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Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE
MORELOS
OBSERVACIONES GENERALES.-
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: “Tierra y
Libertad”.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021.
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano
de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 40 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
a) En Sesión Ordinaria del Pleno de este Congreso del Estado de Morelos,
iniciada el día 11 de julio y concluida el 16 de julio de 2019, se aprobó la Ley de
Seguridad Privada para el Estado de Morelos.
b) Con fecha 28 de agosto de la presente anualidad, mediante oficio
OGE/106/2019, se presentaron ante esta Soberanía las observaciones realizadas
por el Gobernador del Estado, a la ley antes referida.
c) Con fecha 23 de septiembre de 2019, mediante turno No.
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/ 0729/19, fueron recibidas ante la Comisión
Legislativa de Seguridad Pública y Protección Civil de esta LIV Legislatura del
Congreso del Estado de Morelos, las observaciones realizadas por el Poder
Ejecutivo a la ley multicitada.
II.- MATERIA DE LAS OBSERVACIONES
A manera de síntesis, las observaciones realizadas por el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos tienen como punto principal, solventar las
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inconsistencias existentes dentro de la ley multicitada, lo anterior para una efectiva
aplicación de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos.
III.- OBSERVACIONES A LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO
DE MORELOS.
El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 47, 48, 49 y 70, fracción II de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos devolvió con observaciones a la ley en
mención, a efecto de que se reconsidere lo siguiente:
I. Una primera observación consiste en la denominación del instrumento aprobado,
dado que en principio aparece referida como “LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
PARA EL ESTADO DE MORELOS” y posteriormente como “LEY DE SEGURIDAD
PRIVADA DEL ESTADO DE MORELOS”. Además en cuanto a la forma de
expedición, si se decidió realizar su expedición como Ley y no como un Decreto
por el que se expide la Ley, no debería aparecer un artículo dispositivo único que
señale:
“ARTÍCULO ÚNICO: Se crea la ley de Seguridad Privada del Estado de Morelos,
para quedar como sigue:”
II. En la parte expositiva de la Iniciativa que da origen a la aprobada Ley se
contienen diversas inconsistencias, como es el hecho de referir que la vigente Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos
emanó de una reforma promovida por el Gobernador del Estado, cuando del
proceso legislativo descrito en dicha Ley Orgánica se aprecia que los iniciadores
de la misma fueron: Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz Coordinadora del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), en representación de los
Diputados Erika García Zaragoza integrante del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo (PT); José Luis Galindo Cortez integrante del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo (PT); Maricela Jiménez Armendáriz, integrante del grupo
parlamentario del Partido Encuentro Social (PES); Andrés Duque Tinoco,
integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES); Alfonso de
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Jesús Sotelo Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro
Social (PES); Blanca Nieves Sánchez Arano, Coordinadora de la fracción
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza (PANAL); Dalila Morales Sandoval,
Coordinadora de la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN); Ana
Cristina Guevara Ramírez, Coordinadora de la fracción Parlamentaria del Partido
Movimiento Ciudadano (PMC); Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala,
Coordinadora de la fracción Parlamentaria del Partido Humanista (PH); y el
Diputado Marcos Zapotitla Becerro, integrante del grupo parlamentario del Partido
de MORENA.
Otro ejemplo de las imprecisiones en este apartado son las denominaciones de los
Estado de Michoacán y Veracruz, que aparecen referidos como “Michoacán de
Ocampo” y “Veracruz de Ignacio de la Llave”, ello contrario a la denominación
formal dada por el artículo 43 de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos.
III. En el artículo 3 se considera que por cuanto a la supletoriedad para regular los
actos y procedimientos que se dicten o ejecuten en términos de la ley que nos
ocupa, la diversa Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos
resultaba más acorde que el referido”Código Fiscal del Estado de Morelos”, cuya
denominación correcta –por otro lado- es “Código Fiscal para el Estado de
Morelos”.
IV. En el artículo 4, de la fracción III, al definir a la Comisión como “Comisión
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos”, independientemente del
pleonasmo, no se atiende a la denominación formal de la comisión, contenida en
el artículo 9, fracción XV, de la multicitada Ley Orgánica.
En este mismo artículo, se prevé el concepto de “Empresas”, empero se estima
que puede llegar a generar confusión con la definición dada de “prestadores “,
máxime porque al hablar de empresa no se aclara si, en su caso, se quiso aludir
únicamente a personas morales. Inclusive en el ordenamiento se emplean
indistintamente ambas referencias, lo que se traduce en falta de certeza jurídica y
pudiera generar conflictos en la aplicación de la norma.
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En general, en el cuerpo de la Ley que nos ocupa no se emplean a cabalidad las
denominaciones del artículo 4.
V. En la fracción V del artículo 5, se estima que no debería únicamente regularse
la constancia ante el Sistema, sino a su vez ante el Registro Nacional de
Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, según el artículo 12, fracción
II, de la Ley Federal de Seguridad Privada, así como la inscripción ante el Registro
Estatal que se crea en la Ley que nos ocupa.
En tanto que en la fracción VI de este mismo artículo se sugiere que si están
actuando sin autorización no se les llame “prestadores irregulares”, porque este
término implicaría que sí cuentan con autorización, sólo que cometieron alguna
infracción o irregularidad, pero no es ideal que se emplee dicha alusión para
aquellos que sin autorización alguna decidan prestar servicios al margen de la ley.
En tanto a la fracción VII, se sugiere hablar del “Sistema Nacional de Información”,
porque el Sistema Único de Información Criminal a que se alude, no se encuentra
previsto en la vigente ley local en materia de seguridad pública.
VI. En el artículo 6, lo ideal hubiera sido también prever a la Ley Federal de
Seguridad Privada, ello de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, que en su artículo 150, reza:
Artículo 150.- Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad,
protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de
bienes o valores, incluido su traslado y monitoreo electrónico; deberán obtener
autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más
Entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes
locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una Entidad. En el
caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además
deberán cumplir la regularización local, misma que no excederá los requisitos
establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo noveno, del artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación
promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la
prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las
causas y procedimientos para determinar sanciones.
VII. Respecto del artículo 7, se estima que si bien quienes cuentan con una
autorización federal deben ajustarse a la ley local, ello no implica que tengan la
obligación de obtener previamente otra autorización, (la local), señalarlo así podría
contravenir el antes trascrito artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
VIII. En el artículo 17, se considera que para la revocación debería agregarse que
se realizaría “previo el desahogo del procedimiento respectivo”, dado que al efecto
se deben cumplir las formalidades esenciales de procedimiento porque se trataría
de un acto de autoridad privativo o, cuando menos, de molestia, por lo que debe
cuidarse al respetar la garantía de audiencia y el principio de legalidad, en
términos de los artículos 14 y 16 constitucionales.
IX. En el artículo 20, fracción IV, al requerir exhibir la constancia con la que se
acredite fehacientemente que los prestadores cuentan, por lo menos con un año
de experiencia en materia de seguridad privada, dicha exigencia no se prevé en la
Ley Federal de Seguridad Privada por lo que, como en otro casos señalados, se
pondría contravenir el artículo 150 de la Ley General del Sistema de Seguridad
Pública que en su parte conducente señala que los particulares que presten
servicios de seguridad privada “deberán obtener autorización previa de la
Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más Entidades federativas; o
de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los
servicios se presten sólo en el territorio de una Entidad. En el caso de la
autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán
cumplir la regulación local, misma que no excederá los requisitos establecidos en
la Ley Federal de Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo noveno, del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.”
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En tanto que en la fracción XVII del artículo 20 que se observa, se alude a la
licencia “oficial” para la portación de armas, cuando debe ser a licencia “particular”;
porque los prestadores no son servidores públicos. Al efecto, se debe considerar
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que en su artículo 25 señala:
Las licencias para la portación de armas serán de dos clases:
I.- Particulares; que deberán revalidarse cada dos años, y
II.- Oficiales, que tendrán validez mientras se desempeñe el cargo o empleo que
las motivó.
X. En los artículos 26 y 66 se alude a las Unidades de Medida y Actualización
(UMA) sin especificar que se quiso referir el valor diario, porque tal medida tiene
tres valores: diario, mensual y anual, a saber:
Año Diario Mensual Anual
2019 $ 84.49 $2,568.50 $ 30,822.00
Inclusive en el último párrafo del artículo 26 no aparece completa la denominación
de dicha medida, faltando la referencia a la frase “y actualización”.
Y por cuanto al artículo 66 cobra relevancia la imprecisión detectada porque se
trata del monto de una multa, de manera que al estar en presencia del derecho
administrativo sancionador, se deben guardar similares formalidades que las del
derecho penal. Al efecto debe tenerse en consideración los siguientes criterios de
nuestro Poder Judicial de la Federación:
NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN
APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES
NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
En la jurisprudencia P./J.99/2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación fue contundente en precisar que tratándose de las normas relativas al
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procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas
garantistas del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de dichas
garantías al procedimiento administrativo sólo es posible cuando resulten
compatibles con su naturaleza. En ese sentido, para que resulten aplicables las
técnicas garantistas mencionadas, es requisito indispensable que la norma de que
se trate esté inmersa en un procedimiento del derecho administrativo sancionador,
el cual se califica a partir de la existencia de dos condiciones: a) que se trate de un
procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción
(elemento formal); y, b) que el procedimiento se ejerza como una manifestación de
la potestad punitiva del Estado (elemento material), de manera que se advierta
que su sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es
procedente condenar o sancionar una conducta que se estima reprochable para el
Estado por la comisión de un ilícito, en aras de salvaguardar el orden público y el
interés general; es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo o
retributivo derivado de una conducta que se considere administrativamente ilícita.
Sobre esas bases, no basta la posibilidad de que el ejercicio de una facultad
administrativa pueda concluir con el establecimiento de una sanción o infracción,
sino que se requiere de manera concurrente que su despliegue entrañe una
manifestación de la facultad punitiva del Estado, esto es, que el procedimiento
tenga un marcado carácter sancionador como sí ocurre, por ejemplo, con los
procedimientos sancionadores por responsabilidades administrativas de los
servidores públicos.
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS
PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.
El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal
al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por
simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho
fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de
interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al
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creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de
normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como
de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es
otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para
determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener una cuenta, como
derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido
concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción
típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de
permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así el mandato de taxatividad supone la
exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo
que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma.
Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar de principio de exacta
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada
alrededor algún tipo penal, toda vez que ello tonaría imposible la función
legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la
aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender el contexto en el
cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la
legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a
ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos
jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o
profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento
específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan
prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una
sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los
tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una
compresión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos
respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a
cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los
tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas.
XI. Por lo que hace al artículo 27, hay contradicción con el artículo 12, que dice
que la solicitud de revalidación será dentro de un periodo de sesenta días
naturales de anticipación a la extinción de la vigencia de la autorización.
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XII. En el artículo 31, el contenido desglosado en las fracciones IX a XVIII no
deviene de la Ley Federal de Seguridad Privada, de manera que se podría
contravenir el multicitado artículo 150 de la Ley General del Sistema de Seguridad;
por lo que en su lugar puede preverse: “Armamento, vehículos y equipo,
incluyendo los cambios en los inventarios correspondientes y demás medios
relacionados con los servicios de seguridad privada.”
XIII. En el artículo 33, el plazo a que quiso aludirse se encuentra en el diverso 31,
no así en el artículo 28.
XIV. En el artículo 35 debió decirse que la información sería “tratada de
conformidad con la ley general y local en materia de transparencia y protección de
datos personales”, y no determinar a priori que toda información será confidencial;
ello porque son tales leyes de transparencia las que determinan los supuestos en
que se puede estar ante información confidencial. En ese tenor, se estima que
podría determinarse la invalidez de este precepto, llegado el caso que se impugne.
Al respecto, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia declaró
inconstitucionales disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de
Jalisco relativas al derecho de acceso a la información.
En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión de Pleno,
invalidó la disposición de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado
de Jalisco, en la que se establecía que toda información recabada por las
autoridades de seguridad pública, se consideraría reservada cuando su
divulgación implicara la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes,
especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles para la prevención
o combate a la delincuencia. Ello al considerar que dicha disposición resulta
contraria al derecho humano de acceso a la información, por establecer una
reserva general y desproporcionada.
El Pleno también invalidó, por ser una medida absoluta, que no admite excepción
alguna y por tanto resulta desproporcional, la disposición de esa misma ley donde
se establecía que toda información recabada por las autoridades de seguridad
pública, se consideraría reservada cuando su revelación pudiera ser utilizada para
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actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública o a las instituciones del
Estado.
En ese mismo expediente, la SCJN invalidó la parte de esa ley donde se preveía
que toda información recabada por las autoridades de seguridad pública, se
consideraría reservada cuando la grabación o información obtenida constituya
dato de prueba o prueba dentro de una investigación o juicio en curso. Esto al
considerar mayoritariamente que el Congreso local carece de facultades para
legislar en materia procesal penal.
Todo lo anterior, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 56/2018, promovida
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
XV. Por lo que toca al artículo 36, solo se regula la constancia de registro, pero no
la expedición de las cédulas de identificación que es la denominación otorgada al
capítulo en el que se encuentra este precepto.
XVI. Respecto del artículo 40, se duplica con el artículo siguiente porque en el
artículo 41 también se regula al personal operativo, administrativo y directivo,
además en el artículo 40 no sólo son requisitos de ingreso sino de permanencia
por lo que hay duplicidad con el 41 que son condiciones para el desempeño
(permanencia) del cargo.
En la fracción IV del artículo 40 se habla de no haber sido condenado por delito
grave con sanción privativa de la libertad, sin embargo, en el artículo 28 de la Ley
Federal de Seguridad Privada, se habla en general de carecer de antecedentes
penales.
En el propio artículo 40, hicieron falta algunos supuestos contenidos en el artículo
32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, como es el caso de ciertos motivos
dentro del supuesto de no haber sido destituido o separado de las instituciones de
Seguridad Privada o Pública Federal, Estatal, o Municipal, ni de las Fuerzas
Armadas, los cuales son:
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a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en las Leyes, y
b) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier
concepto.
XVII. Sobre el artículo 41, como se dijo, se duplica con el anterior (artículo 40) y
únicamente agrega algunos requisitos, mismos que se deben contener atendiendo
a la Ley Federal citada, como son los de las fracciones III, IV y VIII. Por ende, lo
ideal hubiera sido establecer un solo artículo con los requisitos.
XVIII. Respecto al artículo 43, fracción XVI, falta la referencia al Registro Nacional.
XIX. En el artículo 55, se estima que no sólo el Secretario Técnico, sino todos los
miembros del Consejo, deberían desempeñarse de manera honorífica; por ello, no
resulta afortunada la precisión que se hace para dicho secretario en la fracción VI.
Máxime en el caso de los Diputados y los servidores públicos, quienes por
incompatibilidad del cargo, no pueden desempeñar otro, ello conforme a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos que, en sus artículos
29 y 79, primer párrafo, señala:
ARTÍCULO 29.- El cargo de Diputado es incompatible con cualquier otro de la
Federación, del Estado o de los Municipios, con sueldo o sin él; pero el Congreso
podrá dar licencia a sus miembros para desempeñar el empleo o comisión para
que hayan sido nombrados, llamando a los suplentes. Se exceptúan de esta
prohibición los empleos o comisiones de educación y beneficencia pública.
ARTÍCULO 79.- Los Servidores Públicos a que se refiere el artículo 74 de esta
Constitución, no podrán desempeñar ningún otro puesto, cargo o comisión de la
Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo la docencia y los
relacionados a la beneficencia pública, o aquellos que por estar directamente
relacionados con las funciones de su encargo, sean autorizados en los términos
de lo dispuesto por la Ley, y en este último caso, serán siempre de carácter
honorífico…
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XX. El último párrafo del artículo 66, por su naturaleza, debió incluirse como una
disposición transitoria.
XXI. En general, el documento que nos ocupa puede mejorar en cuanto al uso de
la gramática y sintaxis, a manera de ejemplo se señala:
a) En el artículo 69, no resulta clara la redacción, pareciera reiterar que se les
notifican las sanciones a las propias empresas y no que se le informa dicha
situación a la autoridad federal.
b) En el artículo 71, la alusión a la Ley de Procedimiento Administrativo para el
Estado de Morelos no debería encontrarse al final del precepto, porque así
pareciera que el juicio seguido ante el Tribunal es el que se ajustará a la citada
Ley.
XXII. En la disposición primera transitoria, no debería aludirse a “Iniciativa” porque
ya se trata de la Ley, al momento de que ha acontecido la aprobación del
instrumento que nos ocupa.
IV. VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES.
De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Seguridad
Pública y Protección Civil, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 151 del
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a efectuar el
estudio y análisis respectivo de las observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos.
Por lo que, estando en tiempo y forma, esta misma Comisión se pronuncia de la
siguiente manera:
1.- Por cuanto, a la observación marcada con la fracción I realizada por el
Ejecutivo del Estado de Morelos, se acepta la misma, y se hacen las aclaraciones
con las adecuaciones legislativas correspondientes, por lo que se suprime el
artículo único contenido en la ley para efecto de evitar contradicciones únicamente
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quedando la denominación Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos, y
con la finalidad de armonizar tal modificación en este mismo sentido las
adecuaciones legislativas a las disposiciones transitorias segundo, tercero, quinto
antes cuarto y sexto antes quinto de la presente Ley.
2.- En lo que respecta a la observación marcada con la fracción II, correspondiente
a las inconsistencias existentes en la parte expositiva de la Iniciativa que establece
que la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y
Soberano de Morelos emano de una reforma promovida por el Gobernador del
Estado, cuando del proceso legislativo descrito en dicha Ley Orgánica se aprecia
que los iniciadores de la misma fueron: Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz
Coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), en
representación de los Diputados Erika García Zaragoza integrante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo (PT); José Luis Galindo Cortez integrante del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT); Maricela Jiménez Armendáriz,
integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES); Andrés
Duque Tinoco, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social
(PES); Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, integrante del grupo parlamentario del
Partido Encuentro Social (PES); Blanca Nieves Sánchez Arano, Coordinadora de
la fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza (PANAL); Dalila Morales
Sandoval, Coordinadora de la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional
(PAN); Ana Cristina Guevara Ramírez, Coordinadora de la fracción Parlamentaria
del Partido Movimiento Ciudadano (PMC); Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala,
Coordinadora de la fracción Parlamentaria del Partido Humanista (PH); y el
Diputado Marcos Zapotitla Becerro, integrante del grupo parlamentario del Partido
de MORENA, la misma se acepta parcialmente, y se realizan las adecuaciones
legislativas, colocando para ello la palabra (sic), que es entendida como: “un
adverbio latino que se utiliza en los textos escritos para indicar que la palabra o
frase que lo precede es literal o textual, aunque sea o pueda parecer incorrecta y
proviene de la frase latina sic erat scriptum, «así fue escrito» , pues como se
desprende dicho error se contiene en la parte expositiva de la Iniciativa primigenia
la cual no puede ser alterada o modificada para tal efecto.
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Asimismo, por cuanto hace a la observación correspondiente a los nombres
completos y correctos del Estados de la República Mexicana, identificados como
“Michoacán de Ocampo y Veracruz de Ignacio de la Llave”, la misma se acepta
parcialmente, y se realizan las adecuaciones legislativas, colocando para ello la
palabra (sic), que es entendida como: “un adverbio latino que se utiliza en los
textos escritos para indicar que la palabra o frase que lo precede es literal o
textual, aunque sea o pueda parecer incorrecta y proviene de la frase latina sic
erat scriptum, «así fue escrito» , pues como se desprende dicho error se contiene
en la parte expositiva de la Iniciativa primigenia la cual no puede ser alterada o
modificada para tal efecto.
3.- Por cuanto a la observación marcada con la fracción III, correspondiente al
artículo 3 de la ley materia de análisis, la misma se acepta, por lo que se sustituye
el Código Fiscal para el Estado de Morelos, por la diversa Ley de Procedimiento
Administrativo para el Estado de Morelos, que resulta más acorde para resolver
los actos y procedimientos que se dicten o ejecuten por la Comisión Estatal de
Seguridad Pública a través de la Dirección en la aplicación de la Ley de Seguridad
Privada para el Estado de Morelos.
4.- En lo que respecta a la observación marcada con la fracción IV, y que se
contiene en la fracción III del artículo 4 de la ley materia de estudio, la misma se
acepta, y se procede a realizar las adecuaciones legislativas, estableciendo;
“Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: ……III. Comisión: A la
Comisión Estatal de Seguridad Pública;
Asimismo, respecto a la observación contenida en el presente artículo en donde
se prevé el concepto de “Empresas” y que se debe sustituir por el concepto de
“Prestadores”, la misma se acepta, y para ello se realizan las adecuaciones
legislativas, suprimiendo la fracción VIII del artículo multicitado para evitar
contradicciones, asimismo con la finalidad de armonizar dicha adecuación
legislativa se modifican las fracciones VII, XV antes XVI; el artículo 8 segundo
párrafo; el artículo 21, fracciones I y VIII; la denominación del capítulo V; el artículo
32; el artículo 41, fracción III; el artículo 43, fracciones XIV, XIX, XX; el artículo 44,
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fracción X; el artículo 46, penúltimo párrafo; el artículo 51; el artículo 58; el artículo
59; el artículo 60; el artículo 69.
Por cuanto, a la observación de que el cuerpo de la ley que nos ocupa no se
emplea a cabalidad las denominaciones del artículo 4, la misma se acepta, y se
realiza la adecuación legislativa al artículo 21, fracción I, sustituyendo la palabra
Registro Estatal de Personal, Armamento y Equipo de Empresas de Seguridad
Privada, por la palabra Registro, lo anterior con la finalidad de armonizar lo
previsto en la fracción XV antes XVI del artículo 4 de la presente ley.
Así también, se realiza la adecuación legislativa al artículo 8 de la presente ley,
sustituyendo la palabra Dirección General de Seguridad Privada de la Comisión,
por la palabra Dirección, lo anterior con la finalidad de armonizar este artículo con
lo previsto en la fracción IV del artículo 4 de la presente ley.
Por último, se hace la adecuación legislativa al artículo 43, fracción III de la
presente ley, sustituyendo la palabra Centro de evaluación y control de Confianza
del Estado, por la palabra CECC, lo anterior con la finalidad de armonizar este
artículo con lo previsto en la fracción XI del artículo 4 de la presente ley.
5.- Por cuanto, a la observación marcada como V, y que se contiene en la fracción
V del artículo 5, en el sentido de que no únicamente debe regularse la constancia
ante el Sistema, sino a su vez ante el Registro Nacional de Empresas, Personal y
Equipo de Seguridad Privada, la misma se acepta parcialmente, y para tal efecto
se suprime el contenido de dicha fracción.
En tanto a la observación contenida en la fracción VI del Dictamen ahora fracción
V del presente artículo, en el sentido de que las empresas de seguridad privada
que estén actuando sin autorización no se les llame “prestadores irregulares”, la
misma se acepta, y se realiza la adecuación legislativa, y con la finalidad de
armonizar la presente modificación se realiza tal adecuación además en el artículo
58 de la presente Ley.
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Asimismo, en cuanto a la observación contenida en la fracción VII del Dictamen
ahora fracción V del presente artículo, la misma se acepta parcialmente, y se
realiza la adecuación legislativa con su denominación correcta, que es: Sistema
Único de identificación de Criminal de Plataforma México.
6.- En lo referente a la observación marcada con la fracción VI, y que se contiene
dentro del artículo 6 de la presente Ley, la misma se acepta, y se realizan las
adecuaciones legislativas incorporando en dicho artículo, la Ley Federal de
Seguridad Privada, con la finalidad de armonizarlo con lo dispuesto por el artículo
150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
7.- En lo que respecta a la observación marcada con la fracción VII,
correspondiente al artículo 7 de la presente ley, la misma no se acepta, en virtud
de que la autorización de la Comisión Estatal de Seguridad Publica, es necesaria
para tener una regulación más estricta de los prestadores de seguridad privada.
8.- En lo que ocupa a la observación marcada con la fracción VIII correspondiente
al artículo 17, la misma se acepta, y se realiza la adecuación legislativa,
estableciendo el desahogo de un procedimiento para el efecto de revocar la
autorización o revalidación, lo anterior para el efecto de respetar la garantía de
audiencia y el principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.
9.- En lo que respecta a la observación marcada como IX, correspondiente a la
fracción IV del artículo 20, la misma se acepta, por lo que para tal efecto se
suprime dicha fracción del presente artículo.
Asimismo, por cuanto a la observación a la fracción XVII del Dictamen ahora
fracción XVI del presente artículo, la misma se acepta, y se realiza la adecuación
legislativa, modificando licencia “oficial” por licencia “particular”, lo anterior para ser
acorde a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.
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10.- Por cuanto a la observación marcada con la fracción X, correspondiente a los
artículos 26 y 66 en que se alude a las Unidades de Medida de Actualización
(UMA), en donde no se especificó si se refiere al valor diario, mensual o anual, se
acepta la observación, y se realiza la adecuación legislativa, especificando que el
valor es diario de la UMA.
11.- En lo que respecta a la observación marcada con la fracción XI,
correspondiente al artículo 27 en donde hay contradicción con el ARTÍCULO 12 en
el sentido de que la solicitud de revalidación será dentro de un periodo de sesenta
días naturales de anticipación a la extinción de la vigencia de la autorización, la
misma se acepta, y se realiza la adecuación legislativa, estableciendo en ambos
artículos que el plazo para la revalidación será de 30 días hábiles de anticipación a
la extinción de la vigencia de la autorización.
12.- Por cuanto a la observación marcada con la fracción XII, correspondiente al
artículo 31 en donde el contenido desglosado en las fracciones IX a XVIII no
deviene de la Ley Federal de Seguridad Privada, la misma se acepta, y se realiza
la adecuación legislativa, por lo que se suprimen de la fracción IX a la fracción
XVIII, del Decreto primigenio, y se realiza su incorporación en una fracción IX,
recorriéndose la fracción XIX del Decreto primigenio a la fracción X
respectivamente.
13.- En lo que respecta a la observación marcada con la fracción XIII,
correspondiente al artículo 33, por cuanto al plazo que quiso aludirse que no se
encuentra en el artículo 28 sino 31, la misma se acepta, y se realiza la adecuación
legislativa.
14.- Por cuanto, a la observación marcada con la fracción XIV, correspondiente al
artículo 35, en donde debió decirse que la información sería “tratada de
conformidad con la ley general y local en materia de transparencia y protección de
datos personales”, y no determinar a priori que toda información será confidencial,
se acepta la observación, haciendo las adecuaciones legislativas.
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15.- En lo que respecta a la observación marcada con la fracción XV,
correspondiente al artículo 36, en el sentido que solo se regula la constancia de
registro, pero la expedición de las cédulas de identificación que es la
denominación otorgada al capítulo en el que se encuentra este precepto, se
acepta la observación, y se realizan las adecuaciones legislativas incorporando
“cédula de identificación”.
16.- Por cuanto, a la observación marcada con la fracción XVI, correspondiente al
artículo 40, en donde se señala que se duplico su contenido con el artículo 41 de
la presente ley, se acepta la observación, y se realizan las adecuaciones
legislativas, estableciendo que los requisitos previstos en el artículo 40 serán para
el ingreso y permanencia de los directores, administradores, gerentes y personal
administrativo de los prestadores.
Asimismo, en lo que respecta a la fracción IV del artículo 40 en donde se habla de
no haber sido condenado por delito grave con sanción privativa de la libertad, no
se acepta la observación, toda vez que derivado que la adecuación antes referida
en donde se modifica el contenido del presente artículo se vuelve innecesaria su
aclaración.
Y en relación con la observación de que en el artículo 40, hicieron falta supuestos
contenidos en el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, como es el
caso de ciertos motivos dentro del supuesto de no haber sido destituido o
separado de las instituciones de Seguridad Privada o Pública Federal, Estatal o
Municipal, ni de las Fuerzas Armadas, me acepta la observación, incorporando en
la fracción V de dicho artículo los incisos b) y d), por lo que los incisos existentes
previamente se recorren para que exista armonía en el contenido de dicho
artículo.
17.- En lo que respecta a la observación marcada con la fracción XVII,
correspondiente al artículo 41, se acepta la misma, realizando las adecuaciones
legislativas, por lo que el ARTÍCULO 41 establecerá los requisitos para el ingreso
y permanencia del personal operativo de los prestadores.
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18.- Con relación a la observación marcada con la fracción XVIII, correspondiente
al artículo 43, fracción XVI, en donde se señala que falta la referencia del Registro
Nacional, la misma se acepta parcialmente a contrario sensu, toda vez que al
suprimir la fracción V del artículo 5 de la presente ley hace innecesario atender la
presente observación.
19.- Respecto a la observación marcada con la fracción XIX, correspondiente al
artículo 55, la misma se acepta, por lo que se realizan las adecuaciones
legislativas, suprimiendo en la fracción VI de dicho artículo, que el cargo del
Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Privada del Estado, “será
honorifico”, lo anterior a fin de armonizarlo con lo dispuesto en los artículos 29 y 79
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
20.- Por cuanto, a la observación marcada con la fracción XX, correspondiente al
último párrafo del artículo 66, en el sentido de que debió incluirse como una
disposición transitoria, se acepta la misma, y esta se suprime del contenido del
artículo antes referido y se incorpora como disposición transitoria cuarto, por lo
que las disposiciones transitorias continuas se recorren para tal efecto a fin de que
exista armonía en el contenido de la presente Ley.
21.- Respecto a la observación marcada con la fracción XXI inciso a),
correspondiente al artículo 69, en el sentido de que la sintaxis no resulta clara, la
misma se acepta, y se realizan las adecuaciones legislativas.
Por cuanto a la observación marcada con el inciso b), correspondiente al artículo
71 en donde se refiere que la alusión a la Ley de Procedimiento Administrativo
para el Estado de Morelos no debía encontrarse al final del precepto, porque
pareciera que el juicio seguido ante el Tribunal es el que se ajustara a la citada
Ley, la misma se acepta, y se realiza la adecuación legislativa.
22.- En relación con la observación marcada con la fracción XXII, correspondiente
a la disposición transitoria primera, en el sentido de que no debería aludirse a
“Iniciativa” porque ya se trata de una ley, la misma se acepta y se realiza la
adecuación legislativa.
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV Legislatura ha tenido a bien expedir la
siguiente:
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE MORELOS.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia
general en el estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 151 de la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Morelos y tiene por objeto regular, controlar y, en su caso
autorizar las actividades y prestación de los servicios de seguridad privada, en sus
distintas modalidades, así como regular las normas, requisitos, obligaciones y
medidas tendientes a garantizar la correcta prestación de tales servicios y las
sanciones aplicables, así como los medios de impugnación de éstas, respecto de
los servicios de seguridad privada.
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley las personas físicas o morales que presten
los servicios de seguridad privada en el Estado de Morelos.
Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad
Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de
Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la
autoridad competente de la Federación del Estado o Municipios, de acuerdo a los
requisitos y condiciones que se establezca la autorización respectiva y el
Reglamento de la presente Ley.
Artículo 3.- Los actos y procedimientos que se dicten o ejecuten por la Comisión
Estatal de Seguridad Pública a través de la Dirección en la aplicación de esta Ley,
así como en los procesos de esta, se emitirán, tramitarán y resolverán conforme a
las disposiciones de esta Ley, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
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Estado de Morelos, Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de
Morelos y de otras disposiciones legales y administrativas aplicables a la materia.
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Constitución: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Ley: A la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos;
III. Comisión: A la Comisión Estatal de Seguridad Pública;
IV. Dirección: A la Dirección General de Seguridad Privada adscrita a la
Comisión;
V. Academia: A la Dirección General de la Academia Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad de la Comisión Estatal de Seguridad Pública;
VI. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Estado
de Morelos;
VII. Prestadores: Persona física o moral que presta servicios de seguridad
privada;
VIII. Autorización: Acto administrativo por medio del cual la Comisión faculta a
una persona física o moral para prestar los servicios de seguridad privada en el
Estado de Morelos;
IX. Revalidación: Acto administrativo por el que la Dirección ratifica la
autorización;
X. Personal operativo: A la persona física que presta servicios de seguridad
privada de manera subordinada a las personas físicas o morales, que cuentan
con autorización para prestar los servicios de seguridad privada otorgado por la
Comisión;
XI. CECC: Al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de
Morelos;
XII. Modalidad: La actividad o actividades vinculadas con los servicios de
seguridad privada;
XIII. Solicitante: Persona física o moral que inicie el trámite de autorización o
revalidación para la prestación del servicio de seguridad privada en el Estado
de Morelos;
XIV. Prestatario: Persona física o moral que recibe o emplea los servicios de
seguridad privada en cualquiera de sus modalidades;
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XV. Registro Estatal: Al Registro Estatal de Personal, Armamento y Equipo de
Prestadores de Seguridad Privada;
XVI. Sistema Nacional de Información: al Sistema Nacional de Información en
Seguridad Pública, el cual constituye el conjunto integrado, organizado y
sistematizado de las Bases de Datos. Está integrado por elementos
metodológicos y procedimentales que permiten a las Instituciones de Seguridad
Pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones;
XVII. Bases de Datos: Las bases de datos que constituyen subconjuntos
sistematizados de la información contenida en Registros Nacionales en
materias relativas a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad
pública, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación
anticipada, así como las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones
policiales de los tres órdenes de gobierno relativas a la información
criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o
investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas y servicios de
seguridad privada, así como las demás necesarias para la prevención,
investigación y persecución de los delitos. El conjunto de bases de datos
conformará el Sistema Nacional de Información, y
XVIII. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre
las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de
género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas
basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la
equidad, el adelanto y bienestar de las mujeres; contribuye a construir una
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la
igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos
y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
Artículo 5.- La aplicación e interpretación en el ámbito administrativo de la
presente Ley, queda a cargo de la Comisión a través de la Dirección y tendrá las
siguientes facultades en materia de seguridad privada:
I. Autorizar la prestación de los servicios de seguridad privada en el estado de
Morelos y en su caso revalidar, revocar o modificar la autorización otorgada
para dicho efecto;
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II. Establecer, operar y controlar el Registro Estatal en el que se inscribirán los
datos de sus elementos y del equipo con que cuenten, así como los relativos a
la asignación de armas o al personal operativo para la prestación del servicio;
III. Verificar que el personal operativo, cumpla con las disposiciones de esta Ley
y demás ordenamientos jurídicos aplicables, así como realizar las acciones
tendientes a mantener y adecuar la correcta prestación de los servicios de
seguridad privada;
IV. Supervisar que el personal operativo se encuentre debidamente capacitado,
equipado, con la instrumentación y modificación de sus planes y programas de
capacitación y adiestramiento;
V. Substanciar los procedimientos y aplicar las sanciones que corresponden a
quienes sin registro brinden el servicio de seguridad privada, así como a los
prestadores, por la violación a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y
demás disposiciones jurídicas aplicables;
VI. Realizar, previa solicitud las consultas de antecedentes policiales en el
Sistema Único de Identificación Criminal de Plataforma México, respecto al
personal operativo con que cuentan los prestadores;
VII. Celebrar Convenios o Acuerdos con las autoridades competentes de la
Federación, Estados y Municipios, con el objeto de establecer Lineamientos,
Acuerdos y Mecanismos relacionados con los servicios de seguridad privada y
videovigilancia, siempre y cuando los prestadores cuenten con este servicio;
VIII. Sancionar conforme a esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables, a los prestadores cuando funcionen sin autorización de esta
autoridad o dejen de cumplir con los requisitos y obligaciones;
IX. Concertar con los prestadores y prestatarios, instituciones educativas,
asociaciones de empresarios y demás instancias relacionadas directa o
indirectamente con los servicios de seguridad privada, la celebración de
reuniones periódicas, con el propósito de coordinar sus esfuerzos en la materia,
analizar e intercambiar opiniones en relación con las acciones y programas
relativos, así como evaluar y dar seguimiento a las mismas, los tiempos y
formas se establecerán en el Reglamento de esta Ley;
X. Atender y dar seguimiento a las quejas que interponga la ciudadanía en
general, en contra de los prestadores con autorización estatal y federal; de igual
manera a los que aún no cuenten con la autorización correspondiente; y,
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XI. Realizar visitas de verificación a fin de comprobar el cumplimiento de esta
Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones
jurídicas que resulten aplicables.
Artículo 6.- En todo lo no previsto por esta Ley, serán aplicables de forma
supletoria la Ley Federal de Seguridad Privada, la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Morelos, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de
Morelos, y demás leyes relativas y aplicables.
Artículo 7.- Se requiere autorización de la Comisión, a través de la Dirección, para
prestar los servicios de seguridad privada en el Estado. Los prestadores que
hayan obtenido autorización federal para prestar sus servicios, en donde se
incluya al Estado de Morelos, deberán tramitar previamente a su operación en
esta Entidad, su autorización, cumpliendo los requisitos y disposiciones de esta
Ley, y su Reglamento.
Artículo 8.- No podrán ser por sí o por interpósita persona socios, directivos,
asesores o personal operativo o administrativo de los prestadores, los funcionarios
y servidores públicos que hayan estado en activo en la Dirección, Fiscalía General
del Estado de Morelos y de las Instituciones de Seguridad Pública o Fuerzas
Armadas del país en los últimos tres años siguientes a su baja correspondiente, en
el Estado en que prestó su servicio.
De igual manera ningún elemento operativo o personal administrativo de las
instituciones de seguridad pública que se encuentre en activo, podrá ser socio,
propietario o empleado de un prestador de servicio de seguridad privada, siendo
este supuesto, causal para negar o cancelar la autorización respectiva.
Artículo 9.- Las modalidades en que se podrá utilizar los Servicios de Seguridad
privada, en el estado de Morelos son:
I. SEGURIDAD PRIVADA EN LOS BIENES: Se refiere al cuidado y protección
de bienes muebles e inmuebles; comprende a todas aquellas personas físicas o
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morales que presten el servicio de seguridad privada para el cuidado,
resguardo, protección y custodia; ya sea intramuros o extramuros, en industrias,
comercios, zonas habitacionales, centros comerciales, zonas residenciales,
fraccionamientos, oficinas, parques, centros recreativos o nocturnos o cualquier
otro lugar similar a éstos, ya sea del sector público o privado;
II. SEGURIDAD PRIVADA EN EL TRASLADO DE BIENES O VALORES:
Consiste en la prestación de servicios de custodia, vigilancia, cuidado y
protección de bienes muebles o valores, incluyendo su traslado; engloba a las
personas físicas o morales que presten el servicio de seguridad privada para la
transportación, resguardo, vigilancia, protección de fondos, valores, divisas,
carga mercantil y demás bienes u objetos que, por su valor económico y
expectativas, requieran protección especial;
III. SEGURIDAD ELECTRÓNICA: Abarca a todas las personas físicas o
morales que presten el servicio en las variantes de monitoreo, instalen o activen
alarmas, circuitos cerrados, sensores, cercas electrificadas o de seguridad,
puertas eléctricas o cualquier otro dispositivo electrónico de seguridad, en
comercios, centros nocturnos o comerciales, industrias, casa habitación,
fraccionamientos, condominios, vehículos y todas aquellas que den o
proporcionen el servicio de monitoreo, rastreo o seguimiento satelital de
vehículos, personas o mercancías;
Dentro de esta misma modalidad quedan comprendidas aquellas personas
físicas o morales que comercialicen, vendan, distribuyan o fabriquen
herramientas o equipos electrónicos de seguridad tales como:
a) Monitoreo, instalación, activación o mantenimiento de alarmas;
b) Monitoreo, instalación y activación de circuitos cerrados sensores;
c) Monitoreo o rastreo satelital de vehículos, personas o mercancías;
d) Cercas electrificadas o de seguridad;
e) Instalación de puertas eléctricas, y
f) Comercialización electrónica y de herramientas relacionadas con servicios
de seguridad.
IV. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Consiste en la preservación,
integridad y disponibilidad de la información del prestatario, a través de
sistemas de administración de seguridad, de bases de datos, redes locales,
corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así
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como respaldo y recuperación de dicha información, sea ésta documental,
electrónica o multimedia;
V. ACTIVIDAD VINCULADA CON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE
BLINDAJE: Se refiere a la actividad relacionada directa o indirectamente con la
instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos
automotores;
VI. CUSTODIA Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS: Abarca a las personas
físicas o morales que vigilan, cuidan o estacionan los vehículos en
estacionamientos, centros comerciales, centros nocturnos, parques, industrias,
restaurantes, hoteles, eventos especiales y demás lugares en que se preste el
servicio, y
VII. SEGURIDAD PRIVADA A PERSONAS: Consiste en la protección, custodia,
salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal del prestatario, como
guardaespaldas, escoltas y de más actividades similares.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
DE LA AUTORIZACIÓN Y REVALIDACIÓN
Artículo 10.- La autorización o revalidación que la Comisión, a través de la
Dirección, otorgue a los prestadores, quedará sujeta a las obligaciones
establecidas en la presente Ley, su Reglamento, así como al cumplimiento de
otras disposiciones legales y administrativas aplicables.
Artículo 11.- La autorización o revalidación de la misma que se otorgue será
personal, inalienable e intransferible y contendrá las modalidades que se autorizan
y condiciones a que se sujeta la prestación del servicio, la vigencia será de un año
y podrá ser revalidada por el mismo tiempo.
Artículo 12.- Para revalidar la autorización otorgada, bastará que el prestador, a
más tardar con treinta días hábiles previos a la extinción de la vigencia de la
autorización, lo solicite y manifieste, bajo protesta de decir verdad, no haber
variado las condiciones existentes al momento de haber sido otorgada, o, en su
caso, actualice aquellas documentales que así lo ameriten, tales como inventarios,
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movimientos de personal, pago de derechos, póliza de fianza, modificaciones a la
constitución de la empresa y representación de la misma, planes y programas de
capacitación y adiestramiento y demás requisitos que por su naturaleza lo
requieran.
Artículo 13.- La revalidación podrá negarse cuando existan quejas o deficiencias
en la prestación del servicio y que sean previamente comprobadas por la
autoridad correspondiente, que determinen el incumplimiento a las obligaciones y
restricciones previstas en esta Ley, señaladas en la autorización respectiva o que
el servicio no se haya realizado durante un año.
Artículo 14.- La Comisión, a través de la Dirección, publicará en la página de
Internet, la autorización o revalidación correspondiente, así como los
procedimientos administrativos y sanciones aplicadas a los prestadores, misma
que contendrá las condiciones a sujetarse.
Artículo 15.- Los prestadores que hayan obtenido la autorización o revalidación y
pretendan ampliar o modificar las modalidades para el que fue autorizado el
servicio, deberán presentar ante la Dirección la solicitud por escrito para que,
dentro de los veinte días hábiles siguientes, se acuerde lo procedente. En caso de
alguna prevención, el prestador tendrá veinte días hábiles para subsanarla, plazo
que correrá desde el día hábil siguiente al que surta efectos la notificación; de no
hacerlo el trámite se desechará.
Artículo 16.- Transcurrida la vigencia de la autorización o su revalidación, el
interesado deberá abstenerse de prestar el servicio de seguridad privada, hasta en
tanto sea expedido un nuevo acto administrativo que lo autorice para tal efecto,
cuando sea imputable al prestador.
Artículo 17.- La autorización o revalidación, podrá revocarse en cualquier tiempo
por motivo de interés público o por sanción aplicada por incumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Ley, previo el desahogo del procedimiento
respectivo.
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CAPÍTULO III
DE LA AUTORIZACIÓN
Artículo 18.- La autorización para la prestación de los servicios de seguridad
privada, dentro del territorio del Estado, se otorgará cuando no se ponga en riesgo
el interés público, en los términos que se especifican en el Reglamento de la
presente Ley.
Artículo 19.- Para prestar servicios de seguridad privada en el estado de Morelos,
se requiere autorización previa de la Comisión, a través de la Dirección, para lo
cual el prestador deberá ser persona física de nacionalidad mexicana o moral,
constituida conforme con las leyes vigentes en la materia y cumplir con los
requisitos establecidos en esta Ley.
Artículo 20.- Los prestadores deberán cumplir con los siguientes requisitos
conforme a la modalidad que realicen, así como los que establezca el Reglamento
de la presente Ley:
I. Presentar su solicitud en hoja membretada a color ante la Dirección, dicha
solicitud deberá contener la Modalidad o Modalidades del Servicio que desee
prestar;
II. Ser persona física de nacionalidad mexicana o moral constituida conforme a
las leyes del país;
III. Presentar copia, original o copia certificada para cotejo de los siguientes
documentos:
1. PARA LAS PERSONAS FÍSICAS:
a) Acta de nacimiento, medio de identificación oficial;
b) Clave Única de Registro de Población; y,
c) Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, expedida por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2. PARA LA PERSONA MORAL:
a) Acta constitutiva, de sus estatutos y de las reformas a éstos, para el caso
de persona moral;
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b) En su caso, poder notarial en el que se acredite la personalidad del
solicitante;
c) Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, expedida por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y,
d) Presentar currículum vitae del Representante Legal en el Estado.
IV. Contar con una oficina destinada para la prestación del servicio de
seguridad privada, señalar el domicilio de la matriz y en su caso de las
sucursales en el estado de Morelos, precisando el nombre y puesto del
encargado en cada una de ellas, anexando además los requisitos que deben
cubrir las instalaciones mismos que establecerá el Reglamento de la presente
Ley;
V. Acreditar que cuenta con los medios humanos, de formación, técnicos,
financieros y materiales que les permitan llevar acabo los servicios de seguridad
privada en forma adecuada, en las modalidades solicitadas, de acuerdo a los
medios estipulados en el Reglamento de la presente Ley;
VI. Presentar un ejemplar del Reglamento interior de Trabajo y Manual o
Instructivo operativo aplicable a cada una de las modalidades del servicio a
desarrollar, así como la constancia que acredite su registro ante la Secretaría
de Desarrollo Económico y del Trabajo, y ante la Dirección, que contenga la
estructura jerárquica de la empresa y el nombre del responsable operativo,
lineamientos y requisitos mínimos con los que deberán de contar dichos
instrumentos que se establecen en el Reglamento de la presente Ley;
VII. Exhibir los planes y programas de capacitación y adiestramiento vigentes,
acordes a las modalidades en que se prestará el servicio, así como la
constancia que acredite su registro ante la Secretaría de Desarrollo Económico
y del Trabajo y la Dirección;
VIII. Constancia expedida por la Academia o capacitadores con reconocimiento
oficial, debidamente certificados por la Secretaría de Desarrollo Económico y
del Trabajo, que acrediten contar con los conocimientos profesionales y
técnicos para otorgar la capacitación del personal operativo;
IX. Los prestadores exhibirán ante la Dirección, copia certificada del modelo del
Contrato de Prestación de Servicios presentado ante la Procuraduría Federal
del Consumidor, de igual forma, darán aviso cada vez que sea necesaria su
renovación y exhibir el nuevo contrato autorizado;
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X. Relación del personal directivo, administrativo y operativo que contenga
nombre completo, domicilio particular y cargo;
XI. Adjuntar el formato de credencial de identificación que se expedirá al
personal;
XII. Fotografías del uniforme a utilizar en las que se aprecien sus cuatro vistas,
conteniendo colores, logotipos, insignias o emblemas las cuales no deberán ser
metálicas y no podrán ser iguales o similares a los utilizados por las
Instituciones policiales o por las Fuerzas Armadas; absteniéndose de utilizar
cualquier tipo de insignias, logotipos o emblemas que aludan a los símbolos
patrios nacionales a escudos o banderas oficiales de otros países o
instituciones de seguridad o militares del extranjero;
XIII. Relación de bienes muebles e inmuebles que se utilicen para el servicio,
incluido equipo de radio y telecomunicaciones, armamento, vehículos, animales,
agregando los permisos correspondientes, así como los aditamentos
complementarios al uniforme, en los formatos que para tal efecto establezca la
Dirección;
XIV. Relación, en su caso, registro de perros, adjuntando copia certificada de
los documentos que acrediten que el instructor se encuentra capacitado para
desempeñar ese trabajo; asimismo se anexará listado que contenga los datos
de identificación de cada animal, como son: raza, edad, color, peso, tamaño,
nombre y documentos que acrediten el adiestramiento y su estado de salud,
expedido por la autoridad competente;
XV. Copias certificadas del permiso para operar frecuencia de
radiocomunicación o contrato celebrado con concesionaria autorizada;
XVI. En caso de utilizar armas de fuego, presentar copia certificada del
certificado de la licencia particular de portación respectiva, así como el registro
de cada una de ellas expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá
presentar seguro de responsabilidad para daños a terceros y su pago
correspondiente o, en su caso, manifestar por escrito bajo protesta de decir
verdad la no utilización de ningún tipo de armas para el desarrollo de sus
servicios;
XVII. Presentar fotografías a color de los vehículos que utilizan para brindar los
servicios de seguridad privada, en las diferentes modalidades que establece el
artículo 9 de la presente Ley, así como las fotos de los vehículos que ocupan
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para el traslado de su personal; de los costados, frente, parte posterior y toldo,
las cuales deberán mostrar claramente los colores, logotipos, insignias o
emblemas, que no podrán ser iguales o similares a los utilizados por las
corporaciones policiales o por las Fuerzas Armadas; deberán presentar rotulada
la denominación o razón social del Prestador del Servicio y la leyenda
“Seguridad Privada”. En caso de contar con logotipo, éste deberá ir impreso en
el cofre y costados de cada uno de los vehículos. En ambos costados, la
leyenda “Seguridad Privada” con letras legibles, y el espacio donde en caso de
ser procedente se observe el número de autorización y número económico para
llevar acabo la función de Seguridad Privada;
XVIII. Tratándose de prestadores que operen en la modalidad de traslado de
bienes o valores; será indispensable contar con vehículos blindados y exhibir
constancia expedida por el proveedor del servicio de blindaje autorizado por la
institución oficial competente, con la que se acredite el nivel del mismo, así
como armamento necesario para el servicio en las modalidades;
XIX. Muestra física de los uniformes, insignias, divisas, logotipos, emblemas o
cualquier medio de identificación que porte el elemento, y
XX. Licencia de funcionamiento que expida el Municipio que corresponda,
respecto del inmueble que será utilizado como oficinas; y en caso de
revalidación, el refrendo correspondiente, y las demás que establezca el
Reglamento de la presente Ley.
Artículo 21.- Los prestadores que para el desempeño de sus actividades requiera
la utilización de apoyo canino o cualquier otro tipo de animal que cumpla con tales
objetivos, deberá acreditar, en los términos que establezca la Comisión de
Seguridad Pública y en el Reglamento de la presente Ley, el cumplimiento de la
norma oficial y sujetarse a los siguientes lineamientos:
I. Incluirá como parte del inventario a los animales para apoyo del servicio,
informando a la oficina encargada del Registro Estatal dentro de los cinco días
posteriores, respecto a modificaciones que se generen, indicando raza, sexo,
edad, color, nombre, tipo de adiestramiento y características distintivas de
dichos animales;
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II. Informará a la oficina mencionada en el inciso anterior, en forma semestral, el
estado físico de los animales inventariados; dicho informe estará avalado por el
Médico Veterinario Zootecnista con cédula profesional y con la especialidad
relacionada con el animal de que se trate;
III. Aplicará los manuales para el adiestramiento animal;
IV. Vigilará que los elementos que tengan a su cargo un animal, esté capacitado
en el manejo básico de ejemplares, en guardia, protección y primeros auxilios;
V. Prevendrá que estén vigentes las pólizas de seguro para pago de daños que
pudieran ocasionarse a terceros por la utilización de animales;
VI. Cuidará que los animales descansarán al menos un día a la semana y no
podrán ser prestados ni alquilados ese día para ejecutar otras labores;
VII. La Dirección se apoyará con un Médico Veterinario Zootecnista, así como
del personal técnico y científico, con reconocimiento oficial, que se requiera
para validar y analizar los expedientes y vacunas de cada animal, así mismo
verificará que los datos que proporcionen los prestadores, sean correctos;
VIII. Los prestadores de seguridad privada tendrán responsabilidad civil con
motivo de las lesiones o daño que causen los animales a terceros en la
prestación del servicio, conforme a lo determinado por las normas legales
aplicables; y,
IX. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables a la Ley.
Artículo 22.- La presentación de la solicitud, así como de la documentación antes
señalada no autorizará en ninguna forma a prestar los servicios de seguridad
privada ni hacer publicidad sobre los posibles servicios.
Artículo 23.- Si la solicitud presentada no cumple con los requisitos establecidos
en esta Ley, la Comisión, a través de la Dirección, dentro de los veinte días
hábiles a la presentación de la misma prevendrá al solicitante para que, en un
plazo improrrogable de veinte días hábiles siguientes en que surta efectos su
notificación, subsane las omisiones o deficiencias; en caso de no hacerlo en el
plazo señalado, la solicitud se desechará.
Artículo 24.- Una vez recibida la solicitud de autorización y reunidos lo requisitos,
se ordenará la práctica de una visita de verificación de la legalidad y autenticidad
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de los mismos, la que se practicará dentro de los quince días hábiles siguientes,
dicha visita se realizará por conducto de la Dirección, cuya integración y
funcionamiento se establecerá en el Reglamento de la presente Ley, de
encontrarse cumplidos los requisitos se resolverá la procedencia de la solicitud y
se expedirá la autorización correspondiente, en caso contrario la solicitud será
desechada.
Artículo 25.- Otorgada la autorización, el prestador de servicios durante un año de
vigencia de esta, acreditará, cuando así lo solicite la Comisión, que cuenta con los
medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales que le permitan
llevar a cabo la prestación de servicios de seguridad privada en forma adecuada,
en las modalidades solicitadas; en caso contrario, la Comisión procederá a la
revocación de la autorización.
Artículo 26.- De ser procedente la autorización, el solicitante deberá presentar
dentro de los diez hábiles posteriores a la notificación, los siguientes requisitos:
I. La inscripción de cada arma de fuego o equipo utilizado en la prestación de
los servicios, así como copia de las portaciones de cada elemento;
II. La inscripción en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Privada, de
cada uno de los elementos operativos de quienes la Comisión haya efectuado
la consulta previa de antecedentes policiales; y,
III. Póliza de Fianza expedida por la Institución legalmente autorizada a favor de
la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, por un monto equivalente a
cinco mil veces al valor diario en unidad de medida y actualización vigentes en
el estado de Morelos, que deberá contener la siguiente leyenda:
Para garantizar las condiciones a que se sujetará la autorización o revalidación
para prestar los servicios de seguridad privada en el territorio del estado de
Morelos; la presente tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de
autorización, y se expide por un monto equivalente a cinco mil veces al valor diario
en unidad de medida y actualización vigente en el Estado de Morelos, la presente
fianza no podrá cancelarse ni suspenderse sin previa autorización de la Secretaría
de Hacienda, para asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones de los
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prestadores de servicio de seguridad privada, sujetándose a las obligaciones
contraídas por el prestador ante la Dirección, previstas en la Ley y el Reglamento
vigente en el estado de Morelos, así como también, garantizar el pago de las
sanciones que sean impuestas por esa Unidad Administrativa.
CAPÍTULO IV.
REVALIDACIÓN
Artículo 27.- Para la revalidación de la autorización será necesario que los
prestadores, a más tardar con treinta días hábiles previos a la extinción de la
vigencia de la autorización, la soliciten y manifiesten bajo protesta de decir verdad,
no haber variado las condiciones en las que se les otorgó o en su caso, actualice
aquellas documentales que así lo ameriten, tales como inventarios, movimientos
de elementos, pago de derechos póliza de fianza, que se renovara cada año,
modificaciones a la constitución de la empresa y representación de la misma y
demás requisitos que se establezcan en el Reglamento; a este efecto se llevará a
cabo una visita de verificación para corroborar que se mantiene en las mismas
condiciones de su autorización.
Artículo 28.- En caso de que no se exhiban los protestos y las actualizaciones a
que se refiere el artículo anterior, la Dirección prevendrá al interesado para que en
un plazo improrrogable de diez días hábiles siguientes al que surta efectos la
notificación, subsane tales omisiones; transcurrido dicho plazo sin que el
interesado haya subsanado las omisiones, la solicitud será desechada y la
autorización dejará de tener efectos de manera automática.
Artículo 29.- De ser procedente la revalidación, el solicitante presentará dentro de
los diez hábiles siguientes al que surta efectos la notificación, los requisitos que
señale el artículo 26 de la presente Ley.
CAPÍTULO V
REGISTRO ESTATAL DE PRESTADORES, PERSONAL Y EQUIPO DE
SEGURIDAD PRIVADA
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Artículo 30.- El Registro Estatal, constituye un sistema de consulta y acopio de
información que se integrará con bancos de datos de los prestadores, de su
personal directivo, técnico, administrativo y personal operativo; del equipo y, en su
caso, los datos de la asignación del armamento utilizado, así como los servicios y
la cobertura de estos.
Artículo 31.- La Comisión, a través de la Dirección, mantendrá actualizado este
registro, para lo cual los prestadores están obligados a informar dentro de los
primeros cinco días hábiles de cada mes sobre las altas y bajas de su personal
directivo, administrativo y elementos, indicando las causas de las bajas, así como
las demás modificaciones o adiciones que sufran en sus bienes, servicios, equipo
o cualquier otra que impacte en la prestación del servicio; dicha información
incluye lo siguiente:
I. Denominación o nombre del prestador del servicio;
II. Número de autorización;
III. Los datos generales del prestador de servicio;
IV. La ubicación de su oficina matriz y sucursales en su caso;
V. La modalidad del servicio;
VI. Representantes legales en su caso;
VII. Las modificaciones de las actas constitutivas o cambios de representante
legal;
VIII. Personal directivo, administrativo y el personal operativo con que se cuenta
para la prestación de los servicios de seguridad privada, en el que, para su
plena identificación y localización, deberá incluir los siguientes datos:
a) Nombre;
b) Sexo;
c) Lugar y fecha de nacimiento;
d) Domicilio;
e) Nacionalidad;
f) En caso de mexicanos por naturalización, asentar los datos de la carta de
naturalización respectiva expedida por la autoridad competente;
g) Fotografía tamaño infantil; y,
h) Escolaridad;
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IX. Armamento, vehículos y equipo, incluyendo los cambios en los inventarios
correspondientes.
X. Demás elementos que por su relevancia o características debe ser registrado
en términos del Reglamento de la presente Ley.
Los vehículos que sean utilizados para la supervisión de los servicios o para el
traslado de valores solo podrán usar torretas para el toldo o techo del vehículo con
los colores ámbar y/o verde, y no podrán usar “tumba burros” o defensas
diferentes a las diseñadas por el fabricante, vidrios obscuros o polarizados, las
unidades deberán utilizar la razón social referente a la empresa de seguridad
privada a la que pertenezcan, con dimensiones de letra legible que al efecto se
establezca, en caso de contar con logotipo, debe colocarse en ambos costados y
el cofre, así como la leyenda “Seguridad Privada” y el número de autorización así
como el número económico proporcionado por la dirección para llevar a cabo el
servicio autorizado;
Artículo 32.- Los prestadores de seguridad privada que se encuentren en el
contexto del uso de armamento para el servicio interno de seguridad y protección
de personas e instalaciones, se ajustaran a las prescripciones, controles y
supervisión que determinen las instancias que aprobaron su uso y la Comisión, a
través de la Dirección, cuidara de su cumplimiento en coordinación con la
Secretaría de la Defensa Nacional.
Artículo 33.- Los prestadores informarán, dentro del término señalado en el
artículo 31 de la presente Ley, para el caso de no darse movimiento alguno.
Artículo 34.- Los prestadores que omitan proporcionar a la Dirección, los reportes
o informes que refiere el artículo anterior, se harán acreedores a la sanción
prevista en esta Ley y su Reglamento.
Artículo 35.- Toda información proporcionada a la Comisión, a través de la
Dirección, será tratada de conformidad con la ley general y local en materia de
transparencia y protección de datos personales.
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CAPÍTULO VI
CÉDULAS DE IDENTIFICACIÓN.
Artículo 36.- La Comisión, a través de la Dirección, proporcionará, una vez
autorizados y a costa de los prestadores, las Constancias de Registro de Activo
ante el Sistema Nacional de Información; de su personal operativo, y su cédula de
identificación, las cuales serán de uso obligatorio y deberán contar con la
información que establezca la Dirección, quien validará los datos de su personal
operativo con la documentación que para el efecto requiera.
Artículo 37.- Cuando de la revisión se desprenda omisión o irregularidad en la
presentación de documentos, la Dirección lo comunicará al interesado, dándole un
plazo de cinco días hábiles improrrogables para subsanar las omisiones o
irregularidades, apercibiéndolo que, en caso de no hacerlo en ese tiempo, se
tendrá por no presentada la solicitud para la emisión de las cédulas y en
consecuencia se deberá de abstener de contratar al personal operativo.
CAPÍTULO VII
DEL PERSONAL DIRECTIVO,
ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OPERATIVO
Artículo 38.- El personal operativo se deberá regir, en lo conducente, por los
principios de actuación y deberes de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez, de conformidad con los Lineamientos que señala la Ley y su
Reglamento.
ARTÍCULO 39.- Los prestadores deberán presentar por escrito, a la Dirección, la
relación del personal operativo de los servicios de seguridad privada, la cual
deberá contener nombre completo y clave única de registro de Población (CURP),
constancia de no antecedentes penales; para efectuar las consultas pertinentes al
Sistema Nacional de Información; en caso de alguna irregularidad, deberá
notificarse al prestador del servicio, para que en un término de cinco días hábiles
siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, manifieste o aclare dicha
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irregularidad, debiendo en su caso suspender al personal que resulte irregular, si
este ya ha sido contratado, hasta en tanto no se resuelva su situación.
ARTÍCULO 40.- Para el ingreso y permanencia de los directores, administradores,
gerentes y personal administrativo de los prestadores deberán reunir los
siguientes requisitos:
I. Ser de nacionalidad mexicana y estar en pleno goce de sus derechos;
II. Ser mayor de edad;
III. No ser miembro activo de las Instituciones de Seguridad Pública Federal,
Estatal o Municipal o de las Fuerzas Armadas;
IV. No haber sido condenado por delito grave con sanción privativa de la
libertad;
V. No haber sido destituido de las Instituciones de Seguridad Pública Federal,
Estatal, o Municipal ni de las Fuerzas Armadas por cualquiera de los siguientes
motivos:
a) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia,
negligencia o abandono de servicio;
b) Por falta grave a los principios de actuación previstos en las Leyes;
c) Por incurrir en falta de honestidad o abuso de autoridad;
d) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo
cualquier concepto;
e) Por asistir en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias
psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos
similares o por consumirlas durante el servicio en su centro de trabajo o por
habérseles comprobado ser adictos a tales sustancias;
f) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento
por razón de su empleo; y,
g) Por presentar documentación falsa o apócrifa.
VI. Los demás requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley y demás
que establezcan en otras disposiciones normativas.
ARTÍCULO 41.- Para el ingreso y permanencia del personal operativo de los
prestadores, deberá reunir los siguientes requisitos:
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I. Carecer de antecedentes penales;
II. Ser mayor de edad;
III. Estar inscritos en el Registro Estatal;
IV. Estar debidamente capacitados en las modalidades en que prestaran el
servicio;
V. No ser miembros en activo de alguna institución de Seguridad Pública
Federal, Estatal o Municipal o de las Fuerzas Armadas;
VI. No haber sido separado o cesado de las Fuerzas Armadas o de alguna
institución de Seguridad Pública Federal, Estatal, o Municipal, por alguna de las
causas previstas en la fracción V del artículo 40 de la presente Ley.
VII. Acreditar los exámenes de control de confianza del personal operativo, las
cuales se llevarán a cabo en la Fiscalía General del Estado; y,
VIII. Los demás requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley.
CAPÍTULO VIII
DE LAS OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES
DE LOS PRESTADORES
ARTÍCULO 42.- La Comisión, a través de la Dirección, se abstendrá de otorgar la
autorización a quienes por sí o por interpósita persona con la cual tenga
parentesco hasta el cuarto grado ya sea ascendente, descendente o colateral,
tengan a su cargo funciones de Seguridad Pública, Estatal o Municipal o Militar o
quienes por razón de su empleo, cargo o comisión se encuentren vinculados con
este, así como abstenerse de intervenir, promover o gestiones como
representante, apoderado o cualquier otra forma semejante a asuntos
relacionados con seguridad privada, cuando haya tenido conocimiento, tramitado o
que se encuentre en el área en la cual se desempeñó como servidor público.
Artículo 43.- Los prestadores que cuenten con autorización o revalidación vigente
de la Comisión, a través de la Dirección, para prestar el servicio de seguridad
privada, tendrán las obligaciones siguientes:
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I. Prestar los servicios de seguridad privada en los términos y condiciones
establecidos en la autorización que les haya sido otorgada o en su caso, en su
revalidación o modificación;
II. Abstenerse de prestar los servicios de seguridad privada sin contar con la
autorización o revalidación correspondiente;
III. Proporcionar periódicamente al total de los elementos capacitación y
adiestramiento en términos del Reglamento de la presente Ley, acorde a las
modalidades de prestación del servicio ante la Comisión, en Instituciones,
Academia, en el CECC o Centros de Capacitación Privados con reconocimiento
oficial de la Comisión de Seguridad Pública a través de la Academia, Secretaría
Desarrollo Económico y del Trabajo, Secretaría de Educación Pública,
Secretaría de la Defensa Nacional o por la Academia según corresponda y con
la aprobación previa de esta autoridad, en los tiempos y formas que esta
determine o conforme al Reglamento de la Presente Ley;
IV. Utilizar únicamente el equipo y armamento registrado ante la Comisión;
V. Informa sobre el cambio de domicilio fiscal o legal de la matriz, así como el
de sus sucursales;
VI. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos, y toxicológicos a los
elementos operativos, en las instituciones autorizadas públicas y privadas, o los
profesionistas acreditados o en los laboratorios certificados y autorizados por la
Secretaría de Salud, o bien ante CECC, bajo la debida supervisión de la
Dirección, y lo que establezca el Reglamento de la presente Ley;
VII. Atender a las instrucciones que les giren las autoridades y las instituciones
de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o en cualquier otro
caso;
VIII. Abstenerse de utilizar en su denominación, razón social, papelería,
documentación, vehículos y demás elementos de identificación, colores o
insignias que pudieran causar confusión con los utilizados por las Instituciones
de Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades, así como
logotipos oficiales, el escudo, colores naciones, la bandera nacional o de países
extranjeros;
IX. Abstenerse de realizar funciones que están reservadas a las Instituciones
Policiales;
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X. Evitar en todo momento inferir, tolerar, o permitir actos de tortura, malos
tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una
orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como
amenazas a la seguridad pública;
XI. Abstenerse de contratar con conocimiento de causa, personal que haya
formado parte de alguna Institución de Seguridad Pública Federal, Estatal o
Municipal o de las Fuerzas Armadas o Seguridad Privada; quien hubiese sido
dado de baja, por los motivos establecidos en el artículo 40, fracción V de esta
Ley y su Reglamento;
XII. Utilizar el término de “seguridad” siempre acompañado de la palabra
“privada”;
XIII. Utilizar vehículos que presenten un cromático uniforme, atendiendo a las
especificaciones señaladas en los artículos 20 y 31, fracciones XIII y XIX
respectivamente de la presente Ley, además de ostentar en forma visible, en
los vehículos que utilicen, la denominación, logotipo y número de autorización,
de igual manera se prohíbe circular vehículos sin placas. Bajo ninguna
circunstancia podrán llevar elementos que los confundan con aquellos vehículos
utilizados por las instituciones de Seguridad Pública o las Fuerzas Armadas;
XIV. Utilizar uniformes y elementos de identificación de los elementos que se
distingan por otros prestadores de seguridad privada, por las Instituciones de
Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas, ajustando el modelo, colores, o
insignias de los uniformes que utilicen sus elementos operativos, a las
especificaciones que señale el Reglamento;
XV. Supervisar que el personal operativo utilice únicamente el uniforme,
armamento y equipo en los lugares y horarios de prestación del servicio;
XVI. Solicitar a la Comisión, a través de la Dirección, la consulta previa de los
antecedentes policiales y la inscripción del personal directivo, administrativo y
elementos en el Registro Estatal de Empresas, Personal y equipo de Seguridad
Privada, así como la inscripción del equipo, armamento correspondiente;
XVII. Aplicar los manuales de operación conforme a la modalidad o
modalidades autorizadas;
XVIII. Informar a la Comisión, a través de la Dirección, de cualquier modificación
a los estatutos de la sociedad o de las partes sociales de la misma;
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XIX. Instruir e inspeccionar que el personal operativo utilice obligatoriamente la
cedula única de identificación personal expedida por los prestadores, a través
de la Dirección, durante el tiempo que se encuentren en servicio;
XX. Reportar por escrito a la Comisión, a través de la Dirección, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, el robo, pérdida, o destrucción de documentación
propia de los prestadores o de identificación de su personal, anexando copia de
las constancias que acrediten los hechos;
XXI. Mantener en estricta confidencialidad, la información relacionada con el
Servicio;
XXII. Reportar por escrito a la Comisión, a través de la Dirección, dentro de los
tres días hábiles siguientes a que se ocurra, cualquier suspensión de
actividades y las causas de esta;
XXIII. Comunicar por escrito a la Comisión, a través de la Dirección, todo
mandamiento de autoridad que impida la libre disposición de sus bienes, en los
cinco días hábiles siguientes a su notificación;
XXIV. Permitir el acceso, dar las facilidades necesarias, así como proporcionar
toda la información requerida por las autoridades competentes cuando
desarrollen alguna visita domiciliaria; inherente a la materia;
XXV. Asignar a los Servicios, los elementos que se encuentren debidamente
capacitados en la modalidad requerida;
XXVI. Instrumentar los mecanismos que garanticen que el personal operativo
de seguridad privada cumpla con las obligaciones que le imponen esta Ley;
XXVII. Tratándose de prestadores de servicios que operan en la modalidad de
traslado de bienes o valores específicamente para el traslado de valores, se
deberán utilizar vehículos blindados;
XXVIII. Registrar ante la Dirección los animales con que operen y sujetar su
utilización a las normas aplicables, e
XXIX. Informar a la Dirección de manera mensual el listado de sus prestatarias,
y dentro de los siguientes tres días hábiles posteriores a la contratación o
cancelación de algún servicio.
Artículo 44.- Son obligaciones del Personal Operativo de Seguridad Privada:
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I. Conducirse en todo momento con profesionalismo, honestidad y respeto hacia
los derechos de las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencia,
además de regirse por los principios de actuación y deberes previstos por los
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública como lo son de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos;
II. Proteger y salvaguardar todos los recursos o propiedades, materiales y
humanos de su compañía, industria o comercio, dentro de los límites fijados
para el desarrollo de sus funciones y que tenga bajo su custodia;
III. Abstenerse de realizar la retención de persona alguna sin cumplir con los
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales; salvo en
los casos de flagrante delito y de actos que atenten contra los bienes y
personas para las que preste sus servicios, deberá de hacerlo de manera
inmediata y presentarlo ante la autoridad competente;
IV. Prestar los servicios en los términos establecidos en la autorización,
revalidación o la modificación de cualquiera de estas;
V. Cumplir con sus funciones, sin discriminar a persona alguna por origen étnico
o nacional, por el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra;
VI. Preservar el secreto que por razón del desempeño de sus funciones
conozca dentro de las instalaciones que proteja o área operacional;
VII. Obedecer las órdenes de sus superiores siempre y cuando no sean
contrarias a derecho y cumplir con todas sus obligaciones enmarcadas en el
manual de operaciones que se emitan para la diversidad de servicios fuera de
las áreas públicas;
VIII. Auxiliar a las Instituciones de Seguridad Pública, en situación de
emergencia o cuando así sea requerido, o en los casos que establezca el
Reglamento de la presente Ley;
IX. Utilizar únicamente el equipo de radiocomunicación, en los términos del
permiso otorgado por autoridad competente o concesionaria autorizada;
X. Utilizar el uniforme, vehículo, vehículos blindados, perros, armas de fuego y
demás equipo, acorde a las modalidades autorizadas para prestar el servicio,
apegándose al estricto cumplimiento de las normas oficiales mexicanas
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correspondientes en los casos que les apliquen durante la prestación de su
servicio;
XI. Portar en lugar visible, durante el desempeño de sus funciones, la cédula
única de identificación personal expedida por la Comisión que lo acredite como
personal de seguridad privada, así como del equipo que se le asigno para
servicio;
XII. En caso de portar armas, hacer uso responsable de ellas y contar con la
licencia o su equivalente que autorice su portación;
XIII. Abstenerse de consumir bebidas embriagantes, psicotrópicos o enervantes
o cualquier otra sustancia que altere el estado de equilibrio normal de la
persona y que derive con ello en un detrimento en la función de seguridad de
personas y sus bienes que tenga encomendados; y,
XIV. En caso de hacer uso de vehículos automotores, cumplir con las
especificaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento.
Artículo 45.- Además de las obligaciones previstas en la presente Ley, los
prestadores deberán cumplir con las obligaciones que les impongan otros
ordenamientos legales del Estado de Morelos.
CAPÍTULO IX
DE LA CAPACITACIÓN
Artículo 46.- Los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su
personal operativo. Dicha capacitación se podrá llevar a cabo por la Academia
previo pago de los derechos correspondientes o institutos, academias o centros de
capacitación privados con personalidad moral, que cuenten con reconocimiento
oficial con diez años mínimos de experiencia y con la aprobación previa de la
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo y bajo la vigilancia de la
Dirección, asegurándose que sean impartidas como mínimo la capacitación en:
I. Marco jurídico de Seguridad Pública y Privada;
II. Inducción a la Seguridad Privada;
III. Derechos Humanos;
IV. Violencia de género;
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V. Relaciones Humanas;
VI. ABC del Fuego;
VII. Primeros Auxilios;
VIII. Técnicas y tácticas;
IX. Radio comunicación y telefonía;
X. Instrucción de orden cerrado;
XI. Protección de instalaciones;
XII. Protección de instalaciones estratégicas; y,
XIII. Protección a funcionarios.
Por cuanto a la capacitación que señala las fracciones XI, XII y XIII, estas solo las
deben impartir los prestadores de Seguridad Privada especialistas en
Instalaciones y Protección a funcionarios.
Para tal efecto el Reglamento establecerá los tiempos, formas y plazos para que
se ejecute.
Artículo 47.- La Capacitación que se imparta será acorde a las modalidades en
que se autorice el servicio y tendrá como fin que el personal operativo se
conduzca bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos, al imperio de la Ley, al mando
superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.
Artículo 48.- La Comisión establecerá como obligación de los prestadores de
servicio en la modalidad de traslado de valores o bienes, y cualquier modalidad
que opere con arma de fuego, que su personal sea sometido a las evaluaciones
de control de confianza realizados por el CECC conforme a la normatividad
aplicable y se vigilará que tengan como mínimo la capacitación en: Adiestramiento
en manejo de armamento y cursos actualizado de tiro de arma corta y larga; en los
términos que establezca el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 49.- La Comisión a través de la Dirección tendrá en todo momento la
facultad de corroborar que se otorgue y se continúe periódicamente con la
capacitación al personal operativo, en los términos del Reglamento de la Ley.
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Artículo 50.- La Comisión, a través de la Dirección establecerá Acuerdos con las
Instituciones, academias o centros de capacitación privados con reconocimiento
oficial, y los prestadores, para la instrumentación y modificación de planes y
programas de capacitación y adiestramiento de acuerdo con la modalidad o
modalidades autorizadas.
Artículo 51.- Los planes y programas de capacitación y adiestramiento que se
apliquen al personal operativo por los prestadores, deberán de ser actualizados y
validados por la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, así como por la
Academia, bajo la supervisión de la Dirección.
Artículo 52.- La Comisión, a través de la Dirección, verificará en cualquier
momento que los prestadores practiquen al personal operativo las evaluación y
exámenes correspondientes ante el CECC, o instituciones privadas con
reconocimiento oficial, para acreditar que no hacen uso de sustancias
psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y que cubren el perfil físico, médico,
ético y psicológico necesario para realizar las actividades del puesto a
desempeñar.
Artículo 53.- Los prestadores solo asignarán servicios al personal operativo que
hayan acreditado la capacitación y adiestramiento, apropiados a la modalidad del
servicio que desempeñen, acreditando esta situación a la Comisión, a través de la
Dirección y de Acuerdo al Reglamento de la presente Ley.
CAPÍTULO X
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ESTADO
Artículo 54.- El Consejo de Seguridad Privada del Estado, es un Órgano de
consulta y opinión de la Comisión, que tiene por objeto la mejora continua de los
servicios de seguridad privada que se presten en el Estado de Morelos.
Artículo 55.- El Consejo de Seguridad Privada del Estado estará integrado por:
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I. El Titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, o quien este designe
en su representación, quien fungirá como Presidente;
II. El Titular de la Dirección General de Seguridad Privada adscrita a la
Comisión;
III. Por cuatro prestadores que cuenten con autorización expedida por la
Comisión, dos de ellos persona física y dos representantes de persona moral
legalmente constituida;
IV. Por dos Prestadores que cuenten con la autorización federal y que presten
sus servicios en el territorio del Estado de Morelos con autorización vigente de
la Comisión;
V. Por la Diputada o Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública
y Protección Civil del Congreso del Estado, o quien este designe en su
representación, y
VI. Por un Secretario Técnico que será nombrado por el presidente.
Lo anterior sin perjuicio de la participación que la Comisión, quiera realizar a las
Instituciones educativas, asociaciones de empresarios y demás instancias
relacionadas directa o indirectamente con la prestación de servicio de seguridad
privada, cuando así lo considere esta, o cuando los asuntos a tratar en las
sesiones del Consejo sea necesaria la presencia de personas especialistas en el
tema a tocar en la sesión, lo anterior conforme a los dispuesto por el Reglamento
de la presente Ley; la función de consejero será honorifica.
Artículo 56.- El Consejo de Seguridad Privada del Estado procurará en todo
momento atender y dar seguimiento a los Acuerdos tomados por el Pleno de las
sesiones de este, por conducto de su Secretario Técnico.
Artículo 57.- El Consejo de Seguridad Privada del Estado funcionará en los
términos establecidos por el Reglamento de la presente Ley.
CAPÍTULO XI
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN
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Artículo 58.- La Comisión, a través de la Dirección, ordenará en cualquier
momento cubriendo las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento
Administrativo la práctica de visitas de verificación a prestadores o personas que
sin registro brinden el servicio de seguridad privada, quienes estarán obligados a
permitir el acceso y dar las facilidades e informes que los verificadores requieran
para el desarrollo de su labor, en términos del Reglamento de la Ley.
Artículo 59.- El objeto de la visita será comprobar que los prestadores cuenten
con la autorización para brindar el servicio de seguridad privada en el Estado de
Morelos, el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
que se encuentren autorizadas, así como de las obligaciones y restricciones a que
se sujeta la autorización o revalidación.
Artículo 60.- La verificación será física cuando se practique sobre los bienes
muebles o inmuebles, al desempeño, cuando se refiera a la actividad; al desarrollo
laboral o profesional de los elementos o bien de legalidad, cuando se corrobore
que los prestadores cuenten con la autorización de la Comisión o está este
vigente, analice y cerciore el cumplimiento de las disposiciones legales que se
tiene la obligación de acatar.
Artículo 61.- Para la práctica de las visitas de verificación se estará a lo dispuesto
por la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos y el
Reglamento de la Ley.
CAPÍTULO XII
DE LAS MEDIDAS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Artículo 62.- La Comisión, a través de la Dirección, podrá por conducto del
personal que se encuentre adscrito a esta, aplicar las medidas tendientes a
garantizar la correcta prestación del servicio de seguridad privada en instalaciones
y equipo. Dicha circunstancia se asentará en el acta que se lleve a cabo con
motivo de la visita.
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Artículo 63.- En términos del artículo anterior, son medidas tendientes a
garantizar la correcta prestación del servicio de seguridad privada:
I. La orden que emite la Comisión, a través de la Dirección, por la que se
disponen las providencias necesarias para eliminar un peligro a la sociedad,
originado por objetos, productos y sustancias, así mismo el retiro del uso de
perros utilizados en el servicio, cuando estos no cumplan con lo establecido en
esta Ley y en la norma mexicana respectiva, con las obligaciones a que se
sujetó la autorización o con las demás disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables, y
II. La suspensión temporal de los servicios, cuando se ponga en peligro la
seguridad de las personas y sus bienes.
ARTÍCULO 64.- Cuando se detecten cualquiera de los supuestos mencionados en
el artículo anterior, que pongan en peligro la salud o la seguridad de las personas
o sus bienes, La Comisión, a través de la Dirección, podrá ordenar la medida de
su ejecución de inmediato, mediante el auxilio de la fuerza pública o señalar un
plazo razonable para que se subsane la irregularidad, sin perjuicio de informar a
otras autoridades competentes para que procedan conforme a derecho.
CAPÍTULO XIII
DE LAS SANCIONES
Artículo 65.- La imposición de las sanciones por incumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Ley, será independiente de las penas que
correspondan por acciones u omisiones constitutivas de delitos o de la
responsabilidad civil.
Artículo 66.- El incumplimiento a las obligaciones contenidas en la presente Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables, dará lugar a la imposición de una o más
de las siguientes sanciones:
I. Amonestación, con difusión pública;
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II. Suspensión total del servicio, de uno a seis meses, con difusión pública. En
este caso, la suspensión abarcará el ámbito territorial que tendrá autorizado,
incluida su oficina matriz;
III. Multa por el equivalente de 100 a 5000 de valor diario en Unidades de
Medida y Actualización, la cual impondrá la Comisión, a través de la Dirección,
misma que se considera crédito fiscal, por lo que la Secretaría de Hacienda del
Estado de Morelos podrá hacer efectivo su cobro. En caso de reincidencia, la
multa se incrementará en un cien por ciento, teniendo como tope el doble del
monto máximo y procederá en su caso, la cancelación definitiva de la
autorización para la prestación de los servicios de seguridad privada;
IV. Clausura del establecimiento donde el prestador tenga su oficina matriz o el
domicilio legal que hubiere registrado, así como de las sucursales que tuviera
dentro del Estado de Morelos; y no podrá prestar servicios dentro de los dos
primeros años; y,
V. Revocación Definitiva de la autorización. La Comisión, a través de la
Dirección, impondrá simultáneamente una o más sanciones administrativas
señaladas en las fracciones anteriores y en cualquier caso, procederá el
apercibimiento respectivo.
Artículo 67.- Las resoluciones mediante las cuales se apliquen las sanciones
administrativas, a que se refiere el artículo anterior, deberán estar debidamente
fundadas y motivadas, en las que se considere:
I. La gravedad de la infracción en que se incurre y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las
que se dicten con base en esta;
II. Los antecedentes y condiciones personales del infractor;
III. La antigüedad en la prestación del servicio;
IV. La reincidencia en la comisión de infracciones; y,
V. El monto del beneficio obtenido o, en su caso, el daño o perjuicio
económicos que se hayan causado a terceros.
ARTÍCULO 68.- En todos los casos se dará difusión pública a las sanciones, la
cual se hará a costa del infractor, identificando claramente al infractor, el tipo de
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sanciones, el número de su autorización y el domicilio de su establecimiento en su
caso, la sanción servirá de antecedente para considerarse en un nuevo trámite de
solicitud de autorización o revalidación.
ARTÍCULO 69.- Tratándose de prestadores que brinden el servicio de seguridad
privada en el Estado de Morelos, con autorización federal, de la Ciudad de México
o de otra Entidad, que hayan sido sancionadas por La Comisión, a través de la
Dirección, se le informará a la Autoridad competente.
Artículo 70.- En caso de que el prestador de servicios no de cumplimiento a las
resoluciones que impongan alguna de las sanciones anteriores, se procederá a
hacer efectiva la fianza otorgada a favor de la Secretaría de Hacienda para
garantizar el cumplimiento de los servicios autorizados.
CAPÍTULO XIV
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
ARTÍCULO 71.- Contra actos y resoluciones administrativas que dicte o ejecute la
Comisión, a través de la Dirección, en aplicación de esta Ley. Los particulares
afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de
inconformidad ante la propia autoridad conforme a las disposiciones de la Ley de
Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERO.- Aprobada la presente Ley, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
Órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad
con los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO.- La presente ley entrará en vigor a partir de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos.
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TERCERO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente
ley.
CUARTO.- Quienes brinden servicios de seguridad privada, y no cuenten con
registro, tendrán 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la
presente ley, para tramitar y obtener la autorización para tal efecto.
QUINTO.- En un plazo máximo de 180 días naturales contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo del Estado deberá emitir el
Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos y, en su
caso, realizar las adecuaciones jurídicas que se estimen pertinentes para tal
efecto.
SEXTO.- En un plazo máximo de 180 días naturales contados a partir de la
entrada en vigor de la presente ley, los Ayuntamientos del Estado de Morelos
deberán adecuar las disposiciones jurídicas que estimen pertinentes para tal
efecto.
SÉPTIMO.- Publíquese en la Gaceta Legislativa del Congreso del Estado de
Morelos.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de Pleno del día seis de febrero del año
dos mil veinte.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos.
Dip. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Rosalina Mazari Espín,
Secretaria. Dip. Ariadna Barrera Vázquez, Secretaria. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de
Cuernavaca, capital del estado de Morelos a los cinco días del mes de marzo del
dos mil veinte.
Promulgación 2020/03/05
Aprobación 2020/02/06
Publicación 2020/03/11
Vigencia 2020/03/12
Expidió LIV Legislatura
Periódico Oficial 5793 “Tierra y Libertad”
Ley de Seguridad Privada para el Estado de Morelos
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.
Última Reforma: Texto original
54 de 54
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS
RÚBRICAS.
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