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Ley de Sujetos Protegidos para el Estado de Morelos
LEY DE SUJETOS PROTEGIDOS PARA EL ESTADO DE
MORELOS
OBSERVACIONES GENERALES.- La Disposición Transitoria Segunda establece que la presente Ley entrará en vigor
una vez que se cuente con el presupuesto correspondiente para la aplicación de la Ley.
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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES
SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
A. Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo
verificativo el día nueve de diciembre del año dos mil catorce, el Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez
Garrido Abreu, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la
Ley de Sujetos Protegidos para el Estado de Morelos.
B. En consecuencia de lo anterior, la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán,
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta
de la Iniciativa citada al epígrafe, instruyendo se a estas Unidas de Puntos
Constitucionales y Legislación, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad
Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen correspondiente.
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA
A manera de síntesis lo que el iniciador propone es con el objeto de establecer las
medidas y los procedimientos para garantizar la protección y atención de aquellas
personas que, con motivo de su intervención, participación o como resultado de un
procedimiento penal, su integridad se encuentren en situación de riesgo o peligro.
III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA
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“Derivado de las diversas reformas constitucionales y la evolución del marco
normativo en materia penal, la investigación de los delitos corresponde
precisamente al Ministerio Público y a las policías, las cuales actúan bajo la
conducción y mando de éste, en el ejercicio de su función.”
“Desde el orden constitucional, el Ministerio Público debe garantizar la protección
de víctimas, ofendidos, testigos y, en general, de todos los sujetos que
intervengan en el proceso penal, debiendo los jueces vigilar el buen cumplimiento
de esta obligación; para ello, durante el desarrollo de los procesos penales, la
participación de las víctimas, testigos y quienes deponen en contra del imputado
se ha vuelto una constante acción de peligro, más aún cuando se ventilan delitos
del orden federal, como delincuencia organizada, trata de personas y
narcomenudeo, por mencionar algunos.”
“Estudios en derecho comparado han demostrado que la atención y protección
para las víctimas, ofendidos y personas que intervienen en el procedimiento penal,
ha sido una acción que diversas entidades federativas han adoptado como un
mecanismo para garantizar el bienestar y la participación en las denuncias de
aquellos hechos que puedan constituir un delito, por lo que en Morelos se cuenta
con la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5105, el día diecisiete de julio de 2013, misma que en
su parte conducente establece que “…durante la tramitación del procedimiento, el
Ministerio Público y el Juez, dentro de los límites y condiciones que se fijen en la
resolución respectiva, adoptarán las medidas necesarias para proteger la
integridad física y moral de la víctima y podrán exigir al imputado o condenado,
respectivamente, una garantía de no ofender o de acceder a un lugar determinado
o que resida en él, siempre que ello pueda afectar a la seguridad de las
víctimas…”; para tal fin, la Fiscalía General del Estado deberá de realizar las
acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, amén de contar con
los recursos financieros suficientes que permitan hacer de la normativa un derecho
positivo.”
“Con el fin de garantizar la procuración e impartición de justicia, el Ministerio
Público y la autoridad jurisdiccional requieren de testimonios verídicos, eficaces y
oportunos, que permitan la identificación del o los probables responsables al
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establecer un vínculo entre estos y el delito; por lo que es necesario que los
testigos puedan rendir su declaración sin ser vulnerables ante la delincuencia, que
ejerce sobre ellos, familiares y personas cercanas actos de intimidación, privando
a los órganos de procuración e impartición de justicia poder allegarse de
elementos probatorios claves para el enjuiciamiento criminal.”
“En este sentido, el pasado 05 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, como un
instrumento jurídico que permite la unificación de la materia procesal penal en la
república mexicana y fortalece las capacidades y herramientas de las
instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas
delictivas a nivel local y federal.”
“En tal virtud, el presente instrumento tiene por objeto garantizar la protección de
aquellas personas que intervienen en el proceso penal, a través de la Fiscalía
General del Estado y de su Unidad Administrativa correspondiente; para lo cual,
se hace necesario implementar por parte del Ministerio Público las Medidas de
Protección proporcionales al riesgo o peligro que se quiera evitar, permitiendo con
ello generar confianza en la persona protegida, las cuales deberán de estar
vinculadas a un programa, realizando un análisis técnico de las necesidades y
riesgo o peligro de cada persona, para posteriormente sujetarse a un convenio en
el que se fijarán los derechos y las obligaciones tanto de la Fiscalía General como
de las personas que se les otorgue protección como parte del programa citado.”
“Con todo lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado cumple con su
responsabilidad de establecer un esquema normativo acorde con los objetivos del
Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, siendo que el primero de los mencionados,
en su parte relativa, dispone:”
“…Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial
y transparente.
Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad.
Líneas de acción
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• Proponer las reformas legales en las áreas que contribuyan a la efectiva
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
• Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de
competencia de la Procuraduría General de la República, para investigar y
perseguir el delito con mayor eficacia.
• Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización,
especialización y desarrollo de los agentes del Ministerio Público Federal, peritos
profesionales y técnicos, policías federales, intérpretes, traductores, especialistas
en justicia restaurativa y demás operadores del sistema.
• Implantar un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad pública y
procuración de justicia, que genere mayor capacidad de probar los delitos.
“Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo prevé:”
“…. EJE 1: MORELOS SEGURO Y JUSTO
En materia de procuración de justicia, es necesario orientar los esfuerzos para que
las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia penal se distingan
por su apego a los principios y objetivos del nuevo Sistema de Justicia Penal, en
un contexto de efectividad y transparencia; para ello, se requiere llevar a cabo un
proceso de reorganización y reorientación de su gestión y actuación de los
tribunales, cuerpos policíacos, Ministerio Público, Defensoría Pública y las áreas
encargadas de la reinserción social.
Asimismo, se implementará el servicio profesional de carrera, el cual permitirá
contar con personal operativo profesional y humanista como Agentes del
Ministerio Público, peritos y policía ministerial calificados en la aplicación del
nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, y que además guardarán
en todo momento los derechos fundamentales de las personas que acudan a la
institución, lo que coadyuvará a una mejor atención a las víctimas del delito, así
como lograr la paz, la igualdad y la integridad en el entorno social.
Ahora más que nunca, es importante que la sociedad conozca sus derechos y los
haga valer con el único propósito de no continuar tolerando actos de abuso,
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discriminación y falta de respeto; en la Nueva Visión todas las acciones se
realizarán con estricto apego a la legalidad y el respeto irrestricto de las garantías
individuales de los morelenses….”
“Por lo que se colige que la integración de los planes y de las políticas públicas,
que se han adoptado, han sido parte de la correcta armonización del sistema de
planeación del Estado, de ahí que se impone en esta ocasión, que esta
Legislatura, conozca y resuelva sobre la iniciativa de Ley que se plantea, como
parte de una reingeniería de las estructuras del Estado que inciden en pro de la
búsqueda y otorgamiento de la seguridad pública de los ciudadanos.”
“No pasa desapercibido que el presente instrumento legislativo que nos ocupa, se
presenta a ese Congreso Local en conjunto y como parte del paquete conformado
por la “Iniciativa de Decreto por el que se Declara la Adopción y Vigencia del
Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Morelos, así como se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos y distintos ordenamientos estatales para
lograr su armonización con dicho Código”, así como de la “Iniciativa de Ley para la
Administración de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado de
Morelos”; lo anterior en ejercicio también de la facultad constitucional de que goza
el Titular del Poder Ejecutivo Estatal de iniciar Leyes y, en razón de que, en
conjunto con la presente, conforman un paquete de reformas complementarias
entre sí que permitirán, de así aprobarlo ese Congreso del Estado, la adopción del
CNPP y la armonización del marco jurídico estatal, dando cumplimiento a los
compromisos que, como Estado, se han adquirido respecto del Nuevo Sistema de
Justicia Penal.”
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
De conformidad con las atribuciones conferidas a estas Unidas de Puntos
Constitucionales y Legislación, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad
Pública y Protección Civil y en apego a la fracción II, del artículo 104, del
Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede analizar en lo
general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia.
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A. ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA CON BASE AL MARCO JURÍDICO
NACIONAL.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., en el artículo 20,
Apartado C, establece que el Ministerio Público deberá garantizar la protección de
víctimas, ofendidos, testigos y en general de todos los sujetos que intervengan en
el proceso. El cumplimiento de lo anterior deberá ser vigilado por las autoridades
jurisdiccionales.
Con fecha 18 junio de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
reforma mediante la cual se reformaron artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las
fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción
XIII, del apartado B, del artículo 123, todos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma, el constituyente buscó transitar
hacia un sistema de justicia de corte acusatorio-adversarial. Para ello, estableció
un plazo de ocho años para que todas las instituciones involucradas realizaran las
adecuaciones necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
Con fecha 08 junio de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento
Penal, la cual tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que
garanticen la protección y atención de personas intervinientes en el procedimiento
penal, cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación o
como resultado del mismo.
Con fecha 05 marzo de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo objeto es establecer las
normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción
de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el
culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el
acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja
con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte.
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Como es posible apreciar, México cuenta con ordenamientos que regulan la
protección a testigos; sin embargo, lo anterior no es suficiente. Hoy, ante la
situación y el reto que la delincuencia representa, es de vital importancia que
contemos con un marco especifico en materia de protección a testigos.
De esta manera, y con la presente Iniciativa se pretende abatir la intimidación que
sufren los testigos. Esto en virtud de que se ha convertido en un elemento que
siempre se hace presente en las investigaciones y en los juicios penales. Contar
con una legislación que contemple la aplicación de las medidas de protección para
los testigos es una herramienta clave para salvaguardar la seguridad de todos y
cada uno de los morelenses.
Ante ello, el derecho debe de evolucionar con miras a garantizar el pleno respeto
por los derechos humanos, así como el cumplimiento de las funciones estatales.
C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA CON BASE AL MARCO JURÍDICO ESTATAL.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su fracción
VI, del artículo 79-A, establece entre otras cosas, el ejercicio del Ministerio
Público, siendo algunas de ellas “Intervenir en los procedimientos judiciales en que
tenga competencia, atendiendo las reglas del debido proceso y, en su caso, en los
asuntos judiciales que interesen a la sociedad y a las personas a quienes la Ley
conceda especial protección, en la forma y términos que la misma determine.”
De igual manera en nuestro Estado de Morelos, contamos con una la Ley de
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos
Humanos para el Estado de Morelos, en la cual en su artículo 96 establece entre
otras cosas que el Ministerio Público y el Juez dentro de sus límites y condiciones
adoptara las medidas necesarias para proteger a las víctimas.
Es importante comentar que la Iniciativa que nos ocupa, forma parte de una
paquete de reformas complementarias respecto al nuevo Sistema de Justicia
Penal, y Aunado a todo lo anterior, y con la finalidad de adecuarnos al nuevo
sistema penal, varias reformas a las siguientes Leyes:
1.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
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Es el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, producto del proceso
legislativo en el Congreso de la Unión, resulta impostergable su implementación
correspondiente, para lo cual son necesarias las modificaciones a la Constitución
Local y a las diversas leyes que abarcan la procuración de justicia, cumpliendo así
con la obligación principal del Estado, la de administrar justicia, de acuerdo a lo
dispuesto en nuestra Carta Magna, que dice que:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer
violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
(Énfasis añadido)
2.- Código Penal del Estado de Morelos
Se incluyen salidas alternas, las cuales son contempladas en el Código Nacional
de Procedimientos Penales, al mismo tiempo derogan delitos los cuales son
contemplados en ordenamientos legales federales.
3.- Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos
Se realizaron ciertas armonizaciones a las denominaciones de los órganos
jurisdiccionales, así como también se contemplan los recursos de apelación,
revocación y la solicitud de reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia,
en base al Código Nacional de Procedimientos Penales.
4.- Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos
Derivado a lo que se propone en el presente ordenamiento legal, las propuestas
que refiere el iniciador, estas obedecen en lo conducente en armonizar la presente
Ley con lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así mismo
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el Iniciador hace algunas aclaraciones para dar mayor comprensión a ciertas
disposiciones legales de la Ley en comento.
5.- Ley de la Defensoría Pública del Estado de Morelos
Estas reformas obedecen en armonizar ciertas denominaciones en base al Código
Nacional de Procedimientos Penales, entre ellas es el derecho de tener una
defensa y asesoría jurídica adecuada.
6.- Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos
Estas reformas obedecen en primer lugar en que las disposiciones que hagan
referencia al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, se
entenderán al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como también se
armoniza los órganos jurisdiccionales, cambiando la figura del Ministerio Público
por la del Fiscal General.
7.- Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los
Derechos Humanos para el Estado de Morelos
Se hace una armonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales, al
mismo tiempo señala quienes son considerados víctimas u ofendidos, además
hace referencia sobre los traductores o intérpretes.
8.- Ley de Extinción de Dominio
De igual manera, las reformas a esta Ley consisten en realizar ciertas
armonizaciones en lo que respecta a nuestro Ordenamiento Penal por el Código
Nacional de Procedimientos Penales, así como también las vigentes de
denominaciones de Fiscalía General, el Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos, carpeta de investigación y de juez competente.
Por otra parte, establece quien conocerá de los delitos federales y el tema de las
mediadas cautelares.
9.- Ley de Seguridad Pública
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Respecto a lo que hace el presente ordenamiento, las propuestas que refiere el
iniciador, estas obedecen en su parte toral a establecer que los cuerpos de policía
se especialicen en el procesamiento de la escena del hecho probablemente
delictivo tal y como lo dispone en su parte conducente el Código Nacional de
Procedimientos Penales. Toda vez que dicha especialización constituye a una
obligación tanto a la Federación como a las Entidades Federativas de dotar a sus
cuerpos la capacitación adecuada en esta materia, tal y como lo dispone el
capítulo VI del Título quinto y séptimo y decimo transitorio del citado Código
Nacional.
10.- Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares
Respecto al análisis de la presente Ley, al igual que todos los ordenamientos
legales que se han estudiado en este dictamen, las propuestas que propone el
iniciador, buscan consolidar el establecimiento de la operatividad de las
disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto
con la finalidad de contar con ordenamientos legales eficaces y garantes de la
ejecución plena de la ley con estricto apego y respecto a los derechos
fundamentales.
Dentro de dicho paquete también se incluye la creación de la Ley para la
Administración de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado de
Morelos, la cual tiene por objeto regular la administración y disposición de los
bienes que con motivo o durante una investigación se hayan asegurado,
decomisado u abandonado, debiendo estar a disposición del Ministerio Público
conforme lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En mérito de todo los argumentos anteriores, la Ley que ahora se propone tiene
por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de los sujetos que
se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su condición de
víctima, testigo o por su intervención en el procedimiento penal. No es óbice
manifestar, que el Proyecto de Ley que hoy se analiza, guarda sustento en
diversas disposiciones que contiene el citado Código Nacional de Procedimientos
Penales, particularmente en el Título V denominado “DE LOS SUJETOS DEL
PROCEDIMIENTOS Y SUS AUXILIARES”.
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Bajo este contexto, cabe mencionar que con base en lo ordenado en la
Constitución Federal el derecho de las víctimas, testigos y los demás sujetos que
intervienen el procedimiento penal, es oportuno establecer la intervención de una
Unidad Administrativa para establecer, vigilar y ordenar la aplicación de medidas
suficientes, necesarias e idóneas para garantizar la seguridad de estos sujetos;
asimismo, se establecen causales de exclusión del programa de asistencia y
protección para aquéllos.
Derivado de las coincidencias antes citadas, los que integramos a estas
Comisiones Unidas, estimamos necesario dilucidar el contenido del Proyecto en
su conjunto, y se estima procedente analizarlo detalladamente, en virtud de la
creación de un nuevo ordenamiento legal, mismo contenido que a continuación se
describe:
CAPÍTULO I.- Hace referencia de las disposiciones generales, teniendo por objeto
establecer las medidas y los procedimientos para garantizar la protección y
atención de aquellas personas que con motivo de su intervención a un proceso
penal.
CAPÍTULO II.- Refiere a la Unidad como la encargada de la implementación y
seguimiento de Programas, Lineamientos y de las Medidas de Protección y demás
acciones que determine la presente Ley.
CAPÍTULO III.- Establece las atribuciones del Ministerio Público, en materia de
esta Ley.
CAPÍTULO IV.- Refiere sobre la unidad de protección, misma que se integrará con
agentes de Policía de Investigación Criminal debidamente capacitados.
CAPÍTULO V.- Establece cual es el trámite para la incorporación al Programa de
sujetos protegidos para el Estado de Morelos.
CAPÍTULO VI.- Dispone sobre las medidas de protección, es decir, todas las
acciones y mecanismos tendientes a proteger a los citados sujetos.
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CAPÍTULO VII.- Hace referencia al Programa su aplicación, el ingreso, su
operatividad.
CAPÍTULO VIII.- Alude sobre el Convenio de entendimiento, derechos y
obligaciones de los sujetos protegidos, la coordinación con la Fiscalía General a
través de la Unidad.
CAPÍTULO IX.- Establece los lineamientos del estudio técnico, para ver la
viabilidad de incorporar a las personas a dicho Programa, mismo estudio que lo
realizará la Unidad.
CAPÍTULO X.- Nos refiere las atribuciones y obligaciones que tendrá el Poder
Judicial del Estado de Morelos, respecto a las disposiciones de la presente
propuesta de Ley.
CAPÍTULO XI.- Establece sobre unas de las obligaciones que tendrá el titular de la
Unidad, respecto a la transparencia y rendición de cuentas.
CAPÍTULO XII.- Comenta sobre los recursos que contara el multicitado Programa.
CAPÍTULO XIII.- De las responsabilidades y sanciones para aquellos servidores
públicos que infrinjan la presente la Ley en comento.
V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA:
Estas Comisiones Unidas, en ejercicio de las facultades con las que se encuentra
investida y que otorga la fracción III, del artículo 106, del Reglamento para el
Congreso del Estado, considera realizar diversas modificaciones, mismas que
consisten respecto al párrafo segundo del artículo 19, de la Ley que nos ocupa, ya
que en el texto propuesto establece la vinculación de los principios en la materia
de la Ley de Víctimas, siendo lo correcto hacer referencia a la Ley de Atención y
Reparación a Víctimas y de Violaciones a los Derechos Humanos, es decir, con
ello generamos un completo acto legislativo y al mismo tiempo damos certeza
jurídica, la segunda modificación versa sobre el régimen transitorio; la primera de
ella, invertir el orden de los artículos primero y segundo transitorios, esto con la
finalidad de no violentar un debido proceso legislativo, tal y como se contempla en
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los artículos 44 y 70, fracción XVII inciso a), de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos; la segunda de las modificaciones obedece a
replantear el contenido de la disposición cuarta transitoria, en el sentido de que
sea el Poder Ejecutivo a través de la Dependencia correspondiente, quien
contemple en el Presupuesto de Egresos correspondiente, la asignación de
recursos para la debida operatividad y cumplimiento del proyecto de ley que se
analiza, el cual sea sometido ante este Poder Legislativo para su análisis y
aprobación correspondiente. La presente argumentación descansa y tiene
sustento en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:
Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XXXIII-abril de 2011, página 228, mismo que es del rubro y textos siguientes:
PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE
LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR,
MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO,
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE
PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. La
iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el mecanismo de
creación de la norma general para satisfacer las necesidades que requieran
regulación, fija el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin
que ello impida abordar otros temas que, en razón de su íntima vinculación con el
proyecto, deban regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud
de la potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el
proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar la propuesta
dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, ya que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prohíbe al Congreso de
la Unión cambiar las razones o motivos que lo originaron, sino antes bien, lo
permite. En ese sentido, las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la
Constitución General de la República, específicamente la de presentar iniciativas
de ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer
deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los órganos participantes en el
proceso legislativo modificar una propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras
que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los
actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o
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adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiese
sido propuesta la iniciativa correspondiente, ya que basta que ésta se presente en
términos de dicho artículo 71 para que se abra la discusión sobre la posibilidad de
modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al
Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue
propuesta, o específica y únicamente para determinadas disposiciones que
incluía, y poder realizar nuevas modificaciones al proyecto.
Por lo anterior, una vez analizada la procedencia de las modificaciones aludidas y
fundadas las facultades de esta Comisión Dictaminadora, se propone a realizar la
modificación bajo el orden siguiente:
Artículo 19. …
Lo anterior considerando, cuando así resulte aplicable, los principios en la materia
previstos en la Ley de Atención y Reparación a Víctimas y de las Violaciones a los
Derechos Humanos para el Estado de Morelos y demás disposiciones jurídicas
relacionadas.
PRIMERA. Remítase la presente Ley al Gobernador Constitucional del Estado,
para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y
c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor una vez que se cuente con el
presupuesto correspondiente para la aplicación de la Ley.
CUARTA.- El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de la Dependencia
que corresponda, contemplará en el Presupuesto de Egresos correspondiente, la
asignación de recursos para la debida operatividad y cumplimento de los fines de
la presente Ley, el cual será sometido a consideración y aprobación del Congreso
del Estado de Morelos.
Por lo anteriormente expuesto, esta LII Legislatura ha tenido a bien expedir la
siguiente:
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LEY DE SUJETOS PROTEGIDOS PARA EL ESTADO DE MORELOS
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés
social y de observancia general en el Estado de Morelos; y tiene por objeto
establecer las medidas y los procedimientos para garantizar la protección y
atención de aquellas personas que, con motivo de su intervención, participación o
como resultado de un procedimiento penal, su integridad se encuentren en
situación de riesgo o peligro; sin perjuicio de las disposiciones previstas en la Ley
de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos
Humanos para el Estado de Morelos.
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:
I. Código Nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales;
II. Comisión Estatal, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública;
III. Convenio de Entendimiento, al documento que suscribe la persona titular de
la Unidad y la persona a proteger de manera libre e informada, en donde acepta
voluntariamente ingresar al Programa y se definen de manera detallada las
obligaciones y acciones que realizará aquella, así como las obligaciones y
acciones a que deberá sujetarse la persona a proteger y las sanciones por su
incumplimiento;
IV. Estudio Técnico, al análisis elaborado por un grupo multidisciplinario de la
Unidad, a fin de determinar acerca de la incorporación o separación de una
persona al Programa;
V. Fiscal General, a la persona titular de la Fiscalía General;
VI. Fiscalía General, a la Fiscalía General del Estado de Morelos;
VII. Instituciones Policiales, a los elementos de Policía Preventiva Estatal, con
sus grupos de investigación, y municipal, de la Policía Ministerial, a los
elementos de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, así
como a los encargados de la seguridad durante los procesos judiciales y la
vigilancia del cumplimiento de las medidas cautelares tanto de adolescentes
como de adultos, bomberos y de rescate y, en general, todas las dependencias
encargadas de la seguridad pública a nivel Estatal y Municipal;
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VIII. Ley, al presente instrumento jurídico;
IX. Ley de Víctimas, a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y
de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos;
X. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Morelos;
XI. Medidas de Protección, a las acciones y los mecanismos realizados por la
Unidad tendientes a salvaguardar la vida, la integridad personal, la salud, la
tranquilidad, la seguridad de su domicilio, la libertad y los demás derechos de
los Sujetos Protegidos;
XII. Procedimiento Penal, a las etapas procesales que comprenden desde el
comienzo de la investigación inicial hasta la sentencia emitida por el Tribunal de
enjuiciamiento, de conformidad con la normativa aplicable;
XIII. Programa, al Programa de Sujetos Protegidos para el Estado de Morelos;
XIV. Riesgo o peligro, a la amenaza real e inminente que, de actualizarse,
expone la vida e integridad física del Sujeto Protegido, por su intervención en un
Procedimiento Penal;
XV. Sujeto Protegido, a la persona que recibe protección en términos de la Ley
por encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un
procedimiento penal, y
XVI. Unidad, a la Unidad Administrativa adscrita a la Fiscalía General.
Artículo 3. Las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la
colaboración que les requiera la Fiscalía General, a través de la Unidad, para la
aplicación de las Medidas de Protección previstas en la presente Ley.
Artículo 4. La información y documentación relacionada con los Sujetos
Protegidos será considerada como reservada y confidencial, en los términos de la
normativa aplicable, con excepción de aquella de carácter estadístico, la cual
podrá ser proporcionada en los términos legales que así corresponda, siempre y
cuando no ponga en riesgo o peligro la seguridad de aquellos.
Artículo 5. La Fiscalía General podrá celebrar Acuerdos, Convenios y demás
instrumentos jurídicos con la Procuraduría General de la República, así como con
otras Fiscalías o su equivalente en las Entidades Federativas, la Comisión Estatal
e Instituciones de Seguridad Pública Municipal, así como demás Organismos e
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Instituciones privadas, a efecto de establecer los mecanismos necesarios de
colaboración para el resguardo de los Sujetos Protegidos.
Artículo 6. La Comisión Estatal y las diversas Instituciones Policiales, tomarán en
consideración la proporción de su estado de fuerza, con el objeto de contar con
una unidad especial de protección de personas, debidamente capacitada y
equipada, que será la encargada de ejecutar las medidas de resguardo y
asistencia de los Sujetos Protegidos que hayan sido ordenadas por el Ministerio
Público o la autoridad jurisdiccional competente, debiendo informar de sus
actuaciones a la Unidad.
CAPÍTULO II
DE LA UNIDAD
Artículo 7. La Unidad es la encargada de la implementación y seguimiento de
Programas, Lineamientos y de las Medidas de Protección y demás acciones que
determine la presente Ley.
Artículo 8. La persona titular de la Unidad, para el cumplimiento de esta Ley, tiene
las siguientes atribuciones:
I. Promover el respeto y protección de los derechos humanos de los Sujetos
Protegidos;
II. Resguardar los datos personales de los Sujetos Protegidos que se
encuentren en las carpetas de investigación, documentos, archivos y registros
de la Fiscalía General;
III. Evitar la publicidad de la información de las personas que participen en un
procedimiento penal como Sujetos Protegidos y restringir o, en su caso, limitar
la misma por razones de su protección y cuando se ponga en riesgo o peligro la
revelación de datos legalmente protegidos;
IV. Solicitar la práctica de estudios psicológicos, clínicos y, en general, de todos
aquellos que sean necesarios para garantizar la idoneidad de la incorporación
del Sujeto Protegido al Programa, así como para su permanencia;
V. Otorgar asesoría jurídica a los Sujetos Protegidos, informándoles de los
beneficios que establece la presente Ley, el Código Nacional y demás
normativa aplicable;
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VI. Mantener un registro y expediente de los Sujetos Protegidos incorporados al
Programa;
VII. Canalizar a los Sujetos Protegidos ante la instancia de Salud
correspondiente, a fin de que reciban la atención médica y psicológica de
urgencia necesaria y facilitar su atención por parte de médicos y peritos
forenses cuando deba participar como objeto de prueba;
VIII. Autorizar las Medidas de Protección que resulten procedentes;
IX. Elaborar y coordinar las acciones de los programas dirigidos a los Sujetos
Protegidos;
X. Gestionar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para
la correcta aplicación de sus obligaciones con las instancias y autoridades
correspondientes;
XI. Conocer y dar trámite a las solicitudes de Medidas de Protección que
formulen las personas que se encuentren en riesgo o peligro, así como aquellas
del Ministerio Público y la autoridad Jurisdiccional;
XII. Autorizar, implementar, modificar y suprimir las Medidas de Protección a los
Sujetos Protegidos, de conformidad con el Estudio Técnico que emita el equipo
técnico de la Unidad;
XIII. Solicitar, cuando el caso lo amerite, a otras Instituciones Públicas los
servicios para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, guardando la
reserva que el caso requiera, so pena de incurrir en responsabilidad;
XIV. Informar a las autoridades y a los Sujetos Protegidos, la modificación o
supresión de todas o algunas de las Medidas de Protección autorizadas;
XV. Conformar y solicitar la creación de los equipos técnicos evaluadores y de
protección necesarios por razones del servicio;
XVI. Ejercer el mando directo e inmediato sobre el personal que le esté adscrito;
XVII. Proponer al Fiscal General, la celebración de Acuerdos o Convenios y
mantener las relaciones, en los ámbitos estatal, federal e internacional, con
Organismos e Instituciones Públicos o privados, para facilitar el cumplimiento de
la presente Ley, y
XVIII. Las demás que le confiera la normativa aplicable.
Artículo 9. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Unidad contará con el
personal y el equipo necesario, de conformidad con el procedimiento de selección
que garantice la idoneidad de esa unidad administrativa y conforme a la suficiencia
presupuestal aprobada para ello.
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Artículo 10. El Equipo Técnico de la Unidad cuenta con las siguientes
atribuciones:
I. Emitir el Estudio Técnico para el otorgamiento, la modificación o la supresión
de las Medidas de Protección solicitadas; este Estudio Técnico incluirá la
evaluación del riesgo o peligro y el estudio de seguridad;
II. Recomendar las Medidas de Protección que técnicamente considere
convenientes para cada caso;
III. Solicitar a las Instituciones Públicas o Privadas, la información necesaria
para su dictamen;
IV. Gestionar la asistencia necesaria para los Sujetos Protegidos;
V. Dar seguimiento a los casos de los Sujetos Protegidos;
VI. Revisar cada seis meses, las Medidas de Protección en ejecución y rendir
un informe, cuando la medida acordada supere ese plazo, o en cualquier otro
caso en que la Unidad así lo disponga, y
VII. Cumplir las demás funciones que les encomienden sus superiores
jerárquicos y se desprenda de otros ordenamientos aplicables.
Artículo 11. La Unidad establecerá y mantendrá una línea telefónica de
emergencia, las veinticuatro horas del día, con personal especialmente
capacitado, de conformidad con lo que disponga el Reglamento de la Ley.
Artículo 12. La Unidad se integrará por un grupo multidisciplinario de servidores
públicos, como abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y demás
profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía de
Investigación Criminal.
Artículo 13. La Unidad deberá de elaborar lineamientos de resguardo por cada
Sujeto Protegido, en razón de las circunstancias y características de cada asunto,
debiendo contener, cuando menos, las medidas que garanticen la protección, el
número de elementos para su protección y la instancia de seguridad pública
encargada del resguardo.
CAPÍTULO III
DEL MINISTERIO PÚBLICO
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Artículo 14. Corresponderá al Ministerio Público en coordinación con la Unidad:
I. Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, las Medidas de Protección
previstas en la presente Ley, sin perjuicio de las facultades que corresponden a
aquella;
II. Solicitar la colaboración de cualquier autoridad para garantizar, de manera
efectiva, la seguridad y bienestar físico, psicológico y social de los Sujetos
Protegidos en los términos de la Ley;
III. Dictar las Medidas de Protección distintas a las de aplicación exclusiva de la
Unidad, tendientes a garantizar la seguridad de los Sujetos Protegidos que se
encuentren en una situación de riesgo o peligro, entre las cuales podrá tomar
en cuenta las previstas en la Ley, así como las señaladas en otros
ordenamientos legales aplicables;
IV. Vigilar que el trato que reciben los Sujetos Protegidos, por parte del personal
encargado del resguardo, sea en estricto apego a los derechos humanos;
V. Explicar a los Sujetos Protegidos sobre la importancia de declarar en el
procedimiento penal e informarles de las medidas que se instrumentan para
proporcionarles el resguardo, y
VI. Las demás previstas por esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO IV
DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN
Artículo 15. La Unidad se integrará con agentes de la Policía de Investigación
Criminal, los que estarán debidamente capacitados para el cumplimiento de sus
funciones.
Artículo 16. El personal de la Policía de Investigación Criminal adscrito a la
Unidad, tendrán las siguientes atribuciones:
I. Ejecutar las Medidas de Protección dictadas por la persona titular de la
Unidad y la autoridad jurisdiccional;
II. Colaborar en la realización del Estudio Técnico;
III. Realizar sus actividades con respeto a los derechos humanos;
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IV. Guardar secrecía durante o después del procedimiento penal de las
cuestiones que tuvieran conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones,
en los términos de los instrumentos jurídicos que para tal efecto se emitan;
V. Garantizar la protección de la integridad física y psicológica de la persona
bajo su cuidado o custodia;
VI. Informar de forma inmediata a la Unidad, de cualquier incumplimiento de las
obligaciones del Sujeto Protegido;
VII. Las demás que disponga la persona titular de la Unidad para el
cumplimiento de la presente Ley y se desprendan de otras disposiciones
jurídicas aplicables.
CAPÍTULO V
DEL TRÁMITE PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA
Artículo 17. Una vez que la Unidad haya recibido el requerimiento de protección
por parte del Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional, solicitará al Equipo
Técnico el Estudio Técnico correspondiente para conocer la vulnerabilidad de la
persona y el tipo de Medida de Protección, de ser el caso que la necesite; así
mismo, procederá a informarle sobre las distintas Medidas de Protección que
resulten idóneas para el caso, de modo tal que se apliquen aquellas que resulten
menos intrusivas para la persona, pero que sean suficientes para protegerla, salvo
determinación expresa de la autoridad competente en sentido diverso.
Artículo 18. Cuando el riesgo o peligro de una persona sea inminente de daño en
su integridad, libertad, bienes materiales o menoscabo sustancial de sus derechos
fundamentales por el delito que se trate, el Ministerio Público y la Unidad
procederán de inmediato a la aplicación de las Medidas de Protección.
CAPÍTULO VI
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Artículo 19. Las Medidas de Protección que otorgue la Unidad deberán de ser
inmediatas y efectivas, proporcionales al riesgo o peligro que se quiera evitar y
adecuadas para generar confianza en el Sujeto Protegido.
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Lo anterior considerando, cuando así resulte aplicable, los principios en la materia
previstos en la Ley de Atención y Reparación a Víctimas y de las Violaciones a los
Derechos Humanos para el Estado de Morelos y demás disposiciones jurídicas
relacionadas.
Artículo 20. Para el caso de las Medidas de Protección que se brinden a los
Sujetos Protegidos, se tomará como base lo siguiente:
I. La vulnerabilidad del Sujeto Protegido;
II. La situación de riesgo o peligro;
III. La relevancia del caso;
IV. La trascendencia e idoneidad de su testimonio;
V. La capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa;
VI. La capacidad del agente generador del riesgo o peligro de hacer efectivo el
daño, y
VII. Otras circunstancias que justifiquen la medida, conforme a la normativa
aplicable.
Artículo 21. Las Medidas de Protección serán las siguientes:
I. La custodia personal o residencial, ya sea mediante la vigilancia directa o a
través de otras medidas de seguridad, incluso en la residencia del Sujeto
Protegido, según sea el caso;
II. El alojamiento temporal del Sujeto Protegido en lugares reservados o centros
de protección;
III. Rondines policiales al domicilio del Sujeto Protegido;
IV. Traslado con custodia de los Sujetos Protegidos, a las dependencias donde
se deba practicar alguna diligencia o a su domicilio;
V. Consultas telefónicas periódicas de la Unidad al Sujeto Protegido;
VI. Cambio de número telefónico del Sujeto Protegido, y
VII. Capacitación sobre medidas de autoprotección.
Las medidas a que se refieren las fracciones anteriores y su inspección atenderán
a las disposiciones que se prevean en el Reglamento de la presente Ley.
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CAPÍTULO VII
DEL PROGRAMA
Artículo 22. El Programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos
en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de
riesgo o peligro por su participación de forma directa o indirecta en un
procedimiento penal.
Artículo 23. El fondo del Programa será administrado por la Fiscalía; el
Reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento correspondiente para el
manejo de los recursos del fondo.
Artículo 24. En el Programa existirá un convenio de regulación, en el que se
establecerán los requisitos de ingreso y terminación de las Medidas de Protección,
así como los apoyos para solventar las necesidades personales básicas, cuando
su intervención en el Procedimiento Penal así lo requiera.
Artículo 25. Los Sujetos Protegidos que ingresen al Programa, serán
desincorporados de éste cuando incumplan cualquiera de las obligaciones
establecidas por la normativa aplicable y cuando:
I. Se abstengan de colaborar con la administración de justicia;
II. Realicen conductas que contravengan las decisiones emitidas por la Unidad
para garantizar la eficacia de las medidas acordadas;
III. Proporcionen, deliberadamente, información falsa a los servidores públicos o
empleados de la Unidad, a fin de ser incluidos en el Programa;
IV. Desaparezca el riesgo o peligro;
V. Renuncien voluntariamente al Programa, y
VI. Cualquier otra circunstancia razonable que haga innecesario el
mantenimiento de la Medida de Protección.
La Medida de Protección se mantendrá hasta que la resolución de exclusión
quede firme.
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CAPÍTULO VIII
DEL CONVENIO DE ENTENDIMIENTO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS SUJETOS PROTEGIDOS
Artículo 26. Los Sujetos Protegidos deberán firmar, en coordinación con la
Fiscalía a través de la Unidad, un Convenio de Entendimiento, el cual regulará los
compromisos asumidos por cada parte, siendo, cuando menos, los siguientes:
I. La manifestación del Sujeto Protegido, para su incorporación al Programa de
manera voluntaria, con pleno conocimiento, sin coacción y que las Medidas de
Protección a otorgar no serán entendidas como pago, compensación o
recompensas por su intervención en el procedimiento penal;
II. La manifestación del Sujeto Protegido de estar enterado sobre la
temporalidad de las Medidas de Protección, las cuales se mantendrán mientras
subsistan las circunstancias que le dieron origen;
III. Los alcances y el carácter de las Medidas de Protección que se van a
otorgar por parte de la Unidad;
IV. La facultad que tiene la Unidad para mantener, modificar o suprimir todas o
algunas de las Medidas de Protección durante el procedimiento penal cuando
exista la solicitud del Sujeto Protegido o se produzcan hechos o circunstancias
que así lo ameriten;
V. La manifestación expresa de su conocimiento respecto de las obligaciones
que prevé el artículo 30 de la presente Ley;
VI. Las sanciones por el incumplimiento del Sujeto Protegido, incluida la
separación del Programa, y
VII. Las condiciones que regulan la terminación de su incorporación al
Programa.
Artículo 27. Los Sujetos Protegidos serán responsables de las consecuencias que
se deriven, cuando por sus actos infrinjan las obligaciones que el Programa les
impone.
En caso de que el Sujeto Protegido sea un menor o incapaz, el Convenio de
Entendimiento deberá también ser suscrito por el padre o tutor o quien ejerza la
patria potestad o representación.
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Artículo 28. En caso de que sean incorporados de manera simultánea por un
mismo hecho o circunstancia varias personas para su protección, el
incumplimiento de las obligaciones impuestas por parte de alguna de ellas, no
afectará a las demás personas que se encuentren relacionadas con esta.
Artículo 29. Además de lo previsto en los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte y la normativa aplicable, los Sujetos Protegidos, tienen
los siguientes derechos:
I. Recibir, en forma gratuita, asistencia psicológica, psiquiátrica, jurídica, social o
médica de urgencia, a través de las instancias correspondientes;
II. Contar con una ocupación laboral estable o una contraprestación económica
razonable;
III. Ser informado de los alcances y beneficios del Programa;
IV. Solicitar, cuando así lo considere oportuno, la terminación de las Medidas de
Protección;
V. Impedir que se capten o se transmitan imágenes de su persona y de sus
familiares que permitan su identificación, y
VI. Conservar la confidencialidad de la información sobre su domicilio,
familiares, números telefónicos y demás datos personales o aquellos que
pudieran poner en riesgo o peligro su seguridad.
Artículo 30. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable, de acuerdo
con la materia que corresponda, los Sujetos Protegidos que se incorporen al
Programa tienen las siguientes obligaciones:
I. Colaborar con las acciones de la Fiscalía General, a través de la Unidad y el
Ministerio Público;
II. Informar plenamente de sus antecedentes penales, posesiones, propiedades
y deudas u obligaciones de carácter civil, al momento de solicitar su
incorporación al Programa;
III. Atender las recomendaciones que les sean formuladas en materia de
seguridad;
IV. Abstenerse de informar que se encuentran incorporados en el Programa o
divulgar información del funcionamiento del mismo;
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V. Utilizar correctamente las instalaciones y demás recursos que sean puestos
a su disposición con motivo de su incorporación al Programa;
VI. Colaborar para que su protección se desarrolle en condiciones dignas;
VII. Abstenerse de consumir sustancias embriagantes y psicotrópicas;
VIII. Colaborar y someterse a los tratamientos médicos, psicológicos y de
rehabilitación que determine la Unidad;
IX. Abstenerse de asumir conductas que pongan en peligro su integridad y la
del Programa, de frecuentar personas que puedan poner en situación de riesgo
o peligro su seguridad o la de su familia, así como de comunicarse con ellas, y
de concurrir a lugares que pueden implicar un riesgo o peligro;
X. Proporcionar información veraz y oportuna para la investigación y
comprometerse a rendir testimonio dentro del procedimiento penal;
XI. Comprometerse a realizar las acciones solicitadas por la Unidad para
garantizar su integridad y seguridad;
XII. El deber de guardar la confidencialidad de las condiciones y formas de
operación del Programa, incluso cuando salga del mismo;
XIII. Mantener una comunicación constante con la Unidad y el personal que le
sea asignado para su seguridad;
XIV. Respetar a las autoridades y todo el personal encargado de velar por su
protección, y
XV. Cualesquiera otra que la Unidad considere oportuna.
CAPÍTULO IX
DEL ESTUDIO TÉCNICO
Artículo 31. La Unidad deberá realizar un Estudio Técnico que le permita decidir
sobre la viabilidad de incorporar a una persona al Programa.
Artículo 32. Cuando se haga una solicitud de incorporación al Programa, la
persona titular de la Unidad, en un tiempo razonable, a fin de determinar su
procedencia, tomará en consideración el resultado del Estudio Técnico, el cual
deberá de contener un análisis, por lo menos, sobre los siguientes aspectos:
I. Si existe un nexo entre la intervención de la persona a proteger en el
procedimiento penal y los factores de riesgo o peligro en que se encuentre la
persona susceptible de recibir protección;
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II. Que el consentimiento de la persona y proporción de información fidedigna y
confiable para la realización del Estudio Técnico, apercibida de que la falsedad
en su dicho pudiere tener como consecuencia la no incorporación al Programa;
III. Que la persona a proteger no esté motivada por interés distinto que el de
colaborar con la procuración y administración de justicia;
IV. Si las Medidas de Protección sean las idóneas para garantizar la seguridad
de la persona;
V. Las obligaciones legales que tenga el Sujeto Protegido con terceros;
VI. Los antecedentes penales que, en su caso, tuviere, y
VII. Si la admisión del Sujeto Protegido no sea un factor que afecte la seguridad
del Programa.
Artículo 33. Una vez concluida la participación de un Sujeto Protegido en el
procedimiento penal, se realizará un estudio a fin de determinar si aún existen
condiciones de riesgo o peligro y, en su caso, aplicar el Programa.
Así mismo, se podrá concluir la Medida de Protección por mandato judicial u otra
autoridad competente.
Artículo 34. El Estudio Técnico que se realice dará elementos suficientes para
que la persona titular de la Unidad adopte la decisión correspondiente, que podría
ser reconsiderada a solicitud del Fiscal General y en los términos siguientes:
I. Incorporar al solicitante al Programa y establecer las Medidas de Protección
que se le aplicarán, y
II. La no incorporación al Programa, en virtud de los razonamientos que
contenga el Estudio Técnico.
CAPÍTULO X
DEL PODER JUDICIAL
Artículo 35. El Poder Judicial del Estado, en términos de la normativa aplicable y
la Ley, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
I. Dictar las medidas pertinentes para el resguardo de la identidad y otros datos
personales de los Sujetos Protegidos, y
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Promulgación 2014/12/09
Publicación 2014/12/10
Expidió LII Legislatura
Periódico Oficial 5243 Alcance “Tierra y Libertad”
Ley de Sujetos Protegidos para el Estado de Morelos
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Dirección General de Legislación.
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II. Vigilar el cumplimiento del Ministerio Público en el otorgamiento de las
Medidas de Protección a su cargo, y que no se violente el ejercicio del derecho
de defensa u otros derechos fundamentales.
CAPÍTULO XI
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 36. La persona titular de la Unidad presentará un informe semestral al
Fiscal General sobre los resultados y las operaciones que desarrolla el Programa,
mismo que se realizará de modo que pueda ofrecer una estadística de las
acciones implementadas.
Bajo ninguna circunstancia se podrán asentar datos que pongan en riesgo o
peligro la integridad de los Sujetos Protegidos.
Artículo 37. A través de la Visitaduría General, se realizarán las actividades de
auditoría y las inspecciones necesarias para vigilar la correcta aplicación del
Programa por parte de la Unidad; su personal debe estar habilitado y suscribirá
una carta compromiso en donde se establezca su obligación de confidencialidad,
respecto a la operación del Programa, incluso una vez que se hubiese separado
de su empleo, cargo o comisión.
CAPÍTULO XII
DEL FONDO DEL PROGRAMA
Artículo 38. El Programa operará con los recursos y el presupuesto que al efecto
sea asignado en el Presupuesto de Egresos correspondiente por el Congreso del
Estado.
Artículo 39. El Fondo del Programa también podrá contar con los siguientes
recursos económicos:
I. Las aportaciones y donaciones que, de manera altruista, realicen las
personas físicas u organismos privados, públicos y sociales, nacionales o
extranjeros;
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II. Los legados, subvenciones o cualquier otra asignación lícita de personas
físicas o entidades gubernamentales o no gubernamentales;
III. El producto del decomiso de instrumentos u objetos del delito, una vez que
se haya cubierto la reparación del daño;
IV. El producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio,
con base en la ley aplicable;
V. Los intereses que generen los depósitos, y
VI. Los demás ingresos que por ley le sean asignados.
En los supuestos previstos en las fracciones III y IV, la autoridad judicial destinará
al fondo, un porcentaje del producto que se obtenga en los procesos en que se
haya autorizado al Programa.
El Fondo del Programa será administrado por la Unidad, en los términos del
procedimiento previsto en el Reglamento de la Ley.
CAPÍTULO XIII
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
Artículo 40. Serán sujetos de responsabilidad aquellos servidores públicos que
infrinjan la presente Ley, su Reglamento y cualquier otra normativa que les
imponga una obligación, en los términos de la Ley Orgánica y Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, con independencia de las que se
deriven de la aplicación de otras disposiciones legales.
Artículo 41. A la persona que conozca información relacionada con la aplicación,
ejecución y personas vinculadas con el Programa y divulgue la misma, sin contar
con la autorización correspondiente, será sancionado de acuerdo a la ley de la
materia.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase la presente Ley al Gobernador Constitucional del Estado,
para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y
c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
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SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor una vez que se cuente con el
presupuesto correspondiente para la aplicación de la Ley.
TERCERA. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico
que se opongan a la presente Ley.
CUARTA. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de la Dependencia
que corresponda, contemplará en el Presupuesto de egresos correspondiente, la
asignación de recursos para la debida operatividad y cumplimento de los fines de
la presente Ley, el cual será sometido a consideración y aprobación del Congreso
del Estado de Morelos.
QUINTA. En un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, deberá de expedirse el Reglamento de la
presente Ley.
SEXTA. La Fiscalía General, en la fecha en que entre en vigor la presente Ley,
pondrá en funcionamiento a la Unidad y constituirá los equipos técnicos
evaluadores necesarios.
Recinto Legislativo, Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el día nueve del mes de
diciembre de dos mil catorce.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado. Dip. Lucía Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Hernández
Gordillo. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. Secretario. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de
Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de
diciembre de dos mil catorce.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS
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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
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