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Código Civil Federal; los artículos 2º, 3º, 4º y 8º de la Ley del Diario Oficial de la Federación; los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley del Periódico Oficial del Estado de
San Luis Potosí; y el artículo 2º del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, las únicas publicaciones que dan validez jurídica a una norma es el propio Diario
Oficial de la Federación, la Gaceta Oficial del Distrito Federal o los Periódicos Oficiales Estatales, en este caso el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
Fecha de Aprobación: 07 DE JULIO DE 2017
Fecha de Promulgación: 27 DE JULIO DE 2017
Fecha de Publicación: 28 DE JULIO DE 2017
Fecha Ultima Reforma 14 DE JUNIO DE 2024
LEY DE ATENCION A VICTIMAS PARA EL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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UNIDAD DE INFORMATICA LEGISLATIVA
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LEY ATENCION A VICTIMAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL EL VIERNES 14 DE JUNIO DE
2024.
Ley publicada en la Edición Extraordinario del Periódico Oficial del Estado, el Viernes 28 de Julio
de 2017
Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado Libre Soberano de San Luis
Potosí, a sus habitantes sabed:
Que la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosí decreta lo siguiente:
DECRETO 0682
LEY ATENCION A VICTIMAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el marco del Estado Constitucional, y bajo los parámetros señalados por el artículo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación estatal de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, para lo cual las violaciones a los
derechos humanos deberán prevenirse, investigarse, sancionarse y repararse, en los términos que
establezca la ley, es que precisamente tendrá que aspirarse a que esa norma legal tienda a ser lo
más adecuada y certera posible a fin de preservar el respeto a los derechos humanos.
Bajo dicha óptica, y siendo el Estado garante de los derechos humanos, y conocedor de la
necesidad urgente de que el acceso a la justicia a que tiene derecho la Víctima sea con la
consideración pragmática de sus necesidades efectivas, reconociendo la dignidad y por tanto el
derecho humano que en ello va implícito, dado el contexto de la realidad actual.
Y si bien el Estado de San Luis Potosí ha sido innovador en legislar en materia de atención y
protección integral a las víctimas, ya que aún antes de la reforma en materia penal a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 18 de junio del 2008, que en su artículo 20, apartado
“C”, que reconoció el principio general la reparación del daño a la víctima y los derechos de la
víctima u ofendido dentro de los procesos penales, en el Estado de San Luis Potosí, desde el 11 de
abril del año 2000 se había publicado ya la “Ley de Atención a la Víctima del Delito del Estado Libre
y Soberano de San Luis Potosí.”, y que se cuenta asimismo con la Ley de Derechos y Atención de
la Víctima del Delito para el Estado de San Luis Potosí.”, publicada el 06 de octubre de 2012, y la
vigente Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí”, publicada el 7 de octubre de 2014, la
cual incluye los objetivos primordiales de la anterior Ley General de Víctimas, del 9 de enero del
2013.
Sin embargo, lo cierto es, que resulta necesaria la adecuación de la norma vigente a fin de
garantizar el reconocimiento y respeto universal y efectivo de los derechos de las víctimas en virtud
de que la misma no incluye en su totalidad las medidas de asistencia y atención, y las medidas de
atención y reparación integral, así como de la integración clara del Fondo Estatal.
Ello aunado a la reforma de la Constitución Federal en su artículo 73, fracción XXIX-X, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2016, en donde se dan facultades al Congreso
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de la Unión para expedir la Ley General de Víctimas; ya que con base a la misma, el 3 de enero del
2017, se publicó en ese mismo medio de difusión federal, una serie de reformas, adiciones y
derogación de diversos artículos de la Ley General de Víctimas, ordenándose en el artículo
transitorio Noveno del referido decreto, que las Entidades Federativas armonizaran su ley estatal,
contando con ciento ochenta días para ello.
En consecuencia, ante la necesidad de unificar la normatividad local tanto a las necesidades del
Estado, así como de armonizarla con la Ley General de Víctimas, en términos de lo dispuesto por el
referido artículo noveno transitorio citado, es que se ha considerado la emisión de un nuevo
ordenamiento que integre y ordene todas y cada una de las reglas que puedan llevar a hacer lo más
adecuado, competente y ágil el sistema de atención, asistencia y protección a víctimas en el
Estado, en aras de perseguir la justicia restaurativa.
En ese sentido, se conservan las innovaciones que ya se contenían en el ordenamiento que se
encuentra vigente, integrándose las normas necesarias a fin de armonizarse con la Ley General de
Víctimas, para que queden integrados, los siguientes aspectos:
1. Las consideraciones suficientes para la eficacia, eficiencia y oportunidad en el acceso a los
recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que incluyen: ·
El concepto de medidas de ayuda implica el pago de los gastos de ayuda inmediata, asistencia,
atención y rehabilitación con cargo al Fondo Estatal.
· Se considera un apartado especial para recursos de autorización inmediata cuando la urgencia del
caso lo amerite, aportación de experiencia local.
· La Comisión Ejecutiva Estatal deberá proporcionar directamente medidas de ayuda, asistencia y
atención de manera inmediata con cargo a los recursos del Fondo Estatal.
· Las medidas de ayuda, asistencia y atención establecidas en la Ley se brindarán por instituciones
públicas del fuero que corresponda. En casos urgentes o de extrema necesidad se
podrá recurrir a instituciones privadas.
2. Se amplía cobertura de atención y asistencia a víctimas:
· Las víctimas tendrán acceso a un mayor número de medidas que se cubrirán con cargo al Fondo:
traslados a diligencias, recibir atención médica, solicitar medidas de seguridad o gestionar los
apoyos que requieran ante cualquier autoridad, gastos funerarios. El traslado comprende la
transportación, hospedaje y alimentación, a fin de proporcionar a la víctima las mejores condiciones
durante sus traslados.
3. Reparación Integral del daño:
· Todas las medidas que comprende la reparación podrán ser cubiertas con cargo al Fondo Estatal.
· Los supuestos para la compensación subsidiaria se amplían.
4. Calidad de Víctima:
· Además de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y los juzgadores, podrá reconocer la
calidad de víctima los
siguientes:
a) Organismos públicos de protección de derechos humanos;
b) Organismos internacionales de protección de derechos
humanos;
c) La autoridad responsable de la violación a los derechos
humanos, y
d) El Ministerio Público.
5. Desplazamiento interno:
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· Se incluye expresamente el derecho de las personas en situación de desplazamiento interno de
contar con políticas públicas con enfoque diferencial.
· Las víctimas de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de
emergencia.
· El DIF y las instituciones de las que dependen las casas de refugio contratarán servicios o
brindarán alojamiento y alimentación a las víctimas en situación de desplazamiento.
· La Comisión Estatal de Atención a Víctimas cuando proceda, garantizará su registro, atención y
reparación.
6. Reestructura de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas:
· La Comisión Estatal de Atención a Víctimas se organizará de manera unipersonal a cargo de un
Comisionado Ejecutivo.
· El Comisionado Ejecutivo contará con una Asamblea Consultiva.
· La Comisión Estatal de Atención a Víctimas contará con una Junta de Gobierno.
· Se crea el Comité Interdisciplinario Evaluador.
7. Se crea la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata del Estado, como un área
dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, especializada en brindar orientación a las víctimas,
así como de acompañamiento, ayuda inmediata, asistencia y atención en materia psicosocial,
médica y de trabajo social, con el fortalecimiento de la figura del Asesor Jurídico.
Así mismo la iniciativa de Ley incorpora esquemas de coordinación entre el ámbito federal y el
estatal para la atención integral a víctimas, incluyendo la coordinación entre el Registro Estatal y el
Registro Nacional de Víctimas, así como el mecanismo de coordinación para que, en caso de
solicitar ayuda del Fondo Federal, en términos de la Ley General de Víctimas, los recursos
erogados sean reincorporados a ese Fondo.
Además se integran a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado, aún y cuando no fueron motivo
de reforma en la Ley General de Víctimas, en virtud de que el ordenamiento local carecía de norma
al respecto, a fin de garantizar las necesidades de atención de las víctimas, las siguientes:
I. Medidas de Asistencia y Atención
· Económicas y de desarrollo.
· Procuración y administración de justicia.
II. Medidas de Reparación Integral.
· Restitución,
· Rehabilitación,
· Compensación,
· Satisfacción, y de
· No repetición.
Esta nueva Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, permitirá al Estado
contar con las bases jurídicas necesarias y debidamente armonizadas con la legislación general en
la materia, para garantizar a las personas en situación de víctima los derechos a la ayuda
inmediata, la asistencia, la debida diligencia y la atención, la protección y de acceso a la verdad, a
la justicia y a la reparación integral; adicionalmente servirá para que puedan desarrollarse de la
manera más óptima las funciones de los organismos regulados en este Ordenamiento.
LEY DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
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PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
APLICACIÓN, OBJETO E INTERPRETACIÓN
ARTÍCULO 1º. La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia en el territorio
del Estado de San Luis Potosí, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º párrafo tercero, 17 y
20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General
de Víctimas, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como
por los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano y demás
disposiciones aplicables en la materia.
La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de
gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias,
organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a
proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de
gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como
brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso
contrario quedarán sujetas a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya
lugar.
En las normas que protejan a víctimas en las leyes, se aplicará siempre la que más favorezca a la
persona. Ningún contenido en la presente Ley deberá ser interpretado o utilizado de manera tal que
contravenga a la Ley General de Víctimas o los acuerdos adoptados con apego a esa Ley General
por parte del Sistema Nacional de Víctimas.
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación,
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y
simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la dignidad de la víctima
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho
victimizante.
ARTÍCULO 2º. El objeto de esta Ley es:
I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos
humanos, en especial los derechos a la ayuda inmediata, la asistencia, la debida diligencia y la
atención, la protección y de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, así como
todos los demás derechos consagrados en la presente Ley, en la Ley General de Víctimas, en la
Constitución General de la República y en todos y cada uno de los instrumentos de derechos
humanos;
II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger,
garantizar y realizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los
mecanismos, procedimientos y medidas para que todas las autoridades en el ámbito de sus
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respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr
la reparación integral;
III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento
de las reglas del debido proceso;
IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel
que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas, y V. Establecer las sanciones
respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.
ARTÍCULO 3º. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte;
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.
CAPÍTULO II
CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES
ARTÍCULO 4º. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido
algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en
peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o
violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que
tengan una relación inmediata con ella.
Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar
asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un
delito.
La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en
los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda,
o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o
administrativo.
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en
sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o
la violación de derechos.
ARTÍCULO 5º. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán
diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:
I. Dignidad. La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de
todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y no ser
objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.
En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en
todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.
Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea
disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial
de sus derechos.
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En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán
interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma
más benéfica para la persona;
II. Buena fe. Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que
intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o
responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y
asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de
sus derechos;
III. Complementariedad. Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley,
en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a
las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente, entendiéndose siempre
como complementarias y no excluyentes.
Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas
deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación;
IV. Debida diligencia. El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un
tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención,
asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y
considerada como sujeto titular de derecho.
Las autoridades deberán remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las
víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones
encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en
ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las
acciones que se implementen a favor de las víctimas;
V. Enfoque diferencial y especializado. Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población
con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad,
género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en
consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que
responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor
riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores,
personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas
defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.
En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.
Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas
particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por
su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y
reintegración a la sociedad;
VI. Enfoque transformador. Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el
ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas
de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las
víctimas, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que
pudieron ser la causa de los hechos victimizantes;
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VII. Gratuidad. Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que
implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán
gratuitos para la víctima;
VIII. Igualdad y no discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en
todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin
distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos,
sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo,
género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a
una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades
de las personas.
Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial;
IX. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia. Todos los derechos contemplados en esta
Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los
mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá
en riesgo el ejercicio de otros.
Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se
realizará de forma multidisciplinaria y especializada;
X. Interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y
adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de
manera más efectiva este principio rector.
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo,
se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior
y sus garantías procesales;
XI. Máxima protección. Toda autoridad de los órdenes gobierno debe velar por la aplicación más
amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las
víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección,
bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas;
XII. Mínimo existencial. Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como
presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la
víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que
superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida
a las personas en cada momento de su existencia;
XIII. No criminalización. Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla
en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.
Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al
crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y
las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse;
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XIV. Participación conjunta. Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá
implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y
colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.
La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su
condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un
detrimento a sus derechos;
XV. Progresividad y no regresividad. Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán
la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en
la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento
alcanzados;
XVI. Publicidad. Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre
que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.
El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y
orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones,
mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y
publicitarse de forma clara y accesible;
XVII. Rendición de cuentas. Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de
la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos
efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que dispongan la participación de la sociedad
civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas;
XVIII. Transparencia. Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el
Estado en ejercicio de sus obligaciones con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que
garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.
Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación
de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las
víctimas;
XIX. Trato preferente. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la
obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas, y
XX. Victimización secundaria. Las características y condiciones particulares de la víctima no
podrán ser motivo para negarle su calidad.
El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni
establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir
un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos;
ARTÍCULO 6º. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico o Asesora Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, adscrito a la
Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata del Estado, dependiente de la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas;
II. Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, adscrita a la Unidad de
Primer Contacto y Atención Inmediata del Estado;
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III. Unidad de Primer Contacto: Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata del Estado;
IV. Comisión Ejecutiva Estatal: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;
V. Comisión Ejecutiva Federal: Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas, contemplada
en la Ley General de Víctimas
VI. Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta
Ley;
VII. Daño: muerte, o lesiones corporales; daños o perjuicios morales, y materiales, salvo a los
bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente
derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio
ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en
cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las
medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas,
incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los
daños deriven o resulten;
VIII. Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales;
IX. Fondo Federal: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a cargo de la Comisión
Ejecutiva Federal;
X. Fondo Estatal: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para el Estado de San Luis
Potosí;
XI. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes
jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como
delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y
los Tratados Internacionales de los que México forme parte;
XII. Ley: Ley Estatal de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí;
XIII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas;
XIV Programa: El Programa Estatal de Atención Integral para las Víctimas;
XV. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;
(REFORMADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021)
XVI. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y
reparación integral, previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo
Estatal, según corresponda;
XVII. Registro: Registro Estatal de Víctimas;
XVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis
Potosí;
XIX. Sistema Estatal: El conjunto de instituciones que conforman el Sistema Estatal de Atención a
Víctimas creado por esta Ley;
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XX. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Atención a Víctimas previsto en la Ley General de
Víctimas;
XXI. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus
derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;
XXII. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar
asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un
delito, y
XXIII. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos
reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor
público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas.
También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea
realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público,
o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VÍCTIMAS
ARTÍCULO 7º. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo
y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las
leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más
amplia de sus derechos.
La víctima tendrá, entre otros, los siguientes derechos:
I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de
los responsables de violaciones a los derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional,
y a su reparación integral;
II. A ser reparada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y
efectiva por el daño o menoscabo que ha sufrido en sus derechos como consecuencia de
violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron;
III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos
humanos, para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones;
IV. A qué se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos
previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;
V. A ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los
servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del
cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para
brindar servicios a las víctimas;
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VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita
y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho
victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a qué esa ayuda,
asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;
VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos
accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;
VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno
con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentre dentro
un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de
su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección
eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en
riesgo, en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;
IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de
acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;
X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para
lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;
XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el
ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas;
XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés
como interviniente;
XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la
audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;
XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de
medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;
XV. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas
internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas
extranjeras;
XVI. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya
dividido;
XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y
dignidad;
XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;
XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y
garantizar sus derechos;
XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de
prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;
XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un
enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos
mayores, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;
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XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;
XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la
finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;
XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la
comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;
XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos
alternativos;
XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y
sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos
y a la reparación del daño;
XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de
acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la
ley de la materia;
XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias
correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus
intereses;
XXIX. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el
ejercicio de sus derechos;
XXX. A que se le otorgue, la ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva
Estatal en los términos de la presente Ley, o en caso de ser necesario, la de la Comisión Ejecutiva
Federal;
XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de
que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual;
XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su
reincorporación a la sociedad;
XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le
permita relacionarse con otras víctimas;
XXXIV. A gozar del total de los emolumentos a que tenga derecho en términos de la Ley Federal
del Trabajo en los casos en que su falta al trabajo o a la escuela sea con motivo de su
comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de
los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera su presencia, toda
vez que en tales casos dicha falta, se considerará justificada para efectos laborales y escolares;
XXXV. A la protección, cuando sea víctima del delito de secuestro, desaparición forzada de
personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a la protección de los
intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, y de las personas o familiares cercanas a
todos ellos, la que se otorgará además de lo dispuesto por esta Ley, en términos de la legislación
aplicable;
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XXXVI. A tener acceso ágil, eficaz y transparente al Fondo Estatal o en su caso al Fondo Federal
en términos de esta Ley y de la Ley General de Víctimas, y
XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y
cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN
ARTÍCULO 8º. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos del
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva Estatal, de acuerdo a
las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y
garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de
abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y
alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del
delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan
conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se
brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo
que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o
la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica
especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.
Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus
familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso
oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley
Las medidas de ayuda inmediata, asistencia, y atención se brindarán por las instituciones públicas
de los gobiernos, estatal y municipales a través de los programas, mecanismos y servicios con que
cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a
instituciones privadas.
Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una
institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya
sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.
La Comisión Ejecutiva Estatal, deberá otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda, medidas de
ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para
garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho
victimizante. En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de
carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión
Ejecutiva podrá autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al
Fondo.
La Comisión Ejecutiva Estatal, deberá otorgar, con cargo al Fondo que corresponda, los Recursos
de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que
tengan relación con el hecho victimizante.
En caso de que La Comisión Ejecutiva Estatal no cuente con disponibilidad de recursos para
otorgar medidas de ayuda inmediata, podrá solicitar a la Comisión Ejecutiva Federal por escrito y
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con cargo al Fondo Federal, cubrir los gastos, comprometiéndose a resarcirlos en los términos
establecidos en esta Ley, en la Ley General de Víctimas y los convenios celebrados al efecto.
ARTÍCULO 9º. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuáles se
garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial.
Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas,
medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado,
orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones
para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre
estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la
psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica.
Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y
psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos.
Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación
integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los
servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que
tuvieran derecho las víctimas.
La Comisión Ejecutiva, debe cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata,
ayuda, asistencia, atención y rehabilitación a través de sus Recursos de Ayuda.
CAPÍTULO III
DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
ARTÍCULO 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las
autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su
derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y
exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores
de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y
sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.
Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado,
incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su
intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación
CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL
PROCEDIMIENTO PENAL
ARTÍCULO 11. Para garantizar los derechos establecidos en la presente Ley, las víctimas tendrán
acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos; los Tratados Internacionales; la Constitución Estatal, y en las leyes aplicables.
ARTÍCULO 12. En el procedimiento penal, las víctimas gozarán de los siguientes derechos:
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I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o
la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste
ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, y esta Ley a
su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia
de que exista o no un probable responsable de los hechos;
II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos de esta Ley y
de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia
condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su asesor
jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a
hacerlo;
III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de
prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las
diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas, ejerciendo durante el
mismo sus derechos los cuáles en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo,
tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de
denuncias o querellas;
IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor
Jurídico. En los casos en que no opten por un abogado particular, les será asignado por el Estado a
solicitud de la víctima, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto
incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;
V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de
los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o
suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;
VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para
minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales;
VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor
contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia;
VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la
obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios
electrónicos;
IX. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan;
X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas,
ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables
del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;
XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus
derechos y a estar presentes en las mismas;
XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha
resolución, y
XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la
intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes
en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad
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civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan
recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.
La Comisión Ejecutiva Estatal, podrá cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación
de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo.
Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no
se cuente con personal nacional capacitado en la materia.
ARTÍCULO 13. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse
ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran
señalado para tal efecto, u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de
domicilio que tuviere, o se ausentase del lugar del juicio de autorización de la autoridad
jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que
garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago
definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica que se haya efectuado la reparación integral
del daño correspondiente.
En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la autoridad jurisdiccional
competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual
deberá entregarse sin dilación a la víctima. En los mismos términos los fiadores están obligados a
pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el
procedimiento económico coactivo que las leyes fiscales señalen.
ARTÍCULO 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser
reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los
Tratados Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán
representadas por un asesor jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas
personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos
interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas
cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o
integridad física, o modificaciones a la sentencia.
ARTÍCULO 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los
exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso
de aceptar su realización, a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico o la
persona que consideren.
La Comisión Ejecutiva Estatal, podrá cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo
anterior, con cargo al Fondo Estatal.
Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no
se cuente con personal nacional capacitado en la materia.
ARTÍCULO 16. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las
reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de
facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.
No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los
medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y la
Fiscalía General del Estado llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima
haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando a los Organismos
Públicos de Derechos Humanos que correspondan, a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la
asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que
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conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las
consecuencias que conlleva.
CAPÍTULO V
DEL DERECHO A LA VERDAD
ARTÍCULO 17. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos
constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad
de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a
la justicia en condiciones de igualdad.
ARTÍCULO 18. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir
información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron
directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas
desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero,
o el de sus restos.
Toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades
competentes inicien de manera eficaz y urgente las acciones para lograr su localización y, en su
caso, su oportuno rescate.
ARTÍCULO 19. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los
hechos.
Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y
en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá
expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas
deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones
de cada uno de estos mecanismos.
ARTÍCULO 20. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de
inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para
determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho
a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de
preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.
Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los
Tratados Internacionales de los que México sea Parte.
Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de
otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran
cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida
diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia,
buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los
cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.
Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí, o a
través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán
aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional
de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.
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La Comisión Ejecutiva Estatal podrá cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo
anterior, con cargo al Fondo Estatal. Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes
o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.
Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está
obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos
Penales y en la legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus
familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y
culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos
necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que
establezca el Reglamento de esta Ley.
En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los
familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada.
Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno
extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya
sentencia ejecutoriada.
Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad
jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de
las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que
dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los
derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del
núcleo familiar.
ARTÍCULO 21. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, de sus familiares
y de la sociedad, el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente,
imparcial y competente, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:
I. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de
las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;
II. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos;
III. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas
y escuchadas;
IV. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de
políticas de investigación, y
V. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para
superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos.
Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que incluyan la participación
y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.
La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos, asegurándose su
presencia y declaración voluntarias. Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los
testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará
las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Asimismo, en los casos de las personas que
se vean afectadas por una acusación, deberá proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y
de confrontar o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya sea de manera personal,
por escrito o por medio de representantes designados.
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La investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de garantizar que las
declaraciones, conclusiones y pruebas recolectadas puedan ser utilizadas en procedimientos
penales como pruebas con las debidas formalidades de ley.
ARTÍCULO 22. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales,
organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad
competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos,
con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar
las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente
ARTÍCULO 23. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las
violaciones de los derechos humanos así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los
mismos.
El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su
sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, así como de permitir su consulta pública,
particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio
de sus derechos.
Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de
autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y
de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de
censura.
Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de
derechos humanos, así como los investigadores que trabajen esta responsabilidad, podrán
consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso
será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en
particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como
condición previa de su testimonio.
En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad salvo
que, en circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la ley,
la autoridad haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para
proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de revisión por la
autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a examen judicial independiente.
ARTÍCULO 24. Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los
archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la
legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que
corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación
incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se
impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas
fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de
parentesco que establece el Código Familiar para el Estado.
CAPÍTULO VI
DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL
ARTÍCULO 25. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena,
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del
delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han
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sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y
medidas de no repetición.
ARTÍCULO 26. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:
I. La restitución, busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la
violación de sus derechos humanos;
II. La rehabilitación, busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del
hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
III. La compensación, ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad
del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las
circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos
humanos;
IV. La satisfacción, busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas, y
V. Las medidas de no repetición, buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por
la víctima no vuelva a ocurrir.
Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que
son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la
violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño
comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados en esta hipótesis, estará
orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la
capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las
comunidades, grupos y pueblos afectados.
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de
los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social
y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la
reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las
comunidades y colectivos afectados.
Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo se cubrirán con cargo al Fondo
Estatal.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I
MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA, ASISTENCIA Y
REPARACION INTEGRAL
ARTÍCULO 27. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad
en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las
instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo
en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente
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tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas,
niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas,
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento
interno.
Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los
Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en
el ámbito de sus competencias.
Las medidas enunciadas en la presente Ley no limitan la posibilidad de que las autoridades
competentes, en el marco de sus respectivas competencias, puedan realizar medidas de ayuda
inmediata, asistencia y atención que, aunque no se encuentren explícitamente señaladas en la
presente Ley, consten en legislación o políticas públicas previamente existentes o desarrolladas en
beneficio de las víctimas, en tanto se correspondan con la misma o con lo dispuesto en la Ley
General de Víctimas, y sean pertinentes, proporcionales y razonables, considerando las
necesidades especiales que pudieran desprenderse de las características específicas del caso, del
daño causado por el hecho victimizante, o bien, de las condiciones particulares de la víctima.
ARTÍCULO 28. Las instituciones hospitalarias públicas del Estado y de los municipios tienen la
obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con
independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su
admisión, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas y por esta Ley.
ARTÍCULO 29. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria
consistirán en:
I. Hospitalización;
II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera
para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia;
III. Medicamentos;
IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no
cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;
V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;
VI. Transporte y ambulancia;
VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito
o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o
psiquiátricamente;
VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito
o la violación a los derechos humanos;
IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con
absoluto respeto a la voluntad de la víctima, y
X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.
En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo
señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima, o en el caso de la
fracción IV, la Comisión Ejecutiva Estatal, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de
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conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables, con cargo al Fondo
Estatal.
ARTÍCULO 30. El Estado o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a
las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la
víctima directa, en todos los casos en los cuáles la muerte sobrevenga como resultado del hecho
victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en
un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro
lugar.
Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo
hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia
otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de
los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas
reglamentarias correspondientes a los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva Estatal.
ARTÍCULO 31. La Comisión Ejecutiva Estatal garantizará la coordinación con la Comisión Ejecutiva
Federal a efecto de participar del Modelo de Atención Integral en Salud, para los efectos señalados
en el artículo 32 de la Ley General de Víctimas, teniendo en cuenta que este modelo deberá
contemplar el servicio para aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de
prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan
ser brindados por el sistema al cual pertenece.
ARTÍCULO 32. El Poder Ejecutivo Estatal a través de la Comisión Ejecutiva Estatal o de sus
dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias, serán
las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud,
con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.
El proceso de credencialización se realizará de manera gradual y progresiva dando prioridad a las
víctimas de daños graves a la salud e integridad personal. No obstante, aquellas víctimas que no
cuenten con dicho carnet y requieran atención inmediata deberán ser atendidas de manera
prioritaria, sin que la ausencia del mismo sea impedimento para ninguna autoridad a fin de cumplir
con sus obligaciones, en el marco de sus competencias.
ARTÍCULO 33. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y
odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la Ley de Salud del Estado, y de
la Ley General de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:
I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en
cualquiera de los hospitales públicos locales y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando
se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación
a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente,
cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda
que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán
brindando hasta el final del tratamiento;
II. El Gobierno Estatal a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así
como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de
servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor
a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en
salud, en cuyo caso la atención será inmediata;
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III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la
correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a
los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el
tratamiento integral, si así hubiese lugar;
IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o
aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en
la materia así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los
servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia
del hecho punible o la violación a sus derechos humanos;
V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como
consecuencia del hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o
psiquiátricamente, y
VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.
No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima
que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.
ARTÍCULO 34. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su
integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de
emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con
absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de
exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y
conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario
para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión
sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.
Las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, procurarán
disponer de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal
de género, para ello la Comisión Ejecutiva Estatal y los diversos organismos públicos estatales de
derechos humanos brindarán la capacitación adecuada.
ARTÍCULO 35. El Ejecutivo del Estado a través de sus organismos, dependencias y entidades de
salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de
prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los
servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica
a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones
transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan
relación causal directa con las conductas victimizantes.
ARTÍCULO 36. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no
cumpla con lo señalado en los artículos anteriores y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima,
la Comisión Ejecutiva Estatal, se los reembolsará de manera completa y expedita, teniendo esta
Comisión el derecho de actuar contra los responsables. El Reglamento de la presente Ley
establecerá el procedimiento necesario para solicitar el reembolso a que se refiere este artículo.
CAPÍTULO II
MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
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ARTÍCULO 37. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí,
los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y demás instituciones públicas
que existan y brinden estos servicios en el ámbito estatal o municipal, brindarán directamente
alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se
encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas
o desplazadas de su lugar de residencia por causa del hecho punible cometido contra ellas o de la
violación de sus derechos humanos.
El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar
que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones
seguras y dignas a su hogar.
Se podrán establecer convenios de coordinación con instituciones privadas para la prestación de
estos servicios.
CAPÍTULO III
MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO
ARTÍCULO 38. Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y
desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno,
pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte
usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo
con sus condiciones.
ARTÍCULO 39. La Comisión Ejecutiva Estatal cubrirá los gastos relacionados con los apoyos de
traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y
alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:
I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;
II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien
para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos
Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;
III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades
competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad
física o psicoemocional, y
IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública o privada
cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 8 de esta Ley, para el apoyo
médico, psicológico o social que requiera.
CAPÍTULO IV
MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida
o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o
de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden estatal o municipales, de
acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que
sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.
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Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes
principios:
I. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, psíquica,
la libertad y la seguridad de las personas;
II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel
de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto
sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;
III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional
relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la
investigación o del proceso respectivo, y
IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y
eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del
momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.
Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables los
servidores públicos que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través
de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que
demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas
autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace
o dañe la integridad física o moral de una víctima.
ARTÍCULO 41. Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de
conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como
respetar, en todos los casos, su dignidad
CAPÍTULO V
MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA
ARTÍCULO 42. Las autoridades del orden estatal y municipios brindarán de inmediato a las
víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales,
administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus
intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que
son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva Estatal garantizará lo dispuesto en
el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica en los términos de esta Ley.
ARTÍCULO 43. La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales
conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso
de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.
TÍTULO CUARTO
MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN
CAPÍTULO I
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DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 44. La Comisión Ejecutiva Estatal como responsable de la creación y gestión del
Registro Estatal de Víctimas a que hace referencia el Título Sexto de esta Ley garantizará que el
acceso de las víctimas al Registro se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de
permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 45. Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva Estatal las
secretarías, dependencias, organismos y entidades estatales del sector salud, educación,
desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y
fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y
consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en
la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo
de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores,
personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos,
periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.
ARTÍCULO 46. Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las
instituciones públicas estatales y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán
gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio-económica y sin
exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley. Así
mismo, las medidas para atender las necesidades de la víctima no serán un mecanismo
únicamente asistencial, sino que acompañarán la lucha contra la impunidad e impulsarán el
derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
ARTÍCULO 47. Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el
acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como
consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo
cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante,
particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes,
indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar con
enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se
buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las
instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
ARTÍCULO 48. Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera
que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar
una actividad productiva.
ARTÍCULO 49. Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias otorgarán
apoyos especiales a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a
víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones
necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.
ARTÍCULO 50. El Estado a través de sus organismos descentralizados y de los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, está obligado a prestar servicios
educativos para que gratuitamente, cualquier víctima o sus hijos menores de edad, en igualdad
efectiva de condiciones de acceso y permanencia en los servicios educativos que el resto de la
población, pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se
prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida
en la Ley de Educación aplicable, conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas.
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ARTÍCULO 51. La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de
estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación media superior para sí o los
dependientes que lo requieran.
ARTÍCULO 52. El Poder Ejecutivo del Estado a través de sus secretarías, dependencias, entidades
y organismos de educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la
capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los
niños, niñas y adolescentes víctimas, los respectivos paquetes escolares y uniformes para
garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.
ARTÍCULO 53. La víctima o sus hijos menores de edad, deberán tener acceso a los libros de texto
gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública
proporcione.
ARTÍCULO 54. El Poder Ejecutivo del Estado a través de sus secretarías, dependencias, entidades
y organismos de educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía,
establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y
matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones,
para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de
grado.
CAPÍTULO II
MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO
ARTÍCULO 55. Dentro de la política de desarrollo social el Estado tendrá la obligación de garantizar
que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus necesidades,
particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia
del hecho victimizante.
ARTÍCULO 56. Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la
vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la
no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
los Tratados Internacionales de derechos humanos.
ARTÍCULO 57. El Estado y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán
políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso
en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuéstales necesarios y estableciendo
metas cuantificables para ello.
ARTÍCULO 58. Las autoridades competentes de los diversos órganos de gobierno están obligadas
a proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación,
recursos y cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas.
ARTÍCULO 59. Las víctimas estarán sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas.
CAPÍTULO III
MEDIDAS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN
MATERIA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
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ARTÍCULO 60. Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración
de justicia serán permanentes y comprenden, como mínimo:
I. La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su
condición de víctima;
II. La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación;
III. La asistencia a la víctima durante el juicio, y
IV. La asistencia a la víctima durante la etapa posterior al juicio.
Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y asesoría
que dé a la víctima el Asesor Jurídico.
TÍTULO QUINTO
MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL
CAPÍTULO I
MEDIDAS DE RESTITUCIÓN
ARTÍCULO 61. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así
como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos.
Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:
I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;
II. Restablecimiento de los derechos jurídicos;
III. Restablecimiento de la identidad;
IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;
V. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;
VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen;
VII. Reintegración en el empleo, y
VIII. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o
recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago
de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un
objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.
En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se
eliminarán los registros de los respectivos antecedentes penales.
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CAPÍTULO II
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN
ARTÍCULO 62. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:
I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;
II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a
garantizar su disfrute pleno y tranquilo;
III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima
en su condición de persona y ciudadana;
IV. Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de
garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;
V. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la
sociedad y la realización de su proyecto de vida, y
VI. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o
comunidad.
ARTÍCULO 63. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños
y niñas víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas.
CAPÍTULO III
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
ARTÍCULO 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas
económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se
refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el
error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios,
sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:
I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;
II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación
integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen
carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral
comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas,
como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea
susceptible de medición pecuniaria;
III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los
salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad
para trabajar en oficio, arte o profesión;
IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;
V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos
humanos;
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VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado;
VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la
violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y
física de la víctima, y
VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le
ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en
municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.
La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en el artículo 68 de esta Ley,
consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los
montos señalados en el artículo 67 de este ordenamiento.
En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se
tomarán en consideración para la determinación de la compensación.
La Comisión Ejecutiva Estatal, expedirá los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no
se le cause mayores cargas de comprobación.
ARTÍCULO 65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en
los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:
I. Un órgano jurisdiccional nacional;
II. Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados
por México;
III. Un organismo público de protección de los derechos humanos, y
IV. Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados
Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a
la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se
encuentre contemplado el organismo en cuestión. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto
por la presente Ley.
En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el
artículo 67.
ARTÍCULO 66. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la
víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio
de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de
los bienes decomisados al sentenciado.
Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en el
artículo 67 de esta Ley.
ARTÍCULO 67. La Comisión Ejecutiva Estatal, determinará el monto del pago de una
compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo en términos de la presente Ley y la
legislación aplicable, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:
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I. La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia,
haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;
II. La resolución firme emitida por la autoridad judicial; La determinación de la Comisión Ejecutiva
Estatal correspondiente deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a partir de
emitida la resolución correspondiente.
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, será hasta de
quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la
gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.
ARTÍCULO 68. El Estado a través de la Comisión Ejecutiva Estatal compensará de forma
subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, o en
aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo
al libre desarrollo de su personalidad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro
incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo
determine la autoridad judicial.
ARTÍCULO 69. La Comisión Ejecutiva Estatal ordenará la compensación subsidiaria cuando la
víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo
demuestren y presente ante la Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros:
I. Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que las
circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad
jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;
II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a
reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo
la capacidad de reparar, y
III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los
derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la
persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.
ARTÍCULO 70. La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos se cubrirá con cargo
al Fondo Estatal, en términos de esta Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 71. La Comisión Ejecutiva Estatal, tendrá la obligación de exigir que el sentenciado
restituya al Fondo Estatal los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria
otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.
ARTÍCULO 72. La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a
exigir reparación de cualquier otra naturaleza.
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN
ARTÍCULO 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:
I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que
esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de
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sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para
impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;
II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas
asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el
deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los
derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho
punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la
aceptación de responsabilidades;
V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de
derechos humanos, y
VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas,
tanto vivas como muertas
CAPÍTULO V
MEDIDAS DE NO REPETICIÓN.
ARTÍCULO 74. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que
las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar
la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:
I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de
seguridad;
II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas
nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las
autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;
III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;
IV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes
políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos
humanos;
V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares,
agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar,
ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos;
VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información;
VII. La protección de los defensores de los derechos humanos;
VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto
de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;
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IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular
los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos
humanos, por los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad,
los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos,
psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales; X. La promoción de
mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, y
XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan
ARTÍCULO 75. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni
de las violaciones a derechos humanos, las siguientes:
I. Supervisión de la autoridad;
II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en caso de existir peligro
inminente para la víctima;
III. Caución de no ofender;
IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y
V. La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en
caso de que la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o hecho victimizante.
ARTÍCULO 76. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y
orientación de los sentenciados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar
a la protección de la víctima y la comunidad.
Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, sea
reducida la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.
ARTÍCULO 77. El juez en la sentencia exigirá una garantía de no ofender que se hará efectiva si el
acusado violase las disposiciones del artículo anterior, o de alguna forma reincidiera en los actos de
molestia a la víctima. Esta garantía no deberá ser inferior a la de la multa aplicable y podrá ser
otorgada en cualquiera de las formas autorizadas por las leyes.
ARTÍCULO 78. Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a los derechos
humanos cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes,
psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, sólo si el juez así lo
ordena, se aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación
o desintoxicación.
TÍTULO SEXTO
SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
CAPÍTULO I
CREACIÓN Y OBJETO
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ARTÍCULO 79. El Sistema de Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí será la instancia
superior de coordinación y formulación de políticas públicas en la materia, y tendrá por objeto
proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones
institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la
protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a
las víctimas en los ámbitos local y municipal.
El Sistema Estatal de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades
públicas estatales y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o
privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos
humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere
el Capítulo II del presente Título.
El Sistema tiene por objeto la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las
instituciones y organismos ya existentes y los creados por esta Ley para la protección de los
derechos de las víctimas. Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones,
contará con una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que conocerá y resolverá los
asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.
La Comisión Ejecutiva Estatal tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las
víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores
públicos del orden estatal o municipal.
En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en el Estado, y su entidad de
origen sea distinta, la Comisión Ejecutiva Estatal garantizará su debido registro, atención y
reparación, en términos de esta Ley.
ARTÍCULO 80. El Gobierno Estatal a través de la Comisión Ejecutiva Estatal y Municipal, en el
ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán
coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de
los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad
y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.
ARTÍCULO 81. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Estatal tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Promover la coordinación y colaboración con las instituciones federales y entre las instituciones,
entidades públicas estatales, y municipales, organismos autónomos encargados de la protección,
ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a
la reparación integral de las víctimas;
II. Formular propuestas para la elaboración del Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas y
demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención,
defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las
víctimas;
III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión
Ejecutiva Estatal;
IV. Elaborar propuestas de reformas en materia de atención a víctimas;
V. Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;
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VI. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia,
capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro del personal de
las instituciones de atención a víctimas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás
disposiciones aplicables;
VII. Promover una estrategia de supervisión y acompañamiento que busca el desarrollo profesional
y la especialización conjunta de los miembros de las instituciones de atención a víctimas;
VIII. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme
para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a
víctimas, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en
los ordenamientos correspondientes;
IX. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;
X. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de
víctimas del delito, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas;
XI. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;
XII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a
víctimas;
XIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de atención a víctimas;
XIV. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas;
XV. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;
XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos;
XVII. Promover la celebración de los Convenios de Coordinación, o sus modificaciones, cuando sea
necesario, entre la entre la Comisión Ejecutiva Estatal y la Comisión Ejecutiva Federal, para
establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva Federal a
través del Fondo Federal, ya sea por conceptos de Recursos de Ayuda o de compensación
subsidiaria, los cuáles garantizarán los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición
de cuentas, y contendrán como mínimo los requisitos que al efecto señala la similar fracción XVII
del artículo 81 de la Ley General de Víctimas, y
XVIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN DEL SISTEMAESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS
ARTÍCULO 82. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas estará conformado por las siguientes
entidades y organismos:
I. Poder Ejecutivo del Estado:
a) Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá.
b) Secretaría General de Gobierno.
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c) Secretaría de Finanzas.
d) Fiscalía General del Estado.
(REFORMADO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2022)
e) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
f) Secretaría de Educación.
g) Secretaría de Salud;
II. Poder Legislativo del Estado:
(REFORMADO, P.O. 14 DE JUNIO DE 2024)
a) Presidenta o presidente de la Directiva del Congreso del Estado.
b) Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
(REFORMADO, P.O. 14 DE JUNIO DE 2024)
c) Comisión de Derechos Humanos.
(REFORMADO, P.O. 09 DE NOVIEMBRE DE 2023)
d) Comisión de Asuntos Indígenas.
(ADICIONADO, P.O. 09 DE NOVIEMBRE DE 2023)
e) Comisión de Igualdad de Género;
III. Poder Judicial del Estado:
a) El presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura;
IV. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
V. La Comisión Ejecutiva Estatal;
VI. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y
VII. Un Presidente Municipal representante de cada una de las cuatro Regiones del Estado:
a) Región Altiplano.
b) Región Centro.
c) Región Media.
d) Región Huasteca.
ARTÍCULO 83. Los integrantes del Sistema de Atención a Víctimas sesionarán en Pleno o en
comisiones las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
esta Ley.
El Pleno sesionará por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien
integrará la agenda de los asuntos a tratar tomando en consideración las recomendaciones de la
Comisión Ejecutiva Estatal, y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo
requiera, a solicitud de cualquiera de los integrantes del Sistema Estatal de Víctimas. Los
integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones.
El quórum para las sesiones del Sistema Estatal de Víctimas se conformará con la mitad más uno
de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con
derecho a voto.
Corresponderá al Presidente del Sistema Estatal de Víctimas la facultad de promover en todo
tiempo su efectiva coordinación y funcionamiento. Los integrantes del mismo podrán formular
propuestas de acuerdos que permitan su mejor funcionamiento. El Presidente del Sistema Estatal
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de Víctimas será suplido en sus ausencias por el Secretario General de Gobierno. Los integrantes
del Sistema Estatal de Víctimas deberán asistir personalmente
Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta
Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las
demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Titular de la Comisión Ejecutiva
deban participar en la sesión que corresponda.
El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Los invitados acudirán a
las reuniones con derecho a voz pero sin voto.
CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
(REFORMADO, P.O. 10 DE MAYO DE 2022)
ARTÍCULO 84. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis
Potosí es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios; con
autonomía técnica, de gestión, y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos
del Estado, del cual se procurará su progresividad con el fin de que no sea menor al del ejercicio
fiscal anterior, con el objetivo de cumplir con las obligaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal, así
como con la reparación a las víctimas.
(REFORMADO, P.O. 10 DE MAYO DE 2022)
Las relaciones de trabajo entre la Comisión Ejecutiva Estatal y sus trabajadores se regirán por el
apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sus
trabajadores contarán con los beneficios y servicios de seguridad social que las leyes de la materia
determinan.
La Comisión Ejecutiva Estatal tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a
la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia,
así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema y las demás que esta Ley señale.
El domicilio de la Comisión Ejecutiva Estatal es la Ciudad de San Luis Potosí, y podrá establecer
delegaciones y oficinas en el interior del Estado, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de
acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.
En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión
Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la
sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el
ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del
Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas estará a cargo del Registro Estatal de
Víctimas, del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para el Estado de San Luis Potosí,
así como de la Unidad de Primer Contacto, las cuáles brindarán el apoyo a las víctimas, de
conformidad con lo que dispone la presente Ley.
ARTÍCULO 85. El patrimonio de la Comisión Ejecutiva Estatal se integra:
I. Con los recursos que le asigne el Congreso del Estado a través del Presupuesto de Egresos del
Estado;
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II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y
III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le
adjudiquen por cualquier título jurídico.
ARTÍCULO 86. La Comisión Ejecutiva Estatal contará con una Junta de Gobierno y un
Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como
órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.
ARTÍCULO 87. La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto
en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, estará integrada de la siguiente manera:
I. Un representante de las siguientes Secretarías de Estado:
a) Secretaría General de Gobierno, quien la presidirá.
b) Secretaría de Finanzas.
c) Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
d) Secretaría de Salud;
II. Tres representantes de la Asamblea Consultiva, designados
por ésta, y
III. El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal.
Las y los integrantes referidos en la fracción I del párrafo anterior, serán las personas titulares de
cada Institución y sus suplentes tendrán el nivel de Subsecretaría, Dirección General o su
equivalente. En sus decisiones los integrantes tendrán derecho a voz y voto.
La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico.
ARTÍCULO 88. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al
año y podrá celebrar extraordinarias cuando sea necesario, las que serán propuestas por su
Presidente, por el Comisionado Ejecutivo o al menos 3 de sus integrantes.
ARTÍCULO 89. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus
integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la misma. Los acuerdos se adoptarán por
mayoría de votos de los miembros presentes. El presidente de la misma tendrá voto de calidad en
caso de empate.
ARTÍCULO 90. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:
I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, con base en la propuesta que presente el
Comisionado Ejecutivo;
II. Aprobar las disposiciones normativas de su competencia, que el Comisionado Ejecutivo Estatal
someta a su consideración en términos de la Ley y el Reglamento;
III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión Ejecutiva Estatal, que proponga el
Comisionado Ejecutivo;
IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre
la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo con esta Ley;
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V. Elegir a los integrantes de la Asamblea Consultiva, acorde a lo dispuesto por el artículo 91 de
esta Ley, y
VI. Aquellas que por su naturaleza jurídica le correspondan.
En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de los recursos de ayuda y
la reparación integral que la Comisión Ejecutiva Estatal otorgue a las víctimas.
ARTÍCULO 91. La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones,
políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva Estatal.
La Asamblea Consultiva estará integrada por siete representantes de colectivos de víctimas,
organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes serán electos por la Junta de Gobierno y
cuyo cargo tendrá carácter honorífico.
Para efectos del párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, que
establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado “Plan de San Luis”.
La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva atenderá a un criterio de representación
regional rotativa de cuando menos una institución, organización, colectivo o grupo por región.
Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el Comisionado Ejecutivo y atender,
cuando menos, a criterios de experiencia estatal, nacional o internacional en trabajos de protección,
atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en
actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas así como experiencia
laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias afines a la Ley.
La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los
principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y enfoque diferencial.
Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las
personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas sólo por un período
igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.
ARTÍCULO 92. La Comisión Ejecutiva Estatal estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la
terna que enviará el Ejecutivo Estatal, previa consulta pública dirigida principalmente a los
colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia.
(REFORMADO, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023)
ARTÍCULO 93. Para ser Comisionada o comisionado Ejecutivo se requiere.
I. Ser ciudadana o ciudadano potosino;
II. No estar inhabilitada como servidora o servidor público.
III. No estar en alguno de los siguientes supuestos:
a) Tener sentencia condenatoria que haya causado estado, por violencia familiar; o delitos contra
las mujeres por razón de género.
b) Tener sentencia condenatoria que haya causado estado por delitos: contra la libertad sexual; la
seguridad sexual; y el normal desarrollo psicosexual, o
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c) Estar registrado o registrada en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas o en caso
de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios;
IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en
sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los dos años
previos a su designación;
V. Contar con título profesional, y
VI. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de
los dos años previos a su designación.
ARTÍCULO 94. El Comisionado Ejecutivo para el desarrollo de las actividades de la Comisión
Ejecutiva designará a las personas responsables del Fondo Estatal, de la Unidad de Primer
Contacto, de la Asesoría Jurídica, y del Registro Estatal de Víctimas.
ARTÍCULO 95. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema Estatal;
II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado
proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su
reincorporación a la vida social;
III. Elaborar anualmente el proyecto de Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas con el
objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en
materia de atención a víctimas, y proponerlo para su aprobación al Sistema;
IV. Proponer al Sistema una política estatal integral y políticas públicas de prevención de delitos y
violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia,
a la verdad y reparación integral a las víctimas u ofendidos de acuerdo con los principios
establecidos en esta Ley;
V. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el
Sistema;
VI. Proponer al Sistema Estatal un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones
previstas en esta Ley;
VII. Proponer al Sistema Estatal las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de
las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentre en riesgo;
VIII. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de
acuerdo con los principios establecidos en esta Ley, así como los de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad;
IX. Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos
humanos que le competan al Estado, dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas
acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos
internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales;
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X. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de
funcionarios públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley;
XI. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Estatal de Víctimas;
XII. Establecer las directrices para alimentar de información al Registros Estatal y al Registro
Nacional de Víctimas. La Comisión Ejecutiva Estatal dictará los lineamientos para la transmisión de
información de las instituciones que forman parte del Sistema Estatal, incluidas las autoridades
Estatales, cuidando la confidencialidad de la información, pero permitiendo que pueda haber un
seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;
XIII. Rendir un informe anual ante el Sistema Estatal, sobre los avances del Programa y demás
obligaciones previstas en esta Ley;
XIV. Vigilar el adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de
garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad,
transparencia y rendición de cuentas;
XV. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones
correspondientes a quienes incumplan con lo dispuesto en la presente ley;
XVI. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los términos de esta Ley
y su Reglamento;
XVII. Hacer recomendaciones al Sistema Estatal, mismo que deberá dar respuesta oportuna a
aquéllas;
XVIII. Nombrar a los titulares del Fondo Estatal, de la Unidad de Primer Contacto y del Registro;
XIX. Emitir opinión sobre el proyecto de Reglamento de la presente Ley y sus reformas y adiciones;
XX. Formular propuestas de política integral Estatal de prevención de violaciones a derechos
humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a
las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
XXI. Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones
dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su
recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad
y a la reparación integral;
XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que
integran el Sistema Estatal, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y
especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran
para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en
esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;
XXIII. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de
las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la
violación de sus derechos humanos;
XXIV. Proponer al Sistema las directrices o lineamientos que faciliten el acceso efectivo de las
víctimas a la verdad y a la justicia;
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XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos,
técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones,
planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación
integral de las víctimas en el ámbito del Estado;
XXVI. Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las
víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de
las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención,
asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo,
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades
establecidas en esta Ley; así mismo contribuir con ello a la integración de la plataforma de
información nacional. La Comisión Ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de
información de las instituciones que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la
información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo
lleguen a requerir;
XXVII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro;
XXVIII. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención,
atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos. Las autoridades estatales
y municipales deberán adecuar sus manuales, lineamientos, programas y demás acciones, a lo
establecido en estos protocolos, debiendo adaptarlos a la situación local siempre y cuando
contengan el mínimo de procedimientos y garantías que los protocolos generales establezcan para
las víctimas;
XXIX. En casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un
grupo de víctimas, proponer al Sistema Estatal los programas integrales emergentes de ayuda,
atención, asistencia, protección, acceso a justicia, a la verdad y reparación integral;
XXX. Realizar diagnósticos estatales y/o municipales que permitan evaluar las problemáticas
concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los
derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación
integral del daño;
XXXI. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades del Estado y Municipios en materia
de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar
mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o
acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de tal manera que sea disponible y
efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y
servicios que corresponda al Sistema Estatal de Atención a Víctimas;
XXXII. Brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y
asistencia a favor de las víctimas, priorizando aquéllas que se encuentran en lugares donde las
condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral es difícil debido a las
condiciones precarias de desarrollo y marginación;
XXXIII. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que
permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de
víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se
instauren al respecto, deberán emitir recomendaciones que deberán ser respondidas por las
instituciones correspondientes;
XXXIV. Recibir, evaluar y hacer públicos los informes anuales sobre el funcionamiento del Fondo
Estatal, de la Unidad de Primer Contacto y sus áreas de Asesoría Jurídica, Psicología y Trabajo
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Social, así como sobre el Programa y las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un
óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia;
XXXV. Conocer y aprobar la solicitud de intervención de la Comisión Ejecutiva Federal para ayudar,
atender, asistir y en su caso, cubrir compensación subsidiaria cuando el Fondo Estatal carezca de
recursos suficientes, en términos de esta Ley;
XXXVI. Procurará contar con unidades de atención municipal en puntos geográficos estratégicos,
ya sea en las cabeceras municipales, o donde se estime conveniente, a fin de que permitan la
rápida, fácil y diligente proximidad con quien requiera atención inmediata, disponible en cualquier
momento. Para este fin la Comisión Ejecutiva Estatal deberá establecer rutas de atención y
coordinación entre sus propias oficinas y las entidades, dependencias, organismos e instituciones
estatales, municipales, ya sea integrantes del Sistema Estatal o aquellas obligadas a brindar
atención en términos de la presente Ley; dichas rutas deberán estar integradas en el Programa
Estatal de Atención a Víctimas del Estado, y
XXVII. Las demás que se deriven de la presente Ley.
ARTÍCULO 96. Cuando el Fondo Estatal carezca de recursos suficientes, la Comisión Ejecutiva
Estatal podrá solicitar la intervención de la Comisión Ejecutiva Federal para ayudar, atender, asistir
y, en su caso, cubrir compensación subsidiaria conforme a los requisitos señalados por esta Ley,
por la Ley General de Víctimas y conforme a los convenios de coordinación que se celebren acorde
a lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 80 del presente ordenamiento.
Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal cuando no hubieren
recibido respuesta dentro de los treinta días naturales siguientes por parte de la Comisión Ejecutiva
Estatal, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado.
Los recursos erogados con cargo al Fondo Federal bajo estos parámetros, deberán ser
reintegrados por la Comisión Ejecutiva Estatal en cuanto el Fondo Estatal cuente con los
recursos para tal efecto.
ARTÍCULO 97. La Comisión Ejecutiva Estatal podrá celebrar para el cumplimiento de los fines del
Sistema Estatal, convenios de coordinación, colaboración y concertación con instituciones
federales, estatales y municipales, así como con instituciones homólogas de las entidades
federativas, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos.
ARTÍCULO 98. En los casos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos
contra un grupo de víctimas, las organizaciones no gubernamentales, los poderes ejecutivo y
legislativo, los municipios, o cualquier otra institución pública o privada que tenga entre sus fines la
defensa de los derechos humanos podrán proponer el establecimiento de programas emergentes
de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación
integral de las víctimas.
Estos programas también podrán ser creados por la Comisión Ejecutiva Estatal a propuesta del
Comisionado Ejecutivo, cuando del análisis de la información con que se cuente se determine que
se requiere la atención especial de determinada situación o grupos de víctimas
ARTÍCULO 99. Los diagnósticos estatales o municipales que elabore la Comisión Ejecutiva
deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinado
territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas, tales como niños y niñas, indígenas,
migrantes, mujeres, personas con discapacidad; de delitos, tales como violencia familiar, sexual,
secuestro, homicidios; o de determinadas violaciones a derechos humanos, tales como
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desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes,
detención arbitraria, entre otros.
Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, reorganizar o redireccionar
acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y competencia llevan a cabo los
integrantes del Sistema, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios.
La Comisión Ejecutiva Estatal podrá también contar con la asesoría de grupos de expertos en
temas específicos, solicitar opiniones de organismos estatales, nacionales o internacionales
públicos de derechos humanos, instituciones u organizaciones públicas o privadas estatales,
nacionales o extranjeras con amplia experiencia en cierta problemática relacionada con la atención,
asistencia, justicia; verdad y reparación integral a las víctimas. Los recursos destinados
para tal efecto deberán ser públicos, monitoreables y de fácil acceso para la sociedad civil.
Se deberá procurar en todo momento, además de la especialización técnica y científica, el aporte
de los grupos de víctimas y organizaciones de base que trabajen directamente con víctimas.
ARTÍCULO 100. La Comisión Ejecutiva Estatal cuenta con un comité interdisciplinario evaluador
integrado por las áreas de Registro, Fondo Estatal y de la Unidad de Primer Contacto, con las
siguientes facultades:
I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de
los Recursos de Ayuda, que excedan lo establecido en el Reglamento para los recursos de
autorización inmediata;
II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral, compensación y, en su caso, la
compensación subsidiaria previstas en la Ley y el Reglamento;
III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y
IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.
ARTÍCULO 101. El Comisionado Ejecutivo, tendrá las siguientes facultades:
I. Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión
Ejecutiva;
II. Convocar y dar seguimiento a las sesiones que realice la Junta de Gobierno;
III. Crear los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia
de las funciones de la Comisión Ejecutiva;
IV. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;
V. Coordinar las funciones del Fondo Estatal, Registro Estatal de Víctimas y de la Unidad de Primer
Contacto, mediante la creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para
implementar y vigilar su debido funcionamiento;
VI. Rendir cuentas al Congreso del Estado cuando sea requerido, sobre las funciones
encomendadas a la Comisión Ejecutiva Estatal al Registro Estatal de Víctimas y al Fondo Estatal;
VII. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva Estatal;
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VIII. Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la Comisión Ejecutiva
Estatal a solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, así como los servicios de ayuda,
asistencia, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que soliciten a
través de las instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el
cumplimiento eficaz de las funciones de las instituciones;
IX. Suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la contratación de
expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;
X. Realizar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que
corresponda a la Comisión Ejecutiva;
XI. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión
Ejecutiva se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, expedita y articulada;
XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión Ejecutiva
Estatal;
XIII. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los Recursos de Ayuda y la
reparación integral que la Comisión Ejecutiva Estatal otorgue a las víctimas. Para lo cual, el
Comisionado Ejecutivo se podrá apoyar de la asesoría de la Asamblea Consultiva, y
XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión
Ejecutiva en términos de la legislación aplicable.
CAPÍTULO IV
REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS
ARTÍCULO 102. El Registro Estatal de Víctimas de San Luis Potosí, es el mecanismo
administrativo y técnico, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de
violaciones de derechos humanos al Sistema creado por esta Ley y que garantiza que las víctimas
tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la
justicia y reparación integral previstas.
El Registro es una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva Estatal, encargada de llevar y
salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel estatal, e inscribir los datos de las víctimas del delito y
de violaciones a derechos humanos del orden local.
El Registro estará obligado a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que
diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así
mismo proporcionará dicha información al Registro Nacional de Víctimas para su integración.
El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la
información administrada y sistematizada en el Registro. Los integrantes del Sistema Estatal
estarán obligados a compartir con el Registro la información en materia de víctimas que obren en
sus bases de datos.
ARTÍCULO 103. El Registro Estatal de Víctimas recabará e
integrará su información, entre otras, por las siguientes fuentes, siempre que cumplan con los
requisitos contemplados en esta Ley y en la Ley General de Víctimas:
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I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito o de violaciones de
derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza
ante la Comisión Ejecutiva Estatal;
II. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad estatal o municipal; y
III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que
se encuentren en cualquier institución o entidad pública, que competa al ámbito estatal, así como
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en aquellos casos en donde se hayan dictado
recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación. Las
entidades productoras y usuarias de la información sobre las víctimas a nivel estatal, y que posean
registros de víctimas, pondrán a disposición del Registro Estatal de Víctimas la información que
producen y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de
datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el
uso de la información.
En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de
víctima, deberá entregarse copia digital al Registro Estatal de Víctimas. En caso que estos soportes
no existan, las entidades a que se refiere este artículo certificarán dicha circunstancia.
Dichas entidades serán responsables por el contenido de la información que transmiten al Registro
Estatal de Víctimas.
ARTÍCULO 104. Las solicitudes de ingreso de víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos del orden local se realizarán en forma totalmente gratuita ante la Comisión Ejecutiva
Estatal a través del Registro Estatal de Víctimas.
La información que acompaña la incorporación de datos al registro se consignará en el formato
único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva Estatal, su utilización será obligatoria por
parte de las autoridades responsables de garantizar el ingreso al mismo, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley. El formato único de incorporación al registro deberá ser accesible a toda
persona y de uso simplificado, y buscará recoger la información necesaria para que la víctima
pueda acceder plenamente a todos sus derechos, incluidos los que se le reconocen en la presente
Ley.
El ingreso al Registro podrá solicitarse y tramitarse de manera personal y directa por la víctima, a
través de representante legal, o a través de familiar o persona de confianza. Cuando no se acredite
la representación legal, ya sea por documento jurídico o por filiación, el solicitante deberá de
inscribirse en el padrón de representantes que al efecto establezca Comisión Ejecutiva Estatal,
conforme a lo que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes.
ARTÍCULO 105. Para que las autoridades estatales y municipales competentes y otras que se
faculten por la presente Ley, procedan a solicitar la inscripción de datos de la víctima en el Registro
deberá, como mínimo, tener la siguiente información:
I. Los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan su ingreso o en cuyo nombre
se solicita el ingreso. En caso que la víctima por cuestiones de seguridad solicite que sus datos
personales no sean públicos, se deberá asegurar la confidencialidad de sus datos. En caso de que
se cuente con ella, se deberá mostrar una identificación oficial;
II. En su caso, el nombre completo, cargo y firma del servidor público de la entidad que recibió la
solicitud de inscripción de datos al Registro y el sello de la dependencia; III. La firma y huella
dactilar de la persona que solicita el registro; en los casos que la persona manifieste no poder o no
saber firmar, se tomará como válida la huella dactilar;
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IV. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los
hechos victimizantes;
V. El funcionario que recabe la declaración la asentará en forma textual, completa y detallada en los
términos que sea emitida;
VI. Los datos de contacto de la persona que solicita el registro, y
VII. La información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicita el
registro, cuando no es la víctima quien lo hace. En caso que el ingreso lo solicite un servidor público
deberá detallarse nombre, cargo y dependencia o institución a la que pertenece. En el caso de
faltar información, la Comisión Ejecutiva Estatal a través del Registro pedirá a la entidad que tramitó
inicialmente la inscripción de datos, que complemente dicha información en el plazo máximo de
diez días hábiles.
Lo anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron
en forma directa al Registro o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado.
ARTÍCULO 106. Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban solicitudes de
ingreso al Registro Estatal de Víctimas:
I. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro Estatal de Víctimas sean
atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y respetuosa;
II. Para las solicitudes de ingreso en el Registro tomadas en forma directa, diligenciar
correctamente, en su totalidad y de manera legible, el formato único de declaración diseñado y
suministrado por la Comisión Ejecutiva Estatal;
III. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la
declaración, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva Estatal determine;
IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma
de la declaración al lugar que la Comisión Ejecutiva determine la competencia; V. Orientar a la
persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la diligencia;
VI. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de
contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de
participación conjunta consagrado en esta Ley;
VII. Indagar, de ser el caso, las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la
solicitud de registro;
VIII. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por el declarante y
relacionar el número de folios que se adjunten con la declaración;
IX. Garantizar la confidencialidad, reserva, integridad y seguridad de la información y abstenerse de
hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento
para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley, y
a las relativas a la protección de datos personales;
X. Entregar una copia o recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a quienes
hayan realizado la solicitud, y
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XI. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva. Bajo ninguna
circunstancia la autoridad podrá negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas a que se
refiere la presente Ley.
ARTÍCULO 107. La solicitud de inscripción de la víctima no implica su ingreso automático al
Registro. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro y se procederá a la
valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que
acompañe dicho formato.
Para practicar esa valoración, la Comisión Ejecutiva Estatal, podrá solicitar la información que
considere necesaria a cualquiera de las autoridades estatales o municipales, las que estarán en el
deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días naturales.
Si hubiera una duda razonable sobre los hechos, se escuchará a la víctima o a quien haya
solicitado el ingreso en el Registro, quien podrá concurrir ante la Comisión Ejecutiva Estatal. En
caso de hechos probados o de naturaleza pública, deberá aplicarse el principio de buena fe a que
hace referencia esta Ley. La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los
párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que
tiene derecho la víctima.
No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración y se procederá por tanto a la
Inscripción de la víctima al Registro cuando:
I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa
competente;
II. Exista una determinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, que dé cuenta de los hechos, incluidas recomendaciones,
conciliaciones o medidas precautorias;
III. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o
por un organismo público d derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o
resolución;
IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter, emitido por algún
organismo internacional de protección de derechos humanos al que el Estado Mexicano le
reconozca competencia, y
V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal
carácter.
ARTÍCULO 108. La víctima tendrá derecho, además, a conocer todas las actuaciones que se
realicen a lo largo del proceso de registro. Cuando sea un tercero quien solicite el ingreso, deberá
notificársele por escrito si fue aceptado o no el mismo.
ARTÍCULO 109. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas cuando,
después de realizada la valoración contemplada en el artículo 104 de esta Ley, incluido el haber
escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, la Comisión Ejecutiva Estatal
encuentre que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes
de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación
con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general.
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La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. Deberá
notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona
debidamente autorizada por ella para notificarse o a quien haya solicitado la inscripción, con el fin
de que la víctima pueda interponer, si lo desea, recurso de reconsideración de la decisión ante la
Comisión Ejecutiva para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de acuerdo al
procedimiento que establezca el Reglamento de la presente Ley.
La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer
la notificación personal, se le enviará a la víctima una citación a la dirección, al número de
telefónico o a la dirección de correo electrónico que figuren en el formato único de declaración o en
los demás sistemas de información, a fin de que comparezca a la diligencia de notificación
personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la
decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.
ARTÍCULO 110. La información sistematizada en el Registro Nacional de Víctimas incluirá:
I. El relato del hecho victimizante, como quedó registrado en el formato único de declaración. El
relato inicial se actualizará en la medida en que se avance en la respectiva investigación penal o a
través de otros mecanismos de esclarecimiento de los hechos;
II. La descripción del daño sufrido;
III. La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho victimizante;
IV. La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante;
V. La identificación de la persona o entidad que solicitó el registro de la víctima, cuando no sea ella
quien lo solicite directamente;
VI. La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de atención que
efectivamente hayan sido garantizadas a la víctima;
VII. La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, en su caso, hayan
sido otorgadas a la víctima, y
VIII. La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que, en su caso, se
hayan brindado a la víctima. La información que se asiente en el Registro Estatal de Víctimas
deberá garantizar que se respeta el enfoque diferencial.
ARTÍCULO 111. La Comisión Ejecutiva Estatal elaborará un plan de difusión, capacitación y
actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite, hasta la
decisión de inclusión o no en el Registro Estatal de Víctimas. Las entidades encargadas de recibir y
tramitar la inscripción de datos en el Registro garantizarán la implementación de este plan en los
respectivos estatal y municipal.
CAPÍTULO V
INGRESO DE LA VÍCTIMA AL REGISTRO
ARTÍCULO 112. El ingreso de la víctima al registro se hará ante el Registro Estatal de Víctimas por
la denuncia, la queja o el conocimiento de los hechos que podrá realizar la propia víctima, la
autoridad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos u organismo público de protección de
derechos humanos, su representante, o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.
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ARTÍCULO 113. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su
declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de
prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración.
El Ministerio Público, los defensores públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos no podrán negarse a recibir dicha declaración y deberán enviar el
Formato Único a la entidad correspondiente de acuerdo a lo establecido la presente Ley.
Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la
declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal para
realizar su declaración, las cuales tendrán la obligación de recibirla.
ARTÍCULO 114. Una vez recibida la denuncia, queja o el conocimiento de los hechos, deberán
ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no excederá de
veinticuatro horas.
En el caso de las personas que se encuentren bajo custodia del Estado, estarán obligados a recibir
su declaración las autoridades que estén a cargo de los centros de reinserción social, con la
presencia de los representantes jurídicos de las personas declarantes, así como de cuando menos
la presencia de un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o de la
Comisión Ejecutiva Estatal.
Todo servidor público que tenga conocimiento de un hecho de violación a los derechos humanos,
como: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, desaparición forzada,
ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de inmediato ante la autoridad
competente.
ARTÍCULO 115. Cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un
delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al
Registro, aportando con ello los elementos que tenga.
Cuando la víctima sea mayor de 12 años podrá solicitar su ingreso al registro por sí misma o a
través de sus representantes. En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su
ingreso, a través de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en el artículo
105.
ARTÍCULO 116. Para efectos de esta Ley, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por
la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
I. El Juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;
II. El juzgador penal que tiene conocimiento de la causa;
III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el
sujeto es víctima;
IV. El Ministerio Público;
V. La Comisión Estatal de Derechos Humanos;
VI. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;
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VII. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que el Estado de
Mexicano les reconozca competencia;
VIII. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal
carácter, y
IX. La Comisión Ejecutiva.
ARTÍCULO 117. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá los siguientes efectos:
I. Permitirá acceder a todos los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en
los términos de la Ley General de Víctimas y esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;
II. Facilitará el acceso a los recursos del fondo y la reparación integral, de conformidad con lo
previsto en la Ley General de Víctimas, la presente Ley y sus reglamentos. El procedimiento y los
elementos a acreditar se determinarán en el Reglamento correspondiente, y
III. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de
personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones, privación de
la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima acceder adecuadamente a la defensa de sus
derechos y el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento ordenarán suspender
de inmediato, todos los juicios y procedimientos administrativos y detendrán los plazos de
prescripción y caducidad en que aquella se vea involucrada, y todos los efectos que de éstos se
deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de
ejercer adecuadamente los derechos en dichos juicios y procedimientos.
ARTÍCULO 118. La Comisión Ejecutiva dará vista a su homóloga nacional cuando se preste
servicio de ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de
los extranjeros que hayan sido víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos en el
Estado.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ARTÍCULO 119. Los distintos órdenes de gobierno, coadyuvarán para el cumplimiento de los
objetivos de la Ley General de Víctimas y de esta Ley, de conformidad con las competencias
previstas en esos ordenamientos y demás instrumentos legales aplicables.
CAPÍTULO I
DEL ESTADO
ARTÍCULO 120. Las instancias públicas, competentes en las materias de seguridad pública,
desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación y relaciones exteriores, estatales
y municipales, dentro de su ámbito de competencia, deberán:
I. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes, programas,
líneas de acción, convenios de cooperación y coordinación, entre otros, para garantizar los
derechos de las víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos;
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II. Llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a capacitar a su personal para asegurar el
acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello lograr el
pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;
III. Canalizar a las víctimas a las instituciones que les prestan ayuda, atención y protección
especializada;
IV. Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación con
las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto irrestricto de los derechos
establecidos en la presente Ley;
V. Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida
contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
VI. Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones del Programa que les
corresponda, con la finalidad de diseñar nuevos modelos de prevención y atención a las víctimas,
en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;
VII. Definir y promover al interior de cada institución políticas que promuevan el respeto irrestricto
de los derechos humanos, con base en los principios establecidos en la presente Ley, a fin de
fomentar la cultura de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas;
VIII. Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de violaciones a
derechos humanos, y en el caso de nacionales que se encuentren en el extranjero, se deberán
establecer los mecanismos de información para que conozcan a dónde acudir en caso de
encontrarse en calidad de víctimas;
IX. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o de violaciones a
derechos humanos, proporcionando la información que sea requerida por la misma;
X. Generar los espacios públicos para cumplir, en el ámbito de sus atribuciones lo que mandata la
Ley;
XI. Brindar las medidas de atención prioritaria, determinadas por la Comisión en términos de esta
Ley, y
XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias
respectivas y el Programa.
En materia educativa, las autoridades competentes establecerán un programa de becas
permanente para el caso de las víctimas directas e indirectas que se encuentren cursando los
niveles de educación primaria, secundaria, preparatoria o universidad en instituciones públicas, con
la finalidad de que puedan continuar con sus estudios. Estos apoyos continuarán hasta el término
de su educación superior.
En los casos en que la víctima esté cursando sus estudios en una institución privada, el apoyo se
brindará hasta la conclusión del ciclo escolar en curso.
Las instituciones del sector salud, de manera integral e interdisciplinaria brindarán atención médica,
psicológica y servicios integrales a las víctimas, asegurando que en la prestación de los servicios se
respeten sus derechos humanos.
Las dependencias e instituciones de seguridad pública deberán salvaguardar la integridad y
patrimonio de las víctimas en situación de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios y
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otras situaciones que impliquen violencia o riesgos inminentes o durante la prevención de la
comisión de algún delito o violación a sus derechos humanos.
ARTÍCULO 121. En materia de acceso a la justicia, corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, a
través de sus dependencias competentes:
I. Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Estatal, agentes del Ministerio
Público, Peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia, en materia de
derechos humanos;
(REFORMADA, P.O. 08 DE NOVIEMBRE DE 2022)
II. Proporcionar a las víctimas, orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de
conformidad con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, su
Reglamento y demás ordenamientos aplicables;
III. Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica de emergencia;
IV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias
sobre el número de víctimas atendidas;
V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas
encargadas de su atención;
VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;
VII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas y garantizar la
seguridad de quienes denuncian;
VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y
IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, y las normas reglamentarias
aplicables.
ARTÍCULO 122. En materia de atención integral a víctimas, corresponde al Poder Ejecutivo del
Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal y demás dependencias competentes:
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral,
para la adecuada atención y protección a las víctimas;
II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;
III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas;
IV. Participar en la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas señalado en la Ley
General de Víctimas;
V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a
las víctimas;
VI. Promover, en coordinación con el gobierno federal, programas y proyectos de atención,
educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de
acuerdo con el Programa de Atención Integral a Víctimas señalado en la Ley General de Víctimas;
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VII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de
vida;
VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado
por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas;
IX. Promover programas de información a la población en la materia;
X. Impulsar programas de educación integrales de los imputados;
XI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley y de la Ley General de
Víctimas;
XII. Rendir ante el Sistema Nacional de Atención a Víctimas un informe anual sobre los avances del
Programa;
XIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales,
con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;
XIV. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa
de los derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales;
XV. Recibir de las organizaciones privadas las propuestas y recomendaciones sobre atención y
protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;
XVI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria
para su elaboración;
XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de
la Ley General de Víctimas y de la presente Ley, y
XVIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a
la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales.
CAPÍTULO II
DE LOS MUNICIPIOS
ARTÍCULO 123. Corresponde a los municipios, las atribuciones siguientes:
I. Instrumentar y articular, en concordancia con las políticas nacional y estatal, la política municipal
para la adecuada atención y protección a las víctimas;
II. Coadyuvar con los Gobiernos Federal y Estatal, en la ejecución de los acuerdos tomado por el
Sistema Nacional de Víctimas;
III. Promover, en coordinación con las autoridades estatales, cursos de capacitación a las personas
que atienden a víctimas;
IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Nacional y el Programa
Estatal de Atención de Víctimas;
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados;
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VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;
VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;
VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y
IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales
aplicables.
CAPÍTULO III
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 124. Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto
con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los
siguientes deberes:
I. Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que detentan;
II. Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley, en cumplimiento de
los principios establecidos en el artículo 5 de la presente Ley;
III. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de derechos
humanos;
IV. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;
V. Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos y jurídicos
destinados a la administración de justicia y a conceder una reparación no generen un nuevo daño,
violación, o amenaza a la seguridad y a los intereses de la víctima, familiares, testigos o personas
que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir nuevas violaciones;
VI. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de la víctima,
en los términos del artículo 5 de la presente Ley;
VII. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos,
garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos que se
establecen o reconocen en la presente Ley;
VIII. Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que requiera para el
ejercicio de sus derechos, entre ellos, los documentos de identificación y las visas;
IX. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así como a los
mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por esta Ley;
X. Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos públicos de derechos
humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta Ley reciban. Dicha presentación
oficial deberá hacerse dentro de los tres días hábiles contados a partir de que la víctima, o su
representante, formuló o entregó la misma;
XI. Ingresar a la víctima al Registro Estatal de Víctimas, cuando así lo imponga su competencia;
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XII. Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas que obren en su
poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con la denuncia, queja o solicitud que la
víctima haya presentado en los términos de la presente Ley;
XIII. Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no vulnerar más los
derechos de las víctimas;
XIV. Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y garantía así como de
mecanismos, procedimientos y acciones contempladas en esta Ley;
XV. Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas,
extraviadas, ausentes o no localizadas, así como la identificación de personas, cadáveres o restos
encontrados;
XVI. Prestar ayuda para restablecer el paradero de las víctimas, recuperarlos, identificarlos y en su
caso, inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las tradiciones o prácticas
culturales de su familia y comunidad;
XVII. Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y específica, las medidas
necesarias para lograr que cese la violación de derechos humanos denunciada o evidenciada;
XVIII. Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder entrevistas y demás
solicitudes que les requieran los organismos públicos de defensa de los derechos humanos,
cuando éstas sean realizadas en el ámbito de su competencia y con el objeto de investigar
presuntas violaciones a derechos humanos;
XIX. Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes, gratificaciones
monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole, y
XX. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir
la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista en
ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga
derecho.
El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, será
sancionado con la responsabilidad administrativa o penal correspondiente.
ARTÍCULO 125. Todo particular que ejerza funciones públicas en virtud de mecanismos de
concesión, permiso, contratación o cualquier otro medio idóneo, estará sujeto a los deberes antes
detallados, con los alcances y limitaciones del ámbito de su competencia. Las obligaciones regirán
desde el primer momento en que tenga contacto con la víctima en cumplimento de las medidas a
que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto de esta Ley.
ARTÍCULO 126. Toda alteración en los registros o informes generará responsabilidad disciplinaria
por quien lo refrende o autorice, asimismo generará responsabilidad subsidiaria de su superior
jerárquico. Ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que se generen.
CAPÍTULO IV
DEL MINISTERIO PÚBLICO
ARTÍCULO 127. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el
presente ordenamiento, lo siguiente:
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I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos
que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el Código Penal y de Procedimientos
Penales respectivo, y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos,
debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;
II. Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta Ley, en especial el deber legal de
búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas;
III. Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral
del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos;
IV. Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus
familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario;
V. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño causado a la
víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley;
VI. Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia
de bienes susceptibles de extinción de dominio;
VII. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley;
VIII. Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a través
de mecanismos como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las
mismas se realice con equidad, pleno conocimiento y absoluta voluntariedad;
IX. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos,
deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que
acarrea para el proceso;
X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y
no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los
mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo
su derecho a la verdad y a la justicia, y
XI. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
atención integral a víctimas y reparación integral.
CAPÍTULO V
DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL
ARTÍCULO 128. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su competencia:
I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los tratados
internacionales;
II. Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las violaciones de
derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos;
III. Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes;
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IV. Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se presenten;
V. Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, y sus
bienes jurídicos;
VI. Garantizar que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de resolución de conflictos se
realice en respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la
voluntariedad;
VII. Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus intereses y derechos,
aunque no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;
VIII. Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no jurisdiccionales que solicite,
incluso cuando no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;
IX. Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver cualquier acto o
medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses;
X. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos,
deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y lasconsecuencias que acarrea
para el proceso, y
XI. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
atención a víctimas de delito y reparación integral.
CAPÍTULO VI
DEL ASESOR JURÍDICO DE LAS VÍCTIMAS
ARTÍCULO 129. Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas:
I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el
derecho a la protección, a la verdad a la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar
para el correcto desempeño de su encargo, con el apoyo delos servicios de atención médica y
psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta
fracción;
II. Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías,
mecanismos y procedimientos que reconoce esta Ley;
III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata,
ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;
IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;
V. Formular denuncias o querellas, y
VI. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un
hecho victimizante.
ARTÍCULO 130. La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y
técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en
esta Ley.
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La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio
civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia,
formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, en términos del
Reglamento.
CAPÍTULO VII
DE LOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 131. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, los funcionarios
de organismos públicos de protección de derechos humanos, en el ámbito de su competencia,
deberán:
I. Recibir las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos;
II. Recibir las denuncias por presuntos hechos delictivos y remitir las mismas al Ministerio Público;
III. Investigar las presuntas violaciones a derechos humanos;
IV. Respetar, en el marco de sus investigaciones, los protocolos internacionales para
documentación de casos de presuntas violaciones de derechos humanos;
V. Solicitar, cuando sea conducente, medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad de
las víctimas, familiares o bienes jurídicos;
VI. Dar seguimiento a las solicitudes que plantee ante la autoridad ejecutiva o judicial; en caso de
advertir omisiones o incumplimientos por la autoridad o particular, denunciar las mismas por las
vías pertinentes;
VII. Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que de manera eficaz y
oportuna, se busque fincar las responsabilidades administrativas, civiles o penales por graves
violaciones a derechos humanos, y
VIII. Recomendar las reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos
con base en los estándares y elementos establecidos en la presente Ley.
CAPÍTULO VIII
DE LAS POLICÍAS
ARTÍCULO 132. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, y las
disposiciones específicas contempladas en los ordenamientos respectivos, a los miembros de las
policías de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, les corresponde:
I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos
que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y de procedimientos
penales respectivo, y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos,
debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;
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II. Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos encaminados a la
procuración de justicia, así como el ejercicio de su coadyuvancia; III. Facilitar el acceso de la
víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad; IV. Colaborar con los
tribunales de justicia, el ministerio público, las procuradurías, contralorías y demás autoridades en
todas las actuaciones policiales requeridas;
V. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con la debida diligencia, en concordancia
con el artículo 5 de la presente Ley;
VI. Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los
derechos humanos, y
VII. Mantener actualizados los registros en cumplimiento de
esta Ley y de las leyes conforme su competencia.
CAPÍTULO IX
DE LA VÍCTIMA
ARTÍCULO 133. A la víctima corresponde:
I. Actuar de buena fe;
II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad,
siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes jurídicos;
III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos
bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la
autoridad así se lo solicite, y por el lapso que se determine necesario, y IV. Cuando tenga acceso a
información reservada, respetar y guardar la confidencialidad de la misma.
ARTÍCULO 134. Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar
que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer
efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique ausentismo.
TÍTULO OCTAVO
FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL
CAPÍTULO I
OBJETO E INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 135. El Fondo Estatal tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda Inmediata, y la
reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos,
siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.
La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo Estatal en los términos de esta Ley, sin
perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.
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La suma de las asignaciones anuales que el Estado deberá aportar al Fondo Estatal, se calculará
conforme a lo siguiente:
I. Se tomará como base la cantidad que corresponda al cincuenta por ciento de la asignación que
se destine al Fondo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de
que se trate;
II. La aportación anual que deberá realizar el Estado al Fondo Estatal, se calculará con base en un
factor poblacional. Dicho factor será equivalente a la proporción de la población del Estado con
respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y
III. De la cantidad que resulte de lo señalado en la fracción I de este artículo, se calculará el
porcentaje que represente el factor poblacional a que se refiere la fracción II, siendo la cantidad
resultante la que el Estado deba aportar al Fondo. La aportación anual se deberá efectuar, siempre
y cuando, el patrimonio del Fondo estatal al inicio del ejercicio sea inferior al monto de aportación
que corresponde de acuerdo con lo señalado en la fracción III de este artículo.
La aportación del Estado al Fondo se deberá efectuar a más tardar al treinta y uno de marzo de
cada ejercicio.
De los recursos que constituyan el patrimonio del Fondo se deberá mantener una reserva del veinte
por ciento para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo Federal de acuerdo
con lo establecido en los artículos 32 sexies tercer párrafo y 54 bis segundo párrafo, así como en
los demás casos que proceda conforme a lo dispuesto en el Artículo 88 bis de la Ley General.
La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta
Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicación El acceso a los recursos a
favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley.
ARTÍCULO 136. Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo Estatal, además de los requisitos que
al efecto establezca la Ley y su Reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a
efecto de que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno familiar y social
con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda,
asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.
ARTÍCULO 137. El Fondo Estatal se conformará con:
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado en el
rubro correspondiente, calculado con base en lo dispuesto en el Artículo 135 de esta Ley, sin que
pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso, y sin que pueda ser disminuido.
La aportación al Fondo se realizará siempre y cuando el patrimonio total del mismo sea inferior a la
cantidad que corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo 135 de este Ordenamiento;
II. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos
penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los
términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales o en la legislación
respectiva;
III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los
procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad; IV. El monto de las
reparaciones del daño no reclamadas;
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V. Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas físicas o morales de
carácter público, privado o social nacionales o extranjeros de manera altruista;
VI. Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo;
VII. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley, y
VIII. Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.
La constitución del Fondo Estatal será con independencia de la existencia de otros ya establecidos
para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de
la víctima y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El
acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en
esta Ley y las disposiciones correspondientes.
Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo Estatal correspondiente al
ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión Ejecutiva velará por la maximización
del uso de los recursos del Fondo Estatal, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor
gravedad.
ARTÍCULO 138. El Fondo Estatal estará exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal,
así como de los diversos gravámenes a que puedan estar sujetas las operaciones que se realicen
por el Fondo Estatal.
ARTÍCULO 139. La Comisión Ejecutiva Estatal deberá emitir las reglas de operación para el
funcionamiento del Fondo Estatal, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.
ARTÍCULO 140. Cuando la situación lo amerite, en términos de lo establecido en el Reglamento, el
Comisionado Ejecutivo, previo dictamen a que se refiere el artículo 100, fracción III podrá crear un
fondo de emergencia para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, el cual tendrá adjudicado
parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. El ejercicio de los recursos del fondo
de emergencia no estará supeditado al dictamen a que se refiere el artículo 100, fracción I de la
Ley.
CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 141. Los recursos del Fondo Estatal serán administrados y operados por la Comisión
Ejecutiva Estatal por medio de un fideicomiso público.
Una institución de banca de desarrollo fungirá como fiduciaria, con acuerdo a las instrucciones que
gire la Comisión Ejecutiva
Estatal, en su calidad de fideicomitente, siguiendo los criterios de transparencia, oportunidad,
eficiencia y rendición de cuentas.
ARTÍCULO 142. El titular de la Comisión Ejecutiva, con el apoyo del servidor público designado por
éste, para realizar los actos que le corresponden a aquélla en calidad de fideicomitente del Fondo
Estatal, deberá:
I. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo Estatal se administren y ejerzan adecuadamente
a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;
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II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al
mismo;
III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas a la Junta de Gobierno, y
IV. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo Estatal.
ARTÍCULO 143. Los recursos del Fondo Estatal se aplicarán también para otorgar a la víctima los
apoyos a que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto, y, en los casos de víctimas de delitos o de
violación a derechos humanos, a la medida de compensación, en los términos de esta Ley y
conforme al Reglamento respectivo.
La Comisión Ejecutiva determinará el apoyo o asistencia que corresponda otorgar a la víctima con
recursos del Fondo Estatal, incluida la compensación, previa opinión que al respecto emita el
Comité interdisciplinario evaluador.
ARTÍCULO 144. El Fondo será fiscalizado anualmente por la Contraloría General del Estado.
ARTÍCULO 145. El Estado, a través de la Comisión Estatal Ejecutiva, se subrogará en los derechos
de las víctimas para cobrar el importe que por concepto de compensación haya erogado en su
favor con cargo al Fondo Estatal.
Para tal efecto, se aportarán al Estado los elementos de prueba necesarios para el ejercicio de los
derechos derivados de la subrogación.
El Ministerio Público estará obligado a ofrecer los elementos probatorios señalados en el párrafo
anterior, en los momentos procesales oportunos, a fin de garantizar que sean valorados por el
juzgador al momento de dictar sentencia, misma que deberá prever de manera expresa la
subrogación a favor del Estado en el derecho de la víctima a la reparación del daño y el monto
correspondiente a dicha subrogación, en los casos en que así proceda.
En el caso de las compensaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del
Poder Judicial correspondiente.
ARTÍCULO 146. El Estado, por medio de la Comisión Ejecutiva Estatal, ejercerá el procedimiento
económico coactivo para hacer efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a las
disposiciones aplicables, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la vía
civil, para cobrar la reparación del daño del sentenciado o de quien esté obligado a cubrirla, en
términos de las disposiciones que resulten aplicables
ARTÍCULO 147. El Reglamento y los precisará el funcionamiento, alcance y criterios específicos de
asignación de recursos del Fondo Estatal.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 148. Para acceder a los recursos del Fondo Estatal, la víctima deberá presentar su
solicitud ante la Comisión Ejecutiva Estatal de conformidad con lo señalado por esta Ley y su
Reglamento.
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Las determinaciones de la comisión ejecutiva respecto a cualquier tipo de pago, compensación o
reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas
resoluciones procederá el juicio de nulidad o el juicio de amparo a elección de la víctima.
ARTÍCULO 149. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva Estatal la turnará al Comité
Interdisciplinario Evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la
determinación del Comisionado Ejecutivo en torno a los Recursos de Ayuda y, en su caso, la
reparación que requiera la víctima.
Tratándose de las medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención, deberá observarse el
procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley, con el fin de garantizar el acceso oportuno.
ARTÍCULO 150. El Comité Interdisciplinario Evaluador deberá integrar dicho expediente en un
plazo no mayor de cuatro días hábiles, el cual deberá contener como mínimo:
I. Los documentos presentados por la víctima;
II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;
III. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o
de la violación a sus derechos humanos, y
IV. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las
afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los
derechos humanos.
ARTÍCULO 151. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además:
I. Estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario Evaluador en el que se haga
una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que
requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización;
II. Dictamen médico, en los casos que se requieran, donde se especifique las afectaciones sufridas,
las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su
recuperación;
III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se
especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y
IV. Propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva Estatal donde se
justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda.
La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en
su poder. Es responsabilidad del Comité Interdisciplinario Evaluador lograr la integración de la
carpeta respectiva.
ARTÍCULO 152. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del Comité Interdisciplinario
Evaluador para que integre la carpeta con los documentos señalados en el artículo anterior, analice,
valore y concrete las medidas que se otorgarán en cada caso.
El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la
ayuda.
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La Comisión Ejecutiva Estatal deberá integrar el expediente completo en un plazo no mayor a
veinte días hábiles y resolver con base al dictamen del Comité Interdisciplinario Evaluador la
procedencia de la solicitud.
ARTÍCULO 153. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo Estatal en materia de
reparación serán procedentes siempre que la víctima:
I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así
como el monto a pagar y/ o otras formas de reparación;
II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron;
III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse
con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y
IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud
sea avalada por la Comisión Ejecutiva Estatal.
ARTÍCULO 154. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán
considerando:
I. La condición socioeconómica de la víctima;
II. La repercusión del daño en la vida familiar;
III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;
IV. El número y la edad de los dependientes económicos, y
V. Los recursos disponibles en el Fondo.
CAPÍTULO IV
DE LA REPARACIÓN
ARTÍCULO 155. Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de
compensación, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Estatal,
deberá justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor, o gestionar lo
pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.
ARTÍCULO 156. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido
dada por autoridad judicial u organismo nacional o internacional de protección de los derechos
humanos, ésta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva Estatal. Si la misma no fue
documentada en el procedimiento penal, esta Comisión procederá a su documentación e
integración del expediente, conforme lo señalan los artículos 149 y 150.
ARTÍCULO 157. Cuando parte del daño sufrido se explique a consecuencia del actuar u omitir de la
víctima, dicha conducta podrá ser tenida en cuenta al momento de determinar la indemnización
ARTÍCULO 158. Cuando el daño haya sido causado por más de un agente y no sea posible
identificar la exacta participación de cada uno de ellos, se establecerá una responsabilidad
subsidiaria frente a la víctima, y se distribuirá el monto del pago de la indemnización en partes
iguales entre todos los cocausantes previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva.
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ARTÍCULO 159. Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole, en cumplimiento
de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. La reparación integral deberá cubrirse mediante
moneda nacional, con la excepción de que se podrá pagar en especie de acuerdo a la resolución
dictada por la Comisión Ejecutiva Estatal.
ARTÍCULO 160. La Comisión Ejecutiva Estatal tendrá facultades para cubrir las necesidades en
términos de asistencia, ayuda y reparación integral, a través de los programas gubernamentales
estatales con que se cuente.
ARTÍCULO 161. Cuando proceda el pago de la reparación, el Fondo Estatal registrará el fallo
judicial que lo motivó y el monto de la indemnización, que será de consulta pública.
TÍTULO NOVENO
DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN
ARTÍCULO 162. Los integrantes del Sistema Estatal que tengan contacto con la víctima en
cumplimento de medidas de atención, asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier
mecanismo de acceso a la justicia, deberán incluir dentro de sus programas contenidos temáticos
sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por esta Ley;
así como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la Constitución y
tratados internacionales, protocolos específicos y demás instrumentos del derecho internacional de
los derechos humanos.
Dichas entidades deberán diseñar e implementar un sistema de seguimiento que logre medir el
impacto de la capacitación en los miembros de sus respectivas dependencias. A dicho efecto
deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas contra dichos
servidores, las sanciones impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.
ARTÍCULO 163. Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y
reconocimiento de servidores públicos que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su
servicio a víctimas en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o
cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir dentro de los criterios de valoración, un
rubro relativo a derechos humanos.
(REFORMADO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2022)
ARTÍCULO 164. La Fiscalía General del Estado, y la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, deberán disponer, en conjunción con lo establecido por la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, lo pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la Ley
General de Víctimas, la presente Ley y sus reglamentaciones pertinentes sean parte de las
estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión de los
programas correspondientes en los institutos de capacitación.
ARTÍCULO 165. Los servicios periciales deberán capacitar a sus funcionarios y empleados con el
objeto de que la víctima reciba atención especializada de acuerdo al tipo de victimización sufrido, y
tenga expeditos los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales de derechos humanos.
(REFORMADO, P.O. 08 DE NOVIEMBRE DE 2022)
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ARTÍCULO 166. Los institutos y academias que sean responsables de la capacitación, formación,
actualización y especialización de los servidores públicos ministeriales, policiales y periciales,
estatales y municipales, deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los
Programas Rectores de Profesionalización señalados en la Ley del Sistema de Seguridad Pública
del Estado, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, y los lineamientos
mínimos impuestos en el Título Noveno de esta Ley.
Asimismo, deberán proponer convenios de colaboración con universidades y otras instituciones
educativas, públicas o privadas, estatales nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar
formación académica integral y de excelencia a los servidores públicos de sus respectivas
dependencias.
ARTÍCULO 167. La Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá coordinarse con las
instituciones públicas de protección de los derechos humanos, así como con la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, con el objeto de cumplir cabalmente las atribuciones a ellas referidas, y
deberá realizar sus labores prioritariamente enfocada a que la asistencia, apoyo, asesoramiento y
seguimiento sea eficaz, y permita un ejercicio real de los derechos de las víctimas.
ARTÍCULO 168. Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se brindará a las
víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional.
La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y transformador. Se ofrecerá a la
víctima programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo a la utilidad de dicha
capacitación o formación. El objeto es brindar a la víctima herramientas idóneas que ayuden a
hacer efectiva la atención y la reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia
de la víctima.
Asimismo, deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le permita optar
sobre los programas, planes y rutas de capacitación y formación más idóneos conforme su interés,
condición y contexto.
Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en las dependencias
estatales y en los municipios, al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su
coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma. En caso de
que no se cuente con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones referidas
deberán crearse los programas y planes específicos en términos de lo ordenado por el párrafo final
el artículo 164 de la Ley General de Víctimas.
TÍTULO DÉCIMO
DE LA UNIDAD DE PRIMER CONTACTO Y ATENCIÓN
INMEDIATA DEL ESTADO
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 169. Se crea en la Comisión Ejecutiva Estatal, la Unidad de Primer Contacto y Atención
Inmediata del Estado, como un área especializada en brindar orientación para las víctimas sobre
los derechos, procedimientos, servicios y mecanismos de garantía contemplados en esta Ley; así
como de acompañamiento, ayuda inmediata, asistencia y atención en materia psicosocial, médica y
de trabajo social, de emergencia; y jurídica a través de la asesoría jurídica a víctimas.
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La Unidad de Primer Contacto es un área dependiente de la Comisión Ejecutiva, cuya organización
y funcionamiento será dispuesto acorde a lo que disponga el Reglamento de la presente ley.
ARTÍCULO 170. La Unidad de Primer Contacto estará a cargo de un Director General y se
integrará por las unidades de Asesoría Jurídica, Psicología y Trabajo Social, compuestas por
asesores jurídicos de atención a víctimas, por psicólogos y por trabajadores sociales,
respectivamente; así como por peritos y profesionistas técnicos de las diversas disciplinas que se
requieran para la atención integral y defensa de los derechos de las víctimas.
Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la
Unidad de Primer Contacto podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares
para ejercer las funciones de asesores jurídicos, en términos de lo dispuesto los artículos 125 y 129
de esta Ley.
ARTÍCULO 171. La Unidad de Primer Contacto tiene a su cargo las siguientes funciones:
I. Coordinar el servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas a fin de garantizar los derechos de las
víctimas contenidos en esta Ley, en la Ley General de Víctimas, en los tratados internacionales y
demás disposiciones aplicables;
II. Coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, civil,
laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a
la verdad y la reparación integral;
III. Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la Unidad de Primer Contacto;
IV. Designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público, por cada Juzgado Estatal que
conozca de materia penal y por cada Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
cuando menos, a un Asesor Jurídico de las Víctimas y al personal de auxilio necesario;
V. Celebrar convenios de coordinación con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa de
los derechos de las víctimas;
VI. Coordinar el servicio de psicología y trabajo social que las víctimas requieran, para garantizar
sus derechos, y
VII. Las demás que se requiera para la defensa de los derechos
de las víctimas.
ARTÍCULO 172. La víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva que le proporcione un
Asesor Jurídico en caso de que no quiera o no pueda contratar un abogado particular. En este
caso, la Comisión Ejecutiva Estatal deberá nombrarle uno a través de los asesores jurídicos de la
Unidad de Primer Contacto, desde su ingreso al Registro, o en caso de ser de inminente necesidad,
desde la solicitud de ingreso al mismo.
La víctima tendrá el derecho de que su abogado comparezca a todos los actos en los que ésta sea
requerida. El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que lo
quieran, o pueden contratar a un abogado particular, y en especial a:
I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;
II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;
III. Los trabajadores eventuales o subempleados;
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IV. Los indígenas, y
V. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos
servicios.
ARTÍCULO 173. Se crea la figura del Asesor Jurídico de Atención a Víctimas el cual tendrá las
funciones siguientes:
I. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;
II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea
parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, incluyendo
las que correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como
internacional;
III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la
asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;
IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda,
asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y
administrativas;
V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención,
que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su
plena recuperación;
VI. Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los
servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal
y demás derechos establecidos en esta Ley, en la Ley General, en los Tratados Internacionales y
demás leyes aplicables;
VII. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;
VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;
IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del
Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite,
suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor
Jurídico de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las
víctimas por parte del Ministerio Público, y
X. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.
ARTÍCULO 174. Para ingresar y permanecer como Asesor Jurídico se requiere:
I. Ser mexicano o extranjero con calidad migratoria de inmigrado en ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;
II. Ser licenciado en derecho o abogado, con cédula profesional expedida por la autoridad
competente;
III. Aprobar los exámenes de ingreso, y
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(REFORMADA, P.O. 17 DE MARZO DE 2020)
IV. No estar inhabilitado como servidor público
ARTÍCULO 175. El Asesor Jurídico será asignado inmediatamente por la Comisión Ejecutiva
Estatal, sin más requisitos que la solicitud formulada por la víctima o a petición de alguna
institución, organismo de derechos humanos u organización de la sociedad civil.
ARTÍCULO 176. El servicio civil de carrera para los Asesores Jurídicos, comprende la selección,
ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.
Este servicio civil de carrera se regirá por las disposiciones establecidas en las disposiciones
reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 177. El Director General de la Unidad de Primer Contacto, los Asesores Jurídicos y el
personal técnico serán considerados servidores públicos de confianza.
ARTÍCULO 178. El Director General de la Unidad de Primer Contacto deberá reunir para su
designación, los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Acreditar experiencia de tres años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con
las materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de
licenciado en derecho o abogado, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para
ello con antigüedad mínima de cinco años computada al
día de su designación, y
(REFORMADA, P.O. 17 DE MARZO DE 2020)
III. No estar inhabilitado como servidor público.
(ADICIONADO, P.O. 17 DE MARZO DE 2020)
La Comisión Ejecutiva Estatal procurará preferir, en igualdad de circunstancias, a quien haya
desempeñado los cargos de asesor jurídico, defensor público o similar.
ARTÍCULO 179. El Director General de la Unidad de Primer Contacto tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de Asesoría Jurídica, Psicología y Trabajo
Social que se presten, así como sus unidades administrativas;
II. Conocer de las quejas que se presenten contra los Asesores Jurídicos, Psicólogos y
Trabajadores Sociales y, en su caso, investigar la probable responsabilidad de los empleados de la
Unidad de Primer Contacto;
III. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a los Asesores Jurídicos,
Psicólogos y Trabajadores Sociales; determinando, si han incurrido en alguna causal de
responsabilidad por parte de éstos o de los empleados de la Unidad de Primer Contacto;
IV. Proponer a la Comisión Ejecutiva Estatal, las sanciones y correcciones disciplinarias que se
deban imponer a los Asesores Jurídicos, Psicólogos y Trabajadores Sociales; V. Promover y
fortalecer las relaciones de la Unidad de Primer Contacto con las instituciones públicas, sociales y
privadas que por la naturaleza de sus funciones, puedan colaborar al cumplimiento de sus
atribuciones;
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VI. Elaborar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Unidad de Primer Contacto, así como
un programa de difusión de sus servicios;
VII. Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y
cada uno de los Asesores Jurídicos que pertenezcan a la Asesoría Jurídica Federal, el cual deberá
ser publicado;
VIII. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la
Comisión Ejecutiva Estatal, y
IX. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.
TITULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS SANCIONES Y OTRAS DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 180. El Estado de San Luis Potosí garantizará en todo momento los recursos
necesarios para la implementación de la presente Ley, con el objetivo de permitir el fortalecimiento
institucional, el capital humano, los recursos técnicos, materiales y otros que resulten necesarios.
ARTÍCULO 181. Las personas públicas o privadas que colaboren por medio de donaciones u otro
acto tendente a apoyar e incrementar los fondos financieros para la implementación, operación y
cumplimiento de la presente Ley, podrán acceder a los beneficios tributarios que las leyes de la
materia establezcan.
La Comisión Ejecutiva Estatal creará mecanismos para la generación de recursos o aportes con el
fin de atender al cumplimiento de los objetivos fijados en esta Ley.
ARTÍCULO 182. El Poder Ejecutivo del Estado brindará apoyo técnico a los municipios con el fin de
desarrollar bajo el principio de corresponsabilidad las acciones contenidas en la presente Ley y en
la Ley General de Víctimas.
ARTÍCULO 183. Las y los servidores públicos que en el marco del procedimiento penal o cualquier
otro tipo de actuación jurisdiccional o administrativa afecten derechos de las víctimas, responderán
ante las instancias competentes por las acciones u omisiones en que incurran.
ARTÍCULO 184. Incurrirán en responsabilidad, y se sancionarán con la legislación aplicable, los
servidores públicos que:
I. Impidan u obstaculicen el acceso de las víctimas y sus representantes a la información, no sujeta
a reserva legal, sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de las
violaciones a las que se refiere la presente Ley, así como a conocer la verdad acerca de esas
violaciones;
II. Proporcionen información falsa a las víctimas o sobre los hechos que produjeron la victimización;
III. Discriminen por razón de la victimización, o
IV. Se nieguen, cuando estén obligados a ello, a dar una disculpa pública que incluya el
reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
ARTÍCULO 185. Si con posterioridad al reconocimiento de la indemnización administrativa se
demostrare que la persona no tenía la calidad de víctima o de beneficiario o lo hubiere acreditado
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de manera engañosa o fraudulenta, se revocarán las medidas de compensación otorgadas, se
ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren reconocido y entregado por este concepto y
se remitirán copias autorizadas a la autoridad competente para la investigación y el deslinde o
fincamiento de responsabilidad a que haya lugar, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de
la presente Ley.
ARTÍCULO 186. Para hacer efectivo el derecho de las víctimas y de la sociedad a participar en el
alcance de los derechos contemplados en la presente Ley, son obligaciones de todas las
autoridades del Estado los siguientes:
I. Garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y
seguimiento al cumplimiento de la Ley y los planes, proyectos y programas que se creen con
ocasión de la misma;
II. Hacer uso de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución y la Ley que garanticen
la disposición de los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en
las instancias de decisión y seguimiento previstas en esta Ley, el acceso a la información, el diseño
de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de las víctimas en los niveles
estatal y municipal, y
III. Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes, proyectos
y programas que se diseñen y ejecuten en el marco de esta Ley.
ARTÍCULO 187. La Comisión Ejecutiva Estatal diseñará un protocolo de participación efectiva a fin
de que se brinden las condiciones necesarias para que las víctimas ejerzan su derecho a participar
activamente en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas que se adopten a su favor.
ARTÍCULO 188. Las personas que con motivo del desempeño de funciones públicas atiendan a
víctimas en el Estado, serán objeto de medidas que busquen contrarrestar el impacto que genera la
atención y el acompañamiento de las víctimas en este tipo de procesos, lo que se preverá en el
Reglamento que al efecto se emita.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis” el siete de octubre del dos mil catorce.
TERCERO. El Ejecutivo Estatal deberá emitir el Reglamento de la presente Ley dentro de los
noventa días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO. Por única ocasión, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas y
organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la materia, remitirá al Congreso del Estado la
propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo, quien durará en el cargo tres años y
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 93 de esta Ley.
En adelante la designación del Comisionado Ejecutivo se realizará de acuerdo al proceso
establecido en el artículo 92 de esta Ley.
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Los Comisionados nombrados por el Congreso del Estado que fueron propuestos por los Poderes
Ejecutivo, Judicial y el propio Legislativo, y que se encuentren en funciones, dejarán de ejercer el
cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del presente Decreto. Queda sin efecto el
nombramiento realizado en la fecha 14 de julio del año 2015 y el de fecha 16 de julio de 2016.
En tanto no se designe al Comisionado Ejecutivo, la Dirección General la Unidad de Primer
Contacto estará a cargo de la persona que designe al efecto el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, quien emitirá de manera provisional las autorizaciones para el acceso a los recursos del
Fondo.
QUINTO. La Unidad de Primer Contacto, se integrará en los términos y bajo las características que
se precisan en esta Ley en un período no mayor a treinta días a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, y contará con los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos materiales
y financieros que a la fecha tenga destinados el Centro de Atención Integral a Víctimas, además de
los que adicionalmente le sean asignados.
SEXTO. El Comisionado Ejecutivo en un plazo no mayor a diez días naturales a partir de su
nombramiento, publicará la Convocatoria a que se refiere el artículo 91 de la Ley.
SÉPTIMO. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas realizará las adecuaciones
necesarias a su estructura orgánica y al contrato de fideicomiso en un plazo de noventa días
hábiles posteriores a la entrada en vigor del Reglamento.
OCTAVO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto,
se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, por lo que no se autorizarán recursos
adicionales en el ejercicio fiscal correspondiente.
NOVENO. En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente, los
municipios en el Estado, realizarán las adecuaciones en sus Reglamentos conforme a lo dispuesto
en el presente Decreto.
DÉCIMO. Los municipios en el Estado dentro de un plazo de 90 días contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto, deberán nombrar una comisión y/o representante de Atención a
Víctimas.
Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.
DADO en el salón de sesiones “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable Congreso del Estado, el
siete de julio de dos mil diecisiete.
Por la Directiva. Primer Vicepresidente, Legislador Héctor Mendizábal Pérez; Primera Secretaria,
Legisladora Dulcelina Sánchez de Lira; Segundo Secretario, Legislador Gerardo Limón
Montelongo(Rúbricas).
Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan
cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.
DADO en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí, el día veintisiete del mes de julio del año dos mil diecisiete.
El Gobernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras López
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(Rúbrica)
El Secretario General de Gobierno
Alejandro Leal Tovías
(Rúbrica)
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones en materia de protección de datos
personales, de carácter estatal y municipal, que contravengan lo dispuesto por la presente Ley.
TERCERO. Los responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en la
presente Ley y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses después de la entrada en
vigor de ésta Ley.
CUARTO. Los responsables deberán observar lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo II de la
presente Ley, a más tardar un año después de la entrada en vigor de ésta.
QUINTO. La CEGAIP deberá expedir los lineamientos, parámetros, criterios y demás disposiciones
de las diversas materias a que se refiere la presente Ley, dentro de un año siguiente a la entrada
en vigor de ésta.
SEXTO. Los procedimientos iniciados durante la vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se sustanciarán hasta su conclusión, conforme
al ordenamiento señalado.
SÉPTIMO. El Congreso del Estado de San Luis Potosí deberá hacer las previsiones presupuestales
necesarias para la operación de la presente Ley y establecer las partidas presupuestales
específicas en el Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el siguiente ejercicio
fiscal a su entrada en vigor.
Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.
DADO en el salón de sesiones “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable Congreso del Estado, el
siete de julio de dos mil diecisiete.
Por la Directiva. Primer Vicepresidente Legislador Héctor Mendizábal Pérez; Primera Secretaria
Legisladora Dulcelina Sánchez De Lira; Segundo Secretario Legislador Gerardo Limón Montelongo
(Rúbricas)
Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan
cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.
DADO en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí, el día trece del mes de julio del año dos mil diecisiete.
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El Gobernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras López
(Rúbrica)
El Secretario General de Gobierno
Alejandro Leal Tovías
(Rúbrica)
N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS
DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.
P.O. 17 DE MARZO DE 2020
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PRIMERO. Este Decreto será vigente al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 10 DE MAYO DE 2022
PRIMERO. Este Decreto será vigente el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
“Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente
Decreto.
P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2022
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PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado "Plan de San Luis".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRIMERO. Este Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 14 DE JUNIO DE 2024
PRIMERO. Este Decreto será vigente al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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