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Ley publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” No. 43, SUPL. No. 24,
01 septiembre 2012.
DECRETO No. 586
POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY PARA EL IMPULSO DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.
LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Colima, a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente
D E C R E T O
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y ARTICULO 39 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que mediante oficio número 3667/012, de fecha 14 de agosto de 2012, los
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto
presentada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Colima, refrendada por el Licenciado Rene Rodríguez
Alcaraz, Secretario General de Gobierno, y el Doctor J. Jesús Orozco Alfaro Secretario de
Administración y Finanzas relativa a la Ley para el impulso de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento.
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente
que:
“PRIMERO.- Que las tecnologías electrónicas y de comunicación han permeado
en todas las actividades del ser humano, convirtiéndose en el elemento
indispensable para elevar la productividad, el desarrollo humano y la cohesión
social, transitando así a una sociedad de la información y el conocimiento.
SEGUNDO.- Que el uso de las tecnologías de información y comunicación se ha
convertido en una oportunidad de desarrollo sólo para estratos sociales de altos
ingresos económicos y/o para aquella población que ha tenido acceso a la
educación superior.
TERCERO.- Que el 70% de la población del país se encuentra al margen del uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación y
consecuentemente del desarrollo. (1)
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CUARTO.- Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la Primera Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información definió a la Sociedad del Conocimiento como la:
“capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la
información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el
desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión de la sociedad que
propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, integración, solidaridad
y participación.
QUINTO.- Que el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD) en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración
Pública y Reforma del Estado (31 de mayo y 1º de junio de 2007), propuso la
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, misma que fue aprobada durante
la celebración de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno (10 de noviembre de 2007) y que establece los Objetivos siguientes:
I. Reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en
la gestión pública y sus relaciones con las administraciones públicas y que
contribuya a hacer éstas más transparentes y respetuosas con el principio
de igualdad, a la vez que más eficaces y eficientes.
II. Promover la construcción de una sociedad de la información y el
conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo.
SEXTO.- Que el Gobierno Federal define a la Agenda Digital del país como el
instrumento para impulsar la Sociedad de la Información y el Conocimiento, así
como un conjunto de políticas de coordinación entre los actores públicos, sociales
y privados que promueven la creación, acceso, uso y apropiación de las
tecnologías, contenidos y servicios digitales que sirven como medio de distribución
de información y conocimiento.
SÉPTIMO.- Que el Estado de Colima, cuenta con un modelo de gobierno
electrónico con amplia aceptación social, con una sociedad participativa y
demandante de servicios y contenidos en medio electrónico, así como con un nivel
educativo que supera la media nacional, además de instituciones de educación
superior que han realizado esfuerzos exitosos en el uso y aprovechamiento de las
tecnologías de información y consecuentemente, con una infraestructura
importante de telecomunicaciones en todo el Estado.
OCTAVO.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en
vigor, en su Artículo 99, dispone: “Que el Estado apoyará la investigación científica
y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.
NOVENO.- Que en nuestra Constitución Política del Estado, en su Artículo 1º,
dispone que: “Es facultad del Estado, reconocer, proteger y garantizar a toda
persona, el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la
República y los establecidos en ella”; otorgando un nuevo derecho inalienable a
los habitantes colimenses que incluye una dimensión social, cultural, económica,
política y de transformación institucional, y una perspectiva de desarrollo con
mayor pluralidad y capacidades para producir, procesar y difundir el conocimiento
para su desarrollo; por lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
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Colima Lic. Mario Anguiano Moreno, presentó ante el Congreso del Estado, una
iniciativa que reforma dicho artículo, adicionando un segundo párrafo a su fracción
IV para establecer la obligatoriedad del Estado en los términos siguientes:
“Es derecho de los colimenses, acceder a la sociedad de la
información y el conocimiento, como una política de Estado, para
lograr una comunidad integrada y totalmente intercomunicada, en la
que cada uno de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de
oportunidades, con respeto a su diversidad, preservando su identidad
cultural y orientada al desarrollo, que permita un claro impacto en
todos los sectores de la sociedad”.
Por ello, el día 9 de octubre de 2010, el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional “El Estado de Colima” No. 41, publica el Decreto No. 192, bajo el
Tomo 95, facultando al Estado para garantizar e instrumentar su cabal
cumplimiento, a través de la creación de políticas públicas que tutelen este
Derecho.
DÉCIMO.- Que es preciso, que el Poder Ejecutivo Estatal conduzca su gestión
hacia el objetivo de lograr una sociedad de la información y el conocimiento, como
una política pública de Estado.
DÉCIMO PRIMERO.- Que es necesario, que el Poder Ejecutivo Estatal, promueva
el diseño de un instrumento que de manera permanente proponga las estrategias
y líneas de acción entre los actores públicos, sociales y privados, para impulsar el
aprovechamiento y uso de las tecnologías de información en beneficio del
desarrollo del Estado.”
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora después de realizar un minucioso estudio de la
iniciativa presentada, por el titular del ejecutivo del Estado, concluye que la misma es
esencialmente procedente y fundada, pero estimó conveniente desentrañar previamente
el concepto de sociedad de la información y el conocimiento, y sus antecedentes más
directos para así tener más clara su naturaleza y justificación.
Así tenemos, que fue Norbert Wiener creador de la cibernética el que anunció el
advenimiento de una “Sociedad de la Información” cuya base organizativa, para él, era la
circulación sin trabas de la información, a la que consideraba una nueva materia prima.
Las sociedades de la información emergen de la implantación de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en la cotidianidad de las relaciones sociales, culturales
y económicas en el seno de una comunidad, y de forma más amplia, eliminando las
barreras del espacio y el tiempo en ellas, facilitando una comunicación ubicua y
asíncrona.
En efecto, con las nuevas tecnologías de la información surgió otro concepto que se
pretendía más neutro al catalogar a la civilización en que vivimos como una sociedad
basada en el conocimiento, y donde todo ser humano, con la información que tiene o
puede tener, adquiere un saber muy concreto, el cual, además, puede provenir no sólo de
la educación, la formación o la adquisición de una cultura universal, sino también de la
experiencia, del lenguaje y, en especial, de la racionalidad.
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A partir de este punto de vista, los medios o tecnologías de la información y comunicación
se convierten sobre todo en los mecanismos para que el saber humano se pueda generar,
se intercambie, se comparta o se conozca ampliamente entre todos las personas del
mundo, dentro de una sociedad de la información y el conocimiento.
Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que la sociedad de la
información es aquella en que la información y el conocimiento tienen un lugar privilegiado
en la sociedad y en la cultura, de esto se desprenden que la creación, distribución y
manipulación de la información forman parte estructural de las actividades culturales y
económicas.
Sin embargo, la información no es lo mismo que el conocimiento. La información se
compone de hechos y sucesos, mientras que el conocimiento se define como la
interpretación de dichos hechos dentro de un contexto y, posiblemente, con alguna
finalidad.
Por su parte, para la UNESCO, el concepto pluralista de sociedades del conocimiento va
más allá de la sociedad de la información, ya que apunta a transformaciones sociales,
culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades
del conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la
diversidad lingüística.
En 1993, Peter Drucker escribió su libro “La sociedad post-capitalista”, en el que
destacaba la necesidad de generar una teoría económica que colocara al conocimiento en
el centro de la producción de riqueza.
Al mismo tiempo, señalaba que lo más importante no era la cantidad de conocimiento,
sino su productividad. En este sentido, reclamaba para una futura sociedad, para una
sociedad de la información en la que el recurso básico sería el saber, que la voluntad de
aplicar conocimiento para generar más conocimiento debía basarse en un elevado
esfuerzo de sistematización y organización.
La instrucción de las sociedades debería realizarse, enfocándose en las técnicas y
criterios para tratar la información disponible con discernimiento y espíritu crítico.
De hecho, actualmente estos medios de comunicación y en especial los ligados a las
tecnologías digitales o informáticas multimedia como Internet, se presentan como uno de
los más modernos procesos de actuación de los gobiernos del mundo entero, y para cuyo
desarrollo apuestan, con el fin de alcanzar el deseado y prometido bienestar social y
crecimiento económico de sus países. La capacidad para construir, divulgar y explotar
conocimiento es cada vez más importante para conseguir una ventaja competitiva,
generar riqueza y mejores niveles de vida.
De todo lo anterior, se desprende, como bien lo señala el iniciador, la importancia que
tiene en toda sociedad moderna la información y el conocimiento dentro del contexto de
las tecnologías de la información y la comunicación, y de que efectivamente, el uso de las
tecnologías de información y comunicación representan y propician una oportunidad de
desarrollo.
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Sin embargo, hasta el momento únicamente han tenido la capacidad de aprovechar en su
beneficio y de una manera adecuada las tecnologías de la información y comunicación los
estratos sociales de altos ingresos económicos y para aquella población que ha tenido
acceso a la educación superior; consecuencia de ello, como bien lo señala el iniciador, se
tiene aproximadamente a un 70% de la población del país excluida de los beneficios del
uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación.
Asimismo, resulta importante retomar lo señalado por el iniciador con respecto a que los
organismos internacionales como el Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo (CLAD), en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración
Pública y Reforma del Estado (31 de mayo y 1º de junio de 2007), propuso la Carta
Iberoamericana de Gobierno Electrónico, misma que fue aprobada durante la celebración
de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno el10 de noviembre
de 2007.
Como consecuencia de esta nueva realidad, los gobiernos federal y estatal, han
reconocido la importancia del tema, el primero, al establecer una agenda digital en el país
y, el segundo, un modelo de gobierno electrónico con amplia aceptación social, además
de que en su momento el Titular del Poder Ejecutivo estatal presentó iniciativa de reforma
al artículo 1º de la Constitución Local que fue aprobada por esta Soberanía y por los
ayuntamientos del Estado, para establecer como derecho derecho de los colimenses,
acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, como una política de Estado,
para lograr una comunidad integrada y totalmente intercomunicada, en la que cada uno
de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de oportunidades, con respeto a su
diversidad, preservando su identidad cultural y orientada al desarrollo, que permita un
claro impacto en todos los sectores de la sociedad.
Consecuencia de la importante reforma Constitucional citada en el párrafo precedente,
resulta que amén de ser un derecho de los colimenses acceder a la sociedad de la
información y el conocimiento, es una obligación del Gobierno del Estado establecer una
política de Estado, mediante la cual se instrumente y garantice la formación y
consolidación de una sociedad de la información y el conocimiento en beneficio del
pueblo y el gobierno de el Estado de Colima; y tal objetivo, se logra mediante la creación
del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento como
organismo público descentralizado, el cual tiene como principal objetivo, presentar y
difundir el Programa Estatal de la Agenda Digital, en su carácter de instrumento
estratégico para apoyar, orientar y armonizar las acciones que promuevan el uso y
apropiación con sentido social de las tecnologías de la información y la comunicación, así
como proponer los objetivos, estrategias y políticas para mejorar la gestión, los procesos
y los resultados de las Entidades Públicas, para satisfacer las necesidades en cuanto a la
provisión de bienes y servicios públicos, así como el incremento de los estándares de
eficiencia y eficacia gubernamental, a través del uso de las TIC.
No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión dictaminadora propone enriquecer el
presente proyecto de Ley al realizar algunas modificaciones de técnica legislativa en las
disposiciones relativas a la conformación y funciones de los Consejos Directivo y
Consultivo, para evitar confusión entre ellos y lo que les corresponde a cada uno.
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente
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D E C R E T O No. 586
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley para el impulso de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento, para quedar en los siguientes términos:
LEY PARA EL IMPULSO DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ley es de orden Público, interés social, de observancia general,
y tiene por objeto:
I. Proponer las líneas de acción, estrategias y políticas gubernamentales para
fomentar el desarrollo de la sociedad a través del uso y apropiación con sentido
social de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante una
Agenda Digital;
II. Impulsar la Agenda Digital como una política pública, con una sociedad integrada y
totalmente intercomunicada en donde cada colimense viva en un entorno de
igualdad de oportunidades, respetando la diversidad y preservando su identidad
cultural, que propicie la construcción de una sociedad de la información y el
conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo;
III. Ser un agente de cambio en el Estado, e integrar los esfuerzos que realizan las
entidades públicas, los sectores: productivo y social fundamentalmente en la
educación, la economía, los servicios que el gobierno ofrece a la sociedad, la
atención a grupos especiales, participación ciudadana, así como la cobertura que
el Estado debe ofrecer a la población para tener acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación; y
IV. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, se crea el Instituto Colimense para
la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley:
I. El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Colima;
II. Los organismos descentralizados, dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal;
III. Los Ayuntamientos del Estado; y
IV. Los sectores del Estado: productivo, académico, organizaciones de la sociedad
civil y particulares, que decidan incorporarse a la sociedad de la información y el
conocimiento, a través de la Agenda Digital, en los términos de la presente Ley.
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Artículo 3.- EI Plan Estatal de Desarrollo contendrá un capítulo específico sobre políticas,
instrumentos y mecanismos para desarrollar el Programa de la Agenda Digital.
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Ley: A este ordenamiento;
II. Sociedad de la Información y el Conocimiento: La capacidad para identificar,
producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y
aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano;
III. Instituto: Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, como agente rector y ejecutor de la Agenda Digital;
IV. Agenda Digital: Instrumento que establece las líneas de acción para que la
Administración Pública Estatal, fomente y consolide la participación tecnológica de
la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Entidad;
V. Desarrollo Tecnológico: EI uso de las tecnologías de información para generar el
conocimiento que culmine en la aplicación práctica;
VI. TIC: Tecnologías de la información y la comunicación;
VII. Tecnología: Producción, uso y conocimiento de las herramientas, máquinas,
técnicas, artes, sistemas o métodos de organización que permiten el
aprovechamiento práctico del conocimiento científico y técnico;
VIII. Innovación: La transformación de una idea, un proceso o enfoque encaminado a
la sustitución de procesos tecnológicos por otros de mayor utilidad y aceptación
general;
IX. Entidades Públicas: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como
también los H. Ayuntamientos y Organismos Descentralizados que conforman
nuestro Estado; y
X. REPA: Al Registro Estatal de Personas Acreditadas.
Artículo 5.- Las relaciones laborales del Instituto con sus trabajadores, se regirán por la
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima.
TÍTULO II
DEL INSTITUTO
Artículo 6.- Se crea el Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con domicilio legal en la Capital del Estado y sectorizado a la
Secretaría de Finanzas y Administración.
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Artículo 7.- EI Instituto tendrá las atribuciones siguientes:
I. Presentar el Programa Estatal de la Agenda Digital, en su carácter de
instrumento estratégico para apoyar, orientar y armonizar las acciones que
promuevan el uso y apropiación con sentido social de las tecnologías de la
información y la comunicación;
II. Proponer los objetivos, estrategias y políticas para mejorar la gestión, los
procesos y los resultados de las Entidades Públicas, para satisfacer las
necesidades en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos, así como
el incremento de los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental, a
través del uso de las TIC;
III. Difundir el Programa Estatal de la Agenda Digital;
IV. Proponer e impulsar a través del Presidente del Consejo Directivo, las
disposiciones jurídicas aplicables para establecer los mecanismos que faciliten
la implementación de las estrategias y líneas de acción previstas en la Agenda
Digital;
V. Promover y fomentar la cultura tecnológica de la información y la
comunicación;
VI. Desarrollar estrategias de vinculación de las redes digitales entre las Entidades
Públicas y los sectores académicos, productivos y sociedad en general;
VII. Impulsar el fortalecimiento del sector económico de la entidad mediante el uso
de las TIC;
VIII. Fomentar la participación del Estado en la promoción, uso y difusión de
tecnologías;
IX. Impulsar mediante el uso de las TIC, la participación ciudadana en las
actividades políticas, sociales y culturales del Estado;
X. Promover, prestar e implementar servicios con firma electrónica,
XI. Establecer los criterios y lineamientos de la tecnología aplicada al uso de los
medios electrónicos y servicios de certificación de firma electrónica de
conformidad con los estándares internacionales vigentes;
XII. Impulsar mediante el uso de las TIC, la calidad de vida de la población del
Estado, la integración social, así como el rescate, difusión y producción de
contenidos locales;
XIII. Promover el incremento de trámites y servicios que puedan realizarse de forma
electrónica, así como impulsar proyectos de interoperabilidad e intercambio de
información entre las Entidades Públicas y los sectores académico y
productivo;
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XIV. Ser enlace y promotor de esfuerzos conjuntos en las actividades tecnológicas
que desarrollen las instituciones académicas, públicas y privadas en el Estado;
XV. Propiciar la formación de una cultura que valore la sociedad de la información y
el conocimiento, a través de publicaciones y foros académicos;
XVI. Celebrar convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines
con instituciones académicas, públicas y privadas, estatales, nacionales e
internacionales;
XVII. Participar en la planeación, instrumentación, ejecución, seguimiento,
evaluación y difusión de políticas y estrategias en materia de tecnologías de
información y su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo, para proponer la
Agenda Digital;
XVIII. Proponer a las Entidades Públicas del Estado, los lineamientos programáticos,
prioridades y criterios, en materia de tecnologías de información para concretar
los objetivos de la Agenda Digital;
XIX. Fomentar, impulsar e implementar en las dependencias de las Entidades
Públicas, el desarrollo tecnológico tanto en software, como en hardware
estableciendo esquemas de compatibilidad, que faciliten el adecuado
intercambio de información;
XX. Ser órgano de consulta para las dependencias de las Entidades Públicas del
Estado, sectores académicos y productivos para fortalecer la modernización
con el uso de las tecnologías de información;
XXI. Asesorar a las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de
gobierno, así como a las personas físicas o morales que lo requieran en
materia de tecnologías de información;
XXII. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las tecnologías de información y su
aplicación;
XXIII. Fomentar e impulsar los mecanismos necesarios para abatir la brecha digital,
con la finalidad de garantizar la protección de los derechos fundamentales de
los usuarios en el entorno digital y la creación de condiciones que fomenten el
desarrollo y la implementación de las TIC;
XXIV. Vincularse con organismos promotores de la sociedad de la información y el
conocimiento, así como con aquellos que promuevan el gobierno digital a nivel
nacional e internacional, para intercambiar tecnologías, programas y acciones
que se estén desarrollando;
XXV. Planear, formular y conducir las políticas o programas para regular el
desarrollo de las telecomunicaciones y los programas sectoriales
correspondientes a la Red Estatal para la Educación, Salud y Gobierno o de
cualquier otra red de telecomunicaciones a cargo del Estado; facilitando con
ello, el aprovechamiento y uso de las TIC, con la finalidad de incorporar al
Estado de Colima a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, así como
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al desarrollo del gobierno digital; considerando tanto, la normatividad nacional
como internacional aplicables en la materia;
XXVI. Coordinar, promover, apoyar e integrar el Registro de Usuarios de la Red
Estatal para la Educación, Salud y Gobierno o de cualquier otra red de
telecomunicaciones a cargo del Estado; a fin de permitir el acceso eventual o
permanente a los servicios públicos o privados de telecomunicaciones;
XXVII. Difundir e impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y el
conocimiento en el Estado;
XXVIII. Coordinar, asesorar y administrar proyectos o programas de tecnologías de la
información y el conocimiento, en los ámbitos estatal, nacional o internacional;
XXIX. Establecer políticas para el desarrollo permanente del gobierno electrónico con la
incorporación sistemática de las tecnologías de la información y comunicación
de las entidades públicas;
XXX. Contribuir mediante el uso de las TIC, con el diseño e implementación del
modelo de educación que demandará la Sociedad de la Información y el
Conocimiento;
XXXI. Impulsar el uso y apropiación de la TIC entre los grupos vulnerables del Estado;
XXXII. Establecer políticas y estrategias en materia de desarrollo telemático y de
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación;
XXXIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones de
trabajo entre el Instituto y sus servidores públicos y, en su caso, aplicar las
sanciones correspondientes;
XXXIV. Establecer, normar y regular los estándares que faciliten la interoperabilidad
de los sistemas y las bases de datos de las entidades públicas;
XXXV. El Instituto, tendrá a su cargo la conformación, planeación, control, diseño,
administración, coordinación, mantenimiento y la actualización permanente y
progresiva del Registro Estatal de Personas Acreditadas;
XXXVI. Diseñar, administrar y actualizar el Registro Estatal de Personas Acreditadas,
en el ámbito empresarial;
XXXVII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo estatal, reformas a la ley,
reglamentos y decretos relacionados con el ámbito de sus funciones; y
XXXVIII. Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos vigentes siempre que
esta Ley no los señale como exclusivos de otra dependencia.
Artículo 8°.- Para el cumplimiento de sus atribuciones y el desempeño de sus
actividades, el Instituto, tendrá la estructura orgánica siguiente:
I. Un Consejo Directivo;
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II. El Consejo Consultivo;
III. La Dirección General; y
IV. Las estructuras administrativas que se establezcan en el Reglamento Interior del
Instituto.
CAPÍTULO I
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 9°.- El Consejo Directivo del Instituto, será su órgano máximo de Gobierno y
estará integrado por:
I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
II. Un Vicepresidente, que será el Secretario de Finanzas y Administración;
III. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director General del Instituto; y
IV. Once Consejeros, que serán los Titulares de las dependencias y Entidades
Públicas siguientes:
a) Secretaría General de Gobierno;
b) Secretaría de Educación;
c) Secretaría de Fomento Económico;
d) Secretaría de la Juventud;
e) Secretaría de Salud;
f) Secretaría de Desarrollo Social;
g) Secretaría de Desarrollo Urbano;
h) Secretaría de Desarrollo Rural;
i) Contraloría General del Estado;
j) Congreso del Estado de Colima; y
k) Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
El cargo como integrante del Consejo será honorífico.
Artículo 10.- Cada uno de los integrantes del Consejo podrá designar a un suplente o
representante que lo sustituirá en sus ausencias y será quien ejercerá las atribuciones
que correspondan al Titular, e igualmente no percibirá remuneración alguna.
Los integrantes del Consejo Directivo tendrán derecho a voz y voto.
Artículo 11.- El Consejo Directivo, sesionará anualmente en forma ordinaria y
extraordinariamente las veces que sean necesarias, a solicitud del Secretario Ejecutivo.
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Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el Presidente, en los
términos del Reglamento respectivo.
El quórum legal para cada sesión en primera convocatoria será la asistencia de la mitad
más uno de sus integrantes, debiendo estar invariablemente presididas por el Presidente
o su suplente y en caso de ausencia de ambos por el Secretario Ejecutivo. Las
resoluciones que se tomen se fundamentarán en la mayoría de votos de los miembros
presentes, teniendo el Presidente en caso de empate, voto de calidad.
El quórum legal para las sesiones en segunda convocatoria será con la presencia de los
integrantes que asistan, debiendo estar invariablemente presididas por el Presidente o su
suplente y en caso de ausencia de ambos por el Secretario Ejecutivo. Las resoluciones
que se tomen serán a mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el
presidente en caso de empate, voto de calidad.
Artículo 12°.- Son facultades del Consejo Directivo:
I. Proponer las estrategias y políticas públicas en materia de Agenda Digital, para
impulsar el desarrollo del Estado;
II. Aprobar el Programa Estatal de la Agenda Digital, presentado por el Secretario
Ejecutivo;
III. Aprobar en su caso los anteproyectos de presupuesto, tanto el de ingresos, como
el de egresos del Instituto, presentados por el Director General, correspondiente
al programa operativo anual del mismo;
IV. Dar seguimiento y evaluar el programa operativo anual presentado por el Director
General;
V. Aprobar el reglamento interior del Instituto;
VI. Establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas de
apoyo a la Agenda Digital;
VII. Aprobar en su caso, el informe anual de actividades presentado por el Secretario
Ejecutivo, evaluando avances y resultados;
VIII. Otorgar al Director General los poderes especiales que se requieran, para
representar legalmente al Instituto; y
IX. Las demás que le sean conferidas por esta Ley y otros ordenamientos jurídicos
aplicables.
SECCIÓN I
FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
Artículo 13.- El Presidente del Consejo Directivo tendrá las facultades siguientes:
I. Representar al Consejo Directivo ante cualquier autoridad;
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II. Convocar, a través del Secretario Ejecutivo, a los miembros del mismo, a las
sesiones que se desarrollen conforme al orden del día que para ese efecto se
elabore;
III. Presidir las sesiones del Consejo Directivo y declarar resueltos los asuntos en el
sentido de las votaciones;
IV. Resolver, bajo su más estricta responsabilidad aquellos asuntos de interés para el
Consejo, que obedezcan a caso fortuito o fuerza mayor y no admitan demora,
debido a que sus consecuencias sean irreparables. En estos casos, el Consejo
deberá reunirse cuanto antes para adoptar las medidas procedentes;
V. Solicitar a los integrantes del Consejo Directivo la información que estime
pertinente para el buen funcionamiento del Consejo;
VI. Suscribir y autorizar, en unión del Secretario Ejecutivo, las actas que se levanten
de las sesiones que celebre el Consejo;
VII. Designar los asesores necesarios para el mejor desarrollo de las actividades del
Organismo; y
VIII. En general, realizar todos los actos necesarios para el eficiente funcionamiento del
Consejo y del Instituto, así como aquellos que emanen de otras leyes y demás
disposiciones aplicables.
SECCIÓN II
FACULTADES DEL VICEPRESIDENTE
Artículo 14.- El Vicepresidente del Consejo tendrá las mismas facultades que el
Presidente y solo podrá ejercerlas cuando exista ausencia de éste.
SECCIÓN III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO
Artículo 15.- El Secretario Ejecutivo, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones;
II. Comunicar a los miembros del Consejo e invitados, las convocatorias para las
sesiones que se lleven a cabo;
III. Llevar a efecto el escrutinio y cómputo de las votaciones de los miembros del
Consejo en cada sesión;
IV. Levantar y autorizar con su firma las actas correspondientes de las sesiones que
celebre el Consejo;
V. Expedir los testimonios o copias certificadas de las resoluciones o documentos del
Consejo;
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VI. Tener a su cargo y bajo su responsabilidad, el archivo y demás documentos y
objetos pertenecientes al Consejo; y
VII. Las demás facultades que le sean expresamente señaladas por el reglamento
interior del Instituto y por el Presidente del Consejo.
SECCIÓN IV
OBLIGACIONES DE LOS CONSEJEROS
Artículo 16.- Son obligaciones de los Consejeros:
I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias o extraordinarias a que se les
convoque;
II. Integrarse a los grupos de trabajo y desarrollar las comisiones que sean
necesarias para el cumplimiento del objeto del Instituto;
III. Discutir y en su caso aprobar los asuntos, planes y programas que sean
presentados por el Director General;
IV. Tomar las decisiones y medidas que se requieran a efecto de que el Instituto
cumpla con sus objetivos;
V. Suscribir las actas de las sesiones a las que asistieren; y
VI. Las demás facultades que les sean expresamente señaladas por el reglamento
del Instituto y otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO CONSULTIVO
Artículo 17.- El Consejo Consultivo es el órgano de apoyo del Instituto y estará
integrado de la siguiente manera:
I. Un Coordinador, que será el Director General del Instituto;
II. Un Secretario Técnico; y
III. Los demás integrantes que considere conveniente designar mediante invitación,
el Presidente del Consejo Directivo, de entre las personas de los sectores social,
empresarial y académico, que deberán ser destacadas personalidades en los
ámbitos de la Sociedad de la Información y la Comunicación.
En caso de que los integrantes consejeros de los sectores social, empresarial y
académico cumplimenten dos faltas injustificadas consecutivas, el Consejo Consultivo
ordenará la baja respectiva, lo cual se comunicará al Presidente del Consejo Directivo.
Los Consejeros de los sectores social, empresarial y académico permanecerán en su
cargo durante un período de tres años y podrán ser ratificados para un período más, por
el Presidente del Consejo.
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El Secretario Técnico, será nombrado por el Director General del Instituto, de entre los
servidores públicos que conformarán las estructuras administrativas que se establezcan
en el Reglamento Interior de dicho Instituto.
Artículo 18.- El Consejo Consultivo en los términos que señale el Reglamento Interior del
Instituto, tendrá entre otras, las atribuciones siguientes:
I. Emitir opiniones sobre el cumplimiento de los objetivos, así como del
funcionamiento del Instituto, según los programas de trabajo del mismo,
formulando recomendaciones para su óptima realización;
II. Dar seguimiento a los acuerdos y decisiones adoptados por el Consejo Directivo,
llevando a cabo además, las funciones que le encomiende el mismo;
III. Proponer la elaboración y ejecución de estrategias, programas y actividades con
otros organismos, que tengan relación con la sociedad de la información y del
conocimiento a través de la Agenda Digital;
IV. Invitar por conducto de su Coordinador, a representantes de los sectores: público,
social y privado, así como a especialistas e investigadores destacados de las
universidades e instituciones de educación superior, con el propósito de que
compartan experiencias y conocimientos y que además, realicen propuestas para
el desarrollo de proyectos y acciones que coadyuven al cumplimiento de los fines
del Instituto;
V. Informar periódicamente y con oportunidad al Consejo Directivo, sobre los avances
en el desarrollo de sus actividades;
VI. Coadyuvar a fortalecer al Instituto; y
VII. Las demás que determine el Consejo Directivo.
Artículo 19.- El Consejo Consultivo, celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias
cuando exista algún asunto que así lo amerite, previa convocatoria del Coordinador;
debiendo comparecer a ellas cuando menos la mitad más uno de sus miembros para que
exista quórum legal en la primera convocatoria, y en la segunda que mediará un mínimo
de veinticuatro horas para su celebración, que concurran por lo menos la tercera parte de
sus integrantes. Asimismo, los acuerdos que emanen del Consejo Consultivo, se
adoptarán por mayoría de votos.
SECCIÓN I
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR
DEL CONSEJO CONSULTIVO
Artículo 20.- EI Coordinador del Consejo Consultivo, tendrá como atribuciones las
siguientes:
I. Convocar y dirigir las sesiones del Consejo Consultivo;
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II. Someter a la consideración del Consejo Directivo las propuestas que surjan con
motivo de las labores del Consejo Consultivo, y comunicar a los miembros de la
misma, los resultados obtenidos;
III. Emitir voto de calidad en caso de empate en las sesiones del Consejo Consultivo;
y
IV. Las demás que determine el Consejo Directivo.
SECCIÓN II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO
Artículo 21.- AI Secretario Técnico del Consejo Consultivo, le corresponde:
I. Coordinar y dirigir las sesiones en caso de ausencia del Coordinador;
II. Levantar las actas de las sesiones del Consejo Consultivo y dar seguimiento a los
acuerdos adoptados;
III. Recibir las propuestas y recomendaciones que se formulen en el seno del Consejo
Consultivo, ejecutando los acuerdos que en el mismo se adopten; y
IV. Las demás que le encomienden el Consejo Directivo o el Coordinador del Consejo
Consultivo.
SECCIÓN III
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES INVITADOS
Artículo 22.- Los demás integrantes del Consejo Consultivo señalados en la fracción III,
del artículo 17, de la presente Ley, tendrán las obligaciones siguientes:
I. Asistir con voz y voto a las sesiones que celebre el Consejo;
II. Integrarse a los grupos de trabajo y desarrollar las comisiones que sean necesarias
para el cumplimiento del objeto del Instituto;
III. Suscribir las actas de las sesiones a las que asistieren; y
IV. Las demás facultades que les sean expresamente señaladas por el reglamento del
Instituto y otras disposiciones aplicables.
CAPITULO III
DEL DIRECTOR GENERAL
Artículo 23.- EI Instituto contará con un Director General que será nombrado y removido
por su Presidente.
Artículo 24.- Son facultades del Director General:
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I. Administrar al Instituto y representarlo legalmente ante todo tipo de autoridades o
particulares, como Apoderado General, actuando siempre conforme a los
lineamientos y facultades que le otorgue el Consejo Directivo y, en su caso,
delegar dichas facultades de representación;
II. Dirigir, programar y coordinar las acciones del Instituto de conformidad con lo que
señala esta ley, el Reglamento Interior, lineamientos y facultades que le señale el
Consejo Directivo;
III. Presentar al Consejo Directivo para su análisis y aprobación en su caso, los
anteproyectos de presupuesto anual tanto el de ingresos, como el de egresos del
Instituto, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables y las
instrucciones del Consejo Directivo;
IV. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo;
V. Elaborar y presentar al Consejo Directivo el Programa Estatal de la Agenda Digital;
VI. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, de las Comisiones y del Consejo
Consultivo;
VII. Proponer, designar y, en su caso, remover al personal técnico, administrativo y de
confianza que requiera el Instituto para su eficaz funcionamiento;
VIII. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo;
IX. Presentar al Consejo Directivo un informe anual de actividades, y la información
adicional que le sea requerida por la misma;
X. Ejercer el presupuesto de egresos del Instituto de conformidad con las
disposiciones legales aplicables;
XI. Elaborar y presentar dictámenes respecto a las solicitudes de apoyo que se
reciban, estableciendo las condiciones a que se sujetará el otorgamiento de dicho
soporte para la realización de proyectos y estudios que se consideren viables;
XII. Adscribir orgánicamente las áreas técnicas y administrativa del Instituto, además
de expedir manuales de operación para el adecuado funcionamiento del
organismo;
XIII. Representar al Instituto, ante los organismos promotores de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento; así como ante aquellos, que promuevan el
gobierno digital a nivel nacional e internacional, conforme a los programas,
estrategias, políticas y convenios para contribuir al mejoramiento del uso y
aprovechamiento de las telecomunicaciones en el Estado;
XIV. Representar al Instituto, ante los organismos de participación y coordinación entre
los estados y municipios, para promover el uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y la comunicación en los gobiernos estatales y
municipales;
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XV. Aplicar y vigilar la debida observancia de esta ley, el Reglamento Interno y demás
ordenamientos legales aplicables; y
XVI. Las demás que le confiera esta ley, el Reglamento Interno y acuerdos del Consejo
Directivo.
TÍTULO III
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO
Artículo 25.- El patrimonio del Instituto estará constituido por:
I. Los recursos materiales y financieros que le asigne o transfiera el Poder Ejecutivo
del Estado para su debido funcionamiento;
II. Los ingresos que perciba por los servicios y acciones que realice en cumplimiento
de sus objetivos;
III. Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título legal obtenga;
IV. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales que reciba del
Gobierno Federal, así como de Instituciones, fundaciones oficiales y particulares,
nacionales o internacionales;
V. Donaciones, herencias o legados que se hicieren a su favor, así como los
beneficios que obtenga de fideicomisos en los que se le reconozca como
fideicomisario;
VI. Los créditos que obtenga como organismo público descentralizado;
VII. Las aportaciones que hagan en su favor los municipios;
VIII. Los beneficios generados por los derechos de autor que se registren a nombre del
Instituto y los derechos intelectuales que le correspondan, así como el ingreso
que perciba por la venta de bienes y prestación de servicios y asesorías
tecnológicas;
IX. Los apoyos de organismos e instituciones nacionales o extranjeras;
X. Otros recursos diversos; y
XI. Otras actividades específicas que le generen ingresos.
TÍTULO IV
DEL PROGRAMA ESTATAL DEL INSTITUTO
Artículo 26.- El Programa Estatal de la Agenda Digital es el instrumento rector de la
política pública en la materia y será expedido, aplicado, evaluado y actualizado
anualmente en función de los avances alcanzados por el Instituto.
Artículo 27.- A través del Programa Estatal de la Agenda Digital, el Gobierno del Estado
aplicará las acciones, programas y metas en materia de la Sociedad de la Información y el
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Conocimiento, que se contemplen en el Plan Estatal de Desarrollo, procurando el impulso
del crecimiento económico y bienestar social de los habitantes del Estado.
Artículo 28.- El Programa Estatal, deberá contemplar por lo menos los aspectos
siguientes:
I. La política general de la Agenda Digital que identifique las áreas o sectores
prioritarios del Estado;
II. Diagnósticos, políticas, estrategias y acciones en lo que respecta a:
a) Innovación y desarrollo en materia de tecnologías de la información y
comunicación;
b) Modelo de Gobierno Electrónico;
c) Formación de tecnologías y especialistas de alto nivel;
d) Vinculación entre los diversos sectores que conforman la Sociedad de la
Información y el Conocimiento;
e) Difusión y publicación del uso de las tecnologías de la información;
f) Las estrategias y mecanismos de financiamiento complementario; los
mecanismos de evaluación y seguimiento de resultados y avances del
programa de la Agenda Digital;
g) Impulsar las disposiciones jurídicas aplicables para establecer los mecanismos
que faciliten la implementación de las estrategias y líneas de acción previstas
en la Agenda Digital;
h) Analizar la legislación estatal, con el objeto de crear y proponer ante la entidad
pública correspondiente, las disposiciones jurídicas necesarias que permitan
establecer el desarrollo, administración y operación de las tecnologías de
información;
i) Establecer la consolidación de los esfuerzos comunes que faciliten el acceso a
la información y a los servicios gubernamentales mediante el uso de las
tecnologías de información;
j) Alentar la participación de la sociedad en la tarea de construir de manera
conjunta, una visión que no sólo oriente a las tareas de gobierno electrónico,
sino también a la unidad, trabajo y esfuerzos de todos los sectores
involucrados, para lograr los objetivos fundamentales de una política de Estado;
k) Interrelacionarse mediante la convergencia tecnológica de la información y la
comunicación para ofrecer a la ciudadanía mejores servicios, de manera
oportuna, ágil y transparente, eliminando las barreras que van desde las
geográficas hasta las burocráticas; y
l) Reducir la brecha digital logrando que la población del Estado tenga acceso a
las tecnologías de la información y las comunicaciones que representan el
vínculo para intercomunicar a los ciudadanos entre sí, con las Entidades
Públicas y los sectores académicos y productivos del Estado.
TITULO V
DEL FONDO DEL INSTITUTO
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Artículo 29.- Se constituirá el Fondo del Instituto conforme lo designe el Consejo
Directivo, para el financiamiento de actividades específicas como planes, programas,
proyectos y actividades orientados al fortalecimiento de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento en el marco del programa de la Agenda Digital.
Artículo 30.- Además de lo referido en el artículo anterior, el objeto del Fondo del
Instituto, también será para el otorgamiento de apoyos para el desarrollo de proyectos de
tecnologías, equipos, instrumentos y materiales; becas para la especialización; proyectos
de modernización, innovación y desarrollo tecnológico, divulgación de temas sobre la
sociedad de la información y del conocimiento, así como para la adquisición de
tecnologías.
Artículo 31- El Instituto, al asignar recursos del Fondo del Instituto, procurará apoyar los
proyectos que otorguen mayor bienestar social.
TÍTULO VI
DE LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO
Artículo 32.- Se consideran de interés público y utilidad social, las actividades de
modernización, innovación y desarrollo de tecnologías de información, por lo que en los
términos de la normatividad aplicable y los convenios que se suscriban, incluirán entre sus
prioridades el desarrollo de aquellas actividades que tengan carácter estratégico para el
Estado de Colima, buscando el fortalecimiento y modernización de los servicios públicos,
de los sectores de la producción y académicos.
Artículo 33.- De conformidad con la disponibilidad de recursos y dentro del Programa
Estatal de la Agenda Digital, el Gobierno del Estado dará prioridad al apoyo,
modernización e innovación del desarrollo de la sociedad de la información y del
conocimiento.
TÍTULO VII
DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
Artículo 34.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto contará con servidores
públicos de base, de confianza y supernumerarios.
Artículo 35.- El Instituto, deberá establecer y poner en operación programas, sistemas y
procedimientos para la profesionalización de sus servidores públicos, a efecto de procurar
la contratación de candidatos idóneos y la eficiencia y eficacia en la prestación de sus
servicios.
Artículo 36.- Los servidores públicos del Instituto, deberán cumplir los requisitos para su
ingreso y permanencia en la institución, de conformidad con lo que al respecto
establezcan las disposiciones aplicables en la materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
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SEGUNDO.- En un plazo máximo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor
de esta ley, deberá quedar integrado el Consejo Directivo del Instituto, y sesenta días
después su Consejo Consultivo.
TERCERO.- En un plazo no mayor de noventa días, contados a partir de que quede
debidamente integrado el Consejo Directivo, deberá expedirse el Reglamento Interior del
Instituto, entre tanto, seguirán vigentes los reglamentos y demás disposiciones
aplicables.
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente
ordenamiento.
QUINTO.- Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos, decretos y, en general,
en cualquier disposición, respecto de las atribuciones y funciones a cargo de la Dirección
General para la Innovación de la Gestión Pública de la Secretaría de Finanzas y
Administración, se entenderán referidas al Instituto que se crea por virtud de este
Decreto y al cual se han transferido, hasta en tanto, se realicen las reformas
correspondientes.
Asimismo, los derechos y obligaciones establecidos en contratos, convenios o acuerdos
celebrados por la Secretaría de Finanzas y Administración y que competen a la Dirección
General para la Innovación de la Gestión Pública, con dependencias o entidades del
Gobierno del Estado, de la Federación, de los municipios o con cualquier persona física o
moral, se entenderán referidas al Instituto a partir de la entrada en vigor de este Decreto;
de igual forma, toda referencia que se haga a la Autoridad Certificadora a cargo de dicha
Dirección General, deberán de entenderse hechas a la Autoridad Certificadora del
Instituto.
SEXTO.- Las transferencias de recursos materiales, activos patrimoniales, humanos y
financieros que en cumplimiento de este Decreto deban realizarse al Instituto, incluirán
las adecuaciones presupuestarias que comprendan: las modificaciones a la estructura
programática y financiera, así como a los calendarios financieros y de metas asignados a
la Dirección General para la Innovación de la Gestión Pública de la Secretaría de
Finanzas y Administración, se entenderán referidas al Instituto a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.
SEPTIMO.- Los derechos laborales y de antigüedad del personal de base, de confianza y
supernumerario, que actualmente labora para la Dirección General para la Innovación de
la Gestión Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración y que en virtud de lo
dispuesto en el presente Decreto se integre al Instituto, se respetarán conforme a la ley.
OCTAVO.- Los asuntos que se venían conociendo y tramitando ante la Dirección General
para la Innovación de la Gestión Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración y
demás dependencias que sean del ámbito de competencia del Instituto, continuarán su
trámite hasta su total conclusión con base a la normatividad vigente en el momento en
que se iniciaron.
NOVENO.- Se autoriza la restructuración administrativa necesaria para el funcionamiento
y operatividad del Instituto.
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El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un días del mes de agosto del
año dos mil doce.
C. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO, DIPUTADO PRESIDENTE.-Rúbrica.- C.
MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ, DIPUTADA SECRETARIA.-Rúbrica.- C.
LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA, DIPUTADO SECRETARIO.-Rúbrica.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en Palacio de Gobierno, el día 31 treinta y uno del mes de agosto del año 2012 dos
mil doce.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, LIC. MARIO
ANGUIANO MORENO.-Rúbrica.- ELSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC.
RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ.-Rúbrica.- EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN, DR. JESÚS OROZCO ALFARO.-Rúbrica.-
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