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H. Congreso del Estado de Guerrero
S.S.P./D.P.L.
LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍÍ A PÚBLII CA DEL ESTADO
DE GUERRERO..
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO, No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016.
TEXTO ORIGINAL.
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. 97 DE
FECHA MARTES 6 DE FECHA DICIEMBRE DE 2011.
(SE REFORMA SU DENOMINACIÓN, P. O. No. 65, VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
C O N S I D E R A N D O…
Que en Sesión de fecha 11 de octubre de 2011, los Diputados integrantes de la
Comisión de Justicia, presentaron a la Plenaria el Dictamen con Proyecto de Ley de Defensa
Pública del Estado de Guerrero, en los siguientes términos:
“A la Comisión de Justicia le fueron turnadas cronológicamente, para su análisis y
emisión del dictamen respectivo, las siguientes iniciativas.
a) De Ley de Defensoría Pública del Estado de Guerrero, suscrita por la
Diputada Guadalupe Gómez Maganda Bermeo;
b) De Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Guerrero, suscrita
por el Diputado Victoriano Wences Real; y
c) De Ley de la Defensa Pública del Estado de Guerrero, suscrita por el Titular
del Poder Ejecutivo del Estado.
Por lo que los Integrantes de la Comisión Dictaminadora, procedemos a emitir el
siguiente Dictamen con Proyecto de Ley, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
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Que con fecha 12 de Enero de 2010, en Sesión Ordinaria, el Pleno de la Quincuagésima
Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó
conocimiento de la iniciativa de Ley de Defensoría Pública del Estado de Guerrero, suscrita
por la Diputada Guadalupe Gómez Maganda Bermeo, integrante de la Fracción Parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional.
Que mediante oficio número LIX/2DO/OM/DPL/0307/2009, el Lic. Benjamín Gallegos
Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, dando
cumplimiento al mandato de la Plenaria turnó a la Comisión de Justicia la iniciativa de
referencia.
Que en Sesión de fecha 20 de Mayo de 2010, la Comisión Permanente de la
Quincuagésima Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, tomó conocimiento de la iniciativa de Ley del Instituto de Defensoría Pública del
Estado de Guerrero, suscrita por el Diputado Victoriano Wences Real, integrante de la
Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo
Que mediante oficio número LIX/2DO/OM/DPL/0871/2011, el Lic. Benjamín Gallegos
Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, dando
cumplimiento al mandato de la Plenaria turnó a la Comisión de Justicia la iniciativa de
referencia.
Que con fecha 28 de marzo de 2011, en Sesión Ordinaria, el Pleno de la Quincuagésima
Novena Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó
conocimiento de la iniciativa de Ley de la Defensa Pública del Estado de Guerrero, suscrita
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Que mediante oficio número LIX/3ER/OM/DPL/0423/2011, el Lic. Benjamín Gallegos
Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, dando
cumplimiento al mandato de la Plenaria turnó a la Comisión de Justicia la iniciativa de
referencia.
Que la Diputada Guadalupe Gómez Maganda Bermeo, en su exposición de motivos
señala:
“Que el 18 de junio de 2008, apareció publicado en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los numerales 16,
17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo73; la fracción VII del artículo 115
y la fracción XIII del apartado B, del artículo 123.
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Que estas reformas y adiciones tienden a la implementación de un sistema de
justicia penal de corte oral y acusatorio, en sustitución de un sistema inquisitivo y escrito que
debe ser renovado ante una grave crisis propiciada por la impunidad, la corrupción y la
inseguridad que se vive de manera cotidiana a todo lo largo y ancho del país.
Que al tratarse de un nuevo modelo, la reforma atañe a diferentes áreas de
justicia e instituciones que requieren un cambio radical para ajustarse al mandato
constitucional. En este sentido, para los efectos de esta iniciativa, resulta de particular
relevancia el penúltimo párrafo del artículo 17 Constitucional, precepto supremo que a la letra
dice: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio
de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un
servicio civil de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán
ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”
Que cuando decimos que el sistema actual es preponderantemente inquisitivo,
nos referimos a que el indiciado es culpable hasta que se demuestra lo contrario, y se le ve
como un objeto de investigación, más que como un sujeto de derechos. Es innegable que el
ministerio público tiene mayor infraestructura para actuar que la defensa, pues si bien el
inculpado tiene derecho a una defensa por abogado, también había subsistido la figura de
"persona de su confianza", lo que ha propiciado una desigualdad de condiciones para intentar
probar, en su caso, su inocencia. Aunado a lo anterior, los abogados de las defensorías de
oficio perciben sueldos bajos y en nuestra entidad no existe el servicio civil de carrera,
además de que carecen de infraestructura, por lo que en muchos casos utilizan los espacios
de las agencias investigadoras o de los juzgados.
Que la supresión a nivel constitucional de "la persona de confianza", como un
elemento de la defensa, obedece a la necesidad de garantizar el derecho a una defensa
adecuada, lo que no puede hacerse sin un abogado debidamente preparado y en condiciones
y circunstancias óptimas. Para consolidar tal objetivo y que exista igualdad entre las partes, es
indispensable asegurar un servicio de defensoría pública de calidad para la población y
asegurar las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores,
contemplando, entre otros aspectos, que sus emolumentos no podrán ser inferiores a los que
correspondan a los agentes del ministerio público.
Que la reforma al artículo 17 Constitucional es una importante aportación que
permitirá un acceso efectivo a la justicia para toda la población, principalmente la más
desprotegida, ya que la defensoría de oficio, en adelante llamada defensoría pública, se
instituye como una institución que salvaguarda los derechos individuales y colectivos de toda
la población.
Que la evolución progresiva de los derechos humanos ha derivado en la
conclusión de que la obligación de los Estados para garantizar el libre ejercicio de los mismos
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no se limita únicamente a una cuestión formal, sino que además impone la obligación al
Estado de proporcionar todos los medios necesarios para que el sujeto de dichos derechos
pueda hacerlos efectivos. Esta conclusión tiene su origen en el sistema interamericano que
nos rige, específicamente en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, donde se fija el compromiso de los Estados Partes respecto de la aplicación de
dicho instrumento internacional. Es decir, se trata de la obligación del Estado de garantizar,
como señaló puntualmente hace ya 30 años el notable jurista italiano Mauro Cappelletti, el
acceso efectivo a la justicia.
Que hoy más que nunca, la concepción de Cappelletti cobra vigencia, pues
mientras las élites políticas, sociales o económicas poseen múltiples canales informales para
solucionar problemas relacionados con el ejercicio de sus derechos, sin tener que acudir a los
mecanismos institucionales de justicia; los más desprotegidos económicamente se encuentran
en franca minusvalía ante muchas de las entidades públicas o privadas con las que
interactúan. Por ello, el acceso a la justicia debe servir para compensar esta desigualdad y
asegurar la vigencia de los derechos y la legalidad, incluyendo la actuación de las
instituciones encargadas de proporcionarla.
Que esta es una forma eficaz de garantizar el acceso de la población a la
justicia, atendiendo las desigualdades de la sociedad mexicana en general y de la
guerrerense en lo particular, en la que un alto porcentaje se encuentra sometido a la pobreza
extrema y con la finalidad de que se garantice, por parte del Estado, que los servicios jurídicos
en defensa de los más débiles sean de calidad. Ya que si el sistema de justicia pudiera
calificarse de aceptable únicamente en los órganos de la acusación y de juzgamiento, pero no
en el de la defensa de los más débiles, el resultado es la injusticia social, tan costosa para
todos.
Que por ello, se pretende en esta iniciativa que la institución de defensa sea de
calidad, con personal profesional, capacitado, de carrera y con un ingreso total igual al de los
agentes del ministerio público, que tenga la misión de defender a cabalidad a la población que
así lo solicite y la visión de ser el garante del respeto de los derechos de las personas en
controversias con otros individuos o en conflicto con la ley.
Que en esta iniciativa que se somete a consideración de esta Soberanía se
consagra la reivindicación de una institución que a nivel federal ha mejorado sustancialmente
bajo la administración del Poder Judicial Federal, pero que en muchas entidades federativas,
como en la nuestra, lamentablemente deja mucho que desear y con ello no quiero denostar de
ninguna manera la esforzada labor de los defensores de oficio, que en muchas ocasiones
hacen hasta lo imposible por salir adelante con los casos que les han sido asignados, sino
que me refiero a las lamentables condiciones en las que trabajan y que estamos obligados a
cambiar radicalmente.
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Que el grave problema que vivimos, es que no existe un verdadero acceso a la
justicia en el país, ya que la gran mayoría no puede pagar un abogado y cuando van a la
defensoría de oficio se encuentran que están en condiciones verdaderamente lamentables.
Por eso esta reforma por voluntad del Poder Constituyente Permanente, establece que tanto
la federación como los estados y como el Distrito Federal garantizarán la existencia de un
servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para
un servicio profesional de carrera para los defensores.
Que, en este orden de ideas, se prevé que las percepciones de los defensores
no sean inferiores a las que correspondan a las agentes del Ministerio Público para que la
gente de escasos recursos pueda contar con abogados de un buen nivel profesional.
Que la reforma al modelo de defensa pública es una propuesta de avanzada, de
modernización de nuestro sistema de justicia penal, y es una reforma que por muchos años el
pueblo mexicano nos ha requerido, exigido y nos ha reiterado muchas veces para que la
implementemos.
Que, en este orden de ideas, se concibe a la Defensoría Pública como una
institución que garantiza el derecho a la defensa gratuita otorgada por el Estado, que tiene
toda persona que enfrenta un proceso judicial, en caso de no contar con los medios
económicos para pagar una defensa privada, como un mandato de orden constitucional.
Que en el nuevo sistema de justicia, la Defensoría Pública adquiere un papel
relevante en el proceso de defensa del acusado, ya que en mejores condiciones y
circunstancias, podrá planear y llevar a cabo una estrategia que le permita obtener los
mejores resultados, ya sea para lograr la inocencia de su defendido o bien, lograr acuerdos o
salidas alternas para la solución de los conflictos y que muchas veces habrán de representar
su mejor opción. Esto significa simplemente, poner en manos del defensor los medios para
alcanzar la justicia y garantizar el equilibrio entre las partes involucradas en el proceso”.
Que una vez expuesta la exposición de motivos de la Iniciativa de la Diputada
Guadalupe Gómez Maganda Bermeo, proseguiremos con las argumentaciones de la iniciativa
presentada por el Diputado Victoriano Wences Real, en los términos siguientes:
“En mayo de 1996 se celebró el primer congreso nacional de defensorías de oficio en
Acapulco, allí se delineó la transformación que debía tener esta noble institución: pasar de
una dependencia limitada, vertical, improvisada y de pocos resultados, a una institución
autónoma, con servicio civil de carrera, profesionalizada y con amplia cobertura.
La conclusión medular del congreso fue: promover la creación de un “Instituto Estatal
de Defensoría Pública”.
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Si queremos una Institución que responda a las necesidades de la gente que no tiene
recursos económicos para solventar su defensa jurídica, debemos diseñar una Institución
diferente a la que actualmente funciona en Guerrero; y para ello, es indispensable promover
una iniciativa de Ley que establezca los siguientes lineamientos:
A) Creación de un Instituto autónomo, que goce de independencia técnica y
operativa.
B) Defensa integral en todos los ámbitos del derecho: civil, penal, laboral,
administrativo, familiar y demás.
C) Incluir la defensa de los menores infractores.
D) Garantizar la gratuidad del servicio.
E) Reglamentar el servicio civil de carrera para que sean criterios técnicos, los
referentes a la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, estímulos y
sanciones a los defensores públicos.
F) El Director General del Instituto debe ser electo por el Congreso Local, mediante
una terna enviada por el Ejecutivo Estatal; la duración en su encargo por cuatro años,
pudiendo ser ratificado sólo para un período más.
G) Para ser titular del Instituto se debe de cumplir por lo menos con los siguientes
requisitos. Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad
competente y tener experiencia profesional mínima de cinco años. Preferentemente el titular
debe surgir de la propia Institución.
Las anteriores son las bases para crear un Instituto Estatal de Defensoría Pública; el
desdén en Guerrero hacia la defensoría, es un desdén hacia la defensa jurídica de los pobres;
son los pobres, los que llenan las cárceles, y en muchas ocasiones debe reconocerse, es
debido a la ausencia o mala defensa jurídica.
Con este nuevo Instituto, el acceso a la justicia cobraría vida en los hechos; su creación
es apenas un botón de muestra de las instituciones que requerimos crear en Guerrero.
El Estado cumple con la función de juzgar, sancionar pero también defender, no
obstante, esta última función, es la menos conocida por la población y la más importante. Aún
así es a la que menos atención y recursos se le ha brindado, no cuentan con espacios dignos,
tienen salarios paupérrimos, no acorde con su capacidad y nivel profesional, todos los
defensores cuentan con título profesional.
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Uno de los cambios que necesariamente debe de observar los servicios que
proporciona la defensoría pública del Estado, es la concerniente a atender a los indígenas con
personal que domine las lenguas indígenas de las regiones de nuestra entidad, siendo
indispensable que en los distritos judiciales con residencia en las regiones de la Montaña,
Costa Chica, Centro y Norte del Estado, se cuente con personal que domine las lenguas de
estas regiones.
Es urgente que este Congreso Local asuma la responsabilidad que le corresponde en
la reforma del Estado, por ello, es necesario que el servicio de Defensoría Pública se
reestructure y dignifique a través de una nueva Ley.
La base de su organización se detallan con precisión: un organismo público autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo titular nombrará el Congreso Local.
En la actualidad los servicios de defensoría de oficio se proporcionan a través de una
dependencia de gobierno y forma parte del Poder Ejecutivo.
A nivel federal, los servicios de defensoría pública se proporcionan a través de un
Instituto que depende del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.
En ambos casos estos servicios se ven supeditados ya sea al Poder Ejecutivo o al
Judicial, lo cual no ocurriría si se creara un Instituto con plena autonomía”.
Que una vez señalada los argumentos del Diputado Victoriano Wences Real,
expondremos que señala el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, en los
términos siguientes:
“La reciente reforma a la Constitución Federal, rediseña el rol desempeñado por las
principales instituciones que intervienen en el derecho Penal, y la Defensoría Pública no es la
excepción. El Constituyente reconoce la necesidad de fortalecer esta institución defensora a
fin de garantizar un proceso verdaderamente justo, en el que los derechos de los inocentes
sean realmente respetados y sólo se apliquen las consecuencias jurídicas del delito a aquellos
realmente responsables de su comisión.
En Guerrero el respeto a los derechos de los individuos es preponderante, por lo que
esta iniciativa que fortalece el servicio de la defensa pública reúne la preocupación de las
instituciones públicas por garantizar los derechos de los individuos en los procesos
jurisdiccionales. Es indispensable contar con instituciones ágiles, con objetivos claros y
funciones bien delimitadas.
Con esta reflexión, en este ordenamiento se propone sentar las bases indispensables
que debe sustentar la prestación del servicio de Defensa Pública. En la iniciativa, se
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determina que el Servicio de Defensa Pública será obligatorio, gratuito e ininterrumpido,
observando en todo momento los principios básicos de Honestidad, Profesionalismo,
Oportunidad, Eficiencia, Prontitud, Confidencialidad, Independencia, y Equilibrio procesal. De
igual manera, se prevé la necesidad de un servicio adecuado, técnico e integral, que
promueva los medios alternos para la resolución de conflictos y el entendimiento cabal de las
consecuencias para los interesados.
Para ampliar la capacidad de acción del Estado e incorporar a los organismos
ciudadanos en la prestación del servicio, se prevén esquemas innovadores de participación de
particulares, siempre apegados a las prescripciones constitucionales de la materia. En las
materias civil, familiar, mercantil y de justicia administrativa, se constriñe la prestación de
servicios a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad, escasez de recursos o
desprotección.
Para realmente fortalecer el servicio de defensa pública en el Estado de Guerrero, es
indispensable migrar del actual esquema ya rebasado por las necesidades reales del sistema,
para crear una institución fortalecida, en capacidad de desempeñarse con objetividad y que
cuente con las herramientas necesarias para el ejercicio de su función. Para esto, con esta
nueva Ley, se propone la creación del Organismo Público Descentralizado denominado
Instituto de Defensoría Pública del Estado de Guerrero, mismo que tendrá la personalidad
jurídica y patrimonio propio, pero sobre todo, autonomía presupuestal, técnica y de gestión.
Se propone al Instituto como el organismo responsable de brindar el servicio de
defensa pública, apoyado en la técnica idónea para la defensa de los intereses de sus
representados. El mismo deberá operar evaluando permanentemente la calidad y pertinencia
de sus programas, propiciando alianzas con los sectores público y privado, utilizando la
tecnología de sistematización y manejo de la información para hacer su labor más eficaz.
El organismo contará con órganos colegiados de consulta y de decisión, que permitan
la participación diversa de instituciones públicas, privadas y sociales, para que con su
contribución se obtenga un servicio humano, de calidad, y que garantice la impartición de
justicia. La Junta de Gobierno, órgano de decisión del Instituto, aprobará el programa anual de
trabajo, las políticas generales y las prioridades a que deberá sujetarse el Instituto de
Defensoría Pública para el cumplimiento de su objeto. Así mismo deberá evaluar
periódicamente el cumplimiento de lo establecido, recibiendo los informes y solicitando los
reportes que sean necesarios. Será también este órgano el encargado del manejo patrimonial
del Organismo. El Consejo Consultivo será integrado por profesionales del derecho,
facultades, notarios, organizaciones civiles, órganos técnicos, defensores de los derechos
humanos, representantes de las víctimas y ofendidos, del Ministerio Público y del Poder
Judicial. Las áreas de experiencia de cada uno de sus integrantes, permitirán realmente un
apoyo a la ejecución de acciones concretas previa la visión integral del servicio de Defensa
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Pública y del rol desempeñado por el Instituto en la defensa de los derechos constitucionales
de los individuos.
Preferenciando la innovación y el uso de las herramientas tecnológicas, se incorporan
mecanismos de vanguardia para el desarrollo de las sesiones, el manejo de la información y
el control de la prestación de servicios.
En lo que al rol del Defensor se refiere, en esta propuesta de nueva Ley, se pretende
señalar con claridad, las obligaciones que deberán cumplir los Defensores Públicos, los
esquemas generales de ingreso, capacitación, permanencia y demás relativos al servicio civil
de carrera. Lo anterior, permitiendo la expedición de lineamientos que determinen de manera
ágil la forma específica de trabajar y los requisitos a cumplir en diversos temas operativos”.
Que en términos de los dispuesto por los artículos 46, 49 fracciones VI, 57 fracción II,
86 primer párrafo, 87, 127 párrafos primero y segundo, 132, 133 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en vigor, esta Comisión de
Justicia tiene plenas facultades para analizar las iniciativas de referencia y emitir el dictamen
con proyecto de Ley que recaerá a las mismas, lo que procedemos a realizar bajo las
consideraciones siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S
Ciertamente la presente iniciativa representa un modelo único en el país, en el que no
solo se incorporan las tendencias que se han marcado en los estados que ya han hecho
ajustes a sus sistema penal, sino que se incluyen nuevos componentes que seguramente
resultarán en una institución fuerte y capaz, indudable defensor de los derechos de los
individuos, posicionada en un plano de igualdad ante el Ministerio Público y suficiente para su
presentación ante las autoridades de impartición de Justicia. Sin lugar a dudas, los
Guerrerenses podrán beneficiarse de este nuevo sistema de defensa penal.
Que con el propósito de legislar mediante procesos de calidad, la Comisión de Justicia,
a través de su Presidencia, envió diversos oficios de invitación a los Diputados autores de las
iniciativas, al Presidente del Poder Judicial del Estado, al representante del Poder Ejecutivo de
la entidad, a través de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, a los propios
integrantes de la Comisión Dictaminadora, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Civil, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Dirección General del Servicio
de Defensoría Pública del Estado, lo anterior para que asistieran a las reuniones de trabajo en
donde se analizaría las iniciativas en comento, anexándole a dichas invitaciones el calendario
correspondiente.
Que durante ocho reuniones, que conformaron 28 horas de trabajo de revisión
exhaustiva, se logró construir técnicamente un proyecto de Dictamen que se presenta a cada
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uno de los integrantes de la Comisión Dictaminadora para su análisis, revisión y aprobación
en su caso.
Esta Comisión de Justicia es competente para conocer y resolver lo que en derecho
corresponda en relación a las iniciativas de Ley ya precisadas, lo anterior tiene fundamento en
lo dispuesto en el artículo 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero.
Que en virtud de que las iniciativas en estudio presentan una naturaleza jurídica
diferente en relación a la creación del ente público que habrá de brindar los servicios gratuitos
de defensa pública, los integrantes de la Comisión dictaminadora entramos al análisis de las
mismas para definir su naturaleza jurídica.
De esta manera iniciamos con el estudio de la propuesta de la Diputada Guadalupe
Gómez Maganda Bermeo, la cual establece en el cuerpo de la iniciativa de referencia, que el
Instituto de Defensoría Pública sería un organismo público dependiente del Poder Judicial, la
cual se asemeja a la Ley Federal de la materia, la del Estado de Yucatán y Durango, por citar
algunos casos.
La iniciativa presentada por el Diputado Victoriano Wences Real, contempla la creación
de un organismo público autónomo e independiente del Poder Ejecutivo y del Poder judicial.
La iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo establece un organismo
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo parte de la
administración descentralizada, pero dependiendo del poder Ejecutivo, lo cual la asemeja a
las de los Estados de Chihuahua, Estado de México, Baja California, Aguascalientes y Nuevo
León, por citar algunos casos.
Independientemente de la naturaleza jurídica de las iniciativas, la coincidencia de las
mismas es de fortalecer el servicio gratuito de asesoría y defensa pública, por lo que en aras
de transitar a un modelo jurídico que se adapte a las actuales condiciones que se presentan
en la entidad, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideramos conveniente
establecer que la naturaleza jurídica del ente público encargado de proporcionar el servicio de
densa pública sea a través de un organismo público descentralizado, que tenga personalidad
jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa y financiera.
No omitimos señalar que este organismo público deberá de transitar en próximos años
en un organismo público autónomo que sea independiente del Poder Ejecutivo y Judicial,
siempre que las condiciones presupuestales así lo permitan.
Por otra parte y toda vez que la iniciativa de la Diputada Guadalupe Gómez Maganda
Bermeo la contempla como un instituto dependiente del Poder Judicial, los integrantes de la
Comisión Dictaminadora consideramos inconveniente en razón a que de considerarse de esta
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forma se estaría concentrando el sistema de impartición de justicia en un solo Poder que en
esta caso sería el Judicial, ya que con la implementación del Sistema Penal Acusatorio se
prevé que en un momento procesal, la actividad de investigación que realiza el Ministerio
Público se judicialice, ya que los jueces de control tendrían injerencia en su actividad, por lo
que para evitar que también el servicio de defensa pública sea controlado por el Poder
Judicial, además de que de pie a que carezca de certeza jurídica a la función que van a
realizar los defensores púbolicos, (Sic.) los integrantes consideramos conveniente establecer
al Instituto de Defensa Pública como un organismo público descentralizado.
No obstante a lo anterior, cabe destacar que el proyecto que se presenta, se encuentra
conformado por apartados de las tres iniciativas, conformándose un solo proyecto enriquecido
y fortalecido para una mejor aplicación en el servicio de defensa pública.
Con la reforma constitucional federal, se establece un nuevo modelo jurídico en materia
penal, esto es, las legislaciones locales deberán de adecuar su marco jurídico para
implementar el nuevo sistema penal acusatorio, que tiene como característica fundamental la
oralidad de los procesos penales, en donde deberán de trabajar de manera coordinada el
Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
La reinserción social efectiva es la finalidad de este nuevo sistema penal acusatorio, en
donde habrá jueces de ejecución penal que serán los encargados de vigilar y evaluar el
proceso de reintegración de los imputados.
Ante esta dinámica nacional, el Servicio de Defensa Pública local no puede mantenerse
al margen de estas reformas, por ello, dicha institución pública debe de renovarse de manera
pronta, de tal manera que los defensores públicos tengan la preparación necesaria y
suficiente para enfrentar los nuevos retos de una sociedad que esta hábida de justicia.
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora de manera responsable consideramos
que debemos de impulsar las reformas necesarias en la entidad para implementar el nuevo
sistema penal acusatorio.
La presente ley es novedosa, se ajusta a las nuevas exigencias sociales y sobre todo
tiene como propósito esencial ofertar a los usuarios del servicio un servicio de calidad y
eficiencia cuyos ejes rectores sean los principios de honestidad, profesionalismo, oportunidad,
eficiencia, prontitud, confidencialidad, eficiencia, independencia y equilibrio procesal.
Sabiendo que los profesionales que ejercen y prestan el servicio de defensoría pública
tienen condiciones laborales adversas, en donde el salario que perciben no justifica el trabajo
realizado por ellos, en donde en ocasiones un defensor llega a tener más de cien expedientes,
las iniciativas en análisis de manera acertada observan el servicio profesional de carrera, lo
que garantizará que la estabilidad en el empleo no este sujeta a relevos de administración
pública o a caprichos de los directivos, por ello, los integrantes de la Comisión dictaminadora
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consideramos esencial plasmar en la ley un capítulo que regule el servicio profesional de
carrera.
Con el servicio profesional de carrera los defensores públicos tendrán derecho a la
estabilidad laboral y sobre todo a ascender de manera legítima a mayores puestos dentro de
la institución. Con este servicio no sólo los defensores tendrán certeza jurídica en sus
encargos, sino también le darán a su familia un mejor bienestar.
El trabajo que hoy se presenta al pleno no es producto de caprichos personales ni de
directrices ajenas al trabajo legislativo, es el resultado de intensas jornadas de trabajo
exhaustivo que de manera profesional arrojaron un proyecto de dictamen que cumplen con las
exigencias sociales actuales.
Con la nueva ley se garantiza que el servicio de defensa pública sea brindado a
quienes menos tienen, los abogados de los pobres como se les conoce a quienes realizan
una noble actividad gratuita a favor de la población de escasos recursos, tendrán ahora un
instrumento jurídico que privilegie la capacidad, responsabilidad y profesionalismo en el
ejercicio público.
Una de las innovaciones de esta norma será la ampliación de las materias de derecho
que corresponderá a la defensa pública conocer, ahora la materia mercantil también será
competencia de esta área, lo anterior se realizó en razón en que no todo aquel que sea
demandado por una deuda de carácter mercantil tiene los recursos necesarios y suficientes
para poder contratar un abogado particular, ahora aquellas personas que sean demandadas
por una cuantía de hasta cinco mil pesos y demuestren su pobreza, podrán ser defendidos de
manera gratuita.
Como todo organismo público descentralizado, el Instituto de defensa pública deberá
de contar con órganos de vigilancia y administración, tendrá un director general encargado de
la ejecución de los acuerdos de la Junta de Gobierno, el representante del Instituto y
administrador del mismo.
La junta de Gobierno será el órgano máximo y recaerá su presidencia en el Gobernador
Constitucional del Estado, el Comisario será el responsable de la fiscalización de los recursos
que ejerza el instituto, así mismo tendrán un consejo consultivo integrado por representantes
de instituciones académicas, organizaciones sociales dedicadas al patrocinio jurídico de
manera gratuita, del Poder judicial y Ejecutivo.
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideramos que los derechos laborales de
los servidores públicos que actualmente se desempeñan en la Institución denominada
“Dirección General del Servicio de Oficio” no se pondrán en riesgo, por ello deberán de
respetarse cado de los derechos laborales generados.
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La normas transitorias prevén cada acto que habrá de realizarse desde antes de la
entrada en vigor de la norma hasta su total cumplimiento.
La presente Ley consta de diecisiete capítulos y cincuenta y un artículos,
denominándose el primero “Disposiciones Generales” y consta de tres artículos, en donde se
establecen el objeto, glosario y supletoriedad de la ley. El segundo se llama “Servicio de
Defensa Pública” y consta de seis artículos en donde se contemplan los principios del servicio,
materias del servicio, impedimentos y excusas, derecho de defensa pública, observación de
tratados y convenios internacionales y gastos procesales. El capítulo tercero se denomina
“Instituto y su objeto”, cuenta con seis artículos en donde se observa la naturaleza, domicilio,
objeto, principios rectores del instituto y sus atribuciones. El Cuarto se denomina “Patrimonio
del instituto”, y contiene tres artículos, en donde se observa la integración del patrimonio,
disposiciones aplicables al patrimonio y criterios para el ejercicio de recursos. El capítulo
quinto se nombra “Órganos de Gobierno y de administración”, conteniendo un artículo
denominado órganos del instituto. El sexto se llama “Junta de Gobierno”, conteniendo tres
artículos denominados integración de la junta, suplencia y atribuciones. El séptimo se
denomina “Director General”, consta de tres artículos que contienen las atribuciones
generales, designación, remoción y requisitos, y facultades y obligaciones. El octavo se
designa “Consejo Consultivo” y tiene cuatro artículos que observan la integración, proceso de
designación de integrantes, elección del presidente y atribuciones. El capítulo Noveno se
denomina “Sesiones de los órganos colegiados del instituto” tiene cuatro artículos de
sesiones, solicitud de convocatoria para sesionar, validez de las sesiones y asistencia virtual a
sesiones. El décimo se llama “Estructura orgánica” y tiene un artículo denominado estructura
orgánica. El capítulo decimoprimero se llama “Defensores públicos” y contiene cinco artículos
llamados Requisitos para ser defensor público, obligaciones, prohibiciones, retiro del servicio y
prestación del servicio a la contraparte. El capítulo Decimosegundo se denomina “excusas de
los defensores públicos” y consta de tres artículos denominados “excusas, procedimiento de
la excusa, suplencia del defensor público. El decimotercero se llama “Servicio profesional de
carrera” y contempla cuatro artículos denominados principios, ingreso y promoción, bases
generales y terminación. El decimocuarto se llama “Consejo técnico del servicio profesional de
carrera” y lo integra un artículo denominado funciones e integración. El decimoquinto se llama
“Comisario Público” y cuenta con dos artículos denominados órgano de vigilancia y
atribuciones. El decimosexto se llama “Régimen laboral” y tienen un solo artículo denominado
disposiciones laborales. El último capítulo se denomina “Responsabilidades y sanciones de
los servidores públicos del instituto y tiene dos artículos de responsabilidades y sanciones.”
Que en Sesiones de fecha 11 y 13 de octubre del 2011, el Dictamen en desahogo
recibió primera y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, por lo que en términos de
lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva habiendo sido fundado y motivado el Dictamen
con Proyecto de Ley, al no existir votos particulares en el mismo y no haber registrado en
contra en la discusión, procedió a someterlo a votación; aprobándose por unanimidad de
votos.
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LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍÍ A PÚBLII CA DEL ESTADO
DE GUERRERO..
Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo particular y no habiéndose
presentado reserva de artículos, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declaratoria siguiente: En virtud de que no existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos del artículo 137, párrafo primero de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con proyecto de Ley de Defensa Pública del Estado de Guerrero.
Emítase la Ley de Defensa Pública del Estado de Guerrero. Emítase la Ley correspondiente y
remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47
fracciones I y XIX de la Constitución Política Local, y en el artículo 8° fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 286, el Honorable Congreso
del Estado, decreta y expide la siguiente:
(REFORMADA DENOMINACIÓN, P. O. No. 65, FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE
2016)
LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto
(REFORMADO P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el
servicio de defensoría pública del fuero común en el Estado de Guerrero, así como crear la
institución encargada de brindarlo.
(REFORMADO P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Artículo 2. Definiciones
Para efectos de esta ley, se entenderá por:
I. Asesor: El Asesor Jurídico, profesional del derecho, que presta el servicio
público de asesoría y asistencia legal al usuario en una variedad de materias jurídicas;
II. Asesoría: El servicio público que presta el asesor jurídico al usuario del servicio;
III. Constitución Estatal: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero;
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LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍÍ A PÚBLII CA DEL ESTADO
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IV. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
V. Consejo: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado;
VI. Defensor General: El Defensor General del Instituto de la Defensoría Pública
del Estado de Guerrero;
VII. Defensor Público: El servidor público que presta el servicio de defensoría
pública en los términos de esta Ley;
VIII. Defensoría Pública: Los servicios de defensoría pública, orientación, asesoría y
representación jurídica prestados por el Instituto de Defensoría Pública del Estado de
Guerrero;
IX. Instituto: El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Guerrero;
X. Ley: La Ley número 848 de Defensoría Pública del Estado de Guerrero;
XI. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado;
XII. Personas de escasos recursos económicos o grupo vulnerable: La persona
afectada por algún grado de vulnerabilidad como pobreza, edad, estado de salud,
discapacidad, origen étnico o cualquier otra circunstancia excluyente que lo coloque en grave
situación de desventaja para la defensa o el debido ejercicio de sus derechos;
XIII. Reglamento: El Reglamento Interior del Instituto de la Defensoría Pública del
Estado de Guerrero; y
XIV. Usuario: La persona destinataria del servicio público que presta el Instituto;
Artículo 3. Normas supletorias
(REFORMADO P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
En lo no previsto en la ley, se aplicarán de manera supletoria la Constitución Estatal,
Ley Orgánica, Código Civil, Código Procesal Civil, Código Penal, todos del Estado de
Guerrero, y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
(REFORMADO P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Capítulo II
Servicio de Defensoría Pública
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(REFORMADO P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Artículo 4. Principios del servicio
El servicio de defensoría pública se brindará de manera integral, ininterrumpida,
oportuna y especializada, en los términos de la presente Ley. Para la prestación de los
servicios deberán observarse los siguientes principios:
I. Gratuidad;
II. Probidad;
III. Independencia técnica;
IV. Calidad;
V. Confidencialidad;
VI. Profesionalismo;
VII. Obligatoriedad;
VIII. Honestidad;
IX. Oportunidad;
X. Eficiencia;
XI. Prontitud; y
XII. Equilibrio procesal
El servicio de defensoría pública deberá ser adecuado, técnico e integral, y sensible a
la resolución de conflictos mediante mecanismos alternos. El defensor público o asesor
deberá mantener informados a los usuarios del mismo sobre el desarrollo e impacto de los
procedimientos, buscando la comprensión de las condiciones y la confianza del usuario.
(ADICIONADO ÚLTIMO PÁRRAFO, P.O. No. 58 ALCANCE II, MARTES 19 DE JULIO DE
2016)
En los distritos judiciales donde exista más del 40 por ciento de la población indígena
se deberá garantizar la defensa pública en lenguas indígenas con perspectiva de género.
(REFORMADO P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Artículo 5. Servicios
El Instituto prestará los servicios de defensoría pública, orientación, asesoría y
representación jurídica en los asuntos del orden penal, familiar, justicia penal para
adolescentes, civil, mercantil, laboral, justicia administrativa y de amparo, en los
términos de los artículos 18 y 20 de la Constitución Federal, y 164 y 169 de la Constitución
Estatal.
El servicio de defensoría pública penal se brindará en los sistemas mixto y acusatorio;
asimismo podrá ser otorgado por particulares bajo la coordinación y supervisión del Instituto
en los términos del Reglamento.
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En materia civil, familiar, mercantil, justicia penal para adolescentes, laboral, justicia
administrativa y de amparo podrán solicitar los servicios regulados en esta ley aquellas
personas que acrediten condiciones de vulnerabilidad, escasez de recursos o desprotección.
Artículo 6. Impedimento y excusa
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
El servicio de defensoría pública deberá brindarse libre de intereses personales.
Aquellos que estén impedidos para ello, deberán excusarse de la prestación del servicio.
Artículo 7. Derecho de defensa pública
La defensoría pública deberá otorgarse acorde a los derechos humanos previstos en la
Constitución Federal y a los derechos consagrados en los tratados internacionales que hayan
sido ratificados en los términos de ésta.
Artículo 8. Observación de Tratados y Convenios Internacionales
El Instituto observará de manera obligatoria lo dispuesto sobre la materia en los
Tratados y Convenios Internacionales suscritos por nuestro país y aprobados por el Senado,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal.
Artículo 9. Gastos procesales
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
En los casos de defensoría pública en materias distintas a la penal, los usuarios podrán
proveer los gastos que se originen con motivo del procedimiento, respetando los principios
establecidos en el primer párrafo del artículo 4 de esta ley.
El Instituto deberá contar con una partida presupuestal para cubrir los gastos
procesales a que se refiere el presente artículo.
Capítulo III
Instituto y su objeto
Artículo 10. Naturaleza
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
El Instituto es un órgano con autonomía técnica, adscrito al Poder Judicial del
Estado y dependiente del Consejo de la Judicatura, y tendrá como titular a una persona
denominada Defensor General nombrado por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
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Artículo 11. Domicilio
El Instituto tendrá su sede en la Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
independientemente de que, para el conocimiento y atención de los asuntos de su
competencia, establezca delegaciones en las regiones que se requiera.
Artículo 12. Objeto
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
El Instituto tendrá por objeto brindar el servicio de defensoría pública ante los
órganos jurisdiccionales del estado en los términos de la Constitución Federal, la
Constitución Estatal, la Ley Orgánica, la presente Ley y la normatividad aplicable.
Artículo 13. Principios rectores del Instituto
Los principios rectores del Instituto son:
I. Confidencialidad: El Instituto brindará la seguridad de que la información entre
defensor público y usuario es confidencial;
II. Continuidad: El Instituto procurará, la continuidad de la defensa, evitando
sustituciones innecesarias.
III. Gratuidad: El Instituto prestará su servicio de manera gratuita;
IV. Igualdad y equilibrio procesal: El Instituto, al contar con los instrumentos necesarios
para intervenir en los procesos judiciales en condiciones de igualdad, favorecerá el equilibrio
procesal frente a los demás sujetos procesales;
V. Independencia técnica: El Instituto garantizará que no existan intereses contrarios o
ajenos a la debida defensa pública;
VI. Legalidad: El Instituto se sujetará a la normatividad aplicable en el ejercicio de sus
funciones y para el cumplimiento de sus objetivos;
VII. Obligatoriedad: El Instituto otorgará de manera indefectible el servicio de defensa
adecuada y patrocinio, una vez aceptado y protestado el cargo correspondiente;
VIII. Responsabilidad profesional: El Instituto se sujetará a estándares que garanticen la
responsabilidad profesional, que se manifestará en la calidad y eficiencia en la prestación del
servicio, y
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IX. Solución de conflictos: El Instituto promoverá la asesoría e intervención de
especialistas en mecanismos alternativos, en forma adicional al proceso legal, para la solución
alterna de los conflictos, participando, en la medida de lo posible, en la mediación y la
conciliación.
Artículo 14. Atribuciones
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones que le señale la
Constitución Estatal y la Ley Orgánica, así como las siguientes:
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
I. Brindar el servicio de defensoría pública en el Estado de Guerrero, en las materias
y bajo los supuestos plasmados en esta ley y las demás que resulten aplicables;
II. Apoyar la prestación de sus servicios en la técnica idónea para la defensa de los
intereses del usuario;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
III. Promover y llevar a cabo programas, proyectos y actividades de investigación e
innovación que se relacionen con los servicios de defensoría pública;
IV. Evaluar permanentemente la calidad y pertinencia de sus programas y en su caso,
hacer las adecuaciones correspondientes;
V. Fomentar convenios con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales o
internacionales, incluyendo las dedicadas a la protección de los derechos humanos para el
cumplimiento de su objeto;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
VI. Desarrollar servicios de sistematización y diseminación de información
especializada que contribuyan al fortalecimiento de las actividades en materia de defensoría
pública;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
VII. Impulsar iniciativas y desarrollar proyectos para la aplicación de las tecnologías de
la información y la comunicación en el servicio de defensoría pública;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
VIII. Coadyuvar en el desarrollo de estándares y en la transformación y
perfeccionamiento de las prácticas de la defensoría pública;
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IX. Promover y organizar modalidades de difusión y vinculación entre la sociedad y el
Instituto, de acuerdo con los objetivos de sus programas;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
X. Administrar sus recursos económicos asignados de conformidad con los
ordenamientos legales aplicables;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
XI. Proponer al Consejo de la Judicatura mecanismos para diversificar y fortalecer sus
fuentes de financiamiento;
XII. Realizar toda clase de actos jurídicos que requiera para el logro de sus fines,
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
XIII. Promover ante el Consejo de la Judicatura la capacitación, formación,
actualización y especialización de los defensores públicos y demás personal técnico y
administrativo con estricto apego a los principios que rigen el servicio civil de carrera; (SIC)
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
XIV. Fortalecer el respeto al derecho a una defensa y asesoría adecuadas, con
especial prioridad en los defensores públicos y asesores bilingües;
(ADICIONADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
XV. Impulsar la profesionalización del servicio de defensoría pública, con
perspectiva de género e interculturalidad; y
(ADICIONADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
XVI. Las demás que le confieran la Constitución Estatal, la Ley Orgánica; la
presente Ley, los reglamentos que se prevén en la misma y los demás ordenamientos
legales aplicables a la materia.
(REFORMADA LA DENOMINACIÓN, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Capítulo IV
Presupuesto del Instituto
(REFORMADO ARTICULO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Artículo 15. Presupuesto
El Instituto elaborará su proyecto de Presupuesto de Egresos con los recursos
necesarios para cumplir adecuadamente con su función, objetivos y metas y lo remitirá
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al titular del Poder Judicial del Estado, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto
de Egresos del Estado.
(REFORMADO ARTICULO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Artículo 16. Disposiciones aplicables al presupuesto
Los bienes muebles e inmuebles del Instituto serán administrados por el Consejo
de la Judicatura y se sujetarán a las disposiciones aplicables.
Artículo 17. Criterios para el ejercicio de recursos
El ejercicio de los recursos del Instituto se ajustará a los criterios de racionalidad,
disciplina presupuestal y transparencia.
(REFORMADO TERCER PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Instituto queda sometido al marco jurídico y a las reglas de contabilidad, presupuesto
y gasto público aplicables al Poder Judicial del Estado.
(REFORMADA DENOMINACIÓN, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE
2016)
Capítulo V
Órganos de Administración y Consulta del Instituto
(REFORMADO ARTICULO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Artículo 18. Órganos del Instituto
El Instituto contará con los órganos de administración y consulta siguientes:
I. El Defensor General; y
II. Consejo Consultivo.
Los órganos anteriores se auxiliarán para el ejercicio de sus funciones de la estructura
orgánica que determine el Reglamento.
(DEROGADO CAPÍTULO, Y LOS ARTÍCULOS QUE LO FORMAN P. O. No. 65, DE FECHA
VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Capítulo VI
Junta de Gobierno Se deroga
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Artículo 19. Se deroga
Artículo 20. Se deroga
Artículo 21. Se deroga
(REFORMADA DENOMINACIÓN, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE
2016)
Capítulo VII
Defensor General
Artículo 22. Atribuciones generales
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Defensor General será el representante legal y administrador del Instituto.
Artículo 23. Designación, remoción y requisitos
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Defensor General será nombrado por el Pleno del Consejo de la Judicatura de
acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución Estatal y en la Ley
Orgánica, y durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser ratificado por un periodo
igual.
(REFORMADO PÁRRAFO TERCER, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Para ser Defensor General, además de los señalados en el artículo 111 de la
Constitución Estatal, se requiere cumplir con los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y estar
en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su designación;
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III. Acreditar experiencia de cinco años en el ejercicio de la abogacía, relacionada
especialmente con las materias afines a sus funciones, y poseer título y cédula profesional de
licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por
delito doloso, y
V. Tener un mínimo de dos años de residencia en el Estado de Guerrero
Artículo 24. Facultades y obligaciones
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Defensor General del Instituto tendrá las facultades y obligaciones que señala la
Ley Orgánica.
I. Administrar y representar legalmente al Instituto, dirigiendo su funcionamiento y
vigilando la correcta aplicación de los planes y programas de gestión, financieros y
administrativos;
II. Desarrollar las líneas de acción y los acuerdos aprobados por los órganos colegiados
del Instituto;
III. Promover y suscribir convenios y contratos con personas físicas o morales,
instituciones y organismos locales, nacionales o internacionales, de los sectores público y
privado, para el desarrollo, intercambio y cooperación en programas y proyectos que
coadyuven al cumplimiento de los objetivos del Instituto;
IV. Implementar los sistemas, procesos, instancias y demás opciones a fin de
incorporar la técnica a la defensa pública;
V. Elaborar, proponer, cumplir y hacer cumplir el reglamento interior y demás
normatividad aplicable al Instituto;
(DEROGADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
VI. Se deroga
VII. Desahogar los procedimientos de excusa del defensor público y resolver lo
conducente;
VIII. Convocar a los directivos y defensores públicos, por lo menos cada tres meses, a
reuniones de trabajo para coordinar las labores del servicio y unificar los criterios que deben
sostener ante las autoridades jurisdiccionales;
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LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍÍ A PÚBLII CA DEL ESTADO
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IX. Presentar ante las autoridades competentes el anteproyecto de presupuesto anual
de ingresos y egresos del Instituto, así como la cuenta pública del mismo en los términos
establecidos en la ley de la materia;
X. Presentar a los órganos colegiados del Instituto las propuestas y consultas que
prevé la ley;
XI. Proponer a la Junta de Gobierno el proyecto de reglamento interior del Instituto, o
sus modificaciones, considerando en su caso la opinión del Consejo Consultivo;
XII. Rendir a la Junta de Gobierno y al Consejo Consultivo un informe anual sobre el
desempeño de las funciones, planes y programas del Instituto;
XIII. Tomar las previsiones necesarias para cubrir las ausencias del personal adscrito al
Instituto en términos del reglamento interior;
XIV. Delegar en el personal a su cargo las facultades necesarias para la realización de
actos concretos encaminados a la consecución del objeto del Instituto, y
XV. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias del
Instituto.
Capítulo VIII
Consejo Consultivo
Artículo 25. Integración
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Instituto contará con un Consejo Consultivo de carácter honorifico,
nombrados en el número y competencias, conforme lo señale la Ley Orgánica.
(DEROGADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
I. Se deroga
(DEROGADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
II. Se deroga
(DEROGADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
III. Se deroga
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LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍÍ A PÚBLII CA DEL ESTADO
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(DEROGADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
IV. Se deroga
(DEROGADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
V. Se deroga
(DEROGADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
VI. Se deroga
(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE
2016)
Se deroga
Artículo 26. Proceso de designación de integrantes
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica, debiendo cumplir con los requisitos de elegibilidad que
ésta señale.
Artículo 27. Elección del Presidente
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Presidente del Consejo Consultivo se elegirá de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Orgánica.
Artículo 28. Atribuciones
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Consejo Consultivo tendrá las atribuciones que le confiera la Ley Orgánica.
I. Asesorar al Director General y en su caso a la Junta de Gobierno, en la formulación y
desarrollo de los planes y programas del Instituto;
II. Proponer el desarrollo de programas y proyectos para el cumplimiento de los
objetivos del Instituto;
III. Formular recomendaciones para el mejoramiento de la calidad de los programas del
Instituto;
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LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍÍ A PÚBLII CA DEL ESTADO
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IV. Fungir como instancia de recomendación y consulta a petición de la Junta de
Gobierno o del Director General del Instituto;
(DEROGADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
V. Se deroga
VI. Recomendar la elaboración de proyectos que además de fortalecer las labores
propias del Instituto, representen oportunidades de obtención de fondos adicionales a los
presupuestados;
VII. Opinar sobre las políticas relativas a la selección, ingreso y permanencia del
personal del Instituto;
VIII. Promover ante el Director General la vinculación del Instituto con instituciones
relacionadas con su objeto en el ámbito local, nacional e internacional;
IX. Proponer mecanismos que fortalezcan la aplicación de la técnica en los servicios de
defensa pública;
X. Recomendar la implementación de sistemas de evaluación y seguimiento de los
trabajos de defensa pública, así como programas de mejora continua y sistematización de
procesos, y
XI. Las demás que le confiera la presente ley, su reglamento y las disposiciones legales
aplicables.
Capítulo IX
Sesiones de los Órganos Colegiados del Instituto
Artículo 29. Sesiones
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Consejo Consultivo del Instituto sesionará de forma ordinaria por lo menos cada
cuatro meses, pudiendo reunirse de manera extraordinaria las veces que sea necesario.
(REFORMADO PÁRRAFO TERCERO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
En ambos casos, las convocatorias a las sesiones serán expedidas por el Defensor
General cuando menos con ocho días de anticipación a la fecha de la sesión y notificadas de
manera fehaciente a los miembros del Consejo Consultivo a sesionar.
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LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍÍ A PÚBLII CA DEL ESTADO
DE GUERRERO..
Para la expedición y notificación de las convocatorias, se podrán utilizar los medios
tecnológicos o electrónicos disponibles siempre que permitan la comprobación de la emisión y
recepción de la misma. En la convocatoria se especificará la fecha, hora y lugar en el que se
desarrollará la sesión, así como el orden del día.
Artículo 30. Solicitud de convocatoria para sesionar
(REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Cualquiera de los miembros del Consejo Consultivo podrá solicitar al Defensor
General, por escrito y especificando los temas a tratar, que expida una convocatoria para
sesionar. El Defensor General deberá expedir la convocatoria solicitada dentro de los cinco
días siguientes a la petición.
Artículo 31. Validez de las sesiones
Para la validez de las sesiones se requerirá la presencia de la mayoría de los
integrantes del órgano convocado. En caso de que no se logre el quórum requerido, se emitirá
una segunda convocatoria, siendo válida la sesión que resulte de ella, con la asistencia del
número de miembros que se presenten.
(REFORMADO TERCER PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Las resoluciones del Consejo Consultivo se tomarán por la mayoría de votos de los
asistentes a la sesión, gozando el Presidente de voto de calidad en caso de empate.
Artículo 32. Asistencia virtual a sesiones
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Consejo Consultivo podrá sesionar sin necesidad de la presencia física de sus
integrantes, siempre que éstos notifiquen por escrito con dos días de anticipación a la sesión,
que participarán por medios tecnológicos alternos. El voto de los asistentes que participen de
conformidad con lo anterior, deberá emitirse utilizando medios que permitan la comprobación
fehaciente de su emisión y sentido.
Capítulo X
Estructura Orgánica
Artículo 33. Estructura orgánica
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(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobará en el Reglamento correspondiente, la
estructura orgánica que sea necesaria para el adecuado funcionamiento del Instituto.
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El Pleno del Consejo de la Judicatura, con apoyo del Defensor General y del Consejo
Consultivo, expedirá los perfiles que deberán cumplir las personas que desempeñen un
cargo en el Instituto y los tabuladores en base a los cuales se determinen sus
remuneraciones.
(REFORMADA DENOMINACIÓN, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE
2016)
Capítulo XI
Defensores públicos y asesores
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Artículo 34. Requisitos para ser Defensor Público y Asesor
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Para ser Defensor Público y Asesor se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Ser Licenciado en Derecho con título legalmente registrado y cédula profesional, y
acreditar por lo menos tres años de ejercicio profesional o práctica de dos años en el servicio
de la defensoría pública;
III. No haber sido condenado por delito intencional alguno;
IV. No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño de funciones públicas;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
V. Asistir a los cursos y aprobar los exámenes de ingreso que establezca el Consejo
de la Judicatura; y
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
VI. Los demás que, en su caso establezca el reglamento y el Consejo de la
Judicatura.
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Artículo 35. Obligaciones
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Los defensores públicos y asesores tendrán las siguientes obligaciones, según
corresponda:
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
I. Prestar el servicio de defensoría pública, orientación, asesoría y patrocinio con apego
a las disposiciones contenidas en la Constitución Federal, la presente ley y la demás
normatividad aplicable;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
II. Excusarse de aceptar o continuar la defensa o asesoría de una persona en los supuestos
legales;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
III. Interponer los recursos exclusivamente necesarios para una correcta defensa o
asesoría de los intereses que le han sido confiados, incluyendo, en su caso, el Juicio de
Amparo;
IV. Mantener personalmente informado, de manera comprensible, permanente,
continua y veraz, al usuario del servicio sobre el desarrollo de seguimiento del proceso o
asunto, con el fin de garantizar una relación de confianza. En caso de no ser posible la
comunicación personal y directa se podrá establecer por otros medios;
V. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones, salvo las
excepciones establecidas en la ley y demás disposiciones legales aplicables;
VI. Promover la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos de solución de
controversias;
VII. Rendir un informe mensual a su superior jerárquico, o cuando éste se lo requiera;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
VIII. Cumplir y verificar que se observen las normas aplicables al servicio de defensoría
pública;
IX. Abstenerse de incurrir en prácticas ilícitas o contrarias a los fines y normativas del
Instituto, y en su caso denunciar a aquellos que incurran en ellas ante la instancia que
corresponda, según el reglamento interior y demás normatividad aplicable;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
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X. Someterse a una capacitación, formación, profesionalización, actualización y
especialización permanentes que asegure la eficiencia del servicio y cumplir con carácter
obligatorio el programa anual que en este sentido determine el Pleno del Consejo de la
Judicatura, y
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
XI. Las demás que se prevean en otros ordenamientos relacionados al servicio de
defensoría pública, en esta ley o en su reglamento.
Artículo 36. Prohibiciones
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Está prohibido a los defensores públicos y asesores:
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
I. Orientar, asesorar, patrocinar o asumir defensa como abogado particular, en cuyo
caso será cesado como defensor público o asesor, independientemente de las
responsabilidades en que incurra por su carácter de servidor público;
II. Actuar como apoderado judicial, tutor, curador o albacea, a menos que sean
herederos o legatarios. También ser depositario judicial, síndico, administrador, interventor en
quiebra o concurso, corredor, comisionista o fiador en los asuntos que intervengan o hayan
intervenido oficialmente;
III. Patrocinar asuntos que no le correspondan o no estén expresamente autorizados;
IV. Actuar cuando se encuentren impedidos por alguna de las causales previstas en
esta Ley;
V. Descuidar o abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o labores
que deban realizar en virtud de su encargo, así como abandonar sin causa justificada su
centro de trabajo;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
VI. Omitir informar al Defensor General, cualquier acto tendiente a vulnerar los
principios que rigen al Instituto;
VII. Emitir opinión pública que implique revelar la situación jurídica de sus
representados durante el proceso o prejuzgar sobre un asunto de su competencia, así como
del Instituto;
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VIII. Acertar dádivas o cualquier remuneración por los servicios que prestan al usuario,
así como solicitar de éste o de las personas que por él se interesan, dinero o cualquier otra
retribución para cumplir con las funciones que gratuitamente debe ejercer;
IX. Inducir a sus representados a celebrar acuerdos con la parte contraria
aprovechándose de su estado de necesidad, y
X. Las demás que se establezcan en la Ley, Reglamento y otras disposiciones
aplicables.
(REFORMADO TERCER PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
La prohibición señalada en la fracción VIII de éste artículo deberá ser impresa y
colocada en todas de las dependencias en las que labore un defensor público o asesor.
Artículo 37. Retiro del servicio
El Instituto retirará la asesoría, defensa o el patrocinio, cuando:
I. Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del
servicio;
II. El usuario manifieste de manera expresa o por escrito que no tiene interés en que se
le siga prestando el servicio;
III. Exista evidencia de que el usuario recibe los servicios de un abogado particular,
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
IV. El usuario realice, sin causa justificada, promociones y/o diligencias a título personal
sin conocimiento de su defensor público o asesor;
V. El usuario incurra en falsedad en los datos o en la información socioeconómica
proporcionada;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
VI. El usuario por sí mismo o por interpósita persona, cometa actos de violencia física o
verbal, amenazas o injurias en contra de su defensor público o asesor, o de servidores
públicos del Instituto;
VII. La finalidad del solicitante sea obtener un lucro o actuar de mala fe;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
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VIII. El usuario proporcione documentación falsa o alterada a su defensor público o
asesor, para que aquélla sea exhibida ante alguna autoridad;
IX. Cuando los usuarios no atiendan las indicaciones relativas al proceso o no acudan
sin causa justificada por un lapso de tres meses posteriores al inicio de la prestación del
servicio, y
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
X. Las demás que se establezcan en el Reglamento.
Artículo 38. Prestación del servicio a la contraparte
Si el solicitante es la contraparte en el asunto cuya representación se encuentra a
cargo del Instituto, únicamente se brindará la prestación del servicio si la persona interesada
se encuentra en alguno de los siguientes supuestos:
I. Es desempleada y no percibe ingresos económicos propios;
II. Es jubilada o pensionada;
III. Sea adulto mayor;
IV. Sea discapacitada;
V. Tenga el carácter de trabajador eventual o subempleado;
VI. Es indígena, o
VII. Que por cualquier razón, social o económica, tenga la necesidad del servicio.
Para determinar si el solicitante del servicio de defensoría pública reúne los requisitos
establecidos para que éste se otorgue, se requerirá estudio socioeconómico.
En los casos de urgencia por razones de términos fatales, se deberá prestar de
inmediato y por única vez, el servicio de defensoría pública, sin esperar los resultados del
estudio socioeconómico.
(REFORMADO QUINTO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
En los supuestos de este artículo, el servicio de defensoría pública será prestado
necesariamente por otro defensor público o asesor.
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(REFORMADA DENOMINACIÓN, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE
2016)
Capítulo XII
Excusas de los defensores públicos y asesores
Artículo 39. Excusas
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Los defensores públicos y asesores deberán excusarse de aceptar o de continuar la
asesoría, defensa o patrocinio de cualquier usuario, cuando exista alguna de las causas de
impedimento siguientes:
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
I. Haber recibido el defensor público o asesor, su cónyuge, concubina o concubinario,
sus hijos o algún familiar, dádivas o servicios de la víctima u ofendido, después de haber
empezado el proceso;
II. Haber sido perito, testigo, agente del ministerio público o juez en la causa que se
trate;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
III. Seguir el defensor público o asesor, su cónyuge, concubina o concubinario, o sus
hijos, un proceso civil como actor o demandado contra el imputado;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
IV. Ser denunciante, querellante o acusador contra quien lo designe como defensor
público o asesor;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
V. Tener el defensor público o asesor, su cónyuge, concubina o concubinario, sus
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los colaterales dentro del
cuarto grado y los afines dentro del segundo, el carácter de víctima u ofendido en la causa de
que se trate;
VI. Haber sido representante, mandatario judicial o apoderado de la victima u ofendido
del delito;
(REFORMADA, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
VII. Haber sido designado para representar a varios imputados o acusados, y exista
interés contrario entre los mismos. En este caso, el defensor público o asesor queda en
libertad de elegir a la persona a quien asesorará en el proceso;
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VIII. Ser tutor o curador de la víctima u ofendido, y
IX. Estar en una situación análoga o más grave de las mencionadas, que pueda afectar
su ánimo, de tal manera que se traduzca en perjuicio de los intereses del usuario.
Artículo 40. Procedimiento de la excusa
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
El defensor público o asesor expondrá por escrito su excusa dirigida al Defensor
General, siguiendo el procedimiento que al efecto señale el Reglamento, cuidando en todo
momento las formalidades previstas en las leyes de la materia. Una vez justificada la excusa,
el Defensor General designará a otro defensor público o asesor.
Artículo 41. Suplencia del Defensor Público
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Las faltas temporales del defensor público o asesor se suplirán por los servidores
públicos de similar categoría, adscritos en la misma ciudad, o en su defecto, la más cercana,
de conformidad con la determinación del Defensor General.
(DEROGADO CAPÍTULO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO FORMAN, P. O. No. 65, DE
FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Capítulo XIII
Servicio profesional de carrera Se deroga
Artículo 42. Se deroga
Artículo 43. Se deroga
Artículo 44. Se deroga
Artículo 45. Se deroga
(DEROGADO CAPÍTULO CON EL ARTÍCULO QUE LO FORMA, P. O. No. 65, DE FECHA
VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Capítulo XIV
Consejo técnico del servicio profesional de carrera Se deroga
Artículo 46. Se deroga.
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DEROGADO CAPÍTULO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO FORMAN, P. O. No. 65, DE
FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016)
Capítulo XV
Comisario Público Se deroga
Artículo 47. Se deroga
Artículo 48. Se deroga
Capítulo XVI
Régimen laboral
Artículo 49. Disposiciones laborales
Las relaciones laborales entre el Instituto y su personal se regirán por las disposiciones
que establece la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
Capítulo XVII
Responsabilidades y. Sanciones de los Servidores Públicos del Instituto
Artículo 50. Responsabilidades
Además de las que se deriven de otras disposiciones legales, serán causa de
responsabilidad de los servidores públicos del Instituto, según corresponda, las siguientes:
I. Demorar sin causa justificada la atención de los asuntos a su cargo;
II. Negarse injustificadamente a representar a los particulares cuando hayan sido
designados por la autoridad competente en una causa concreta;
III. No interponer en tiempo y forma los recursos legales que procedan en los asuntos a
su cargo y desatender su trámite o abandonarlos en perjuicio de su representado;
IV. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia extraviar
expedientes y escritos o en general, dificultar las practicas de las diligencias procesales;
V. Hacerse valer de cualquier medio para que se les revoque el nombramiento o
abandonar la defensa sin causa justificada;
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S.S.P./D.P.L.
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DE GUERRERO..
VI. Generar de manera negligente violaciones al procedimiento que afecten los
derechos de libertad y seguridad respectivos;
VII. Solicitar o aceptar dádivas o alguna remuneración del usuario o de las personas
que tengan interés en el asunto que se esté gestionando o representando;
VIII. Ser corregido disciplinariamente por más de tres veces consecutivas, con relación
al ejercicio de su función, y
IX. Dejar de cumplir cualquiera de las obligaciones o funciones que les señalan la ley y
demás disposiciones aplicables, así como incurrir en alguna de las prohibiciones previstas en
este ordenamiento legal.
Artículo 51. Sanciones
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO
DE 2016)
Los servidores públicos del Instituto serán sancionados en base al procedimiento
instruido por la instancia correspondiente y conforme a lo establecido por la Ley número 695
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de
Guerrero.
T R A N S I T O R I O S
(REFORMADO, P.O. EXTRAORDINARIO, DE FECHA MIÉRCOLES 29 DE FEBRERO DE 2012)
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el treinta de agosto de dos mil doce.
Segundo. Los asuntos que se encuentren en trámite antes de la entrada en vigor de
esta ley, deberán ser concluidos en los términos de la ley vigente en la fecha de su inicio.
Tercero. Una vez que el presente ordenamiento entre en vigor, se abroga la Ley de
Servicio de Defensoría de Oficio publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero No.
63, el 5 de agosto de 1988 y los demás reglamentos expedidos con base en la misma.
Cuarto. El Titular del Poder Ejecutivo deberá expedir el nombramiento del Director
General del Instituto antes de la entrada en vigor de la presente ley, el cual surtirá sus efectos
a partir de la vigencia de este ordenamiento legal, y expedirá la convocatoria para la
designación de los miembros del Consejo Consultivo y una vez instalado éste, deberá notificar
a los miembros de la Junta de Gobierno sobre su participación en el organismo.
Quinto. Los recursos humanos, materiales y financieros con los que actualmente
cuenta la Dirección General del Servicio de la Defensoría de Oficio, se adscribirán e
incorporarán al patrimonio del Instituto, previo balance general y dictamen que guarden los
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LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍÍ A PÚBLII CA DEL ESTADO
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estados financieros que emita la Contraloría General del Estado, con la participación de las
Secretarías General de Gobierno y de Finanzas y Administración.
Sexto. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado realizará las acciones
presupuestarias necesarias para la adecuada operación del Instituto.
Séptimo. El Consejo Consultivo deberá instalarse al día siguiente de la entrada en
vigor de esta ley. En la sesión de instalación, el Consejo deberá designar a sus
representantes ante la Junta de Gobierno que marca la presente Ley.
Octavo. La Junta de Gobierno del Instituto deberá quedar instalada en un plazo no
mayor de quince días hábiles, contados a partir de la designación de los representantes a que
se refiere el artículo anterior.
Noveno. La Junta de Gobierno aprobará los reglamentos que se deriven de esta ley en
un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha (sic) la entrada en
vigor de la presente ley. Para efecto de lo anterior, el Director General deberá formular la
propuesta correspondiente a fin de que la Junta de Gobierno se encuentre en posibilidad de
revisarla, modificarla y aprobarla en su caso.
Décimo. El personal que actualmente se encuentra laborando en el servicio de
defensoría de oficio será incorporado al Instituto, conservando los derechos y prestaciones
que conforme a la ley les correspondan, con excepción del Director General.
Dada en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los trece días del mes
de octubre del año dos mil once.
DIPUTADA PRESIDENTA.
IRMA LILIA GARZÓN BERNAL.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
VICTORIANO WENCES REAL.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
MARÍA ANTONIETA GUZMÁN VISAIRO
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 76 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su
debida observancia, del (Sic.) la LEY NÚMERO 848 DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO
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LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍÍ A PÚBLII CA DEL ESTADO
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DE GUERRERO, en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil once.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ.
Rúbrica.
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE
LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.
DECRETO NÚMERO 1038 POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY NÚMERO 762 DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO Y PRIMERO TRANSITORIO DE LA
LEY NÚMERO 848 DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
P.O. EXTRAORDINARIO, DE FECHA MIÉRCOLES 29 DE FEBRERO DE 2012.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
El Ejecutivo del Estado, atendiendo lo dispuesto en los artículos 21 y 60 de la Ley
número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, procederá a informar
a este Honorable Congreso en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la
aprobación por el Pleno de esta Soberanía, respecto de las adecuaciones presupuestales
para dotar de la infraestructura física, presupuestal y financiera suficiente al Poder Judicial del
Estado, que garanticen la entrada en vigor de la presente Ley.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su promulgación
y Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DECRETO NÚMERO 215, QUE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 14 Y 16 DEL ARTÍCULO 8
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO NÚMERO 129; Y ADICIONA EN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA
LEY NÚMERO 848 DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
P.O. No. 58 ALCANCE II, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2016.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
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LEY NÚMERO 848 DE DEFENSORÍÍ A PÚBLII CA DEL ESTADO
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas, que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
TERCERO.- Los juicios iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto,
deberán continuar su trámite, hasta su total conclusión, en el Distrito Judicial de La Montaña.
Asimismo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial deberá realizar los trámites
administrativos necesarios para que los jueces adscritos en el Distrito Judicial de Morelos
puedan atender de manera adecuada los asuntos que se inicien con motivo de la presente
reubicación de adscripción de la municipalidad de Cochoapa El Grande, una vez entrada en
vigor la presente reforma.
Por su parte, la Defensoría Pública del Poder Judicial, deberá realizar las gestiones
necesarias a efecto de dar cumplimento al presente Decreto y garantizar la cobertura de
defensores que hablen una lengua materna y estén debidamente capacitados en perspectiva de
género.
DECRETO NÚMERO 235 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 848 DE DEFENSA PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUERRERO.( Se reforma la denominación de la Ley; el segundo párrafo del artículo 1; el artículo 2; el
segundo párrafo del artículo 3, la denominación del Capítulo II; artículos 4; 5; el segundo párrafo de artículo 6; el segundo
párrafo del artículo 7; el segundo párrafo del artículo 9, el segundo párrafo del artículo 10; el segundo párrafo del artículo 12;
el segundo párrafo y las fracciones I, III, VI, VII, VIII, X, XI, XIII y XIV del artículo 14; la denominación del Capítulo IV; los
artículos 15; 16; tercer párrafo del artículo 17; la denominación del Capítulo V; el artículo 18; la denominación del Capítulo VII;
segundo párrafo del artículo 22; párrafos segundo y tercero del artículo 23; segundo párrafo del artículo 24; segundo párrafo
de los artículo 25; segundo párrafo del artículo 26; segundo párrafo del artículo 27; segundo párrafo del artículo 28; segundo y
tercer párrafos del artículo 29; segundo párrafo del artículo 30; tercer párrafo del artículo 31; segundo párrafo del artículo 32;
segundo y tercer párrafos del artículo 33; la denominación del Capítulo XI; primero y segundo párrafos y las fracciones V y VI
del artículo 34; segundo párrafo y fracciones I, II, III, VIII, X y XI del artículo 35; segundo y tercer párrafos y las fracciones I y
VI del artículo 36; las fracciones IV, VI, VIII y X del artículo 37; quinto párrafo del artículo 38; la denominación del Capítulo XII;
segundo párrafo y las fracciones I, III, IV, V y VII del artículo 39; segundo párrafo del artículo 40; segundo párrafo del artículo
41 y segundo párrafo del artículo 51, se adicionan las fracciones XV y XVI del artículo 14, se derogan el Capítulo VI
denominado “Junta de Gobierno” y los artículos 19, 20 y 21; la fracción VI del artículo 24 y las fracciones I, II, III, IV, V y VI del
segundo párrafo y el tercer párrafo del artículo 25; la fracción V del artículo 28; el Capítulo XII denominado “Servicio
profesional de carrera” y los artículos 42, 43, 44 y 45; el Capítulo XIV denominado “Consejo técnico del servicio profesional de
carrera” y el artículo 46; el Capítulo XV denominado “Comisario Público” y los artículos 47 y 48).
P. O. No. 65, DE FECHA VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016.
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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