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H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
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DECRETO No. 2582
Última Reforma: Decreto 2339, aprobado por la LXV Legislatura el 17 de julio del 2024 y publicado en el
Periódico Oficial Extra del 28 de agosto del 2024.
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE OAXACA,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO. - SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES Y OBJETO DE LA LEY
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en
todo el Estado de Oaxaca.
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el
derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, órgano y organismo de
los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.
Artículo 2. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar,
difundir, buscar y recibir información; así como la obligación de los sujetos obligados de divulgar
de manera proactiva, la información pública, las obligaciones de transparencia y en general toda
aquella información que se considere de interés público.
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Toda la información generada, obtenida, adquirida, modificada o en posesión de cualquier sujeto
obligado o autoridad, es pública, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Oaxaca, la Ley General, Ley
Federal y la presente Ley, excepto aquella que sea considerada como reservada y confidencial.
Artículo 3. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se
interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la presente Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las
resoluciones y sentencias vinculantes que emitan el Órgano Garante, los órganos nacionales e
internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y
opiniones del Órgano Garante, de los organismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia.
Todos los plazos establecidos en días en la presente Ley, se entenderá que se refieren a días
hábiles, exceptuándose de este precepto los que específicamente se establezcan en días
naturales.
Artículo 4. Conforme al principio de máxima publicidad y en caso de duda razonable entre la
publicidad y la reserva de la información, el sujeto obligado deberá favorecer el principio de
máxima publicidad de la misma, o bien, siempre que sea posible, elaborará versiones públicas
de los documentos que contengan información clasificada como reservada o que sea
confidencial.
En caso de duda razonable entre la publicidad y confidencialidad de los datos personales, el
sujeto obligado deberá resolver al bien jurídico de mayor valor, atendiendo a razones de interés
público establecidas en la presente Ley.
Artículo 5. Para cumplir con su objeto, esta Ley:
I. Contribuirá a la consolidación de la democracia, mediante el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública;
II. Establecerá los mecanismos necesarios para que toda persona tenga acceso a la
información pública;
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III. Promoverá que todo sujeto obligado transparente la gestión pública, mediante la difusión de
la información que generen;
IV. Promoverá la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la sociedad en el ámbito de
la función pública;
V. Garantizará la debida gestión, administración, conservación y preservación de los archivos y
la documentación en poder de los sujetos obligados;
VI. Garantizará la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y
expeditos; y deberá de interpretarse conforme al principio pro persona y las bases y principios
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos
jurídicos internacionales ratificados por nuestro país, la Ley General, Ley Federal y los
lineamientos que de esta se derive, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, esta Ley, las demás Leyes de la materia y lineamientos que de estas se deriven; y
VII. Establecer las bases para la instrumentación de las normas y principios de buen gobierno
que deben observar los sujetos obligados.
Artículo 6. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Acceso a la Información: El derecho humano que tiene toda persona para acceder a la
información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en los términos de la
presente Ley;
II. Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
de los derechos humanos;
III. Clasificación de la información: Acto por el cual se determina que la información que posee
el sujeto obligado es pública, reservada o confidencial, de acuerdo con lo establecido en los
ordenamientos legales de la materia;
IV. Consejo Consultivo Ciudadano: Órgano colegiado de carácter honorífico de consulta y
opinión del Órgano Garante;
V. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el Título Cuarto de la presente
Ley;
VI. Dato abierto: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden
ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes
características:
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a) Accesibles: Los datos que están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para
cualquier propósito.
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios.
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna.
d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de
registro.
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen.
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes
para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto.
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible.
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser
procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática.
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características
técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos
en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no
suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a
contraprestación alguna.
j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados
libremente.
VII. Datos Personales: Toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la
relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o
emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y
opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, o filosóficas, los estados de salud físicos
o mentales y las preferencias sexuales;
VIII. Documento: Información que ha quedado registrada de alguna forma con independencia de
su soporte o características;
IX. Documento Electrónico: Información que puede constituir un documento, archivada o
almacenada en un soporte electrónico, en un formato determinado y susceptible de identificación
y tratamiento.
X. Documento de archivo: Información contenida en cualquier soporte y tipo documental,
producida, recibida y conservada por cualquier organización o persona en ejercicio de sus
competencias o en el desarrollo de su actividad;
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XI. Estado: Estado Libre y Soberano de Oaxaca;
XII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos, ordenados y
relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
XIII. Expediente electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos cuyo contenido y
estructura permiten identificarlos como documentos de archivo que aseguran la validez,
autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que contienen:
XIV. Gobierno abierto: Mecanismo que agrupa los principios de transparencia, participación,
rendición cuentas, colaboración y que ubica a la ciudadanía en el centro de atención y de
prioridad, ofreciendo así una alternativa de actuación para la gestión de lo público;
XV. Indicadores de Gestión: La información numérica o gráfica que permite evaluar la eficacia
y eficiencia en el cumplimiento del grado de ejecución de las actividades, la asignación y el uso
de recursos en las diferentes etapas de los procesos, proyectos y programas; así como, los
planes gubernamentales de los sujetos obligados en una dimensión de mediano y largo plazo;
XVI. Indicador de Resultados: La información que permita evaluar el cumplimiento de las metas
y objetivos institucionales, indicando los beneficios obtenidos, de acuerdo a los resultados de la
gestión;
XVII. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen,
obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título, o bien aquella que por una
obligación legal deban generar;
XVIII. Información Confidencial: La información en posesión de los sujetos obligados, que
refiera a la vida privada y/o los datos personales, por lo que no puede ser difundida, publicada o
dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la presente Ley y la Ley de
la materia;
XIX. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil
para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;
XX. Información pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio que los
sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen por cualquier título, con excepción
de la que tenga el carácter de confidencial y reservada;
XXI. Información Reservada: La información pública que por razones de interés público sea
excepcionalmente restringido el acceso de manera temporal, de conformidad con el Título
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Tercero, Capítulo I de la presente Ley;
XXII. Instituciones de Beneficencia: Toda institución, asociación, fundación o ente económico
que realice actos de beneficencia, en términos de la Ley de la materia;
XXIII. Ley: Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado
de Oaxaca;
XXIV. Ley Federal: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental;
XXV. Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XXVI. Medio Electrónico: Sistema electrónico de comunicación abierta, que permite almacenar,
difundir o transmitir documentos, datos o información;
XXVII. Normas y Principios de Buen Gobierno: Son directrices orientadas a la búsqueda y
promoción del interés general, la equidad y la inclusión social, que permitan a los gobiernos de
distintos niveles privilegiar las buenas prácticas, disminuir la corrupción y potenciar el derecho
constitucional de acceso a la información pública.
XXVIII. Obligaciones comunes y específicas de transparencia: La información que los sujetos
obligados deben difundir, actualizar y poner a disposición del público en medios electrónicos de
manera proactiva, sin que medie solicitud de por medio;
XXIX. Órgano Garante: Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia,
Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
XXX. Órgano Garante Nacional: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales;
XXXI. Organizaciones de la Sociedad Civil: Asociaciones o Sociedades Civiles legalmente
constituidas;
XXXII. Persona que realiza actos de autoridad: Es toda aquella que, con independencia de su
naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga
situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía,
modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas;
XXXIII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia, referida en el artículo
49, de la Ley General;
XXXIV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos
personales en poder de los sujetos obligados, de conformidad con la Ley de la materia;
XXXV. Prueba de daño: Carga de los sujetos obligados de demostrar que la divulgación de
información lesiona el interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producirse con la
publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables;
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XXXVI. Reglamento: Reglamento Interno del Órgano Garante de Acceso a la Información
Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca;
XXXVII. Servidor público: Los señalados en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Oaxaca;
XXXVIII. Sistema de Datos Personales: El conjunto organizado de datos personales, que están
en posesión de los sujetos obligados, contenidos en archivos, registros, ficheros, bases o bancos
de datos, cualquiera que fuere la modalidad de su creación, almacenamiento, organización o
acceso;
XXXIX. Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información: Aquél que forma parte de la
Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con el artículo 50 fracción I de la Ley
General;
XL. Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales;
XLI. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en los ámbitos Estatal y municipal;
XLII. Unidades de transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 68 de esta Ley;
XLIII. Ejecutores de gasto: Los Poderes Legislativo y Judicial; Órganos Autónomos por
disposición constitucional y legal; Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que realizan las
erogaciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria con cargo al Presupuesto de Egresos.
(Artículo reformado mediante decreto número 1153, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 29 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 15 Décimo Primera sección de fecha 15 de abril del 2023)
CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Artículo 7. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información, proteger
los datos personales que obren en su poder y cumplir las normas y principios de buen gobierno
establecidos en esta Ley:
I. El Poder Ejecutivo del Estado;
II. El Poder Judicial del Estado;
III. El Poder Legislativo del Estado y la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca;
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IV. Los Ayuntamientos y la Administración Pública Municipal;
V. Los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Estatal y
Municipal, así como las empresas de participación estatal o municipal;
VI. Los organismos públicos autónomos del Estado;
VII. Centros de conciliación laboral
VIII. Las universidades públicas, e instituciones de educación superior pública;
IX. Los partidos políticos y agrupaciones políticas, en los términos de las disposiciones
aplicables;
X. Los sindicatos que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal y municipal;
XI. Los fideicomisos y fondos públicos que cuenten con financiamiento público, parcial o total, o
con participación de entidades de gobierno;
XII. Las organizaciones de la sociedad civil que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito
estatal y municipal, y
XIII. Las instituciones de beneficencia que sean constituidas conforme a la Ley en la materia.
Quedan incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos y dependencias correspondientes
a los entes establecidos en las fracciones I, II, III y IV del presente artículo, cualquiera que sea su
denominación y aquellos que la legislación local les reconozca como de interés público.
(Artículo reformado mediante decreto número 1154, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 29 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 15 Décimo primera sección de fecha 15 de abril del 2023)
Artículo 8. Las personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos o presten servicios
públicos concesionados, estarán obligados a entregar la información relacionada con dichos
recursos o servicios, a través del sujeto obligado que supervise estas actividades.
Artículo 9. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que se emita en ejercicio de las
facultades expresas que les otorguen los ordenamientos jurídicos y demás disposiciones
aplicables, así como en el ejercicio de recursos públicos, debiendo sistematizar la información.
Los actos de los sujetos obligados a que se refiere el párrafo anterior, incluyen no sólo las
decisiones definitivas, también los procesos deliberativos, así como aquellas decisiones que
permitan llegar a una conclusión final.
Artículo 10. Son obligaciones de los sujetos obligados en materia de acceso a la información,
las siguientes:
I. Constituir y mantener actualizado los sistemas de archivo y gestión documental, en
coordinación con las áreas administrativas del sujeto obligado;
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II. Publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios
electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere la Ley General y esta Ley y toda
aquella que sea de interés público;
III. Asegurar la protección de los datos personales en posesión del sujeto obligado, en los
términos de esta Ley y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca;
IV. Dar acceso a la información pública que les sea requerida, en los términos de la Ley General,
esta Ley y demás disposiciones aplicables;
V. Establecer e implementar el programa de formación y capacitación en materia de
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, datos personales, archivos, normas
y principios de buen gobierno; para las personas del servicio público que laboran en él;
VI. Cumplir los acuerdos y resoluciones del Órgano Garante;
VII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de
transparencia y acceso a la información pública realice el Órgano Garante;
VIII. Crear y hacer uso de sistemas de tecnología sistematizados y avanzados, y adoptar las
nuevas herramientas para que la ciudadanía consulte la información de manera directa, sencilla
y rápida;
IX. Contar con el material y equipo necesario a disposición del público, así como, la asistencia
técnica necesaria, para facilitar las solicitudes de acceso a la información y la interposición de los
recursos de revisión, en términos de la presente Ley;
X. Contar con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios para garantizar el efectivo
acceso a la información de las personas con algún tipo de discapacidad, para lo cual podrá
valerse de las diversas tecnologías disponibles para la difusión de la información pública;
XI. Responder las solicitudes de acceso de información que le sean presentadas en términos de
Ley;
XII. Fomentar en los servidores públicos la cultura de la transparencia y el respeto del derecho a
la información pública y de acceso a la información pública;
XIII. Contar con una página web con diseño adaptable a dispositivos móviles, que tenga cuando
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menos un buscador temático y un respaldo con todos los registros electrónicos para cualquier
persona que lo solicite;
XIV. Contar con un área de archivo y documentación;
XV. Generar la información que se pondrá a disposición de la población como datos abiertos, con
el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme
a los ordenamientos jurídicos aplicables;
XVI. Constituir el Comité de Transparencia y las Unidades de Transparencia, dando vista al
Órgano Garante de su integración y los cambios de sus integrantes, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables;
XVII. Designar a los titulares de las Unidades de Transparencia, quienes dependerán
directamente del titular del sujeto obligado;
XVIII. Publicar los resultados de las verificaciones a que son sujetos por parte del órgano Garante,
respecto al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General y la presente ley;
XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables.
(Artículo reformado mediante decreto número 1648, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 10 de enero
del 2024, publicado en el Periódico Oficial número 3 Novena Sección, de fecha 20 de enero del 2024)
Artículo 11. Los sujetos obligados podrán emitir acuerdos o lineamientos en el ámbito de su
competencia, para el mejor ejercicio del acceso a la información y protección de datos personales.
Esta atribución tendrá que ser ejercida en base a las disposiciones legales y reglamentarias en
la materia.
Las personas físicas o morales que, en el ejercicio de sus actividades, coadyuven en auxilio o
colaboración de entes públicos, o aquellas que ejerzan gasto público, reciban, utilicen o
dispongan de recursos públicos, subsidios, o estímulos fiscales o realicen actos de autoridad,
estarán obligadas a entregar la información relacionada con el uso, destino y actividades al sujeto
obligado que entregue el recurso, subsidio u otorgue el estímulo, supervise o coordine estas
actividades.
CAPÍTULO III
DE LOS DATOS PERSONALES
Artículo 12. En el manejo de los datos personales, los sujetos obligados deberán cumplir con lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Oaxaca, así como, contar previamente con el consentimiento por escrito del titular de
los datos, además de observar los siguientes principios: información previa, licitud, calidad de la
información, confidencialidad y seguridad, así como, garantizar el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, y en términos de las disposiciones normativas
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aplicables en la materia.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA CULTURA Y OBLIGACIONES DE LA TRANSPARENCIA, NORMAS Y PRINCIPIOS
DE BUEN GOBIERNO
CAPÍTULO I
ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Artículo 13. El Órgano Garante, en coordinación con los sujetos obligados deberá promover y
difundir de manera permanente la cultura de la transparencia, acceso a la información pública,
protección de los datos personales y normas de buen gobierno.
Artículo 14. En materia de cultura de la transparencia, protección de datos personales y normas
de buen gobierno, el Órgano Garante deberá:
I. Elaborar e instrumentar la capacitación y actualización de los servidores públicos en materia
de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, gobierno
abierto, normas de buen gobierno, uso de tecnologías, rendición de cuentas, combate a la
corrupción, administración y conservación de archivos y demás relacionados con la materia, en
coordinación con los sujetos obligados;
II. Promover la inclusión del contenido y derechos tutelados en esta Ley, dentro de los
programas y planes de estudio de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades
del Estado, en conjunto con las instancias educativas correspondientes. Para lo anterior, el
Órgano Garante coadyuvará con las autoridades educativas en la preparación de los contenidos
y en el diseño de los materiales didácticos de dichos planes y programas;
III. Promover la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia,
derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, gobierno abierto,
normas de buen gobierno, uso de tecnologías, rendición de cuentas, combate a la corrupción,
administración y conservación de archivos, que desarrollen el conocimiento sobre estos temas y
coadyuven con el Órgano Garante en sus tareas sustantivas, en coordinación con las instancias
correspondientes;
IV. Orientar y auxiliar a las personas para ejercer los derechos de acceso a la información y
protección de datos personales;
V. Promover las buenas prácticas de transparencia, la competitividad del estado, las normas de
buen gobierno y garantizar los derechos humanos; y
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VI. Los demás que le señala el capítulo I, del título cuarto, de la Ley General.
CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 15. Los sujetos obligados deberán difundir, actualizar y poner a disposición del público
de manera proactiva, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social
según corresponda, la información a que se refiere el Título Quinto de la Ley General, en sus
sitios de internet y a través de la Plataforma Nacional, con excepción de la información clasificada
como reservada o confidencial.
La publicación de la información deberá realizarse con perspectiva de género; en los medios
idóneos para el acceso a las personas con discapacidad; y de manera progresiva publicar la
información en las lenguas maternas de los pueblos originarios del Estado.
El Órgano Garante, verificará el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones
previstas en este Título.
Artículo 16. Las páginas electrónicas utilizadas por los sujetos obligados para la difusión de
información pública, deberán atender lo dispuesto por la Ley General y los Lineamientos Técnicos
Generales que emita el Órgano Garante Nacional para la publicación y verificación de las
obligaciones de transparencia.
Artículo 17. La información pública deberá de actualizarse en los medios electrónicos disponibles
cuando se generen cambios en la información o por lo menos trimestralmente. En todos los casos
se deberá de indicar en el medio electrónico la fecha de actualización por cada rubro de
información.
La información publicada por los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en las
disposiciones electorales aplicables y en términos del presente ordenamiento, no constituye
propaganda gubernamental, por lo que deberá mantenerse accesible, incluso dentro de los
procesos electorales.
Artículo 18. Para la publicación de las obligaciones comunes y específicas de transparencia, los
sujetos obligados utilizarán formatos de fácil comprensión. Se procurará, en la medida de lo
posible, la traducción a lenguas indígenas.
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SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES
Artículo 19. Los sujetos obligados, deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada en los respectivos medios electrónicos, sin que medie solicitud alguna, la información
a que se refiere el artículo 70 de la Ley General y la que les corresponda según el Catálogo de
Obligaciones de Transparencia Específicas.
Además, se procurará la publicación en los medios alternativos que resulten de más fácil acceso
y comprensión.
Los sujetos obligados deberán informar al Órgano Garante, cuáles son los rubros que no les sean
aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éste último verifique de forma fundada
y motivada la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.
Artículo 20. Los sujetos obligados podrán contar con un medio electrónico, en el cual puedan
recibir quejas, sugerencias y propuestas, debiendo dar respuesta en un plazo menor a 10 días
hábiles a través de su Unidad de Transparencia.
SECCIÓN TERCERA
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ESPECÍFICAS DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS
Artículo 21. Además de lo señalado en el artículo 70 de la Ley General, el Poder Ejecutivo del
Estado, deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I. El Plan Estatal de Desarrollo;
II. El Presupuesto de Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos;
III. El nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de los Contribuyentes
a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como, los montos
respectivos;
IV. La información estadística sobre las exenciones otorgadas conforme a las disposiciones
fiscales;
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V. Los nombres de las personas de quienes ejercen la función de notarios públicos, así como
sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente
y las sanciones que se les hubieran aplicado;
VI. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo;
VII. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con
el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se
trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la
disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones;
VIII. Las deudas contraídas con los proveedores, así como los pagos realizados a los mismos;
IX. Los acuerdos y toda la información relativa a la autorización de tarifas del servicio público de
transporte en todas sus modalidades, desagregada por Municipio, tipo de servicio; y
X. Las demás que le señalen esta Ley y demás disposiciones normativas aplicables.
(Artículo reformado mediante decreto número 824, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 1 de febrero
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 8 Vigésima Primera Sección, de fecha 25 de febrero del
2023)
(Artículo reformado mediante decreto número 2338, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 17 de julio
del 2024 y publicado en el Periódico Oficial número 32 Décima sección, de fecha 10 de agosto del 2024)
Artículo 22. Además de lo señalado en el artículo 70 de la Ley General, el Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, deberá poner a disposición del público y actualizar la
siguiente información:
I. Agenda Legislativa;
II. Las iniciativas de Ley, de decreto, o de puntos de acuerdo, la fecha en que se recibieron, las
Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;
III. Las Leyes, decretos y acuerdos aprobados por el Congreso del Estado o los acuerdos
aprobados por la Diputación Permanente;
IV. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las Comisiones y
Comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y
por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como
votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;
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V. El Diario de Debates;
VI. Las Versiones Estenográficas, en su caso;
VII. La asistencia de las y los Diputados a cada una de las sesiones del Pleno y de las
Comisiones;
VIII. Los montos asignados y los informes semestrales del ejercicio presupuestal del uso y destino
de los recursos financieros otorgados a los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos
Parlamentarios, a cada uno de las o los Diputados, y centros de estudio u órganos de
investigación;
IX. Los contratos de servicios personales señalando el nombre del prestador o prestadora del
servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités,
Grupos Parlamentarios y Centros de Estudio u órganos de investigación;
X. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social
que realicen los centros de estudio o investigación legislativa; y
XI. Las que le señalen esta Ley y demás disposiciones normativas aplicables.
Artículo 23. Además de lo señalado en el artículo 70 de la Ley General, el Poder Judicial del
Estado, deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I. Resoluciones y/o Sentencias sin hacer públicos los datos personales de las partes, salvo
consentimiento por escrito de las mismas;
II. Los acuerdos del Pleno;
III. Las convocatorias a concursos de méritos de jueces y magistrados, así como los resultados
de quienes resulten aprobados en los exámenes de oposición;
IV. Lista de acuerdos;
V. Las cantidades económicas recibidas por concepto de depósitos judiciales y fianzas, los
nombres de quienes los reciben, administran y ejercen, así como el monto, aplicación y ejercicio
del Fondo para la Administración de Justicia;
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VI. Las tesis y ejecutorias publicadas a través del órgano o medio de difusión, en su caso;
VII. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas;
VIII. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas, en su caso;
IX. La duración en el cargo y la información relacionada con los procesos por medio de los cuales
fueron designados las y los jueces y magistrados;
X. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.
El Consejo de la Judicatura emitirá criterios y procedimientos institucionales, para proporcionar a
los particulares acceso a la información, para la supresión de datos personales y protección de
la privacidad e intimidad, de conformidad con lo previsto por la Ley General y la presente Ley y
en las demás disposiciones normativas aplicables en la materia.
(Artículo reformado mediante decreto número 590, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 23 de marzo
del 2022 y publicado en el Periódico Oficial número 17 sexta sección de fecha 23 de abril del 2022)
(Artículo reformado mediante decreto número 1336, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 12 de abril
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 19 Vigésimo Cuarta sección, de fecha 13 de mayo del 2023)
Artículo 24. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca deberá poner a disposición del público y
actualizar la información contenida en el artículo 70 de la Ley General, así como, las que les sean
aplicables y les correspondan, conforme a las disposiciones normativas aplicables y además
deberá publicar y actualizar la siguiente información:
I. Las estadísticas e indicadores en la procuración de justicia;
II. En materia de investigación de los delitos, las estadísticas sobre denuncias y/o querellas
presentadas; así como el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación:
a) De las que fueron desestimadas;
b) De las que se ejerció acción penal;
c) De las que no se ejerció acción penal;
d) De las que se judicializaron;
e) De las que se aplicó algún criterio de oportunidad;
f) De las que se propuso el archivo temporal; y
g) De las que hubo una conciliación.
III. La incidencia delictiva por región en el Estado;
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IV. Las estadísticas de personas desaparecidas o no localizadas;
V. Publicar los lineamientos y criterios para la implementación de los planes de contingencia de
disturbios dentro de centros educativos y de salud;
VI. Las estadísticas de feminicidio, delitos cometidos por razón de género y
VII. Las demás que le señalen esta Ley y disposiciones normativas aplicables.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 25. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca deberá poner a disposición del público y
actualizar la información contenida en el artículo 70 de la Ley General, así como, las que les sean
aplicables y les correspondan, conforme a las disposiciones normativas aplicables y además
deberá publicar y actualizar la siguiente información:
I. Las versiones públicas de las sentencias;
II. Los acuerdos del Pleno;
III. En su caso, las versiones estenográficas de las sesiones públicas;
IV. Acuerdos dictados por las Magistradas y los Magistrados en los medios de impugnación;
V. La lista de acuerdos que se publiquen diariamente en los estrados;
VI. Calendario anual de días hábiles;
VII. Las demás que le señalen las disposiciones normativas electorales aplicables a la materia.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 26. Además de lo señalado en el artículo 74 fracción I, de la Ley General, y esta Ley, el
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, deberá poner a
disposición del público y mantener actualizada la siguiente información:
I. La información relevante sobre las quejas resueltas por violaciones a la Ley electoral;
II. La información detallada de su estado financiero y del uso y manejo de su presupuesto;
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III. Las actas, acuerdos y resoluciones del Consejo General;
IV. Los programas institucionales en materia de capacitación, educación cívica y fortalecimiento
de los partidos políticos y demás agrupaciones políticas;
V. La división del territorio que comprende el Estado en distritos electorales uninominales;
VI. Los listados de partidos políticos, asociaciones, agrupaciones políticas y, en su caso, los
ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;
VII. El registro de candidaturas a cargos de elección popular;
VIII. Calendario electoral de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios;
IX. Las tablas de competitividad de los Distritos electorales locales y municipios que se rigen por
el sistema de partidos políticos;
X. Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas
otorgados a los partidos, asociaciones, agrupaciones políticas y, en su caso, a los ciudadanos,
así como el monto autorizado de financiamiento privado para campañas electorales;
XI. Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones, información que deberá ser
publicada a más tardar al día siguiente de su emisión;
XII. Las auditorías concluidas a los partidos políticos;
XIII. Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana llevados a
cabo en el Estado;
XIV. El avance y la conclusión del procedimiento de constitución y registro de nuevos partidos
políticos locales, así como los procesos de liquidación de los mismos; y
XV. Los informes sobre sus demás actividades.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 27. Además de lo señalado en el artículo 74 fracción II de la Ley General, y en esta Ley,
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la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de acuerdo a sus facultades y
atribuciones, deberá poner a disposición del público y mantener actualizada la siguiente
información:
I. Las recomendaciones enviadas y su destinatario, y si fueron aceptadas o no por este último;
II. Los acuerdos de no responsabilidad;
III. Los medios de impugnación derivados de las recomendaciones enviadas;
IV. Las estadísticas sobre las denuncias o quejas presentadas que permitan identificar el género
de la víctima, su ubicación geográfica, edad y el tipo de violación;
V. Los recursos de queja e impugnación concluidos, así como, el concepto por el cual llegaron
a ese estado.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, deberá en todo momento cuidar
estrictamente por no revelar, información confidencial o reservada contenida dentro de las
obligaciones anteriores.
Artículo 28. Además de lo señalado en el artículo 75 de la Ley General, y en esta Ley, las
universidades públicas e instituciones de educación superior pública, deberán poner a disposición
del público y mantener actualizada la siguiente información:
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o
abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional requerido para cursar el plan de
estudios, la duración del programa con las asignaturas por semestre, su valor en créditos y una
descripción sintética para cada una de ellas;
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos de admisión;
III. Los programas de becas y apoyos, los requisitos y el procedimiento para acceder a los
mismos;
IV. Los indicadores de resultados en las evaluaciones al desempeño de la planta académica;
V. El número de estudiantes que egresan por ciclo escolar, por escuela o facultad;
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VI. El calendario del ciclo escolar;
VII. Los conceptos y montos por pago de derechos, cuotas escolares o cualquier otro tipo de
cobro que hagan con motivo de la prestación de los servicios educativos que lleven a cabo; y
VIII. Para el caso de las universidades e instituciones de educación superior privadas, deberán
sujetarse a lo establecido en las fracciones I y III, además de transparentar la distribución y
ejercicio de sus recursos, cuando estos sean recibidos por medio de fideicomisos o convenios
celebrados con entidades de la administración pública a nivel federal, estatal y municipal.
(Artículo reformado mediante decreto número 823, aprobado por la LXV Legislatura el 1 de febrero del 2023 y
publicado en el Periódico Oficial número 8 Vigésima Sección de fecha 25 de febrero del 2023)
(Artículo reformado mediante decreto número 1473, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 12 de julio
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 30 Décima Sección, de fecha 29 de julio del 2023)
Artículo 29. Además de lo señalado en el artículo 74 fracción III de la Ley General, y esta Ley, el
Órgano Garante deberá poner a disposición del público y mantener actualizada la siguiente
información:
I. Versiones públicas de las actas de sesión de comisiones;
II. El resultado de los Recursos de Revisión interpuestos y las versiones públicas de las
resoluciones emitidas;
III. Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;
IV. En su caso, los amparos, las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad
y los recursos de inconformidad, que existan en contra de sus resoluciones;
V. Las estadísticas sobre las solicitudes de información. En ellas, se deberá identificar: el sujeto
obligado que la recibió, el perfil del solicitante, el tipo de respuesta, y la temática de las solicitudes;
VI. Estadísticas sobre los medios de impugnación, en donde se identifique el sujeto obligado
recurrido y el sentido de la resolución;
VII. El resultado en materia de los programas implantados para la protección de datos personales
y organización de archivos;
VIII. Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos obligados;
IX. El informe sobre las acciones de promoción de la cultura de transparencia; y
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X. Las demás que resulten aplicables en términos de las disposiciones legales de la materia.
Artículo 30. Además de lo señalado en el artículo 71 de la Ley General, y en esta Ley, los
Municipios del Estado, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la
siguiente información:
I. El catálogo de falta o infracciones que contengan los ordenamientos municipales, con las
sanciones a que se pueden hacer acreedores quienes incurran en el supuesto, así como el monto
mínimo y máximo de las multas que pudieran ser aplicadas en su caso.
II. El monto de los recursos públicos recibidos de la Federación y el Estado, así como el monto
de los ingresos propios recaudados;
III. Las cantidades recabadas por concepto de multas, así como, en su caso, el uso o aplicación
que se les den;
IV. Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten;
V. En su caso, el contenido de la Gaceta Municipal;
VI. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar;
VII. Las actas de sesiones de cabildo;
VIII. La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la
relación de los bienes muebles e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y bajas en el
patrimonio del municipio;
IX. Los empréstitos, deudas contraídas a corto, mediano y largo plazo, así como la enajenación
de bienes;
X. Respecto al ejercicio del presupuesto: un reporte trimestral sobre la ejecución de las
aportaciones federales y estatales, pudiendo identificar el programa para el cual se destinaron y,
en su caso, el monto del gasto asignado por el propio municipio;
XI. Las rutas establecidas en planos y tarifas de transporte público en la página oficial y en
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lugares públicos visibles;
XII. Las obras priorizadas, el monto económico asignado a cada una de ellas, así como el avance
y conclusión de cada una de las obras a las que se han asignado recursos públicos;
XIII. Los informes de gobierno anuales una vez presentados y difundidos ante la ciudadanía;
XIV. Las versiones públicas de los contratos celebrados con las empresas a quienes se les han
asignado la construcción de la obra pública;
XV. El atlas municipal de riesgos;
XVI. Las ordenanzas y reglamentos municipales aprobados y vigentes;
El Bando de Policía y Gobierno deberá publicarse o ponerse a disposición del público, dentro de
los 90 días siguientes del inicio de cada administración municipal.
XVII. Los planes de desarrollo municipal;
XVIII. A través de los organismos operadores Municipales o intermunicipales de agua potable y
alcantarillado deberán:
a) El número de usuarios con servicios de agua potable y de aquellos que también cuenten
con drenaje;
b) Las cuotas de pago según los tipos de servicios de agua potable y de descarga de drenaje;
c) El número de usuarios que ha realizado el pago de agua potable o descargas
d) Las inversiones o ingresos Federales, Estatales y Municipales o de otras fuentes de
financiamiento;
e) La inversión semestral y anual de nuevas redes y en el mantenimiento del sistema;
f) Monto del pago de servicios a CONAGUA.
XIX. Las demás que determinen las Leyes.
Todos los Municipios podrán solicitar al Órgano Garante, que de manera subsidiaria divulgue vía
electrónica la información pública de oficio que señala este capítulo. Para ello, el Congreso del
Estado deberá hacer las previsiones presupuestales que se requieran para la integración y
publicación en línea de la información obligatoria en medios electrónicos.
(Artículo reformado mediante decreto número 608, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 6 de abril del
2022, publicado en el Periódico Oficial número 19 Octava Sección, de fecha 7 de mayo del 2022)
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(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 31. Además de lo señalado en el artículo 76 de la Ley General, y en el presente
ordenamiento, así como, en la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos locales,
las agrupaciones políticas, y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por
ciudadanas y ciudadanos que pretendan postular una candidatura independiente, conforme a su
naturaleza jurídica, deberán poner a disposición del público la siguiente información:
I. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus
candidatos a cargos de elección popular;
II. Los informes anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de
precampaña y campaña que se presentan ante la autoridad electoral, y
III Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables en materia electoral.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 32. Además de lo señalado en el artículo 77 de la Ley General, y en esta Ley, los
fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier otro contrato análogo, deberán poner a
disposición del público y mantener actualizada la siguiente información:
I. Monto total de remanentes de un ejercicio fiscal a otro;
II. Las reglas de operación que los regulan;
III. Las demás que señalen las disposiciones normativas en la materia.
Artículo 33. Además de lo señalado el artículo 79 de la Ley General, y en esta Ley, los sindicatos
que reciban y ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal o municipal, de acuerdo a sus
facultades y atribuciones, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la
siguiente información:
I. Su estructura orgánica;
II. El marco normativo aplicable;
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III. El directorio de los trabajadores del sindicato que aparezcan en la estructura orgánica;
IV. El domicilio, número de teléfono y, en su caso, dirección electrónica del sindicato;
V. El currículum en versión pública de los trabajadores dirigentes que aparezcan en la estructura
orgánica del sindicato;
VI. Los convenios y contratos que celebre el sindicato con cualquier persona de derecho público
o privado;
VII. Nombre, domicilio laboral y, en su caso, dirección electrónica del responsable de la Unidad
de Transparencia;
VIII. Las solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas que se les dé, incluyendo,
en su caso, la información entregada, a través del sistema electrónico correspondiente;
IX. Respecto de los contratos celebrados por el sindicato, un listado que relacione el número de
contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor y el monto del valor
total de la contratación;
X. La entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, incluyendo la asignación de
personal;
XI. Acta de la asamblea constitutiva;
XII. Una lista con el nombre de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan
los servicios;
XIII. Los estatutos debidamente autorizados;
XIV. El acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva;
XV. Los informes de ingresos y gastos realizados; y
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XVI. Los contratos colectivos de trabajo de sus agremiados.
Artículo 34. Además de lo señalado en esta Ley, las personas físicas y organizaciones de la
sociedad civil que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal o municipal, o
aquellas que reciban un ingreso estatal que sea preponderante dentro de su presupuesto y las
instituciones de beneficencia, en su caso, deberán difundir a través de medios electrónicos la
siguiente información:
I. Presupuesto anual total de la organización;
II. Su estructura orgánica;
III. El marco normativo aplicable;
IV. El directorio de los trabajadores de la organización que aparezcan en la estructura orgánica;
V. El domicilio, número de teléfono y, en su caso dirección, de la organización;
VI. Los convenios y contratos que celebre la organización, con cualquier persona de derecho
público o privado;
VII. Nombre, domicilio laboral y, en su caso, dirección electrónica del responsable de la Unidad
de Transparencia;
VIII. Las solicitudes de acceso a la información pública y las respuestas que se les dé, incluyendo,
en su caso, la información entregada, a través del sistema electrónico correspondiente;
IX. La entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino;
X. Acta constitutiva;
XI. El acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva; y
XII. Los informes de ingresos y gastos realizados.
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Artículo 35. Además de lo señalado en el artículo 10 de esta esta Ley, los Centros de Conciliación
Laboral deberá poner a disposición del público y mantener actualizada la información que refiere
el artículo 78 de la Ley General.
Artículo 36. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción deberán
difundir a través de medios electrónicos la siguiente información:
I. Los nombres de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y la versión
pública de su currículum vitae;
II. El Plan Estratégico y el Plan Operativo anual de la Secretaría Ejecutiva, del Comité de
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, así como los programas derivados de
estos;
III. El Presupuesto Operativo Anual;
IV. El informe anual de actividades y resultados, tanto de la Secretaría Ejecutiva como del
Comité de Participación Ciudadana;
V. El informe financiero anual;
VI. Los acuerdos y recomendaciones emitidos por el Comité Coordinador;
VII. Las actas de las sesiones del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador;
VIII. El directorio de las y los integrantes del Comité Coordinador;
IX. El listado del personal de la Secretaría Ejecutiva, con información pormenorizada de
perfiles, puestos y funciones asignadas; y
X. Las demás que determine la Ley.
Artículo 37. Los sujetos obligados que realicen obra pública, deberán difundir físicamente en el
lugar de la obra, una placa o inscripción que señale que fue realizada con recursos públicos y el
costo de la misma.
A fin de determinar la información adicional que publicarán los sujetos obligados del Estado, el
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Órgano Garante les requerirá semestralmente el listado de información que de acuerdo a sus
funciones, atribuciones y competencias consideren de interés público.
Artículo 38. A fin de llevar a cabo la verificación de las obligaciones de transparencia de todos
los sujetos obligados del Estado, el Órgano Garante emitirá los Lineamientos en los que se
establecerá el procedimiento mediante el cual se hará la revisión en términos de lo dispuesto en
el Capítulo VI del Título Quinto de la Ley General.
Artículo 38 BIS. Los ejecutores del gasto deberán publicar dentro de los primeros 60 días hábiles
de cada inicio de ejercicio fiscal, las medidas a implementar en cumplimiento a lo establecido en
la Ley Estatal de Austeridad Republicana.
(Artículo adicionado mediante decreto número 1153, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 29 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 15 Décimo Primera sección de fecha 15 de abril del 2023)
CAPÍTULO III
DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO Y OBLIGACIONES DE
GOBIERNO ABIERTO
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO
Artículo 39. Los sujetos obligados que ejerzan la función pública, observarán lo dispuesto en
este capítulo y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.
Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes principios de buen gobierno:
I. PRINCIPIOS GENERALES:
a) Gobierno Transparente: La rendición de cuentas, será el principal eje del ejercicio de
gobierno y la función pública de los sujetos obligados, por lo que en cumplimiento con la
Ley de la materia deben dar a conocer a la ciudadanía, por los medios más idóneos, los
recursos públicos que ingresen anualmente, la forma y montos ejercidos en las acciones
que legalmente les competen;
b) Gobierno Austero: Los recursos públicos asignados en el presupuesto correspondiente
deberán ejercerse conforme al principio constitucional de austeridad, evitando derroches
y gastos operativos innecesarios o estratosféricos, o sueldos, bonos, honorarios o dietas
que no correspondan al cargo o acción encomendada y a la generalidad de los costos del
mercado.
c) Gobierno de calidad e igualitario: Las y los servidores públicos del sujeto obligado,
impulsarán sus acciones con criterios de calidad, eficacia y efectividad, brindando al
ciudadano y ciudadana un buen trato en la atención a sus problemas y necesidades.
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Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus
funciones. Las acciones que impulsen deberán tener buenos resultados en beneficio de
todos. En atención a lo anterior, se implementarán criterios para que el ejercicio de los
recursos públicos tenga mayores alcances y una mejor relación costo beneficio;
d) Gobierno imparcial: Respetarán el principio de imparcialidad de modo que mantengan
un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.
II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN:
a) Gobierno sin conflicto de intereses: En el ejercicio de la función pública debe prevalecer
el interés general sobre el interés particular, respetando la normatividad sobre las
incompatibilidades y conflicto de intereses. Por lo tanto, evitarán involucrase en
situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de
intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
b) Respeto a la legalidad e institucionalidad: Las y los servidores públicos ejercerán las
facultades que les atribuye la Ley o reglamentación vigente con la finalidad exclusiva para
la que fueron otorgadas y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés
público o el patrimonio de institucional.
Asimismo, gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no
podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normatividad vigente.
De igual forma, no se valdrán de su posición en la administración pública para obtener ventajas
personales o materiales.
c) Gobierno sin dádivas: No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales,
sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan
condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor
relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración
Pública correspondiente.
d) Gobierno sin nepotismo: En la integración de la estructura directiva, ejecutiva y
operativa del sujeto obligado, los titulares de estos no deberán incluir a familiares en
primer y hasta cuarto grado, cónyuge, parientes consanguíneos, afines o civiles, en el
ejercicio de la función pública sin que tenga los méritos, capacidades o perfil para la
función requerida por la Ley o por la normatividad.
e) Correcto ejercicio presupuestal: El presupuesto público debe ser ejercido de manera
exclusiva para lo que ha sido destinado sin que haya lugar a su distracción o desvío.
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Asimismo, no deberán asignar regalías, dádivas o recursos públicos a exservidores públicos de
los sujetos obligados o personas que no tengan una relación laboral, contractual o legal en los
mismos.
f) Gobierno abierto a la ciudadanía: Como herramienta de buenas prácticas, los sujetos
obligados deben poner, de oficio, a disposición de la ciudadanía, por los medios que estén
a su alcance, la información pública de calidad sin necesidad de que le sea solicitada.
Asimismo, la información que le sea solicitada, deberá otorgarse de manera completa,
rápida y sin restricción alguna.
g) Transición responsable de la función pública. Sin excepción alguna, los procesos de
entrega recepción de los sujetos obligados deberá realizarse en estricto cumplimiento de
la Ley y la normatividad. Los servidores públicos competentes, deberán entregar la
información, documentos, recursos financieros y materiales sujetos a su responsabilidad,
de manera íntegra y sin que haya lugar a excepciones.
Artículo 40. Los sujetos obligados deberán observar las siguientes normas de buen gobierno:
I. Observar en el ejercicio de la función pública los principios de buen gobierno establecidos en
este capítulo;
II. Cumplir con las obligaciones de transparencia y gobierno abierto establecidas en esta Ley;
III. Garantizar los derechos constitucionales de acceso a la información pública y protección de
datos personales;
IV. Informar a la ciudadanía, a las instancias de fiscalización y al Órgano Garante las acciones
realizadas en el ejercicio de la función pública conforme a la periodicidad establecida en la Ley
o reglamentación correspondiente; y
V. Las demás que establezca la Ley o la reglamentación correspondiente.
Artículo 41. DEROGADO.
(Artículo derogado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 42. DEROGADO.
(Artículo derogado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 43. El Órgano Garante difundirá y promoverá, en el ámbito de su competencia, los
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principios de buen gobierno y las obligaciones de gobierno abierto establecidos en esta Ley, con
la finalidad de incentivar la participación ciudadana.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
SECCIÓN SEGUNDA
OBLIGACIONES DE GOBIERNO ABIERTO
Artículo 44. El Órgano Garante será el medio de coordinación de las acciones entre los sujetos
obligados, la Sociedad Civil y las organizaciones sociales en general, para implementar los
mecanismos de colaboración que sean necesarios encaminados a promover e implementar
políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
Artículo 45. El Órgano Garante fomentará las acciones que sean necesarias para consolidar las
políticas públicas, que se traduzcan en mejores condiciones de vida y beneficio social,
fomentando la cocreación gobierno-ciudadano y gobierno-organizaciones.
Artículo 46. El Órgano Garante implementará un modelo de gobierno abierto al interior del mismo
y al exterior, para los sujetos obligados en el estado.
Artículo 47. El Órgano Garante brindará asesoría y capacitación, a los sujetos obligados,
instituciones u organizaciones públicas y a las organizaciones de la sociedad civil, para el diseño,
conceptualización, desarrollo y construcción de políticas públicas de gobierno abierto.
Artículo 48. El Órgano Garante integrará y coordinará un secretariado técnico de gobierno abierto
en el Estado, con la representación de los tres poderes, y en colaboración con la sociedad civil
organizada, que proponga mejores prácticas de transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana e innovación.
Artículo 49. El Órgano Garante propondrá y evaluará la política digital del Estado en materia de
datos abiertos, así como la política de implementación de indicadores específicos sobre temas
relevantes en la materia.
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Artículo 50. El Órgano Garante expedirá una certificación de Empresa Transparente a las
personas físicas o morales, que cumplan con las obligaciones de transparencia de la presente
Ley, de acuerdo a las bases y los requisitos de las reglas de operación que se expidan para la
certificación.
Artículo 51. Los sujetos obligados, para fomentar la transparencia, la participación ciudadana y
la rendición de cuentas, privilegiarán el uso de formatos abiertos.
Artículo 52. Los sujetos obligados que presten trámites y servicios, los difundirán en el ámbito
de sus competencias, a través de sus portales electrónicos.
Artículo 53. Los sujetos obligados podrán establecer comunicación con los ciudadanos, a través
de las plataformas digitales que les permitan participar en la toma de decisiones.
TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES GENERALES DE LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN RESERVADA
SECCIÓN PRIMERA
DE SU CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN
Artículo 54. El acceso a la información pública sólo podrá ser restringido de manera excepcional,
cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada.
Además de lo considerado en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se clasificará como información reservada aquella que:
I. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona;
II. Comprometa la seguridad pública estatal o municipal;
III. DEROGADO;
IV. DEROGADO;
V. DEROGADO;
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VI. Obstruya las actividades de prevención o persecución de los delitos;
VII. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al
cumplimiento de las Leyes;
VIII. Afecte la recaudación de las contribuciones;
IX. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la
decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera que se ha
adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de
tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible
de ejecución;
X. Contengan los expedientes de averiguaciones previas o carpetas de investigación; sin
embargo, una vez que se haya determinado el ejercicio de la acción penal o el no
ejercicio de la misma, serán susceptibles de acceso, a través de versiones públicas,
en términos de las disposiciones aplicables;
XI. Contengan los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio en tanto la sentencia no haya causado ejecutoria. Una vez
que dicha resolución cause ejecutoria los expedientes serán públicos, salvo la
información reservada o confidencial que pudieran contener;
XII. Afecte los derechos del debido proceso;
XIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en
tanto no se haya dictado la resolución administrativa; y
XIV. Por disposición expresa de una Ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con
las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General, en esta Ley y no
las contravengan; así como las previstas en Instrumentos Internacionales.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 55. La información clasificada como reservada en los términos de la Ley General o de
la presente Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un período de cinco años. El período
de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. Excepcionalmente, los
sujetos obligados, con la aprobación del Comité de Transparencia, podrán ampliar el período de
reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten
las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
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Artículo 56. No podrá clasificarse como información reservada aquella relacionada con la
investigación de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o aquella
que se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las Leyes
aplicables.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS REQUISITOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA
Artículo 57. La clasificación de la información deberá estar debidamente fundada y motivada y
deberá demostrar la existencia de elementos objetivos y verificables a partir de los cuales se
demuestre que con el acceso a la información existe la probabilidad de dañar el interés público
en los términos del Capítulo anterior.
Artículo 58. La información deberá ser clasificada por el titular del área en el momento en el que
reciba una solicitud de acceso a la información, en cuyo caso, deberá tomarse en consideración
la fecha en que se generó el documento o expediente para efectos del periodo de su clasificación.
La reserva de información no necesariamente abarca la totalidad de un registro público; la
información, contenida en un documento, que no esté expresamente reservada, se considerará
pública para efectos de generar una versión pública.
Previo a que se entregue el acuerdo de clasificación a la Unidad de Transparencia, como
respuesta a una solicitud de acceso a la información, el titular del área deberá de remitirla al
Comité de Transparencia, mismo que deberá de resolver para dar respuesta, a fin de:
I. Confirmar la clasificación;
II. Revocar o modificar la clasificación, para conceder el acceso a la información;
III. Elaborar la versión pública de la información solicitada; y
IV. Entregar la información por un mandato de autoridad competente.
Artículo 59. La información reservada dejará de tener dicho carácter y será de acceso a las
personas cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:
I. Venza el plazo de reserva;
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II. Cesen las causas que dieron origen a su clasificación;
III. Por resolución del Comité de Transparencia de cada sujeto obligado; y
IV. Por resolución del Órgano Garante que revoque o modifique la clasificación de reserva
emitida por el sujeto obligado.
Artículo 60. El Órgano Garante será el encargado de interpretar en la esfera administrativa, la
debida clasificación de información prevista en esta Ley.
CAPÍTULO II
LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
SECCIÓN PRIMERA
LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículo 61. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales es confidencial
y mantendrá ese carácter de manera indefinida y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de
la misma, o sus representantes legales, y los servidores públicos que requieran conocerla para
el debido ejercicio de sus funciones.
Los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes para proteger la información que
refiere a la vida privada y los datos personales de menores de edad que obren en sus archivos.
Artículo 62. Se considerará como información confidencial:
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión,
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley;
II. La protegida por los secretos comercial, industrial, postal, bursátil, bancario, fiscal, fiduciario,
médico y profesional;
III. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad
intelectual; y
IV. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes y los instrumentos internacionales.
Artículo 63. Los servidores públicos que reciban, gestionen, administren o resguarden
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información que les entreguen los particulares, deberán en todo momento proteger los datos
personales en términos de la normatividad aplicable.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Artículo 64. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes o fideicomisarios de
fideicomisos públicos, o como titulares de operaciones bancarias o fiscales que involucren
recursos públicos, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de dichos recursos como
secreto fiduciario, bancario o fiscal, respectivamente, sin perjuicio de que dicha información pueda
ubicarse en algún otro supuesto de clasificación previsto en esta Ley.
La información relativa a los fideicomisos o mandatos, se entregará a través de sus
fideicomitentes o mandantes.
Artículo 65. La información confidencial a que se refiere este capítulo, podrá divulgarse cuando,
ante la presentación de un Recurso de Revisión y a juicio del Órgano Garante, o en su caso el
organismo garante nacional, existan razones de interés público relacionado con los objetivos de
esta Ley debidamente acreditadas. Para este efecto, el recurrente aportará los elementos de
prueba que considere pertinentes, que justifiquen la divulgación de la información confidencial.
Artículo 66. Durante el procedimiento de sustanciación del Recurso de Revisión , deberá
respetarse la garantía de audiencia de los titulares de la información confidencial y el Órgano
Garante realizará una valoración objetiva, cuantitativa y cualitativa, de los intereses en conflicto
que permita razonablemente asegurar que los beneficios de divulgar la información sean mayores
a la eventual afectación de los intereses de los particulares.
Artículo 67. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, con excepción
de los siguientes casos:
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;
II. Por Ley, tenga el carácter de pública;
III. Cuando se trate de la realización de las funciones propias de la administración pública, en
su ámbito de competencia;
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IV. Cuando se trasmitan entre sujetos obligados, y entre éstos y los sujetos de derecho
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando
se utilicen para el ejercicio de sus facultades;
V. Cuando exista orden judicial; y
VI. Por razones de salubridad, salud o para proteger los derechos de terceros.
TÍTULO CUARTO
DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA
Y DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
CAPÍTULO I
DEL FUNCIONAMIENTO Y OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA
Artículo 68. Todos los sujetos obligados en términos de esta Ley, contarán con Unidades de
Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público.
Artículo 69. Las Unidades de Transparencia dependerán del o de la titular del sujeto obligado y
estarán integradas por un responsable y por el personal habilitado que para el efecto se designe.
Los sujetos obligados harán del conocimiento del Órgano Garante la integración de las Unidades
de Transparencia y de todo cambio que en éstas se realice.
Artículo 70. El o la responsable de la Unidad de Transparencia de cada sujeto obligado
preferentemente deberá contar con experiencia mínima en materias de transparencia, acceso a
la información, archivos, protección de datos personales y gobierno abierto.
Artículo 71. Además de las funciones que refiere el artículo 45 de la Ley General, son
competencia de la Unidad de Transparencia, las siguientes:
I. Recabar, publicar y actualizar los catálogos de obligaciones de transparencia comunes y
específicas;
II. Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información pública, así como los datos
personales de los cuales dispongan;
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III. Auxiliar a las personas en la elaboración de solicitudes de información o para la protección
de datos personales y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados a quien deban de
dirigirlas;
IV. Fomentar la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los
datos personales, así como promover políticas de transparencia proactiva, procurando su
accesibilidad;
V. Establecer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención
de las solicitudes de acceso a la información;
VI. Recibir, dar trámite y seguimiento hasta su conclusión, a las solicitudes de acceso a la
información o para la protección de datos personales, cumpliendo con las formalidades y plazos
señalados en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
VII. Recibir y remitir al Órgano Garante los Recursos de Revisión interpuestos por los
particulares, a más tardar al día siguiente al que se reciban;
VIII. Operar, dentro del sujeto obligado correspondiente, los sistemas que integran la Plataforma
Nacional de Transparencia;
IX. Registrar dentro del sistema de solicitudes de acceso a la información, las solicitudes de
acceso a la información o de protección de datos personales que no sean presentadas a través
del citado sistema;
X. Efectuar las notificaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones y
recibir las notificaciones del Órgano Garante;
XI. Realizar los trámites internos de cada sujeto obligado, necesarios para entregar la
información solicitada, o requerida por el Órgano Garante, y proteger los datos personales;
XII. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información y de protección
de datos personales y sus resultados;
XIII. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de datos personales, éstos
se entreguen sólo a su titular o su representante o a quienes se encuentren legitimados en
términos de esta Ley y de los lineamientos que para tal efecto emita el Órgano Garante;
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XIV. Certificar los instrumentos que, en materia de transparencia, sean necesarios para el
cumplimiento de su objeto;
XV. Dar cuenta, en su caso, al Comité de Transparencia del sujeto obligado en el ámbito de su
competencia; y
XVI. Hacer del conocimiento del Órgano Garante y de los Órganos Internos de Control, la probable
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, Ley
Federal y la presente Ley.
CAPÍTULO II
DEL FUNCIONAMIENTO Y OBLIGACIONES DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA
Artículo 72. Los sujetos obligados deberán contar con un Comité de Transparencia, integrado
de manera colegiada y por un número impar, nombrados por quien el titular del propio sujeto
obligado determine, sin que sus integrantes dependan jerárquicamente entre sí. No podrán
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona.
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En los casos de
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados
aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto.
El Comité de Transparencia tendrá acceso a la información reservada para confirmar, modificar
o revocar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos
obligados en observancia de los Lineamientos que al efecto emita el Órgano Garante, para el
resguardo o salvaguarda de la información.
Artículo 73. El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de
acceso a la información;
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo
de respuesta, clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia
realicen las y los titulares de las áreas de los sujetos obligados;
III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de
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sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión, o que previa acreditación de
la imposibilidad de su generación, expongan, de forma fundada y motivada las razones por las
cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de
acceso a la información;
V. Promover la capacitación y actualización de las y los servidores públicos o integrantes de las
Unidades de Transparencia;
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales, archivos, accesibilidad y gobierno abierto para todos los
servidores públicos o integrantes del sujeto obligado;
VII. Recabar y enviar al Órgano Garante, de conformidad con los lineamientos que éste expida,
los datos necesarios para la elaboración del informe anual;
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información; y
IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
TÍTULO QUINTO
ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAPÍTULO I
DE LAS BASES GENERALES DEL ÓRGANO GARANTE
Artículo 74. El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección
de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado,
especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de
los derechos de acceso a la información pública, la protección de datos personales, garantizar
la observancia de las normas y principios de buen gobierno, en los términos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, la Ley General y esta Ley.
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Artículo 75. El Órgano Garante podrá en todo momento, presentar iniciativas de Leyes o decretos
al Congreso del Estado en las materias de las cuales es autoridad rectora y responsable en el
Estado, así como interponer acciones de inconstitucionalidad contra Leyes que vulneren el
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, e interponer
controversias constitucionales.
Artículo 76. El patrimonio del Órgano Garante estará constituido por:
I. Los ingresos que perciba conforme a la partida que establezca su presupuesto
anual de egresos, así como los que perciba por los servicios que preste en
cumplimiento de su objeto o que le correspondan por cualquier otro título legal;
II. Los bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los gobiernos federal,
estatal y municipal, le aporten para la realización de su objeto;
III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba de
los gobiernos federal, estatal y municipal y, en general, los que obtenga de
instituciones públicas, privadas o de particulares;
IV. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor; y
V. Todos los demás bienes o ingresos que adquiera por cualquier otro medio legal.
Artículo 77. El Órgano Garante tiene la facultad de establecer su funcionamiento interno, en los
términos que establece esta Ley y las disposiciones normativas aplicables, bajo el principio de
disponibilidad presupuestal.
Artículo 78. El Congreso del Estado, a través del Presupuesto de Egresos del Estado, analizará
y, en su caso, aprobará los recursos que el Órgano Garante solicite para el cumplimiento de sus
funciones. Los recursos previstos para el Órgano Garante no podrán ser inferiores en términos
reales a los asignados en el ejercicio fiscal anterior, excepto cuando corresponda a una reducción
generalizada del gasto para todas las dependencias y entidades públicas.
Artículo 79. El Consejo General del Órgano Garante administrará su patrimonio conforme a la
presente Ley y su Reglamento Interior, tomando en consideración lo siguiente:
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I. El ejercicio del presupuesto deberá ajustarse a los principios de austeridad, honestidad,
legalidad, racionalidad, transparencia y optimización de recursos;
II. De manera supletoria, podrán aplicarse en la materia, los ordenamientos jurídicos
estatales en tanto no se opongan a la autonomía, naturaleza y funciones propias del
Órgano Garante.
Artículo 80. El Órgano Garante elaborará su propio proyecto de Presupuesto de Egresos, en el
cual establecerá las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 81. El Órgano Garante contará con los recursos humanos, financieros y materiales que
autorice el presupuesto de egresos correspondiente.
Artículo 82. El Órgano Garante gozará, respecto de su patrimonio, de las franquicias, exenciones
y demás prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Estado.
Artículo 83. Todas las funciones y actividades del Órgano Garante, tendrán como base las
perspectivas de derechos humanos y de género, se regirán por los principios de
constitucionalidad, interculturalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación,
oportunidad, responsabilidad, y buen gobierno.
Artículo 84. El Órgano Garante, a través de su Comisionada Presidenta o Comisionado
Presidente, deberá presentar, a más tardar en el mes de febrero de cada año, un informe por
escrito ante el Congreso del Estado sobre los avances y trabajos realizados en el Estado, en
materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gobierno
abierto, y los vinculados al Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, el cual deberá hacer
público a través de los medios electrónicos disponibles en formatos abierto, accesibles y
reutilizables. Para este efecto, el Órgano Garante expedirá los Lineamientos que resulten
necesarios.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 85. Las y los servidores públicos que integren la planta de personal del Órgano Garante,
son trabajadores de confianza, debido a la naturaleza de las funciones que desempeñan,
sujetándose a las responsabilidades que establecen esta Ley y los ordenamientos jurídicos
aplicables.
Las relaciones laborales generadas entre el Órgano Garante y su personal se regirán por lo
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dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 86. El titular del Órgano Garante, integrará las siguientes instancias:
I. El Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción;
II. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales; y
III. Cualquier otro Sistema u Órgano colegiado que por disposición de Ley esté obligado a
pertenecer.
CAPÍTULO II
DE LA CONFORMACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO GARANTE
Artículo 87. El Órgano Garante se integrará por los siguientes órganos:
1.- Órganos Directivos:
a) El Consejo General;
b) La Presidencia del Consejo General;
c) La o el Comisionado de Acceso a la Información Pública;
d) La o el Comisionado de Protección de Datos Personales;
e) La o el Comisionado de Normas y Principios de Buen Gobierno; y
f) La o el Comisionado de Transparencia.
2.- Órganos técnicos:
a) La Secretaria o el Secretario General de Acuerdos;
b) La Contralora o el Contralor, y
c) El Consejo Consultivo Ciudadano.
El Órgano Garante creará las unidades administrativas y técnicas que resulten necesarias para
el ejercicio de sus funciones y el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley
General y en esta Ley, para la designación de las personas titulares de estas áreas se observará
la paridad de género.
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SECCIÓN PRIMERA
DEL CONSEJO GENERAL
Artículo 88. El Consejo General es el órgano superior del Órgano Garante y tiene por objeto lo
siguiente:
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley, así como interpretar y
aplicar las mismas, y
II. Garantizar que todo sujeto obligado por la presente Ley, cumpla con los principios de
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación, oportunidad,
responsabilidad, y buen gobierno.
Artículo 89. El Consejo General del Órgano Garante estará integrado por cinco Comisionadas y
Comisionados, quienes deberán brindar atención a la ciudadanía, fortalecer el derecho de acceso
a la información, la transparencia, la protección de datos personales, a las normas y principios de
buen gobierno y contribuir a la democracia, tales comisiones serán las previstas por el artículo 87
de la presente Ley.
Las Comisionadas y Comisionados se designarán por el voto de las dos terceras partes de los
Diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y
honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencias,
profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección
y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos establecidos en esta
Ley.
La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años, misma que será determinada por
el Consejo General del Órgano Garante.
Para asegurar la autonomía del Órgano Garante durante el ejercicio de su encargo, no podrán
ocupar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado, de los Municipios, Partidos
Políticos o en organismos privados, o con el desempeño de su profesión.
Se exceptúa de lo anterior el ejercicio de la docencia o la investigación académica, siempre que
no medie remuneración alguna, y tratándose de los cargos o comisiones que deriven de las
atribuciones del Sistema Nacional de Transparencia o de la propia Ley y demás normas que
signifiquen una coordinación institucional.
Las percepciones de las y los Comisionados serán de conformidad al presupuesto anual
aprobado y de acuerdo al tabulador de salarios vigente en el Estado.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
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Artículo 90. La designación de las y los Comisionados estará a cargo del Congreso del Estado,
a través de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso
Abierto, bajo el siguiente procedimiento:
I. El Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la
Información y Congreso Abierto, emitirá una convocatoria pública para que cualquier ciudadano
o ciudadana que aspire al cargo de comisionado o comisionada, pueda registrarse;
II. Concluido el plazo para el registro de las y los aspirantes al cargo de Comisionado o
Comisionada, la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso
Abierto, de acuerdo a la normatividad del Congreso del Estado, publicará el número de aspirantes
registrados y determinará quiénes cumplieron con los requisitos exigidos en la presente Ley,
mismos que continuarán con el procedimiento de selección;
III. Las y los aspirantes que hubieren cumplido los requisitos serán convocados a comparecer
de manera personal al proceso de entrevistas ante la Comisión en audiencia pública;
IV. Concluido el periodo de comparecencias, la Comisión integrará la propuesta de aquellos
aspirantes que cumplan con el perfil necesario para ser designados como comisionados
observando en todo tiempo el principio de paridad de género mediante el dictamen
correspondiente, que contenga la terna para Comisionados y lo presentará al Pleno del Congreso
del Estado, para su discusión y, en su caso, aprobación;
V. Las dos terceras partes de los Diputados presentes, elegirán a la persona de acuerdo a la
terna propuesta por la Comisión.
Artículo 91. Para ser designado Comisionado o Comisionada del Órgano Garante, se deberán
cumplir los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;
II. Contar con documentación oficial que acredite conocimientos profesionales o técnicos, que
permitan garantizar el principio de “profesionalismo” en materia de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales o materias afines;
III. Haber residido en el Estado durante dos años anteriores a la publicación de la convocatoria;
IV. Contar con conocimientos o experiencia mínima de un año en materia de transparencia,
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acceso a la información, protección de datos personales o materias afines;
V. No haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante
los últimos tres años inmediatos a la fecha de su designación;
VI. No haber desempeñado el cargo de secretario o secretaria de la Administración Pública
Estatal, de fiscal general, o de director o directora general de una entidad paraestatal o
paramunicipal durante los últimos tres años inmediatos a la publicación de la convocatoria;
VII. No haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político,
en el ámbito nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos
dos años inmediatos a la publicación de la convocatoria;
VIII. No haber desempeñado el cargo de Magistrado o Magistrada del Poder Judicial del Estado
o integrante del Consejo de la Judicatura durante los últimos dos años inmediatos a la publicación
de la convocatoria.
IX. No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago,
cancele esa deuda, o bien, tramite el descuento correspondiente.
(Artículo reformado mediante decreto número 1074, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo Sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 92. El Consejo General celebrará sesiones públicas ordinarias por lo menos dos veces
al mes, sin perjuicio de celebrar, en cualquier tiempo, las sesiones extraordinarias que sean
necesarias para la eficaz marcha del Órgano Garante, previa convocatoria de la Comisionada
Presidenta o el Comisionado Presidente o de la mayoría de las y los Comisionados.
Las sesiones del Consejo General se sujetarán a las reglas que al efecto se establezcan en el
Reglamento Interno del Órgano Garante.
Artículo 93. El Órgano Garante, además de las atribuciones a que se refiere el artículo 42 de la
Ley General, el artículo 114 Apartado C de la Constitución Política del Estado, en el ámbito de su
competencia, ejercerá a través de su Consejo General, las facultades siguientes:
I. En materia de administración y gobierno interno:
a) Dictar las medidas de administración y gobierno interno que resulten necesarias para la
debida organización y funcionamiento del Órgano Garante;
b) Establecer la estructura administrativa del Órgano Garante y su jerarquización;
c) Establecer la integración, organización, funcionamiento y atribuciones de las unidades
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administrativas del Órgano Garante;
d) Aprobar el informe anual que deberá presentar por escrito la Comisionada presidenta o el
Comisionado presidente ante el Congreso del Estado a más tardar en el mes de febrero de cada
año;
e) Establecer un sistema interno de rendición de cuentas claras, transparentes y oportunas, así
como garantizar el acceso a la información pública dentro del Órgano Garante en los términos de
la Ley;
f) Requerir, recibir, analizar y sistematizar los informes que deberán enviarle los sujetos
obligados sobre la materia;
g) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Órgano Garante, a efecto de que
la o el Comisionado Presidente lo envíe al Poder Ejecutivo del Estado para los efectos
correspondientes;
h) Instruir a la o el Secretario General de Acuerdos para que remita al Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, los Reglamentos, acuerdos y demás actos que de acuerdo a la Ley o por
su importancia requieran su publicación; y
i) Las demás que resulten necesarias para la administración y gobierno interno del Órgano
Garante.
II. En materia normativa:
a) Interpretar en el ámbito de sus atribuciones esta Ley;
b) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, así como
dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas tales disposiciones;
c) Aprobar, a propuesta de la Presidenta o Presidente del Consejo General, los Reglamentos,
Lineamientos, Manuales de Procedimiento, políticas y demás normas que resulten necesarias
para el funcionamiento del Órgano Garante y que sean de su competencia en términos de la
presente Ley;
d) Interponer acciones de inconstitucionalidad en términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en
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contra de Leyes de carácter estatal y municipal, que vulneren el derecho de acceso a la
información, la transparencia y el derecho a la protección de datos personales;
e) Vigilar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes, específicas
y demás obligaciones, así como emitir las recomendaciones en la materia;
f) Establecer las garantías necesarias para el acceso a la información pública, la protección de
los datos personales y demás atribuciones en la materia;
g) Aprobar proyectos de iniciativas de Leyes o Decretos en la materia, para después
presentarlas al Congreso del Estado, por conducto de la Comisionada Presidenta o el
Comisionado Presidente;
h) Promover controversias y acciones constitucionales locales en la materia; y
i) Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas
sociales y culturales.
III. En materia de relaciones intergubernamentales, buen gobierno y gobierno abierto:
a) Celebrar convenios de apoyo y colaboración con autoridades federales, estatales o
municipales;
b) Cooperar con el organismo garante nacional en el cumplimiento de las funciones de ambas
entidades;
c) Celebrar convenios de colaboración con los sujetos obligados, que propicien la publicación
de información en el marco de las políticas de la transparencia proactiva;
d) Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus
actividades o productos resulten de interés público o relevancia social;
e) Promover la rendición de cuentas de los poderes públicos entre sí, así como la transparencia
y rendición de cuentas hacia los ciudadanos y la sociedad;
f) Ser garante y promover las normas y principios de buen gobierno en la sociedad y en los
sujetos obligados;
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g) Promover las mejores prácticas de transparencia y políticas públicas;
h) Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a
la información, las normas y principios de buen gobierno, sí como los medios de impugnación, se
procure generar la información en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean
substanciados y atendidos en la misma lengua, y en su caso, se promuevan los ajustes
razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad; y
i) Remitir por conducto de la Presidenta o el Presidente, al Órgano Garante Nacional los
Recursos de Revisión que, a juicio del Consejo General, puedan ser del conocimiento de dicho
órgano, para que éste, en su caso, ejerza la facultad de atracción.
IV. En materia de acceso a la información pública y transparencia:
a) Dictar las providencias y medidas necesarias para salvaguardar el derecho de acceso a la
información pública;
b) Promover la regulación e instrumentación del principio de publicidad de los actos y
decisiones, así como el libre acceso a las reuniones de los poderes públicos estatales,
municipales y organismos públicos autónomos;
c) Cumplir y hacer cumplir los principios en la materia;
d) Conocer y resolver los Recursos de Revisión interpuestos por las personas en contra de los
sujetos obligados;
e) Excusar a las y los Comisionados del estudio, o votación en la resolución, de los recursos de
revisión, cuando alguna de las partes lo haya solicitado y acreditado el conflicto de interés;
f) Establecer y ejecutar las medidas de apremio y/o sanciones, según corresponda conforme a
lo establecido en la Ley General y esta Ley;
g) Emitir las recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar
acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia;
h) Conocer y resolver las quejas, denuncias y procedimiento de verificación que establece esta
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Ley;
i) Elaborar los formatos utilizados para el ejercicio del derecho de acceso a la información;
j) Determinar y hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad
por incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General, esta Ley y demás
disposiciones aplicables;
k) Garantizar condiciones de accesibilidad para que las personas en situación de vulnerabilidad
puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; y
l) Ejercer las demás facultades previstas en la Ley General y esta Ley, para salvaguardar el
acceso a la información pública y la transparencia.
V. En materia de protección de datos personales:
a) Establecer las normas y políticas para la administración, seguridad y resguardo de los datos
personales en posesión de los sujetos obligados;
b) Cumplir y hacer cumplir los principios y normas en la materia;
c) Elaborar los formatos utilizados para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición;
d) Emitir las reglas, criterios o lineamientos necesarios para el adecuado tratamiento de los
datos personales;
e) Resolver los Recursos de Revisión en materia de protección de datos personales; y
f) Ejercer las demás facultades previstas en la Ley de la materia, para la protección de datos
personales.
VI. En materia de cultura de la transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales, normas y principios de buen gobierno y gobierno abierto:
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a) Promover de manera permanente la cultura de la transparencia, el acceso a la información
pública, las normas y principios de buen gobierno, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, el
combate a la corrupción, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;
b) Promover la capacitación, actualización y habilitación de las y los servidores públicos en
materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de los datos personales,
normas y principios de buen gobierno y gobierno abierto;
c) Elaborar guías que expliquen de manera sencilla, los procedimientos y trámites que de
acuerdo con la Ley de la materia, tengan que realizarse ante los sujetos obligados y el Órgano
Garante;
d) Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se utilicen en
las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, se incluyan contenidos y
referencias a los derechos tutelados en la materia;
e) Elaborar y publicar estudios, investigaciones y, en general, cualquier tipo de edición, que
difunda y socialice el conocimiento de la materia;
f) Promover las políticas y tomar las medidas pertinentes para orientar y auxiliar a las personas
en el ejercicio de los derechos en la materia; y
g) Las demás que resulten necesarias para fomentar la cultura de la transparencia, del acceso
a la información pública y de la protección de datos personales.
VII. En materia de participación comunitaria y ciudadana:
a) Diseñar e instrumentar políticas de gobierno abierto, buen gobierno, participación ciudadana
y comunitaria en la materia;
b) Establecer la organización y el funcionamiento del Consejo Consultivo Ciudadano;
c) Fomentar, promover e incentivar las normas y principios de buen gobierno y las de gobierno
abierto, así como la participación ciudadana y comunitaria en la materia; y
d) Las demás necesarias para garantizar la participación ciudadana y comunitaria en la materia,
y las que le confieran esta Ley, así como otras disposiciones legales aplicables.
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(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
SECCIÓN SEGUNDA
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL
Artículo 94. El Consejo General y el Órgano Garante serán presididos por un Comisionado o
Comisionada, quien tendrá la representación legal del mismo. La Presidencia será rotativa y con
alternancia de género su titular durará en su encargo un periodo de dos años sin derecho a
reelección.
La Comisionada Presidenta o Comisionado Presidente será electo por el voto de la mayoría de
los integrantes del Consejo General presentes en la sesión de elección.
Artículo 95. Las ausencias temporales de la Comisionada Presidenta o el Comisionado
Presidente las suplirá la o el Comisionado que designe éste.
En caso de ausencia definitiva de la Comisionada Presidenta o Comisionado Presidente, asumirá
el cargo quien designe el consejo general por el tiempo que reste.
La Comisionada o el Comisionado designado para concluir el período en caso de ausencia
definitiva o renuncia de la Comisionada o Comisionado Presidente, podrá completar un período
de hasta dos años, como Presidente del Consejo General y el Órgano Garante, debiendo ser
ratificado por las Comisionadas y los Comisionados integrantes del Consejo General.
Se considerará ausencia definitiva, la inasistencia consecutiva y sin causa justificada, de alguna
Comisionada o Comisionado, a tres sesiones ordinarias agendadas y previamente notificadas
personalmente. En caso de ausencia de uno o más de las y los Comisionados, el Secretario
General deberá de hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado, para que éste inicie en un
plazo no mayor a 15 días el procedimiento de designación.
(Artículo reformado mediante decreto número 1552, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 20 de
septiembre del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 39 Décimo Segunda Sección, de fecha 30 de
septiembre del 2023)
Artículo 96. La Presidencia del Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:
I. Representar legalmente al Órgano Garante ante cualquier entidad pública o privada;
II. Establecer los vínculos necesarios entre el Órgano Garante con el Órgano Garante Nacional,
el Consejo Consultivo Ciudadano y las demás autoridades federales, estatales y municipales,
para lograr su apoyo, colaboración y auxilio, en sus respectivos ámbitos de competencia;
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III. Representar al Órgano Garante ante el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales;
IV. Integrar y participar en el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la
Corrupción, conforme a lo establecido en la Ley de la materia, e informar al Consejo General de
las acciones realizadas;
V. Convocar y conducir las sesiones del Consejo General;
VI. Vigilar, por conducto de la Secretaría General, que los asuntos, procedimientos y recursos
de la competencia del Consejo General, se tramiten hasta ponerlos en estado de resolución en
los términos de las Leyes respectivas;
VII. Dictar las medidas de salvaguarda para proteger los datos personales, en caso de extrema
urgencia;
VIII. Vigilar, con auxilio de la Secretaría General, el cumplimiento de los acuerdos adoptados por
el Consejo General;
IX. Proponer anualmente al Consejo General, el proyecto de presupuesto de egresos del Órgano
Garante para su aprobación;
X. Remitir al Congreso del Estado, el proyecto de presupuesto de egresos del Órgano Garante
aprobado por el Consejo General, en los términos de la Ley de la materia;
XI. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas;
XII. Ejercer, previo acuerdo del Consejo General, actos de dominio;
XIII. Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representación del Consejo
General o del Órgano Garante;
XIV. Otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y actos de administración,
con todas las facultades generales y especiales, incluso las que requieran cláusula especial
conforme a la Ley. Para el otorgamiento de poderes generales o especiales para actos de dominio
y con facultades cambiarias, deberá contar con la autorización del Consejo General del Órgano
Garante;
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XV. Emitir los acuerdos que sean necesarios para la rápida y eficaz realización y desarrollo de
sus atribuciones;
XVI. Otorgar los nombramientos del personal del Órgano Garante;
XVII. DEROGADO.
XVIII. Las demás que le confiera esta Ley, el Reglamento Interno y otras disposiciones aplicables.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
SECCIÓN TERCERA
DE LAS COMISIONADAS Y DE LOS COMISIONADOS
Artículo 97. Las Comisionadas y los Comisionados tendrán las siguientes atribuciones
generales:
I. Garantizar que el derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los
datos personales se lleve a cabo de manera efectiva por los sujetos obligados;
II. Promover, supervisar y participar en la promoción de la cultura de la transparencia, del
acceso a la información pública, de las normas y principios de buen gobierno, así como de la
protección de datos personales;
III. Representar al Órgano Garante en los asuntos que el Consejo General determine;
IV. Desempeñar las tareas que el propio Consejo General les encomiende;
V. Llevar a cabo actividades de promoción, difusión e investigación de los derechos de acceso
a la información, transparencia, protección de datos personales, archivos y fomento a los
principios de gobierno abierto;
VI. Formar parte de las comisiones que acuerde el Consejo General;
VII. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones del Consejo General, que requieran
de firma del Consejo General;
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VIII. Presentar al Consejo General proyectos de acuerdos y resoluciones;
IX. Excusarse en el estudio de los Recursos de Revisión que les sean turnados, cuando exista
conflicto de interés, el cual deberá de ser comunicado a la Comisionada Presidenta o
Comisionado Presidente para que turne de nueva cuenta el Recurso de Revisión en términos de
Ley;
X. DEROGADO.
XI. Las demás que esta Ley u otras disposiciones aplicables les confieran.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 98. Las y los Comisionados desempeñan una función pública. En todo caso, la función
de las y los Comisionados se sujetará a los principios de autonomía, independencia, legalidad,
excelencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad, probidad y honestidad.
Artículo 99. Las y los Comisionados tendrá las siguientes atribuciones específicas:
I. Sustanciar los procedimientos y acciones necesarias para la plena observancia y vigencia
del derecho de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados;
II. Informar al Pleno sobre el inicio, avance y conclusión de los procedimientos y acciones
señalados en la fracción anterior; y
III. Las demás que establezca el Reglamento Interno.
SECCIÓN CUARTA
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
Artículo 100. El Órgano Garante contará con una Secretaria o Secretario General de Acuerdos
que será designado por su Presidenta o Presidente y ratificado por el Consejo General, de
acuerdo con las normas relativas a la organización y funcionamiento que estarán previstas en el
Reglamento Interno que para tal efecto se expida.
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Artículo 101. Para ser Secretaria o secretario general de Acuerdos, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Poseer título y cédula profesional con experiencia mínima de un año en la materia;
III. No haber sido condenada o condenado por delito doloso o estar inhabilitada o
inhabilitado para ocupar cargos públicos;
IV. No ser dirigente de algún partido o asociación política, ni ministro de culto religioso
al momento de su designación; y
V. Ser Licenciada o Licenciado en Derecho, preferentemente.
Artículo 102. La o el Secretario General de Acuerdos tendrá las siguientes atribuciones:
I. Realizar el pase de lista, dar lectura a los documentos y actas de las sesiones del
Pleno;
II. Participar en las sesiones del pleno con voz, pero sin voto;
III. Auxiliar a la Presidenta o Presidente en el cumplimiento de los acuerdos del Pleno;
IV. Auxiliar a la Presidenta o Presidente en el cumplimiento de sus atribuciones; y
V. Las demás que establezca el Reglamento Interno.
SECCIÓN QUINTA
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Artículo 103. El Órgano Garante contará con una Contralora o Contralor General, quien durará
en su encargo cuatro años, sin posibilidad de reelección.
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Artículo 104. La o el Contralor General será designado por el Congreso del Estado con el voto
de las dos terceras partes de los Diputados presentes, debiendo seguir el mismo procedimiento
establecido para la elección de las y los Comisionados del Órgano Garante.
Artículo 105. Para ser Contralora o Contralor General deberán reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y
civiles y con residencia en el Estado de un año anterior a la publicación de la
convocatoria;
II. Contar con cédula profesional preferentemente de licenciado en Derecho,
Contaduría, Administración, Economía, Administración Pública, expedida por
autoridad competente cuando menos tres años anteriores a la fecha de publicación
de la convocatoria;
III. Haberse desempeñado en actividades de servicio público o académicas,
relacionadas con la materia, al menos durante un año;
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito
de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga
o enervantes; y
V. No haber desempeñado en los dos últimos años anteriores al día de su designación
el cargo de legislador local o federal, servidor público de mando superior de la
Federación, del Estado o de los Ayuntamientos, o haber ocupado algún cargo de un
partido político.
Artículo 106. La Contraloría General tendrá las atribuciones siguientes:
I. Establecer los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos
y sistemas, necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos y funciones a
cargo de las áreas del Órgano Garante;
II. Evaluar los informes de avance, respecto del plan estratégico del Órgano Garante y
el programa operativo anual de cada área autorizado;
III. Verificar que las unidades administrativas del Órgano Garante que hubieren recibido,
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manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad
aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de
los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes;
IV. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para
comprobar que los gastos autorizados se han aplicado, legal y eficientemente, al
logro de los objetivos y metas de los programas aprobados, realizando las compulsas
necesarias;
V. Aplicar y, en su caso, promover ante las instancias correspondientes, las acciones
administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías;
VI. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten
necesarios, para que los servidores públicos del Órgano Garante cumplan
adecuadamente con sus responsabilidades administrativas;
VII. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa;
VIII. Determinar los daños y perjuicios que afecten al Órgano Garante en su patrimonio y
turnar a la instancia correspondiente;
IX. Presentar a la aprobación del Consejo General su programa anual de trabajo;
X. Presentar a la o el Consejero Presidente los informes previos;
XI. Recibir las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos
del Órgano Garante, en los términos de la normatividad aplicable;
XII. Tramitar, desahogar y resolver los procedimientos de quejas y denuncias en contra
de los servidores públicos del Órgano Garante, respecto de faltas no graves. Las
quejas o denuncias presentadas por faltas graves serán turnadas al Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para su sustanciación y resolución, de
conformidad a la Ley de la materia y con el Sistema Estatal de Combate a la
Corrupción;
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XIII. Presentar al Consejo General los informes que contengan el resultado de las
revisiones efectuadas a las áreas del Órgano Garante;
XIV. Elaborar y rendir el informe anual al Consejo General de las actividades realizadas;
XV. Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión del encargo
de las y los servidores públicos del Órgano Garante;
XVI. Fincar responsabilidades administrativas e imponer las sanciones que correspondan
de conformidad con la Ley de la materia;
XVII. Recibir las declaraciones de situación patrimonial de las y los servidores públicos del
Órgano Garante, así como llevar su registro, control y seguimiento;
XVIII. Informar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Gobierno del Estado las inhabilitaciones impuestas a los servidores públicos del
Órgano Garante; y
XIX. Las demás que le otorgue esta Ley, la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado y Municipios de Oaxaca, Reglamento del Órgano Garante y Leyes aplicables
en la materia.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
SECCIÓN SEXTA
DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO
Artículo 107. El Consejo Consultivo Ciudadano es un órgano honorífico, de consulta y opinión
del Órgano Garante, el cual se integra por cinco Consejeras y Consejeros que gocen de
reconocido prestigio en organizaciones de la sociedad civil o la academia, preferentemente con
experiencia en las materias de transparencia, acceso a la información pública, protección de
datos personales, derechos humanos, archivos y fomento a los principios de gobierno abierto.
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Artículo 108. Para ser integrante del Consejo Consultivo Ciudadano se requiere:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Haber desempeñado tareas sociales, profesionales, académicas, empresariales o
culturales en el Estado, que denoten compromiso y conocimiento en materia de
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y
derechos humanos;
III. No haber sido condenada o condenado por la comisión de algún delito, excepto
culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los efectos del
alcohol, de alguna droga o enervantes, y
IV. No haber ejercido cargo de dirigencia partidista nacional, estatal o municipal, durante
los dos años anteriores al día de su nombramiento.
Artículo 109. Las y los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, serán nombrados
siguiendo el mismo procedimiento establecido para las y los Comisionados del Órgano Garante.
Artículo 110. La duración del cargo no será mayor de cinco años y se realizará de manera
escalonada, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.
Artículo 111. El Consejo Consultivo Ciudadano contará con un Presidente o Presidenta y una
Secretaria o Secretario Técnico que serán elegidos entre sus propios integrantes por mayoría de
votos, quienes durarán en su encargo un año y podrán ser reelectos por un periodo igual.
Artículo 112. La Presidenta o el Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano convocará a
sesión cuando menos una vez al mes, requiriendo para ello la asistencia de la mayoría de sus
integrantes para sesionar válidamente y ejercer sus atribuciones. Las sesiones podrán ser
ordinarias y extraordinarias.
Las sesiones ordinarias deberán realizarse por lo menos una vez al mes y las extraordinarias
cuando sean necesarias.
Las sesiones extraordinarias podrán convocarse a solicitud del presidente del Consejo General
del Órgano Garante, o por solicitud que al presidente del Consejo formulen por lo menos tres de
sus miembros cuando estimen que hay razones de importancia para ello y así se justifique en un
escrito de petición.
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Artículo 113. Las decisiones del Consejo Consultivo Ciudadano en sus sesiones se tomarán por
el voto de la mayoría de sus integrantes, teniendo la Presidenta o el Presidente voto de calidad
para el caso de empate en la votación.
Artículo 114. El Consejo Consultivo Ciudadano contará con los apoyos necesarios para el
desarrollo de sus actividades.
Artículo 115. El Consejo Consultivo Ciudadano tendrá las siguientes facultades:
I. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Órgano Garante y su cumplimiento;
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;
III. Conocer el informe del Órgano Garante sobre el presupuesto asignado a programas y el
ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Órgano Garante o por iniciativa propia, sobre
temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad,
gobierno abierto y protección de datos personales;
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas
del Órgano Garante;
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva;
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionados con la
materia de transparencia, acceso a la información y su accesibilidad, así como la protección de
datos personales, normas y principios de buen gobierno;
VIII. Promover la más amplia concertación entre los organismos públicos y privados en programas
interdisciplinarios en la materia;
IX. Participar en el Secretariado Técnico Local; y
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X. Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 116. La Presidenta o el Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano tiene las
siguientes atribuciones y obligaciones:
I. Representar formal y legalmente al Consejo Consultivo Ciudadano;
II. Convocar al menos dos días antes de su celebración y conducir las sesiones ordinarias. Al
menos diez días naturales antes de su celebración, la Presidenta o el Presidente del Consejo
Consultivo Ciudadano deberá solicitar a la o el Presidente del Consejo General, una lista de temas
de interés para el Órgano Garante, debiendo responder este último, en un plazo máximo de cinco
días naturales;
III. Convocar con al menos un día antes de su celebración a las sesiones extraordinarias y
conducir las mismas;
IV. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo Consultivo Ciudadano;
V. Mantener comunicación con el Consejo General a través de su presidente, así como con los
integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano;
VI. Presentar un informe anual de su gestión, para que se incluya en el que rinda la Presidenta
o el Presidente del Consejo General;
VII. Realizar la entrega recepción formalmente a la Presidenta o el Presidente que lo sustituya; y
VIII. Las demás que establezca el Reglamento Interno del Consejo Consultivo Ciudadano.
Artículo 117. La o el Secretario Técnico del Consejo Consultivo Ciudadano tiene las siguientes
atribuciones y obligaciones:
I. Convocar por instrucciones de la Presidenta o el Presidente a sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo Consultivo Ciudadano y auxiliar a la o el Presidente en la conducción
de las mismas;
II. Elaborar el orden del día de las sesiones ordinarias con al menos tres días de antelación y
de las extraordinarias con al menos un día;
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III. Elaborar las actas de las sesiones y presentarlas para su aprobación;
IV. Llevar un registro de la duración del cargo de las Consejeras y Consejeros;
V. Notificar por acuerdo del Consejo Consultivo Ciudadano, el vencimiento del nombramiento
de sus integrantes a la Presidenta o el Presidente del Consejo General;
VI. Presentar un informe de su gestión anual y realizar la entrega recepción formalmente a la o
el Secretario Técnico que lo sustituya; y
VII. Las demás que establezca el Reglamento Interno del Consejo Consultivo Ciudadano.
CAPÍTULO III
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO
Artículo 118. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la
información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente establecidos en la Ley
General y en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y expedito.
Artículo 119. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno, por sí o a través de su
representante legal, tendrá acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales en
poder de los sujetos obligados, salvo los casos de excepción contemplados por esta Ley.
Artículo 120. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro de los
procedimientos previstos en esta Ley, las personas tienen el derecho de que el sujeto obligado
le preste servicios de orientación y asesoría. Las Unidades de Transparencia auxiliarán a los
particulares en la elaboración de solicitudes, especialmente cuando el solicitante no sepa leer ni
escribir, hable una lengua indígena, desconozca el uso de medios electrónicos, o se trate de una
persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Artículo 121. La solicitud de información podrá formularse:
I. De manera verbal, en la Unidad de Transparencia;
II. Mediante escrito libre o en los formatos que para el efecto se aprueben, presentado en las
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oficinas del sujeto obligado o por correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia, por
correo postal o telégrafo, o
III. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio de su sistema de solicitudes
de acceso a la información.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado de que se trate, la registrará en los formatos autorizados por el Órgano Garante y
además la ingresará al sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información que para el
efecto se implemente, y entregará una copia de la misma al interesado.
Cuando la solicitud se realice en términos de la fracción II de este artículo, la Unidad de
Transparencia registrará la solicitud en el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la
información que para el efecto se implemente y le entregará al interesado el acuse de recibo.
Artículo 122. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los
siguientes datos:
I. Los datos de identificación del sujeto obligado a quien se dirija;
II. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;
III. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que la o el
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
que corresponda; y
IV. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser verbal, siempre
y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, copias simples, certificadas,
reproducción digitalizada, u otro tipo de medio electrónico, previo el pago de derechos que en su
caso proceda.
Artículo 123. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por
parte de los sujetos obligados dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de
acceso a la información, deberán de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores
a la recepción de la solicitud y, en caso de poder determinarlo, señalarán a la o el solicitante el o
los sujetos obligados competentes.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la
información, se deberá dar respuesta respecto de dicha parte y únicamente en estos casos, la
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notificación de la declaración de incompetencia se realizará dentro de los plazos del
procedimiento de acceso a la información.
Artículo 124. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información requerida
o no cumpla con alguno de los requisitos señalados en el artículo 122 de esta Ley, el sujeto
obligado dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud mandará requerir a la
o el solicitante en el medio señalado por éste para recibir notificaciones, a efecto de que, en un
plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento, aclare,
precise o complemente de manera total o parcial su solicitud de acceso a la información,
apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada su solicitud de información,
cuando el requerimiento sea sobre la totalidad de la solicitud.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
(Artículo reformado mediante decreto número 2339, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 17 de julio
del 2024 y publicado en el Periódico Oficial Extra de fecha 28 de agosto del 2024)
Artículo 125. El acceso a la información pública será gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en las
Leyes aplicables en la materia.
Artículo 126. Admitida la solicitud de información por el sujeto obligado, la Unidad de
Transparencia gestionará al interior la entrega de la información y la turnará al área competente,
los sujetos sólo estarán obligados a entregar la información relativa a documentos que se
encuentren en sus archivos. La entrega de información se dará por cumplida cuando se pongan
a disposición de la o el solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren;
o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio.
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos
obligados. La obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme
al interés de la o el solicitante.
En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos
disponibles mediante acceso remoto o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la
fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.
Artículo 127. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del área del sujeto
obligado, se turnará al Comité de Transparencia, el cual:
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
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II. Dictará el acuerdo que confirme la inexistencia del documento;
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones; o bien, previa acreditación de la imposibilidad de su
generación o reposición, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el
caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso,
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad que corresponda.
Artículo 128. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando la
información se entregue al solicitante en medios electrónicos, ésta se ponga a su disposición para
consulta en el sitio en que se encuentra, o bien mediante la expedición de copias simples o
certificadas. El acceso a la información se dará solamente en la forma en que lo permita el
documento de que se trate.
En el caso de que la información ya esté disponible en medios electrónicos, la Unidad de
Transparencia lo comunicará a la o el solicitante, precisando la dirección electrónica completa del
sitio donde se encuentra la información requerida, y en la medida de sus posibilidades, podrá
proporcionarle una impresión de la misma.
En el caso de que la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos,
tales como libros, compendios, informes, trípticos o en cualquier otro medio, se hará saber al
solicitante por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir
dicha información en un plazo no mayor a cinco días.
El acceso a la información pública debe ejercerse con el debido respeto entre las y los solicitantes
al requerir información pública, así como entre los sujetos obligados al cumplir los requerimientos
de información, con uso del lenguaje apropiado y respetuoso que propicie el libre intercambio de
ideas y el ejercicio oportuno del derecho a favor de la ciudadanía.
Conforme a lo anterior, las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados no estarán
obligados a dar trámite a solicitudes ofensivas o reiterativas.
Se entenderá por solicitudes ofensivas aquellas que, contrario a solicitar información de carácter
público, utilicen lenguaje lesivo o palabras altisonantes que pretenda afectar, vulnerar o
menospreciar a las y los servidores públicos del sujeto obligado. Así mismo, se entenderá por
reiterativas las solicitudes que hayan entregado información sustancialmente idéntica como
respuesta a una solicitud de la misma persona.
(Artículo reformado mediante decreto número 1631, aprobado por la LXV Legislatura el 13 de diciembre del
2023 y publicado en el Periódico Oficial número 52 Octava Sección, de fecha 30 de diciembre del 2023)
Artículo 129. Las y los solicitantes tendrán un plazo de treinta días a partir de que se les notifique
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la respuesta de acceso a la información para realizar el pago a que se refiere la Ley respectiva y,
en caso de no hacerlo dentro del plazo, deberán realizar una nueva solicitud de información sin
responsabilidad para el sujeto obligado.
Artículo 130. La certificación de documentos conforme a esta Ley tiene por objeto establecer que
en los archivos del sujeto obligado existe un documento en original, copia simple, digitalizada u
otro medio electrónico, igual al que se entrega.
Artículo 131. Cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la Unidad
de Transparencia del sujeto obligado orientará a la o el solicitante sobre el procedimiento que
corresponda.
Artículo 132. La respuesta a una solicitud de acceso a la información, deberá ser notificada al
interesado en el menor tiempo posible, dicho plazo no podrá exceder de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella, precisando la modalidad en que
será entregada la información, además del costo que en su caso pueda generarse.
Excepcionalmente, el plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por cinco
días hábiles, cuando existan razones que lo motiven. La ampliación del plazo se notificará al
solicitante a más tardar el segundo día del plazo descrito. No podrán invocarse como causales
de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto
obligado en el desahogo de la solicitud.
Artículo 133. Cuando el sujeto obligado no de la respuesta a la solicitud de acceso dentro de los
plazos previstos en esta Ley, el solicitante podrá interponer el Recurso de Revisión , en los
términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
En caso de que el Órgano Garante determine la publicidad de la información, motivo de dicho
recurso, el sujeto obligado deberá proporcionar la información corriendo a su costa, los gastos
correspondientes.
Artículo 134. En caso de que sea necesario cubrir costos para obtener la información en alguna
modalidad de entrega, la Unidad de Transparencia contará con un plazo que no excederá de
cinco días para poner a disposición del solicitante la documentación requerida, a partir de la fecha
en que la o el solicitante acredite, haber cubierto el pago de los derechos correspondientes.
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada durante un plazo mínimo
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de sesenta días a partir de que el solicitante hubiere realizado el pago respectivo.
Artículo 135. DEROGADO.
(Artículo derogado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 136. Excepcionalmente, cuando de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto
obligado a través de sus unidades administrativas, en aquellos casos en que la información
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de
documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado
para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a
disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier
medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado, que en su caso aporte la o el solicitante.
CAPÍTULO IV
EL RECURSO DE REVISIÓN
SECCIÓN PRIMERA
PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN
Artículo 137. El Recurso de Revisión procede, por cualquiera de las siguientes causas:
I. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en la Ley;
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VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato
distinto al solicitado;
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no
accesible para la o el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; y
XIII. La orientación a un trámite específico.
La respuesta que den los sujetos obligados, derivada del cumplimiento de la resolución a un
Recurso de Revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X
y XI de este artículo, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta mediante Recurso de
Revisión ante el Órgano Garante.
Artículo 138. El Recurso de Revisión podrá interponerse de manera directa, por correo certificado
o por medios electrónicos, ante el Órgano Garante o ante la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado que haya dado respuesta a la solicitud de acceso a la información.
Para este efecto, la Unidad de Transparencia al momento de dar respuesta a una solicitud de
acceso a la información o de datos personales, orientará al particular sobre su derecho de
interponer el Recurso de Revisión y el modo de hacerlo.
En el caso de que se interponga de manera directa, por correo certificado o por medios
electrónicos, ante la Unidad de Transparencia, esta deberá de remitir el Recurso de Revisión al
Órgano Garante a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.
Para los Ayuntamientos de difícil acceso o que no cuenten con los medios para acceder a Internet,
el plazo para la remisión del recurso se podrá ampliar por el Órgano Garante hasta por cinco días
hábiles siempre que así lo justifique el Ayuntamiento de que se trate.
Artículo 139. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante legal, el
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Recurso de Revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por el Órgano
Garante para tal efecto o por medio del sistema electrónico que establezca, habilitado para tal fin,
dentro de los quince días siguientes contados a partir de:
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información;
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de información,
cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada.
SECCIÓN SEGUNDA
REQUISITOS PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN
Artículo 140. El Recurso de Revisión deberá contener lo siguiente:
I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, así como
del tercero interesado, si lo hay;
II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de acceso;
III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención de que desea
ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, aún las notificaciones de
carácter personal, se harán por estrados;
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de solicitud
de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los datos que
permitan su identificación en el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información;
V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto que se
recurre, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta;
VI. Las razones o motivos de inconformidad; y
VII. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta a la solicitud.
Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se consideren procedentes
hacer del conocimiento del Órgano Garante.
Artículo 141. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en las fracciones I,
IV y V del artículo anterior, la o el Comisionado Ponente tendrá un plazo de tres días para prevenir
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al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del Recurso de Revisión. La o el recurrente
tendrá un plazo de diez días contados a partir de la notificación del requerimiento que se le
formule, para subsanar las deficiencias del Recurso referido. Transcurrido el plazo concedido al
recurrente, sin que se hubiese cumplido la prevención, el recurso se desechará en términos de
la presente Ley. La prevención suspende los plazos previstos en este Capítulo.
Artículo 142. La Comisionada o el Comisionado Ponente deberá suplir las deficiencias que
presente el Recurso de Revisión, siempre y cuando no altere el contenido original de la solicitud
de acceso o de datos personales.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el Recurso de Revisión interpuesto.
SECCIÓN TERCERA
LA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN
Artículo 143.- El Órgano Garante resolverá el Recurso de Revisión en un plazo que no podrá
exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos de la
presente Ley y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El plazo podrá
ampliarse por una sola vez y hasta por un período de veinte días.
En el caso de existir tercero interesado se le hará la notificación para que en el plazo de siete
días hábiles acredite su carácter, alegue lo que a su derecho convenga y presente las pruebas
que considere pertinentes.
DEROGADO.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 144.- En todo momento, las Comisionadas y los Comisionados deberán tener acceso a
la información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de
conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el
resguardo o salvaguarda de la información.
Artículo 145.- La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por las
Comisionadas y los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá
ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el expediente, salvo en
los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara
bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando
se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de
conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
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sea parte.
Artículo 146. El Órgano Garante al resolver el Recurso de Revisión, deberá aplicar una prueba
de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando
exista una colisión de derechos. Para estos efectos, se entenderá por:
l. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el
logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información,
para satisfacer el interés público;
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de
que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la
población.
Artículo 147.- El Órgano Garante resolverá el Recurso de Revisión conforme a lo siguiente:
l. Interpuesto el Recurso de Revisión, la Presidenta o el Presidente del Órgano Garante lo turnará
a la Comisionada o Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis
para que decrete su admisión o su desechamiento;
II. Admitido el Recurso de Revisión, la Comisionada o el Comisionado ponente deberá integrar
un expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días,
manifiesten lo que a su derecho convenga;
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y
aquéllas que sean contrarias a derecho;
IV. La Comisionada o el Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias
con las partes durante la sustanciación del Recurso de Revisión;
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II de este artículo, la o el Comisionado ponente
procederá a decretar el cierre de instrucción;
VI. El Órgano Garante no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado
una vez decretado el cierre de la instrucción; y
VII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no
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podrá exceder de veinte días.
Artículo 148. La Comisionada o el Comisionado ponente podrá en cualquier momento del
procedimiento buscar una conciliación entre el recurrente y el sujeto obligado, y en su caso con
el tercero interesado. De llegarse a un acuerdo de conciliación entre las partes, ésta se hará
constar por escrito y deberá ser ratificada en diligencia formal, la cual tendrá efectos vinculantes.
El recurso quedará sin materia y el Órgano Garante verificará el cumplimiento del acuerdo
respectivo.
Artículo 149. Cuando se advierta del estudio del Recurso de Revisión, que el sujeto obligado no
posee información, que de conformidad con sus atribuciones y obligaciones legales debía de
haber generado, el Órgano Garante deberá instruir al sujeto obligado para que la genere y la
entregue al recurrente e informe al Órgano Garante de su cumplimiento o en su caso manifieste
la imposibilidad de hacerlo.
Artículo 150. Salvo prueba en contrario, la falta de contestación del sujeto obligado al recurso
dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en
él, siempre que éstos le sean directamente imputables.
Artículo 151. Interpuesto el Recurso por falta de respuesta, a más tardar al día siguiente de que
se recibió el Recurso, la Comisionada o el Comisionado ponente dará vista al sujeto obligado
para que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo no mayor a cinco días. Recibida su
contestación, la Comisionada o el Comisionado ponente deberá emitir su resolución en un plazo
no mayor a cinco días, requiriéndole al sujeto obligado que entregue la información solicitada,
siempre y cuando ésta no sea reservada o confidencial, en un plazo no mayor a diez días,
cubriendo los costos de reproducción del material que en su caso se pudieran generar.
SECCIÓN CUARTA
LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN
Artículo 152. Las resoluciones del Órgano Garante podrán:
I. Desechar o sobreseer el recurso;
II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado; o
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III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Artículo 153. Las resoluciones del Órgano Garante deberán contener como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha en que se pronuncia, el nombre de la o el recurrente, sujeto obligado y extracto
breve de los hechos recurridos;
II. Los preceptos que la fundamenten y las consideraciones que la sustenten;
III. Los alcances y efectos de la resolución, fijando los plazos y procedimientos necesarios para
su cumplimiento;
IV. El plazo para su cumplimiento que no podrá ser mayor a diez días, a partir de que surta
efectos la notificación. Excepcionalmente, previa fundamentación y motivación, se podrá ampliar
este plazo cuando el asunto así lo requiera; y
V. Los puntos resolutivos.
Artículo 154. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo;
II. Se esté tramitando, ante los Tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa o
impugnación interpuesto por el recurrente;
III. No se actualice ninguna de las causales de procedencia del Recurso de Revisión
establecidos en esta Ley;
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI. Se trate de una consulta, o
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VII. La o el recurrente amplíe su solicitud en el Recurso de Revisión, únicamente respecto de los
nuevos contenidos.
Artículo 155. El Recurso será sobreseído en los casos siguientes:
I. Por desistimiento expreso del recurrente;
II. Por fallecimiento de la o el recurrente, o tratándose de persona moral, ésta se disuelva;
III. Por conciliación de las partes;
IV. Cuando admitido el recurso sobrevenga una causal de improcedencia, o
V. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el Recurso
de Revisión quede sin materia.
Artículo 156. Las actuaciones y resoluciones del Órgano Garante se notificarán, en el domicilio
que al efecto señalen las partes o a través de la Plataforma Nacional, o en su defecto en los
estrados. Las resoluciones deberán ser notificadas dentro de los tres días siguientes a que se
dicten y surtirán efectos al día siguiente de que se notifiquen.
Artículo 157. Los sujetos obligados deberán cumplir con las resoluciones del Órgano Garante
dentro de los diez días siguientes a su notificación, bajo apercibimiento de la imposición de una
de las medidas de apremio establecidas en esta Ley.
Los sujetos obligados deberán informar al Órgano Garante del cumplimiento de sus resoluciones,
en un plazo no mayor a tres días a partir de que sean cumplimentadas, exhibiendo las constancias
que lo acrediten.
En caso de incumplimiento a la resolución, se aplicarán las sanciones que correspondan
conforme a lo establecido en esta Ley.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 158. Las autoridades judiciales tendrán acceso a la información reservada o confidencial
cuando resulte indispensable para resolver el asunto y ésta hubiera sido ofrecida en juicio. Dicha
información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente
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judicial.
Artículo 159. Las resoluciones del Órgano Garante serán definitivas e inatacables para los
sujetos obligados y contra ellas no procederá recurso jurisdiccional alguno.
De igual forma las resoluciones serán públicas, salvo cuando contengan información clasificada
como reservada o que sea confidencial, en cuyo caso se elaborarán versiones públicas.
Artículo 160. Tratándose de resoluciones de los Recursos de Revisión del Órgano Garante, las
y los particulares podrán interponer el Recurso de Inconformidad ante el organismo garante
nacional o ante el Poder Judicial de la Federación, cuando la resolución:
I. Confirme o modifique la clasificación de la información; o
II. Confirme la inexistencia o negativa de la información.
Artículo 161. Los Recursos de Inconformidad que se presenten ante este Órgano Garante en
términos de lo dispuesto por el Capítulo Segundo del Título Octavo de la Ley General, serán
remitidos al Órgano Garante Nacional a más tardar al día siguiente de su presentación.
TÍTULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA Y MEDIDAS DE APREMIO
CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO
Artículo 162. Cualquier persona podrá denunciar ante el Órgano Garante, la falta de publicación
en los portales electrónicos de los sujetos obligados, de las obligaciones de transparencia
comunes y específicas que prevén la presente Ley, la Ley General y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 163. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:
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I. Nombre de la o el sujeto obligado denunciado;
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
III. En caso de que la denuncia se presente por escrito, la o el denunciante deberá señalar el
domicilio o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la
denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones
se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo
electrónico, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los
estrados físicos del Órgano Garante;
IV. El nombre de la o el denunciante; y
V. Opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta información será
proporcionada por el denunciante de manera voluntaria.
En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y
trámite de la denuncia.
La o el denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar
el incumplimiento denunciado.
Artículo 164. La denuncia podrá presentarse de la siguiente manera:
I. Por medio electrónico:
a) A través de la Plataforma Nacional, o
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto establezca el Órgano
Garante.
II. Por escrito libre, presentado físicamente, en la Unidad de Transparencia del Órgano Garante.
El Órgano Garante pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia
correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los
particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.
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Artículo 165. La denuncia se substanciará en los siguientes términos:
I. El Órgano Garante, en el ámbito de su competencia, resolverá sobre la admisión de la
denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción;
II. El Órgano Garante, en el ámbito de su competencia, deberá notificar la denuncia al sujeto
obligado dentro de los tres días siguientes a su admisión;
III. El sujeto obligado deberá enviar al Órgano Garante, un informe justificado respecto de los
hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación a que se
refiere la fracción anterior;
IV. El Órgano Garante, en el ámbito de su competencia, podrá realizar las verificaciones virtuales
o físicas que procedan, así como solicitar al sujeto obligado los informes complementarios que
requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la
denuncia;
V. En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos,
en el término de tres días siguientes a la notificación correspondiente;
VI. El Órgano Garante, en el ámbito de su competencia, deberá resolver la denuncia, dentro de
los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe
o, en su caso, los informes complementarios; y
VII. La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el
cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado; la cual deberá ser
notificada al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.
Las resoluciones que emita el Órgano Garante, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e
inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la Resolución por la vía del
juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día
siguiente de su notificación.
Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Órgano
Garante sobre el cumplimento de la resolución. Si éste último considera que se cumplió con la
misma, se emitirá el acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente.
Si el Órgano Garante considera que existe un incumplimiento total o parcial de la Resolución, le
notificará por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico
del servidor público responsable de dar cumplimiento, a efecto de que, en un plazo no mayor a
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cinco días, cumpla con lo resuelto.
En caso de que el Órgano Garante considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la
resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior
jerárquico de la o el servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de
incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o
determinaciones que resulten procedentes.
CAPÍTULO II
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO
Artículo 166. El Órgano Garante, en el ámbito de su competencia, podrá imponer a la o el
servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos,
partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio,
para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:
I. Apercibimiento;
II. Amonestación pública, o
II. Multa, de veinte hasta trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente
en el Estado.
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de
transparencia del Órgano Garante y considerado en las evaluaciones que realice este.
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Órgano Garante implique la
presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 206 de la Ley
General, deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Artículo 167. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo
anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico
para que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento,
se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo
anterior.
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las sanciones que
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correspondan.
Artículo 168. Al calificar las medidas de apremio, deberán tomarse en consideración los
siguientes elementos:
I. El daño causado: En cual se traduce en el perjuicio, menoscabo o agravio a los principios
generales o bases constitucionales reconocidos en el artículo 6o, apartado A, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la afectación a los principios u objetivos
previstos en la Ley General;
II. Los indicios de intencionalidad: Los cuáles son los elementos subjetivos que permiten
individualizar el grado de responsabilidad, entendidos como el aspecto volitivo en la realización
de la conducta antijurídica;
Para determinar lo anterior, deberá considerarse si existió contumacia total para dar cumplimiento
a las disposiciones en la materia o, en su caso, se acreditó estar en vías de cumplimiento a las
mismas.
III. La duración del incumplimiento: Definido como el lapso de tiempo que persistió el
incumplimiento del sujeto obligado;
IV. La afectación al ejercicio de las atribuciones del Órgano Garante: Definido como el
obstáculo que representa el incumplimiento del sujeto obligado al ejercicio de las atribuciones del
organismo garante local, conferidas en el artículo 6o., apartado A, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General y en la Ley Local.
Artículo 169. El Órgano Garante podrá de manera directa o indirecta, allegarse de los elementos
necesarios, para determinar la condición económica de la persona infractora; cuando se requiera
directamente, se le apercibirá que en caso de no proporcionar la información, la cuantificación de
las multas se hará con base en los elementos que se tengan a disposición, entendidos estos,
como aquellos que se encuentren en los registros públicos, los que contengan medios de
información o sus propias páginas de Internet y, en general, cualquiera que evidencie su
condición, quedando facultado el Órgano Garante para requerir aquella documentación que se
considere indispensable para tal efecto a las autoridades competentes.
Sin perjuicio de lo anterior, deberán utilizarse los elementos que se tengan a disposición o las
evidencias que obren en registros públicos, páginas de internet oficiales, medios de información
o cualesquier otra que permita cuantificar la multa.
Artículo 170. La reincidencia deberá considerarse como falta administrativa agravante, por lo
que siempre deberán consultarse los antecedentes de la persona sujeta a la medida de apremio.
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Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada,
cometa otra igual o del mismo tipo.
Artículo 171. La notificación que contenga la imposición de la medida de apremio deberá
realizarse en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la emisión de la
resolución correspondiente.
Deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye, con la
indicación del medio de impugnación que proceda contra la misma, el órgano ante el cual hubiera
de presentarse y el plazo para su interposición.
Artículo 172. Será supletorio a los mecanismos de notificación y ejecución de medidas de
apremio y sanciones, lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Oaxaca; y, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.
(Artículo reformado mediante decreto número 1078, aprobado por la LXV Legislatura del Estado el 22 de marzo
del 2023 y publicado en el Periódico Oficial número 13 Vigésimo sexta sección, de fecha 1 de abril del 2023)
Artículo 173. Las medidas de apremio deberán ser impuestas por el Órgano Garante y
ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con las
disposiciones normativas aplicables.
Las multas que fije el Órgano Garante se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas del
Estado.
CAPÍTULO III
DE LAS SANCIONES
Artículo 174. Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, las siguientes:
I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la
normatividad aplicable;
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia
de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de
transparencia previstas en la presente Ley, o bien no atender los requerimientos sobre la violación
de los principios y normas de buen gobierno que competa sustanciar al Órgano Garante;
III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;
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IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo
la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad
de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por la o el usuario en su solicitud de
acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en
esta Ley;
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los
plazos previstos en la presente Ley;
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias,
funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;
XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o
confidencial;
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las
características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución
previa del organismo garante, que haya quedado firme;
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya
no existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa
de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Órgano
Garante;
XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Órgano Garante, en ejercicio de sus funciones;
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XVI. No cumplir con las normas y principios de buen gobierno establecidos en esta Ley; y
XVII. Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 175. Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas por el Órgano
Garante y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para
que imponga o ejecute la sanción.
Artículo 176. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos
correspondientes, derivados el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, son
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los
mismos hechos.
Artículo 177. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por
parte de los partidos políticos, el Órgano Garante dará vista, según corresponda, al Instituto
Nacional Electoral o al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Oaxaca, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los
partidos políticos en las Leyes aplicables.
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos
o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de
autoridad, el Órgano Garante deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado
relacionado con éstos, cuando sean servidoras o servidores Públicos, con el fin de que
instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.
Artículo 178. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público,
el Órgano Garante deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia
correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la
presunta responsabilidad administrativa.
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y, en su
caso, de la ejecución de la sanción al Órgano Garante.
Artículo 179. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con
la calidad de servidor o servidor Público, el Órgano Garante, será la autoridad facultada para
conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley; y deberá llevar a cabo
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Decreto 2582 Página 83
las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones.
Artículo 180. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la
notificación que efectúe el Órgano Garante al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones
que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda
pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Órgano
Garante, de inmediato, resolverá con los elementos de convicción que disponga.
El Órgano Garante admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo; y
concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de
considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Órgano Garante resolverá,
en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento
sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada a la o el presunto infractor y, dentro de los
diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Órgano Garante, podrá ampliar por
una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución.
Artículo 181. En las normas respectivas del Órgano Garante, se precisará toda circunstancia
relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento
sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la
celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso, será
supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las Leyes en materia de
procedimiento administrativo del orden jurídico que corresponda.
Artículo 182. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que
no cuenten con la calidad de servidora o servidor público, serán sancionadas con:
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de
manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos
en las fracciones I, III, V, VI y X del artículo 206 de la Ley General y conforme a lo señalado en
esta Ley;
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los
términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se
aplicará multa de veinte a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en
el Estado;
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II. Multa de cincuenta a doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización
vigente en el Estado, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo 206 de la Ley
General y conforme a lo señalado en esta Ley;
III. Multa de cien a trescientos veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en
el Estado, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo
206 de la Ley General y conforme a lo señalado en esta Ley.
Se aplicará multa adicional de cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente
en el Estado, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos anteriores.
Artículo 183. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Órgano Garante
implique la presunta comisión de un delito, deberá denunciar los hechos ante la autoridad
competente.
En caso de que el incumplimiento del sujeto obligado se configure como una falta grave, será
turnado al Tribunal de Justicia Administrativa para que imponga la sanción correspondiente.
Artículo 184. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan
actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que
corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de
acceso correspondientes.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690, publicada en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, con fecha 11 de marzo de 2016.
TERCERO. Los procedimientos iniciados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690,
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Decreto 2582 Página 85
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 11 de marzo de 2016,
seguirán rigiéndose por la misma, hasta su conclusión.
CUARTO. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designará a las y los
Comisionados integrantes del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública,
Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, al o la
titular de la Contraloría General e integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, por el voto de
las dos terceras partes de las Diputadas y Diputados presentes, dentro del plazo de treinta días
naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Por única ocasión las y los Comisionados del Órgano Garante de Acceso a la
Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno
del Estado de Oaxaca, serán elegidos en los términos siguientes:
a. Una Comisionada y un Comisionado que durará en su encargo tres años.
b. Una Comisionada y un Comisionado que durará en su encargo cuatro años.
c. Una Comisionada o Comisionado que durará en su encargo cinco años.
Por única ocasión los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, serán
elegidos en los términos siguientes:
a. Un o una integrante que durará en su encargo un año.
b. Un o una integrante que durará en su encargo dos años.
c. Un o una integrante que durará en su encargo tres años.
d. Un o una integrante que durará en su encargo cuatro años.
e. Un o una integrante que durará en su encargo cinco años.
QUINTO. Los recursos económicos, materiales y técnicos del Instituto de Acceso a la Información
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Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, creado conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante
el Decreto número 1690, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 11
de marzo de 2016, pasarán a formar parte del Órgano Garante de Acceso a la Información
Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca,
creado mediante este Decreto.
SEXTO. Se dejan a salvo los derechos adquiridos de las y los trabajadores del Instituto de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca basándose en
la modalidad de su contratación.
SÉPTIMO. El Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública,
Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en el
ámbito de su competencia, emitirá el Reglamento Interno y las demás disposiciones normativas
para dar cumplimiento a la presente Ley, en un plazo no mayor de noventa días naturales,
contados a partir del nombramiento de los nuevos Comisionados y Comisionadas.
OCTAVO. Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al presente Decreto.
N. del E. A continuación, se presentan los decretos de reforma de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 590
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA EL 23 DE MARZO DEL 2022
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 17 SEXTA SECCIÓN
DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2022
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA la fracción VII del artículo 23 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de
Oaxaca.
TRANSITORIOS
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Decreto 2582 Página 87
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 608
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 6 DE ABRIL DEL 2022
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 18 OCTAVA SECCIÓN
DE FECHA 7 DE MAYO DEL 2022
ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONA un segundo párrafo a la fracción XVI del artículo 30 de la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 823
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 1 DE FEBRERO DEL 2023
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 8 VIGÉSIMA SECCIÓN
DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones V y VI, así como se ADICIONA la fracción VII al
artículo 28 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del
Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 824
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
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Decreto 2582 Página 88
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 1 DE FEBRERO DEL 2023
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 8 VIGÉSIMA PRIMERA SECCIÓN
DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA la fracción VII y se ADICIONA la fracción VIII, recorriéndose la
subsecuente del artículo 21, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Bueno
Gobierno del Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca
DECRETO NÚMERO 1074
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 22 DE MARZO DEL 2023
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 13 SECCIÓN VIGÉSIMA SEXTA
SECCIÓN DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2023
ARTÍCULO PRIMERO.- Se ADICIONA la fracción VIII del artículo 21 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA la fracción VIII del artículo 91 y la fracción VI del artículo
126 QUINQUIES, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONA la fracción X del artículo 38 y el numeral 6 del artículo
44, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
ARTÍCULO CUARTO.- Se ADICIONA la fracción IX del artículo 91 de la Ley de Transparencia,
Acceso la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
ARTÍCULO QUINTO.- Se ADICIONA la fracción X del artículo 23 de la Ley de la Defensoría de
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMA el inciso n y se ADICIONA el inciso ñ de la fracción I del
artículo 44. Se REFORMA el inciso m y se ADICIONA el inciso n de la fracción I del artículo 45.
Se REFORMA el inciso l y se ADICIONA el inciso m de la fracción I del artículo 46. Se REFORMA
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Decreto 2582 Página 89
el inciso k) y se ADICIONA el inciso l) de la fracción I del artículo 46 Bis, todos de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se REFORAM el primer párrafo y se ADICIONA el párrafo segundo,
recorriéndose los subsecuentes del artículo 143 de la Ley de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado de Oaxaca.
ARTÍCULO OCTAVO.- Se ADICIONAN los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 175 y
se REFORMA la fracción I del artículo 179 todos del Código Familiar para el Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo
establecido en el presente Decreto.
DECRETO NÚMERO 1078
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 22 DE MARZO DEL 2023
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 13 VIGÉSIMO SEXTA SECCIÓN
DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2023
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones II y III del artículo 24, la fracción XVII del artículo
30, el artículo 31, el artículo 43, el párrafo segundo del artículo 54, el artículo 55, el artículo 84, el
párrafo primero del artículo 89, el inciso d) de la fracción I del artículo 93, la fracción XIX del
artículo 106, el artículo 124, el primer párrafo del artículo 143, el segundo párrafo del artículo 157
y el artículo 172; y se ADICIONAN las fracciones IV, V y VI, recorriéndose la subsecuente al artículo
25, las fracciones XI y XII, recorriéndose las subsecuentes al artículo 26, la fracción XVIII
recorriéndose la subsecuente al artículo 30, y un segundo párrafo, recorriéndose las subsecuentes
al artículo 89; y se DEROGAN el artículo 41, el artículo 42, las fracciones III, IV y V del artículo 54;
la fracción XVII del artículo 96, la fracción X del artículo 97, el artículo 135 y el tercer párrafo del
artículo 143, todos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
del Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
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Decreto 2582 Página 90
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.
CUARTO.- El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, deberá armonizar sus ordenamientos internos en un plazo
no mayor a noventa días.
DECRETO NÚMERO 1153
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 29 DE MARZO DEL 2023
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 15 DÉCIMO PRIMERA SECCIÓN
DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2023
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA la fracción XLII y se ADICIONA la fracción XLIII del artículo 6; así
como se ADICIONA el artículo 38 BIS de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 1154
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 29 DE MARZO DEL 2023
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 15 DÉCIMO PRIMERA SECCIÓN
DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2023
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA la fracción III del artículo 7, de la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
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Decreto 2582 Página 91
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 1336
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 12 DE ABRIL DEL 2023
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 19 VIGÉSIMO CUARTA SECCIÓN
DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2023
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA la fracción IX del artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 1473
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 12 DE JULIO DEL 2023
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 30 DÉCIMA SECCIÓN
DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2023
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones VI y VII y se ADICIONA una fracción VIII, al
artículo 28 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del
Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 1552
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
LXV Legislatura Constitucional
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y GACETA PARLAMENTARIA
Decreto 2582 Página 92
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 39 DÉCIMO SEGUNDA SECCIÓN
DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONA el párrafo tercero y se recorre en su orden el párrafo
subsecuente al artículo 95 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 1631
APROBADO EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 52 OCTAVA SECCIÓN
DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023
ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONAN los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 128 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco jurídico estatal
en lo que se opongan al presente Decreto.
DECRETO NÚMERO 1648
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 10 DE ENERO DEL 2024
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 3 NOVENA SECCIÓN
DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2024
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
LXV Legislatura Constitucional
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y GACETA PARLAMENTARIA
Decreto 2582 Página 93
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones XCVII y XVIII y se ADICIONA la fracción XIX al
artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del
Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 2338
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 17 DE JULIO DEL 2024
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 32 DÉCIMA SECCIÓN
DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2024
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA la fracción VIII y se ADICIONA la fracción IX, recorriéndose la
subsecuente al artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
DECRETO NÚMERO 2339
APROBADO POR LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO EL 17 DE JULIO DEL 2024
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EXTRA DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2024
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 124 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Oaxaca.
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
LXV Legislatura Constitucional
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y GACETA PARLAMENTARIA
Decreto 2582 Página 94
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco jurídico estatal
en lo que se opongan al presente Decreto.
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