<![CDATA[ 1
TEXTO VIGENTE
Publicado en el P.O. No. 131 del 28 de Octubre de 1992.
Última reforma publicada en el P.O. No. 101, del 19 de agosto de 2024.
DECRETO NÚMERO 539
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA
LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL
TÍTULO PRELIMINAR
DE LAS GARANTÍAS PENALES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS GARANTÍAS PENALES
ARTÍCULO 1o. Nadie podrá ser sancionado por acción u omisión que no estén
expresamente previstas y descritas como delito por ley penal vigente anterior a su
realización, ni con pena o medida de seguridad no establecidas en ella.
Tampoco podrá ser sancionado si la acción u omisión no reúne los elementos de la
descripción legal. Queda prohibida la aplicación analógica o por mayoría de razón de la
ley penal en perjuicio de persona alguna.
ARTÍCULO 2o. No podrá aplicarse pena alguna, si la acción u omisión no han sido
realizadas culpablemente. La medida de la pena no excederá la medida de la
culpabilidad del agente.
Tampoco podrá la autoridad judicial aplicar medida de seguridad alguna, sino por la
realización de un hecho previsto como delito. Las autoridades administrativas podrán
decretar medidas de seguridad tendientes a proteger a los inimputables, en los casos y
con los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, aunque no
hayan realizado conductas antisociales.
ARTÍCULO 3o. Las penas y medidas de seguridad proveen esencialmente a la
protección de los bienes jurídicos y a la readaptación social del infractor.
2
Se impondrán por resolución judicial en los términos y con las modalidades previstas en
este código y otras leyes, y se ejecutarán por las autoridades competentes, de
conformidad a tal resolución y a lo dispuesto por la respectiva ley de ejecución.
TÍTULO PRIMERO
DE LA LEY PENAL
CAPÍTULO I
APLICACIÓN EN EL ESPACIO
ARTÍCULO 4o. Este código se aplicará por los delitos cometidos en el Estado de
Sinaloa y que sean de la competencia de sus tribunales.
Se aplicará igualmente por los delitos que cometan en otra entidad federativa, cuando
se produzcan efectos dentro del territorio del Estado o se pretenda que los tenga.
CAPÍTULO II
APLICACIÓN EN EL TIEMPO
ARTÍCULO 5o. Es aplicable la ley vigente en el momento de la realización del delito.
El momento y el lugar de realización del delito son aquellos en que se concretan los
elementos del tipo penal.
ARTÍCULO 6o. Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida
de seguridad se pusiere en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en
la ley más favorable al imputado, acusado o sentenciado.
La autoridad jurisdiccional que esté conociendo o haya conocido del procedimiento
penal, aplicará de oficio la ley más favorable.
(Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
CAPÍTULO III
APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS
ARTÍCULO 7o. Las disposiciones de este Código se aplicarán por igual a todas las
personas, excepto en los casos previstos por la Constitución Federal, la del Estado, y
en los tratados y convenciones internacionales.
ARTÍCULO 8o. Los menores de dieciocho años de edad se regirán por la ley aplicable
a ellos.
3
CAPÍTULO IV
CONCURSO APARENTE DE NORMAS
ARTÍCULO 9o. Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas
disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general y la principal excluirá a la
subsidiaria.
CAPÍTULO V
LEYES ESPECIALES
ARTÍCULO 10. Cuando se cometa un delito tipificado en otra ley, se aplicará ésta,
observándose las disposiciones generales de este Código, en lo no previsto por la ley
especial.
Cuando se realicen conductas típicas contempladas en leyes Federales de la República
y que por disposición de las mismas compete conocer y resolver a las autoridades del
Estado, será esta la que se aplique, observándose en su caso, las disposiciones
generales de este Código en lo no previsto por aquella. (Adic. según Decreto No. 322 y
publicado en el P.O. No. 103 del 29 de agosto de 2011).
Son aplicables en lo conducente, las disposiciones de este Código en los términos de
los párrafos que anteceden, por los delitos contra la salud en la modalidad de
narcomenudeo a que se refiere el artículo 474 y demás disposiciones aplicables del
Capítulo VII del Título Octavo de la Ley General de Salud. (Adic. según Decreto No.
322 y publicado en el P.O. No. 103 del 29 de agosto de 2011).
TÍTULO SEGUNDO
DEL DELITO
CAPÍTULO I
CLASIFICACIÓN Y FORMA
ARTÍCULO 11. El delito puede realizarse por acción u omisión.
ARTÍCULO 12. A nadie se le podrá atribuir un resultado típico, si éste no es
consecuencia de su acción u omisión.
Será atribuible el resultado típico producido, a quien teniendo el deber jurídico de
actuar para evitarlo, no lo impida, pudiendo hacerlo.
ARTÍCULO 13. El delito será:
4
I. Instantáneo, cuando la conducta se agote en el mismo momento en que
se han realizado todos los elementos de la descripción legal;
II. Permanente, cuando la consumación se prolongue; y
III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo y pluralidad de
conductas se viole el mismo precepto legal.
ARTÍCULO 14. El delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente.
Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico,
quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal.
Obra culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que
debía y podía observar, según las circunstancias y condiciones personales, y causa un
resultado típico que no previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo.
Obra preterintencionalmente el que causa un resultado típico más grave al querido,
habiendo dolo directo respecto del daño deseado y culpa con relación al daño causado.
ARTÍCULO 15. El delito cometido culposamente, sólo es punible en los casos
específicamente previstos en la ley.
La punibilidad del delito preterintencional, sólo es admisible, en los casos en que lo sea
la del delito culposo.
CAPÍTULO II
TENTATIVA
ARTÍCULO 16. La tentativa es punible cuando la resolución de cometer un delito se
exterioriza ejecutando u omitiendo los actos que deberían de producir o evitar el
resultado, si aquéllos se interrumpen o el resultado no acontece por causas ajenas a la
voluntad del agente.
Existe tentativa inidónea, siendo también punible, cuando no se pudiere realizar el
delito, por emplearse medios inadecuados para la ejecución del mismo o por no existir
el bien jurídico u objeto material que se pretendió afectar.
ARTÍCULO 17. Si el sujeto desistiere espontáneamente de la ejecución o impidiere la
consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna, a no ser
que los actos ejecutados u omitidos constituyan por sí mismos delito.
5
CAPÍTULO III
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 18. Son responsables del delito cometido:
I. Los que acuerden o preparen su realización;
II. Los que lo realicen por sí;
III. Los que lo realicen conjuntamente;
IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento;
V. Los que induzcan dolosamente a otro a cometerlo;
VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilio a otro para su comisión;
VII. Los que por acuerdo previo auxilien al delincuente con posterioridad a la
ejecución del delito; y
VIII. Los que intervengan con otros en su comisión, aunque no conste quién de
ellos produjo el resultado.
ARTÍCULO 19. Para los efectos de este Código, sólo pueden ser penalmente
responsables las personas físicas.
No obstante, cuando algún miembro o representante de una persona moral, con
excepción de las entidades del Estado o municipios, cometa algún delito con los
medios que para tal objeto la misma entidad le proporcione, de modo que resulte
cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de ésta, el juzgador impondrá en la
sentencia, con audiencia e intervención del representante legal, las consecuencias
previstas por este Código para las personas morales, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido las personas físicas.
La responsabilidad penal no trascenderá a personas distintas de los delincuentes ni
afectará bienes que no sean de éstos.
ARTÍCULO 20. Si varias personas toman parte en la realización de un delito
determinado y alguna de ellas comete un delito distinto sin previo acuerdo con las
otras, todas serán responsables del nuevo delito, según su propia culpabilidad, cuando
éste sirva como medio adecuado para cometer el principal o sea consecuencia
necesaria y natural del mismo o de los medios concertados para cometerlos.
6
No son responsables del nuevo delito quienes hayan estado ausentes al momento de
su ejecución, ni quienes no hayan sabido antes que se iba a cometer y hubiesen hecho
cuanto estaba de su parte para impedirlo.
CAPÍTULO IV
COMUNICABILIDAD DE CIRCUNSTANCIAS
ARTÍCULO 21. El aumento o la disminución de la pena, fundados en las relaciones
personales o en las circunstancias subjetivas del autor de un delito, no serán aplicables
a los demás sujetos que intervinieron en aquél.
Sí serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, siempre que
los demás sujetos tengan conocimiento de ellas.
(Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 22. No es imputable al acusado el aumento de sanción proveniente de
circunstancias particulares del ofendido, si las ignoraba inculpablemente al cometer el
delito.
CAPÍTULO V
CONCURSO DE DELITOS
ARTÍCULO 23. Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios
delitos.
ARTÍCULO 24. Existe concurso real siempre que alguno es juzgado a la vez por varios
delitos, ejecutados en actos distintos y la acción para perseguirlos no esté prescrita.
ARTÍCULO 25. No hay concurso cuando las conductas constituyen un delito
continuado.
CAPÍTULO VI
CAUSAS EXCLUYENTES DEL DELITO
ARTÍCULO 26. El delito se excluye cuando:
7
I. La actividad o inactividad del agente que produjo el resultado son
involuntarias;
II. Falte alguno de los elementos integrantes de la descripción legal;
III. Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el bien jurídico sea disponible;
b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer
libremente del mismo; y,
c) Que el consentimiento sea expreso sin que medie algún vicio.
(Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
IV. Obre el acusado en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos,
repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulte
un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las
circunstancias siguientes:
PRIMERA. Que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y
suficiente para ella;
SEGUNDA. Que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros
medios legales;
TERCERA. Que no hubo necesidad racional del medio empleado en la
defensa; y
CUARTA. Que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente
reparable después por medios legales o era notoriamente de poca
importancia comparado con el que causó la defensa.
Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto
de aquél que rechazare, en el momento mismo de estarse verificando, el
escalamiento o fractura de los cercados, paredes, o entrada de su casa o
departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el
daño causado al agresor.
8
Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un extraño a
quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentre su
familia, aún cuando no sea su hogar habitual; en el local en que aquél
tenga sus bienes o donde se encuentren bienes ajenos que tenga
obligación legal de defender; y el intruso ejerza violencia sobre las
personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen;
V. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno,
de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente,
lesionando un bien jurídico de igual o menor valor que el salvaguardado,
siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no
tuviera el deber jurídico de afrontarlo;
VI. Se actúe en virtud de un mandato legítimo de superior jerárquico;
VII. Se obre en forma legítima, en cumplimiento de un deber jurídico o en
ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio
empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho y siempre que esto
último no se haga con el propósito de perjudicar a otro;
VIII. Se contravenga lo dispuesto en una ley penal por impedimento legítimo e
insuperable;
IX. Al momento de realizar la conducta típica, el agente no tenga la capacidad
de comprender el carácter ilícito de aquélla o de conducirse de acuerdo
con esa comprensión, en virtud de padecer enajenación mental, trastorno
mental transitorio o desarrollo intelectual retardado, o cualquier otro
estado mental que produzca los mismos efectos, excepto en los casos en
que el propio agente haya provocado esa incapacidad.
Tratándose de desarrollo intelectual retardado o enajenación mental, se
estará a lo dispuesto en los artículos 62 al 66 de este código.
En caso de trastorno mental transitorio se estará a lo previsto en el
artículo 64 de este código;
X. Se realice el hecho bajo un error invencible respecto a alguno de los
elementos esenciales que integran la descripción legal o que por el mismo
error estime el sujeto activo que su conducta está amparada por una
causa de licitud. Si el error es vencible, se estará a lo dispuesto por el
artículo 85 de este código;
9
XI. Atendiendo a las circunstancias que concurren en la realización de una
conducta antijurídica, no sea racionalmente posible exigir al agente una
conducta diversa a la que realizó;
XII. Se produzca un resultado típico por caso fortuito; (Ref. Según Decreto 533,
de fecha 05 de abril de 2016 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, No. 094 de fecha 03 de agosto de 2016).
XIII. Al momento de realizar la conducta típica prevista en el artículo 364 de
este Código, prevalezca un riesgo inminente en la integridad física de una
persona, siempre que se justifique el hecho, sean racionales los medios
de defensa que se utilizaron en el acontecimiento, y no existiera otra
forma de salvaguardar la integridad de la persona en peligro. (Adic. Según
Decreto 533, de fecha 05 de abril de 2016 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 094 de fecha 03 de agosto de 2016).
ARTÍCULO 27. Las causas que excluyen el delito se investigarán y harán valer de
oficio, o a petición de parte interesada, en cualquier estado del procedimiento, en los
términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. (Ref. Según
Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
TÍTULO TERCERO
DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS PENAS
CAPÍTULO I
CATÁLOGO DE PENAS
ARTÍCULO 28. Por la comisión de los delitos descritos en el presente Código sólo
podrán ser impuestas las penas siguientes:
I. Prisión;
II. Semilibertad;
III. Sanción pecuniaria;
IV. Decomiso y pérdida de los instrumentos y objetos relacionados con el
delito;
10
V. Trabajo en favor de la comunidad;
VI. Suspensión o privación de derechos, destitución e inhabilitación para el
desempeño de empleos, cargos o comisiones; (Ref. Según Decreto 382,
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 009, de
fecha 20 de enero de 2023).
VII. Amonestación; (Adic. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo
de 2022).
VIII. Las demás que prevengan las leyes. (Se recorre en su orden Según Decreto
79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
CAPÍTULO II
PRISIÓN
ARTÍCULO 29. La prisión consiste en la privación temporal de la libertad personal,
tendiente a ejercer sobre el condenado una acción readaptadora y se cumplirá en los
establecimientos que la ley determine para el efecto.
Su duración será de tres meses a setenta años y podrá ser sustituida en los casos y
condiciones previstas en este código. (Ref. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y
publicado en el P.O. No. 063 del 27 de mayo de 2011).
ARTÍCULO 30. En toda pena de prisión impuesta mediante sentencia, se computará el
tiempo de la prisión preventiva; esta última deberá ser en lugares separados a los
destinados a extinguir la pena.
CAPÍTULO III
SEMILIBERTAD
ARTÍCULO 31. La semilibertad implica alternación de períodos de privación de la
libertad y tratamiento en libertad.
Se aplicará, según las circunstancias del caso, del siguiente modo: externación durante
la semana de trabajo o educativa, con reclusión de fin de semana; salida de fin de
semana, con reclusión durante el resto de ésta; o salida diurna, con reclusión nocturna.
La duración de la semilibertad no podrá exceder del tiempo correspondiente a la pena
de prisión sustituida.
11
La reclusión a que se refiere el presente artículo tendrá lugar en centros distintos a los
establecidos para la prisión preventiva y de los señalados para la extinción de la pena.
CAPÍTULO IV
SANCIÓN PECUNIARIA
ARTÍCULO 32. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.
ARTÍCULO 33. La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero, que se fijará
por veces multa, los cuales no podrán exceder de cuarenta mil. La vez multa equivale a
la percepción neta diaria del inculpado en el momento de consumar el delito, tomando
en cuenta todos sus ingresos. (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el P.O. No. 158
del 28 de diciembre de 2016).
Para los efectos de este Código, el límite inferior de la vez multa será el equivalente al
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. (Ref. Por Decreto No. 58,
publicado en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
Por lo que toca al delito continuado, se atenderá al valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización en el momento consumativo de la última conducta; para el permanente,
se considerará al mismo valor diario en el momento en que cesó la consumación. (Ref.
Por Decreto No. 58, publicado en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
El importe de la multa fijada en sentencia se pagará al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Estado.
ARTÍCULO 34. Cuando se acredite que el sentenciado, no puede pagar la multa, o
solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla total o
parcialmente, por prestación de trabajo en favor de la comunidad. Cada jornada de
trabajo saldará un día multa.
Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por la prestación de
servicios, la autoridad judicial podrá poner al sentenciado en libertad bajo vigilancia,
cuya duración no excederá del número de días multa sustituido.
ARTÍCULO 35. Al sentenciado que se negare sin causa justificada a pagar el monto de
la multa impuesto, se lo exigirá el Estado mediante el procedimiento económico
coactivo. La autoridad a quien corresponda su cobro podrá fijar plazos para su pago.
Podrá en cualquier tiempo pagarse el monto de la multa, descontándose de ésta la
parte proporcional a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad o el
tiempo de prisión que el reo hubiere cumplido.
12
ARTÍCULO 36. La reparación del daño que deba ser hecha por el responsable de un
delito, tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público,
con el que podrán coadyuvar el ofendido, sus derechohabientes o sus representantes,
en los términos que prevenga el Código Nacional de Procedimientos Penales. (Ref.
Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 37. Quien se considere con derecho a la reparación del daño y no pueda
obtenerla ante el juez penal, en virtud del no ejercicio de la pretensión punitiva por
parte del Ministerio Público, sobreseimiento, sentencia absolutoria o cualquiera otra
causa, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente.
ARTÍCULO 38. Cuando la reparación del daño sea cubierta por cualquier vía, su pago
excluirá la reclamación por otra diversa.
ARTÍCULO 39. La reparación del daño, debe ser integral y efectiva, proporcional a la
gravedad del daño causado y a la afectación sufrida comprende: (Ref. según Dec. 515,
publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
I. La restitución de la cosa obtenida por el delito, con sus frutos y
accesiones, y el pago, en su caso, de deterioros y menoscabos. Si la
restitución no fuere posible, el pago del precio de la misma;
II. La indemnización del daño material, moral y psicológico causados,
incluyendo el pago de los tratamientos médicos y psicoterapéuticos que la
víctima o el ofendido del delito requieran, como consecuencia del delito;
(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de
abril del 2012).
III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
IV. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones
se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión, en los
términos de la Ley Federal del Trabajo; y (Adic. según Dec. 515,
publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
V. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima,
previa solicitud de la misma, a través de medios electrónicos o escritos,
cuyo costo será cubierto por el sentenciado. (Adic. según Dec. 515,
publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
ARTÍCULO 40. En orden de preferencia, tienen derecho a la reparación del daño:
13
I. El ofendido;
II. Las personas que dependan económicamente de él;
III. Sus descendientes, cónyuge, concubina o concubinario;
IV. Sus ascendientes; o
V. Sus herederos.
ARTÍCULO 41. Son terceros obligados a la reparación del daño:
I. Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren
bajo su patria potestad;
II. Los tutores o los custodios, por los delitos de los incapacitados que se
hallen bajo su autoridad;
III. Los directores o propietarios de internados o talleres, por los delitos que
cometan los internos o aprendices durante el tiempo que se hallen bajo la
dependencia de aquéllos;
IV. Las personas físicas, las personas morales y las que se ostenten con ese
carácter, por los delitos que cometa cualquier persona vinculada con
aquéllas por una relación laboral, con motivo y en el desempeño de sus
funciones;
V. Las personas jurídicas colectivas o que se ostenten como tales, por los
delitos de sus socios, agentes o administradores y, en general, por
quienes, legalmente, actúen en su nombre y representación;
VI. Los dueños de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias
peligrosas, por los delitos que en ocasión de su tenencia, custodia o uso,
cometan las personas que los manejan o tienen a su cargo; y
VII. El Estado y los municipios, subsidiariamente, por los delitos que cometan
sus servidores públicos, con motivo o en el desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO 42. La reparación del daño deberá exigirse al acusado y podrá
subsidiariamente reclamársele al tercer obligado.
ARTÍCULO 43. Los responsables del delito estarán obligados solidariamente a cubrir el
importe de la reparación del daño.
14
ARTÍCULO 44. La reparación del daño material será fijada por el juzgador según el
daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el
procedimiento penal.
La reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del juzgador, tomando
en consideración las características del delito, las posibilidades económicas del
obligado, la afectación moral sufrida por la víctima y las circunstancias personales de
ésta, que tengan relevancia para la fijación del daño causado. Esta reparación no podrá
exceder de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del
obligado; a falta de prueba, se considerará el importe de dicho valor diario. (Ref. Por
Decreto No. 58, publicado en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
Para la fijación del daño causado y el monto de la reparación, el juzgador, en lo
conducente, tomará en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del
Código Civil del Estado, en su caso.
El monto de la reparación del daño material y moral por el delito de homicidio, en
ningún caso será inferior al de la indemnización en los casos de muerte determinada en
la Ley Federal del Trabajo.
La reparación del daño por el delito de robo de vehículo cuando este último no se
recupere o no haya sido cubierto el valor del mismo por otro medio, la fijará el juez en
la cantidad resultante de reducir al precio señalado en la factura o documento legal que
acredita la propiedad del vehículo, la cantidad que como depreciación por el tiempo
transcurrido hasta el momento de la comisión del delito, sea determinado mediante
dictamen pericial.
(Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 45. La obligación de pagar el importe de la reparación del daño es
preferente con respecto a la de la multa y se cubrirá primero que cualquier otra de las
obligaciones personales que se hubieren contraído con posterioridad al delito,
excepción hecha de las relacionadas con alimentos y salarios.
ARTÍCULO 46. Los depósitos que se constituyan para garantizar la libertad caucional,
se aplicarán al pago de la reparación del daño, cuando el inculpado se substraiga a la
acción de la justicia después de haber causado ejecutoria la sentencia dictada.
ARTÍCULO 47. La reparación del daño se hará efectiva por la autoridad judicial,
conforme a las disposiciones que para la ejecución de la sentencia señale la Ley de la
materia, siendo parte en este procedimiento, además del Ministerio Público, quien
15
tenga derecho a la reparación. (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
Si no se logra hacer efectivo todo el importe de la reparación del daño, lo que se
obtenga se distribuirá proporcionalmente entre los que tienen derecho a ella,
atendiendo a las cuantías señaladas en la sentencia ejecutoria, sin perjuicio de que si
posteriormente el sentenciado adquiere bienes suficientes, se cubra lo insoluto.
ARTÍCULO 48. El juzgador, teniendo en cuenta el monto de los daños y la situación
económica del obligado, podrá fijar plazos para el pago de su reparación, plazos que
en su conjunto no excedan de dos años, pudiendo para ello exigir garantía, si lo
considera conveniente.
ARTÍCULO 49. Los objetos de uso lícito con que se cometa el delito, propiedad del
acusado, se asegurarán por la autoridad judicial para garantizar el pago de la
reparación del daño. Solamente se levantará el aseguramiento o no se llevará a cabo si
se otorga caución bastante en los términos de ley.
ARTÍCULO 50. Si las personas que tienen derecho a la reparación del daño renuncian
a ella o se abstienen de recibir su importe, éste se aplicará en favor del Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia del Estado, conforme a la ley respectiva.
CAPÍTULO V
DECOMISO Y PÉRDIDA DE LOS INSTRUMENTOS
Y OBJETOS RELACIONADOS CON EL DELITO
ARTÍCULO 51. El decomiso consiste en la aplicación por decisión jurisdiccional, de los
instrumentos, objetos y productos del delito a favor del Fondo de Apoyo a la
Procuración de Justicia del Estado y del Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Estado, en los términos del presente Código. (Ref. Por Decreto 663 del 27
de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05 de octubre del 2007).
ARTÍCULO 52. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o
producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Los instrumentos de uso lícito
sólo se decomisarán al inculpado cuando se le condene por delito doloso. Si el
instrumento pertenece a terceros, sólo se decomisará cuando se empleó para fines
delictivos, con conocimiento de su dueño. Los productos, rendimientos o beneficios
obtenidos por el inculpado o por otras personas, como resultado del delito, serán
decomisados, al igual que las cosas sea cual sea su naturaleza que a nombre del
inculpado o de terceros hayan sido adquiridas con aquellos. (Ref. por Decreto 663 del
27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05 de octubre del 2007).
16
La autoridad judicial determinará el destino de los instrumentos, objetos o productos del
delito que sean materia de decomiso, en proporción del cincuenta por ciento
respectivamente al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado y al
Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Estado. (Adic. por Decreto 663 del 27
de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05 de octubre del 2007).
Las autoridades competentes procederán al aseguramiento de bienes para efecto de la
acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, los que podrán ser
materia de decomiso. Se actuará en los términos previstos en este párrafo, cualquiera
que sea la naturaleza de los instrumentos o productos del delito. (Ref. por Decreto
número 142, publicado en el P. O. No. 82 del 09 de julio de 1999).
ARTÍCULO 53. Los bienes, objetos o valores que sean asegurados por el Ministerio
Público, que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello en un plazo de cuarenta
y cinco días hábiles, computable a partir de la notificación personal e indubitable al
interesado, se enajenarán, previo avalúo pericial y mediante subasta pública, conforme
a las reglas que precise el Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Estado y el
producto de la venta se aplicará al mismo.
La notificación al interesado, si está identificado o es identificable deberá hacerse
personalmente si se tiene su domicilio, de no tenerse este último, la notificación se hará
mediante escrito que se fijará durante quince días naturales en lugar visible al público
en la Agencia del Ministerio Público que hubiere asegurado el bien, así como con la
publicación de un edicto en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en un periódico
de mayor circulación en el Estado.
Cuando respecto de los bienes asegurados por la comisión de uno o varios delitos, no
aparezcan datos de alguien con derecho a reclamarlos, no será necesaria notificación y
la enajenación de los mismos deberá realizarse previo avalúo pericial y en subasta
pública, y el producto de su venta se aplicará al Fondo de Apoyo a la Procuración de
Justicia del Estado. De igual manera se procederá cuando los bienes asegurados no
puedan ser identificados o identificables.
Lo mismo se observará tratándose de objetos o valores que se encuentren a
disposición de las autoridades judiciales, con la circunstancia de que el producto de la
venta se destinará al mejoramiento de la administración de justicia local.
(Ref. por Decreto 663 del 27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No 120 del
05 de octubre del 2007).
ARTÍCULO 54. En el caso de bienes perecederos, de fácil descomposición o deterioro,
de costosa conservación o de animales vivos, que sean asegurados por el Ministerio
Público o que se encuentran a disposición de la autoridad judicial, se procederá a su
17
venta inmediata, previo avalúo pericial y en subasta pública y el producto de la misma
quedará depositado en el Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Estado o en
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, según corresponda, a
disposición de quien tenga derecho al mismo, quien dispondrá de un plazo de cuarenta
y cinco días hábiles, computable a partir del día siguiente en que surta efectos la
notificación personal e indubitable que al efecto se haga, para retirarlo, y si no lo hace,
dicho importe se aplicará al Fondo respectivo.(Ref. por Decreto 663 del 27 de
septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05 de octubre del 2007).
Si se tratare de substancias nocivas o peligrosas dicha autoridad podrá disponer, aún
antes de declararse su decomiso por sentencia ejecutoria, las medidas de precaución
que corresponda, incluida su destrucción si fuere indispensable.
CAPÍTULO VI
TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD
ARTÍCULO 55. El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de
servicios no remunerados a cargo del reo en instituciones públicas, educativas o de
asistencia social, o en instituciones privadas asistenciales.
Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de períodos distintos del horario de
las labores que representen la fuente de ingresos para la subsistencia del sujeto y de
su familia y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora.
Podrán imponerse como pena sustitutiva de la prisión o de la multa, en su caso. Cada
día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad.
Cuando el trabajo en favor de la comunidad sea sustitutivo de prisión no mayor de un
año o de sanciones impuestas en casos de delitos con pena alternativa, el Ejecutivo del
Estado podrá celebrar convenios con los ayuntamientos para que sean éstos quienes
determinen la naturaleza, lugar y modo en que habrá de prestarse aquél.
ARTÍCULO 56. La extensión de la jornada de trabajo será fijada por la autoridad
judicial tomando en cuenta las circunstancias del caso, así como los límites previstos
por la ley laboral para jornadas extraordinarias.
Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma que resulte degradante o
humillante para el condenado.
CAPÍTULO VIl
SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE DERECHOS, DESTITUCIÓN
E INHABILITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE EMPLEOS,
CARGOS O COMISIONES
18
(Ref. Según Decreto 382, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
009, de fecha 20 de enero de 2023).
ARTÍCULO 57. La suspensión consiste en la pérdida temporal de derechos. La
privación es la pérdida definitiva de los mismos.
(Ref. Según Decreto 382, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
009, de fecha 20 de enero de 2023).
ARTÍCULO 58. La suspensión es de dos clases:
I. La que por ministerio de ley es consecuencia necesaria de otra pena; y
II. La que se impone como pena independiente.
En el primer caso, la suspensión comienza y concluye con la pena de que es
consecuencia.
En el segundo caso, tendrá una duración de tres meses a quince años.
La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutela,
curatela, apoderado, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o interventor
judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de
ausentes.
La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará
todo el tiempo de la condena. (Ref. Según Decreto 382, publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 009, de fecha 20 de enero de 2023).
La privación surtirá sus efectos desde el momento en que cause ejecutoria la
sentencia. (Ref. Según Decreto 382, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, No. 009, de fecha 20 de enero de 2023).
ARTÍCULO 59. La destitución consiste en la separación definitiva del empleo, cargo o
comisión en el servicio público y surtirá sus efectos desde el momento en que cause
ejecutoria la sentencia.
(Ref. Según Decreto 382, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
009, de fecha 20 de enero de 2023).
19
ARTÍCULO 60. La inhabilitación implica la incapacidad temporal para obtener o ejercer
un empleo, cargo o comisión.
(Ref. Según Decreto 382, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
009, de fecha 20 de enero de 2023).
CAPÍTULO VIII
AMONESTACIÓN
(Adic. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
ARTÍCULO 60 Bis. La amonestación consiste en la advertencia y llamado de atención
que el juzgador dirija a la persona sentenciada haciéndole ver las consecuencias de la
conducta típica que se le ha acreditado en el proceso, conminándole a la preservación
presente y futura de los bienes jurídicos tutelados según el delito en cuestión.
Se hará de manera pública o privada de acuerdo a lo que el presente Código
establezca.
(Adic. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
CATÁLOGO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 61. Las medidas de seguridad que podrán imponerse con arreglo a este
código son:
I. Tratamiento en internamiento o en libertad de inimputables o de
imputables disminuidos;
II. Deshabituación;
III. Sujeción a vigilancia de la autoridad;
IV. Prohibición de ir a una determinada circunscripción territorial o de residir
en ella; (Ref. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el
P.O. No. 063 del 27 de mayo de 2011).
20
V. Colocación de dispositivos de localización y vigilancia; (Ref. Según Decreto
79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
VI. Medidas integrales; y (Adic. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de
marzo de 2022).
VII. Las demás que prevengan las leyes. (Se recorre en su orden Según Decreto
79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
CAPÍTULO II
TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO O EN LIBERTAD
DE INIMPUTABLES O DE IMPUTABLES DISMINUIDOS
ARTÍCULO 62. En el caso de los inimputables que requieran tratamiento, el juzgador
dispondrá el que les sea aplicable, en internación o en libertad, previo el procedimiento
respectivo. Si se trata del primero de ellos, el sujeto será internado en institución
adecuada durante el tiempo necesario para su tratamiento.
Las personas inimputables a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser entregadas
por la autoridad judicial o ejecutora en su caso, a quienes legalmente corresponda
hacerse cargo de ellas, siempre que se obliguen a tomar todas las medidas adecuadas
para su tratamiento y vigilancia, garantizando, por cualquier medio y a satisfacción de
las mencionadas autoridades, el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
ARTÍCULO 63. Para la imposición de la medida de seguridad a que se refiere este
capítulo, se requerirá que la conducta del sujeto sea penalmente típica y no se
encuentre justificada.
ARTÍCULO 64. Si la inimputabilidad proviene exclusivamente de trastorno mental
transitorio, no habrá lugar a imposición de medida de tratamiento alguno, a no ser que
ésta sea necesaria por el estado mental que aún manifieste el sujeto, sin perjuicio de la
responsabilidad de reparar los daños y perjuicios a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 65. Si la capacidad del agente de comprender el carácter ilícito del hecho o
de determinarse de acuerdo con esa comprensión no se encuentra totalmente excluida,
sino sólo disminuida al momento de la realización del delito, se le impondrá a juicio del
juzgador según proceda, hasta una tercera parte de la pena que correspondería al
delito cometido, o la medida de seguridad a que se refiere este capítulo, tomando en
consideración que dicha disminución de la capacidad no fue provocada por el autor del
delito.
21
ARTÍCULO 66. La autoridad ejecutora podrá resolver sobre la modificación o
conclusión de la medida en forma provisional o definitiva, considerando las
necesidades del tratamiento, las que se acreditarán mediante revisiones periódicas,
con la frecuencia y características del caso y el dictamen pericial correspondiente.
CAPÍTULO III
DESHABITUACIÓN
ARTÍCULO 67. Cuando el sujeto haya sido sentenciado por un delito que resulte de la
inclinación o el abuso de bebidas alcohólicas, de estupefacientes, psicotrópicos o
substancias que produzcan efectos similares, independientemente de la pena que
corresponda, se le aplicará un tratamiento de deshabituación o desintoxicación, según
el caso y por el tiempo necesario para su rehabilitación, al margen de que se trate de
pena privativa o no privativa de libertad.
CAPÍTULO IV
SUJECIÓN A VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD
ARTÍCULO 68. Cuando la sentencia condene a la restricción de la libertad o derechos
o en los casos en que se resuelva la suspensión condicional de la ejecución de la pena,
el juzgador podrá ordenar a la autoridad competente que vigile al sentenciado, por un
plazo igual al de la pena o medida impuesta.
Esta vigilancia consistirá en ejercer sobre el sentenciado observación y orientación de
su conducta, por personal especializado de la autoridad ejecutora, para los efectos de
su readaptación social y la protección de la comunidad.
CAPÍTULO V
PROHIBICIÓN DE IR A UNA DETERMINADA CIRCUNSCRIPCIÓN
TERRITORIAL O DE RESIDIR EN ELLA
ARTÍCULO 69. El juzgador, tomando en cuenta las circunstancias del delito y las
propias del delincuente, podrá disponer que éste no vaya a una determinada
circunscripción territorial o que no resida en ella. Su duración será de seis meses a tres
años.
22
CAPÍTULO VI
MEDIDAS INTEGRALES
(Adic. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
ARTÍCULO 69 Bis. Las medidas integrales decretadas por la autoridad judicial podrán
ser en las materias de salud, educación o de cualquier índole, tendentes a la protección
y orientación social de la persona sancionada por el tiempo necesario para su
tratamiento, bajo la supervisión de la autoridad ejecutora.
(Adic. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
SECCIÓN TERCERA
CONSECUENCIAS PARA LAS PERSONAS MORALES
CAPÍTULO ÚNICO
CONSECUENCIAS PARA LAS PERSONAS MORALES
ARTÍCULO 70. A las personas morales que incurran en responsabilidad en los casos
previstos para este código, la autoridad judicial les impondrá en la sentencia alguna de
las siguientes consecuencias jurídicas:
I. Prohibición de realizar determinadas operaciones.
II. Intervención.
III. Suspensión.
IV. Disolución.
ARTÍCULO 71. La prohibición de realizar determinados negocios u operaciones, que
podrá ser hasta por cinco años, se referirá exclusivamente a las que determine el
juzgador y deberá tener relación directa con el delito cometido. Los administradores y el
comisario de la sociedad serán responsables ante la autoridad judicial del cumplimiento
de esta prohibición e incurrirán en las penas que establece este código por
desobediencia a un mandato de autoridad.
23
ARTÍCULO 72. La intervención consiste en la remoción de sus cargos de los
administradores de la persona moral, encargando sus funciones temporalmente a un
interventor o interventores designados por la autoridad judicial. La intervención cesará
cuando los órganos de la empresa sustituyan, conforme a sus estatutos, a las personas
que hayan cometido el hecho delictuoso y no podrá exceder de dos años.
ARTÍCULO 73. La suspensión consistirá en la cesación de la actividad de la sociedad
durante el tiempo que determine la autoridad judicial en la sentencia, la cual no podrá
exceder de dos años.
ARTÍCULO 74. La disolución consistirá en la conclusión definitiva de toda actividad
social de la persona moral, que no podrá volverse a constituir por las mismas personas
en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio
de la realización de los actos necesarios para la disolución o liquidación total. En el
caso de la disolución, la autoridad judicial designará en el mismo acto, liquidador que
procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona
moral, inclusive las responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las
disposiciones de ley sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y
de la entidad objeto de la liquidación.
TÍTULO CUARTO
APLICACIÓN DE LAS PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES
ARTÍCULO 75. El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la
individualizará dentro de los márgenes de punibilidad establecidos para cada conducta
típica y antijurídica, tomando como referencia su gravedad, así como el grado de
culpabilidad del sentenciado.
Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias jurídicas
aplicables a las personas morales, serán individualizadas tomando solamente en
consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica.
La gravedad de la conducta típica y antijurídica será determinada:
I. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la magnitud
del daño causado o del peligro en que éste fue colocado;
II. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios empleados;
24
III. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y,
IV. La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del delito, así
como la calidad de la víctima u ofendido.
El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, según el
sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y características del hecho, la
posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de respetar la norma jurídica
quebrantada, tomando en cuenta:
I. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado;
II. Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se encontraba en
el momento de la comisión del hecho;
III. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales y culturales
del sentenciado;
IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la víctima u
ofendido; y,
V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u ofendido,
siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción.
Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se tomarán en
cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y costumbres.
Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas será sancionada
de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad.
Para los fines señalados en el presente artículo, se podrán tomar en consideración los
dictámenes periciales y otros medios de prueba.
(Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 75 Bis. Si se trata de un delincuente primario, de escaso desarrollo
intelectual, de indigente situación económica y de mínima peligrosidad, podrá el órgano
jurisdiccional, en el momento de dictar sentencia, reducir hasta la mitad de la pena que
le correspondería conforme a este código, siempre que no se trate de un delito grave.
Si no se trata de un delito grave y el imputado confiesa espontánea, lisa y llanamente
los hechos que se le imputan, el juzgador podrá reducir hasta en un tercio la pena que
25
le correspondería conforme a este Código. (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio
de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio
de 2014).
Para los efectos de este artículo, el juez sólo podrá aplicar una sola de las reducciones
anteriormente señaladas.
La sentencia que reduzca la pena en los términos del primero y segundo párrafo de
este artículo, deberá ser confirmada por el tribunal de alzada correspondiente, para que
surta efectos. Entretanto, la pena se entenderá impuesta sin la reducción autorizada
por este artículo.
Cuando se trate de punibilidad alternativa, el juzgador podrá imponer, motivando su
resolución, la sanción privativa de la libertad cuando ello sea ineludible a los fines de
justicia, prevención general y prevención especial.
(Adic. Según Dec. 648 de 27 de septiembre de 2007, publicado en el P.O. No. 119 de
03 de octubre de 2007).
ARTÍCULO 76. Cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su
persona o por senilidad o precario estado de salud, fuere notoriamente innecesario e
irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad, el juez, de oficio o
a petición de parte motivando su resolución podrá prescindir de ella o substituirla por
una medida de seguridad. En los casos de senilidad o precario estado de salud, el juez
se apoyará siempre en dictámenes de peritos.
Lo anterior sólo será aplicable en los casos en que a juicio del juez el delito cometido
no revista gravedad.
ARTÍCULO 77. Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el
juzgador deberá tomar conocimiento directo del agente, de las consecuencias e
impacto del delito en la víctima y de las circunstancias del hecho, y en su caso,
requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del activo y los
demás elementos conducentes.
Asimismo, el Juez podrá requerir dictámenes de piscología victimal.
(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
ARTÍCULO 78. La reincidencia será tomada en cuenta para la individualización judicial
de la pena, así como para el otorgamiento o no de los beneficios previstos por este
código.
26
Se entiende que hay reincidencia cuando quien habiendo sido condenado por
sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, es
condenado nuevamente por otro delito, si no ha transcurrido desde el cumplimiento de
la condena o desde el indulto, la mitad del término de la prescripción de la pena, salvo
las excepciones fijadas por la ley. La condena dictada en una entidad federativa o en el
extranjero se tendrá en cuenta, si se refiere a un hecho que tenga carácter delictivo en
este código o en otra ley del Estado.
No se tomará en consideración lo dispuesto en el párrafo anterior en caso de delitos
políticos.
En aquellos delitos que tengan señalada pena alternativa, se aplicará al reincidente la
pena privativa de la libertad.
ARTÍCULO 79. Cuando este código prevea la disminución o el aumento de una pena
con relación a otra, aquélla se fijará aplicando la disminución o el aumento a los
términos mínimo y máximo de la punibilidad que sirva de referencia, sin que en ningún
caso se puedan rebasar los extremos previstos para cada una de las penas en el Título
Tercero de este Libro.
CAPÍTULO II
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS
CULPOSOS Y PRETERINTENCIONALES
ARTÍCULO 80. Excepción hecha de los casos específicos previstos en este código, los
delitos culposos se penarán con prisión de tres meses a nueve años, de tres a
doscientos días multa y suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva de
derechos para ejercer profesión u oficio.
ARTÍCULO 81. Las penas previstas en el artículo anterior en ningún caso podrán
exceder de las tres cuartas partes de las que corresponderían si el delito hubiese sido
doloso.
ARTÍCULO 82. La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio
judicial, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas
en el artículo 75 y las especiales siguientes:
I. La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño que resultó;
II. Si para ello bastaban una reflexión o atención ordinaria y conocimientos
comunes en algún arte o ciencia;
III. Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado necesarios;
27
IV. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes;
y
V. El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento
mecánico, en los delitos cometidos por conductores de vehículos.
ARTÍCULO 83. No se impondrá pena alguna, a quien por culpa en el manejo de
vehículos cause lesiones o la muerte de sus descendientes, ascendientes, adoptante o
adoptado, cónyuge, concubina o concubinario o hermano del conductor.
Lo anterior no será aplicable cuando el agente se encuentre bajo los efectos de
bebidas embriagantes o bajo el influjo de estupefacientes o cualquier substancia que
produzca un efecto similar.
ARTÍCULO 84. Al responsable de un delito preterintencional se le aplicarán hasta las
tres cuartas partes de las penas establecidas para el delito doloso.
CAPÍTULO III
PUNIBILIDAD EN CASO DE ERROR VENCIBLE
ARTÍCULO 85. Cuando el sujeto realice el hecho en situación de error vencible, se le
impondrá hasta las dos terceras partes de la sanción establecida para el delito de que
se trate.
CAPÍTULO IV
PUNIBILIDAD EN CASO DE EXCESO
ARTÍCULO 86. Al que se exceda en casos de legítima defensa, estado de necesidad,
obediencia jerárquica, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho será penado
como delincuente por delito culposo.
CAPÍTULO V
PUNIBILIDAD DE LA TENTATIVA
ARTÍCULO 87. A los responsables de tentativa punible se les aplicará hasta las dos
terceras partes de la pena que les correspondería, si el delito que el agente quiso
realizar se hubiera consumado.
ARTÍCULO 88. En el caso de tentativa inidónea, el juez podrá discrecionalmente
aplicar, considerando la personalidad del agente, hasta una tercera parte de la pena
28
que correspondería al delito que quiso realizar, o la medida de tratamiento que
proceda, pudiendo eximirle de ambas cuando sean notoriamente innecesarias.
La tentativa no es punible cuando la inidoneidad deriva de notoria incultura,
supersticiones, creencias antinaturales o causas similares.
ARTÍCULO 89. Cuando en los casos de tentativa no fuere posible determinar el daño
que se pretendió causar, se impondrán de tres meses a tres años de prisión y de diez a
cien días de multa.
Las penas previstas en este artículo, en ningún caso podrán exceder de las dos
terceras partes de la señalada para el delito si éste se hubiera consumado.
CAPÍTULO VI
PUNIBILIDAD EN CASO DE CONCURSO DE DELITOS, DELITO
CONTINUADO Y AUTORÍA INDETERMINADA
ARTÍCULO 90. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones
correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán
aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas
correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean
de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las
consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos. Ello sin exceder los
límites previstos en el Título Tercero de este Libro. (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30
de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30
de julio de 2014).
ARTÍCULO 91. En caso de concurso real, se impondrá la pena correspondiente al
delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse con las penas que la Ley
contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos
señalados en el Título Tercero de este Libro. (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio
de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio
de 2014).
ARTÍCULO 92. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un delito
continuado; sin embargo, en estos casos se aumentará la sanción penal hasta en una
mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido, sin que exceda de los
máximos fijados por el Título Tercero de este Libro. (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30
de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30
de julio de 2014).
29
ARTÍCULO 93. Tratándose de autoría indeterminada, se impondrá como pena hasta
las tres cuartas partes de las sanciones previstas para el delito de que se trate, con la
modalidad respectiva, en su caso.
CAPÍTULO VII
PANDILLA
ARTÍCULO 94. Para los efectos de esta disposición, se entiende por pandilla la reunión
habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas con
fines delictuosos, cometan en común algún delito.
Cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicarán, a los que intervengan en su
comisión, además de las penas que les correspondan por él o los delitos cometidos, de
seis meses a tres años de prisión.
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna
corporación policíaca, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes de las penas
que le corresponda por el o los delitos cometidos y se impondrá además, destitución
del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para
desempeñar otro. (Adic. Por Decreto No. 650 del 27 de septiembre de 2007, publicado
en el P.O. No. 120 del 05 de octubre de 2007).
CAPÍTULO VIII
SUBSTITUCIÓN DE PENAS
ARTÍCULO 95. La pena de prisión podrá ser substituida, a juicio del juzgador, en los
términos siguientes:
I. Cuando no exceda de dos años, por multa o trabajo en favor de la
comunidad; y
II. Cuando no exceda de tres años por semilibertad o trabajo en favor de la
comunidad.
ARTÍCULO 96. Para los efectos de la substitución, se requerirá además, que:
I. El reo haya delinquido por primera vez;
II. Pague o garantice, a satisfacción del juez, la multa y reparación de los
daños y perjuicios causados; y
30
III. La pena substitutiva sea más adecuada que la de prisión, en atención a
las condiciones personales del sujeto y a los fines que con ella se
persiguen.
ARTÍCULO 97. Tratándose de multa substitutiva de la pena de prisión, la equivalencia
será en razón hasta de un día multa por un día de prisión, atendiendo las condiciones
económicas del sentenciado. La multa substitutiva es independiente de la señalada, en
su caso, como pena. Si además de la pena privativa de la libertad se impone al
sentenciado una multa como pena, deberá pagarse ésta o garantizarse su pago para
que proceda la substitución.
ARTÍCULO 98. La autoridad judicial dejará sin efecto la substitución y ordenará que se
ejecute la pena de prisión impuesta, cuando el sentenciado no cumpla las condiciones
que le fueren señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente
apercibirlo de que si incurre en nueva falta se hará efectiva la pena substituida; o
cuando al sentenciado se le condene por otro delito. Si el nuevo delito es culposo, el
órgano jurisdiccional resolverá si se debe aplicar la pena de prisión substituida.
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión substituida, se tomará en cuenta el
tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la pena substitutiva.
ARTÍCULO 99. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de los
deberes inherentes a la substitución de las penas, la obligación de aquél concluirá al
extinguirse la pena impuesta. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no
continuar en su desempeño, los expondrá al juez, a fin de que éste, si los estima justos,
prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del plazo que
prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la pena si no lo hace.
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en
conocimiento del juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresan en el
párrafo que precede.
ARTÍCULO 100. En todo caso en que proceda la substitución o la conmutación de la
pena, al hacerse el cálculo de la sanción substitutiva se disminuirá el tiempo durante el
cual el sentenciado sufrió prisión preventiva.
ARTÍCULO 100 Bis. La substitución o la conmutación de la pena no procederá para los
sentenciados por los delitos de secuestro contemplados en el presente código. (Adic.
según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27 de
mayo de 2011).
31
CAPÍTULO IX
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA
EJECUCIÓN DE LA PENA
ARTÍCULO 101. La ejecución de la pena de prisión que no exceda de cuatro años
podrá ser suspendida condicionalmente, a petición de parte o de oficio, si concurren los
requisitos siguientes: (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
I. Que sea la primera vez que el sentenciado incurre en un delito doloso y
haya observado hasta el momento buena conducta. (Ref. según Dec. No.
322 y publicado en el P.O. No. 103 del 29 de agosto de 2011).
No se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que
se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo
caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente
para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora; (Adic.
según Dec. No. 322 y publicado en el P.O. No. 103 del 29 de agosto del
2011).
II. Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como
por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma
fundadamente que el sentenciado no volverá a delinquir; y
III. Que en atención a las condiciones personales del sujeto, no haya
necesidad de substituir la pena privativa de libertad, en función del fin
para el que fue impuesta la misma.
El sentenciado que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones fijadas
en este precepto y que está en aptitud de cumplir los demás requisitos que se
establecen, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la
sentencia el otorgamiento de la condena condicional, podrá promover que se le
conceda, abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa. (Ref. Según Decreto
160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
091 de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 102. Para gozar del beneficio a que se refiere el artículo anterior, el
sentenciado deberá, a satisfacción de la autoridad judicial:
I. Garantizar o sujetarse a las medidas que se fijen para asegurar su
comparecencia ante la autoridad, cada vez que sea requerido por ésta;
32
II. Obligarse a residir en determinado lugar e informar sobre cualquier
cambio de residencia a la autoridad que ejerza sobre él, cuidado y
vigilancia;
III. Asegurar que desarrollará una ocupación lícita dentro del plazo que se le
fije, y que se abstendrá de causar molestias al ofendido o a sus familiares;
IV. Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de
estupefacientes, psicotrópicos u otra substancias que produzcan efectos
similares, salvo que lo haga por prescripción médica; y
V. Pagar o garantizar la reparación de los daños y perjuicios causados.
ARTÍCULO 103. Cuando el juzgador determine la suspensión de la pena de prisión,
resolverá discrecionalmente, según las circunstancias del caso, acerca de si el
beneficio concedido comprenderá a las demás penas impuestas, excepto la relativa a la
reparación del daño, que en ningún caso podrá ser suspendida.
ARTÍCULO 104. La suspensión condicional de la ejecución de la pena, tendrá una
duración de cuatro años, transcurridos los cuales se considerará extinguida la pena
impuesta, siempre que durante ese término el sentenciado no diere lugar a nuevo
proceso que concluya con sentencia condenatoria.
Si esto último aconteciere, se harán efectivas ambas sentencias si el nuevo delito es
doloso. Tratándose de delito culposo, la autoridad competente resolverá motivada y
fundadamente si debe aplicarse o no la pena suspendida.
Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el plazo de cuatro años, tanto si
se trata de delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia firme.
Si el sentenciado falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas, la autoridad
judicial podrá hacer efectiva la pena suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento
de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha
pena.
En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las obligaciones
contraídas se estará a lo dispuesto en el artículo 99 y será aplicable lo previsto en el
artículo 98.
(Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
33
ARTÍCULO 105. El beneficio de la suspensión condicional de la pena se concederá con
los mismos requisitos a que se refiere este Capítulo, a los sentenciados a más de
cuatro años y hasta seis años de prisión después de haber cumplido la tercera parte de
ella. (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial
“El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 105 Bis. El beneficio de la suspensión condicional de la pena no se
concederá a los sentenciados por los delitos de secuestro previstos en este código.
(Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27
de mayo de 2011).
TÍTULO QUINTO
EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA
Y DE LA POTESTAD DE EJECUTAR LAS PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES
ARTÍCULO 106. La pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas
de seguridad se extinguirán por las siguientes causas: (Ref. Según Decreto 160, de fecha
30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha
30 de julio de 2014).
I. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad;
II. Muerte del inculpado o sentenciado;
III. Amnistía;
IV. Perdón del ofendido en los delitos de querella;
V. Rehabilitación;
VI. Indulto;
VII. Reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia; (Ref.
Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
VIII. Prescripción; (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
34
IX. Supresión del tipo penal; (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de
2014).
X. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso instaurado por los
mismos hechos; (Adic. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
XI. El cumplimiento del criterio de oportunidad o la solución alterna correspondiente;
y (Adic. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
XII. Las demás que señalen las leyes. (Adic. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de
2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de
julio de 2014).
ARTÍCULO 107. La extinción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las
penas y medidas de seguridad se resolverá de oficio o a petición de parte, según
proceda.
ARTÍCULO 108. La extinción de la pretensión punitiva será resuelta por el Ministerio
Público durante la investigación, si el imputado no ha sido puesto a disposición del juez
o por el órgano jurisdiccional en cualquier etapa del procedimiento. (Ref. Según Decreto
160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
091 de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 109. Si durante la ejecución de las penas o medidas de seguridad se
advierte que se extinguió la pretensión punitiva o la potestad de ejecutarlas, sin que
esta circunstancia se haya hecho valer, quien hubiere advertido la extinción propondrá
la libertad absoluta del sentenciado ante el juez de ejecución y éste resolverá lo
procedente. (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
CAPÍTULO II
CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 110. El cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta, así
como el de la que sustituya, la extingue con todos sus efectos. La que se hubiere
suspendido, a su vez, se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos
para su otorgamiento.
ARTÍCULO 111. En caso de medidas de tratamiento de inimputables, la ejecución de
ésta se considerará extinguida si se acredita que el sujeto ya no requiere tratamiento.
35
Si el inimputable, sujeto a una medida, se encontrare prófugo y posteriormente fuere
detenido, la ejecución de dicha medida se considerará extinguida si se acredita que las
condiciones personales del sentenciado no corresponden ya a las que dieron origen a
su imposición.
CAPÍTULO III
MUERTE DEL INCULPADO O SENTENCIADO
ARTÍCULO 112. La muerte del inculpado extingue la pretensión punitiva y la del
sentenciado las penas o medidas de seguridad impuestas, a excepción del decomiso y
la reparación de los daños y perjuicios.
CAPÍTULO IV
AMNISTÍA
ARTÍCULO 113. La amnistía extingue la pretensión punitiva o las penas o medidas de
seguridad impuestas, a excepción del decomiso y de la reparación de los daños y
perjuicios, en los términos de la ley que se dictare concediéndola. Si ésta no expresare
su alcance, se entenderá que la pretensión punitiva y las penas y medidas de
seguridad se extinguen con todos sus efectos con relación a todos los responsables del
delito.
CAPÍTULO V
PERDÓN DEL OFENDIDO EN LOS DELITOS
DE QUERELLA NECESARIA
ARTÍCULO 114. El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, extingue la
pretensión punitiva respecto de los delitos que solamente pueden perseguirse por
querella, siempre que se conceda antes de dictarse sentencia ejecutoria y el imputado
no se oponga a su otorgamiento; una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse.
ARTÍCULO 115. Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer
separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el
perdón sólo surtirá efectos por lo que hace a quien lo otorga.
El perdón a favor de uno de los inculpados beneficia a todos los participantes en el
delito y al encubridor por favorecimiento.
36
CAPÍTULO VI
REHABILITACIÓN
ARTÍCULO 116. La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en el goce
de sus derechos, funciones o empleo de cuyo ejercicio se le hubiere suspendido,
privado o inhabilitado en virtud de sentencia firme.
ARTÍCULO 117. Para lograr la readaptación social de los condenados por sentencia
ejecutoria a una sanción privativa de libertad, el Ejecutivo del Estado organizará y
mantendrá adecuados los lugares donde aquélla deba cumplirse, sobre la base del
trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.
CAPÍTULO VII
INDULTO, RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA
Y ANULACIÓN DE SENTENCIA
(Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 118. El indulto es por gracia y el reconocimiento de inocencia es un
derecho. (Ref. según Dec. 452 de 18 de diciembre de 2003, publicado en el P.O. No.
01 de 02 de enero de 2004).
ARTÍCULO 119. Se procederá al reconocimiento de inocencia, cualquiera que sea la
sanción impuesta, cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas de las
que se desprenda, en forma plena, que no existió el delito por el que se dictó la
condena o que, existiendo éste, el sentenciado no participó en su comisión, o bien
cuando se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en la que
se fundó la condena. (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 119 Bis. La anulación de la sentencia ejecutoria, procederá cuando el
sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en
cuyo caso se anulará la segunda sentencia; o cuando una Ley se derogue o se
modifique el tipo penal, o en su caso, la pena por los que se dictó sentencia o la
sanción impuesta, procediendo aplicar la más favorable al sentenciado. (Adic. Según
Decreto 160, de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, No. 091 de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 120. Es facultad discrecional del Ejecutivo del Estado conceder el indulto,
por haber prestado el reo importantes servicios a la nación o al Estado o cuando por
razones humanitarias o sociales así lo amerite el caso, siempre que la conducta
37
observada por el reo refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no
represente un peligro para la tranquilidad y seguridad pública.
El indulto no podrá concederse a quienes hayan incurrido en conductas en materia de
los delitos de secuestro previstos en este código. (Adic. según Dec. 212 del 31 de
marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27 de mayo de 2011).
ARTÍCULO 121. El indulto en ningún caso extinguirá las obligaciones de pagar la multa
y reparación del daño, ni afectará el decomiso decretado respecto de instrumentos,
productos y objetos de delito. El reconocimiento de inocencia anulará la sentencia y
extinguirá todos sus efectos. (Ref. según Dec. 452 de 18 de diciembre de 2003,
publicado en el P.O. No. 01 de 02 de enero de 2004).
CAPÍTULO VIII
PRESCRIPCIÓN
ARTÍCULO 122. La prescripción extingue la pretensión punitiva y la potestad de
ejecutar las penas; es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado
por la ley.
La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte.
ARTÍCULO 122 Bis. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por
delitos en materia de feminicidio y aquellos cometidos en contra de la libertad sexual y
el normal desarrollo de menores de edad o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de resistirlo, son imprescriptibles. (Ref. según
Dec. 680 del 10 de septiembre de 2021 y publicado en el P.O. No. 116 del 24 de
septiembre de 2021).
ARTÍCULO 123. No correrán los plazos para la prescripción cuando exista algún
impedimento legal para el ejercicio de la pretensión punitiva o para ejecutar las penas
impuestas.
CAPÍTULO IX
PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA
ARTÍCULO 124. Los plazos de la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos
y se contarán:
I. A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo;
38
II. A partir de que se realizó el último acto de la ejecución o se omitió la
conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa;
III. Desde el día en que se realizó la última conducta tratándose de delito
continuado; y
IV. Desde la cesación de la consumación en el delito permanente.
ARTÍCULO 125. La pretensión punitiva prescribirá en un plazo igual al término medio
aritmético de la pena privativa que señale la ley para el delito de que se trate, pero en
ningún caso será menor de tres años.
Si el delito sólo mereciere multa, la pretensión punitiva prescribirá en un año.
Si además de la pena de prisión el delito mereciere otra accesoria o alternativa, se
atenderá a la prescripción de la pretensión punitiva de la pena privativa de libertad.
En los demás casos, la pretensión punitiva prescribirá en dos años.
ARTÍCULO 126. La querella o el acto equivalente a ésta, es requisito indispensable
para el nacimiento de la pretensión punitiva del Estado para sancionar un delito que
sólo pueda perseguirse a petición de parte ofendida. El plazo para su interposición
prescribirá en dos años, contados a partir del día en que quienes puedan formular la
querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito, pero no será mayor de
tres años contados a partir del día en que el delito se cometió.
Satisfecho dentro del plazo antes señalado el requisito inicial de la querella o del acto
equivalente, la prescripción de la pretensión punitiva deberá observar las reglas
señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio.
(Ref. por Decreto 664 del 27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del
05 de octubre del 2007).
ARTÍCULO 127. En los casos de concurso real o ideal de delitos, los plazos de
prescripción se computarán separadamente para cada delito.
ARTÍCULO 128. Cuando para ejercitar o continuar el ejercicio de la pretensión punitiva
sea necesaria una declaración o resolución previa de autoridad competente, la
prescripción no comenzará a correr sino hasta que sea satisfecho ese requisito.
ARTÍCULO 129. La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá por las
actuaciones que se practiquen para la averiguación del delito, aunque, por ignorarse
39
quién o quiénes sean los inculpados, no se practiquen las diligencias contra persona o
personas determinadas.
Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el siguiente
día al de la última actuación.
Lo prevenido en los párrafos anteriores de este artículo no comprende el caso en que
las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso
necesario para la prescripción. Entonces ésta continuará corriendo y no se interrumpirá
sino por la aprehensión del inculpado.
CAPÍTULO X
PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD DE EJECUTAR
LAS PENAS
ARTÍCULO 130. Los plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar las penas
serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el sentenciado se
substraiga a la acción de la justicia, si las penas fueren privativas o restrictivas de
libertad, y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria.
ARTÍCULO 131. La potestad para ejecutar la pena privativa de libertad prescribirá en
un lapso igual al fijado en la sentencia, pero no podrá ser inferior a tres años.
Cuando se hubiere cumplido parte de la pena privativa de libertad, se necesitará para
la prescripción un tiempo igual al que falte para el cumplimiento de la condena,
tomando en cuenta los límites fijados en el párrafo anterior.
La potestad para ejecutar la pena de multa prescribirá en un año; la de las demás
sanciones prescribirán en un plazo igual al que deberían durar, sin que pueda ser
inferior a dos años; las que no tengan temporalidad, prescribirán en dos años. Los
plazos serán contados a partir de la fecha en que el sentenciado se substraiga a la
acción de la justicia.
Cuando se imponga una medida de seguridad conjuntamente con una pena privativa
de libertad, el plazo para la prescripción de la facultad de ejecutarla será igual al que
corresponda a la pena.
ARTÍCULO 132. La prescripción de la potestad de ejecutar las penas privativas o
restrictivas de la libertad sólo se interrumpirá, por la aprehensión del sentenciado. Si se
dejara de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al
del último acto realizado. No corre la prescripción cuando exista obstáculo legal para
capturar al responsable del delito o para ejecutar la pena impuesta.
40
La prescripción de la potestad para ejecutar las demás penas se interrumpirá por
cualquier acto de autoridad competente para hacerlas efectivas y comenzará a correr
de nuevo al día siguiente del último acto realizado.
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
SECCIÓN PRIMERA
DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO
TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL
CAPÍTULO I
HOMICIDIO
ARTÍCULO 133. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.
ARTÍCULO 134. Al que prive de la vida a otro se le impondrá de ocho a veintidós años
de prisión, excepto cuando este Código establezca una pena distinta.
CAPÍTULO I BIS
FEMINICIDIO
(Adic. según Dec. 515, publicado en el P.O. No. 51 del 25 de abril del 2012)
ARTÍCULO 134 Bis. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer
por razones de género.
Para efecto de este artículo el término mujer incluye a aquéllas personas que han
modificado su identidad de género mediante resolución judicial o administrativa y que
cuenten con un acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en la
cual se identifican como mujeres de conformidad con lo dispuesto por el Código
Familiar del Estado de Sinaloa.
Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
41
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, o actos de
necrofilia;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o
mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;
III. Exista o hayan existido antecedentes o datos denunciados o no, de violencia de
género del sujeto activo en contra de la víctima, en el ámbito familiar, laboral,
docente, comunitario, institucional, político, digital, mediático o cualquier otro;
IV. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación por razón
de parentesco o bien por razón de noviazgo, amistad, afectiva, de confianza o
cualquier relación de hecho;
V. Cuando el sujeto activo con motivo de su cargo, encargo o situación personal,
tenga la obligación o el deber de cuidado sobre la víctima;
VI. Exista o haya existido, entre el sujeto activo y la víctima, una relación laboral,
docente, religiosa, institucional, o cualquier otra que implique, de manera formal
o de hecho, una relación de subordinación o superioridad;
VIl. Cuando la privación de la vida sea con motivo de que la mujer se dedique al
trabajo sexual o sea víctima de trata o explotación sexual; o bien, porque
desarrolle alguna ocupación o profesión estigmatizada o relacionada con el uso
de la propia imagen;
VIII. Existan datos o antecedentes denunciados o no, que establezcan que hubo
amenazas, agresiones de cualquier tipo, intimidación, hostigamiento, acoso o
lesiones por parte del sujeto activo en contra de la víctima, incluidas aquellas
encaminadas a limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos
y electorales de la víctima o su acceso a un cargo político, público de poder o de
decisión;
IX. La víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad cualquiera que sea
el tiempo previo a la privación de la vida;
X. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose ésta
como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su
defensa, frente al sujeto activo, causado por factores físicos, fisiológicos,
psicológicos o materiales;
42
XI. El cuerpo o restos de la víctima sean expuestos, depositados o arrojados en un
lugar público, o inhumados, ocultados, incinerados o sometidos a cualquier
sustancia que lo desintegre; o
XII. Cuando la muerte haya sido provocada por lesiones hechas mediante el uso de
algún agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis,
ácidos o sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para
reaccionar.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de
prisión y de quinientos a mil días multa.
La pena se agravará hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo, cuando
concurran las siguientes circunstancias:
I. Cuando el sujeto activo sea servidor público y cometa el delito en el ejercicio de
sus funciones o valiéndose de esa calidad;
II. Cuando la víctima estuviere embarazada;
III. Cuando el delito sea cometido por dos o más personas;
IV. Cuando el delito sea cometido en presencia de una o más personas con
quienes la víctima tuviere un vínculo de parentesco o bien, de noviazgo, amistad,
afectiva, de confianza o cualquier relación de hecho;
V. Cuando el sujeto activo se haya valido de su oficio de conductor de un
vehículo de transporte de pasajeros o de turismo público o privado, para la comisión
del delito; o
VI. Cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor o con discapacidad.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá
todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En su
caso, también perderá todo derecho con relación a los hijos de la víctima, garantizando
el interés superior de la niñez en términos de lo previsto por la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (Ref. Según Decreto 530, publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
Cuando no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
43
(Ref. Según Decreto 382, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No.
009, de fecha 20 de enero de 2023).
CAPÍTULO I BIS A
CRÍMENES DE ODIO MOTIVADO POR ORIENTACIÓN SEXUAL, PREFERENCIA
SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO
(Adic. según Dec. 594, publicado en el P.O. No. 039 del 31 de marzo de 2021)
ARTÍCULO 134 Bis A. Comete el delito de crimen de odio, quien por razones de
orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género, prive de la vida a una
persona.
Existen razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad de género
cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
Cuando se haya realizado por violencia familiar con conocimiento de la orientación
sexual, preferencia sexual o identidad de género de la víctima;
A la víctima se la hayan infringido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones,
previas o posteriores a la privación de la vida o con acentuación de tortura y especial
violencia;
Existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido amenazas, acoso,
violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público;
Cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose ésta
como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa;
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su
fallecimiento; y
Cuando quien cometa el delito manifieste de cualquier forma su repudio, odio, rechazo
u otro tipo de expresión, voluntad o actitud discriminatoria hacia la comunidad
LGBTTTIQ o hacia las personas en general, motivado por orientación sexual,
preferencia sexual o identidad de género.
44
Se entiende por comunidad LGBTTTIQ, a quienes tienen atracción emocional, afectiva
y sexual por personas de su mismo género o de más de un género. También, quienes
se identifican, expresan o viven la identidad de acuerdo con un género que no
corresponde tradicionalmente al mismo sexo. Sus siglas significan Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer.
A quien cometa el delito de crimen de odio se le impondrán de veintidós a cincuenta
años de prisión.
Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho,
de parentesco, laboral docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad,
y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se
impondrán de treinta a cincuenta y cinco años de prisión.
En caso de que no se acredite el crimen de odio, se aplicarán las reglas del homicidio.
(Adic. según Dec. 594, publicado en el P.O. No. 039 del 31 de marzo de 2021)
CAPÍTULO I BIS B
INDUCCIÓN O AYUDA AL SUICIDIO FEMINICIDA
(Adic. Decreto 382, publicado en el P. O., No. 009, de fecha 20 de enero de 2023).
ARTÍCULO 134 Bis B. A quien induzca u obligue a una mujer al suicidio o le preste
ayuda para cometerlo, se le sancionará con una pena de veinte a cuarenta años de
prisión cuando concurran cualquiera de las siguientes circunstancias:
l. Que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia contra la mujer,
cometida por el sujeto activo en contra de la víctima; o
II. Que el sujeto activo se haya aprovechado de la superioridad generada por las
relaciones preexistentes o existentes que guarde con la víctima.
Cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o no pueda comprender el
significado del hecho, la pena se aumentará hasta en una mitad más.
(Adic. Decreto 382, publicado en el P. O., No. 009, de fecha 20 de enero de 2023).
CAPÍTULO II
LESIONES
45
ARTÍCULO 135. Comete el delito de lesiones el que infiera a otro un daño que deje en
su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental.
ARTÍCULO 136. Al responsable del delito de lesiones se le impondrá:
I. De tres a cinco meses de prisión o de diez a treinta días multa, si tardan
en sanar hasta quince días;
II. De cuatro meses a un año de prisión y de treinta a sesenta días multa, si
tardan en sanar más de quince días;
III. De uno a cuatro años de prisión y de sesenta a cien días multa, cuando
dejen cicatriz en la cara perpetuamente notable;
IV. De dos a cinco años de prisión y cien a ciento cincuenta días multa,
cuando disminuyan facultades o afecten el normal funcionamiento de
órganos o miembros;
V. De tres a seis años de prisión y de ciento cincuenta a doscientos días
multa, si ponen en peligro la vida;
VI. De tres a cinco años de prisión y de ciento cincuenta a ciento ochenta
días multa, si causan incapacidad por más de un mes y menos de un año
para trabajar en la profesión, arte u oficio de la víctima;
VII. De cuatro a seis años de prisión y ciento ochenta a doscientos veinte días
multa, si causan incapacidad por más de un año o permanente para
trabajar en la profesión, arte u oficio del ofendido;
VIII. De seis a diez años de prisión y de doscientos veinte a trescientos días
multa, si producen la pérdida de cualquier función orgánica, miembro,
órgano o facultad, o causen una enfermedad cierta o probablemente
incurable o deformidad incorregible; y
IX. De seis a quince años de prisión y de doscientos cincuenta a
cuatrocientos días multa, si las lesiones se infieren mediante crueldad o
tormento en vía vaginal o anal, utilizando cualquier objeto, instrumento u
órgano humano distinto al miembro genital masculino. (Ref. por Decreto
número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre de 1998).
Cuando las lesiones referidas en las fracciones anteriores sean causadas en la víctima,
usando para ello cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante,
46
tóxica o inflamable, álcalis, ácidos o sustancias similares, incluyendo las que necesiten
de otro agente para reaccionar, las penas se aumentarán en una mitad más de las
penas que correspondan por las lesiones causadas. (Adic. Decreto 382, publicado en
el P. O., No. 009, de fecha 20 de enero de 2023).
Las penas previstas anteriormente se aumentarán hasta en dos terceras partes de las
que correspondan por las lesiones causadas cuando sean cometidas en contra de una
mujer. (Adic. Decreto 382, publicado en el P. O., No. 009, de fecha 20 de enero de
2023).
ARTÍCULO 137. Cuando las lesiones sea inferidas por el agente en agravio de un
menor o incapaz sujeto a su patria potestad, tutela o custodia, se aumentarán hasta
una tercera parte las penas que correspondan por las lesiones causadas.
ARTÍCULO 137 Bis. Cuando las lesiones sean inferidas dolosamente por el agente en
agravio de un servidor público de alguna institución o corporación policial, se
aumentará hasta en una tercera parte las penas que correspondan por las lesiones
causadas. (Adic. por Decreto número 873, publicado en el P. O. No. 080 del 03 de julio
de 2013).
ARTÍCULO 138. Al que dolosamente lesione a su ascendiente o descendiente
consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante
o adoptado con conocimiento de ese parentesco o relación, se le impondrá hasta una
mitad más de las penas aplicables por la lesión inferida.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES AL HOMICIDIO Y LESIONES
ARTÍCULO 139. El homicidio se sancionará con prisión de veintidós a cincuenta años,
cuando:
I. Se cometa con premeditación, ventaja o traición.
Hay premeditación siempre que el agente cometa el hecho después de haber
reflexionado sobre el mismo.
Hay ventaja cuando el sujeto realiza el hecho empleando medios o
aprovechando circunstancias o situaciones tales, que imposibiliten la defensa
del ofendido y aquél no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con
conocimiento de esta situación.
Hay traición, cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o
seguridad que expresamente le había prometido al ofendido, o las tácitas que
47
éste debía esperar de aquél por las relaciones que fundadamente deben
inspirar seguridad o confianza;
II. Se ejecute por retribución dada o prometida;
III. Se cause dolosamente por inundación, incendio, minas o explosivos;
IV. Se produzca por envenenamiento, asfixia, o cualquier otra substancia nociva a
la salud;
V. Se inflija tormento al ofendido o se obre con ensañamiento o crueldad o por
motivos depravados; (Ref. por Decreto número 267, publicado en el P. O. No.
016 del 06 de febrero del 2009)
VI. Se cometa dolosamente a propósito de una violación o un robo por el sujeto
activo de éstos contra su víctima o víctimas; o se cometiera en casa habitación
a la cual se ha penetrado furtivamente, con engaño o violencia; (Ref. por
Decreto número 873, publicado en el P. O. No. 080 del 03 de julio de 2013).
VII. Se cometa dolosamente en contra de una persona por su actividad dentro del
periodismo; y (Ref. por Decreto número 873, publicado en el P. O. No. 080 del
03 de julio de 2013).
VIII. Se cometa dolosamente en contra de una persona que revista la calidad de
servidor público de alguna institución o corporación policial. (Adic. por Decreto
número 873, publicado en el P. O. No. 080 del 03 de julio de 2013).
ARTÍCULO 139 Bis. Si la víctima de los delitos de secuestro establecidos en el
presente código es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se
impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce
mil días multa. (Ref. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O.
No. 063 del 27 de mayo de 2011).
ARTÍCULO 140. Cuando las lesiones se cometan en alguna de las formas señaladas
en el artículo 139 de este Código, las penas se aumentarán hasta en dos terceras
partes más de las correspondientes a la lesión de que se trate. (Ref. Según Decreto 160,
de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091
de fecha 30 de julio de 2014).
ARTÍCULO 141. Derogado. (Por Dec. 355, publicado en el Periódico Oficial No. 013
del 29 de enero del 2018).
48
ARTÍCULO 142. La riña es la contienda de obra o la agresión física de una parte y la
disposición material para contender de la otra, cualquiera que sea el número de
contendientes, cuando actúen con el propósito de dañarse recíprocamente.
Al responsable de lesiones en riña, se le impondrá hasta las dos terceras partes de las
penas señaladas para el delito simple, si se trata del provocador y hasta la tercera
parte en el caso del provocado.
Si el homicidio se comete en riña, se aplicará a su autor de tres a trece años de prisión.
ARTÍCULO 143. Cuando los delitos de homicidio y lesiones se cometan en lugar
concurrido por personas ajenas a los hechos y con riesgo de su integridad corporal, las
penas previstas para esos delitos se aumentarán hasta en una tercera parte.
ARTÍCULO 144. Cuando se produzca homicidio o lesiones de las señaladas en las
fracciones V, VII y VIII del artículo 136 de este Código, con motivo del tránsito de
vehículos y los cause culposamente el conductor de un transporte de servicio público o
transporte privado de personal o escolar y el responsable conduzca en exceso de
velocidad, o en estado de ebriedad, o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u
otras sustancias que impidan o perturben la adecuada conducción, o abandone a la
víctima, se sancionará a éste con prisión de cinco a quince años, se le inhabilitará para
la conducción de los mismos, de tres a cinco años, con privación del derecho a obtener
licencia para manejar vehículos de motor.
Cuando este delito se cometa dentro del horario de labores y en la ruta concesionada,
sin que ocurran ninguna de las circunstancias señaladas en el párrafo precedente, se
sancionará al conductor responsable con prisión de dos a ocho años y se le inhabilitará
para el manejo de vehículos de motor conforme a lo previsto en el artículo 263.
A quien al conducir un vehículo de servicio particular bajo el influjo de estupefacientes,
psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben la adecuada conducción de
vehículos, cause culposamente la muerte de dos o más personas, se le aplicarán las
mismas penas señaladas en el párrafo primero de este artículo. (Ref. Según Decreto 160,
de fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091
de fecha 30 de julio de 2014).
(Ref. por Dec. No. 270, publicado en el P.O. No. 012 del 28 de enero del 2009).
ARTÍCULO 145. Las lesiones previstas en las fracciones I, II, y IX del artículo 136 se
perseguirán por querella, así como el homicidio y las lesiones causadas culposamente
al ascendiente, descendiente, hermanos, cónyuge, concubina o concubinario,
adoptante o adoptado, salvo que el agente se encontrase bajo el efecto de bebidas
embriagantes, estupefacientes o sustancias que produzcan efectos similares y, en
49
estos últimos casos, no fuere por prescripción médica, o bien, cuando se diere a la fuga
y no auxiliare a la víctima del delito, en cuyo caso se perseguirán de oficio, con
excepción de lo previsto en el primer párrafo del artículo 83 de este código.
ARTÍCULO 146. Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que comete
el delito de homicidio, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando la muerte se
deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados,
alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada por la
misma lesión y que no pueda combatirse ya sea por ser incurable, ya por no tenerse al
alcance los recursos necesarios.
ARTÍCULO 147. Siempre que se esté en el caso del artículo anterior, se tendrá como
mortal una lesión, aunque se pruebe:
I. Que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos;
II. Que la lesión no habría sido mortal en otra persona; y
III. Que fue a causa de la constitución física de la víctima.
ARTÍCULO 148. No se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que la recibió,
cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta
no haya influido, o cuando la lesión se hubiere agravado por causas posteriores, como
la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones quirúrgicas
desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon.
ARTÍCULO 149. Al que sabiendo que padece algún mal grave y transmisible ponga por
cualquier medio en peligro de contagio la salud de otro, se le impondrá de seis meses a
un año de prisión; si con motivo del contagio se pone en peligro la vida o fallece la
víctima, se atenderá a las disposiciones legales respectivas.
Cuando el contagio se dé entre cónyuges o concubinos, sólo se procederá por querella
de parte.
ARTÍCULO 150. Son punibles el homicidio y las lesiones causadas culposamente,
excepto en los casos previstos en este código.
CAPÍTULO IV
INSTIGACIÓN O AYUDA AL SUICIDIO
ARTÍCULO 151. Al que instigue o ayude a otro para que se suicide, se le impondrá
prisión de uno a ocho años, si el suicidio se consumare.
50
Si el suicidio no se consuma la prisión será de tres meses a cuatro años, pero si se
causan lesiones se aplicarán de seis meses a seis años de prisión.
Cuando la persona a quien se instigue o ayude al suicidio fuere menor de edad o no
tuviere capacidad de comprender la relevancia de su conducta o de determinarse de
acuerdo a esa comprensión, las penas previstas en este artículo se aumentarán hasta
en una mitad más.
CAPÍTULO V
HOMICIDIO AGRAVADO POR RAZÓN DE PARENTESCO O
RELACIÓN FAMILIAR
ARTÍCULO 152. Al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o
descendiente consanguíneo en línea recta o a su hermano, con conocimiento de ese
parentesco, a su cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado o se haya
tenido una relación de pareja o de hecho, se le impondrá prisión de treinta a cincuenta
años. (Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del
2012).
ARTÍCULO 153. Derogado. (Por Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del
25 de abril del 2012.)
CAPÍTULO VI
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
(Ref. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
ARTÍCULO 154. Comete el delito de interrupción del embarazo la mujer o persona
gestante que finalice de forma anticipada el proceso de gestación, después de la
décima tercera semana.
Para efectos de este código, embarazo es la parte del proceso de la reproducción
humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.
(Ref. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
ARTÍCULO 155. A la mujer o persona gestante que se autoprocure o consienta que se
le practique la interrupción del embarazo una vez transcurridas las primeras trece
semanas de gestación, se le impondrá amonestación privada y de uno a tres meses de
medidas integrales.
51
Para efectos de la sanción impuesta, el juzgador deberá considerar las circunstancias
individualizadas de la mujer o persona gestante, mediante dictámenes emitidos por
peritos especializados para la medida integral que se determine.
A la persona que realice la interrupción del embarazo a la mujer o persona gestante
con su consentimiento, en los términos del párrafo primero del presente artículo, se le
impondrá de veinte a cincuenta días de trabajo en favor de la comunidad o de
doscientos a setecientos días multa.
En estos supuestos, el delito únicamente se sancionará cuando se haya consumado.
Conforme a este código, es persona gestante quien teniendo una identidad de género
diversa a la de mujer, su cuerpo posee la capacidad de gestar.
(Ref. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
ARTÍCULO 156. Comete el delito de interrupción forzada del embarazo, la persona que
mediante cualquier medio y en cualquier momento produzca o practique la finalización
anticipada del proceso de gestación a la mujer o persona gestante sin su
consentimiento.
El delito de interrupción forzada del embarazo podrá ser sancionado en grado de
tentativa, en los términos dispuestos por el presente Código.
(Ref. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
ARTÍCULO 157. A la persona que cometa el delito de interrupción forzada del
embarazo se le impondrán de dos a ocho años de prisión.
Si con la interrupción forzada del embarazo se produce además la pérdida de la aptitud
o capacidad reproductiva de la víctima, o bien se empleare engaño, violencia física o
moral, se impondrán de tres a nueve años de prisión.
Si el delito de interrupción forzada del embarazo fuese causado por profesionales de la
medicina o la enfermería, además de las sanciones que les correspondan serán
suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.
(Ref. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
ARTÍCULO 158. Se consideran causas excluyentes de responsabilidad penal de las
conductas descritas en el presente Capítulo, las siguientes:
52
I. Si de no provocarse la interrupción del embarazo, la mujer o persona gestante corre
peligro de afectación grave a su salud o está en riesgo su vida, a juicio de dos médicos
especialistas, siempre que esto sea posible y la demora no incremente el peligro;
II. Cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o de inseminación artificial
indebida, independientemente de que exista, o no, causa penal sobre estos delitos;
III. Cuando la interrupción del embarazo sea derivada de una conducta culposa o
involuntaria de la mujer o persona gestante;
IV. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para
diagnosticar que el producto de la gestación presenta alteraciones genéticas o
congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que
puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el
consentimiento de la mujer o persona gestante. No será necesario el consentimiento de
la mujer o persona gestante, en los casos en que estas personas se encuentren
imposibilitadas para otorgarlo por sí mismas, en dichos casos lo otorgará la persona
legalmente facultada para ello; o
V. Cuando exista un trastorno ginecológico que a juicio de dos médicos especialistas
haya impedido a la mujer o persona gestante tener el conocimiento del embarazo.
En los casos contemplados en las fracciones II, IV y V el personal médico brindará a la
mujer o persona gestante embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y
oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los
apoyos y alternativas existentes, para que la mujer o persona gestante embarazada
pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.
En todo caso el personal médico que lo practique o participe, deberá notificarlo a la
autoridad competente.
(Ref. Según Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
TÍTULO SEGUNDO
DELITOS DE OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO
CAPÍTULO I
OMISIÓN DE AUXILIO
ARTÍCULO 159. Al que omita prestar el auxilio necesario a quien se encuentre
desamparado y en peligro manifiesto en su persona, cuando según las circunstancias
53
pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de tercero, o al que no estando en condiciones de
prestarlo no diere aviso inmediato a la autoridad o no solicitare auxilio a quienes
pudieren prestarlo, se le impondrá prisión de tres a seis meses o de diez a treinta días
multa.
CAPÍTULO II
OMISIÓN DE CUIDADO
ARTÍCULO 160. Al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma,
teniendo la obligación de cuidarla, se le aplicará prisión de tres meses a tres años y
privación de la patria potestad o tutela del abandonado si la tuviera.
CAPÍTULO III
OMISIÓN DE AUXILIO A ATROPELLADOS
ARTÍCULO 161. Al que habiendo atropellado a una persona, no le preste auxilio o
solicite la asistencia que requiera pudiendo hacerlo, se le aplicará prisión de tres meses
a un año o de treinta a noventa días multa.
TÍTULO TERCERO
EXPOSICIÓN DE INCAPACES
CAPÍTULO ÚNICO
EXPOSICIÓN DE INCAPACES
ARTÍCULO 162. Al que teniendo la obligación de hacerse cargo de un incapaz de
cuidarse por sí mismo, lo entregue a una institución o a cualquier otra persona,
contraviniendo la ley o contra la voluntad de quien se lo confió o sin la anuencia del
juez de lo familiar, se le aplicará prisión de tres meses a un año, o trabajo en favor de la
comunidad hasta por seis meses y privación de la patria potestad o tutela del incapaz si
la tuviera.
ARTÍCULO 163. No se aplicará pena alguna a la madre que entregue a su hijo por
extrema pobreza o cuando aquél haya sido producto de una violación o inseminación
artificial ilegal.
TÍTULO CUARTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
54
CAPÍTULO I
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL
ARTÍCULO 164. Al particular que ilegítimamente prive a otro de su libertad personal, se
le aplicará prisión de dos a seis años y de ochenta a doscientos cincuenta días multa.
(Ref. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre de
1998).
La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más, cuando
en la privación de libertad concurriere alguna de las circunstancias siguientes:
I. Que se realice con violencia o se veje a la víctima;
II. Que la víctima sea menor de edad o que por cualquier otra circunstancia
esté en situación de inferioridad física respecto al agente; (Ref. según
Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del
2012).
III. Cuando el sujeto activo sea cónyuge, concubinario o concubina, exista o
haya existido una relación de pareja o de hecho, de carácter conyugal,
con el sujeto pasivo; o (Adic. según Dec. 515, publicado en el Periódico
Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
IV. Que la privación se prolongue por más de tres días. (Se recorre según
Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del
2012).
[ARTÍCULO 164 Bis. Al particular que ilegítimamente prive a otro de su libertad
personal, con el propósito de realizar un acto sexual o para satisfacer un acto erótico,
se le impondrá de dos a ocho años de prisión, y de cien a trescientos días multa.
La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más, cuando
en la privación de la libertad ocurriere algunas de las circunstancias, previstas en al
artículo anterior.
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.
(Adic. Por Decreto No. 348, publicado en el P.O. No. 013 del 29 de enero de 2018)].
Artículo declarado inválido, por resolutivo segundo de sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación a Acción de Inconstitucionalidad 34/2018, notificada el 14 de
octubre de 2019.
55
ARTÍCULO 165. Si el agente espontáneamente pone en libertad a la víctima dentro de
los tres días siguientes a la comisión del delito, podrá disminuirse la pena hasta la
mitad.
[Lo anterior no será aplicable cuando la privación de la libertad personal se realice en
los términos del artículo 164 Bis. (Adic. Por Decreto No. 348, publicado en el P.O. No.
013 del 29 de enero de 2018)]. Párrafo declarado inválido, por resolutivo segundo de
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Acción de
Inconstitucionalidad 34/2018, notificada el 14 de octubre de 2019.
ARTÍCULO 166. Comete el delito de privación de la libertad laboral el que obligue a
otro a prestarle un trabajo o servicios personales con o sin la retribución debida, ya sea
por medio de la violencia física o moral, o por medio de engaños.
En este caso se impondrá prisión de dos a seis años y de doscientos a trescientos días
multa. (Ref. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre
de 1998).
CAPÍTULO II
SECUESTRO
ARTÍCULO 167. Al que prive de la libertad personal a otro se le aplicarán de veinte a
cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la
libertad se efectúa con el propósito de:
a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;
b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con
causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de
realizar un acto cualquiera;
c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o
d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización,
entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la
libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a
este código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten.
(Ref. Según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27
de mayo de 2011).
ARTÍCULO 167 Bis. Las penas a que se refiere el artículo anterior, se agravarán:
56
I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa,
si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias
siguientes:
a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;
b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
c) Que se realice con violencia;
d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se
encuentra;
e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o
que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado
del hecho o capacidad para resistirlo;
f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez.
II. De veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en
la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de
seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas
Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo;
b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o
relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;
c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en las
fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 136 de este código;
d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;
e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier
alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por
enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o
partícipes del delito.
Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con
independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las
que se aplican resulten.
57
(Ref. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27
de mayo de 2011).
ARTÍCULO 168. Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los
tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos
a que se refiere el artículo 167 de este código y sin que se haya presentado alguna de
las circunstancias agravantes del delito, la pena será de dos a seis años de prisión y de
cincuenta a ciento cincuenta días multa.
La misma pena se aplicará a aquel que habiendo participado en la planeación de
alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese
hecho a la autoridad y la víctima sea rescatada con vida.
La pena señalada en el párrafo primero de este artículo se aplicará a aquel que
habiendo participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia
el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se cometa
el delito y proporcione datos fehacientes o suficientes elementos de convicción contra
los demás participantes del hecho o, ya cometido, antes de que se libere a la víctima,
proporcione, los datos o elementos referidos, además dé información eficaz para liberar
o localizar a la víctima.
No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las
previstas en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 136 de este código, la
pena será de nueve a dieciséis años de prisión y de trescientos a quinientos días multa,
así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia.
En caso de que espontáneamente se libere al secuestrado dentro de los primeros diez
días, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 167 del presente
código, y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del
delito, la pena de prisión aplicable será de ocho a quince años y de doscientos
cincuenta hasta quinientos días multa.
(Ref. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27
de mayo de 2011).
ARTÍCULO 168 Bis. Se impondrá pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de
trabajo a favor de la comunidad, al que simule por sí o por interpósita persona, la
privación de su libertad con alguno de los propósitos señalados en el artículo 167 del
presente código. (Ref. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O.
No. 063 del 27 de mayo de 2011).
58
ARTÍCULO 168 Bis A. Se impondrán de dos a ocho años de prisión al que simule la
privación de la libertad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los
propósitos señalados en el artículo 167 de este código.
La misma pena se impondrá al que amenace de cualquier modo a una persona con
privarla de la libertad o con privar de la libertad a algún miembro de su familia o con
quien esté ligada por algún vínculo, con alguno de los propósitos señalados en el
artículo 167 del presente código.
(Ref. según Dec.212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27 de
mayo de 2011).
ARTÍCULO 168 Bis B. Se aplicará pena de dos a ocho años de prisión y de
setecientos a mil quinientos días multa, al que:
I. Después de la ejecución de cualquiera de las conductas previstas en los artículos
167 y 167 Bis de este código, y sin haber participado en cualquiera de ellas, adquiera o
reciba el producto de las mismas a sabiendas de esta circunstancia;
II. Preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas previstas en los
artículos 167 y 167 Bis de este código, con conocimiento de esta circunstancia, por
acuerdo posterior a la liberación de la víctima;
III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las
conductas previstas en los artículos 167 y 167 Bis de este código, con conocimiento de
esta circunstancia, así como los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida
que se averigüe;
IV. Altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o vestigios de los hechos
delictivos a que se refiere la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
V. Desvíe u obstaculice la investigación de cualquiera de las conductas previstas en los
artículos 167 y 167 Bis de este código, o favorezca que el inculpado se sustraiga a la
acción de la justicia.
No se aplicará la pena prevista en este artículo en el caso de la fracción III, en lo
referente al ocultamiento del infractor, cuando se trate de:
a) Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines directos; y
b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad
hasta el segundo grado.
59
(Ref. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27
de mayo de 2011).
ARTÍCULO 168 Bis C. Se aplicará pena de dos a ocho años de prisión, y de
doscientos a mil días multa, al servidor público que:
I. Divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial, relacionada con
las conductas de delito de secuestro sancionadas por este código, salvo que se refiera
a la información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada,
en este caso se aplicará lo dispuesto por el Código Penal Federal; o
II. Revele, sin motivo fundado, técnicas aplicadas a la investigación o persecución de
las conductas de delito de secuestro previstas por este código.
Si el sujeto es o hubiere sido integrante de una institución de seguridad pública, de
procuración de justicia, de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, la pena
será de cuatro años seis meses a trece años de prisión, así como también, la multa y el
tiempo de colocación de dispositivos de localización y vigilancia se incrementarán
desde un tercio hasta dos terceras partes.
(Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27
de mayo de 2011).
ARTÍCULO 168 Bis D. Se aplicará pena de cuatro años seis meses a trece años de
prisión, de doscientos a mil días multa, al servidor público que, teniendo atribuciones en
materia de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia o de
vigilancia y custodia en los centros de privación de la libertad o penitenciaria, se
abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia, ante la policía,
la comisión de cualquiera de los delitos de secuestro previstos en este código, o de
hacer saber de inmediato al Ministerio Público información, evidencias o cualquier otro
dato relacionado, directa o indirectamente, con la preparación o comisión de las
conductas de secuestro previstas en este código.
(Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27
de mayo de 2011).
ARTÍCULO 168 Bis E. A todo sentenciado por cualquiera de los delitos de secuestro
previstos en este código que sea o hubiere sido servidor público de cualquiera de las
instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y
dependencias encargadas de la seguridad pública, se le aplicará como parte de la pena
la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal,
60
local o municipal, desde un plazo igual al de la pena de prisión que se le imponga por el
delito en que incurrió hasta la inhabilitación definitiva.
Cualquier otro servidor público quedará inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público hasta por un plazo igual al de la pena de prisión que se
imponga. Dicha inhabilitación correrá a partir de que concluya la pena de prisión.
(Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27
de mayo de 2011).
ARTÍCULO 168 Bis F. La autoridad judicial podrá ordenar que las personas que hayan
sido condenadas por conductas previstas en el presente Capítulo queden sujetas a
vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.
La misma medida podrá imponerse de manera cautelar tratándose de inculpados en
libertad con las reservas de ley e indiciados durante el tiempo que dure la averiguación
previa o el proceso.
(Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27
de mayo de 2011).
CAPÍTULO III
Derogado.
(Por Dec. 348, publicado en el Periódico Oficial No. 013 del 29 de enero del 2018).
ARTÍCULO 169. Derogado. (Por Dec. 348, publicado en el Periódico Oficial No. 013
del 29 de enero del 2018).
ARTÍCULO 170. Derogado. (Por Dec. 348, publicado en el Periódico Oficial No. 013
del 29 de enero del 2018).
ARTÍCULO 171. Derogado. (Por Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del
25 de abril del 2012).
ARTÍCULO 172. Derogado. (Por Dec. 348, publicado en el Periódico Oficial No. 013
del 29 de enero del 2018).
CAPÍTULO IV
Derogado.
(Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089 de fecha 22 de julio de 2019).
61
ARTÍCULO 172 Bis. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089 de
fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 172 Bis A. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089
de fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 172 Bis B. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089
de fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 172 Bis C. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089
de fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 172 Bis D Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089
de fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 172 Bis E. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089
de fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 172 Bis F. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089
de fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 172 Bis G. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089
de fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 172 Bis H. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089
de fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 172 Bis I. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089 de
fecha 22 de julio de 2019).
TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
CAPÍTULO I
AMENAZAS
ARTÍCULO 173. Al que amenace a otro con causarle daño en alguno de sus bienes
jurídicos o en los de un tercero con quien el ofendido tenga vínculos de amor, amistad,
parentesco, gratitud o cualquier otro, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o
de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.
62
Se agravará la penalidad de este delito con tres a seis años de prisión en los siguientes
casos: (Ref. por Decreto número 873, publicado en el P. O. No. 080 del 03 de julio de
2013).
I. Cuando la amenaza se profiera por el acusado de un delito o un tercero para
favorecer a éste, y el sujeto pasivo sea el acusador, víctima, ofendido o testigo;
o (Adic. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de
octubre de 1998).
II. Cuando el responsable de la amenaza sea un servidor público y ésta sea
proferida con motivo de sus funciones; además se destituirá del cargo, oficio o
comisión e inhabilitará para cualquier otro oficio, cargo o puesto público hasta
por cinco años. (Adic. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126
del 21 de octubre de 1998).
III. Cuando la amenaza se profiera en agravio de un servidor público de alguna
institución o corporación policial. (Adic. por Decreto número 873, publicado en
el P. O. No. 080 del 03 de julio de 2013).
No constituyen amenazas las actuaciones de las autoridades realizadas conforme a
sus atribuciones y con estricto apego a la ley. (Adic. por Decreto número 593, publicado
en el P. O. No. 126 del 21 de octubre de 1998).
Este delito se perseguirá por querella.
CAPÍTULO I BIS
COBRANZA ILEGÍTIMA
(Adicionado, según Decreto No. 191, publicado en el P.O. No. 152 de 15 de
diciembre del 2014).
ARTÍCULO 173 Bis. Comete el delito de cobranza ilegítima, el que con el propósito de
requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como
referencia o aval, utilice medios ilícitos e ilegítimos, o se valga del engaño, o efectúe
actos de hostigamiento e intimidación ya sea escrita o verbal, utilizando medios
telefónicos, electrónicos o computacionales de comunicación, aun cuando sean
efectuados por medio de grabaciones o textos.
A quien cometa este delito se le impondrá de cuatro meses a dos años de prisión y de
ciento ochenta a trescientos sesenta días multa, además de las sanciones que
correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se
usurparon funciones públicas o de profesión.
63
Este delito de perseguirá por querella de parte.
(Adicionado, según Decreto No. 191, publicado en el P.O. No. 152 de 15 de diciembre
del 2014).
CAPÍTULO II
ASALTO
ARTÍCULO 174. Al que en lugar solitario o desprotegido haga uso de la violencia sobre
una persona, con el propósito de causar un mal, obtener un lucro o exigir su
asentimiento para cualquier fin, se le sancionará con prisión de dos a nueve años y de
cincuenta a doscientos días multa.
ARTÍCULO 175. Cuando el asalto se cometa utilizando armas de fuego contra un
poblado o parte de éste, se aplicarán de veinte a cuarenta años de prisión a los
cabecillas o jefes y de quince a veinte años a los demás.
CAPÍTULO III
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO
(Adic. Según Decreto No. 481 de fecha 9 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No.
101 de fecha 21 de agosto de 2020.)
ARTÍCULO 175 Bis. Comete el delito de desplazamiento forzado interno quien, de
manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto
coactivo, realizado contra una persona o grupo de personas, ocasione que abandonen
su lugar de residencia.
Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y trescientos a seiscientos días
multa, a quien incurra en la conducta prevista en el párrafo anterior.
La pena aumentará hasta una mitad cuando el delito se cometa en contra de una niña,
niño, adolescente, persona defensora de los derechos humanos y periodistas.
No se entenderá por desplazamiento forzado interno el movimiento de población que
realice la autoridad, cuando tenga por objeto la seguridad de la misma o por
mandamiento judicial.
(Adic. Según Decreto No. 481 de fecha 9 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No.
101 de fecha 21 de agosto de 2020.)
TÍTULO SEXTO
64
DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, DE LA INTIMIDAD Y DE
LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS
(Ref. Según Decreto No. 322, publicado en el P.O. No. 062 de 25 de mayo de 2015).
CAPÍTULO I
ALLANAMIENTO DE MORADA
ARTÍCULO 176. Al que sin el consentimiento de la persona que legítimamente pueda
otorgarlo o empleando engaño, se introduzca a una casa habitación o a sus
dependencias, o permanezca en ellas, se le impondrá prisión de seis meses a dos
años.
Si el medio empleado fuese la violencia la penalidad se aumentará hasta en una mitad
más.
CAPÍTULO II
VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR
ARTÍCULO 177. Al que por cualquier medio tenga acceso de cartas, documentos o
imágenes, los reproduzca, publique o utilice instrumentos o artificios técnicos de
escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, violando la
intimidad personal o familiar, sin el consentimiento de la otra persona, se le impondrá
pena de tres meses a cuatro años de prisión.
La sanción será de uno a cuatro años de prisión si el sujeto activo tiene relación de
parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato o relación de hecho
con el sujeto pasivo.
Los delitos de este Título, se perseguirán por querella.
(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
CAPÍTULO III
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
(Adicionado, según Decreto No. 322, publicado en el P.O. No. 062 de 25 de mayo de
2015).
ARTÍCULO 177 BIS. A quien por cualquier medio suplante la identidad de otra
persona, con fines ilícitos o de lucro para sí o para otra, u otorgue su consentimiento
para llevarla a cabo, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y de
cuatrocientos a seiscientos días multa. (Adicionado, según Decreto No. 322, publicado
en el P.O. No. 062 de 25 de mayo de 2015).
65
ARTÍCULO 177 BIS A. Será equiparable al delito de suplantación de identidad y se
impondrán las mismas penas previstas en el artículo anterior:
I. Al que por algún uso de medio informático, telemático o electrónico, obtenga
algún lucro indebido para sí o para otro o, genere un daño patrimonial, mediante
el empleo no autorizado de datos personales o el acceso no autorizado a bases
de datos automatizadas para suplantar identidades;
II. A quien transfiera, posea o utilice, sin autorización de quien deba otorgarla,
datos identificativos de otra persona con la intención de cometer, intentar o
favorecer cualquier actividad ilícita; y
III. Al que asuma, se apropie o utilice indebidamente a través de internet, cualquier
sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de una persona física
o jurídica que no le pertenezca para ostentarse como tal sin consentimiento de
éste, ya sea en beneficio propio o de un tercero.
(Adicionado, según Decreto No. 322, publicado en el P.O. No. 062 de 25 de mayo de
2015).
ARTÍCULO 177 BIS B. Las penas previstas para el delito de suplantación de identidad
o su equiparación se aumentarán hasta en una mitad más, cuando quien lo cometa se
valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz; sea servidor público y se
aproveche de sus funciones; o, quien sin serlo se valga de su profesión o empleo para
ello. (Adicionado, según Decreto No. 322, publicado en el P.O. No. 062 de 25 de mayo
de 2015).
TÍTULO SÉPTIMO
DELITO CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO
CAPÍTULO ÚNICO
REVELACIÓN DE SECRETO
ARTÍCULO 178. Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en
perjuicio de alguien, revele un secreto que por cualquier forma haya conocido o se le
haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrá prisión de tres
meses a un año, o de noventa a ciento ochenta días multa.
La sanción será de uno a tres años de prisión, de cien a doscientos días multa y
suspensión de profesión, en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación
punible sea hecha por persona que preste servicios profesionales o técnicos o por
servidor público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.
66
La misma pena señalada en el párrafo anterior se aplicará cuando el sujeto activo
tenga alguna relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio,
concubinato o relación de hecho con el sujeto pasivo. (Adic. según Dec. 515, publicado
en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
Cuando el sujeto activo sea servidor público será destituido de su cargo. (Adic. según
Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
Este delito se perseguirá por querella. (Se recorre según Dec. 515, publicado en el
Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
TÍTULO OCTAVO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y
SU NORMAL DESARROLLO
CAPÍTULO I
VIOLACIÓN
ARTÍCULO 179. A quien por medio de la violencia, realice cópula con persona de
cualquier sexo sin la voluntad de ésta, se le impondrá prisión de nueve a veinticinco
años. (Ref. Según Decreto No. 378, publicado en el P.O. No. 009, del 20 de enero de
2023).
Para los efectos de este código, se entiende por cópula la introducción del pene en el
cuerpo humano por vía vaginal, anal u oral. (Ref. Según Decreto No. 378, publicado en
el P.O. No. 009, del 20 de enero de 2023).
Comete también el delito de violación y se sancionará como tal, al que introduzca por
vía vaginal o anal, cualquier parte del cuerpo, elemento, objeto o instrumento diferente
del pene, por medio de violencia, sea cual fuere el sexo del ofendido.
Se aplicará la misma pena prevista en este artículo, cuando entre el sujeto activo del
delito y el pasivo exista o haya un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de
hecho.
(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
67
ARTICULO 180. Se equiparará a la violación y se castigará con prisión de dieciséis a
treinta y cuatro años: (Ref. Según Decreto No. 378, publicado en el P.O. No. 009, del
20 de enero de 2023).
I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad; (Ref.
Según Dec. 673, publicado en el P.O. No. 109, primera sección del 08 de septiembre
de 2021).
II. Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y,
III. Al que sin violencia y con fines sexuales introduzca por vía vaginal o anal cualquier
parte del cuerpo, elemento, objeto o instrumento distinto al pene en una persona menor
de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho,
o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. (Ref.
según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
Si se ejerciere violencia, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará en una mitad.
(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
(Ref. por Decreto 664 del 27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del
05 de octubre del 2007).
ARTÍCULO 181. Cuando la violación o su equiparación sea cometida por dos o más
personas, la pena de prisión se aumentará hasta en una mitad más en su mínimo y
máximo.
(Ref. Según Decreto No. 378, publicado en el P.O. No. 009, del 20 de enero de 2023).
CAPÍTULO II
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL INDEBIDA
ARTÍCULO 182. Al que por medio de la violencia, física o moral, o por engaño, realice
en una mujer inseminación artificial, se le aplicará prisión de dos a siete años. (Ref.
Según Decreto No. 379, publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero de 2018).
La pena se aumentará hasta en una mitad más, si la inseminación se hace en una
menor de edad.
CAPÍTULO III
ABUSO SEXUAL
(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
68
ARTÍCULO 183. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin
su consentimiento expreso, voluntario, genuino y deseado, o la obligue a ejecutar para
sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.
A quien cometa este delito se le impondrá una pena de seis a diez años de prisión y
multa de hasta doscientos días.
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto
sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad
más en su mínimo y máximo.
(Ref. Según Decreto No. 245, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto de 2022).
ARTÍCULO 183 Bis. Al que con o sin el consentimiento expreso, voluntario, genuino y
deseado de una persona menor de quince años, o que no tenga capacidad de
comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no tenga la capacidad
de resistirlo, ejecute en ella o lo haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar
a la cópula o lo obligue a observar cualquier acto sexual, se le aplicarán de diez a
dieciocho años de prisión y de cien a quinientos días multa.
Si se hiciere uso de la violencia física o moral o se realice la conducta a que se refiere
este artículo de manera reiterada, la pena se aumentará en una mitad más en su
mínimo y máximo.
(Adic. Según Decreto No. 245, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto de 2022).
ARTÍCULO 183 Bis A. Al responsable del delito de abuso sexual cometido en contra
de una persona menor de dieciocho años de edad y mayor de quince años de edad sin
su consentimiento expreso, voluntario, genuino y deseado, se le impondrá una pena de
nueve a quince años de prisión y de doscientos a trescientos cincuenta días multa.
(Adic. Según Decreto No. 245, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto de 2022).
ARTÍCULO 183 Bis B. Para efectos del artículo 183 Bis, se entiende por actos
sexuales la acción dolosa con fines lascivos consistente en los tocamientos, manoseos
corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen al
sujeto pasivo a representarlos y que se ejerzan en caso de menores de 15 años con o
sin el consentimiento de este con el elemento intencional del sujeto activo de satisfacer
un deseo sexual.
69
En el caso de los artículos 183 y 183 Bis A, se entenderá por acto sexual lo referido en
el párrafo que antecede, con la salvedad de que las conductas se deberán realizar por
el sujeto activo sin el consentimiento expreso, voluntario, genuino y deseado del sujeto
pasivo.
(Adic. Según Decreto No. 245, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto de 2022).
CAPÍTULO IV
ESTUPRO
ARTÍCULO 184. Al que tenga cópula con una persona menor de dieciocho años pero
mayor de dieciséis, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará
prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días. (Ref. Según Decreto No.
379, publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero de 2018).
Si el sujeto pasivo es mayor de catorce pero menor de dieciséis años, se aumentará en
una mitad la pena anterior. (Ref. Según Decreto No. 379, publicado en el P.O. No. 020
del 12 de febrero de 2018).
Cuando la edad del agente supere con quince años o más la edad del sujeto pasivo, se
le aplicará el doble de la pena establecida en los párrafos anteriores.
Se presume que existe engaño cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciséis años.
(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
CAPÍTULO V
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
(Ref. Por Decreto No. 260, publicado en el P.O. No. 145, Primera Sección
del 17 de noviembre de 2017).
ARTÍCULO 185. Comete el delito de hostigamiento sexual, quien asedie u hostigue con
fines lascivos o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero a
persona de cualquier sexo que le sea subordinada, valiéndose de su posición
jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra
que implique subordinación; al responsable se le impondrá de uno a dos años de
prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa.
Si la solicitud de favores de naturaleza sexual, se acompaña con la amenaza de causar
a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el
70
ámbito de su relación con su superior jerárquico, se le impondrá prisión de dos a tres
años y de trescientos a seiscientos días multa.
(Ref. Por Decreto No. 260, publicado en el P.O. No. 145, Primera Sección del 17 de
noviembre de 2017).
ARTÍCULO 185 Bis. Comete el delito de acoso sexual, quien por cualquier medio, en
ejercicio abusivo de poder que conlleve a un estado de indefensión, desventaja o de
riesgo para la víctima, asedie, acose, o demande actos de naturaleza sexual con fines
lascivos, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. (Ref. Por
Decreto No. 411, publicado en el P.O. No. 046, del 14 de abril de 2023).
Derogado (Según Decreto No. 411, publicado en el P.O. No. 046 del 14 de abril de
2023).
Derogado (Según Decreto No. 411, publicado en el P.O. No. 046 del 14 de abril de
2023).
Comete también el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie a cualquier
persona, sin su consentimiento, en lugares públicos, en instalaciones o vehículos
destinados al transporte público de pasajeros.
A quien cometa el delito de acoso sexual, se le sancionará con pena de uno a tres años
de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.
(Adic. Por Decreto No. 260, publicado en el P.O. No. 145, Primera Sección del 17 de
noviembre de 2017).
ARTÍCULO 185 Bis A. Si la víctima de los delitos a que se refiere este capítulo es
menor de dieciocho años o persona que no tenga la capacidad para comprender el
significado del hecho o de resistirlo, la pena de prisión será de tres a cinco años de
prisión y la sanción pecuniaria de quinientos a mil días multa.
Si el sujeto activo es servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el
cargo le proporciona, además de la pena señalada, será destituido del cargo y se le
inhabilitará para el ejercicio de la función pública hasta por siete años.
En caso de reincidencia en cualquiera de los supuestos, se impondrá prisión de dos a
siete años.
(Adic. Por Decreto No. 260, publicado en el P.O. No. 145, Primera Sección del 17 de
noviembre de 2017).
71
ARTÍCULO 185 Bis B. Los delitos previstos en el presente Capítulo se perseguirán por
querella de parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de dieciocho años o
persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o de
resistirlo, en cuyo caso se perseguirá de oficio. (Adic. Por Decreto No. 260, publicado
en el P.O. No. 145, Primera Sección del 17 de noviembre de 2017).
CAPÍTULO V BIS
VIOLACION DE LA INTIMIDAD SEXUAL
(Adic. Por Decreto No. 438, publicado en el P.O. No. 022 del 19 de febrero de 2020).
ARTÍCULO 185 Bis C. Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella
persona que por cualquier medio publique, divulgue, difunda, comparta o distribuya
imágenes, vídeos o audios, imprima o elabore textos de contenido íntimo sexual de
una persona sin su consentimiento expreso, voluntario, genuino y deseado.
Esta conducta se sancionará con una pena de tres a seis años de prisión y de
quinientos a mil días multa.
Se presume que se publica, divulga, difunde, comparte o distribuye contenidos íntimos
de naturaleza sexual cuando se trate de imágenes o videos que muestren al sujeto
pasivo en situación de desnudez parcial o total, o con exposición de partes genitales.
Se presume que se publica, divulga, difunda, comparte o distribuye audios o textos con
contenido intimo sexual cuando en ellos se describa el cuerpo desnudo ya sea total o
parcialmente del sujeto pasivo; o bien que revelen de manera no autorizada ni
expresamente consentida la conducta o actos sexuales de la víctima.
Se impondrán las mismas penas previstas en el segundo párrafo del presente artículo,
a quien haciendo uso de la Inteligencia Artificial, manipule imágenes, audios o videos,
de contenido íntimo sexual de una persona, para crear hechos falsos con apariencia
real, con el propósito de exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir,
comercializar, ofertar, intercambiar y/o compartir a través de materiales impresos,
correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio
tecnológico, sin su consentimiento expreso, voluntario, genuino y deseado. (Adic. Por
Decreto No. 699, publicado en el P.O. No. 019, del 12 de febrero de 2024).
Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por Inteligencia Artificial las
aplicaciones, programas o tecnología que analice fotografías, audios o videos y ofrece
ajustes automáticos para hacerles alteraciones o modificaciones. (Adic. Por Decreto
No. 699, publicado en el P.O. No. 019, del 12 de febrero de 2024).
72
También incurre en violación a la intimidad sexual quien para sí videograbe,
audiograbe, fotografíe, imprima, elabore textos o almacene, duplique o multiplique
imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona sin su
consentimiento expreso, voluntario, genuino y deseado.
Está conducta se sancionará con una pena de seis meses a dos años de prisión y de
doscientos a cuatrocientos días multa.
(Ref. Por Decreto No. 411, publicado en el P.O. No. 046 del 14 de abril de 2023).
ARTÍCULO 185 Bis D. Se impondrán las mismas sanciones previstas en el segundo
párrafo del artículo anterior cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo
de naturaleza sexual que se divulguen, compartan, distribuyan o publiquen no
correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos.
(Adic. Por Decreto No. 411, publicado en el P.O. No. 046 del 14 de abril de 2023).
ARTICULO 185 Bis E. El mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una
mitad:
I. Cuando el delito sea cometido por el cónyuge o concubinario, o por cualquier
persona con quien la víctima tenga o haya tenido una relación de hecho,
sentimental, afectiva o de confianza;
II. Cuando el delito sea cometido por persona con quien la víctima tenga relación
de parentesco consanguíneo o en línea recta o colateral en cualquier grado; o
por afinidad hasta el cuarto grado;
III. Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus
funciones;
IV. Cuando se cometa en contra de una persona niña, niño o adolescente;
V. Cuando se cometa en contra de una persona que no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo;
VI. Cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo;
VII. Cuando el delito se cometa con fines lucrativos; o
VIII. Cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima se vea
afectada en su salud mental, o cuando ésta atente contra su integridad o contra
su propia vida.
73
Además de la aplicación de las penas previstas en el presente capítulo, si el sujeto
activo es servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el cargo le
proporciona, será destituido del cargo y se le inhabilitará para el ejercicio de la función
pública hasta por el tiempo que dure la pena.
En caso de reincidencia en cualquier supuesto previsto en este capítulo, la pena de
prisión y multa aumentarán hasta una tercera parte.
Este delito se perseguirá por querella de parte, excepto en el supuesto previsto en las
fracciones IV, V y VIII del presente artículo que serán perseguibles de oficio.
(Adic. Por Decreto No. 411, publicado en el P.O. No. 046 del 14 de abril de 2023).
CAPÍTULO V TER
COMUNICACIÓN DE CONTENIDO SEXUAL CON PERSONAS
NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES, INCAPACES PARA
COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O PARA
RESISTIRLO.
(Adic. Por Decreto No. 411, publicado en el P.O. No. 046 del 14 de abril de 2023).
ARTÍCULO 185 Bis F. Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de
cuatrocientos a mil días multa a quien, haciendo uso de medios de radiodifusión,
telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos,
contacte a una persona niña, niño o adolescente, a quien no tenga capacidad de
comprender el significado del hecho o a persona que no tenga capacidad para resistirlo
y le requiera imágenes, audio o video de su cuerpo en desnudez parcial o total, de
actividades sexuales explicitas, actos de connotación sexual, o le solicite un encuentro
sexual.
(Adic. Por Decreto No. 411, publicado en el P.O. No. 046 del 14 de abril de 2023).
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO
ARTÍCULO 186. Los delitos de abuso sexual sancionados en los artículos 183, 183 Bis
y 183 Bis A se perseguirán de oficio.
74
Solo se perseguirá por querella de parte ofendida o de sus legítimos representantes el
delito de estupro previsto y sancionado en el artículo 184.
(Ref. Según Decreto No. 245, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto de 2022).
ARTÍCULO 186 Bis. Para efectos de este título, en los delitos de violación, acoso
sexual y estupro, el consentimiento de la víctima deberá ser expreso, voluntario,
genuino y deseado.
Las circunstancias por las cuales en dichos delitos el consentimiento no puede ser
considerado expreso, voluntario, genuino y deseado, son:
l. Cuando haya intimidación, engaño, abuso, coerción, amenaza o una relación de
poder;
II. Cuando haya violencia de cualquier tipo, presión psicológica, silencio, resistencia o
discapacidad mental o intelectual;
III. Cuando haya fuerza, amenaza de la fuerza, coacción o aprovechamiento de un
entorno coercitivo que haya disminuido la capacidad para dar un consentimiento
voluntario y libre; o
IV. Cuando la víctima esté imposibilitada de dar un consentimiento libre.
(Adic. Según Dec. 258, publicado en el Periódico Oficial No. 115 del 23 de septiembre
de 2022).
ARTÍCULO 187. Cuando se trate de los delitos de violación, su equiparación, o la
prevista en el artículo 181 de este Código, inseminación artificial ilegal o abuso sexual,
las sanciones se aumentarán hasta una tercera parte en cualquiera de los siguientes
casos: (Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del
2012).
I. Cuando fuere cometido por persona que tenga relación de parentesco por
consanguinidad, afinidad o civil, con el ofendido, además de la pena de prisión,
el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que le ejerciere
sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del ofendido;
II. Cuando fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o por
ministro de culto religioso, utilizando los medios o circunstancias que ellos le
proporcionen; además de la pena de prisión el sentenciado será destituido del
cargo o empleo e inhabilitado para ejercer otro de la misma naturaleza, o en el
75
caso de los ministros para que profese la religión por el término igual al de la
pena de prisión;
III. Se cometa el delito aprovechándose de las circunstancias de que el agente es
profesionista, además de la pena de prisión la autoridad judicial podrá
determinar la suspensión del ejercicio profesional por el término igual al de la
pena de prisión;
IV. Fuere cometido por persona que tenga al ofendido, bajo su custodia, guarda o
aproveche la confianza en él depositada;
V. Fuere cometido dentro las instalaciones de alguna asociación religiosa u
organismo de la sociedad civil, cuyo objeto social consista en prestar auxilio,
refugio o tratamiento psicológico o físico a otras personas;
VI. Fuere cometido a bordo de un vehículo de servicio público; y
VII. Fuere cometido en lugar despoblado y solitario.
(Ref. Según Decreto No. 245, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto de 2022).
ARTÍCULO 188. La reparación del daño, con excepción del delito de abuso sexual,
comprenderá el pago de alimentos a la mujer y a los hijos si los hubiere con motivo del
delito y se hará en la forma y términos que fija la Ley Civil para los casos de divorcio.
(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
TÍTULO NOVENO
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
(Ref. según Decreto No. 791, publicado en el P.O. No. 033 de fecha viernes 15 de
marzo del 2013).
CAPÍTULO I
DISCRIMINACIÓN
(Ref. según Decreto No. 791, publicado en el P.O. No. 033 de fecha viernes 15 de
marzo del 2013).
ARTÍCULO 189. Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cincuenta a
doscientos días, a quien por razón de cultura, edad, sexo, género, embarazo, estado
civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género o
expresión de género, color de la piel, nacionalidad, origen, posición social, apariencia
física, condición jurídica, trabajo, profesión, posición económica, carácter físico,
discapacidad, estado de salud, identidad o filiación política, antecedentes penales o de
76
cualquier otra índole que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los
derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las
siguientes conductas: (Ref. según Decreto No. 547, publicado en el P.O. No. 097 de
fecha 11 de agosto del 2023).
I. Provoque, incite, apoye a difundir acciones o expresiones verbales o escritas de
cualquier tipo basadas en odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o
grupos de personas; (Ref. Según Decreto No. 698, publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa” No. 101, de fecha 19 de agosto de 2024)
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación que se ofrece al público en
general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; y
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.
Si estas conductas son cometidas por un servidor público en ejercicio de su función, la
pena establecida para este delito se aumentará hasta en una mitad más.
Igual pena se impondrá al servidor público que incurra en estas conductas negando o
retrasando a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho.
Las penas se aumentarán al doble de las previstas cuando las conductas a que se
refiere este artículo sean cometidas en contra de médicos, cirujanos, personal de
enfermería o cualquier persona que realice actividades de atención médica, en ejercicio
de sus funciones o con motivo de ellas, durante el período que comprenda una
emergencia sanitaria. Para efectos de lo previsto en éste párrafo, el periodo que
comprenda una emergencia sanitaria será la que se establezca en el acuerdo que
emitan las autoridades sanitarias correspondientes en que dicha circunstancia así se
declare, y de no precisarse plazo o fecha, lo será a partir de aquella en que el acuerdo
de declaración se emita y hasta la fecha en que se declare su conclusión. (Adic. Por
Decreto 471 de fecha 2 de julio de 2020 publicado en el P.O. No. 083 de fecha 10 de
julio de 2020).
(Ref. según Decreto No. 791, publicado en el P.O. No. 033 de fecha viernes 15 de
marzo del 2013).
CAPÍTULO I BIS
ACOSO LABORAL
(Adic. Según Decreto No. 672, publicado en el P.O. No. 109, primera sección, de fecha
miércoles 08 de septiembre del 2021).
77
ARTÍCULO 189 Bis. Comete el delito de acoso laboral, a quien en el entorno de
trabajo o con motivos de éste, con independencia de la relación jerárquica de las
personas involucradas, realice actos o comportamientos sistemáticos y persistentes en
forma evidente, sutil o discreta, que atenten contra la salud, la integridad o la dignidad
de las personas en sus lugares de trabajo, se impondrán de dos a cuatro años de
prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa. (Adic. Según Decreto No. 672,
publicado en el P.O. No. 109, primera sección, de fecha miércoles 08 de septiembre del
2021).
ARTÍCULO 190. Derogado. (Por Decreto No. 628, del 26 de julio de 2007, y publicado
en el P. O. No. 103 de 27de agosto de 2007).
ARTÍCULO 191. Derogado. (Por Decreto No. 628, del 26 de julio de 2007, y publicado
en el P. O. No. 103 de 27de agosto de 2007).
ARTÍCULO 192. Derogado. (Por Decreto No. 628, del 26 de julio de 2007, y publicado
en el P. O. No. 103 de 27de agosto de 2007).
CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD Y LA IDENTIDAD SEXUAL
(Ref. por Decreto No. 546, del 2 de julio de 2023, y publicado en el P. O. No. 120 de 04
de octubre de 2023).
ARTÍCULO 193. Comete el delito de terapias de conversión quien realice, imparta,
aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, servicio o práctica que
obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual,
identidad de género o expresión de género de una persona y derivado de estos se
afecte su integridad física, moral o psicoemocional, se le impondrá de dos a seis años
de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.
Se entiende por terapias de conversión a los tratamientos, servicios, o prácticas
cualquiera que sea su denominación a las sesiones psicológicas, psiquiátricas,
métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, reprimir o
menoscabar la expresión de género o identidad de género, así como la orientación
sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional,
mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad
humana.
78
Cuando la conducta descrita en el párrafo primero sea cometida por el padre, madre o
tutor de la víctima, se le impondrá prisión de tres meses a un año o de cien a
doscientos días multa. Asimismo, se le impondrá como medida integral tratamiento
psicológico especializado por el tiempo necesario que el profesionista en la materia
considere pertinente, bajo la supervisión de la autoridad ejecutora.
A las penas previstas en los párrafos primero y tercero en el presente artículo, se
aumentarán hasta en una mitad más, cuando concurra alguna o algunas de las
circunstancias siguientes:
a) Sea cometida en contra de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores o personas
con alguna discapacidad;
b) Exista una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique
una subordinación de la víctima; y
e) Cuando se valga de la función pública para cometer el delito.
En los casos de los incisos b) y c), además de las sanciones señaladas en el párrafo
primero, se le destituirá del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitará para
ocupar o ejercer otro similar por un término igual a la pena impuesta y, según sea el
caso, se le suspenderá en el ejercicio de la profesión hasta por un tiempo igual al de la
pena de prisión.
Este delito se perseguirá por querella de parte, excepto en el supuestos en que la
víctima sea niña, niño o adolescente, persona con discapacidad, o adulto mayor que
serán perseguibles de oficio.
(Ref. por Decreto No. 546, del 2 de julio de 2023, y publicado en el P. O. No. 120 de 04
de octubre de 2023).
ARTÍCULO 194. En los casos en que el sentenciado acredite que no puede garantizar
la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá
proporcionar esos servicios a la víctima.
(Ref. por Decreto No. 546, del 2 de julio de 2023, y publicado en el P. O. No. 120 de 04
de octubre de 2023).
ARTÍCULO 195. Derogado. (Por Decreto No. 628, del 26 de julio de 2007, y publicado
en el P. O. No. 103 de 27de agosto de 2007).
CAPÍTULO III
Derogado
79
(Por Dec. No. 628, del 26 de julio de 2007, y publicado en el P.O. No. 103 de fecha 27
de agosto de 2007).
ARTÍCULO 196. Derogado. (Por Decreto No. 628, del 26 de julio de 2007, y publicado
en el P. O. No. 103 de 27de agosto de 2007).
ARTÍCULO 197. Derogado. (Por Decreto No. 628, del 26 de julio de 2007, y publicado
en el P. O. No. 103 de 27de agosto de 2007).
ARTÍCULO 198. Derogado. (Por Decreto No. 628, del 26 de julio de 2007, y publicado
en el P. O. No. 103 de 27de agosto de 2007).
ARTÍCULO 199. Derogado. (Por Decreto No. 628, del 26 de julio de 2007, y publicado
en el P. O. No. 103 de 27de agosto de 2007).
ARTÍCULO 200. Derogado. (Por Decreto No. 628, del 26 de julio de 2007, y publicado
en el P. O. No. 103 de 27de agosto de 2007).
TÍTULO DÉCIMO
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CAPÍTULO I
ROBO
ARTÍCULO 201. Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena
mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con
arreglo a la ley.
ARTÍCULO 202. Para la aplicación de la sanción se dará por consumado el robo desde
el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aún cuando la
abandone o lo desapoderen de ella.
ARTÍCULO 203. Cuando el valor de lo robado sea: (Ref. por Decreto número 593,
publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre de 1998).
80
I. Mayor de veinte y menor de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización o no sea posible determinar su valor, se impondrá prisión
de tres meses a dos años y de cuarenta a cien veces multa.
La pena prevista en esta fracción se aplicará aún cuando el valor de lo robado
no sea mayor de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización si el robo se realiza en alguno de los supuestos previstos en los
artículos 204 y 205.
(Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de
2016).
II. De cincuenta a doscientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, se impondrá prisión de seis meses a tres años y de
cuarenta a doscientas veces multa; (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el
P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
III. De doscientos cincuenta a setecientas cincuenta veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, se impondrá prisión de uno a seis años y de
ochenta a trescientas veces multa; y (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el
P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
IV. Mayor de setencientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, se impondrá prisión de dos a ocho años y de ciento ochenta a
cuatrocientas veces multa. (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el P.O. No.
158 del 28 de diciembre de 2016).
En los casos de las fracciones I y II, si fuere la primera vez que delinque el inculpado, la
autoridad judicial podrá discrecionalmente imponerle cualquiera de esas sanciones o
ambas. (Ref. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre
de 1998).
ARTÍCULO 204. Las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán hasta tres
cuartas partes más, si el robo se realiza:
I. Acometiendo a la víctima en un vehículo particular o de transporte público;
II. Aprovechando la consternación que una desgracia privada cause al
ofendido o a su familia o las condiciones de confusión que se produzcan
por catástrofe o desorden público;
81
III. Valiéndose de identificaciones falsas o supuestas órdenes provenientes
de alguna autoridad;
IV. En contra de una oficina recaudatoria u otra en que se conserven
caudales, o en contra de las personas que los custodien, manejen o
transporten, o en local comercial abierto al público;
V. Recayendo en expedientes o documentos, con la afectación de alguna
función o servicios públicos; (Ref. por Decreto número 593, publicado en
el P. O. No. 126 del 21 de octubre de 1998).
VI. Quebrantando la confianza o seguridad derivada de una relación de
servicio, trabajo u hospitalidad; (Ref. según Dec. No. 769, publicado en el
P.O. No. 026 del 27 de febrero del 2013).
VII. Recayendo sobre equipaje o valores de viajeros en cualquier lugar
durante el viaje; (Ref. Según Dec. No. 188, publicado en el P.O. No. 151
del 18 de diciembre del 2015).
VIII. Recayendo sobre vales o cualquier dispositivo electrónico en forma de
tarjeta plástica, emitidos por personas morales, destinados al canje de
bienes y servicios; (Ref. Según Dec. No. 317, publicado en el P.O. No.
154 del 25 de diciembre del 2015).
IX. Recayendo sobre bienes muebles de cualquier institución educativa
pública, o privada con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios; (Ref. Según Dec. No. 244, publicado en el P.O. No. 097 del 12
de agosto del 2022).
X. Respecto de bienes, productos, frutos cosechados o por cosechar,
semillas, materiales, equipo, maquinaria, implementos, insumos,
aditamentos o cualquier cosa relacionada, destinada, utilizada o propia de
la actividad agrícola; o (Ref. Según Dec. No. 244, publicado en el P.O. No.
097 del 12 de agosto del 2022).
XI. Respecto de camarón, mojarra, tilapia, ostiones y cualquier otro producto
originado de la actividad acuícola y pesquera. (Adic. Según Dec. No. 244,
publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto del 2022).
ARTÍCULO 205. A las penas previstas en los dos artículos anteriores, se aumentará de
dos a diez años de prisión, si el robo se realiza:
82
I. Con violencia contra las personas o cuando se ejerza para proporcionarse la
fuga o defender lo robado;
II. En lugar cerrado, habitado o destinado para habitación o sus dependencias,
comprendiendo no sólo los que están fijos en la tierra, sino también los móviles;
III. Mediante la portación o el uso de armas o cualquier otro objeto que puedan
intimidar a la víctima.
IV. Por dos o más personas; (Ref. por Decreto número 593, publicado en el P. O.
No. 126 del 21 de octubre de 1998).
V. De noche o en despoblado o en cualquier otro lugar solitario en que la víctima no
pueda encontrar a quien pedir auxilio.
VI. Sobre embarcaciones, artes de pesca o cosas que se encuentren en aquéllas;
(Ref. Según Dec. No. 244, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto del
2022).
VII. En caminos o carreteras de jurisdicción estatal; o (Ref. Según Dec. No. 244,
publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto del 2022).
VIII. En instalaciones acuícolas, de cultivo, almacenamiento, procesamiento,
empaque y transportación de productos como camarón, mojarra, tilapia, ostiones
y cualquier otro producto originado de la actividad acuícola y pesquera. (Adic.
Según Dec. No. 244, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto del 2022).
ARTÍCULO 206. El agravamiento de las penas contenido en los dos artículos
anteriores, también se aplicará tratándose de robo indeterminado y robo en grado de
tentativa.
ARTÍCULO 207. Al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin
consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley se le
impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos cincuenta a quinientos
cincuenta días multa. (Ref. según Dec. 707 de fecha 29 de julio de 2010, publicado en
el P.O. No. 108 del 08 de septiembre de 2010).
La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad, al servidor público
que participe en el apoderamiento de un vehículo automotor ajeno y que tenga a su
cargo funciones de prevención, persecución, sanción del delito o ejecución de las
penas y además se le aplicará la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier
empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión
83
impuesta. (Ref. por Decreto 664 del 27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O.
No. 120 del 05 de octubre del 2007).
Cuando el apoderamiento del vehículo automotor se realice en cualquiera de las
circunstancias prevista en el artículo 205 de este Código, a la pena prevista en el
artículo 207 párrafo primero se aumentará de cinco a diez años de prisión. (Ref. según
Dec. 707 de fecha 29 de julio de 2010, publicado en el P.O. No. 108 del 08 de
septiembre de 2010).
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y de
trescientos cincuenta a quinientos días multa al que a sabiendas y con independencia
de las penas que le corresponda por la comisión de otros delitos: (Ref. según Dec. 707
de fecha 29 de julio de 2010, publicado en el P.O. No. 108 del 08 de septiembre de
2010).
I. Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice conjunta o
separadamente sus partes;
II. Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados;
III. Detente, posea o custodie sin derecho, la documentación que acrediten la
propiedad o identificación de un vehículo robado o bien, la altere o modifique de
cualquier manera;
IV. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa; o
V. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.
I. Altere, modifique, falsifique, sustituya o suprima de cualquier modo, cualquiera
de las series o numeración que identifican un vehículo automotor robado o de
cualquiera de sus partes, o ejecute cualquier acto para ocultar la identidad
original de aquél o éstas; y (Adic. por Decreto 664 del 27 de septiembre del
2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05 de octubre del 2007).
II. Detente, posea, utilice, use, transite o custodie un vehículo robado. (Adic. por
Decreto 664 del 27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05
de octubre del 2007).
A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole, para la ejecución de las
actividades descritas en las fracciones anteriores, se le considerará copartícipe en los
términos del artículo 18 de este Código. (Adic. por Decreto número 593, publicado en el
P. O. No. 126 del 21 de octubre de 1998).
84
Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo
funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas,
además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le aumentará la pena de
prisión hasta en una mitad más y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo,
cargo o comisión públicos hasta por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta.
(Adic. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre de
1998).
ARTÍCULO 207 Bis A. Al que elabore o altere sin permiso de la autoridad competente
una placa, el engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales que
se expiden para identificar vehículos automotores, se le impondrán de cuatro a ocho
años de prisión y de doscientos ochenta a cuatrocientos cincuenta días multa.
Las mismas penas se impondrán al que posea, utilice, adquiera o enajene, cualquiera
de los objetos a que se refiere el párrafo anterior, a sabiendas de que sean robados,
falsificados u obtenidos indebidamente.
Igualmente se impondrán dichas penas a quien, a sabiendas utilice para un vehículo
robado o que se encuentre ilegalmente en el país, las placas, el engomado o los demás
documentos oficiales expedidos para identificar otro vehículo.
(Adic. por Decreto 664 del 27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del
05 de octubre del 2007).
ARTÍCULO 207 Bis B. A quien utilice para un vehículo las placas oficiales expedidas
para identificar otro vehículo, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y
hasta ciento cincuenta días multa.(Adic. por Decreto 664 del 27 de septiembre del
2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05 de octubre del 2007).
ARTÍCULO 208. Se impondrán las mismas penas previstas para el robo simple a
quien:
I. Se apodere de una cosa propia, si ésta se halla por cualquier título
legítimo en poder de otro; o
II. Aproveche energía eléctrica o algún fluido, sin consentimiento de la
persona que legalmente pueda disponer de ellos.
ARTÍCULO 209. Al que se apodere de una cosa mueble ajena, sin consentimiento de
la persona que legalmente pueda otorgarlo o de legítimo poseedor, con el sólo fin de
usarla temporalmente y no para apropiársela o enajenarla, se le aplicará prisión de tres
a nueve meses o de treinta a noventa días multa, siempre que justifique no haberse
85
negado a devolverla si se le requirió para ello. Como reparación del daño, además
pagará al ofendido el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada.
CAPÍTULO II
ROBO BANCARIO
ARTÍCULO 210. Se impondrá prisión de siete a viente años y de quinientos a mil días
multa, al que valiéndose de cualquier medio, ejerciendo violencia en contra de las
personas o las cosas se apodere de dinero, valores o bienes muebles que se
encuentren en el interior de una institución bancaria o de crédito que opere en el
Estado.
ARTÍCULO 211. Si la violencia constituyere algún otro delito, se aplicarán las reglas del
concurso.
Esta disposición no será aplicable cuando el delito tenga carácter federal, por así
determinarlo la ley.
CAPÍTULO III
ABUSO DE CONFIANZA
ARTÍCULO 212. Al que con perjuicio de alguien, disponga para si o para otro, de
cualquier cosa mueble ajena, de la que se le haya transmitido la tenencia pero no el
dominio, se le impondrá las siguientes penas:
I. Prisión de tres meses a dos años y de quince a sesenta veces multa,
cuando el monto de lo dispuesto no exceda de cuatrocientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; (Ref. Por Decreto No.
58, publicado en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
II. Prisión de uno a cuatro años y de noventa a ciento ochenta veces multa,
si el monto excede de cuatrocientas pero no de mil doscientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y (Ref. Por Decreto
No. 58, publicado en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
III. Prisión de cuatro a siete años y de ciento ochenta a quinientas veces
multa, si el monto es mayor de mil doscientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización. (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en
el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
ARTÍCULO 213. Se aplicarán las mismas penas previstas en el artículo anterior, al
que:
86
I. Disponga de una cosa mueble de su propiedad, si no tiene la libre
disposición de la misma a virtud de cualquier título legítimo; o
II. Siendo poseedor derivado de una cosa mueble, no la devuelva cuando
debiera hacerlo, a pesar de ser requerido formalmente por quien tenga
derecho o no lo entregue a la autoridad competente.
CAPÍTULO IV
FRAUDE
ARTÍCULO 214. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste
se encuentre, obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para
sí o para otro, se le impondrá las siguientes penas:
I. Prisión de tres meses a dos años y de veinte a cien veces multa, si el
monto de lo defraudado no excede de trescientas veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización; (Ref. Por Decreto No. 58, publicado
en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
II. Prisión de dos a seis años y de cien a doscientas veces multa, si el monto
de lo defraudado excede de trescientas pero no de mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización; y (Ref. Por Decreto No. 58,
publicado en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
III. Prisión de seis a diez años y de trescientas a quinientas veces multa si el
monto de lo defraudado excede de mil veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización. (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el P.O.
No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
ARTÍCULO 215. Las penas que correspondan de conformidad con el artículo anterior,
se aumentarán hasta una tercera parte, cuando el agente por cualquier motivo teniendo
a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro,
perjudica al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos,
haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, u
ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente.
87
ARTÍCULO 216. Las sanciones a que se refiere el artículo 214, también se aplicarán al
que:
I. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro,
otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro, un documento
nominativo, a la orden o al portador, contra una persona supuesta o que el
otorgante sabe que no ha de pagarlo.
II. Siendo fabricante, empresario, contratista o constructor emplee materiales
en cantidad o calidad inferior a la estipulada siempre que haya recibido el
precio o parte de él;
III. Teniendo la calidad de propietario, promotor, administrador, encargado o
autorizado para la venta de tiempo compartido en edificios que tengan ese
tipo de explotación, no cumplan las condiciones de servicio y
mantenimiento ofrecidos o pactados en la documentación que ampare el
derecho de los perjudicados;
IV. Siendo patrón, no pague a sus trabajadores al menos los salarios
mínimos y vigentes en el Estado;
V. Enajene o traspase una negociación, sin autorización de los acreedores
de ella o sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder de los
créditos, siempre que estos últimos resulten insolutos;
VI. Por sí o por interpósita persona, cause perjuicio al fraccionar y transferir la
propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o
rústico, con o sin construcciones, sin previo permiso de las autoridades
administrativas competentes, o cuando existiendo éste no se hayan
satisfecho los requisitos en él señalados. La sanción se aplicará aún en el
caso de falta de pago total o parcial del precio de la cosa o del derecho
transmitido; (Ref. según Dec. 769, publicado en el P.O. No. 026 del 27 de
febrero del 2013).
VII. Al que sin estar autorizado para hacerlo, ofrezca al público en general
pagarle intereses más altos que los cubiertos por las instituciones
financieras legalmente establecidas, logrando que mediante la celebración
de uno o más actos jurídicos de cualquier naturaleza, cinco o más
personas le entreguen dinero en efectivo y no cumpla sus compromisos
en los plazos estipulados, se le aplicarán de diez a quince años de prisión
y de quinientos a mil días multa. Si la conducta descrita es realizada por
una persona moral, dichas penas se impondrán a sus administradores,
gerentes y, en general, representantes legales, sin perjuicio de aplicar a la
88
persona jurídica colectiva cualquiera de las consecuencias previstas en el
artículo 70 de este Código; (Ref. según Dec. 769, publicado en el P.O. No.
026 del 27 de febrero del 2013).
VIII. Venda o intercambie por algún otro bien, vales o cualquier dispositivo
electrónico en forma de tarjeta plástica, utilizados para canjear bienes y
servicios, con conocimiento de que son falsos; (Ref. según Decreto 535,
publicado en el P.O. No. 102, del 23 de agosto del 2023).
IX. Haga efectivos vales o cualquier dispositivo electrónico en forma de
tarjeta plástica, utilizados para canjear bienes o servicios, ante las tiendas
o establecimientos que los aceptan, con conocimiento de que son falsos;
o (Ref. según Decreto 535, publicado en el P.O. No. 102, del 23 de
agosto del 2023).
X. Siendo particular y teniendo la posesión de un producto originado de la
actividad agrícola, ganadera, apícola, acuícola o pesquera, del que
hubiere pactado la compra de manera escrita o verbal con su productor, lo
enajene o lo someta a un proceso de transformación, ya sea por sí o por
interpósita persona, y no pague lo acordado en los términos, condiciones
y plazos convenidos. (Adic. según Decreto 535, publicado en el P.O. No.
102, del 23 de agosto del 2023).
CAPÍTULO V
DELITO INFORMÁTICO
ARTÍCULO 217. Comete delito informático, la persona que dolosamente y sin derecho:
I. Use o entre a una base de datos, sistema de computadores o red de
computadoras o a cualquier parte de la misma, con el propósito de
diseñar, ejecutar o alterar un esquema o artificio, con el fin de defraudar,
obtener dinero, bienes o información; o
II. Intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya un soporte lógico
o programa de computadora o los datos contenidos en la misma, en la
base, sistema o red.
Al responsable de delito informático se le impondrá una pena de seis
meses a dos años de prisión y de noventa a trescientos días multa.
89
CAPÍTULO VI
ABIGEATO
ARTÍCULO 218. Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más
cabezas de ganado ajeno, cualquiera que sea su especie, sin consentimiento de quien
legalmente pueda disponer de ellas, independientemente del lugar en donde se
encuentren y de que formen o no hato.
Se equiparará al abigeato y se sancionará con las mismas penas la adquisición de
ganado o sus despojos sin cerciorarse de su legítima procedencia, si éste resulta
robado.
ARTÍCULO 219. Se presumirá robado, salvo prueba en contrario, el ganado herrado
con un fierro no registrado ante la autoridad competente o con uno falsificado o
alterado mediante el uso de alambre, planchas, argollas o por cualquier otro medio.
ARTÍCULO 220. Al responsable del delito de abigeato consumado en ganado vacuno,
caballar o mular, se le sancionará con prisión de cinco a doce años y de ciento ochenta
a trescientos días multa. (Ref. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126
del 21 de octubre de 1998).
ARTÍCULO 221. Al responsable del delito de abigeato consumado en ganado de
cualquier otra de las especies no previstas en el artículo anterior, se le sancionará con
prisión de dos a siete años y de ochenta a doscientos cincuenta días multa. (Ref. por
Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre de 1998).
ARTÍCULO 222. Cuando se trate de ganado que sea pie de cría o sementales en
producción para el mejoramiento genético, se aumentarán las penas hasta una tercera
parte, según corresponda.
ARTÍCULO 223. Al que transporte ganado sin haber tomado las medidas necesarias
para cerciorarse de su procedencia legítima, se le impondrá prisión de seis meses a
tres años y de diez a sesenta días multa.
ARTÍCULO 224. Al que se apodere de cinco o más cabezas de ganado, cualquiera que
sea su especie, calidad o destino, se le impondrá prisión de seis a catorce años y de
doscientos cincuenta a cuatrocientos días multa. (Ref. por Decreto número 593,
publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre de 1998).
CAPÍTULO VII
DESPOJO
90
ARTÍCULO 225. Se aplicará prisión de seis meses a seis años y de veinte a doscientos
días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando
a éste:
I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le
pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro;
II. Ocupe un inmueble de su propiedad que se halle en poder de otras
personas por alguna causa legítima o ejerza actos de dominio que
lesionen los derechos del ocupante;
III. Desvíe o haga uso de aguas propias o ajenas en los casos en que la Ley
no lo permita, o haga uso de un derecho real sobre aguas que no le
pertenezca; y
IV. Ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del usuario de
dichas aguas.
ARTÍCULO 226. Si el despojo se realiza por dos o más personas o con violencia, se
aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, pero a los
autores intelectuales o a quienes dirijan el despojo se les aumentará prisión de uno a
seis años.
ARTÍCULO 227. Las penas previstas para el delito de despojo se impondrán aunque el
derecho a la posesión sea dudoso o esté sujeto a litigio.
CAPÍTULO VIII
DAÑOS
ARTÍCULO 228. Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena en
perjuicio de otro, se le impondrá prisión de tres meses a cinco años y de treinta a ciento
ochenta veces multa cuando los daños no excedan del equivalente a mil veces el valor
de la Unidad de Medida y Actualización. (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el P.O.
No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
Si el daño excediera de dicha cantidad, se impondrá de dos a ocho años de prisión y de
noventa a trescientos sesenta veces multa. (Ref. Por Decreto No. 58, publicado en el
P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el primer párrafo, al que dañe una
cosa propia si ésta se haya por cualquier título legítimo en poder de otra persona.
91
ARTÍCULO 229. Si el daño recae en bienes de valor científico, artístico, cultural o de
utilidad pública o se cometa por medio de inundación, incendio, minas, bombas o
explosivos, se impondrá prisión de cinco a diez años y de cincuenta a quinientos días
multa.
ARTÍCULO 230. Es punible el daño en propiedad causado culposamente.
CAPÍTULO IX
EXTORSIÓN
ARTÍCULO 231. Al que procurándose para sí o para otro un lucro indebido, obligue a
una persona a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o al de un tercero,
se le impondrá prisión de cuatro a doce años y de doscientos a cuatrocientos cincuenta
días multa.
Si la extorsión es realizada por una asociación delictuosa, o por servidor público, de
cualquier ámbito de la administración pública o corporación policíaca, la pena se
aumentará en una mitad; además, de la destitución del empleo, cargo o comisión y la
inhabilitación para desempeñar ese u otro empleo, cargo o puesto público hasta por
cinco años. Las mismas sanciones previstas en este párrafo, se aplicarán a quien
habiendo sido servidor público realice la extorsión dentro de los tres años siguientes
contados a partir de que concluyó la prestación de su servicio.
(Ref. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre de
1998).
CAPÍTULO X
USURA
ARTÍCULO 232. Comete el delito de usura, el que abusando de la necesidad o
ignorancia de una persona obtenga un lucro excesivo mediante préstamo con un
interés superior al bancario u otras ventajas económicas desproporcionadas, de
acuerdo con la naturaleza de la operación o con los usos comerciales.
Al responsable del delito de usura se le impondrá prisión de seis meses a ocho años y
de diez a cuatrocientos días multa.
El monto de la reparación del daño, será al menos igual a la desproporción del
beneficio económico obtenido o de los intereses devengados en exceso, o de ambos,
según sea el caso.
(Ref. Según Dec. 364 de 26 de julio de 2006, publicado en el P.O No. 095 de 09 de
agosto de 2006)
92
CAPÍTULO XI
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN
ARTÍCULO 233. Al que con ánimo de lucro, después de la ejecución de un delito y sin
haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél, a sabiendas
de esta circunstancia, o al que ayude a otro para los mismos fines, se le aplicará prisión
de dos a seis años y de sesenta a ciento ochenta días multa.
ARTÍCULO 234. Al que hubiese adquirido, ocultado o recibido el producto del delito sin
conocimiento de su ilegítima procedencia, por no poner el cuidado necesario para
asegurarse de que la persona de quien lo recibió tenía derecho para disponer de aquel,
se le aplicará hasta la mitad de las penas señaladas en el artículo anterior. (Ref. según
Dec. 707 de fecha 29 de julio de 2010, publicado en el P.O. No. 108 del 08 de
septiembre de 2010).
La pena prevista en el artículo 233 se aumentará en una mitad más cuando el sujeto
activo revista la calidad de servidor público de cualquier ámbito de la administración de
seguridad pública o corporación policial, además de la destitución del empleo, cargo o
comisión y la inhabilitación para desempeñar ese u otro empleo, cargo o puesto público
hasta por cinco años. (Adic. por Decreto número 873, publicado en el P. O. No. 080 del
03 de julio de 2013).
Se presume que no se tomaron las precauciones indispensables, cuando por la edad o
condiciones económicas del que ofrece la cosa o por la naturaleza o valor de ésta, o
por el precio en que se ofrece se infiera que no es propiedad del mismo.
Se aplicará prisión de dos a seis años y de sesenta a ciento ochenta días multa, en el
caso de que el producto del delito que se hubiese adquirido, ocultado o recibido sean
bienes, frutos, productos, materiales, equipo, maquinaria, implementos, aditamentos o
cualquier cosa relacionada, destinada, utilizada o propia de la actividad agrícola, se
presumirá que no se tomaron las precauciones indispensables, cuando no se obtenga
por quien los adquiere u oculta, la documentación o cualquier otro medio legal apto que
acredite la propiedad o derecho para disponer de ellos por aquel de quien se
adquieren. (Ref. según Dec. 707 de fecha 29 de julio de 2010, publicado en el P.O. No.
108 del 08 de septiembre de 2010).
ARTÍCULO 235. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que
exceda del máximo que se señale al delito encubierto.
CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES COMUNES
93
ARTÍCULO 236. En los casos de los delitos previstos por este título, no se aplicará
pena alguna si el sujeto activo espontáneamente restituye el objeto del delito y paga los
daños y perjuicios, o no siendo posible la restitución cubre su valor y los daños y
perjuicios, antes de que la autoridad investigadora tome conocimiento del ilícito,
siempre y cuando sea la primera vez que delinque y el delito no se hubiere cometido
con violencia.
Si antes de dictarse sentencia en primera instancia y con los mismos requisitos del
párrafo anterior, el inculpado hace la restitución o cubre el valor, o en su caso, el
producto de los daños y perjuicios correspondientes a ellos, se reducirán las penas a la
mitad de las que corresponderían por el delito cometido.
Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable tratándose de delitos en que el agente
sea un servidor público, si se aprovecha del cargo para cometerlo.
ARTÍCULO 237. Los delitos previstos en este Título se perseguirán por querella de
parte.
Se exceptúan de lo anterior, los de robo con violencia física o moral sobre las personas
o material sobre las cosas, previstos en los artículos 204, fracciones I y II; 205
fracciones I, II, III, VI y VIII; 207; 207 Bis, fracciones I, II, III, IV y V; y, 210; extorsión y
encubrimiento por receptación, los cuales se perseguirán de oficio. (Ref. Según Decreto
244, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 097 de fecha 12 de agosto
de 2022).
ARTÍCULO 238. La cuantía del objeto o del producto del delito se estimará atendiendo
a su valor intrínseco. Si el objeto o producto no fueren estimables en dinero o si por su
naturaleza no fuere posible fijar su valor, se aplicará prisión de tres meses a dos años y
de diez a doscientos días multa.
ARTÍCULO 239. Si el juzgador los creyere conveniente, además de las penas previstas
para cada uno de los delitos mencionados en este Título, podrá imponer al delincuente
suspensión de tres meses a cinco años, para ser perito, depositario, interventor judicial,
síndico, interventor en concursos o quiebras, asesor, representante de ausentes o en el
ejercicio de cualquier profesión para las que se requiera título o autorización especial.
SECCIÓN SEGUNDA
DELITOS CONTRA LA FAMILIA
TÍTULO ÚNICO
DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LA FAMILIA
94
CAPÍTULO I
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DE ASISTENCIA FAMILIAR
ARTÍCULO 240. Al que sin causa justificada no proporcione los recursos
indispensables de subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, se
le impondrá prisión de tres meses a dos años y de noventa a ciento ochenta días multa
y suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. (Ref.
según Dec. 332 publicado en el P.O. No. 72 del 17 de junio del 2009).
Este delito se perseguirá por querella de parte, excepto cuando el ofendido sea incapaz
y no tenga representante legal, caso en el cual el Ministerio Público procederá de oficio
a reserva de que se promueva la designación de un tutor especial.
Se declarará extinguida la pretensión punitiva, si no hay oposición del ofendido o su
representante, cuando antes de que exista sentencia ejecutoria, el obligado cubra los
alimentos vencidos y otorgue garantía suficiente ante la autoridad judicial de que en lo
sucesivo pagará lo que le corresponda.
En el caso de que los acreedores sean ancianos o enfermos, o si del incumplimiento
resultare alguna lesión o la muerte de los acreedores, estos delitos serán perseguibles
de oficio. (Adic. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril
del 2012).
Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los
acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. (Se recorre
según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
ARTÍCULO 241. Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia, con el
objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina,
se le impondrá prisión de seis meses a tres años y de ciento ochenta a trescientos
sesenta días multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del producto del trabajo que
realice el agente, a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste, con base en
las disposiciones aplicables del Código Civil del Estado.
Se impondrá hasta la mitad de la pena anterior, al que dolosamente incumpla con la
orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con las
obligaciones señaladas en los artículos anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del
plazo señalado en el oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el
descuento ordenado.
95
Este delito se perseguirá por querella de parte, excepto cuando el ofendido sea menor
de edad o incapaz y no tenga representante legal, caso en el cual el Ministerio Público
procederá de oficio, a reserva de que promueva la designación de un tutor especial.
(Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
Se declarará extinguida la pretensión punitiva, si no hay oposición del ofendido o su
representante, cuando antes de que exista sentencia ejecutoria, el obligado cubra los
alimentos vencidos y otorgue garantía suficiente ante la autoridad judicial de que en lo
sucesivo pagará lo que le corresponda. (Adic. según Dec. 515, publicado en el
Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
CAPÍTULO I BIS
VIOLENCIA FAMILIAR
(Ref. según Dec. 515, publicado en el P.O. No. 51 del 25 de abril de 2012)
ARTÍCULO 241 Bis. Por violencia familiar debe entenderse cualquier acción u omisión
que de manera directa e indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psico-
emocional, económico o patrimonial, por parte de pariente consanguíneo en línea recta
ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o
por afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina o concubinario,
cónyuge o excónyuge o con quien se haya procreado hijos.
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a seis años de
prisión, prohibición de ir a lugar determinado, en su caso, y perderá el derecho de
pensión alimenticia. Asimismo, se le impondrá medida de seguridad consistente en
tratamiento psicológico especializado, independientemente de las sanciones que
correspondan por las lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte. (Ref.
Según Decreto No. 379, publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero de 2018).
(Ref. según Dec. 515, publicado en el P.O. No. 51 del 25 de abril de 2012)
ARTÍCULO 241 Bis A. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las
mismas consecuencias jurídicas previstas en el artículo anterior, al que realice
cualquiera de los actos señalados en dicho precepto en contra de la persona con la que
se encuentra unida fuera de matrimonio, o de cualquier otra persona que esté sujeta a
su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el
agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. (Ref. según Dec.
515, publicado en el P.O. No. 51 del 25 de abril de 2012)
ARTÍCULO 241 Bis B. En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes,
el Ministerio Público apercibirá al probable responsable para que se abstenga de
cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas
necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad
96
administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el
Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes
de manera inmediata, que en ningún caso excederá de veinticuatro horas, y el juez
resolverá sin dilación. (Adic. por Decreto 270, publicado en el P.O. No. 38 del 28 de
marzo de 2003)
ARTÍCULO 241 Bis C. El delito de violencia familiar se perseguirá por querella; y de
oficio, en los siguientes supuestos:
I. La víctima sea persona adulta mayor, menor de edad o incapaz; (Ref. Según
Decreto No. 379, publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero de 2018).
II. La víctima sea una mujer; (Ref. Según Decreto No. 379, publicado en el P.O. No.
020 del 12 de febrero de 2018).
III. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes;
IV. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; (Ref. Según Decreto
No. 379, publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero de 2018).
V. Existan datos de prueba que establezcan conductas previas de violencia familiar
cometidos por el mismo agresor contra la víctima; y (Ref. Según Decreto No.
379, publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero de 2018).
VI. La víctima haya sido expuesta en lugar público. (Adic. Según Decreto No. 379,
publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero de 2018).
(Ref. Según Dec. 515, publicado en el P.O. No. 51 del 25 de abril de 2012)
CAPÍTULO I TER
FRAUDE FAMILIAR
(Ref. Por Decreto No. 138, publicado en el P.O. No. 065 del 24 de mayo de
2017).
ARTÍCULO 241 Bis D. A la o el cónyuge o concubino, o concubina, que en detrimento
de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el
concubinato respectivamente, oculte, transfiera por cualquier medio o adquiera bienes
a nombre de terceros, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y de cien a
trescientos días multa.
El delito previsto en este Capítulo será sancionado por querella de la parte ofendida.
(Ref. Por Decreto No. 138, publicado en el P.O. No. 065 del 24 de mayo de 2017).
97
CAPÍTULO 1 QUA TER
VIOLENCIA VICARIA
ARTÍCULO 241 Bis E. Entiéndase por Violencia Vicaria, todo acto u omisión dolosa
ejercida por parte de una persona que sea o haya sido cónyuge o concubino, mantenga
o haya mantenido una relación de hecho, de afectividad o sentimental con la víctima
directa, realizada por sí misma o a través de interpósita persona, y que se encuentra
dirigida hacia una persona considerada víctima indirecta con quien la víctima directa
tiene una relación de parentesco por consanguinidad en línea recta ascendente o
descendente, sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad
hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina o concubinario, cónyuge o
excónyuge, o con quien tenga o haya tenido una relación de hecho, con el objeto de
causarle algún tipo de daño o afectación a la víctima directa ya sea física, psicológica,
emocional o patrimonial.
A quien cometa el delito de violencia vicaria, se le impondrá de tres a ocho años de
prisión y de cien a trescientos días multa.
Cuando la víctima indirecta fuese una persona discapacitada, en estado de
indefensión, o desventaja, la pena se aumentará hasta en una tercera parte.
Cuando la víctima indirecta sea niña, niño o adolescente, se le restringirá al sujeto
activo el régimen de visitas y se suspenderá la guarda y custodia de quienes tengan la
patria potestad por el tiempo que dure la pena.
(Adic. Por Decreto No. 259, publicado en el P.O. No. 115 del 23 de septiembre de
2022).
CAPÍTULO II
SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES
ARTÍCULO 242. Al que sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a un
menor de edad o a un incapaz, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su
custodia o guarda, o lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia, se le
impondrá prisión de tres a seis años y de cincuenta a doscientos días multa. (Ref. Por
Decreto número 649, de 27 de septiembre del 2007, y publicado en el P.O. No. 119 de
03 de octubre de 2007).
Cuando la sustracción de un menor o un incapaz, sin el consentimiento de quien
legítimamente tenga su custodia o guarda, o lo retenga con la finalidad de violar
98
derechos de familia, lo cometa un familiar que no ejerza sobre él la patria potestad ni la
tutela, se le impondrá de uno a tres años de prisión. (Ref. Por Decreto 664 del 27 de
septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05 de octubre del 2007).
Si el agente devuelve al menor o incapaz espontáneamente, dentro de los seis días
siguientes a la consumación del delito se le aplicará hasta una tercera parte de las
penas señaladas en los párrafos anteriores, según sea el caso.
ARTÍCULO 242 BIS. Se impondrá de uno a tres años de prisión; y de cincuenta a cien
días de multa, al ascendiente que retenga o sustraiga a una persona menor o incapaz,
en los siguientes casos:
I. Que haya perdido judicialmente la patria potestad o ejerciendo ésta, se
encuentre suspendido o limitado; o bien, ésta se encuentre sub júdice por
autoridad legalmente competente;
II. No tenga la guarda y custodia provisional o definitiva, o la tutela sobre el menor
de edad o incapaz;
III. Sin haber causa legalmente justificada, no permita las convivencias decretadas
por resolución judicial, y
IV. Teniendo la guarda y custodia compartida, no devuelva a la persona menor en
los términos de la resolución que se haya dictado para ello.
(Adic. según Dec. 333 publicado en el P.O. No. 72 del 17 de junio del 2009).
CAPÍTULO III
TRÁFICO DE MENORES
ARTÍCULO 243. Al que con o sin el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o
de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido
declarada, ilegítimamente lo entregue a un tercero para su custodia definitiva o
cualquier otro fin, a cambio de un beneficio económico, se le aplicará prisión de cuatro
a doce años y de doscientos a seiscientos días multa. (Ref. por Decreto número 649,
de 27 de septiembre del 2007, y publicado en el P.O. No. 119 de 03 de octubre de
2007).
Las mismas penas se aplicarán a los que otorguen el consentimiento a que se refiere
este artículo y al tercero que reciba el menor.
Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio
económico, la pena aplicable al que lo entregue será de uno a tres años de prisión.
99
Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo para incorporarlo a su núcleo familiar y
otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, se le impondrá prisión de tres
meses a un año y de veinte a ochenta días multa.
Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere el párrafo
inicial, las penas se aumentarán hasta el doble según sea el caso.
A quienes teniendo el ejercicio de la patria potestad, tutela o custodia, cometan el delito
previsto por este artículo, se les sancionará, además, con privación de aquél y de los
derechos de familia en relación con el ofendido.
CAPÍTULO IV
DELITOS CONTRA LA FILIACIÓN
Y EL ESTADO CIVIL
ARTÍCULO 244. Se aplicará prisión de uno a seis años y privación de los derechos
inherentes al parentesco, a la custodia o a la tutela en relación con el ofendido, al que:
I. Inscriba o haga inscribir en el Registro Civil a una persona con una
filiación que no le corresponda u ocultando indebidamente el nombre de
uno o ambos progenitores;
II. Inscriba o haga inscribir el nacimiento de una persona, sin que éste
hubiese ocurrido;
III. Omita la inscripción de una persona, teniendo dicha obligación con el
propósito de hacerle perder los derechos derivados de su filiación;
IV. Desconozca o haga incierta la relación de filiación para liberarse de las
obligaciones derivadas de la patria potestad;
V. Dolosamente sustituya a un menor por otro o cometa ocultación de aquél
para perjudicarlo en sus derechos de familia;
VI. Usurpe el estado civil o la filiación de otro, con el fin de adquirir derechos
de familia que no le correspondan;
VII. Registre o haga registrar un divorcio o nulidad de matrimonio que no
hubiese sido declarado por sentencia ejecutoria; o
VIII. Declare falsamente el fallecimiento de una persona en el acta respectiva.
100
CAPÍTULO V
BIGAMIA
ARTÍCULO 245. Comete el delito de bigamia el que estando unido en matrimonio no
disuelto ni declarado nulo por sentencia ejecutoria, contraiga otro con las formalidades
legales.
ARTÍCULO 246. A los responsables del delito de bigamia se les impondrá sanción de
uno a cinco años de prisión y de diez a cuarenta días multa.
Igual sanción se aplicará al otro contrayente si conocía el impedimento al tiempo de
celebrarse el segundo matrimonio.
ARTÍCULO 247. A los testigos y a las personas que intervengan en el celebración del
nuevo matrimonio, a sabiendas de la vigencia legal del anterior, se les impondrá de tres
meses a dos años de prisión y de uno a diez días multa. Igual sanción se aplicará a
quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, que a sabiendas dieran su consentimiento
para la celebración del nuevo matrimonio.
CAPÍTULO VI
INCESTO
ARTÍCULO 248. Se impondrá la pena de dos a ocho años de prisión a los
ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes.
La pena aplicable a estos últimos, será de uno a cinco años de prisión. Esta misma
sanción se aplicará en caso de incesto entre hermanos.
SECCIÓN TERCERA
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD
TÍTULO PRIMERO
DELITOS DE PELIGRO CONTRA
LA SEGURIDAD COLECTIVA
CAPÍTULO I
DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y ATAQUES PELIGROSOS
101
ARTÍCULO 249. Se aplicará pena de prisión de tres a seis años y de cincuenta a ciento
cincuenta días multa al que dispare a una persona un arma de fuego. (Ref. según Dec.
515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
Salvo en los casos de deporte, prácticas de tiro dentro o fuera de competencia o
periciales, en que no se aplicará pena alguna, si el disparo no se dirige contra alguna
persona, se aplicarán de seis meses a dos años de prisión o de treinta a cincuenta días
multa.
Se aumentará hasta un tercio más de la sanción cuando la víctima sea o haya sido
cónyuge, concubina, concubinario o tenga una relación de hecho con el sujeto activo.
(Adic. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del
2012).
ARTÍCULO 250. Se aplicará prisión de uno a cuatro años y de diez días multa, al que
ataque a otro de tal manera que, en razón del medio empleado, del arma, la fuerza o
destreza de la persona o de cualquier otra circunstancia semejante, pueda producir
como resultado la muerte. (Ref. por Decreto 664 del 27 de septiembre del 2007,
publicado en el P.O. No. 120 del 05 de octubre del 2007).
CAPÍTULO II
PELIGRO DE DEVASTACIÓN
ARTÍCULO 251. Al que por incendio, explosión, inundación o por cualquier otro medio,
cree un peligro común para los bienes o para las personas, se le impondrá: prisión de
dos a cuatro años si el delito fuere culposo grave; de tres a seis años si fuere doloso y
de cinco a quince años si se realizare en lugares habitados o concurridos por el público.
CAPÍTULO III
ARMAS PROHIBIDAS
ARTÍCULO 252. A quien porte, fabrique o acopie sin un fin lícito, instrumentos de los
no previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que sólo puedan ser
utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o
recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de ciento ochenta a
trescientos días multa y decomiso. (Ref. por Decreto 664 del 27 de septiembre del
2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05 de octubre del 2007).
Se entiende por acopio, la reunión de cinco o más armas de las que se refiere el
párrafo anterior.
Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su
cargo, sujetándose a la reglamentación respectiva.
102
CAPÍTULO IV
ASOCIACIÓN DELICTUOSA
ARTÍCULO 253. Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas
organizadas para delinquir, se le impondrá de uno a seis años de prisión,
independientemente de la pena que le corresponda por el delito que pudiera cometer o
haya cometido.
Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna
corporación de seguridad pública, la pena a que se refiere el párrafo anterior se
aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o
comisión públicos e inhabilitación de tres a seis años para desempeñar otro. (Adic. Por
Decreto No. 650 del 27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05 de
octubre del 2007).
CAPÍTULO V
PROVOCACIÓN PARA COMETER UN DELITO
Y APOLOGÍA DE ÉSTE O DE ALGÚN VICIO
ARTÍCULO 254. Al que provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de
éste o de algún vicio, se le aplicará prisión de tres meses a dos años y de diez a
cincuenta días multa, si el delito no se ejecutare.
CAPITULO VI
DE LOS DELITOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
(Adicionado por Decreto No. 493, publicado en el P.O. No. 42 de 08 de Abril de 1998).
Artículo 254 BIS. Se impondrán prisión de uno a cinco años y de cien a mil días multa,
al que en forma ilícita venda o distribuya bebidas alcohólicas.
Artículo 254 BIS A. Las mismas sanciones del artículo anterior se aplicarán a quien:
I.- Permita, auspicie, induzca o realice la venta o distribución de bebidas alcohólicas en
casa-habitación;
II.- A sabiendas permita, auspicie, induzca, ordene o realice la venta o la distribución de
bebidas alcohólicas a vendedores clandestinos; o
103
III.- Permita, auspicie, induzca, ordene o realice la introducción, distribución o venta de
bebidas alcohólicas en los lugares destinados al cumplimiento de la pena de prisión.
Artículo 254 BIS B. Se aplicarán de dos a siete años de prisión, y de cien a mil días
multa al servidor público que realice, encubra o favorezca la venta o distribución ilegal
de bebidas alcohólicas.
Artículo 254 BIS C. A quienes cometan en forma reiterada algunos de los delitos
señalados, se les aplicará de cinco a nueve años de prisión y de trescientos a mil días
multa.
Se considera que se cometen en forma reiterada alguno de los delitos de este capítulo,
a quienes hayan sido anteriormente condenados por alguno de ellos.
Artículo 254 BIS D. En el caso de los delitos precisados en este capítulo,
independientemente de las sanciones que correspondan, procederá el decomiso de la
propiedad o posesión de instrumentos, objetos y productos del delito.
TÍTULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
CAPÍTULO I
ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y A LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE
ARTÍCULO 255. Las disposiciones de este Título sólo tendrán aplicación, cuando se
trate de delitos que no sean de la competencia de los tribunales federales.
ARTÍCULO 256. Para los efectos de este Código, son vías de comunicación las de
tránsito destinadas al uso público.
ARTÍCULO 257. Al que ilícitamente y de cualquier modo dañe, altere o destruya alguna
vía o medio de comunicación o de transporte público, o modifique las señales
correspondientes interrumpiendo o dificultando los servicios, se le aplicará prisión de
tres meses a cinco años y de cincuenta a cuatrocientos días multa.
ARTÍCULO 258. Al que dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la
prestación de un servicio público de comunicación o de transporte, se le impondrá
prisión de tres meses a tres años y de veinte a ciento cincuenta días multa.
104
ARTÍCULO 259. Si la ejecución de los hechos a que se refieren las disposiciones
anteriores, se realiza por medio de explosivos o materiales incendiarios, las penas se
aumentarán hasta el doble previsto para cada una de ellas.
ARTÍCULO 260. Al que indebidamente retenga cualquier vehículo destinado al servicio
público o dificulte sus servicios, se le aplicará prisión de tres meses a dos años o de
cincuenta a trescientos días multa.
ARTÍCULO 261. Al que dolosamente ponga en movimiento un medio de transporte,
provocando su desplazamiento sin control que pueda causar daño, se le impondrá
prisión de uno a tres años.
ARTÍCULO 262. Al que empleando explosivos o materias incendiarias o por cualquier
otro medio destruya total o parcialmente un vehículo de servicio público estando
ocupado por una o más personas, se le aplicará prisión de diez a quince años y de
trescientos a quinientos días multa.
ARTÍCULO 263. Cuando se cause algún daño por medio de cualquier vehículo
automotor o maquinaria, además de aplicar las sanciones por el delito que resulte, se
podrá inhabilitar al delincuente para manejar aquellos aparatos de un mes a dos años.
CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO 264. Al que maneje un vehículo automotor hallándose en estado de
ebriedad o bajo el influjo de sustancias que impidan o perturben su adecuada
conducción y cause daños a personas o cosas, se le aplicará prisión de tres meses a
un año, o de sesenta a ciento ochenta días multa, sin perjuicio de las penas que le
correspondan por los otros delitos.
Si este delito se comete por conductores de vehículos de transporte escolar o de
servicio público de pasajeros o de carga, se aplicará de seis meses a dos años, de
ciento ochenta a trescientos sesenta días multa y se les inhabilitará para conducir
dichos vehículos de seis meses a cinco años.
CAPÍTULO III
VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO 265. Al que dolosamente abra o intercepte una comunicación escrita que
no esté dirigida a él, se le impondrá prisión de tres a seis meses o de diez a treinta días
multa.
105
Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende a los que ejerciendo la patria
potestad, la tutela o la custodia, abran o intercepten las comunicaciones escritas
dirigidas a sus hijos menores de edad o a las personas que se hallen bajo su tutela o
guarda.
Este delito se persigue por querella de parte.
TÍTULO TERCERO
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
CAPÍTULO I
FALSIFICACIÓN Y USO INDEBIDO DE SEÑAS, MARCAS, LLAVES
CONTRASEÑAS Y OTROS OBJETOS
ARTÍCULO 266. Se impondrá prisión de seis meses a cinco años y de cincuenta a
trescientos días multa:
I. Al que altere la impresión de los sellos, marcas o cualquier otro objeto que
sirva para legalizar o identificar una función oficial del Estado o de los
municipios;
II. Al que falsifique los objetos a que se refiere la fracción anterior;
III. Al que enajene los objetos a que se refieren las fracciones anteriores, o a
sabiendas haga uso de ellos o de sus impresiones aún cuando sean de
empleo oficial de otra entidad federativa o de sus municipios; o
IV. Al que procurándose los verdaderos sellos, marcas u objetos que sirvan
para legalizar o identificar una función oficial, haga uso indebido de ellos.
ARTÍCULO 267. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de veinticinco a
doscientos días multa cuando los objetos a que se refieren las conductas delictivas
tipificadas en el artículo anterior, sean de uso particular y su autor se proponga obtener
un beneficio o causar un perjuicio.
CAPÍTULO II
FALSIFICACIÓN, DESTRUCCIÓN Y USO
INDEBIDO DE DOCUMENTOS
ARTÍCULO 268. Se impondrá prisión de seis meses a tres años y de cinco a
veinticinco días multa, al que para obtener un beneficio o para causar un daño:
106
I. Falsifique o altere un documento público o privado;
II. Inserte o haga insertar en un documento público o privado hechos falsos
concernientes a circunstancias que el documento deba probar, altere uno
verdadero o lo suprima, oculte o destruya;
III. Aproveche la firma o huella digital estampada en un documento en
blanco, estableciendo una obligación o liberación, o la estampe en otro
documento que pueda comprometer bienes jurídicos ajenos; o
IV. Se atribuya, al extender un documento, o atribuya a un tercero un nombre,
investidura, título, calidad o circunstancia que no tenga, y que sea
necesaria para la validez del acto; igual pena se aplicará al tercero si se
actúa con su consentimiento.
ARTÍCULO 269. Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán al
que, con los mismos fines:
I. Por engaño o por sorpresa hiciere que alguien firme un documento
público o privado, que no habría firmado de haber conocido su contenido;
II. Hiciere uso de un documento verdadero expedido en favor de otro, como
si lo hubiera sido a su favor;
III. Exhiba una certificación de enfermedad o impedimento que no tenga, para
eximirse de un servicio debido legalmente o de una obligación que la ley
le imponga; o
IV. A sabiendas, haga uso indebido de cualquier documento, copia,
testimonio o transcripción del mismo.
ARTÍCULO 270. Cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo sea ejecutado
por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será penado además con
privación del empleo e inhabilitación para ocupar otro cargo público hasta por tres
años.
ARTÍCULO 271. Al que haga uso de un documento falso o alterado para obtener un
beneficio o causar daño, se le impondrá prisión de tres meses a tres años y de quince a
noventa días multa, con independencia de las sanciones que le correspondan por la
comisión de otros delitos.
107
ARTÍCULO 271 Bis. Se impondrán de tres a nueve años de prisión y de cien a
quinientos días multa, al que, sin consentimiento de quien esté facultado para ello:
I. Produzca, imprima, enajene, aún gratuitamente, distribuya, altere o falsifique
tarjetas, títulos o documentos utilizados para la adquisición de bienes y servicios
o para disposición de efectivo, otorgados por empresas comerciales distintas de
las bancarias;
II. Adquiera con propósito de lucro indebido, utilice, posea o detente, sin causa
legitima, los objetos a que se refiere la fracción anterior o auténticos, sin el
consentimiento de quien este facultado para ello;
III. Altere los medios de identificación electrónica, o cualquiera de los objetos a que
se refiere la fracción I.
IV. Acceda a los equipos electromagnéticos de las instituciones emisoras de
tarjetas, títulos, vales o documentos para el pago de bienes y servicios o para
disposición de efectivo; (Ref. según Dec. 769, publicado en el P.O. No. 026 del
27 de febrero del 2013).
V. Adquiera, utilice o posea equipos electromagnéticos o electrónicos para sustraer
la información contenida en la cinta o banda magnética de tarjetas, títulos, vales
o documentos, para el pago de bienes y servicios o para disposición en efectivo,
así como a quien posea o utilice la información sustraída, de esta forma; (Ref.
según Dec. 769, publicado en el P.O. No. 026 del 27 de febrero del 2013).
VI. Utilice indebidamente información confidencial reservada de las instituciones o
persona que esté facultada para emitir tarjetas, títulos, vales o documentos
utilizados para el pago de bienes y servicios, o de los titulares de dichos
instrumentos o documentos; o, (Ref. según Dec. 769, publicado en el P.O. No.
026 del 27 de febrero del 2013).
VII. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere, o falsifique vales o cualquier
dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, utilizados para canjear bienes
y servicios. (Ref. según Dec. 769, publicado en el P.O. No. 026 del 27 de febrero
del 2013).
En los casos de las fracciones VI y VII, si el sujeto activo es empleado o dependiente
del ofendido, las penas se aumentarán hasta en una mitad.
(Adic. por Decreto 664 del 27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del
05 de octubre del 2007).
108
CAPÍTULO III
USURPACIÓN DE PROFESIONES
ARTÍCULO 272. Al que sin serlo, se atribuya el carácter de profesionista, ofrezca
públicamente sus servicios como tal o realice actividades propias de una profesión sin
tener el título correspondiente o sin la debida autorización, se le impondrá prisión de
tres meses a cinco años y de veinte a doscientos días multa.
Las mismas penas se aplicarán al que sin tener título o autorización para ejercer alguna
profesión reglamentada, con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente
autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación
profesional.
CAPÍTULO IV
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA
(Adic. Por Decreto 474, publicado en el P.O. No. 065 de 25 de mayo de 2018)
ARTÍCULO 272 Bis. Se entiende por número de emergencia, aquellos números
telefónicos de un sistema de respuesta de llamada telefónica de emergencia o su
equivalente, proporcionados por las autoridades en materia de seguridad pública,
protección civil, bomberos, cruz roja o cualquiera destinado a atender emergencias en
la población.
(Adic. Por Decreto 474, publicado en el P.O. No. 065 de 25 de mayo de 2018)
ARTÍCULO 272 Bis A. Al que por cualquier medio de comunicación y sin existir razón
que lo justifique, envíe mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a un
sistema de respuesta de llamada telefónica, de emergencia o su equivalente con el
objeto de inducir al error y movilizar a los sistemas de emergencias y urgencias o sus
equivalentes, se le impondrá de tres a seis meses de prisión y, de dieciocho a treinta y
seis días multa.
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se altera el orden público o se distrae
el estado de fuerza de la autoridad, se impondrán de uno a dos años prisión y, de
setenta y dos a doscientos días multa.
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de doscientos
cincuenta a cuatrocientos días multa.
El uso indebido de los servicios de emergencia para movilizar cuerpos de emergencia,
se perseguirá a petición del representante legal de la institución cuya movilización se
pretenda realizar o se haya realizado como consecuencia del aviso de emergencia.
109
Cuando las llamadas o mensajes falsos las realicen menores de edad, se sancionará
de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Sinaloa, y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes.
(Adic. Por Decreto 474, publicado en el P.O. No. 065 de 25 de mayo de 2018)
SECCIÓN TERCERA
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD
TÍTULO CUARTO
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA
CAPÍTULO I
CORRUPCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MENORES E INCAPACES,
PORNOGRAFÍA INFANTIL, PROSTITUCIÓN DE MENORES Y TURISMO SEXUAL
(Ref. por Decreto 284, publicado en el P.O. No. 034 de 20 de marzo de 2009)
ARTÍCULO 273. Al que procure o facilite la corrupción de un menor de dieciocho años
de edad o de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho,
mediante actos encaminados a su perversión sexual, o impulsándolo a la práctica de la
prostitución, la mendicidad; o bien al consumo de bebidas embriagantes, permitiendo la
venta de éstas o suministrándoselas de cualquier forma; lo estimule o induzca a formar
parte de una asociación delictuosa, a pertenecer a la delincuencia organizada o a
cometer cualquier delito, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y de
quinientos a setecientos días multa, y se le inhabilitará para ser tutor o curador. (Ref.
según Dec. 336, publicado en el P.O. No. 74 de fecha 22 de junio del 2009).
Al que induzca, fomente, procure, propicie, posibilite, promueva, favorezca o facilite el
consumo de narcóticos por un menor de dicha edad o, de cualquier forma le haga
entrega de los mismos, se le impondrá de seis a catorce años de prisión y de
setecientos a mil días multa, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que pudieran
corresponderle si resultare la comisión de otros delitos.
Al que introduzca, fomente, procure, favorezca, incite, facilite o permita a menores de
dieciocho años de edad, el uso de cualquier máquina de juegos de azar en las cuales el
resultado dependa de la suerte y no de la destreza o del conocimiento y cuyo fin sea la
obtención inmediata de un premio en numerario, se le impondrá de tres a seis años de
prisión y de setecientos a mil días multa, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas
que pudieran corresponderle si resultare la comisión de otros delitos. (Adic. según Dec.
336 publicado en el P.O. No. 74 del 22 de junio del 2009).
110
Si el delito es cometido con un menor de doce años de edad, las penas se aumentarán
hasta en una mitad.
(Ref. por Decreto número 649, de 27 de septiembre del 2007, y publicado en el P.O.
No. 119 de 03 de octubre de 2007).
ARTÍCULO 274. Al que emplee a menores de dieciocho años de edad en cantinas,
tabernas, establecimientos que cuenten con máquinas de juegos de azar cuyo
resultado es la obtención inmediata de un premio en numerario, o cualquier otro centro
de vicio, se le impondrá prisión de dos a cinco años y de doscientos a quinientos días
multa, y además, se sancionará con cierre definitivo del establecimiento. (Ref. según
Dec. 336, publicado en el P.O. No. 74 del 22 de junio del 2009).
A los padres o tutores que acepten que los menores sujetos a su patria potestad,
custodia o tutela, se empleen en los referidos establecimientos, se les impondrá prisión
de seis meses a dos años y se les privará, suspenderá o inhabilitará hasta por cinco
años en el ejercicio de aquellos derechos y, en su caso, del derecho a los bienes del
ofendido.
Para los efectos de este precepto, se considerará que es empleado, el menor de edad
que preste sus servicios por un salario, o cualquier otra prestación.
ARTÍCULO 274 Bis. Al que procure, facilite, obligue o induzca por cualquier medio a
uno o más menores de dieciocho años, con o sin su consentimiento, a realizar actos de
exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, con el objeto y fin de videograbarlos,
fotografiarlos o exhibirlos por cualesquier medio, con o sin el ánimo de obtener un
lucro, se le impondrán de seis a doce años de prisión y de setecientos a mil días de
multa.(Ref. por Decreto número 649, de 27 de septiembre del 2007, y publicado en el
P.O. No. 119 de 03 de octubre de 2007).
Al que por cualquier medio fije, grabe o imprima actos de exhibicionismo corporal,
lascivos o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años se le
impondrá la pena de ocho a catorce años de prisión y de quinientos a mil días de multa.
La misma pena se impondrá a quien con fines de lucro o sin él, elabore, reproduzca,
venda, arriende, exponga, publicite, distribuya o transmita el material a que se refieren
las acciones anteriores.
Se impondrá prisión de ocho a dieciséis años y de ochocientos a mil días multa, así
como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a quien por sí o a
través de terceros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación con el
propósito que se realicen las conductas previstas en los dos párrafos anteriores.
111
Si el delito es cometido con un menor de doce años de edad, las penas se aumentarán
hasta en una mitad. (Ref. por Decreto número 649, de 27 de septiembre del 2007, y
publicado en el P.O. No. 119 de 03 de octubre de 2007).
ARTÍCULO 274 Bis A. Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona
menor de dieciocho años de edad, para que ejerza la prostitución dentro o fuera del
territorio de la entidad, se le impondrá prisión de seis a catorce años y de doscientos a
mil días multa. (Ref. Por Decreto número 649, de 27 de septiembre del 2007, y
publicado en el P.O. No. 119 de 03 de octubre de 2007).
ARTÍCULO 274 Bis B. Las penas previstas en los artículos 273, 274 Bis y 274 Bis A se
aumentarán hasta una mitad cuando el delincuente tenga parentesco por
consanguinidad, por afinidad o civil con la víctima, sea su tutor o curador o habite en el
mismo domicilio con ella, aunque no existiera parentesco alguno; asimismo perderá la
patria potestad respecto del ofendido y el derecho que pudiera tener respecto a los
bienes de éste, en su caso.(Ref. por Decreto número 649, de 27 de septiembre del
2007, y publicado en el P.O. No. 119 de 03 de octubre de 2007).
ARTÍCULO 274 Bis C. Si en la comisión de los delitos previstos en este capítulo se
emplease la violencia, o el agente se valiese de la función pública que desempeña o
aproveche los medios o circunstancias que le proporciona la profesión, oficio o cargo
que ejerza, la pena se agravará en dos terceras partes más y se le destituirá del
empleo, cargo o comisión pública e inhabilitará para ocupar o ejercer otro similar, o se
le suspenderá en el ejercicio de la profesión, según sea el caso.(Ref. por Decreto
número 649, de 27 de septiembre del 2007, y publicado en el P.O. No. 119 de 03 de
octubre de 2007).
ARTÍCULO 274 Bis D. Al que teniendo conocimiento directo de la comisión de alguna
de las conductas de corrupción o explotación de menores, de pornografía infantil o de
prostitución de menores tipificadas en el presente capítulo, no las denuncie ante las
autoridades preventivas o investigadoras de los delitos, se les impondrán de tres
meses a un año de prisión o de cincuenta a doscientos días multa.(Adic. Por Decreto
número 649, de 27 de septiembre del 2007, y publicado en el P.O. No. 119 de 03 de
octubre de 2007).
ARTÍCULO 274 Bis E. Comete el delito de turismo sexual quien financie, promueva,
publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio para que una persona viaje al
interior o exterior del territorio del Estado, con la finalidad de que realice cualquier tipo
de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho
años de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. Al
autor de este delito se le impondrá una pena de siete a doce años de prisión y de
ochocientos a dos mil días multa.
112
A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias
personas menores de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la
conducta, en virtud de las conductas antes descritas, se le impondrá una pena de doce
a dieciséis años de prisión y de dos mil a tres mil días multa.
(Adic. según Decreto No. 284, del 26 de febrero del 2009, publicado en el P.O. No. 034
de fecha 20 de marzo del 2009).
CAPÍTULO II
LENOCINIO
ARTÍCULO 275. Al que explote el comercio carnal de otro se mantenga de este
comercio u obtenga de él un beneficio cualquiera, o administre o sostenga lugares
dedicados a explotar la prostitución, se le impondrá de seis meses a ocho años de
prisión y de cien a quinientos días multa.
Si el agente fuere ascendiente, tutor, curador, cónyuge, concubinario o concubina, o
tuviere cualquier otra autoridad sobre la persona explotada, se le impondrá prisión de
seis meses a diez años y además será privado de todo derecho sobre los bienes de
aquélla en su caso, e inhabilitado el tutor o curador, para el ejercicio de la patria
potestad o para ejercer la función u ocupación en virtud de las cuales ejercía aquella
autoridad.
CAPÍTULO III
TRATA DE PERSONAS
Derogado
(Por Decreto No. 220 del 14 de junio de 2011 y publicado en el
P.O. No. 083 del 13 de julio de 2011).
ARTÍCULO 276. Derogado (Por Decreto No. 220 del 14 de junio de 2011 y publicado
en el P.O. No. 083 del 13 de julio de 2011.)
113
TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS MUERTOS
Y CONTRA LAS NORMAS DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS MUERTOS
Y CONTRA LAS NORMAS DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN
ARTÍCULO 277. Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de treinta a trescientos
días multa, al que ilegítimamente:
I. Destruya, mutile, oculte, traslade, incinere, sepulte, exhume o haga uso
de un cadáver o restos humanos; o
II. Sustraiga o esparza las cenizas de un cadáver o restos humanos o
cometa actos de vilipendio sobre los mismos, o viole o vilipende el lugar
donde éstos se encuentran.
ARTÍCULO 278. Al que profane un cadáver con actos de necrofilia, se le impondrá
prisión de uno a cinco años y de treinta a ciento cincuenta días multa.
TÍTULO SEXTO
DELITOS COMETIDOS EN EL
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
ARTÍCULO 279. Los profesionistas y sus auxiliares, que cometan delitos en el ejercicio
de su actividad, además de las sanciones que les correspondan, podrán ser
suspendidos en el ejercicio de ésta, por un período de tres meses a tres años.
En caso de reincidencia, se duplicará el término de la suspensión para ejercer la
actividad.
ARTÍCULO 280. Se impondrá prisión de tres meses a cinco años y de cincuenta a
doscientos días multa, al médico que:
I. Habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de
algún lesionado, lo abandone en su tratamiento sin justa causa y sin dar
aviso inmediato a la autoridad correspondiente;
114
II. No cumpla con las obligaciones que le impone el Código Nacional de
Procedimientos Penales; (Ref. Según Decreto 160, de fecha 30 de julio de
2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 091 de fecha
30 de julio de 2014).
III. No recabe la autorización del paciente o de la persona que deba
otorgarla, salvo en los casos de urgencia, cuando se trate de practicar
alguna operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la
vida del enfermo, cause la pérdida de un miembro o ataque la integridad
de una función vital;
IV. Practique una intervención quirúrgica innecesaria;
V. Ejerciendo la medicina y sin motivo justificado, se niegue a prestar
asistencia al enfermo en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro la
vida o la salud de dicho enfermo; o
VI. Certifique falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro
impedimento bastante, para dispensarla de cumplir una obligación que la
ley le impone o para adquirir algún derecho.
ARTÍCULO 281. Se impondrá prisión de tres meses a dos años y de cien a quinientos
días multa, a los directores, encargados o administradores de hospitales, sanatorios,
clínicas, dispensarios, enfermerías o cualquier otro centro de salud, cuando:
I. Impidan la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten,
aduciendo adeudos de cualquier índole;
II. Retengan sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se
refiere la parte final de la fracción anterior; o
III. Retarden o nieguen por cualquier motivo la entrega de un cadáver,
excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.
ARTÍCULO 282. Las mismas sanciones del artículo anterior se impondrán a los
encargados administrativos de agencias funerarias, que aduciendo adeudo o por
cualquier otro motivo injustificado retarden o nieguen la salida de cadáveres.
ARTÍCULO 283. A los encargados, empleados o dependientes de farmacias, que al
surtir una receta sustituyan la medicina específicamente señalada, por otra que cause
daños o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió, se
les impondrá prisión de tres meses a dos años y de diez a trescientos días multa.
115
TÍTULO SÉPTIMO
DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN Y PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
(Adic. por Decreto no. 154, publicada en el P.O. No. 064, del 27 de mayo de 2022).
CAPÍTULO ÚNICO
DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN Y PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
(Adic. por Decreto no. 154, publicada en el P.O. No. 064, del 27 de mayo de 2022).
ARTÍCULO 283 Bis. Se aplicará de seis meses a cuatro años de prisión y de
doscientos a trescientos días multa, a quien:
I. Utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística o de personas
defensoras de derechos humanos; y
II. Obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por
personas defensoras de derechos humanos.
El presente delito se perseguirá por querella.
(Adic. por Decreto no. 154, publicada en el P.O. No. 064, del 27 de mayo de 2022).
ARTÍCULO 283 Bis A. Cuando la conducta prevista en el artículo anterior sea
cometida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la pena se aumentará
hasta en el doble de la prevista en el artículo 283 Bis.
(Adic. por Decreto no. 154, publicada en el P.O. No. 064, del 27 de mayo de 2022).
116
SECCIÓN CUARTA
DELITOS CONTRA EL ESTADO
TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO
CAPÍTULO I
SEDICIÓN
ARTÍCULO 284. A los que en forma tumultuaria resistan o ataquen a la autoridad con
alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 286, se les aplicará prisión de tres
meses a tres años.
A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros
para cometer el delito de sedición, se les sancionará con prisión de uno a cuatro años.
CAPÍTULO II
MOTÍN
ARTÍCULO 285. Se aplicará la pena de tres meses a cuatro años y de treinta a
trescientos días multa, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su
ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente, y
perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas,
o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.
A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros
para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de uno a cinco años de prisión y
de sesenta a quinientos días multa.
CAPÍTULO III
REBELIÓN
ARTÍCULO 286. Se aplicará prisión de dos a catorce años a los que, no siendo
militares en ejercicio, con violencia y uso de armas traten de:
I. Abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las instituciones que
de ella emanan;
II. Impedir la elección, renovación o funcionamiento de algunos de los
Poderes del Estado o Ayuntamiento, usurparles sus atribuciones o
impedirles el libre ejercicio de éstas;
117
III. Separar de su cargo o impedir el desempeño de éste, a algún servidor
público estatal o municipal; o
IV. Sustraer de la obediencia del Gobierno toda o una parte de alguna
población del Estado o algún cuerpo de seguridad pública.
ARTÍCULO 287. Se aplicará la pena señalada en el artículo anterior, al que residiendo
en territorio ocupado por el Gobierno del Estado y sin mediar violencia, proporcione a
los rebeldes armas, municiones, dinero, víveres, medios de transporte o de
comunicación o impida que las fuerzas de seguridad pública del Gobierno reciban estos
auxilios. Si residiere en territorio ocupado por los rebeldes, la prisión será de seis
meses a cinco años.
Al servidor público que teniendo por razón de su cargo documentos o informes de
interés estratégico, los proporcione a los rebeldes, se le impondrán de cinco a quince
años de prisión.
ARTÍCULO 288. Se aplicará prisión de uno a seis años, al que:
I. En cualquier forma o por cualquier medio invite a una rebelión;
II. Residiendo en territorio ocupado por el Gobierno, oculte o auxilie a los
exploradores de los rebeldes sabiendo que lo son, o mantenga relaciones
con los rebeldes para proporcionarles noticias concernientes a las
operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado u otras que les sean
útiles; o
III. Voluntariamente sirva en un empleo, cargo o comisión en lugar ocupado
por los rebeldes, salvo que actúe bajo violencia o por razones
humanitarias.
ARTÍCULO 289. A los servidores públicos y a los rebeldes que después del combate
causen directamente o por medio de órdenes, la muerte de los prisioneros, se les
aplicará prisión de veinte a cuarenta años.
ARTÍCULO 290. Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las
lesiones inferidas en el acto de un combate, pero de los que causen fuera del mismo lo
serán tanto el que los mande como el que los permita pudiendo evitarlos y los que los
ejecuten.
No se aplicará pena alguna por el delito de rebelión a los que depongan las armas
antes de ser tomados prisioneros, salvo que hubieren cometido otros delitos durante la
rebelión o los que se mencionan en el artículo anterior.
118
CAPÍTULO IV
TERRORISMO
ARTÍCULO 291. Salvo que sea delito de la competencia federal, se impondrá prisión
de tres a treinta años, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que
resulten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por
incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las
personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la
población, o a un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de
menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una
determinación.
Se aplicará prisión de uno a nueve años, al que teniendo conocimiento de las
actividades de un terrorista y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.
CAPÍTULO V
SABOTAJE
ARTÍCULO 292. Se impondrá de dos a veinte años de prisión, al que con el fin de
trastornar gravemente la vida cultural o económica del Estado o municipios, o para
alterar la capacidad de éstos para asegurar el orden público, dañe, destruya o
entorpezca:
I. Servicios públicos o centros de producción o distribución de bienes o
servicios básicos;
II. Instalaciones fundamentales de instituciones de docencia o investigación;
o
III. Recursos o elementos esenciales, destinados al mantenimiento del orden
público.
Se aplicará prisión de seis meses a cinco años, al que teniendo conocimiento de las
actividades de un saboteador y de su identidad no lo haga saber a las autoridades.
CAPÍTULO VI
CONSPIRACIÓN
119
ARTÍCULO 293. A quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios delitos
previstos en el presente Título y acuerden los medios de llevar a cabo su
determinación, se les impondrá prisión de uno a cinco años.
CAPÍTULO VI BIS
DELITOS CONTRA LAS ACTIVIDADES DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO
(Adic. por Decreto número 873, publicado en el P. O. No. 080 del 03 de julio de 2013).
ARTÍCULO 293 Bis. Se aplicará pena de cuatro años seis meses a quince años de
prisión y de mil a dos mil días multa, a quien:
I. Aceche, vigile, espíe o proporcione información, sobre las actividades oficiales o
personales que realicen o pretendan realizar los servidores públicos de las
Instituciones de Seguridad Pública con la finalidad de entorpecer o evitar el
cumplimiento de sus funciones u ocasionarles un daño a dichas instituciones o
servidores públicos;
II. Ingrese, altere o acceda a información de las Instituciones de Seguridad Pública
con los fines señalados en el párrafo anterior;
III. Aceche o vigile en cualquier lugar o realice cualquier acto, tendientes a evitar la
captura de algún delincuente o miembro de una asociación delictuosa u
organización criminal; o
IV. Elabore, imprima, fabrique, proporcione, posea, desplace, traslade, aloje, aplique
o instale expresiones impresas en lugares públicos o mensajes producidos por
cualquier otro medio, que contengan advertencias o amenazas, en contra de
servidores públicos, Instituciones Públicas y del Estado, con la finalidad de
entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones u ocasionarles un daño a
dichas instituciones o servidores públicos.
La pena prevista en este artículo se aumentará desde un tercio hasta una mitad, al que
realice las conductas descritas en este precepto utilizando para ello cualquier vehículo
de servicio público de transporte de pasajeros u otro que preste un servicio similar o
que por sus características exteriores sea similar a la apariencia de los vehículos
destinados al servicio de transporte público de pasajeros.
120
La pena señalada en este numeral se aumentará desde un tercio hasta un tanto más y
se impondrá además, la destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a diez
años para ocupar otro, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o por ex
servidores públicos de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública o de
procuración o administración de justicia.
(Adic. por Decreto número 873, publicado en el P. O. No. 080 del 03 de julio de 2013).
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES COMUNES
ARTÍCULO 294. Son delitos de carácter político, los de sedición, motín, rebelión y
conspiración para cometerlos.
ARTÍCULO 295. Además de las penas por los delitos a que alude este Título, se
impondrá a los responsables, según las circunstancias, alguna de las sanciones
previstas por el artículo 69.
Tratándose de extranjeros, se aumentarán hasta la mitad de las penas previstas para
cada delito.
A los mexicanos que cometan alguno de los delitos previstos en el artículo anterior, se
le privará de sus derechos políticos o se les suspenderá en el ejercicio de éstos hasta
por ocho años, contados a partir de que se extinga la pena de prisión o la potestad de
ejecutarla.
TÍTULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO
COMETIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 296. Para los efectos de este Código, servidor público es toda persona que
desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
administración pública del Estado o sus municipios, centralizada, paraestatal o
paramunicipal, o en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Sinaloa y todas
aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos del Estado o de los
ayuntamientos.
121
ARTÍCULO 297. Los servidores públicos que cometan alguno de los delitos previstos
en el presente Título, serán sancionados con las penas de prisión y multa que para
cada caso se señalan y privación del cargo e inhabilitación para desempeñar otro
empleo, cargo o comisión pública, hasta por el doble del tiempo de la pena corporal
que corresponda al delito cometido.
CAPÍTULO II
EJERCICIO INDEBIDO Y ABANDONO DEL
SERVICIO PÚBLICO
ARTÍCULO 298. Comete el delito de ejercicio indebido del servicio público, el servidor
público que:
I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado
posesión legítima y sin satisfacer todos los requisitos legales;
II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión
después de haber cesado o de haberse suspendido los efectos del acto
jurídico del que derivan aquellos, o después de haber renunciado, salvo
que por disposición de ley, deba continuar ejerciéndolas hasta ser
relevado;
III. Sin autorización legítima desempeñe funciones distintas de aquéllas para
las que fue designado;
IV. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que
puedan resultar gravemente afectados por cualquier acto u omisión el
patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la
administración pública estatal o municipal, sea centralizada, paraestatal o
paramunicipal, o de los Poderes Legislativo o Judicial del Estado,
intencionalmente no informe por escrito a su superior jerárquico o no lo
evite si está dentro de sus facultades; (Ref. Por Decreto No. 104,
publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
V. Por sí, o por interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice o
inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo
su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en
virtud de su empleo, cargo o comisión; o (Ref. Por Decreto No. 104,
publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
VI. [Impida la grabación de audios, videos o imágenes de escenas públicas
que no atenten contra la vida privada de las personas, ni perturben u
obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad; o ejecute
122
cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los derechos garantizados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la
Constitución Política del Estado. (Adic. Por Decreto No. 104, publicado en
el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).] Fracción declarada inválida, por
resolutivo segundo de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a Acción de Inconstitucionalidad 31/2017, notificada el 14 de
octubre de 2019.
Al que cometa algunos de los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y VI de
este artículo, se le sancionará con prisión de tres meses a dos años y de diez a ciento
cincuenta días multa. (Ref. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21
de abril de 2017).
Al responsable de los delitos previstos en las fracciones IV y V se les impondrá prisión
de dos a siete años y de treinta a trescientos días multa.
ARTÍCULO 299. Al servidor público que indebidamente y en perjuicio del servicio
abandone las funciones que legalmente tenga conferidas, se le aplicará prisión de tres
meses a tres años y de diez a ciento veinte días multa.
CAPÍTULO III
DESEMPEÑO IRREGULAR DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 300. Se impondrá prisión de seis meses a tres años y de treinta a ciento
ochenta días multa, al servidor público que ilegalmente:
I. Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado o municipios;
II. Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;
III. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, o aportaciones y
cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales y sobre
precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la
administración pública estatal o municipal;
IV. Realice o contrate obras públicas, adquisiciones arrendamiento,
enajenaciones de bienes y servicios o colocaciones de fondos y valores
con recursos económicos públicos;
123
V. Dé, a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquellas a que
estuvieren destinados los fondos públicos que tuviere a su cargo o hiciere
un pago ilegal;
VI. En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo,
cargo o comisión públicos o contratos de prestación de servicios
profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean
remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio o no se
cumplirá el contrato otorgado;
VII. Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme
de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión
en el servicio público, siempre que lo haga con conocimiento de tal
situación;
VIII. Otorgue identificación en que se acredite como servidor público a quien
realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga
referencia en aquella; o
IX. Ejerza algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular, teniendo
impedimento legal para hacerlo.
Cuando el monto del producto del delito o de los daños o perjuicios causados, exceda
de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la sanción será de
uno a nueve años de prisión y de ciento ochenta a quinientas veces multa. (Ref. Por
Decreto No. 58, publicado en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
ARTÍCULO 300 Bis. Se impondrá de uno a ocho años de prisión y de treinta a ciento
ochenta días de multa al servidor público que autorice indebidamente o permita la
ocupación irregular de áreas y predios en los Centros de Población, el Asentamiento
Humano o construcción en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en
torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad estatal o de protección en
derechos de vía, o que no acate el área urbanizable.
(Adic. Según Dec. 822 de 30 de julio de 2018, publicado en el P.O No. 105 de 24 de agosto de
2018)
CAPÍTULO IV
ABUSO DE AUTORIDAD
124
ARTÍCULO 301. Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que incurra
en alguna de las siguientes conductas:
I. El que en razón de su empleo, cargo o comisión realice un hecho
arbitrario o indebido;
II. Cuando en razón de su empleo, cargo o comisión violentare de palabra o
de obra a una persona sin causa legítima;
III. Cuando sin causa justificada retrase o niegue a los particulares la
protección o servicio que sea su obligación prestar, o impida la
presentación o el curso de una solicitud;
IV. Cuando teniendo bajo su mando una fuerza pública, se niegue a auxiliar a
alguna autoridad competente que lo requiera;
V. Cuando sin orden de la autoridad competente, obligue a los particulares a
presentar documentos o realice la inspección en bienes de su propiedad o
posesión; y
VI. La autoridad que fomente, tolere, autorice o intervenga en la imposición
indebida de sanciones o de medidas de seguridad con motivo de la
aplicación de la normatividad de tránsito del Estado.
Al responsable de las conductas señaladas de las fracciones I a la VI se le impondrán
de dos a seis años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa, la destitución
del cargo será definitiva y la inhabilitación será de dos a ocho años para desempeñar
empleo, cargo o comisión públicos.
(Ref. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
ARTÍCULO 301 Bis. Comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que
utilice su empleo, cargo o comisión para obtener la entrega de fondos, valores o
cualquiera otra cosa que no le haya sido confiada, para aprovecharse o disponer de
ella en su favor o de un tercero.
I. De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días multa,
destitución definitiva e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar
empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo
obtenido no exceda del equivalente de noventa veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización o no sea cuantificable; y
125
II. De tres a ocho años de prisión, de quinientos a un mil días multa,
destitución definitiva e inhabilitación de seis a dieciséis años para
desempeñar empleo, cargo o comisión, públicos cuando la cantidad o el
valor de lo obtenido exceda el equivalente de noventa veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización.
(Adic. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
ARTÍCULO 301 Bis A. Comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que
haciendo uso de su empleo, cargo o comisión:
I. Obtenga por cualquier motivo, para sí o para un tercero, parte del sueldo,
dádivas o cuotas de uno o más de sus subalternos; y
II. Obligue a uno o más de sus subalternos a realizar cualquier acto que le
reporte beneficios económicos para sí o para un tercero.
Al que cometa este delito se le impondrán las sanciones siguientes:
I. De dos a seis años de prisión y de treinta a quinientos días multa,
destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar empleo,
cargo o comisión en el servicio público, cuando la cantidad o el valor de lo
obtenido no exceda del equivalente de noventa veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización o no sea cuantificable; y
II. De ocho a doce años de prisión y de mil a mil quinientos días multa,
destitución e inhabilitación de siete a diecisiete años para desempeñar
empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando la cantidad o el
valor de lo obtenido exceda del equivalente de noventa veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.
(Adic. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
CAPÍTULO V
INTIMIDACIÓN
ARTÍCULO 302. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la
violencia física o moral, intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero
denuncie, formule querella o aporte información relativa a la comisión de un delito, se le
aplicarán de dos a seis años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos cincuenta días
multa.
CAPÍTULO VI
126
COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 303. A los servidores públicos que se coaliguen para tomar medidas
contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impedir su ejecución
o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la
administración pública en cualquiera de sus ramas, se les impondrá de seis meses a
tres años de prisión y de treinta a ciento ochenta días multa, este delito se perseguirá
por querella.
CAPÍTULO VI
PECULADO
ARTÍCULO 304. Comete el delito de peculado el servidor público que disponga en
beneficio propio o indebidamente para terceros, de dinero, rentas, fondos, valores o
bienes o sus rendimientos que tenga confiados en razón de su cargo, ya sean del
Estado, municipios, organismos auxiliares, empresas de participación municipal
mayoritaria o fideicomisos públicos.
Al que cometa este delito se le impondrán las siguientes sanciones:
I. De dos a ocho años de prisión y de treinta a setenta y cinco días multa,
destitución e inhabilitación de dos a ocho años para desempeñar empleo,
cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o valor de lo que se haya
dispuesto no exceda del equivalente de mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización o no sea cuantificable; y
II. De tres a diez años de prisión, de setenta y cinco a doscientos días multa,
destitución e inhabilitación de seis a veinte años para desempeñar
empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo que
se haya dispuesto, exceda del equivalente de mil veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización.
La disposición de bienes para asegurar su conservación y evitar su destrucción y
siempre que se destinen a la función pública, no será sancionada.
(Ref. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
ARTÍCULO 304 Bis. Al servidor público que reciba o administre recursos públicos y
omita destinarlos al fin para el que estaban previstos de conformidad con las leyes y
demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al
establecido por las mismas, se le impondrán las sanciones siguientes:
127
I. De cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento
patrimonial sea de hasta un importe equivalente de dos mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización;
II. De seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe
equivalente de dos mil pero no de cuatro mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización; y
III. De ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto o daño
patrimonial causado excede de un importe equivalente a cuatro mil veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Además, a los responsables de este delito se les impondrá inhabilitación de dos a ocho
años para ejercer funciones públicas y una multa por un importe equivalente de
trescientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el servidor
público reintegra la totalidad de los recursos públicos antes de concluir el ejercicio fiscal
correspondiente en que tenían que ser aplicados, se le impondrá pena de prisión de
uno a cuatro años, inhabilitación para ejercer cargos, empleos o comisiones en el
servicio público por un término de tres a seis años, y de trescientos a quinientos días
multa.
(Adic. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
CAPÍTULO VII
COHECHO
ARTÍCULO 305. Incurre en el delito de cohecho el servidor público que solicite u
obtenga para sí o para otro u otros, de los particulares o de otros servidores públicos,
por sí o por interpósita persona, dádivas de cualquier tipo, en numerario o en especie
para permitir, realizar u omitir un acto o actos lícitos o ilícitos, relacionados con sus
funciones.
Al servidor público que cometa este delito se le impondrán las siguientes sanciones:
I. De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días multa,
destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar empleo,
cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el
valor de la dádiva no exceda el equivalente de noventa veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización o no sean cuantificables; y
128
II. De cuatro a diez años de prisión, de quinientos a mil días multa,
destitución e inhabilitación de ocho a veinte años para desempeñar
empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o la
cantidad o el valor de la dádiva exceda el equivalente de noventa veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
(Ref. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
ARTÍCULO 305 Bis. También incurre en cohecho el servidor público que con el
propósito de obtener dádivas de cualquier tipo, realice dolosamente alguna de las
siguientes conductas:
I. Impedir u obstaculizar a cualquier persona mediante actos u omisiones
indebidos la presentación de peticiones, escritos o promociones; y
II. Retardar o negar a cualquier persona el curso, despacho o resolución de
los asuntos, de las prestaciones o de los servicios que tenga el deber de
atender.
A quien cometa este delito se le impondrá pena de prisión de dos a seis años o de
treinta a trescientos días multa o ambas sanciones, así como destitución o
inhabilitación de dos a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
(Adic. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
ARTÍCULO 305 Bis A. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de
cohecho, el dinero o dádiva entregadas. Las mismas se aplicarán en beneficio de la
procuración de justicia.
Cuando el delito de cohecho sea cometido por algún elemento de los cuerpos
policíacos o servidor de seguridad pública o servidor de la administración o procuración
de justicia, se aumentarán las penas hasta en una mitad.
(Adic. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
CAPÍTULO VIII
CONCUSIÓN
129
ARTÍCULO 306. Al servidor público que con ese carácter y a título de impuesto o
contribución, recargo, renta, réditos, salarios o emolumentos, exija por sí o por medio
de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o mayor
cantidad que la señalada por la ley, se le impondrá de seis meses a tres años de
prisión y de treinta a ciento ochenta días multa.
CAPÍTULO IX
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
ARTÍCULO 307. Al servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión en
el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito, se le impondrá de uno a
cinco años de prisión y de sesenta a trescientos días multa.
Los bienes cuya legítima procedencia no se logre acreditar, serán decomisados en
beneficio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.
CAPÍTULO X
NEGOCIACIONES ILÍCITAS
ARTÍCULO 308. Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de treinta a
doscientos cuarenta días multa, al servidor público que:
I. En el desempeño de su empleo cargo o comisión, otorgue por sí o por
interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, franquicias, excenciones o efectúe compras o ventas o
realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al
propio servidor público, o a otra persona ajena a la relación;
II. Mediante la realización de los actos a que se refiere la fracción anterior,
genere beneficios económicos indebidos o notoriamente
desproporcionados a favor de cualquier persona, ajena o no a la relación,
o cause perjuicios patrimoniales a los poderes, dependencias o entidades
de la administración pública del Estado o municipios; o
III. Valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o
comisión, sea o no materia de sus funciones y que no sea del
conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona, inversiones,
enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que le produzca algún
beneficio económico indebido al servidor público, a su cónyuge o a sus
parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o a
sociedades de las que el agente forme parte.
CAPÍTULO XI
130
TRÁFICO DE INFLUENCIA
ARTÍCULO 309. Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de treinta a
trescientos días multa, al servidor público que por sí o por interpósita persona:
I. Promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios
públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o
comisión; o
II. Indebidamente solicite o promueva alguna resolución o la realización de
cualquier acto material del empleo, cargo o comisión de otro servidor
público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de
las personas a que se hace referencia en la fracción III del artículo
anterior.
TÍTULO TERCERO
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA COMETIDOS POR PARTICULARES
CAPÍTULO I
PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS
ARTÍCULO 310. Al particular que por sí o por interpósita persona promueva una
conducta ilícita de un servidor público o gestione la tramitación o resolución ilícita de
negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o
comisión, se le impondrá prisión de tres meses a dos años y de diez a cien días multa.
CAPÍTULO II
COHECHO COMETIDO POR PARTICULARES
ARTÍCULO 311. Comete el delito de cohecho el particular que ofrezca, prometa o
entregue dinero o cualquier dádiva a algún servidor público para que realice u omita un
acto, o actos lícitos o ilícitos relacionados con sus funciones.
Al que comete este delito se le impondrán las siguientes sanciones:
I. De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa,
cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la dádiva o
promesa no exceda del equivalente de noventa veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización o no sean cuantificables; y
131
II. De tres a ocho años de prisión y de quinientos a un mil días multa cuando
el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la dádiva o promesa
exceda el equivalente de noventa veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
(Ref. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
ARTÍCULO 312. No será sancionado el particular que denuncie ante el Ministerio
Público dentro de los quince días siguientes a los hechos, la entrega que haya
efectuado a un servidor público de dinero o cualquier otra dádiva cuando éste lo
hubiera solicitado o lo incitara a ello. (Ref. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O.
No. 050 del 21 de abril de 2017).
CAPÍTULO III
ADQUISICIÓN U OCULTACIÓN INDEBIDA DE
RECURSOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 313. Al que a sabiendas adquiera indebidamente o haga figurar como
suyos, bienes que un servidor público haya adquirido en contravención a lo dispuesto
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se le aplicará prisión de
seis meses a cinco años y de treinta a trescientos días multa.
CAPÍTULO IV
FALSEDAD ANTE AUTORIDAD
ARTÍCULO 314. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y de treinta a cien
días multa:
I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en
ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, faltare a la verdad;
II. Al que examinado por la autoridad judicial como testigo faltare a la verdad
sobre el hecho que se trata de averiguar, ya sea afirmando, negando u
ocultando maliciosamente la existencia de alguna circunstancia que pueda
servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal o que
aumente o disminuya su gravedad. La sanción podrá ser hasta por diez
años de prisión para el testigo falso que fuere examinado en juicio
criminal, cuando al reo se le imponga una pena de más de cinco años de
prisión por haber dado fuerza probatoria al testimonio falso;
III. Al que soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete, para que se
produzca con falsedad en juicio, o los obligue o comprometa a ello,
intimidándolos o de otro modo. Además de las penas señaladas
132
anteriormente, el perito, intérprete o traductor sufrirá inhabilitación para
desempeñar sus funciones hasta por tres años.
IV. Al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de
testigo, sea examinado bajo protesta de decir verdad y faltare a ella en
perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito un
documento o afirmando un hecho falso o alterando o negando uno
verdadero, o sus circunstancias esenciales. Lo prevenido en esta fracción
no comprende los casos en que la parte sea examinada sobre la cantidad
en que estime una cosa o cuando tenga el carácter de acuerdo.
ARTÍCULO 315. El testigo, perito o intérprete que retracte espontáneamente sus falsas
declaraciones rendidas ante cualquier autoridad administrativa o ante la judicial, antes
de que se pronuncie sentencia en la instancia en que las diere, sólo pagará de treinta a
ciento ochenta días multa, pero si faltare a la verdad al retractar sus declaraciones, se
le aplicará la sanción que corresponda con arreglo a lo prevenido en este capítulo.
CAPÍTULO V
DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA DE
PARTICULARES
ARTÍCULO 316. Al que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés
público al que la ley obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se
le impondrá prisión de tres meses a un año o de treinta a ciento ochenta días multa.
ARTICULO 316 Bis. Al que sin causa legal desobedeciere el mandato de arraigo
domiciliario o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, dictado en su
contra por la autoridad judicial, se le aplicarán de uno a tres años de prisión y de diez a
doscientos días multa. (Adic. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126
del 21 de octubre de 1998).
ARTÍCULO 317. Al que debiendo declarar ante la autoridad y sin que le beneficien las
excepciones legales se niegue a otorgar la protesta de ley o a declarar, pagará de diez
a treinta días multa. En caso de reincidencia se impondrá prisión de tres a seis meses o
de treinta a noventa días multa.
ARTÍCULO 318. Al que por medio de amenazas o de violencia se oponga, a que la
autoridad pública o sus agentes ejerzan algunas de sus funciones en forma legal o
resista el cumplimiento de un mandato de autoridad que satisfaga todos los requisitos
legales, se le aplicará prisión de uno a dos años y de veinte a cuarenta días multa.
133
ARTÍCULO 319. Al que por medio de la violencia obligue a la autoridad a que realice
un acto o ejerza alguna función oficial sin los requisitos legales o que no esté entre sus
atribuciones, se le impondrá prisión de uno a tres años y de veinte a sesenta días
multa.
ARTÍCULO 320. Cuando varias personas de común acuerdo procuren con actos
materiales impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos ordenados con los
requisitos legales por autoridad competente, o con su autorización, serán castigadas
con prisión de tres meses a un año, si sólo se hiciere una simple oposición material sin
violencia a las personas. Si se ejerciere violencia, la pena será de seis meses a dos
años de prisión.
ARTÍCULO 321. Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectivas las
determinaciones de la autoridad, sólo se consumarán los delitos de resistencia y
desobediencia cuando se hubiere agotado algún medio de apremio.
ARTÍCULO 321 Bis. Se aplicará de uno a dos años de prisión y de diez mil a treinta mil
días multa, al que retire, modifique o inutilice, sin la debida autorización, dispositivos de
localización y vigilancia.
Si la conducta a que se refiere el párrafo anterior la realiza un integrante de alguna
institución de seguridad pública, se aplicará de dos a cinco años de prisión, de veinte
mil a cuarenta mil días multa e inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo
público en cualquier ámbito de gobierno hasta por veinte años.
(Adic. según Dec. 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el P.O. No. 063 del 27
de mayo de 2011).
CAPÍTULO VI
QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS
ARTÍCULO 322. Al que indebidamente destruya, retire, oculte o de cualquier otro modo
quebrante los sellos puestos por orden legítima de la autoridad competente, se le
aplicará prisión de tres meses a dos años o de sesenta a ciento ochenta días multa.
CAPÍTULO VII
DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS
134
ARTÍCULO 323. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de
la autoridad en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará
prisión de tres meses a tres años, además de la que le corresponda por el delito
cometido.
Se aplicará el doble de la pena prevista en el párrafo anterior, cuando el delito se
corneta en contra de médicos, cirujanos, personal de enfermería o cualquier persona
que realice actividades de atención médica perteneciente al Sistema Estatal de Salud,
durante el período que comprenda una emergencia sanitaria. Para efectos de lo
previsto en éste párrafo, el periodo que comprenda una emergencia sanitaria será la
que se establezca en el acuerdo que emitan las autoridades sanitarias
correspondientes en que dicha circunstancia así se declare, y de no precisarse plazo o
fecha, lo será a partir de aquella en que el acuerdo de declaración se emita y hasta la
fecha en que se declare su conclusión. (Adic. Por Decreto 471 de fecha 2 de julio de
2020 publicado en el P.O. No. 083 de fecha 10 de julio de 2020).
CAPÍTULO VIII
USURPACIÓN DE FUNCIONES
ARTÍCULO 324. Al que indebidamente se atribuya y ejerza funciones propias de un
servidor público, se le aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y de veinte a
cien días multa.
CAPÍTULO IX
USO INDEBIDO DE UNIFORMES
OFICIALES Y CONDECORACIONES
ARTÍCULO 325. Al que usare uniformes oficiales, condecoraciones, grados
jerárquicos, distintivos o insignias a que no tenga derecho, con el propósito de obtener
un beneficio indebido o lesionar la dignidad o respeto de la corporación o de la
investidura a que correspondan aquéllos, se le impondrá prisión de tres meses a tres
años y de veinte a cincuenta días multa.
CAPÍTULO X
OCUPACIÓN IRREGULAR DE ÁREAS Y PREDIOS
(Adic. Según Dec. 822 de 30 de julio de 2018, publicado en el P.O No. 105
de 24 de agosto de 2018)
ARTÍCULO 325 BIS. A quien promueva, induzca o se beneficie de la ocupación
irregular de áreas, predios, polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en
torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad estatal, de protección en
derechos de vía o que no acaten el área urbanizable se le impondrá prisión de uno a
135
ocho años y de cien a mil días de multa.
(Adic. Según Dec. 822 de 30 de julio de 2018, publicado en el P.O No. 105 de 24 de
agosto de 2018)
TÍTULO CUARTO
DELITOS CONTRA LA PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CAPÍTULO I
DELITOS COMETIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 326. Son delitos contra la procuración y administración de justicia
cometidos por los servidores públicos, los siguientes:
I. Conocer de negocios para los cuales estén legalmente impedidos a
sabiendas de ello o abstenerse de conocer los que les correspondan sin
tener impedimento legal;
II. Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíba el
ejercicio de su profesión;
III. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen;
IV. Retardar, negar o entorpecer intencional y maliciosamente la procuración
o administración de justicia;
V. Ejecutar intencionalmente actos o incurrir en omisiones que produzcan un
daño o concedan a alguien una ventaja indebida;
VI. Dictar una resolución de trámite o de fondo injusta, con violación de un
precepto terminante de la ley o manifiestamente contraria a las
constancias de autos o al veredicto de un jurado, cuando se obre por
motivos inmorales y no por simple error de apreciación y se produzca un
daño en la persona, el honor o los bienes de alguien o en perjuicio del
interés social;
VII. Hacer del conocimiento indebidamente a un demandado o inculpado,
alguna providencia o resolución judicial decretada en su contra;
VIII. Rematar a favor de ellos mismos, por sí o por interpósita persona los
bienes en cuyo juicio hubieren intervenido;
136
IX. Teniendo conocimiento de ello, nombrar síndico o interventor en un
concurso o quiebra, a quien sea deudor, pariente o que haya sido
abogado del fallido; o a quien tenga con los funcionarios judiciales
relación de parentesco, estrecha amistad o esté ligado con él por
negocios de interés común;
X. Abstenerse de ejercitar la acción persecutoria, cuando sea procedente
conforme a la Constitución Federal y a las leyes de la materia, en los
casos en que la ley le imponga esta obligación, siempre que se obre por
motivos inmorales y no por un error de apreciación;
XI. Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena
privativa de libertad o sin que preceda denuncia, acusación o querella;
XII. Realizar una aprehensión o detención sin poner al aprehendido o detenido
a disposición de la autoridad que corresponda, dentro de los términos que
la propia Constitución Federal dispone, salvo causas de fuerza mayor;
XIII. No tomar al inculpado su declaración preparatoria dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes de que se encuentre a su disposición, sin causa
justificada, u ocultar maliciosamente el nombre del acusador, la naturaleza
y causa de la imputación o el delito que se le atribuya;
XIV. No resolver, sin causa justificada, la situación jurídica a un detenido como
presunto responsable de un delito, dentro de las setenta y dos horas
siguientes de que se encuentre a su disposición;
XV. Ejercitar acción penal o iniciar un proceso en contra de un servidor público
con fuero, conociendo esta circunstancia, sin habérsele retirado
previamente, conforme a lo dispuesto por la ley;
XVI. Ordenar o practicar un cateo sin autorización judicial;
XVII. Demorar injustificadamente el cumplimiento de las providencias judiciales
en las que se ordene poner en libertad a un detenido u omita dolosamente
la realización de un acto obligatorio que produzca la indebida dilación de
un proceso;
XVIII. Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije
la ley al delito que motive el proceso o rebasar dolosamente los plazos
legales para juzgar a un procesado;
137
XIX. Permitir, consentir o llevar a cabo el internamiento de una persona en
cualquier establecimiento carcelario o lugar de detención, sin satisfacer
los requisitos legales y sin dar aviso inmediato a la autoridad competente;
XX. Exigir gabelas o contribuciones los encargados o empleados de lugares o
reclusión o internamiento, a los internos o a sus familiares, a cambio de
proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado o
para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o
régimen;
XXI. Permitir, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de
personas legalmente privadas de su libertad; (Ref. según Dec. 515,
publicado en el Periódico Oficial No. 51 del 25 de abril del 2012).
XXII. Aprovechar el poder, el empleo o el cargo para satisfacer indebidamente
un interés propio; (Ref. según Dec. 515, publicado en el Periódico Oficial
No. 51 del 25 de abril del 2012).
XXIII. Presionar u obligar a una persona o sus representantes a otorgar el
perdón en los delitos que se persigan por querella; (Ref. Por Decreto No.
104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
XXIV. Omita solicitar sin causa debidamente justificada las órdenes de
protección establecidas en la Ley; (Ref. Por Decreto No. 104, publicado
en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
XXV. Cuando siendo responsable de cualquier establecimiento de detención
preventiva o administrativa niegue que se encuentra detenida, arrestada o
interna una persona, si lo estuviere, o no cumpla la orden de libertad
girada por autoridad competente dentro del término legal; (Adic. Por
Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
XXVI. Los servidores públicos del área de Servicios Periciales asignados al
órgano estatal competente en el ejercicio de la acción penal, que
indebidamente:
a) Destruyan, alteren o sustraigan documentos del registro;
b) Retengan, modifiquen o divulguen información; y
e) Expidan certificaciones de inscripción que obren en el registro;
(Ref. según Decreto 382, publicado en el P. O., No. 009, de fecha 20 de
enero de 2023).
138
XXVII. Cuando el personal al cuidado o disposición de los registros de
audiograbación y videograbación de las audiencias celebradas en un
procedimiento penal, haga uso indebido de los mismos, los sustraiga,
entregue, copie, reproduzca, altere, modifique, venda o facilite
información contenida en aquellos o parte de la misma o de cualquier
otra forma los utilice para fines distintos a lo previsto por la Ley; o (Ref.
según Decreto 382, publicado en el P. O., No. 009, de fecha 20 de
enero de 2023).
XXVIII. Omitir realizar una investigación de la muerte violenta de una mujer como
probable feminicidio; así como filtrar información, fotos, videos o evidencias
durante su investigación; o bien, retardar, obstaculizar, entorpecer
maliciosamente o por negligencia la procuración y administración de justicia
cuando se trate de dicho delito. (Adic. Según Decreto 382, publicado en el
P. O., No. 009, de fecha 20 de enero de 2023).
ARTÍCULO 327. Al que cometa alguno de los delitos a que se refiere el artículo
anterior, se le aplicará prisión de tres meses a tres años y de treinta a ciento ochenta
días multa, excepto en los casos previstos por las fracciones VIII, XX, XXI, XXIV, XXV,
XXVI y XXVII; que se sancionarán con prisión de uno a cinco años y de sesenta a
trescientos sesenta días multa. (Ref. Por Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050
del 21 de abril de 2017).
A quien cometa el delito a que se refiere la fracción XXVIII del artículo anterior, se
sancionará con prisión de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil quinientos
días multa. (Adic. Según Decreto 382, publicado en el P. O., No. 009, de fecha 20
de enero de 2023).
Además de las penas establecidas en el presente artículo la persona servidora pública
será destituida e inhabilitada por el tiempo que dure la pena de prisión para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
CAPÍTULO II
Derogado.
(Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089 de fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 328. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089 de
fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 329. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089 de
fecha 22 de julio de 2019).
139
ARTÍCULO 330. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089 de
fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 331. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089 de
fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 332. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089 de
fecha 22 de julio de 2019).
ARTÍCULO 333. Derogado. (Por Decreto No. 260 publicado en el P.O. No. 089 de
fecha 22 de julio de 2019).
CAPITULO III
FRAUDE PROCESAL
ARTÍCULO 334. Al que simule un acto jurídico o un juicio o un acto o escrito judicial, o
altere elementos de prueba en perjuicio de otro, se le impondrá prisión de seis meses a
ocho años y de veinte a doscientos días multa.
Se entenderá simulado, salvo prueba en contrario, el juicio que se siga en contra de un
depositario, si trae como consecuencia el secuestro de la cosa embargada o
depositada con anterioridad en otro procedimiento judicial o administrativo.
También se entenderá simulado, salvo prueba en contrario, el que se siga contra
cualquier otra persona, si con ese motivo se desposee al depositario de la cosa
previamente embargada o secuestrada en otro juicio o procedimiento, siempre que éste
no la reclame dentro de los tres días siguientes.
CAPÍTULO IV
IMPUTACIÓN DE HECHOS FALSOS Y
SIMULACIÓN DE PRUEBAS
ARTÍCULO 335. Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un
delito, le impute ante la autoridad un hecho falso o simule en su contra la existencia de
pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de
seis meses a cinco años y de veinte a cien días multa.
No se procederá contra el agente, sino después de que se dicte resolución irrevocable
que ponga fin al proceso que se instruya por el delito imputado.
140
Son aplicables para este delito, en lo conducente, los artículos 197, 198, 199 y 200 de
este Código.
CAPÍTULO V
EVASIÓN DE PRESOS
ARTÍCULO 336. Al que indebidamente ponga en libertad o favorezca la evasión de una
persona que se encuentre legalmente privada de aquélla, se le impondrá prisión de
cinco a doce años. Si los evadidos fueren dos o más, se duplicará la sanción.
(Ref. Por Decreto No. 843, publicado en el P.O. No. 122 del 03 de octubre de 2018).
ARTÍCULO 337. A los ascendientes, descendientes, adoptante, adoptado, cónyuge,
concubina, concubinario, hermanos o parientes por afinidad hasta el segundo grado,
del evadido cuya fuga propicien, se les aplicará hasta la mitad de la pena prevista en el
artículo anterior, si no hiciere uso de violencia. En caso contrario, se les impondrá
íntegra dicha sanción.
ARTÍCULO 338. Si la reaprehensión del evadido se lograre por gestiones del
responsable de la evasión, la pena será de uno a tres años de prisión o de diez a
noventa días multa.
(Ref. Por Decreto No. 843, publicado en el P.O. No. 122 del 03 de octubre de 2018).
ARTÍCULO 339. Al evadido no se le aplicará sanción, salvo que obre en concierto con
otro u otros presos y se fugue con algunos de ellos o ejerza violencia o cauce daños,
en cuyo caso la prisión será de tres meses a tres años, con independencia de las
sanciones que el correspondan por la comisión de otros delitos.
ARTÍCULO 340. Este delito puede ser cometido culposamente.
CAPÍTULO VI
QUEBRANTAMIENTO DE PENAS NO PRIVATIVAS DE
LIBERTAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
141
ARTÍCULO 341. A quien quebrante la prohibición de residir en una circunscripción
territorial determinada, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de diez a
ciento veinte días multa.
ARTÍCULO 342. Al que violare la prohibición de ir a una circunscripción territorial
determinada, se le aplicará prisión de tres a seis meses o de veinte a sesenta días
multa.
ARTÍCULO 343. Se sancionará con prisión de tres meses a un año y de diez a
cuarenta días multa, el quebrantamiento de la obligación, impuesta en sentencia, de
prestar trabajo en favor de la comunidad.
ARTÍCULO 344. A quien quebrante una pena de privación, suspensión o inhabilitación
de derechos, funciones o empleos se le impondrán de diez a cincuenta días multa. En
caso de reincidencia se le aplicará prisión de seis meses a dos años y se duplicará la
multa.
ARTÍCULO 345. Se impondrá sanción de cien a quinientos días multa o disolución y
liquidación, a juicio de la autoridad judicial, a las personas morales que quebranten
alguna de las sanciones que se les hubiesen impuesto conforme a las fracciones I, III y
IV del artículo 70.
ARTÍCULO 346. Salvo causa de fuerza mayor, por el quebrantamiento de cualquier
otra pena no privativa de libertad o medida de seguridad se aplicará una sanción
equivalente a la que se hubiere omitido cumplir y una mitad más.
ARTÍCULO 347. A quien de cualquier modo favorezca el quebrantamiento de algunas
de las sanciones a que refiere este capítulo, se le aplicará prisión de tres meses a un
año.
CAPÍTULO VII
ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO
ARTÍCULO 348. Al que después de la ejecución de un delito, sin haber participado en
éste, por acuerdo posterior auxilie en cualquier forma al inculpado a eludir las
investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de ésta, o bien
oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del
delito o asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo, se le impondrá
hasta una cuarta parte de la pena que corresponda al delito encubierto.
142
A los servidores públicos que por motivo de su encargo o en ejercicio de sus funciones
cometan el delito de encubrimiento, se les aplicará hasta la mitad de las penas
previstas para el delito encubierto.
ARTÍCULO 349. Al que por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo de su
persona o bienes, no procure impedir la consumación de los delitos que sepa van a
cometerse o se están cometiendo, si son de los que se persiguen de oficio, se le
sancionará con prisión de tres meses a un año y de diez a veinte días multa.
Las mismas penas se impondrán a quien requerido por la autoridad, no proporcione
auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes.
ARTÍCULO 350. No se impondrá sanción al que auxilie u oculte al responsable de un
delito o los efectos, objetos o instrumentos del mismo, no procure impedir su
consumación o impida que se investigue, siempre que se trate de:
I. Los ascendientes o descendientes consanguíneos o por adopción;
II. El cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por
consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; o
III. Los que estén ligados al delincuente por amor, respeto, gratitud o
estrecha amistad.
La excusa no favorecerá a quien obre por motivos reprobables o emplee medios
delictuosos.
CAPÍTULO VIII
EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO
ARTÍCULO 351. Al que empleare violencia para hacer efectivo un derecho o pretendido
derecho que deba ejercitar, se aplicará prisión de tres meses a un año o de treinta a
trescientos sesenta días multa. Si la violencia llegare a constituir otro delito, se
aplicarán las reglas de la acumulación.
Este delito sólo podrá perseguirse por querella de parte.
CAPÍTULO IX
DELITOS DE ABOGADOS DEFENSORES Y LITIGANTES
ARTÍCULO 352. Se impondrá prisión de tres meses a tres años, de veinte a doscientos
días multa, suspensión de seis meses a tres años para ejercer la abogacía, en su caso,
y hasta por el doble si reincidiere, a quien:
143
I. Asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses
opuestos en un mismo negocio o negocios conexos, o acepte el patrocinio
de alguno y admita después del de la parte contraria;
II. Pida términos para probar lo que notoriamente no puede demostrar o no
ha de aprovechar a su parte;
III. Promueva incidente o recursos o use medios notoriamente improcedentes
o ilegales, para dilatar o suspender maliciosamente un juicio;
IV. Dolosamente alegue hechos falsos, invoque leyes inexistentes o que sean
inaplicables al caso concreto;
V. Con el carácter de defensor o apoderado no ofrezca ni rinda pruebas
dentro de los plazos previstos por la ley, si está en posibilidad de hacerlo
y corresponden a la naturaleza y estado del asunto;
VI. Como defensor, sea particular o de oficio, sólo se concrete a aceptar el
cargo y a solicitar la libertad caucional del inculpado, sin promover más
pruebas ni dirigirlo en su defensa; o
VII. Abandone una defensa o negocio sin motivo justificado y causando daño.
ARTÍCULO 353. Al defensor de oficio que cometa alguno de los delitos a que se refiere
el artículo anterior, podrá sancionársele, además, con privación del cargo e
inhabilitación para ejercer otro cargo público hasta por dos años.
TÍTULO QUINTO
DE LOS DELITOS ELECTORALES
(Ref. por Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No.
039 de 30 de marzo de 2007).
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS DELITOS ELECTORALES
(Adic. por Decreto número 558, publicado en el P. O. No. 41 de 5 de abril de 1995).
ARTÍCULO 354. Para los efectos de este Capítulo se entiende por:
I. Funcionarios Electorales, quienes en los términos de la legislación electoral del
Estado, integren los órganos que cumplen funciones públicas electorales;(Ref.
por Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No.
039 de 30 de marzo de 2007).
144
II. Funcionarios Partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales y
estatales, así como los ciudadanos a quienes en el curso de los procesos
electorales locales, los propios partidos les otorgan reconocimiento para actuar
en su representación; (Ref. por Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y
publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
III. Documentos públicos electorales, las actas oficiales de instalación, de escrutinio
y cómputo de las mesas directivas de casilla, las de los cómputos distritales,
municipales y estatales y en general, los documentos expedidos en el ejercicio
de sus funciones por los órganos electorales previstos en la Ley Electoral del
Estado.
IV. Materiales electorales, los elementos físicos, tales como urnas, canceles o
elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido
indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su
utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral; (Adic. por
Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039
de 30 de marzo de 2007).
V. Precandidatos, los ciudadanos que deciden contender al interior de un
determinado partido político o coalición, con el fin de alcanzar su nominación
como candidato a un puesto de elección popular; (Adic. por Decreto número
504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo
de 2007).
VI. Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad
competente; y, (Adic. por Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y
publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
VII. Servidores Públicos, a los funcionarios y empleados de la administración pública
federal, estatal y municipal. (Adic. por Decreto número 504, de 27 de marzo del
2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
ARTÍCULO 355. Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a
seis años, al funcionario electoral que:
I. Fuera de los casos previstos en la ley, altere en cualquier forma, sustraiga,
sustituya, destruya o haga uso indebido de documentos oficiales o materiales de
índole electoral; (Ref. por Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y
publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
145
II. Sin causa prevista por la Ley expulse u ordene el retiro de la casilla electoral a
representantes de un partido político o coalición; (Ref. por Decreto número 504,
de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de
2007).
III. No haga constar las violaciones de que haya tenido conocimiento en el
desarrollo del proceso electoral;
IV. Obstruya, sin causa justificada, el desarrollo normal de la votación;
V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales
electorales necesarios para la elección, sin causa justificada; (Ref. por Decreto
número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de
marzo de 2007).
VI. Instale o clausure dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas
previstas por esta ley, la instale en lugar distinto al legalmente señalado o impida
su instalación;
VII. Siendo funcionario de la mesa directiva de casilla, consienta que la votación se
lleve a cabo en forma ilegal; rehúse admitir el voto a quien conforme a la Ley
Electoral, tenga derecho al sufragio o permita que un ciudadano emita su voto a
sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley; permita que se
introduzcan en las urnas o sustraigan de ellas ilícitamente, una o más boletas
electorales; indebidamente retenga o no entregue al organismo electoral
correspondiente los paquetes electorales; (Ref. por Decreto número 504, de 27
de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
VIII. Se niegue, sin causa justificada, a reconocer la personalidad de los
representantes de los partidos políticos o les impida el ejercicio de las
atribuciones que les corresponden;
IX. Altere los resultados electorales; (Ref. por Decreto número 504, de 27 de marzo
del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
X. Se abstenga de cumplir con sus obligaciones electorales sin causa justificada y
con perjuicio del proceso;
XI. En ejercicio de sus funciones induzca a los electores o ejerza presión sobre ellos
en el interior de la casilla o en la fila de votantes, a votar por un candidato o
partido político; (Ref. por Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y
publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
146
XII. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la
jornada electoral o respecto de sus resultados; y (Ref. por Decreto número 504,
de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de
2007).
XIII. No tome las medidas legales conducentes, para evitar la realización de
conductas que atentan contra la libertad y el secreto del voto. (Ref. por Decreto
número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de
marzo de 2007).
ARTÍCULO 356. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de uno a cinco
años al funcionario partidista, precandidato o candidato que: (Ref. por Decreto número
504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de
2007).
I. Ejerza presión sobre los electores y los induzca a votar por un candidato o
partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los electores
se encuentren formados para votar;
II. Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada
electoral;
III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos oficiales o
materiales de índole electoral; (Ref. por Decreto número 504, de 27 de marzo
del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la
misma, sin mediar causa justificada o ejerza violencia física o moral sobre los
funcionarios electorales; (Ref. por Decreto número 504, de 27 de marzo del
2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
V. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la
jornada electoral o respecto de sus resultados; (Ref. por Decreto número 504, de
27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
VI. Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla; o mediante
violencia obligue a los funcionarios electorales a la apertura o cierre fuera de los
tiempos previstos en la ley de la materia; (Ref. por Decreto número 504, de 27
de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
VII. Prepare, organice, participe o induzca a sus partidarios a realizar, por motivos
electorales, actos violentos que atenten contra el orden público y la paz social
antes, durante y después de la jornada electoral; (Ref. por Decreto número 504,
147
de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de
2007).
VIII. Obtenga y utilice, con conocimiento de causa, fondos provenientes de
actividades ilícitas para la precampaña o campaña electoral; (Adic. por Decreto
número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de
marzo de 2007).
IX. Simule hechos, circunstancias o actos de campa a electoral para imputarlos a
candidato, partido o coalición distinta a la que pertenece; (Adic. por Decreto
número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de
marzo de 2007).
X. Emita cualquier expresión pública, impresa o por cualquier otro medio sobre un
hecho determinado o indeterminado que calumnie, infame, injurie, difame o
denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas, a las personas morales o
a otros partidos políticos y sus candidatos; y, (Adic. por Decreto número 504, de
27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
XI. Sin autorización del Consejo Estatal Electoral contrate en medios electrónicos o
prensa, por sí o por interpósita persona, propaganda electoral en los procesos
electorales. (Adic. por Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y
publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
ARTÍCULO 357. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de
uno a nueve años, destitución del cargo e inhabilitación de tres a nueve años para
ocupar empleo, cargo o comisión, al servidor público que:
I. Obligue a sus subordinados a emitir sus votos en favor o en contra de
determinado partido político o candidato;
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o
la realización de obras públicas a la emisión del sufragio en favor o en contra de
determinado partido político o candidato;
III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición
en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de
un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda
corresponder por el delito de peculado, o proporcione ese apoyo a través de sus
subordinados usando del tiempo correspondiente a sus labores para que éstos
presten servicios a un partido político o candidato; y,
148
IV. No preste con la debida oportunidad, la ayuda solicitada por las autoridades
electorales, estando legalmente obligado a ello.
(Ref. Por Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No.
039 de 30 de marzo de 2007).
ARTÍCULO 358. Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres
años, a quien:
I. Vote más de una vez en la misma elección local o suplante a un elector;
II. Vote en una elección estatal o municipal a sabiendas de que no cumple con los
requisitos de la ley;
III. Vote o pretenda votar con una credencial de elector de la que no sea titular;
IV. Impida en forma violenta la instalación oportuna de una casilla electoral u
obstaculice su funcionamiento o su clausura;
V. Instale ilegalmente una casilla o usurpe funciones electorales;
VI. Haga proselitismo o presione a los electores el día de la jornada electoral en el
interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes;
VII. Ordene recolectar o recolecte paquetes electorales sin estar facultado para ello;
VIII. Solicite votos por paga, dádiva o promesa de dinero durante las campañas
electorales o la jornada electoral; (Ref. por Decreto número 504, de 27 de marzo
del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
IX. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de la votación, del
escrutinio o del cómputo;
X. Recoja credenciales de elector de los ciudadanos sin causa prevista por la ley;
XI. Traslade votantes el día de la elección con el objeto de llevarlos a votar y de
influir en el sentido de su voto;
XII. Sustraiga de las urnas o introduzca en ellas ilícitamente una o más boletas
electorales;
149
XIII. Sustraiga, destruya o altere ilícitamente, o bien falsifique o haga uso indebido de
documentos o materiales electorales; (Ref. por Decreto número 504, de 27 de
marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
XIV. Destruya o retire propaganda electoral de los partidos políticos o coaliciones
durante el proceso electoral, sin causa justificada; (Ref. por Decreto número 504,
de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de
2007).
XV. Obtenga o solicite declaración firmada de los electores para comprometer el
sentido de su voto o que comprometa su voto mediante amenazas, promesas de
pago, dádivas o la prestación de un servicio; (Ref. por Decreto número 504, de
27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
XVI. Durante los siete días previos al de la elección y hasta la hora oficial del cierre
de las casillas electorales, publique o difunda por cualquier medio los resultados
de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias
electorales de los ciudadanos; (Adic. por Decreto número 504, de 27 de marzo
del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
XVII. Contrate propaganda electoral en medios electrónicos o prensa a favor o en
contra de algún partido político, coalición o candidato; (Adic. por Decreto número
504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo
de 2007).
XVIII. Siendo Notario Público, sin causa justificada, se niegue a dar fe de los actos en
los que debe intervenir en los términos de la Ley Electoral; y, (Adic. por Decreto
número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de
marzo de 2007).
XIX. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del
ciudadano a emitir su voto en secreto. (Adic. por Decreto número 504, de 27 de
marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
ARTÍCULO 359. Al que teniendo responsabilidad de tomar las medidas necesarias
para el depósito y salvaguarda de toda la documentación electoral hasta que el
Consejo Estatal Electoral acuerde su destrucción y no lo hiciere así, se le impondrán de
tres a ocho años de prisión.
ARTÍCULO 360. Por la comisión de cualesquiera de los delitos comprendidos en el
presente capítulo se impondrá además de la pena señalada, la suspensión de
derechos políticos de uno a cinco años; y, en el caso de funcionarios electorales, la
destitución e inhabilitación de uno a cinco años, para ocupar cualquier otro cargo
150
público. (Ref. por Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O.
No. 039 de 30 de marzo de 2007).
ARTÍCULO 361. Derogado. (Por Decreto número 504, de 27 de marzo del 2007, y
publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
ARTÍCULO 362. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis
años al funcionario partidista, precandidato, candidato o a los organizadores de los
actos de campaña que, a sabiendas, aprovechen ilícitamente fondos, bienes o servicios
en los términos de la fracción III del artículo 357 de este Código. (Ref. por Decreto
número 504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo
de 2007).
ARTÍCULO 363. Se impondrán hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos
que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan
expresamente al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido
político, o a la abstención del ejercicio del derecho al voto. (Adic. por Decreto número
504, de 27 de marzo del 2007, y publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de
2007).
SECCIÓN QUINTA
DELITOS EN CONTRA DE ANIMALES DOMÉSTICOS, SILVESTRES O
FERALES
(Ref. Según Decreto 581, de fecha 28 de enero de 2021 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 013 edición vespertina de fecha 28 de enero de 2022).
TÍTULO ÚNICO
MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES DOMÉSTICOS,
SILVESTRES O FERALES
(Ref. Según Decreto 581, de fecha 28 de enero de 2021 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 013 edición vespertina de fecha 28 de enero de 2022).
CAPÍTULO ÚNICO
MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES DOMÉSTICOS,
SILVESTRES O FERALES
SILVESTRES O FERALES
(Ref. Según Decreto 581, de fecha 28 de enero de 2021 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 013 edición vespertina de fecha 28 de enero de 2022).
ARTÍCULO 364. Al que dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de
cualquier animal doméstico, silvestre o feral causándole lesiones se le impondrá de seis
meses a dos años de prisión y de cien a doscientos días multa.
151
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal doméstico, silvestre o feral, se
aumentará en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior.
Si las lesiones causan la muerte del animal doméstico, silvestre o feral, se le impondrá
de dos a tres años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.
Se entenderá por animales domésticos, silvestres o ferales lo establecido para cada
uno de ellos en el artículo 3, fracciones VI, VIII y X, respectivamente, de la Ley de
Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa.
Se entenderá por crueldad animal la voluntad de causar un dolor o sufrimiento y, en
algunas circunstancias, de obtener beneficio o placer relacionado con el logro del
hecho cruel de la violencia ejercida en contra de los animales domésticos, silvestres o
ferales y que ponga en peligro la vida de éstos, o bien, el hecho de causarles la muerte
por métodos no previstos en las leyes vigentes, incluyéndose el envenenamiento.
Se entenderá por maltrato animal todo hecho, acto u omisión del ser humano, que
puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en
peligro la vida del animal doméstico, silvestre o feral o afecte gravemente su salud o
integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su
capacidad física con cualquier fin, incluyendo la venta y explotación de animales vivos
en la vía pública y en general en establecimientos que no cuenten con licencia
específica para la explotación del giro comercial, los actos de zoofilia, tauromaquia y el
abandono en la vía pública o en lugar ajeno a su hábitat natural.
No se considerará para efectos del presente Capítulo como actos de crueldad o
maltrato animal, el sacrificio de animales de abasto, la charrería y peleas de gallos,
siempre y cuando se realicen en términos de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
(Ref. Según Decreto 581, de fecha 28 de enero de 2021 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 013 edición vespertina de fecha 28 de enero de 2022).
ARTÍCULO 364 Bis. Se impondrán de 2 a 4 años de prisión y de quinientos a seiscientos días
multa así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, la clausura del
establecimiento y la cancelación del permiso o licencia, a quien organice, explote, financie,
promueva o realice, por cuenta propia o ajena, todo acto cuyo objeto sea la pelea de perros, ya
sea en un espectáculo público o privado.
Las mismas penas se impondrán a quien ayude a procurar la desaparición o alteración de los
rastros, pruebas o instrumentos utilizados para organización o de las actividades previstas en
este artículo.
152
Procederá inmediatamente al aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su
cuidado o resguardo, de conformidad con lo dispuesto en el presente código.
(Adic. Según Decreto 581, de fecha 28 de enero de 2021 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 013 edición vespertina de fecha 28 de enero de 2022).
ARTÍCULO 364 Bis A. Los delitos previstos en este Capítulo se perseguirán por querella, salvo
que se cometan por el propietario, custodio o poseedor del animal o que el animal carezca de
propietario, custodio o poseedor, casos en que se perseguirán de oficio.
(Adic. Según Decreto 581, de fecha 28 de enero de 2021 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 013 edición vespertina de fecha 28 de enero de 2022).
SECCIÓN SEXTA
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico Oficial
“El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
TÍTULO ÚNICO
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico Oficial
“El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
CAPÍTULO ÚNICO
DELITOS AMBIENTALES
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico Oficial
“El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
ARTÍCULO 365. AI que sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las
normas de seguridad y operación aplicables, realice, autorice u ordene la realización de
actividades que conforme a ese mismo ordenamiento se consideren como riesgosas,
que no sean competencia de la Federación, y que ocasionen daños a la salud de las
personas, la flora, la fauna o los ecosistemas, se aplicará pena de seis meses a seis
años de prisión y multa por el equivalente de doscientos a diez mil veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización.
Cuando las actividades consideradas como riesgosas a que se refiere el párrafo
anterior, se lleven a cabo en un centro de población, las penas se aumentarán hasta en
una tercera parte más.
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
153
ARTÍCULO 366. Al que sin contar con la autorización de la autoridad competente o
contraviniendo los términos en que esta haya sido concedida, fabrique, elabore,
transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, use, reúse, recicle, recolecte, trate,
deseche, descargue, disperse, asperge, disponga o en general, realice actos con
materiales o residuos peligrosos, de baja peligrosidad o de manejo especial que
ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud de las personas, a los
ecosistemas o sus elementos, se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión
y multa por el equivalente de doscientas a diez mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
ARTICULO 367. Al que ilícitamente, despida o descargue en la atmósfera, ordene o
autorice despedir o descargar líquidos, gases, humos, polvos, vapores u olores que
ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud de las personas, la flora, la fauna o los
ecosistemas, se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y multa por el
equivalente de doscientos a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
ARTICULO 368. Al que ilícitamente, descargue, deposite o infiltre o lo autorice u
ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, sistemas de
drenaje o alcantarillado y demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción local
que ocasionen o puedan ocasionar daños a los ecosistemas, a la salud de las
personas, a la flora o a la fauna, se impondrá pena de uno a siete años de prisión y
multa por el equivalente de quinientas a diez mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
Cuando las conductas previstas en el párrafo anterior se realicen sobre aguas para
abastecimiento público, la pena se podrá elevar hasta un año seis meses más.
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
ARTÍCULO 369. A quien en contravención a las disposiciones legales aplicables,
genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, en zonas de
jurisdicción local, que ocasionen daños a la salud de las personas, la flora, la fauna o
los ecosistemas, se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y multa por el
equivalente de doscientos a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.
154
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
ARTICUL0 370. Al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o
seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, transporte, abandono,
desecho, descarga, lo ordene o autorice o realice cualquier otra actividad con
sustancias, materiales o residuos no reservados a la Federación que por su clase,
calidad o cantidad sean aptos para contaminar o alterar perjudicialmente el suelo, la
atmósfera o las aguas de jurisdicción estatal o que generen daños a la población, se
impondrá pena de uno a siete años de prisión y multa por el equivalente de quinientas
a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización.
En el caso de que las actividades a que se refiere el párrafo anterior, se lleven a cabo
en un área natural protegida que se encuentre bajo la administración del gobierno del
estado o de la autoridad municipal, las penas se incrementarán hasta una mitad más.
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
ARTÍCULO 371. Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y multa por el
equivalente de doscientos a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, a quien:
I. Omita asentar datos necesarios o asiente datos falsos en los registros, bitácoras
o cualquier otro documento utilizado con el propósito de simular o evadir el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental estatal;
II. Destruya, altere u oculte información, registros, reportes o cualquier otro
documento que se requiera mantener o archivar de conformidad a la
normatividad ambiental Estatal;
III. Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista, perito o prestador de
servicio en materia de impacto ambiental, emisiones a la atmósfera u otra
materia ambiental, faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los
recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del
agua, a la atmósfera o al ambiente;
IV. No realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesarias
para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa o judicial
le ordene o imponga; y,
V. De forma ilícita corte, arranque, derribe, tale, desmonte o destruya:
155
a) Árboles o palmeras que formen parte del paisaje urbano, o
b) Vegetación natural que se encuentre en áreas verdes, parques públicos o
que forme parte de la ornamentación de las zonas urbanas.
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
ARTÍCULO 372. A quien dolosamente realice la quema de soca y esquilmos agrícolas,
se impondrá una pena de uno a siete años de prisión y una multa de quinientas a tres
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán hasta una tercera parte más,
cuando quien cometa el delito sea servidor público cuya obligación sea proteger el
medio ambiente y que teniendo conocimiento de este ilícito, omita realizar las funciones
propias de su encargo para prevenir, solucionar y sancionar al o los responsables.
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
ARTÍCULO 373. Además de lo establecido en el artículo 39 de este Código, para los
efectos del presente capítulo sobre la reparación del daño, también deberá tenerse en
consideración, que podrá incluir la realización de las acciones necesarias para
restaurar las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se
encontraban antes de realizarse el delito, cuando ello sea posible la ejecución de
acciones u obras que permitan compensar los daños ambientales que se hubiesen
generado y si ninguna de ellas fuese posible el pago de una indemnización se integrara
al Fondo Estatal Ambiental a que se refiere la Ley Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Sinaloa.
A fin de determinar el monto de la indemnización a que se refiere este artículo se
deberá considerar los daños ambientales ocasionados, el valor de los bienes afectados
y el derecho de toda persona a tener un ambiente sano; debiendo apoyarse en todo
caso en un dictamen técnico emitido por la autoridad ambiental competente para fijar el
monto de la indemnización correspondiente, la cual en ninguno de los casos deberá ser
inferior al valor de los bienes afectados o de los beneficios obtenidos por la conducta.
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
156
ARTÍCULO 374. Tratándose de los delitos previstos en este capítulo, el trabajo a favor
de la comunidad, consistirá en actividades relacionadas con la protección al ambiente o
a la restauración de los recursos naturales.
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
ARTÍCULO 375. Los delitos previstos en este Capítulo se perseguirán de oficio.
(Adic. Según Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020).
SECCIÓN SÉPTIMA
DELITOS CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
(Adic. Según Dec. No. 600, publicado en el P.O. No. 046 de fecha 16 de abril de 2021).
TÍTULO ÚNICO
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
(Adic. Según Dec. No. 600, publicado en el P.O. No. 046 de fecha 16 de abril de 2021).
CAPÍTULO ÚNICO
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
(Adic. Según Dec. No. 600, publicado en el P.O. No. 046 de fecha 16 de abril de 2021).
ARTÍCULO 376. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y el equivalente en
multa de cinco mil a diez mil unidades de medida y actualización, a quien por sí o por
interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
l. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite,
retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera,
dentro del territorio del Estado, de éste hacia el exterior del mismo o a la inversa,
recursos, valores, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita;
y
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos, valores o
bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita.
Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita,
los recursos, valores, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan
indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan
157
las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su
legítima procedencia.
(Adic. Según Dec. No. 600, publicado en el P.O. No. 046 de fecha 16 de abril de 2021).
ARTÍCULO 377. Las penas previstas en el artículo anterior serán aumentadas en una
mitad cuando el delito se cometa por servidores públicos a quienes se les impondrá
además destitución e inhabilitación para desempeñar cargo o comisión pública hasta
por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación iniciará cuando
se haya cumplido la pena de prisión.
Las penas previstas en este Capítulo se duplicarán, si la conducta es cometida por
servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la
comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los ex servidores
públicos encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los dos años
posteriores a su terminación. Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar
empleo, cargo o comisión pública hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión
impuesta. La inhabilitación iniciará cuando se haya cumplido la pena de prisión.
Asimismo, las penas previstas en este Capítulo se aumentarán hasta en una mitad si
quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 376 utiliza a personas
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para
comprender el significado del hecho o para resistirlo.
Cuando la persona que realiza los actos jurídicos, con alguno de los resultados
mencionados en el artículo 376 revele a la autoridad competente la identidad de quien
haya aportado los recursos o de quien se conduzca como dueño, la pena podrá ser
reducida hasta en dos terceras partes.
(Adic. Según Dec. No. 600, publicado en el P.O. No. 046 de fecha 16 de abril de 2021).
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Código se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa" y entrará en vigor treinta días después de su publicación.
SEGUNDO. El presente Código abroga el Código Penal para el Estado de Sinaloa
publicado en el Periódico Oficial con fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos
ochenta y seis, el cual entró en vigor el quince de noviembre del mismo año.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales en cuanto se opongan a este
Código.
158
CUARTO. Todos los hechos ocurridos, procesos instruidos y sentencias pronunciadas
conforme al Código que se abroga, se regirán por la ley más favorable al inculpado,
procesado o sentenciado.
QUINTO. Para los efectos del transitorio anterior y tratándose de sanciones privativas
de libertad, cada caso concreto de sentencia ejecutoriada se resolverá multiplicando la
sanción impuesta por la suma del mínimo y máximo señalado para el delito
correspondiente en este Código, y se dividirá entre el resultado de la suma del mínimo
y el máximo de la sanción prevista en el Código que se abroga. Dicha operación la
realizará la autoridad judicial que conoció de procedimiento y el resultado obtenido será
la sanción a compurgar.
SEXTO. Cuando la sanción impuesta haya sido la mínima señalada en el Código
anterior, la autoridad ejecutora entenderá que la misma se reduce al mínimo de la
establecida en el presente Código, cuando sea menor.
SÉPTIMO. En aquellos asuntos en trámite que tengan dictado auto de formal prisión u
orden de aprehensión no ejecutada, por delito para el cual el presente Código prevea
pena alternativa, los Tribunales procederán de oficio o a petición de parte, a dictar el
correspondiente auto de sujeción a proceso, ordenando poner en libertad a quienes se
encuentran privados de ella, o en su caso, dejando sin efecto la orden de aprehensión
no ejecutada sustituyéndola por la correspondiente orden de comparecencia.
OCTAVO. En aquellos casos en los cuales ya exista sentencia condenatoria,
ejecutoriada o no, por delito que en el presente Código se contemple con pena
alternativa, la autoridad judicial, de oficio o a solicitud del interesado, determinará de
plano la multa a cubrir, cuando ésta proceda. Cuando la sentencia haya condenado al
reo a pena de prisión y multa, y el delito tenga asignada en este Código pena
alternativa, la sanción se tendrá por satisfecha con el pago de la multa, siempre y
cuando se tenga derecho a la pena alternativa conforme a los dispuesto en el último
párrafo del artículo 78.
NOVENO. En los supuestos en que este Código deja de considerar un determinado
hecho como delictuoso, se ordenará la libertad de los procesados o sentenciados,
quedando sin efecto el procedimiento y sus consecuencias legales, así como los de la
sentencia. No se considerará que dejan de ser delictuosos los hechos en el caso de
cambio de la denominación de la figura delictiva.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos.
LIC. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRÍA
DIPUTADO PRESIDENTE
159
ING. FRANCISCO SOLANO URÍAS
DIPUTADO SECRETARIO
C. BENJAMÍN VALENZUELA SEGURA
DIPUTADO SECRETARIO
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los nueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y
dos.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. MANUEL LAZCANO OCHOA
ARTÍCULO TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS
(Del Decreto número 426, publicado en el P. O. No. 95 de 10 de agosto de 1994, que
reforma los Artículos 273 y 274).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de septiembre de
mil novecientos noventa y cuatro, previa publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Sinaloa". (Ref. por Decreto número 430, publicado en el P. O. No. 99 de 19 de
agosto de 1994).
(Del Decreto No. 493, publicado en el P.O. No. 42 de 08 de abril de 1998, que adiciona
el Capítulo VI denominado De los Delitos de Venta y Distribución Ilícita de Bebidas
Alcohólicas)
ARTICULO UNICO.- Este decreto entrará en vigor sesenta días después de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto número 665, publicado en el P. O. No. 101 del 22 de agosto de 2001, que
reforman los artículos 167, párrafo primero y fracción II; 168, párrafo primero, fracción
IV y V y último párrafo; 185, 243, párrafo primero; la denominación del Capítulo Primero
del Título Cuarto, Sección Tercera, Libro Segundo y 273, y se adicionan los artículo
139 Bis; una fracción III al artículo 167, por lo que se recorre la fracción III vigente para
160
quedar como IV; una fracción VI al artículo 168; 168 Bis, 168 Bis A y 168 Bis B, del
Código Penal para el Estado de Sinaloa).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 270, publicado en el P.O. No. 38 de 28 de marzo de 2003, que adiciona el
Capítulo 1 Bis al Título Único de la Sección Segunda del Libro Segundo, así como los
artículos 241 Bis, 241 Bis A y 241 Bis B, y se reforma del artículo 273)
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 361, publicado en el P.O. No. 096 de 11 de agosto de 2003)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 452, publicado en el P.O. No. 01 de 02 de enero de 2004).
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 453, publicado en el P.O. No. 01 de 02 de enero de 2004).
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día 4 de enero de 2004, previa
publicación en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 162, publicado en el P.O. No. 92 de 03 de agosto de 2005)
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
Artículo Segundo.- Dentro de un plazo que no deberá exceder de treinta días,
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Ejecutivo Estatal deberá
proveer lo conducente para que la Unidad de Asuntos Internos prevista en el artículo
156 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se formalice al interior de la
Secretaría de Seguridad Pública; y, en tanto los Ayuntamientos estén en condiciones
presupuestales para hacer lo propio, deberán ser auxiliados por dicha Secretaría, en lo
concerniente al ejercicio de las atribuciones previstas en el dispositivo mencionado,
respecto a las corporaciones municipales de seguridad pública.
161
Artículo Tercero.- Dentro de un plazo que no deberá exceder de quince días,
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Ejecutivo Estatal y los
Ayuntamientos procederán a la firma de los convenios de coordinación en las materias
previstas en los artículos 41, 42 y 108 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Sinaloa.
Artículo Cuarto.- Dentro de un plazo que no deberá exceder de cuarenta y cinco días,
contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Ejecutivo Estatal expedirá
las disposiciones reglamentarias para la debida regulación de la prestación de los
servicios privados de seguridad en la entidad, para garantizar que los mismos sean
prestados en el marco de la ley con profesionalismo y honradez.
Artículo Quinto.- La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del H.
Congreso del Estado, realizará una revisión a fondo del contenido y alcances de los
servicios especializados de protección a empresas y/o particulares que prestan
instituciones de seguridad pública, valorando los efectos sociales, de dicha prestación y
la conveniencia o no de su permanencia, debiendo dictaminar, en un lapso no mayor
de seis meses, la o las iniciativas orientadas a realizar las reformas legales que se
requieran.
(Del Decreto 364, publicado en el P.O No. 095 de 09 de agosto de 2006)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días hábiles
siguientes a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”
(Del Decreto No. 366, publicado en el P.O. No. 096 del 11 de agosto de 2006)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto No. 368, publicado en el P.O. No. 096 del 11 de agosto de 2006)
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto número 504, publicado en el P.O. No. 039 de 30 de marzo de 2007).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto número 628, publicado en el P.O. No. 103 de 27 de julio de 2007).
162
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 648 de 27 de septiembre de 2007, publicado en el P.O. No. 119 de 03 de
octubre de 2007).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 649 de 27 de septiembre de 2007, publicado en el P.O. No. 119 de 03 de
octubre de 2007).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 650 de 27 de septiembre de 2007, publicado en el P.O. No. 120 de 05 de
octubre de 2007).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 663 del 27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05
de octubre del 2007).
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
Artículo Segundo.- Se autoriza al Procurador General de Justicia del Estado para que,
con la mayor brevedad, previo inventario y avalúo formulado por dos peritos valuadores
de la propia institución, proceda a la venta de todos los bienes asegurados por el
Ministerio Público, que lo hubieren sido a título de instrumentos u objetos de la
comisión del delito o como producto de uno o más actos delictuosos, con más de dos
años de antigüedad en esa calidad, que no hubiesen sido reclamados o recogidos por
su dueño; su representante legal; en su caso, por su causahabiente o por quien pudiere
haber tenido interés legitimo en los mismos.
El producto de la venta de tales bienes deberá aplicarse, íntegramente, al Fondo de
Apoyo para la Procuración de Justicia del Estado de Sinaloa.
(Del Decreto 664 del 27 de septiembre del 2007, publicado en el P.O. No. 120 del 05
de octubre del 2007).
163
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 109 del 1 de abril del 2008, publicado en el P.O. No. 047 del 18 de
abril del 2008).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 270, del 22 de enero del 2009, publicado en el P.O. No. 012 del
28 de enero del 2009).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 267, del 13 de enero del 2009, publicado en el P. O. No. 016 del
06 de febrero del 2009)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 284, del 26 de febrero del 2009, publicado en el P. O. No. 034 del
20 de marzo del 2009)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 332, del 4 de junio del 2009, publicado en el P.O. No. 72 del
17 de junio del 2009).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 333, del 4 de junio del 2009, publicado en el P.O. No. 72 del
17 de junio del 2009).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 336, del 9 de junio del 2009, publicado en el P.O. No. 74 del
22 de junio del 2009).
164
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 707, del 29 de julio de 2010, publicado en el P.O. No. 108 del
08 de septiembre del 2010).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 212 del 31 de marzo de 2011 y publicado en el
P.O. No. 063 del 27 de mayo de 2011).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 322 del 29 de julio de 2011 y publicado en el
P.O. No. 103 del 29 de agosto del 2011).
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación, salvo para la
competencia en el delito de narcomenudeo.
SEGUNDO. En materia de narcomenudeo, las autoridades competentes de la entidad
conocerán de dicho delito a partir del día 21 de agosto de 2012, en cumplimiento al
transitorio primero, párrafo tercero, del Decreto Federal publicado en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 20 de agosto de 2009.
TERCERO. Durante la vacatio legis, los poderes Ejecutivo y Judicial deberán realizar
las acciones necesarias para su debida observancia e instrumentación.
(Del Decreto 515, publicado en el P.O. No. 051 del 25 de abril del 2012).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 769, publicado en el P.O. No. 026 del 27 de febrero del 2013).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 791, publicado en el P.O. No. 033 del 15 de marzo del 2013).
165
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa.
(Del Decreto 873, publicado en el P.O. No. 080 del 3 de julio de 2013).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 920, publicado en el P.O. No. 096 del 09 de agosto del 2013).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Las reformas previstas en el artículo tercero del presente Decreto entrarán
en vigor conforme al artículo primero transitorio del Decreto Número 738 publicado en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el 25 de enero de 2013 que contiene el
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa.
(Del Decreto 160, publicado en el P.O. No. 091 del 30 de julio del 2014).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en los términos que establezca la
Declaratoria que para tales efectos emita el H. Congreso del Estado de Sinaloa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, tercer párrafo, del
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 18 de junio de 2008, así como en el artículo segundo transitorio,
segundo párrafo, del Decreto por el que se expide el Código Nacional de
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de
marzo de 2014.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”.
(Del Decreto No. 191, publicado en el P.O. No. 152 de 15 de diciembre del 2014).
PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública y
Cultura, para dar cumplimiento al presente Decreto deberá realizar las modificaciones
166
necesarias a su normatividad interna dentro de un plazo de 120 días siguientes al inicio
de su vigencia.
(Del Decreto No. 322, publicado en el P.O. No. 062 de 25 de mayo de 2015).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto No. 188, publicado en el P.O. No. 151 del 18 de diciembre del 2015).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto No. 317, publicado en el P.O. No. 154 del 25 de diciembre del 2015).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto No. 533, publicado en el P.O. No. 094 del 03 de agosto de 2016).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto No. 58, publicado en el P.O. No. 158 del 28 de diciembre de 2016).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto será el equivalente al que tenga el salario
mínimo general vigente diario para todo el país, conforme a lo previsto en el artículo
segundo transitorio del Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, hasta en
tanto se actualice dicho valor de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo
quinto transitorio del citado decreto.
TERCERO. A la fecha de entrada del presente Decreto, todas las menciones al salario
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su
naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las
leyes locales, así como en cualquier disposición jurídica que emane de estas, se
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.
167
CUARTO. Los créditos, contratos, convenios, garantías, coberturas y otros esquemas
financieros, de cualquier naturaleza vigentes a la fecha de entrada en vigor de este
Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, se regirán
conforme a lo establecido en los artículos séptimo y octavo transitorios del Decreto que
declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.
QUINTO. El Ejecutivo del Estado y los municipios contarán con un plazo máximo de 90
días, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para realizar las
adecuaciones que correspondan en los reglamentos y ordenamientos de sus
respectivas competencias, según sea el caso, a efecto de eliminar las referencias al
salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas
por la Unidad de Medida y Actualización.
SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el
presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de
Inversión o UDI.
(Del Decreto No. 104, publicado en el P.O. No. 050 del 21 de abril de 2017).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
(Del Decreto No. 138, publicado en el P.O. No. 065 del 24 de mayo de 2017).
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “EI Estado de Sinaloa”.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
(Del Decreto No. 260, publicado en el P.O. No. 145, Primera Sección del 17 de
noviembre de 2017).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
168
(Del Decreto No. 348, publicado en el P.O. No. 013 del 29 de enero del 2018).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. A las personas que estén siendo procesadas o que se les haya dictado
sentencia por la comisión del delito de rapto derogado mediante el presente Decreto,
les serán aplicables las disposiciones vigentes al momento de la comisión de dicho
delito.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
(Del Decreto No. 355, publicado en el P.O. No. 013 del 29 de enero del 2018).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto No. 379, publicado en el P.O. No. 020 del 12 de febrero de 2018).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
(Del Decreto No. 474, publicado en el P.O. No. 065 del 25 de mayo de 2018).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto No. 619, publicado en el P.O. No. 083 del 04 de julio de 2018).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto No. 822, publicado en el P.O. No. 105 del 24 de agosto de 2018).
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto No. 843, publicado en el P.O. No. 122 del 03 de octubre de 2018).
169
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto No. 260, publicado en el P.O. No. 089 del 22 de julio de 2019)
NOTA: Las derogaciones contenidas en el Decreto referido inherentes al presente
Código, se encuentran incluidas en el Artículo Cuarto de contenido.
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta la emisión de los protocolos
y demás instrumentos a que se refiere la presente Ley, la Fiscalía General y demás
autoridades deberán cumplir con las obligaciones de búsqueda conforme a los
ordenamientos que se hayan expedido con anterioridad, siempre que no se opongan a
la misma.
La Fiscalía General, además de los protocolos previstos en esta Ley, continuará
aplicando los protocolos existentes de búsqueda de personas en situación de
vulnerabilidad.
ARTÍCULO SEGUNDO. Las Fiscalías Especializadas en Materia de Desapariciones
Forzadas y de Tortura, entrarán en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes
a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto se adecuan las condiciones
materiales y humanas necesarias para su establecimiento.
Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la
Comisión Estatal de Búsqueda deberá emitir los protocolos rectores a que alude esta
Ley, para su funcionamiento; así como el Programa Estatal de Búsqueda.
Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas y la Comisión Estatal
de Búsqueda deberán estar certificados. En caso de que ningún servidor público
cuente con certificación, se dará una prórroga de un año para tal efecto.
170
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Estatal de
Búsqueda emitirá los criterios previstos en esta Ley, dentro de los noventa días
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
La Comisión Estatal de Búsqueda podrá, a partir de que entre en funcionamiento,
ejercer las atribuciones que esta Ley les confiere con relación a los procesos de
búsqueda que se encuentren pendientes.
La persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, cuyo nombramiento otorgó el
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, el día 2 de mayo de 2019, continuará
en el cargo, en los términos previstos en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda
de Personas en Sinaloa.
ARTÍCULO TERCERO. El Consejo Estatal Ciudadano deberá estar conformado dentro
de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
En un plazo de treinta días posteriores a su conformación el Consejo Ciudadano
deberá emitir sus reglas de funcionamiento.
ARTÍCULO CUARTO. El Sistema Estatal de Búsqueda de Personas deberá quedar
instalado dentro de los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente
Decreto.
ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del Estado, en un plazo de ciento ochenta días a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir y armonizar las
disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el presente
Decreto.
ARTÍCULO SEXTO. La Fiscalía General del Estado, con la participación que
corresponda a la Secretaría de Innovación del Ejecutivo Estatal, deberá emitir los
lineamientos tecnológicos necesarios para garantizar que los registros y el Banco
Estatal de Datos Forenses cuenten con las características técnicas y soporte
171
tecnológico adecuado, dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en
vigor de esta Ley.
Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior la Fiscalía General del Estado emitirá
los lineamientos necesarios para que las autoridades de los distintos órdenes de
gobierno remitan en forma homologada la información que será integrada al Registro
Estatal de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y al Banco Estatal de
Datos Forenses previstos en la Ley.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, la Comisión Estatal de Búsqueda deberá emitir los
lineamientos correspondientes a que se refiere la Ley.
ARTÍCULO OCTAVO. Los procedimientos iniciados por el delito de desaparición
forzada de personas antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán
conforme a lo establecido en el Artículo Décimo Transitorio de la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Los procedimientos iniciados por el delito de tortura antes de la entrada en vigor del
presente Decreto, se seguirán conforme a lo establecido en el Artículo Segundo
Transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
ARTÍCULO NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
(Sentencia de fecha 3 de octubre de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 34/2018, notificada en fecha
14 de octubre de 2019).
PUNTOS RESOLUTIVOS:
“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
172
SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 164 Bis y 165, párrafo segundo, del
Código Penal para el Estado de Sinaloa, adicionados mediante Decreto Número 348,
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el veintinueve de enero de dos
mil dieciocho, en términos del apartado VI de este fallo, la cual surtirá sus efectos
retroactivos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución al
Congreso del Estado de Sinaloa, conforme a los términos precisados en el apartado VII
de esta sentencia.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el
Periódico Oficial ‘El Estado de Sinaloa’, así como en el Semanario Judicial de la
Federación y en su Gaceta.”
(Sentencia de fecha 3 de octubre de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 31/2017, notificada en fecha
14 de octubre de 2019).
PUNTOS RESOLUTIVOS:
“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 298, fracción VI, del Código Penal para
el Estado de Sinaloa, adicionada mediante Decreto Número 104, publicado en el
Periódico Oficial ‘El Estado de Sinaloa’ el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en
términos del considerando quinto de este fallo, la cual surtirá sus efectos retroactivos a
partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución al Congreso del
Estado de Sinaloa, conforme a los términos precisados en el considerando sexto de
esta sentencia.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el
Periódico Oficial ‘El Estado de Sinaloa’, así como en el Semanario Judicial de la
Federación y en su Gaceta.”
(Del Decreto No. 438, publicado en el P.O. No. 022 del 19 de febrero de 2020)
173
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto No. 471, publicado en el P.O. No. 083 de fecha 10 de julio de 2020)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 470, de fecha 02 de julio de 2020 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 098 de fecha 14 de agosto de 2020). NOTA: Las adiciones
referentes al presente Código se encuentran incluidas en el artículo primero de
contenido,
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Los trámites y/o denuncias de cualquier tipo relacionados con las materias
de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se tramitarán y resolverán
conforme a las disposiciones vigentes en ese momento, y las demás disposiciones
aplicables en la materia de que se trate.
(Del Decreto No. 481 de fecha nueve de julio del 2020 y publicado en el P.O. No. 101
del 21 de agosto de 2020). NOTA: Las adiciones referentes al presente Código se
encuentran incluidas en el artículo segundo de contenido.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. La Comisión lntersecretarial deberá instalarse en un plazo de 60 días
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
TERCERO. Una vez instalada la Comisión Intersecretarial, deberá crear el Programa
174
para la Atención y Protección de las Personas Desplazadas en un plazo que no deberá
exceder los 60 días naturales.
CUARTO. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Estado deberá llevar a cabo todos los ajustes presupuestales necesarios
para la constitución del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas
Desplazadas, en un término de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
QUINTO. La Secretaria de Desarrollo Social deberá crear el Registro Estatal de
Personas Desplazadas en un plazo que no deberá exceder de los 60 días naturales a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
SEXTO. Se deroga cualquier disposición que se oponga a lo señalado en este Decreto.
(Del Decreto 594, publicado en el P.O. No. 039 del 31 de marzo de 2021)
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto No. 600, publicado en el P.O. No. 046 de fecha 16 de abril de 2021). NOTA: Las
adiciones inherentes al presente Código se encuentran contenidas en el Artículo Segundo de
Contenido del Decreto mencionado.
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
ARTÍCULO SEGUNDO. La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica creada mediante el
acuerdo 04/2020, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, de fecha 8 de Junio
de 2020, continuará en funciones en tanto no se oponga al presente Decreto. El nombramiento
de su titular, de conformidad con el mencionado acuerdo, seguirá vigente de cumplir los
requisitos previstos en el artículo 23 Bis F, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Sinaloa.
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa,
deberá integrar en el presupuesto de egresos inmediato siguiente a la entrada en vigor y
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, del presente decreto, los recursos
necesarios para el cumplimiento de los fines de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y
Económica.
175
En un término máximo de 60 días después de la entrada en vigor y publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa” del presente Decreto el Fiscal General deberá hacer llegar al
titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa una solicitud de
presupuesto para la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, la cual deberá contener
una explicación detallada que justifique los recursos que requiere la Unidad de Inteligencia
Patrimonial y Económica para su correcto funcionamiento.
ARTÍCULO CUARTO. Dentro del lapso de 180 días posteriores al del inicio de la vigencia del
presente Decreto, la Fiscalía deberá adecuar su Reglamento para establecer las funciones y
competencias de la estructura y demás áreas que se creen para el funcionamiento de la
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, así como expedir los manuales de
organización, procedimientos y servicios de la misma.
(Decreto No. 672, publicado en el P.O. No. 109, primera sección, de fecha miércoles 08
de septiembre del 2021).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto 673, publicado en el P.O. No. 109, primera sección del 08 de septiembre de
2021).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Decreto 680 del 10 de septiembre de 2021 y publicado en el P.O. No. 116 del 24 de
septiembre de 2021).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que se oponga a lo establecido en el
presente Decreto.
(Decreto 581, de fecha 28 de enero de 2021 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 013 edición vespertina de fecha 28 de enero de 2022).
176
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el
presente Decreto.
TERCERO. El Titular del Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 90 días
posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto para realizar las modificaciones
reglamentarias derivadas del mismo.
CUARTO. Los Municipios del Estado, por conducto de sus Ayuntamientos, en el ámbito
de sus respectivas competencias contarán con un plazo de 90 días posteriores al inicio
de vigencia del presente Decreto para realizar las modificaciones reglamentarias
derivadas del mismo.
QUINTO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable deberá integrar en un plazo de 180
días posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto los Padrones a que se
refieren la fracción VI del artículo 8 de la Ley de Protección a los Animales para el
Estado de Sinaloa.
SEXTO. Una vez integrado el Consejo Técnico del Fondo para la Protección de los
Animales contará con un plazo de 90 días naturales para expedir el Reglamento a que
se refiere el presente Decreto.
(Decreto 79, de fecha 08 de marzo de 2022 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 031 de fecha 11 de marzo de 2022).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. NOTA: Las reformas y
adiciones referentes al presente Código se encuentran incluidas en el artículo primero
de contenido.
(Decreto no. 154, publicada en el P.O. No. 064, del 27 de mayo de 2022).
177
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta
Ley, el Congreso del Estado emitirá la convocatoria pública que deberá ser
transparente para designar a los Consejeros y el Director General del Instituto. Los
Consejeros por única ocasión y para asegurar la renovación escalonada, deberán ser
designados de la siguiente manera:
• Dos consejeros para un periodo de cuatro años, de los cuales uno será
periodista y el otro representante de organizaciones no gubernamentales de defensa
de los derechos humanos.
• Dos consejeros para un periodo de cinco años, de los cuales uno será periodista
y el otro representante de organizaciones no gubernamentales de defensa de los
derechos humanos.
• Dos consejeros para un periodo de seis años, de los cuales uno será periodista y
el otro representante de organizaciones no gubernamentales de defensa de los
derechos humanos.
TERCERO. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes al del inicio de la vigencia de
esta Ley, se expedirá el Reglamento Interior del Instituto.
En tanto, se aplicarán los acuerdos del Consejo Consultivo y las circulares que emita el
Director General.
CUARTO. Dentro de los sesenta días posteriores al inicio de vigencia del presente
Decreto el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones correspondientes a la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para regular la creación de
la Fiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos
Humanos y Periodistas.
178
QUINTO. En tanto inicia sus funciones el Instituto, continuará funcionando la Unidad
Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
SEXTO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones
reglamentarias correspondientes que deriven del presente Decreto y abrogará el
Acuerdo por el que se crea la Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, publicado en el Periódico Oficial No. 141 “El
Estado de Sinaloa”, de fecha 10 de noviembre de 2017.
SÉPTIMO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones
presupuestales necesarias para el funcionamiento del Instituto que se crea mediante el
presente Decreto.
NOTA: Las reformas y adiciones referentes al presente Código se encuentran incluidas
en el artículo segundo de contenido.
(Decreto No. 244, publicado en el P.O. No. 097, del 12 de agosto de 2022).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
(Decreto No. 245, publicado en el P.O. No. 097 del 12 de agosto de 2022).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
(Decreto 258, publicado en el P. O. No. 115 del 23 de septiembre de 2022).
179
ARTÍCULO ÚNICO. El presente acuerdo iniciará su vigencia al día siguiente de su
aprobación por el Pleno. NOTA: Las reformas y adiciones referentes a la presente Ley
se encuentran incluidas en el artículo primero de contenido.
(Decreto No. 259, publicado en el P.O. No. 115 del 23 de septiembre de 2022).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
NOTA: Las reformas y adiciones referentes a la presente Ley se encuentran incluidas
en el artículo cuarto de contenido.
(Decreto No. 378, publicado en el P.O. No. 009, del 20 de enero de 2023).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
(Decreto 382, publicado en el P. O. No. 009, de fecha 20 de enero de 2023).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
(Decreto No. 411, publicado en el P.O. No. 046, del 14 de abril de 2023). NOTA: Las
reformas y adiciones referentes a la presente Ley se encuentran incluidas en el artículo
tercero de contenido.
180
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
(Decreto 530, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 097, de
fecha 11 de agosto de 2023). NOTA: Las reformas y adiciones referentes a la
presente Ley se encuentran incluidas en el artículo segundo de contenido.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “EI Estado de Sinaloa”
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
(Decreto No. 547, publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023). NOTA: Las
reformas y adiciones referentes a la presente Ley se encuentran incluidas en el artículo tercero
de contenido.
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto 535, publicado en el P.O. No. 102, del 23 de agosto del 2023)
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto No. 546, publicado en el P. O. No. 120 de 04 de octubre de 2023). NOTA:
Las reformas y adiciones referentes a la presente Ley se encuentran incluidas en el
artículo primero de contenido.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
181
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
(Decreto No. 699, publicado en el P.O. No. 019, del 12 de febrero de 2024).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del
presente Decreto.
(Decreto No. 698, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No.
101, de fecha 19 de agosto de 2024).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
---o0o0o0o0o0o0o0---
]]>
© 2025 Justia