<![CDATA[La edición de las disposiciones jurídicas del ámbito Federal o Estatal, en medios electrónicos no representa una versión oficial, ya que de acuerdo al artículo 3º del
Código Civil Federal; los artículos 2º, 3º, 4º y 8º de la Ley del Diario Oficial de la Federación; los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley del Periódico Oficial del Estado de
San Luis Potosí; y el artículo 2º del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, las únicas publicaciones que dan validez jurídica a una norma es el propio Diario
Oficial de la Federación, la Gaceta Oficial del Distrito Federal o los Periódicos Oficiales Estatales, en este caso el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
Fecha de Aprobación: 19 DE AGOSTO DE 2021
Fecha de Promulgación: 04 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de Publicación: 04 DE OCTUBRE DE 2021
LEY PARA LA PROTECCION AL EJERCICIO
DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS Y PERIODISTAS DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
UNIDAD DE INFORMATICA LEGISLATIVA
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LEY PARA LA PROTECCION AL EJERCICIO DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS Y PERIODISTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
TEXTO ORIGINAL
Ley publicada en el Periódico Oficial, El lunes 04 de Octubre de 2021.
LIC. JOSE RICARDO GALLARDO CARDONA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed:
Que la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosí decreta lo siguiente:
DECRETO 0003
LEY PARA LA PROTECCIÓN AL EJERCICIO DE PERSONAS DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
EXPOSICION DE MOTIVOS
El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los
derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que
supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el
disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los
derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los
derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera
progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene
el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la
estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las
personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas
las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de
tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les
impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación
constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten
al orden jurídico del Estado Mexicano.
Por ello es que se expide este Ordenamiento que tiene como propósito la protección de personas
defensoras de los derechos humanos así como la defensa al ejercicio del periodismo y la libertad
de expresión. No obsta mencionar que es además, resultado de la armonización con la Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En esta Ley se implementa la evaluación de riesgos para determinar el mecanismo a aplicar, ya
sea, medidas preventivas, medidas de protección o medidas urgentes de protección, así como los
lineamientos para la realización de convenios de cooperación con cualquier entidad o institución
para los fines de este Ordenamiento y en beneficio de las personas defensoras de derechos
humanos y los periodistas.
Además, se especifica el procedimiento a seguir y las bases para que los afectados o sus
beneficiarios acreditados, tengan acceso a las medidas de protección, en caso de que sean
agredidos, ampliándose el catálogo de personas que puedan ser beneficiarias de dichas medidas.
Asimismo, se establece que el Comité Estatal de Protección las Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, en el cual se determina que todas las personas integrantes de dicho comité
tendrán voz y voto, además de precisar quiénes no deben de ser funcionarios públicos, pues de lo
contrario, atraería un desequilibrio en la toma de decisiones de dicho Comité.
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Se amplían las atribuciones del Comité el cual tendrá que identificar los patrones de agresiones,
elaborar un mapa de riesgos dentro del Estado, definir y evaluar las medidas preventivas a
aplicarse.
LEY PARA LA PROTECCIÓN AL EJERCICIO DE PERSONAS DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º. Esta Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio del
Estado de San Luis Potosí; y tiene por objeto garantizar que el ejercicio de la actividad de las
personas defensoras de derechos humanos; y de las y los periodistas, se desarrolle en condiciones
de respeto, seguridad, y libertad, para quienes los ejercen.
ARTÍCULO 2º. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Agresiones: la acción u omisión, realizada en contra de las personas defensoras de derechos
humanos y periodistas, comunidades, colectivos y medios de comunicación, por su actividad de
defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión, que en los entornos
físico o digital, cause daño a la integridad personal, patrimonial o psicológica, ya sea directamente o
a través de su contexto social, laboral, familiar o comunitario. En forma enunciativa, más no
limitativa, se consideran medios para la realización de las agresiones, las amenazas, el
hostigamiento, la intimidación y demás conductas que resulten análogas;
II. Autoridad o autoridades emisoras: el mecanismo para la protección de personas defensoras
de derechos humanos y periodistas, así como a los organismos protectores de derechos humanos
que dicten medidas cautelares o de protección;
III. Beneficiaria: la persona a la que se le otorgan las medidas preventivas; medidas de protección;
o medidas urgentes de protección a que se refiere esta Ley, que pueden ser las personas
defensoras de los derechos humanos; periodistas, o los familiares de ambos, que como
consecuencia de la actividad de aquellos se ven perjudicados;
IV. Estudio de Evaluación de Acción Inmediata: el análisis de factores para determinar el nivel
de riesgo, y medidas urgentes de protección en los casos en los que la vida o integridad física de la
persona peticionaria, o potencial beneficiaria estén en peligro inminente;
V. Estudio de Evaluación de Riesgo: el análisis de factores para determinar el nivel de riesgo en
que se encuentra la persona peticionaria, o potencial beneficiaria;
VI. Ley Federal: la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas;
VII. Mecanismo: el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos,
y periodistas, previsto en la Ley Federal;
VIII. Mecanismo Estatal: el Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas;
IX. Medidas de Prevención: el conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas
públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones
contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, o sus respectivas familias; así
como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición;
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X. Medidas de Protección: el conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo
y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la beneficiaria;
XI. Medidas Preventivas: el conjunto de acciones y medios a favor de la beneficiaria para evitar la
consumación de las agresiones;
XII. Medidas Urgentes de Protección: el conjunto de acciones y medios para resguardar, de
manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad de la beneficiaria;
XIII. Organismos de derechos humanos: cualquier institución u organismo público cuya
naturaleza tenga por objeto, fin o relación directa, la defensa de derechos humanos, sea del ámbito
estatal, nacional o internacional;
XIV. Periodistas: las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos,
comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole
cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o
proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser
impreso, radioeléctrico, digital o imagen;
XV. Persona Defensora de Derechos Humanos: las personas físicas que actúen individualmente
o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales,
grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los
derechos humanos;
XVI. Peticionaria: persona que solicita medidas preventivas; medidas de protección; o medidas
urgentes de protección ante el mecanismo, y
XVII. Unidad Estatal: la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.
CAPÍTULO II
MECANISMO ESTATAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
ARTÍCULO 3º. El Poder Ejecutivo constituirá el Mecanismo Estatal, como la instancia máxima en
toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos
y periodistas en el Estado.
Las resoluciones que emita el Mecanismo Estatal serán obligatorias para las autoridades estatales
y municipales, cuya intervención sea necesaria para satisfacer las medidas de protección previstas
en la presente Ley.
ARTÍCULO 4º. El Mecanismo Estatal, se integrará con nueve miembros permanentes, que serán
las y los titulares de las siguientes dependencias, entidades, órganos, e instituciones:
I. Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá;
II. Secretaría de Seguridad Pública;
III. Fiscalía General del Estado;
IV. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;
V. La persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
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VI. Dos representantes de las y los periodistas;
VII. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil que defiendan o promuevan
derechos humanos, y
VIII. La Diputada o el Diputado que presida la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género
del Congreso del Estado.
Las personas integrantes del Mecanismo Estatal, contarán con voz y voto en la toma de acuerdos, y
deberán nombrar a sus respectivos suplentes, quienes deben contar con el nivel jerárquico
inmediato inferior, para el caso de las personas representantes de las y los periodistas, y de
organizaciones de la sociedad civil, sus suplentes serán las personas que éstos determinen.
En la designación de los representantes de las y los periodistas y de las personas defensoras de los
derechos humanos, se observará el principio de paridad de género.
Las personas integrantes del Mecanismo Estatal que tengan conflicto de intereses por existir una
denuncia o señalamiento en su contra o de la instancia a la que representan por agresiones a que
se refiere esta Ley, deberá abstenerse de conocer e intervenir en el conocimiento, tratamiento y
seguimiento del asunto y de las acciones que al efecto se implementen.
Las personas integrantes e invitados del Mecanismo Estatal tendrán carácter honorífico y no
recibirán pago alguno por su participación en el mismo.
ARTÍCULO 5º. La persona que presida el Mecanismo Estatal podrá invitar a las sesiones a
representantes de otras entidades, dependencias, federales, estatales; o de organismos
constitucionales autónomos; así como a autoridades de los municipios del Estado, quienes podrán
intervenir en sus sesiones con voz pero sin voto.
El Reglamento Interior del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, determinará la forma en que se integrarán al mismo, las y los
representantes a que se refieren las fracciones, VI y VII del artículo 4º de esta Ley.
ARTÍCULO 6º. El Mecanismo Estatal sesionará bimestralmente al año de forma ordinaria; y
extraordinariamente las veces que se requiera, y deberá contar con un quórum de la mitad más uno
de sus integrantes para la validez de la sesión. Las decisiones serán tomadas mediante un proceso
deliberativo, transparente y por mayoría de votos.
La persona que preside el Mecanismo Estatal convocará a sesión ordinaria por lo menos setenta y
dos horas antes de la fecha seleccionada; tratándose de casos urgentes, cualquiera de los
integrantes con voz podrá solicitar a quien presida que convoque a sesión extraordinaria, misma
que deberá realizarse dentro del plazo de cuando menos veinticuatro horas previas
a la solicitud.
ARTÍCULO 7º. El Mecanismo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:
I. Conocer sobre los casos, datos y estadísticas que impliquen violaciones a la libertad de expresión
y a la defensa de derechos humanos;
II. Emitir pronunciamiento sobre los casos de agresiones a periodistas y a personas defensoras de
derechos humanos, y demás actividades relativas que sean objeto de esta Ley;
III. Proponer a la persona titular de Poder Ejecutivo, medidas de prevención encaminadas a
desarrollar políticas públicas y programas, con el objetivo de reducir los factores de riesgo que
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favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así
como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición;
IV. Analizar y diagnosticar las situaciones de riesgo de las personas defensoras de derechos
humanos, y de las y los periodistas;
V. Recabar los datos y elaborar estadísticas que impliquen violaciones a la libertad de expresión;
VI. Documentar los casos de agresiones a las personas defensoras de derechos humanos; de las y
los periodistas; y demás actividades relativas que sean del interés de esta Ley;
VII. Promover la capacitación de las y los agentes del Ministerio Público; policías de las distintas
corporaciones; y demás funcionarios involucrados con la procuración de justicia, y seguridad
pública, sobre protocolos de investigación y atención a personas defensoras de derechos humanos,
y periodistas víctimas de agresiones o violaciones a la libertad de expresión;
VIII. Proponer a la persona titular del Ejecutivo del Estado, las adecuaciones legales o normativas
tendientes a la protección del ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos;
IX. Aprobar y validar cualquier protocolo o manual que se incorpore, elabore o implemente para el
adecuado funcionamiento de la Unidad Estatal;
X. Convocar a la peticionaria o beneficiaria de las medidas de protección, a las sesiones en las que
se decidirá sobre su caso;
XI. Proponer la firma de convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales,
estatales y municipales, con organismos protectores de derechos humanos o con cualquier órgano
público u organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión
nacional o internacional, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la
instrumentación de los objetivos de esta Ley;
XII. Solicitar a las autoridades de seguridad pública, estatal y municipal, la adopción de medidas
preventivas y de protección, cuando se registre una agresión que ponga en riesgo los derechos a la
vida, la integridad, la libertad, y la seguridad de periodistas, y personas defensoras de derechos
humanos, o sus respectivas familias;
XIII. Validar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las medidas de protección que haya
emitido la Unidad Estatal;
XIV. Suscribir los convenios a los que se refiere el artículo 47 de la Ley Federal, para conocer y dar
seguimiento a las medidas de protección que haya emitido el Mecanismo Federal;
XV. Aprobar los perfiles para la designación de las y los integrantes de la Unidad Estatal, y
XVI. Aprobar las reglas de operación y el presupuesto operativo del Fondo.
CAPÍTULO III
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
ARTÍCULO 8º. Dentro del Mecanismo Estatal operará la Unidad Estatal de Protección a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual dictará medidas que busquen proteger y
garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad personal de personas defensoras de derechos
humanos, y periodistas, o sus respectivas familias; de igual forma, implementará las que provengan
de autoridades emisoras.
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ARTÍCULO 9º. La Unidad Estatal estará conformada por personas servidoras públicas que cuenten
con nivel correspondiente al de una Dirección General, y serán designadas respectivamente por las
o los titulares de la Secretaría General de Gobierno, de la Fiscalía General del Estado, de la
Secretaría de Seguridad Pública, y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Su
participación será en razón de sus atribuciones legales y su desempeño tendrá carácter honorífico.
Las personas integrantes de la Unidad Estatal deberán contar con conocimientos y experiencia
comprobable en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género, y no haber sido declarada
o declarado responsable por agresiones a periodistas, o personas defensoras de derechos
humanos.
ARTÍCULO 10. Las personas servidoras públicas designadas por las o los titulares de la Fiscalía
General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, deberán tener el perfil y capacidades
de reacción inmediata, y su esfera competencial de actuación será en todo el Estado.
La Unidad Estatal estará bajo la coordinación de la persona servidora pública designada por parte
de la Secretaría General de Gobierno.
ARTÍCULO 11. Todos los casos de agresiones personas defensoras de derechos humanos, y
periodistas, o sus respectivas familias; que se registren en cualquier zona del Estado, deberán ser
reportados a la coordinación, a efecto de que ésta realice el contacto con la persona agredida, y
se allegue de elementos para coordinar las medidas idóneas de protección, así como la
canalización del caso a la institución que corresponda; sin menoscabo de las obligaciones
contenidas en los diversos ordenamientos jurídicos.
Cualquier persona, organización de la sociedad civil o institución podrá denunciar directamente ante
la Unidad, los casos de agresiones personas defensoras de derechos humanos, y periodistas.
ARTÍCULO 12. La Unidad Estatal tendrá las atribuciones siguientes:
I. Realizar el monitoreo de riesgos y agresiones;
II. Realizar el Estudio de Evaluación de Riesgo para determinar el nivel de riesgo en que se
encuentra la persona beneficiaria o potencial persona beneficiaria;
III. Recibir las denuncias o noticias relacionadas con casos de agresiones;
IV. Dictar las medidas que correspondan para salvaguardar la vida, libertad, seguridad e integridad
personal de personas defensoras de derechos humanos, y periodistas;
V. Rendir informes periódicos al Mecanismo Estatal, sobre los casos de agresiones;
VI. Elaborar y proponer, para aprobación del Mecanismo Estatal, los manuales y protocolos
relacionados con su objeto y funcionamiento;
VII. Dar seguimiento e implementar los acuerdos del Mecanismo Estatal, y
VIII. Coordinar la elaboración de material de divulgación sobre libertad de expresión y sobre los
derechos humanos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
ARTÍCULO 13. La Unidad Estatal se reunirá de forma ordinaria al menos mensualmente para el
seguimiento y análisis de los casos registrados, previa convocatoria de la coordinación; notificada
con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación al día de la fecha señalada. En casos urgentes,
cualquiera de los integrantes de la Unidad podrá convocar a una reunión de trabajo extraordinaria,
de forma inmediata.
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ARTÍCULO 14. Solo por razones de causa mayor o de extrema urgencia, los integrantes titulares
podrán designar a un representante que acuda a las reuniones de trabajo, quien deberá contar con
capacidad de decisión para el debido cumplimiento de la Unidad Estatal.
ARTÍCULO 15. Las comunicaciones con los peticionarios y entre los integrantes de la Unidad
Estatal, deberán realizarse sin formalismos, y podrán efectuarse a través de medios electrónicos y
digitales.
ARTÍCULO 16. De cada caso analizado la coordinación, realizará una ficha técnica, en la que se
llevará el control y seguimiento de las medidas a implementar.
ARTÍCULO 17. Son atribuciones de la persona titular de la Coordinación:
I. Convocar con al menos cuarenta y ocho horas a las reuniones de trabajo ordinarias;
II. Solicitar de manera directa, o a petición de los demás integrantes de la Unidad Estatal, la
implementación de medidas de protección en casos que pongan en peligro la vida, libertad,
integridad y seguridad personal;
III. Solicitar a las y los integrantes de la Unidad Estatal, según sea el caso, la implementación de
medidas de protección en casos que pongan peligro la vida, libertad, integridad y seguridad
personal, cuando las mismas sean dictadas por otra instancia competente;
IV. Acceder de forma directa, cuando sea necesario, al Fondo para la Protección de Periodistas y
Personas Defensoras de Derechos Humanos, para implementar las medidas de protección, y
V. Dar seguimiento a los pronunciamientos del Mecanismo Estatal
ARTÍCULO 18. Son obligaciones de las y los integrantes de la Unidad Estatal:
I. Acudir a las reuniones de trabajo ordinarias y extraordinarias;
II. Implementar las medidas generadas por la propia Unidad, o aquellas dictadas por otras
instancias competentes;
III. Hacer del conocimiento de la Unidad de los casos registrados de agresiones o amenazas que
pongan en peligro la vida, libertad, integridad y seguridad personal de periodistas y personas
defensoras de derechos humanos, y
IV. Informar a sus superiores de los acuerdos y determinaciones sobre las medidas a implementar.
ARTÍCULO 19. Quien coordine a la Unidad, realizará un informe trimestral sobre las actividades de
la misma, el cual será rendido en la sesión ordinaria que corresponda del Mecanismo Estatal.
ARTÍCULO 20. El monitoreo de riesgos y agresiones referidos en la fracción I del artículo 12 de
este Ordenamiento se hará de forma permanente en fuentes abiertas como medios de
comunicación, redes sociales y cualquier otro medio, o bien, derivadas de información oficial.
Si del monitoreo realizado se detecta una agresión en contra de una persona defensora de
derechos humanos, o periodista, la Unidad Estatal, por su cuenta, o a petición de alguna autoridad
emisora establecerá comunicación con el fin de intercambiar y valorar la información con la que se
cuente. En caso de agresiones donde se encuentren en riesgo los derechos a la vida, integridad,
libertad y seguridad, la Unidad Estatal podrá decretar las medidas de protección que correspondan.
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ARTÍCULO 21. Corresponderá a la Secretaría de Seguridad Pública y a las policías municipales,
implementar las medidas de protección correspondientes, ante casos de extrema urgencia en los
que se encuentren en riesgo los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad, previa solicitud
de la Unidad Estatal.
ARTÍCULO 22. La vigilancia y seguimiento de las medidas decretadas estará a cargo de la
Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación.
CAPÍTULO V
CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS; Y DE PERIODISTAS
ARTÍCULO 23. Las autoridades de Estado, y las personas en general, deberán abstenerse de
obstruir el ejercicio del periodismo. Las autoridades promoverán el respeto y protección de los
derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos, y de periodistas en
cualquiera de sus modalidades.
ARTÍCULO 24. Para la protección de personas defensoras de derechos humanos; y de periodistas,
el Poder Ejecutivo del Estado en coadyuvancia con las autoridades municipales, en el ámbito de
sus respectivas competencias, deberá implementar medidas de prevención, entendiéndose por
éstas, el conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas
con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra personas
defensoras de derechos humanos, y periodistas, así como para combatir las causas que las
producen y generar garantías de no repetición.
ARTÍCULO 25. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, implementará medidas tendientes
a difundir los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, y de periodistas,
mediante programas permanentes o eventuales de información. La Comisión Estatal de Derechos
Humanos coadyuvará con el Gobierno del Estado en las campañas y programas que implemente
para tal efecto.
ARTÍCULO 26. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo de la Entidad, recopilar y analizar toda la
información que sirva para evitar agresiones potenciales a personas defensoras de derechos
humanos, y a periodistas.
ARTÍCULO 27. El Poder Ejecutivo celebrará con la Federación, los convenios de cooperación que
resulten necesarios para hacer efectivas las medidas de prevención, y las previstas en el
mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de
derechos humanos, y de los periodistas.
ARTÍCULO 28. Los convenios de cooperación contemplarán:
I. La designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar su cumplimiento;
II. El intercambio de información de manera oportuna y de experiencias técnicas de las medidas de
prevención y del mecanismo, así como para proporcionar capacitación;
III. El seguimiento puntual en el Estado, a las medidas previstas en la Ley Federal;
IV. La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas
y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección;
V. La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación estatal para mejorar la
situación de las personas defensoras de derechos humanos, y de los periodistas, y
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VI. Las demás que las partes convengan.
CAPÍTULO VI
DEL ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN PARA LA O EL PERIODISTA Y SU FAMILIA
ARTÍCULO 29. La Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, impulsará la celebración de
convenios de colaboración entre instituciones de educación pública y privada en los niveles, básico,
medio superior, y superior, con el fin de lograr alternativas de profesionalización para las y los
periodistas del Estado de San Luis Potosí.
La falta de acreditación o profesionalización no podrá ser utilizado como herramienta para impedir
que se les reconozca con tal carácter a quienes ejercen el periodismo.
ARTÍCULO 30. La Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, procurará que en los
programas de becas a estudiantes que administra o en los que participe, se beneficie a las y los
hijos de periodistas, cuando reúnan los requisitos académicos y socioeconómicos
correspondientes.
ARTÍCULO 31. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado proveerá lo necesario a fin de
otorgar facilidades para que las y los hijos de periodistas, puedan ingresar a los centros educativos
para el desarrollo infantil que operan en la Entidad.
CAPÍTULO VII
DEL SECRETO PROFESIONAL DE LA O EL PERIODISTA
ARTÍCULO 32. La o el periodista tiene derecho de mantener en secreto la identidad de las fuentes
que le hubieren facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva.
ARTÍCULO 33. Las medidas de protección al secreto profesional comprenden:
I. Que la o el periodista al ser citado a comparecer como testigo en procesos jurisdiccionales del
orden penal, administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, pueda reservarse la
revelación de sus fuentes de información; y a petición de la autoridad ampliar la información
consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico;
II. Que la o el periodista no sea requerido por las autoridades judiciales o administrativas, para
informar sobre los datos, detalles y hechos relativos al contexto que, por cualquier razón, no hayan
sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística;
III. Que las notas de apuntes, equipo de grabación, cómputo, teléfonos celulares o cualquiera otra
forma de registro de datos, así como los directorios, números telefónicos y los archivos personales
o profesionales que pudieran llevar a la identificación de la o las fuentes de información de la o el
periodista, no sean objeto de inspección, ni aseguramiento, por autoridades administrativas o
jurisdiccionales, para ese fin, y
IV. Que la o el periodista no sea sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su
quehacer periodístico, por autoridades administrativas o jurisdiccionales, con el propósito de
obtener la identificación de la o las fuentes de información.
ARTÍCULO 34. Las personas que por razones de relación profesional con la o el periodista tengan
acceso al conocimiento de la fuente de información, serán protegidas en igualdad de circunstancias
por este Ordenamiento, como si se tratara de éstos.
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ARTÍCULO 35. La o el periodista citado a declarar en un procedimiento judicial, penal o de
cualquier otra índole, podrá invocar su derecho al secreto profesional y, negarse, en consecuencia,
a identificar sus fuentes, así como excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las
mismas.
ARTÍCULO 36. Las y los cónyuges, concubinas, concubinos, así como las y los hijos de las
personas defensoras de derechos humanos, y periodistas, podrán acceder al Fondo de Apoyo a las
Víctimas del Delito, en los términos de Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis
Potosí; y el Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
CAPÍTULO VIII
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ACTOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 37. Las personas defensoras de derechos humanos, las y los periodistas, tendrán libre
acceso a los registros, expedientes administrativos y, en general, a cualquier información en
posesión de las autoridades, instituciones, entidades, órganos y organismos públicos del Estado,
con las restricciones previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí.
Las autoridades administrativas facilitarán el acceso a la información, tomando las precauciones
necesarias para garantizar el derecho a la protección de datos personales en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y demás normativa vigente en la
materia.
ARTÍCULO 38. Las personas defensoras de derechos humanos, las y los periodistas tendrán
acceso a todos los actos de interés público que se lleven a cabo en el seno de organismos
públicos, o a los de carácter público que se desarrollen por personas físicas o morales privadas. No
se podrá prohibir la presencia a las o los periodistas en estos actos, incluidos espectáculos y
acontecimientos deportivos. En todo caso se podrá exigir el pago previamente establecido de
entrada para el público en general.
CAPÍTULO IX
DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN, EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL RIESGO
ARTÍCULO 39. Las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión, o en aquiescencia se
dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de:
I. Personas defensoras de derechos humanos o de periodistas;
II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las personas
defensoras de derechos humanos o de periodistas;
III. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización, o
movimiento social;
IV. Bienes de la persona, el grupo, organización, o movimiento social, y
V. Las demás personas que se determine en la evaluación de riesgo.
ARTÍCULO 40. El Mecanismo Estatal recibirá las solicitudes de incorporación a éste, verificará que
se cumplan con los requisitos previstos en la presente Ley, y en su caso, determinará el tipo de
procedimiento. Solamente dará tramite a las solicitudes que cuenten con el consentimiento del
potencial beneficiario, salvo que éste se encuentre impedido por causa grave. Una vez que
desaparezca el impedimento, el beneficiario deberá otorgar su consentimiento.
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ARTÍCULO 41. En el supuesto que la peticionaria declare que su vida, integridad física o la de los
señalados en el artículo 39 está en peligro inminente, el caso será considerado de riesgo alto y se
iniciará el procedimiento extraordinario.
El Mecanismo Estatal procederá a:
I. Emitir, en un plazo no mayor a tres horas contadas a partir del ingreso de la solicitud, las Medidas
Urgentes de Protección;
II. Implementar de manera inmediata, una vez emitidas, y en un plazo no mayor a nueve horas, las
Medidas Urgentes de Protección;
III. Realizar simultáneamente a la emisión de las Medidas Urgentes de Protección, un Estudio de
Evaluación de Acción Inmediata, y
IV. Informar a la o el titular del Poder Ejecutivo, una vez emitidas, sobre las Medidas Urgentes de
Protección implementadas.
CAPÍTULO X
MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Y MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 42. Una vez definidas las medidas por parte del Mecanismo Estatal, decretará las
Medidas Preventivas, o Medidas de Protección, y procederá a:
I. Comunicar los acuerdos y resoluciones a las autoridades correspondientes en un plazo no mayor
a setenta y dos horas;
II. Coadyuvar en la implementación de las medidas preventivas o medidas de protección
decretadas en un plazo no mayor a treinta días naturales, y
III. Dar seguimiento al estado de implementación de las medidas preventivas o medidas de
protección e informar a la o el titular del Ejecutivo sobre sus avances.
ARTÍCULO 43. Las Medidas Preventivas; las Medidas de Protección; y las Medidas Urgentes de
Protección, deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y
temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías,
estándares internacionales y buenas prácticas.
En ningún caso, dichas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán
vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.
ARTÍCULO 44. Las Medidas Preventivas; las Medidas de Protección; y las Medidas Urgentes de
Protección, se deberán extender a aquellas personas que determine el Mecanismo.
Dichas medidas se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de común acuerdo con
las beneficiarias.
ARTÍCULO 45. Las Medidas Urgentes de Protección incluyen:
I. Evacuación;
II. Reubicación Temporal;
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III. Escoltas de cuerpos especializados;
IV. Protección de inmuebles, y
V. Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las beneficiarias.
ARTÍCULO 46. Las Medidas Preventivas incluyen:
I. Instructivos;
II. Manuales;
III. Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos;
IV. Acompañamiento de observadores de derechos humanos, y
V. Las demás que se requieran.
ARTÍCULO 47. Las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección estarán sujetas a
evaluación periódica por parte del Mecanismo Estatal
ARTÍCULO 48. Se considera que existe uso indebido de las medidas preventivas; medidas de
protección y medidas urgentes de protección por parte de la beneficiaria cuando:
I. Abandone, evada o impida las medidas;
II. Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por las unidades del
Mecanismo;
III. Comercie u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas;
IV. Utilice al personal designado para su protección en actividades que no estén relacionadas con
las medidas;
V. Agreda física o verbalmente o amenace al personal que está asignado a su esquema de
protección;
VI. Autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de las unidades
correspondientes del Mecanismo;
VII. Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los medios físicos y humanos dispuestos para su
protección, y
VIII. Cause daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos asignados para su
protección.
ARTÍCULO 49. Las Medidas Preventivas; Medidas de Protección; y Medidas Urgentes de
Protección, podrán ser retiradas por decisión del Mecanismo Estatal, cuando la beneficiaria realice
un uso indebido de las mismas de manera deliberada y reiterada.
ARTÍCULO 50. La beneficiaria podrá en todo momento acudir ante el Mecanismo Estatal para
solicitar una revisión de las medidas preventivas; medidas de protección; y medidas urgentes de
protección.
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ARTÍCULO 51. Las Medidas Preventivas; y Medidas de Protección, otorgadas podrán ser
ampliadas o disminuidas como resultado de las revisiones periódicas.
ARTÍCULO 52. La beneficiaria se podrá separar del Mecanismo Estatal en cualquier momento,
para lo cual deberá externarlo por escrito al Mecanismo Estatal.
CAPÍTULO XI
INCONFORMIDADES
ARTÍCULO 53. La inconformidad se presentará por escrito, debidamente firmada, ante la
presidencia del Mecanismo Estatal y deberá contener una descripción concreta de los agravios que
se generan al peticionario o beneficiario y las pruebas con que se cuente.
ARTÍCULO 54. La inconformidad procede:
I. Contra resoluciones del Mecanismo Estatal y de la Unidad Estatal relacionadas con la imposición
o negación de medidas de protección;
II. Contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las medidas de protección por parte la
autoridad, y
III. En caso de que la autoridad no acepte, de manera expresa o tácita, las decisiones del
Mecanismo Estatal relacionadas con las Medidas de Protección otorgadas a la persona
beneficiaria.
ARTÍCULO 55. Para que el Mecanismo Estatal admita la inconformidad se requiere:
I. Que lo suscriba la persona o personas que hayan tenido el carácter de peticionario o beneficiario,
y
II. Que se presente en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la notificación del
acuerdo de medidas de protección.
ARTÍCULO 56. Para resolver la inconformidad:
I. El Mecanismo Estatal, solicitará a la Unidad Estatal un nuevo Estudio de Evaluación de Riesgo en
el cual de respuesta a la inconformidad planteada;
II. Si la inconformidad persiste, el Mecanismo Estatal instruirá a la Unidad Estatal que coordine la
elaboración de un Estudio de Evaluación de Riesgo independiente para el análisis del caso, y
III. El Mecanismo Estatal emitirá su resolución en un plazo máximo de quince días naturales
después de recibidos los resultados del Estudio de Evaluación de Riesgo independiente.
CAPÍTULO XII
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 57. Se aplicará la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y
Municipios de San Luis Potosí; y, en lo que sea procedente, el Código Penal del Estado de San Luis
Potosí, en su caso, a la o el servidor público que contravenga las disposiciones del presente
Ordenamiento.
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PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. A la entrada en vigor de la presente Ley, se abroga la Ley de Protección al Ejercicio del
Periodismo del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veinticinco
de mayo de dos mil trece, con el Decreto Legislativo número 145.
TERCERO. Con la entrada en vigor de este Decreto, se disuelve el Comité Estatal de Protección al
Periodismo, por lo que deberá instalarse el Mecanismo Estatal, dentro de los treinta días siguientes
CUARTO. Dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la entrada en vigor de la Ley, las
personas titulares de la Secretaría General de Gobierno; de la Fiscalía General del Estado; de la
Secretaría de Seguridad Pública; y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, deberán
seleccionar a las personas servidoras públicas que integrarán la Unidad Estatal.
QUINTO. El Titular del Ejecutivo Local, expedirá el Reglamento Interior del Mecanismo Estatal de
Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dentro de los noventa días
siguientes a la publicación de la Ley.
SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.
D A D O en el salón de sesiones “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable Congreso del Estado, en
Sesión Extraordinaria, el diecinueve de agosto del dos mil veintiuno.
Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Presidenta: Diputada Vianey Montes Colunga;
Primera Secretaria: Diputada Marite Hernández Correa; Segundo Secretario: Diputado Mario
Lárraga Delgado. (Rúbrica)
Por tanto, mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan
cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.
D A D O en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí, el día cuatro del mes de octubre del año dos mil veintiuno.
El Gobernador Constitucional del Estado
José Ricardo Gallardo Cardona
(Rúbrica)
El Secretario General de Gobierno
J. Guadalupe Torres Sánchez
(Rúbrica)
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