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La edición de las disposiciones jurídicas del ámbito Federal o Estatal, en medios electrónicos no representa una versión ofic ial, ya que de acuerdo al artículo 3º del
Código Civil Federal; los artículos 2º, 3º, 4º y 8º de la Ley del Diario Oficial de la Federación; los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley del Periódico Oficial del Estado de
San Luis Potosí; y el artículo 2º del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, las únicas publicaciones que dan validez jurídica a una norma es el propio Diario
Oficial de la Federación, la Gaceta Oficial del Distrito Federal o los Periódicos Oficiales Estatales, en este caso el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
Fecha de Aprobación: 30 DE ABRIL DE 2008
Fecha de Promulgación: 08 DE MAYO DE 2008
Fecha de Publicación: 10 DE MAYO DE 2008
Fecha de Publicación 24 DE MAYO DE 2014
LEY DE REFERENDUM Y PLEBISCITO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
UNIDAD DE INFORMATICA LEGISLATIVA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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LEY DE REFERENDUM Y PLEBISCITO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL EL SABADO 24 DE MAYO DE
2014.
Ley publicada en el Periódico Oficial, el 10 de Mayo de 2008.
MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosí, a sus habitantes sabed:
Que la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado se ha servido dirigirme el
siguiente:
DECRETO 362
LEY DE REFERENDUM Y PLEBISCITO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
EXPOSICION DE MOTIVOS
La suscripción del Pacto Federal y la convicción en los principios democráticos que de éste derivan,
son las causas directas de que en un estado multicultural, los componentes de la Federación
posean sistemas legislativos con fuertes similitudes.
San Luis Potosí desde luego, no es la excepción a la regla; sin embargo, su marco normativo se ha
caracterizado por responder específicamente a las inquietudes democráticas y las necesidades
sociales de su población. Ejemplo de ello lo es la Legislación Electoral del Estado, que con cada
emisión o cada reforma, ha realizado aportes importantes a la concepción y desarrollo de los
procesos electorales, tanto de la Federación, como de las demás Entidades Federativas.
A fuerza de un proceso de propuesta, análisis y experiencia que se ha venido repitiendo
ininterrumpidamente, la legislación electoral del Estado ha alcanzado un punto de madurez tal, que
sólo requiere de una serie de puntualizaciones, eso sí, importantes, para dotarla de una visión de
largo plazo.
Con la intención de continuar con ese proceso de propuesta, análisis y experiencia, la
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, integró una Comisión Especial de
Consulta para la Actualización de la Legislación Electoral del Estado, con el fin de establecer un
programa de trabajo para recoger y analizar las propuestas de modificación al marco jurídico
electoral de la Entidad; identificar y establecer los temas prioritarios respecto de los cuales debería
versar el análisis y actualización del marco jurídico electoral estatal, y realizar, con base en los
resultados del programa de trabajo, una anteproyecto de iniciativa de reforma integral a la
legislación estatal electoral.
En ese proceso fueron consultados todos y cada uno de los actores políticos del Estado y los
diversos sectores sociales, concretamente: los poderes del Estado, el Tribunal Estatal Electoral, el
Consejo Estatal Electoral, el Instituto Federal Electoral, los partidos políticos nacionales y estatales,
las agrupaciones políticas estatales, la comunidad académica, las cámaras y asociaciones
empresariales y los sindicatos.
Además, concientes de que el grueso de la población de San Luis Potosí se caracteriza por ser
altamente politizada, una parte importante de los esfuerzos de la Legislatura, a través de la
Comisión Especial, se dirigió a recabar su opinión y sus propuestas en torno al marco electoral
local.
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De este modo, de los actores políticos y de los sectores sociales se obtuvieron propuestas de
enorme trascendencia, y de un alto valor político y técnico jurídico-electoral. Destacan de entre las
propuestas de los mencionados, las recogidas en el proceso de consulta abierta a la ciudadanía,
dado que muestran, sin lugar a dudas, la visión política y democrática que el pueblo potosino ha
venido plasmando en su legislación electoral. Presentadas con la pasión que sólo puede provenir
del pueblo, estas propuestas anticiparon, con mucho, los temas fundamentales de las reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretadas con la publicación de éstas en
el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007.
Para muestra de lo anterior baste citar propuestas, como la necesidad de acortar los plazos de
campañas y precampañas, reducir los gastos de éstas, la prohibición a los institutos políticos de
contratar directamente la publicidad en radio y televisión, consolidar el principio de equidad de
género y, entre otras, restringir al máximo posible, la utilización de la publicidad oficial para
promoción de proyectos partidistas y de imagen personal, tanto dentro, como fuera de los procesos
electorales.
Es digno de mención el que algunas propuestas como la de permitir la participación de candidatos
ciudadanos, en principio resultaban deseables para la gran mayoría de los potosinos, sin embargo,
tuvieron que ser soslayadas en virtud de las nuevas disposiciones constitucionales, que hacen de la
filiación partidista la única vía de acceso a los cargos de elección popular.
Evidentemente que una iniciativa de reforma integral al marco jurídico electoral del Estado,
quedaría incompleta si no se considerasen las iniciativas que han venido siendo presentadas al
Congreso del Estado, desde la anterior, hasta la presente Legislatura, por diversos ciudadanos;
pero que en su mayoría son sustentadas por integrantes del actual cuerpo legislativo, mismas que
reflejan la posición ideológica, la experiencia electoral y el propósito democrático del instituto
político al que representan.
Toda esta amplia gama de propuestas, a diferencia de otros momentos en el proceso de
actualización de nuestra legislación electoral, en éste se presentó un elemento de ineludible
consideración y al que ya se hizo referencia: la reforma a nueve diversos preceptos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rigen el sistema electoral de la
República y de sus estados federados, y en la que destacan las disposiciones contenidas en los
artículos 116 y 134 reformados, que inciden directamente en la legislación electoral de los estados.
Una particularidad que cabe destacar de este último componente de la precitada iniciativa, lo es
que aún y cuando originalmente las reformas constitucionales no obligan a que se adecue la
legislación potosina, sino hasta dentro del año siguiente a la fecha en que concluya nuestros
próximos procesos electorales, atento al contenido de las disposiciones transitorias del Decreto que
introduce dichas reformas, se decidió transitar en esa dirección, merced a que se cuenta con el
tiempo y la actitud necesarias para ello y, como anteriormente se apuntó, la tendencia de las
propuestas recibidas no sólo de la ciudadanía, sino de los actores políticos y sectores sociales del
Estado, son, en lo general y en lo fundamental, consecuentes con el espíritu del Constituyente
Permanente de la Unión.
Con esa amplia gama de propuestas y de elementos vinculatorios -muchas veces en congruencia y
algunas otras en oposición; unas más con impecable técnica y otras tantas con encendida
intención-, se integró la multicitada iniciativa, cuyos principales aspectos a destacar son los que a
continuación se enuncian.
Ley de Referéndum y Plebiscito.
Aunque en su momento se consideró una legislación de avanzada, dos factores la vuelven
inoperante: que el organismo al que se encomendaba el desarrollo de ambas figuras de
participación ciudadana, se conforma ex profeso para cada proceso, bajo la dirección del Poder
Ejecutivo del Estado y que, como mecanismo de expresión ciudadana, el número de firmas de
apoyo de cada solicitud es de tal modo elevado que era prácticamente imposible su concreción.
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Con las modificaciones que ahora se introducen en esta nueva Ley, su aplicación se ciudadaniza, al
quedar a cargo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, organismo que además
garantiza con sus recursos y experiencia un eficaz desarrollo de ambas formas de consulta y, para
mayor mérito, el número de personas que respalden las solicitudes que provengan de ciudadanos,
se han reducido a niveles que las hace más asequibles, pero que siguen manteniéndolas alejadas
de ser utilizadas para propósitos distintos de aquéllos que inspiraron la expedición de la norma.
LEY DE REFERENDUM Y PLEBISCITO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CAPITULO I
Disposiciones Generales
ARTICULO 1°. La presente Ley es reglamentaria de los artículos, 38, 39 y 116 de la Constitución
Política del Estado; es de orden público e interés social; y tiene por objeto determinar las materias,
requisitos, alcances, términos y procedimientos, a que se sujetarán el referéndum, y el plebiscito.
ARTICULO 2°. No podrán promover procesos de referéndum o plebiscito, ni votar en los mismos,
las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 27 y 28 de la Constitución Política
del Estado.
ARTICULO 3°. Sin perjuicio de las atribuciones que en materia electoral le establece la ley de la
materia, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, será el organismo encargado de
preparar, desarrollar, vigilar y calificar los procesos de referéndum, y plebiscito, que les sean
solicitados de conformidad con esta Ley.
(ADICIONADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
Los gastos que se originen con la implementación del referéndum, y el plebiscito, deberán
ser erogados por sus iniciadores, por lo que el Gobernador del Estado, el Congreso del
Estado, y los municipios, deberán contemplar en su presupuesto de egresos un rubro para
tal efecto, siempre que las condiciones financieras lo permitan, y se encuentre una solicitud
en tal sentido. Tratándose de los procesos promovidos por la ciudadanía, los gastos serán
solventados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
CAPITULO II
Del Referéndum
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
ARTICULO 4°. Para los efectos de la presente Ley, el referéndum es el instrumento de
participación participativa mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho para expresar su
afirmativa o negativa respecto de los actos de gobierno, reformas, adiciones o derogaciones
a la Constitución Política del Estado, y las leyes secundarias que expida el Congreso del
Estado, que sean sometidas a su consideración.
ARTICULO 5°. El referéndum será total cuando se someta a la decisión de la ciudadanía, el texto
íntegro del articulado de un ordenamiento; o parcial, cuando comprenda sólo una parte del mismo.
ARTICULO 6°. El referéndum no procederá cuando se trate:
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
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I. De las disposiciones constitucionales y legales en materia tributaria o fiscal, así como las
leyes de, Ingresos; y del Presupuesto de Egresos del Estado, y de los municipios;
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
II. De reformas a la Constitución Política del Estado y a las leyes locales, que deriven de
reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
III. De la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de San Luis Potosí;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
IV. De la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus reglamentos;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
V. De la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y
(ADICIONADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
VI. De disposiciones legales en materia de violencia y perspectiva de género, así como
aquellas que consagren derechos o acciones afirmativas a favor de las mujeres y personas
con discapacidad.
ARTICULO 7°. Los poderes Legislativo, y Ejecutivo, así como los ciudadanos del Estado, podrán
solicitar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, someter a referéndum las
reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución Política del Estado, o a las leyes que expida el
Congreso del Estado, debiendo cubrir los siguientes requisitos:
I. La solicitud para promover un referéndum deberá presentarse dentro de los cuarenta y cinco días
naturales posteriores, a la publicación del ordenamiento en el Periódico Oficial del Estado;
II. Indicar con precisión la ley, reforma, adición o derogación a la Constitución Política del Estado
que se pretende someter a referéndum o, en su caso, el o los artículos respectivos debidamente
particularizados, y
III. Las razones por las cuales el ordenamiento, o parte de su articulado, deban someterse a la
consideración de la ciudadanía.
ARTICULO 8°. Cuando la solicitud a que se refiere el artículo anterior, provenga de un ciudadano o
grupo de ciudadanos, deberá reunir además, los siguientes requisitos:
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
I. Tratándose de reformas o adiciones a la Constitución Política del Estado, deberá anexarse
a la solicitud, el respaldo, con los nombres y apellidos completos, firma y clave de elector,
de cuando menos el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de
electores del Estado, y
II. En los demás casos, en los términos de la fracción anterior, el porcentaje requerido será por lo
menos el dos por ciento del total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del
Estado, o del municipio.
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
En ambos supuestos, los promoventes designarán a las personas que los representen en
común, debiendo señalar domicilio procesal, para oír y recibir toda clase de notificaciones,
el cual deberá encontrarse dentro del lugar de residencia del Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.
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CAPITULO III
Del Plebiscito
ARTICULO 9°. Se entiende por plebiscito, la consulta pública a los ciudadanos del Estado para que
expresen su opinión afirmativa, o negativa, respecto de un acto de los poderes Ejecutivo, y
Legislativo, o de los ayuntamientos, que sean considerados como acción trascendente para la vida
pública del Estado, o de los municipios, según sea el caso; o para la formación, supresión o fusión
de municipios.
ARTICULO 10. Podrán someterse a plebiscito:
I. Los actos o decisiones de carácter general del titular del Ejecutivo Estatal, que se consideren
como trascendentes en la vida pública de la Entidad;
II. Los actos o decisiones de gobierno de los ayuntamientos municipales, que se consideren
trascendentes para la vida pública del municipio de que se trate, y
III. En los términos de la Constitución Política del Estado, los actos del Congreso del Estado,
referentes exclusivamente a la formación de nuevos municipios dentro de los límites de los ya
existentes, o la supresión o fusión de alguno o algunos de éstos.
Tratándose de formación de un nuevo municipio, el plebiscito deberá aplicarse a los ciudadanos
que habiten en todo el territorio del municipio o municipios del que pretenda segregarse.
Tratándose de supresión, el plebiscito deberá aplicarse a los ciudadanos de todo el territorio del
municipio afectado; y si se trata de fusión de dos o más municipios, éste deberá aplicarse en cada
uno de los mismos.
ARTICULO 11. El plebiscito podrá ser solicitado ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana por:
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
I. El Congreso del Estado, con la aprobación de cuando menos la mayoría de sus
integrantes;
II. El Gobernador del Estado;
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
III. Los ayuntamientos, con la aprobación de cuando menos la mayoría de sus integrantes, y
IV. Los ciudadanos del Estado.
ARTICULO 12. La solicitud para someter un acto o decisión de gobierno a plebiscito, deberá
observar los siguientes requisitos:
I. Dirigir la solicitud al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana;
II. Señalar la denominación de la autoridad, o nombre del ciudadano o ciudadanos que lo soliciten;
III. Precisar el acto o decisión de gobierno que se pretende someter a plebiscito, y
IV. Exponer los motivos o razones por las cuales el acto o decisión se considera de importancia
trascendente para la vida pública del Estado, o del municipio, según sea el caso, y las razones por
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las cuales en concepto del solicitante, el acto o decisión deba someterse a consulta de los
ciudadanos.
ARTICULO 13. Cuando la solicitud a que se refiere el artículo inmediato anterior, provenga de un
ciudadano o grupo de ciudadanos, la misma deberá contar con el respaldo de:
I. Cuando menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del
Estado, en el caso de la fracción I del artículo 10 de esta Ley;
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
II. Cuando menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de
electores del municipio o municipios de que se trate, respecto de los actos trascendentes de
las autoridades municipales, en el caso de la fracción II del artículo 10 de esta Ley, y
(REFORMADA, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
III. Cuando menos el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de
electores del municipio o municipios de que se trate, en el caso de la fracción III del artículo
10 de esta Ley.
En todos los casos deberán anexarse los nombres y apellidos completos, firma y clave de elector
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, que den su respaldo a la solicitud.
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
Los promoventes designaran a las personas que los representen en común, debiendo
señalar domicilio procesal para oír y recibir toda clase de notificaciones, el cual deberá
encontrarse dentro del lugar de residencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana.
ARTICULO 14. Tratándose de solicitud de ciudadanos para que se realice plebiscito respecto de
los actos del ayuntamiento, éste sólo procederá cuando dichos actos se refieran a:
I. Otorgar la categoría y denominación política que les corresponde a los centros de población;
II. Autorizar la enajenación a particulares, de los bienes inmuebles municipales cuando éstos sean
de importancia histórica, cultural, ecológica o social, y
III. Solicitar al Congreso del Estado, en los términos de la ley de la materia, la incorporación o
desafectación de un bien del dominio público y su cambio de destino.
(REFORMADO, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 2011)
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
ARTICULO 15. El plebiscito que se realice de conformidad con lo previsto en la presente Ley,
tendrá carácter obligatorio para las autoridades que lo hayan promovido.
Cuando sea solicitado por los ciudadanos, los resultados del plebiscito tendrán carácter
vinculatorio siempre que se obtenga, por lo menos, las dos terceras partes de la votación
válidamente emitida. Para el caso de que no se cumpla con este supuesto, el resultado del
plebiscito tendrá carácter de recomendación para la autoridad, por lo que ésta en uso de sus
atribuciones, podrá determinar lo conducente.
CAPITULO IV
Del Procedimiento
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ARTICULO 16. Recibida una solicitud para que se lleve a cabo un referéndum, o un plebiscito,
según sea el caso, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, calificará su
procedencia en un término no mayor a diez días hábiles, que se contarán a partir del día siguiente
de la recepción de la solicitud. Para tal efecto, el Consejo analizará de oficio lo siguiente:
I. Cuando se trate de solicitud para llevar a cabo un referéndum:
a) Si la solicitud se ha promovido dentro del término establecido por la presente Ley.
b) Si el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que respalda la solicitud,
alcanza el porcentaje requerido.
c) Si el ordenamiento de que se trate es susceptible de someterse a referéndum, de acuerdo a las
disposiciones de esta Ley, y
II. Cuando se trate de solicitud para llevar a cabo un plebiscito:
a) Siendo una autoridad la solicitante, verificará su legitimación. Tratándose de ciudadanos, hará lo
propio respecto del porcentaje de respaldo requerido.
b) Tratándose de solicitud de ciudadanos, si el acto es trascendente para la vida pública del Estado
o municipio, según sea el caso.
ARTICULO 17. Si la solicitud no cumple con los requisitos que en cada caso establece la presente
Ley, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de oficio, declarará improcedente la
solicitud.
Si el Consejo no determina su procedencia en el plazo a que se refiere el artículo anterior, la
solicitud se considerará procedente.
ARTICULO 18. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, una vez declarada
procedente la solicitud, dentro de los quince días naturales siguientes, emitirá la convocatoria para
la realización del referéndum, o del plebiscito, según sea el caso, debiendo fijar la fecha en que se
llevará a cabo dentro de un plazo no mayor de noventa días naturales siguientes a la emisión de la
convocatoria respectiva, con excepción de lo establecido en el segundo párrafo de este artículo. La
convocatoria deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado, y por lo menos en dos
ocasiones, en uno de los diarios de mayor circulación de la Entidad, y difundida a través de los
medios masivos de comunicación en el Estado.
Cuando la convocatoria se expida en fecha cercana a la de la celebración de elecciones, el Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, procurará determinar la fecha por la celebración del
referéndum o plebiscito, según se trate, el mismo día de la jornada electoral.
ARTICULO 19. En la convocatoria se expresará la fecha en la que se efectuará el referéndum o el
plebiscito, según sea el caso, debiendo contener cuando menos las siguientes bases:
I. La integración de los organismos que se establezcan al efecto, y que intervendrán en la
realización del referéndum o plebiscito, según sea el caso;
II. La determinación del ámbito territorial en que se aplicarán los procesos de referéndum o
plebiscito, según sea el caso;
III. La ubicación de las casillas en las que los ciudadanos emitirán su decisión;
IV. La especificación del modelo de las boletas para el referéndum o plebiscito, según sea el caso,
así como de las actas para su escrutinio y cómputo;
V. Los mecanismos de recepción, escrutinio y cómputo de los votos, y
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VI. La declaración de validez de los resultados del referéndum o plebiscito, según se trate.
ARTICULO 20. Tratándose de referéndum, los ciudadanos inscritos en la lista nominal de
electores, votarán por un “sí” en caso de que su voluntad sea que la ley u ordenamiento sometido a
referéndum quede vigente; y por un “no” cuando consideren que el ordenamiento de que se trate
deba ser abrogado o derogado, según sea el caso.
(REFORMADO, P.O. 24 DE MAYO DE 2014)
Tratándose de plebiscito, los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores se
limitarán a votar por un “sí”, o por un “no”, el acto de gobierno sometido a su
consideración. Para la elaboración de las preguntas que se sometan a consulta pública, el
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá pedir la colaboración de las
autoridades estatales y municipales, instituciones educativas de nivel superior, o de los
organismos sociales y civiles relacionados con la materia que trate el plebiscito.
El voto será libre y secreto.
ARTICULO 21. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, efectuará el cómputo de
los votos y comunicará los resultados al titular del Poder Ejecutivo, quien ordenará su publicación
en el Periódico Oficial del Estado. Cuando el resultado del referéndum sea de desaprobación, el
titular del Poder Ejecutivo solicitará al Congreso del Estado, la derogación o abrogación de las
disposiciones del decreto correspondiente, para que resuelva lo conducente.
CAPITULO V
De los Recursos
ARTICULO 22. Contra la resolución que emita el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, sobre la improcedencia de una solicitud de referéndum, o plebiscito, procede el recurso
de revocación.
El recurso deberá presentarse ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
dentro de los tres días naturales siguientes a la notificación de la resolución, o al en que se tenga
conocimiento de la misma.
El recurrente deberá señalar los agravios que en su caso le cause la resolución impugnada, y
aportar las pruebas documentales con que cuente y que a su juicio puedan variar el criterio en que
se fundamenta la resolución combatida.
El Consejo resolverá el recurso dentro de los diez días naturales siguientes a su recepción. Contra
dicha resolución no procederá recurso alguno.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Previa la aprobación de las modificaciones a la Constitución Política del Estado, que se
contienen en el artículo Primero del presente Decreto, por cuando menos las tres cuartas partes de
los ayuntamientos de la Entidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la propia
Constitución, este Decreto entrará en vigor en su integridad, al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Con la entrada en vigor de este Decreto, se abrogan, tanto la Ley Electoral del Estado,
publicada en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, el 30 de septiembre de 1999;
como la Ley de Referéndum y Plebiscito del Estado de San Luis Potosí, publicada en el mismo
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órgano de comunicación oficial el 30 de abril de 1997; asimismo, se derogan las disposiciones
constitucionales, legales y administrativas que se le opongan.
TERCERO. Respecto del artículo Segundo de este Decreto, por el que se expide la Ley Electoral
del Estado de San Luis Potosí, se habrán de observar las previsiones siguientes:
I. Por única vez, para los efectos que se establecen en el artículo 63 de la Ley Electoral, quienes
resulten electos o ratificados para integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, en 2009, durarán en su encargo dos años; sin perjuicio de que quienes hayan sido
electos por primera ocasión, puedan ser ratificados para el siguiente periodo, acorde con el
dispositivo 63 antes citado;
II. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, contará con un plazo de noventa días naturales para expedir o adecuar sus
disposiciones reglamentarias a este mismo Decreto, y
III. En lo sucesivo, a partir de la vigencia de este Decreto, toda referencia que en las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas se hagan al Consejo Estatal Electoral, se entenderán
hechas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.
D A D O en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, el treinta de abril de dos mil
ocho.
Diputado Presidente: Juan Pablo Escobar Martínez, Diputada Primera Secretaria: Martha Lilia
García Galarza, Diputado Primer Prosecretario, Raúl Paulin Rojas (Rúbricas)
Por tanto mando se cumpla y se ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan
cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.
D A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí, a los ocho días del mes de mayo de dos mil ocho
El Gobernador Constitucional del Estado
C.P. Marcelo de los Santos Fraga
(Rúbrica)
El Secretario General de Gobierno
Lic. Alfonso José Castillo Machuca
(Rúbrica)
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N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS
DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.
P.O. 15 DE OCTUBRE DE 2011
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
P.O. 24 DE MAYO DE 2014
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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