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LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS, URBANOS Y SUBURBANOS EN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA
LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS, URBANOS Y SUBURBANOS
EN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA
13 DE ENERO DE 2021.
20 DE JUNIO DE 2022
El contenido del presente ordenamiento es de carácter informativo.
La fuente original es la publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS, URBANOS Y SUBURBANOS EN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA
LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS,
URBANOS Y SUBURBANOS EN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1
La presente Ley es de orden público, interés general y de aplicación en
el territorio del Estado de Puebla y tiene por objeto otorgar seguridad
jurídica a los posesionarios de predios rústicos, urbanos y
suburbanos de lotes y viviendas en colonias populares, de interés
social y de escasos recursos, mediante el otorgamiento de la
documentación necesaria para acreditar la propiedad, consolidando el
patrimonio familiar; así como otorgar certeza jurídica a los predios
destinados al servicio público en la Entidad.
ARTÍCULO 2
Para efectos de esta Ley, se deberán cumplir las siguientes
prioridades específicas:
I. Promover, proteger y garantizar a la población, los derechos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte en materia de propiedad privada;
II. Establecer las bases normativas, de procedimientos, reglas de
operación, programas, lineamientos y demás documentación
necesaria para la regularización de:
a. Predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad
privada dentro del Estado de Puebla, a fin de que sus legítimos
poseedores cuenten con un título de propiedad, y
b. Predios destinados a servicios públicos, que carezcan de
documentos, previa acreditación que al respecto se determine.
III. Promover la participación responsable de los posesionarios a título
de dueño de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de
propiedad privada.
ARTÍCULO 3
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
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I. Acta circunstanciada de verificación de hechos: Documento
expedido por el Secretario del Ayuntamiento, cuyo propósito es
verificar la posesión del interesado en calidad de dueño;
II. Acuerdo de procedencia: Acuerdo emitido por la Dirección General
de Tenencia de la Tierra y Población, mediante el cual evalúa la
procedencia del trámite de regularización y autoriza su continuación
en el procedimiento de regularización, tras examinar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Ley;
III. Avalúo Catastral: Documento expedido por la autoridad catastral
que consigna el valor catastral o catastral provisional de un predio
según su naturaleza, conforme a lo dispuesto por la Ley de Catastro
del Estado de Puebla;
IV. Ayuntamiento: Órgano creado por la ley que se elige por
representación popular y que es el encargado del gobierno y la
administración de cada uno de los 217 Municipios que conforman la
Entidad;
V. Autoridad Catastral: Autoridad Catastral Estatal o Municipal,
según corresponda;
VI. Bien Inmueble: Porción de suelo cuya característica es ser
inmovible y ubicado dentro de un espacio físico delimitado por una
poligonal y en su caso por las construcciones situadas dentro de la
misma;
VII. Croquis de ubicación: Representación gráfica de un espacio que
se emplea para hacer referencia a un diseño básico, rústico carente
de precisiones y detalles;
VIII. Dirección General: Dirección General de Tenencia de la Tierra y
Población;
IX. Expediente Técnico-Jurídico: Conjunto de documentos que
integran el procedimiento de regularización, incluyendo entre otros, la
petición del solicitante y las constancias que lo respalden;
X. Formato de ingreso: Documento con número único de control,
por el cual se inicia el procedimiento de regularización;
XI. Ley: Ley para la Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y
Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada del Estado de
Puebla;
XII. Predios rústicos: Aquéllos que se ubican fuera de las zonas
urbanas y suburbanas, que son utilizados como pequeñas unidades
de producción agropecuaria;
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XIII. Predios suburbanos: Los contiguos a las zonas urbanas, con
factibilidad para uso habitacional, industrial o de servicios, de
conformidad con lo que establezca la autoridad competente;
XIV. Predios urbanos: Bien inmueble que se ubica en zonas que
cuentan total o parcialmente, con equipamiento urbano y servicios
públicos y su destino es habitacional, industrial, comercial o de
servicios;
XV. Programa Estatal: Programa de Regularización de Predios
Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada
del Estado de Puebla;
XVI. Registro Público: Registro Público de la Propiedad del Estado de
Puebla;
XVII. Recurso de Inconformidad: Medio por el cual se pueden
impugnar los actos u omisiones de las autoridades que intervienen
en la aplicación de esta Ley, para ejercer sus garantías de
audiencia, legalidad y debido proceso;
XVIII. Regularización: Conjunto de actos administrativos necesarios
para brindar certidumbre jurídica a aquellas personas que cuenten
con la posesión de la tierra, a través de la entrega de títulos de
propiedad, cuando así lo soliciten, previa la aprobación de los
requisitos establecidos en esta Ley, y
XIX. Resolución Administrativa: Documento mediante el cual se
declara o reconoce la titularidad como propietario, de un predio
rústico, urbano, suburbano o de los bienes ocupados por servicios
públicos a que se refiere la presente Ley.
ARTÍCULO 4
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán
supletoriamente las contenidas en el Código Civil, Código de
Procedimientos Civiles y la demás normatividad administrativa,
vigentes para el Estado de Puebla.
CAPÍTULO SEGUNDO
AUTORIDADES COMPETENTES
ARTÍCULO 5
Son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en el ámbito
de sus respectivas competencias, las personas titulares o
representantes de los encargos públicos siguientes:
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I. Gubernatura del Estado;
II. Secretaría de Gobernación;
III. Subsecretaría de Desarrollo Político;
IV. Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población;
V. Ayuntamientos;
VI. Autoridad Catastral, y
VII. Dirección del Registro Público.
ARTÍCULO 6
La Secretaría de Gobernación por conducto de la Subsecretaría de
Desarrollo Político y la Dirección General, elaborarán y emitirán, las
Reglas de Operación necesarias para la implementación del Programa
Estatal, apegado a la presente Ley y en las cuales se desglosará de
forma práctica y concisa, los requisitos que deberán cubrir, los
documentos a presentar y las acciones a realizar, por aquellos
poseedores quienes deseen obtener los beneficios que concede la
presente Ley.
ARTÍCULO 7
A efecto de llevar a cabo las acciones encaminadas al objeto de la
presente Ley, los Ayuntamientos y la Secretaría de Gobernación,
podrán suscribir los convenios de coordinación y colaboración que
sean necesarios, en los cuales se detallarán las acciones y
compromisos de cada una de las partes, así como la forma en que
coadyuvarán para el logro de los objetivos planteados.
ARTÍCULO 8
La persona Titular del Ejecutivo del Estado, por si o a través de la
Secretaría de Gobernación, asistido de la Subsecretaría de Desarrollo
Político, autorizará y suscribirá, la resolución administrativa emitida
por la Dirección General, y a partir de la cual se emitirá el Título de
Propiedad en el cual se reconozca la titularidad como propietarios, de
las personas poseedoras de los inmuebles sujetos a regularización,
previas las formalidades establecidas en la presente Ley y demás
normatividad aplicable.
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ARTÍCULO 9
Los Ayuntamientos que hayan suscrito los Convenios de Coordinación
y Colaboración respectivos, tendrán las siguientes facultades y
obligaciones:
I. Proporcionar información a los interesados en ingresar al Programa
Estatal;
II. Recibir la documentación de los interesados a través de la
ventanilla municipal que determinen;
III. Realizar el llenado del formato de ingreso;
IV. Realizar los levantamientos topográficos que se requieran, con los
siguientes requisitos:
a. Cuadro de construcción que contenga la información básica del
predio y coordenadas UTM;
b. Croquis de ubicación;
c. Evidencia fotográfica, y
d. Alineamiento y Número oficial, que proporciona el Ayuntamiento.
V. Expedir el acta circunstanciada de verificación de hechos, en los
casos previstos en la Ley, por conducto del Secretario del
Ayuntamiento;
VI. Expedir la constancia de validación de los predios sujetos al
procedimiento de regularización, que no se encuentren en los
supuestos previstos en los atlas de riesgo Nacional, Estatal y/o
Municipal;
VII. Integrar los expedientes técnicos-jurídicos, verificando que
cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley;
VIII. Hacer entrega al personal de la Dirección General de los
expedientes técnico-jurídicos debidamente integrados, para la
obtención del acuerdo de procedencia;
IX. Realizar las notificaciones, previstas en el capítulo correspondiente
de la presente Ley;
X. Emitir, previa aprobación de su Cabildo, el acta de aprobación
de solicitudes de los interesados, así como acuerdo de validación y
ratificación de la documentación debidamente integrada en los
expedientes técnico-jurídicos;
XI. Cuando se trate del procedimiento de regularización de bienes
ocupados por servicios públicos, el Cabildo del Ayuntamiento emitirá
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el acuerdo en el que se especifique la ocupación actual del inmueble,
y
XII. Remitir a la Secretaría de Gobernación, previa solicitud, la
documentación e informes que se les requiera, por concepto de esta
Ley, así como la demás información que se determine en los
Convenios que al efecto se suscriban.
ARTÍCULO 10
La Subsecretaría de Desarrollo Político, coordinará y supervisará las
acciones de regularización establecidas en la presente Ley, mismas
que serán desarrolladas por conducto de la Dirección General, a
efecto de otorgar la seguridad jurídica en materia inmobiliaria.
ARTÍCULO 11
La Dirección General será la autoridad competente para:
I. Someter a aprobación los mecanismos de coordinación entre las
instituciones, dependencias y entidades, estatales o municipales, que
deban participar en el Programa Estatal, sus Reglas de Operación o
en los lineamientos y demás documentos que al efecto se emitan;
II. Capacitar a las dependencias, entidades, instituciones y
ayuntamientos que hayan suscrito el Convenio respectivo;
III. Coordinar las acciones necesarias, en el ámbito de su
competencia, para la adecuada aplicación de esta Ley;
IV. Proporcionar el número único de control del formato de ingreso;
V. Promover la celebración de Convenios de Coordinación y
Colaboración necesarios, para la ejecución del Programa Estatal;
VI. Evaluar la procedencia del trámite de regularización y autorizar su
regularización;
VII. Realizar los levantamientos topográficos, en los casos que sean
necesarios, los cuales deberán contener:
a. Cuadro de construcción, que contenga la información básica del
predio y coordenadas UTM;
b. Croquis de ubicación;
c. Evidencia fotográfica, y
d. Alineamiento y Número oficial que proporciona el Ayuntamiento.
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VIII. Revisar y dictaminar, los expedientes técnico-jurídicos, que
presenten los interesados a los Ayuntamientos, para emitir el acuerdo
de procedencia;
IX. Dictar la resolución administrativa del procedimiento de
regularización;
X. Dar vista a la instancia competente de los hechos con apariencia
de delitos u omisiones, que puedan ser constitutivos de
responsabilidad, en materia de regularización de la tenencia de la
tierra;
XI. Realizar el traslado, de los expedientes técnico-jurídicos integrados
por los Ayuntamientos;
XII. Verificar la publicación mediante estrados, que realice el
Ayuntamiento del acuerdo de procedencia y de las resoluciones
emitidas por esta Dirección General, y
XIII. Las demás que la Ley u otros ordenamientos le confieran.
ARTÍCULO 12
La Autoridad Catastral, dentro del Programa Estatal, será la
encargada de desarrollar las siguientes acciones:
I. Realizar los levantamientos topográficos, cuando así se le requieran;
II. Elaborar el empadronamiento catastral;
III. Expedir el Registro Catastral, y
IV. Realizar los avalúos catastrales correspondientes.
La Autoridad Catastral Estatal, coadyuvará con los Ayuntamientos, a
fin de que se emitan los documentos anteriores, en el Municipio
correspondiente.
En los casos en que los Municipios, no cuenten con una Dirección
de Catastro, las delegaciones catastrales que se encuentren en el
interior del Estado, acudirán al Municipio correspondiente, para la
emisión de los documentos mencionados.
En caso de que los Ayuntamientos de acuerdo al Convenio de
Coordinación y Colaboración que suscriban con la Secretaría de
Gobernación, no pudieren realizar los levantamientos topográficos,
estos serán realizados por la Dirección General o en su caso por el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.
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ARTÍCULO 13
La Dirección del Registro Público, en apego a la presente Ley y al
Programa Estatal que al efecto se emita, deberá:
I. Expedir el certificado de no inscripción;
II. Expedir Formato del Impuesto sobre Adquisición de Bien Inmueble,
y
III. Inscribir el Título de Propiedad que emita la Dirección General,
derivado de la resolución administrativa del procedimiento de
regularización;
CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS DE REGULARIZACIÓN
ARTÍCULO 14
El procedimiento de regularización de predios rústicos, urbanos
suburbanos y aquellos en los que se preste algún servicio público,
podrá realizarse de acuerdo a las características establecidas en la
presente Ley.
ARTÍCULO 15
En los trámites del procedimiento de regularización a que se refiere
esta Ley, se observarán invariablemente los principios de máximo
beneficio, prelación, legalidad, petición de parte, buena fe, apariencia,
concentración, celeridad, inmediatez, imparcialidad, equidad y
publicidad.
ARTÍCULO 16
La persona física o jurídica que se crea con derecho, podrá iniciar el
procedimiento de regularización que señala esta Ley, mediante la
solicitud del interesado, en donde se establezca que ha poseído
algún tipo de predio rústico, urbano o suburbano, a nombre propio,
a título de dueño, en forma pública, pacífica, continua y de buena
fe por más de diez años; para lo cual se requiere que el bien
inmueble presente las siguientes características:
I. No se encuentre inscrito en el Registro Público;
II. No esté sujeto a los regímenes ejidal o comunal previstos en la Ley
Agraria;
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III. No esté ubicado en zonas de riesgo o en áreas de protección
ecológica, de acuerdo con la información proporcionada por el
Ayuntamiento, y
IV. No se encuentre en trámite un procedimiento de orden
jurisdiccional.
ARTÍCULO 17
Los interesados que posean dos o más predios rústicos, sin escrituras
o título de propiedad, solo podrán tramitar la regularización de uno de
ellos, a menos que sumada la superficie de los predios, esta no rebase
a seis hectáreas.
Los predios urbanos y suburbanos deberán estar destinados a
vivienda y no podrán exceder un valor superior a treinta Unidades de
Medida y Actualización elevadas al año en su conversión a moneda
nacional, conforme al avalúo catastral correspondiente, pudiendo
realizar el trámite de solo uno de ellos.1
ARTÍCULO 18
Quedan excluidos del procedimiento de regularización establecido en
la presente Ley, los predios que se encuentren en los siguientes
supuestos:
I. Los que, por sus características particulares, deban
regularizarse ante la Comisión Intersecretarial para la
Regularización y Seguridad Patrimonial de Bienes Inmuebles
existentes en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl;
II. Los predios rústicos, urbanos o suburbanos, que se encuentren en
zonas de riesgo de conformidad a lo establecido en los atlas de riesgo
Nacional, Estatal o Municipal;
III. Aquellos que carezcan de justo título o en los que no se pueda
comprobar la posesión regular por la presunción fundada de que la
posesión deriva de un hecho ilícito;
IV. Los que no puedan detentarse en su posesión a título de dueño
en virtud de cualquier otra disposición legal, y
V. Aquellos que deban regularizarse ante la Comisión
Interinstitucional para la Regularización de los Asentamientos
Humanos y la Constitución de Reservas Territoriales para que se
1 Párrafo reformado el 20/jun/2022.
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incorporen al desarrollo urbano y se establezca la obligación de
promover la escrituración.
ARTÍCULO 19
Los poseedores a título de dueño de predios rústicos, urbanos o
suburbanos, que reúnan las características establecidas en la
presente Ley, podrán solicitar al Ayuntamiento que se inicie el
procedimiento de regularización, a través de ventanilla municipal,
para requisitar el formato de ingreso, con número único de control
correspondiente.
El formato de ingreso contendrá los siguientes datos personales:
I. Nombre y domicilio;
II. Número telefónico, local y móvil;
III. Correo electrónico;
IV. Lugar y fecha de nacimiento, comprobable mediante copia
certificada del acta de nacimiento;
V. Estado civil del interesado, y
VI. Datos de la localización, ubicación, medidas, colindancias y
superficie total del predio; en caso de contar con bienes accesorios
al mismo, como el caso de cualquier construcción o edificación, se
deberá detallar invariablemente.
ARTÍCULO 20
Al formato de ingreso establecido en esta Ley, se deberán acompañar
los siguientes documentos:
I. Copia de identificación oficial vigente con fotografía (Credencial
expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte o cartilla del
servicio militar);
II. Clave Única de Registro de Población (CURP);
III. En los casos de predios urbanos y suburbanos, comprobante del
pago de servicios, a nombre del interesado (agua, luz, teléfono);
IV. Croquis de ubicación a mano alzada del predio con medidas,
colindancias, superficie de construcción en su caso y datos de
referencia;
V. Declaración bajo protesta de decir verdad, cuyos requisitos se
establecen en el Programa Estatal, en la que manifieste que ha
poseído el predio rústico, urbano o suburbano a nombre propio, a
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título de dueño, en forma pública, pacifica, continua y de buena fe
por más de diez años, así como el nombre de los colindantes;
VI. Declaración bajo protesta de decir verdad, cuyos requisitos se
establecen en el Programa Estatal, que el predio a regularizar no
se encuentra en tierras de régimen de propiedad ejidal o comunal,
previstos en la Ley Agraria;
VII. Declaración bajo protesta de decir verdad, cuyos requisitos se
establecen en el Programa Estatal, en los casos en los que el
interesado pretenda regularizar predios urbanos o suburbanos, en las
que manifieste ser poseedor de solo uno de ellos;
VIII. Formato de colindantes, proporcionado por la ventanilla
municipal, con el que se acredita las medidas y linderos del predio a
regularizar, en caso de que aquellos no se localicen, se dejarán a salvo
sus derechos a efecto de garantizar su derecho de audiencia;
IX. Constancia de validación de los predios sujetos a regularización,
que no se encuentren contemplados dentro de las zonas de riesgo
previstas en el atlas Nacional, Estatal y/o Municipal;
X. Documentos para acreditar la posesión del inmueble, donde
incluya la fecha y causa generadora de la posesión a título de dueño,
pudiendo ser:
a. Contrato privado de enajenación de derechos del predio a
regularizar;
b. Constancia que acredite la causa generadora de la posesión, y
c. Acta circunstanciada de verificación de hechos, con dos testigos
presentados por el interesado, suscrita por el Secretario del
Ayuntamiento.
Quien presente contrato privado de enajenación de derechos del
predio, deberá comparecer y validar ante el Secretario del
Ayuntamiento, el acta circunstanciada de verificación de hechos.
ARTÍCULO 21
Los interesados que pretendan iniciar o hayan iniciado el
procedimiento de regularización establecido en esta Ley y sus
peticiones no sean aprobadas o validadas por el Ayuntamiento al cual
pertenecen, quedan en aptitud para iniciar el procedimiento de
regularización ante la Dirección General, conforme al artículo 29 de
esta Ley.
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ARTÍCULO 22
La Dirección General revisará que los expedientes técnico-jurídicos,
cumplan con los requisitos y condiciones exigidos por la Ley y emitirá
el acuerdo de procedencia, ordenando su publicación en los estrados
de las Presidencias Municipales, Juntas Auxiliares, Inspectorías o
Juzgados Municipales.
ARTÍCULO 23
Si efectuada la publicación a que se refiere el artículo anterior, no
hubiere oposición al trámite de regularización, se continuará éste; de
lo contrario, se dará por concluido el procedimiento, dejando a salvo
los derechos de los interesados, para que los hagan valer en la vía y
forma que corresponda.
ARTÍCULO 24
Al no existir oposición alguna y continuar con el procedimiento de
regularización, la Dirección General procederá a realizar las acciones
siguientes:
I. Elaborar y poner a disposición del Secretario de Gobernación y del
Subsecretario de Desarrollo Político, la resolución administrativa del
procedimiento de regularización, debidamente fundada y motivada a
favor del interesado, a efecto que sea presentada al Gobernador del
Estado, para la firma respectiva, en términos del artículo 8 de esta
Ley y de conformidad con las Reglas de Operación que al efecto se
emitan;
II. Una vez firmada la resolución administrativa, procederá a solicitar
su publicación en los estrados de las Presidencias Municipales,
Juntas Auxiliares, Inspectorías y/o Juzgados Municipales, así como
en el Periódico Oficial del Estado, para los efectos legales
correspondientes, y
III. Emitir el Título de Propiedad y solicitar su inscripción ante la
Oficina Registral de la circunscripción territorial que corresponda.
ARTÍCULO 25
Para la inscripción del Título de Propiedad que emita la Dirección
General y para los efectos de la presente Ley, no será necesario
presentar los comprobantes de pago de predial, servicio de limpia y
constancia de no adeudo de agua.
Para la declaración de erección de casa habitación, no será necesario
presentar la constancia de terminación de obra o de antigüedad.
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Para los efectos establecidos en el presente artículo, no incurrirán en
responsabilidad los integrantes de la Dirección General, así como, los
Registradores Públicos de la Propiedad.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS, URBANOS Y
SUBURBANOS DE MIGRANTES MEXICANOS QUE RESIDAN EN EL
EXTRANJERO
ARTÍCULO 26
Los migrantes mexicanos que residan en el extranjero y estén
interesados en la regularización de algún predio rústico, urbano o
suburbano, que se encuentren imposibilitados para gestionar
personalmente el trámite de regularización a que refiere esta Ley,
podrán autorizar a persona de su confianza, para realizar los trámites
conducentes, por los siguientes medios:
I. Mandato, por alguno de los medios previstos en la legislación civil;
II. Poder que le otorgue el Consulado Mexicano del lugar en que se
encuentre, o
III. Formato de ingreso remitido vía correo electrónico, cuando se
cumpla con lo establecido en los artículos 19 y 20 de esta Ley.
En cualquiera de las fracciones anteriores, el migrante deberá
acompañar, Copia de identificación oficial vigente (Credencial
expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte o cartilla del
servicio militar), correo electrónico y teléfono de contacto.
CAPÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 27
Los predios destinados a servicios públicos cuya posesión a título
de dueño se encuentre en poder de un ente público Estatal o
Municipal, que carezcan de documentos y que no se encuentren
dentro de las restricciones a las que se refiere el artículo 18 de esta
Ley, podrán ser regularizados, debiendo reunir los siguientes
requisitos:
I. Solicitud del Representante Legal, debiendo acreditar con el
instrumento legal correspondiente dicha representación;
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II. Declaración bajo protesta de decir verdad, que el bien inmueble no
se encuentra en tierras de régimen de propiedad ejidal o comunal
previstos en la Ley Agraria;
III. Plano de localización con vialidades y espacios de utilización
pública con medidas y colindancias, superficies de terreno y
construcción;
IV. Documentos para acreditar la posesión del inmueble, donde
incluya la fecha, destino y causa generadora de la posesión, pudiendo
ser:
a. Contrato privado;
b. Constancia que acredite la causa generadora de la Posesión emitida
por el Juez Municipal, con una antigüedad no mayor a 90 días
hábiles;
c. Fe de hechos ante Notario Público, o
d. Acta circunstanciada de verificación de hechos, expedida por el
Secretario del Ayuntamiento, y
V. Acuerdo de Cabildo o documento oficial mediante el cual se
acredite y especifique la ocupación actual del inmueble, el periodo de
tiempo utilizado y los servicios públicos que se encuentran prestando
en el mismo.
En el caso de considerarse necesario, la Dirección General podrá
solicitar a la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles de la
Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, o su símil en
cada uno de los Municipios de la Entidad, la consulta sobre la
situación registral y administrativa que guarden los inmuebles,
respecto de los cuales se solicite su regularización.
ARTÍCULO 28
La resolución administrativa inherente a los predios destinados a
servicios públicos deberá contener un apartado específico en el que se
determine que el inmueble que se regulariza se constituye como un
bien de dominio público Estatal o Municipal según sea el caso, para
todos los fines legales, en términos de la Ley General de Bienes del
Estado y de la Ley Orgánica Municipal.
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CAPÍTULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN EN LOS CASOS EN
QUE EL AYUNTAMIENTO NO HAYA SUSCRITO CONVENIO
ARTÍCULO 29
En los casos en los que algún Ayuntamiento no haya suscrito el Convenio
de Coordinación y Colaboración citado en el artículo 7 y en el supuesto
previsto en el artículo 21 de la presente Ley, los poseedores a título de
dueño que tengan interés en beneficiarse del Programa Estatal, deberán
acudir ante la Dirección General, para iniciar el trámite de regularización,
debiéndose sujetar a las disposiciones siguientes:
Para iniciar la regularización de algún predio rústico, urbano o
suburbano, el interesado deberá requisitar ante la Dirección General,
el formato de ingreso, con número único de control correspondiente y
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20 de
esta Ley; a excepción del documento citado en el inciso c) de la
fracción X del artículo 20, y su último párrafo.
En substitución del documento citado en el párrafo anterior, se
deberá presentar el Acta circunstanciada de verificación de hechos,
con dos testigos presentados por el interesado, suscrita por el Juez
Municipal o Notario Público en su caso.
Quien presente contrato privado de enajenación de derechos del
predio, deberá comparecer y validar ante el Juez Municipal o algún
Notario Público, para la obtención del acta circunstanciada de
verificación de hechos.
Será obligatorio para el presente capítulo, que el interesado
proporcione teléfono y correo electrónico para efecto de ser legalmente
notificado.
Se dejarán a salvo los derechos de los Ayuntamientos que no
celebren convenio para la aplicación de la presente Ley y el
Programa Estatal, de conformidad con el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 30
La Dirección General procederá a cumplir con lo establecido en los
artículos 22, 23, 24 y 25 de esta Ley y ordenará la publicación
mediante tres edictos consecutivos publicados en el diario de mayor
circulación, para efecto de dar publicidad y notificar a todo aquél
que se crea con derecho; continuándose con el procedimiento
respectivo.
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ARTÍCULO 31
Para efectos del presente Capítulo, la resolución administrativa
deberá publicarse, además, mediante tres edictos consecutivos
publicados en el diario de mayor circulación y notificarse al
Ayuntamiento correspondiente.
CAPÍTULO SÉPTIMO
MEDIOS DE NOTIFICACIÓN
ARTÍCULO 32
La notificación es el acto del proceso administrativo, mediante el cual
se da a conocer el contenido de un acuerdo o una resolución a las
partes interesadas.
Los interesados podrán acudir a la Presidencia Municipal, Juntas
Auxiliares, Inspectorías o Juzgados Municipales que corresponda y
hacerse sabedores de las notificaciones que se publiquen por
estrados.
ARTÍCULO 33
Las notificaciones podrán ser de las siguientes formas:
I. Por medios Electrónicos, proporcionados por el interesado, los
cuales podrán ser:
a. Teléfono, o
b. Correo electrónico.
II. Por estrados, los cuales deberán ser en los siguientes lugares:
a. Presidencia Municipal;
b. Juntas auxiliares;
c. Inspectorías, o
d. Juzgados Municipales.
ARTÍCULO 34
Se practicarán las notificaciones, por medios electrónicos, siempre y
cuando el interesado haya proporcionado los datos personales para
su identificación y localización por dichos medios.
Las notificaciones que se podrán realizar por medios electrónicos
serán las siguientes:
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I. Cita programada, por el personal de ventanilla para el
levantamiento topográfico;
II. Acuerdo de procedencia;
III. Resolución administrativa;
IV. Procedencia del Recurso de Inconformidad;
V. Resolución del Recurso de Inconformidad, y
VI. Las demás notificaciones, que la Ley así lo disponga.
En caso de que el interesado, no hubiere proporcionado medios
electrónicos para notificarlo, se harán dichas notificaciones por
Estrados, a excepción de la fracción I de este artículo.
ARTÍCULO 35
Las notificaciones por estrados, que se podrán realizar en las
Presidencias Municipales, Juntas Auxiliares, Inspectorías o
Juzgados Municipales, serán las establecidas en las fracciones II a la
V del artículo 34 de esta Ley.
ARTÍCULO 36
Quedarán sin efecto jurídico las notificaciones que no se hicieren en
la forma que establece la presente Ley.
De la misma manera, todas las notificaciones, serán publicadas en la
página web de la Dirección General.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
ARTÍCULO 37
El recurso de inconformidad tendrá por objeto que el superior
jerárquico de la autoridad emisora, confirme, modifique, revoque o
anule el acto administrativo recurrido.
Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
autoridades administrativas podrán interponer el recurso de
inconformidad previsto en esta Ley, impugnando los actos u
omisiones que considere afectan a sus intereses, para ejercer sus
garantías de audiencia, legalidad y debido proceso.
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ARTÍCULO 38
El recurso de inconformidad se interpondrá por aquellos que se
sientan afectados en su derecho y demuestren tener interés legítimo
durante el procedimiento de regularización; así como, contra la
resolución administrativa, hasta antes de la inscripción del Título de
Propiedad ante el Registro Público.
ARTÍCULO 39
El interés legítimo podrá acreditarse en el procedimiento de
regularización ante la autoridad que conozca del recurso de
inconformidad, con los siguientes documentos:
I. Escritura Pública debidamente inscrita ante el Registro Público;
II. Constancia de Posesión expedida por Autoridad competente, y
III. Cualquier otro documento relacionado con el predio a regularizar.
ARTÍCULO 40
Conocerá del recurso de inconformidad la Secretaría de Gobernación
a través de la Subsecretaría Jurídica y sus Unidades Administrativas.
ARTÍCULO 41
El término para interponer el recurso de inconformidad será de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que el interesado
tenga conocimiento del acto u omisión impugnados o al que se
hubiese ostentado sabedor del acto recurrido.
ARTÍCULO 42
El recurso de inconformidad procederá contra:
I. Actos u omisiones de los Ayuntamientos que hayan celebrado el
Convenio establecido en esta Ley, durante el procedimiento de
regularización y el Programa Estatal;
II. Actos u omisiones de la Dirección General, hasta antes de que ésta
emita la resolución correspondiente, en los casos en que se suscitare
controversia relacionada con derechos de posesión o propiedad con el
predio motivo de regularización durante el procedimiento de
regularización establecido en la presente Ley y el Programa Estatal;
III. Actos u omisiones de la Dirección del Registro Público, durante el
procedimiento de regularización establecido en esta Ley y el Programa
Estatal, y
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IV. Actos u omisiones de la Autoridad Catastral Estatal o Municipal,
durante el procedimiento de regularización establecido en esta Ley y
el Programa Estatal.
ARTÍCULO 43
El recurso de inconformidad podrá presentarse por escrito, vía
electrónica o por comparecencia ante la autoridad responsable que
pudiera haber incurrido en actos u omisiones con motivo de la
aplicación de la Ley y el Programa Estatal, en días y horas hábiles.
La autoridad responsable remitirá en un término de cinco días hábiles
contados a partir de la recepción del recurso de inconformidad, a la
Secretaría de Gobernación, la documentación inherente al mismo con
un informe debidamente fundado y motivado, en el que deberán
señalar las causas generadoras de la inconformidad.
La autoridad responsable, que no remitiera el recurso de
inconformidad, podrá incurrir en responsabilidades administrativas a
juicio del superior jerárquico y en términos de la Ley de la materia.
ARTÍCULO 44
Recibido el recurso de inconformidad la Secretaría de Gobernación la
turnará a la Subsecretaría Jurídica para determinar su procedencia y
en su caso se otorgue la continuación pertinente al trámite, el cual se
notificará a las partes.
ARTÍCULO 45
Si del informe que rindan las autoridades responsables señaladas en
el recurso de inconformidad, no se advierten actos u omisiones de
procedencia, la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de
Gobernación, en el término de cinco días hábiles emitirá la resolución
correspondiente, turnándola al Titular de la Dependencia para su
suscripción, misma que será notificada legalmente al promovente, por
los medios establecidos en la Ley y se continuará con el
procedimiento de regularización, siempre que no se afecte los
intereses o derechos del promovente o de terceros.
ARTÍCULO 46
Si del informe que rindan las autoridades responsables señaladas en
el recurso de inconformidad, se advierten actos u omisiones de
procedencia, la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de
Gobernación, en el término de cinco días hábiles emitirá la resolución
correspondiente, misma que podrá ser en el sentido de modificar,
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revocar o anular el acto administrativo recurrido, la cual turnará al
Titular de la Dependencia para su suscripción y posterior notificación
ante la autoridad responsable a efecto de cumplimentar
adecuadamente la resolución emitida.
CAPÍTULO NOVENO
DE LAS RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 47
En la tramitación y sustanciación de los expedientes del
procedimiento de regularización, se observarán que los servidores
públicos cumplan con los principios establecidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 48
El incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, será causa de
responsabilidad del servidor público que haya intervenido en las
distintas etapas procesales administrativas del procedimiento de
regularización.
ARTÍCULO 49
Incurren en responsabilidad, los servidores públicos por actos u
omisiones que tiendan a alentar o permitir la dilación o que
indebidamente agilicen el procedimiento establecido en esta Ley,
conforme a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, sin perjuicio de que se actualicen las previstas en la
legislación penal y en la Ley General de la materia.
ARTÍCULO 50
Los servidores públicos que intervengan en el procedimiento de
regularización, que tengan conocimiento de hechos con apariencia de
delito u omisiones o bien que puedan ser constitutivos de
responsabilidad administrativa, deberán dar vista a su superior
jerárquico y a la instancia competente.
ARTÍCULO 51
Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones soliciten o
reciban gratificación o compensación por el cumplimiento de sus
funciones, serán sancionados conforme a lo establecido en la
legislación en materia de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, independientemente de las responsabilidades
civiles o penales en las que puedan incurrir.
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ARTÍCULO 52
A quien por sí o por interpósita persona actúe con dolo, mala fe,
violencia, intimidación, simulación de actos o proporcione datos o
documentos falsos en el procedimiento de regularización establecido
en esta Ley y el Programa Estatal, con el propósito de adquirir bienes
inmuebles, se dará vista a la Fiscalía General del Estado, a fin de que
se inicie la carpeta de investigación correspondiente, con la finalidad
de que sean sancionados conforme lo dispuesto en el Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
ARTÍCULO 53
El Título de Propiedad obtenido bajo los supuestos mencionados en el
artículo anterior, será nulo de pleno derecho, cuya resolución emitirá
la instancia competente.
ARTÍCULO 54
Las responsabilidades en la ejecución de todo programa o medio para
regularizar la tierra recaerán en las personas que estén a cargo de la
ejecución de los mismos.
LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS, URBANOS Y SUBURBANOS EN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA
TRANSITORIOS
(Del DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que expide
la LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
URBANOS Y SUBURBANOS EN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA., publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 12 de enero de 2021, Número 7, Tercera
Sección, Tomo DXLIX).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
SEGUNDO. Se abroga la Ley para la Regularización de la Propiedad
Inmobiliaria del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial
del Estado de Puebla el veintitrés de diciembre de dos mil quince; y se
dejan sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
TERCERO. Los procedimientos y demás actos jurídicos que se hayan
iniciado en vigencia de la Ley que se abroga y se encuentren en
trámite, se continuarán tramitando con la misma, hasta su total
conclusión.
CUARTO. La Dirección General deberá formular y expedir las Reglas
de Operación del Programa Estatal, necesarias para la aplicación de
esta Ley.
EL GOBERNADOR hará publicar y cumplir la presente disposición.
Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica
Puebla de Zaragoza, a los catorce días del mes de diciembre de dos
mil veinte. Diputada Presidenta. NORA YESSICA MERINO
ESCAMILLA. Rúbrica. Diputado Vicepresidente. NIBARDO
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Rúbrica. Diputado Vicepresidente.
RAYMUNDO ATANACIO LUNA. Rúbrica. Diputada Secretaria.
LILIANA LUNA AGUIRRE. Diputada Secretaria. NANCY JIMÉNEZ
MORALES. Rúbrica.
Por lo tanto con fundamento en lo establecido por el artículo 79
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, mando se imprima, publique y circule para sus efectos. Dado
en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Cuatro Veces Heroica Puebla
de Zaragoza, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil
veinte. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla. LICENCIADO LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA.
Rúbrica. El Secretario de Gobernación. CIUDADANO DAVID
MÉNDEZ MÁRQUEZ. Rúbrica. La Secretaria de Planeación y Finanzas.
CIUDADANA MARÍA TERESA CASTRO CORRO. Rúbrica.
LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS, URBANOS Y SUBURBANOS EN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA DEL ESTADO DE PUEBLA
TRANSITORIOS
(Del DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que
reforma el párrafo segundo del artículo 17, de la Ley para la
Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el
Régimen de Propiedad Privada del Estado de Puebla; publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el lunes 20 de junio de 2022, Número 14,
Edición Vespertina, Tomo DLXVI).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día hábil siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
EL GOBERNADOR hará publicar y cumplir la presente disposición.
Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica
Puebla de Zaragoza, a los nueve días del mes de junio de dos mil
veintidós. Diputada Presidenta. C. AURORA GUADALUPE SIERRA
RODRÍGUEZ. Rúbrica. Diputado Vicepresidente. C. EDUARDO
CASTILLO LÓPEZ. Rúbrica. Diputado Vicepresidente. C. JUAN
ENRIQUE RIVERA REYES. Rúbrica. Diputada Secretaria. C. MÓNICA
SILVA RUÍZ. Rúbrica. Diputada Secretaria. C. AZUCENA ROSAS
TAPIA. Rúbrica.
Por lo tanto con fundamento en lo establecido por el artículo 79
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, mando se imprima, publique y circule para sus efectos. Dado
en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Cuatro Veces Heroica Puebla
de Zaragoza a los diez días del mes de junio de dos mil veintidós. El
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.
LICENCIADO LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA.
Rúbrica. La Secretaria de Gobernación. CIUDADANA ANA LUCÍA
HILL MAYORAL. Rúbrica. La Secretaria de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. CIUDADANA
BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA. Rúbrica.
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