<![CDATA[LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
El contenido del presente ordenamiento es de carácter informativo.
La fuente original es la publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA EL ESTADO
DE PUEBLA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 131 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, sus
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto fijar
las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la Indemnización de
quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera
de sus bienes y derechos, como consecuencia de la Actividad
Administrativa Irregular de los Ejecutores de Gasto.
La Responsabilidad Patrimonial extracontractual es objetiva y directa,
y la Indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones
señalados en esta Ley y en las demás disposiciones legales a que la
misma hace referencia.
ARTÍCULO 2
Son sujetos obligados por las disposiciones contenidas en la presente
Ley los siguientes:
I. El Poder Legislativo;
II. El Poder Ejecutivo, a través de la Administración Pública Estatal,
Centralizada y las Entidades Paraestatales;
III. Los Organismos Constitucionalmente Autónomos;
IV. Los Municipios del Estado, a través de su Administración
Centralizada y Paramunicipal, y
V. Cualquier otro Ejecutor de Gasto de carácter estatal o municipal.
En el caso de las fracciones I y III, del presente artículo, la obligación
de indemnizar a que se refiere el artículo anterior se entenderá
exclusivamente por las funciones y actos irregulares materialmente
administrativos que realicen.
No se considerarán Actividades Administrativas Irregulares, las
realizadas por Notarios Públicos.
ARTÍCULO 3
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
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I. Actividad Administrativa Irregular: Aquella realizada por algún
Ejecutor de Gasto en sus funciones administrativas y que cause daño
a la persona, a sus bienes o derechos de los particulares que no
tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir
fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el
daño de que se trate;
II. Código Civil: Al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Puebla;
III. Ejecutor de Gasto: A los Poderes Ejecutivo y Legislativo; los
Municipios; los Organismos Constitucionalmente Autónomos; así
como cualquier otro sobre el que el Estado o los Municipios tengan
control de sus decisiones o acciones;
IV. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Puebla;
V. Indemnización: A la reparación que en dinero o en especie hacen
los Ejecutores de Gasto derivada de los daños y perjuicios materiales
a los derechos y patrimonio del Reclamante como consecuencia de su
Actividad Administrativa Irregular;
VI. Ley: A la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de
Puebla;
VII. Reclamante: A la persona física o moral, o en su caso su
causahabiente, que sufra daños o perjuicios materiales, derivados de
alguna Actividad Administrativa Irregular;
VIII. Responsabilidad Patrimonial: A la responsabilidad del Estado y
los Municipios por los daños y perjuicios que, con motivo de la
Actividad Administrativa Irregular, causen en los bienes o derechos de
los particulares de manera objetiva y directa, y
IX. Tribunal de Justicia Administrativa: Al Tribunal de Justicia
Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla.
ARTÍCULO 4
Los preceptos y demás disposiciones de esta Ley, también serán
aplicables en lo conducente, para cumplimentar las recomendaciones
de los Organismos de Derechos Humanos competentes, que en su
caso sean aceptadas por los Ejecutores de Gasto, en cuanto se
refieran al pago de indemnizaciones.
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ARTÍCULO 5
La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere
el artículo anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por el Ejecutor
de Gasto que haya sido declarado responsable.
ARTÍCULO 6
Para los efectos de esta Ley se exceptúa de la obligación de
indemnizar cuando el daño se produzca en los siguientes supuestos:
I. Por actos materialmente jurisdiccionales y legislativos;
II. En los casos fortuitos y de fuerza mayor;
III. Al acontecer hechos o circunstancias que no se hubieran podido
prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de
la técnica existentes en el momento de su acaecimiento;
IV. Los que causen las personas servidoras públicas cuando no
actúen en ejercicio de funciones públicas;
V. En aquellos casos en los que el solicitante o la solicitante de la
Indemnización sea la única persona causante del daño;
VI. Aquellos que resulten cuando la persona afectada directa o
indirectamente participe, coadyuve, asista o simule su producción,
detonando su dolo y permitiendo la Actividad Administrativa Irregular
de los mismos por parte de los Ejecutores de Gasto;
VII. Los producidos por hechos imputables a terceros que hayan
causado responsabilidad;
VIII. Aquellos que resulten de hechos acontecidos para evitar un daño
grave e inminente, y
IX. Cuando no sean consecuencia de la Actividad Administrativa
Irregular de los Ejecutores de Gasto.
ARTÍCULO 7
Los daños y perjuicios materiales que constituyan el daño patrimonial
reclamado, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales,
evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias
personas y diferentes a los que pudieran afectar al común de la
población.
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ARTÍCULO 8
Los Ejecutores de Gasto, cubrirán las Indemnizaciones derivadas de
la Responsabilidad Patrimonial que se determinen conforme a esta
Ley, con cargo a sus respectivos presupuestos.
Los pagos de las indemnizaciones derivadas de Responsabilidad
Patrimonial se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria
del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los
objetivos de los programas que se aprueben en la Ley de Egresos del
Estado de Puebla correspondiente, así como en los Presupuestos de
Egresos de los Municipios.
ARTÍCULO 9
Los Ejecutores de Gasto, tomando en cuenta la disponibilidad de
recursos para el ejercicio fiscal correspondiente, incluirán en sus
respectivos anteproyectos de presupuestos de egresos, los recursos
para cubrir las erogaciones derivadas de Responsabilidad Patrimonial
conforme al orden establecido en el registro de indemnizaciones a que
se refiere el artículo 18 de la presente Ley.
Para el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, la
Secretaría de Planeación y Finanzas, deberá incluir en el proyecto de
Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal
correspondiente, una previsión de gasto para los pagos de las
indemnizaciones derivadas de Responsabilidad Patrimonial.
De la misma manera, los Municipios preverán la integración de recursos
para tal fin, en sus respectivos presupuestos.
ARTÍCULO 10
La persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas, en los términos de la
normatividad aplicable, deberá autorizar el traspaso de los montos
presupuestales aprobados a los diferentes Ejecutores de Gasto, para
el pago de la Indemnización causada por la Responsabilidad
Patrimonial, cuando por la naturaleza de la actividad administrativa
de las mismas sea pertinente y se justifique ante las autoridades
competentes.
En el caso de las Entidades no apoyadas por el presupuesto público
estatal, los traspasos correspondientes deberán ser aprobados por los
respectivos órganos de gobierno, o en su caso, las instancias
facultadas para ello.
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Los Municipios en el ámbito de su competencia, aplicarán las
acciones correspondientes para dar cumplimiento al presente
artículo.
ARTÍCULO 11
Los Ejecutores de Gasto, tendrán la obligación de denunciar ante las
instancias competentes a toda persona que directa o indirectamente
participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños, con el
propósito de acreditar indebidamente la Responsabilidad Patrimonial
del Estado o de obtener alguna de las indemnizaciones a que se
refiere esta Ley.
ARTÍCULO 12
CAPÍTULO II
DE LAS INDEMNIZACIONES
Los Reclamantes tendrán derecho a la Indemnización conforme a las
bases, límites y procedimientos de la presente Ley.
ARTÍCULO 13
La Indemnización por Responsabilidad Patrimonial, derivada de la
Actividad Administrativa Irregular, deberá pagarse al Reclamante de
acuerdo con las siguientes bases:
I. En moneda nacional;
II. Podrá convenirse su pago en especie;
III. La cuantificación de la Indemnización se calculará de acuerdo con
la fecha en que el daño patrimonial efectivamente se produjo o con la
fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo;
IV. En caso de retraso en el cumplimiento del pago de la
Indemnización, procederá la actualización de conformidad con lo
previsto en las disposiciones legales correspondientes para el caso de
las contribuciones, y
V. Los Ejecutores de Gasto podrán cubrir el monto de la
Indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales
subsecuentes, realizando una proyección de los pagos de acuerdo con
lo siguiente:
a) Los diversos compromisos programados de ejercicios fiscales
anteriores y los que previsiblemente se presentarán en el ejercicio de
que se trate;
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b) El monto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco
ejercicios fiscales previos al inicio del pago en parcialidades,
destinados a cubrir la Responsabilidad Patrimonial por la Actividad
Administrativa Irregular impuestas por autoridad competente, y
c) Los recursos que previsiblemente serán aprobados y asignados en
el rubro correspondiente a este tipo de obligaciones en los ejercicios
fiscales subsecuentes con base en los antecedentes referidos en el
inciso anterior y el comportamiento del ingreso-gasto.
ARTÍCULO 14
Las Indemnizaciones corresponderán al pago del daño y perjuicios
materiales y, en su caso, por el daño personal y moral.
ARTÍCULO 15
El monto de la Indemnización por daños y perjuicios materiales se
calculará de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de
Expropiación para el Estado de Puebla, la Ley General de Bienes del
Estado, el Código Civil y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 16
Los montos de las Indemnizaciones a que se refiere el artículo
anterior, también se calcularán de la siguiente forma:
I. En el caso de daños personales:
a) Corresponderá una Indemnización con base en los dictámenes
médicos aplicables, conforme a lo dispuesto en relación a riesgos de
trabajo en la Ley Federal del Trabajo, y
b) Además de la Indemnización prevista en el inciso anterior, el
Reclamante tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos que
en su caso se eroguen, de conformidad con lo que la propia Ley
Federal del Trabajo disponga para riesgos de trabajo.
II. En el caso de daño moral, la autoridad competente según
corresponda, calculará el monto de la Indemnización de acuerdo con
los criterios establecidos en el Código Civil, debiendo tomar en
consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el Reclamante.
La Indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir
no excederá del equivalente a 20,000 Unidades de Medida y
Actualización, por cada Reclamante afectado.
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III. En el caso de muerte o incapacidad total permanente, el cálculo de
la Indemnización se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1988 del Código Civil.
ARTÍCULO 17
Los Ejecutores de Gasto, podrán contratar un seguro para responder
por la Responsabilidad Patrimonial a la que se refiere esta Ley; la
suma asegurada deberá ser destinada a cubrir los montos de las
Indemnizaciones a las que haya lugar, ante la eventual producción de
daños y perjuicios que sean consecuencia de la Actividad
Administrativa Irregular del Estado. De ser esta insuficiente, el
Ejecutor de Gasto continuará obligado a resarcir la diferencia
respectiva. El pago de cantidades líquidas por concepto de deducible
corresponde al Ejecutor de Gasto y no podrá disminuirse de la
Indemnización.
ARTÍCULO 18
Los Ejecutores de Gasto responsables, deberán llevar un registro de
las resoluciones firmes respecto de las Indemnizaciones por
Responsabilidad Patrimonial.
El registro a que se refiere este artículo se integrará en el orden
cronológico según su fecha de emisión, a fin de que sean cubiertas las
Indemnizaciones cuando procedan de acuerdo con la presente Ley.
El registro mencionado en este artículo deberá ser remitido a las
áreas administrativas correspondientes de cada Ejecutor de Gasto,
con el objeto de que dicha información obre en los archivos de estas, y
hacer las previsiones presupuestales a las que se refiere el artículo 9
de esta Ley.
La información de los registros referidos, se considerará información
pública, en términos de la normatividad en materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
ARTÍCULO 19
De forma enunciativa más no limitativa, el procedimiento que regula
la presente Ley, se regirá por los principios de debido proceso,
celeridad, buena fe, eficacia, gratuidad, legalidad, legitimidad,
oficiosidad, publicidad, sencillez y transparencia.
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ARTÍCULO 20
Los procedimientos de Responsabilidad Patrimonial se iniciarán por el
Reclamante, mediante reclamación y directamente presentada ante el
Ejecutor de Gasto presuntamente responsable, quien será autoridad
competente para conocer de estos.
ARTÍCULO 21
La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía
administrativa, o por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa,
no presupone por sí misma derecho a la Indemnización.
ARTÍCULO 22
El daño que se cause al patrimonio de los particulares por la
Actividad Administrativa Irregular, deberá acreditarse por el
Reclamante tomando en consideración los siguientes criterios:
I. En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean
identificables, la relación causa-efecto entre el daño patrimonial y la
Actividad Administrativa Irregular imputable al Estado a través de los
Ejecutores de Gasto, deberá probarse fehacientemente, y
II. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y
condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la
generación del daño patrimonial reclamado, deberá probarse a través
de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado
final; examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias
originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar el daño
patrimonial reclamado.
ARTÍCULO 23
El Reclamante al presentar su escrito inicial, deberá señalar y
acreditar:
I. La Autoridad competente ante el que se promueve;
II. El nombre del Reclamante o de quien promueva en su nombre;
III. El domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual deberá estar
ubicado dentro de la circunscripción territorial del Estado; así como el
nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas;
IV. La reclamación que se formula;
V. La descripción de los hechos y razones que dan motivo a la
reclamación;
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VI. El Ejecutor de Gasto al que se le reclama, y en su caso, los datos
de identificación de la persona servidora pública involucrada en la
Actividad Administrativa Irregular;
VII. La relación de causalidad entre el daño producido y la Actividad
Administrativa Irregular imputable a los Ejecutores de Gasto;
VIII. Fecha, lugar y hora en que ocurrió el acto que generó el daño;
IX. El cálculo estimado del monto del daño causado;
X. Las pruebas documentales que acrediten los hechos argumentados
y la naturaleza del acto que así lo exija, así como el ofrecimiento de
las demás pruebas que estime conveniente;
XI. Lugar y fecha de su elaboración, y
XII. Firma del Reclamante o de su representante legal, en el caso de
que este no sepa o no pueda firmar, lo hará otra persona a su ruego y
en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no
firmó.
ARTÍCULO 24
Cuando el escrito inicial no contenga los requisitos o no se acompañe
de los documentos previstos en el artículo anterior, la autoridad
competente prevendrá por escrito y por una sola vez al Reclamante o,
en su caso, al representante legal, para que dentro del término de
cinco días hábiles siguientes a la notificación de dicha prevención
subsane la falta.
Si el escrito no señala el requisito previsto en la fracción III del
artículo anterior, la prevención se hará de conocimiento por
estrados, ubicados en las oficinas de la autoridad competente, en el
que se haya presentado la reclamación.
En caso de no dar cumplimiento a la prevención realizada, se tendrá
por no presentada la reclamación.
ARTÍCULO 25
Se considerará que una reclamación es improcedente y así deberá
acordarlo la autoridad cuando:
I. Se presente fuera de término;
II. El derecho de la reclamación haya prescrito;
III. Se promueva ante autoridad incompetente;
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IV. Contra actos que sean materia de otra reclamación de
Indemnización y que esta se encuentre pendiente de resolución y
haya sido promovida por el mismo Reclamante con relación al mismo
acto irregular, y
V. Se funde en uno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de
esta Ley.
ARTÍCULO 26
Después de recibida la solicitud, o de concluido el plazo de la
prevención realizada, el Ejecutor de Gasto emitirá el acuerdo
respectivo y, si la reclamación es admitida se le notificará a la persona
servidora pública a quien se le atribuye el daño patrimonial.
ARTÍCULO 27
La persona servidora pública presuntamente responsable, deberá
presentar en un plazo no mayor de cinco días hábiles un informe por
escrito en el que conteste, alegue y ofrezca las pruebas que estime
convenientes y que a su derecho convengan.
En el informe a que se refiere el párrafo anterior también deberá
probar, en su caso, que la reclamación no es procedente por
encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el artículo 6 de
esta Ley.
ARTÍCULO 28
En el procedimiento que regula la presente Ley, se admitirán toda
clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades. No se
considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a
las autoridades administrativas, respecto de hechos que consten en
sus expedientes o de documentos agregados a ellos.
ARTÍCULO 29
La autoridad competente ante quien se tramite un procedimiento de
reclamación, acordará sobre la admisibilidad de las pruebas
ofrecidas. Solo podrá rechazar las pruebas propuestas por el
Reclamante cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no
tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e
innecesarias o contrarias al derecho. Tal resolución deberá estar
debidamente fundada y motivada.
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ARTÍCULO 30
El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro
de un plazo no mayor de diez días hábiles, contado a partir de su
admisión, pudiendo ampliarse por una sola vez en igual plazo.
ARTÍCULO 31
Concluido el periodo probatorio, la autoridad competente en un plazo
que no exceda de treinta días hábiles, deberá emitir su resolución por
escrito debidamente fundada y motivada, la cual deberá notificar al
Reclamante y a la persona servidora pública presuntamente
responsable al que se le reclama.
El plazo señalado para emitir la resolución podrá ampliarse por una
sola vez hasta por otros treinta días hábiles, cuando la complejidad
del asunto así lo requiera, debiendo fundar y motivar esta
determinación en el acuerdo correspondiente.
ARTÍCULO 32
Las resoluciones que dicte la autoridad competente con motivo de las
reclamaciones que prevé la presente Ley, deberán contener además de
los fundamentos legales, como elementos mínimos los siguientes:
I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el
examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;
II. La existencia o no de la relación de causalidad entre la Actividad
Administrativa Irregular y el daño producido;
III. En su caso, la valoración del daño o perjuicio causado, así como el
monto en dinero o en especie de la Indemnización, explicitando, los
criterios utilizados para su cuantificación, y
IV. En los casos de concurrencia previstos en el Capítulo IV de esta
Ley, se deberán razonar los criterios de imputación y la graduación
correspondiente para su aplicación a cada caso en particular.
ARTÍCULO 33
Las resoluciones de la autoridad competente que nieguen la
Indemnización, declaren improcedente su reclamación o que, por su
monto, no satisfagan al Reclamante o quien actúe en su
representación, podrán impugnarse mediante recurso de revisión ante
el Tribunal de Justicia Administrativa en términos de la Ley del
Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla y
demás normatividad aplicable.
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ARTÍCULO 34
El derecho para reclamar la Indemnización prescribe en un año,
mismo que se computará a partir del día siguiente de aquel en que se
hubiera producido el daño patrimonial, o a partir del momento en que
hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo.
Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el
plazo de prescripción será de dos años, computados en los mismos
términos.
Si iniciado el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial, estuviere
pendiente de resolver algún medio de defensa por el que el
Reclamante haya impugnado el acto del Ejecutor de Gasto que se
reputa como Actividad Administrativa Irregular, dicho procedimiento
se suspenderá hasta en tanto no cause estado la resolución
correspondiente a tales medios de impugnación.
ARTÍCULO 35
El procedimiento de Responsabilidad Patrimonial termina por las
siguientes causas:
I. Por la falta de impulso procesal del Reclamante, cuando no se haya
efectuado ningún acto procesal, ni promoción durante un término
mayor de un año;
II. Por la celebración de un convenio entre el Reclamante y el Ejecutor
de Gasto, en el que se fije el pago de la Indemnización
correspondiente, el cual podrá efectuarse en cualquier momento del
procedimiento previo a la terminación del mismo, y deberá hacerse
del conocimiento de la autoridad competente.
Para la validez de dicho convenio se requerirá, según sea el caso, la
aprobación por parte del Órgano Interno de Control o del Órgano de
Vigilancia del Ejecutor de Gasto, y
III. Por desistimiento expreso del Reclamante.
CAPÍTULO IV
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CONCURRENTE
ARTÍCULO 36
En caso de concurrencia acreditada en términos de esta Ley, el pago
de la Indemnización deberá distribuirse proporcionalmente entre
todos los causantes del daño patrimonial reclamado, de acuerdo con
su respectiva participación. Para los efectos de la misma
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distribución, la autoridad competente tomará en cuenta, entre otros,
los siguientes criterios de imputación, mismos que deberán
graduarse y aplicarse de acuerdo con cada caso concreto:
I. Deberá atribuirse a cada Ejecutor de Gasto los hechos o actos
dañosos que provengan de su propia organización y operación,
incluyendo las de sus órganos administrativos desconcentrados;
II. Los Ejecutores de Gasto responderán únicamente de los hechos o
actos dañosos que hayan ocasionado las personas servidoras públicas
que les estén adscritos;
III. Los Ejecutores de Gasto que tengan atribuciones o
responsabilidad respecto de la prestación del servicio público y cuya
actividad haya producido los hechos o actos dañosos responderán de
los mismos, sea por prestación directa o con colaboración
interorgánica;
IV. Los Ejecutores de Gasto que hubieran proyectado obras que
hayan sido ejecutadas por otros, responderán de los hechos o actos
dañosos causados, cuando los segundos no hayan tenido el derecho
de modificar el proyecto por cuya causa se generó el daño patrimonial
reclamado. Por su parte, los Ejecutores de Gasto responderán de los
hechos o actos dañosos producidos, cuando estos no hubieran tenido
como origen deficiencias en el proyecto elaborado, y
V. Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la intervención de
la autoridad estatal y la municipal, la primera deberá responder por el
pago de la Indemnización en forma proporcional a su respectiva
participación, quedando la parte correspondiente del Municipio en los
términos que sus propias normas determinen.
ARTÍCULO 37
En caso de responsabilidad concurrente, los Ejecutores de Gasto de
los distintos niveles y en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrán celebrar convenios de coordinación respeto de la materia que
esta Ley regula.
ARTÍCULO 38
En el supuesto de que el Reclamante se encuentre entre los causantes
del daño patrimonial cuya reparación solicita, la proporción
cuantitativa de su participación en el daño y perjuicio causado se
deducirá del monto de la Indemnización total.
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ARTÍCULO 39
En el supuesto de que entre los causantes del daño patrimonial
reclamado no se pueda identificar su exacta participación en la
producción de la misma, se establecerá entre ellos una
responsabilidad solidaria frente al Reclamante, debiéndose distribuir
el pago de la Indemnización en partes iguales entre todos los co-
causantes.
ARTÍCULO 40
En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos
dañosos producidos como consecuencia de una concesión de servicio
público otorgada por parte de la Administración Pública del Estado o
del Municipio, y las lesiones patrimoniales hayan tenido como causa
una determinación de la concesionante que sea de ineludible
cumplimiento para el concesionario, el Ejecutor de Gasto responderá
directamente.
Los concesionarios, tendrán la obligación de contratar seguros u
otorgar garantías a favor de la concesionante como medida
preventiva, para el caso de que el daño patrimonial reclamado haya
sido ocasionado por la actividad del concesionario y no se derive de
una determinación de la concesionante.
CAPÍTULO V
DEL DERECHO DEL ESTADO DE REPETIR CONTRA LAS
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
ARTÍCULO 41
El Estado y los Municipios podrán repetir de las personas servidoras
públicas el pago de la Indemnización cubierta a los particulares
cuando, previa substanciación del procedimiento administrativo
disciplinario previsto en la legislación en materia de
Responsabilidades Administrativas, se determine su responsabilidad,
y que la falta administrativa haya tenido el carácter de falta grave. El
monto que se exija a la persona servidora pública por este concepto
formará parte de la sanción económica que se le aplique.
La gravedad de la infracción se calificará de acuerdo con los criterios
que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
I. Los estándares promedio de la actividad administrativa;
II. La perturbación de la actividad administrativa;
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III. La existencia o no de intencionalidad, y
IV. La responsabilidad profesional y su relación con la producción del
resultado dañoso.
ARTÍCULO 42
La autoridad competente podrá también, instruir igual procedimiento
a las personas servidoras públicas por él nombradas, designadas o
contratadas y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración
Pública Estatal o Municipal, cuando le hayan ocasionado daños y
perjuicios en sus bienes y derechos derivados de faltas o infracciones
administrativas graves. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por
otras leyes aplicables en la materia.
ARTÍCULO 43
Las personas servidoras públicas, podrán impugnar las resoluciones
administrativas por las que se les imponga la obligación de resarcir
los daños y perjuicios que el Estado o el Municipio haya pagado con
motivo de los reclamos indemnizatorios respectivos, ante el Tribunal
de Justicia Administrativa, en términos de la legislación y
normatividad aplicable.
ARTÍCULO 44
Las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones
económicas que las autoridades competentes impongan a las
personas servidoras públicas, en términos de lo dispuesto por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, se adicionarán, según
corresponda, al monto de los recursos previstos para cubrir las
obligaciones indemnizatorias derivadas de la esta Ley.
CAPÍTULO VI
DE LA SUPLETORIEDAD
ARTÍCULO 45
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán las
disposiciones contenidas en la Ley del Procedimiento Contencioso
Administrativo del Estado de Puebla, el Código Fiscal del Estado de
Puebla, el Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de
Puebla, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles para el
Estado Libre y Soberano de Puebla, las demás normas aplicables de
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA
acuerdo al Ejecutor de Gasto que corresponda y los principios
generales del derecho.
ARTÍCULO 46
A falta de disposición expresa de forma general, así como para el
procedimiento de reclamación previsto en esta Ley, se aplicará
supletoriamente la Ley del Procedimiento Contencioso
Administrativo del Estado de Puebla.
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA
TRANSITORIOS
(Del DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que expide
la LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE
PUEBLA; publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 19 de
septiembre de 2023, Número 13, Edición Vespertina, Tomo DLXXXI).
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
TERCERO. Los Ejecutores de Gasto a que se refiere esta Ley, deberán
realizar las modificaciones en su normatividad, cuando resulten
necesarios para la aplicación de la presente Ley, en un plazo de ciento
ochenta días.
CUARTO. Los procedimientos que se encuentren en trámite
relacionados con la Indemnización por responsabilidad patrimonial
atribuibles a los Ejecutores de Gasto se atenderán hasta su total
terminación, de acuerdo con las disposiciones aplicables a la fecha en
que inició el procedimiento administrativo correspondiente.
QUINTO. Una vez que haya entrado en vigor la presente Ley, la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado,
deberá incluir en el proyecto de egresos para el ejercicio fiscal
correspondiente como parámetro inicial, una previsión de recursos
para cubrir los pagos que deriven de Responsabilidad Patrimonial,
la cual debe ser equivalente al 0.3 al millar del presupuesto de
Gasto Programable, sin considerar los recursos destinados a
Servicios Personales, Participaciones y Aportaciones, así como a
Deuda Pública.
SEXTO. Los Ayuntamientos deberán incluir en sus presupuestos de
egresos las previsiones respectivas para el cumplimiento de la
presente Ley, para cada ejercicio fiscal.
SÉPTIMO. Los Ejecutores de Gasto a que se refiere esta Ley que
tengan el carácter de concesionante emitirán, en un plazo no mayor
de noventa días naturales, los procedimientos a los que se deberán
ajustar los concesionarios para cumplir con la obligación a la que
se refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley.
EL GOBERNADOR SUBSTITUTO hará publicar y cumplir la presente
disposición. Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro
Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los trece días del mes de julio de
dos mil veintitrés. Diputada Presidenta. MÓNICA RODRÍGUEZ
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA
DELLA VECCHIA. Rúbrica. Diputada Vicepresidenta. AZUCENA
ROSAS TAPIA. Rúbrica. Diputada Vicepresidenta. LAURA IVONNE
ZAPATA MARTÍNEZ. Rúbrica. Diputado Secretario. EDGAR
VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS. Rúbrica. Diputada
Secretaria. ILIANA JOCELYN OLIVARES LÓPEZ. Rúbrica.
Por lo tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 79
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, mando se imprima, publique y circule para sus efectos.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Cuatro Veces Heroica
Puebla de Zaragoza, a los trece días del mes de julio de dos mil
veintitrés. El Gobernador Substituto del Estado Libre y Soberano de
Puebla. LICENCIADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA.
Rúbrica. El Secretario de Gobernación. CIUDADANO JAVIER
AQUINO LIMÓN. Rúbrica. La Secretaria de Planeación y Finanzas.
CIUDADANA JOSEFINA MORALES GUERRERO. Rúbrica. El
Secretario de la Función Pública. CIUDADANO JUAN CARLOS
MORENO VALLE ABDALA. Rúbrica.
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