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Ley de Víctimas del Estado de Morelos
LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
OBSERVACIONES GENERALES.- Se reforma el párrafo inicial del artículo 136 por artículo décimo cuarto del Decreto
No. 1310, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5172, de fecha 2014/03/26. Vigencia 2014/03/27.
- Se reforma el primer párrafo, del artículo 103 por artículo único del Decreto No. 1321, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, No. 5175, de fecha 2014/04/02. Vigencia 2014/04/03.
- Se reforman las fracciones I, V, XVIII y XIX del artículo 50; se adicionan un cuarto párrafo al artículo 5, recorriéndose en
su orden el párrafo subsecuente; y las fracciones XX, XXI, XXII, XXIII y dos párrafos al artículo 50 por artículo séptimo
del Decreto No. 2048, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5243 Alcance, de fecha 2014/12/10.
- Se reforma el párrafo segundo del artículo 84, por artículo único del Decreto No. 1467 publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” No. 5478 de fecha 2017/03/01. Vigencia 2017/03/02.
- La disposición transitoria cuarta a la letra dice: Dada la nueva configuración de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos se abroga el “Decreto número mil seiscientos setenta y cuatro, por el que
se designan a cinco Comisionados para Integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5237, de 19 de noviembre
de 2014, dejando sin efecto las designaciones realizadas por virtud de dicho Decreto.
Al efecto se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos Parlamentarios y a la Dirección Jurídica, ambas del
Congreso del Estado de Morelos, para que notifique el contenido de la presente Disposición Transitoria a los Ciudadanos
cuya designación se deja insubsistente. Ello sin perjuicio de que el Decreto número mil seiscientos setenta y cuatro, así
como las designaciones por virtud del cual se realizan, queden sin efectos desde el momento mismo en que el presente
Decreto inicie su vigencia.
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- La disposición transitoria quinta abroga el “Acuerdo parlamentario por el que se designa a dos Diputados que integrarán
el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, conforme a lo
establecido en la fracción III, del artículo 102, de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones
a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y L ibertad”, número 5439,
de 12 de octubre de 2016.
- Se reforma el artículo 23 por artículo octavo del Decreto No. 3248, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
No. 5611 Alcance, de fecha 2018/07/11. Vigencia: 2018/07/12.
- Se reforma el artículo 23 por artículo octavo del Decreto No. 242, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
No. 5707, de fecha 2019/05/22. Vigencia: 2019/05/23.
- Se reforma la fracción XXXIV del artículo 7 y se adicionan la fracción XXXVIII recorriéndose la actual del artículo 7 y la
fracción XXXII recorriéndose la actual del artículo 110, por artículo primero del Decreto No. 667, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5896 de fecha 2020/12/23. Vigencia: 2020/12/24.
- Se reforma integralmente el artículo 72 del presente ordenamiento, por ARTÍCULO ÚNICO dispositivo del Decreto
número 1871, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 6309, de fecha 2024/05/15. Vigencia: 2024/05/16.
Podrá consultar la publicación oficial en la siguiente liga: https://periodico.morelos.gob.mx/obtenerPDF/2024/6309.pdf
- Se reforma el artículo 7 del presente ordenamiento, por ARTÍCULO CUARTO dispositivo del Decreto 2359, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 6343 Segunda Sección, de fecha 2024/09/04. Vigencia: 2024/09/05. La
publicación oficial de la reforma se encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga:
http://periodico.morelos.gob.mx/obtenerPDF/2024/6343_2A.pdf
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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES
SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo
siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo
verificativo el día cuatro de julio de dos mil dieciséis, el Gobernador del Estado
libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma de manera integral la Ley de
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos
Humanos para el Estado de Morelos, incluyendo su denominación; y por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Morelos.
b) En consecuencia de lo anterior, la Diputada Beatriz Vícera Alatriste, Presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la
Iniciativa, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante
oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1608/17, de fecha seis de julio de dos
mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Atención a Víctimas. Asimismo, en
fecha seis de julio de dos mil diecisiete, por acuerdo de Pleno de la Sesión
Ordinaria de esa misma fecha, se amplió el turno de la iniciativa para ser enviado
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que, en comisiones unidas
se realice su análisis y dictamen correspondiente.
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II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS
A manera de síntesis, el iniciador presenta a consideración de esta Soberanía la
iniciativa con el objeto siguiente:
La iniciativa que reforma integralmente a la Ley de Atención y Reparación a
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de
Morelos, tiene como finalidad de armonizar la mayor parte de sus disposiciones
jurídicas, respetando de esta manera las bases mínimas derivado de la
publicación del Decreto que reforma a la Ley General el pasado 03 de enero de
2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La iniciativa que reforma integralmente a la Ley de Atención y Reparación a
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de
Morelos modifica de esta manera diversas disposiciones jurídicas de dicha Ley,
entre otras, en materia de Asesoría Jurídica, Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral, Medidas en Materia de Traslado y la estructura orgánica de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Nacional.
En tal virtud, con la presente iniciativa se pretende armonizar las disposiciones
jurídicas de la Ley de Víctimas con las contenidas ahora en la Ley General, dando
cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto en citado Artículo Transitorio
estableció en su Transitorio Noveno lo siguiente:
“…Noveno.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y
presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto…”
Lo anterior, sin perjuicio de mantener otro tipo de regulaciones que otorgan
mayores derechos a las víctimas que los previstos en la Ley General, como lo es
la creación de la Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos.
La iniciativa de cuenta con relación a la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Morelos, corresponde, según se establece en la
Constitución Local, atender la legislación relativa a la atención de víctimas de
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delitos y de violaciones de derechos humanos, incorporando estrategias, políticas
y modelos de profesionalización de sus recursos humanos, pero no la prestación
del servicio de asesoría a víctimas jurídica per se, es por ello que en atención a la
Ley General de Víctimas que establecer que los Asesores Jurídicos son aquellos
adscritos a la Comisión Ejecutiva, en este caso, Federal; la presente iniciativa
pretende realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Fiscalía
citada, para que en atención a lo previsto por la Ley de Víctimas, sea la Comisión
Ejecutiva la autoridad competente para brindar la oportuna atención y de manera
integral a las víctimas, a través de la prestación de asesoría jurídica, atención
médica, psicológica y de orientación social, y no así la Fiscalía General del Estado
de Morelos, con base en el impacto del daño causado; la cual brinda asesoría
integral, procurando disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización
habitual, asegurando la restitución de los derechos de la víctima de manera
prioritaria y de ser posible, de manera inmediata
III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo
siguiente:
Respecto la reforma integral a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos:
El pasado 09 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General de Víctimas (en adelante Ley General), a fin de disminuir los índices
de impunidad a violaciones de derechos humanos y la mitigación de los daños
causados por la comisión de delitos, garantizando sus derechos a la asistencia, la
protección, la ayuda urgente, la verdad, la justicia, la reparación integral y la
sanción de los culpables, atendiendo de esta manera la preocupación de la
sociedad y las exigencias de las personas víctimas de estos, para con ello
contribuir al fortalecimiento del Estado democrático y social de derecho.
Dicha Ley General fue el resultado de movimientos sociales en los que se exigía la
creación de mecanismos que garantizaran a las víctimas el acceso a la justicia, su
protección y la reparación del daño causado por la acción u omisión del Estado
mexicano; en su creación participaron instituciones académicas, organizaciones
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de la sociedad civil, especializadas en litigio estratégico, especialistas y activistas
en derechos humanos, así como personas expertas en el tema de víctimas.
Cabe destacar que la creación de la citada Ley, atendió a los principios que
propone la victimología, como una ciencia joven sobre la cual se asientan pilares
para crear un sistema de justicia capaz de equilibrar el orden social. Por el
surgimiento como disciplina científica se celebró el I Simposio Internacional de
Victimología (Jerusalén, 1973), el cual atrajo la atención de especialistas de
distintas procedencias y, sobre todo, permitió un reconocimiento internacional para
la victimología. En ese orden, si bien la propia Constitución Federal establece un
catálogo de derechos para las víctimas de delitos en su artículo 20, apartado C, lo
cierto es que con la creación de la Ley General de Víctimas se pretende lograr la
consecución material de dichos derechos para víctimas del delito y de violaciones
a derechos humanos.
Sin duda la creación de una Ley de esta naturaleza se traduce en el
reconocimiento por parte del Estado respecto de la deficiencia en la atención y
prevención del delito, así como emana de la necesidad de atender las graves
consecuencias que el crimen provoca en la población; y, sobre todo, se sustenta
en el reconocimiento de que existe una clara necesidad de poner en marcha
elementos complementarios de acceso a la justicia que contribuyan a reducir la
desigualdad social mediante el establecimiento de mecanismos de protección
específicos para las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos que
hagan posible que este grupo vulnerado pueda ejercer efectivamente sus
libertades fundamentales y restaurarles sus derechos tras haberse visto afectadas
en su esfera inmediata.
La filosofía sobre la que encuentra justificación la existencia de una Ley de la
envergadura que nos ocupa, parte de la premisa que tanto el Gobierno como la
sociedad son responsables de la prevención del delito; su fracaso en esta tarea
genera un daño social pero también privado, por lo que la Ley de Víctimas es una
expresión pública de solidaridad. Su puesta en marcha facilita la recuperación de
la víctima y la articulación de mecanismos efectivos de compensación y asistencia
y la recuperación del tejido social.
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Así las cosas, sensible de lo importante de la atención y la reparación a las
víctimas, el suscrito Gobernador Constitucional del Estado convocó a los tres
Poderes de la Entidad, a integrantes de los tres niveles de Gobierno, a la
academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación
y a la sociedad en general, conformándose el Consejo Consultivo para la
elaboración de la Ley Estatal de Víctimas.
En tal virtud, el 17 de julio de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5105, segunda sección, la denominada “Ley de Atención y
Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para
el Estado de Morelos” (en adelante Ley de Víctimas), ello, como ya se señaló, a
iniciativa del que suscribe Titular del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual
expuso su preocupación respecto de las acciones criminales que quedan sin
respuesta, ya sea por la ausencia de la denuncia de la víctima en un acto de
renuncia de derechos imposible de evitar o por la propia insuficiencia o ineficacia
de las instituciones.
Así, la Ley de Víctimas surge con la finalidad de disminuir los altos índices de
impunidad resultado de la incidencia delictiva que lamentablemente lacera, no solo
al estado de Morelos, sino a gran parte del país, que afecta de manera dramática
la esfera jurídica de las personas que han sido víctimas del delito o que, en su
caso, han visto violentados sus derechos humanos. Ello como resultado de
movimientos sociales que exigían por parte del Estado la creación de políticas
públicas encaminadas a atender y, en la medida de lo posible, reparar el daño
causado.
Dicha Ley creó, por virtud de su artículo 102 a la “Comisión Ejecutiva de Atención
y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos” (en adelante Comisión Ejecutiva),
como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con funciones y objeto de coordinar
los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en
materia de atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a los
derechos humanos, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal
y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la
emisión de los actos de autoridad que conforme a su normativa correspondan.
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Cabe destacar que, a solicitud de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el 04 de
diciembre de 2013, el suscrito Titular del Poder Ejecutivo Estatal presentó a la LII
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, una iniciativa de Decreto por el
que se reformó el primer párrafo del artículo 103 de la citada Ley, a fin de que la
referida Comisión Ejecutiva dispusiera de una partida presupuestal suficiente para
cubrir las costas o aportaciones económicas que resulten convenientes para la
función de los cinco Comisionados a que hace referencia dicho artículo. Reforma
que fuera publicada el 02 de abril de 2014, en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5175.
En ese orden, una vez realizada dicha modificación se inició el proceso de
selección de los Comisionados Ciudadanos integrantes del Consejo de la
Comisión Ejecutiva, para lo cual se publicaron en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, números 5177 y 5193, dos convocatorias: la primera el 14 de abril; y la
segunda el 09 de junio, ambos de 2014, tal y como lo obligaban las Disposiciones
Tercera y Cuarta Transitorias de la citada Ley.
Desahogado el proceso previsto en dichas convocatorias, se conformaron cinco
ternas con las propuestas emanadas de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Morelos, así como de organizaciones civiles, tal y como lo estipula el artículo 103
de la Ley de Víctimas, las cuales fueron enviadas por mi parte a ese Congreso
Estatal, el 30 de junio de 2014.
Es así que, previo proceso al interior de ese Poder Legislativo, se aprobó y publicó
el “Decreto número mil seiscientos setenta y cuatro, por el que se designan a
cinco Comisionados para Integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención
y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos”, en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5237, de 19 de noviembre de 2014, cuya Disposición Cuarta
Transitoria señala que una vez realizada la designación de los Comisionados
citados, debería instalarse el Consejo del Organismo Público Descentralizado
creado por virtud de la Ley de Víctimas, mediante Convocatoria que emitiera el
Gobernador Constitucional del Estado, debiéndose expedir y aprobar el Estatuto
Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del
Estado de Morelos.
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Así también, con el objetivo de conformar el Consejo de la Comisión en cuestión,
mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número
5243, el 10 de diciembre de 2014, el Poder Legislativo designó a dos Diputados
que integraron el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos, tal como lo establece el artículo 102 de la Ley en
cuestión; designaciones que, han sido modificadas por virtud de la publicación de
un Acuerdo de 12 de octubre de 2016 en el ejemplar del Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5439.
Previo a lo anterior, el 05 de noviembre de 2014, fue publicado en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, el “Acuerdo por el cual se sectoriza a la
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, el Organismo Público
Descentralizado denominado Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos”, cuya Disposición Quinta Transitoria señala que
en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de
dicho Acuerdo, deberá instalarse conforme a la sectorización establecida en ese
instrumento, el Órgano de Gobierno del Organismo Público Estatal
Descentralizado denominado Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos.
Posteriormente, el 06 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5285, segunda sección, el nombramiento de la ciudadana
Nadxieelii Carranco Lechuga, como Coordinadora Ejecutiva de la Comisión
Ejecutiva, a quien designó el que suscribe con tal carácter; en ejercicio de las
facultades que la normativa aplicable le otorga y al ser convencido de su gran
capacidad profesional y talento.
Así también, el 10 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5295, el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva, en
cumplimiento a lo establecido por la Disposición Quinta Transitoria de la Ley de
Víctimas, que señala que una vez realizada la designación de los Comisionados
ciudadanos, deberá instalarse el Consejo de la Comisión Ejecutiva y aprobar su
Estatuto Orgánico; sesión de instalación que se llevó a cabo el 30 de marzo de
2015.
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Asimismo en cumplimiento a la Disposición Sexta Transitoria de la Ley de
Víctimas, el 11 de noviembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5341, el “Reglamento de la Ley de Atención y Reparación a
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de
Morelos en materia de Asesoría Jurídica, Registro y Reparación Económica”,
regulando lo relativo a estas últimas figuras.
Expuesto los antecedentes que regulan el marco normativo de los derechos de las
víctimas en el Estado, debe destacarse que el pasado 25 de julio de 2016 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se adiciona la
fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”, por el cual se le concedió al Congreso de la Unión la facultad expresa
para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia
de derechos de las víctimas; estableciéndose en el dictamen de las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos y de Estudios
Legislativos, que los derechos de las víctimas deben ser atendidos con criterios
homólogos en todo el país y por todas las autoridades competentes, de ahí la
necesidad de precisar la referida facultad para el Congreso de la Unión.
Aunado a lo anterior el pasado 03 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Víctimas”, modificando de esta manera
diversas disposiciones jurídicas de dicha Ley, entre otras, en materia de Asesoría
Jurídica, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, Medidas en Materia
de Traslado y la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas Nacional. Dicho Decreto estableció en su Transitorio Noveno lo siguiente:
“…Noveno.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y
presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto…”
En tal virtud, con la presente iniciativa se pretende armonizar las disposiciones
jurídicas de la Ley de Víctimas con las contenidas ahora en la Ley General, dando
cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto en citado Artículo Transitorio.
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En ese orden, derivado de la publicación del Decreto que reforma a la Ley
General, se realizó una revisión a la Ley de Víctimas para proyectar las reformas
pertinentes, análisis del cual se desprendió la necesidad de armonizar la mayor
parte de sus disposiciones jurídicas, respetando de esta manera las bases
mínimas ya establecidas por la Ley General, por lo que el presente Decreto prevé
una reforma integral a la vigente Ley de Víctimas. Lo anterior, sin perjuicio de
mantener otro tipo de regulaciones que otorgan mayores derechos a las víctimas
que los previstos en la Ley General, como lo es la creación de la Casa de la
Memoria Histórica del Estado de Morelos.
En tal virtud, la iniciativa que se somete a la consideración de esa Soberanía
respeta las bases ya establecidas por la Ley General, pues precisamente esta
última en atención al mandato constitucional ha determinado la competencia de
los tres niveles de Gobierno, así como la manera en que las autoridades deben
garantizar los derechos de las víctimas de delitos y violaciones a derechos
humanos.
Todo lo cual observa diversos criterios emitidos por el Poder Judicial de la
Federación en el sentido de que las leyes generales son normas expedidas por el
Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de
gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de
ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que
buscan ser la plataforma mínima para que las entidades federativas, puedan darse
sus propias normas tomando en cuenta su realidad social que impera.
Así, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales
pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en
determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica; es decir,
las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones
que contiene una ley general, pero no reducirlas.
En ese orden, la presente iniciativa proyecta, por una parte, diversas
adecuaciones a la Ley de Víctimas, proponiendo una reforma integral a su
contenido vigente; por lo que el instrumento jurídico que se somete a su
consideración se integra por 189 artículos, divididos en 18 Capítulos, de la
siguiente manera:
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Capítulo I: De las Disposiciones Generales;
Capítulo II: De los Derechos en lo General de las Víctimas;
Capítulo III: De los Derechos de Ayuda, Asistencia y Atención;
Capítulo IV: De las Medidas de Ayuda Inmediata;
Capítulo V: De las Medidas en Materia de Alojamiento y Alimentación;
Capítulo VI: De las Medidas en Materia de Traslado;
Capítulo VII: De las Medidas en Materia de Protección;
Capítulo VIII: De las Medidas de Asistencia y Atención:
Sección Primera: De las Medidas de Educación;
Sección Segunda: De las Medidas Económicas y de Desarrollo;
Sección Tercera: De las Medidas en Materia de Procuración y Administración de
Justicia;
Capítulo IX: Del Derecho a la Verdad;
Capítulo X: Del Derecho a la Reparación Integral:
Sección Primera: De las Medidas de Restitución;
Sección Segunda: De las Medidas de Rehabilitación;
Sección Tercera: De las Medidas de Compensación;
Sección Cuarta: De las Medidas de Satisfacción;
Sección Quinta: De las Medidas de No Repetición;
Capítulo XI: De la Participación del Estado en el Sistema Nacional de Atención a
Víctimas;
Capítulo XII: Del Sistema Estatal de Atención a Víctimas;
Capítulo XIII: De la Comisión Ejecutiva Estatal:
Sección Primera: De la Naturaleza y del Objeto;
Sección Segunda: De la Estructura Orgánica;
Sección Tercera: De la Junta de Gobierno;
Sección Cuarta: Del Comisionado Ejecutivo;
Sección Quinta: Del Órgano Interno de Control;
Sección Sexta: Del Comité Interdisciplinario Evaluador;
Sección Séptima: De la Asamblea Consultiva;
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Capítulo XIV: Del Registro Estatal de Víctimas:
Sección Única: Del Ingreso al Registro Estatal de Víctimas;
Capítulo XV: Del Fondo:
Sección Primera: De la Administración;
Sección Segunda: Del Procedimiento para Acceder al Fondo;
Sección Tercera: De la Reparación;
Capítulo XVI: De la Capacitación, Formación, Actualización y Especialización;
Capítulo XVII: De la Asesoría Jurídica Estatal, y
Capítulo XVIII: De las Disposiciones Finales.
Así, el instrumento jurídico propone diversas modificaciones a la Ley de Víctimas
vigente, entre las que destacan las siguientes:
Atendiendo la armonización que se pretende realizar con la Ley General, se
modifica el nombre de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos para quedar
como “Ley de Víctimas para el Estado de Morelos”, estableciendo de esta manera
una denominación de fácil identificación por su destinatario.
Esto es, se propone dicha denominación que, de manera genérica, engloba todo
tipo de derechos de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, lo
que no sucede con el actual nombre, pues únicamente se limita a enunciar la
atención y la reparación, olvidando otros derechos como la ayuda inmediata y la
asistencia, entre otros no menos importantes.
En abono, debe destacarse que diversas Entidades de la República prevén en
instrumentos legales en la materia, con denominaciones similares a la que se
propone, como lo es la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León y la Ley de
Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por cuanto a la organización administrativa de la Comisión Ejecutiva Estatal, el
actual artículo 102 de la Ley de Víctimas vigente creó dos instancias de dirección,
la Coordinación Ejecutiva y el Consejo; empero, la presente iniciativa propone una
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Junta de Gobierno, un Comisionado Ejecutivo y un Órgano Interno de Control, así
como un Comité Interdisciplinario y Evaluador y una Asamblea Consultiva.
En ese orden, se elimina la figura de la Coordinación Ejecutiva, creando así la
figura de Comisionado Ejecutivo como titular y representante legal de dicho
organismo público descentralizado, quien llevará a cabo las atribuciones que así le
concede la Ley que nos ocupa y las previstas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos, en sus artículos 66 y 84 (en
adelante Ley Orgánica). Cabe destacar que parte de las facultades que tenía el
Consejo serán ahora atribuciones del Comisionado Ejecutivo, como lo es la
determinación del ingreso al Registro Estatal de Víctimas y el acceso al Fondo, tal
y como lo mandata la Ley General.
Los requisitos que deberá acreditar la persona que aspira ser Comisionado
Ejecutivo, además de los requisitos exigidos por la Ley Orgánica, son los
siguientes:
Contar con título profesional;
No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como
servidor público;
Contar con experiencia y conocimientos en la materia de esta Ley, y
No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido
político, dentro de los dos años previos a su designación.
Requisitos que resultan necesarios dada la naturaleza, objeto y finalidad del
organismo público descentralizado.
Por su parte, actualmente el Consejo es el órgano de gobierno de la Comisión
Ejecutiva, integrado por diversos servidores públicos, así como por cinco
comisionados ciudadanos.
Dichos Comisionados, en términos del artículo 103 de la Ley de Víctimas vigente,
son electos por el Congreso del Estado conforme la terna remitida por el Titular del
Poder Ejecutivo Estatal, indicando que la Comisión Ejecutiva dispondría de una
partida presupuestal suficiente para cubrir las costas o aportaciones económicas
que resulten convenientes con su función, sin que represente de manera alguna
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una retribución a su actividad, precisamente por el carácter ciudadano de su
participación en el Consejo.
Sin embargo, dada la obligada armonización con la Ley General, el instrumento
que se somete a su consideración elimina al Consejo, para dar lugar a la Junta de
Gobierno como máxima autoridad de la Comisión Ejecutiva, e integrada por
diversas instancias de la Administración Pública Estatal y un integrante de la
Asamblea Consultiva a efecto de considerar la participación y representación de la
sociedad en la toma de decisiones del citado órgano. Eliminando de esta manera
la figura de los Comisionados, tal y como sucedió con las disposiciones de la Ley
General.
El funcionamiento y atribuciones de la Junta de Gobierno deberán ser
desarrollados con mayor detalle en el Estatuto Orgánico respectivo, sin perjuicio
de las atribuciones que le concede la Ley Orgánica, sus integrantes tendrán
carácter honorífico y su principal objeto será decidir asuntos administrativos al
interior del organismo público descentralizado, además no conocerá ni tendrá
intervención en las decisiones sobre el Registro Estatal de Víctimas y el Fondo de
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.
Aunado a lo anterior, la iniciativa que nos ocupa prevé al órgano interno de control,
en observancia a lo dispuesto en la Ley Orgánica, en el sentido de que todo
organismo público descentralizado debe contar con uno, y cuyas funciones
estarán sujetas a lo dispuesto en dicha Ley y demás normativa aplicable.
Ahora bien, con relación al Comité Interdisciplinario Evaluador, como parte de la
estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva; este tendrá por objeto resolver las
cuestiones relativas a la reparación integral de las víctimas con relación al acceso
a los recursos del Fondo y demás atribuciones específicas relacionadas con las
medidas de ayuda y la reparación integral de las víctimas, conforme lo señalado
en la Ley de Víctimas, su Reglamento y demás normativa aplicable.
Por su parte, la Asamblea Consultiva será un órgano de opinión y asesoría de las
acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión
Ejecutiva, estará integrada por tres representantes de colectivos de víctimas,
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organizaciones de la sociedad civil y académicos del Estado de Morelos, quienes
serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.
Para su elección, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, que
establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
Debe señalarse que estas modificaciones corresponden a la armonización con la
Ley General, lo cual evitará confusión con las víctimas ya que los procesos,
nombres y facultades serán los mismos que se desarrollen a nivel federal.
No debe pasar desapercibido que entre la armonización propuesta se establece
de manera clara la competencia de la Comisión Ejecutiva, indicando que tiene la
obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del
fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores
públicos del orden estatal o municipal.
Asimismo, la Comisión Ejecutiva deberá compensar de forma subsidiaria el daño
causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en
aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad,
daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa
hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o
mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial.
También se prevé, en términos de la Ley General, la posibilidad de que la
Comisión Ejecutiva Federal cubra la compensación subsidiaria para asegurar su
cumplimiento, con cargo al Fondo Federal, cuando la Comisión Ejecutiva Estatal lo
solicite por escrito, otorgándole la atribución a esta última para celebrar los
convenios correspondientes, que posibiliten el cumplimiento de dicha atribución.
Asimismo, la presente iniciativa elimina a la Comisión Intersecretarial como
órgano consultivo y de coordinación operativa de la Comisión Ejecutiva, a fin de
establecer en su lugar al Sistema Estatal de Atención a Víctimas, como la
instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas relacionadas
con las víctimas, que tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las
directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e
interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la
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protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la
reparación integral a las víctimas en el estado de Morelos. Así como la
coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones
y organismos ya existentes y los creados por la Ley de Víctimas, para la
protección de sus derechos.
Dicho Sistema Estatal se integrará por el Gobernador del Estado, quien lo
presidirá; la persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo
Estatal; la personal titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos; la persona
titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública; una persona representante de
la Comisión de Víctimas del Congreso del Estado; la persona titular del Consejo
de la Judicatura del Poder Judicial Estatal; el Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Morelos; la persona titular del Instituto de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos y el Comisionado
Ejecutivo.
El Sistema Estatal deberá realizar las acciones necesarias para guardar la
vinculación, conforme el ámbito de su competencia, con el Sistema Nacional,
respecto de las determinaciones y decisiones que en este último se tomen a favor
de las víctimas.
La modificación realizada no solo pretende atender una armonización con la Ley
General de Víctimas, sino que también procura generar un marco jurídico estatal
eficaz y eficiente que atienda los acuerdos que se generen en el Sistema
Nacional, esto es, se provee lo necesario para eliminar los obstáculos que impidan
la operatividad en la vinculación que deba existir entre la federación y nuestra
Entidad.
De ahí que es preciso destacar, además, que las atribuciones de la hasta ahora
Comisión Intersecretarial serán desempeñadas por el Sistema Estatal, sin perjuicio
de otras tantas que se le adicionaron en virtud de su naturaleza y dada su calidad
de instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas
relacionadas con las víctimas, finalmente se deja en el campo de la facultad
reglamentaria lo relacionado a las sesiones y demás formas de operación del
Sistema Estatal.
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En lo que corresponde a los derechos de las víctimas, este proyecto se armoniza
con la Ley General y, por ello, reconoce el desplazamiento interno como la
consecuencia de hechos victimizantes, a quienes deberán proporcionarse
medidas de ayuda y asistencia específicas.
Se incluye como derechos de las víctimas de violación sexual, la atención a la
salud reproductiva y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos
de las víctimas, con absoluto respeto a la voluntad de la misma.
Por cuanto al “Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos y Servidores Públicos del Estado”, se agrega
el gremio de los Periodistas, para quedar como “Programa de Protección a
Víctimas, Testigos, Periodistas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y
Servidores Públicos del Estado”, ya que al ser un grupo que por su profesión se
sitúa en un alto riesgo de vulnerabilidad, es de urgente necesidad considerarles en
las acciones que este programa determina.
Así mismo y a manera de precisión, se establece que este “Programa de
Protección” el cual brindará las medidas de protección integral, y en observancia a
la Ley Estatal de Planeación, será expedido por el Gobernador del Estado;
empero, se propone señalar desde el instrumento legal objeto de reforma que su
elaboración será coordinada por la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo
Estatal, teniendo en cuenta las recomendaciones que al respecto realice la
Comisión Ejecutiva y demás normativa aplicable. En ese sentido, en su
elaboración deberán participar las Secretarías, Dependencias y Entidades que,
por su competencia, deberán establecer lo conducente para lograr la protección de
víctimas, testigos, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y
servidores públicos del estado de Morelos, en los procedimientos respectivos.
A fin de dotar de mayor congruencia al instrumento legal, reconociendo el
proceso que nos ocupa como una oportunidad de dotar de mayor claridad,
pulcritud y coherencia a las disposiciones jurídicas que integran la Ley de
Víctimas, en algunos artículos cuya reforma se pretende, se realizan también
precisiones de ordenamientos jurídicos que regulan los aspectos que se prevén en
dichas hipótesis normativas.
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En ese orden, dada la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de
2014, así como la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número
5335, el 14 de octubre de 2015, se corrige la referencia hecha a “menores”, para
establecer en su lugar “niñas, niños y adolescentes”, forma que debe ser utilizada
a la luz de esa reforma en la materia, que protege los derechos de ese grupo
vulnerable de la sociedad. En ese sentido, con la modificación que nos ocupa, se
pretende avanzar en la armonización con las citadas leyes.
Se adicionan como víctimas a los grupos, comunidades u organizaciones
sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos
colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
Lo anterior en armonía de lo dispuesto por el artículo 4, quinto párrafo, de la Ley
General de Víctimas, el cual fue integrado por Decreto de reforma publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo de 2013.
Se adicionaron nuevas definiciones al artículo que contiene el glosario que
deberá utilizarse en el resto del cuerpo normativo para brindar claridad y
compresión en la lectura del instrumento, ello atendiendo a las diversas
modificaciones expuestas, homologando su contenido en las diversas
disposiciones jurídicas que los mencionan.
Se propone una reforma en el artículo 40 de la Ley de Víctimas, a fin de extender
la protección que dicha disposición jurídica establece, pues actualmente señala en
su artículo 41, que la víctima o sus hijos menores de edad deberán tener acceso a
los libros de texto y demás materiales educativos complementarios que las
autoridades correspondientes determinen; en ese sentido, mediante el presente
proceso, se determina que también tengan acceso a ese derecho niñas, niños o
adolescentes bajo su custodia o patria potestad, y no sólo aquellos que sean sus
hijos.
Con relación a la Asesoría Jurídica Estatal, se establece como la unidad
administrativa especializada en asesoría jurídica para víctimas, dependiente de la
Comisión Ejecutiva Estatal, por lo que las facultades y funciones de la misma ya
no podrán estar a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, como más
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adelante se señala. Destacando que el resto de sus funciones se regularán en el
Reglamento respectivo, sin que ello implique debilitar en recursos a la Fiscalía.
En cuanto al Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral, se armonizan
las disposiciones jurídicas que lo regulan con la Ley General y, por ello, la víctima
podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos previstos en esta
iniciativa.
Así mismo se agrega la facultad del Comisionado Ejecutivo para poder crear un
Fondo de Emergencia para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, el cual
tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado.
No debe pasar desapercibido que en atención a lo dispuesto en la Ley General, de
los recursos que constituyan el patrimonio del Fondo se deberá mantener una
reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al
Fondo Federal, en los casos en que se cubran erogaciones a cargo de este último
conforme las disposiciones de dicha Ley.
El Fondo de la Comisión Ejecutiva Estatal será administrado por una institución de
banca de desarrollo que fungirá como fiduciaria.
No debe pasar desapercibido que mediante la presente iniciativa se propone la
eliminación de las disposiciones jurídicas que contemplan los Centros de Atención
Integral a Víctimas, ya que la Comisión Ejecutiva Estatal es la encargada de
prestar los servicios que la vigente Ley de Víctimas determinaba para los mismos.
De igual manera se suprime la figura de representante especial para niños, niñas y
adolescentes, pues esta atribución debe ser ejercida a través del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia y su Procuraduría de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia.
Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso
c), de la Constitución Federal, y la pasada resolución emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, el 07 de julio de 2015, respecto de la acción de
inconstitucionalidad 12/2014, promovida por el Procurador General de la
República, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos,
por la que se declararon inválidas diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
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Fiscalía General del Estado de Morelos (en adelante Ley Orgánica de la Fiscalía),
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5172, el 26 de marzo
de 2014; en el sentido de que los aspectos regulados en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, no pueden ser parte de las normas estatales ni siquiera
en forma de reiteración, pues éste es de observancia general en toda la
República, es decir, el citado artículo 73 constitucional excluye la concurrencia de
los Estados para legislar en materia procedimental penal; en ese orden, la
presente iniciativa propone eliminar o adecuar las porciones normativas que la
regulan, pues esta labor de legislación es competencia exclusiva del Congreso de
la Unión, es decir, en los casos que así resulte necesario deberá tomarse en
cuenta lo previsto por el citado Código Nacional.
Cabe señalar además que la expedición de la citada Ley Orgánica de la Fiscalía
derivó de la reforma realizada a la Constitución Local, publicada en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5169, el 19 de marzo de 2014; por la cual se
modificaron las disposiciones constitucionales que regulaban a la otrora
Procuraduría General de Justicia, para instaurar a la ahora Fiscalía General del
Estado de Morelos; siendo el caso que este proyecto plantea incluir en el cuerpo
normativo de la Ley de Víctimas la denominación correcta de dicho órgano.
En ese orden, el 10 de junio del 2015, fue aprobado por el Congreso Estatal el
“DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO, POR EL
QUE SE APRUEBA LA MINUTA QUE REFORMA EL INCISO A) DE LA
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE SEA FACULTAD DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN EXPEDIR UNA LEY GENERAL QUE ESTABLEZCA
COMO MÍNIMO, LOS TIPOS PENALES Y LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES A LAS CONDUCTAS DELICTIVAS DE DESAPARICIÓN
FORZADA DE PERSONAS, TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5312, el 29 de julio de 2015; en tal virtud, fueron modificadas
aquellas disposiciones que regulaban dicha materia, para remitir a las
disposiciones jurídicas aplicables, que al efecto se expidan.
Sin omitir mencionar que también se someten a su aprobación adecuaciones de
redacción y gramaticales, algunas tendentes a modificar el uso correcto de
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mayúsculas, comas y puntos ortográficos; así las cosas, entre las modificaciones
de redacción sugeridas, se encuentra el cambio de la palabra “normatividad” por la
de “normativa”, pues de conformidad con la definición prevista por la Real
Academia Española, la primera es la cualidad de normativo, y la segunda, es el
conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad.
Dichas modificaciones atienden también la técnica legislativa del documento por lo
que no implican un cambio sustancial, pero sí coadyuvan en la creación de
normas jurídicas claras y precisas que permitan a su destinatario su entendimiento
y fácil acceso a los derechos que le conceden.
Respecto de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Morelos:
Ahora bien y en segundo término, toda víctima tiene como derecho fundamental el
acceso a la justicia y a recibir asesoramiento jurídico, entendiéndose por éste al
patrocinio que proporcionan los abogados, tanto los privados como los que
prestan sus servicios en el sector público, a las personas que requieren de sus
conocimientos técnicos para resolver problemas jurídicos y procesales.
Tal derecho fundamental está consagrado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, tercer párrafo, así como en el
artículo 20, apartado C, fracción I, que versa sobre los derechos de la víctima o el
ofendido, entre los cuales se encuentra el de recibir asesoría jurídica; ser
informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo
solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.
Aunado a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Federal,
la Ley General señala en su artículo 2 que la misma tiene por objeto establecer y
coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger,
garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como
implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus
respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar,
sancionar y lograr la reparación integral, para lo cual creó el Sistema Nacional de
Atención a Víctimas, el que para su operación y cumplimiento de sus atribuciones
cuenta con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones
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Ejecutivas de Atención a Víctimas de las entidades federativas, teniendo estas
últimas la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de
violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o
municipal, ello de conformidad con el artículo 79 de la Ley General.
Así mismo, en los artículos 42 y 165 de la Ley General, se señala que la Comisión
Ejecutiva Federal garantizará que se le brinde a las víctimas información y
asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales,
administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor
defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el
conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima, a través
de la Asesoría Jurídica Federal o de las entidades federativas.
Al respecto, como ya se señaló, la Comisión Ejecutiva fue creada como organismo
público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con el objeto de
coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los
derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de
Violaciones a los Derechos Humanos, conforme a lo previsto en el vigente artículo
102 de la Ley de Víctimas y ahora 108.
En ese sentido, los servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio
de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo será
prestado por la Asesoría Jurídica, que es una unidad administrativa dependiente
de la Comisión Ejecutiva, especializada en brindar dichas asesorías de acuerdo
con lo dispuesto con la iniciativa que se somete a su consideración.
Así, la referida Asesoría Jurídica tiene entre sus funciones entre las que se
destaca la de asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que
tenga contacto con la autoridad.
Del contenido de las disposiciones legales analizadas, se desprende que la
intención del legislador plasmó en la norma que sea la Comisión Ejecutiva, a
través de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, la
encargada de proporcionar la asesoría jurídica a las víctimas del delito en la
Entidad.
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Por su parte, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se regula la
participación que tendrán los asesores jurídicos, considerados, al igual que las
víctimas, como partes en el proceso, siendo derecho de las víctimas el contar con
el servicio de manera gratuita.
La codificación penal adjetiva asegura que las víctimas cuenten en toda audiencia
con la presencia de su asesor jurídico cuya actuación debe ser eficiente para
alcanzar las pretensiones de su representado. Para ello, establece los supuestos
de ausencia del asesor jurídico, estableciendo la obligación del órgano
jurisdiccional de garantizar la representación de aquellas.
En una interpretación sistemática de la disposición relativa a la ausencia de las
partes, se puede colegir que, en principio, la decisión de la víctima en la
designación de su asesor jurídico, recae en un profesionista que ejerce de manera
particular; de persistir la ausencia o deficiencia del servicio, el juzgador informará a
la instancia correspondiente para que se designe a otro asesor; y de persistir la
ausencia, de manera excepcional, la representación recaerá en el Ministerio
Público.
Partiendo del principio de competencia legal, a la Fiscalía General del Estado de
Morelos corresponde, según se establece en la Constitución Local, atender la
legislación relativa a la atención de víctimas de delitos y de violaciones de
derechos humanos, incorporando estrategias, políticas y modelos de
profesionalización de sus recursos humanos, pero no la prestación del servicio de
asesoría a víctimas jurídica per se.
Aunado a lo anterior y a manera de comparación, debe decirse que el 29 de mayo
de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5092, el
“DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y UNO POR EL QUE REFORMA
EL ARTÍCULO 106 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS”, con el objeto de crear al Instituto de la Defensoría
Pública del Estado de Morelos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su
penúltimo párrafo señala que la Federación, los Estados y el Distrito Federal
garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la
población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera
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para los defensores; así como lo dispuesto en el artículo 20, apartado B),
fracciones VIII y IX, de ese mismo ordenamiento fundamental, que indican que el
imputado tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá
libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede
nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le
designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor
comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo
cuantas veces se le requiera, y que en ningún caso podrá prolongarse la prisión o
detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra
prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo
análogo.
Así pues, tanto la debida defensa de los derechos del imputado como de la
víctima, son derechos reconocidos por la Norma Fundamental, por lo que es deber
del Estado garantizarlo y proporcionarlo en los casos en que así sea necesario;
así las cosas, tomando en consideración que entre las recientes modificaciones
realizadas a la Ley General es establecer que los Asesores Jurídicos son aquellos
adscritos a la Comisión Ejecutiva, en este caso, Federal; la presente iniciativa
pretende realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Fiscalía
citada, para que en atención a lo previsto por la Ley de Víctimas, sea la Comisión
Ejecutiva la autoridad competente para brindar la oportuna atención y de manera
integral a las víctimas, a través de la prestación de asesoría jurídica, atención
médica, psicológica y de orientación social, y no así la Fiscalía General del Estado
de Morelos, con base en el impacto del daño causado; la cual brinda asesoría
integral, procurando disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización
habitual, asegurando la restitución de los derechos de la víctima de manera
prioritaria y de ser posible, de manera inmediata.
Por otra parte, no debe pasar desapercibido que el pasado 13 de noviembre de
2015, fue presentada ante ese Congreso Estatal la “INICIATIVA DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL
DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO
DE MORELOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO DE MORELOS”, ello ante la inminente inquietud por parte de los
Comisionados Ciudadanos integrantes del Consejo de la Comisión Ejecutiva,
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referente a brindar a la ciudadanía un organismo eficaz y eficiente que desarrolle
sus actividades en beneficio de las víctimas y que además base su funcionalidad y
operatividad en mecanismos y procesos simplificados en pleno respeto de los
derechos humanos. Dicha iniciativa pretendía armonizar las disposiciones jurídicas
que regulan a la Comisión Ejecutiva con las previstas en la Ley General que
regulaban a su homóloga a nivel nacional, así como realizar otras adecuaciones
que atienden la técnica legislativa material y formal del documento y, otras tantas,
relativas a la eliminación de disposiciones procedimentales penales, aquellas que
permiten la funcionalidad de la Asesoría Jurídica Estatal a cargo de la Comisión
Ejecutiva; empero, dada la reciente reforma a la citada Ley General de enero de
2017, así como las nuevas adecuaciones que se erigen necesarias para armonizar
el contenido de la Ley de Víctimas con la General, es que la presente iniciativa
debe prevalecer respecto de la iniciativa presentada en noviembre de 2015 para
los fines de su análisis por esa Soberanía, destacando que la presente iniciativa
recoge diversas adecuaciones normativas que se proponían en la primera, las
cuales han quedado argumentadas en párrafos anteriores.
No pasa desapercibido que la iniciativa que se somete a la consideración de ese
Congreso Estatal, coadyuva en la consecución de los objetivos estratégicos
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en específico lo previsto
por el Eje 1 denominado “Morelos Seguro y Justo”, y sus objetivos 1.1, 1.4 y 1.5,
tendentes a garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de
los morelenses, en un marco de respeto a la Ley y los derechos humanos; brindar
protección especial a las víctimas u ofendidos del delito, para que les sea
resarcido el daño moral y fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto
a los derechos humanos.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.
De conformidad con las atribuciones conferidas a las Comisiones Unidas de
Atención a Víctimas y de Justicia y Derechos Humanos y en apego a la fracción II,
del artículo 104 del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede
a analizar en lo general la iniciativa para determinar su procedencia o
improcedencia. Es así que estas Comisiones Unidas dictaminadoras determinan la
procedencia en lo general y, en lo particular, de la iniciativa del Ejecutivo Estatal,
ello de conformidad con lo siguiente:
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I. Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo
tercero del presente dictamen, estas Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y
Justicia y Derechos Humanos, contribuyen a que el Congreso cumpla sus
atribuciones mediante la elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le son
turnados, es competente para emitir el presente proyecto de dictamen.
II. Que, con fundamento en lo estipulado por los artículos 59, numerales 7 y 33,
66, fracción I, y 83 octavus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos; 51, 54, 56, 58, 103 al 108, y 110 del Reglamento para el Congreso del
Estado de Morelos; el iniciador, en términos del artículo 42, fracción I, de la
Constitución Local, se encuentra legitimado para iniciar Leyes y Decretos ante
esta representación popular en razón de su carácter de Gobernador Constitucional
del Estado.
III. Que, el tres de enero del presente año fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley General de Víctimas, otorgando un plazo de 180 días a las
entidades federativas para la armonización legislativa y presupuestal, necesaria,
feneciendo dicho Plazo el pasado cuatro de julio de 2017.
IV. Que, la “Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a
los Derechos Humanos para el Estado de Morelos”, fue publicada en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5105, segunda sección, el 17 de julio de 2013,
en este momento cuenta con diversas inconsistencias y disposiciones que ya han
sido rebasadas a la luz de protección y salvaguarda de los derechos de las
víctimas, por lo que, con el fin de proteger y tutelar sus derechos humanos,
previstos en las Constituciones Federal y Local, la Ley General de Víctimas,
Tratados e Instrumentos Internacionales, la propuesta que nos ocupa estima
necesaria la expedición de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y
de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos.
V. Que, estas dictaminadoras considera acertado que el nombramiento de los
Comisionados que actualmente integran la Comisión Ejecutiva de Atención
Integral a Víctimas del Delito del Estado, quede sin efectos al día siguiente de la
publicación de la Ley de Víctimas para el Estado de Morelos, por así preverlo la
Ley General, como más adelante se señala.
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VI. Que, esta dictaminadora estima conveniente que sea la Comisión Ejecutiva
Estatal la encargada de otorgar, con cargo al Fondo Estatal que corresponda, los
Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las
condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante, además
de fortalecer el derecho de las víctimas a contar con un asesor jurídico en los
casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado o abogada, lo que
incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal, situación que en
muchas ocasiones le es negado a la víctima.
VII. Que, en el mismo sentido es de gran importancia flexibilizar los mecanismos
de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y define la figura
de recursos de ayuda, como diversos gastos: alimentación, hospedaje, transporte,
entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les
permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva,
integrando el interés superior de la niñez, como principio rector de los similares
que guían los mecanismos, medidas y procedimientos de ley.
VIII. Que, es necesario reconocer en la Ley como grupo vulnerable a los
migrantes, personas en situación de desplazamiento interno, personas con
discapacidad, periodista y defensores de derechos humanos, además de
establecer que las víctimas, en casos urgentes o en aquellos en que las
instituciones públicas no puedan brindarles la atención, podrán acudir a la ayuda
de instituciones privadas, con cargo al fondo de ayuda correspondiente, otorgando
así atención inmediata a las poblaciones victimas de desplazamiento para cubrir
sus necesidades prioritarias.
Además de las siguientes consideraciones en particular que se señalan a
continuación:
La creación de la Ley General de Víctimas, derivada de diversos movimientos
ciudadanos ante la violencia que lacera al País, es sin duda un reconocimiento de
los derechos de las personas que se encuentren en dicha calidad, pero sobre
todo, el reconocimiento del Estado de su deber para garantizarlos. De esta
manera se dota al Gobierno de mecanismos y políticas públicas para logar la
protección de las víctimas de delitos y violaciones graves a derechos humanos.
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Circunstancias las anteriores que, a su vez, este Poder Legislativo confirmó con la
aprobación de la actual Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos el 04 de julio de
2013, misma que fuera presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal en
abril de 2013.
Así, las leyes en la materia han sido sujetas de un proceso de transformaciones
profundas que tienen su origen en el reconocimiento unánime de que el progreso
social se encuentra condicionado en las garantías para el pleno ejercicio de las
libertades fundamentales como medio para restaurar los valores humanos.
Aunado a lo anterior, después de 4 años de iniciada vigencia la referida Ley de
Víctimas del Estado, así como creada la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, es necesario evaluar las
disposiciones jurídicas que rigen su actuar diario, pero sobre todo la armonía y
homogeneidad que guardan con las disposiciones constitucionales y legales en la
materia.
En ese orden, es importante destacar que derivado de la publicación del “Decreto
por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos” en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
julio de 2016, se le concedió al Congreso de la Unión la facultad expresa para
expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia
de derechos de las víctimas, por lo que, si bien es cierto desde 2013 se había
publicado la Ley General de Víctimas, la citada reforma constitucional consolida
dicha atribución y característica de generalidad con la que cuenta y que debe ser
observada.
Estas Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y Justicia y Derechos Humanos
dictaminadoras, sin duda, coincide con el Ejecutivo en la armonización planteada
en sus términos, pues si bien se introducen diversas disposiciones jurídicas que ya
se prevén en la Ley General y que obligan su observación por todas las
autoridades de las diversas entidades federativas, también lo es que mantiene
algunas otras tantas que son específicas del estado de Morelos, ello de
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conformidad con el principio de libertad de configuración legislativa del cual gozan
las entidades federativas; pues existe la obligación del Estado de observar y
respetar los derechos ya previstos en la Ley General, sin poder disminuirlos e,
inclusive, concediendo otros tantos.
Sobre las Leyes Generales el Poder Judicial de la Federación ha señalado lo
siguiente:
LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del
Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general
que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley
Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del
Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no
corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las
atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender
únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son
aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales
que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a
aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la
Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de
atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual
se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124
constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso
de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a
éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán
ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y
municipales.
(Lo resaltado es propio)
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO
FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE FACULTADES
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. En términos del párrafo tercero del artículo 4o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene
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derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y
las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Carta Magna. Ahora bien, la
adición del citado párrafo tercero mediante decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación de 3 de febrero de 1983, provocó que la materia de salubridad
general de la República no estuviera centralizada, sino que la responsabilidad
fuera compartida con las autoridades locales, pues así se desprende de la
exposición de motivos presentada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo
Federal en la correspondiente iniciativa de reforma constitucional. En este sentido
el Constituyente adoptó el criterio utilizado en otros ámbitos en que la Federación,
las entidades federativas y los Municipios pueden actuar respecto de una misma
materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los
términos de la participación de dichas entidades a través de una ley, dando lugar a
lo que algunos han denominado como leyes-generales o leyes-marco, como
aquellas que expide el Congreso para cumplir con dos propósitos simultáneos: a)
Distribuir competencias entre la Federación y los Estados otorgando las bases
para el desarrollo de las leyes locales correlativas; y b) Establecer el régimen
federal para regular la acción de los poderes centrales en la materia de que se
trate. Así, en la materia de salud, y concretamente respecto al tema del
tabaquismo, el legislador federal estableció la competencia federal y local, en los
artículos 1o., 3o., 188, 189 y 190 de la Ley General de Salud, pues de dichos
numerales se advierte que dicha ley reglamenta el derecho a la protección de la
salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general. Que es materia de
salubridad general, entre otras, el programa contra el tabaquismo, por lo que la
Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de
Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán
para la ejecución del programa contra el tabaquismo. Que para poner en práctica
las acciones contra el tabaquismo, se tendrán en cuenta entre otros aspectos las
acciones para controlarlas y que, en el marco del sistema nacional de salud, la
Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el
tabaquismo, promoverá y organizará servicios de orientación y atención a
fumadores que deseen abandonar el hábito y desarrollará acciones permanentes
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para disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes. La
coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y local se llevará a
cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud
con los gobiernos de las entidades federativas. Por ende, si dentro del marco de
concurrencia entre los distintos niveles de gobierno previsto por el propio artículo
4o. de la Constitución, así como en los referidos numerales de la Ley General de
Salud, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Protección a
la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal conforme a las atribuciones
que le confiere el apartado C, base primera, fracción V, inciso i) del artículo 122 de
la Carta Magna, para: "i) Normar ... la salud y asistencia social; y la prevención
social", es claro que no se invaden facultades del Congreso de la Unión al legislar
sobre el tema, máxime si se toma en consideración el criterio sustentado en la
tesis de jurisprudencia P./J. 142/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XV, correspondiente al mes de enero de dos mil dos, Novena Época, página
mil cuarenta y dos, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA
JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.", en la cual
determinó que si bien el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los Estados.", el órgano reformador de la Constitución determinó, en
diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto
de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las
entidades federativas y los Municipios e inclusive, el Distrito Federal, en ciertas
materias, y dentro de ellas, la de salubridad.
(Lo resaltado es propio)
Así las cosas, la armonización que plantea el Ejecutivo resulta necesaria, pues de
esta manera no sólo se da cumplimiento al citado mandato constitucional, sino
también se adecuan las disposiciones jurídicas de la Ley de Víctimas del Estado,
respecto de la realidad social y jurídica que impera en la materia desde la creación
de la Ley General y la Ley local en la materia; al respecto la doctrina señala que
por “Armonización Legislativa”, se entiende a la metodología de análisis
compuesta por una serie de estudios consientes y meticulosos en materia no sólo
jurídica, sino sociológica, política, económica, basada en datos formales,
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institucionales y oficiales al momento de elaborar un documento. En ese orden, la
iniciativa presentada por el Ejecutivo atiende esos aspectos, pues también se
realizan adecuaciones normativas que permitirán una mejor operatividad del
organismo.
En ese orden, se coincide en el cambio de denominación de la actual Ley de
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos
Humanos para el Estado de Morelos, para establecerse como Ley de Víctimas del
Estado de Morelos, lo que posicionará al instrumento jurídico en la sociedad, pues
se dota de un nombre de fácil identificación para su destinatario, además de que
se armoniza con la denominación de la propia Ley General de Víctimas; además
de que en gran medida atiende a la propia reforma integral propuesta a la Ley
vigente. La denominación de un acto legislativo casi siempre corresponde a la
materia que regula; es decir, por necesidad lógica, la denominación se identifica
con la fuente de origen, ámbito de competencia, rama del derecho o a la parte de
ella que regula; en todos estos casos es aconsejable que el cuerpo normativo
proyectado se denomine de manera directa y simple.
Asimismo, por cuanto a las modificaciones propuestas en la estructura orgánica de
la Comisión, las mismas no sólo se encuentran homogéneas a la estructura
orgánica que rige en la federación, sino que también atienden a la propia
regulación que impera en el estado de Morelos, en específico, la que regula a la
Administración Pública Paraestatal, pues la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos se trata de un organismo público
descentralizado, que se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos.
Así las cosas, el Ejecutivo integra los elementos que debe contar una Ley o
Decreto que cree o regule a un organismo auxiliar que forme parte de la
Administración Pública Paraestatal, y que se prevén en el artículo 78 de la
mencionada Ley Orgánica, el cual de manera expresa indica:
“…Artículo 78.- Las leyes o decretos que expida el Congreso del Estado para la
creación o modificación de organismos descentralizados especificarán, entre otros
elementos, los siguientes:
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I. Denominación del organismo;
II. Domicilio Legal;
III. Su objeto;
IV. Aportaciones y fuentes de recursos para constituir su patrimonio, y aquellas
que se requieran para incrementarlo;
V. Forma de integrar el órgano de gobierno y nombramiento del titular o director
general, funcionarios y demás servidores públicos;
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, y señalar asimismo,
cuáles de las facultades son no delegables;
VII. Que el titular o director general será el representante legal del organismo,
especificando sus facultades y obligaciones;
VIII. Órgano Interno de Control en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 68
y 69 de esta Ley; y
IX. Régimen laboral que regulará las relaciones de trabajo.
Los organismos descentralizados se regirán además, por el estatuto orgánico que
expida el órgano de gobierno de cada uno, en el cual se establecerán las bases de
organización, las facultades y funciones que competan a las diferentes áreas que
formen parte del organismo descentralizado, este estatuto orgánico se inscribirá
en el Registro Público de Organismos Descentralizados.
Para la extinción de estos organismos, se cumplirá con las mismas formalidades
que para su creación y en la Ley o Decreto correspondiente se determinará la
forma y términos de su extinción y liquidación…”
En ese orden, en armonía con la Ley General es deber de este Poder Legislativo
atender la reciente reforma de enero de 2017, por lo que se coincide con el
Ejecutivo respecto de eliminar la figura de Consejo para dar lugar a una Junta de
Gobierno que se apega a las disposiciones previstas en los artículos 80 y 81 de la
referida Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que
señala que el órgano de gobierno se integrará por un mínimo de cinco miembros y
un máximo de once, según lo requieran la naturaleza y las actividades del
organismo; por cada propietario habrá un suplente y formarán parte de dicho
órgano los representantes de las Secretarías de Hacienda y de Administración, y
que el Titular de la Secretaría coordinadora o el servidor público que éste designe,
participará en el órgano de gobierno.
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En tal virtud, es procedente suprimir la figura de “Comisionado” que ya no resulta
compatible con las modificaciones aprobadas a la Ley General de Víctimas,
ajustando a ella la Ley local, de ahí que sea necesaria la abrogación del “Decreto
número mil seiscientos setenta y cuatro, por el que se designan a cinco
Comisionados para Integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos” publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, número 5237, de 19 de noviembre de 2014; así como del
“Acuerdo parlamentario por el que se designa a dos Diputados que integrarán el
Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado
de Morelos, conforme a lo establecido en la fracción III, del artículo 102, de la Ley
de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos
Humanos para el Estado de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, número 5439, de 12 de octubre de 2016.
Estas Comisiones dictaminadoras, acorde a lo anterior, consideran de gran
relevancia la creación de la Asamblea Consultiva, pues es en este órgano
colegiado donde concurrirá la voz de la sociedad civil organizada, ya que estará
integrada por cinco representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la
sociedad civil y académicos del estado de Morelos, quienes serán electos por la
Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.
Siguiendo con las modificaciones propuestas a la estructura orgánica de la
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos,
resulta procedente modificar la figura de Coordinador Ejecutivo para prever al
Comisionado Ejecutivo, de ahí que sea necesaria la designación de este último en
los términos planteados por el Ejecutivo, por esta única ocasión, dada la transición
para la implementación de esta reforma y, sobre todo, evitando retrasos
innecesarios que impacten en la operación eficiente del organismo, pero sobre
todo en la atención que se les debe otorgar a las víctimas.
Aunado a lo anterior, resulta importante la creación del Comité Interdisciplinario
Evaluador el cual se erige como un órgano especializado para la atención de los
asuntos relativos, entre otros, a dictamen de acceso a los recursos del Fondo para
el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, proyectos de dictamen de reparación
integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento. Tal y
como lo mandata también la Ley General de Víctimas.
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Además de lo anterior, resultan procedentes las reformas relativas a establecer al
Sistema Estatal de Atención a Víctimas en lugar de la Comisión Intersecretarial,
pues de esta manera, al igual que en otras entidades federativas y a nivel nacional
se crea una vinculación entre diversas autoridades que permitirá establecer una
política pública uniforme para la atención de víctimas de delitos y violaciones a
derechos humanos. Así, por mencionar algunos ejemplos la Ley número 450 de
Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley de Atención a Víctimas
del Estado de Jalisco y la Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas
del Estado de Oaxaca, las cuales crean a su propio Sistema Estatal.
Con relación a la eliminación de diversas disposiciones jurídicas que actualmente
contiene la Ley vigente, como lo es la creación de los Centros de Atención Integral
a Víctimas, el representante especial para niñas, niños y adolescentes, y las
disposiciones jurídicas que regulaban materia procedimental penal, se coinciden
con ellas, pues como lo refiere el Ejecutivo, respecto los dos primeros puntos, la
atención y servicio que se pretenden otorgar ya son ejercidos por la propia
Comisión y por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Morelos. De esta manera se eliminan figuras jurídicas que podrían entorpecer la
labor diaria de las autoridades estatales y municipales al generar condiciones que
duplican funciones y hacen trámites engorrosos. Asimismo, se coincide con las
eliminaciones realizadas a disposiciones en materia de investigación, pues es
facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en dicha materia, sin que ello
implique dejar de observar las disposiciones que aún mantiene la Ley General de
Víctimas en ese sentido, pues se realizan las remisiones respectivas a esta última
Ley.
Ahora bien, entre las modificaciones realizadas a la Ley General de Víctimas en
enero de 2017, se desprende que gran parte de la reforma fue con relación al
Fondo Nacional y a los Fondos Locales, tocando el Ejecutivo diversas
disposiciones de la Ley de Víctimas local que atienden dichas reformas, como lo
es la posibilidad de que se generen convenios entre la entidad y la federación para
que la Comisión Nacional cubra la compensación subsidiaria cuando la Comisión
Estatal lo solicite por escrito con cargo al Fondo Federal. Además de la obligación
de que en el Fondo Local se mantenga una reserva del 20% para cubrir los
reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo Federal. Estimando esta
Comisión dictaminadora la integralidad de la reforma propuesta por el Ejecutivo.
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Por otra parte, con relación a las reformas pretendidas a la Asesoría Jurídica
Estatal, se estiman procedentes en virtud de que tal y como lo refiere el Ejecutivo
es la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de
Morelos, quien debe tener a su cargo dicha función, evitando de esta manera
duplicidad de funciones entre las autoridades del Gobierno del Estado, y la
imparcialidad en el desarrollo de tan importante función. Con ello se garantiza la
protección de ese derecho de las víctimas consagrado en la Constitución Federal.
Además de que se evita generar algún decremento en el presupuesto de la
Fiscalía General del Estado, pues únicamente se le retira tal función, pero no
recursos humanos, administrativos o presupuestales algunos. Debiendo la citada
Comisión Generar las condiciones necesarias que permitan brindar dicho servicio
con los elementos que se le concedan.
Finalmente, se coincide con las modificaciones realizadas en virtud de la técnica
legislativa que debe observar todo instrumento legislativo, así como las
adecuaciones relacionadas con una correcta ortografía y gramática. Destacando
que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras en ejercicio de sus facultades de
modificación, realizó algunas otras precisiones que atienden a este rubro.
Asimismo, a efecto de precisar la denominación del dictamen que se somete a
consideración de esa Asamblea, se especifican las reformas pretendidas en la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, lo que permite, desde un
inicio, visualizar los artículos trastocados en esta última.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Atención a Víctimas y de Justicia y Derechos Humanos de la LIII Legislatura
dictaminan en SENTIDO POSITIVO, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reforman de manera integral la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito
y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, así mismo
se reforma la fracción VIII del artículo 11, la fracción IV y el inciso c) de la fracción
XVII del artículo 17, el párrafo segundo del artículo 22 y el artículo 38; todo en la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; lo anterior de
conformidad en lo dispuesto en los artículos 59, numerales 7 y 33, 66, fracción I, y
83 Octavus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54,
56, 58, 103 al 108 y 110 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos,
toda vez que del estudio y análisis de las iniciativas citadas se encontraron
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procedentes, por las razones expuestas en la parte valorativa del presente
dictamen.
IV. ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO
No omito mencionar que el iniciador adjuntó a la iniciativa en comento Dictamen
número 60/2017 sobre la estimación del impacto presupuestario suscrito por el
Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, mediante el cual resuelve que
el proyecto en comento, no genera impacto presupuestal adicional al Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado, razón por la cual se estima viable su
expedición al no encontrar impedimento legal alguno para tal efecto, siempre y
cuando se sujete a la suficiencia presupuestal para hacer frente a los
compromisos económicos adquiridos.
Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16, primer y segundo
párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, así como 42, párrafo final, de la Constitución Local, y 16 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, que establecen
que en las iniciativas que se presenten al Congreso Local se deberá incluir la
estimación del impacto presupuestario que implique su implementación.
Derivado de lo anterior, estas Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y
Justicia y Derechos Humanos, consideran que la iniciativa del Poder Ejecutivo da
cumplimiento a lo señalado por las disposiciones jurídicas recién citadas.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el
siguiente:
DECRETO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS CINCO
POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, INCLUYENDO SU
DENOMINACIÓN; Y POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO DE MORELOS.
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PRIMERO. Se reforma integralmente la Ley de Atención y Reparación a Víctimas
del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos,
así como su denominación, para quedar como sigue:
LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia
general en el estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1°,
párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales celebrados y ratificados
por el Estado Mexicano y otras leyes en materia de víctimas.
La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a todas las autoridades
del estado de Morelos, así como a cualquiera de sus Secretarías, Dependencias,
Entidades, órganos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección
de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral; quienes
deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así
como brindar atención inmediata, en especial, en materias de salud, educación y
asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades
administrativas, civiles, penales o de cualquier otra naturaleza a que haya lugar.
Artículo 2. El objeto de esta Ley es:
I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y violaciones a
derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención,
verdad, justicia, reparación integral, restitución de los derechos violados, debida
diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en la
Constitución Federal, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de
los que los Estados Unidos Mexicanos es parte, la Constitución Local, la Ley
General de Víctimas y demás instrumentos de derechos humanos vinculantes
para el estado de Morelos;
II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover,
respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de
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las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus
obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;
III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en
estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;
IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades
y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las
víctimas, y
V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión
de cualquiera de sus disposiciones.
Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Federal y
con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que los Estados
Unidos Mexicanos es parte, y en la Ley General de Víctimas favoreciendo en todo
tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.
Artículo 4. Se denominarán víctimas directas cualquier persona física que
individual o colectivamente haya sufrido directamente algún daño o menoscabo
económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o
lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un
delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Son víctimas indirectas los familiares o personas físicas a cargo o que tengan una
relación inmediata con la víctima directa, tanto formal como informal, que de
alguna forma sufra un daño.
Se considera víctima potencial aquella que peligre en su esfera de derechos por
auxiliar, impedir o detener la violación de un derecho de una víctima o la comisión
de un delito.
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran
sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como
resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
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La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de
los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, independientemente
de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño, o de su
participación en algún procedimiento judicial o administrativo. Dicha calidad
tampoco se pierde al existir algún nexo entre la víctima y una persona condenada
o vinculada a una investigación por comisión de un delito.
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley,
se determinarán, implementarán y evaluarán, de conformidad con los siguientes
principios:
I. Dignidad: La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental
base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona
como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o
arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.
En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado
están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y
tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado
y sus Municipios están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el
mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo
esencial de sus derechos;
II. Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los
servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las
víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de
víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde
el momento en que lo requieran, así como respetar y permitir el ejercicio
efectivo de sus derechos;
III. Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos
contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia,
ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán
realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como
complementarias y no excluyentes.
Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las
reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la
integralidad que busca la reparación;
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IV. Debida diligencia: El Estado deberá realizar todas las actuaciones
necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en
especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia
y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como
sujeto titular de derecho.
El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo
de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar
prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos,
contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y
deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se
implementen a favor de las víctimas;
V. Debido Proceso y deber de investigar: El Estado, a través de los órganos
competentes, debe garantizar un proceso justo y eficaz que responda a los
principios de celeridad, razonabilidad y garantía de derechos. El Estado tiene la
obligación de investigar y sancionar a los responsables de la comisión de
delitos y violaciones a los derechos humanos;
VI. Enfoque diferencial y especializado: Esta Ley reconoce la existencia de
grupos de población con características particulares o con mayor situación de
vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual,
etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que
ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las
particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los
grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas
y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de
discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras
de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento
interno. En todo momento se reconocerá el interés superior de la infancia.
Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de
dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que
ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento
especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la
sociedad;
VII. Enfoque transformador: Las autoridades que deban aplicar la presente Ley
realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos
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necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención,
asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas,
contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación
que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes;
VIII. Gradualidad: Implica la responsabilidad estatal de diseñar herramientas
operativas y garantizar los recursos presupuestales que permitan la escalonada
implementación de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y
reparación, sin desconocer la obligación de implementarlos en todo el Estado
en un plazo determinado y respetando el principio constitucional a la igualdad.
La gradualidad de la política tendrá en cuenta el grado de vulnerabilidad y los
enfoques diferenciales;
IX. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro
trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos
reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima;
X. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de
las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley,
las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por
razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua,
religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad,
preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia
a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga
por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o
mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial;
XI. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia: Todos los derechos
contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se
puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice
el resto de los derechos.
La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.
Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación
integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada;
XII. Interés superior de la niñez: El interés superior de la niñez deberá ser
considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten
diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva
este principio rector.
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Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo
individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones
a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales;
XIII. Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno deberá
velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad,
libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones
a los derechos humanos.
Las autoridades adoptarán en todo momento medidas para garantizar la
seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, así como la intimidad de
las víctimas;
XIV. Mínimo existencial: Constituye una garantía fundada en la dignidad
humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación
del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que
se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure
su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas
en cada momento de su existencia;
XV. No criminalización: Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la
víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la
comisión de los hechos que denuncie.
Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la
pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna
actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo
subjetivo deberán evitarse;
XVI. Victimización secundaria: Las características y condiciones particulares de
la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco
podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni
establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni
la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos;
XVII. Participación conjunta: Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el
Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y
reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector
privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.
La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para
lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y
cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos;
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XVIII. Prioridad: Se atenderá y reparará de forma prioritaria a aquellas víctimas
con mayores dificultades económicas o mayor nivel de vulnerabilidad;
XIX. Progresividad y no regresividad: Las autoridades que deben aplicar la
presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias
para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o
supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados;
XX. Publicidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser
públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o
las garantías para su protección.
El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar
información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y
recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta,
los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y
accesible;
XXI. Rendición de cuentas: Las autoridades y funcionarios encargados de la
implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley
regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de
evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente
de víctimas y colectivos de víctimas;
XXII. Sostenibilidad: El desarrollo de las medidas a las que se refiere la
presente Ley, deberá hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal,
con el fin de darles, en su conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de
garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento;
XXIII. Transparencia: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que
lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas,
deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información,
así como el seguimiento y control correspondientes.
Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de
cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se
instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas, y
XXIV. Trato preferente: Todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las
víctimas.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
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I. Asesor Jurídico Estatal, al Asesor Jurídico Estatal de Atención a Víctimas o
equivalente en el estado de Morelos adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal;
II. Asesoría Jurídica Estatal, a la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del
Estado de Morelos;
III. Asistencia, al conjunto integrado de mecanismos, procedimientos,
programas, medidas y recursos de orden político, económico, social y cultural,
entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de
los derechos de las víctimas y brindarles condiciones para llevar una vida digna
y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas
medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo
la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica;
IV. Atención, a la acción de dar información, orientación y acompañamiento
jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el
ejercicio de los mismos;
V. Código Nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales;
VI. Comisión Ejecutiva Estatal, a la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos en términos del artículo 108 de
esta Ley;
VII. Comisión Ejecutiva Federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
creada por la Ley General;
VIII. Comisionado Ejecutivo, a la persona titular del Comisión Ejecutiva Estatal;
IX. Compensación, a la erogación económica a que la víctima tenga derecho en
los términos de esta Ley;
X. Constitución Local, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos;
XI. Constitución, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XII. Daño, a la muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y
materiales, con excepción de los bienes de propiedad de la persona
responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un
interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del
medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del
medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las
medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente
adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas,
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incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por su implementación, en la
medida en que los daños deriven o resulten;
XIII. Delito, a la conducta típica, antijurídica y culpable que sanciona la
legislación penal aplicable;
XIV. Derecho a la información, a la facultad de las víctimas, sus representantes
y abogados, de exigir del Estado el acceso a la información necesaria que
posibilite la materialización de sus derechos; lo anterior en el marco de las
normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información
confidencial;
XV. Derecho a la justicia, a la facultad de las víctimas de exigir del Estado
garantice y prosiga una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento
de las violaciones descritas en la presente Ley, la identificación de los
responsables y su respectiva sanción;
XVI. Derecho a la reparación integral, a la facultad de las víctimas de exigir del
Estado repare de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva el
daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones descritas en la
presente Ley;
XVII. Derecho a la verdad, a la facultad de las víctimas de exigir del Estado el
conocimiento de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las
violaciones que se describen en la presente Ley y, en caso de desaparición, el
esclarecimiento de su paradero;
XVIII. Entorno familiar, a aquellas personas que tengan una relación de
parentesco en línea recta o colateral, o bien una relación inmediata formal o
informal con la víctima directa del delito o la violación de derechos humanos;
XIX. Estado, al Gobierno del Estado de Morelos;
XX. Estatuto Orgánico, al Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva Estatal;
XXI. Fiscalía General, a la Fiscalía General del Estado de Morelos;
XXII. Fondo Federal, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en
los términos de la Ley General de Víctimas;
XXIII. Fondo, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado
de Morelos;
XXIV. Gobernador del Estado, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal;
XXV. Hecho victimizante, a los actos u omisiones que dañan, menoscaban o
ponen en peligro bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en
víctima. Estos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a
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los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;
XXVI. Instituciones, a todas las Secretarías, Dependencias, Entidades, órganos,
organismos o cualquier otra área del poder público, incluyendo a los tres
Poderes del Estado, los ayuntamientos, los organismos constitucionales
autónomos y aquellos que tienen autonomía académica;
XXVII. Ley General, a la Ley General de Víctimas;
XXVIII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Morelos;
XXIX. Ley, al presente instrumento Jurídico;
XXX. Manuales Administrativos, a los Manuales de Organización, de Políticas y
Procedimientos u otros correspondientes a las áreas de la Comisión Ejecutiva
Estatal;
XXXI. Modelo, al Modelo Integral de Atención en Salud creado por la Comisión
Ejecutiva Estatal;
XXXII. Núcleo esencial, a aquella parte esencial de un derecho fundamental,
que no puede ser restringida o limitada. Es el mínimo de garantía de ese
derecho, sin el cual la persona no podría desarrollarse o vivir como ser humano;
XXXIII. Programa de Protección, al Programa de Protección a Víctimas,
Testigos, Periodistas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y
Servidores Públicos del Estado de Morelos;
XXXIV. Programa Integral, al Programa de Ayuda, Asistencia, Atención y
Reparación Integral a Víctimas;
XXXV. Recursos de Ayuda, a los gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia,
atención y rehabilitación previstos en esta Ley, con cargo al Fondo;
XXXVI. Registro Estatal de Víctimas, al mecanismo técnico y administrativo
adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y
registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al
Sistema Nacional creado por la Ley General de forma complementaria al
Registro Nacional de Víctimas, en términos del artículo 124 de esta Ley;
XXXVII. Reglamento, al Reglamento de la presente Ley;
XXXVIII. Reparación Integral, a aquellas medidas que tienden a remendar los
daños sufridos como consecuencia de las violaciones descritas en la presente
Ley, garantizando a la víctima la compensación de las consecuencias de la
medida o situación que ha configurado la vulneración de sus derechos,
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dependiendo de si el daño ocasionado es en el plano material o inmaterial,
conforme lo establecido en el artículo 72 de la presente Ley;
XXXIX. Servidores Públicos, a toda persona que desempeñe cualquier empleo,
cargo o comisión en las instituciones;
XL. Sistema Estatal, al Sistema Estatal de Atención a Víctimas;
XLI. Sistema Nacional, al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y
XLII. Violación de Derechos Humanos, a todo acto u omisión que afecte los
derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados
Internacionales aplicables, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio
de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas.
También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u
omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita
o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o
colaboración de un servidor público.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VÍCTIMAS
Artículo *7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de
carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a
víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y
enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos y a
su reparación integral;
II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus
derechos como consecuencia de las violaciones a derechos humanos;
III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que les fueron
violados sus derechos humanos, para lo cual la autoridad deberá informar los
resultados de las investigaciones y de los derechos que en su favor contemplan
la Constitución, la Constitución Local, así como en la normativa de la materia;
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IV. A que se les brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad
corporal en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada;
V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos
humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de
las instituciones responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte
de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las
víctimas;
VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida,
equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño
sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar
en donde ella se encuentre; así como a que esa ayuda, asistencia y atención no
dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;
VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y
procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;
VIII. A la protección del Estado, incluido su bienestar físico y psicológico y la
seguridad de su entorno, con respeto a su dignidad y privacidad de la víctima,
con independencia de que se encuentre dentro de un proceso penal o de
cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su
intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar, ella y sus
familiares, con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o
libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su
condición de víctima o del ejercicio de sus derechos;
IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y
los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se
establecen en la presente Ley;
X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información
oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos,
conforme la normativa aplicable;
XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que
requiera para el ejercicio de sus derechos, respetando los procedimientos que
establezca la normativa aplicable;
XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que
tenga un interés como interviniente;
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XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva, cuando se
encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y
antes de que la autoridad se pronuncie;
XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al
Registro Estatal de Víctimas y de medidas de ayuda, de asistencia y de
reparación integral que se dicten;
XV. A que su consulado sea inmediatamente notificado conforme a las normas
internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se
trate de víctimas extranjeras;
XVI. A la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su
núcleo familiar se haya dividido;
XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad;
XVIII. A acudir y participar en escenarios de diálogo institucional;
XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales
públicos para proteger y garantizar sus derechos;
XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política
pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;
XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la
presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial,
particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, la población
indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;
XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;
XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y
psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;
XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la
responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos
humanos;
XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o
mecanismos alternativos;
XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura,
procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del
daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;
XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en
los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a
los procedimientos establecidos en la normativa aplicable;
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XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e
instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en
las decisiones que afecten sus intereses;
XXIX. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten
sus intereses y el ejercicio de sus derechos;
XXX. A que se les otorgue la ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la
Comisión Ejecutiva Estatal o de la Comisión Ejecutiva Federal en los términos
de la normativa aplicable;
XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su
lengua, en caso de que no hablen el idioma español o tengan discapacidad
auditiva, verbal o visual;
XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus
derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;
XXXIII. A participar con espacios colectivos donde se proporcione el apoyo
individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;
XXXIV. Toda ausencia a su fuente de trabajo por motivo de comparecencia o
trámite ante el órgano investigador, juez, tribunal o cualquier oficina
gubernamental o de carácter privado, cuando sea necesaria su presencia, se
considerará justificada para efectos escolares y laborales, en este último caso
cuando se trate de trabajadores al servicio del estado de Morelos, teniendo el
derecho a gozar de la totalidad de los emolumentos a que se refiere la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos u otra normativa aplicable, según
corresponda;
XXXV. La protección de las víctimas del delito de feminicidio, tentativa de
feminicidio, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de
privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o
colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o
familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de lo dispuesto por esta
Ley en términos de la legislación aplicable.
XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y
estatal en términos de esta Ley;
XXXVII. A recibir la protección de su identidad, datos personales y
confidencialidad, y
XXXVIII. Al pago íntegro de los días en que el trabajador al servicio del estado
de Morelos se haya ausentado de su fuente laboral, con motivo de algún hecho
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delictivo del que haya sido víctima, siempre y cuando justifique ante el patrón la
inasistencia con las constancias respectivas, lo anterior en términos de la
fracción XXXII del artículo 110 de la presente Ley, y
XXXIX. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales,
la Ley General, las normas federales y locales.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE: Se reforma el artículo 7 del presente ordenamiento, por ARTÍCULO
CUARTO dispositivo del Decreto 2359, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No.
6343 Segunda Sección, de fecha 2024/09/04. Vigencia: 2024/09/05. Antes decía: Artículo *7. Los
derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y no limitativo y
deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley,
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
I. a la XXXIV. …
XXXV. La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición forzada
de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de
personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; de los
intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal; así como de las
personas o familiares cercanas a todos ellos, se otorgará además de los dispuesto
por esta Ley en términos de la normativa aplicable;
XXXVI. – XXXIX. …
REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformada la fracción XXXIV y adicionada la fracción XXXVIII,
recorriéndose la subsecuente para pasar a ser XXXIX por artículo primero del Decreto No. 667,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5896 de fecha 2020/12/23. Vigencia:
2020/12/24. Antes decía: XXXIV. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o
tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra
autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima, se considerará justificada para los
efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se
refiere la Ley Federal del Trabajo o la normativa aplicable;
Artículo 8. La información y asesoría a las víctimas deberán brindarse en forma
gratuita y por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas,
garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso
efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.
Artículo 9. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se
encuentran en los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su
derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos
que le conciernan, ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad
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garantizará que el documento modificado después de la impugnación incluya una
referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se
impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos
de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares
considerando las relaciones de parentesco que establece el Código Familiar para
el Estado Libre y Soberano de Morelos.
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN
Artículo 10. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los
Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva Estatal o la Comisión Ejecutiva
Federal, según corresponda, de acuerdo con las necesidades que tengan relación
directa con el hecho victimizante.
Desde el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de
la violación de los derechos, deberán garantizar la satisfacción de sus
necesidades de:
I. Alimentación;
II. Aseo personal;
III. Manejo de abastecimientos;
IV. Atención médica y psicológica de emergencia;
V. Transporte de emergencia, y
VI. Alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras.
Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque
transversal de género, diferencial y especializado, y durante el tiempo que sea
necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad
inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, la
libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda
médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente
Ley.
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Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a
las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y
procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas
de ayuda contempladas en la presente Ley.
Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y
demás establecidas en esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones
públicas de la Entidad o Municipios, en el ámbito de sus competencias, a través de
los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos
urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones
privadas.
Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean
proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado
involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin
de evitar un nuevo proceso de victimización.
En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de
carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere,
la Comisión Ejecutiva Estatal podrá autorizar que la víctima acuda a una
institución de carácter privado con cargo al Fondo.
La Comisión Ejecutiva Estatal deberá otorgar, con cargo al Fondo los Recursos de
Ayuda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación
que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad
que tengan relación con el hecho victimizante. La Comisión Ejecutiva Estatal
requerirá a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que
se hayan generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas, de
conformidad con los criterios de comprobación a los que hace referencia el párrafo
segundo del artículo 143 de esta Ley.
La Comisión Ejecutiva Estatal podrá solicitar por escrito a la Comisión Ejecutiva
Federal, para que esta última cubra con cargo a su Fondo, medidas de ayuda
inmediata cuando la primera no cuente con disponibilidad de recursos, y se
comprometa a resarcirlos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo
81 de la Ley General.
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Artículo 11. Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a
las medidas de reparación integral a la que tuvieran derecho las víctimas, por lo
tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los
servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la
compensación a que tuvieran derecho las víctimas.
El Estado debe cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda
inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinde la Comisión
Ejecutiva Estatal a través de los Recursos de Ayuda.
Artículo 12. En el estado de Morelos se creará un Programa Integral para las
víctimas y sus familias conforme a la normativa aplicable, compuesto por los
servicios de salud, alojamiento y alimentación, transporte, protección, asesoría y
acompañamiento jurídico. Así como de medidas de asistencia y atención
tendientes a restablecer a la víctima en el ejercicio pleno de sus derechos y a
promover la superación de su condición, dentro de las que se encuentran medidas
en materia de educación; económicas y de desarrollo; de atención y asistencia en
materia de procuración y administración de justicia. Asimismo, fijará una
metodología que permita establecer un plan individual de reparación integral para
cada víctima, en el que se determinen los derechos vulnerados y el daño causado,
y se establezcan las medidas necesarias para garantizar la reparación integral.
Artículo 13. El Estado ofrecerá y prestará ayuda, asistencia y atención,
independientemente de que la víctima presente o no denuncia por los hechos que
las motivan.
Todas las medidas de ayuda, asistencia, atención, protección o servicios
otorgados por las instituciones, del Estado y de los Municipios, a las víctimas por
cualquier hecho, serán gratuitos. Ésas recibirán un trato digno con independencia
de su capacidad socio-económica y sin exigir otras condiciones previas que las
establecidas en la presente Ley.
CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA
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Artículo 14. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que
determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la
implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles
atención y tratamiento.
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima
pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y
necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un
mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes,
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas,
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación
de desplazamiento interno.
Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse
con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las
autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.
Artículo 15. Las instituciones hospitalarias públicas del estado de Morelos y sus
Municipios tienen la obligación de dar atención de urgencia a las víctimas que lo
requieran, de acuerdo a los protocolos de atención, con independencia de su
capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su
admisión.
Artículo 16. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y
hospitalaria consistirán en:
I. Hospitalización;
II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis, órtesis y demás instrumentos
que la persona requiera para su movilidad, conforme al diagnóstico dado por el
médico o especialista en la materia;
III. Medicamentos;
IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para
la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;
V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;
VI. Transporte y ambulancia;
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VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia del
delito o la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente
afectada psicológica o psiquiátricamente;
VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como
consecuencia del hecho delictivo o la violación a los derechos humanos;
IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos
por la normativa aplicable, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y
X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas.
En caso de que la unidad médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente
con lo señalado en las fracciones II y III y sus costos hayan sido cubiertos por la
víctima, o en el caso de que haya hecho el pago de los honorarios a que se refiere
la fracción IV, las autoridades estatales o municipales, según corresponda, lo
reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que
establezcan las normas reglamentarias aplicables.
Artículo 17. La Comisión Ejecutiva Estatal definirá y garantizará la creación del
Modelo con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el cual deberá
contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes
autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública que conforme al
Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que ella hace
referencia. Este modelo deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no
sean beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario
cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados por el
sistema al cual pertenece.
Artículo 18. El Estado, a través de sus instituciones de salud pública, así como
aquellos Municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de
prestación de servicios, en el marco de sus competencias, estarán obligadas a
otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin
de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.
El proceso de credencialización se realizará de manera gradual y progresiva
dando prioridad a las víctimas de daños graves a la salud e integridad personal.
No obstante, aquellas víctimas que no cuenten con dicho carnet y requieran
atención inmediata deberán ser atendidas de manera prioritaria.
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Artículo 19. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica
y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley
General de Salud, la Ley de Salud del Estado de Morelos y demás normativa
aplicable para los usuarios de los servicios de salud, y tendrá los siguientes
derechos adicionales:
I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica
permanente de calidad en cualquiera de las unidades médicas públicas,
estatales y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de
lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la
violación a los derechos humanos sufridos por cada víctima. Estos servicios se
brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados,
aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la
presente Ley, las cuales, si así lo determina el profesionista, se continuarán
brindando hasta el final del tratamiento;
II. El Estado a través de sus unidades médicas públicas, estatales y
municipales, que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de
servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de
actuación, deberán otorgar citas médicas, en el menor tiempo posible y no
mayor al contemplado en la Ley General, previa solicitud, salvo que sean casos
de atención de urgencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;
III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea
el caso, y la correspondiente entrega de la receta médica, se hará la entrega
inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le
canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral;
IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis, órtesis y
demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al
diagnóstico dado por el especialista en la materia, así como los servicios de
análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios
odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como
consecuencia del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;
V. Las autoridades estatales y, en su caso, las municipales, proporcionarán
atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia
del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica o
psiquiátricamente en la forma en que se determine en el Reglamento;
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VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso, incluyendo
programas de nutrición, y
VII. En aquellos lugares en donde no se cuente con infraestructura hospitalaria
o médica, se deberán garantizar las condiciones necesarias de acceso al
servicio de salud o atención para evitar que las víctimas tengan que recorrer
grandes distancias y que permita atender a las víctimas de urgencia, para
después hacer la debida canalización a centros de salud especializados,
conforme a la normativa aplicable.
No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a
ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.
Artículo 20. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que
afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios
de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los
casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima;
asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento
especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme
al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará
prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de
enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.
En cada una de las instituciones públicas que brinden servicios, asistencia y
atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de
la violencia sexual con un enfoque transversal de género.
Artículo 21. El Estado, a través de sus instituciones de salud pública, así como
aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de
prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera
gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria,
quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto
médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las
demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal
directa con las conductas.
Artículo 22. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la
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víctima no cumpla con lo señalado en los artículos anteriores y sus gastos hayan
sido cubiertos por la víctima, la autoridad competente, se los reembolsará de
manera completa y expedita, teniendo dicha autoridad, el derecho de repetir
contra los responsables.
Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento necesario
para solicitar el reembolso a que se refiere este artículo.
CAPÍTULO V
DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
Artículo *23. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Morelos, los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y las
instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y
brinden estos servicios en el ámbito estatal o municipal, contratarán servicios o
brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y
dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad
o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar
de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus
derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el
tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de
emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en
condiciones seguras y dignas a su hogar.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo octavo del Decreto No. 242, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5707, de fecha 2019/05/22. Vigencia: 2019/05/23. Antes
decía: La Fiscalía General, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia, sus homologas a nivel municipal y las instituciones de las que dependen
las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito estatal o
municipal; contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en
condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de
vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de
residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El
alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que
la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar
libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.
REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado por artículo octavo del Decreto No. 3248, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5611 Alcance, de fecha 2018/07/11. Vigencia: 2018/07/12.
Antes decía: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, los
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Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y las instituciones de las que
dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito estatal
o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en
condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de
vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de
residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El
alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que
la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar
libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.
CAPÍTULO VI
DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO
Artículo 24. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto a su lugar de
residencia y desee regresar al mismo, el Poder Ejecutivo Estatal cubrirá los gastos
correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte
usado por la víctima para su regreso sea el más seguro y el que le cause menor
molestia de acuerdo con sus condiciones. El Gobernador del Estado reglamentará
lo concerniente a los procedimientos necesarios que permitan garantizar que dicho
retorno sea de carácter voluntario, seguro y digno.
Artículo 25. La Comisión Ejecutiva Estatal cubrirá los gastos relacionados con los
apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de
transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse
por las siguientes causas:
I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad
procesal;
II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus
autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las
Comisiones Nacional o Estatal de Derechos Humanos u otra autoridad
relacionada con los hechos victimizantes;
III. Solicitar medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes,
cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad
física o psicoemocional, y
IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución,
pública o privada, cuando así sea autorizado en términos de artículo 10 de esta
Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.
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En caso de que la Comisión Ejecutiva Estatal no haya cubierto los gastos
referidos, la Comisión Ejecutiva Federal de conformidad con los lineamientos que
para tal efecto se emitan, deberá brindar la ayuda a que se refiere el presente
artículo, con cargo al Fondo; debiendo la Comisión Ejecutiva Estatal realizar el
reintegro de los gastos respectivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 39
Bis de la Ley General.
CAPÍTULO VII
DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN
Artículo 26. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal
o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en
riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las
autoridades del orden estatal o municipal de acuerdo con sus competencias y
capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas de protección que
sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño; para su
implementación deberán observarse los principios a que refiere la Ley General.
Artículo 27. El Programa de Protección será expedido por el Gobernador del
Estado, su elaboración será coordinada por la Secretaría de Gobierno del Poder
Ejecutivo Estatal, teniendo en cuenta las recomendaciones que al respecto realice
la Comisión Ejecutiva Estatal y conforme a la normativa aplicable.
Tendrá como objeto implementar las medidas de protección integral a la población
materia de su objeto, que intervengan en los procedimientos administrativos y
judiciales de ayuda, atención, asistencia y reparación, a través de los cuales las
víctimas reclaman sus derechos. En el caso de Periodistas, personas defensoras
de derechos humanos, el sólo ejercicio de la actividad fundamenta la protección si
de ella se deviene un riesgo. Las medidas de protección serán determinadas
según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular y en la medida en que
exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física,
la libertad y la seguridad personal, atendiendo a la normativa existente sobre la
materia.
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La Comisión Ejecutiva Estatal llevará un registro de todas las medidas adoptadas
y velará porque las acciones implementadas por otras autoridades para garantizar
la protección se realicen de forma coordinada, integral y efectiva.
Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de evitar
y tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como
respetar, en todos los casos, su dignidad.
Artículo 28. Cuando las autoridades judiciales, administrativas o del Ministerio
Público tengan conocimiento de situaciones de riesgo señaladas en el siguiente
artículo, remitirán de inmediato tal información a la autoridad competente
designada de acuerdo a los programas de protección, para que inicien el
procedimiento urgente conducente a la protección de la víctima, de acuerdo a la
evaluación de riesgo.
Artículo 29. Las medidas de protección podrán extenderse al núcleo familiar,
siempre que ello sea necesario, según el nivel de riesgo evaluado para cada caso
particular y exista amenaza contra los derechos fundamentales a la vida, la
integridad física, la libertad y la seguridad personal de los miembros del mismo. El
estudio técnico de nivel de riesgo gozará de carácter reservado y confidencial.
Artículo 30. El Programa de Protección deberá incluir los siguientes criterios:
I. Adopción de las medidas proporcionales al nivel de riesgo de la víctima antes,
durante y después de su participación en procesos jurisdiccionales o
administrativos;
II. Valoración e identificación del riesgo y factores que lo generan, debiendo ser
evaluado periódicamente y las medidas actualizadas de acuerdo a dicha
evaluación;
III. Protección, sin discriminación alguna, de las víctimas y testigos cuya vida,
seguridad y libertad estén en riesgo con ocasión a su participación en procesos
judiciales o administrativos contemplados en la normatividad relacionada con
dichos programas. Por consiguiente, el Programa de Protección establecerá las
medidas sin perjuicio del tipo de delito que se investigue o juzgue, del presunto
responsable del hecho, de la fecha de ocurrencia del delito o del procedimiento
judicial o administrativo para el reclamo de los derechos, siempre y cuando
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exista un claro nexo causal entre las amenazas y la participación de la víctima o
testigo;
IV. Adopción de los criterios necesarios para la evaluación de riesgo y las
decisiones sobre las medidas que deberán atender y tomar en consideración
los aspectos diferenciales por género, capacidad y cultura;
V. Coordinación permanente con los programas de atención a víctimas, con el
fin de atender el trauma causado por el hecho victimizante y la situación de
riesgo generada;
VI. Las medidas de protección deberán ser oportunas, específicas, adecuadas y
eficientes para la protección de los beneficiarios del Programa de Protección.
Una vez decidida la medida de protección por parte de la autoridad que
corresponda, la víctima o testigo podrá sugerir medidas alternativas o
complementarias a la decidida si considera que ésta no resulta adecuada para
las circunstancias particulares del caso. Por la autoridad que corresponda
determinará su conveniencia, viabilidad y aplicabilidad;
VII. Las entrevistas realizadas con las víctimas dentro del marco del programa
de protección deberán efectuarse en espacios que garanticen la seguridad y
confidencialidad, en particular cuando involucren a mujeres, niñas, niños y
adolescentes, y
VIII. Se deberá dar información permanente a las autoridades jurisdiccionales y
administrativas que atiendan los procesos de investigación que ocasionaron o
agravaron el riesgo, con la finalidad de que en el transcurso del mismo se tenga
en cuenta la situación de la víctima y testigo. Especialmente, se tendrán en
cuenta las razones que puedan impedir o dificultar la participación de aquellos
en las diligencias y se adoptarán las oportunas medidas de apremio que lo
garanticen.
Artículo 31. Las autoridades estatales y municipales brindarán de inmediato a las
víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y
procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen
derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades,
así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición
de víctima.
Las autoridades estatales y municipales garantizarán a las víctimas la información
y asesoría completa en los términos del presente artículo.
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Para el efecto se adoptarán los criterios y mecanismos establecidos por la
Comisión Ejecutiva Estatal.
CAPÍTULO VIII
DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN
Artículo 32. La Comisión Ejecutiva Estatal como responsable de la creación y
gestión del Registro Estatal de Víctimas garantizará que el acceso de las víctimas
a dicho Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de
permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la
presente Ley.
El Sistema Estatal de Seguridad Pública recabará y concentrará información
estadística sobre víctimas asistidas por la Comisión Ejecutiva Estatal, por
modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de
derechos que la motivare. La información tendrá carácter público y en ningún caso
incluirá datos personales.
Artículo 33. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva
Estatal, las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios
deberán contar con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en
el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener
en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante,
respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y, en
particular, el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de
violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos
mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras
de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento
interno.
Artículo 34. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios
otorgados por las instituciones a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos
y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio-
económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las
establecidas en la presente Ley.
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SECCIÓN PRIMERA
DE LAS MEDIDAS DE EDUCACIÓN
Artículo 35. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por
objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su
permanencia en el sistema educativo, si como consecuencia del delito o de la
violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se
tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho
victimizante, particularmente a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con
discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento
interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y
diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará
garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las
instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior.
Artículo 36. Las instituciones del sistema educativo estatal impartirán educación
de manera tal que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y,
en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.
Artículo 37. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias
otorgarán apoyos especiales a las escuelas que, por la particular condición de la
asistencia y atención a víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o
deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar los
problemas educativos derivados de dicha condición.
Artículo 38. Se establecerá un programa de becas permanente para el caso de
las víctimas directas e indirectas que se encuentren cursando los niveles de
educación primaria, secundaria, preparatoria o universidad en instituciones
públicas, con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios. Estos apoyos
continuarán hasta el término de su educación superior.
El Estado a través de sus instituciones correspondientes y de los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, está obligado a
prestar servicios educativos para que gratuitamente, cualquier víctima o sus hijos
menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso y permanencia
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en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación
preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco
del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución y conforme a la
distribución de la función social educativa establecida en la Ley de Educación
aplicable.
Artículo 39. El Poder Ejecutivo Estatal, a través de sus instituciones de
Educación, así como aquellos Municipios que cuenten con la infraestructura y la
capacidad de prestación de tales servicios, en el marco de sus competencias,
deberán entregar a niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes
escolares y uniformes, para garantizar las condiciones dignas y su permanencia
en el sistema educativo.
Artículo 40. La víctima o niñas, niños o adolescentes que estén bajo su patria
potestad o custodia deberán tener acceso a los libros de texto y demás materiales
educativos complementarios que las autoridades educativas determinen.
Artículo 41. El Poder Ejecutivo Estatal, a través de sus instituciones de
Educación, y las Instituciones de Educación Superior, en el marco de su
autonomía, establecerán apoyos para que las víctimas participen en los procesos
de selección, admisión y matrícula, que permitan a las víctimas que así lo
requieran acceder a los Programas Académicos ofrecidos por estas Instituciones,
para lo cual incluirán medidas de exención de pagos, como los pagos de
inscripción y de derechos de grado y deberán implementar medidas para el
acceso preferencial de las víctimas.
Artículo 42. En los casos en que la víctima esté cursando sus estudios en una
institución de educación privada, se realizarán las acciones conducentes a efecto
de que el programa permanente a que se refiere el artículo 38 de esta Ley,
considere becas para las víctimas que las beneficien hasta la conclusión del ciclo
escolar en curso.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO
Artículo 43. El Poder Ejecutivo Estatal, dentro de la política de desarrollo social,
tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios de dicha
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política conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas
que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante.
Artículo 44. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la
alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la
seguridad social, así como los relativos a la no discriminación, en los términos de
la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Artículo 45. Las Instituciones, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán
políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo
productivo e ingreso en beneficio de las víctimas, destinando los recursos
presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.
ARTÍCULO 46. Las Autoridades estatales y municipales del estado de Morelos,
están obligadas a proporcionar la información necesaria de los programas
aludidos en el artículo precedente, sus reglas de acceso, operación, recursos y
cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las
víctimas.
Las víctimas estarán sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas.
SECCIÓN TERCERA
DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
Artículo 47. Las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia en los términos de
la Constitución, de modo que se les garantice el ejercicio de su derecho a conocer
la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y
exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas;
a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al
debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación
integral por los daños sufridos.
Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga
el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación
en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá
facilitar su participación.
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Artículo 48. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo precedente,
las Instituciones garantizarán a las víctimas el acceso a los mecanismos y
procedimientos previstos en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte y demás normativa aplicable.
Artículo 49. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Estado, en el
ámbito de su competencia:
I. Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Estatal y
Municipal investigadora, agentes del Ministerio Público, Peritos y de todo el
personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos
humanos;
II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y
protección, de conformidad con la normativa aplicable;
III. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de
emergencia;
IV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las
referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;
V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas
o privadas encargadas de su atención;
VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer
su situación;
VII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas y
garantizar la seguridad de quienes denuncian;
VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la
materia, y
IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley y las normas
reglamentarias aplicables.
Artículo 50. Además de los derechos reconocidos en la Constitución, el Código
Nacional y la Ley General, las víctimas gozarán de los siguientes:
I. A expresar libremente sus opiniones y preocupaciones ante las autoridades e
instancias correspondientes de procuración e impartición de justicia y a que
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ésas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten a sus
intereses, y
II. A ofrecer o solicitar la práctica de pruebas a través de peritajes
independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de
protección de los derechos humanos.
La Comisión Ejecutiva Estatal podrá cubrir los gastos que se originen con motivo
de la contratación de expertos independientes o peritos con cargo al Fondo.
Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos
internacionales, cuando no se cuente con personal estatal o nacional capacitado
en la materia.
Artículo 51. En los casos en que el imputado se sustraiga de la acción de la
justicia se observará lo dispuesto en la Ley General, sin perjuicio de lo previsto por
el Código Nacional.
Artículo 52. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y ser
reconocidas como sujetos procesales en el mismo, así como a ser representadas
por un Asesor Jurídico Estatal, o en su caso, por el Ministerio Público, y ser
notificadas personalmente de los actos o resoluciones dictados por la autoridad
competente, de conformidad con lo previsto en la Constitución, los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, la Ley General, el Código Nacional y
demás normativa aplicable.
Artículo 53. Las víctimas tendrán derecho a que se considere su discapacidad
temporal o permanente, física o mental, así como su condición de niñas, niños,
adolescentes o adultos mayores. Así mismo, a que se respete un enfoque
transversal de género y las diferencias culturales, religiosas, de credo, étnicas,
entre otras igualmente relevantes. Cuando sea necesario, el Estado proporcionará
intérpretes y traductores. Las víctimas no podrán ser discriminadas por ninguna
causa de conformidad a la Constitución y los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, la presente Ley y las demás disposiciones jurídicas
aplicables en la materia.
Artículo 54. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y
trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse y, en caso
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de aceptar su realización, a ser acompañadas en todo momento por su asesor
jurídico o la persona que consideren.
La Comisión Ejecutiva Estatal, podrá cubrir los costos de los exámenes a que se
refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo.
Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos
internacionales, cuando no se cuente con personal estatal o nacional capacitado
en la materia.
Artículo 55. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos
conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la
conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño, la
reconciliación de las partes y las medidas de no repetición. Para tal efecto, se
tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en normativa aplicable.
No podrá celebrarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede
acreditado, a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de
tomar esa decisión y en los casos en que la Ley lo prohíba.
La Fiscalía General llevará un registro y una auditoría puntual sobre los casos en
que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos,
notificando, en todo, caso la Comisión Ejecutiva Estatal, a las instancias de
protección a las mujeres y la defensa de niñas, niños y adolescentes y la familia, a
fin de que se verifique que la víctima tuvo la asesoría necesaria para la toma de
dicha decisión. Los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar
estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que
conllevan, serán sancionados conforme a lo previsto en la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 56. La Fiscalía General creará un Programa Especial para el trato jurídico
de casos de violencia sexual. Dicho Programa deberá prever una asistencia
diferenciada a las víctimas de este delito, informar a la víctima y su representante
de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes
relacionados con su caso, desde que se tenga conocimiento del hecho delictivo.
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La Comisión Ejecutiva Estatal deberá revisar el Programa Especial a que se
refiere el párrafo anterior, previamente a su publicación en el órgano de difusión
oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la que se dará cuenta de dicha revisión.
Artículo 57. Para garantizar el derecho a la justicia de víctimas de manera
efectiva, en los casos en que se investiguen delitos que involucren violencia
sexual, toda autoridad aplicará, como mínimo, las siguientes reglas:
I. Para todas las víctimas que participen en el proceso o que declaren como
testigos, se deberá contar con la presencia de personal con especialidad y
experiencia en situaciones traumáticas, en disciplinas como psicología, trabajo
social, psiquiatría, entre otros, y
II. La víctima tiene derecho a elegir el género de la persona ante la cual desea
rendir declaración.
Artículo 58. Las víctimas deben ser informadas sobre los siguientes aspectos:
I. Las Instituciones y organizaciones a las que puede dirigirse para obtener
asesoría y apoyo especializado;
II. Los servicios y garantías a que tiene derecho o que puede encontrar en las
distintas Instituciones y organizaciones;
III. El lugar, la forma, las autoridades y requisitos necesarios para presentar una
denuncia;
IV. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y los derechos y mecanismos
que como víctima puede utilizar en cada una de ellas. Las autoridades deben
informar a las mujeres y los menores de edad sobre su derecho a no ser
confrontados con el agresor o sus agresores;
V. Las autoridades ante las cuales puede solicitar protección y los requisitos y
condiciones mínimos que debe acreditar para acceder a los programas
correspondientes;
VI. Las Instituciones y las autoridades que pueden brindarle orientación,
asesoría jurídica o servicios de representación judicial gratuitos;
VII. Las Instituciones competentes y los derechos de los familiares de las
víctimas en la búsqueda, exhumación e identificación en casos de desaparición
forzada y de las medidas de prevención para la recuperación de las víctimas;
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VIII. Los trámites y requisitos para hacer efectivos los derechos que le asisten
como víctima;
IX. Del curso o trámite dado a su denuncia;
X. Del inicio de la investigación formal y de la posibilidad de constituirse en
parte dentro de la actuación;
XI. De la captura o detención del presunto o presuntos responsables;
XII. De la decisión adoptada sobre la detención preventiva o libertad provisional
de los presuntos responsables;
XIII. Del inicio del juicio y del derecho a participar en el proceso;
XIV. De la celebración de las audiencias públicas de investigación y
juzgamiento;
XV. De la sentencia emitida por el Juez o Magistrado;
XVI. De los recursos que cabe interponer en contra de la sentencia;
XVII. De la exhumación de restos o cadáveres que pudieran corresponder a un
familiar desaparecido, de la identificación de posibles lugares de inhumación y
del procedimiento en el que tienen que participar las víctimas para lograr la
identificación de los restos;
XVIII. De las medidas vigentes para la protección de las víctimas y testigos y los
mecanismos para acceder a ellas;
XIX. De las resoluciones sobre medidas cautelares que recaigan sobre bienes
destinados a la reparación, y
XX. De las demás actuaciones judiciales que afecten los derechos de las
víctimas.
Toda asesoría y acompañamiento jurídico sobre la realización de las diligencias
judiciales en las que la víctima pueda participar, deberá efectuarse en un término
razonable y de conformidad con el respectivo proceso.
Frente a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, así como los
delitos contra la libertad e integridad personal como la desaparición forzada y el
secuestro, las autoridades que intervengan en las diligencias iniciales deberán
brindar garantías de información reforzadas, mediante personal especializado en
atención psicosocial, sobre las Instituciones a las que deben dirigirse para obtener
asistencia médica y psicológica especializada, así como frente a sus derechos y la
ruta jurídica que debe seguir.
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Toda información, asesoría y acompañamiento jurídico deberá garantizar la
confidencialidad de las solicitudes que se realicen.
Las personas en situación de víctima podrán en todo momento estar
acompañadas por una persona de su confianza.
Artículo 59. La Fiscalía General deberá tomar las decisiones correspondientes
para que, en unión y colaboración con otras Instituciones competentes en la
materia y las autoridades federales, se adopte un sistema o estrategia para
combatir eficazmente el crimen organizado y acabar con los índices de impunidad,
en beneficio de las víctimas y la sociedad en general. Para ello deberán fortalecer
las herramientas investigativas y de persecución de las más graves violaciones a
los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, conforme la
normativa aplicable.
CAPÍTULO IX
DEL DERECHO A LA VERDAD
Artículo 60. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer
los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que
fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan
propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de
igualdad.
Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir
información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las
afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos
y, en los casos de personas, desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas
o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.
Artículo 61. En los casos de desapariciones forzadas o de víctimas reportadas
como desaparecidas se estará a lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, el
Código Nacional y demás normativa aplicable.
Artículo 62. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad
histórica de los hechos.
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Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad
de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos
legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones
cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su
participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno
de estos mecanismos.
Artículo 63. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus
familiares y la sociedad, el Estado generará condiciones para que pueda tener
lugar una investigación independiente, imparcial y efectiva, que cumpla con la
normativa aplicable y, entre otros, con los siguientes objetivos:
I. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos,
la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;
II. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los
hechos;
III. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones
puedan ser reconocidas y escuchadas;
IV. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación
de formulación de políticas de investigación, y
V. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras
políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron
las violaciones de derechos.
Para el cumplimiento de estos objetivos deberán realizarse consultas que incluyan
la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.
Artículo 64. Las Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como Asociaciones
Profesionales, Gremiales y Sindicales, Organizaciones No Gubernamentales e
Instituciones Académicas y otras de similar naturaleza, podrán proporcionar a la
autoridad competente los resultados que arrojen sus investigaciones, con el fin de
contribuir a la búsqueda y conocimiento de la verdad.
Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se
pueda realizar de forma libre e independiente.
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Artículo 65. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos
relativos a las violaciones de los derechos humanos, así como a respetar y
garantizar el derecho de acceder a los mismos.
El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de
impedir su sustracción, destrucción, alteración o falsificación; permitir su consulta
pública, particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y contribuir a garantizar la acción de
la justicia.
Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las
formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad
y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún caso, podrán
aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.
Los Tribunales Nacionales e Internacionales, los Organismos Nacionales e
Internacionales de Derechos Humanos, así como los investigadores que trabajen
en esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las
violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo
los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las
seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos
como condición previa de su testimonio.
En ningún caso, las Instituciones del estado de Morelos podrán impulsar o
promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial
que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad,
participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento
de las personas.
Artículo 66. De conformidad con la Ley General, se creará el Archivo de la Verdad
del Estado de Morelos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Estatal de
Documentación y Archivos de Morelos y demás normativa aplicable. Dicho archivo
deberá contar con dos sub archivos, el de verdad judicial y el de verdad histórica.
Dicho archivo estará a cargo del Instituto Estatal de Documentación de Morelos, y
la Comisión Ejecutiva Estatal participará en su creación.
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Artículo 67. Se creará la Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos,
como establecimiento público de orden estatal a cargo de la Secretaría de Cultura
del Poder Ejecutivo Estatal. La Casa de la Memoria Histórica del Estado de
Morelos tendrá como sede principal la ciudad de Cuernavaca.
Artículo 68. La Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos tendrá como
objeto fomentar actividades educativas, pedagógicas, museísticas y culturales
dirigidas a la reconstrucción de la memoria sobre las violaciones a los derechos
humanos.
El Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de su Secretaría de Cultura, definirá la
estructura y funcionamiento de la Casa de la Memoria.
Artículo 69. Son funciones específicas de la Casa de la Memoria Histórica del
Estado de Morelos:
I. Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria Histórica Estado de
Morelos, destinado a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva;
II. Diseñar, crear y administrar acciones encaminadas a fortalecer los derechos
humanos y la memoria histórica, mediante el acopio, preservación y custodia de
los materiales que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas
físicas o colectivas, que se refieran o documenten todos los temas relacionados
con las violaciones de derecho humanos en el estado de Morelos, así como con
la respuesta estatal ante tales violaciones, y
III. Suscribir convenios, contratos o cualquier otro acto jurídico que se requiera
para la ejecución de sus funciones y el desarrollo de su encomienda.
Los documentos que no tengan carácter reservado o confidencial y se encuentren
en archivos privados y públicos en los que consten las violaciones de derechos
humanos, serán constitutivos del patrimonio documental bibliográfico.
Artículo 70. Se instituye el día 28 de marzo de cada año como el Día de
Conmemoración de las Víctimas del Estado de Morelos, como medida de
satisfacción y mecanismo de garantía de no repetición de los hechos violentos del
pasado, sin que exista suspensión de actividades laborales o escolares.
CAPÍTULO X
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DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL
Artículo 71. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna,
plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido
como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones de
derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
La determinación de medidas obedecerá al desarrollo del enfoque diferencial y
propender por la reconstrucción del proyecto de vida de la víctima y su entorno
familiar con enfoque transformador.
Artículo *72. Para los efectos de la presente Ley la reparación integral
comprenderá:
I. La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a la
comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;
II. La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos sufridos
por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
III. La compensación que se otorgue a la víctima de forma apropiada y
proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de
derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada
caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación
de derechos humanos;
IV. La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las víctimas;
V. Las medidas de no repetición que persigan la no reiteración del hecho
punible o la violación de derechos sufrida por la víctima;
VI. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima u
ofendido y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que
solicite, y
VII. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de
responsabilidad, cuando en el delito participe un servidor público o agente de
autoridad, lo anterior con independencia de otras responsabilidades en que
incurra el Estado por la omisión de cumplimiento en la presente Ley.
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Cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión del
delito de feminicidio, el órgano jurisdiccional de conocimiento deberá condenarla al
pago de la reparación integral del daño, a favor de la víctima u ofendidos, en todos
los casos.
Cuando sean servidores o agentes estatales los que actúen a título oficial y
cometan cualquiera de los delitos materia de esta Ley, las víctimas serán
resarcidas por el Estado, conforme a la legislación en materia de responsabilidad
patrimonial estatal.
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y
dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto
de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las
poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de
la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y
colectivos afectados.
Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán
cubrirse con cargo al Fondo de la Comisión Ejecutiva Federal o al Fondo, según
corresponda, en los términos previstos en la Ley General y esta Ley.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE: Se reforma integralmente el artículo 72 del presente ordenamiento, por
ARTÍCULO ÚNICO dispositivo del Decreto número 1871, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” No. 6309, de fecha 2024/05/15. Vigencia: 2024/05/16. Antes decía: Artículo 72. Para los
efectos de la presente Ley la reparación integral comprenderá:
I. La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a
la violación de sus derechos humanos;
II. La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho
punible o de las violaciones de derechos humanos;
III. La compensación que se otorgue a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad
del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta
las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos
humanos;
IV. La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las víctimas, y
V. Las medidas de no repetición que persigan la no reiteración del hecho punible o la violación de
derechos sufrida por la víctima.
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Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al
Fondo de la Comisión Ejecutiva Federal o al Fondo, según corresponda, en los términos previstos
en la Ley General y esta Ley.
Artículo 73. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se
entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u
organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos
individuales de los miembros de los colectivos o cuando el daño comporte un
impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la
reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en
la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los
derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y
dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto
de vida colectivo y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las
poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de
la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y
colectivos afectados.
Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán
cubrirse con cargo al Fondo.
Artículo 74. Para la determinación e implementación de medidas objeto de
reparación integral, la Comisión Ejecutiva Estatal se apegará a lo establecido en el
Programa Integral, conforme a la normativa aplicable.
El Programa Integral fijará una metodología que permita establecer para cada
víctima un plan individual de reparación integral, donde se determinen los
derechos vulnerados, el daño y se establezcan las medidas necesarias para
garantizar la reparación integral y los términos. Las personas colectivas objeto de
reparación también deberán ser objeto de plan individual.
Las medidas desarrolladas en el marco del plan individual o colectivo de
reparación integral se desarrollarán con cargo al Fondo.
Artículo 75. Las autoridades estatales y municipales donde se haya cometido el
hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios
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que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en
los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante. Estos
gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un
lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su
cuerpo en otro lugar, así como aquellos relacionados con sus tradiciones
religiosas y culturales.
Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es
su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en
el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se
deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí
mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias
correspondientes a los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva Estatal.
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS MEDIDAS DE RESTITUCIÓN
Artículo 76. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos
conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas
de ellos.
Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:
I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de
personas;
II. Restablecimiento de los derechos jurídicos;
III. Restablecimiento de derechos civiles y políticos;
IV. Restablecimiento de la identidad;
V. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;
VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen;
VII. Reintegración en el empleo;
VIII. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido
incautados o recuperados por las autoridades, incluyendo sus frutos y
accesorios y, si no fuere posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de
bienes fungibles, el juzgador podrá condenar a la entrega de un objeto igual al
que fuese materia de delito, sin necesidad de recurrir a prueba pericial, y
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IX. Restablecimiento de su salud.
En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia
condenatoria, se eliminarán de los registros los respectivos antecedentes penales.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN
Artículo 77. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda,
las siguientes:
I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;
II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos
de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;
III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los
derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadano;
IV. Programas de educación y capacitación laboral orientados a la formación de
las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la
realización de su proyecto de vida;
V. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración
de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida, y
VI. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad,
incluido su grupo, o comunidad.
La atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada a que se refiere la
fracción I del presente artículo, se desarrollará a través del Modelo. La
reglamentación del Modelo deberá atender, en su caso, las medidas individuales,
físicas y de atención mental, que permitan a las víctimas, su familia y entorno
social superar las secuelas de la victimización y desempeñarse en su entorno
familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de
manera individual o colectiva.
Los servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos
de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo será prestado por la
Asesoría Jurídica Estatal en términos de lo previsto por esta Ley.
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Las demás acciones enunciadas en el presente artículo serán desarrolladas por la
Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo 78. En materia de rehabilitación se dará trato preferencial y diferenciado
a las mujeres, los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a personas
dependientes de éstas.
SECCIÓN TERCERA
DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
Artículo 79. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y
pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de
los delitos a los que se refiere el artículo 86 de esta Ley o de la violación de
derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que
establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas
incluirán, entre otros y como mínimo:
I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;
II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con
derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos
de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no
pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas,
como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda
perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;
III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el
pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se
cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;
IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones
sociales;
V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o
violaciones a derechos humanos;
VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste
sea privado;
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VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como
consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean
necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y
VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o
alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su
tratamiento, si la víctima reside en Municipio distinto al del enjuiciamiento o
donde recibe la atención.
Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de
gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del
monto total.
Artículo 80. La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas
en el artículo 86 de esta Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará
en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 84 de
esta Ley.
En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de
Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la
compensación.
La Comisión Ejecutiva Estatal expedirá los lineamientos respectivos a efecto de
que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.
Artículo 81. Niñas, niños y adolescentes, así como las personas incapaces
víctimas tienen el derecho a obtener una compensación. Los padres, tutores o la
autoridad competente, según sea el caso, podrán elevar la solicitud de la
compensación a que el niño, niña o adolescente y persona incapaz tenga derecho,
como representantes legales.
La Comisión Ejecutiva Estatal creará en todos los casos, la constitución de una
subcuenta dentro del Fondo a nombre de cada niña, niño y adolescente, así como
persona incapaz víctima. Los costos de la administración serán a cargo del
Estado.
La compensación para cada niño, niña y adolescente podrá ser utilizada para
garantizar su sano desarrollo y cubrir sus necesidades primarias antes de que
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cumplan la mayoría de edad, para lo cual la Comisión Ejecutiva Estatal
reglamentará el acceso al mismo.
La compensación así como las medidas de asistencia y ayuda para la persona
incapaz víctima, podrán ser solicitadas por su representante legal o tutor y podrán
ser utilizadas para garantizar sus necesidades primarias, para lo cual la Comisión
Ejecutiva Estatal reglamentará el acceso al mismo.
Si al cumplir la mayoría de edad existiera remanente de la compensación a la que
tienen derecho, la Comisión Ejecutiva Estatal deberá entregarla en términos de la
normativa aplicable.
Artículo 82. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán
compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en
su caso:
I. Un Órgano Jurisdiccional Nacional;
II. Un Órgano Jurisdiccional Internacional o reconocido por los Tratados
Internacionales ratificados por México;
III. Un Organismo Público de Protección de los Derechos Humanos, y
IV. Un Organismo Internacional de Protección de los Derechos Humanos
reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano,
cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de
un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo Tratado en el que se
encuentre contemplado el organismo en cuestión.
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas
que los mismos hechos pudieran implicar y conforme a lo dispuesto por la
presente Ley.
En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos
máximos previstos en el artículo 84.
Artículo 83. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la
compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará
la reparación con cargo al patrimonio de éste o, en su defecto, con cargo a los
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recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes
decomisados al sentenciado.
Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará en lo
dispuesto en el artículo 84 de esta Ley.
Artículo 84. La Comisión Ejecutiva Estatal fijará el monto del pago de una
compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo en términos de la presente
Ley, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en
cuenta:
I. La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya
sustraído a la acción de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer
un criterio de oportunidad, y
II. La resolución firme emitida por la autoridad judicial.
El dictamen de resolución de la Comisión Ejecutiva Estatal deberá dictarse dentro
del plazo de noventa días, contados a partir de la determinación o resolución firme
correspondiente.
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado será
hasta de quinientas veces el valor mensual de la Unidad de Medida y
Actualización, la cual deberá ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no
podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.
Artículo 85. La Comisión Ejecutiva Estatal ordenará la compensación subsidiaria
cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los
elementos a su alcance que lo demuestren y presente sus alegatos. La víctima
podrá presentar, entre otros:
I. Las constancias del agente del Ministerio Público que competa, de las que se
desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la judicialización de
la carpeta de investigación con o sin detenido;
II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen
los conceptos a reparar. En el incidente o expediente respectivo, la reparación
obtenida y como consecuencia de ello los conceptos que el sentenciado no
pudo reparar, o
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III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de
protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha
obtenido la reparación del daño, ya sea de la persona directamente responsable
de satisfacer dicha reparación o de las autoridades responsables de la
compensación subsidiaria de conformidad con lo que establece esta Ley.
Artículo 86. El Estado compensará a través de la Comisión Ejecutiva Estatal, de
forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión
preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o
menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad
o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su
integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la
autoridad judicial.
La Comisión Ejecutiva Federal podrá cubrir la compensación subsidiaria para
asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo Federal, cuando la Comisión
Ejecutiva Estatal lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción
XVII del artículo 81 de la Ley General.
La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá con
cargo al Fondo en términos de la Ley y su Reglamento.
Artículo 87. El Estado a través de la Comisión Ejecutiva Estatal tendrá la
obligación de exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados
por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito
que aquél cometió.
Artículo 88. La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho
de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.
Artículo 89. En casos en que la víctima demuestre extrema vulnerabilidad con
ocasión de la ocurrencia del acto delictivo, la Comisión Ejecutiva Estatal podrá
reconocer, en calidad de compensación provisional y anticipada, los montos a que
diera lugar de manera parcial o total. En caso de que no se cumplan los elementos
contenidos en este artículo, la víctima estará obligada a realizar la devolución de la
compensación provisional y anticipada, lo anterior sin perjuicio de las
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responsabilidades civiles y administrativas que de los mismos hechos pudieran
derivar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.
SECCIÓN CUARTA
DE LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN
Artículo 90. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que
proporcionen bienestar y contribuyan a mitigar el daño de la víctima. Las medidas
de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica
que a las mismas se pueden adicionar otras.
Artículo 91. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según
corresponda:
I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad,
en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la
seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de
personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se
produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;
II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas
de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos
y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las
prácticas culturales de su familia y comunidad;
III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la
reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente
vinculadas a ella;
IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas
involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya
el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
V. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las
comunidades campesinas y pueblos y comunidades originarias, atendiendo a
un enfoque diferencial. Se deberá en todo momento contar con la participación
de las víctimas para el diseño, elaboración, creación e implementación de las
medidas de satisfacción;
VI. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables
de las violaciones de derechos humanos;
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VII. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el
sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas;
VIII. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y
honor, ante la comunidad y el ofensor, y
IX. Efectuar las publicaciones a que haya lugar.
Artículo 92. Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a
favor de las víctimas o de la comunidad en general tendente a asegurar la
preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes,
la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el
restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
Las medidas de reparación simbólica, ya sean individuales o colectivas, podrán
cubrirse con cargo al Fondo, conforme lo establezca el Reglamento y la normativa
aplicable.
Artículo 93. A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Morelos se creará el programa especial para el encuentro y
reconstrucción del tejido social, el cual tendrá por finalidad establecer acciones y
herramientas que contribuyan a la reconstrucción de la memoria en espacios
colectivos, elaborar un plan de acción que incluya actividades para la dignificación
de las víctimas y su reconocimiento.
El proyecto de presupuesto de egresos del Estado y su correspondiente
aprobación deberán garantizar una partida presupuestal para realizar los ajustes
institucionales y financieros para el desarrollo de este programa.
SECCIÓN QUINTA
DE LAS MEDIDAS DE NO REPETICIÓN
Artículo 94. Las medidas de no repetición son aquellas que se adoptan para que
las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y que
contribuyen a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza.
Estas consistirán en las siguientes:
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I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las
corporaciones de seguridad pública;
II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se
ajusten a la normatividad internacional, federal y local relativas a la
competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a
las garantías del debido proceso;
III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial Estatal;
IV. La limitación en la participación los Poderes del Estado, de los dirigentes
políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves
violaciones de los derechos humanos;
V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las corporaciones de
seguridad de los militares, agentes de inteligencia y cualquier otro personal de
seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer
graves violaciones de los derechos humanos;
VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información que
coadyuven con los objetivos de esta Ley;
VII. La protección de los defensores de los derechos humanos;
VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de
la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta
materia de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como
las corporaciones de seguridad;
IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas
éticas, en particular los definidos en normas internacionales de protección de
derechos humanos, por los servidores públicos, incluido el personal de
corporaciones de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de
información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además
del personal de empresas comerciales;
X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por
medios pacíficos los conflictos sociales;
XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que
contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos o las permitan, y
XII. Profesionalización y actualización de las corporaciones de seguridad en
materia de respeto, garantía y protección de los derechos humanos.
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Artículo 95. El estado de Morelos creará un Sistema de Alertas que tenga por
finalidad realizar estudios sobre el comportamiento delictivo en el Estado y
monitoreo a la violación de derechos humanos, generando alertas tempranas de
prevención e intervención de las autoridades competentes. Este sistema deberá
contemplar, más allá de un enfoque policial, la seguridad humana, aspectos
sociales y de otra índole.
Artículo 96. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición
de los delitos ni de las violaciones a los derechos humanos las siguientes:
I. Supervisión de la autoridad;
II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él en caso
de existir peligro inminente para la víctima;
III. Determinación y caución de no ofender;
IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y
V. La asistencia a tratamiento de rehabilitación dictada por un Juez y sólo en
caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o el
hecho victimizante, en los términos de la normatividad aplicable.
Artículo 97. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la
observación y orientación de los condenados, ejercidas por personal
especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la
comunidad.
Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por
otra sanción, se reduzca la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión
condicional de la pena.
El Poder Ejecutivo Estatal garantizará la implementación de esta medida de
acuerdo a los lineamientos del área de Reinserción Social.
Artículo 98. Cuando una persona haya sido sentenciada por delitos o violación a
los derechos humanos, cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias
alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, independientemente de la
pena que corresponda, se le aplicarán cursos y tratamientos para evitar su
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reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación, sin perjuicio de lo
previsto por el Código Nacional.
CAPÍTULO XI
DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO
EN EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Artículo 99. En términos de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley General y
derivado de la participación del Estado en el Sistema Nacional, las autoridades del
estado de Morelos, conforme el ámbito de su competencia, están obligadas a:
I. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas;
II. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política
nacional integral, para la adecuada atención y protección a las víctimas;
III. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley;
IV. Ejercer su facultad reglamentaria para la aplicación de la presente Ley;
V. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional;
VI. Participar en la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas
que realice el Gobierno Federal;
VII. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las víctimas indígenas
con base en el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado;
VIII. Fortalecer e impulsar la creación de instituciones públicas y privadas que
prestan atención a las víctimas;
IX. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos
de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos
humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa de Atención Integral a
Víctimas que realice el Gobierno Federal;
X. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres, así
como su empoderamiento, y mejorar con ello su calidad de vida;
XI. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de
atención diseñado por el Sistema Nacional;
XII. Promover programas de información a la población en la materia;
XIII. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;
XIV. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley y
la Ley General;
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XV. Rendir ante el Sistema Nacional un informe anual sobre los avances de los
programas locales que deriven de la presente Ley;
XVI. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los
programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al
efecto se realicen;
XVII. Impulsar la participación de las organizaciones civiles dedicadas a la
promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los
programas estatales;
XVIII. Recibir de las organizaciones civiles las propuestas y recomendaciones
sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en
la materia;
XIX. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la
información necesaria para su elaboración;
XX. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento
de los objetivos de la presente Ley, y
XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la
materia, y aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos
jurídicos aplicables.
Artículo 100. Las instituciones competentes en las materias de seguridad pública,
procuración de justicia, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo integral
de la familia, salud, educación, cultura, conforme el ámbito de su competencia,
deberán:
I. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de
planes, programas, líneas de acción, convenios de cooperación y coordinación,
entre otros, para garantizar los derechos de las víctimas de delitos o de
violación a sus derechos humanos;
II. Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal
para asegurar el acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen
a las víctimas, y con ello lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar
su reinserción a la vida cotidiana;
III. Canalizar a las víctimas a las instituciones que les prestan ayuda, atención y
protección especializada;
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IV. Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias,
en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el
respeto irrestricto de los derechos establecidos en la presente Ley;
V. Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia,
especialmente la ejercida contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres,
indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
VI. Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones del
Programa que les corresponda, con la finalidad de diseñar nuevos modelos de
prevención y atención a las víctimas, en colaboración con las demás
autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;
VII. Definir y promover al interior de cada institución política que promuevan el
respeto irrestricto de los derechos humanos, con base en los principios
establecidos en la presente Ley, a fin de fomentar la cultura de los derechos
humanos y el respeto a la dignidad de las personas;
VIII. Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de
violaciones a derechos humanos, y en el caso de nacionales que se encuentren
en el extranjero, se deberán establecer los mecanismos de información para
que conozcan a dónde acudir en caso de encontrarse en calidad de víctimas;
IX. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o
de violaciones a derechos humanos, proporcionando la información que sea
requerida por la misma;
X. Generar los espacios públicos para cumplir, en el ámbito de sus atribuciones
lo que mandata la Ley;
XI. Brindar las medidas de atención prioritaria, determinadas por la Comisión
Ejecutiva Estatal, en términos de esta Ley, y
XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas
reglamentarias respectivas y el Programa Integral.
Las instituciones del sector salud, de manera integral e interdisciplinaria brindarán
atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas, asegurando que
en la prestación de los servicios se respeten sus derechos humanos.
Las instituciones de seguridad pública deberán salvaguardar la integridad y
patrimonio de las víctimas en situación de peligro cuando se vean amenazadas
por disturbios y otras situaciones que impliquen violencia o riesgos inminentes o
durante la prevención de la comisión de algún delito o violación a sus derechos
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humanos.
Artículo 101. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley General, las siguientes competencias:
I. Instrumentar y articular, en concordancia con las políticas nacional y estatal,
la política municipal para la adecuada atención y protección a las víctimas;
II. Coadyuvar con los Gobiernos Federal y Estatal, en la adopción y
consolidación del Sistema Nacional;
III. Promover, en coordinación con las autoridades estatales, cursos de
capacitación a las personas que atienden a víctimas;
IV. Ejecutar las acciones necesarias, en el ámbito de su competencia, para
coadyuvar en el cumplimiento del Programa de Atención Integral a Víctimas que
realice el Gobierno Federal y el Programa Integral;
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;
VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;
VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;
VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la
materia, y
IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros
ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 102. Las competencias y obligaciones del Estado y de los Municipios, así
como de sus servidores públicos, tales como Ministerio Público, integrantes del
Poder Judicial Estatal, Asesores Jurídicos de las víctimas, funcionarios del
organismo de protección de derechos humanos en el Estado, y las policías, se
encuentran consagradas en la Ley General y el Código Nacional, por lo que
deberán observarse en todo momento a fin de dar cumplimiento a la presente Ley.
Artículo 103. A la víctima le corresponde:
I. Actuar de buena fe;
II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la
justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para su persona,
familia o bienes;
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III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido
devueltos o puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de
familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así lo requiera y por el lapso
que se determine necesario;
IV. Cuando tenga acceso a información reservada o confidencial, respetar y
guardar la secrecía de la misma, y
V. Lo que establezcan otros ordenamientos jurídicos en la materia.
Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar
que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos
reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique
ausentismo.
CAPÍTULO XII
DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Artículo 104. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas será la instancia superior
de coordinación y formulación de políticas públicas relacionadas con las víctimas,
y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios,
programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas
públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención,
acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en el
estado de Morelos. Así como la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y
acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por la
Ley General, para la protección de los derechos de las víctimas.
El Sistema Estatal está constituido por todas las instituciones y entidades públicas
estatales y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas
o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de
los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral
de las víctimas, a que se refiere el artículo 106 de esta Ley.
Para la operación del Sistema Estatal y el cumplimiento de sus atribuciones, el
Sistema Estatal contará con una Comisión Ejecutiva quien conocerá y resolverá
los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.
En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una
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entidad federativa distinta de su Entidad de origen la Comisión Ejecutiva Estatal en
el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizará su debido registro,
atención y reparación, en términos de esta Ley.
El Sistema Estatal deberá realizar las acciones necesarias para guardar la
vinculación necesaria, conforme el ámbito de su competencia, con el Sistema
Nacional, respecto de las determinaciones y decisiones que en este último se
tomen a favor de las víctimas.
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para
establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de
los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la
justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.
Artículo 105. Para el cumplimiento de su objeto el Sistema Estatal, en el ámbito
de su competencia, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades
públicas federales, estatales y municipales, organismos autónomos encargados
de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos
humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las
víctimas;
II. Formular propuestas para la elaboración del Programa Integral y demás
instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia,
atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y
a la reparación integral de las víctimas;
III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se
realicen a la Comisión Ejecutiva Estatal;
IV. Elaborar propuestas de reforma a instrumentos legales o reglamentarios en
materia de atención a víctimas para someterlos a las autoridades competentes;
V. Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus
funciones;
VI. Promover estrategias para el desarrollo profesional y la especialización de
los miembros de las instituciones de atención a víctimas;
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VII. Promover que las disposiciones jurídicas pertinentes prevean un
procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones
administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas, por
incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se
establezcan en los ordenamientos correspondientes;
VIII. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a
víctimas;
IX. Proponer criterios de cooperación y coordinación para la atención médica,
psicológica y jurídica de víctimas, así como de gestoría de trabajo social
respecto de las mismas;
X. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;
XI. Formular estrategias de coordinación en materia de atención a víctimas;
XII. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a
víctimas;
XIII. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;
XIV. Promover la uniformidad de criterios jurídicos con relación a la materia de
la presente Ley;
XV. Coordinar la elaboración de diagnósticos que permitan evaluar las
problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de violaciones
a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la
verdad y reparación integral del daño en la Entidad;
XVI. Promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión
Ejecutiva Federal y la Comisión Ejecutiva Estatal para establecer las reglas de
reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva Federal a
través del Fondo Federal, ya sea por conceptos de Recursos de Ayuda o de
compensación subsidiaria, en términos de lo previsto en la fracción XVII del
artículo 81 de la Ley General;
XVII. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales y
municipales en materia de capacitación, capital humano, y materiales que se
requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas
cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a
la verdad y la reparación integral, de tal manera que sea disponible y efectiva.
Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de
recursos y servicios de atención a víctimas;
XVIII. Aprobar la propuesta, que someta a su consideración el Comisionado
Ejecutivo, de la plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la
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información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas,
programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención
del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso
a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo,
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades
establecidas en esta Ley, y
XIX. Las demás que le otorga esta Ley, su Reglamento, así como demás
normativa aplicable.
Artículo 106. El Sistema Estatal se integrará de la siguiente manera:
I. Del Poder Ejecutivo Estatal:
a) El Gobernador del Estado quien lo presidirá;
b) La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo
Estatal;
c) La persona titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos;
d) La persona titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública;
II. Del Poder Legislativo Estatal:
a) Una persona representante de la Comisión de Atención a Víctimas del
Congreso del Estado;
III. Del Poder Judicial Estatal:
a) La persona titular del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Estatal;
IV. Organismos Públicos:
a) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Morelos;
V. La persona titular del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del
Estado de Morelos, y
VI. El Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo 107. Los integrantes del Sistema Estatal se reunirán en Pleno o en
comisiones de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley.
El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su
Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma
extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Los integrantes
tienen obligación de comparecer a las sesiones.
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El quórum para las reuniones del Sistema Estatal se conformará con la mitad más
uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes
presentes con derecho a voto.
Corresponderá al Presidente del Sistema Estatal la facultad de promover en todo
tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema. Los integrantes del
mismo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor
funcionamiento del Sistema Estatal.
El Presidente del Sistema Estatal será suplido en sus ausencias por la persona
titular de la Secretaría de Gobierno, por lo cual esta última deberá nombrar, a su
vez, al servidor público que lo supla ante el Sistema, a fin de evitar la
concentración de votos en su sola persona para la toma de decisiones. El resto de
los integrantes del Sistema deberán asistir personalmente.
Al desarrollo de las sesiones del Sistema Estatal se podrá invitar, con derecho a
voz, pero sin voto, a representantes de otras instituciones federales, estatales y
municipales; instituciones; asociaciones; organizaciones no gubernamentales y, en
general, a cualquier persona con reconocida experiencia, cuando los temas a
tratar así lo requieran; siempre que así lo acuerde el Pleno del Sistema Estatal.
Las sesiones y demás formas de operación del Sistema Estatal se realizarán
conforme lo determine el Reglamento de la presente Ley.
CAPÍTULO XIII
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL
SECCIÓN PRIMERA
DE LA NATURALEZA Y DEL OBJETO
Artículo 108. La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del
Estado de Morelos, creada como un Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Estatal, sectorizado por Acuerdo del Gobernador del
Estado a la Secretaría o Dependencia del sector correspondiente; cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, ejecutiva,
administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la
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realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a
su normativa correspondan.
La Comisión Ejecutiva Estatal tendrá por objeto garantizar, promover y proteger
los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en
especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a
la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo
1 de esta Ley y conforme el ámbito de su competencia. Asimismo fungirá como
órgano operativo del Sistema Estatal.
La Comisión Ejecutiva Estatal tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso,
reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos
humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
La Comisión Ejecutiva Estatal tendrá su sede en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, y podrá establecer oficinas en otros Municipios de la Entidad, cuando así
lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.
Artículo 109. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:
I. Con los recursos que le asigne el Congreso del Estado a través del
Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos;
II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y
III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que
adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.
Artículo *110. La Comisión Ejecutiva Estatal tiene las siguientes funciones y
facultades:
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el
Sistema Estatal o el Sistema Nacional, según corresponda;
II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el
Estado proporcionará a las víctimas de delitos o de violaciones de derechos
humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;
III. Elaborar el Programa Integral con el objeto de crear, reorientar, dirigir,
planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de
atención a víctimas y proponerlo para su aprobación al Sistema Estatal;
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IV. Proponer al Sistema Estatal, una política estatal integral y políticas públicas
de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de
atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación
integral a víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en
esta Ley;
V. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas
acordadas por el Sistema Estatal o Nacional, según corresponda;
VI. Diseñar y proponer al Sistema Estatal, un mecanismo de seguimiento y
evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;
VII. Proponer al Sistema Estatal las medidas previstas en esta Ley para la
protección inmediata de las víctimas, cuando su vida o su integridad se
encuentren en riesgo;
VIII. Coordinar, en su caso, a las instituciones competentes para la atención de
una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta
Ley, así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad;
IX. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y
especialización de servidores públicos o dependientes de las instituciones, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley;
X. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro
Estatal de Víctimas y de la Asesoría Jurídica Estatal;
XI. Cumplir las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de
Víctimas;
XII. Proporcionar un informe anual al Sistema Estatal, sobre los avances del
Programa Integral y demás obligaciones previstas en esta Ley;
XIII. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones
pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en
los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;
XIV. Solicitar a la autoridad competente se apliquen las medidas disciplinarias y
sanciones correspondientes, a los funcionarios que incumplan con lo dispuesto
en la presente Ley;
XV. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los
términos de esta Ley y su Reglamento;
XVI. Hacer recomendaciones al Sistema Estatal, mismo que deberá dar
respuesta oportuna a aquéllas;
XVII. Elaborar el proyecto de Reglamento de la presente Ley y sus reformas y
adiciones para su expedición por parte del Gobernador del Estado;
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XVIII. Promover la coordinación entre las Instituciones para el cumplimiento de
la Ley;
XIX. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral,
efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia
de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos;
XX. Fijar las directrices que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la
verdad y a la justicia;
XXI. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz del capital
humano, recursos técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios
para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de
atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las
víctimas en los ámbitos estatal y municipal;
XXII. Alimentar una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la
información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas,
programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención
del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso
a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo,
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y
responsabilidades establecidas en esta Ley;
XXIII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas
al Registro Estatal de Víctimas;
XXIV. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación
para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los
derechos humanos.
Las autoridades estatales y municipales deberán adecuar sus manuales,
lineamientos, programas y demás acciones, a lo establecido en estos
protocolos, debiendo adaptarlos a la situación local siempre y cuando
contengan el mínimo de procedimientos y garantías que los protocolos
generales establezcan para las víctimas;
XXV. Proponer al Sistema Estatal, en casos de graves violaciones a derechos
humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, programas
integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la
justicia, a la verdad y reparación integral;
XXVI. Realizar diagnósticos específicos en materia de asistencia, atención y
reparación a víctimas, a partir de los datos que genere el Registro Estatal de
Víctimas, que permitan mejorar las políticas públicas de la materia;
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XXVII. Recibir y brindar asesoría a las organizaciones de la sociedad civil que
se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas;
XXVIII. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la
sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas,
planes y políticas públicas en materia de víctimas, la supervisión deberá ser
permanente;
XXIX. Colaborar con la Comisión Federal en los asuntos a que se refiere al
artículo 88 Bis de la Ley General;
XXX. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las
entidades e instituciones federales, así como con las entidades e instituciones
homólogas de las entidades federativas, incluidos los organismos autónomos
de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el
cumplimiento de su objeto;
XXXI. Elaborar un programa de divulgación, capacitación y actualización sobre
el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la
decisión de inclusión o no en el Registro Estatal de Víctimas. Las entidades
encargadas de recibir y tramitar la inscripción de datos en el Registro
garantizarán la implementación de este programa a nivel estatal y municipal, y
XXXII. Emitir justificantes escolares o laborales, en este último caso tratándose
de trabajadores al servicio del estado de Morelos, en favor de las víctimas; las
cuales deberán incluir el número de la carpeta de investigación, motivo de la
inasistencia, periodo de justificación y firma del titular de la Comisión Ejecutiva
de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos o servidor público
autorizado para tal efecto, pudiendo ser sancionado en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, en caso de
incurrir en alguna falta, y
XXXIII. Las demás que le confiera la presente Ley y su Reglamento, el Estatuto
Orgánico y demás normativa aplicable.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Adicionada la fracción XXXII, recorriéndose la subsecuente para pasar a
ser XXXIII por artículo primero del Decreto No. 667, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” No. 5896 de fecha 2020/12/23. Vigencia: 2020/12/24.
Artículo 111. Con relación a la fracción XXV del artículo anterior, en los casos de
graves violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos contra un grupo
de víctimas, las organizaciones no gubernamentales, los Poderes Ejecutivo y
Legislativo del Estado, los Municipios o cualquier otra institución pública o privada
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que tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos, podrán proponer
el establecimiento de programas emergentes de ayuda, atención, asistencia,
protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral de las
víctimas conforme el procedimiento establecido en el Reglamento y a cargo del
Fondo.
Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva Estatal a
propuesta del Comisionado Ejecutivo cuando del análisis de la información con
que se cuente determine que se requiere la atención especial de determinada
situación o grupos de víctimas.
Artículo 112. Los diagnósticos estatales que elabore la Comisión Ejecutiva Estatal
deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten
en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como
niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de
delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de
determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada,
ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención
arbitraria, entre otros.
Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, reorganizar o
redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y
competencia llevan a cabo los integrantes del Sistema Estatal, así como para
canalizar o distribuir los recursos necesarios.
La Comisión Ejecutiva Estatal podrá también contar con la asesoría de grupos de
expertos en temas específicos, solicitar opiniones de organismos estatales,
nacionales o internacionales públicos de derechos humanos, instituciones u
organizaciones públicas o privadas nacionales o extranjeras con amplia
experiencia en cierta problemática relacionada con la atención, asistencia, justicia,
verdad y reparación integral a las víctimas. Los recursos destinados para tal efecto
deberán ser públicos, monitoreables y de fácil acceso para la sociedad civil.
Se deberá procurar en todo momento, además de la especialización técnica y
científica, el aporte de los grupos de víctimas y organizaciones de base que
trabajen directamente con víctimas.
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 113. El gobierno, la administración y la vigilancia de la Comisión
Ejecutiva Estatal, según corresponda, estarán a cargo de:
I. Una Junta de Gobierno;
II. Un Comisionado Ejecutivo, y
III. Un Órgano Interno de Control.
La Comisión Ejecutiva Estatal además contará con un Comité Interdisciplinario
Evaluador que tendrá por objeto las atribuciones específicas señaladas en la
Sección Sexta de este Capítulo y una Asamblea Consultiva, en términos de la
Sección Séptima, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la
sociedad.
Para el desempeño de sus funciones y cumplimiento de su objeto, la Comisión
Ejecutiva Estatal contará también con las unidades administrativas que se
establezcan en su Estatuto Orgánico y los Manuales Administrativos, de acuerdo a
lo que disponga la Junta de Gobierno y la suficiencia presupuestal autorizada para
ello.
El nivel y categoría de cada servidor público que forme parte de la Comisión
Ejecutiva Estatal serán determinados por las Secretarías de Administración y de
Hacienda, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, conforme el ámbito de sus
respectivas competencias y de acuerdo a la suficiencia presupuestal correspondiente,
observando en todo tiempo lo dispuesto por el párrafo final del artículo 74 de la
Constitución Local.
Artículo 114. A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos,
garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, la
Comisión Ejecutiva Estatal contará con un Fondo, una Asesoría Jurídica Estatal y
un Registro Estatal de Víctimas para la atención a víctimas, los cuales estarán a
cargo de las unidades administrativas correspondientes, en los términos que
disponga la normativa aplicable.
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SECCIÓN TERCERA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 115. La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de la Comisión
Ejecutiva Estatal y se integra por:
I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá por sí o a través del
representante que al efecto designe;
II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal;
III. La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal;
IV. La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo
Estatal;
V. La persona titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal;
VI. La persona titular de la Fiscalía General, y
VII. Un representante de la Asamblea Consultiva.
En las sesiones de la Junta de Gobierno el Comisionado Ejecutivo participará
como Secretario Técnico de la misma, también participará el Comisario Público,
ambos con derecho a voz pero sin voto.
Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno serán honoríficos, por lo
que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su
desempeño.
Por cada integrante propietario señalado en las fracciones de la I a la V, deberá
designarse por escrito un suplente, el cual contará con las mismas facultades que
el propietario. Dichos suplentes deberán contar con el nivel jerárquico inmediato
inferior de Subsecretaría, Dirección General o su equivalente.
Para el caso de que el representante que designe el Gobernador para fungir como
presidente de la Junta de Gobierno, sea un integrante de esta última en términos
del presente artículo, dicho integrante deberá designar a su vez a la persona que
lo supla, a fin de evitar la concentración de votos en una sola persona para la toma
de decisiones.
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Al desarrollo de las sesiones, la Junta de Gobierno podrá invitar, con derecho a
voz, pero sin voto, a representantes de otras instituciones federales, estatales o
municipales; asociaciones; organizaciones no gubernamentales y, en general, a
cualquier persona con reconocida experiencia, con el objeto de aportar ideas para
un mejor desempeño de la Comisión Ejecutiva Estatal y, en su caso, cuando los
temas a tratar así lo requieran.
Artículo 116. La Junta de Gobierno sesionará en forma ordinaria cuando menos
seis veces al año y de manera extraordinaria las veces que sea necesario, cuando
se trate de asuntos urgentes o de imperiosa necesidad, a propuesta de su
Presidente o alguno de sus integrantes, en la forma y términos que establezca el
Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.
La Junta de Gobierno sesionará legalmente con la asistencia de la mitad más uno
de la totalidad de sus integrantes, siempre que esté presente su Presidente; los
acuerdos se aprobarán por mayoría de votos de sus miembros presentes. En caso
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 117. La Junta de Gobierno, además de las señaladas en la Ley Orgánica
y otros ordenamientos jurídicos aplicables, cuenta con las atribuciones no
delegables siguientes:
I. Proponer al Gobernador del Estado el proyecto de Reglamento de la presente
Ley y otros ordenamientos e instrumentos jurídicos que resulten necesarios,
elaborados por la Comisión Ejecutiva Estatal, así como sus reformas y
adiciones;
II. Aprobar las disposiciones normativas que el Comisionado Ejecutivo someta a
su consideración;
III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva Estatal que
proponga el Comisionado Ejecutivo;
IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y
concertación que celebre la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo con esta
Ley;
V. Emitir las recomendaciones pertinentes sobre los informes periódicos que
presente el Comisionado Ejecutivo, a fin de garantizar un óptimo y eficaz
funcionamiento, y
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VI. Las demás que le confiera la presente Ley y su Reglamento, el Estatuto
Orgánico y demás normativa aplicable.
En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de los
recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva Estatal
otorgue a las víctimas.
SECCIÓN CUARTA
DEL COMISIONADO EJECUTIVO
Artículo 118. La Comisión Ejecutiva Estatal estará a cargo de un Comisionado
Ejecutivo que será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes del Congreso del Estado, de la terna que enviará el Gobernador del
Estado, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.
Para ser Comisionado Ejecutivo, además de los requisitos que establece al efecto
la Ley Orgánica, deberán reunirse los siguientes:
I. Contar con título profesional;
II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado
como servidor público;
III. Contar con experiencia y conocimientos en la materia de esta Ley, y
IV. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún
partido político, dentro de los dos años previos a su designación.
Las ausencias temporales del Comisionado Ejecutivo se regirán conforme a lo
dispuesto en el Estatuto Orgánico.
En la elección del Comisionado Ejecutivo, deberá garantizarse el respeto a los
principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de
género y diferencial.
El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en su cargo por cinco años sin
posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
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Artículo 119. El Comisionado Ejecutivo para el desarrollo de las actividades de la
Comisión Ejecutiva Estatal designará a las personas responsables del Fondo, la
Asesoría Jurídica y el Registro Estatal de Víctimas.
Artículo 120. El Comisionado Ejecutivo tendrá, además de las atribuciones que le
concede la Ley Orgánica, las siguientes:
I. Crear los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el
seguimiento y vigilancia de las funciones de la Comisión Ejecutiva;
II. Notificar a los integrantes del Sistema Estatal los acuerdos asumidos y dar
seguimiento a los mismos;
III. Coordinar las funciones del Registro Estatal de Víctimas, mediante la
creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para
implementar y vigilar el debido funcionamiento de dicho Registro;
IV. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión
Ejecutiva;
V. Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la
Comisión Ejecutiva Estatal a solicitar su inscripción en el Registro Estatal de
Víctimas, así como los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a la
justicia, acceso a la verdad y reparación integral que soliciten a través de las
instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar
el cumplimiento eficaz de las funciones de las instituciones;
VI. Suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la
contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus
funciones;
VII. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones
de la Comisión Ejecutiva Estatal se realicen de manera adecuada, eficiente,
oportuna, expedita y articulada;
VIII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la
Comisión Ejecutiva Estatal;
IX. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los
Recursos de Ayuda y la reparación integral que la Comisión Ejecutiva Estatal
otorgue a las víctimas. Para lo cual, el Comisionado Ejecutivo se podrá apoyar
de la asesoría de la Asamblea Consultiva;
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X. Otorgar el documento que identifique a las víctimas ante el Sistema Estatal,
conforme al Registro Estatal de Víctimas, con el fin de garantizar todos los
derechos a los que se refiere la presente Ley;
XI. Aprobar la selección de los servidores públicos adscritos a la Asesoría
Jurídica Estatal conforme la normativa aplicable;
XII. Hacer públicos los informes sobre las incidencias del Fondo, de la Asesoría
Jurídica Estatal y el Registro Estatal de Víctimas, a fin de garantizar un óptimo y
eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, y
XIII. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de
la Comisión Ejecutiva Estatal en términos de la legislación aplicable.
SECCIÓN QUINTA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Artículo 121. El control interno de la Comisión Ejecutiva Estatal corresponderá al
Órgano Interno de Control, el cual estará integrado por un Comisario Público,
designado por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, en
términos de los artículos 67 y 69 la Ley Orgánica, mismo que tendrá las funciones
que señale esta última, el Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.
SECCIÓN SEXTA
DEL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR
Artículo 122. La Comisión Ejecutiva Estatal contará con un Comité
Interdisciplinario Evaluador, que estará integrado por personal de la Comisión
Ejecutiva Estatal y tendrá las siguientes atribuciones:
I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para
el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;
II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la
compensación, previstas en la Ley y el Reglamento;
III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de
emergencia, y
IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.
SECCIÓN SÉPTIMA
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DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA
Artículo 123. La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las
acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión
Ejecutiva Estatal.
La Asamblea Consultiva estará integrada por cinco representantes de colectivos
de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos del estado de
Morelos, quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá
carácter honorífico.
Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva Estatal emitirá una
convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva atenderá a un criterio de
representación regional rotativa de cuando menos una institución, organización,
colectivo o grupo por región.
Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el Comisionado
Ejecutivo y atender, cuando menos, a criterios de experiencia estatal, nacional o
internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y
reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades
profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas, así como
experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias
afines a la Ley.
La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el
respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y
enfoque diferencial.
Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la
Ley, las personas integrantes durarán en su cargo dos años, y podrán ser
ratificadas sólo por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho
ordenamiento.
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CAPÍTULO XIV
DEL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS
Artículo 124. El Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y
técnico a cargo de la unidad administrativa correspondiente de la Comisión
Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de
delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional creado por la
Ley General de Víctimas.
El Registro Estatal de Víctimas constituye un soporte fundamental para garantizar
que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda,
asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta
Ley.
El Registro Estatal de Víctimas es la unidad administrativa encargada de llevar y
salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel estatal, e inscribir los datos de las
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden estatal.
La Comisión Ejecutiva Estatal estará obligado a intercambiar, sistematizar,
analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración
del Registro Estatal de Víctimas.
El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y
preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro Estatal
de Víctimas.
Los integrantes del Sistema Estatal estarán obligados a compartir la información
en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Estatal de
Víctimas.
Artículo 125. Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban
solicitudes de ingreso al Registro Estatal de Víctimas:
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I. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro Estatal de
Víctimas sean atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y
respetuosa;
II. Para las solicitudes de ingreso en el Registro Estatal de Víctimas tomadas en
forma directa, diligenciar correctamente, en su totalidad y de manera legible, el
formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva Estatal;
III. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la
toma de la declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión
Ejecutiva Estatal determine;
IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el
siguiente día hábil a la toma de la declaración a la Comisión Ejecutiva Estatal;
V. Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la
diligencia;
VI. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización
socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite
su valoración, de conformidad con el principio de participación conjunta
consagrado en esta Ley;
VII. Indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la
solicitud de registro;
VIII. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados
por el declarante y relacionar el número de folios que se adjunten con la
declaración;
IX. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y
abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro
o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para sí o para
terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley, y a las relativas a
la Protección de Datos Personales;
X. Entregar una copia o recibo o constancia de su solicitud de registro a las
víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud;
XI. Garantizar el derecho de la víctima a conocer todas las actuaciones que se
realicen a lo largo del proceso de registro. Cuando sea un tercero quien solicite
el ingreso, deberá notificársele por escrito si fue aceptado o no el mismo, y
XII. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva
Estatal.
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Bajo ninguna circunstancia la autoridad podrá negarse a recibir la solicitud de
registro a las víctimas a que se refiere la presente Ley.
Artículo 126. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente
gratuita ante la Comisión Ejecutiva Estatal. Si la Comisión Ejecutiva Estatal
advirtiera que la solicitud realizada deriva de la comisión de delitos federales o de
violaciones donde participen autoridades federales, remitirá inmediatamente dicha
solicitud a la Comisión Ejecutiva Federal, realizando las acciones conducentes a
efecto de no revictimizar a la víctima.
La información que acompaña la incorporación de datos al Registro Estatal de
Víctimas se consignará en el formato único de declaración diseñado o adoptado
por la Comisión Ejecutiva Estatal y su utilización será obligatoria por parte de las
autoridades responsables de garantizar el ingreso al mismo, de conformidad con
lo dispuesto en la normativa aplicable. El formato único de incorporación al registro
deberá ser accesible a toda persona y de uso simplificado y buscará recoger la
información necesaria para que la víctima pueda acceder plenamente a todos sus
derechos, incluidos los que se le reconocen en la presente Ley.
La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro
Estatal de Víctimas. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y
reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración
por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones de
la presente Ley.
El ingreso al Registro podrá solicitarse y tramitarse de manera personal y directa
por la víctima, o a través de representante que, además de cumplir con las
disposiciones aplicables, esté debidamente inscrito en el padrón de
representantes que al efecto establezca la Comisión Ejecutiva Estatal, conforme a
lo que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Artículo 127. El Registro Estatal de Víctimas recabará e integrará su información,
entre otras, por las siguientes fuentes:
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I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito o de
violaciones de derechos humanos, o a través de su representante legal o de
algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva Estatal;
II. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad estatal o
municipal, y
III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la
presente Ley, que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito
estatal así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos,
en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas
precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.
Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las
víctimas a nivel estatal y que posean registros de víctimas, pondrán a disposición
del Registro Estatal de Víctimas la información que generan y administran, de
conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos
personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de
confidencialidad para el uso de la información.
En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen
la calidad de víctima, deberá entregarse copia digital al Registro Estatal de
Víctimas. En caso que estos soportes no existan, las entidades a que se refiere
este artículo certificarán dicha circunstancia.
Dichas entidades serán responsables por el contenido de la información que
transmiten al Registro Estatal de Víctimas.
Artículo 128. Para que las autoridades competentes del estado de Morelos u
otras que se faculten por la presente Ley, procedan a la inscripción de datos de la
víctima en el Registro Estatal de Víctimas se deberá, como mínimo, tener la
siguiente información:
I. Los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan su
ingreso o en cuyo nombre se solicita el ingreso. En caso que la víctima por
cuestiones de seguridad solicite que sus datos personales no sean públicos, se
deberá asegurar la confidencialidad de sus datos. En caso de que se cuente
con ella, se deberá mostrar una identificación oficial;
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II. En su caso, el nombre completo, cargo y firma del servidor público de la
Institución que recibió la solicitud de inscripción de datos al Registro Estatal de
Víctimas y el sello de dicha Institución;
III. La firma y huella dactilar de la persona que solicita el registro; en los casos
que la persona manifieste no poder o no saber firmar, se tomará como válida la
huella dactilar;
IV. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a
la ocurrencia de los hechos victimizantes;
V. El funcionario que recabe la declaración la asentará en forma textual,
completa y detallada en los términos que sea emitida;
VI. Los datos de contacto de la persona que solicita el registro, y
VII. La información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la
persona que solicita el registro, cuando no es la víctima quien lo hace. En caso
que el ingreso lo solicite un servidor público deberá detallarse nombre, cargo e
institución a la que pertenece.
En el caso de faltar información, la Comisión Ejecutiva Estatal pedirá a la
institución que tramitó inicialmente la inscripción de datos, que complemente dicha
información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior no afecta, en
ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron en
forma directa al Registro Estatal de Víctimas o en cuyo nombre el ingreso fue
solicitado.
Artículo 129. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se
procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con
la documentación remitida que acompañe dicho formato.
Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva Estatal, podrá solicitar la información
que considere necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y
municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere
los diez días hábiles, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 101 de
la Ley General.
Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a
la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la
Comisión Ejecutiva Estatal. En caso de hechos probados o de naturaleza pública
deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.
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La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos
anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a
las que tiene derecho la víctima, conforme lo establece esta Ley.
No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:
I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad
jurisdiccional o administrativa competente;
II. Exista una determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
o de las comisiones estatales en esta materia que dé cuenta de esos hechos,
incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;
III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una
autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun
cuando no se haya dictado sentencia o resolución;
IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido
por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que
México le reconozca competencia, y
V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le
reconozca tal carácter.
Artículo 130. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas
cuando, después de realizada la valoración contemplada en el artículo anterior,
incluido haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, la
Comisión Ejecutiva Estatal encuentre que la solicitud de registro es contraria a la
verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir
que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los
hechos y no podrá hacerse de manera global o general.
La decisión que cancela el ingreso en el Registro Estatal de Víctimas deberá ser
fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito al interesado,
a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para
notificarse o a quien haya solicitado la inscripción, con el fin de que la víctima
pueda interponer, si lo desea, recurso de reconsideración conforme lo establezca
el Reglamento.
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La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más
eficaz para hacer la notificación personal se le enviará a la víctima una citación a
la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el formato
único de declaración o en los demás sistemas de información a fin de que
comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará
dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y
de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.
Artículo 131. La información sistematizada en el Registro Estatal de Víctimas
incluirá:
I. El relato del hecho victimizante, como quedó registrado en el formato único de
declaración. El relato inicial se actualizará en la medida en que se avance en la
respectiva investigación penal o a través de otros mecanismos de
esclarecimiento de los hechos;
II. La descripción del daño sufrido;
III. La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho
victimizante;
IV. La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante;
V. La identificación de la persona o Institución que solicitó el registro de la
víctima, cuando no sea ella quien lo solicite directamente;
VI. La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de
atención que efectivamente hayan sido garantizadas a la víctima;
VII. La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que,
en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima, y
VIII. La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que,
en su caso, se hayan brindado a la víctima.
La información que se asiente en el Registro Estatal de Víctimas deberá garantizar
que se respeta el enfoque diferencial.
SECCIÓN ÚNICA
DEL INGRESO AL REGISTRO
ESTATAL DE VÍCTIMAS
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Artículo 132. El ingreso de la víctima al Registro Estatal de Víctimas se hará por
la denuncia, la queja o el conocimiento de los hechos que podrá realizar la propia
víctima, la autoridad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o
un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.
Artículo 133. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a
recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los
detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, que se hará constar en el
formato único de declaración.
El Ministerio Público, los Defensores Públicos, los asesores jurídicos de las
víctimas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, no podrán
negarse a recibir dicha declaración.
Cuando la víctima sea mayor de 12 años, podrá solicitar su ingreso al Registro
Estatal de Víctimas por sí misma o a través de sus representantes. En los casos
de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso a través de su
representante legal o a través de las autoridades mencionadas en esta Ley.
Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se
nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad
federal, estatal o municipal para realizar su declaración, las cuales tendrán las
obligaciones que la Ley General y demás normativa de la materia determine.
Artículo 134. Una vez recibida la denuncia, queja o el conocimiento de los
hechos, deberán ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un
término que no excederá de veinticuatro horas.
En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán
obligados a recibir su declaración las autoridades que estén a cargo de los centros
de reinserción social.
Cuando un servidor público, sin ser autoridad ministerial o judicial, tenga
conocimiento de un hecho de violación a los derechos humanos, como tortura,
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria,
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desaparición forzada, ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de
inmediato ante la autoridad competente, conforme a la normativa aplicable.
Artículo 135. Para efectos de esta Ley, el reconocimiento de la calidad de víctima
se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;
II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;
III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos
para acreditar que el sujeto es víctima;
IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;
V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los
que México les reconozca competencia;
VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le
reconozca tal carácter;
VII. La Comisión Ejecutiva Estatal, y
VIII. El Ministerio Público.
El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima
pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad
con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.
Artículo 136. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:
I. Acceder a todos los derechos, garantías, acciones, mecanismos y
procedimientos, en los términos de la Ley General de Víctimas, esta Ley y sus
disposiciones reglamentarias;
II. Acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral, de conformidad
con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento, y
III. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual,
violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos
aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender
adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la
autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los
juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y
caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su
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condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la
víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y
procedimientos.
CAPÍTULO XV
DEL FONDO
Artículo 137. El Fondo estará a cargo de la unidad administrativa que determine
el Estatuto Orgánico, y administrado por una institución fiduciaria en términos del
artículo 143 de la presente Ley, teniendo por objeto brindar los recursos de ayuda
y de reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a
los derechos humanos en el estado de Morelos, siguiendo criterios de
transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.
La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos de esta
Ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y
civiles que resulten.
Artículo 138. Para ser beneficiario del apoyo del Fondo, además de los requisitos
que al efecto establece la Ley General de Víctimas, esta Ley y su Reglamento, las
víctimas deberán estar inscritas en el Registro Estatal de Víctimas a efecto de que
la Comisión Ejecutiva Estatal realice una evaluación integral de su entorno familiar
y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las
medidas de la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la
compensación.
Artículo 139. El Fondo se conformará con:
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de
Egresos del Estado de Morelos en el rubro en un porcentaje no inferior al 0.14
por ciento del total de los mismos, sin que pueda disponerse de dichos recursos
para un fin diverso, y sin que pueda ser disminuido;
II. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los
procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se
haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código
Nacional o en la normativa aplicable;
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III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas
cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la
autoridad, de conformidad con las reglas que rigen el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado de Morelos y la normativa aplicable;
IV. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas;
V. Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas
físicas o morales de carácter público, privado o social nacionales o extranjeros
de manera altruista;
VI. Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo;
VII. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los
términos de esta Ley, y
VIII. Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.
La constitución del Fondo será con independencia de la existencia de otros ya
establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos
en otros mecanismos a favor de la víctima y los de esta Ley se hará de manera
complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de
cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las
disposiciones correspondientes.
Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo
correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión
Ejecutiva Estatal velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo,
priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.
Artículo 140. El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal y
parafiscal, así como de los diversos gravámenes a que puedan estar sujetas las
operaciones que se realicen por el Fondo.
Artículo 141. La Comisión Ejecutiva deberá emitir las reglas de operación para el
funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.
Artículo 142. Cuando la situación lo amerite, en términos de lo establecido en el
Reglamento, el Comisionado Ejecutivo, previo dictamen a que se refiere el artículo
122, fracción III, podrá crear un fondo de emergencia para el otorgamiento de los
Recursos de Ayuda, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por
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un tiempo determinado. El ejercicio de los recursos del fondo de emergencia no
estará supeditado al dictamen a que se refiere el artículo 122, fracción I, de esta
Ley.
SECCIÓN PRIMERA
DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 143. El Fondo será administrado por una institución fiduciaria siguiendo
criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.
La Comisión Ejecutiva Estatal proveerá a las víctimas que corresponda los
recursos para cubrir las medidas a que se refiere esta Ley, con cargo al Fondo. La
víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días
posteriores de haber recibido el recurso. El Reglamento establecerá los criterios
de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los
organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la
certificación del gasto.
Artículo 144. Los recursos del Fondo serán administrados y operados por medio
de un fideicomiso público.
Artículo 145. El fideicomitente del Fondo deberá:
I. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo se administren y ejerzan
adecuadamente a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;
II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen
oportunamente al mismo;
III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas a la Junta de
Gobierno, y
IV. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo.
Artículo 146. Los recursos del Fondo se aplicarán también para otorgar a la
víctima los de ayuda inmediata, asistencia y atención, y en los casos de víctimas
de delitos o de violación a derechos humanos a la medida de compensación, en
los términos de la Ley General, la presente Ley y sus Reglamentos respectivos.
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La Comisión Ejecutiva Estatal determinará el apoyo o asistencia que corresponda
otorgar a la víctima de los recursos del Fondo incluida la compensación, previa
opinión que al respecto emita el Comité Interdisciplinario Evaluador.
Artículo 147. El Fondo será fiscalizado anualmente por la Entidad Superior de
Auditoría y Fiscalización.
Artículo 148. El Estado se subrogará en los derechos de las víctimas para cobrar
el importe que por concepto de compensación haya erogado en su favor con cargo
al Fondo.
Para tal efecto, se aportarán al Estado los elementos de prueba necesarios para el
ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.
El Ministerio Público estará obligado a ofrecer los elementos probatorios
señalados en el párrafo anterior, en los momentos procesales oportunos, a fin de
garantizar que sean valorados por el juzgador al momento de dictar sentencia,
misma que deberá prever de manera expresa la subrogación a favor del Estado en
el derecho de la víctima a la reparación del daño y el monto correspondiente a
dicha subrogación, en los casos en que así proceda.
En el caso de las compensaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al
presupuesto del Poder Judicial correspondiente.
Artículo 149. El Estado ejercerá el procedimiento económico coactivo para hacer
efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a las disposiciones
aplicables, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la
vía civil, para cobrar la reparación del daño del sentenciado o de quien esté
obligado a cubrirla, en términos de las disposiciones que resulten aplicables.
Artículo 150. El Reglamento precisará el funcionamiento, alcance y criterios
específicos de asignación de recursos del Fondo.
Artículo 151. De los recursos que constituyan el patrimonio del Fondo, se deberá
mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban
realizarse al Fondo Federal, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y la
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Ley General.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL FONDO
Artículo 152. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar
su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos que se
establezcan en esta Ley y su Reglamento.
Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal respecto a cualquier tipo de
pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones
administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de
amparo.
Artículo 153. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva Estatal la
turnará al Comité Interdisciplinario Evaluador, para la integración del expediente
que servirá de base para la determinación del Comisionado Ejecutivo en torno a
los Recursos de Ayuda, Asistencia y Atención y, en su caso, la reparación que
requiera la víctima.
Artículo 154. El Comité Interdisciplinario Evaluador deberá integrar dicho
expediente en un plazo no mayor de cuatro días, el cual deberá contener como
mínimo:
I. Los documentos presentados por la víctima;
II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;
III. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las
consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y
IV. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde
detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del
delito o de la violación a los derechos humanos.
Artículo 155. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse,
además:
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I. Estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario Evaluador
en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta
la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas
de la victimización;
II. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las
secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la
persona para su recuperación;
III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud
mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para
la recuperación de la víctima, y
IV. Propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva
Estatal donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha
ayuda.
La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y
pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad del Comité Interdisciplinario
Evaluador lograr la integración de la carpeta respectiva.
Artículo 156. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del Comité
Interdisciplinario Evaluador para que integre la carpeta con los documentos
señalados en el artículo anterior, analice, valore y concrete las medidas que se
otorgarán en cada caso.
El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el
otorgamiento de la ayuda.
La Comisión Ejecutiva Estatal deberá integrar el expediente completo en un plazo
no mayor a veinte días hábiles y resolver con base a su dictamen la procedencia
de la solicitud.
Artículo 157. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de
reparación serán procedentes siempre que la víctima:
I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por
dichos ilícitos, así como el monto a pagar u otras formas de reparación;
II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron;
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III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que
podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio
fehaciente, y
IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y
cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo 158. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se
atenderán considerando:
I. La condición socioeconómica de la víctima;
II. La repercusión del daño en la vida familiar;
III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;
IV. El número y la edad de los dependientes económicos;
V. El enfoque diferencial, y
VI. Los recursos disponibles en el Fondo.
SECCIÓN TERCERA
DE LA REPARACIÓN
Artículo 159. Si el Estado no pudiese hacer efectivo total o parcialmente la orden
de reparación integral establecida por mandato judicial o por acuerdo de la
Comisión Ejecutiva Estatal, se deberá justificar la razón y tomar las medidas
suficientes para cobrar su valor o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se
concrete la reparación integral de la víctima.
Artículo 160. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no
haya sido dada por autoridad judicial u organismo nacional o internacional de
protección de los derechos humanos, ésta deberá ser realizada por la Comisión
Ejecutiva Estatal. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal,
dicha Comisión procederá a la documentación e integración del expediente
conforme lo señalan los artículos 153, 154 y 179 de esta Ley.
Artículo 161. Cuando parte del daño sufrido se explique a consecuencia del
actuar u omitir de la víctima, dicha conducta podrá ser tenida en cuenta al
momento de determinar la compensación.
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Artículo 162. Cuando el daño haya sido causado por más de un agente y no sea
posible identificar la exacta participación de cada uno de ellos, se establecerá una
responsabilidad subsidiaria frente a la víctima, y se distribuirá el monto del pago
de la compensación en partes iguales entre todos los cocausantes previo acuerdo
de la Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo 163. Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole, en
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. La reparación
integral deberá cubrirse mediante moneda nacional, con la excepción de que se
podrá pagar en especie de acuerdo a la resolución dictada por la Comisión
Ejecutiva Estatal.
Artículo 164. La Comisión Ejecutiva Estatal tendrá facultades para cubrir las
necesidades en términos de asistencia, ayuda y reparación integral, a través de
los programas gubernamentales federales, estatales o municipales con que se
cuente.
Artículo 165. Cuando proceda el pago de la reparación, el Fondo registrará el fallo
judicial que lo motivó y el monto de la compensación, que será de consulta
pública.
CAPÍTULO XVI
DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
Artículo 166. Los integrantes del Sistema Estatal que tengan contacto con la
víctima en cumplimento de medidas de atención, asistencia, ayuda, apoyo,
reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberán
garantizar:
I. La inclusión dentro de sus programas de formación y capacitación contenidos
temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y
procedimientos reconocidos por la Ley General de Víctimas y la presente Ley,
así como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la
Constitución y los Tratados Internacionales, protocolos específicos y demás
instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, y
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II. El diseño e implementación de un sistema de seguimiento que logre medir el
impacto de la capacitación en los miembros de sus respectivas instituciones. A
dicho efecto deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y
quejas hechas contra dichos servidores públicos, las sanciones impuestas, las
entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.
Artículo 167. Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo,
promoción y reconocimiento de servidores públicos que, por su competencia,
tengan trato directo o brinden su servicio a víctimas en cumplimento de medidas
de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso
a la justicia, deberá incluir, dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a
derechos humanos.
Artículo 168. El Poder Ejecutivo Estatal expedirá un programa continuado de
capacitación y formación para servidores públicos que atienden víctimas, que
elaborará la Comisión Ejecutiva Estatal y que deberá garantizar como mínimo:
I. La formación en derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación integral;
II. Enfoque diferencial para mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
comunidades o pueblos originarios y otros grupos vulnerables;
III. Normativa internacional, nacional y estatal en la materia, y
IV. Rutas y procedimientos de atención a víctimas.
Artículo 169. El Poder Ejecutivo Estatal, implementará una estrategia integral de
divulgación de los derechos de las víctimas en todo el territorio estatal que permita
a las mismas, a las organizaciones y a la población en general, el conocimiento de
los derechos contemplados en la presente Ley y otras normas relacionadas.
Artículo 170. La Fiscalía General y la Comisión Estatal de Seguridad Pública
deberán disponer lo pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la
Ley General de Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones pertinentes,
sean parte de las estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como
los de supervisión de los programas correspondientes en los institutos de
capacitación.
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Artículo 171. Las autoridades encargadas de los servicios periciales estatales
deberán capacitar a sus funcionarios y empleados con el objeto de que la víctima
reciba atención especializada de acuerdo al tipo de victimización sufrido, y tenga
expeditos los derechos que le otorga la Constitución Local, la Constitución y los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Artículo 172. Los institutos y academias que sean responsables de la
capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos
ministeriales, policiales y periciales, estatales y municipales, deberán coordinarse
entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los Programas Rectores de
Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y los
lineamientos mínimos impuestos por esta Ley.
Asimismo, deberán proponer convenios de colaboración con universidades y otras
instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el
objeto de brindar formación académica integral y de excelencia a los servidores
públicos de sus respectivas Instituciones.
Las obligaciones enunciadas en el presente artículo rigen también para las
instituciones homólogas de capacitación, formación, actualización y
especialización de los miembros del Poder Judicial Estatal.
Artículo 173. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos deberá
coordinarse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el objeto de
cumplir cabalmente con las atribuciones que le confiere la presente Ley.
Dichas instituciones deberán realizar sus labores prioritariamente enfocadas a que
la asistencia, apoyo, asesoramiento y seguimiento sea eficaz y permita un
ejercicio real de los derechos de las víctimas.
Artículo 174. Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se
brindará a las víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional. A tal
efecto, y sin perjuicio de las iniciativas públicas que correspondan, se diseñarán
programas en coordinación con instituciones o empresas privadas que se integren
al programa.
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La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y transformador.
Se ofrecerá a la víctima programas en virtud de su interés, condición y contexto,
atendiendo a la utilidad de dicha capacitación o formación. El objeto es brindar a la
víctima herramientas idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención y la
reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia de la
víctima.
Asimismo, deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le
permita optar sobre los programas, planes y rutas de capacitación y formación
más idóneos conforme su interés, condición y contexto.
Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los
distintos órdenes de gobierno, garantizando su coherencia con los principios
rectores, derechos y garantías detallados en la presente Ley. Cuando el Estado no
cuente con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí
referidas, se deberán crear los programas y planes específicos.
CAPÍTULO XVII
DE LA ASESORÍA JURÍDICA ESTATAL
Artículo 175. La Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Morelos,
es la unidad administrativa especializada en asesoría jurídica para víctimas,
dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal.
Artículo 176. La Asesoría Jurídica Estatal estará integrada por Asesores Jurídicos
Estatales de Atención a Víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas
disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.
Contará con las áreas administrativas que se requieran para el desempeño de sus
funciones, en los términos que señale el Reglamento.
Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional
necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el
servicio de particulares para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en
términos de lo dispuesto por la normativa aplicable.
Artículo 177. La Asesoría Jurídica Estatal tiene a su cargo las siguientes
funciones:
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I. Coordinar el servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas en asuntos del fuero
local, a fin de garantizar los derechos de las víctimas contenidos en esta Ley, la
Ley General, Tratados Internacionales y demás normativa aplicable;
II. Coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en
materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos del
fuero local, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación
integral;
III. Seleccionar, en coordinación y con la aprobación del Comisionado Ejecutivo,
a los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica Estatal, así como
capacitarlos;
IV. Designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público del Estado,
por cada Juzgado Local que conozca de materia penal y Visitaduría de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, cuando menos a un
Asesor Jurídico Estatal y al personal de auxilio necesario;
V. Celebrar convenios de coordinación con todos aquellos que pueden
coadyuvar en la defensa de los derechos de las víctimas, y
VI. Las demás que se requiera para la defensa de los derechos de las víctimas.
Artículo 178. La víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva Estatal
que le proporcione un Asesor Jurídico Estatal, en caso de que no quiera o no
pueda contratar un abogado particular, el cual elegirá libremente desde el
momento de su ingreso al Registro Estatal de Víctimas. En este caso la Comisión
Ejecutiva Estatal deberá nombrarle uno a través de la Asesoría Jurídica Estatal.
La víctima tendrá el derecho de que su abogado particular o asesor jurídico
asignado, según corresponda, comparezca a todos los actos en los que sea
requerida.
El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas
que quieran o no pueden contratar a un abogado particular y en especial a:
I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;
II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;
III. Los trabajadores eventuales o subempleados;
IV. Los miembros de los pueblos o comunidades originarios, y
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V. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la
necesidad de estos servicios.
Artículo 179. Se crea la figura del Asesor Jurídico Estatal de Atención a Víctimas,
el cual tendrá las funciones siguientes:
I. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto
con la autoridad;
II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y
juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones
legales y administrativas tendientes a su defensa, incluyendo las que
correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional
como internacional;
III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la
información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil,
familiar, laboral, administrativa o cualquier otra necesaria al efecto;
IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de
protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral y, en su caso,
tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;
V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda,
asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física,
psiquiátrica y psicológica de las víctimas, así como su plena recuperación;
VI. Informar y asesorar al entorno familiar de la víctima o a las personas que
ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda,
asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en
esta Ley, en los Tratados Internacionales y demás normativa aplicable;
VII. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente
del caso;
VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que
ésta las requiera;
IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las
actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del
procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la
autoridad jurisdiccional correspondiente cuando considere que no se vela
efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del
Ministerio Público, conforme la normativa aplicable, y
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X. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las
víctimas.
Artículo 180. El Gobernador del Estado, reglamentará lo pertinente acerca de la
conformación, garantía de capacidad institucional y funciones de la Asesoría
Jurídica Estatal, determinando los ajustes institucionales necesarios y respetando
los criterios generales establecidos por la Ley General de Víctimas.
La estructura, operación, funcionamiento, atribuciones y facultades de la Asesoría
Jurídica Estatal, se establecerán en el Reglamento que al efecto se emita.
CAPÍTULO XVIII
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 181. El Estado garantizará los recursos necesarios para la
implementación de la presente Ley, con el objetivo de permitir el fortalecimiento
institucional, el capital humano, los recursos técnicos, materiales y otros que
resulten necesarios.
Artículo 182. Las personas públicas o privadas que colaboren por medio de
donaciones u otro acto tendiente a apoyar e incrementar los fondos financieros
para la implementación, operación y cumplimiento de la presente Ley, podrán
acceder a los beneficios tributarios que las leyes de la materia establezcan.
La Comisión Ejecutiva Estatal creará mecanismos para la generación de recursos
o aportes con el fin de atender al cumplimiento de los objetivos fijados en esta Ley.
Artículo 183. El Poder Ejecutivo Estatal brindará apoyo técnico a los Municipios
del estado de Morelos, con el fin de desarrollar, bajo el principio de
corresponsabilidad, las acciones contenidas en la presente Ley y en la Ley
General de Víctimas.
Artículo 184. Los servidores públicos que en el marco del proceso penal o
cualquier otro tipo de actuación jurisdiccional o administrativa afecten derechos de
las víctimas, responderán ante las instancias competentes por las acciones u
omisiones en que incurran.
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Artículo 185. Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos
que:
I. Impidan u obstaculicen el acceso de las víctimas y sus representantes a la
información, no sujeta a reserva legal, sobre las causas de su victimización y
sobre las causas y condiciones de las violaciones a las que se refiere la
presente Ley, así como a conocer la verdad acerca de esas violaciones;
II. Proporcionen información falsa a las víctimas o sobre los hechos que
produjeron la victimización;
III. Discriminen por razón de la victimización, o
IV. Se nieguen, cuando estén obligados a ello, a dar una disculpa pública que
incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
Artículo 186. Es deber del estado de Morelos:
I. Garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño,
implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la
Ley y los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma;
II. Hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución, la
Constitución Local y demás normativa aplicable que garanticen la disposición
de los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes
en las instancias de decisión y seguimiento previstas en esta Ley, el acceso a la
información, el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva
participación de las víctimas en los niveles estatal y municipal, y
III. Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de
los planes, proyectos y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de
esta Ley.
Artículo 187. La Comisión Ejecutiva Estatal diseñará un protocolo de participación
efectiva a fin de que se brinden las condiciones necesarias para el derecho a la
participación.
Artículo 188. Si con posterioridad al reconocimiento de la compensación, se
demostrare que la persona no tenía la calidad de víctima o de beneficiario o lo
hubiere acreditado de manera engañosa o fraudulenta, se revocarán las medidas
de compensación otorgadas, se ordenará el reintegro de los recursos que se
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hubieren reconocido y entregado por este concepto y se remitirán copias
autorizadas a la autoridad competente para la investigación y el deslinde o
fincamiento de responsabilidad a que haya lugar, en términos de lo dispuesto en el
Reglamento de la presente Ley.
Artículo 189. Los servidores públicos que atiendan a víctimas en el estado de
Morelos, serán objeto de medidas que busquen contrarrestar el impacto que
genera la atención y el acompañamiento de las víctimas en este tipo de procesos,
lo que se preverá en el Reglamento que al efecto se emita.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Una vez aprobadas la reforma integral a la Ley de Atención y
Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para
el Estado de Morelos y reformas de Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Morelos, expídase el Decreto respectivo y remítase al Titular del Poder
Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de
difusión del Estado de Morelos, para los efectos señalados en los artículos 44, 47
70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos.
SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del
Gobierno del estado de Morelos.
TERCERA. Dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del inicio de
la vigencia de este Decreto, la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención
y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, deberá solicitar en el Registro
Público de Organismos Descentralizados del Estado de Morelos a cargo de la
Secretaría de Hacienda, la inscripción del presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Morelos.
CUARTA. Dada la nueva configuración de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos se abroga el “Decreto número mil
seiscientos setenta y cuatro, por el que se designan a cinco Comisionados para
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Integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas
del Estado de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 5237, de 19 de noviembre de 2014, dejando sin efecto las designaciones
realizadas por virtud de dicho Decreto.
Al efecto se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos Parlamentarios y a la
Dirección Jurídica, ambas del Congreso del Estado de Morelos, para que notifique
el contenido de la presente Disposición Transitoria a los Ciudadanos cuya
designación se deja insubsistente. Ello sin perjuicio de que el Decreto número mil
seiscientos setenta y cuatro, así como las designaciones por virtud del cual se
realizan, queden sin efectos desde el momento mismo en que el presente Decreto
inicie su vigencia.
QUINTA. Se abroga el “Acuerdo parlamentario por el que se designa a dos
Diputados que integrarán el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, conforme a lo establecido en la
fracción III, del artículo 102, de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del
Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos”,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5439, de 12 de
octubre de 2016.
SEXTA. Por única ocasión, para la designación del Comisionado Ejecutivo, el
Gobernador del Estado deberá proponer al Congreso del Estado, dentro de un
plazo de 30 días hábiles, contados a partir del inicio de vigencia del presente
Decreto, una persona respaldada por los colectivos de víctimas, expertos y
organizaciones de la sociedad civil del estado de Morelos especializadas en la
materia, sin que exista impedimento alguno para considerar para ello a la actual
persona titular de la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención
y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
El Congreso del Estado, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a
partir de que reciba la propuesta respectiva, previa revisión de los requisitos
previstos en el artículo 118 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, deberá
decidir sobre la designación del Comisionado Ejecutivo, quien por única ocasión
durará en su cargo tres años.
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Concluido el plazo de duración en el cargo de la persona designada conforme al
párrafo anterior como Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención
y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos; deberá designarse un nuevo
titular en los términos señalados en el artículo 118 de la citada Ley.
La persona titular de la ahora Coordinación Ejecutiva estará a cargo de la
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos,
en tanto no sea designado el Comisionado Ejecutivo.
Asimismo, hasta en tanto no se nombre Comisionado Ejecutivo las autorizaciones
para acceder a los recursos del Fondo, serán emitidas de manera conjunta entre
la persona titular de la Coordinación Ejecutiva y el servidor público responsable del
Fondo.
SÉPTIMA. En todos los instrumentos legales, administrativos y jurídicos en donde
se haga referencia a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos se entenderá a la
Ley de Víctimas del Estado de Morelos; así mismo, las facultades conferidas en
otros ordenamientos a la persona titular de la Coordinación Ejecutiva de la
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos,
se entenderán conferidas al Comisionado Ejecutivo del citado Organismo, siempre
que no contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.
OCTAVA. En un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la
vigencia del presente Decreto, se deberá instalar la Junta de Gobierno de la
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos;
sin que para tal efecto sea necesaria la presencia del representante de la
Asamblea Consultiva, por esta única ocasión, en virtud de estar presente la
mayoría de sus integrantes, así como su Presidente.
NOVENA. En un plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la
instalación de la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se deberán realizar las
adecuaciones normativas al Estatuto Orgánico, mismas que deberán inscribirse en
el Registro Público de Organismos Descentralizados a que refiere la Disposición
Transitoria Tercera. Así mismo, en dicho plazo deberá de adecuarse el
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Reglamento de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos en materia de
Asesoría Jurídica, Registro y Reparación Económica.
DÉCIMA. Se autoriza al Gobernador del Estado para que se constituya en garante
avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de la Comisión Ejecutiva de
Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, para que en garantía del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del
pago por concepto de cuotas y aportaciones a favor del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicite a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, afecte a favor de dicho Organismo, las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan.
En la firma del instrumento jurídico que formalice el acto materia de esta
Disposición Transitoria, comparecerán en nombre y representación del
Gobernador del Estado, las instituciones y los servidores públicos competentes,
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos, y por la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos, el Comisionado Ejecutivo.
La garantía de cumplimiento a las obligaciones que se contraen con la
incorporación de los trabajadores de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, ante el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establecerá con los
recursos que a favor de dicho organismo se señalen en el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado.
Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a pagar directamente las
cuotas y aportaciones que se generen por la incorporación voluntaria de la
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, al
régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, exclusivamente en el caso que la Comisión Ejecutiva de
Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos no cubra de manera
oportuna las cuotas correspondientes.
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Se autoriza a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal para que los
pagos que realice y que correspondan a la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, los pueda descontar de las
cantidades próximas a ministrar en las transferencias presupuestales que
correspondan al mencionado Organismo, lo que deberá formalizarse en el
instrumento que se celebre entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos.
UNDÉCIMA. La Fiscalía General del Estado de Morelos deberá realizar las
adecuaciones reglamentarias y administrativas necesarias que den cumplimiento a
las modificaciones aprobadas en el presente Decreto.
DUODÉCIMA. El Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, deberá gestionar las adecuaciones
necesarias a la estructura orgánica de dicha Comisión.
.
DECIMOTERCERA. La Comisión Ejecutiva, en un plazo no mayor a treinta días
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, publicará la
Convocatoria a que se refiere el artículo 123 de la Ley.
Constituida la Asamblea Consultiva designará de entre sus integrantes al miembro
que los ha de representar en la Junta de Gobierno.
DECIMOCUARTA. La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas
del Estado de Morelos y la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal
deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias.
DECIMOQUINTA. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o
menor rango jerárquico que se opongan al presente Decreto.
Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria a los trece días del mes de julio del año
dos mil diecisiete.
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Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado. Dip. Beatriz Vícera Alatriste. Presidenta. Dip. Silvia Irra Marín.
Secretaria. Dip. Edith Beltrán Carrillo. Secretaria. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de
Cuernavaca, Capital del estado de Morelos a los veintiocho días del mes de julio
de dos mil diecisiete.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Reformada de manera integral la presente Ley, por Decreto No. 2205
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5445 de fecha 2017/10/31. Vigencia
2017/11/01. Antes decía:
LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS
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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED:
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Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA
FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
a) Mediante sesión ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el fecha 25 de abril del año
2013, se dio cuenta de la iniciativa que crea la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito
y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, presentada por el Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en uso
de las facultades que le otorga el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
b) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 27 de febrero
del año 2013, el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó la INICIATIVA QUE CREA LA
LEY DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS.
c) Mediante Sesión Ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 04 de abril
del año 2013, el Diputado Matías Nazario Morales, presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE
LEY DE VÍCTIMAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
d) En consecuencia de lo anterior, el Diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de las iniciativas citadas al epígrafe,
ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora.
e) Mediante sesión ordinaria de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el pasado día 27 del mes de
junio del año 2013, se dio primera lectura al Dictamen que contiene la LEY DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
PARA EL ESTADO DE MORELOS, emanado de las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado
de Morelos.
f) Derivado del trabajo de las Comisiones Unidas, del consenso parlamentario, se sumaron
opiniones y propuestas, que hacen necesaria la realización de una addenda, al Dictamen del día
27 del mes de junio del año 2013, anteriormente citado.
g) En consecuencia de lo anterior, se solicita que en esta sesión ordinaria de la LII Legislatura, se
tenga por integrada al cuerpo del Dictamen precisado la presente addenda en los términos que
más adelante se detallan.
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II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez
Garrido Abreu, motivó esencialmente su iniciativa en las siguientes consideraciones:
1) “Existen millones de acciones criminales que quedan sin respuesta, bien por la ausencia de la
denuncia de la víctima en un acto de renuncia de derechos, imposible de evitar, bien por la propia
insuficiencia o ineficacia de las instituciones que tienen que proferir la respuesta frente a ese
universo criminal. Lo cierto es que, a pesar de los mejores esfuerzos, la pretensión agotadora del
Estado en este combate no llega a ofrecer soluciones satisfactorias, y las que se producen son
meramente paliativas de la incidencia del fenómeno criminal aislado y organizado.”
2) “En el Estado de Morelos, en los últimos cinco años, el delito con mayor incidencia ha sido el
robo genérico, con un 12.4% sobre el total de los delitos denunciados, seguido de lesiones dolosas
con el 8.7%, amenazas con el 7.9%. Existen otros delitos de vital importancia y que merecen
atención, los cuales aunque sus denuncias no se hacen por razones diversas, como la dignidad o
buen nombre en el caso de violencia sexual, falta de confianza en las instituciones del Estado en el
caso de la corrupción, impunidad, incapacidad de respuesta del Estado a la violencia, condiciones
de inequidad, que deben ser tratados de forma especial.”
3) “De acuerdo con estadísticas del INEGI, el Estado de Morelos se encuentra en el quinto lugar
con mayor índice de inseguridad y violencia, por debajo de Chihuahua, Baja California, Durango y
el Distrito Federal, al mismo tiempo que forma parte de las cinco entidades del país con mayor
número de homicidios impunes, la tasa se sitúa en 85.8%, solamente superado por Chihuahua,
Sinaloa, Guerrero y Durango. También es una de las 10 entidades federativas con más denuncias
de delitos graves por cada cien mil habitantes.”
4) “Estas estadísticas muestran claramente la necesidad de tener políticas públicas encaminadas a
proteger a las mujeres que se encuentran insertas en la problemática de la violencia. Según el
Informe “Violencia Feminicida en Morelos” de 2000 a 2005 se reportaron 122 feminicidios en el
Estado y la cifra casi se duplicó durante el siguiente sexenio, al contabilizarse 235 feminicidios: 20
en 2006, 29 en 2007, 31 en 2008 y 36 en 2009. Hasta octubre del 2010, fueron 40; en el 2011, se
mantuvo el mismo número; en el 2012, se reportaron 39, y en lo que va del 2013 suman 15.”
5) “En este último período, el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común, elaborado por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en la entidad
morelense se han cometido un total de 7,769 delitos de los cuales 3,775 corresponde a robos, 215
homicidios, 11 secuestros y 54 delitos sexuales o violaciones. De igual forma, la violencia familiar y
los delitos sexuales registran un aumento importante. Los Municipios que concentran el mayor
índice de criminalidad son: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec, Temixco, Jojutla y Emiliano
Zapata.”
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6) “La Constitución del Estado de Morelos reconoce, los derechos de los pueblos indígenas en el
artículo 2 bis al establecer que el Estado tiene una composición pluriétnica, pluricultural y
multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas, y reconoce la
existencia histórica y actual en su territorio de los pueblos y protege también los derechos de las
comunidades asentadas en ellos por cualquier circunstancia, lo cierto es que los derechos de estos
pueblos, resultan desconocidos en su gran parte, invisibilizándose una realidad que debe ser
objeto de atención, desde el Estado.”
7) “Debe también dársele especial atención a los casos de niños, niñas y adolescentes, ya que en
algunas zonas la falta de oportunidad da paso a que el fenómeno del narcotráfico entre en la
sociedad con un alto impacto. Se utiliza a la juventud como instrumento para cometer delitos por
los grupos criminales, ante la escasez de sanciones y el déficit de alternativas a las que acudir
para evitar que aquellos desemboquen irremediablemente en el crimen organizado.”
8) “El derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, constituye un
derecho humano de las víctimas, a nivel nacional e internacional. No obstante, reconstruir la
verdad no es tarea fácil, ni para la justicia, (verdad judicial), ni para los historiadores, (memoria
histórica): Ni una, ni otra son o representan una idea simple o aislada. Se trata de realidades
complementarias, porque la primera necesita para su configuración de una elaboración de lo que
podríamos llamar los contextos históricos, sociológicos, políticos, religiosos, sociales, etc, para que,
la acción de los jueces en su búsqueda de esa verdad procesal, sea veraz al aproximarse a lo que
realmente sucedió, es decir, a la verdad histórica; y, esta, precisa de aquella porque el elemento de
coerción legal que conlleva, ayudará a quienes la elaboran a definir aquellos contextos. En uno y
otro caso, la complejidad será la regla y por ello, resulta imprescindible analizar todos y cada uno
de aquellos aspectos y matices que integran lo sucedido: Para ello, es imprescindible, no solo la
memoria subjetiva de las víctimas y los víctimarios, con la tendencia natural a deformar la realidad,
bien por el propio peso del dolor o por el más interesado de ocultar la culpa o disminuirla,
respectivamente, sino también la reconstrucción de la verdad objetiva a través de los estudios y
trabajos de analistas, o expertos en conservación de archivos y documentos, documentos
antropólogos, médicos forenses, arqueólogos, historiadores, sociólogos u otros expertos que
transforman la simple verdad subjetiva en algo más objetivo que tiene una vocación colectiva o
general.”
9) “La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de
2013, y reformada, el pasado 17 de abril de 2013, aspira a garantizar el derecho a la verdad, la
justicia y la reparación al principio enunciado, de acuerdo con los principios que rigen la justicia
restaurativa para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos o víctimas de delitos, en el
marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en materia de
derecho internacional humanitario y de los Derechos Humanos reconocidos en la Carta Magna de
México en 2011.”
10) “Tanto las autoridades como los ciudadanos y ciudadanas mexicanos y mexicanas, tienen la
obligación ineludible de cumplir con las obligaciones que se derivan del cumplimiento de aquel
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derecho, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y
ello, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa o social
bajo la que estén organizados.”
11) “Sin embargo, a casi dos años de la entrada en vigor de la Reforma Constitucional, solo cuatro
Estados de la República han armonizado normativamente sus obligaciones en materia de
Derechos Humanos. Por ello, tales obligaciones se deben convertir en leyes aplicables a través de
la integración de normas sustanciales y directas, para lo cual se debe implementar un proceso de
armonización normativa que incluya las competencias legislativas a través de la adopción de
idénticos puntos de conexión jurídica.”
12) “Y es que la armonización normativa, en este ámbito, no sólo es un paso o un requisito
adicional al proceso de creación de un ordenamiento, sino que se convierte en una garantía
fundamental para las víctimas, estableciendo un sistema de sanciones que evidencien la voluntad
férrea del Gobierno Estatal de respetar, proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos que
han sido víctimas de algún delito o violación a los Derechos Humanos.”
13) “En este contexto, el poder ejecutivo del Estado de Morelos, consciente y responsabilizado con
esa realidad, ha tomado la iniciativa de presentar una ley integral en defensa y protección de los
derechos de las víctimas, para que sea debatida en el Congreso del Estado.”
14) “Por cuanto al Marco Normativo que se propone, el contenido de la presente Ley de Víctimas
de Morelos responde a los principios contenidos en la Ley General de Víctimas, la Constitución y
los instrumentos internacionales vinculantes en las materias que regula: la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana y la de Naciones Unidas contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, la Convención do Belém do Pará y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de
Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder.”
15) “Así mismo, se han tenido en cuenta también diversos informes de Naciones Unidas en materia
de protección a las víctimas; 1) Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y
rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales, 2) El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de
violaciones graves de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y 2) Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Por último, se ha tomado en
consideración el Estatuto de Roma, y la primera decisión relativa a reparaciones de la Corte Penal
Internacional en el caso Lubanga.”
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16) “A nivel nacional, además de las citadas, se ha tomado también en consideración, entre otras,
la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia; la Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura; la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar; la Ley de Salud;
la Ley de Transporte; la Ley del Instituto de la mujer; y la Ley del Sistema de Seguridad Pública,
todas ellas, del Estado de Morelos.”
17) “Del mismo modo que la Ley General de Víctimas, la iniciativa de Ley de Atención y
Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de
Morelos, tiene por objetivo, regular reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y
de las violaciones a los Derechos Humanos. Para ello, se prevén medidas de ayuda, asistencia y
atención, de acceso a la justicia, de derecho a la verdad y de reparación integral, la cual incluye a
su vez medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no
repetición. Todas ellas se implementarán en cumplimiento de principios rectores tales como el de
dignidad, buena fe, complementariedad, integralidad, indivisibilidad, interdependencia, debida
diligencia, debido proceso, deber de investigar, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y
especializado, enfoque trasformador, gratuidad, máxima protección, no criminalización,
victimización secundaria, participación conjunta, progresividad, no regresividad, gradualidad,
sostenibilidad, publicidad, control y rendición de cuentas, transparencia, trato preferente y mínimo
existencial, debidamente identificados en el marco normativo aplicable.
La presente iniciativa, de conformidad con la Ley General de Víctimas, contempla obligaciones
tanto para el Estado de Morelos como para sus respectivos Municipios, de tal forma que la
coordinación no solo deberá existir entre el Estado Federal y el Estado de Morelos sino que
también entre este y los Municipios que le pertenezcan. La presente iniciativa señala que las
medidas de ayuda, asistencia y atención se ofrecerán gratuitamente y con independencia de que
se haya interpuesto no una denuncia por los hechos victimizantes. Los derechos tratados en el
presente título implican medidas en materia de salud, alojamiento, alimentación, transporte,
protección e información y asesoría. En materia de salud, será la Comisión quién velará porque se
aplique un modelo de atención integral en salud. La presente iniciativa, dispone la obligación del
Estado para que, donde no haya infraestructura Unidades Médicas, se creen centros de salud y
atención que eviten que la víctima tenga que desplazarse grandes distancias para recibir atención
médica de urgencia. Los servicios médicos serán gratuitos y se establecen una serie de servicios
especiales para el caso de violación de la víctima.”
18) “La Iniciativa que se propone obliga al Poder Ejecutivo a crear, a cargo del DIF, albergues para
la familia y aquellas que se consideren necesarias de acuerdo a las necesidades identificadas en el
diagnóstico. En relación a las medidas de transporte, se garantizará que aquellos que se
encuentren en un lugar distinto al de su residencia y deseen retornar, puedan hacerlo de manera
segura y gratuita. Además de las medidas establecidas por la Ley General en relación a medidas
de protección, la Iniciativa obliga al Estado a crear un programa de Protección de víctimas,
Defensores y defensoras de Derechos Humanos, testigos y servidores públicos que hayan
intervenido en la implementación de la presente, siempre en la medida de que sea necesario por
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haber una amenaza contra sus vidas, integridad física, libertad o seguridad personal y de forma
proporcional a esta. Estas medidas se extenderán al núcleo familiar cuando se considere necesario
con base a los mismos criterios. Se proporcionará a las víctimas de forma gratuita información y
asesoría completa de todos sus derechos y los procedimientos judiciales a través de los cuales se
pueden reclamar.”
19) “El título tercero versa sobre aquellas medidas de asistencia y atención tendentes a restablecer
a la víctima en sus derechos y a promover la superación de su condición. Se deberá contar con la
infraestructura suficiente para dar este servicio y con servidores capacitados para ello. Se garantiza
igualmente el acceso de las víctimas a becas como mínimo hasta la educación superior, paquetes
y uniformes escolares y textos educativos gratuitos. En cuanto a las medidas económicas y
desarrollo, estas incluyen educación, salud, alimentación, vivienda, disfrute de un ambiente sano,
trabajo, seguridad social, no discriminación y oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en
beneficio de las víctimas.”
20) “En Título Cuarto, de Acceso a la Justicia. Se trata del derecho de acceso a la justicia de las
víctimas. Las víctimas tendrán derecho, entre otros, a ser informadas de sus derechos, a tener un
asesor jurídico, a acceder a los mecanismos judiciales de los que disponga el Estado, a
presentarlos ante autoridades independientes e imparciales, a colaborar con el Ministerio Público y
participar en el proceso, a ser informada del desarrollo del proceso, a que se garantice su
seguridad y la de los testigos, a conocer la verdad, a que se realice una investigación exhaustiva
de su caso, a que respetando las normas del debido proceso, se enjuicie y sanciones a los
responsables y a obtener una reparación integral por el daño. Además, la Iniciativa de Ley Estatal
añade que en caso de que la víctima no se exprese en idioma castellano, disponga de un traductor
durante todo el proceso judicial y que las sentencias sean igualmente traducidas.”
21) “En el Título Quinto, del Derecho a la Verdad. La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a
Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, que se
presenta establece en cuanto al derecho a la verdad a que las víctimas y la sociedad en general
tienen derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a los Derechos
Humanos de que fueron objeto. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad
y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que les afectaron.
En aras del derecho a la verdad se propenderá por la memoria histórica, para que las víctimas y la
sociedad puedan conocer la verdad histórica de los hechos. Las organizaciones de la sociedad civil
tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones
académicas podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus
investigaciones de violaciones de los Derechos Humanos, las autoridades deberán dar garantías
necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente. Toda persona
tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentren en los archivos estatales y en ese
caso después de ejercer su derecho de consulta a impugnar la legitimidad de las informaciones y
contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda.”
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22) “Se propone la Creación la Casa de Memoria Histórica el cual tendrá como objeto fomentar
actividades museícas, pedagógicas y culturales que lleven a la reconstrucción de la memoria del
Estado de Morelos sobre las violaciones a los Derechos Humanos. De conformidad con la Ley
General de Víctimas, se fija la propuesta de creación de el Archivo de Verdad del Estado de
Morelos el cual garanticé la preservación de los archivos e impida su sustracción, destrucción,
disimulación o falsificación, permitirá la consulta pública de los archivos, con el respeto y dignidad
de las víctimas, en los casos en donde exista reserva procesal o garantía de derecho a la intimidad
y protección de la víctima se mantendrán la estricta confidencialidad. Se propone establecer el 28
de marzo como día de las víctimas para el Estado de Morelos.”
23) “En el Título Sexto, de la Derecho a la Reparación Integral. En cuanto al alcance de la
reparación integral la Iniciativa Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones
a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, señala que las víctimas tienen derecho a ser
reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño
que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las
violaciones a los Derechos Humanos que han sufrido, la determinación de medidas debe obedecer
al desarrollo del enfoque diferencial y proponer la reconstrucción del proyecto de vida de la víctima.
Para lo cual la reparación integral comprenderá: la restitución, la rehabilitación, la compensación, la
satisfacción, las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación a los
Derechos Humanos no vuelva a ocurrir. Se crea entonces, un Plan de Atención y Reparación
Integral del Estado de Morelos.”
24) “Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus
bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos, así como el restablecimiento de la
libertad, restablecimiento de derechos jurídicos, restablecimiento de la identidad, restablecimiento
de la vida y unidad familiar, restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos, regreso
digno y seguro al lugar de residencia, reintegración en el empleo y devolución de todos los bienes
o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades
incluyendo sus frutos y accesorios, las víctimas colectivas pueden ser objeto de medidas de
restitución.
25) “Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda las siguientes: atención
médica, psicológica y psiquiátrica, servicio de asesoría y jurídicos para facilitar el ejercicio de los
derechos de las víctimas, servicio sociales, programas de educación, programas de capacitación
laboral y todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad incluyendo su
grupo y comunidad. Deberá darse un trato preferencial y diferenciado a las mujeres, niños y niñas
víctimas y a los hijos de las víctimas y adultos mayores.”
26) “La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, contempla la indemnización o compensación. Para
ello se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean
consecuencia de la comisión de los delitos considerados como graves en el ámbito de la
competencia estatal contra la vida, la libertad y la integridad física o mental al igual que los casos
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donde la víctima ha fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del
delito. Estos perjuicios, sufrimientos y perdidas incluirán, la reparación del daño sufrido en la
integridad física de la víctima, la reparación del daño moral el cual comprende tanto los
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, el resarcimiento de los
perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios cuando se cause
incapacidad, la pérdida de oportunidades en particular las de educación y prestaciones sociales,
los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a los Derechos
Humanos, el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico, el pago de los tratamientos
médicos o terapéuticos que como consecuencia del delito o la violación de los Derechos Humanos
sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, los gastos
comprobable de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasiones trasladarse
al lugar del juicio para asistir a su tratamiento.”
27) “Para la Ley estatal el principal responsable de la indemnización o compensación cuando se
trate de las resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del
sentenciado la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de este o en su
defecto con cargo a los recursos que en su caso se obtengan de la liquidación de los bienes
decomisados al sentenciado hubiera fallecido o quedado física o mentalmente incapacitada como
consecuencia del delito. La Comisión Ejecutiva estatal de atención y reparación será quien
determine el monto del pago de una indemnización o compensación en forma subsidiaria a cargo
del fondo respectivo. El Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al fondo los
recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria”.
28) “En cuanto a las medidas de satisfacción la Iniciativa de Ley Estatal comprenden entre otras y
según corresponda verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad: la
búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas
asesinadas, recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos ,una declaración oficial o decisión
oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y los derechos de las víctimas,
disculpa pública de parte del Estado los autores y otras personas involucradas en el hecho punible
o en la violación de los Derechos Humanos, aplicación de sanciones judiciales o administrativas a
los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, realización de actos que
conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, vivas o muertas,
reconocimiento público del carácter de víctima, efectuar publicaciones a que haya lugar, realización
de homenajes públicos, construcción de monumentos públicos, apoyo a la reconstrucción del
movimiento y tejido social de las comunidades campesinas. Se establecen también la Reparación
Simbólica y la creación de un programa especial para el encuentro y reconstrucción del tejido
social.”
29) “En cuanto a las medidas de no repetición se establecen en la Iniciativa de Ley de Atención y
Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de
Morelos: el ejercicio de control efectivo por autoridades civiles de las corporaciones de seguridad
pública, garantía de todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas
nacionales, competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales,
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fortalecimiento de la independencia del poder judicial, limitación en la participación en el gobierno y
de los dirigentes políticos que hayan cometido violaciones a los Derechos Humanos, exclusión en
la participación en el gobierno o en las corporaciones de seguridad de los militares, agentes de
inteligencia y otro personal de seguridad señalado como responsable de cometer violaciones a los
Derechos Humanos.”
30) “De conformidad a las obligaciones derivadas de la creación del sistema nacional de atención a
víctimas como máxima institución en los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la Ley General
de Víctimas, el Estado de Morelos se compromete a: elaborar diagnóstico profundo sobre la
situación de las víctimas en el Estado, establecer mecanismos de organización supervisión
evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso
a la justicia, verdad y reparación integral a víctimas. Crear modelo único de ayuda , asistencia y
atención a víctimas que comprenda medidas de emergencia y humanitarias así como medidas
tendientes a restablecer a la víctima en el ejercicio de sus derechos, coordinar a las diferentes
instituciones que tienen competencia en materia de ayuda asistencia y atención a víctimas,
adecuar manuales lineamientos, programas y demás acciones a los protocolos generales de
actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o de violaciones a los Derechos
Humanos, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la ayuda, atención,
asistencia acceso a la verdad y justicia a favor de las víctimas que realicen sus labores en el
Estado de Morelos, crear comités especiales para la prevención y atención a poblaciones
especialmente vulnerables, siendo dos unos para mujeres y otro para niños y niñas y jóvenes,
garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y representantes de la
academia y centros de estudio en los diferentes espacios creados por esta ley.”
31) “Se propone la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a víctimas
la cual dirigirá la política de atención y reparación a víctimas coordinara los instrumentos, políticas,
servicios y acciones para garantizar los derechos de las víctimas del Estado de Morelos. Se crea
una Comisión Intersecretarial como órgano consultivo y de coordinación operativa de la Comisión
Ejecutiva del Estado. En la Presente Iniciativa de Ley se crea un Sistema único de Víctimas para el
Estado de Morelos, como mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención y Reparación. Para la cual deberán unificarse todos los registros y sistemas de
información existentes.”
32) “Se crea un Fondo de ayuda, asistencia y reparación para el Estado de Morelos, que tiene
como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las
víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Morelos.
La víctima podrá acceder de manera subsidiaria a dicho fondo, sin perjuicio de las
responsabilidades y sanciones administrativas penales y civiles que resulten. Se establece una
lista de recursos que dicho fondo captará como lograr su finalidad. Los recursos del Fondo serán
administrados y operados por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de
acuerdo a la reglamentación que para el efecto establecerá el Gobierno del Estado de Morelos. De
conformidad por lo dispuesto por la Ley General de Víctimas se establecerá para el fondo una
partida presupuestal del 0.014% del gasto programable del presupuesto estatal asignado. La
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Iniciativa también establece que para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá
presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos de la Ley
General de Víctimas y la demás normatividad aplicable.”
33) “La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, contempla en la Comisión Ejecutiva Estatal, la
Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado, como un área especializada. La Asesoría
Jurídica del Estado de Morelos estará integrada por Asesores Jurídicos estatales de Atención a
Víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa
de los derechos de las víctimas. Contará con una Junta Directiva, un Director General y las
unidades administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos
que señala el Reglamento. Adicionalmente crea la figura de Asesor Jurídico Estatal.”
34) “Finalmente la Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones
a Derechos Humanos para el Estado de Morelos, trae varias disposiciones finales, entre ellas la
financiación de medidas de atención y reparación integral a las víctimas del delito y violaciones a
los Derechos Humanos, beneficios tributarios, y el apoyo a Municipios. La responsabilidad de los
servidores públicos que atienden víctimas y sus faltas disciplinarias. La participación de las
víctimas, la cual debe ser garantizada por el Estado de Morelos en el diseño, implementación,
ejecución y seguimiento al cumplimiento de la ley y los planes, proyectos y programas que se
creen con ocasión de la misma. Trae también disposiciones sobre las consecuencias de la
inscripción fraudulenta de víctimas. Y el apoyo a los servidores públicos que atienden víctimas con
el objeto de contrarrestar el impacto que genera la atención y el acompañamiento de las víctimas
en este tipo de procesos.
El Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, motivó su iniciativa destacando las siguientes
consideraciones:
1) “El nueve de enero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la Ley
General de Víctimas, producto de un largo proceso social en el que se mezclaron sufrimiento, dolor
y luto con cálculos electorales, intereses de partido, visiones encontradas de una misma realidad.”
2) “Que el País contará con una legislación que proteja a las víctimas de los daños que le infringen
delitos y violaciones de los Derechos Humanos, por parte de la delincuencia y de las autoridades
de los tres niveles de gobierno y de todas las filiaciones partidistas, nos recuerda a las más de 60
mil personas, de todos los bandos, que han perecido producto de una violencia irracional y cruel
que envuelve a la mayor parte de la República.”
3) La legislación federal en materia de aseguramiento de los derechos de las víctimas, es también
de la voz de miles de madres de familia que han perdido esposos e hijos, es el dolor de padres que
han sufrido la pérdida de sus descendientes, es el reclamo de cientos de voces infantiles que han
quedado desprotegidas y es el ruidoso silencio de cientos de personas desaparecidas, de las que
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finalmente desconocemos su destino y que de vez en cuanto, nos llaman a cuentas cuando son
descubiertas en entierros clandestinos.”
4) “Es en respuesta a ellos y en cumplimiento del mandato federal, que obliga a las Entidades de la
Federación a contar con una legislación local sobre los derechos de las víctimas, que como
Legislador de Morelos presentó a esta Soberanía…,” “…la Ley de protección y atención a víctimas
del Estado de Morelos.”
5) Esta iniciativa busca lo siguiente:
“Primero.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales suscritos
por el País y llevarlos a formar parte de nuestra Constitución también.
Segundo.- Establecer las medidas de atención, protección y ayuda a las víctimas por la comisión
de algún delito por particulares o por alguna autoridad, así como por violaciones de los Derechos
Humanos.
Tercero.- Proporcionar gratuitamente asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de
orientación social, con base al impacto del daño causado a las víctimas.
Cuarto.- Disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización institucional; y asegurar la
restitución de los derechos de la víctima de manera prioritaria y de ser posible inmediata.
Quinto.- Construir el andamiaje institucional para dar soporte legal y administrativo a esta materia,
mediante el establecimiento de un nuevo organismo constitucional autónomo denominado
Comisión Ejecutiva de Protección y Atención a Víctimas del Delito en el Estado de Morelos, y
Sexto.- El establecimiento de un fondo de ayuda económica para las víctimas, soportado
fundamentalmente en recursos públicos y la constitución del primer registro estatal de víctimas.”
6) “Con esta legislación se garantizan mejores condiciones a las víctimas para la presentación de
denuncias de los delitos, en el entendido de que es una obligación del Estado, protegerlas y desde
luego garantizarles las mejores condiciones para los ciudadanos que puedan declarar en los casos
más delicados, más relevantes y más peligrosos y enfocar el sistema de procuración de justicia en
favor de la víctima, garantizando en todo momento la protección a su integridad, dignidad e
identidad.
7) “Los antecedentes internacionales de la materia, son los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, que se autorizaron en el VII Congreso de las
Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán
Italia, del 26 de agosto al 06 de septiembre de 1985, del que se originó la Declaración sobre ellos y
proporciona dos definiciones de víctimas, una que alude a las “Víctimas de Delitos” y otra, a las
“Víctimas del Abuso del Poder”. Para la presentación de esta iniciativa, hicimos ejercicios de
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derecho comparado, tomamos lo mejor de alguna de las 22 leyes sobre atención a víctimas con las
que cuentan 22 Estados de la República.
8) “Queda claro, que avanzar en esta materia supone un proceso social complejo, pero que
paulatinamente cobrara mayor certeza y seguridad en la ciudadanía, lo que hará que las
instituciones de impartición de justicia recuperen la confianza, específicamente el Ministerio
Público, que es la autoridad que mantiene un contacto directo con las víctimas del delito.”
El Diputado Matías Nazario Morales, motivó su iniciativa en las siguientes consideraciones:
1) “El día 9 de enero del año 2013, en el Diario Oficial de la Federación, órgano del gobierno
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley
General de Víctimas, con aplicación en todo el territorio nacional.”
2) “Por mandato establecido en el artículo Transitorio Primero, del Decreto en comento, la vigencia
de Ley General de Víctimas, inicia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.”
3) “A la fecha de la presente iniciativa, que me permito presentar a esta Soberanía, ha trascurrido
el plazo de treinta días, establecido en el artículo Transitorio Primero del decreto citado y, por lo
tanto, ha iniciado la vigencia de la Ley General de Víctimas, a partir del día ocho de febrero del
presente año.”
4) “Por lo que de conformidad con lo establecido en el Decreto respectivo, en su artículo Primero
Transitorio, la Ley General de Víctimas, hoy, ya es derecho positivo vigente en todo el territorio
nacional.
5) “En el contenido del Decreto, mediante el que se promulgó la Ley General de Víctimas, en el
artículo Séptimo Transitorio, se establece la obligación de las Legislaturas Locales de armonizar
todas las normas jurídicas locales, relacionados con la Ley General de Víctimas, vigente.
III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS
Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, compartimos con los
iniciadores la opinión de que, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del día
9 de enero del año 2013, del Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, mismo que
en su artículo Séptimo Transitorio, surge la obligación de las Legislaturas Locales de armonizar
todas las normas jurídicas locales, relacionados con la Ley General de Víctimas, ello dentro del
plazo de ciento ochenta días naturales.
De igual manera, se considera lo expuesto por el Titular del Poder Ejecutivo en su iniciativa
señalando que la Ley en mención aspira, a garantizar diversos principios tales como el derecho a
la verdad, la justicia, conforme a los principios que rigen la justicia restaurativa para las víctimas de
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violaciones de los Derechos Humanos o víctimas de delitos, en el marco de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en materia de derecho internacional humanitario y
de los Derechos Humanos, reconocidos en nuestra Carta Magna en su reforma de 2011.
Bajo este contexto, coincidimos con el Titular del Ejecutivo, en que la armonización normativa, en
este ámbito, no sólo es un paso o un requisito adicional al proceso de creación de un
ordenamiento, sino que se convierte en una garantía fundamental para las víctimas, estableciendo
un sistema de sanciones que evidencien la voluntad férrea del Gobierno Estatal de respetar,
proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de algún delito o
violación a los Derechos Humanos.
Esta Comisión reconoce que las propuestas vertidas son coincidentes en la generalidad, pues para
quienes valoran las iniciativas expuestas no pasa desapercibido que se trata de una armonización
legislativa, en la que se prevén medidas de ayuda, asistencia y atención, de acceso a la justicia, de
derecho a la verdad y de reparación integral, la cual incluye a su vez medidas de restitución,
rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, todas ellas
implementándose en cumplimiento de principios rectores de la materia, de conformidad con la Ley
General de Víctimas, contemplándose desde la Legislación Federal obligaciones tanto para el
Estado de Morelos como para sus respectivos Municipios, de tal forma que la coordinación deberá
existir en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal.
También se ha tomado en consideración que las propuestas expuestas por los iniciadores, son
congruentes con los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos debiendo destacar en particular los artículos 1º, 17, 20 y 133 vigentes, con los
instrumentos internacionales vinculantes en las materias que regula la Ley General de Víctimas, y
con la propia ley señalada; así es de reconocer que se han tomado en consideración en las
iniciativas en estudio, instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos tales como:
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana y la de
Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las
Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing), la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Convención do Belém do Pará y la Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder.
El presente dictamen fija la propuesta de creación del Archivo de Verdad del Estado de Morelos, el
cual garantizará la preservación de los archivos e impedirá su sustracción, destrucción,
disimulación o falsificación, permitirá la consulta pública de los archivos, con el respeto y dignidad
de las víctimas, en los casos en donde exista reserva procesal o garantía de derecho a la intimidad
y protección de la víctima se mantendrán la estricta confidencialidad.
De forma relevante, hay que mencionar que la propuesta contempla la indemnización o
compensación por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean
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consecuencia de la comisión de los delitos considerados como graves en el ámbito de la
competencia estatal contra la vida, la libertad y la integridad física o mental al igual que los casos
donde la víctima ha fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del
delito, e incluye la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima y la reparación
del daño.
Así mismo, el crear modelo único de ayuda, asistencia y atención a víctimas que comprenda
medidas de emergencia y humanitarias así como medidas tendientes a restablecer a la víctima en
el ejercicio de sus derechos, coordinar a las diferentes instituciones que tienen competencia en
materia de ayuda asistencia y atención a víctimas, adecuar manuales lineamientos, programas y
demás acciones a los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e
investigación de delitos o de violaciones a los Derechos Humanos, apoyar a las Organizaciones de
la Sociedad Civil que se dediquen a la ayuda, atención, asistencia acceso a la verdad y justicia a
favor de las víctimas que realicen sus labores en el Estado de Morelos, crear comités especiales
para la prevención y atención a poblaciones especialmente vulnerables, siendo uno para mujeres y
otro para niños y niñas y jóvenes, garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil,
víctimas y representantes de la academia y centros de estudio en los diferentes espacios creados
por esta ley.
La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, coincide con la propuesta de creación de la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a víctimas, la cual dirigirá la política de
atención y reparación a víctimas, misma que coordinará los instrumentos, políticas, servicios y
acciones para garantizar los derechos de las víctimas del Estado de Morelos. Con la creación una
Comisión Intersecretarial como órgano consultivo y de coordinación operativa de la Comisión
Ejecutiva del Estado, y con el Sistema Único de Víctimas para el Estado de Morelos, como
mecanismo técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y
Reparación, en la cual deberán unificarse todos los registros y sistemas de información existentes.
Es de destacarse que en dichas propuestas se crea un Fondo de ayuda, asistencia y reparación
para el Estado de Morelos, que tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda,
asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los
Derechos Humanos en el Estado de Morelos, en la cual se podrá acceder de manera subsidiaria a
dicho fondo, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas penales y civiles
que resulten; es así que al prever los recursos que dicho fondo captará, su administración,
operación por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la
reglamentación que para el efecto se establezca, los beneficios tributarios, y el apoyo a Municipios,
se garantiza la eficacia en la aplicación del cuerpo normativo que ésta Comisión valora.
No menos importante es de mencionar que se prevé sobre la responsabilidad de los servidores
públicos que atienden víctimas y sus faltas disciplinarias, al igual que se establecen disposiciones
sobre las consecuencias de la inscripción fraudulenta de víctimas.
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La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, es del acuerdo que las tres iniciativas
presentadas en la materia, son altamente coincidentes entre sí, destacando los siguientes
contenidos: Propuestas respecto de las medidas de atención, protección y ayuda. El proporcionar
asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de orientación social, con base al impacto del
daño causado. Disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización institucional.
Asegurar la restitución de los derechos de la víctima de manera prioritaria y de ser posible
inmediata.
De esta forma, esta Comisión dictaminadora está de acuerdo con los iniciadores en otorgar a
través de un marco jurídico local el instrumento a la sociedad que permita recuperar la confianza
en la impartición de justicia en el Estado de Morelos, reconociendo el valor y alcance legal de los
antecedentes jurídico-normativo internacionales en la materia, que constituyen los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder.
IV.- MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS
La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación con base a las atribuciones de las cuales se
encuentra investida, y con la finalidad de emitir un solo dictamen que permita la integración de la
tres iniciativas presentadas en beneficio de la sociedad morelense, se ha integrado el presente
dictamen con una sola denominación de Ley, con un articulado integrado, tomando como base la
adecuación legislativa, dispuesta por el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley General de Víctimas
publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero del año dos mil trece.
Es así que en el cuerpo del dictamen se incorporan definiciones, se aclaran conceptos, se eliminan
abreviaturas, tomando en consideración la sintaxis del articulado se realizaron adecuaciones
conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal y la Ley General de Víctimas.
Por otra parte y de suma relevancia se precisa que se entiende respecto a los conceptos y
medidas de compensación o indemnización, en razón a que de acuerdo a lo establecido en los
artículo 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
Víctimas, la interpretación debe atender a los Tratados Internaciones de los que el Estado
Mexicano sea parte; por ello en atención a lo reiterado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, no siempre es posible o viable restituir los bienes o derechos protegidos por la
Convención, por lo que se hace necesario compensar aquellos daños patrimoniales o
extrapatrimoniales causados. La indemnización compensa de forma pecuniaria, el daño, pérdida o
menoscabo de un bien, que no es posible reponer conforme a su propia naturaleza. El presente
proyecto de Ley acoge los términos indemnización y compensación como sinónimos dando cuenta
de la naturaleza compensatoria de la indemnización.1
1 CIDH, Casos Velásquez Rodríguez, Indemnización compensatoria, cit., párr. 38, y Godínez Cruz, Indemnización
compensatoria, cit., párr. 36.
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La Iniciativa de Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos
Humanos para el Estado de Morelos, contempla la indemnización o compensación. Para ello se
otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean
consecuencia de la comisión de los delitos considerados como graves en el ámbito de la
competencia estatal contra la vida, la libertad y la integridad física o mental al igual que los casos
donde la víctima ha fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del
delito.
Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas, incluirán la reparación del daño sufrido en la integridad
física de la víctima, la reparación del daño moral el cual comprende tanto los sufrimientos y las
aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios cuando se cause incapacidad, la
pérdida de oportunidades en particular las de educación y prestaciones sociales, los daños
patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a los Derechos Humanos, el
pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico, el pago de los tratamientos médicos o
terapéuticos que como consecuencia del delito o la violación de los Derechos Humanos sean
necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, los gastos
comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasiones
trasladarse al lugar del juicio para asistir a su tratamiento.
El principal responsable de la indemnización o compensación cuando se trate de las resoluciones
judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado la autoridad
judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de este o en su defecto con cargo a los
recursos que en su caso se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado
si hubiera fallecido o quedado física o mentalmente incapacitada como consecuencia del delito.
El Estado indemnizará o compensará de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los
delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos que la
víctima haya sufrido daño o menoscabo en su libertad, integridad física o mental.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación será quien determine el monto del pago
de una indemnización o compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo.
El Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al fondo los recursos erogados por
concepto de la compensación subsidiaria.
Por otra parte, es de tomarse en consideración la relevancia de lo expuesto por los iniciadores,
respecto al acceso de las víctimas del delito y de violaciones a los Derechos Humanos, al Fondo
de ayuda, asistencia y reparación para el Estado de Morelos, que tiene como objeto brindar los
recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral, pues de manera clara exponen
el alto sentido de responsabilidad ante la parte de la sociedad que se convierte en víctimas; por lo
que esta Comisión dictaminadora estima necesario incrementar el porcentaje de recursos
financieros destinados para la integración de dicho fondo, por ello en el cuerpo del presente
dictamen se establece sin contravenir lo dispuesto por la Ley General de Víctimas una partida
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presupuestal del 0.14% del gasto programable del presupuesto estatal asignado, mismo que
acorde a lo expuesto por el Titular del Poder Ejecutivo será administrado y operado por la
Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que
para el efecto establecerá el Gobierno del Estado de Morelos.
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad
Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos, en uso de sus facultades, adicional
a las valoraciones realizadas en el Dictamen de fecha 27 del mes de junio del año 2013, que
contiene la LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES
A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS, consideramos necesario las
modificaciones materia de la siguiente addenda con base en las presentes valoraciones:
Estas Comisiones Unidas consideran necesario establecer la naturaleza y origen jurídico de la
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, cuyo origen
integración y funcionamiento se prevén en los artículos 102 y 103 de la Ley en mención,
contextualizando que sus funciones y objeto son coordinar los instrumentos, políticas, servicios y
acciones para garantizar los derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y
de Violaciones a los Derechos Humanos, que gozará de autonomía técnica, ejecutiva,
administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus
funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a su normatividad correspondan.
Para quienes valoran la presente addenda, es necesario aclarar la integración del consejo del
Organismo, que permita garantizar que en la Comisión Ejecutiva Estatal estén representados
colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, la
naturaleza honorífica de sus integrantes, la duración de su encargo sin remuneración alguna, y por
supuesto la forma y términos para su elección, así como prever su órgano de control interno.
De igual forma consideramos estas Comisiones dictaminadoras, necesario aclarar que la Comisión
Intersecretarial prevista en el artículo 105, coadyuvará con la Comisión Estatal Ejecutiva y fungirá
como vínculo con las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y
será integrada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades que le
otorga la Ley Orgánica de la Administración del Estado de Morelos, y compuesta por los Titulares
de las Secretarías de Gobierno, Hacienda, Educación, Salud y Cultura o cualquiera otra, conforme
a lo dispuesto en el Acuerdo que al efecto se emita.
Derivado de las modificaciones expuestas resulta necesario establecer en las disposiciones
transitorias, que adicionalmente se prevén cinco disposiciones, que regulan la designación y
duración de los comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del
Estado de Morelos, para proceder a su sustitución en términos de lo dispuesto en la presente Ley.
De igual forma, estas Comisiones Unidas prevén en las disposiciones transitorias, que el
Gobernador Constitucional del Estado y el Congreso del Estado deberán realizar el procedimiento
establecido en la presente Ley, para la convocatoria, selección, formulación de ternas y
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designación de los Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas
del Estado de Morelos.
Por otra parte, los que modificamos el Dictamen emanado de estas Comisiones Unidas, consideran
necesario prever instalar el Consejo del Organismo Público Descentralizado que por virtud de esta
Ley se crea, y aprobar el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos, así como su inscripción en el Registro Público de los Organismos
Descentralizados del Estado de Morelos.
Así mismo, las Comisiones Unidas que actúan, consideran necesario exponer que las
modificaciones contenidas en la presente addenda, se adecuaron en congruencia con los
principios y definiciones contextualizándolos con el contenido íntegro de la LEY DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
PARA EL ESTADO DE MORELOS, dictaminada por estas Comisiones, todo con la finalidad de
otorgar claridad y precisión al texto de la Ley en mención.
Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura ha tenido a bien expedir la siguiente:
LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE LA APLICACIÓN, OBJETO E INTERPRETACIÓN
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el
Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y
ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas y tiene los siguientes
objetivos:
I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y violaciones a
Derechos Humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad,
justicia, reparación integral, restitución de los derechos violados, debida diligencia, no repetición
y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que los Estados
Unidos Mexicanos es parte, en la Ley General de Víctimas y demás instrumentos de Derechos
Humanos vinculantes para el Estado de Morelos;
II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger,
atender, garantizar, impulsar y propiciar el ejercicio efectivo y constante de los derechos de las
víctimas mediante el establecimiento de principios rectores, ejes de acción y mecanismos de
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coordinación entre el Estado y sus Municipios, independientemente de la coordinación que se
articule con la Federación;
III. Implementar los mecanismos para que todas las autoridades estatales en el ámbito de sus
respectivas competencias cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y
lograr la reparación integral, velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda,
asistencia o reparación integral. Los Municipios deberán regular y garantizar estas obligaciones
en el ámbito de sus competencias;
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material,
moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del
hecho victimizante;
IV. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto
cumplimiento de las reglas del debido proceso;
V. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel
que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; y
VI. Establecer las sanciones que correspondan al incumplimiento por acción o por omisión de
cualquiera de las disposiciones fijadas en esta ley.
ARTÍCULO 2. Los preceptos contenidos en la presente Ley deben ser respetados y cumplidos por
todo servidor público e institución, pública o privada, los que estarán obligados a garantizar la
protección de las víctimas, proporcionándoles ayuda, asistencia y reparación integral en el orden
estatal.
ARTÍCULO 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que los Estados
Unidos Mexicanos es parte, y en la Ley General de Víctimas, favoreciendo en todo tiempo la
protección más amplia de los derechos de las víctimas de uno o más delitos.
ARTÍCULO 4. En caso de incompatibilidad entre normas que protejan a víctimas, se aplicará
siempre la que más favorezca a la persona.
CAPÍTULO II
DE LOS CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES
ARTÍCULO *5. Se denominarán víctimas directas cualquier persona física que individual o
colectivamente haya sufrido directamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental,
emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos
como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a los Derechos Humanos
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte.
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Los familiares o personas físicas a cargo o que tengan una relación inmediata con la víctima
directa, tanto formal como informal, que de alguna forma sufra un daño es una víctima indirecta.
Se considera víctima potencial aquella que peligre en su esfera de derechos por auxiliar, impedir o
detener la violación de un derecho de una víctima o la comisión de un delito y, por lo tanto, objeto
de medidas de protección y atención.
El ofendido en razón de la comisión de un delito, podrá tener la calidad de víctima directa, indirecta
o potencial.
La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en
los términos establecidos en la presente Ley, independientemente de que se identifique,
aprehenda o condene al responsable del daño, o de su participación en algún procedimiento
judicial o administrativo. Dicha calidad tampoco se pierde al existir algún nexo entre la víctima y
una persona condenada o vinculada a una investigación por comisión de un delito.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Adicionado el párrafo cuarto, recorriéndose en su orden el párrafo
subsecuente por artículo séptimo del Decreto No. 2048, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, No. 5243 Alcance, de fecha 2014/12/10.
ARTÍCULO 6. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, se
determinarán, implementarán y evaluarán, de conformidad con los principios establecidos y
definidos en la Ley General de Víctimas, tales como:
Dignidad: La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de
todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser
objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.
En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en
todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.
Igualmente, todas las autoridades del Estado y sus Municipios están obligadas a garantizar que no
se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo
esencial de sus derechos.
Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que
intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o
responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y
asistencia desde el momento en que lo requieran, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo
de sus derechos.
Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en
especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las
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víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como
complementarias y no excluyentes.
Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas
deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.
Debida diligencia: El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo
razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia,
derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada
como sujeto titular de derecho.
El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las
medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al
fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de
sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se
implementen a favor de las víctimas.
Enfoque diferencial y especializado: Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con
características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género,
preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se
reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las
particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor
riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores,
personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas
defensoras de Derechos Humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.
En todo momento se reconocerá el interés superior de la infancia.
Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas
particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por
su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y
reintegración a la sociedad.
Enfoque transformador: Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito
de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de
ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas,
contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la
causa de los hechos victimizantes.
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Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique
el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para
la víctima.
Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos
los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin
distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos,
sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo,
género, edad, preferencia u orientación sexual, Estado civil, condiciones de salud, pertenencia a
una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones
de enfoque diferencial.
Integralidad, indivisibilidad e interdependencia: Todos los derechos contemplados en esta Ley se
encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin
que a la vez se garantice el resto de los derechos.
La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.
Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se
realizará de forma multidisciplinaria y especializada.
Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno deberá velar por la aplicación más
amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las
víctimas del delito y de violaciones a los Derechos Humanos.
Las autoridades adoptarán en todo momento medidas para garantizar la seguridad, protección,
bienestar físico y psicológico así como la intimidad de las víctimas.
Mínimo existencial: Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del
Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su
núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su
condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las
personas en cada momento de su existencia.
No criminalización: Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en
ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.
Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas
al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio
y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.
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Victimización secundaria: Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser
motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que
agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus
derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.
Participación conjunta: Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá
implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y
colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.
Progresividad y no regresividad: Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la
obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la
misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento
alcanzados.
Publicidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que
esto no vulnere los Derechos Humanos de las víctimas o las garantías para su protección.
El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y
orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones,
mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y
publicitarse de forma clara y accesible.
Rendición de cuentas: Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley,
así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos
de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil,
particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.
Transparencia: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en
ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que
garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.
Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de
evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos
de las víctimas; y
Trato preferente: Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de
garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.
ARTÍCULO 7. Son también principios rectores:
Debido Proceso y deber de investigar. El Estado, a través de los órganos competentes, debe
garantizar un proceso justo y eficaz que responda a los principios de celeridad, razonabilidad y
garantía de derechos. El Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables de
la comisión de delitos y violaciones a los Derechos Humanos.
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Gradualidad. El principio de gradualidad implica la responsabilidad estatal de diseñar herramientas
operativas y garantizar los recursos presupuestales que permitan la escalonada implementación de
los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin desconocer la
obligación de implementarlos en todo el Estado en un plazo determinado y respetando el principio
constitucional a la igualdad. La gradualidad de la política tendrá en cuenta el grado de
vulnerabilidad y los enfoques diferenciales.
Prioridad. Se atenderá y reparará de forma prioritaria a aquellas víctimas con mayores dificultades
económicas o mayor nivel de vulnerabilidad.
Sostenibilidad. El desarrollo de las medidas a las que se refiere la presente Ley, deberá hacerse en
tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal, con el fin de darles, en su conjunto, continuidad y
progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.
ARTÍCULO 8. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Atención: La acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a
las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos;
II. Asistencia: El conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y
recursos de orden político, económico, social y cultural, entre otros, a cargo del Estado,
orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas y brindarles
condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica
y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada
incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica;
III. Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, con excepción
de los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos
directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas
del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio
ambiente, teniendo en cuenta los ahorros; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al
costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las
medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en
la medida en que los daños deriven o resulten;
IV. Delito: Conducta típica, antijurídica y culpable que sanciona la legislación penal del Estado
de Morelos;
V. Entorno familiar: Aquellas personas que tengan una relación de parentesco en línea recta o
colateral, o bien una relación inmediata formal o informal con la víctima directa del delito o la
violación de Derechos Humanos;
VI. Núcleo esencial: Aquella parte, esencial, de un derecho fundamental, que no puede ser
restringida o limitada. Es el mínimo de garantía de ese derecho, sin el cual la persona no podría
desarrollarse o vivir como ser humano;
VII. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro bienes
jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados
como delito o constituir una violación a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución
y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte;
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VIII. Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de
esta Ley;
IX. Violación de Derechos Humanos: Todo acto u omisión que afecte los Derechos Humanos
reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales aplicables, cuando el agente
sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza
funciones públicas. También se considera violación de Derechos Humanos cuando la acción u
omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente
por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público;
X. Derecho a la información: El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por
parte de la víctima, sus representantes y abogados, en su caso, con el objeto de posibilitar la
materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y
regulan el manejo de información confidencial;
XI. Derecho a la justicia: Es deber del Estado garantizar y adelantar una investigación efectiva
que conduzca al esclarecimiento de las violaciones descritas en la presente Ley, la
identificación de los responsables y su respectiva sanción. Las víctimas tendrán acceso a las
medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en esta Ley o en otros instrumentos
legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la justicia;
XII. Derecho a la verdad: Las víctimas individuales y colectivas, sus familiares y la sociedad en
general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los
motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones que se describen en la
presente Ley y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la
víctima y al esclarecimiento de su paradero; y
XIII. Derecho a la reparación integral: Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera
adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como
consecuencia de las violaciones descritas en la presente Ley. La reparación comprende las
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición,
en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas
medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus
derechos y las características del hecho victimizante.
Para propósitos de esta Ley se entenderá por:
a) Asesor Jurídico estatal: Al Asesor Jurídico estatal de Atención a Víctimas o equivalente en el
Estado de Morelos;
b) Asesoría Jurídica Estatal: A la Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas;
c) Centros de Atención Integral a Víctimas: A los espacios públicos al alcance de las víctimas,
ubicados en diferentes lugares del territorio del Estado de Morelos, en donde confluyen las
instituciones encargadas de la aplicación de la presente Ley, para prestarles atención integral;
d) Comisión Ejecutiva Estatal: A la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del
Estado de Morelos;
e) Constitución: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
f) Fondo: Al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;
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g) Instituciones: A todas las oficinas, dependencias, órganos, organismos o cualquier otra área
del poder público, incluyendo los tres poderes del Estado, los órganos constitucionales
autónomos y aquellos que tienen autonomía académica;
h) Ley: A esta Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los
Derechos Humanos para el Estado de Morelos;
i) Modelo: Al Modelo Integral de Atención en Salud;
j) Programa de Atención: Al Programa Único de Ayuda, Asistencia y Atención Integral a
Víctimas;
k) Programa de Protección: Al Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos y Servidores Públicos del Estado de Morelos;
l) Reglamento: Al Reglamento de la presente Ley;
m) Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos: Al Mecanismo técnico y administrativo
adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las
víctimas del delito y de violaciones de Derechos Humanos al Sistema creado por la Ley General
de Víctimas de forma complementaria al Registro Nacional de Víctimas;
n) Servidores Públicos: A toda persona que desempeñe cualquier empleo, cargo o comisión en
los Poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los ayuntamientos, las
instituciones de educación superior y las instituciones de educación superior con autonomía
académica; y
o) Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
ARTÍCULO 9. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo
y no limitativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de este
cuerpo normativo, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento
de los responsables de violaciones de los Derechos Humanos y a su reparación integral;
II. A ser reparadas de manera integral, adecuada diferenciada, transformadora y efectiva por el
daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de las violaciones a
Derechos Humanos;
III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que les fueron violados sus
Derechos Humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las
investigaciones y de los derechos que en su favor contemplan la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así
como en las leyes de la materia;
IV. A que se les brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal;
V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus Derechos Humanos por parte
de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas
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responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten
con convenios para brindar servicios a las víctimas;
VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa,
gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del
hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre; así como a que
esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;
VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos
accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;
VIII. A la protección del Estado, incluido su bienestar físico y psicológico y la seguridad de su
entorno, con respeto a su dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se
encuentre dentro de un proceso penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho
a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar ella y
sus familiares con medidas de protección eficaces cuando su vida, integridad o libertad personal
sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima o del ejercicio de
sus derechos;
IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de
acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;
X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria
para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;
XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el
ejercicio de sus derechos, respetando los procedimientos que establezcan las leyes;
XII. A conocer el Estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés
como interviniente;
XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva, cuando se encuentre presente
en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se
pronuncie;
XIV. A ser notificado de las resoluciones que se dicten en el Sistema relativas a las solicitudes
de ingreso y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;
XV. A que su consulado sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales
que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;
XVI. A la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su núcleo familiar se
haya dividido;
XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad
y dignidad;
XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;
XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger
y garantizar sus derechos;
XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de
prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;
XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un
enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los
adultos mayores y población indígena;
XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;
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XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con
la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;
XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en
la comisión del delito o de la violación de los Derechos Humanos;
XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos
alternativos;
XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento
y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los
hechos y a la reparación del daño;
XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los
mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos
establecidos en la ley de la materia;
XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias
correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten
sus intereses;
XXIX. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el
ejercicio de sus derechos;
XXX. A que se les otorgue, en los casos que procedan, la ayuda provisional y humanitaria;
XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de
que no hablen el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual;
XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos,
incluida su reincorporación a la sociedad;
XXXIII. A participar con espacios colectivos donde se proporcione el apoyo individual o colectivo
y que le permitan relacionarse con otras víctimas;
XXXIV. A recibir la protección de su identidad, datos personales y confidencialidad; y
XXXV. Los demás señalados por las normas internacionales, federales y locales.
ARTÍCULO 10. La información y asesoría a las víctimas deberán brindarse en forma gratuita y por
profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un
trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus
derechos.
ARTÍCULO 11. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en
los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la
legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan, ejerciendo el derecho que
corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación
incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se
impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas
fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de
parentesco que establece el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 12. Las víctimas recibirán ayuda inmediata de acuerdo con las necesidades que
tengan relación directa con el hecho victimizante. Desde el momento en el que las autoridades
tengan conocimiento del delito o de la violación de los derechos, deberán:
I. Garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación;
II. Atender el aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de
emergencia; y
III. Proporcionar transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y
seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el
momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de
derechos.
Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de
género, diferencial y especializado, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la
víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán
ayuda médica y psicológica especializada de urgencia en los términos de la presente Ley.
Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus
familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso
oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley.
Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en esta Ley, se brindarán
exclusivamente por las instituciones públicas de la entidad y Municipios, a través de los programas,
mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en
los que se podrá recurrir a instituciones privadas.
ARTÍCULO 13. Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas
de reparación integral a la que tuvieran derecho las víctimas.
ARTÍCULO 14. En el Estado de Morelos se creará un Programa Único de Ayuda, Asistencia y
Atención Integral para las Víctimas, y sus familias, compuesto por los servicios de salud,
alojamiento y alimentación, transporte, protección, asesoría y acompañamiento jurídico. Así como
de medidas de asistencia y atención tendientes a restablecer a la víctima en el ejercicio pleno de
sus derechos y a promover la superación de su condición, dentro de las que se encuentran
medidas en materia de: educación; económicas y de desarrollo; de atención y asistencia en
materia de procuración y administración de justicia.
ARTÍCULO 15. Los Centros de Atención Integral a Víctimas deberán estar al alcance de las
víctimas en diferentes lugares de Morelos. Estos centros contarán con el personal competente y
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capacitado para atender a víctimas en materia psicológica, médica, jurídica así como derivar a las
instituciones competentes a las víctimas para que reciban la ayuda, asistencia y atención
apropiada y especializada. Para este fin se debe establecer rutas únicas de atención que deben
estar contempladas en el Programa Único de Atención a Víctimas diseñado por la Comisión
Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas reglamentará lo referente al
funcionamiento y responsabilidades de estos centros.
ARTÍCULO 16. El Estado de Morelos ofrecerá y prestará ayuda, asistencia y atención,
independientemente de que la víctima presente o no denuncia por los hechos que las motivan.
Todas las medidas de ayuda, asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las
instituciones públicas, del Estado y de los Municipios, a las víctimas por cualquier hecho, serán
gratuitos. Ésas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio-económica y sin
exigir otras condiciones previas que las establecidas en la presente Ley.
ARTÍCULO 17. Sin perjuicio de las competencias del Ministerio Público, se crea la figura del
Representante Especial para niños, niñas y adolescentes que deberá acompañar a los menores de
edad en todo lo que se refiere a la aplicación de la presente Ley. Cualquier persona, servidor
público, institución pública o privada que tenga conocimiento de un hecho que afecte a los niños,
niñas y adolescentes, deberá comunicar al representante, de forma inmediata, la situación de que
se trate, para garantizar la ayuda, asistencia y atención de aquéllos, conforme al reglamento que
se expida.
CAPÍTULO II
DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD
ARTÍCULO 18. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad
en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las
instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo
en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente
tratándose de mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena.
ARTÍCULO 19. Las instituciones hospitalarias públicas del Estado de Morelos y sus Municipios
tienen la obligación de dar atención de urgencia a las víctimas que lo requieran, de acuerdo a los
protocolos de atención, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin
exigir condición previa para su admisión.
ARTÍCULO 20. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria
consistirán en:
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I. Hospitalización;
II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis, órtesis y demás instrumentos que la persona
requiera para su movilidad, conforme al diagnóstico dado por el médico o especialista en la
materia;
III. Medicamentos;
IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no
cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;
V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;
VI. Unidades móviles de atención hospitalaria;
VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia del delito o la
violación a sus Derechos Humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica o
psiquiátricamente;
VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del
hecho delictivo o la violación a los Derechos Humanos;
IX. Servicios que se prevean en la Ley General de Víctimas y en la presente Ley, con absoluto
respeto de la voluntad de la víctima;
X. La atención para la salud sexual de las víctimas; y
XI. En caso de que la unidad médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo
señalado en las fracciones II y III y sus costos hayan sido cubiertos por la víctima, o en caso de
la fracción IV, a las autoridades Estatales o Municipales, según corresponda, lo reembolsarán
de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas
reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 21. La Comisión Ejecutiva Estatal, velará por la aplicación eficaz del Modelo de
Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, de educación de prevención y promoción y
asistencia social definido por la Comisión Ejecutiva establecida en la Ley General de Víctimas, en
concordancia con los programas de salud establecidos en la Ley General de la Salud.
El acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en
el tiempo de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad.
El Modelo deberá incluir lo siguiente:
1. Proactividad. Los servicios de atención deben buscar el acercamiento a las víctimas.
2. Atención individual, familiar y comunitaria. Se deberá garantizar una atención de calidad por
parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada,
especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual, para lo cual deberá contar con
un componente de atención psicosocial para atención de víctimas. Se deberá incluir entre sus
prestaciones la terapia individual, familiar y acciones comunitarias según protocolos de atención
que deberán diseñarse e implementarse localmente en función del tipo de violencia y del marco
cultural de las víctimas.
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3. Gratuidad. Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios del Modelo de
Atención Integral en Salud a Víctimas, incluyendo el acceso a medicamentos en los casos en
que esto fuera requerido y la financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea
necesario.
4. Duración. La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las víctimas y al
dictamen emitido por el equipo de profesionales.
5. Ingreso. Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación que defina la condición de
beneficiario del Modelo de Atención Integral en Salud y permita el acceso a los servicios de
atención.
6. Multidisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación de servicios constituidos por
profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de trabajadores sociales, médicos,
enfermeras, promotores comunitarios entre otros profesionales, en función de las necesidades
locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines.
Las autoridades de salud en el Estado, bajo la coordinación de la Comisión Ejecutiva Estatal,
reglamentarán la estructura, funciones y la forma en que operará el Modelo de Atención Integral en
Salud.
ARTÍCULO 22. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y
odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud, para
los usuarios de los servicios de salud y tendrá los siguientes derechos adicionales:
I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en
cualquiera de las unidades médicas públicas estatales y municipales, de acuerdo a su
competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes
del delito o de la violación a los Derechos Humanos sufridos por cada víctima. Estos servicios
se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la
víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si
así lo determina el profesionista, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;
II. El Estado de Morelos, a través de sus organismos, dependencias y entidades de Salud
Pública, así como aquellos Municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de
prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación,
deberán otorgar citas médicas, en el menor tiempo posible y no mayor al contemplado en la Ley
General de Víctimas, previa solicitud, salvo que sean casos de atención de urgencia en salud,
en cuyo caso la atención será inmediata;
III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la
correspondiente entrega de la receta médica, se hará la entrega inmediata de los
medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas
necesarios para el tratamiento integral;
IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis, órtesis y demás
instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al diagnóstico dado por el
especialista en la materia, así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes
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diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados
como consecuencia del hecho punible o la violación a sus Derechos Humanos;
V. Las autoridades Estatales y, en su caso, las Municipales, proporcionarán atención
permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante,
quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente en la forma en que se determine
en el Reglamento;
VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso, incluyendo programas de
nutrición; y
VII. En aquellos lugares en donde no se cuente con infraestructura hospitalaria o médica, se
deberán garantizar las condiciones necesarias de acceso al servicio de salud o atención para
evitar que las víctimas tengan que recorrer grandes distancias y que permita atender a las
víctimas de urgencia, para después hacer la debida derivación a centros de salud
especializados, conforme a la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 23. A toda víctima de violación o cualquier otra conducta que afecte su integridad física
o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de la profilaxis post exposición para Virus
de Inmunodeficiencia Humana y aquellos que se contemplen y prevean de conformidad con lo
estipulado en la Ley General de Víctimas y lo previsto en la presente Ley, con absoluto respeto a
la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento
especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y
tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el
seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de
Inmunodeficiencia Humana.
En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas,
se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque
transversal de género.
ARTÍCULO 24. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no
cumpla con lo señalado en los artículos anteriores y sus costos hayan sido cubiertos por la víctima,
el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral creado en esta Ley se los reembolsará de
manera completa y rápida.
CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
ARTÍCULO 25. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, los
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y demás instituciones públicas que
existan y brinden estos servicios en el ámbito Estatal o Municipal, contratarán servicios o brindarán
directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que
se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o
desplazadas de su lugar de residencia por causa del hecho punible cometido contra ellas o de la
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violación de sus Derechos Humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el
tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y
pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.
Se podrán establecer convenios de coordinación con instituciones privadas para la prestación de
estos servicios.
ARTÍCULO 26. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, creará
los albergues para la Familia. De acuerdo con el diagnóstico elaborado, se adaptarán las medidas
y requerimientos necesarios para su funcionamiento y se reglamentará la materia.
La atención de que sean objeto las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los discapacitados y
los grupos étnicos, deberá contar con programas especiales que obedezcan a las necesidades
propias de cada grupo poblacional.
CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 27. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto a su lugar de residencia y
desee regresar, el Ejecutivo Estatal cubrirá los gastos correspondientes, garantizando, en todos los
casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso sea el más seguro y el que
le cause menos molestia de acuerdo con sus condiciones. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado
reglamentará lo concerniente a los procedimientos necesarios que permitan garantizar que dicho
retorno sea de carácter voluntario, seguro y digno.
CAPÍTULO V
DE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 28. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida
o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o
de la violación de Derechos Humanos sufrida, las autoridades del orden Estatal o Municipal, de
acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato las medidas
ordinarias, extraordinarias o procesales que sean necesarias para evitar que la víctima sufra
alguna lesión o daño.
Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes
principios:
I. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la
libertad y la seguridad de las personas;
II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al
nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria y deben ser aplicadas en
cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;
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III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional
relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser clasificada como confidencial
para los fines de la investigación o del proceso respectivo; y
IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas,
adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas
a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.
Serán sancionados administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los
servidores públicos estatales o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las
víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia, o cuando
existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por
la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero
implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.
ARTÍCULO 29. El Estado de Morelos, creará y reglamentará el Programa de Protección de
Víctimas, Testigos, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Servidores Públicos del
Estado de Morelos. Este programa tendrá como objetivo implementar las medidas de protección
integral a la población objeto referida, que intervengan en los procedimientos administrativos y
judiciales de atención, asistencia, apoyo y reparación, a través de los cuales las víctimas reclaman
sus derechos. En el caso de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, el sólo ejercicio de
la actividad fundamenta la protección si de ella se deviene un riesgo. Las medidas de protección
serán determinadas según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular y en la medida en
que exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y
la seguridad personal, atendiendo a la normatividad existente sobre la materia.
Como Coordinadora del Programa, la Procuraduría General de Justicia del Estado, llevará un
registro de todas las medidas adoptadas y velará porque las acciones adelantadas por otras
entidades para garantizar la protección se realicen de forma coordinada, integral y efectiva.
Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de evitar y deberán tener
en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los
casos, su dignidad.
Cuando las mujeres soliciten protección y esta sea aprobada, se deberá tener en cuenta el
enfoque diferenciado y que las medidas respondan a este.
Para otorgar dicha protección y definir sus aspectos, se deberá realizar un estudio por la autoridad
correspondiente para determinar el nivel de riesgo que se podrá definir como ordinario y
extraordinario. Dicho Programa será reglamentado por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a
partir de la vigencia de la presente Ley, teniendo en cuenta las recomendaciones que al respecto
realice la Comisión Ejecutiva Estatal.
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ARTÍCULO 30. Cuando las autoridades judiciales, administrativas o del Ministerio Público tengan
conocimiento de situaciones de riesgo señaladas en el siguiente artículo, remitirán de inmediato tal
información a la autoridad competente designada de acuerdo a los programas de protección, para
que inicien el procedimiento urgente conducente a la protección de la víctima, de acuerdo a la
evaluación de riesgo.
ARTÍCULO 31. Las medidas de protección podrán extenderse al núcleo familiar, siempre que ello
sea necesario, según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular y exista amenaza
contra los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal
de los miembros del mismo. El estudio técnico de nivel de riesgo gozará de carácter reservado y
confidencial.
ARTÍCULO 32. El programa de protección deberá incluir los siguientes criterios:
I. Adopción de las medidas proporcionales al nivel de riesgo de la víctima antes, durante y
después de su participación en procesos jurisdiccionales o administrativos;
II. Valoración e identificación del riesgo y factores que lo generan, debiendo ser evaluado
periódicamente y las medidas actualizadas de acuerdo a dicha evaluación;
III. Protección, sin discriminación alguna, de las víctimas y testigos cuya vida, seguridad y
libertad estén en riesgo con ocasión a su participación en procesos judiciales o administrativos
contemplados en la normatividad relacionada con dichos programas. Por consiguiente, el
programa establecerá las medidas sin perjuicio del tipo de delito que se investigue o juzgue, del
presunto responsable del hecho, de la fecha de ocurrencia del delito o del procedimiento judicial
o administrativo para el reclamo de los derechos, siempre y cuando exista un claro nexo causal
entre las amenazas y la participación de la víctima o testigo;
IV. Adopción de los criterios necesarios para la evaluación de riesgo y las decisiones sobre las
medidas que deberán atender y tomar en consideración los aspectos diferenciales por género,
capacidad y cultura;
V. Coordinación permanente con los programas de atención a víctimas, con el fin de atender el
trauma causado por el hecho victimizante y la situación de riesgo generada;
VI. Las medidas de protección deberán ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para
la protección de los beneficiarios del programa. Una vez decidida la medida de protección por
parte de la autoridad que corresponda, la víctima o testigo podrá sugerir medidas alternativas o
complementarias a la decidida si considera que ésta no resulta adecuada para las
circunstancias particulares del caso. Por la autoridad que corresponda determinará su
conveniencia, viabilidad y aplicabilidad;
VII. Las entrevistas realizadas con las víctimas dentro del marco del programa de protección
deberán efectuarse en espacios que garanticen la seguridad y confidencialidad, en particular
cuando involucren a mujeres, niñas, niños y adolescentes; y
VIII. Se deberá dar información permanente a las autoridades jurisdiccionales y administrativas
que atiendan los procesos de investigación que ocasionaron o agravaron el riesgo, con la
finalidad de que en el transcurso del mismo se tenga en cuenta la situación de la víctima y
testigo. Especialmente, se tendrán en cuenta las razones que puedan impedir o dificultar la
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participación de aquellos en las diligencias y se adoptarán las oportunas medidas de apremio
que lo garanticen.
ARTÍCULO 33. Las autoridades Estatales y Municipales brindarán de inmediato a las víctimas
información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales,
administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus
intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que
son titulares en su condición de víctima. Las autoridades Estatales y Municipales garantizarán a las
víctimas la información y asesoría completa en los términos del presente artículo.
Para el efecto se adoptarán los criterios y mecanismos establecidos por la Comisión Ejecutiva
Estatal.
TÍTULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN TENDIENTES A RESTABLECER A LA
VÍCTIMA EN EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y A PROMOVER LA SUPERACIÓN
DE SU CONDICIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 34. Las autoridades Estatales y Municipales garantizarán que el acceso de las víctimas
al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las
medidas de asistencia y atención establecidas en la presente Ley.
ARTÍCULO 35. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva Estatal, las
diferentes secretarías y dependencias del ejecutivo estatal y los Municipios deberán contar con la
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y
fundamentos legales de actuación.
CAPÍTULO II
DE LAS MEDIDAS DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 36. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el
acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo, si como
consecuencia del delito o de la violación a Derechos Humanos se interrumpen los estudios.
ARTÍCULO 37. Las instituciones del sistema educativo estatal impartirán educación de manera tal
que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar
una actividad productiva.
ARTÍCULO 38. Todas las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, prestarán
especial cuidado a los planteles escolares que, por la particular condición de la asistencia y
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atención a víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las
acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.
ARTÍCULO 39. La víctima o sus familiares, de conformidad con la presente Ley, tendrán el
derecho de recibir becas completas en instituciones públicas de estudio, como mínimo hasta la
educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran. Igualmente, se buscará
garantizar mecanismos de apoyo económicos para que las víctimas accedan a la educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior.
ARTÍCULO 40. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de sus Secretarías, Dependencias,
Entidades y Organismos de Educación, así como aquellos Municipios que cuenten con la
infraestructura y la capacidad de prestación de tales servicios, en el marco de sus competencias,
deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los respectivos paquetes escolares y
uniformes, para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.
ARTÍCULO 41. La víctima o sus hijos menores de edad deberán tener acceso a los libros de texto
y demás materiales educativos complementarios que las autoridades educativas determinen.
ARTÍCULO 42. El Poder Ejecutivo Estatal, a través de sus Secretarías, Dependencias, Entidades y
Organismos de Educación, y las Instituciones de Educación Superior, en el marco de su
autonomía, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección,
admisión y matrícula, que permitan a las víctimas que así lo requieran acceder a los Programas
Académicos ofrecidos por estas Instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago
de formulario de inscripción y de derechos de grado y podrán implementar medidas para el acceso
preferencial de las víctimas.
ARTÍCULO 43. Las Instituciones de Educación Superior Privada podrán crear Programas
Específicos de becas cuyos beneficiarios sean población víctima, que contribuyan para el
desarrollo integral de los mismos.
CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS Y
DE DESARROLLO
ARTÍCULO 44. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dentro de la Política de Desarrollo
Social, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios de dicha política
conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños
graves como consecuencia del hecho victimizante.
ARTÍCULO 45. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la
vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, así como los
relativos a la no discriminación, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos.
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ARTÍCULO 46. Las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, en sus
respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan
oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas, destinando los
recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.
ARTÍCULO 47. Las Autoridades Estatales y Municipales del Estado de Morelos, están obligadas a
proporcionar la información necesaria de los programas aludidos en el artículo precedente, sus
reglas de acceso, operación, recursos y cobertura.
TÍTULO CUARTO
DEL ACCESO A LA JUSTICIA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
EN EL PROCESO PENAL
ARTÍCULO 48. Las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia en los términos de la
Constitución, de modo que se les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que
se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las
violaciones de Derechos Humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las
violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a
obtener una reparación integral por los daños sufridos.
Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado,
incluidos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos. La legislación en la materia que
regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.
ARTÍCULO 49. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo precedente, los Poderes
del Estado de Morelos garantizarán a las víctimas el acceso a los mecanismos y procedimientos
previstos en la Constitución, en las normas previstas en los Tratados Internacionales en los que el
Estado Mexicano sea parte y en las Leyes Federales y Locales.
ARTÍCULO *50. Del mismo modo, las víctimas gozarán de los siguientes derechos:
I. A ser informadas, cuando así lo solicite de manera clara, precisa y accesible, de sus derechos
por el Ministerio Público, Asesor Jurídico, Juez o Tribunal o con la primera autoridad con la que
tenga contacto que conozca del hecho delictivo, tan pronto este ocurra. El Ministerio Público
deberá comunicar a la víctima los derechos que le reconocen la Constitución, los Tratados
Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este
hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;
II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa. En los casos en que la
autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria, no podrá absolver al responsable de dicha
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reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaren la reparación del daño, el Ministerio
Público está obligado a hacerlo;
III. A coadyuvar con el Ministerio Público para que se les reciban todos los datos o elementos
de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso y se desahoguen
las diligencias correspondientes;
IV. A intervenir en el juicio como partes plenas, ejerciendo durante el mismo sus derechos. Así
mismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de
denuncias o querellas;
V. A ser asesoradas y representadas en cualquier etapa del procedimiento por un Asesor
Jurídico. En los casos en que no quieran o no pueda contratar un abogado, les será
proporcionado dicho servicio por el Estado, en términos de la legislación aplicable;
VI. A tener derecho a la Segunda Instancia y a otros recursos ordinarios y extraordinarios en los
mismos casos y condiciones que el procesado y en los demás que establezcan las leyes;
VII. A impugnar ante la Autoridad Judicial las omisiones del Ministerio Público en la
investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de
la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o
no el daño;
VIII. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas
para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos
personales;
IX. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su
favor, contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;
X. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la
obligación el juzgador de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios
electrónicos;
XI. A expresar libremente sus opiniones y preocupaciones ante las autoridades e instancias
correspondientes de procuración e impartición de justicia y a que ésas, en su caso, sean
consideradas en las decisiones que afecten a sus intereses;
XII. A rendir o ampliar sus declaraciones de modo que quede garantizada su seguridad, que en
cualquier caso se extenderá a sus datos personales y a aquellos otros aspectos que el juzgador
considere necesarios; la declaración podrá hacerse por medios electrónicos, si así lo autoriza el
Ministerio Público o el Juzgador;
XIII. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervenga y de
las actuaciones que requiera;
XIV. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas
y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito
y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;
XV. A ofrecer o solicitar la práctica de pruebas a través de peritajes independientes, acreditados
ante Organismo Nacional o Internacional de Protección de los Derechos Humanos;
XVI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre
sus derechos y a estar presentes en las mismas;
XVII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha
resolución;
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XVIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos, a solicitar la
intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades
competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones
de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar también que grupos de esos expertos
revisen, informen y lleven a cabo recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la
verdad para las víctimas;
XIX. Cuando las víctimas no se expresen en el idioma español, se dispondrá de la presencia de
traductores o intérpretes durante todo el proceso. Las sentencias serán traducidas para dicha
comprensión;
XX. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito, con un familiar, e
incluso con su Asesor Jurídico;
XXI. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad;
XXII. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada
o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por
alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá
requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación, y
XXIII. Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables.
En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el órgano
jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los
niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos
consagrados en la Constitución.
Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los
derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Morelos y demás disposiciones aplicables.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Reformadas las fracciones I, V, XVIII y XIX, y adicionadas las fracciones
XX, XXI, XXII, y XXIII y dos párrafos finales por artículo séptimo del Decreto No. 2048, publicado
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5243 Alcance, de fecha 2014/12/10. Antes decían: I.
A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o
la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste
ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que le reconocen la
Constitución, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta
de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable
responsable de los hechos;
V. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor
Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será
proporcionado dicho servicio por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y
su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su Representante Legal;
XVIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos, a solicitar la
intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes
en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad
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civil o grupos de víctimas podrán solicitar también que grupos de esos expertos revisen, informen y
lleven a cabo recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas; y
XIX. Cuando las víctimas no se expresen en el idioma castellano, se dispondrá de la presencia de
traductores o intérpretes durante todo el proceso. Las sentencias serán traducidas para dicha
comprensión.
ARTÍCULO 51. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse
ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran
señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de
domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio sin autorización de la autoridad
jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna, que se garantice la suma con
la cual se hará frente a la reparación del daño a la víctima que se fije en sentencia o en la
resolución que ponga fin al procedimiento.
En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, previo proceso aplicable, la
autoridad jurisdiccional competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente
para su cobro, el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima, una vez se produzca alguna de
las resoluciones señaladas en el párrafo anterior. En los mismos términos los fiadores están
obligados a pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo
caso, el Procedimiento Económico Coactivo que las Leyes Fiscales señalen.
ARTÍCULO 52. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser
reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos, pero si no se personaran en el mismo, serán
representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público y serán notificadas
personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos
interpuestos, ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas
cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o
integridad física o modificaciones a la sentencia.
ARTÍCULO 53. Las víctimas tendrán derecho a que se consideren su discapacidad temporal o
permanente, físicas, o mentales, así como su condición de niñas, niños y adolescentes o adultos
mayores. Así mismo, a que se respete un enfoque transversal de género y las diferencias
culturales, religiosas, de credo, étnicas, entre otras igualmente relevantes. Cuando sea necesario,
el Estado proporcionará intérpretes y traductores. Las víctimas no podrán ser discriminadas por
ninguna causa de conformidad a la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos, la presente Ley y las demás aplicables en la materia.
ARTÍCULO 54. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de
los exámenes periciales a los que podrán someterse y, en caso de aceptar su realización, a ser
acompañadas en todo momento por el Asesor Jurídico o la persona que consideren.
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ARTÍCULO 55. Toda comparecencia ante el Órgano Investigador, el Juez o Tribunal o ante
cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada
para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos
a que se refieren las leyes laborales.
ARTÍCULO 56. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las
reglas de la Justicia Alternativa, a través de Instituciones como la Conciliación y la Mediación, a fin
de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.
Para el efecto, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley de Justicia Alternativa
en Materia Penal para el Estado de Morelos.
No podrá celebrarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado, a través de
los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión y en los casos en
que la Ley lo prohíba.
La Procuraduría General de Justicia del Estado llevará un registro y una auditoría puntual sobre los
casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos,
notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer y la defensa del menor y la
familia, a fin de que se verifique que la víctima tuvo la asesoría necesaria para la toma de dicha
decisión. Los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que
éstas estén conscientes de las consecuencias que conllevan, serán sancionados conforme a lo
previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
ARTÍCULO 57. Se creará una estrategia especial para el trato jurídico de casos de violencia
sexual. Dicho Programa deberá prever una asistencia diferenciada a las víctimas de este delito,
informar a la víctima y su representante de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos
u otros relevantes relacionados con su caso, desde que se tenga conocimiento del hecho delictivo.
ARTÍCULO 58. Para garantizar el derecho a la justicia de víctimas de manera efectiva, en los
casos en que se investiguen delitos que involucren violencia sexual, toda autoridad aplicará, como
mínimo, las siguientes reglas:
I. Cuando por razones de seguridad o porque la naturaleza del delito dificulte la descripción de
los hechos en la audiencia pública o cuando la presencia del inculpado genere alteraciones en
el Estado de ánimo de las víctimas, el Ministerio Público, Juez o Magistrado, en el expediente,
decretará de oficio o a petición de parte, que la declaración se rinda en un recinto cerrado, en
presencia solo del Ministerio Público, de la Defensa, del Ministerio Público y del propio Juez o
Magistrado. En este caso, la víctima deberá ser informada que su declaración será grabada por
medio de audio o video, quedando esta reproducción debidamente custodiada como parte de la
documentación del Procedimiento;
II. Para todas las víctimas que participen en el proceso o que declaren como testigos, se deberá
contar con la presencia de personal especializado y experto en situaciones traumáticas, tales
como psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras o terapeutas, entre otros;
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III. La víctima deberá tener derecho a elegir el género de la persona ante la cual desea rendir
declaración; y
IV. La Institución encargada de la representación de las víctimas deberá hacer una
reestructuración interna que garantice el cumplimiento de las garantías establecidas en la Ley.
ARTÍCULO 59. En los casos en que se investiguen delitos que involucren violencia sexual contra
las víctimas, el Ministerio Público, Juez o Magistrado, en sus respectivos casos, aplicarán las
siguientes reglas:
I. El consentimiento de la víctima respecto del hecho victimizante no podrá inferirse de ninguna
palabra o conducta de la misma cuando la violencia, la amenaza, la coacción o el
aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un
consentimiento voluntario y libre;
II. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta
sea incapaz de dar un consentimiento voluntario y libre;
III. El silencio o la falta de resistencia no implicará necesariamente un consentimiento por parte
de la víctima; y
IV. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no
podrá inferirse de la naturaleza del compromiso anterior o posterior de la víctima o de un
testigo.
Las autoridades competentes deberán crear un protocolo para la investigación de delitos contra la
libertad, integridad y formación sexual, en el que se contemplen medidas jurídicas y psicológicas y
aspectos como el fortalecimiento de la asistencia a las víctimas durante todas las etapas del
procedimiento y acciones específicas para la atención de mujeres.
ARTÍCULO 60. Las víctimas deben ser informadas sobre los siguientes aspectos:
I. Las entidades y organizaciones a las que puede dirigirse para obtener asesoría y apoyo
especializado;
II. Los servicios y garantías a que tiene derecho o que puede encontrar en las distintas
entidades y organizaciones;
III. El lugar, la forma, las autoridades y requisitos necesarios para presentar una denuncia;
IV. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y los derechos y mecanismos que como
víctima puede utilizar en cada una de ellas. Las autoridades deben informar a las mujeres y los
menores de edad sobre su derecho a no ser confrontados con el agresor o sus agresores;
V. Las Autoridades ante las cuales puede solicitar protección y los requisitos y condiciones
mínimos que debe acreditar para acceder a los programas correspondientes;
VI. Las Entidades y las autoridades que pueden brindarle orientación, asesoría jurídica o
servicios de representación judicial gratuitos;
VII. Las Instituciones competentes y los derechos de los familiares de las víctimas en la
búsqueda, exhumación e identificación en casos de desaparición forzada y de las medidas de
prevención para la recuperación de las víctimas;
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VIII. Los trámites y requisitos para hacer efectivos los derechos que le asisten como víctima;
IX. Del curso o trámite dado a su denuncia;
X. Del inicio de la investigación formal y de la posibilidad de constituirse en parte dentro de la
actuación;
XI. De la captura o detención del presunto o presuntos responsables;
XII. De la decisión adoptada sobre la detención preventiva o libertad provisional de los
presuntos responsables;
XIII. Del inicio del juicio y del derecho a participar en el proceso;
XIV. De la celebración de las audiencias públicas de investigación y juzgamiento;
XV. De la sentencia emitida por el Juez o Magistrado;
XVI. De los recursos que cabe interponer en contra de la sentencia;
XVII. De la exhumación de restos o cadáveres que pudieran corresponder a un familiar
desaparecido, de la identificación de posibles lugares de inhumación y del procedimiento en el
que tienen que participar las víctimas para lograr la identificación de los restos;
XVIII. De las medidas vigentes para la protección de las víctimas y testigos y los mecanismos
para acceder a ellas;
XIX. De las resoluciones sobre medidas cautelares que recaigan sobre bienes destinados a la
reparación; y
XX. De las demás actuaciones judiciales que afecten los derechos de las víctimas.
Toda asesoría y acompañamiento jurídico sobre la realización de las diligencias judiciales en las
que la víctima pueda participar, deberá efectuarse en un término razonable y de conformidad con
el respectivo proceso.
Frente a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, así como los delitos contra la
libertad e integridad personal como la desaparición forzada y el secuestro, las autoridades que
intervengan en las diligencias iniciales deberán brindar garantías de información reforzadas,
mediante personal especializado en atención psicosocial, sobre las Instituciones a las que deben
dirigirse para obtener asistencia médica y psicológica especializada, así como frente a sus
derechos y la ruta jurídica que debe seguir.
Toda información, asesoría y acompañamiento jurídico deberá garantizar la confidencialidad de las
solicitudes que se realicen.
La mujer víctima podrá en todo momento estar acompañada por una persona de su confianza.
ARTÍCULO 61. La Procuraduría General de Justicia del Estado deberá tomar las decisiones
correspondientes para que, en unión y colaboración con otras Instituciones del Estado
competentes en la materia y las Autoridades del Orden Federal, se adopte un sistema o estrategia
para combatir eficazmente el crimen organizado y acabar con los índices de impunidad, en
beneficio con las víctimas y la sociedad en general. Para ello deberán fortalecer las herramientas
investigativas y de persecución de las más graves violaciones a los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.
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TÍTULO QUINTO
DEL DERECHO A LA VERDAD
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 62. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos
constitutivos del delito y de las violaciones a Derechos Humanos de que fueron objeto, la identidad
de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso
a la justicia en condiciones de igualdad.
Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica
sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las
circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas fallecidas, desaparecidas,
ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus
restos.
ARTÍCULO 63. El Estado, a través de sus Instituciones, de oficio, tiene la obligación de iniciar de
manera eficaz y urgente las acciones para lograr la localización y el rescate de la víctima que haya
sido reportada como desaparecida. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las
autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar,
al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.
Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los
tratados internacionales de los que Estado Mexicano sea parte.
Esta obligación incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de
otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran
cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida
diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia,
buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los
cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.
Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí o a
través de sus asesores jurídicos o representantes; a ser informadas sobre los protocolos y
procedimientos que serán aplicados y a designar peritos independientes, acreditados ante
organismo nacional o internacional de protección a los Derechos Humanos o expertos en el mismo
campo, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.
Una vez identificados plenamente y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está
obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley y en la codificación penal adjetiva, la
entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares deberá hacerse respetando
plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a
solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar, en su caso, los
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restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de
esta Ley.
A efectos de garantizar las investigaciones, la autoridad competente deberá informar a los
familiares acerca de la imposibilidad de cremación de los restos hasta en tanto no exista una
resolución emitida por autoridad judicial competente debidamente ejecutoriada. En caso de
reclamación por parte de un gobierno extranjero para la cremación de cadáveres identificados o sin
identificar, la autoridad estatal dará curso a la petición de conformidad con lo dispuesto en las leyes
aplicables.
Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad
jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de
las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición, se sujetarán a lo que
dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los
derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del
núcleo familiar.
ARTÍCULO 64. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los
hechos.
Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y
en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá
expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas
deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones
de cada uno de estos mecanismos.
ARTÍCULO 65. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y
la sociedad, el Estado generará mecanismos para la investigación independiente, imparcial y
efectiva, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:
I. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de Derechos Humanos, la dignificación
de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;
II. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos;
III. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser
reconocidas y escuchadas;
IV. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación
de políticas de investigación; y
V. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias
para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos.
Para el cumplimiento de estos objetivos deberán realizarse consultas que incluyan la participación
y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.
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La autoridad competente para la investigación garantizará los derechos de las víctimas y de los
testigos, asegurando su presencia y declaración voluntarias. Así mismo se garantizará la
confidencialidad de las víctimas y los testigos para proteger su dignidad e integridad, adoptándose
las medidas oportunas para salvaguardar su seguridad. La autoridad referida deberá adoptar las
medidas oportunas e incluso diseñar los protocolos de actuación necesarios que preserven la
cadena de custodia de las diligencias y pruebas desahogadas para su utilización posterior en los
procedimientos penales que correspondan.
ARTÍCULO 66. Las Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como Asociaciones Profesionales,
Gremiales y Sindicales, Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones Académicas y otras
de similar naturaleza, podrán proporcionar a la autoridad competente los resultados que arrojen
sus investigaciones, con el fin de contribuir a la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las
autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de
forma libre e independiente.
ARTÍCULO 67. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las
violaciones de los Derechos Humanos, así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a
los mismos.
El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su
sustracción, destrucción, alteración o falsificación; permitir su consulta pública, particularmente en
interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y
contribuir a garantizar la acción de la justicia.
Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de
autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y
de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines
de censura.
Los Tribunales Nacionales e Internacionales, los Organismos Nacionales e Internacionales de
Derechos Humanos, así como los investigadores que trabajen en esta responsabilidad, podrán
consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los Derechos Humanos. Este
acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada,
incluidos en particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros
testigos como condición previa de su testimonio.
En ningún caso, las Instituciones del Estado de Morelos podrán impulsar o promover ejercicios
orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los
principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de
expresión y pensamiento de las personas.
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ARTÍCULO 68. De conformidad con el la Ley General de Víctimas, se creará el Archivo de la
Verdad del Estado de Morelos. Dicho archivo deberá contar con dos subarchivos de verdad judicial
y verdad histórica.
De conformidad con el respeto y dignidad de las víctimas, en los casos donde exista reserva
procesal especial o garantía del derecho a la intimidad y protección de la víctima, se mantendrá la
estricta confidencialidad de los archivos y documentos. Se garantizará la protección de los datos
personales de las víctimas contenidos en los archivos.
Los jueces y magistrados deberán enviar a dicho archivo la documentación de cada caso una vez
finalizado el procedimiento.
Se deberá garantizar a las víctimas el acceso a dicho archivo para consulta en todo momento, de
forma gratuita. Debe mantenerse en todo caso la seguridad y protección a las víctimas y testigos.
ARTÍCULO 69. Se creará la Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos, como
establecimiento público de orden estatal, como parte de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. La Casa de la Memoria Histórica del Estado de
Morelos tendrá como sede principal la ciudad de Cuernavaca.
ARTÍCULO 70. La Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos tendrá como objeto
fomentar actividades educativas, pedagógicas, museísticas y culturales dirigidas a la
reconstrucción de la memoria sobre las violaciones a los Derechos Humanos.
El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de Cultura definirá la
estructura y funcionamiento de la Casa de Memoria.
ARTÍCULO 71. Son funciones específicas de la Casa de la Memoria Histórica del Estado de
Morelos:
I. Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria Histórica Estado de Morelos, destinado
a lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva;
II. Diseñar, crear y administrar acciones encaminadas a fortalecer los Derechos Humanos y la
Memoria Histórica, mediante el acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o
de manera voluntaria sean entregados por personas físicas o colectivas, que se refieran o
documenten todos los temas relacionados con las violaciones de derecho humanos en el
Estado de Morelos, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones; y
III. Suscribir convenios, contratos o cualquier otro acto jurídico que se requiera para la ejecución
de sus funciones y el desarrollo de su encomienda;
Los documentos que no tengan carácter reservado o confidencial y se encuentren en archivos
privados y públicos en los que consten las violaciones de Derechos Humanos, serán constitutivos
del patrimonio documental bibliográfico;
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ARTÍCULO 72. Se instituye el día 28 de marzo de cada año como el Día Estatal de
Conmemoración de las Víctimas del Estado de Morelos, como medida de satisfacción y
mecanismo de garantía de no repetición de los hechos violentos del pasado, sin que exista
suspensión de actividades laborales o escolares.
TÍTULO SEXTO
DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 73. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena,
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia
del delito o hecho victimizante o de las violaciones de Derechos Humanos que han sufrido,
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no
repetición.
La determinación de medidas obedecerá al desarrollo del enfoque diferencial y propender por la
reconstrucción del proyecto de vida de la víctima y su entorno familiar con enfoque transformador.
ARTÍCULO 74. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:
I.- La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito
o a la violación de sus Derechos Humanos;
II.- La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del
hecho punible o de las violaciones de Derechos Humanos;
III.- La indemnización o compensación que se otorgue a la víctima de forma apropiada y
proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de Derechos Humanos
sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los
perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del
delito o de la violación de Derechos Humanos;
IV.- La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las víctimas; y
V.- Las medidas de no repetición que persigan la no reiteración del hecho punible o la violación
de derechos sufrida por la víctima.
ARTÍCULO 75. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un
derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido
afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos o cuando
el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a
la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad
institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las
comunidades, grupos y pueblos afectados.
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Las medidas colectivas tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos
victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo y el tejido social y cultural; la
recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación
y la cultura de la protección y promoción de los Derechos Humanos.
ARTÍCULO 76. Para la determinación e implementación de medidas objeto de reparación integral,
el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal, elaborará el Plan de
Atención y Reparación Integral a Víctimas.
El Plan fijará una metodología que permita establecer para cada víctima un plan individual de
reparación, donde se determinen los derechos vulnerados, el daño y se establezcan las medidas
necesarias para garantizar la reparación integral y los términos. Las personas colectivas objeto de
reparación también deberán ser objeto de plan individual.
Las medidas desarrolladas en el marco del Plan de Reparación Integral se desarrollarán con cargo
al Fondo de Reparaciones.
ARTÍCULO 77. Las Autoridades Estatales y Municipales apoyarán los gastos funerarios de las
víctimas directas cuando la causa de muerte sea homicidio y cuando sus familiares no tengan los
medios para solventar los gastos. Por ningún motivo se impedirá a las víctimas indirectas ver los
restos de sus familiares.
CAPÍTULO II
DE LAS MEDIDAS DE RESTITUCIÓN
ARTÍCULO 78. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así
como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.
Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:
I.- Restablecimiento de la libertad;
II.- Restablecimiento de derechos civiles y políticos;
III.- Restablecimiento de la identidad;
IV.- Restablecimiento de la vida y unidad familiar;
VI.- Regreso digno y seguro al lugar de residencia;
VII.- Reintegración en el empleo; y
VIII.- Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o
recuperados por las autoridades, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuere posible, el
pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juzgador podrá condenar a la
entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito, sin necesidad de recurrir a prueba
pericial.
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En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se
eliminarán de los registros los respectivos antecedentes penales.
CAPÍTULO III
DE LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN
ARTÍCULO 79. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:
I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;
II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas
y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;
III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la
víctima en su condición de persona y ciudadano; y
IV. Programas de educación y capacitación laboral orientados a la formación de las víctimas
con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de
vida;
La atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada a que se refiere la fracción I del
presente artículo, se desarrollará a través del Modelo de Atención Integral en Salud contemplado
en correspondiente numeral de esta Ley. Dicho Modelo deberá determinar las medidas
individuales, físicas y mentales, que permitan a las víctimas, su familia y entorno social superar las
secuelas de la victimización y desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y
ejercer sus derechos y libertades básicas de manera individual o colectiva.
Los servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y
a garantizar su disfrute pleno y tranquilo será prestado por la Asesoría Jurídica en términos de lo
previsto por el correspondiente numeral de esta Ley.
Las demás acciones enunciadas en el presente artículo serán desarrolladas por la Comisión
Ejecutiva Estatal.
ARTÍCULO 80. En materia de rehabilitación se dará trato preferencial y diferenciado a las mujeres,
los niños y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a personas dependientes de éstas.
CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS DE INDEMNIZACIÓN O COMPENSACIÓN
ARTÍCULO 81. La indemnización o la compensación se otorgará por todos los perjuicios,
sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de
Derechos Humanos o de la comisión de los delitos considerados como graves, en el ámbito de la
competencia estatal, contra la vida, la libertad y la integridad física o mental, al igual que los casos
donde la víctima haya fallecido o quedado física o mentalmente incapacitada como consecuencia
del delito, incluyendo el error judicial, a los que se refiere la Ley General de Víctimas.
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Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:
I.- La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;
II.- La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la
reparación integral, entendiendo por ése, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que
no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El
daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas
e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda
perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;
III.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los
salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para
trabajar en oficio, arte o profesión;
IV.- La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;
V.- Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a Derechos
Humanos;
VI.- El pago de los gastos y costas judiciales, incluyendo los honorarios de la asistencia letrada
cuando ésta sea privada;
VII.- El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de
la violación a los Derechos Humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud
psicológica y física de la víctima, y
VIII.- Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le
ocasione su asistencia al juicio o tratamiento, si la víctima reside en Municipio distinto al del
enjuiciamiento o donde recibe la atención, respectivamente.
Los niños, niñas y adolescentes víctimas tienen el derecho a obtener una indemnización o
compensación. Los padres o, en su defecto, la autoridad competente, podrán elevar la solicitud,
como representantes legales del niño, niña o adolescente, de la indemnización o compensación a
la que ellos tengan derecho. La entidad judicial u órgano competente ordenará, en todos los casos,
la constitución de un encargo fiduciario o fondo establecido a favor del beneficiario, asegurándose
que se trate del que haya obtenido en promedio los mayores rendimientos financieros en los
últimos seis meses. Los costos de administración del encargo serán a cargo del Estado. La suma
de dinero les será entregada una vez alcancen la mayoría de edad.
ARTÍCULO 82. En el caso de que se abra procedimiento judicial, surgirá la obligación de
indemnizar o compensar una vez se dicte sentencia que haya causado ejecutoria y en los términos
de la misma. En el caso de que el responsable se hubiera sustraído a la acción de la justicia, la
autoridad judicial fijará la indemnización o compensación cuando dicha situación se consolide,
mediante la correspondiente resolución. Todas las víctimas de violaciones a los Derechos
Humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en
su caso:
a) Un Órgano Jurisdiccional Nacional;
b) Un Órgano Jurisdiccional Internacional o reconocido por los Tratados Internacionales
ratificados por el Estado Mexicano;
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c) Un Organismo Público de Protección de los Derechos Humanos; y
d) Un Organismo Internacional de Protección de los Derechos Humanos reconocido por los
Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, cuando su resolución no sea
susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto
en el mismo Tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.
En casos en que la víctima demuestre extrema vulnerabilidad con ocasión de la ocurrencia del acto
delictivo, la Comisión Ejecutiva Estatal podrá reconocer, en calidad de indemnización provisional y
anticipada, los montos a que diera lugar de manera parcial o total. En caso de que no se cumplan
los elementos contenidos en este artículo, la víctima estará obligada a realizar la devolución de la
indemnización anticipada, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles y administrativas
que de los mismos hechos pudieran derivar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.
Las Normas Reglamentarias Estatales, de acuerdo a los Lineamientos Federales aplicables,
establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo, que no deberá ser mayor
al veinticinco por ciento del monto total.
La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos, señaladas en la Ley General de
Víctimas, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del
daño y las condiciones señaladas en la misma.
ARTÍCULO 83. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la
víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al
patrimonio de éste o, en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la
liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.
ARTÍCULO *84. La Comisión Ejecutiva Estatal fijará el monto del pago de una compensación en
forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley, así como de las
normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:
a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído a la acción
de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad; y
b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial.
La resolución de la Comisión Ejecutiva Estatal deberá dictarse dentro del plazo de noventa días
contados a partir de la emisión de la resolución. El monto de la compensación subsidiaria a la que
se podrá obligar al Estado será hasta de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el
enriquecimiento para la víctima.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo segundo, por artículo único del Decreto No. 1467
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5478 de fecha 2017/03/01. Vigencia
2017/03/02. Antes decía: La resolución de la Comisión Ejecutiva Estatal deberá dictarse dentro
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del plazo de noventa días contados a partir de la emisión de la resolución. El monto de la
compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado será hasta de quinientas veces el
salario mínimo vigente en el Estado, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no
podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.
ARTÍCULO 85. La Comisión Ejecutiva Estatal ordenará la compensación subsidiaria cuando la
víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo
demuestren y presente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar, entre otros:
I.- Las constancias del agente del Ministerio Público que competa, de las que se desprenda que
las circunstancias de hecho hacen imposible la judicialización de la carpeta de investigación con
o sin detenido;
II.- La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a
reparar. En el incidente o expediente respectivo la reparación obtenida y como consecuencia de
ello los conceptos que el sentenciado no pudo reparar; o
III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los
Derechos Humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, ya sea
de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación o de las autoridades
responsables de la compensación subsidiaria de conformidad con lo que establece esta Ley.
ARTÍCULO 86. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos, se cubrirá con
cargo al Fondo en términos de la Ley y su Reglamento en los términos que disponga la Comisión
Ejecutiva Estatal.
ARTÍCULO 87. El Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al Fondo los
recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito
que aquél cometió.
ARTÍCULO 88. La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima
a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.
CAPÍTULO V
DE LAS MEDIDAS DE SATISFACCIÓN
ARTÍCULO 89. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionen bienestar y
contribuyan a mitigar el daño de la víctima. Las medidas de satisfacción deberán ser interpretadas
a mero título enunciativo, lo cual implica que a las mismas se pueden adicionar otras.
Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:
I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en
que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la
víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la
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víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de Derechos
Humanos;
II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas
asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el
deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los
derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el
hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y
la aceptación de responsabilidades;
V. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las comunidades campesinas
y pueblos y comunidades originarias, atendiendo a un enfoque diferencial. Se deberá en todo
momento contar con la participación de las víctimas para el diseño, elaboración, creación e
implementación de las medidas de satisfacción;
VI. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones
de Derechos Humanos;
VII. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la
humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas;
VIII. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la
comunidad y el ofensor; y
IX. Efectuar las publicaciones a que haya lugar.
ARTÍCULO 90. Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las
víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria
histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la
solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
ARTÍCULO 91. A cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia se creará el
programa especial para el encuentro y reconstrucción del tejido social, el cual tendrá por finalidad
establecer acciones y herramientas que contribuyan a la reconstrucción de la memoria en espacios
colectivos, elaborar un plan de acción que incluya actividades para la dignificación de las víctimas y
su reconocimiento.
El proyecto de presupuesto de egresos del Estado y su correspondiente aprobación deberán
garantizar una partida presupuestal para realizar los ajustes institucionales y financieros para el
desarrollo de este programa.
CAPÍTULO VI
DE LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
ARTÍCULO 92. Las medidas de no repetición son aquellas que se adoptan para que las víctimas
no vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y que contribuyen a prevenir o evitar la
repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:
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I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las corporaciones de
seguridad pública;
II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a la
normatividad internacional, federal y local relativas a la competencia, independencia e
imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;
III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;
IV. La limitación en la participación los Poderes del Estado, de los dirigentes políticos que hayan
planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los Derechos Humanos;
V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las corporaciones de seguridad de los
militares, agentes de inteligencia y cualquier otro personal de seguridad declarados
responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los Derechos
Humanos;
VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información que coadyuven con
los objetivos de esta Ley;
VII. La protección de los defensores de los Derechos Humanos;
VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad
respecto de los Derechos Humanos y la capacitación en esta materia de los servidores públicos
encargados de hacer cumplir la ley, así como las corporaciones de seguridad;
IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en
particular los definidos en normas internacionales de protección de Derechos Humanos, por los
servidores públicos, incluido el personal de corporaciones de seguridad, los establecimientos
penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y
sociales, además del personal de empresas comerciales;
X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos
los conflictos sociales;
XI. La revisión y reforma de las Leyes, Normas u Ordenamientos Legales que contribuyan a las
violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos o las permitan; y
XII. Profesionalización y actualización de las corporaciones de seguridad en materia de respeto,
garantía y protección de los Derechos Humanos.
ARTÍCULO 93. El Estado de Morelos creará un Sistema de Alertas que tenga por finalidad realizar
estudios sobre el comportamiento delictivo en el Estado y monitoreo a la violación de Derechos
Humanos, generando alertas tempranas de prevención e intervención de las autoridades
competentes. Este sistema deberá contemplar, más allá de un enfoque policial, la seguridad
humana, aspectos sociales y de otra índole.
ARTÍCULO 94. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos
ni de las violaciones a los Derechos Humanos las siguientes:
I. Supervisión de la autoridad;
II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él en caso de existir peligro
inminente para la víctima;
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III. Determinación y caución de no ofender;
IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos; y
V. La asistencia a tratamiento de rehabilitación dictada por un Juez y sólo en caso de que la
adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o el hecho victimizante, en los términos
de la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 95. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y
orientación de los condenados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar
a la protección de la víctima y la comunidad.
Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, se
reduzca la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.
El Poder Ejecutivo del Estado garantizará la implementación de esta medida de acuerdo a los
lineamientos del área de Reinserción Social.
ARTÍCULO 96. Durante la tramitación del procedimiento, el Ministerio Público y el Juez, dentro de
los límites y condiciones que se fijen en la resolución respectiva, adoptarán las medidas necesarias
para proteger la integridad física y moral de la víctima y podrán exigir al imputado o condenado,
respectivamente, una garantía de no ofender o de acceder a un lugar determinado o que resida en
él, siempre que ello pueda afectar a la seguridad de las víctimas.
ARTÍCULO 97. Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a los Derechos
Humanos, cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes,
psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, aplicarán cursos y
tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
CAPÍTULO I
DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS
ARTÍCULO 98. De conformidad a las obligaciones derivadas de la creación del Sistema Nacional
de Atención a Víctimas como máxima Institución en los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de
la Ley General de Víctimas, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos está obligado a :
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral,
para la adecuada atención y protección a las víctimas;
II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;
III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;
IV. Participar en la elaboración del Programa;
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V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan
atención a las víctimas;
VI. Promover, en coordinación con el gobierno federal, programas y proyectos de atención,
educación, capacitación, investigación y cultura de los Derechos Humanos de las víctimas de
acuerdo con el Programa;
VII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su
calidad de vida;
VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención
diseñado por el Sistema;
IX. Promover programas de información a la población en la materia;
X. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados;
XI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;
XII. Rendir ante el Sistema un informe anual sobre los avances de los programas locales;
XIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas
estatales, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;
XIV. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y
defensa de los Derechos Humanos, en la ejecución de los programas estatales;
XV. Recibir de las organizaciones privadas las propuestas y recomendaciones sobre atención y
protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;
XVI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria
para su elaboración;
XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos
de la presente Ley; y
XVIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y
aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales.
ARTÍCULO 99. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General
de Víctimas, las siguientes competencias:
I. Instrumentar y articular, en concordancia con las políticas nacional y estatal, la política
municipal para la adecuada atención y protección a las víctimas;
II. Coadyuvar con los Gobiernos Federal y Estatal, en la adopción y consolidación del Sistema;
III. Promover, en coordinación con las autoridades estatales, cursos de capacitación a las
personas que atienden a víctimas;
IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;
VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;
VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;
VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y
IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales
aplicables.
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ARTÍCULO 100. Las competencias y obligaciones del Estado y de los Municipios, así como de sus
servidores públicos, tales como Ministerio Público, Magistrados, Jueces, asesores jurídicos de las
víctimas y las policías, se encuentran consagradas en la Ley General de Víctimas, los cuales
hacen parte integral de la presente Ley.
ARTÍCULO 101. A la víctima le corresponde:
I. Actuar de buena fe;
II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad,
siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes;
III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o
puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados,
cuando la autoridad así lo requiera y por el lapso que se determine necesario; y
IV. Cuando tenga acceso a información reservada o confidencial, respetar y guardar la secrecía
de la misma.
Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar que la misma
haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus
derechos y garantías, aunque esto implique ausentismo.
ARTÍCULO 102. Se crea la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de
Morelos, como organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones y objeto de coordinar los instrumentos,
políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en materia de Atención y Reparación a
Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos, con autonomía técnica, ejecutiva,
administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus
funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a su normatividad correspondan.
El organismo tendrá su sede en la ciudad de Cuernavaca, pero con capacidad de establecer
oficinas en diversas localidades de la entidad, conforme lo determine su órgano máximo de
gobierno.
Para ese efecto, el organismo contará con dos instancias de dirección:
I. El Consejo; y
II. La Coordinación Ejecutiva.
El Consejo se integrará de la siguiente manera:
I. El Gobernador Constitucional del Estado o el servidor público que éste designe, quien lo
presidirá;
II. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social;
III. Dos Diputados del Congreso del Estado, designados por el Pleno de la Asamblea
Legislativa, a propuesta de los integrantes del órgano político de la misma; y
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IV. Los cinco comisionados a que se hace alusión en el siguiente artículo.
En el Estatuto Orgánico se establecerán las disposiciones para el funcionamiento del Consejo, así
como la estructura orgánica del organismo, en la que se incluirá al órgano de control respectivo.
El Gobernador del Estado, designará al titular de la Coordinación Ejecutiva, en los términos
dispuestos en el Estatuto Orgánico, con apego a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Morelos, respecto de los requisitos a cumplir y
atribuciones de los titulares de los organismos auxiliares.
El Titular del Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento de esta Ley.
ARTÍCULO *103. Los cinco comisionados a que se refiere la fracción IV, del artículo anterior,
integrantes del Consejo de la Comisión Ejecutiva Estatal, durarán en el cargo tres años, pudiendo
ser designados por un período más; anualmente, la Comisión Estatal Ejecutiva dispondrá de una
partida presupuestal suficiente para cubrir las costas o aportaciones económicas que resulten
convenientes con su función, sin que represente de manera alguna una retribución a su actividad.
La sustitución de los comisionados se hará de manera alternada, tres en la primera sustitución y
dos en la siguiente.
El Ejecutivo Estatal enviará al Congreso del Estado, previa convocatoria pública, una terna por
cada comisionado a elegir, atendiendo el procedimiento que se establezca en el Estatuto Orgánico.
El Congreso elegirá a cada comisionado por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus
integrantes.
Una vez cerrada la convocatoria, el Ejecutivo deberá publicar la lista de las propuestas recibidas.
Para garantizar que en la Comisión Ejecutiva Estatal estén representados colectivos de víctimas,
especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas, ésta se conformará con las
propuestas presentadas al Ejecutivo Estatal, en los siguientes términos:
I.- Tres comisionados especialistas en derecho, psicología, Derechos Humanos, sociología o
especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por las
universidades públicas del Estado de Morelos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Morelos; y
II.- Dos comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones
no gubernamentales con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años.
Para la elección de los comisionados, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso
se turnarán las ternas, verificando el cumplimiento de los requisitos para su selección.
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En su conformación, el Ejecutivo y el Congreso estatales garantizarán la representación de las
diversas regiones geográficas del Estado, así como de las diversas especializaciones sobre
hechos victimizantes.
Para ser comisionado se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano y tener veintiún años cumplidos;
II.- Tener su residencia en la Entidad y no haber sido condenado por la comisión de un delito
doloso;
III.- Haberse desempeñado de manera destacada en actividades profesionales, de servicio
público, en organizaciones de la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de
esta Ley; y
IV.- No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o
estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.
En la elección de los comisionados deberá garantizarse el respeto a los principios contenidos en la
presente Ley.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Reformado el primer párrafo por artículo único del Decreto No. 1321,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5175, de fecha 2014/04/02. Vigencia
2014/04/03. Antes decía: La Comisión Ejecutiva Estatal, estará integrada por cinco comisionados,
los que durarán en el cargo tres años, pudiendo ser designados por un período más; los cargos de
los comisionados serán honoríficos, por lo que no percibirán remuneración alguna por su función.
FE DE ERRATAS.- Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5176 de fecha
2014/04/09.
ARTÍCULO 104. La Comisión Ejecutiva Estatal, para su adecuada función, tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema Nacional
de Víctimas;
II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado
proporcionará a las víctimas de delitos o de violaciones de Derechos Humanos, para lograr su
reincorporación a la vida social;
III. Elaborar anualmente el Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas con el objeto de
crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en
materia de atención a víctimas y proponerlo para su aprobación al Sistema Nacional;
IV. Proponer políticas públicas en el Estado de prevención de delitos y violaciones a Derechos
Humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y
reparación integral a víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios establecidos en esta
Ley;
V. Diseñar un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta
Ley;
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VI. Desarrollar las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas,
cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo;
VII. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica,
de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad;
VIII. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de
servidores públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley;
IX. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Estatal de
Víctimas;
X. Cumplir las directrices para alimentar de información el Registro Nacional de Víctimas;
XI. Proporcionar un informe anual a la Comisión Intersecretarial, sobre los avances del Plan y
demás obligaciones previstas en esta Ley;
XII. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de
garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad,
transparencia y rendición de cuentas;
XIII. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones
correspondientes, a los funcionarios que incumplan con lo dispuesto en la presente Ley;
XIV. Nombrar, de entre las propuestas que le presente quien sea titular de la Coordinación
Ejecutiva, a los titulares del Fondo, Asesoría Jurídica y del Registro estatales, y demás
responsables de las dependencias que establezca la estructura orgánica;
XV. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva Estatal;
XVI. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo los proyectos de Reglamento de la presente Ley y
otros reglamentos que resulten necesarios, así como sus reformas y adiciones;
XVII. Fijar medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones
dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su
recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la
verdad y a la reparación integral;
XVIII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos
estatales y municipales;
XIX. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de
las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la
violación de sus Derechos Humanos;
XX. Fijar las directrices que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia;
XXI. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz del capital humano, recursos
técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las
acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la
verdad y reparación integral de las víctimas en los ámbitos estatal y municipal;
XXII. Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre
las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a
favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los Derechos Humanos,
atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo
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el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y
responsabilidades establecidas en esta Ley;
XXIII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro;
XXIV. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la
prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los Derechos Humanos;
XXV. Elaborar los manuales, lineamientos, programas y demás acciones, acorde a lo
establecido por la normatividad de la materia en sus protocolos;
XXVI. Analizar y generar, en casos de graves violaciones a Derechos Humanos o delitos graves
cometidos contra un grupo de víctimas, programas integrales emergentes de ayuda, atención,
asistencia, protección, acceso o justicia, a la verdad y reparación integral;
XXVII. Constituir y coordinar los Comités Especiales de atención a víctimas de delitos o
violaciones de Derechos Humanos previstos en esta Ley;
XXVIII. Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las problemáticas concretas que
enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los Derechos
Humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral
del daño;
XXIX. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales y municipales en
materia de capacitación, capital humano, y materiales que se requieran para garantizar un
estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo,
asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral, de tal manera que sea
disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de
recursos y servicios de atención a víctimas;
XXX. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda,
atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquellas que se encuentren en lugares
donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil
debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;
XXXI. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que
permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia
de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se
instauren al respecto, emitirán recomendaciones que deberán ser respondidas por las
instituciones correspondientes;
XXXII. Recibir y evaluar los informes rendidos por quien sea titular de la Coordinación Ejecutiva,
incluyendo las incidencias del Fondo, de la Asesoría Jurídica y del Plan y emitir las
recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo
los principios de publicidad y transparencia; y
XXXIII. Las demás que se deriven de la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 105. Para coadyuvar a la Comisión Estatal Ejecutiva y fungir como vínculo con las
secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado integrará, con fundamento en ejercicio de las facultades que se le otorgan en
la Ley Orgánica de la Administración del Estado de Morelos, una Comisión Intersecretarial,
compuesta por los Titulares de las Secretarías de Gobierno, Hacienda, Educación, Salud y Cultura
o cualquiera otra, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo que al efecto emita el Gobernador
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Constitucional del Estado, quienes podrán nombrar representantes con nivel mínimo de Director
General.
La Comisión Intersecretarial se constituirá como órgano consultivo y de coordinación operativa de
la Comisión Ejecutiva Estatal, coadyuvando a la concreción de los objetivos de esta Ley, a efecto
de consolidar la planeación, establecimiento y realización de las políticas públicas, acciones y
medidas conjuntas necesarias.
ARTÍCULO 106. La Comisión Intersecretarial, para su adecuada función, tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Las que en términos del presente ordenamiento correspondan al Poder Ejecutivo, con
excepción de las que no sean delegables;
II. La coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas estatales y
municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención,
defensa de los Derechos Humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de
las víctimas;
III. Formular propuestas a la Comisión Ejecutiva Estatal sobre la elaboración del Plan de
Atención y Reparación Integral a Víctimas y demás instrumentos programáticos relacionados
con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los Derechos Humanos, acceso a la
justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;
IV. Integrar los Comités Especiales y los que sean necesarios para el desempeño de sus
funciones;
V. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;
VI. Proponer a la Comisión Ejecutiva Estatal la emisión de criterios de cooperación y
coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de las víctimas del delito, así como
la gestoría de trabajo social respecto de las mismas;
VII. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;
VIII. Adoptar estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a
víctimas;
IX. Proponer programas de cooperación internacional en materia de atención a víctimas;
X. Promover la uniformidad de criterios jurídicos al interior del Poder Ejecutivo del Estado en las
materias que regula esta Ley; y
XI. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
DEL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS
ARTÍCULO 107. Se crea el Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos, como mecanismo
técnico y administrativo adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso
y registro de las víctimas de delito y de violaciones de Derechos Humanos al Sistema creado por la
Ley General de Víctimas, de forma complementaria al Registro Nacional de Víctimas.
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Para dar cumplimiento a la presente disposición, el Estado de Morelos deberá:
I. Unificar los registros y sistemas de información que actualmente tienen las diferentes
instituciones y dependencias con presencia en el Estado, así como la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Morelos. Se debe prestar especial atención a la información en
aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se
hayan celebrado acuerdos de conciliación;
II. Poner a disposición la información del Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos, al
Registro Nacional de Víctimas contemplado en la Ley General de Víctimas;
III. Elaborar un plan de divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la
recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro
Estatal de Víctimas. Este plan debe estar enfocado no sólo en las víctimas que soliciten su
ingreso, sino a los diferentes servidores públicos, asesores jurídicos, integrantes de
organizaciones de víctimas y la población en general;
IV. Garantizar que las personas que soliciten el ingreso en el Registro Estatal de Víctimas sean
atendidas y orientadas de forma digna y respetuosa;
V. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la
declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de
Atención a Víctimas defina y el formato que suministrarán para el efecto;
VI. Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la inscripción en el
registro;
VII. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito
de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de
participación conjunta consagrado en esta Ley y en la Ley General de Víctimas;
VIII. Indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la solicitud de
registro;
IX. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por el declarante
y relacionar el número de anexos que se adjunten con la declaración;
X. Bajo ninguna circunstancia negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas a las que
se refiere la presente Ley;
XI. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer
uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de inscripción para
obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley y a
las relativas a la protección de datos personales;
XII. Dar cumplimiento a las disposiciones y medidas dictadas por la Comisión Ejecutiva Estatal
para garantizar la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en
el Registro;
XIII. Entregar una copia, recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a
quienes hayan realizado la solicitud; y
XIV. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva Estatal.
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ARTÍCULO 108. Las solicitudes de ingreso en el Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos
se realizarán en forma totalmente gratuita y en ningún caso el servidor público responsable podrá
negarse a recibir la solicitud de registro.
ARTÍCULO 109. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de sus organismos,
dependencias y entidades de Salud Pública, así como los Municipios que cuenten con la
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias, serán
las entidades obligadas a otorgar el documento que identifique a las víctimas ante el sistema,
conforme al Registro Estatal de Víctimas, con el fin de garantizar todos los derechos a los que se
refiere la presente Ley.
ARTÍCULO 110. El Registro Estatal de Víctimas recabará e integrará su información, entre otras,
por las siguientes fuentes:
I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito o de violaciones de
Derechos Humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de
confianza ante la Comisión Ejecutiva Estatal;
II. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad Estatal o Municipal; y
III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley,
que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal así como de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en aquellos casos en donde se hayan dictado
recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.
Las entidades productoras y usuarias de la información sobre las víctimas a nivel estatal y que
posean registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Estatal de Víctimas la información
que producen y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo
de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para
el uso de la información.
ARTÍCULO 111. Para ser tramitada la incorporación de datos al Registro Estatal de Víctimas
deberá, como mínimo, contener los establecidos en la Ley General de Víctimas.
ARTÍCULO 112. La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso definitivo al
Registro. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro y se procederá a la
valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que
acompañe dicho formato.
Para adelantar esa valoración, la Comisión Ejecutiva Estatal, podrá solicitar la información que
considere necesaria a cualquiera de las autoridades estatales o municipales, las que estarán en el
deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días naturales.
Si hubiera una duda razonable sobre los hechos, se escuchará a la víctima o a quien haya
solicitado el ingreso en el Registro, quien podrá concurrir ante la Comisión Ejecutiva Estatal. En
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caso de hechos probados o de naturaleza pública, deberá aplicarse el principio de buena fe a que
hace referencia esta Ley.
La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no
suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la
víctima.
ARTÍCULO 113. No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:
I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o
administrativa competente;
II. Exista una determinación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que
dé cuenta de los hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;
III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial,
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, aún cuando no se haya dictado sentencia o resolución;
IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter, emitido por algún
Organismo internacional de protección de Derechos Humanos al que el Estado Mexicano le
reconozca competencia; y
V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los Derechos Humanos le reconozca tal
carácter.
ARTÍCULO 114. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas cuando,
después de realizada la valoración contemplada en el Artículo 111, incluido haber escuchado a la
víctima o a quien haya solicitado la inscripción, la Comisión Ejecutiva Estatal encuentre que la
solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que
sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de
los hechos y no podrá hacerse de manera global o general.
La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. Deberá
notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona
debidamente autorizada por ella para notificarse o a quien haya solicitado la inscripción, con el fin
de que la víctima pueda interponer, si lo desea, Recurso de Reconsideración de la decisión ante la
Comisión Ejecutiva Estatal, para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de
acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento de la presente Ley.
La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer
la notificación personal, se le enviará a la víctima una citación a la dirección, al número de
telefónico o a la dirección de correo electrónico que figuren en el formato único de declaración o en
los demás sistemas de información, a fin de que comparezca a la diligencia de notificación
personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la
decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.
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CAPÍTULO III
DEL INGRESO DE LA VÍCTIMA AL REGISTRO
ARTÍCULO 115. El ingreso de la víctima al registro se hará por la denuncia, la queja o el
conocimiento de los hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Morelos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.
ARTÍCULO 116. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su
declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de
prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración.
El Ministerio Público, los Defensores Públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, no podrán negarse a recibir dicha declaración y
enviar el Formato Único a la entidad correspondiente de acuerdo a lo establecido la presente Ley.
Cuando la víctima sea mayor de 12 años, podrá solicitar su ingreso al sistema por sí misma o a
través de sus representantes.
En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso a través de su
representante legal o a través de las autoridades mencionadas en esta Ley.
Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la
declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal para
realizar su declaración, las cuales tendrán las obligaciones que la Ley General de Víctimas
determine.
ARTÍCULO 117. Una vez recibida la denuncia, queja o el conocimiento de los hechos, deberán
ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no excederá de
veinticuatro horas.
En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados a recibir
su declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de reinserción social.
Cuando un servidor público, sin ser autoridad ministerial o judicial, tenga conocimiento de un hecho
de violación a los Derechos Humanos, como tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria, violencia sexual,
deberá denunciarlo de inmediato ante la autoridad competente.
ARTÍCULO 118. Para efectos de esta Ley, el otorgamiento de la calidad de víctima se realiza por
la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
I. El Juzgador penal mediante sentencia ejecutoriada;
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II. El Juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que
el sujeto es víctima;
III. El Ministerio Público;
IV. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; y
V. Los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos a los que el Estado de
Mexicano les reconozca competencia.
La Comisión Ejecutiva Estatal deberá estudiar el caso y, de ser procedente, dar el reconocimiento
de la condición de víctima. A dicho efecto deberá tener en cuenta los informes de los jueces de lo
familiar, de los que se desprendan las situaciones para poder determinar que la persona que lo ha
solicitado, podrá adquirir la condición de víctima.
ARTÍCULO 119. El reconocimiento de la calidad de víctima:
I. Permitirá acceder a todos los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos,
en los términos de la Ley General de Víctimas y esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;
II. Facilitará el acceso a los recursos del fondo y la reparación integral, de conformidad con lo
previsto en la Ley General de Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones. El
procedimiento y los elementos a acreditar se determinarán en el Reglamento correspondiente; y
III. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata
de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones,
privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima acceder adecuadamente a la
defensa de sus derechos y el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento
ordenarán suspender de inmediato, todos los juicios y procedimientos administrativos y
detendrán los plazos de prescripción y caducidad en que aquella se vea involucrada, y todos los
efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se
justifique la imposibilidad de ejercer adecuadamente los derechos en dichos juicios y
procedimientos.
TÍTULO OCTAVO
DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS
CAPÍTULO I
DE SU CREACIÓN, OBJETO E INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 120. Se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de
Morelos.
ARTÍCULO 121. El Fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda,
asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los
Derechos Humanos en el Estado de Morelos.
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ARTÍCULO 122. Para ser beneficiario del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto
establece la Ley General de Víctimas, esta Ley y sus reglamentaciones, las víctimas deberán estar
inscritas en el Registro a efecto de que la Comisión Ejecutiva Estatal realice una evaluación
integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para
determinar las medidas de la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y en su caso, la
compensación.
ARTÍCULO 123. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se conformará con:
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado de
Morelos en el rubro correspondiente, en un porcentaje no inferior al 0.14 por ciento del total de
los mismos, sin que pueda disponerse de dichos recursos para fines diversos a los señalados
por esta Ley;
II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales, en
términos de lo previsto por la Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado de Morelos;
III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los
procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad, de conformidad con las
reglas que rigen el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos y la
normatividad aplicable;
IV. Recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad
administrativa o judicial cuando se violen deberes reconocidos por esta Ley, en términos de la
normatividad aplicable;
V. Recursos provenientes de multas y sanciones impuestas al Estado por violaciones a
Derechos Humanos, que en términos de esta Ley y su Reglamento se establezcan;
VI. Donaciones o aportaciones en efectivo o especie realizadas por terceros, personas físicas o
morales, de carácter público, privado o social, nacional o extranjera, de manera altruista;
VII. El monto establecido en la sentencia condenatoria en aplicación de la Ley de Extinción de
Dominio en favor del Estado de Morelos en la proporción que la misma establezca;
VIII. El monto de la reparación integral del daño cuando el beneficiario renuncie a ella o no lo
reclame dentro del plazo legal establecido;
IX. Las subastas públicas respecto de objetos o valores que se encuentren a disposición de
autoridades investigadoras o judiciales, siempre y cuando no hayan sido reclamados por quien
tenga derecho a ello, en términos de Ley;
X. Las sumas recuperadas por el Estado en los juicios de carácter civil, que se dirijan en contra
de los servidores públicos que hayan sido encontrados como responsables de haber cometido
violaciones a los Derechos Humanos;
XII. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo; y
XIII. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de Ley.
Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al
Ejercicio Fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión Ejecutiva Estatal velará por la
optimización del uso de los recursos, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor
gravedad.
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ARTÍCULO 124. El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal local, así como de
los diversos gravámenes que pudieren estar sujetas las operaciones que se realicen con el Estado
de Morelos.
CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 125. Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Comisión Ejecutiva
Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para tal efecto se
expida.
ARTÍCULO 126. El manejo, administración y ejercicio de los recursos del Fondo y su fiscalización
se regirá por lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Morelos y demás normatividad aplicable.
ARTÍCULO 127. El Titular del Fondo, tendrá las atribuciones y deberes que el Reglamento de esta
Ley le confiera. En especial tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes:
I. Administrar cautelosamente los recursos que conforman el Fondo a fin de permitir el
cumplimiento efectivo del objeto de ésta Ley;
II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al
mismo;
III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante el Pleno de la Comisión
Ejecutiva Estatal;
IV. Crear mecanismos e incentivos para nutrir de recursos el Fondo; y
V. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo.
ARTÍCULO 128. Los recursos del Fondo se aplicarán para otorgar apoyos de carácter económico
a la víctima, las cuales podrán ser de ayuda, asistencia o reparación integral, en los términos de la
Ley General de Víctimas, la presente Ley y conforme el Reglamento que la desarrolle.
El Titular del Fondo será el responsable de entregar la indemnización o compensación que
corresponda otorgar a la víctima, previa autorización que al respecto emita la Comisión Ejecutiva
Estatal. El pago de las indemnizaciones se regirá en los términos dispuestos por la presente Ley.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 129. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud
ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los términos que se establezcan en el Reglamento
de esta Ley.
Aprobación 2013/07/04
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Las resoluciones del Comisión Ejecutiva Estatal, serán apelables en los términos que señale el
Reglamento que al efecto se emita.
ARTÍCULO 130. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán
considerando:
I. La condición socioeconómica de la víctima;
II La repercusión del daño en la vida familiar;
III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;
IV. El número y la edad de los dependientes económicos;
V. El enfoque diferencial; y
VI. Los recursos disponibles en el Fondo.
ARTÍCULO 131. Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de reparación
integral, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Estatal, deberá
justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor o gestionar lo pertinente a fin
de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.
TÍTULO NOVENO
DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 132. El Gobierno del Estado de Morelos garantizará:
I.- La inclusión dentro de sus programas de formación y capacitación contenidos temáticos
sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por la Ley
General de Víctimas y la presente Ley, así como las disposiciones específicas de Derechos
Humanos contenidos en la Constitución y Tratados Internacionales, protocolos específicos y
demás instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y
II.- El diseño e implementación de un sistema de seguimiento que logre medir el impacto de la
capacitación en los miembros de sus respectivas dependencias. A dicho efecto deberá tenerse
en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas contra dichos servidores
públicos, las sanciones impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.
ARTÍCULO 133. Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y
reconocimiento de servidores públicos que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su
servicio a víctimas en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o
cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir, dentro de los criterios de valoración, un
rubro relativo a Derechos Humanos.
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Artículo 134. El Poder Ejecutivo del Estado, creará un programa continuado de capacitación y
formación para servidores públicos que atienden víctimas. Este programa deberá garantizar como
mínimo:
I. La formación en derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral;
II. Enfoque diferencial para mujeres, niños, niñas, jóvenes, comunidades o pueblos originarios y
otros grupos vulnerables;
III. Procedimientos administrativos y judiciales;
IV. Normatividad internacional, nacional y estatal relacionada; y
V. Rutas y procedimientos de atención a víctimas.
ARTÍCULO 135. El Poder Ejecutivo del Estado, implementará una estrategia integral de
divulgación de los derechos de las víctimas en todo el territorio estatal que permita a las mismas, a
las organizaciones y a la población en general, el conocimiento de los derechos contemplados en
la presente Ley y otras normas relacionadas.
ARTÍCULO *136. La Fiscalía General del Estado de Morelos y la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, deberán disponer lo pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la Ley
General de Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones pertinentes, sean parte de las
estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión de los
programas correspondientes en los institutos de capacitación.
Se dispondrá en la legislación de la materia, la creación de una Subprocuraduría de Apoyo a las
Víctimas y Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de la Procuraduría General de
Justicia, con el fin de implementar adecuadamente los derechos establecidos en la presente Ley.
NOTAS:
REFORMA VIGENTE.- Reformado el párrafo inicial por artículo décimo cuarto del Decreto No.
1310, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5172, de fecha 2014/03/26. Vigencia
2014/03/27. Antes decía: La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad
Pública, deberán disponer lo pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la Ley
General de Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones pertinentes, sean parte de las
estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión de los
programas correspondientes en los institutos de capacitación.
ARTÍCULO 137. Los Institutos y Academias que sean responsables de la capacitación, formación,
actualización y especialización de los servidores públicos ministeriales, policiales y periciales
estatales y municipales, deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los
Programas Rectores de Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas y los lineamientos mínimos impuestos por el
presente Capítulo de esta Ley.
Así mismo, deberán proponer convenios de colaboración con universidades, mediante la creación
de cátedras u otras iniciativas y otras instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o
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extranjeras, con el objeto de brindar formación académica integral y de excelencia a los servidores
públicos de sus respectivas dependencias.
ARTÍCULO 138. Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se brindará a las
víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional. A tal efecto, y sin perjuicio de las
iniciativas públicas que correspondan, se diseñarán programas en coordinación con entidades o
empresas privadas que se integren al programa.
La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y transformador. Se ofrecerá a la
víctima, programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo a la utilidad de dicha
capacitación o formación. El objeto es brindar a la víctima herramientas idóneas que ayuden a
hacer efectiva la atención y la reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia
de la víctima.
Asimismo, deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le permita optar
sobre los programas, planes y rutas de capacitación y formación más idóneos conforme su interés,
condición y contexto.
Para el cumplimiento de lo descrito, se aplicarán lo programas existentes en los tres órdenes de
gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los
principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma.
TÍTULO DÉCIMO
DE LA ASESORÍA JURÍDICA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 139. Se crea la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, como
área especializada en asesoría jurídica para víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva
Estatal.
ARTÍCULO 140. La Asesoría Jurídica del Estado de Morelos, estará integrada por Asesores
Jurídicos estatales de Atención a Víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas
que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas. Contará con las áreas
administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señale
el Reglamento.
ARTÍCULO 141. La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor Jurídico, el cual elegirá
libremente desde su solicitud de ingreso al Sistema.
La víctima tendrá el derecho de que su Asesor Jurídico comparezca a todos los actos en los que
sea requerido.
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Promulgación 2013/07/16
Publicación 2013/07/17
Vigencia 2013/07/18
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El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que quieran o no
pueden contratar a un abogado particular y en especial a:
I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;
II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;
III. Los trabajadores eventuales o subempleados;
IV. Los miembros de los pueblos o comunidades originarios; y
V. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos
servicios.
ARTÍCULO 142. Se establece la figura del Asesor Jurídico Estatal de Atención a Víctimas, el cual
tendrá las funciones siguientes:
I. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la
autoridad;
II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que
sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales y administrativas tendientes a
su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de Derechos Humanos tanto en el
ámbito nacional como internacional;
III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la
asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;
IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda,
asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades
judiciales y administrativas;
V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y
atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psiquiátrica y psicológica de
las víctimas, así como su plena recuperación;
VI. Informar y asesorar al entorno familiar de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre
los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría,
representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, en los tratados
internacionales y demás leyes aplicables;
VII. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;
VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;
IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del
Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo
amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando
considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte
del Ministerio Público; y
X. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.
ARTÍCULO 143. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, reglamentará lo pertinente
acerca de la conformación, garantía de capacidad institucional y funciones de la Asesoría Jurídica
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de Atención a las Víctimas del Estado de Morelos, determinando los ajustes institucionales
necesarios y respetando los criterios generales establecidos por la Ley General de Víctimas.
La estructura, operación, funcionamiento, atribuciones y facultades de la Asesoría Jurídica de
Atención a Víctimas del Delito del Estado de Morelos, se establecerán en el Reglamento que al
efecto se emita.
TÍTULO UNDÉCIMO
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 144. El Estado de Morelos, garantizará los recursos necesarios para la implementación
de la presente Ley, con el objetivo de permitir el fortalecimiento institucional, el capital humano, los
recursos técnicos, materiales y otros que resulten necesarios.
ARTÍCULO 145. Las personas públicas o privadas que colaboren por medio de donaciones u otro
acto tendiente a apoyar e incrementar los fondos financieros para la implementación, operación y
cumplimiento de la presente Ley, podrán acceder a los beneficios tributarios que las leyes de la
materia establezcan.
La Comisión Ejecutiva Estatal creará, mecanismos para la generación de recursos o aportes con el
fin de atender al cumplimiento de los objetivos fijados en esta Ley
ARTÍCULO 146. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, brindará apoyo técnico a los Municipios
del Estado de Morelos, con el fin de desarrollar bajo el principio de corresponsabilidad las acciones
contenidas en la presente Ley y en la Ley General de Víctimas.
ARTÍCULO 147. Los servidores públicos que en el marco del proceso penal o cualquier otro tipo de
actuación jurisdiccional o administrativa afecten derechos de las víctimas, responderán ante las
instancias competentes por las acciones u omisiones en que incurran.
ARTÍCULO 148. Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos que:
I. Impidan u obstaculicen el acceso de las víctimas y sus representantes a la información, no
sujeta a reserva legal, sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de
las violaciones a las que se refiere la presente Ley, así como a conocer la verdad acerca de
esas violaciones;
II. Proporcionen información falsa a las víctimas o sobre los hechos que produjeron la
victimización;
III. Discriminen por razón de la victimización; o
IV. Se nieguen, cuando estén obligados a ello, a dar una disculpa pública que incluya el
reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
ARTÍCULO 149. Es deber del Estado de Morelos:
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I.- Garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y
seguimiento al cumplimiento de la Ley y los planes, proyectos y programas que se creen con
ocasión de la misma;
II.- Hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución y la Ley que
garanticen la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus
representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en esta Ley, el acceso a la
información, el diseño de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de
las víctimas en los niveles estatal y municipal; y
III.- Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes,
proyectos y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de esta Ley.
ARTÍCULO 150. La Comisión Ejecutiva Estatal, diseñará un protocolo de participación efectiva a
fin de que se brinden las condiciones necesarias para el derecho a la participación.
ARTÍCULO 151. Si con posterioridad al reconocimiento de la indemnización administrativa, se
demostrare que la persona no tenía la calidad de víctima o de beneficiario o lo hubiere acreditado
de manera engañosa o fraudulenta, se revocarán las medidas de compensación otorgadas, se
ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren reconocido y entregado por este concepto y
se remitirán copias autorizadas copias a la autoridad competente para la investigación y el deslinde
o fincamiento de responsabilidad a que haya lugar, en términos de lo dispuesto en el Reglamento
de la presente Ley.
ARTÍCULO 152. Los servidores públicos que atiendan a víctimas en el Estado de Morelos, serán
objeto de medidas que busquen contrarrestar el impacto que genera la atención y el
acompañamiento de las víctimas en este tipo de procesos, lo que se preverá en el Reglamento que
al efecto se emita.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase la presente Ley al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines que
indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
TERCERA. Por única ocasión, de los cinco comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, que sean designados, tres de ellos durarán en su
cargo tres años, para proceder a su sustitución en términos de lo dispuesto en la presente Ley; los
dos restantes, durarán cuatro años en el cargo para, una vez concluido, se proceda también a su
sustitución.
Aprobación 2013/07/04
Promulgación 2013/07/16
Publicación 2013/07/17
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Para este efecto, en la primera designación, el Congreso del Estado, mediante un proceso de
insaculación, determinará el término de designación que a cada uno de los comisionados
corresponda, debiendo considerar que la sustitución no recaiga en comisionados del mismo origen
en el mismo año.
CUARTA. El Gobernador Constitucional del Estado y el Congreso del Estado, deberán realizar el
procedimiento establecido en la presente Ley, para la convocatoria, selección, formulación de
ternas y designación de los cinco comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación
a Víctimas del Estado de Morelos.
QUINTA.- Una vez realizada la designación de los comisionados citados en la disposición
precedente, deberá instalarse el Consejo del Organismo Público Descentralizado que por virtud de
esta Ley se crea, y aprobará el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
SEXTA. El Gobernador Constitucional del Estado, deberá emitir el Reglamento de la presente Ley.
SÉPTIMA. Una vez publicado el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención y
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, se procederá a su inscripción en el Registro Público
de los Organismos Descentralizados del Estado de Morelos.
OCTAVA. El Gobierno del Estado, sus dependencias y entidades deberán adecuar la normatividad
que les resulte aplicable, así como emitir la reglamentación, los acuerdos, circulares, instructivos,
bases, manuales de organización, protocolos, procedimientos y/o lineamientos que resulten
necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que sean competencia estatal, que se deriven
de la presente Ley de conformidad al presupuesto aprobado.
NOVENA. Los Municipios del Estado de Morelos, sus dependencias y entidades deberán adecuar
la normatividad que les resulte aplicable, así como emitir la reglamentación, los acuerdos,
circulares, instructivos, bases, manuales de organización, protocolos, procedimientos y/o
lineamientos que resulten necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que sean
competencia municipal, que se deriven de la presente Ley.
DÉCIMA. Una vez instalado el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos, aprobado y publicado su estatuto orgánico, dicho órgano de
gobierno presentará su propuesta de asignación de recursos presupuestales al Gobernador
Constitucional del Estado, para que éste, con toda oportunidad, presente la iniciativa de
modificación del Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Morelos para el Ejercicio del año Fiscal dos mil trece.
Recinto Legislativo a los cuatro días del mes de julio de dos mil trece.
Aprobación 2013/07/04
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Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. Presidente. Dip. Jordi
Messeguer Gally. Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. Secretaria. Rúbricas.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil trece.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN
RÚBRICAS.
DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS DIEZ. POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y
ADICIONAN DIVERSAS LEYES ESTATALES, PARA CREAR, ESTABLECER Y REGULAR AL
COMISIONADO Y A LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
POEM No. 5172 de fecha 2014/03/26
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los
efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
TERCERA. Todas las referencias hechas en el marco normativa estatal, respecto de la Secretaría
de Seguridad Pública o a la Policía Preventiva Estatal, se entenderán hechas al Comisionado
Estatal de Seguridad Pública o a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, según sea el caso.
CUARTA. Las Secretarías de Gobierno, de Administración, de Hacienda y de la Contraloría del
Poder Ejecutivo Estatal, deberán tomar las medidas administrativas necesarias para que los
recursos humanos, presupuestarios y materiales asignados a la Secretaría de Seguridad Pública
en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal comprendido del primero de enero al treinta y
uno de diciembre de 2014, se reasignen a la primera para la operación y funcionamiento de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Órgano Desconcentrado denominado Secretariado
Ejecutivo de Sistema Estatal Seguridad Pública.
Aprobación 2013/07/04
Promulgación 2013/07/16
Publicación 2013/07/17
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Subdirección de Jurismática.
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QUINTA. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos Décimo Transitorio y
132, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Secretario de Gobierno del Estado
de Morelos, deberá de ejecutar todas y cada una de las acciones tendientes a la capacitación,
adiestramiento y profesionalización de los elementos que integran la fuerza pública Estatal,
debiendo de garantizar en dichas acciones los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos.
DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 103, DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL
DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE
MORELOS.
POEM No. 5175 de fecha 2014/04/02
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango jerárquico normativo que se
opongan al presente Decreto.
Tercero. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos
de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos.
DECRETO NÚMERO DOS MIL CUARENTA Y OCHO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE DISTINTOS ORDENAMIENTOS
ESTATALES PARA LOGRAR SU ARMONIZACIÓN CON EL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES.
POEM No. 5243 Alcance de fecha 2014/12/10
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los
efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y c), de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. Una vez emitida la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales, en el Estado de Morelos, que emita el Congreso del Estado, quedarán
abrogados el Código de Procedimientos Penales en el Estado Libre y Soberano de Morelos,
Aprobación 2013/07/04
Promulgación 2013/07/16
Publicación 2013/07/17
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publicado en el Periódico Oficial número 1180, segunda sección de fecha treinta y uno de marzo
de mil novecientos cuarenta y seis, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de
Morelos, publicado en el Periódico Oficial número 3820 tercera sección el día nueve de octubre de
mil novecientos noventa y seis y el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos,
aprobado el día trece de noviembre del dos mil siete y publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”, número 4570 de fecha veintidós de noviembre
del dos mil siete, así mismo, se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor rango
jerárquico que se opongan al presente Decreto.
TERCERA. En su caso, las menciones que en otros ordenamientos permanezcan y se hagan de
los Códigos de Procedimientos Penales que se abrogan por virtud de la disposición transitoria que
antecede, se entenderán referidas al Código Nacional de Procedimientos Penales.
DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE POR EL QUE SE REFORMA
EL PÁRRAFO SEGUNDO DELO ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A
VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL
ESTADO DE MORELOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO.
POEM No. 5478 de fecha 2017/03/01
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos
de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión Oficial del Gobierno del estado de Morelos.
Tercera.- Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta Ley, se
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.
Cuarta.- El valor de la Unidad de Medida y Actualización será determinado conforme el Decreto
por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 2016 y, en su caso, por otras disposiciones
aplicables.
DECRETO NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO POR EL QUE SE EXPIDE
LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE DIVERSAS LEYES
ESTATALES Y EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
Aprobación 2013/07/04
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MORELOS; PARA ADSCRIBIR A LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y LA FAMILIA, A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS.
POEM NO. 5611 Alcance de fecha 2018/07/11
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para efectos de lo
dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos.
TERCERA. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de
Morelos, aprobada el 12 de marzo del 2014 y publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 5172, el día 26 del mismo mes y año.
CUARTA. Se abroga el “ACUERDO NÚMERO 18 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO, FORMALIZA LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE
INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO, DENOMINADA “UNIDAD DE COMBATE AL
SECUESTRO”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4680, el día 4 de
febrero de 2009, así como los demás Acuerdos que se contrapongan a lo previsto en el presente
Decreto.
QUINTA. Una vez publicado el presente Decreto, dentro de los ciento veinte días siguientes,
contados a partir del inicio de vigencia del presente Decreto, se deberán realizar las adecuaciones
que se requieran a las leyes correspondientes para su armonización con el presente Decreto.
SEXTA. Dentro del mismo término, la Fiscalía General deberá emitir su Reglamento Interior, y una
vez publicado éste, dentro de los noventa días siguientes, emitirá los restantes Reglamentos a que
se refiere la presente Ley, sin perjuicio de continuar aplicando los reglamentos vigentes, en lo que
no se opongan a la presente.
SÉPTIMA. La Fiscalía Anticorrupción, en uso de su facultad de gestión, emitirá en el plazo a que
se refiere la Disposición Quinta Transitoria, su nuevo Reglamento Interior, y una vez publicado
éste, dentro de los noventa días siguientes, emitirá los restantes reglamentos a que se refiere la
presente Ley, sin perjuicio de continuar aplicando los reglamentos vigentes, en lo que no se
opongan a la presente.
OCTAVA. En mérito de lo anterior se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango
jerárquico que se opongan al presente Decreto.
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NOVENA. En todo caso no se afectará la situación administrativa o laboral del personal que presta
sus servicios en las Fiscalías General y Especializada en Combate a la Corrupción.
DÉCIMA. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, que ha venido
ocupando y administrando la Fiscalía General del Estado de Morelos hasta ahora, pasan a formar
parte del patrimonio de ésta última por virtud de esta Ley desde el momento de su entrada en
vigor, dada su naturaleza de órgano constitucional autónomo, otorgada en términos del artículo 79-
A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; para lo cual el Titular del
Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías, Dependencias y Entidades competentes,
deberá realizar, gestionar, emitir o celebrar todos los actos jurídicos y administrativos idóneos que
resulten necesarios al efecto, conforme a la normativa aplicable.
Toda vez que respecto del bien inmueble identificado como Lote 10, manzana 10, zona 01,
poblado de Tlaltenango, ubicado en avenida Emiliano Zapata, número 803, colonia Bella Vista, en
esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, con clave catastral 1100-19-007-009, y una superficie de
11,444.00 m2 (once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados), conforme a la
autorización concedida mediante Decreto Legislativo número dos mil doscientos uno, emitido por
este Congreso y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5513, el 16 de julio de
2017; se tiene conocimiento de que el Ejecutivo Estatal ha realizado la desincorporación respectiva
por Decreto Administrativo, publicado en el mismo órgano de difusión, número 5546 de 01 de
noviembre de 2017, sin que a la fecha se haya materializado la enajenación del mismo; por lo que
se deberá estar a lo señalado en el primer párrafo de la presente Disposición Transitoria.
Así mismo, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Dirección General de Patrimonio de
la Secretaría de Administración, debe informar al Congreso del Estado respecto del cumplimiento
de la presente Disposición Transitoria y, por ende, del Decreto Legislativo número dos mil
doscientos uno.
DÉCIMA PRIMERA. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado o del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, que se han venido
ocupando y administrando hasta ahora por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia y por la Dirección de Centros de Asistencia Social, ambos pertenecientes
a dicho Sistema, así como por sus albergues o centros de asistencia social, mismos que quedan a
cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos por virtud de este acto legislativo, pasan a
formar parte del patrimonio de ésta última desde el momento de su entrada en vigor; para lo cual el
Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías, Dependencias y Entidades competentes,
deberá realizar, gestionar, emitir o celebrar todos los actos jurídicos y administrativos idóneos que
resulten necesarios al efecto, conforme a la normativa aplicable.
De forma complementaria, las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración
Pública, deben realizar los actos jurídicos y administrativos, necesarios e idóneos, para lograr que
los recursos humanos, materiales y financieros que el Sistema para el Desarrollo Integral de la
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Familia del Estado de Morelos ha ocupado y proyectado para el funcionamiento de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y los centros de asistencia social; se
trasmitan a la Fiscalía General del Estado dada su autonomía constitucional.
DÉCIMA SEGUNDA. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y la Dirección de Centros
de Asistencia Social, en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o
acuerdos celebrados con Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública
Estatal, Federal y de los Municipios, o con cualquier persona física o moral, continuarán a cargo de
las mismas, sin perjuicio de encontrarse ahora adscrita a la Fiscalía General del Estado de
Morelos, por virtud del presente Decreto.
DÉCIMA TERCERA. Los asuntos que se encuentren en trámite o en proceso, incluidos los de
adopciones, a cargo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia o
la Dirección de Centros de Asistencia Social, continuarán tramitándose por esta, hasta su
conclusión y en los términos que establezca la normativa aplicable, sin que el cambio de su
adscripción a la Fiscalía General del Estado pueda modificar o alterar su curso y resultado.
DÉCIMA CUARTA. La Fiscalía General del Estado de Morelos y el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, al realizar actuaciones para materializar el traslado de funciones y unidades
a que se refiere el presente instrumento jurídico, deberán velar por la seguridad, vida e integridad
de las personas que se encuentren bajo su custodia en alguno de los albergues y centros de
asistencia social que se encontraban a cargo de dicho Sistema.
La Fiscalía General del Estado y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, una vez que
entre en vigor el presente instrumento legislativo, deberán prestarse todas las facilidades para el
traslado de los Albergues y Centros de Asistencia Social que hasta la presente reforma se
encontraban a cargo de dicho Sistema.
DÉCIMA QUINTA. El personal adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia, la Dirección de Centros de Asistencia Social y el Centro de Evaluación y
Control de Confianza del Estado de Morelos, que pase a formar parte de la Fiscalía General del
Estado de Morelos, en ninguna forma podrá resultar afectado en sus derechos; debiéndose tomar
las acciones necesarias para ello.
DÉCIMA SEXTA. En un plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la vigencia del
presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal deberá realizar o emitir las adecuaciones
reglamentarias que se estimen pertinentes conforme lo previsto en el presente Decreto.
DÉCIMA SÉPTIMA. En un plazo no mayor de 180 días hábiles la Junta de Gobierno del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos deberá realizar las adecuaciones
normativas al Estatuto Orgánico, mismas que deberán inscribirse en el Registro Público de
Organismos Descentralizados.
Aprobación 2013/07/04
Promulgación 2013/07/16
Publicación 2013/07/17
Vigencia 2013/07/18
Expidió LII Legislatura
Periódico Oficial 5105 alcance “Tierra y Libertad”
Ley de Víctimas del Estado de Morelos
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Dirección General de Legislación.
Subdirección de Jurismática.
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DÉCIMA OCTAVA. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Morelos, la
Fiscalía General del Estado de Morelos y demás Secretarías, Dependencias y Entidades,
procederán a realizar los actos administrativos idóneos y necesarios, así como la entrega
recepción correspondiente, a partir del siguiente día al que entre en vigor el presente Decreto.
DÉCIMA NOVENA. Se abroga el Decreto por el que se reconoce y regula al Centro de Evaluación
y Control de Confianza del Estado de Morelos como órgano desconcentrado de la Administración
Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5585, el 07 de marzo
de 2018.
VIGÉSIMA. Las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
deberán realizar los actos jurídicos y administrativos, necesarios e idóneos, para lograr la
transferencia a la Fiscalía General del Estado de los recursos humanos, materiales y financieros
que el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos ha ocupado y
proyectado para su funcionamiento.
VIGÉSIMA PRIMERA. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo del
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Morelos, en cualquier ordenamiento
legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con Secretarías, Dependencias o
Entidades de la Administración Pública Estatal, Federal y de los Municipios, o con cualquier
persona física o moral, continuarán a cargo de las mismas, sin perjuicio de encontrarse ahora
adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos, por virtud del presente Decreto; en especial
los derechos de la acreditación otorgada por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
VIGÉSIMA SEGUNDA. El Fiscal General informará y realizará las acciones conducentes ante el
Centro Nacional de Certificación y Acreditación, con relación a las adecuaciones realizadas por
virtud de este Decreto, respecto del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de
Morelos.
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS POR EL CUAL SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS; DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y
CORRESPONDENCIA CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS; DE LA LEY DE
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS; DE LA
LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR EN
EL ESTADO DE MORELOS; LA LEY DE DESARROLLO, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS;
LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS; LEY ESTATAL PARA LA CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR; LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y EL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS.
Aprobación 2013/07/04
Promulgación 2013/07/16
Publicación 2013/07/17
Vigencia 2013/07/18
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POEM No. 5707 de fecha 2019/05/22
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines
que indica el artículo 44, 47 y la fracción XVII, inciso a) del artículo 70 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
TERCERA. Una vez publicado el presente Decreto, dentro de los noventa días siguientes,
contados a partir del inicio de vigencia, se deberán realizar las adecuaciones que se requieran a
las Leyes y Reglamentos correspondientes para su armonización y, dentro del mismo término, la
Fiscalía General deberá realizar las modificaciones necesarias a su Reglamento Interior.
CUARTA. En mérito de lo anterior se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango
jerárquico que se opongan al presente Decreto.
QUINTA. De haber finalizado la entrega – recepción que se establece en las disposiciones
transitorias DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA y
DÉCIMA QUINTA del Decreto número Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5611, los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Fiscalía
General del Estado de Morelos, que se han venido ocupando y administrando hasta ahora por la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y por la Dirección de
Centros de Asistencia Social, así como por sus albergues o centros de asistencia social, deberán
ser devueltos al Gobierno del Estado o del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
por virtud de este acto legislativo, y pasan a formar parte del patrimonio de estos últimos desde el
momento de su entrada en vigor; para lo cual la Fiscalía General, deberá realizar, gestionar, emitir
o celebrar todos los actos jurídicos y administrativos idóneos que resulten necesarios al efecto,
conforme a la normativa aplicable.
De forma complementaria, la Fiscalía General del Estado, debe realizar los actos jurídicos y
administrativos, necesarios e idóneos, para lograr que los recursos humanos, materiales y
financieros que ha ocupado y proyectado para el funcionamiento de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y los centros de asistencia social; se trasmitan al
Gobierno del Estado o del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en virtud de
esta reforma.
SEXTA. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y la Dirección de Centros
de Asistencia Social, en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o
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acuerdos celebrados con Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública
Estatal, Federal y de los Municipios, o con cualquier persona física o moral, continuarán a cargo de
las mismas, sin perjuicio de encontrarse ahora adscritas al Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, por virtud del presente Decreto.
SÉPTIMA. Los asuntos que se encuentren en trámite o en proceso, incluidos los de adopciones, a
cargo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia o la Dirección
de Centros de Asistencia Social, continuarán tramitándose por esta, hasta su conclusión y en los
términos que establezca la normativa aplicable, sin que el cambio de su adscripción al Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia pueda modificar o alterar su curso y resultado.
OCTAVA. La Fiscalía General del Estado de Morelos y el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, al realizar actuaciones para materializar el traslado de funciones y unidades
a que se refiere el presente instrumento jurídico en caso de que se hubiere realizado la entrega –
recepción que se establece en las disposiciones transitorias DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA
SEGUNDA, DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA y DÉCIMA QUINTA del Decreto número Tres
Mil Doscientos Cuarenta y Ocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5611, deberán
velar por la seguridad, vida e integridad de las personas que se encuentren bajo su custodia en
alguno de los albergues y centros de asistencia social que se encuentran a cargo de la Fiscalía.
La Fiscalía General del Estado y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, una
vez que entre en vigor el presente instrumento legislativo, deberán prestarse todas las facilidades
para el traslado de los Albergues y Centros de Asistencia Social que hasta la presente reforma se
encontraban a cargo de dicho Sistema.
NOVENA. El personal de la Fiscalía General adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños, Adolescentes y la Familia y la Dirección de Centros de Asistencia Social, que pase a formar
parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en ninguna forma podrá resultar
afectado en sus derechos; debiéndose tomar las acciones necesarias para ello. Si al momento de
la entrada en vigor del presente Decreto se ha llevado a cabo la sustitución patronal ordenada en
la disposición transitoria QUINTA del Decreto número tres mil cuatrocientos cuarenta y siete,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5628 en fecha 30 de agosto de 2018.
DÉCIMA. En un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a partir de la vigencia del presente
Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal deberá realizar o emitir las adecuaciones
reglamentarias que se estimen pertinentes conforme lo previsto en el presente Decreto.
DÉCIMA PRIMERA. En un plazo no mayor de 90 días hábiles, la Junta de Gobierno del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos deberá realizar las adecuaciones
normativas al Estatuto Orgánico, mismas que deberán inscribirse en el Registro Público de
Organismos Descentralizados.
Aprobación 2013/07/04
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Publicación 2013/07/17
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DÉCIMA SEGUNDA. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Morelos, la
Fiscalía General del Estado de Morelos y demás Secretarías, Dependencias y Entidades,
procederán a realizar los actos administrativos idóneos y necesarios, así como la entrega
recepción correspondiente, a partir del siguiente día al que entre en vigor el presente Decreto, en
caso de que se hubiere realizado la entrega – recepción que se establece en las disposiciones
transitorias DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA y
DÉCIMA QUINTA del Decreto número Tres Mil Doscientos Cuarenta y Ocho, publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 5611.
DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE. POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XXXIV DEL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XXXVIII
RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL DEL ARTÍCULO 7 Y LA FRACCIÓN XXXII RECORRIÉNDOSE
LA ACTUAL DEL ARTÍCULO 110, DE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ
TAMBIÉN SE REFORMAN LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 43 Y LA FRACCIÓN XIV DEL
ARTÍCULO 44 AMBOS DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS.
POEM No. 5896 de fecha 2020/12/23
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines
que indican los artículos 44, 47 y la fracción XVII, inciso a), del artículo 70, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Morelos
DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO POR EL CUAL SE REFORMA
INTEGRALMENTE EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE VICTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS
POEM No. 6309, de fecha 2024/05/15
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su sanción,
promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70 fracción XVII
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Aprobación 2013/07/04
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Periódico Oficial 5105 alcance “Tierra y Libertad”
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TERCERA Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico
normativo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, DE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS, Y DE LA
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO
DE MORELOS.
POEM NO. 6343 Segunda Sección, de fecha 2024/09/04
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERO. – Aprobado el presente Decreto por las diputadas y diputados integrantes de la
Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, remítase el presente
decreto al titular del Poder Ejecutivo del estado para su publicación de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a) y c) de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano de difusión Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
TERCERO. – Se derogan todas las disposiciones de igual o menor grado jerárquico que se
opongan al presente decreto.
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