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Colima y los tratados internacionales celebrados por el Estado
mexicano en la materia.
Conscientes del compromiso institucional de prestar un servicio jurídico integral
y humano, se ponderan de forma relevante los principios, valores y elementos
axiológicos que deberán observar todos los funcionarios o servidores públicos
del Instituto, con el objeto de evitar cualquier tipo de discriminación o trato
diferenciado.
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Es importante destacar, que esta propuesta de ley también adopta lo dispuesto
en la Carta Magna Federal con relación a la consolidación de un servicio
profesional de carrera, con el cual los defensores públicos tendrán derecho a la
estabilidad laboral y sobre todo a ascender de manera legítima a mayores
puestos dentro del Instituto, privilegiando la capacidad, la experiencia y la
actualización del marco jurídico que incide en el ámbito de sus atribuciones.
Con este servicio no sólo los defensores tendrán certeza jurídica en el ejercicio
de sus encargos, sino también se confirma un entorno laboral que sienta las
bases de un mejor bienestar para él y su familia.
Con la presente Iniciativa de Ley, se está refrendando el compromiso del
Gobierno del Estado por atender a la población más vulnerable de la sociedad,
contribuyendo a erradicar tratos desiguales en la impartición de justicia,
sumando acciones que consoliden nuestro Estado de Derecho y propicien
mejores condiciones de vida para todos.”
IV.- Leídas y analizadas la Iniciativas con Proyecto de Decreto en comento, las Diputadas
y los Diputados que integramos estas Comisiones Legislativas, sesionamos a efecto de
realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. – Con fundamento en los artículos 55 fracción I, 56, fracciones I y VI, en relación
con el 57, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 48 fracción
I, 53 fracción III y 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, estas Comisiones Legislativas son competentes para conocer y dictaminar
respecto de la iniciativa que pretende expedir la Ley del Instituto de Defensoría Pública del
Estado de Colima.
SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 39, fracción I, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, así como los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84
fracción I y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos 122
a 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la
entonces Diputada Jazmín García Ramírez, era competente para presentar las iniciativas
con Proyecto de Decreto enumeradas en los antecedentes 1 y 3 del presente Dictamen.
TERCERO. – Con fundamento en el artículo 39, fracción II, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado, es competente para presentar la iniciativa enunciada en el
antecedente 5 del presente Dictamen.
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CUARTO. – En atención al ámbito legal internacional, se observa que diversos
instrumentos contemplan la garantía de una defensa legal, pues toda persona tiene derecho
a un juicio.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 11 establece que toda
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado
todas las garantías necesarias para su defensa.1
En el mismo tenor, el inciso d) y e), numeral 2, del artículo 8 “Garantías Judiciales”, de la
Convención Americana de los Derechos Humanos, establece el derecho irrenunciable de
que tiene toda persona inculpada de contar con un defensor, que en su caso, deberá ser
proporcionado por el Estado.
“Artículo 8. Garantías Judiciales
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el
proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
…
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por
la ley;”2
QUINTO. – En nuestro ámbito legal, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos establece que la Federación y las entidades federativas garantizarán la
existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán
las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las
percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los
agentes del Ministerio Público.
Asimismo, el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
establece que:
1 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
2 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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“El Estado garantizará un servicio de defensoría pública profesional, de calidad
y gratuito, para toda aquella persona que no se encuentre en condiciones de
retribuir los servicios profesionales de un abogado postulante y que requiera
orientación, asesoría o representación jurídica en materia penal, así como en
las diversas materias del conocimiento de autoridades que tengan a su cargo
funciones jurisdiccionales.
La defensoría pública dependerá de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
del Estado; y se ejercerá a través del Instituto de Defensoría Pública del Estado
de Colima, el cual contará con autonomía técnica y de gestión.
La ley regulará el servicio de defensoría pública, fijará la organización,
atribuciones y competencia del Instituto, y establecerá el servicio profesional de
carrera para los servidores públicos adscritos a dicho Instituto.
Las percepciones de los defensores públicos y asesores jurídicos no podrán ser
inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.” Lo
resaltado es propio.
SEXTO. – Existen diversos pronunciamientos por parte del Poder Judicial de la Federación
en torno a la defensa adecuada, uno de ellos se puede encontrar en la tesis XI.1o.A.T.2 CS
(10a.)
“DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE DE
DEFENSA ADECUADA EN EL JUICIO LABORAL. PARA NO
TRANSGREDIRLO, SI EL TRABAJADOR Y EL PATRÓN (PERSONA FÍSICA)
ACUDEN SIN UN ABOGADO, LA AUTORIDAD DEBE CUESTIONARLES SI
QUIEREN PROSEGUIR EL PROCESO POR PROPIO DERECHO O SI
REQUIEREN ASESORÍA LEGAL A FIN DE, EN SU CASO, DARLE
INTERVENCIÓN A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO DENOTEN SU
DESCONOCIMIENTO DE ESA RAMA DEL DERECHO Y DE LAS NORMAS
QUE RIGEN EL PROCESO ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE.
Dentro de las "garantías" que constituyen el debido proceso se encuentra el
acceso a la asistencia letrada, a que se refiere el artículo 8, numeral 2, incisos
d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consiste
en el derecho de las personas a: i) defenderse personalmente; ii) ser asistidas
por un defensor de su elección; y, iii) si no se defendieren por sí mismas ni
nombran defensor en los plazos de ley, ser asistidas por uno proporcionado por
el Estado. En ese orden, para garantizar a las personas su derecho humano al
debido proceso en el juicio laboral, las partes pueden comparecer
personalmente o por conducto de su apoderado jurídico, en términos del artículo
692 de la Ley Federal del Trabajo, y si bien es cierto que el diverso precepto
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876, fracción I, de la propia ley, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012,
dispone que en la etapa conciliatoria las partes deben acudir personalmente,
sin abogados patronos, asesores o apoderados, también lo es que no prohíbe
que éstos puedan comparecer a la audiencia de conciliación, demanda y
excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas pues, al respecto, el artículo
875 del mismo ordenamiento y vigencia señala que ésta iniciará con la
comparecencia de las partes, lo que permite al trabajador y al patrón actuar por
conducto de sus apoderados, sobre todo en la última fase, ya que de ésta
dependerá el resultado del litigio. En consecuencia, si las circunstancias del
caso denotan un desconocimiento del derecho laboral y de las normas que rigen
el proceso ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje por las partes, que sólo
pueden ser conocidas por alguien versado en esa rama del derecho, de la que
se desprenda la necesaria asistencia letrada, para no transgredir el derecho
humano al debido proceso en su vertiente de adecuada defensa, aun cuando la
autoridad laboral no puede obligar a las partes a llevar el juicio por conducto de
un abogado, cuando acudan sin éste, debe cuestionarles si quieren proseguirlo
por propio derecho o si requieren asesoría legal a fin de, en su caso, darle
intervención a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pues sus
manifestaciones pueden perjudicarles, no por una conducta procesal indebida,
sino por una evidente falta de asesoramiento legal, que nada tiene que ver con
la personalidad, personería o representación; no con el ánimo de suplantarse
en los intereses del actor, sino con el fin de salvaguardar su derecho humano
consagrado en el tratado internacional aludido, y esa actuación incluye al patrón
(persona física) que se ubique en similar hipótesis, a fin de respetar además,
sus derechos fundamentales de igualdad y de equidad procesal, con base en el
principio general de derecho de que, donde existe la misma razón, debe imperar
igual disposición.”
Asimismo, puede constituirse una mala o falsa representación cuando se omite la
designación de un defensor de oficio, de conformidad a la tesis VIII.1o.(X Región) 14 C.
“VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ANÁLOGA A LA MALA O
FALSA REPRESENTACIÓN. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL JUEZ
INSTRUCTOR DE DESIGNAR UN DEFENSOR DE OFICIO, CUANDO UNA DE
LAS PARTES NO SE ENCUENTRA ASISTIDA POR UN ABOGADO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).
De conformidad con el artículo 119 del Código Procesal Civil para el Estado de
Coahuila, las partes que ocurran a los procedimientos civiles deben hacerse
patrocinar o representar por uno o más licenciados en derecho, pues en caso
de que no estén asistidas, el juzgador deberá nombrarles uno, seleccionándolo
dentro del cuerpo de defensores de oficio de la localidad de que se trate. En
ese tenor, cuando en un juicio civil los abogados que asisten jurídicamente a
una de las partes, renuncian a su cargo, de conformidad con el artículo en
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comento, el Juez del procedimiento debe dar vista a la parte interesada con el
escrito de renuncia respectivo y, en el evento en que no designe sustituto en un
término razonable, el juzgador se encuentra obligado a designarle un defensor
de oficio que comparezca como abogado patrono en su defensa. Por lo tanto,
si a una de las partes en el juicio civil, el Juez omite asignarle asistencia jurídica
en los términos precisados, ello constituye una violación a las leyes del
procedimiento, en términos del artículo 159, fracción XII, con relación a la II, de
la Ley de Amparo, toda vez que la ausencia de representación legal constituye
un caso análogo a la mala o falsa representación, dado que sus consecuencias
procesales son similares, al verse afectada una de las partes en el derecho que
le asiste de procurarse una adecuada defensa en el juicio.”
SÉPTIMO. – Los Estados de Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Ciudad de México,
Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
ya cuentan con un Instituto de Defensoría Pública, siendo Colima uno de los Estados que
cuentan con una Dirección de Defensoría Pública, pero no con un Instituto de Defensoría
Pública.
OCTAVO. – En el Quinto Informe de Gobierno se establece que la Defensoría Pública,
atendió a 51 mil 464 ciudadanos a través del servicio de asesoría jurídica en las materias
penal, civil, familiar y mercantil, siendo 3 mil 297 asesorías de primera vez y 48 mil 167
asesorías subsecuentes derivadas de algún asunto o proceso judicial.
En materia penal se apoyó a 6 mil 246 imputados en la defensa de sus derechos procesales,
de los cuales 5 mil 391 fueron atendidos a través del Nuevo Sistema de Justicia Penal
(NSJP), mediante el desahogo de 3 mil 422 audiencias de control y juicio oral, logrando
concluir 555 causas con mecanismos alternativos de solución de controversias, formas
anticipadas de terminación del proceso, juicio oral, sobreseimientos, no vinculaciones,
incompetencias y medidas de protección, de acuerdo a la siguiente clasificación: acuerdo
reparatorio 47; suspensión condicional 80; procedimiento abreviado 146; juicio oral 41;
medidas de protección 32; sobreseimientos 39; perdón legal 8; ilegal detención 84; no
vinculados 26; acumulación 2; incompetencia 2, y revocados 48. Así también, se solicitaron
180 beneficios para sentenciados internos en el Centro de Reinserción Social, de los cuales
fueron concedidos 153, lo que representa el 85 por ciento de las peticiones realizadas por
parte de la Defensoría Pública. Con respecto al Sistema Tradicional Penal, se atendieron
un total de 855 causas, de las cuales fueron concluidas 354.En el periodo que se informa,
en las materias civil, familiar y mercantil, se atendieron 9 mil 944 procesos judiciales, de los
cuales 4 mil 124 fueron causas nuevas y se solucionaron 1 mil 210 asuntos.3
Por lo que es importante considerar que, al integrar la Dirección de Defensoría Pública
como un Instituto descentralizado y dotarlo de personalidad jurídica, patrimonio propio, así
como autonomía técnica, operativa y de gestión en el desempeño de sus funciones, se
3 http://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/INFORMES/2020/5toInforTexto2020A.pdf
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aumentará el alcance y la capacidad del mismo, lo que se refleja en mayor población
beneficiada.
NOVENO. – Estas Comisiones Dictaminadoras discernimos de lo establecido en el artículo
sexto transitorio, pues si bien la facultad de nombrar al Director General del Instituto de la
Defensoría Pública del Estado corresponde a la persona Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, se debe realizar dicha designación en observancia a los requisitos establecidos en
el artículo 29 y 30 que se prevé en la Ley propuesta y no actualizarse el nombramiento del
Director de la Defensoría Pública a Director General del Instituto de la Defensoría Pública,
por ello, se opta por modificar la propuesta de la iniciativa del Poder Ejecutivo del Estado,
eliminando el transitorio sexto, recorriéndose los subsecuentes.
DÉCIMO. – Por lo expuesto en los Considerandos anteriores, resulta evidente la necesidad
de erigir el Instituto de Defensoría Pública, en primer término, para dar cumplimiento a lo
mandatado en la Constitución Federal como en la Constitución Local, y en segundo, para
dotar a la actual Defensoría Pública de mayores recursos financieros, materiales y
humanos, lo que se verá reflejado en beneficio de la sociedad e incrementará la calidad del
servicio prestado por el Instituto. Por lo anterior, se considera viable expedir la Ley del
Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima.
Una vez analizada la iniciativa propuesta la entonces Diputada Jazmín García Ramírez y la
iniciativa propuesta por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional
del Estado, estas comisiones dictaminadoras concluyen que ambas propuestas comparten
el mismo fin y el mismo sentido, sin embargo, la propuesta remitida por el Gobernador
Constitucional del Estado es una versión con mejor estructura del Instituto y con mejores
beneficios para la sociedad, como para los propios servidores públicos en tema de
actualización y capacitación, por lo que se opta por elegir dicho proyecto de Ley.
ONCEAVO. – Ahora bien, la reforma propuesta por la entonces Diputada Jazmín García
Ramírez a la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, ya se encuentra
contemplada en la iniciativa propuesta por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado, toda vez que el artículo 6 establece a quienes se les
prestará dicho servicio, en donde se incluye a las personas que se encuentren en evidente
vulnerabilidad económica.
Asimismo, al expedir la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, es
necesario abrogar la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, publicada en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 13 de diciembre de 2014, por lo que reforma
propuesta, quedaría sin materia.
DOCEAVO. – Es importante señalar que el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima,
para el Ejercicio Fiscal 2021, contempla en la partida presupuestal para el “Instituto de
Defensoría Pública del Estado de Colima” con clave 180200, la cantidad de $17,395,014.00,
por lo que no se tendría impacto presupuestal alguno, pues esta soberanía previó la
constitución de dicho Instituto.
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TRECEAVO. – En uso de la atribución conferida en el artículo 130 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones
Dictaminadoras modifican la redacción de la propuesta en el sentido de sustituir las
palabras “el Gobernador” por “la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado”, teniendo
como resultado una redacción inclusiva. Asimismo, se opta por modificar el artículo 30 de
la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, toda vez que de
conformidad al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Colima, la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado puede nombrar y remover
libremente a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del
Estado.
CATORCEAVO. – Estas Comisiones Dictaminadoras, después de realizar el análisis y
estudio detallado de las Iniciativas con Proyecto de Decreto que nos ocupa, observamos
que tienen como objeto expedir la Ley que establezca la creación, estructura y
funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, como un
organismo público descentralizado, de calidad y gratuito, dotado de personalidad jurídica,
patrimonio propio, así como autonomía técnica, operativa y de gestión en el desempeño de
sus funciones para el cumplimiento de su objeto, cuyos servicios se prestarán a la población
bajo los principios que rigen al mismo.
Es por todo lo anterior que, estas Comisiones Legislativas resolvemos la viabilidad de la
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, remitida por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado, pues se dimensiona que esta nueva Ley contribuye
a garantizar el derecho humano a la adecuada defensa, siendo asistido por un profesionista
del derecho con las capacidades y conocimientos jurídicos para una correcta defensa, así
como también representa un apego estricto a los Derechos Fundamentales contenidos en
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los instrumentos
Internacionales ratificados por nuestro País.
Por lo antes expuesto se expide el siguiente
DECRETO NO. 454
ÚNICO. Se expide la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, en los
siguientes términos:
LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE COLIMA
TÍTULO PRIMERO
Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima
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DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ley
1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio
del Estado de Colima, tiene como objeto garantizar el derecho humano de acceso a la
justicia a través del servicio de la defensa pública que prestará el Instituto de Defensoría
Pública del Estado de Colima; así como proveer las normas de su organización y
funcionamiento, con fundamento en los artículos 17, párrafo séptimo y 20, apartado B,
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el
artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
Artículo 2. Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima
El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima es un organismo público
descentralizado sectorizado a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, dotado
de personalidad jurídica, patrimonio propio, así como autonomía técnica, operativa y de
gestión en el desempeño de sus funciones para el cumplimiento de su objeto, cuyos
servicios se prestarán a la población bajo los principios que rigen al mismo.
Artículo 3. Objeto del Instituto de Defensoría Pública
1. El Instituto de Defensoría Pública se regulará por esta Ley y su Reglamento, teniendo
por objeto:
I. Regular la organización, funcionamiento, competencia y administración del sistema
de defensa pública del Estado;
II. Prestar sus servicios de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, de su
Reglamento y de las demás normas aplicables en la materia, a fin de garantizar el
derecho a una asesoría y defensa técnica adecuada en beneficio de la población
que se encuentre imposibilitada para retribuir a un abogado particular y requiera
orientación, asesoría o representación jurídica en las materias que conozca el
Instituto;
III. Normar la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de las diferentes
áreas del Instituto;
IV. Garantizar al usuario el derecho a la defensa y el acceso a la justicia como parte del
debido proceso en asuntos del fuero común, materia agraria y de los amparos que
se desprendan de los juicios que conozca el Instituto y así lo requieran, en los
términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los
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Derechos Civiles y Políticos y en los respectivos Tratados Internacionales ratificados
por el Estado Mexicano, así como las demás leyes aplicables;
V. Prestar el servicio de defensa pública a fin de garantizar el derecho a la defensa en
materia penal;
VI. Brindar los servicios de defensa pública a los adolescentes, a quienes se les atribuya
una conducta tipificada como delito en las leyes penales, que permita garantizar la
protección del interés del adolescente, en los términos del artículo 18 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VII. Orientar, asesorar y/o representar jurídicamente a los particulares en la tramitación
de asuntos, juicios y la interposición de cualquier recurso agotando todas las
instancias en las materias penal, civil, familiar, mercantil y agraria;
VIII. Orientar, asesorar o representar jurídicamente a los particulares en la tramitación
de asuntos, juicios y la interposición de cualquier recurso agotando todas las
instancias en las materias penal, civil, familiar, mercantil y agraria;
IX. Canalizar en los términos de las disposiciones aplicables cuando así lo soliciten, a
las personas que necesiten la prestación de un servicio ya sea de la propia
Institución, de un organismo público o dependencia distinta;
X. Establecer el Servicio Profesional de Carrera para los servidores públicos adscritos
al Instituto; y XI. Las demás que señalen esta Ley, su Reglamento y demás
ordenamientos aplicables.
Artículo 4. Definiciones
1. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Archivos y documentos: A los expedientes (C.U.I.E), carpetas de investigación,
número único de causa (NUC), reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, minutas, estadísticas o bien, cualquier otro registro
en posesión de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su
fuente o fecha de elaboración; los cuales podrán estar en cualquier medio, entre
otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;
II. Asesoría jurídica: A la que brinda el servidor público del Instituto a los solicitantes,
ofreciendo la información, orientación y asesoría legal especializada en diferentes
materias establecidas en el objeto de la Defensoría, a toda la población que tenga
alguna duda o problema legal, sin que implique llevar a cabo su defensa o
representación;
III. Canalización: A el servicio que brinda el Instituto al solicitante del servicio, mediante
el cual lo encauza a la coordinación o sede competente del mismo, o a las diversas
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instituciones del orden Municipal, Estatal o Federal, según sea el caso, al que deba
acudir para el trámite del asunto planteado;
IV. Constitución: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Constitución Local: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima;
VI. Consejería: A la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima;
VII. Defensa penal: A la protección de los derechos fundamentales que tiene toda
persona sujeta a un proceso penal, a través de la aplicación adecuada de la defensa
técnica, por parte el defensor público penal u oficial defensor;
VIII. Defensa pública: A la representación jurídica que se otorga a los usuarios, por
conducto de los servidores públicos del Instituto, en las distintas áreas del derecho
que conoce;
IX. Defensa técnica del imputado: Al ejercicio técnico jurídico realizado por el defensor
público para garantizar al imputado un proceso revestido de las formalidades
esenciales del procedimiento, en atención al principio de legalidad y debido proceso
justo;
X. Defensor público: Al servidor público profesional del derecho, dependiente del
Instituto, en atención a los principios constitucionales para que se proporcione en
forma gratuita a las personas en los términos dispuestos en esta ley;
XI. Defensoría pública: Al servicio que brinda el Instituto de Defensoría Pública por
conducto de su personal, a fin de garantizar el derecho a la defensa pública y el
acceso efectivo a la justicia, mediante la orientación, asesoría, defensa,
representación jurídica en las materias que conozca; bajo los principios y objeto que
rigen el servicio del Instituto, contribuyendo a superar desigualdades sociales y
consolidar el Estado de Derecho;
XII. Dirección General: A la Dirección General del Instituto de Defensoría Pública del
Estado;
XIII. Director General: A la persona titular de la Dirección General del Instituto de
Defensoría Pública del Estado;
XIV. Director Jurídico: A la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y
Administrativos del Instituto de Defensoría Pública del Estado;
XV. Estado de vulnerabilidad: A la situación de una persona que por su estado social,
económico, físico, emocional o psicológico lo ubica en una condición que le impide
contratar los servicios de un abogado particular;
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XVI. Evidente vulnerabilidad: A la certeza sin que medie un estudio o dictamen, de que
una persona se encuentra en un estado de debilidad social, económica, física,
emocional o psicológica;
XVII. Fondo auxiliar de defensa técnica: Al recurso económico destinado para
contratación de servicios por honorarios en áreas técnicas y especializadas para el
otorgamiento de una defensa técnica adecuada;
XVIII. Instituto: Al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima;
XIX. Ley: A la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima;
XX. Ley de Transparencia: A la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Colima;
XXI. Ley Nacional de Adolescentes: A la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes;
XXII. Plan Anual de Capacitación: Al Plan Anual de Capacitación, Promoción y Estímulos
del Instituto;
XXIII. Reglamento: Al Reglamento Interior del Instituto de Defensoría Pública del Estado;
XXIV. Representación jurídica: A la intervención de los servidores públicos en asuntos del
orden civil, familiar, mercantil, administrativo y agrario ante las autoridades judiciales
y administrativas competentes;
XXV. Salario: Al salario mínimo vigente al momento de la solicitud del servicio;
XXVI. Secretaría Particular: A la persona encargada de organizar la agenda y promover
las relaciones públicas internas y externas del Director General, a fin de fortalecer
las relaciones de trabajo, compromiso, coordinación y colaboración;
XXVII. Servicio: Al que presta el Instituto en la orientación, asesoría, representación jurídica
y defensa legal en forma gratuita a la población en los términos establecido en esta
ley;
XXVIII. Servidor Público de Carrera: Al Servidor Público de confianza que forme parte del
Sistema del Servicio Profesional de Carrera;
XXIX. Sistema del Servicio Profesional: Al Sistema del Servicio Profesional de Carrera;
XXX. Solicitante: A la persona que pretende acceder a los servicios del Instituto;
XXXI. Subdirecciones de Área: A las subdirecciones dependientes de la Dirección de
Asuntos Jurídicos y Administrativos del Instituto de la Defensoría Pública;
XXXII. Trabajador Social: Al personal técnico dependiente del Instituto, encargado de
realizar los estudios socioeconómicos a las personas que soliciten el servicio de la
Defensoría Pública; y demás actividades inherentes a su profesión;
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XXXIII. Tratados: A los Tratados y Convenciones Internacionales de los que el Estado
Mexicano forma parte;
XXXIV. Unidades Administrativas: A las áreas establecidas en el artículo 27 de la presente
Ley;
XXXV. Unidades de Salario: A las Unidades de Salario Mínimo Vigente;
XXXVI. Unidades de Medida: A las Unidades de Medida y Actualización;
XXXVII. Unidad de Comunicación Social: A la Unidad de Comunicación Social encargada de
ejecutar estrategias de comunicación pública para fortalecer la imagen del Instituto;
y mantener el contacto con los medios de comunicación para la realización de
ruedas de prensa y comunicados oficiales;
XXXVIII. Unidad de Género: Al área encargada de establecer líneas de acción que
coadyuven en la igualdad sustantiva entre géneros y que prevengan la violencia
contra las mujeres;
XXXIX. Unidad de Transparencia: Al área encargada de la atención de las solicitudes de
información que les formulen los particulares, los organismos gubernamentales, y
otras dependencias de gobierno estatal y federal en términos de la legislación de la
materia; y
XL. Usuario: A la persona que recibe los servicios que presta el Instituto, por conducto
de sus servidores públicos.
2. En los términos del artículo 1 º de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, para todos los efectos legales a que diere lugar, cuando se
haga referencia a los vocablos persona, individuo u hombre, incluyendo sus
respectivos plurales, así como a la calidad de su función, se entenderá
indistintamente al género femenino o masculino. De igual forma, cuando sea el caso
de denominaciones a cargos públicos, se en enunciarán en el género femenino o
masculino que corresponda con el propio de quienes los ocupen o los desempeñen.
Artículo 5. Principios rectores
1. El servicio que preste el Instituto se regirá bajo los siguientes principios:
I. Principio de legalidad: El que impone al servidor público del Instituto, actuar en favor
de los intereses del usuario, dentro de los márgenes de las leyes aplicables,
respetando y exigiendo el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, en particular los referidos a la
protección de los derechos humanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, y demás disposiciones normativas aplicables;
II. Principio de independencia funcional: El que deberán observar en el ejercicio de sus
funciones, los profesionales del derecho del Instituto, con libertad y autonomía,
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según su criterio técnico jurídico; sin aceptar presiones internas o externas, o bien,
particulares para el caso;
III. Principio de confidencialidad: Al que se encuentran sujetos los servidores públicos,
consistente en guardar reserva o secreto de la información revelada por los usuarios
o por terceros con motivo del desarrollo de la defensa técnica y representación
jurídica.
La información así obtenida, solo puede revelarla con el consentimiento previo de
quien se la confió. Excepcionalmente, podrá revelar aquella información que permita
prevenir un acto delictuoso o proteger a personas en peligro, así como a un bien
jurídico mayormente tutelado.
Cuando se trate de información revelada por los usuarios, en cualquier ámbito
material, contenida en los expedientes judiciales que se relacione con menores de
edad o incapaces, ya sea que se hubieran instaurado por delitos del orden sexual o
bien se ponga en riesgo la integridad física o moral de las víctimas, deberán
observarse los criterios de clasificación de información reservada o confidencial,
según lo establezca la Ley de Transparencia, Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, así como
los lineamientos establecidos en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Colima y los tratados internacionales celebrados por el
Estado mexicano en la materia.
Bajo esta lógica, la información y el acervo probatorio relativo a expedientes
judiciales y a las sentencias no publicadas, que se encuentre bajo el resguardo del
Órgano Jurisdiccional competente, en aplicación del principio procesal de libre
adquisición de la prueba se observará lo dispuesto en las leyes en materia de
Transparencia y Protección de Datos;
IV. Principio de continuidad y unidad de actuación: Consistente, en que los actos y
procedimientos en que intervengan los profesionales del derecho del Instituto,
deberán de realizarse de manera continua; procurando en todo momento, la defensa
y asesoría permanente, sin sustituciones innecesarias y sin interrupciones en todas
las etapas del proceso, salvo causas de fuerza mayor;
V. Principio de obligatoriedad: Aquel que tendrá el Instituto, de proporcionar a los
usuarios de manera obligatoria, los servicios de orientación, asesoría, defensa y
representación jurídica, en los asuntos de las materias de su competencia,
atendiendo los requisitos previamente establecidos por esta Ley y su Reglamento;
VI. Principio de gratuidad: Al que tiene obligación el personal del Instituto, de
proporcionar en la prestación de los servicios que brinda sin costo o remuneración
alguna por parte del usuario, en los términos dispuesto por esta Ley y su
Reglamento;
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VII. Principio de diligencia: El que deberá de desplegar el servidor público en el
cumplimiento de sus actividades para actuar con el cuidado, esfuerzo y la prontitud
requerida; a fin de encausar las acciones encaminadas a evitar una decisión tardía
o errónea, procurando en todo momento, que los procesos se resuelvan en los
plazos establecidos;
VIII. Principio de excelencia: Al que se encuentra obligado el servidor público en el
cumplimiento de sus funciones, de esmerarse en lograr niveles óptimos de
desempeño sobre la base de la infraestructura y recursos humanos, materiales,
financieros y tecnológicos con los que cuenta en el Instituto, en los asuntos de su
competencia;
IX. Principio de profesionalismo: El que deberá de brindar el servidor público del
Instituto, con la capacidad y la preparación que se requieran para el ejercicio de su
función, sujeto además a un comportamiento ético, honesto, calificado, responsable
y capaz;
X. Principio de solución de conflictos: El que en todo momento deberá promover el
defensor u oficial defensor entre las partes, con la finalidad de lograr su avenimiento,
mediante la mediación, conciliación y demás medios alternos de solución de
conflictos previstos en la normatividad aplicable;
XI. Principio de igualdad y equilibrio procesal: El que en todo momento el defensor
público u oficial defensor, deberán sujetarse en el desempeño de sus funciones
dentro de los procesos que conozcan, a fin de lograr condiciones de igualdad,
favoreciendo el equilibrio procesal frente a los demás sujetos procesales, en los
términos de esta ley, su reglamento y demás normas aplicables;
XII. Principio de diversidad cultural: Al que el servidor público del Instituto se encuentra
sujeto, al brindar el servicio técnico de defensa pública, respetando la naturaleza
multiétnica y pluricultural de los usuarios;
XIII. Principio de religión: Al acatamiento que todo Servidor Público del Instituto deberá
de asumir, en la preferencia religiosa que profese el usuario, al momento de
proporcionarle los servicios por él requeridos;
XIV. Principio de igualdad de género: Al respeto que deberá de existir por el personal del
Instituto, a la identidad sexual del usuario solicitante de los servicios de orientación,
asesoría, defensa y representación técnica o jurídica, que se le brindan;
XV. Principio de no discriminación: Al compromiso institucional y profesional de prestar
un servicio integral y humano, desprovisto de cualquier tipo de discriminación o trato
diferenciado, motivado por la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas, reconocidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales,
Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima
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el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima;
XVI. Principio de probidad: Al compromiso ineludible que todos los servidores públicos
del Instituto se encuentran sujetos, para conducirse con rectitud, transparencia y
moralidad en el ejercicio de sus funciones;
XVII. Principio de honradez: Al actuar justo, recto e integral del Servidor Público del
Instituto, que en todo momento deberá ejercer en el cumplimiento de sus funciones;
XVIII. Principio de calidad: Al que se encuentra supeditado el servidor público del Instituto,
de aplicar al máximo los conocimientos técnicos y experiencia profesional a favor
del usuario al que le brinde sus servicios; de tal forma que procure un resultado
óptimo; y
XIX. Principio de calidez: A la amabilidad, cordialidad y empatía con la que debe de tratar
el Servidor Público al proporcionar sus servicios, a los usuarios que se lo solicitan.
CAPÍTULO II
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO
Artículo 6. Prestación de servicios
1. Los servicios que preste el Instituto se proporcionarán a:
I. Personas que se encuentren en evidente vulnerabilidad económica, que
pertenezcan a algún grupo vulnerable, que estén desempleadas o que no perciban
ingresos;
II. Jubilados o pensionados, así como a sus cónyuges, cuya pensión sea inferior a tres
unidades de medida y actualización;
III. Las personas que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos correspondientes a
tres unidades de medida y actualización; el límite anterior podrá ser dispensado a
consideración del Director General, cuando se advierta que el solicitante del servicio
no pueda retribuir los servicios de un abogado particular;
IV. En materia penal a los imputados que no tengan nombrado defensor particular o
que lo solicite con las reservas que la presente ley determine;
V. Las personas que por enfermedad se encuentren limitadas económicamente para
cubrir los honorarios de un abogado particular;
VI. Los adolescentes que requieran los servicios y que tengan entre 12 años cumplidos
y menos de 18 años;
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VII. Las personas incapaces, los menores de edad o a quienes ejerzan la patria potestad
de los mismos y carezcan de recursos económicos para pagar los honorarios de un
defensor particular;
VIII. A los campesinos, comuneros, ejidatarios, avecindados, ejidos, núcleos de
población ejidal o comunal; y en general a toda persona que requiera regularizar la
tenencia de la tierra y en las materias que sean competencia del Tribunal Unitario
Agrario del Estado, que su situación socioeconómica no les permita retribuir los
servicios de un abogado particular; y en el caso de los pequeños propietarios el
servicio se brindará con las reservas que la presente ley determine; y
IX. A las personas que, en los términos de esta Ley, envíen o canalicen la Fiscalía
General del Estado, y las autoridades judiciales.
2. Tratándose de asuntos jurídicos en los que se asigne la defensa a personas que no
hablen español, se procurará la asistencia de un traductor o intérprete, o bien se solicitará
la presencia de una persona que hable su idioma o dialecto. En los casos de personas con
discapacidad visual, auditiva y del habla, se procurará la asistencia del profesional que
corresponda de acuerdo a la necesidad, o bien se solicitará la asistencia de la persona que
de forma certera pueda servir de intérprete.
Artículo 7. Servicio de representación jurídica
1. Para recibir el servicio de representación jurídica, previamente el solicitante deberá llenar
los formatos que para el efecto se establezcan. Además, en las materias civil, familiar,
mercantil, administrativo, agrario y de amparo, queda a discreción del Defensor Público
canalizar al solicitante al área de trabajo social, para que se les practique un estudio
socioeconómico, a fin de saber si debe otorgarse o no el servicio; quedando exceptuada tal
discreción, tratándose de menores o incapaces y en materia penal, en cuyos casos deberá
de otorgase el servicio a todo aquel solicitante que la necesite.
Artículo 8. Excusas
1. Los defensores públicos deberán excusarse de aceptar la asignación o brindar la
prestación del servicio de alguna persona con motivo de su cargo en los términos
dispuestos por el Reglamento, sin perjuicio de la defensa técnica que el usuario pueda tener
derecho.
Artículo 9. Criterios para el otorgamiento de los servicios
1. Los criterios para determinar la preferencia en el otorgamiento de la prestación de los
servicios, deberán aplicarse en el siguiente orden:
I. Se otorgará si la posición de las partes es desigual, porque una de ellas; pertenece
a un grupo vulnerable, carece de instrucción, tiene alguna otra situación de
desventaja, la representación jurídica se otorgará a favor de ésta;
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II. Se otorgará a favor de la parte que trate de evitarse perjuicios y no de la que
pretenda lucrar;
III. Se otorgará cuando en un mismo asunto las partes contrarias soliciten la
orientación, asesoría, representación o les sea asignado por una autoridad
directamente un Defensor Público, a quien primero lo hubiese requerido o se le
hubiese asignado; quedando impedido el mismo a prestar el servicio a la
contraparte; pero de manera inmediata la canalizará a su superior jerárquico, para
que le sea designado otro Defensor Público, que le brindará el servicio en caso de
ser procedente; y de no serlo se le orientará para que acuda ante las instancias que
presten un servicio equivalente; y
IV. Se otorgará en materia penal, al imputado desde el momento de la detención,
citación o a solicitud por parte de la Fiscalía General del Estado o autoridad judicial,
siempre y cuando no cuente con una defensa particular o se desista de la misma.
Artículo 10. Ámbito territorial
1. El Instituto prestará sus servicios en todo el territorio del Estado, a través de sus
servidores públicos, quienes serán asignados en los diferentes partidos judiciales y donde
el Director General considere de acuerdo a las necesidades del servicio.
2. El Instituto contará con las áreas y el personal necesario para su funcionamiento, de
acuerdo a las necesidades del servicio y del presupuesto asignado.
Artículo 11. Acciones para el cumplimiento de la ley
1. Para el cumplimiento de la ley, el Instituto realizará acciones que permitan:
I. La difusión y promoción de los servicios a través de los medios de comunicación,
incluidos las tecnologías de la información;
II. La vinculación con universidades, instituciones, asociaciones civiles, organismos
gubernamentales y programas sociales que, en virtud de su objeto, puedan
beneficiar al personal del Instituto o a los usuarios; y
III. La implementación de programas de capacitación y actualización del personal, de
acuerdo a lo establecido en la Subdirección de Capacitación y Profesionalización.
Artículo 12. Gastos accesorios que se generen con motivo de la tramitación de un asunto
1. Los gastos distintos a la representación jurídica o defensa técnica que se generen con
motivo de la tramitación de un asunto, serán a costa del usuario.
2. Tratándose de la prueba pericial, previo estudio socioeconómico que acredite el evidente
estado de vulnerabilidad económica, se podrá solicitar la designación de peritos de
instituciones públicas, las que estarán obligadas a practicar el peritaje correspondiente sin
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costo alguno, siempre que no exista impedimento legal para ello; o en su defecto, se podrá
solicitar la disposición del fondo auxiliar que para tales efectos señale la presente Ley.
Artículo 13. Expedición de servicios gratuitos y asistencia de peritos
1. Los titulares de las dependencias, organismos descentralizados, entidades del Estado y
los municipios encargados de archivos, libros y registros, proporcionarán la información y
expedirán gratuitamente las certificaciones o constancias que sean solicitadas por el
Director General o el Director Jurídico del Instituto, previo estudio socioeconómico que
acredite el evidente estado de vulnerabilidad económica del usuario y estén relacionadas
con la defensa o representación jurídica de los asuntos que sean conocidos por su personal,
siempre y cuando exista convenio de colaboración entre el Instituto y el ente público que se
trate, con la excepción de aquella información reservada por la Ley de Transparencia.
2. Los servidores públicos de la administración pública estatal y de los municipios, deberán
en todo tiempo, dentro del ámbito de su competencia, prestar auxilio a los defensores
públicos, facilitando el ejercicio de sus funciones y proporcionando gratuitamente la
información que requieran, así como las certificaciones, constancias y copias
indispensables que soliciten para el mejor desempeño de sus funciones en los asuntos en
que intervenga; con la excepción de aquella información reservada por la Ley de
Transparencia.
Artículo 14. Instalaciones para brindar los servicios de defensoría pública
1. En el lugar en el que se brinden los servicios de defensoría pública, se deberá contar con
instalaciones apropiadas, así mismo se brindarán las facilidades necesarias para que los
defensores públicos puedan realizar de manera eficiente y eficaz las actividades inherentes
a su encargo y puedan recibir a los solicitantes, para atenderles en forma apropiada.
2. La Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial del Estado y el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, proporcionarán en sus instalaciones, un espacio físico digno,
apropiado y suficiente para oficinas donde puedan instalarse los defensores públicos y el
personal de apoyo necesario que sean adscritos a los mismos, para el mejor desempeño
de su trabajo.
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DEL USUARIO
Artículo 15. Derechos de los usuarios
1. El usuario al recibir los servicios del Instituto tiene los siguientes derechos:
I. A ser atendido conforme a los principios que rigen al Instituto;
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II. A que el defensor público u oficial defensor, le responda sus inquietudes, aclare sus
dudas y le brinde la información que le sea solicitada relativa al asunto en el cual se
le asista, en los horarios de atención previamente programados;
III. A que el defensor público u oficial defensor lo mantenga informado oportunamente
de cualquier acontecimiento superveniente que tenga injerencia en la tramitación de
su asunto;
IV. A solicitar información de manera personal o por conducto de la persona que
autorice para recibirla;
V. A conocer su número de expediente o carpeta de investigación, así como la
denominación del Juzgado o autoridad donde se encuentre radicado su asunto;
VI. A ser atendido de manera oportuna por el personal del Instituto el día y la hora que
se le haya citado; excepto cuando se suscite alguna circunstancia de fuerza mayor
que no lo permita;
VII. A comparecer al desahogo de las audiencias y ser debidamente asistido en las
mismas por un defensor público u oficial defensor en aquellas que no exista
impedimento legal para ello;
VIII. A ser informado de manera oportuna sobre la documentación que deberá entregar,
a fin de que la misma sea tomada en cuenta por el defensor público u oficial defensor
para su valoración;
IX. A conocer la estrategia que aplicará el defensor público, en el asunto que se le
tramite;
X. A conocer oportunamente sobre las pruebas que deberá proporcionar al defensor
público u oficial defensor, así como, el día y la hora en que deberá presentar a sus
testigos y peritos;
XI. A conocer oportunamente los gastos del juicio que resulten a su costa;
XII. A recibir de manera gratuita los servicios que brinda el Instituto;
XIII. A presentar quejas en contra del personal del Instituto; y
XIV. Las demás que señale la presente ley y el reglamento.
Artículo 16. Obligaciones de los usuarios
1. El usuario al recibir los servicios del Instituto tiene las siguientes obligaciones:
I. Proporcionar los nombres de los autorizados que puedan recibir, en su nombre y
representación, información o documentación relativa al asunto que se le patrocine,
así como el domicilio para oír y recibir notificaciones;
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II. Mantener informado al defensor público u oficial defensor sobre la actualización de
su domicilio, teléfonos, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato que
sirva para localizarlo de manera inmediata, así como informarle oportunamente de
cualquier acontecimiento superveniente o que tenga influencia en la tramitación de
su asunto;
III. Mantener una intercomunicación permanente con su defensor público u oficial
defensor, por sí o por conducto de la persona que autorice para recibir información,
obligándose ambos sujetos a dar el seguimiento procesal que la naturaleza jurídica
de los bienes y derechos fundamentales requieran, o bien las pretensiones legales
controvertidas adviertan necesarias, utilizando los medios de comunicación
ordinarios disponibles;
IV. Acudir puntualmente a las citas indicadas por el personal del Instituto;
V. Comparecer puntualmente al desahogo de las audiencias;
VI. Entregar oportunamente la documentación que le sea requerida por su defensor
público u oficial defensor, a fin de que la misma sea tomada en cuenta para la
valoración y tramitación de su asunto;
VII. Informar oportunamente a su defensor público u oficial defensor de la
documentación que no cuente en su poder y el o los archivos donde puede ser
localizada y requerida, a fin de que sea tomada en cuenta para su valoración;
VIII. Presentar a los testigos el día y hora que le sean indicados y de no ser posible,
hacerlo del conocimiento del defensor público u oficial defensor, con el debido
tiempo. El incumplimiento de los supuestos referidos no será responsabilidad para
el defensor público u oficial defensor;
IX. Entrevistarse debida y oportunamente con los peritos y pagar cuando así proceda
los honorarios de los mismos;
X. Encargarse de cubrir los gastos del juicio que resulten a su costa de manera
oportuna;
XI. Abstenerse de ofrecer al personal del Instituto, dinero, dádivas y sobornos;
XII. Dirigirse con respeto hacia el personal del Instituto, evitando en todo momento que
se suscite cualquier tipo de intimidación, amenaza, ofensa o violencia verbal en la
relación profesional de representación;
XIII. Conducirse con la verdad y no omitir de manera dolosa información al personal del
Instituto;
XIV. Hacer del conocimiento de su defensor público u oficial defensor, las notificaciones
procesales que reciba de manera personal dentro de las veinticuatro horas
siguientes;
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XV. Acudir en los casos en que solicite el servicio de contestación de una demanda
entablada en su contra, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación al
vencimiento del término concedido por ley, con las respectivas copias de traslado;
y
XVI. Las demás que señalen la presente ley y el reglamento.
CAPÍTULO IV
DE LA NEGACIÓN DEL SERVICIO DE REPRESENTACIÓN
Artículo 17. Causas de negación del servicio
1. Los servidores públicos del Instituto podrán negar al solicitante el servicio de
representación jurídica en las materias civil, familiar, mercantil, administrativo, agrario, y
penal en los siguientes asuntos:
I. En materia civil: cuando se trate de la parte actora en los juicios civiles ejecutivos,
pago de pesos y especiales hipotecarios; en los de daños y perjuicios, cuando
excedan el equivalente a las quinientas unidades de medida; así como en los juicios
de arrendamiento, a menos que el usuario acredite que es el único bien inmueble
que le permita subsistir y el monto de la renta mensual no sea mayor a las cuarenta
unidades de medida;
II. En materia familiar: en los juicios sucesorios, con excepción de aquellos en los que
lo único que se pretenda sea la obtención del nombramiento de albacea o
interventor, así como en aquellos en los que la masa hereditaria la conforme un solo
inmueble cuyo valor no exceda el equivalente a las seis mil quinientas unidades de
medida; también en los asuntos de liquidación de la sociedad patrimonial, cuando
estos no excedan de la cuantía antes señalada, de la parte proporcional que le
corresponda al usuario; siempre y cuando se encuentre dentro de los supuestos del
artículo 7 de esta Ley;
III. En materia mercantil: cuando se trate de la parte actora, en los juicios
reivindicatorios, de otorgamiento y firma de escritura, siempre que el valor
patrimonial, exceda el equivalente a las seis mil quinientas unidades de medida;
IV. En materia administrativa: cuando la parte actora tenga ingresos no encuadre en los
supuestos establecidos en el artículo 6 fracción III de la presente Ley;
V. En materia agraria: tratándose de los pequeños propietarios cuando su ingreso sea
superior a tres unidades de salario diario;
VI. En materia penal: cuando el solicitante tenga calidad de víctima u ofendido, así como
el imputado cuente con defensor particular y éste no haya sido revocado; con
excepción a lo dispuesto por el artículo 121, segundo párrafo, del Código Nacional
de Procedimientos Penales;
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VII. Con excepción de lo penal, en cualquier materia que conozca el Instituto cuando el
usuario revoque al defensor público u oficial defensor sin causa justificada y
posteriormente, solicite los servicios del Instituto, y se observe una evidente
negligencia o descuido procesal ocurrida durante el periodo que el Instituto dejo de
conocer el asunto, afectando la estrategia planteada por la defensa pública inicial;
así como cuando ya no existan recursos por interponer; y
VIII. Los demás casos que señalen la presente ley y el reglamento.
CAPÍTULO V
DEL RETIRO O SUSPENSIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO
Artículo 18. Causas de retiro y suspensión del servicio
1. El defensor público, previa autorización del Director General o del Director Jurídico,
conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento, podrá suspender o retirar el
servicio cuando:
I. El usuario manifieste de manera clara y expresa, de forma verbal, por escrito o
cualquier otro medio, que no tiene interés en que se le siga prestando el servicio;
II. El usuario del servicio incurra dolosamente en falsedad en la información, datos o
documentos proporcionados;
III. El usuario realice promociones y/o diligencias a título personal; o reciba
notificaciones procesales, sin hacerlo del conocimiento de su defensor público u
oficial defensor dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes de haber sido
efectuadas;
IV. El usuario, sus dependientes económicos o por interpósita persona, cometan de
cualquier forma y por cualquier medio actos de violencia, amenazas o injurias en
contra del personal del Instituto;
V. Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del
servicio;
VI. El usuario deje de reportarse o asistir con su defensor público u oficial defensor por
más de ciento veinte días naturales, sin causa debidamente justificada; con
excepción de los procesados en materia penal;
VII. Cuando el usuario incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el
artículo 15 de la presente Ley y que dicho incumplimiento afecte sustancialmente su
representación;
VIII. Reciban asesoría, representación y/o apoyo adicional para la continuación de su
defensa por abogados particulares o de organismos o asociaciones que provean su
defensa;
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IX. Prevenido que fuere el usuario, no proporcione oportunamente la información o
documentación requerida para la debida tramitación del asunto encomendado;
X. La finalidad del solicitante sea obtener un lucro indebido;
XI. Se evidencie o presuma que la finalidad del servicio requerido sea generarle daños
o perjuicios a su contraparte o con motivo de una represalia; y
XII. Las demás que señalen la presente ley y el reglamento.
TÍTULO SEGUNDO
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 19. Sede y oficinas regionales
1. El Instituto tendrá su sede en la capital del Estado y para el conocimiento y atención de
los asuntos de su competencia, contará con las oficinas regionales que se estimen
necesarias de acuerdo a la distribución de los partidos judiciales establecidos por el Poder
Judicial del Estado y por la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a los requerimientos
necesarios para la prestación de sus servicios y a la suficiencia presupuestaria.
Artículo 20. Órganos de Gobierno del Instituto
1. El Instituto se regirá en su funcionamiento por:
I. Junta de Gobierno; y
II. Dirección General.
2. Además, contará con un Órgano Interno de Control.
CAPÍTULO II
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 21. Integración
1. La Junta de Gobierno será el órgano máximo de dirección del Instituto, y estará integrada
por:
I. Un Presidente, que será el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado;
II. Un Vicepresidente, que será el Director General del Instituto;
III. Un Secretario Técnico, que será el funcionario que designe el Director General del
Instituto, que deberá tener el rango de Director en el Instituto;
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IV. Cuatro Vocales, que serán los siguientes:
a) La persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública;
b) La persona titular de la Secretaría de Administración y Gestión Pública;
c) La persona titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas; y
d) Un representante designado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima.
2. Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno serán honoríficos.
3. El Presidente podrá ser suplido en las sesiones de la Junta de Gobierno por el
Vicepresidente, quien asumirá todas sus facultades, el suplente del Vicepresidente asumirá
las funciones de éste cuando sea necesario.
4. Los integrantes de la Junta de Gobierno podrán designar un suplente con rango de
Director o equivalente, con facultades de decisión para representarlos en las sesiones que
se celebren, a excepción del Secretario Técnico quien podrá designar a su suplente de
entre los subdirectores del Instituto, que se acreditarán al comparecer a la sesión o por
oficio.
Artículo 22. Facultades de la Junta de Gobierno
1. La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes:
I. Aprobar los reglamentos, lineamientos, criterios, metodologías, reglas, instructivos,
manuales de organización y operativos, así como las demás disposiciones
necesarias para el adecuado funcionamiento del Instituto;
II. Aprobar las acciones, políticas y criterios de actuación del Instituto que tengan como
finalidad el cumplimiento de sus objetivos;
III. Aprobar los proyectos de reforma a esta Ley, así como la demás normatividad que
se considere adecuada para el debido funcionamiento del Instituto y remitirlos a la
persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos a que haya lugar;
IV. Aprobar el proyecto de Reglamento Interior del Instituto y de sus reformas
subsecuentes, así como los demás instrumentos jurídicos necesarios para su
funcionamiento, y remitirlos a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para
su aprobación y publicación correspondiente;
V. Aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente del Instituto, y
remitirlo a la Secretaría de Planeación y Finanzas para su inclusión en el
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima;
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VI. Informar las bases y lineamientos para el ejercicio del presupuesto, así como dar a
conocer las modificaciones presupuestales que se requieran y la asignación de
recursos adicionales para permitir un mejor cumplimiento de la función del Instituto;
VII. Dar a conocer el Programa Anual de Trabajo del Instituto, así como los demás
programas institucionales que proponga el Director General;
VIII. Recibir el Informe Anual de Labores del Director General;
IX. Autorizar al Director General la suscripción de convenios de coordinación y
colaboración, respectivamente, con instituciones públicas y privadas, ya sean
locales, nacionales o internacionales, para el cumplimiento del objeto del Instituto;
X. Conocer y, en su caso, aprobar los permisos o licencias que solicite el Director
General para separarse temporalmente de sus funciones, en términos de las
disposiciones legales;
XI. Constituir los comités o comisiones que se consideren pertinentes para atender
temas específicos del Instituto;
XII. Aprobar las bases para disponer de los bienes que forman parte del patrimonio del
Instituto, así como controlar y verificar su adecuado uso;
XIII. Resolver los asuntos que presente el Director General;
XIV. Vigilar la correcta aplicación de esta Ley, el Reglamento, y las demás disposiciones
que regulen el funcionamiento del Instituto;
XV. Las demás que le asignen las leyes y los ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 23. Sesiones
1. La Junta de Gobierno sesionará de manera ordinaria por lo menos dos veces al año, y
de manera extraordinaria las veces que sea necesario a propuesta de su Presidente o de
su Vicepresidente, éste último deberá avisar al Presidente de la necesidad de sesionar de
manera extraordinaria para los efectos correspondientes.
2. La celebración de sesiones de la Junta de Gobierno será válida con la asistencia de la
mayoría simple de sus integrantes, debiendo estar siempre presente el Presidente o en su
caso, el Vicepresidente.
Artículo 24. Convocatoria
1. La convocatoria para la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno la expedirá el
Secretario Técnico por instrucción del Presidente o Vicepresidente, debiendo notificarse a
cada uno de sus integrantes cuando menos con dos días naturales de anticipación a la
sesión, excepto las sesiones extraordinarias, que podrán notificarse con un mínimo de
veinticuatro horas de anticipación a la sesión correspondiente.
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Artículo 25. Votaciones y resoluciones
1. Las resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de los
miembros presentes en las sesiones, teniendo el Presidente voto de calidad, para el caso
de empate, en ausencia de éste, el voto de calidad recaerá en el Vicepresidente.
2. Cada miembro de la Junta de Gobierno contará con voz y voto, a excepción del Secretario
Técnico quien únicamente tendrá derecho a voz.
3. Todas las votaciones serán económicas, a menos que la mayoría de los integrantes de
la Junta de Gobierno y por la naturaleza del asunto, se resuelva que sean secretas y por
escrito.
Artículo 26. Actas
1. En cada sesión el Secretario Técnico levantará un acta en la que asentará en forma clara
y sucinta los puntos tratados y los acuerdos que se tomaron. Una vez aprobada por los
miembros de la Junta de Gobierno, se agregará al libro de actas respectivo y será firmado
por los asistentes de ésta.
2. El libro de actas estará bajo custodia y responsabilidad del Secretario Técnico, quien
podrá expedir certificaciones de los asuntos en él asentados.
CAPÍTULO III
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 27. Integración
1. La Dirección General estará a cargo de un titular y se integrará por las unidades
administrativas siguientes:
I. Secretaría Particular;
II. Dirección de Asuntos Jurídicos y Administrativos:
a. Subdirección del Área Penal:
1. Defensores Públicos en materia Penal.
b. Subdirección del Área Civil, Familiar, Mercantil y Especializada:
1. Defensores Públicos en materia Civil, Familiar, Mercantil y Especializada.
c. Subdirección de Capacitación y Profesionalización; y
d. Subdirección Administrativa.
III. Unidad de Género;
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IV. Unidad de Comunicación; y
V. Unidad de Transparencia.
2. Adicionalmente, el Instituto podrá contar con las unidades administrativas, órganos
técnicos e instancias de apoyo, cualquiera que sea su denominación u organización, que
se requieran para el buen despacho de los asuntos de su competencia, las cuales se
determinarán en el Reglamento, que fijará sus atribuciones o facultades, sin perjuicio de lo
que establezca esta Ley.
3. Las unidades administrativas que conforman la estructura orgánica del Instituto en
términos de esta Ley y el Reglamento, de conformidad con la actividad que atiendan,
contarán con el personal que se requiera para el debido ejercicio de sus atribuciones, de
acuerdo a las necesidades del servicio y del presupuesto asignado.
SECCIÓN PRIMERA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 28. Director General
El Director General es el servidor público encargado de representar, dirigir, controlar,
coordinar y supervisar el funcionamiento técnico, administrativo y social del Instituto, así
como los servicios que éste brinda.
Artículo 29. Requisitos de elegibilidad para ser Director General
1. Para ser Director General se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;
II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su designación;
III. Acreditar experiencia de cinco años en el ejercicio de la abogacía, relacionada
especialmente, con las materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la
designación, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la
autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por
delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Si se tratare de
ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione
seriamente la buena fama de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta
para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la penalidad impuesta; y
V. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, ni padecer alcoholismo.
Artículo 30. Nombramiento y remoción
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1. El Director General será nombrado directamente por la persona titular del Poder Ejecutivo
del Estado.
2. El Director General podrá ser removido por resolución definitiva, fundada y motivada, de
la Junta de Gobierno por:
I. Faltas administrativas graves acreditadas mediante resolución definitiva del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Colima; y
II. Comisión de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, declarado por
autoridad judicial competente mediante sentencia definitiva.
Artículo 31. Atribuciones del Director General
1. El Director General tendrá las siguientes atribuciones:
I. Administrar el Instituto y representarlo jurídicamente;
II. Designar y remover libremente a los titulares de los cargos establecidos en el
artículo 27, numeral 1, de la Ley, así como a los demás funcionarios públicos del
Instituto, con excepción de los que se rijan por el Sistema del Servicios Profesional
de Carrera;
III. Planear, dirigir, organizar, administrar y controlar los servicios que presta el Instituto;
IV. Proponer a la Junta de Gobierno las acciones, políticas y criterios de actuación del
Instituto, para el cumplimiento de sus objetivos constitucionales, considerando las
opiniones que al respecto le formulen los titulares de las áreas que conforman la
estructura orgánica del Instituto:
V. Proponer a la Junta de Gobierno los reglamentos, lineamientos, metodologías,
reglas, instructivos, y manuales de organización y operativos, así como las demás
disposiciones necesarias para la debida prestación del servicio y el funcionamiento
del Instituto;
VI. Proponer a la Junta de Gobierno los proyectos de reformas a esta Ley, así como de
la demás normativa que considere adecuados para el debido funcionamiento del
Instituto;
VII. Proponer a la Junta de Gobierno el proyecto de Reglamento Interior del Instituto, y
sus subsecuentes reformas;
VIII. Informar a la Junta de Gobierno el Programa Anual de Trabajo del Instituto, a fin de
gestionar los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento;
IX. Proponer a la Junta de Gobierno el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Instituto;
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X. Informar a la Junta de Gobierno, la información financiera y del ejercicio
presupuestario del Instituto;
XI. Presentar ante la Junta de Gobierno, durante el mes de marzo de cada año, su
informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por el
Instituto;
XII. Proponer a la Junta de Gobierno los lineamientos generales para la contratación de
asesores técnicos y capacitadores atendiendo los criterios presupuestales que
determine el Instituto;
XIII. Proponer y elaborar programas y estrategias para la difusión de los servicios que
presta el Instituto;
XIV. Proponer a la Junta de Gobierno el plan anual de capacitación del Instituto;
XV. Acordar y coordinar con los servidores públicos dependientes del Instituto, el
cumplimiento de los planes y programas anuales a realizar, fomentando y
promoviendo la coordinación interna, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento
de éste;
XVI. Visitar periódicamente las sedes adscritas al Instituto para conocer sus
requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros;
XVII. Emitir las convocatorias para ocupar las plazas vacantes del Instituto en los términos
del Sistema del Servicios Profesional de Carrera;
XVIII. Vigilar el debido cumplimiento del desempeño de los servidores públicos en el
ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea su asignación o adscripción;
XIX. Recibir y dar curso, a las quejas que se presenten contra el personal adscrito al
Instituto;
XX. Presidir el Consejo Técnico de Profesionalización y tener voto de calidad en caso
de empate;
XXI. Proponer el otorgamiento de estímulos y recompensas a los servidores públicos del
Instituto;
XXII. Conocer y canalizar los permisos y licencias que soliciten los servidores públicos del
Instituto para separarse temporalmente de sus funciones, en términos de las
disposiciones legales;
XXIII. Calificar los casos en que procedan las excusas de los defensores públicos, así
como el retiro o suspensión del servicio a los usuarios;
XXIV. Decidir, la adscripción, remoción o cambio de adscripción de los servidores públicos
del Instituto, sin que esa adscripción, cargo o comisión de destino impliquen
inamovilidad;
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XXV. Determinar, en su caso, la circunscripción y organización de la Dirección y unidades
administrativas;
XXVI. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, las posibles violaciones a
los derechos humanos detectadas por los defensores públicos, peritos, trabajadores
sociales y demás personal del Instituto, en el ejercicio de sus funciones;
XXVII. Coordinarse con entidades, dependencias y organismos públicos de los tres
órdenes de gobierno, para la promoción de los servicios que brinda el Instituto de
orientación, defensa, asesoría y representación;
XXVIII. Comisionar a los servidores públicos del Instituto para la atención de asuntos
específicos, cuando se considere que por su naturaleza, importancia y
trascendencia, requieran un mayor grado de especialización incluyendo aquellos
fuera del estado;
XXIX. Asumir la labor de defensor público en asuntos concretos;
XXX. Proponer y apoyar la ejecución de los programas de certificación de competencias
del personal del Instituto;
XXXI. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los defensores
públicos y demás personal del Instituto que formen parte del servicio profesional, en
los términos dispuestos por esta ley y su reglamento;
XXXII. Aprobar los criterios para elaborar, generar y actualizar los perfiles y análisis de
puestos del Sistema del Servicio Profesional de Carrera;
XXXIII. Suscribir los oficios de comisión del personal del Instituto;
XXXIV. Suscribir convenios de coordinación, colaboración y demás instrumentos de
vinculación, con otras instituciones, dependencias u organismos del Estado;
XXXV. Designar al personal que deberá cubrir las ausencias temporales o permanentes de
los servidores públicos del Instituto, sin que esa designación, adscripción, cargo o
comisión de destino impliquen inamovilidad;
XXXVI. Solicitar al personal del Instituto la información, estadística y documentación que
requiera y le sea necesaria, para el cumplimiento y evaluación del desempeño de
sus funciones;
XXXVII. Recibir, examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración
el personal del Instituto;
XXXVIII. Solicitar a los titulares de las notarías públicas, dependencias, organismos
descentralizados, entidades del Estado y los municipios encargados de archivos,
libros y registros, la información, certificaciones o constancias, en los términos de
esta ley;
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XXXIX. Solicitar a la Fiscalía General del Estado, a través del área de Servicios Periciales y
Ciencias Forenses, la designación y apoyo de los peritos que se requieran para el
auxilio de los asuntos que conozcan el personal del Instituto, en los términos de esta
ley;
XL. Certificar los documentos que obren en los archivos del Instituto;
XLI. Comisionar de entre los defensores públicos adscritos a la Dirección General, para
ocupar la secretaría particular;
XLII. Delegar en el personal a su cargo las atribuciones que considere necesarias; y
XLIII. Las demás que señale esta ley, el reglamento, los lineamientos que dicte la Junta
de Gobierno y demás disposiciones aplicables.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA SECRETARIA PARTICULAR
Artículo 32. Secretaría Particular
1. La persona titular de la Secretaría Particular será la encargada de coordinar la agenda y
citas, así como de promover las relaciones públicas internas y externas del Director General
para buscar la optimización de su tiempo y actividades, bajo los lineamientos e
instrucciones del mismo.
Artículo 33. Atribuciones de la Secretaría Particular
1. El Director General tendrá la facultad exclusiva de nombrar al titular de la Secretaría
Particular, a quién le corresponderá el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Organizar, supervisar y coordinar las acciones relacionadas con la agenda laboral,
pública y privada del Director General, en la atención de sus reuniones de trabajo y
audiencias, así como coordinar las acciones administrativas que requiera el titular
del Instituto;
II. Planear y coordinar la calendarización de las actividades del Director General en su
interrelación con la ciudadanía, autoridades y organismos públicos, entre otros, a fin
de que su agenda diaria se administre de manera óptima y se lleve a cabo
eficientemente en tiempo y forma;
III. Brindar atención a los ciudadanos que acudan a externar sus quejas y peticiones,
así como canalizarlos a las áreas correspondientes y dar el debido seguimiento a
las mismas;
IV. Proporcionar a los ciudadanos una información correcta y adecuada de los trámites
y servicios del Instituto, cuando así lo soliciten;
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42
V. Elaborar las propuestas para la representación del Director General en eventos
oficiales, reuniones de trabajo a las que sea convocado, pudiendo, por instrucciones
del Director General, delegarles voz y voto en dichas representaciones;
VI. Mantener actualizado el archivo general del Despacho del Director General,
respecto a los comunicados oficiales, peticiones y proyectos de las dependencias
federales, estatales o municipales, de los ciudadanos y de los organismos no
gubernamentales;
VII. Canalizar a las diferentes áreas que integran el Instituto, las solicitudes que formule
la ciudadanía al Director General y dar el debido seguimiento;
VIII. Elaborar informes e investigaciones sobre temas específicos o coyunturales que
sean solicitados por el Director General;
IX. Coordinar la elaboración de discursos que requiera el Director General;
X. Solicitar información a los titulares de las áreas del Instituto, para la elaboración de
informes que le sean requeridos por el Director General;
XI. Realizar las evaluaciones que requiera el Director General sobre programas,
eventos y acciones locales o nacionales que incidan en el ámbito de las atribuciones
de la Institución;
XII. Apoyar al Director General en la coordinación de acciones con instancias externas
u otras dependencias; y
XIII. Las demás que le encomiende el Director General.
Artículo 34. Requisitos de elegibilidad
1. Para ocupar el cargo de titular de la Secretaría Particular se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;
II. Acreditar una residencia en el Estado por lo menos, con tres años de antigüedad al
momento de su postulación;
III. Gozar de buena reputación y prestigio profesional;
IV. Tener disponibilidad de horario, para cubrir las necesidades del servicio; y
V. Los demás requisitos que establezcan los ordenamientos legales conducentes.
SECCIÓN TERCERA
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS
Artículo 35. Director de Asuntos Jurídicos y Administrativos
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1. El Director de Asuntos Jurídicos y Administrativos es el servidor público encargado
planear, dirigir, definir, establecer, coordinar, organizar, asesorar, participar, proponer e
implementar criterios que permitan atender de manera eficaz los asuntos jurídicos en los
que se encuentre involucrado el Instituto, así como los asuntos administrativos que se
realicen al interior, conforme a la normatividad vigente.
Artículo 36. Atribuciones del Director de Asuntos Jurídicos y Administrativos
1. El Director Jurídico tendrá las siguientes atribuciones:
I. Suplir las ausencias del Director General y ejercer facultades delegadas por éste;
II. Elaborar y someter a consideración del Director General denuncias, querellas,
acusaciones y dar contestación a los informes de los Juicios de amparo en los que
sea parte el Instituto;
III. Dar seguimiento a los asuntos que le sean turnados por el Director General,
gestionando su trámite ante la unidad administrativa o instancia que corresponda e
informarle oportunamente sobre el resultado de los mismos;
IV. Proporcionar los elementos necesarios al Director General, para ratificar y
comparecer ante las autoridades competentes en los procesos legales en que deba
intervenir el Instituto;
V. Apoyar al Director General en el dictamen y la resolución de los asuntos que éste le
encomiende;
VI. Apoyar al Director General en la integración y actualización de los expedientes de
los asuntos en los que deba intervenir el Instituto;
VII. Preparar y someter a la consideración del Director General los estudios, opiniones,
dictámenes, resoluciones o proyectos de instrumentos jurídicos que corresponda al
Instituto;
VIII. Representar legalmente al Instituto con la calidad de mandatario para pleitos y
cobranzas, ante las autoridades judiciales y administrativas, en aquellos casos que
lo instruya el Director General;
IX. Suscribir los documentos, en ejercicio de las facultades que la ley o su reglamento
le confiere, por delegación de facultades o por suplencia;
X. Realizar los actos jurídicos y materiales que se requieran para la adecuada defensa
del Instituto, en los procedimientos jurisdiccionales en que sea parte;
XI. Coadyuvar dentro del ámbito de su competencia en la conformación de los
programas de trabajo, la preparación de estrategias y el adecuado desempeño de
sus facultades, a fin de contribuir al mejor despacho de los asuntos competencia del
Instituto; y
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XII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, administrativas e inclusive del juicio de
amparo, con el consentimiento del Director General;
XIII. Formar y coordinar los grupos de trabajo para el adecuado estudio, análisis y
resolución de los asuntos que le encomiende el Director General;
XIV. Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le son asignados por
el Director General;
XV. Reportar periódicamente al Director General el avance de cada uno de los asuntos
jurídicos en los cuales participe;
XVI. Dirigir y coordinar el Sistema de Información y Análisis de los asuntos de su
competencia;
XVII. Rendir los informes internos y externos que se soliciten por instrucciones del
Director General;
XVIII. Asesorar jurídicamente a las personas físicas o morales en aquellos asuntos que
sean ordenados por el Director General;
XIX. Desempeñar comisiones o representaciones oficiales del Instituto, en términos de
las instrucciones del Director General;
XX. Atender las solicitudes de información pública que requieran las autoridades, así
como personas físicas o morales públicas y privadas, previa autorización del
Director General;
XXI. Asumir la labor de defensor público en asuntos que le sean encomendados por el
Director General;
XXII. Delegar en el personal a su cargo, las funciones que estime pertinentes;
XXIII. Formar parte del Consejo Técnico de Profesionalización, en su calidad de
Vicepresidente;
XXIV. Proponer al Director General la resolución derivada de los recursos administrativos
que se interpongan por servidores públicos, adscritos al Instituto;
XXV. Realizar por instrucciones del Director General, las supervisiones, revisión de
expedientes, carpetas de investigación, documentos, registros e informes,
observación de audiencias, procesos y prácticas del personal del Instituto, en el
desempeño de sus funciones; así como llevar a cabo las investigaciones por causas
de responsabilidad, en atención a los reclamos y quejas de los usuarios en contra
de éstos;
XXVI. informando al superior jerárquico los resultados, proponiendo las sanciones
correspondientes en caso de ser procedente;
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45
XXVII. Proponer las recomendaciones técnico-jurídicas que subsanen las deficiencias
detectadas durante las supervisiones practicadas y verificar su observancia;
XXVIII. Compilar y divulgar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen
con el ámbito de competencia del Instituto;
XXIX. Auxiliar a la Subdirección Administrativa, por instrucciones del Director General, en
el levantamiento de actas administrativas laborales y la formulación de dictámenes
de cese y suspensión de los efectos del nombramiento del personal del Instituto;
XXX. Solicitar por instrucciones del Director General, los informes a los Subdirectores de
Área y Defensores Públicos sobre asuntos que se tramiten en su adscripción; y
XXXI. Las demás que le asigne esta Ley, el Reglamento, así como las que deriven de otras
disposiciones normativas aplicables o le confiera el Director General.
Artículo 37. Requisitos de elegibilidad
1. Para ser Director Jurídico se requieren los mismos requisitos que se exigen para el
Director General, a excepción de la edad, que tendrá que ser mayor de veinticinco años al
momento de su designación.
SECCIÓN CUARTA
SUBDIRECCIONES DE ÁREA
Artículo 38. Subdirector del Área Penal
El Subdirector del Área Penal es el servidor público encargado de garantizar el
cumplimiento de la adecuada actuación, desempeño y calidad en la defensa técnica
proporcionada por los defensores públicos, y demás personal del área penal del Instituto.
Artículo 39. Atribuciones del Subdirector del Área Penal
1. El Subdirector del Área Penal tendrá las siguientes atribuciones:
I. Acordar con el Director Jurídico, los asuntos inherentes a su competencia, así como
aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
II. Supervisar que el personal de las unidades administrativas, cumplan sus funciones
de acuerdo a lo establecido en esta ley y el reglamento;
III. Formular el programa anual de trabajo de la Subdirección, a fin de prever los
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; mismo que deberá presentar al
Director Jurídico;
IV. Proponer de manera oportuna a la Coordinación Administrativa, las necesidades y
requerimientos de la Subdirección a su cargo, para su revisión y consideración en
la elaboración del anteproyecto anual del presupuesto de egresos del Instituto;
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46
V. Elaborar un informe anual de las actividades desarrolladas por el personal a su
cargo, que además contenga informes estadísticos correspondientes a su área, el
cual deberá remitir al Director Jurídico, dentro de los primeros quince días del mes
de febrero;
VI. Proponer al Director Jurídico las medidas que considere adecuadas para el buen
funcionamiento del servicio, dentro del ámbito de su respectiva Subdirección;
VII. Proporcionar previo acuerdo con el Director Jurídico la información, datos y números
que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado, por conducto del área
facultada para ello;
VIII. Administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su cargo;
IX. Establecer las normas, políticas y procedimientos para la adecuada operación de
las unidades administrativas y demás personal que se encuentre bajo su
responsabilidad;
X. Supervisar que las unidades administrativas a su cargo, mantengan un control para
que los defensores públicos, conserven los archivos y documentos actualizados;
privilegiando que el servicio sea brindado en forma oportuna, diligente, eficaz,
gratuita y de manera continua; informando de manera inmediata al Director Jurídico
de cualquier irregularidad que se suscitara;
XI. Vigilar que los defensores públicos procuren la negociación, mediación, conciliación
y tratándose de la materia penal, la utilización de los mecanismos alternativos de
solución de controversias y formas anticipadas de solución de conflictos, en los
asuntos en los que tengan intervención; de acuerdo con lo establecido en la
normatividad vigente para tales efectos;
XII. Coordinar, apoyar y supervisar las labores de las unidades administrativas a su
cargo;
XIII. Proponer y aplicar las medidas administrativas necesarias para hacer efectivo el
derecho a una defensa de calidad a quien lo requiera, dentro del ámbito de su
respectiva competencia;
XIV. Brindar auxilio a las unidades administrativas a su cargo, para realizar las gestiones
a fin de que su personal cuente con las facilidades de ofrecer y presentar los
peritajes que sean necesarios, para la investigación y esclarecimiento del hecho o
circunstancia que favorezca al usuario;
XV. Solicitar al Subdirector Administrativo, previa autorización del Director Jurídico, la
disposición de los recursos del Fondo Auxiliar para la Defensa Técnica en los
términos establecidos por el reglamento;
XVI. Supervisar la eficaz operación y funcionamiento del Sistema Informático para la
adecuada integración de los archivos y documentos de su área correspondiente;
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47
XVII. Promover la capacitación y actualización, así como el desarrollo de su personal, en
coordinación con el área responsable;
XVIII. Recibir y entregar al Director Jurídico las quejas, excusas y retiro del servicio del
personal que tiene a su cargo, en los términos dispuestos por esta ley y su
reglamento;
XIX. Formar parte del Consejo Técnico de Profesionalización, con la calidad de vocal;
XX. Atender y acatar de forma inmediata las instrucciones en los términos indicados por
el Director Jurídico;
XXI. Asumir la labor de defensor público en asuntos concretos de su competencia;
XXII. Designar a Defensores Públicos para la atención de asuntos concretos que por su
naturaleza o especialización así lo requiera;
XXIII. Elaborar y firmar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como
los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; y
XXIV. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiere esta ley, el reglamento, y
sus superiores jerárquicos.
Artículo 40. Subdirector del Área Civil, Familiar, Mercantil, Administrativo y Especializada
1. El Subdirector del Área Civil, Familiar, Mercantil, Administrativo y Especializada es el
servidor público encargado de garantizar la adecuada actuación, desempeño y calidad
profesional, proporcionada por los coordinadores, defensores públicos y demás personal
de su área.
Artículo 41. Atribuciones del Subdirector del Área Civil, Familiar, Mercantil y Especializada
1. El Subdirector del Área Civil, Familiar, Mercantil, Administrativo y Especializada, tendrá
las mismas atribuciones que el del área penal las cuales serán aplicables dentro del ámbito
de las materias de su competencia.
Artículo 42. Subdirector de Capacitación y Profesionalización
1. El Subdirector de Capacitación y Profesionalización es el servidor público encargado de
coordinar y dirigir los procesos, procedimientos y actividades relacionados con el Sistema
del Servicios Profesional de Carrera del personal del Instituto; garantizará el cumplimiento
de sus objetivos y metas, a través de la profesionalización de su personal y la evaluación
del desempeño.
Artículo 43. Atribuciones del Subdirector de Capacitación y Profesionalización
1. El Subdirector de Capacitación y Profesionalización tendrá las siguientes atribuciones:
Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima
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48
I. Acordar con el Director Jurídico los asuntos relacionados con los objetivos y metas
inherentes a esta Subdirección, así como aquellos que le sean encomendados,
manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
II. Mantener comunicación constante con el resto de las Subdirecciones de Área, a fin
de determinar las necesidades de capacitación para el personal del Instituto;
III. Proponer y formular al Director Jurídico el programa anual de trabajo del área, así
como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados
con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su
desarrollo;
IV. Proponer de manera oportuna a la Subdirección Administrativa, previa autorización
de la Dirección las necesidades, requerimientos y el Plan Anual de Capacitación del
Instituto, el cual contendrá el costo del mismo, para su revisión y consideración en
la elaboración del anteproyecto anual del presupuesto de egresos del Instituto, a
más tardar el último día hábil del mes de julio de cada año;
V. Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos;
VI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general,
firmar los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda;
VII. Administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su cargo;
VIII. Coordinar, vigilar y supervisar el adecuado desarrollo del Sistema del Servicio
Profesional;
IX. Identificar y seleccionar técnicas y métodos para la detección de necesidades de
capacitación para el personal del Instituto;
X. Coordinar la capacitación, formación, evaluación y desarrollo profesional de los
servidores públicos del Instituto; aplicando las políticas, normas y procedimientos
que se determinan en la presente Ley y su Reglamento;
XI. Validar el informe de resultados y dictamen de la evaluación del desempeño
aplicada a los servidores públicos del Instituto;
XII. Formular y establecer los mecanismos que impulsen la cultura de calidad y
evaluación del desempeño en los servidores públicos que laboran en el Instituto;
XIII. Generar, supervisar y evaluar procesos de mejoramiento de calidad de los servicios
que provee el Instituto;
XIV. Verificar en su caso, el adecuado seguimiento de los indicadores de gestión
aplicables al Sistema de Justicia Penal Acusatorio;
XV. Vigilar la correcta implementación de los programas de capacitación;
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Dirección de Procesos Legislativo
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XVI. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla sus funciones de acuerdo a lo
establecido en esta Ley y su Reglamento;
XVII. Realizar los informes estadísticos correspondientes a su área, los cuales deberá
remitir al Director Jurídico dentro de los primeros quince días del mes de febrero;
XVIII. Proporcionar previo acuerdo con el Director Jurídico la información, datos, números
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
XIX. Realizar las funciones que le sean delegadas por sus superiores jerárquicos;
XX. Atender y acatar de forma inmediata las instrucciones en los términos indicados por
el Director Jurídico o personal designado por él;
XXI. Coordinarse con las Instituciones Educativas y Jurídicas, que brinden capacitación
en las materias que conoce el Instituto; con la finalidad de celebrar convenios de
colaboración para desarrollar el programa de capacitación;
XXII. Formar parte del Consejo Técnico de Profesionalización, con la calidad de
Secretario Técnico;
XXIII. Mantener un registro y control informático de los servicios prestados por el Instituto;
XXIV. Emitir y someter a consideración del Director General y el Director Jurídico, los
criterios para elaborar, generar y actualizar los perfiles y análisis de puestos del
Sistema del Servicio Profesional de Carrera; y
XXV. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiere esta ley y su reglamento.
Artículo 44. Subdirector Administrativo
1. El Subdirector Administrativo será el servidor público responsable de administrar los
recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos asignados al Instituto conforme a
la normatividad vigente.
Artículo 45. Atribuciones del Subdirector Administrativo
1. El Subdirector Administrativo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Acordar con el Director General los asuntos de su competencia que así lo requieran;
II. Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales,
semestrales o anuales que así lo requieran, para ser turnados al Director General
para su revisión y validación respectiva;
III. Proporcionar previo acuerdo con el Director General, la información, datos, números
y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
IV. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos a su cargo;
Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima
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V. Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por
delegación o suplencia le correspondan;
VI. Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto y presentarlo al
Director General para su revisión;
VII. Ministrar los requerimientos de materiales, suministros y servicios informáticos
necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto;
VIII. Apoyar a las diversas áreas del Instituto, así como las gestiones administrativas que
resulten necesarias para la realización óptima de sus funciones;
IX. Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
que tengan relación con el Instituto;
X. Elaborar los procesos que permitan eficientar la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros;
XI. Coordinar y supervisar las labores del personal del Instituto en el ámbito de su
competencia;
XII. Realizar el trámite para la contratación de los servicios periciales y consultorías
externas, por instrucción del Director General, para la atención de los asuntos
específicos;
XIII. Administrar los ingresos y egresos del Instituto, así como llevar a cabo su
contabilidad;
XIV. Administrar los recursos gestionados, obtenidos y destinados al Instituto, a través
de los programas y apoyos de las Instancias Internacionales, de los tres niveles de
gobierno, así como del sector privado, para el cumplimiento de los fines del mismo;
XV. Implementar los planes, programas y estrategias en materia de Desarrollo
Organizacional, que permita el fortalecimiento del Instituto con base en los
lineamientos contemplados en la normatividad aplicable;
XVI. Procurar la actualización tecnológica en los equipos y mobiliarios que han de
utilizarse en las funciones del Instituto, con base en el presupuesto autorizado;
XVII. Realizar el trámite de las adquisiciones de recursos materiales y humanos del
Instituto, de acuerdo a la normatividad aplicable;
XVIII. Recibir las solicitudes del personal del Instituto, respecto de los recursos materiales
que sean necesarios para el mejor desempeño de sus funciones y darle el trámite
correspondiente, de acuerdo a las posibilidades presupuestales;
XIX. Entregar la documentación e información que tenga bajo su resguardo, siempre y
cuando la misma sea solicitada por escrito; previa autorización del Director General
y/o Director Jurídico, y lo permita la normatividad vigente;
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XX. Realizar las funciones que le sean delegadas por el Director General y el Director
Jurídico;
XXI. Realizar las actas administrativas al personal del Instituto y turnarlas al Director
Jurídico y al Director General para su trámite correspondiente;
XXII. Delegar funciones en el personal a su cargo; y
XXIII. Las demás que le confiera esta ley, su reglamento y la normatividad aplicable.
Artículo 46. Requisitos de elegibilidad para ser Subdirector de Área
1. Para ser Subdirector de Área se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;
II. Acreditar una residencia en el Estado de Colima por lo menos, con tres años de
antigüedad al momento de su postulación;
III. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al momento de su designación;
IV. Tener título oficial de Licenciado en Derecho y cédula profesional, expedidos por
autoridad legalmente facultada para otorgarlo;
V. Contar con experiencia de tres años en el ejercicio de su profesión, especialmente
en la práctica procesal de las materias afines a sus funciones;
VI. Gozar de buena reputación y prestigio profesional;
VII. Tener disponibilidad de horario, para cubrir las necesidades del servicio;
VIII. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor
de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso
de confianza u otro que lesione seriamente la buena fama de la persona en el
concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido
la penalidad impuesta;
IX. En el área penal acreditar conocimientos y habilidades en el Sistema Penal
Acusatorio y Derechos Humanos; y en el área administrativa, tener conocimientos
en materia de Administración Pública, Administración de Empresas, Economía,
Contaduría Pública o materias afines; y
X. Los demás requisitos que establezcan los ordenamientos legales conducentes.
SECCIÓN QUINTA
DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS
Artículo 47. Defensores Públicos
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1. Los Defensores Públicos son servidores públicos dependientes del Instituto, que
actuarán de buena fe, con autonomía técnica e independencia en el trámite de los asuntos
que conozcan; tienen a su cargo brindar la orientación, asesoría legal, defensa y
representación jurídica a los usuarios ante las autoridades ministeriales, judiciales y
administrativas que correspondan.
Artículo 48. Atribuciones de los Defensores Públicos
1. Los Defensores Públicos tendrán las atribuciones siguientes:
I. Garantizar a los usuarios del Instituto el derecho a la defensa pública en todo grado
y estado procesal ante las autoridades ministeriales, judiciales y administrativas, en
todas las materias que conoce el Instituto de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los tratados,
pactos y convenciones internacionales que en materia de derechos humanos hayan
sido suscritos y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, así como la presente
ley, su reglamento y demás disposiciones normativas aplicables;
II. Conducir su actuación profesional bajo los principios que rigen al Instituto;
III. Brindar los servicios del Instituto en el área de su asignación y en razón de la materia
de su competencia;
IV. Iniciar o dar continuidad a las causas o procedimientos que les sean asignados en
el ejercicio de su competencia;
V. Atender las instrucciones que provengan del Director General o de su superior
jerárquico, sin perjuicio de su autonomía funcional;
VI. Mantener al usuario informado del avance procesal en el asunto que se le patrocina;
VII. Documentar su actividad laboral en los instrumentos físicos y tecnológicos
establecidos para ello;
VIII. Mantener actualizadas las bases de datos de los usuarios del Instituto que permita
identificar, localizar y conocer el estado procesal de las causas judiciales;
IX. Contribuir en la medida de sus capacidades con el impulso procesal en los asuntos
en que intervenga, así como promover la interposición de los medios de
impugnación y juicio de amparo de manera oportuna;
X. Asistir puntualmente a las diligencias, audiencias y actos que las autoridades
competentes dispongan en las actuaciones respectivas;
XI. Abstenerse de aceptar el nombramiento de autorizado en los términos amplios que
dispone la normatividad aplicable en cualquier materia, con excepción de la penal;
sin embargo, podrá ser designado por el usuario como su vocero autorizado única
y exclusivamente para intervenir en el desahogo de audiencias y diligencias en los
Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima
Dirección de Procesos Legislativo
53
asuntos del orden civil, familiar, mercantil, administrativo, agrario y de amparo; y
demás que autorice su superior jerárquico o el Director General;
XII. Abstenerse de autorizar o consentir que se señalen las oficinas de la Defensoría
Pública de su adscripción como domicilio para oír y recibir notificaciones en aquellos
asuntos en los que no intervenga o no tenga ninguna relación con el Instituto. En el
caso de que advierta lo anterior, inmediatamente deberá de hacerlo del
conocimiento a la autoridad competente, mediante oficio, para que desautorice
dicho domicilio, en virtud de que no se patrocina a la persona que señaló la oficina
a la que se encuentra adscrito;
XIII. Elaborar y rendir a su superior jerárquico, un informe mensual de los asuntos que
tenga a su cargo, así como de aquéllos en los que se le solicite su intervención; el
cual deberá remitir en los primeros tres días de cada mes;
XIV. Llevar un sistema de control y calendarización de los términos legales a que se
sujeten las distintas etapas del procedimiento en los asuntos en que intervenga,
para el debido impulso procesal;
XV. Mantener debidamente integrado el expediente físico o electrónico, relativo a los
asuntos a su cargo;
XVI. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por la Dirección General o superior
jerárquico, que sean oportunamente comunicadas;
XVII. Participar en los cursos de capacitación o actualización que se impartan por el
Instituto o lo que se realicen en coordinación con las Universidades, Instituciones,
Dependencias de los tres órdenes de gobierno, Organismos y Asociaciones
Públicas o Privadas; así como en aquellos en los que se les instruya asistir por sus
superiores jerárquicos;
XVIII. Tener a su cargo y bajo su supervisión el desempeño de los auxiliares técnicos y
demás personal que se le asigne;
XIX. Delegar a los auxiliares técnicos y demás personal que tenga asignado aquellas
funciones y actividades de su competencia, que sean necesarias para el desempeño
de su cargo;
XX. Solicitar de manera oportuna se gestione los servicios periciales en los asuntos que
los requieran;
XXI. Tramitar las excusas y retiro del servicio a los usuarios, así como la negación del
mismo a los solicitantes en los casos que así proceda, en los términos de la presente
ley y demás normatividad aplicable;
XXII. Canalizar a los solicitantes con la autoridad, institución, organismo o dependencia
correspondiente, en aquellos asuntos que no sean de su competencia; y
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Dirección de Procesos Legislativo
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XXIII. Las demás que le confiera la presente ley, el reglamento, la normatividad aplicable.
Artículo 49. Requisitos de elegibilidad para ser Defensor Público
1. Para ser Defensor Público se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;
II. Acreditar una residencia en el Estado de por lo menos, con un año de antigüedad al
momento de su postulación;
III. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al momento de su designación;
IV. Tener título oficial de Licenciado en Derecho y cédula profesional, expedidos por
autoridad legalmente facultada para otorgarlo;
V. Contar con experiencia de tres años en el ejercicio de su profesión, especialmente
en la práctica procesal de las materias afines a sus funciones;
VI. Gozar de buena reputación y prestigio profesional;
VII. Tener disponibilidad de horario, para cubrir las necesidades del servicio;
VIII. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor
de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso
de confianza u otro que lesione seriamente la buena fama de la persona en el
concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido
la penalidad impuesta;
IX. Haber aprobado el proceso de selección de acuerdo al Sistema del Servicio
Profesional del Instituto, de acuerdo a la normatividad correspondiente;
X. En el área penal acreditar conocimientos y habilidades en el Sistema Penal
Acusatorio y Derechos Humanos; y
XI. Los demás requisitos que establezcan los ordenamientos legales conducentes.
SECCIÓN SEXTA
DE LAS UNIDADES DE GÉNERO,
COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA
Artículo 50. Unidades de Género, Comunicación Social y Transparencia
1. Las Unidades de Género, Comunicación Social y Transparencia serán áreas
administrativas, que establecerán los mecanismos de coordinación que se estimen
necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones.
Artículo 51. Unidad de Género
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1. La Unidad de Género tiene como propósito establecer líneas de acción que coadyuven
en la igualdad sustantiva entre géneros y que prevengan la violencia contra las mujeres,
misma que tendrá las atribuciones siguientes:
I. Proporcionar acciones orientadas a la igualdad sustantiva en el Instituto, y en las
áreas de su competencia;
II. Coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de
acoso laboral, así como acoso y hostigamiento sexual;
III. Contribuir en la formación y especialización del personal de todos los niveles en
materia de perspectiva de género e igualdad sustantiva; y
IV. Proporcionar asesoría jurídica en la defensa y protección de víctimas de
discriminación por causa de género.
Artículo 52. Unidad de Comunicación Social
1. La Unidad de Comunicación Social será el área responsable de ejecutar estrategias de
comunicación pública para fortalecer la imagen del Instituto. Asimismo, mantendrá el
contacto con los medios de comunicación para la realización de ruedas de prensa y
comunicados oficiales.
2. A la Unidad de Comunicación Social, le corresponde el ejercicio de las siguientes
funciones:
I. Difundir la información de los programas y actividades del Instituto, a través de los
medios de comunicación, para proporcionar orientación e información a la
ciudadanía;
II. Emitir boletines informativos de las áreas que integran el Instituto, así como
coordinar las indicaciones que el Director General gire en cuanto a programar
entrevistas y conferencias con los medios de comunicación;
III. Difundir los resultados de los programas y actividades del Instituto, en apego a las
disposiciones de la Dirección General;
IV. Analizar y evaluar la información difundida por los medios de comunicación, con
relación a la operación del Instituto;
V. Establecer programas para el archivo y conservación de la Información relacionada
con el Instituto;
VI. Coadyuvar al fortalecimiento y mejoramiento de la imagen pública del Instituto;
VII. Coordinar con las áreas correspondientes, las ruedas de prensa, conferencias, foros
y entrevistas relacionadas con las actividades del Instituto;
VIII. Rendir un informe mensual a la superioridad de las actividades desarrolladas; y
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IX. Las demás que le encomiende el Director General.
Artículo 53. Unidad de Transparencia
1. La Unidad de Transparencia tendrá a su cargo la atención de las solicitudes de
información que les formulen los particulares, los organismos gubernamentales y otras
dependencias de gobierno estatal y federal; y a la cual le compete:
I. En materia de manejo de información:
a) Ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el
sujeto obligado;
b) Recabar, publicar y actualizar la información que debe permanecer
permanentemente en Internet, a disposición del público, en términos de esta Ley;
c) Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la
atención de las solicitudes de acceso a la información; y
d) Las demás que le confiera la normatividad relativa o, en su caso, el titular del sujeto
obligado;
II. En materia de atención de solicitudes:
a) Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta
la entrega de la misma, cuando ello resulte procedente;
b) Llevar el registro y actualizarlo trimestralmente, de las solicitudes de acceso a la
información, así como de los trámites y resultados obtenidos de la atención a las
mismas, haciéndolo del conocimiento del titular del sujeto obligado;
c) Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de
información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de
acceso a la misma;
d) Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes de información; y
e) Apoyar y orientar a los particulares respecto de los recursos que tienen a su alcance
para el ejercicio pleno de los derechos consagrados en la presente Ley;
III. En materia de información reservada o confidencial:
a) Apoyar al titular del sujeto obligado en el desempeño de sus funciones inherentes
al tratamiento, manejo y clasificación de información reservada o confidencial;
b) Cuidar el manejo de la información clasificada como reservada o confidencial para
evitar su entrega a terceros, en los términos previstos en el presente ordenamiento;
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c) Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de datos personales,
éstos se entreguen sólo a su titular, su representante o a las personas que el primero
de éstos autorice expresamente: y
d) Emitir opinión respecto de la clasificación de la información que se encuentre en
poder del sujeto obligado o sea solicitada por algún particular, para efectos de
determinar la procedencia de su entrega.
CAPÍTULO IV
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Artículo 54. Órgano Interno de Control
1. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, adscrito al Sistema Estatal
Anticorrupción, cuyo titular será designado por la Junta de Gobierno, a propuesta de la
Contraloría General del Estado, con facultades de auditoría interna del ejercicio del
presupuesto del Instituto, y las atribuciones que le otorga la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Colima, esta Ley, su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas de la
materia.
Artículo 55. Duración del cargo
1. La persona titular del Órgano durará en su encargo tres años, y podrá ser ratificado en
una sola ocasión por un periodo igual por la Junta de Gobierno.
Artículo 56. Requisitos elegibilidad del Titular del Órgano Interno de Control
1. Para ser titular del Órgano Interno de Control se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y
haber radicado el Estado al menos un año antes de su postulación;
II. No haber sido condenado por delito doloso, cualquiera que haya sido la pena y gozar
de buena reputación;
III. Tener por lo menos con tres años de ejercicio profesional y una experiencia laboral
acorde al Órgano;
IV. Contar con cédula profesional de Licenciatura en el área jurídica, económica,
administrativa o relacionada directamente con las funciones encomendadas;
V. Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la designación;
VI. No pertenecer o haber pertenecido en los dos años anteriores a su designación, a
despachos que hubieren prestado sus servicios al Instituto o haber fungido como
consultor o auditor externo del Instituto en lo individual durante ese periodo; y
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VII. No haber sido Secretario de Estado, secretario o servidor público de alguna
dependencia administrativa del Gobierno del Estado de Colima, Fiscal General del
Estado, desempeñado cargo de elección popular, dirigente, miembro de órgano
rector o alto ejecutivo de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo
de elección popular en los tres años anteriores a la propia designación.
CAPÍTULO V
DE LAS SUPLENCIAS
Artículo 57. Régimen de suplencias
1. En las ausencias temporales del Director General, deberá ser suplido por el Director
Jurídico. En caso de ausencia definitiva, la suplencia persistirá hasta en tanto la persona
titular del Poder Ejecutivo del Estado designe al nuevo titular del Instituto.
2. El Director Jurídico será suplido en sus ausencias preferentemente por alguno de los
Subdirectores de Área, a elección del Director General. En caso de ausencia definitiva, la
suplencia persistirá hasta en tanto el Director General designe al nuevo Director Jurídico.
3. Los Subdirectores de Área serán suplidos en sus ausencias preferentemente por alguno
de los defensores públicos adscritos al área correspondiente, a elección del Director
General.
4. El resto del personal del Instituto, será suplido en sus ausencias temporales en los
términos que establezca el Reglamento.
TÍTULO TERCERO
FONDO AUXILIAR PARA LA DEFENSA TÉCNICA
CAPÍTULO ÚNICO
DEL FONDO AUXILIAR PARA LA DEFENSA TÉCNICA
Artículo 58. Fondo Auxiliar para la Defensa Técnica
1. El Instituto contará con un recurso económico presupuestado y destinado para
contratación de servicios por honorarios en áreas técnicas y especializadas para el
otorgamiento de una defensa técnica adecuada, al que podrán acceder los usuarios
conforme al procedimiento establecido en el Reglamento.
TÍTULO CUARTO
SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
CAPÍTULO I
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 59. Servicio Profesional de Carrera
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1. El Servicio Profesional de Carrera del Instituto es un mecanismo que garantiza la igualdad
de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito por competencias,
además de asegurar la eficiencia e idoneidad de sus funcionarios, normando los requisitos
y procedimientos para su ingreso, estabilidad, capacitación, promoción, traslado y retiro;
impulsando el desarrollo de la función pública en beneficio de la sociedad.
2. Serán principios rectores del Servicio Profesional de Carrera: la legalidad, excelencia,
profesionalismo, calidad, objetividad, equidad, calidez, imparcialidad e independencia, en
los términos que establezca esta ley y su reglamento.
3. Los requisitos, procedimientos, reglas y lineamientos del Sistema Profesional de Carrera
se sujetarán a lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.
Artículo 60. Sujetos al Servicio Profesional de Carrera
1. Son sujetos al Servicio Profesional de Carrera los Defensores Públicos y subdirectores
en materia penal, y en materia civil, mercantil y especializado.
Artículo 61. Remoción
El servidor público que ingrese al Servicio Profesional de Carrera sólo podrá ser removido
en los casos previstos en esta Ley y el Reglamento.
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO TÉCNICO DE PROFESIONALIZACIÓN
Artículo 62. Consejo Técnico de Profesionalización
1. El Consejo Técnico es el órgano de resolución en los procesos de reclutamiento,
formación inicial, selección, ingreso, permanencia, evaluación y certificación de los
Servidores Públicos que aspiren al Servicio Profesional de Carrera, el cual se llevará a cabo
en el Instituto, de conformidad con los lineamientos y procedimientos establecidos para tal
efecto en el Reglamento.
2. El Consejo estará integrado por el Director General, quien fungirá como su Presidente,
el Director Jurídico como Vicepresidente, el Subdirector de Capacitación y
Profesionalización como Secretario Técnico y el Subdirector Administrativo en calidad de
vocal. El Presidente, el Vicepresidente y el Vocal tendrán derecho a voz y voto, y el
Secretario Técnico únicamente a voz.
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE CARRERA
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS DERECHOS
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Artículo 63. Derechos Laborales
1. Los Servidores Públicos del Instituto sujetos al Servicio Profesional de Carrera tendrán
los siguientes derechos:
I. A la estabilidad y permanencia en los términos y bajo las condiciones que prevé esta
Ley y su Reglamento, con excepción de los funcionarios que no estén sujetos al
servicio profesional de carrera;
II. A que se le expida el nombramiento como Servidor Público de Carrera una vez
cubiertos los requisitos establecidos en esta Ley y su reglamento;
III. Percibir prestaciones dignas acordes con las características de sus funciones y
niveles de responsabilidad en el desempeño de las mismas, sin que estas puedan
ser inferiores a las que corresponden a los Agentes del Ministerio Público, para el
caso de los Defensores Públicos;
IV. Acceder a estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y desempeño así
lo ameriten, de acuerdo con las normas aplicables y las disponibilidades
presupuestales;
V. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque dentro del Instituto;
VI. Gozar de un trato digno, amable y respetuoso por parte de sus superiores
jerárquicos;
VII. A tener acceso a la capacitación y actualización en los términos de esta Ley y de su
Reglamento, para el mejor desempeño de sus funciones;
VIII. A ser evaluado con base en los principios rectores de esta Ley y su Reglamento, y
conocer el resultado de las evaluaciones que haya sustentado;
IX. A promover los medios de defensa que establece las disposiciones jurídicas
aplicables contra las resoluciones emitidas en aplicación del mismo;
X. A recibir una indemnización en los términos de la legislación laboral aplicable,
cuando sea despedido injustificadamente; y
XI. A las demás que se deriven de esta Ley, del Reglamento y de las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 64. Obligaciones Laborales
1. Los Servidores Públicos del Instituto sujetos al Servicio Profesional de Carrera tendrán
las siguientes obligaciones:
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I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios rectores que rigen el
Instituto;
II. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, observando las
instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos;
III. Participar y aprobar las evaluaciones para su permanencia y desarrollo conforme a
lo establecido en el Sistema Profesional de Carrera;
IV. Aportar los elementos necesarios para la evaluación de su desempeño;
V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la
actualización, especialización y educación formal, sin menoscabo de otras
condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su
nombramiento;
VI. Guardar los principios de confidencialidad y reserva que la ley establece respecto la
información que maneje el Instituto;
VII. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades;
VIII. Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario que se
designe para suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas;
IX. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del
personal, bienes y documentación u objetos del Instituto o de las personas que allí
se encuentren;
X. Abstenerse de incurrir en conductas, actos u omisiones que denigren o vulneren la
imagen y el prestigio del Instituto; y
XI. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y las demás disposiciones
normativas aplicables.
CAPÍTULO IV
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL INSTITUTO
Artículo 65. Responsabilidades de los servidores públicos del Instituto
1. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en
el Instituto, serán responsables de toda falta u omisión en el desempeño de su función, en
términos del Título Cuarto de la Constitución Federal, el Título Once de la Constitución del
Estado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de
Colima y demás disposiciones jurídicas aplicables.
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2. Los servidores públicos del Instituto también estarán sujetos al régimen especial
disciplinario del Servicio Profesional de Carrera, contemplado en el Reglamento, en los
casos que proceda.
3. Si el incumplimiento o falta del servidor público deriva en una responsabilidad diversa a
la administrativa, sea política, penal, civil, aunque se trate de la misma conducta, ésta se
promoverá y fincará autónomamente, imponiéndose por parte de la autoridad competente
las sanciones que correspondan al tipo de responsabilidad de que se trate, en términos de
la legislación que le sea aplicable.
CAPÍTULO V
DEL RÉGIMEN LABORAL
Artículo 66. Régimen Laboral
1. El personal del Instituto se regirá por esta Ley, el Reglamento, los acuerdos y circulares
que expida la Junta de Gobierno o el Director General, así como por la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del
Estado de Colima.
Artículo 67. Servidores Públicos de Confianza
1. Los titulares de la Dirección General, la Secretaría Particular, Director Jurídico,
subdirectores de área, subdirector administrativo, titulares de las unidades, y defensores
públicos, serán considerados servidores públicos de confianza.
CAPÍTULO VI
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO
Artículo 68. Patrimonio del Instituto
1. El patrimonio del Instituto está constituido por:
I. Una partida establecida en cada ejercicio fiscal del Presupuesto de Egresos
asignado al Instituto;
II. Aportaciones y subsidios provenientes de organismos y dependencias del ámbito
internacional, federal, estatal y municipal;
III. Donaciones, herencias y legados a favor del Instituto;
IV. Recursos obtenidos por el Instituto, a través de la impartición u organización de
actividades académicas;
V. Instalaciones, construcciones, y diferentes activos que sean parte del Instituto;
VI. Créditos y bienes obtenidos por cualquier otro título legal; y
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VII. Las demás que determine el reglamento de la presente Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente ley, entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, publicada en
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 13 de diciembre de 2014.
TERCERO. El Instituto entrará en funciones al momento de la entrada en vigor de la
presente ley.
CUARTO. Con fundamento y conforme lo señala el artículo Cuarto Transitorio de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; el personal que actualmente
se encuentra adscrito y laborando en la Dirección General de la Defensoría Pública, pasará
a formar parte del Instituto de
Defensoría Pública del Estado de Colima, preservando los derechos laborales, y de ser el
caso, quedará incorporado al Sistema del Servicio Profesional Carrera sin la necesidad de
cubrir las etapas de ingreso y selección, al reunir previamente las competencias necesarias
para el desempeño de sus funciones.
QUINTO. Todos los recursos, instalaciones y mobiliario pertenecientes a Gobierno del
Estado y bajo resguardo de la Dirección General de la Defensoría Pública del Estado,
pasará, previo inventario de la Dirección de Bienes Patrimoniales del Gobierno del Estado,
al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima.
SEXTO. Hasta en tanto el Instituto no cuente con los peritos que sean necesarios para el
apoyo de sus servidores públicos, la Fiscalía General del Estado a través del área de
servicios periciales o las instituciones públicas que cuenten con personal especializado,
estarán obligadas a proporcionar los peritos para el auxilio en los asuntos que conozcan los
Defensores Públicos; lo anterior, previa solicitud del Director General, debiendo ser
otorgado dicho servicio sin costo alguno para el usuario del servicio requerido; con
excepción de aquellos asuntos en los que el Ministerio Público sea contraparte.
SÉPTIMO. Las obligaciones presupuestarias que se consignan en la presente ley, serán
obligatorias a partir del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
OCTAVO. El Reglamento Interno del Instituto, deberá ser aprobado en un plazo no mayor
de 180 días contados a partir de la entrada en funciones del Instituto de Defensoría Pública
del Estado de Colima.
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 13 trece días del mes de
mayo de 2021 dos mil veintiuno.
DIP. MANUEL RUBÉN CERVERA GARCÍA
PRESIDENTE
Firma.
DIP. MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA
SECRETARIA
Firma.
DIP. MARÍA ISABEL MARTÍNEZ FLORES
SECRETARIA
Firma.
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