<![CDATA[TEXTO VIGENTE
Última reforma en el P.O. No. 020, del 14 de febrero de 2025.
Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado, se me ha comunicado el siguiente
decreto:
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su XXIX
Legislatura, en uso de las facultades que le fueron expresamente conferidas por el pueblo del
mismo, en virtud de plebiscito a que fue convocado por decreto número ochenta y tres de
veinte de octubre del año próximo pasado, tuvo a bien aprobar la siguiente
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DE SINALOA
QUE REFORMA LA DE 25 DE AGOSTO DE 1917 *
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Art. 1º El Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, se
constituye en un Estado democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la
protección de la dignidad humana y de los derechos humanos. (Ref. según Dec. 903, publicado
en el P.O. No. 111 de fecha 13 de septiembre del 2013).
Art. 2º En lo que atañe a su régimen interior la soberanía del Estado reside esencial y
originariamente en el pueblo sinaloense, el cual propugna como valores superiores de su orden
jurídico y social, la libertad, la igualdad sustantiva, la justicia, la solidaridad, el pluralismo
político y la diversidad cultural. (Ref. Según Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa” No. 020, de fecha 14 de febrero de 2025).
Art. 3º El Estado de Sinaloa es libre y soberano en su régimen interior, sin más limitaciones
que las expresamente establecidas por el Pacto Federal. Sus tareas fundamentales son
promover el bienestar individual y colectivo de los sinaloenses, el desarrollo económico
sustentable considerando la mejora regulatoria como una estrategia para alcanzar dicho
propósito, también el procurar la seguridad y la paz social, la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, y la equidad en las relaciones
sociales. (Ref. Según Decreto No. 87, de fecha 7 de marzo del 2017, publicado en el P.O. No.
033 de fecha 13 de marzo de 2017).
Art. 4º El territorio del Estado de Sinaloa es el que posee actualmente y el que por todo
derecho le corresponda.
TÍTULO I Bis
DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Adic. según Decreto No. 94, de fecha 1 de abril del 2008, y publicado en el P.O. No. 063 de
fecha 26 de mayo del 2008).
* * Constitución Política del Estado de Sinaloa. Expedida el 22 de junio de 1922. El texto íntegro de la
Constitución fue publicado en el P. O. "El Estado de Sinaloa" Núms. 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 del Tomo XIII
correspondiente a los días 6, 8, 11, 13, 15, 18 y 20 de julio de 1922.
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Art. 4º Bis. En el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente
Constitución, así como de los previstos en los instrumentos internacionales incorporados al
orden jurídico mexicano. Su ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos de
los demás y de solidaridad hacia la familia, los más desfavorecidos y la sociedad.
Los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculan a todos los poderes públicos. Serán
regulados por ley orgánica, la cual respetará en todo tiempo su contenido esencial y su
progresividad.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley. (Adic. según Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha
13 de septiembre del 2013).
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (Adic. según
Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de septiembre del 2013).
(Adic. según Decreto No. 94, de fecha 1 de abril del 2008, y publicado en el P.O. No. 063 de
fecha 26 de mayo del 2008).
Art. 4º Bis A. Las personas son titulares de los siguientes derechos y libertades reconocidos
por esta Constitución:
I. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El Estado tutela el derecho a la
vida respetando en todo momento la dignidad de las personas. (Ref. según Decreto No.
81, de fecha 09 de marzo de 2022 y publicado en el P.O. No. 043 de fecha 08 de abril
de 2022).
II. Queda prohibida la pena de muerte y la de prisión perpetua.
III. Nadie será sometido sin su libre consentimiento a exámenes y experimentos médicos o
científicos, respetándosele en todo tiempo el derecho a decidir sobre la difusión de los
resultados obtenidos.
IV. Todo ser humano tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al
de uno de ellos. La ley regulará la forma de asegurar este derecho.
V. Todo individuo tiene derecho a adecuar su comportamiento a convicciones personales
de orden religioso, ético, humanitario o de una naturaleza afín.
VI. Todo individuo tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, salvo los casos de excepción que determine la ley orgánica para asegurar el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud pública.
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VII. Cuando se trate de datos personales en información creada, administrada o en
posesión de las entidades públicas, el individuo tendrá libre acceso a todo registro,
archivo o banco de datos en que se contengan referencias a su persona, pudiendo
requerir la actualización, rectificación, confidencialidad o supresión de esta información
si lesiona o restringe alguno de sus derechos.
VIII. Toda persona afectada por informaciones emitidas en su perjuicio a través de medios
de difusión y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo
órgano de difusión y en condiciones similares a la difusión efectuada, su rectificación o
respuesta en los términos que establezca la ley.
IX. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad y
de paridad de género en el Estado y los Municipios, a las funciones y cargos públicos
de conformidad con la Ley del Servicio Civil de Carrera. De igual manera tienen derecho
a postularse y a ser designados, en su caso, para alguna de las candidaturas de
elección popular, en concordancia con los principios de igualdad y de paridad de
género, y en los términos que la ley determine. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha
02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de
julio de 2020).
X. Toda persona es inocente en tanto no se declare su responsabilidad mediante
sentencia emitida por el juez de la causa; (Ref. Según Decreto 157, de fecha 02 de octubre
de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 129 de fecha 22 de
octubre de 2014).
XI. Se prohíbe la obtención y el uso en cualquier procedimiento de la prueba obtenida
ilícitamente.
XII. La persona que hubiere sido condenada en sentencia firme por error judicial, o haberse
probado que fue privada ilegalmente de la libertad por otra autoridad, tendrá derecho a
ser indemnizada.
XIII. Los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección. En los
procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven derechos de los niños
se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal, atendiendo a
las particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los
niños y que se proyectan razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención
personal de dichos procedimientos y las medidas de protección que sea indispensable
adoptar en el desarrollo de éstos.
(Adic. según Decreto No. 94, de fecha 1 de abril del 2008, y publicado en el P.O. No. 063 de
fecha 26 de mayo del 2008).
XIV. Toda persona tiene derecho al acceso a la información a la salud en el caso de
emergencias sanitarias, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa el acceso a
la información relacionada con las medidas de bioseguridad exigibles a
establecimientos abiertos al público, con las certificaciones que avalen su cumplimiento,
así como de los requisitos y procedimientos para obtenerlas. Así como a todos los datos
relativos a las causas, incidencias, y demás temas relacionados con los motivos de la
emergencia sanitaria, respetándose en todo momento la protección de datos
personales.
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(Adic. Según Decreto No. 209, de fecha 14 de julio del 2022, y publicado en el P.O. No. 115 de
fecha 23 de septiembre del 2022).
Art. 4º Bis B. El Estado tomará las medidas correspondientes a efecto de dar cumplimiento a
los siguientes derechos y deberes:
I. Todas las personas tienen derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad
a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y
mentales, sin que padezcan hambre y malnutrición.
La ley determinará las medidas necesarias para remover los obstáculos en el logro de
este fin y propiciar el altruismo para con los menos favorecidos.
(Ref. según Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de septiembre del
2013).
II. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en
condiciones de igualdad y sin discriminación de ningún tipo, a fin de no poner en riesgo
su supervivencia.
La ley determinará las actividades a realizar para el logro progresivo de este derecho.
(Ref. según Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de septiembre del
2013).
III. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la Ley. (Ref.
Según Decreto No. 438, de fecha 23 de febrero del 2016, y publicado en el P.O. No.
042 de fecha 06 de abril de 2016).
La Ley determinará las medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para
protegerlo, preservarlo, restaurarlo y mejorarlo.
(Ref. según Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de septiembre del
2013).
IV. Las y los habitantes en el Estado tienen el derecho a disfrutar una vida libre de
violencias, el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres,
adolescentes, niñas y niños. La ley establecerá las bases de la actuación de las
autoridades para prevenir las violencias y atender a las personas que sufran de ella, así
como generar una cultura que permita eliminar las causas y patrones que la generan,
poniendo especial atención en la erradicación de la violencia familiar.
De igual manera deberá garantizarse a las mujeres el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales libre de violencia política, en los términos que establezcan las
leyes. (Ref. Según Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa” No. 020, de fecha 14 de febrero de 2025).
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Todas las autoridades quedarán vinculadas a cumplir con los derechos humanos y
garantizarán el goce y ejercicio en específico de la igualdad sustantiva y la perspectiva
de género. (Adic. Según Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa” No. 020, de fecha 14 de febrero de 2025)
V. DEROGADO. (Por Decreto No. 427, de fecha 9 de diciembre del 2015, y publicado en el
P.O. No. 151 de fecha 18 de diciembre del 2015).
Las personas de la tercera edad y las que tengan capacidades diferentes deben recibir
apoyo y protección permanentes. El Estado y los municipios establecerán un sistema
permanente de apoyo a las personas de la tercera edad para permitirles una vida digna
y decorosa; y, promoverán la habilitación, rehabilitación e integración de las personas
con capacidades diferentes con el objeto de facilitar su pleno desarrollo.
Toda persona que habite o transite en el territorio del Estado, sin importar su
procedencia o condición migratoria, será tratado humanamente y con el respeto debido
a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.
VI. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, la
innovación tecnológica y la creación cultural.
Toda persona tiene libertad de investigación científica y de creación tecnológica y
cultural, así como a su difusión, a la par del derecho a obtener los beneficios que le
corresponda por razón de su producción científica, tecnológica, literaria o artística de
que sea autor.
El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica,
además garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual
deberá proveer recursos y estímulos suficientes. Asimismo, conservará el patrimonio
cultural y apoyará las iniciativas individuales y colectivas que contribuyan al desarrollo
de la cultura, especialmente la práctica y expresiones artísticas que arraiguen valores
nacionales y locales.
(Ref. Según Decreto No. 467 de fecha 2 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No. 084
de fecha 13 de julio de 2020).
VII. El Estado adoptará las medidas necesarias con el fin de que toda persona practique
deporte y goce de la recreación, para lo cual promoverá la cultura física y creará
oportunidades que permitan presenciar, organizar y participar en dichas actividades.
Asimismo, habilitará y conservará espacios e instalaciones adecuados para tal efecto.
VIII. Las autoridades en el Estado adoptarán, permanentemente, las medidas especiales y
de cualquier otra índole legal, con el objeto de lograr entre mujeres y hombres la
igualdad sustantiva, perspectiva y paridad de género en las políticas públicas
institucionales que les competan. (Ref. Según Decreto No. 31, publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 020, de fecha 14 de febrero de 2025).
IX. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado y los Municipios impartirán y
garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y
superior. Dicha educación será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
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Es responsabilidad del Estado concientizar sobre la incorporación de la niñez a la
educación inicial, como un derecho inalienable de ésta.
El Sistema Educativo Estatal priorizará el interés superior de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, en el acceso, permanencia y participación en los servicios
educativos.
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Propiciará el desarrollo
armónico de las cualidades y capacidades del ser humano, fomentando en los
educandos el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura
de paz y la conciencia de la solidaridad nacional e internacional, en la independencia y
en la justicia; además, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del
proceso de enseñanza aprendizaje.
(Ref. Según Decreto No. 467 de fecha 2 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No. 084
de fecha 13 de julio de 2020).
X. Todas las personas tienen derecho al libre acceso al internet y a las tecnologías de la
información y comunicación.
El Estado y los Municipios deberán garantizar el acceso a internet gratuito inalámbrico
de banda ancha, en los edificios e instalaciones de los diversos poderes del Estado y de
las dependencias y entidades de su administración, así como en los lugares públicos
que para el efecto se determinen.
(Adic. Según Decreto No. 612, de fecha 24 de enero del 2017, publicado en el P.O. No.
016 de fecha 01 de febrero de 2017).
XI. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. (Adic. Según
Decreto No. 86, de fecha 7 de marzo del 2017, publicado en el P.O. No. 034 de fecha
15 de marzo de 2017)
XII. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad personal. El Estado y los
Municipios establecerán las medidas necesarias para protegerlas contra cualquier acto
de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; y contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (Adic. Según Decreto No. 155,
de fecha 28 de mayo del 2019, publicado en el P.O. No. 071 de fecha 12 de junio de
2019).
XIII. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. (Adic. Según
Decreto No. 164, de fecha 28 de junio del 2022, publicado en el P.O. No. 082 de fecha
08 de julio de 2022).
XIV. El desarrollo integral de las personas jóvenes, impulsando políticas públicas con un
enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en los ámbitos político, social,
económico y cultural del Estado y sus municipios. (Adic. Según Decreto No. 497,
publicado en el P.O. No. 076, de fecha 23 de junio de 2023).
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Art. 4º Bis C. Los derechos humanos a los que hace alusión esta Constitución se interpretarán
de acuerdo con los siguientes principios:
I. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. (Ref. según Dec. 903, publicado en el
P.O. No. 111 de fecha 13 de septiembre del 2013).
II. Su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales
incorporados al orden jurídico mexicano aplicables y atendiendo los criterios de los
organismos internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos por el
Estado mexicano, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
III. Cuando resulten aplicables o en conflicto dos o más derechos humanos, se hará una
ponderación entre ellos a fin de lograr su interpretación armónica, logrando que su
ejercicio no signifique menoscabo a los derechos de los demás y prevaleciendo la
seguridad de todos y las justas exigencias del bien común y la equidad.
IV. Las únicas limitaciones admisibles son las previstas en el texto constitucional, mismas
que deberán ser interpretadas restrictivamente.
V. Se deroga. (Derogado con Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de
septiembre del 2013).
VI. El interés superior del niño deberá tener consideración primordial por parte de los
tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, así como en todas las
medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social. Dicho
deber implica que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de
éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.
VII. Ninguna interpretación podrá excluir otros derechos inherentes al ser humano que no
estén previstos en la presente Constitución.
(Adic. según Decreto No. 94, de fecha 1 de abril del 2008, y publicado en el P.O. No. 063 de
fecha 26 de mayo del 2008).
TÍTULO II
CAPÍTULO I
DE LOS SINALOENSES
Art. 5º Son sinaloenses los mexicanos nacidos en el Estado de Sinaloa, y los residentes en él
por más de dos años consecutivos.
Art. 6º Son obligaciones del sinaloense:
I. Inscribirse en el catastro de la Municipalidad, manifestando la propiedad que
tenga y la industria, profesión o trabajo de que subsista.
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II. Instruirse y ser responsable de que sus hijas, hijos o pupilos menores de
dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir educación preescolar,
primaria, secundaria, media superior y, su caso la inicial, de conformidad con
las leyes respectivas. Asimismo, los padres, madres o tutores deberán dar
seguimiento al proceso educativo, revisando su progreso y desempeño,
velando por el bienestar y desarrollo de sus hijos o tutorados. (Ref. Según
Decreto No. 467 de fecha 2 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No. 084
de fecha 13 de julio de 2020).
III. Contribuir a los gastos públicos en la forma que las leyes lo dispongan.
IV. Cooperar al mantenimiento del orden y de la paz pública.
Art. 7º Los sinaloenses en igualdad de circunstancias serán preferidos a los que no lo sean, en
toda clase de concesiones, empleos, cargos o comisiones del Gobierno, que de acuerdo con
las leyes puedan otorgárseles.
CAPÍTULO II
DE LOS CIUDADANOS SINALOENSES
Art. 8º Son ciudadanos sinaloenses: Los hombres y mujeres nacidos en el Estado, así como
los ciudadanos mexicanos avecindados en Sinaloa por más de dos años consecutivos, si no
han declarado ante el Ejecutivo del Estado, que desean conservar su calidad de origen; y que
reúnan además los siguientes requisitos: (Ref. según Decreto No. 17, publicado en el Periódico
Oficial No. 139, de fecha 1o. de diciembre de 1953).
I. Haber cumplido los dieciocho años (sic ¿;?) y (Ref. según Decreto No. 108,
de fecha 26 de febrero de 1970, publicado en el Periódico Oficial No. 33, de
fecha 17 de marzo de 1970).
II. Tener un modo honesto de vivir. (Ref. según Decreto No. 17, de fecha 13 de
noviembre de 1953, publicado en el Periódico Oficial No. 139, de fecha 1o.
de diciembre de 1953).
Art. 9º Son obligaciones del ciudadano del Estado, además de las anteriores: (Ref. según
Decreto No. 407, de fecha 14 de julio de 1953, publicado en el Periódico Oficial No. 89, de
fecha 6 de agosto de 1953).
I. Inscribirse en los padrones municipales de la jurisdicción a que pertenezcan.
II. Votar en las elecciones populares y participar en los mecanismos previstos
en esta Constitución relativos a la participación ciudadana y revocación de
mandato, que sean convocados en los términos de la misma y sus leyes
reglamentarias. (Ref. Según Decreto No. 138, de fecha 17 de mayo de 2022,
publicado en el Periódico Oficial No. 073, de fecha 17 de junio de 2022).
III. Desempeñar las funciones electorales y los cargos de elección popular y los
de jurado, en los términos que fijen las leyes respectivas. (Ref. según
Decreto No. 161, de fecha 19 de febrero de 1985, publicado en el Periódico
Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985).
IV. DEROGADO. (Por Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015,
publicado en el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
Art. 10. Son derechos del ciudadano sinaloense: (Ref. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de
mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
I. Votar en las elecciones populares, siempre que estén en pleno ejercicio de
sus derechos. (Ref. Según Decreto No. 423, de fecha 31 de marzo de 1992,
Periódico Oficial No. 40, 1o. de abril de 1992).
Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al
voto para la elección de Gobernador, en los términos que disponga la Ley en
la materia. (Adic. según Decreto No. 590, de fecha 16 de marzo de 2021,
publicado en el P. O. No. 039 de fecha 31 de marzo de 2021). NOTA: La
presente adición se encuentra en vacatio legis por disposición del
artículo único transitorio del Decreto No. 590 referido, de tal manera
que entrará en vigor hasta el primero de enero del año 2022.
II. Poder ser votado en condiciones de paridad de género para todos los cargos
de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley. El
derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la autoridad electoral
corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y
ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan
con los requisitos, condiciones y términos que determine la ley de la materia.
(Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el
P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
III. Ser preferido en igualdad de circunstancias, a los que no sean ciudadanos
sinaloenses en toda clase de empleos, cargos, comisiones y concesiones
del Gobierno del Estado y Municipios.
IV. Iniciar leyes ante el Congreso del Estado y participar en los mecanismos
previstos en esta Constitución relativos a la participación ciudadana a que se
convoque en los términos de esta Constitución y la ley reglamentaria. (Ref.
Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el
Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
V. Participar en los procesos de revocación de mandato. (Adic. Según Decreto
No. 138, de fecha 17 de mayo de 2022, publicado en el Periódico Oficial No.
073, de fecha 17 de junio de 2022).
Art. 11. La calidad de ciudadano sinaloense se pierde:
I. Por la pérdida de la calidad de ciudadano mexicano.
II. Por residencia de más de dos años consecutivos fuera del Estado, cuando la
ciudadanía se ha adquirido por vecindad, salvo los casos de estudios,
empleo, cargo o comisión de la Federación o instituciones descentralizadas
de la misma, así como del Estado o de los Municipios. (Ref. según Decreto
No. 23, publicado en el Periódico Oficial No. 148, de fecha 24 de diciembre
de 1953).
III. En los demás casos que expresamente lo prevengan las leyes.
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Art. 12. Los derechos o prerrogativas del ciudadano sinaloense, se suspenden:
I. Por la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano mexicano.
II. Por incapacidad declarada conforme a la ley.
III. Por tener pendiente proceso y estar privado de la libertad desde la fecha del
auto de vinculación a proceso si se trata de un juicio del orden penal común,
o desde la declaración de haber lugar a formación de causa, en los casos de
omisiones, faltas o delitos oficiales. (Ref. Según Decreto 147, de fecha 02 de
octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 129
de fecha 22 de octubre de 2014).
IV. Por la falta de cumplimiento, sin causa justificada a cualquiera de las
obligaciones que esta Constitución impone al ciudadano sinaloense.
V. Por disposición expresa de autoridad judicial en sentencia que haya causado
ejecutoria.
VI. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión
hasta que prescriba la acción penal; (Ref. Según Decreto 514, publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
VII. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida
y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal
desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o
doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las
mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como
candidata para acceder a cualquier cargo de elección popular, ni ser
nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
(Adic. Según Decreto 514, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
VIII. En los demás casos que las leyes determinen. (Adic. Según Decreto 514,
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 097 de fecha 11 de
agosto de 2023).
Una vez suspendida o pérdida la calidad de ciudadano sinaloense, sólo se recobrará en la
forma y términos que previene esta Constitución o la Ley respectiva. (Adic. según decreto 469
de fecha 19 de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de 09 de mayo de 2001)
Art. 13. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Las familias constituyen la base
fundamental de la sociedad. Los niños y las niñas deberán ser objeto de especial protección.
Las personas adultas mayores y las personas con discapacidad deben recibir apoyo
permanente. Toda medida o disposición en favor de las familias y de la niñez, se considerará
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de orden público. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva
de las mujeres. (Ref. Según Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa” No. 020, de fecha 14 de febrero de 2025).
La Ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos
derechos y obligaciones que el varón, en la vida política, social, económica y cultural del
Estado, con el fin de que desarrolle sus potencialidades. (Adic. según decreto 469 de fecha 19
de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de 09 de mayo de 2001)
Todos los niños y las niñas, nacidos de matrimonio o fuera de él, tienen derecho a igual
protección, a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. Las autoridades
deberán dictar las disposiciones que se requieran para el cumplimiento de esos propósitos.
(Adic. según decreto 469 de fecha 19 de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de
09 de mayo de 2001)
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de garantizar los derechos señalados en
el párrafo anterior a fin de que lleven una vida digna en el seno de la familia. El Estado les
otorgará facilidades a aquellos para que cumplan con lo señalado en este párrafo. (Adic. según
decreto 469 de fecha 19 de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de 09 de mayo de
2001)(F. de E. publicada en el P.O. No. 061 de 21 de mayo de 2001)
Los gobiernos estatal y municipales establecerán un sistema permanente de apoyo a las
personas adultas mayores para permitirles una vida digna y decorosa; y, promoverán la
habilitación, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad con el objeto de
facilitar su pleno desarrollo. (Ref. Según Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa” No. 020, de fecha 14 de febrero de 2025).
DEROGADO (Por Decreto No. 427, de fecha 9 de diciembre del 2015, y publicado en el P.O.
No. 151 de fecha 18 de diciembre del 2015).
Art. 13 Bis. El Estado de Sinaloa tiene una composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos y comunidades indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del Estado al iniciarse la colonización y que conservan sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Esta Constitución reconoce y garantiza el respeto y el derecho a preservar la forma de vida de
los pueblos y comunidades indígenas en el Estado, y elevar el bienestar social de sus
integrantes. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, religión, la
educación plurilingüe e intercultural, usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas,
patrimonio histórico, cultural, étnico y artesanal, medio ambiente, recursos, medicina tradicional
y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso
a la jurisdicción del Estado. (Ref. Según Decreto No. 467 de fecha 2 de julio de 2020 y
publicado en el P.O. No. 084 de fecha 13 de julio de 2020).
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a
quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social,
económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo
con sus usos y costumbres.
12
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional y del Estado. El reconocimiento de
los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Sinaloa se hará en la ley, la que deberá
tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en este artículo, criterios
etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la
autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural;
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios
generales de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los establecidos en esta Constitución, respetando las
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley
establecerá los casos y procedimientos de validación por los
jueces o tribunales correspondientes;
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las
mujeres y los hombres indígenas participen en condiciones de
igualdad, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía
del Estado;
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los
elementos que constituyan su cultura e identidad;
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus
tierras en los términos establecidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución;
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y
tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Federal y en
las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por
terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y
ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las
áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos las comunidades
podrán asociarse en términos de ley; (Ref. según Decreto 569,
publicado en el P.O. no. 129, de fecha 25 de octubre de 2023).
VII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar
ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean
parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta
sus costumbres y especificidades culturales respetando los
13
preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los previstos en esta Constitución. Las y los
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y
cultura. (Ref. según Decreto 569, publicado en el P.O. no. 129, de
fecha 25 de octubre de 2023).
VIII. Elegir, en los municipios con población indígena reconocida y
declarada como pueblos y comunidades indígenas del Estado en
la legislación respectiva, representantes ante los Ayuntamientos,
observando el principio de paridad de género conforme a las
normas aplicables.
De conformidad con el artículo 115, fracción I, de la Constitución
Federal, los representantes de los pueblos y comunidades
indígenas no son integrantes de los Ayuntamientos. Su elección
se realizará de acuerdo con sus normas, procedimientos y
prácticas tradicionales, sin que les sean aplicables las reglas a las
que se sujetan los procesos electorales locales.
(Adic. Según Decreto 569, publicado en el P.O. no. 129, de fecha
25 de octubre de 2023).
B. El Estado y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia
de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con
ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
indígenas, dichas autoridades, tienen las obligaciones siguientes:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el
propósito de fortalecer la economía del Estado y mejorar las
condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la
participación de las comunidades. Las autoridades municipales
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales
que las comunidades administrarán directamente para fines
específicos;
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo
la educación plurilingüe e intercultural, la alfabetización, la
conclusión de la educación básica y media superior, la
capacitación productiva y la educación superior. Establecer un
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los
niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de
14
acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las
diversas culturas existentes en el Estado; Ref. Según Decreto No.
467 de fecha 2 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No. 084 de
fecha 13 de julio de 2020).
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la
ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando
debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición
de los indígenas mediante programas de alimentación, en
especial para la población infantil;
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus
espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que
faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la
cobertura de los servicios sociales básicos;
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo,
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su
salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y
su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida
comunitaria;
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de
las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías
de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir,
operar y administrar medios de comunicación, en los términos que
las leyes de la materia determinen;
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de
las comunidades indígenas mediante acciones que permitan
alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación
de estímulos para las inversiones públicas y privadas que
propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías
para incrementar su propia capacidad productiva, así como para
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y
comercialización;
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los
pueblos indígenas en el territorio del Estado, mediante acciones
para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas;
mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con
programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes
de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos
humanos y promover la difusión de sus culturas; y
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los Planes
Estatal y Municipales de Desarrollo y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen.
15
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este
apartado, el Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y
pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos
en los términos que establezca la ley.
(Adic. Por Decreto No. 427, de fecha 9 de diciembre del 2015, y publicado en el P.O. No. 151
de fecha 18 de diciembre del 2015).
CAPÍTULO III
DE LAS ELECCIONES
Art. 14. Las elecciones a la Gubernatura del Estado, a las Diputaciones del Congreso del
Estado, Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurías de los
Ayuntamientos, se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Se resolverán
a mayoría de sufragios y conforme al principio de representación proporcional, con sujeción a
las disposiciones de la Ley Reglamentaria correspondiente. (Ref. Según Decreto No. 452, de
fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio
de 2020).
Las elecciones ordinarias locales se verificarán el primer domingo de junio del año que
corresponda. La fecha en que éstas se celebren será concurrente con la que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señale para las elecciones ordinarias federales.
Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio
propios, que tienen como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones
ciudadanas, hacer posible el acceso de las ciudadanas y ciudadanos al ejercicio del poder
público, observando siempre la paridad de género, de acuerdo con los programas, principios e
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. (Ref. Según
Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección,
de fecha 01 de julio de 2020).
Solo las ciudadanas y ciudadanos Sinaloenses, podrán formar partidos políticos estatales y
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos, así como
cualquier forma de afiliación corporativa. La ley fijará los requisitos que deban satisfacerse para
la obtención del registro como partido político estatal. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha
02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de
2020).
La selección de los titulares de las dirigencias y candidaturas de los partidos políticos estatales,
se realizará conforme a los principios que rigen el estado democrático de derecho. Los
estatutos y reglamentos internos de los partidos políticos estatales y nacionales que participen
en los procesos electorales locales garantizarán la paridad de género en las candidaturas de
16
fórmulas de mayoría relativa, así como en la composición de las listas de representación
proporcional para las Diputaciones del Congreso del Estado, a la titularidad de las Presidencias
Municipales, Sindicaturas en Procuración y Regidurías de los Ayuntamientos por ambos
principios. La ley establecerá los términos y requisitos para el cumplimiento de esta disposición.
(Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079,
primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos
políticos en los términos que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
las leyes generales, la presente Constitución y la legislación local.
Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro definitivo ante el Instituto
Nacional Electoral, podrán participar en las elecciones estatales y municipales. La ley
determinará los requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos políticos
nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos electorales. Los partidos políticos
podrán asociarse para participar en las elecciones mediante la postulación de candidaturas
comunes, de conformidad con los requisitos que las leyes establezcan para esta forma de
participación. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el
P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Además de las causales que establezca la ley, se cancelará el registro de aquél partido político
estatal que no obtenga al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o
Legislativo local, y sólo podrán solicitar un nuevo registro cuando haya concluido el proceso
electoral posterior a la cancelación. La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de
los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán
adjudicados a la Hacienda Pública Estatal.
La ley garantizará que los partidos políticos estatales y nacionales cuenten de manera
equitativa con recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus actividades ordinarias
permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de
carácter específico; establecerá las reglas a que se sujetará dicho financiamiento y garantizará
que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento privado
tendrá las restricciones y modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán ser menores
que las fijadas por la legislación federal para los partidos políticos nacionales. También serán
regulados en la ley los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus
militantes y simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de
todos los recursos con que cuenten, las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento
de estas disposiciones, y los criterios para determinar para cada elección los límites máximos a
las erogaciones que los partidos políticos puedan realizar para cada una de las precampañas y
campañas electorales.
Para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público ordinario
proveniente de recursos estatales, se requiere que haya participado en el proceso electoral
local inmediato anterior, y que haya obtenido al menos el tres por ciento de los votos válidos en
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o
Legislativo locales en dicho proceso. De no obtener dicho porcentaje mínimo de votación,
perderá el derecho a recibir financiamiento público ordinario estatal hasta la fecha en que
satisfaga los requisitos y formalidades necesarias para su participación en un nuevo proceso
electoral local. Esta disposición no será aplicable a aquellos partidos que participen por primera
vez en un proceso local.
17
Los ciudadanos y ciudadanas sinaloenses que participen en candidaturas sin la intermediación
de un partido político, tendrán derecho a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus
campañas políticas, en los términos y condiciones que establezca la ley. Asimismo tendrán
derecho a ser representados ante los órganos correspondientes del Instituto Electoral del
Estado de Sinaloa. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en
el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Los partidos políticos deberán presentar al Instituto Nacional Electoral, en los tiempos y bajo las
modalidades que disponga la legislación aplicable, informes anuales en los que se reflejarán el
total de ingresos recabados por cualquier modalidad de financiamiento, así como la totalidad de
los gastos realizados a lo largo del año que corresponda, con motivo de la realización de sus
actividades ordinarias permanentes, las de precampaña y las de campaña, así como los
informes especiales y detallados que les sean solicitados por dicho Instituto.
Los ciudadanos que participen como candidatos independientes quedarán obligados a
presentar los informes sobre ingresos y aplicación de recursos a sus campañas políticas, en los
mismos plazos, términos y condiciones que los partidos políticos, en todo aquello que resulten
aplicables.
El Instituto Nacional Electoral ejercerá en la forma que disponga la ley, las funciones
fiscalizadoras suficientes para tener el conocimiento pleno y cierto del origen y destino de la
totalidad de los recursos de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, tanto de
aquellos que provengan del financiamiento público como de los que se alleguen mediante
financiamiento privado, y procederá de conformidad con lo que establezca la legislación
aplicable. En el cumplimiento de sus atribuciones de fiscalización, el Instituto Nacional Electoral
podrá requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las personas
físicas y morales que hayan tenido algún vínculo financiero o comercial con los partidos
políticos y las candidaturas independientes, la información y documentación que sea necesaria
para la adecuada revisión de los informes. Las autoridades estatales y municipales están
obligadas a proporcionar los informes y documentos que les sean requeridos en términos del
presente artículo. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el
P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
La ley fijará los topes, montos, tiempos y las modalidades que tendrán las precampañas y las
campañas electorales, las cuales deberán ser respetuosas y propositivas; de igual manera
determinará las reglas que deberán observar los partidos, sus militantes y simpatizantes, así
como quienes tengan una candidatura independiente durante las mismas, y las sanciones a las
que se harán acreedores en caso de su inobservancia. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha
02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de
2020).
En los procesos electorales en que se verifique la elección para la Gubernatura del Estado, la
duración de las campañas será de sesenta días. En aquellos procesos en que únicamente se
elijan las Diputaciones al Congreso del Estado y Presidencias Municipales, Sindicaturas de
Procuración y Regidurías de los Ayuntamientos, las campañas durarán treinta y cinco días. En
cualquier caso, las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las
respectivas campañas electorales. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020
y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
18
Los partidos políticos y candidatos tendrán acceso equitativo a los medios masivos de
comunicación social, conforme a las normas establecidas en el apartado B de la base III del
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las que fije la ley. En
la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse
de expresiones que calumnien a las personas. Los partidos políticos y los candidatos no podrán
contratar o adquirir en ningún momento, por sí o mediante terceras personas, tiempos en
cualquier modalidad de radio y televisión. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de
2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de la
ciudadanía, a favor ni en contra de partidos políticos o quienes hayan sido designados en las
candidaturas para los cargos de elección popular. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de
junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones locales por violaciones graves,
dolosas y determinantes en los casos siguientes:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los
supuestos previstos en la ley;
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las
campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y
el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no
podrá participar la persona sancionada.
(Ref. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial
No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
Art. 15. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través
del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral.
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo público autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los partidos políticos y
las ciudadanas y los ciudadanos observando el principio de paridad de género. En el ejercicio
de sus funciones serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Será autoridad en la materia,
profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus
decisiones; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia, también observando la paridad de género. Tendrá a su cargo la preparación,
desarrollo, vigilancia de los procesos electorales y, en su caso, la calificación de los mismos,
así como la información de los resultados, ejerciendo funciones en las materias siguientes:
(Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079,
primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
19
I. Derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
II. Educación cívica;
III. Preparación de la jornada electoral;
IV. Impresión de documentos y producción de materiales electorales;
V. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
VI. Declaración de validez y otorgamiento de constancias en elecciones locales;
VII. Cómputo de la elección de Gobernador del Estado;
VIII. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y
conteos rápidos, conforme a los lineamientos que establezca el Instituto Nacional
Electoral;
IX. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de
participación ciudadana previstos en la legislación local;
X. Las que le delegue el Instituto Nacional Electoral en términos de ley;
XI. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y
XII. Las demás que determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
las leyes generales, la presente Constitución y la legislación local.
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral
para que este último se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa ejercerá sus funciones en todo el territorio del
Estado y estará conformado por un Consejo General, por los Consejos Distritales y Municipales
que determine la ley, y por las Mesas Directivas de Casilla.
EI Consejo General será el órgano de dirección superior del Instituto y estará integrado por una
Consejera Presidenta o un Consejero Presidente, y seis consejeras y consejeros electorales,
considerando la paridad de género en su composición, con derecho a voz y voto; así como por
un Titular de la Secretaria Ejecutiva y un representante por cada uno de los partidos políticos o
coaliciones, quienes solo tendrán derecho a voz. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de
junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Contará con un órgano interno de control, con autonomía técnica y de gestión, que tendrá a su
cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. (Adic. Según Decreto No. 96,
de fecha 14 de marzo del 2017, publicado en el P.O. No. 035 de fecha 17 de marzo de 2017).
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por el pleno del Congreso del
Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de
instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la Ley.
Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito
20
administrativamente a la Presidencia del Instituto y mantendrá la coordinación técnica
necesaria con la Auditoría Superior del Estado. (Adic. Según Decreto No. 96, de fecha 14 de
marzo del 2017, publicado en el P.O. No. 035 de fecha 17 de marzo de 2017).
La Ley establecerá los requisitos que deberá reunir el titular del órgano interno de control del
Instituto. (Adic. Según Decreto No. 96, de fecha 14 de marzo del 2017, publicado en el P.O.
No. 035 de fecha 17 de marzo de 2017).
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa contará con servidores públicos investidos de fe
pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán
regulados por la ley. (Se recorre según Decreto No. 96, de fecha 14 de marzo del 2017,
publicado en el P.O. No. 035 de fecha 17 de marzo de 2017).
El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales
estatales deberán ser sinaloenses por nacimiento o contar con una residencia efectiva en el
Estado de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el
perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una
vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará
la designación correspondiente en términos de la ley. Si la vacante se verifica durante los
primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el periodo. Si la falta
ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. (Se
recorre según Decreto No. 96, de fecha 14 de marzo del 2017, publicado en el P.O. No. 035 de
fecha 17 de marzo de 2017).
Los consejeros electorales durarán en sus cargos siete años y no podrán ser reelectos;
percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley. Durante el
tiempo de su encargo no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión, con excepción de
los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de
beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las
elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un
cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años
posteriores al término de su encargo. (Se recorre según Decreto No. 96, de fecha 14 de marzo
del 2017, publicado en el P.O. No. 035 de fecha 17 de marzo de 2017).
La ley establecerá un sistema de medios de impugnación con los plazos convenientes para el
desahogo de todas las instancias impugnativas, de los que conocerán el Instituto Electoral del
Estado de Sinaloa y el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Dicho sistema dará
definitividad a las distintas etapas del proceso electoral y garantizará que todos los actos y
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. En materia
electoral la interposición de los recursos no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos del
acto o resolución impugnados. (Se recorre según Decreto No. 96, de fecha 14 de marzo del
2017, publicado en el P.O. No. 035 de fecha 17 de marzo de 2017).
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa estará compuesto por cinco integrantes Magistradas
y Magistrados. El Titular de la Presidencia será designado por el Pleno de entre sus miembros.
(Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079,
primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
21
Las designaciones de las y los titulares de las magistraturas electorales, serán realizadas por la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en los términos que determinen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación en la materia. (Ref.
Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera
sección, de fecha 01 de julio de 2020).
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, funcionará en Pleno y sus sesiones de resolución
serán públicas; será autónomo, independiente en sus decisiones, máxima autoridad
jurisdiccional en su materia y tendrá competencia para resolver en forma definitiva y firme las
impugnaciones que se interpongan; realizará el cómputo final de la elección a la gubernatura
del Estado, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto
sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de dicha elección y asimismo
la de Gobernadora o Gobernador Electo, según corresponda, respecto de la candidatura que
hubiese obtenido el mayor número de votos a quien expedirá la constancia correspondiente.
(Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079,
primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Art. 16. Ningún ciudadano podrá ser detenido ni en la víspera ni el día de las elecciones por
delitos leves, faltas u omisiones.
Ninguna autoridad podrá impedir ni estorbar la verificación de las elecciones debiendo limitar su
intervención a sólo los casos de alteración del orden público, sin perjuicio de proceder como
corresponda, después de terminada la elección. Todo acto ilegal de parte de cualquiera
autoridad en materia de elecciones populares será causa grave de responsabilidad. (Ref.
según Decreto No. 880 de fecha 8 de agosto de 1989, publicado en el Periódico Oficial No. 96,
de fecha 11 de agosto de 1989).
La ley tipificará los delitos y determinará las faltas en materia electoral, así como las sanciones
que por ellos deban imponerse. (Adic. según Decreto No. 404, de fecha 22 de enero de 1998,
publicado en el Periódico Oficial No. 10 Bis, de fecha 23 de enero de 1998).
La ley en materia electoral deberá modificarse, promulgarse y publicarse por lo menos noventa
días antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse, y durante el mismo no
podrá haber modificaciones legales fundamentales. (Adic. según Decreto No. 404, de fecha 22
de enero de 1998, publicado en el Periódico Oficial No. 10 Bis, de fecha 23 de enero de 1998).
TÍTULO III
DE LA FORMA DE GOBIERNO Y DIVISIÓN
TERRITORIAL
Art. 17. El Estado de Sinaloa adopta para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, laico y popular, teniendo como base de su división territorial, y de
su organización política y administrativa, el Municipio libre. (Ref. Según Decreto 186 de fecha
13 de enero de 2015, publicado en el Periódico Oficial No. 013 de fecha 30 de enero de 2015).
Art. 18. El territorio del Estado se divide política y administrativamente como sigue:
I. En 20 Municipalidades autónomas a saber:
Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Juan José Ríos, Sinaloa, Angostura,
Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Eldorado,
22
Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, con
la extensión y límites que les correspondan. (Ref. según Decreto No. 599 de
fecha 5 de marzo de 2021, publicado en el P. O. No. 035, de fecha 22 de
marzo de 2021).
II. En los Circuitos y Distritos Judiciales que determine la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado. (Ref. según Decreto No. 429 de fecha 18 de
agosto de 1994, publicado en el Periódico Oficial No. 105, de fecha 2 de
septiembre de 1994).
III. En los Distritos fiscales que la Ley General de Hacienda del Estado
determine, pudiendo comprender cada uno de ellos, una o más
Municipalidades enteras.
IV. En los distritos electorales que designe la Ley Orgánica respectiva.
TÍTULO IV
CAPÍTULO I
DE LA DIVISIÓN DEL PODER PÚBLICO
Art. 19. El Supremo Gobierno del Estado, se divide para su ejercicio, en tres Poderes:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Art. 20. No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación. (Ref. según
Decreto No. 231 de fecha 17 de mayo de 1974, publicado en el Periódico Oficial No. 60, de
fecha 17 de mayo de 1974).
Art. 21. La residencia oficial de los Poderes del Estado, será la ciudad de Culiacán Rosales.
Sólo el Congreso del Estado podrá autorizar provisionalmente su remoción.
CAPÍTULO II
DEL PODER LEGISLATIVO
Art. 22. El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa se deposita en una asamblea que se
denomina "Congreso del Estado", y se rige bajo los principios de Parlamento Abierto, en los
términos de la Ley Orgánica de dicho Congreso. (Ref. según Decreto No. 589, de fecha 16 de
marzo de 2021, publicado en el P. O. No. 039 de fecha 31 de marzo de 2021).
SECCIÓN I
DE LA ELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL
CONGRESO
Art. 23. El Congreso del Estado se compondrá de representantes electos popularmente cada
tres años, denominados Diputadas y Diputados, y para su elección se observará el principio de
paridad de género. Por cada Diputada y Diputado se elegirán suplentes del mismo género.
(Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079,
primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
23
Art. 24. El Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos por el
sistema de mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 16 Diputados electos de
acuerdo con el principio de representación proporcional, mediante el sistema de lista de
candidatos votada en circunscripción plurinominal.
La demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales será realizada por el
Instituto Nacional Electoral con base en el último censo general de población y los criterios
generales determinados por su Consejo General. (Ref. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de
mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
Para la elección de los 16 Diputados según el principio de representación proporcional y el
sistema de listas de candidatos, el territorio del Estado se podrá dividir de una a tres
circunscripciones plurinominales. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación
territorial de estas circunscripciones.
Para que un partido político obtenga el registro de sus listas para la elección de diputados de
representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados de
mayoría relativa en por lo menos diez distritos uninominales, de ellos, en su caso,
mínimamente tres deberán estar en cada circunscripción plurinominal.
Todo partido político que alcance el tres por ciento de la votación estatal emitida para la
elección de Diputados en el Estado, tendrá derecho a que se le asigne un Diputado de
representación proporcional. (Ref. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015,
publicado en el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
El número de Diputados de representación proporcional que se asigne a cada partido se
determinará en función del porcentaje de votos efectivos obtenidos, mediante la aplicación de
la fórmula electoral y procedimiento de asignación que señale la Ley. En todo caso la
asignación se hará siguiendo el orden que tuvieren los candidatos en la lista o listas
correspondientes.
En ningún caso un partido político podrá contar con más de 24 diputados por ambos principios.
En ningún caso un partido político podrá contar con un número de Diputados por ambos
principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos
a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por
sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la
Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida, más el ocho por
ciento. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un
partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho
puntos porcentuales. (Ref. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en
el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
Art. 25. Para ser Diputada o Diputado se requiere: (Ref. Según Decreto No. 514, publicado en
el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
I. Ser sinaloense por nacimiento o por vecindad, en términos del artículo 8º de
esta Constitución, y en ambos casos estar en pleno ejercicio de sus
derechos cívicos. (Ref. Según Decreto No. 146, de fecha 8 de junio del
2017, publicado en el P.O. No. 075 de fecha 12 de junio de 2017).
24
II. Para contender por el sistema de mayoría relativa, es necesario contar con
una residencia efectiva en el distrito electoral por el que se postule, de más
de seis meses anterior a la fecha de la celebración de la jornada electoral.
Cuando un municipio sea cabecera de dos o más distritos electorales, para
ser elegible en cualquiera de ellos, la residencia a que se refiere el párrafo
anterior bastará con que se tenga en el municipio de que se trate.
Para poder figurar como candidato en la lista de circunscripción electoral
plurinominal, se requerirá ser sinaloense por nacimiento, o por vecindad con
una residencia efectiva en el Estado de más de dos años anterior a la fecha
de la celebración de la jornada electoral.
(Ref. Según Decreto No. 146, de fecha 8 de junio del 2017, publicado en el
P.O. No. 075 de fecha 12 de junio de 2017).
III. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección; (Ref. Según Decreto
No. 514, publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
IV. No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes: el Gobernador del
Estado; los secretarios y subsecretarios y titulares de cualesquiera de las
entidades de la Administración Pública Estatal o Paraestatal; los titulares de
los órganos constitucionales autónomos; los magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia; los jueces de Primera Instancia; los recaudadores de
rentas y los presidentes municipales, en los distritos electorales en donde
ejerzan sus funciones; los diputados y senadores al Congreso de la Unión
que se encontraren en ejercicio; las personas que tengan o hayan tenido
mando de fuerzas de la Federación, Estado o municipios y los ministros de
cualquier culto. Los ciudadanos antes referidos, con excepción de los
ministros de cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus
cargos cuando menos noventa días antes de la elección. (Ref. Según
Decreto No. 66, de fecha 26 de enero del 2017, publicado en el P.O. No.
018 Edición Vespertina, de fecha 06 de febrero de 2017).
V. No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes: (Adic. Según Decreto No.
256, de fecha 29 de agosto de 2022, publicado en el P.O. No. 126, de fecha
19 de octubre de 2022).
a) Las personas que aparezcan inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Estado de Sinaloa al tiempo en que se solicite el
registro de sus candidaturas, salvo que exhiban la documentación con la
que hayan acreditado judicialmente el cumplimiento de las obligaciones en
mora;
b) Las personas condenadas por el delito de violencia política contra las
mujeres en razón de género, por delitos contra la familia y/o contra la
libertad sexual y su normal desarrollo;
c) Las personas que habiendo obtenido su registro como candidatas a algún
cargo de elección popular hayan sido sancionadas por las autoridades
25
electorales en el Estado por cometer violencia política contra las mujeres en
razón de género; y
d) Las personas que habiendo ejercido algún cargo de elección popular o
dentro del servicio público hayan sido sancionadas por las autoridades
electorales en el Estado por cometer violencia política contra las mujeres en
razón de género.
Art. 25 Bis. Los Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un
máximo de cuatro periodos consecutivos de ejercicio. La postulación sólo podrá ser realizada
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese
postulado originalmente, salvo que el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes
de la mitad de su mandato. La ley establecerá los requisitos que deberán satisfacerse para una
nueva postulación. (Adic. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en
el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
Art. 26. El Congreso del Estado se instalará el día treinta de septiembre del año que
corresponda a la elección del mismo, en el recinto que para el efecto determine la Ley. (Ref.
Según Decreto No. 878, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 118, de
fecha 27 de septiembre de 2024).
Art. 27. La instalación de una Legislatura se verificará en los términos establecidos por la Ley
Orgánica del Congreso del Estado. (Ref. Según Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre de
2011, publicado en el Periódico Oficial No. 038 del 26 de marzo del 2012).
Art. 28. El Congreso no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia de más de la mitad del
número total de sus miembros. Al abrirse los períodos de sesiones los Diputados presentes
deberán reunirse en el día señalado por la ley o por la convocatoria en su caso, y procederán
como sigue:
I. Si los presentes están en mayoría, se conminará a los propietarios faltantes
para que concurran dentro de los diez días siguientes. Si no cumplieren ni
acreditaren debidamente dentro del mismo plazo, que les impide fuerza
mayor, se les declarará suspendidos en sus funciones hasta la inauguración
del período siguiente, y se exhortará en igual forma y bajo la misma pena a
los Suplentes. Si éstos también faltaren, se observará lo dispuesto en el
Artículo 30; más si unos u otros justifican sus faltas, deberán solicitar
licencia, que en ningún caso será con goce de sueldo.
II. Si los Diputados presentes están en minoría, exhortarán simultáneamente y
por separado a los propietarios que falten, y a sus respectivos Suplentes,
para que de acuerdo entre ambos, se presente cualquiera de ellos dentro de
los diez días que siguen, y si no lo hicieren por cualquier motivo, se
procederá como lo determina el Artículo 30, a reserva de declarar la vacante
del puesto, por la Cámara, cuando las faltas sean injustificadas.
En los casos de emergencia previstos en la Ley que impidan la presencia física de las
Diputadas y los Diputados, el Congreso, sus comisiones y órganos de gobierno podrán realizar
sesiones y reuniones a distancia mediante el uso de herramientas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, previo acuerdo de sus órganos de gobierno. (Adic. según
26
Decreto No. 453 de fecha 02 de junio de 2020, publicado en el P.O. No. 079, primera sección,
de fecha 01 de julio de 2020).
Art. 29. Se entenderá que renuncian al cargo los Diputados que, sin causa justificada a juicio
del Pleno, falten a tres sesiones ordinarias consecutivas. Llegado el caso se llamará a los
suplentes, y si éstos tampoco se presentan dentro de un plazo igual, se declarará la vacante
del puesto y se procederá de acuerdo con el artículo 30. (Ref. según Decreto No. 398 de fecha
22 de diciembre de 2011, publicado en el Periódico Oficial No. 038 del 26 de marzo del 2012).
Art. 30. En los casos de los artículo (sic ¿artículos?) 28 y 29 y, en general, siempre que por
ausencia injustificada ó por faltas absolutas de los Diputados de Mayoría no pueda haber
quórum, los Ayuntamientos de las cabeceras de los distritos electorales, a petición de los
Diputados presentes, nombrarán por mayoría de votos los correspondientes sustitutos, quienes
funcionarán mientras se efectúan las nuevas elecciones, si la designación se hiciera dentro de
los dos primeros años del período de funciones; más si fuera dentro del último, los sustitutos
terminarán el período. (Ref. según Decreto No. 67 de fecha 10 de abril de 1979, publicado en el
Periódico Oficial No. 47 de fecha 18 de abril de 1979).
Las vacantes de los diputados que hubieren sido electos según el sistema de representación
proporcional se cubrirán con su respectivo suplente, y a falta de ambos se cubrirán con los
candidatos postulados por su mismo partido que hubiesen quedado en lugar preferente en la
lista regional de la circunscripción plurinominal correspondiente. (Ref. según Decreto No. 544,
de 28 de marzo de 1995 y publicado en el Periódico Oficial No. 38 Bis, de fecha 29 de marzo
de 1995).
Art. 31. Los Diputados que falten a sesión sin causa justificada o sin el permiso del Presidente,
o que sin tales requisitos abandonen el salón antes de que la sesión termine, no tendrán
derecho a las dietas correspondientes.
Art. 32. En caso de desaparición total del Congreso, el Ejecutivo del Estado, en lo
inmediatamente posible, convocará a elecciones.
Art. 33. Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de
sus funciones y jamás podrán ser reconvenidos por la expresión de sus ideas.
El Presidente del Congreso velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros del
mismo y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento. En la integración de
su estructura orgánica administrativa y sus comisiones se observará el principio de paridad de
género. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No.
079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
La Ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los Diputados, según su
afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas
representadas en el propio Congreso.
Esta Ley no podrá ser vetada, ni necesitará promulgación del Ejecutivo del Estado para tener
vigencia. (Ref. según Decreto No. 67 de fecha 10 de abril de 1979, publicado en el Periódico
Oficial No. 47, de fecha 18 de abril de 1979).
27
Art. 34. Los delitos, actos u omisiones en que incurran los Diputados serán sancionados
conforme a las disposiciones del Título VI. (Ref. Según Decreto No. 161 de fecha 19 de febrero
de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985).
Art. 35. Los diputados propietarios, durante el período de su encargo y los Suplentes, cuando
estuvieren en ejercicio, no podrán desempeñar, ni aun aceptar, ni en propiedad ni en suplencia,
ninguna otra comisión o empleo de la Federación, del Estado o de los Municipios, por lo que se
disfrute sueldo o se reciban subsidios, sin licencia previa de la Cámara, pero entonces cesarán
en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La infracción de este
precepto será castigada, previo juicio de responsabilidad, con la pérdida del carácter de
Diputado. Se exceptúan de las disposiciones de este artículo, los servicios prestados a las
instituciones docentes o de beneficencia.
Art. 36. El Congreso del Estado tendrá por cada año de ejercicio constitucional, dos períodos
ordinarios de sesiones. El primero iniciará el día treinta de septiembre y concluirá a más tardar
el treinta y uno de enero del siguiente año; y el segundo se abrirá el primero de abril y concluirá
a más tardar el treinta y uno de julio inmediato. (Ref. Según Decreto No. 878, publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 118, de fecha 27 de septiembre del 2024).
Art. 37. En el primer período ordinario de sesiones, el Congreso se ocupará de analizar,
discutir y, en su caso, modificar y aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado y las Leyes de Ingresos de los Municipios, para lo cual deberán ser presentados los
proyectos respectivos a más tardar el último sábado del mes de noviembre de cada año, a
efecto de que puedan regir a partir del primero de enero inmediato. En tanto no se aprueben las
nuevas, se tendrán por prorrogadas las correspondientes al año anterior. En el supuesto de
que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado sea prorrogada, el monto de las
partidas del presupuesto de egresos correspondientes al pago de obligaciones derivadas de
empréstitos y de contratos de colaboración público privada se ajustará, de manera automática y
proporcional, en función de las obligaciones contraídas. El presupuesto de Egresos del Estado
deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los
servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los organismos
autónomos que esta Constitución o las leyes del Estado reconozcan como tales y las entidades
de la administración pública estatal y paraestatal. (Ref. Según Decreto No. 96, de fecha 14 de
marzo del 2017, publicado en el P.O. No. 035 de fecha 17 de marzo de 2017).
Al aprobar el Congreso la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, deberá
verificar que se incluyan en la iniciativa de presupuesto de egresos la o las partidas
presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a cargo del Estado,
los organismos descentralizados estatales, las empresas de participación estatal mayoritaria y
los fideicomisos públicos que formen parte de la Administración Pública Paraestatal, derivadas
de empréstitos y de contratos de colaboración público privada, celebrados con autorización del
Congreso del Estado, durante la vigencia de los mismos. En caso de que, por cualquier
circunstancia, se omita considerarlas, se tendrán por incluidas y autorizadas las partidas
correspondientes que hubieren sido aprobadas con relación a los mismos en la Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, ajustándose su monto de
manera automática en función de las obligaciones contraídas. Si en la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren contemplado
partidas para cubrir el pago de obligaciones derivadas de empréstitos o de contratos de
colaboración público privada aprobados por el Congreso y en la nueva ley no se consideran, se
tendrán por incluidas y autorizadas las partidas que fueren necesarias y suficientes para cubrir
28
su pago en términos de lo previsto en los contratos respectivos. (Adic. según Dec. 689,
publicado en el P.O. No. 153 del 19 de diciembre del 2012).
Derogado. (Por Decreto No. 96, de fecha 14 de marzo del 2017, publicado en el P.O. No. 035
de fecha 17 de marzo de 2017).
Previo al inicio del segundo período ordinario de sesiones, a más tardar el 31 de marzo del año
siguiente al ejercicio fiscal que se trate, se recibirá la cuenta pública del Gobierno del Estado y
la de los Municipios, así como la información sobre la aplicación de los recursos públicos
estatales o municipales, asignados a los organismos paraestatales o paramunicipales y
órganos constitucionales autónomos, en los términos previstos por las leyes. Sólo se podrá
ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud de los titulares o representantes de los
poderes del estado, de cualquier Ayuntamiento o del órgano constitucional autónomo que se
trate, respectivamente, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, conforme a lo
establecido en la fracción XXII del artículo 43 de esta Constitución. (Ref. Según Decreto No.
197, de fecha 30 de junio de 2022, publicado en el P.O. No. 099, de fecha 17 de agosto de
2022).
Derogado. (Por Decreto No. 96, de fecha 14 de marzo del 2017, publicado en el P.O. No. 035
de fecha 17 de marzo de 2017).
Derogado. (Por Decreto No. 189, de fecha 29 de agosto del 2017, publicado en el P.O. No. 114
de fecha 08 de septiembre de 2017).
Derogado. (Por Decreto No. 189, de fecha 29 de agosto del 2017, publicado en el P.O. No. 114
de fecha 08 de septiembre de 2017).
En caso de que en la revisión de una cuenta pública o de la información sobre aplicación de
recursos de cualquier ente fiscalizable, se encuentren irregularidades o hechos que hagan
presumir la existencia de delitos o que impliquen responsabilidades de cualquier tipo, la
Auditoría Superior del Estado deberá presentar las denuncias o querellas que correspondan
ante la Fiscalía General del Estado. De igual forma las presentará ante los órganos de control
interno de los Poderes del Estado, de los municipios o de los órganos constitucionales
autónomos, según el caso. (Ref. Según Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017,
publicado en el P.O. No. 018 Edición Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).
Derogado. (Ref. Según Decreto No. 197, de fecha 30 de junio de 2022, publicado en el P.O.
No. 099, de fecha 17 de agosto de 2022).
En los dos períodos el Congreso se ocupará, además, del estudio, discusión y votación de las
iniciativas de Ley que se presenten y de la resolución de todos los asuntos que le
correspondan.
(Ref. según Decreto 315, de fecha 12 de abril de 1994 y publicado en el Periódico Oficial No.
47, de fecha 20 de abril de 1994).
Art. 38. Habrá períodos extraordinarios de sesiones, siempre que lo disponga:
I. La Diputación Permanente.
II. La mayoría absoluta de los Diputados.
29
III. El Ejecutivo del Estado.
IV. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En los últimos tres casos, la convocatoria se hará por conducto de la misma Diputación
Permanente. En los períodos extraordinarios se tratarán de preferencia los asuntos que
los motiven, sin perjuicio de los que señale esta Constitución y de los que a juicio de la
Cámara deban también resolverse. (Ref. según Decreto No. 182 de fecha 18 de abril de
1985, publicado en el Periódico Oficial No. 50, de fecha 26 de abril de 1985).
Art. 39. Si el Congreso estuviere en período extraordinario de sesiones cuando deba comenzar
el ordinario, cerrará aquél para inaugurar éste. A la apertura y clausura de todo período
extraordinario de sesiones o prórroga del ordinario, deberán proceder los decretos respectivos.
Art. 40. El quince de noviembre de cada año, el Ejecutivo del Estado enviará al Congreso del
Estado un informe por escrito sobre la situación que guarda la Administración Pública.
Durante el periodo ordinario de sesiones en que se reciba el informe, el Congreso, conforme a
las formalidades que establezca su Ley Orgánica, celebrará reunión de trabajo con la persona
Titular del Poder Ejecutivo del Estado y citará a comparecer, bajo protesta de decir verdad, a
las y los titulares de la Administración Pública Estatal y Paraestatal, para la valoración y análisis
del informe rendido. (Ref. Según Decreto No. 651, de fecha 29 de julio del 2021, publicado en
el P.O. No. 094 de fecha 04 de agosto de 2021).
El informe estará alineado al Plan Estatal de Desarrollo conforme a los programas de la
Administración Pública y el avance del ejercicio fiscal correspondiente con detalle al cierre al
mes de septiembre, sin menoscabo de las disposiciones de esta Constitución en materia de
cuentas públicas. (Adic. Según Decreto No. 651, de fecha 29 de julio del 2021, publicado en el
P.O. No. 094 de fecha 04 de agosto de 2021).
En el año que concluya el ejercicio constitucional de gobierno, el informe se enviará al
Congreso el cinco de septiembre. (Adic. Según Decreto No. 651, de fecha 29 de julio del 2021,
publicado en el P.O. No. 094 de fecha 04 de agosto de 2021).
Art. 40 Bis. En el mes de enero de cada año, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado
enviará al Congreso un Informe por escrito sobre el estado que guarde la Administración de la
Justicia en la Entidad. Este Informe comprenderá todo el año próximo anterior. (Adic. según
Decreto No. 222 de fecha 8 de septiembre de 1961, publicado en el Periódico Oficial No. 108,
de fecha 12 de septiembre de 1961).
Art. 41. Todas las sesiones del Congreso serán públicas, con excepción de las que su Ley
Orgánica disponga que sean secretas. (Ref. según Decreto No. 67 de fecha 10 de abril de
1969, publicado en el Periódico Oficial No. 47, de fecha 18 de abril de 1979).
Art. 42. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo. Las leyes
y decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el Presidente del Congreso, y por los
Secretarios; y los acuerdos, en todo caso, firmados sólo por los dos Secretarios.
SECCIÓN II
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO
30
Art. 43. Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes:
I. Expedir su propia Ley Orgánica que no podrá ser vetada ni necesitará de
promulgación del Gobernador del Estado. (Ref. según Decreto No. 5 de
fecha 2 de enero de 1981, publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis, de
fecha 2 de enero de 1981).
II. Expedir, interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos
los ramos de la Administración Pública del Estado. (Ref. según Decreto No.
5 de fecha 2 de enero de 1981, publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis,
de fecha 2 de enero de 1981).
III. Decretar toda clase de imposiciones tributarias necesarias para cubrir el
presupuesto. (Ref. según Decreto No. 5 de fecha 2 de enero de 1981,
publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis, de fecha 2 de enero de 1981).
IV. Iniciar leyes o sus reformas ante el Congreso de la Unión.
V. Aprobar los convenios que el Gobernador del Estado celebre con las
Entidades vecinas sobre cuestiones de límites y someterlos, por conducto
del mismo, a la ratificación del Congreso de la Unión.
VI. Ratificar los arreglos concertados entre las Municipalidades con motivo de la
fijación de sus límites.
VII. Crear nuevas Municipalidades dentro de los límites de las ya existentes,
siendo necesario para el efecto:
a) Que la fracción o fracciones que pretendan erigirse en
Municipalidad, cuenten con una población cuando menos, de
TREINTA MIL HABITANTES, según el último censo del Estado, y
tomando en cuenta el asentimiento de la mayoría de sus
ciudadanos.
b) Que se compruebe debidamente ante el Congreso, que tienen los
elementos bastantes para proveer a su existencia política.
c) Que la elección de la nueva Municipalidad sea aprobada por el
voto de las dos terceras partes de los Diputados.
d) Que la resolución favorable del Congreso sea ratificada por la
mayoría de los Ayuntamientos del Estado previo examen de la
copia del expediente que el efecto se les remita. (Ref. según
Decreto No. 333 publicado en el Periódico Oficial No. 90, de fecha
8 de agosto de 1959).
VII Bis. Suprimir Municipalidades que no llenen los requisitos de la fracción anterior,
pudiendo el mismo Congreso, en este caso, hacer la nueva división política
que corresponda. (Adic. según Decreto No. 8 de fecha 29 de septiembre de
31
1928, publicado en el Periódico Oficial No. 120, de fecha 6 de octubre de
1928).
VIII. Ratificar o no la erección de Sindicaturas y Comisarías que propongan los
Ayuntamientos, o la supresión o modificación de las existentes,
determinación de sus demarcaciones y designación de sus cabeceras.
IX. Decretar la fundación de poblaciones y fijar las categorías del pueblo, villa o
ciudad que les corresponda.
X. Decretar la traslación provisional de los Poderes del Estado, fuera de la
ciudad de Culiacán Rosales.
XI. Convocar a toda clase de elecciones para servidores públicos del Estado y
Municipios, cuando fuere conducente. (Ref. según Decreto No. 161 de fecha
19 de febrero de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27
de febrero de 1985).
XII. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la
declaración de Gobernador Electo que hubiere hecho el Tribunal Estatal
Electoral.(Ref. según Decreto No. 404, de fecha 22 de enero de 1998,
publicado en el Periódico Oficial No. 10 Bis, de fecha 23 de enero de 1998).
XIII. Elegir al ciudadano que deba sustituir al Gobernador del Estado, con el
carácter de sustituto, o de interino, en los términos que esta Constitución
señala.
XIV. Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y al titular del Centro de
Conciliación Laboral, mediante los procedimientos que esta Constitución y
las leyes respectivas señalen. (Ref. Según Decreto No. 588 de fecha 16 de
marzo de 2021, publicado en el Periódico Oficial No. 046 del 16 de abril de
2021).
XV. Elegir Presidente Municipal, Síndicos Procuradores y Regidores sustitutos
en casos de vacante. (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo,
publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
XVI. Desempeñar todas las funciones que le encomiende la Ley Electoral para
Poderes Federales.
XVII. Expedir leyes que regulen la seguridad pública en el Estado; establezcan las
bases de coordinación entre el Estado y los Municipios en materia de
seguridad pública; y señalen la organización y funcionamiento de las
instituciones de seguridad pública, así como las reglas para el
establecimiento del servicio de carrera en dichas instituciones. (Adic. según
Decreto 513 de fecha 27 de febrero, publicado en el Periódico Oficial No.
075 de fecha 22 de junio de 2001)
XVIII. Recibir protesta constitucional a los Diputados, al Gobernador, a los
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a los Magistrados
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como a los servidores
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públicos que esta Constitución y sus propias leyes lo determinen. (Ref.
Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el
Periódico Oficial No. 035 del 17 de marzo del 2017).
XIX. Conceder licencia y admitir las renuncias a los Diputados y demás
servidores públicos de su propia dependencia, al Gobernador y a los
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a los Magistrados del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado, así como a los servidores públicos que
esta Constitución y sus propias leyes lo determinen. (Ref. Según Decreto
No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No.
035 del 17 de marzo del 2017).
XIX Bis. Nombrar a propuesta del Órgano de Gobierno, a los servidores públicos del
Congreso del Estado hasta el nivel de Director; recibirles la protesta de Ley,
removerlos y concederles licencia, en los términos previstos en la Ley
Orgánica; (Adic. según Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre de 2011,
publicado en el Periódico Oficial No. 038 del 26 de marzo del 2012).
XIX Bis A. Conocer y resolver sobre las solicitudes de destitución de los magistrados
del Tribunal de Justicia Administrativa así como de los servidores públicos
que esta Constitución y sus propias leyes lo determinen. (Adic. Según
Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico
Oficial No. 035 del 17 de marzo del 2017).
XX. Conocer de las imputaciones formuladas mediante juicio político en contra
de los servidores públicos señalados en el Título VI de esta Constitución,
actuando como Organo de acusación si resultare procedente presentar ésta;
y emitir declaratoria de si ha lugar o no a proceder penalmente en contra de
los servidores públicos a que se refiere el citado Título, tratándose de
delitos, erigiéndose al efecto en jurado de acusación. (Ref. según Decreto
No. 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No.
12, de fecha 27 de enero de 1984).
XXI. Expedir anualmente la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado, previo examen, discusión y, en su caso, modificación de la iniciativa
enviada por el Ejecutivo Estatal. Asimismo, se podrá autorizar en dicha Ley
las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley
respectiva; así como las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las
obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración
público privada que se celebren con la previa autorización del Congreso; las
erogaciones correspondientes deberán incluirse en las subsecuentes Leyes
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado; (Ref. según Dec. 689,
publicado en el P.O. No. 153 del 19 de diciembre del 2012).
XXI Bis. En materia de contratos de colaboración público privada:
a) Establecer, mediante la expedición de una ley, las bases conforme a las
cuales el Estado, los organismos descentralizados estatales, las empresas
de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que formen
parte de la Administración Pública Paraestatal; asi como los Municipios, los
33
organismos descentralizados municipales, las empresas de participación
municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos que formen parte de la
Administración Pública Paramunicipal, podrán celebrar contratos de
colaboración público privada; y,
b) Autorizar al Estado, a los Municipios, a los organismos descentralizados
estatales o municipales, a las empresas de participación estatal o municipal
mayoritaria y a los fideicomisos públicos que formen parte de la
Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal; conforme a las bases
que se establezcan en la ley y en los casos que impliquen obligaciones que
constituyan deuda pública, mediante el voto de la mayoría de sus miembros,
la celebración de contratos de colaboración público privada, la afectación
como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos
que les correspondan o, en su caso, de los derechos al cobro de los
mismos, respecto al cumplimiento de todo tipo de obligaciones que deriven
de dichos contratos o de cualesquier otros actos jurídicos relacionados con
los mismos; y para la celebración de las demás modalidades y actos
jurídicos que, en términos de lo previsto por la misma, la requieran;
(Adic. según Dec. 689, publicado en el P.O. No. 153 del 19 de diciembre del
2012).
XXII. Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior, discutiendo,
aprobando o desaprobando, en su caso, un dictamen que su Comisión de
Fiscalización elabore, del Informe General Ejecutivo del Resultado de la
Fiscalización Superior que emitirá la Auditoría Superior del Estado, así como
de los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta
Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales y de la
información sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o
municipales, asignados a los organismos paraestatales o paramunicipales y
órganos constitucionales autónomos, en los términos previstos por las leyes,
elaborados por la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de someterlo a
votación del Pleno; dicho dictamen contendrá no solo las valoraciones
técnicas de la Auditoría sino también sus propias valoraciones de los
resultados. Asimismo el Congreso revisará y evaluará la gestión financiera
de los entes fiscalizados, la comprobación de si se ha ajustado a los criterios
señalados por el presupuesto y la verificación del cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas. La función de fiscalización se
desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad,
imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, se deberá fiscalizar las acciones de
los Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los
informes de auditoría relativos a la fiscalización tendrán carácter público.
La revisión de la Cuenta Pública se realizará a través de la Auditoría
Superior del Estado, utilizando entre otros métodos el de la auditoría
forense. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a
los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la
revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha
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autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el
desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.
La Cuenta Pública de los entes fiscalizados del ejercicio fiscal
correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado a más tardar
el 31 de marzo del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de
presentación cuando medie solicitud de los titulares o representantes de los
poderes del estado, de cualquier Ayuntamiento o del órgano constitucional
autónomo que se trate, respectivamente, suficientemente justificada a juicio
de la Legislatura, la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en
tal supuesto, la Auditoría Superior del Estado contará con el mismo tiempo
adicional para la presentación de los informes respectivos.
El Congreso del Estado concluirá la revisión de la Cuenta Pública, a más
tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, con base en el
análisis de su contenido, así como de los dictámenes y valoraciones que la
Comisión de Fiscalización elabore, respecto de las conclusiones técnicas del
Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior que
emitirá la Auditoría Superior del Estado, así como de los Informes
Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno
del Estado y de los Gobiernos Municipales y de la información sobre la
aplicación de los recursos públicos estatales o municipales, asignados a los
organismos paraestatales o paramunicipales y órganos constitucionales
autónomos, en los términos previstos por las leyes.
El Congreso del Estado evaluará el desempeño de la Auditoría Superior del
Estado y al efecto le podrá requerir que le informe en cualquier momento
sobre la evolución de sus trabajos ordinarios y extraordinarios de
fiscalización.
(Ref. Según Decreto No. 197, de fecha 30 de junio de 2022, publicado en el
P.O. No. 099, de fecha 17 de agosto de 2022).
XXII Bis. Solicitar a la Auditoría Superior del Estado, por medio del Pleno, la Junta de
Coordinación Política o la Comisión de Fiscalización la realización de
auditorías específicas. (Ref. Según Decreto No. 197, de fecha 30 de junio de
2022, publicado en el P.O. No. 099, de fecha 17 de agosto de 2022).
XXII Bis A. Expedir la ley que regule la organización de la Auditoría Superior del Estado
y demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del
Estado, municipios y sus respectivos entes públicos; (Adic. por Decreto 517
de fecha 25 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 129 de fecha 27
de octubre del año 2004)
XXII Bis B. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el
desempeño de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, en
términos de la ley; (Adic. por Decreto 517 de fecha 25 de marzo, publicado
en el Periódico Oficial No. 129 de fecha 27 de octubre del año 2004)
XXIII. Autorizar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes
los montos máximos para en las mejores condiciones del mercado contratar
empréstitos y obligaciones por parte del Estado, organismos autónomos, los
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Municipios así como los organismos públicos descentralizados estatales y
municipales, empresas de participación estatal o municipal, y fideicomisos
públicos estatales y municipales, previo análisis de su destino, capacidad de
pago y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la
fuente de pago, de conformidad con las bases de las leyes establecidas de
la materia. (Ref. Según Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017,
publicado en el P.O. No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
XXIII Bis. Ejercer las acciones necesarias para el debido cumplimiento de las
disposiciones en materia de disciplina financiera, equilibrio presupuestario y
responsabilidad hacendaria, en términos de la legislación aplicable. (Adic.
Según Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017, publicado en el P.O.
No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
XXIII Bis A. Autorizar al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para adherirse al mecanismo de
contratación de deuda estatal garantizada. (Adic. Según Decreto No. 141, de
fecha 27 de junio del 2017, publicado en el P.O. No. 086 de fecha 07 de julio
de 2017).
XXIV. Reconocer, aprobar y ordenar el pago de la Deuda Preferente del Estado.
XXV. Expedir Leyes de carácter fiscal y establecer, mediante disposiciones
generales, las bases y supuestos para el otorgamiento de subsidios,
estímulos e incentivos y para la condonación de adeudo a favor del Estado.
(Ref. según Decreto No. 5 de fecha 2 de enero de 1981, publicado en el
Periódico Oficial No. 1 Bis, de fecha 2 de enero de 1981).
XXVI. Discutir y aprobar anualmente, las leyes de ingresos de los Municipios del
Estado, teniendo en cuenta las iniciativas que estos presenten. (Ref. según
Decreto No. 63 de fecha 28 de abril de 1966, publicado en el Periódico
Oficial No. 63, de fecha 26 de mayo de 1966).
XXVII. Facultar al Ejecutivo del Estado para que con las limitaciones que sean
necesarias, represente a éste por sí o apoderado especial, en los casos en
que corresponda.
XXVIII. Conceder o no los premios y recompensas que proponga el Ejecutivo del
Estado a los que hayan prestado servicios eminentes al mismo. (Ref. según
Decreto No. 95 de fecha 1 de abril del 2008, publicado en el Periódico Oficial
No. 063, de fecha 26 de mayo del 2008).
XXIX. Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales
del Estado. (Ref. según Decreto No. 565 de fecha 19 de enero de 2021,
publicado en el P.O. No. 023, de 22 de febrero de 2021).
XXX. Rehabilitar en los derechos de ciudadano a quienes tengan perdido o
suspenso su ejercicio de acuerdo con las leyes.
XXXI. Habilitar de edad a los menores que reunan (sic ¿reúnan?) los requisitos
exigidos por la ley.
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XXXII. Fijar las bases para las concesiones que deba otorgar el Ejecutivo, en los
casos que no haya una ley especial que las determine.
XXXIII. Expedir las leyes que fueren necesarias para hacer efectivas las facultades
anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes
del Estado. (Ref. según Decreto No. 5 de fecha 2 de enero de 1981,
publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis, de fecha 2 de enero de 1981).
XXXIII Bis. Para expedir leyes que regulen actividades relativas a la prestación de
servicios inmobiliarios. (Adic. según Decreto No. 664 de fecha 01 de agosto
de 2001, publicado en el Periódico Oficial No. 144, de fecha 30 de
noviembre de 2001).
XXXIV Citar a comparecer a la autoridad o servidor público que se hubieren negado
a aceptar o cumplir una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, para el efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
Lo anterior, a solicitud del Presidente de ese organismo y previo Dictamen
de procedencia emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos
Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores,
aprobado por el Pleno.
(Adic. según Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de
septiembre del 2013).
XXXV. Elegir al Fiscal General del Estado y objetar su remoción, en los términos
que precisa esta Constitución, así como tomarle la protesta de ley. (Ref.
Según Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017, publicado en el P.O.
No. 018 Edición Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).
XXXVI. Ratificar el nombramiento del Secretario encargado del control interno que
haya nombrado el Ejecutivo del Estado. (Adic. Según Decreto No. 96 de
fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 035 del 17
de marzo del 2017).
XXXVII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes,
a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos públicos.
(Adic. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el
Periódico Oficial No. 035 del 17 de marzo del 2017).
XXXVIII. Expedir la Ley que instituya el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
(Adic. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el
Periódico Oficial No. 035 del 17 de marzo del 2017).
XXXIX. Expedir la Ley que establece la estructura orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa, y las formalidades que establecen sus facultades,
procedimientos, formalidades jurisdiccionales y los medios de impugnación
contra sus resoluciones, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y
que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para
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impugnar sus resoluciones. (Adic. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de
marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 035 del 17 de marzo
del 2017).
XL. Expedir la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares
vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como
los procedimientos para su aplicación. (Adic. Según Decreto No. 96 de fecha
14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 035 del 17 de
marzo del 2017).
XLI. Las demás que las leyes le otorguen. (Adic. Según Decreto No. 96 de fecha
14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 035 del 17 de
marzo del 2017).
Art. 44. El Congreso no podrá:
I. Expedir leyes que violen los derechos individuales y los preceptos
establecidos por la Constitución Federal o por la particular del Estado.
II. Delegar sus facultades legislativas. Sólo en caso de guerra extranjera podrá
delegar al Ejecutivo del Estado, facultades en Hacienda y Guerra.
SECCIÓN III
DE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN DE
LAS LEYES
Art. 45. El derecho de iniciar leyes y decretos o sus reformas compete:
I. A los miembros del Congreso del Estado;
II. Al Gobernador del Estado;
III. Al Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
IV. A los Ayuntamientos del Estado;
V. A los ciudadanos sinaloenses;
VI. A los grupos legalmente organizados en el Estado.
Las iniciativas presentadas por los Diputados del Congreso, por el Gobernador, por el Supremo
Tribunal de Justicia y por los Ayuntamientos, pasarán desde luego a Comisión. (Ref. según
Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre de 2011, publicado en el Periódico Oficial No. 038
del 26 de marzo del 2012).
Por cada período ordinario de sesiones, el Gobernador podrá presentar hasta dos iniciativas
con el carácter de preferente, que deberán ser votadas por el Pleno del Congreso en un
término máximo de diez días naturales. (Adic. según Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre
de 2011, publicado en el Periódico Oficial No. 038 del 26 de marzo del 2012).
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Para que la iniciativa con el carácter de preferente sea rechazada en lo general o modificada en
lo particular, se requerirá el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso
presentes al momento de la votación. (Adic. según Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre
de 2011, publicado en el Periódico Oficial No. 038 del 26 de marzo del 2012).
No podrán tener el carácter de preferente las iniciativas que el titular del Ejecutivo Estatal
presente en materia presupuestal, al sistema electoral y de partidos, ni modificaciones
constitucionales. (Adic. según Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre de 2011, publicado en
el Periódico Oficial No. 038 del 26 de marzo del 2012).
Los Grupos Parlamentarios del Congreso tendrán derecho de presentar iniciativas cuando
éstas se apeguen a la plataforma electoral del partido político al que estén afiliados, a la
agenda legislativa que su grupo parlamentario hubiere presentado, así como a las políticas
públicas que el Ejecutivo Estatal esté aplicando. En el caso de los diputados sin Grupo
Parlamentario, la presentación de iniciativas preferentes se hará previa solicitud expresa que
de conformidad con la Ley hagan a las instancias de gobierno del Congreso. (Adic. según
Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre de 2011, publicado en el Periódico Oficial No. 038
del 26 de marzo del 2012).
Cada Grupo Parlamentario constituido con apego a la ley, podrá presentar una iniciativa con el
carácter de preferente por cada año de ejercicio constitucional. No podrán tener el carácter de
preferente las iniciativas que los grupos parlamentarios presenten en materia presupuestal, al
sistema electoral y de partidos, ni modificaciones constitucionales. (Adic. según Decreto No.
398 de fecha 22 de diciembre de 2011, publicado en el Periódico Oficial No. 038 del 26 de
marzo del 2012).
La Ley Orgánica del Congreso especificará los trámites que tenga cada una de esas iniciativas.
(Adic. Según Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre de 2011, publicado en el Periódico
Oficial No. 038 del 26 de marzo del 2012).
Art. 46. Todo proyecto de Ley o Decreto se discutirá con sujeción a las disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso, observándose además las siguientes prevenciones generales. (Ref.
según Decreto No. 67 de fecha 10 de abril de 1979, publicado en el Periódico Oficial No. 47, de
fecha 18 de abril de 1979).
I. Tres días a los menos, antes de la discusión de las leyes o decretos, la
Cámara dará aviso al Ejecutivo del Estado o al Supremo Tribunal de
Justicia, o con la oportunidad necesaria, a los Ayuntamientos en sus
respectivos casos, a fin de que si lo estiman conveniente, envíen un
Representante, que con voz, pero sin voto, tome parte en las discusiones.
II. Las votaciones de leyes o decretos, serán siempre nominales.
III. Aprobado por el Congreso un proyecto de ley o decreto, se remitirá al
Ejecutivo, quien si no tuviere observaciones que hacer, lo promulgará
inmediatamente.
IV. Se reputará aprobado por el Ejecutivo, todo proyecto de ley o decreto no
devuelto con observaciones al Congreso dentro de los primeros ocho días
útiles contados desde la fecha en que lo reciba, a no ser que corriendo ese
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término, hubiere el Congreso cerrado sus sesiones; en este caso, la
devolución deberá hacerse el primer día útil del nuevo período de sesiones.
V. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo,
será devuelto con sus observaciones, dentro de los ocho días siguientes, a
aquel en que lo recibió, para que se estudie nuevamente; mas si el
Congreso lo ratifica por el voto de las dos terceras partes de los Diputados
presentes, pasará de nuevo el proyecto al Ejecutivo, para su inmediata
promulgación.
VI. Si un proyecto de ley o decreto fuere desechado en parte o modificado por el
Ejecutivo, la nueva discusión se concretará a sólo lo desechado o
modificado. Si las modificaciones del Ejecutivo fueren aprobadas por las dos
terceras partes de los Diputados presentes, el proyecto se remitirá de nuevo
para su inmediata promulgación.
VII. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado por el Congreso, no se
volverá a presentar en el mismo período de sesiones.
VIII. En la aclaración, reforma o abrogación de las leyes o decretos, se
observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
IX. El Ejecutivo del Estado no podrá hacer observaciones a las resoluciones del
Congreso:
A) Cuando éste ejerza funciones de Colegio Electoral o de Jurado.
B) En los decretos de convocatoria a elecciones para servidores
públicos del Estado y Municipios. (Ref. según Decreto No. 161 de
fecha 19 de febrero de 1985, publicado en el Periódico Oficial No.
25, de fecha 27 de febrero de 1985).
C) En los decretos de apertura y clausura de los período (sic
¿períodos?) extraordinarios de sesiones.
Art. 47. Toda ley o decreto será promulgada bajo la firma del Presidente y Secretario del
Congreso, en la siguiente forma: "El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
representado por su... (número de orden)... Legislatura, ha tenido a bien expedir (o el) (sic ¿la o
el?) siguiente Ley...(número de nombre oficial de la Ley o Decreto)". Seguirá el texto de la Ley
o Decreto y al final, el mandato de que se publique y circule para su debida observancia,
firmado por el Gobernador del Estado y el Secretario del Ramo a que el asunto corresponda.
(Ref. según Decreto No. 79 de fecha 30 de noviembre de 972, publicado en el Periódico Oficial
No. 149, de fecha 12 de diciembre de 1972).
Art. 48. Las leyes y decretos son obligatorios desde el día siguiente al de su promulgación, a
no ser que en sus mismo (sic ¿mismos?) textos se designe la fecha en que deban comenzar a
regir.
SECCIÓN IV
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
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Art. 49. Durante los recesos del Congreso del Estado, habrá una Diputación Permanente que
se integrará bajo la fórmula de nueve Propietarios y nueve Suplentes. Cada Grupo
Parlamentario contará, como mínimo, con un representante propietario y su respectivo
suplente.
Los miembros de la Diputación Permanente serán elegidos por mayoría de votos de los
Diputados presentes, en la última sesión de cada Período Ordinario de Sesiones de ejercicio
constitucional.
(Ref. según Decreto No. 193 de fecha 7 de octubre del 2008, publicado en el Periódico Oficial
No. 127, de fecha 22 de octubre del 2008).
Art. 50. La Diputación Permanente tendrá las siguientes facultades:
I. Recibir y despachar la correspondencia del Congreso, resolviendo sólo los
asuntos de carácter urgente y que no requieran la expedición de una ley o
un decreto, o expidiéndolos únicamente en los casos a que se refieren las
fracciones IV, V, VI y X de este artículo.
II. Abrir dictamen sobre todos los asuntos que hubieren quedado sin resolución
en los expedientes y sobre los que en el receso del Congreso se
presentaren, para dar a éste cuenta con ellos en el próximo período de su
reunión.
III. Elegir Presidente Municipal, Regidores y Síndicos Procuradores Sustitutos
de los Ayuntamientos en caso de vacante. (Ref. según Decreto 536 de fecha
22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio
del año 2001)
IV. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando proceda.
V. Convocar e (sic ¿a?) elecciones extraordinarias cuando fuere conducente.
VI. Nombrar Gobernador Provisional en los casos que esta Constitución
determine.
VII. Recibir la protesta del Gobernador del Estado. (Ref.. según Decreto No. 398
de fecha 22 de diciembre de 2011, publicado en el Periódico Oficial No. 038
del 26 de marzo del 2012).
VII Bis. Recibir protesta de los Diputados suplentes que hayan sido llamados para
entrar en funciones. (Adic. Según Decreto No. 391, de fecha 07 de marzo
del 2018, publicado en el P.O. No. 031 de fecha 09 de marzo de 2018).
VIII. Conceder licencias a sus propios miembros, a los Diputados y demás
servidores públicos del Congreso, al Gobernador y a los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. (Ref. según Decreto No. 161, de
fecha 19 de febrero de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de
fecha 27 de febrero de 1985).
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IX. Actuar en substitución de la Comisión de Glosa, para facilitar las revisiones
de la Contaduría Mayor, hasta producir dictamen que someterá a la
consideración de la Cámara.
X. Decretar en caso grave, la traslación provisional de los Poderes del Estado
fuera del lugar de su residencia.
XI. Las que especialmente le encomiende la Cámara, sin constituir violación de
lo dispuesto en la fracción II del Artículo 44 y las demás facultades que se
hallan consignadas en esta Constitución.
Art. 51. La Diputación Permanente presentará en la primera sesión del período inmediato de la
Legislatura, un informe escrito, por el que se dé cuenta del uso que haya hecho de sus
atribuciones y de los negocios que hubiere despachado.
Art. 52. Cuando por cualquiera causa no pudiere una Legislatura inaugurar un período de
ejercicios en el día que la ley determina, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley
Orgánica del Congreso del Estado. (Ref.. según Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre de
2011, publicado en el Periódico Oficial No. 038 del 26 de marzo del 2012).
SECCIÓN V
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
(Ref. Por Decreto 517 de fecha 25 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 129
de fecha 27 de octubre del año 2004)
Art. 53. Para dar cumplimiento a sus atribuciones en materia de revisión y fiscalización de
cuentas públicas, el Congreso del Estado se apoyará en el órgano técnico denominado
Auditoría Superior del Estado, quien tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de
sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones,
en los términos que disponga la ley.
Derogado. (Ref. Según Decreto No. 197, de fecha 30 de junio de 2022, publicado en el P.O.
No. 099, de fecha 17 de agosto de 2022).
La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día
hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones
que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta
Pública; siendo una facultad permanente del Congreso del Estado de Sinaloa, instruir al órgano
técnico de fiscalización el desarrollo de auditorías específicas que surjan a partir de denuncias
ciudadanas o solicitudes del congreso conforme a la ley reglamentaria. (Ref. Según Decreto
No. 197, de fecha 30 de junio de 2022, publicado en el P.O. No. 099, de fecha 17 de agosto
de 2022).
La Auditoría Superior del Estado, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las
auditorías podrá solicitar información del ejercicio, en curso, respecto de procesos concluidos.
La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su
caso, otorgue el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales respecto a empréstitos;
el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, y
42
de los entes públicos, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el
cumplimiento de los objetivos contenidos en el ejercicio del presupuesto, a través de los
informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
En los términos que establezcan las leyes fiscalizará, en coordinación con la Auditoría
Superior de la Federación, las participaciones federales. Asimismo, fiscalizará los
recursos públicos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o
moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos
o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los
derechos de los usuarios del sistema financiero. En el caso de los empréstitos,
fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes.
Podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios
anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para
todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la
erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago
diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que,
respectivamente, la Auditoría Superior del Estado emita, solo podrán referirse al
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la ley,
derivado de denuncias o solicitudes del Congreso, la Auditoría Superior del Estado, podrá
revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de
ejercicios anteriores, a través de auditorías específicas. Las entidades fiscalizadas
proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos
señalados por la ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en
la misma. La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del
Estado a través de la Comisión de Fiscalización y, en su caso, promoverá las acciones que
correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción o las autoridades competentes. (Ref. Según Decreto No. 197, de fecha 30 de
junio de 2022, publicado en el P.O. No. 099, de fecha 17 de agosto de 2022).
II. Entregar al Congreso del Estado por medio de la Comisión de Fiscalización el Informe
General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior que emitirá la Auditoría
Superior del Estado, así como los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización
de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, así como
la información sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales,
asignados a los organismos paraestatales o paramunicipales y órganos constitucionales
autónomos, en los términos previstos por las leyes a más tardar el día último de agosto
del año de la presentación de la Cuenta Pública. Los Informes General e Individuales
tendrán el contenido que determine la ley, los Informes Individuales incluirán como
mínimo un dictamen derivado de la fiscalización, un apartado específico con las
acciones que la Auditoría haya promovido, así como las justificaciones y aclaraciones
que, en su caso, los entes fiscalizados hayan presentado sobre las mismas. Una vez
presentados los Informes General e Individuales, en un plazo no mayor a 20 días
naturales y no menor a 10 días naturales, deberá comparecer previa citación del
Congreso la persona titular de la Auditoría Superior del Estado, ante el pleno, con
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respecto a la información contenida en dichos informes. (Ref. Según Decreto No. 197,
de fecha 30 de junio de 2022, publicado en el P.O. No. 099, de fecha 17 de agosto de
2022).
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General y de los
Informes Individuales, se darán a conocer a los entes fiscalizados la parte que les
corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las
justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la
Auditoría Superior del Estado para la elaboración de los Informes Individuales.
La persona titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades
fiscalizadas los Informes Individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a
los 8 días naturales posteriores a que haya sido entregado el Informe Individual de
auditoría respectivo al Congreso del Estado, mismos que contendrán las
recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 20 días
naturales, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen
pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en
la ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal
de Justicia Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que
establezca la ley. (Ref. Según Decreto No. 197, de fecha 30 de junio de 2022, publicado
en el P.O. No. 099, de fecha 17 de agosto de 2022).
La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 30 días hábiles
sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas emitiendo un informe final
integral sobre el estado que guardan las solventaciones que presentará al Congreso del
Estado a través de la Comisión de Fiscalización a más tardar el día 1 de noviembre del
año de la presentación de la cuenta pública. En el caso de las recomendaciones, las
entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior del Estado las
mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su
improcedencia. (Ref. Según Decreto No. 197, de fecha 30 de junio de 2022, publicado
en el P.O. No. 099, de fecha 17 de agosto de 2022).
Asimismo, la Auditoría Superior del Estado, el primer día hábil posterior al inicio de cada
periodo ordinario de sesiones, deberá entregar al Congreso del Estado por medio de la
Comisión de Fiscalización, los informes con respecto al estado que guardan las
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno
de los Informes Individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta
fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los
montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los
entes públicos fiscalizados, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las
denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal de
Justicia Administrativa.
La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y
observaciones hasta que rinda los Informes Individuales y el Informe General al
Congreso del Estado a que se refiere esta fracción; la ley establecerá las sanciones
aplicables a quienes infrinjan esta disposición.
III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en
el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, y efectuar visitas
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos
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indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a
las formalidades establecidas para los cateos.
IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes
ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores
públicos de los entes fiscalizados, así como a personas físicas y morales.
Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los
auxilios que requiera la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones y, en
caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley. Asimismo, los
servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada,
fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos
públicos, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría
Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema
financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en
los términos que establezca la ley.
El Poder Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento en su caso, aplicará el procedimiento
administrativo de ejecución, para el cobro de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se
establezcan por la Auditoria Superior del Estado en los términos que establezca la ley.
(Ref. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial
No. 035 del 17 de marzo del 2017).
Art. 54. El Congreso del Estado designará al titular de la Auditoría Superior del Estado por el
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el
procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo siete años y podrá ser
nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas
graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las
causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título VI de esta Constitución.
Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado se requiere ser mexicano por nacimiento,
estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener treinta y cinco años de edad y
menos de setenta al día de la designación, o bien no cumplir setenta años durante el ejercicio
de sus funciones; gozar de buena reputación personal, haber residido efectivamente en el
Estado durante los últimos dos años y no haber sido condenado por delito doloso; no haberse
desempeñado durante los dos años anteriores con cargos de nivel de Secretario u homólogos
en el Poder Ejecutivo con excepción del encargado de control interno; asimismo no haberse
desempeñado como Presidente Municipal, Síndico Procurador o Secretario en los Gobiernos
Municipales, Diputado, Secretario General del Congreso o haber sido designado por el
Congreso como titular de algún organismo autónomo y, cumplir los requisitos establecidos en la
ley.
Durante su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro
empleo cargo o comisión, salvo los docentes y los no remunerados en asociaciones científicas,
artísticas o de beneficencia pública o privada.
(Ref. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial
No. 035 del 17 de marzo del 2017).
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CAPÍTULO III
DEL PODER EJECUTIVO
Art. 55. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado, en un ciudadano que se
denominará "GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO".
Art. 56. Para ser Gobernadora o Gobernador del Estado se requiere: (Ref. Según Decreto No.
514, publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
I. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en este último caso con
residencia efectiva en el Estado no menor de cinco años inmediatamente anteriores al
día de la elección. (Ref. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015,
publicado en el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
II. Tener veinticinco años cumplidos el día de la elección. (Ref. Según Decreto No. 514,
publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
III. Haber conservado su domicilio en el Estado, seis meses al menos, inmediatamente
antes de la elección; bastando para ser Gobernador Interino, Provisional o Sustituto, la
calidad de ciudadano sinaloense. (Ref. según Decreto No. 392 de fecha 07 de junio de
1943, publicado en el Periódico Oficial No. 73, de fecha 22 de junio de 1943).
IV. Haber obtenido la mayoría de sufragios legales. En caso de empate en la votación, se
convocará a nuevas elecciones.
V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las entidades de la
Administración Pública Estatal o Paraestatal; los titulares de los órganos
constitucionales autónomos; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Juez de
Primera Instancia; Recaudador de Rentas o Presidente Municipal; Diputado y Senador
al Congreso de la Unión que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de fuerza
de la Federación, Estado o municipios, o ser ministro de cualquier culto. Los ciudadanos
antes referidos, con excepción de los ministros de cultos, podrán ser electos, siempre
que se separen de sus cargos cuando menos 90 días antes de la elección. (Ref. Según
Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017, publicado en el P.O. No. 018 Edición
Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).
VI. No haber sido convicto por ningún Tribunal, ni haber figurado directa o indirectamente
en alguna azonada, motín a (sic ¿o?) cuartelazo promovido contra las instituciones de la
Nación o del Estado.
VII. Comprobar de conformidad con el Código Civil y demás leyes sobre la materia su
calidad de ciudadano sinaloense por nacimiento. (Ref. según Decreto No. 30 de fecha
05 de noviembre de 1947, publicado en el Periódico Oficial No. 142, de fecha 4 de
diciembre de 1947).
VIII. No aparecer inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de
Sinaloa al tiempo en que se solicite el registro de sus candidaturas, salvo que exhiban la
documentación con la que hayan acreditado judicialmente el cumplimiento de las
obligaciones en mora; (Adic. Según Decreto No. 256, publicado en el Periódico Oficial
No. 126, de fecha 19 de octubre de 2022).
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IX. No haber sido condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón
de género, por delitos contra la familia y/o contra la libertad sexual y su normal
desarrollo. (Adic. Según Decreto No. 256, publicado en el Periódico Oficial No. 126, de
fecha 19 de octubre de 2022).
No podrán ser electas para este cargo las personas que habiendo obtenido su registro como
candidatas a algún cargo de elección popular hayan sido sancionadas por las autoridades
electorales en el Estado por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género; o
que habiendo ejercido algún cargo de elección popular o dentro del servicio público hayan sido
sancionadas por dichas autoridades por cometer violencia política contra las mujeres en razón
de género. (Adic. Según Decreto No. 256, publicado en el Periódico Oficial No. 126, de fecha
19 de octubre de 2022).
Art. 57. El Gobernador del Estado entrará a ejercer su cargo el día primero de noviembre del
año de su elección, durará seis años en su ejercicio y no será reelecto. (Ref. Según Decreto
No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de
junio de 2015).
Art. 58. Las faltas temporales del Gobernador del Estado hasta por treinta días serán suplidas
por el Secretario de Gobierno con el carácter de encargado del Despacho; las que excedan de
tal período serán cubiertas por un Gobernador Interino que nombrará el Congreso por mayoría
absoluta de votos de los Diputados presentes. Si éste estuviere en receso al ocurrir la falta, la
Diputación Permanente nombrará uno provisional. (Ref. según Decreto No. 161 de fecha 19 de
febrero de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985).
Art. 59. En caso de falta absoluta de Gobernador del Estado, ocurrida dentro de los dos
primeros años del sexenio, el Congreso se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y
concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros
nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un Gobernador Interino, y
expedirá inmediatamente la convocatoria a nuevas elecciones. Si el Congreso estuviere en
receso al ocurrir la falta, la Diputación Permanente nombrará uno Provisional y convocará al
Congreso a sesiones extraordinarias para que éste designe un Gobernador Interino y convoque
inmediatamente a elecciones. Si la falta absoluta del Gobernador ocurriera en los últimos
cuatro años de su período, si el Congreso se encontrase en sesiones, designará al Gobernador
Substituto que deberá concluir el período; si el Congreso no estuviere reunido la Diputación
Permanente nombrará un Gobernador Provisional y convocará al Congreso a sesiones
extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección del Gobernador
Substituto. (Ref. según Decreto No. 382 de fecha 30 de abril de 1953, publicado en el Periódico
Oficial No. 56, de fecha 21 de mayo de 1953).
En caso de haberse revocado el mandato del Gobernador del Estado, el Congreso nombrará,
dentro de los treinta días siguientes, a quien concluirá el periodo constitucional. (Adic. Según
Decreto No. 138, de fecha 17 de mayo de 2022, publicado en el Periódico Oficial No. 073, de
fecha 17 de junio de 2022).
Art. 60. Siempre que por cualquier motivo no pudiera por de pronto el Congreso o la Diputación
Permanente, hacer la designación de que tratan los artículos anteriores, entrará a ocupar el
cargo, provisionalmente, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
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Art. 61. La persona que haya fungido como Gobernador en los casos previstos por los Artículos
59 y 60, no podrá ser electa popularmente Gobernador Constitucional del Estado para el
período inmediato. (Ref. según Decreto No. 406 de fecha 14 de julio de 1953, publicado en el
Periódico Oficial No. 88, de fecha 4 de agosto de 1953).
Art. 62. Si por cualquier motivo la elección ordinaria de Gobernador no estuviere hecha y
publicada antes del día primero de enero en que deba verificarse la renovación, o el electo no
entrare al ejercicio de sus funciones, ese día cesará sin embargo el antiguo, y se encargará del
Poder Ejecutivo el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia por mientras se llenan aquellas
formalidades.
Art. 63. El cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable por causa grave que calificará
el Congreso, ante el cual se presentará la renuncia.
Art. 64. El Gobernador no podrá ausentarse del territorio del Estado, por más de treinta días sin
permiso del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso. (Ref. según Decreto No. 77
de fecha 25 de abril de 1945, publicado en el Periódico Oficial No. 49, de fecha 26 de abril de
1945).
Art. 65. Son facultades y obligaciones del Gobernador Constitucional del Estado, las
siguientes: (Ref. según Decreto No. 585 de fecha 06 de octubre de 1998, publicado en el
Periódico Oficial No. 136 de fecha 13 de noviembre de 1998).
I. Sancionar, promulgar, reglamentar y ejecutar las leyes y decretos que
expida el Congreso del Estado proveyendo en la esfera administrativa a su
exacta observancia, así como expedir los reglamentos autónomos que la
Constitución General de la República y esta Constitución le autoricen o
faculten. (Ref. según Decreto No. 5 de fecha 02 de enero de 1981, publicado
en el Periódico Oficial No. 1 Bis, de fecha 2 de enero de 1981).
II. Nombrar y remover a los servidores públicos de su dependencia cuyo
nombramiento y remoción no estén determinados de otro modo en la
Constitución y demás leyes, observando el principio de paridad de género,
así como concederles licencias y admitirles sus renuncias. (Ref. Según
Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No.
020, de fecha 14 de febrero de 2025).
III. Tener el mando de la fuerza pública en el Estado. En los casos en que el
Gobernador del Estado juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del
orden público podrá transmitir órdenes a la Policía Preventiva Municipal,
quien deberá acatarlas; (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo,
publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, según Decreto 536 de fecha 22 de
marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año
2001)
IV. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias por conducto de la
Diputación Permanente, y pedir al mismo la prórroga del período de
sesiones por el tiempo que estime necesario.
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V. Facilitar a las autoridades judiciales del Estado, los auxilios que necesiten
para el desempeño de sus funciones y excitarlas a que otorguen pronta y
debida justicia.
VI. Presentar al Congreso del Estado, a más tardar el último sábado del mes de
noviembre de cada año, el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos para el año siguiente, así como remitir la cuenta pública del año
anterior a más tardar el 31 de marzo, sólo se podrá ampliar el plazo de
presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente
justificada a juicio de la Legislatura. (Ref. Según Decreto No. 197, de fecha
30 de junio de 2022, publicado en el P.O. No. 099, de fecha 17 de agosto
de 2022).
VII. Cuidar de que la recaudación e inversión de los caudales públicos se hagan
con arreglo a las leyes.
VII Bis. Aplicar las reglas y criterios de disciplina financiera, equilibrio presupuestario
y responsabilidad hacendaria. (Adic. Según Decreto No. 141, de fecha 27 de
junio del 2017, publicado en el P.O. No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
VIII. Visitar las poblaciones del Estado cuando menos una vez en su sexenio.
(Ref. según Decreto No. 98 de fecha 22 de abril de 1948, publicado en el
Periódico Oficial No. 55, de fecha 13 de mayo de 1948).
IX. Formar la estadística del Estado.
X. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier ramo de la administración
y al Supremo Tribunal de Justicia sobre los de su competencia.
XI. Expedir los títulos profesionales concedidos por las instituciones docentes
oficiales del Estado de acuerdo con las leyes que las rijan y autorizar los
expedidos por los establecimientos docentes descentralizados de
conformidad también con los ordenamientos respectivos. (Ref. según
Decreto No. 161 de fecha 19 de febrero de 1985, publicado en el Periódico
Oficial No. 25, de fecha de 27 de febrero de 1985).
XII. Extender los Fiats de Notarios con arreglo a la Ley respectiva.
XIII. Certificar las firmas de todos los Servidores Públicos del Estado que obren
en documentos que hayan de surtir efectos fuera de éste. (Ref. según
Decreto No. 161 de fecha 19 de febrero de 1985, publicado en el Periódico
Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985).
XIV. Expedir reglamentos para el régimen jurídico, orgánico, económico y
operativo de las dependencias de la Administración Pública Estatal y
Paraestatal. (Ref. según Decreto No. 5 de fecha 02 de enero de 1981,
publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis, de fecha 2 de enero de 1981).
XV. Concurrir por sí o por medio de representante a la apertura de cada Período
Extraordinario de Sesiones del Congreso, cuando sea convocado a solicitud
de él, para informar acerca de los motivos o razones que originaron la
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convocatoria. (Ref. según Decreto No. 71 de fecha 30 de octubre de 1972,
publicado en el Periódico Oficial No. 137, de fecha 14 de noviembre de
1972).
XVI. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado.
XVII. Dictar las medidas urgentes que estime necesarias para la defensa de la
salubridad pública del Estado.
XVIII. Cuidar de que las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales del
Estado en materia penal, sean debidamente cumplidas; conceder indultos
por delitos del orden común, así como proveer el cumplimiento del
reconocimiento de inocencia de reos sentenciados, en los casos que el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado haya resuelto fundados. (Ref.
según Decreto No. 230 de fecha 17 de diciembre de 2002, publicado en el
P.O. No. 112, de 17 de septiembre de 2003)
XIX. Velar por la moralidad pública, impidiendo enérgicamente el establecimiento
de juegos de azar.
XX. Otorgar concesiones en los términos que establezcan las leyes o sobre las
bases que fije el Congreso en defecto de aquéllas.
XXI. Previa autorización por el Congreso del Estado de los montos máximos,
contratar empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del
mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso, el
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago, de
conformidad con lo establecido en el artículo 84 de esta Constitución, y las
bases de las leyes establecidas de la materia; (Ref. Según Decreto No. 141,
de fecha 27 de junio del 2017, publicado en el P.O. No. 086 de fecha 07 de
julio de 2017).
XXI Bis. Previa autorización del Congreso del Estado, celebrar contratos de
colaboración público privada; (Adic. según Dec. 689, publicado en el P.O.
No. 153 del 19 de diciembre del 2012).
XXI Bis A. Previa autorización del Congreso del Estado en términos de lo dispuesto por
el artículo 84 de esta Constitución, otorgar garantías y avales, afectar como
fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Estado
o, en su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos, respecto del
cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos, contratos de
colaboración público privada o de cualesquier otros actos jurídicos
relacionados con los mismos; (Ref. Según Decreto No. 141, de fecha 27 de
junio del 2017, publicado en el P.O. No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
XXI Bis B. Incluir anualmente, dentro de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del Estado, la o las partidas presupuestales necesarias y
suficientes para cubrir el pago de obligaciones a cargo del Estado, derivadas
de empréstitos y de contratos de colaboración público privada; (Adic. según
Dec. 689, publicado en el P.O. No. 153 del 19 de diciembre del 2012).
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XXI Bis C. Informar anualmente al Congreso, sobre el ejercicio de las partidas
correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y
con relación a la situación de la deuda pública estatal, al rendir la cuenta
pública. Incluyendo, asimismo, información detallada sobre los contratos de
colaboración público privada en vigor, sobre el otorgamiento de garantías y
avales y sobre la afectación de sus ingresos, como fuente o garantía de
pago, o en cualquier otra forma, en términos de las leyes aplicables, en su
caso; (Adic. según Dec. 689, publicado en el P.O. No. 153 del 19 de
diciembre del 2012).
XXII. Participar en el proceso de elección y remoción del Fiscal General del
Estado en términos de lo previsto por esta Constitución. (Ref. Según Decreto
No. 66, de fecha 31 de enero del 2017, publicado en el P.O. No. 018 Edición
Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).
XXII Bis. Proponer una terna de aspirantes por cada Magistratura del Tribunal de
Justicia Administrativa y una terna para elegir al titular del Centro de
Conciliación Laboral, ante el Congreso del Estado, a fin de que éste realice
la designación correspondiente con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes. (Ref. Según Decreto No. 588 de fecha 16 de marzo de
2021, publicado en el Periódico Oficial No. 046 del 16 de abril de 2021).
XXIII. Condonar adeudos fiscales a favor del Estado, en los términos de la ley
relativa que expida el Congreso del Estado. (Ref. según Decreto No. 5 de
fecha 02 de enero de 1981, publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis, de
fecha 2 de enero de 1981).
XXIII Bis. Formalizar toda clase de acuerdos, contratos y convenios. (Adic. según
Decreto No. 585 de fecha 06 de octubre de 1998, publicado en el Periódico
Oficial No. 136 de fecha 13 de noviembre de 1998).
XXIV. Previa Autorización del Congreso del Estado celebrar convenio
correspondiente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
adherirse al mecanismo de contratación de deuda estatal garantizada. (Ref.
Según Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017, publicado en el P.O.
No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
XXV. Las demás que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Constitución y las derivadas de ellas que no estén
expresamente atribuidas o reservadas a los Poderes de la Federación o a
los otros Poderes del Estado. (Adic. Según Decreto No. 141, de fecha 27 de
junio del 2017, publicado en el P.O. No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
SECCIÓN I
DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO
(Ref. según Decreto 79 de fecha 30 de noviembre de 1972, publicado en el Periódico
Oficial No. 149 de fech 12 de diciembre de 1972).
Art. 66. La Administración Pública será Estatal y Paraestatal.
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La Estatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso del Estado, su reglamento y
demás reglamentos, decretos y acuerdos que expida el Gobernador del Estado para la
Constitución y funcionamiento de las entidades que la integren.
La Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso que establecerá las bases
generales de creación de las entidades que la integren, la intervención del Gobernador del
Estado en su operación y las relaciones entre el Ejecutivo y las entidades Paraestatales y
conforme a las disposiciones reglamentarias generales y a las especiales para cada entidad
que en su ejecución expida el Gobernador Constitucional del Estado. (Ref. según Decreto No. 5
de fecha 02 de enero de 1981, publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis, de fecha 2 de enero
de 1981).
Las personas titulares de las Secretarías de la Administración Pública Estatal serán designadas
observando el principio de paridad de género. (Adic. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de
junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Art. 67. Para ser Titular de una Secretaría o Subsecretaría del Poder Ejecutivo del Estado se
requerirá ser ciudadana o ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos, poseer la
capacidad necesaria a juicio del Gobernador del Estado y tener veinticinco años cumplidos.
(Ref. Según Decreto No. 514, publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
Art. 68. Los Secretarios y Sub-Secretarios de los diversos ramos de la Administración Pública
no podrán desempeñar algún otro cargo, empleo o comisión oficial y particulares por los que
reciban remuneración, con excepción de la integración en los consejos de los organismos
estatales, paraestatales y Municipales y de los cargos docentes, ni ejercer profesión alguna
salvo en causas propias del ejercicio de sus funciones. (Ref. según Decreto No. 5 de fecha 02
de enero de 1981, publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis, de fecha 2 de enero de 1981).
Art. 69. Para ser válidos los decretos, reglamentos y acuerdos del Gobernador, deberán estar
firmados por éste y por el Secretario encargado del ramo a que el asunto corresponda, de los
que serán solidariamente responsables. (Ref. según Decreto No. 79 de fecha 30 de noviembre
de 1972, publicado en el Periódico Oficial No. 149, de fecha 12 de diciembre de 1972).
Art. 70. Los Secretarios de la Administración Pública Estatal, al inicio de cada Período
Ordinario de Sesiones, enviarán al Congreso del Estado un informe por escrito sobre la
situación que guarda la Secretaría a su cargo.
El Congreso del Estado podrá convocar a los secretarios de Despacho, a los directores de las
entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos constitucionales autónomos,
unidades administrativas, organismos descentralizados y desconcentrados o de carácter estatal
para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un
negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a
interpelaciones o preguntas. (Ref. Según Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017,
publicado en el P.O. No. 018 Edición Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).
El Congreso del Estado podrá requerir información o documentación a los titulares de las
dependencias y entidades del gobierno estatal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá
ser respondida en un término no mayor de 15 días naturales a partir de su recepción. El
ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso
del Estado.
52
(Ref. según Decreto No. 193 de fecha 7 de octubre del 2008, publicado en el Periódico Oficial
No. 127, de fecha 22 de octubre del 2008).
Art. 71. Las faltas temporales de los Secretarios serán suplidas dentro de sus Ramos
respectivos por los servidores públicos inmediatos inferiores con las mismas responsabilidades
y atribuciones de aquéllos. (Ref. según Decreto No. 161 de fecha 19 de febrero de 1985,
publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985).
Art. 72. Las Secretarías y demás organismos y dependencias de la Administración Pública
Estatal o Paraestatal están constituidos por las dependencias que se establezcan de acuerdo
con el Reglamento y Disposiciones Generales que se emitan por el Titular del Poder Ejecutivo,
los que fijarán las atribuciones y facultades de los mismos. (Ref. según Decreto No. 5 de fecha
02 de enero de 1981, publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis, de fecha 2 de enero de 1981).
Art. 72 Bis. Para atender de manera previa a los procesos jurisdiccionales, los conflictos
laborales de orden local, el Estado contará con un Centro de Conciliación Laboral, con carácter
de organismo público descentralizado, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, que gozará de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de
decisión y de gestión.
El Centro de Conciliación Laboral se regirá por los principios de certeza, independencia,
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y
publicidad.
Su integración y funcionamiento, así como el procedimiento que observará como instancia
conciliatoria, será determinado por la Ley.
Para la designación de la persona titular del Centro de Conciliación Laboral, el Ejecutivo del
Estado someterá una terna a consideración del Congreso del Estado, el cual previa
comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del
Congreso, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Congreso no resolviere dentro
de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo.
En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, se someterá una
nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el
cargo la persona que dentro de dicha terna designe quien sea titular del Ejecutivo.
El nombramiento recaerá en una persona certificada en mecanismos alternativos de solución
de controversias, con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo
descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni sido candidata a
ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la designación; y que
goce de buena reputación y no haya sido condenada por delito doloso. Asimismo, cumplirá los
requisitos que establezca la ley.
Desempeñará su encargo por períodos de seis años y podrá ser reelecta por una sola ocasión.
En caso de falta absoluta, quien la sustituya concluirá el periodo respectivo. Sólo podrá ser
removida por causa grave en los términos del Título VI de esta Constitución y no podrá tener
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en
representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas,
culturales o de beneficencia.
53
(Adic. Según Decreto No. 588 de fecha 16 de marzo de 2021, publicado en el Periódico Oficial
No. 046 del 16 de abril de 2021).
SECCIÓN II
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
(Ref. según Decreto 513 de fecha 27 de febrero, publicado en el Periódico Oficial
No. 075 de fecha 22 de junio de 2001)
Art. 73. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, en las
respectivas competencias que esta Constitución les señala.
La seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad, bienes y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13 de esta constitución que garantiza los deberes reforzados de
protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. (Ref. Según Decreto No.
31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 020, de fecha 14 de febrero de
2025).
Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la
prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como a través de la
reinserción social de los delincuentes y el tratamiento de menores infractores. (Ref. según Dec.
903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de septiembre del 2013).
Las instituciones encargadas de la seguridad pública regirán su actuación por los principios de
legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y
respeto a los derechos humanos. (Ref. Según Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial
“El Estado de Sinaloa” No. 020, de fecha 14 de febrero de 2025).
La aplicación de las sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos y a los
bandos de policía y buen gobierno, estará a cargo de las autoridades administrativas.
(Ref. según Decreto 513 de fecha 27 de febrero, publicado en el Periódico Oficial No. 075 de
fecha 22 de junio de 2001)
Art. 74. El Estado y los Municipios se coordinarán para establecer un Sistema Estatal de
Seguridad Pública, el cual se integrará y funcionará en los términos que la Ley señale.
La coordinación entre las instituciones de seguridad pública estatales y municipales se hará
con absoluto respeto a las atribuciones de cada una de ellas.
La Ley establecerá las bases de organización, funcionamiento y procedimientos de las Policías
Preventivas. Asimismo, señalará los requisitos para ser titular e integrante de éstas.
(Ref. según Decreto 513 de fecha 27 de febrero, publicado en el Periódico Oficial No. 075 de
fecha 22 de junio de 2001)
Art. 75. La reinserción social de delincuentes y el tratamiento de menores infractores, estarán a
cargo del Poder Ejecutivo Estatal. (Ref. según Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha
13 de septiembre del 2013).
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El sistema de reinserción social se organizará sobre la base del respeto a los derechos
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a
delinquir, observando los beneficios que para él prevé la Ley de Ejecución de Sanciones
Penales. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los
hombres para tal efecto. (Ref. según Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de
septiembre del 2013).
El tratamiento de menores infractores se basará en la protección del interés superior del menor,
preferentemente a través de medidas de contenido educativo y sociopedagógico, en los
términos que señale la Ley.
Para lograr la reinserción social de los delincuentes y menores infractores, el Poder Ejecutivo
creará los organismos públicos necesarios, procurando la participación de los sectores social y
privado. (Ref. según Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de septiembre del
2013).
La Ley precisará los requisitos para ser titular e integrante de los centros e instituciones
encargadas de la reinserción social y del tratamiento de menores infractores. (Ref. según Dec.
903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de septiembre del 2013).
Art. 76. El Ministerio Público, como representante de la sociedad en Sinaloa, se organiza en
una Fiscalía General del Estado.
Como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica, de patrimonio propio y
capacidad para decidir para el ejercicio de su presupuesto, promotor, respetuoso, protector y
garante de los derechos humanos, se regirá en su actuación por los principios de
constitucionalidad, debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respeto de la dignidad humana. (Ref.
Según Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 020, de
fecha 14 de febrero de 2025).
Las bases de la Fiscalía General del Estado, son:
a) Cumplir en el ámbito de su competencia, con las disposiciones que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos fundamenta en la actuación del Ministerio
Público.
b) La investigación como la persecución ante los tribunales locales de los delitos del orden
común cometidos en el territorio del Estado, corresponden al Ministerio Público y a los
elementos policiacos del sistema de seguridad pública, los cuales actuarán bajo la
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
c) La Fiscalía General del Estado para el ejercicio de sus funciones contará con los
vicefiscales general, especializados y regionales, policías de investigación y demás
personal que estará bajo su autoridad en los términos que establezca la ley. En la
designación del titular del órgano, así como de los demás titulares dentro de su
estructura se observará el principio de la paridad de género. (Ref. Según Decreto No.
452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de
fecha 01 de julio de 2020).
55
d) El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.
La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante
la autoridad judicial. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para
el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.
e) El Ministerio Público procurará que los juicios se sigan con toda regularidad para que la
administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas y la
reparación del daño e intervenir en todos los negocios que la ley determine.
f) La ley establecerá los medios de impugnación a través de los cuales las víctimas u
ofendidos del delito podrán recurrir, por la vía jurisdiccional, las omisiones de la Fiscalía
General en la investigación de los delitos, así como las resoluciones sobre la reserva de
las investigaciones preliminares, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o
suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
g) Contará con un Consejo Consultivo integrado bajo el principio de paridad de género.
(Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No.
079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
El Consejo Consultivo estará integrado además por personas ciudadanas de la
sociedad sinaloense de reconocido prestigio y cuya función la desempeñarán de forma
honorífica.
La Ley fijará las características y funciones del Consejo Consultivo, así como la elección
de sus miembros honoríficos.
(Ref. Según Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017, publicado en el P.O. No. 018
Edición Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).
Art. 76 Bis. Al mando de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General que durará en
su encargo siete años y no podrá ser reelecto, el cual será designado y, en su caso, removido
conforme a lo siguiente:
I. La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, previa Convocatoria
Pública seleccionará cinco personas para ser propuestas al Titular del Ejecutivo Estatal,
a fin de que por su conducto se proponga al Congreso del Estado a tres personas que
considere idóneas para ocupar el cargo de Fiscal General, quienes deberán cumplir con
los requisitos previstos en esta Constitución. En lo correspondiente a este proceso, se
deberá observar el principio de paridad de género. (Ref. Según Decreto No. 452, de
fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01
de julio de 2020).
II. El Congreso del Estado, previa comparecencia de aspirantes, designará al Fiscal
General con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes dentro del
plazo de diez días hábiles. Si el Congreso del Estado no hace la designación en el plazo
establecido, el Poder Ejecutivo en un término no mayor a cinco días naturales,
designará al Fiscal General del Estado de entre la propuesta referida en la fracción I.
III. El Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador por las causas previstas en la
ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes de los
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miembros presentes en el Congreso dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo
caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no
se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.
IV. En los recesos del Congreso, la Diputación Permanente lo convocará de inmediato a
sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción
del Fiscal General. En este caso, los plazos de diez días hábiles previstos en las
fracciones II y III anteriores, se computarán a partir de la convocatoria a sesiones
extraordinarias.
V. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley.
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un
informe de actividades.
Comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su
gestión.
El Fiscal General del Estado, los vicefiscales general, especializados y/o regionales, policías de
investigación o demás personal bajo su autoridad, serán responsables de toda falta, omisión o
violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.
Durante el ejercicio de su cargo, el Fiscal General no podrá desempeñar actividades
profesionales que impliquen el ejercicio libre y/o remunerado de su profesión, salvo las
actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia.
(Adic. Según Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017, publicado en el P.O. No. 018
Edición Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).
Art. 76 Bis A. La Fiscalía General del Estado contará con las Fiscalías Especializadas en
Combate a la Corrupción, en Desaparición Forzada de Personas, en Materia de Delitos
Relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres, en Materia de Tortura y en
Atención de Delitos Electorales, las cuales tendrán nivel de Vicefiscalía General. Los Fiscales
Especializados serán designados y removidos por el Fiscal General del Estado. (Ref. Según
Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 020, de fecha 14
de febrero de 2025).
El Congreso del Estado podrá objetar los nombramientos y remociones por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes, dentro del plazo que para tal efecto fije la Ley
Orgánica de la Fiscalía General; pero si no se pronuncia en ese lapso, se entenderá que no
tiene objeción alguna y por tanto son ratificados.
(Ref. Según Decreto No. 155, de fecha 28 de mayo del 2019, publicado en el P.O. No. 071 de
fecha 12 de junio de 2019).
Art. 77. Para que una persona pueda ser Titular de la Fiscalía General del Estado se requiere:
(Ref. Según Decreto No. 514, publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del
Estado, y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos. (Ref. Según Decreto No. 514,
publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
57
II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de su designación.
III. Contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en
derecho.
IV. Gozar de buena reputación.
V. No haber sido condenada o condenado por la comisión de delito doloso. (Ref. Según
Decreto No. 514, publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
De igual forma percibirá las mismas prestaciones y emolumentos legales o normativos internos,
salariales y/o de cualquier especie del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado.
(Adic. Según Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017, publicado en el P.O. No. 018
Edición Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).
SECCIÓN II BIS
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Art. 77 Bis. Para conocer de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa violatorias de los derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o
servidor público del Estado o los Municipios, se establece un organismo denominado Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, con carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio
propio, que tendrá por objeto la defensa, protección, observación, promoción, estudio y
divulgación de los derechos humanos previstos en nuestro orden jurídico vigente. En la
integración de su estructura orgánica se observará el principio de paridad de género. (Ref.
Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera
sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Este organismo formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, denuncias y
quejas ante las autoridades respectivas y no será competente tratándose de asuntos
electorales y jurisdiccionales.
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que emita la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o
cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar, y hacer
pública su negativa; además, el Congreso del Estado, a solicitud del Presidente de ese
organismo y previo Dictamen de procedencia emitido por las Comisiones Permanentes de
Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, aprobado por el
Pleno, podrá llamar, a las autoridades o servidores públicos responsables para que
comparezcan ante dichas Comisiones Permanentes a efecto de que expliquen el motivo de su
negativa.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por
diez Consejeras y Consejeros. En su designación se observará el principio de paridad de
género, los cuales serán electos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del
Congreso del Estado mediante un procedimiento de consulta pública que deberá ser
transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley. Cada dos años serán
58
sustituidos las o los dos consejeros con mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen
propuestos y ratificados para un segundo período. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02
de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de
2020).
El Titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien también
presidirá el Consejo Consultivo, será electo en los mismos términos del párrafo anterior. Durará
en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez cumpliendo con las mismas
formalidades del procedimiento en el que fue designado, y solo podrá ser removido de sus
funciones en los términos del Título Sexto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
(Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079,
primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presentará anualmente a los
poderes Ejecutivo y Legislativo Estatal, un informe de actividades, en los términos que la ley
disponga.
(Ref. según Dec. 903, publicado en el P.O. No. 111 de fecha 13 de septiembre del 2013).
SECCION II TER
DEL CONSEJO ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
(Adic. Según Decreto No. 437, de fecha 16 de febrero del 2016, y publicado en el P.O. No. 042
de fecha 06 de abril de 2016).
Art. 77 Ter. El Estado contará con un Consejo Estatal de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, y tendrá a su cargo la medición de la pobreza y la evaluación de los programas,
objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social del Estado, así como emitir
recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de
coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio
de sus funciones.
El Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estará integrado por un
Presidente y dos Consejeros, que serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes del Congreso del Estado, mediante el procedimiento de consulta
pública que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la Ley. Los
nombramientos podrán ser objetados por el Gobernador del Estado en un plazo de diez días
hábiles y, si no lo hiciere, ocuparán los cargos las personas nombradas por el Congreso. El
Presidente y los Consejeros deberán ser ciudadanos sinaloenses de reconocido prestigio en
los sectores público, privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional y tener
experiencia mínima de cinco años en materia de desarrollo social. En ningún caso la totalidad
de los integrantes del Consejo podrá corresponder a un mismo género.
El Presidente y los Consejeros del Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social durarán en su encargo cinco años, podrán ser nuevamente nombrados para un período
igual, y solo podrán ser removidos de sus funciones en los términos del Título VI de esta
Constitución.
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El Presidente del Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará
anualmente al Congreso del Estado un informe de actividades, y comparecerá ante el mismo
cuando sea requerido.
(Adic. Según Decreto No. 437, de fecha 16 de febrero del 2016, y publicado en el P.O. No. 042
de fecha 06 de abril de 2016).
SECCIÓN III
DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
(Ref. Según Decreto 123, de fecha 22 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 096 de fecha 08 de agosto de 2014).
Art. 78. Habrá en el Estado un Instituto de la Defensoría Pública, mismo que en el desempeño
de sus funciones gozará de independencia técnica y operativa, a fin de garantizar de manera
gratuita a los imputados el derecho a una defensa adecuada y de calidad en materia penal y de
justicia para adolescentes, así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y
representación jurídica en materia civil, familiar, administrativa y laboral, a través de Defensores
Públicos y de Asesores Jurídicos, en los términos que señale la Ley. (Ref. Según Decreto No. 588
de fecha 16 de marzo de 2021, publicado en el Periódico Oficial No. 046 del 16 de abril de 2021).
Art. 79. El Instituto de la Defensoría Pública dependerá de Gobierno del Estado y estará
constituido por un Director y la estructura orgánica que establezca la Ley y el reglamento
respectivo, mismos que fijaran los requisitos, forma y términos de su integración, así como sus
atribuciones. (Ref. Según Decreto 123, de fecha 22 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial
“El Estado de Sinaloa”, No. 096 de fecha 08 de agosto de 2014).
SECCIÓN IV
DE LA HACIENDA PÚBLICA
Art. 80. La Hacienda Pública del Estado estará constituída por los bienes muebles e inmuebles
comprendidos en su patrimonio; por los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos
que en su favor establezcan las leyes del Estado; y por las participaciones que en impuestos
Federales otorguen al Estado las Leyes Federales. (Ref. según Decreto No. 69 de fecha 28 de
marzo de 1963, publicado en el Periódico Oficial No. 45, de fecha 18 de abril de 1963).
Art. 81. La dirección de la política fiscal del Estado en la esfera administrativa y la
administración de la hacienda pública del Estado, corresponderán originalmente al Gobernador
quien podrá delegar su ejercicio mediante disposiciones de carácter general y especial. (Ref.
según Decreto No. 5 de fecha 02 de enero de 1981, publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis,
de fecha 2 de enero de 1981).
Art. 82. DEROGADO. (Ref. según Decreto No. 79 de fecha 30 de noviembre de 1972,
publicado en el Periódico Oficial No. 149, de fecha 12 de diciembre de 1972).
Art. 83. Ningún servidor público del Estado o de los Municipios que tengan a su cargo el
manejo de caudales públicos entrará a ejercer sus funciones sin haberlo caucionado
suficientemente. La omisión de esta formalidad hace responsable a las autoridades a quienes
la Ley encomienda hacer efectivo este requisito. (Ref. según Decreto No. 161 de fecha 19 de
febrero de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985).
60
Art. 84. El Estado, los organismos autónomos, los Municipios, así como los organismos
públicos descentralizados estatales y municipales, empresas de participación estatal o
municipal, y fideicomisos públicos estatales y municipales no podrán contraer obligaciones o
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento
o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado y, en
el caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los
Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezca la Ley correspondiente, en el
marco de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que el Congreso del Estado apruebe.
El Ejecutivo del Estado informará de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso se
podrá destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.
El Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes,
deberá autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar
dichos empréstitos y obligaciones previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su
caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
Sin perjuicio de lo anterior, el Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir
sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las obligaciones
a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de
gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos
tres meses.
(Ref. Según Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017, publicado en el P.O. No. 086 de
fecha 07 de julio de 2017).
Art. 85. Ningún impuesto podrá establecerse si no se destina a los gastos públicos y ningún
pago podrá hacerse por las oficinas fiscales sin estar expresamente autorizado por el
Presupuesto de Egresos del Estado. Ningún impuesto podrá ser rematado. Ningún gasto con
cargo a partidas extraordinarias será cubierto por las oficinas fiscales, sin orden firmada por el
Gobernador y por el Secretario del Ramo. (Ref. según Decreto No. 5 de fecha 02 de enero de
1981, publicado en el Periódico Oficial No. 1 Bis, de fecha 2 de enero de 1981).
Art. 86. El Gobernador del Estado no podrá negarse a autorizar el pago de las órdenes
legalmente giradas por los otros dos Poderes, con cargo a sus partidas extraordinarias
respectivas.
(Se suprimen los Artículos 87, 88, 89 y toda la Sección IV Bis de la Constitución Política del
Estado. Según Decreto No. 69 de fecha 28 de marzo de 1963, publicado en el Periódico Oficial
No. 45, de fecha 18 de abril de 1963).
SECCIÓN V
DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
Art. 90. La educación que se imparta en el Estado propiciará la excelencia y se regirá por la
filosofía, directrices, principios y términos que consagra el artículo 3 ̊de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y se encauzará tendiendo a alcanzar el desarrollo integral
de la persona, sustentada en valores éticos universales. Esto último se reforzará con la
promoción y difusión de la cultura en sus más diversas expresiones, alentando en esta tarea la
participación social y de las familias.
61
El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa y su
mantenimiento, así como las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a la
excelencia educativa.
El Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia competente, tendrá la responsabilidad
de la evaluación de la educación estatal y de la emisión de normas para mejorar su calidad,
cobertura y equidad, sujetándose a los lineamientos que establezca la Comisión Nacional para
la Mejora Continua de la Educación, de conformidad con los convenios que al efecto se
celebren, y con base en las disposiciones jurídicas aplicables.
La carrera magisterial en la entidad, se sujetará a lo establecido en la Ley General del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros y en la legislación estatal correspondiente. Los
ingresos y promociones que no se otorguen conforme a las disposiciones de las mismas, serán
nulos.
Las autoridades competentes procurarán fortalecer conforme a lo dispuesto en el artículo 3̊
constitucional, la autonomía de gestión de los centros escolares con el propósito de mejorar
sus instalaciones, adquirir materiales educativos, atender su operación básica y promover la
participación de los padres de familia, alumnos y maestros, mediante el liderazgo del director,
se involucren en la solución de los desafíos que enfrenta cada escuela.
En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán políticas públicas y
acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en el suministro
de alimentos nutritivos, a través de microempresas locales. Asimismo, en las escuelas del
sistema educativo estatal se prohíbe introducir alimentos nocivos para la salud de los alumnos.
Además, se establecerán políticas incluyentes y transversales que respalden a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad social.
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles
escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las
familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a
la educación.
Para la regulación de la educación dentro de la esfera de competencia del Estado, se expedirá
la Ley correspondiente, cuya ejecución y vigilancia de su cumplimiento estará a cargo del
Poder Ejecutivo del Estado a través de la dependencia competente y de los órganos
correspondientes de los Municipios.
(Ref. Según Decreto No. 467 de fecha 2 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No. 084 de
fecha 13 de julio de 2020).
Art. 91. Toda la educación que imparta el Estado será gratuita, a fin de que todos las personas
tengan acceso a ella, incluyendo la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior o la de cualquier otro tipo y modalidad que se imparta de acuerdo con las
necesidades educativas de la población del Estado y las características particulares de los
grupos que la integran. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y
superior serán además obligatorias. (Ref. Según Decreto No. 467 de fecha 2 de julio de 2020 y
publicado en el P.O. No. 084 de fecha 13 de julio de 2020).
Los contenidos de los planes y programas de estudio de los niveles de educación a que se
62
refiere este artículo, tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se
incluirá el conocimiento de las ciencias, las humanidades y las artes; asimismo, se incluirán
temas regionales relacionados con los derechos humanos, seguridad pública y la preservación
del medio ambiente. (Ref. Según Decreto No. 467 de fecha 2 de julio de 2020 y publicado en el
P.O. No. 084 de fecha 13 de julio de 2020).
Para apoyar la disciplina del estudio y los hábitos de lectura en los educandos, el Estado
conforme a su disponibilidad presupuestal promoverá la creación de bibliotecas en los centros
docentes de todos los niveles escolares. (Adic. por Decreto no. 317, de fecha 28 de marzo del
2000, y publicado en el P.O. No. 98 de 16 de agosto del 2000)
En los mismos términos, el Estado garantizará que las escuelas públicas a su cargo cuenten
con instalaciones y equipos para el acceso de los educandos a internet y a las tecnologías de
la información y de la comunicación. (Adic. Según Decreto No. 612, de fecha 24 de enero del
2017, y publicado en el P.O. No. 016 de fecha 01 de febrero de 2017).
Art. 92. Los particulares podrán impartir la educación en todos sus tipos, niveles y
modalidades, en concordancia con el Artículo 3o. de la Constitución Política de la República y
sus Leyes Reglamentarias y con sujeción a las disposiciones de la Ley correspondiente del
Estado. (Ref. Según Decreto No. 467 de fecha 2 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No.
084 de fecha 13 de julio de 2020).
CAPÍTULO IV
PODER JUDICIAL
Art. 93. El Poder Judicial se ejercerá en el Estado por el Supremo Tribunal de Justicia, las
Salas de Circuito, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Menores.
Esta Constitución garantiza la independencia e inamovilidad de las Magistradas y Magistrados
tanto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como de Circuito y de los Titulares de
Juzgados en el ejercicio de sus funciones. La Ley, conforme a las bases de esta Constitución,
establecerá las condiciones para el ingreso, formación, capacitación, actualización y
permanencia de quienes presten sus servicios al Poder Judicial del Estado, su capacitación
será permanente y se desarrollará a través de un organismo encargado para ello; además,
establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los
órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. (Ref. Según Decreto
No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de
fecha 01 de julio de 2020).
Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Magistrados de Circuito y los Jueces
percibirán una remuneración digna, decorosa e irrenunciable, que no podrá ser disminuida
durante sus encargos.
(Ref. según Decreto No. 429 de fecha 18 de agosto de 1994, publicado en el Periódico Oficial
No. 105, de fecha 2 de septiembre de 1994).
Art. 93 Bis. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación y tendrá por objeto el esclarecimiento
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de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños
causados por el delito se reparen.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad
judicial.
Toda persona Imputada y la víctima u ofendido tendrán los derechos que consagra la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos
Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado y
demás disposiciones aplicables.
(Adic. Según Decreto 157, de fecha 02 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Sinaloa”, No. 129 de fecha 22 de octubre de 2014).
SECCIÓN I
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO
Art. 94. El Supremo Tribunal de Justicia se integrará por once miembros que serán tanto
Magistradas como Magistrados Propietarios. Para su conformación se observará el principio de
paridad de género, y funcionará en Pleno o en Salas. Las Salas también deberán ser
integradas bajo ese mismo principio y serán competentes para conocer de los recursos que
procedan en contra de sentencias definitivas, así como de los demás asuntos que establezca la
ley.
La Titularidad de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia recaerá en una Magistrada o
en un Magistrado Propietario. El Pleno hará la designación en los términos que establezca la
ley para el efecto y quien sea nombrado no integrará Sala durante su encargo.
Habrá además cinco Titulares de Magistraturas Suplentes quienes sólo integrarán el Pleno o
las Salas cuando sustituyan a una Magistrada o a un Magistrado Propietario. En estos casos
también se observará el principio de paridad de género.
Las o los Titulares de las Magistraturas Propietarias del Supremo Tribunal de Justicia serán
electos por el Congreso del Estado, de una terna que le presente el Consejo de la Judicatura,
observando siempre el principio de paridad de género. La elección se hará en escrutinio
secreto.
(Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079,
primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Art. 95. Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, sólo podrán ser privados de sus
cargos conforme a las causas y con sujeción a los procedimientos previstos en esta
Constitución.
Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se retirarán de sus cargos en forma forzosa
o voluntaria.
Son causa de retiro forzoso:
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I. Haber cumplido setenta años de edad; (Ref. según Decreto 427 publicado en el
P.O. 15 de enero de 2001)
II. Tener treinta años de servicios en el Poder Judicial del Estado, y dentro de
éstos, haber ejercido el cargo de Magistrado cuando menos durante diez años;
(Adic. según Decreto 427 publicado en el P.O. 15 de enero de 2001)
III. Haber cumplido quince años de servicios como Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia; y (Adic. según Decreto 427 publicado en el P.O. 15 de enero de
2001)
IV. Padecer incapacidad física o mental incurables, incluso cuando ésta fuere parcial
o transitoria. (Ref. según Decreto 427 publicado en el P.O. 15 de enero de 2001)
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fijará las causas del retiro voluntario, los
beneficios que tendrá el Magistrado que se retire forzosa o voluntariamente y el procedimiento
que deberá seguirse para la formulación del dictamen, el cual se pondrá en conocimiento del
Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, para los efectos de su aprobación.
(Ref. según Decreto No. 429 de fecha 18 de agosto de 1994, publicado en el Periódico Oficial
No. 105, de fecha 2 de septiembre de 1994).
Art. 96. Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y
probidad en la administración de justicia o que los merezcan por su honorabilidad, competencia
y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica; debiendo reunir los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco
al día de su nombramiento;
III. Poseer con una antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente
facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
amerite pena privativa de libertad por más de un año; pero si se tratare de
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente
la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera
que haya sido la pena, y
V. Haber residido en el Estado de Sinaloa durante los últimos cinco años, salvo
en caso de ausencia en servicio de la República o del Gobierno del Estado,
por un tiempo menor de seis meses.
(Ref. según Decreto No. 429 de fecha 18 de agosto de 1994, publicado en el Periódico Oficial
No. 105, de fecha 2 de septiembre de 1994).
Art. 97. Se instituye el Consejo de la Judicatura. La Ley Orgánica establecerá su organización,
el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de
65
capacitación, nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, con el objeto de
asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro de los Tribunales y de garantizar a los
Magistrados y Jueces, los beneficios de la carrera Judicial. (Ref. según Decreto No. 433 de
fecha 24 de marzo de 1988, publicado en el Periódico Oficial No. 37, de fecha 25 de marzo de
1988).
Art. 98. Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia podrán obtener licencia, sin goce de
sueldo, por una sola vez, hasta por el término de seis meses. De igual derecho gozarán los
Magistrados de Circuito y los Jueces de Primera Instancia que sean llamados para substituirlos.
(Ref. según Decreto No 429 de fecha 18 de agosto de 1994, publicado en el Periódico Oficial
No. 105, de fecha 2 de septiembre de 1994).
Art. 99. Las faltas absolutas de los Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de Justicia
se cubrirán provisionalmente por los Suplentes, según lo determine el propio Tribunal, mientras
que se hace una nueva elección en la forma que establece esta constitución y toma posesión el
electo.
Dichos Magistrados serán sustituidos en sus faltas temporales que excedan de quince días por
los Magistrados Suplentes en los términos del párrafo anterior. Si las faltas no exceden de ese
término, o en los casos de recusación o excusa, serán cubiertos en una Sala por los
Magistrados de otra, según el turno que corresponda, y en el Pleno sólo serán sustituidos por
los Magistrados Suplentes cuando por motivo de la falta o del impedimento no se obtenga
mayoría de votos, por lo menos, en la resolución de un determinado negocio.
Si no fuera posible integrar el Pleno o las Salas, por tener impedimento legal para conocer de
un determinado negocio los Magistrados Suplentes llamados conforme a los párrafos anteriores
de este artículo, el Congreso del Estado, nombrará los Magistrados Interinos que sean
necesarios. (Ref.. según Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre de 2011, publicado en el
Periódico Oficial No. 038 del 26 de marzo del 2012).
Las ausencias de cualquier índole de los Magistrados de Circuito serán cubiertas por el
Secretario de la Sala de Circuito que corresponda, en tanto que el Supremo Tribunal de Justicia
hace el nombramiento conducente.
(Ref. según Decreto No 429 de fecha 18 de agosto de 1994, publicado en el Periódico Oficial
No. 105, de fecha 2 de septiembre de 1994).
Art. 100. El cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia será renunciable, en
cualquier tiempo, por causa grave que calificará el Congreso, ante el que se presentará la
renuncia. En los recesos de éste, la calificación se hará por la Diputación Permanente.
Igualmente será renunciable el cargo de Magistrado de Circuito ante el Supremo Tribunal de
Justicia, quien resolverá lo procedente.
(Ref. según Decreto No 429, publicado en el Periódico Oficial No. 105, de fecha 2 de
septiembre de 1994).
Art. 101. Las licencias de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán concedidas
por el propio Tribunal cuando no excedan de un mes, en tanto que las que excedan de ese
tiempo las concederá el Congreso, o en su defecto, la Diputación Permanente.
66
(Ref. según Decreto No 429 de fecha 18 de agosto de 1994, publicado en el Periódico Oficial
No. 105, de fecha 2 de septiembre de 1994).
Art. 102. Los servidores públicos del Poder Judicial del Estado no podrán aceptar ni
desempeñar otro cargo, empleo o comisión de la Federación, del Estado, de los Municipios ni
de la Administración Pública Paraestatal o de particulares, por el que disfruten sueldo, sin antes
separarse de sus cargos mediante licencia sin goce de sueldo, obtenida con arreglo a la Ley.
(Ref. según Decreto No. 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No.
12, de fecha 27 de enero de 1984).
La prohibición que antecede no comprende:
I. Los cargos docentes o en instituciones de beneficencia. (Ref. según Decreto
No. 25 de fecha 17 de diciembre de 1953, publicado en el Periódico Oficial
No. 149, de fecha 26 de diciembre de 1953).
II. A los Magistrados Interinos, cuando solamente integren el Pleno o las Salas
del Supremo Tribunal de Justicia en los casos de recusación o excusa.
Las funciones notariales no podrán ser ejercidas por los Jueces de Primera
Instancia y Menores en los lugares donde haya Notarios, excepto cuando el
Notario esté impedido para ejercerlas. La Ley del Notariado reglamentará
esta prevención. (Ref. según Decreto No 161 de fecha 19 de febrero de
1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de
1985).
III. Las funciones notariales, que podrán ser ejercidas por los Jueces de
Primera Instancia y Menores en los lugares donde no haya Notaría, o
habiéndolos estén impedidos para ejercerlas. La Ley del Notariado
reglamentará esta fracción. (Ref. según Decreto No. 25 de fecha 17 de
diciembre de 1953, publicado en el Periódico Oficial No. 149, de fecha 26 de
diciembre de 1953).
Art. 103. Es atribución del Poder Judicial del Estado, conocer en la forma y manera que lo fijen
las leyes, las controversias cuya decisión no haya sido reservada de manera expresa a los
Tribunales de la Federación, o a cualquiera otra autoridad.
Art. 104. La Ley Orgánica del Poder Judicial reglamentará la integración y el funcionamiento
del Pleno, de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, de las Salas de Circuito y de los
Juzgados conforme a las bases fijadas en esta Constitución, correspondiendo exclusivamente
al Supremo Tribunal de Justicia en Pleno: (Ref. según Decreto No 429 de fecha 18 de agosto
de 1994, publicado en el Periódico Oficial No. 105, de fecha 2 de septiembre de 1994).
I. Conocer como jurado de sentencia en el juicio político instaurado contra los
servidores públicos señalados en el Título VI de esta Constitución. (Ref.
según Decreto No. 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el
Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
II. Resolver, como jurado de sentencia, de las acusaciones penales formuladas
por la Legislatura Local en contra del Gobernador del Estado, por la
comisión de delitos. (Ref. según Decreto No. 24 de fecha 26 de enero de
67
1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de
1984).
III. Conocer y resolver las controversias de cualquier orden que se susciten,
entre los Poderes del Estado, entre uno o más Poderes del Estado, y los
Ayuntamientos, o entre éstos entre sí. (Ref. según Decreto No 24 de fecha
26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27
de enero de 1984).
III. Bis. Derogada. (Derogada Según Decreto 147, de fecha 02 de octubre de 2014 y
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 129 de fecha 22 de
octubre de 2014).
IV. Conocer de las competencias que se susciten entre los Jueces de Primera
Instancia, o entre Jueces Menores de diversos distritos judiciales. (Ref.
según Decreto No. 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el
Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de septiembre de 1984).
V. Llamar a los Magistrados Suplentes que deban cubrir las faltas de los
Propietarios, ya sean absolutas, temporales o relativas a determinado
negocio conforme al Artículo 94. (Ref. según Decreto No. 24 de fecha 26 de
enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de
enero de 1984).
VI. Nombrar a los Magistrados de Circuito, Jueces, Secretarios, Actuarios y
demás servidores públicos integrantes del Poder Judicial; (Ref. según
Decreto No 429 de fecha 18 de agosto de 1994, publicado en el Periódico
Oficial No. 105, de fecha 2 de septiembre de 1994).
VII. Determinar el número de Salas de Circuito que deberá haber en el Estado,
el lugar de su residencia, las materias que conozcan y el límite de su
competencia territorial, así como determinar el número de Juzgados de
Primera Instancia y las materias de que éstos conozcan de conformidad con
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. (Ref. según
Decreto No 429 de fecha 18 de agosto de 1994, publicado en el Periódico
Oficial No. 105, de fecha 2 de septiembre de 1994).
VIII. Nombrar cuando lo estime conveniente, Visitadores de Juzgados. (Ref.
según Decreto No. 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el
Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
IX. Expedir los reglamentos internos del Supremo Tribunal, de las Salas de
Circuito y de los Juzgados. (Ref. según Decreto No 429 de fecha 18 de
agosto de 1994, publicado en el Periódico Oficial No. 105, de fecha 2 de
septiembre de 1994).
X. Las demás que le confieran las leyes. (Ref. según Decreto No. 24 de fecha
26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27
de enero de 1984).
68
Art. 105. El Poder Judicial juzgará en todos los asuntos de su competencia, conforme con la
Constitución General de la República, la particular del Estado y las leyes que de una y otra
emanen, de preferencia a las leyes secundarias aunque éstas sean posteriores.
SECCIÓN II
DE LAS SALAS DE CIRCUITO
Art. 105 Bis. Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los recursos que
procedan en contra de resoluciones distintas de sentencias definitivas, así como de los demás
asuntos que prevenga la ley.
Los Magistrados de Circuito serán nombrados por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia,
preferentemente entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la
administración de justicia o que así lo merezcan por su honorabilidad, competencia y
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, debiendo reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. No tener más de cincuenta y cinco años de edad, ni menos de treinta al día
de su nombramiento;
III. Poseer con una antigüedad mínima de cinco años, título profesional de
Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente
facultada para ello y cuatro años cuando menos, de práctica profesional;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
amerite pena privativa de libertad por más de un año; pero si se tratare de
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente
la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera
que haya sido la pena, y
V. Haber residido en el Estado de Sinaloa durante los últimos cinco años, salvo
en caso de ausencia en servicio de la República o del Gobierno del Estado,
por un tiempo menor de seis meses.
Los Magistrados de Circuito sólo podrán ser privados de sus cargos conforme a las
causas y procedimientos contenidos en esta Constitución.
Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, de oficio o a petición fundada de las Salas
de Circuito, o por requerimiento del Fiscal General del Estado, podrán conocer de los
asuntos de competencia de las Salas de Circuito cuando sus características especiales,
su trascendencia o importancia así lo ameriten. (Ref. Según Decreto No. 66, de fecha
31 de enero del 2017, publicado en el P.O. No. 018 Edición Vespertina de fecha 06 de
febrero de 2017).
SECCIÓN III
DE LOS JUECES DE 1ª INSTANCIA Y MENORES
Art. 106. Los Jueces de Primera Instancia serán nombrados por el Supremo Tribunal de
Justicia en Pleno y durarán tres años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si
fueren ratificados sólo podrán ser privados de sus puestos conforme a las prevenciones del
69
Título VI de esta Constitución. Las disposiciones de este Artículo son aplicables a los
Secretarios del Supremo Tribunal de Justicia y de las Salas. (Ref. según Decreto No. 24 de
fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de
1984).
Art. 107. Para ser Jueces de Primera Instancia se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y sinaloense, en el pleno ejercicio
de sus derechos.
II. Ser mayor de 25 años.
III. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho.
IV. Ser de notoria buena conducta, y
V. Aprobar examen de admisión en el Instituto de Capacitación Judicial. (Ref.
según Decreto No. 433 de fecha 24 de marzo de 1988, publicado en el
Periódico Oficial No. 37, de fecha 25 de marzo de 1988).
Art. 108. En cada una de las Cabeceras de los Distritos Judiciales, a que se refiere la fracción
II del Artículo 18, de esta Ley, habrá uno o más Jueces de 1ra. Instancia que tendrá la
Jurisdicción que le señale la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el Distrito Judicial en que esté ubicada la Penitenciaría del Estado, el Juzgado o los
Juzgados de Primera Instancia con jurisdicción en el Ramo Penal del Propio (sic ¿propio?)
Distrito, residirán en el mismo lugar en que se encuentre dicho establecimiento penitenciario.
(Ref. según Decreto No. 277 de fecha 07 de agosto de 1968, publicado en el Periódico Oficial
No. 113, de fecha 19 de septiembre de 1968).
Art. 109. El Supremo Tribunal de Justicia determinará el número de Juzgados Menores, su
jurisdicción y competencia.
Los Jueces Menores serán nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia y durarán en su
cargo 3 años, al término de los cuales podrán ser ratificados y si lo fueran, sólo serán privados
de sus puestos previo juicio de responsabilidad o instructivo en el que se demuestre su
incapacidad o mala conducta.
Para ser Juez Menor se requiere: Ser ciudadano mexicano por nacimiento y sinaloense, en
pleno ejercicio de sus derechos, mayor de edad, de notoria buena conducta y tener
preferentemente cursada la carrera de Licenciado en Derecho. (Ref. según Decreto No. 433 de
fecha 24 de marzo de 1988, publicado en el Periódico Oficial No. 37, de fecha 25 de marzo de
1988).
CAPÍTULO V
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
(Ref. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial
No. 035 del 17 de marzo del 2017).
Art. 109 Bis. Se instituye el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, como órgano
constitucional autónomo encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la
70
administración pública Estatal y municipal y los particulares; imponer, en los términos que
disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con
faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o
municipales.
El Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por una Sala Superior conformada por tres
Magistraturas, que no podrán ser del mismo género; asimismo por las Salas Regionales
Unitarias que determine la Ley. Para la integración de las Salas Superior y Regionales Unitarias
se deberá observar el principio de paridad de género, así como en la estructura orgánica
interna del Órgano Autónomo. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y
publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Para ser titular de una Magistratura se requiere:
I. Contar con la ciudadanía mexicana y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos.
II. Poseer título profesional de Licenciatura en Derecho, con una experiencia mínima de
cinco años, en materia administrativa o en impartición de justicia.
III. Tener más de treinta años de edad y menos de sesenta y cinco el día de su
nombramiento.
IV. Ser de notoria buena conducta.
V. Haber residido efectivamente en el Estado durante los últimos dos años.
VI. No haber sido condenado por la comisión de un delito intencional que hubiere merecido
pena corporal.
Las personas Titulares de las Magistraturas de la Sala Superior y de las Salas Regionales
Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa, serán electas de entre una terna propuesta por
el o la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes del Congreso. En la conformación de las ternas se observará la paridad de
género. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No.
079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Su nombramiento será por siete años, prorrogables por otro periodo igual y durante su encargo,
sólo podrán ser removidas por causas graves que señale la ley.
(Ref. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial
No. 035 del 17 de marzo del 2017).
CAPÍTULO VI
JUSTICIA DE MENORES
(Adic. según Dec. 715 de 31 de octubre de 2001, publicado en el P.O. No. 113
de fecha 19 de septiembre de 2003)
71
Art. 109 Bis A. Se establece un sistema de justicia para menores como función a cargo del
Estado que se regirá por el principio de protección integral, a fin de garantizar los derechos del
menor consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y las leyes que de estos
ordenamientos emanen.
Para la realización de esta función, se crearán organismos con autonomía técnica,
administrativa y jurisdiccional.
Se instituye la jurisdicción especializada de Justicia de Menores en el Estado, para conocer de
conductas realizadas por menores de edad en contravención a las leyes penales, y la cual se
regirá por los principios de legalidad y de interés superior a la infancia, con el objeto de lograr
su integración social.
La ley reglamentaria precisará la edad mínima y máxima de los menores sujetos a esta
jurisdicción.
Habrá un órgano técnico responsable de indagar las conductas de los menores infractores, y
órganos jurisdiccionales con plena autonomía para emitir sus resoluciones.
La Ley reglamentará la organización y la competencia de estos órganos, el procedimiento y los
recursos contra sus resoluciones.
La ejecución de las medidas impuestas por los órganos jurisdiccionales de justicia de menores,
se realizará por instituciones especializadas que se regirán por lo dispuesto en los tratados
internacionales, esta Constitución y demás leyes que rigen la materia.
(Ref. según Dec. 715 de 31 de octubre de 2001, publicado en el P.O. No. 113 de fecha 19 de
septiembre de 2003).
CAPÍTULO VII
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(Adic. según Dec. 317 de 08 de julio de 2003, publicado en el P.O. No. 012
de fecha 28 de enero de 2004)
Art. 109 Bis B. Se garantiza en el Estado el derecho de acceso a la información pública a toda
persona, en los términos de la ley respectiva.
En materia política, sólo podrán ejercer este derecho los ciudadanos mexicanos.
(Adic. según Dec. 317 de 08 de julio de 2003, publicado en el P.O. No. 012 de fecha 28 de
enero de 2004).
El ejercicio de este derecho se regirá por los principios y bases consagrados en al artículo 6o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Adic. Según Decreto 163, de fecha
31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de
noviembre de 2014).
El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, al que se le
denominará Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, como organismo
garante, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de
72
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la
información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados
en los términos que establezca la Ley. (Adic. Según Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
El organismo autónomo previsto en el párrafo anterior, se regirá por la ley en materia de
transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión
de los sujetos obligados, en los términos que establezca la Ley General que emita el Congreso
de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de
este derecho, así como por lo que establezca la Ley Local en la materia. (Adic. Según Decreto
163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145
de fecha 28 de noviembre de 2014).
En su funcionamiento se regirá tanto por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. (Adic.
Según Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública tiene competencia para conocer
de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos
personales de cualquier autoridad, entidad, dependencia, órgano u organismo que forme parte
de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos o legales,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, Ayuntamientos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito estatal o municipal. Las resoluciones que dicte la Comisión podrán ser
impugnadas ante el organismo garante nacional en los términos previstos en la Ley General de
la materia. (Adic. Según Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
La Ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. (Adic. Según
Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los
sujetos obligados. (Adic. Según Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública se integrará por tres
comisionados. Para su nombramiento, el Congreso del Estado, previa convocatoria y
realización de una amplia consulta a la sociedad, con el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el
proceso establecido en la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del
Estado dentro de un plazo de diez días hábiles posteriores a la designación. Si el titular del
Poder Ejecutivo Estatal no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, la persona
nombrada como Comisionado por el Congreso del Estado, ocupará el cargo. (Adic. Según
Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
En caso de que el Gobernador del Estado objetara el nombramiento, el Congreso del Estado
nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo inmediato anterior. Si este segundo
nombramiento fuera objetado, el Congreso del Estado, en los términos del párrafo anterior,
73
designará al comisionado que ocupará la vacante, sin posibilidad que este último
nombramiento pueda ser objetado, en la inteligencia que dicha elección no podrá recaer en las
designaciones previamente objetadas por el titular del Poder Ejecutivo. (Adic. Según Decreto 163,
de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de
fecha 28 de noviembre de 2014).
En la designación de comisionadas y comisionados, y de los titulares de la estructura interna
del organismo garante, se observará la paridad de género. (Ref. Según Decreto No. 452, de
fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio
de 2020).
Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y deberán
cumplir con los requisitos previstos en la Ley. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia,
y sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Sexto de esta Constitución y
serán sujetos de juicio político. (Adic. Según Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto
secreto, por un periodo de dos años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.
Estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso del Estado, en la fecha y en los
términos que disponga la Ley. (Adic. Según Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública tendrá un Consejo Consultivo
integrado por cinco consejeros, que serán honoríficos, elegidos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, mediante un procedimiento de
consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la
Ley. Su nombramiento deberá ser escalonado. Cada dos años serán sustituidos los dos
consejeros con mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para
un segundo periodo. (Adic. Según Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
En la conformación del Consejo Consultivo se procurará la equidad de género. (Adic. Según
Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para
asegurar el cumplimiento de sus decisiones. (Adic. Según Decreto 163, de fecha 31 de octubre de
2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de
2014).
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus
integrantes para el buen desempeño de sus funciones. (Adic. Según Decreto 163, de fecha 31 de
octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de
noviembre de 2014).
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública coordinará sus acciones con la
Auditoría Superior del Estado, con la entidad especializada en materia de archivos y organismo
garante nacional, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas. (Adic. Según Decreto 163, de
fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha
28 de noviembre de 2014).
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CAPÍTULO VIII
DE LA REFORMA REGULATORIA
(Adic. Según Decreto No. 87, de fecha 7 de marzo del 2017, publicado en el P.O. No. 033 de
fecha 13 de marzo de 2017).
Art. 109 Bis C. La Reforma Regulatoria es una Política Pública de desarrollo obligatorio de
manera permanente, continua y coordinada para todas las autoridades del Estado y los
Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, que consiste en la generación de
normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su
creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos
disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales,
productivas, de servicio y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.
El Congreso del Estado mediante una ley creará el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria en
términos de la Ley General de la materia, así como los instrumentos necesarios para que las
leyes emitidas por dicho Congreso y las normas de carácter general que emita cualquier
autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental, así como órganos autónomos de
ámbito estatal y municipal garanticen beneficios superiores a sus costos y el máximo bienestar
para la sociedad, incorporando para ello el uso de las tecnologías de la información.
(Adic. Según Decreto No. 87, de fecha 7 de marzo del 2017, publicado en el P.O. No. 033 de
fecha 13 de marzo de 2017).
CAPÍTULO IX
DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN
(Adic. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial
No. 035 del 17 de marzo del 2017).
Art. 109 Bis D. Se instituye el Sistema Estatal Anticorrupción como instancia de coordinación
entre las autoridades competentes del Gobierno Estatal y Municipal en la prevención, detección
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos.
Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de
la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control interno; por el
presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el presidente de la
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública; así como por un representante del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otro del Comité de Participación Ciudadana.
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco
ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición
de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que
establezca la ley.
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la
ley:
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a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional
Anticorrupción.
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de
recursos públicos, de prevención control y disuasión de faltas administrativas y hechos
de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones
competentes del Gobierno Estatal y Municipal.
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las
autoridades del Gobierno Estatal y Municipal en materia de fiscalización y control de los
recursos públicos.
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las
autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así
como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades
destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que
brinden a las mismas.
Para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, se deberá cuando menos cumplir
con los siguientes requisitos:
I. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes que las leyes otorgan al
Sistema Nacional.
II. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor
desempeño de sus funciones.
III. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita, deberán tener respuesta
de los sujetos públicos a quienes se dirija.
IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento
a las recomendaciones, informes y políticas que emitan.
V. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las
acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y
los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las
metodologías que emita el Sistema Nacional.
VI. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder
al Consejo de Participación Ciudadana.
VII. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana deberán reunir como mínimo
los requisitos previstos en esta Constitución y ser designados mediante un
procedimiento análogo al previsto para el Comité de Participación Ciudadana.
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(Adic. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial
No. 035 del 17 de marzo del 2017).
TÍTULO V
DEL MUNICIPIO LIBRE
Art. 110. Los Municipios tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios y serán gobernados
por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una Presidencia Municipal, una
Sindicatura de Procuración y Regidurías que la ley determine. En su integración se observará
el principio de paridad de género. Su residencia deberá estar en donde se ubique la cabecera
municipal. No habrá ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y los poderes del
Estado. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No.
079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).
Los Municipios se dividirán en Sindicaturas y éstas en Comisarías, en cuyas jurisdicciones
ejercerán las funciones ejecutivas y administrativas los Síndicos y Comisarios Municipales,
respectivamente. Unos y otros serán nombrados cada tres años por el Ayuntamiento de la
Municipalidad que corresponda y removidos libremente por el mismo. (Ref. según Decreto No.
23 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de
enero de 1984).
Art. 111. Compete a los Ayuntamientos y en su caso a los Concejos Municipales, ejercer de
manera exclusiva el gobierno municipal, conforme a las disposiciones que establece la
Constitución Federal, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen, correspondiendo al
Presidente Municipal ejercer las atribuciones ejecutivas y representativas, llevar la jefatura
política y administrativa de la municipalidad y presidir las sesiones del Cabildo. (Ref. según
Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de
junio del año 2001)
Art. 112. La elección directa de Presidente Municipal, Síndicos Procuradores y Regidores de
los Ayuntamientos, se verificará cada tres años y entrarán en funciones el día primero de
noviembre del año de su elección, previa protesta que otorgarán ante el Ayuntamiento saliente.
(Ref. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial
No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
Por cada Regidor y Síndico Procurador propietarios se elegirá un suplente del mismo género.
(Ref. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial
No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
Los Municipios, cualquiera que sea su número de habitantes, integrarán sus Ayuntamientos de
conformidad con lo siguiente: (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
I. Los de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, con un Presidente Municipal,
un Síndico Procurador, siete Regidores de Mayoría Relativa y cinco
Regidores de Representación Proporcional. (Ref. Según Decreto No. 105,
de fecha 2 de mayo del 2017, publicado en el P.O. No. 056 de fecha 04 de
mayo de 2017).
II. Los de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y
Escuinapa, con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, cinco
Regidores de Mayoría Relativa y cuatro Regidores de Representación
Proporcional. (Ref. Según Decreto No. 105, de fecha 2 de mayo del 2017,
publicado en el P.O. No. 056 de fecha 04 de mayo de 2017).
III. Los Municipios de Choix, Juan José Ríos, Angostura, Badiraguato, Cosalá,
Eldorado, Elota, San Ignacio y Concordia, con un Presidente Municipal, un
Síndico Procurador, tres Regidores de Mayoría Relativa y tres Regidores de
Representación Proporcional. (Ref. según Decreto No. 599 de fecha 5 de
marzo de 2021, publicado en el P. O. No. 035, de fecha 22 de marzo de
2021).
(DEROGADO ÚLTIMO PÁRRAFO según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
Art. 113. La Policía Preventiva Municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los
términos del Reglamento correspondiente y acatará las órdenes que el Gobernador del Estado
le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del
orden público. (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial
No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los Municipios donde resida
habitual o transitoriamente. (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
Art. 114. El cargo de Presidente Municipal, de Regidor y de Síndico Procurador será obligatorio
pero no gratuito y sólo será renunciable por causa justificada a juicio del Ayuntamiento. (Ref.
según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20
de junio del año 2001)
Art. 115. Para ser Regidor o Síndico Procurador del Ayuntamiento se requiere: (Ref. según
Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de
junio del año 2001)
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos
con un año antes de la elección.
Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de
cualquier cargo de elección popular o de designación en los poderes
Legislativo, Ejecutivo o Judicial; (Ref. Según Decreto No. 256, publicado en
el Periódico Oficial No. 126 de fecha 19 de octubre de 2022).
III. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o
Municipal, ni ser titular, director o su equivalente de sus respectivos
organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, podrán
ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa
días antes de la elección; y (Ref. Según Decreto No. 256, publicado en el
Periódico Oficial No. 126 de fecha 19 de octubre de 2022).
IV. No aparecer inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del
Estado de Sinaloa al tiempo en que se solicite el registro de sus
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candidaturas, salvo que exhiban la documentación con la que hayan
acreditado judicialmente el cumplimiento de las obligaciones en mora; no
haber sido condenado por el delito de violencia política contra las mujeres
en razón de género, por delitos contra la familia y/o contra la libertad sexual
y su normal desarrollo.
No podrán ser electas para estos cargos, como propietarias o suplentes, las
personas que habiendo obtenido su registro como candidatas a algún cargo
de elección popular hayan sido sancionadas por las autoridades electorales
en el Estado por cometer violencia política contra las mujeres en razón de
género; o que habiendo ejercido algún cargo de elección popular o dentro
del servicio público hayan sido sancionadas por dichas autoridades por
cometer violencia política contra las mujeres en razón de género. (Adic.
Según Decreto No. 256, publicado en el Periódico Oficial No. 126 de fecha
19 de octubre de 2022).
Art. 116. Para ser presidente Municipal, además de los requisitos exigidos para ser Regidor,
son necesarios los siguientes:
I. Tener 25 años cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección;
II. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos
tres años anteriores a la elección siempre que sea ciudadano sinaloense por
nacimiento o por vecindad, con residencia efectiva en el Estado en este
último caso, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la
elección. (Ref. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015,
publicado en el Periódico Oficial No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
Art. 117. Los Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los
Ayuntamientos de elección popular directa, podrán ser electos consecutivamente para los
mismos cargos por un período adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado,
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La ley
establecerá los requisitos que deberán satisfacerse para la nueva postulación.
Quienes por elección indirecta, por nombramiento o designación de parte de alguna autoridad,
desempeñen las funciones propias de dichos cargos, independientemente de la denominación
que se les dé, podrán ser electos para el período inmediato.
(Ref. Según Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial
No. 65, de fecha 01 de junio de 2015).
Art. 118. El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros,
podrá suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar
el mandato a alguno de sus integrantes, por cualesquiera de las causas graves que prevenga
la ley, condicionándose lo anterior a que sean oídos en defensa de sus derechos y tengan la
oportunidad suficiente para rendir pruebas y formular alegatos.
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento, o por renuncia, o falta absoluta de la
mayoría de sus miembros, si conforme a la Ley no procediere que entren en funciones los
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Suplentes, ni que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará, de entre
los vecinos a un Concejo Municipal que concluirá el período respectivo; estos Concejos estarán
integrados por el número de miembros que determine la Ley, quienes deberán cumplir los
requisitos de elegibilidad establecidos para los Regidores. Dicho Concejo rendirá la protesta de
Ley ante el propio Congreso del Estado. (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo,
publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
Art. 119. Las faltas temporales del Presidente Municipal, cuando no excedan de diez días
serán cubiertas por el Secretario del Ayuntamiento con el carácter de Encargado del Despacho,
bastando solamente el aviso respectivo que dará el Presidente Municipal al propio
Ayuntamiento. (Ref. según Decreto No. 23 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el
Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
Cuando la ausencia excediere del tiempo señalado en el párrafo anterior, el Presidente
Municipal solo (sic ¿sólo?) podrá separarse de su puesto mediante licencia previamente
concedida por el Ayuntamiento, quien designará de entre sus miembros a un Presidente
Municipal provisional. (Ref. según Decreto No. 423 de fecha 31 de marzo de 1992 y publicado
en el Periódico Oficial No. 40, de fecha 1o. de abril de 1992).
Las ausencias del Presidente Municipal, del territorio del Estado, cuando no excedan de cinco
días, no requerirán la previa autorización del Ayuntamiento. (Ref. según Decreto No. 309 de
fecha 01 de julio de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 011, de fecha 26 de enero de
2004).
Art. 120. Si alguno de los miembros del Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será
sustituido por su Suplente, o se procederá según lo disponga la Ley. (Ref. según Decreto 536
de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año
2001)
Art. 121.Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: (Ref.
según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20
de junio del año 2001)
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
(Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No.
074 de fecha 20 de junio del año 2001)
b) Alumbrado público; (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del a o 2001)
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; (Ref. según
Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha
20 de junio del año 2001)
d) Mercados y centrales de abastos; (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo,
publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del a o 2001)
e) Panteones; (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico
Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
80
f) Rastro; (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial
No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
g) Calles, parques y jardines, y su equipamiento; (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de
marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 73 y 74 de esta Constitución, policía preventiva municipal
y tránsito; (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico
Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
i) Educación pública, conforme a la distribución de la función educativa que fijen las leyes
entre la Federación, el Estado y los Municipios; y (Ref. según Decreto 536 de fecha 22
de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
j) Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones territoriales y
socioeconómicas. (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes
federales y esta Constitución. (Adic. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para
la más eficaz prestación de los servicios o el mejor ejercicio de las funciones que les
correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios del estado de Sinaloa
con Municipios de otras entidades federativas, aquéllos deberán contar con la aprobación del
Congreso del Estado. Así mismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario,
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien, se
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. (Ref. según Decreto
536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del
año 2001)
Art. 122. El Ejecutivo del Estado, los organismos públicos paraestatales y los Municipios, en los
términos de Ley, podrán convenir la asunción por parte de estos del ejercicio de sus funciones,
la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo
económico y social lo haga necesario. (Ref. según Decreto No. 23 de fecha 26 de enero de
1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
Art. 123. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de:
I. Los bienes muebles e inmuebles que les pertenezcan y los rendimientos de
éstos;
II. Las contribuciones u otros ingresos, cualquiera que sea su denominación,
que el Congreso del Estado establezca a su favor;
81
III. Las participaciones federales, que serán cubiertas a los Municipios por la
Federación, con arreglo a las bases de distribución equitativa, montos y
plazos que anualmente determine el Congreso del Estado;
IV. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo; y,
V. Las Contribuciones (sic ¿contribuciones?) y tasas adicionales que se
establezcan en el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, su
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las
que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de
algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas
contribuciones.
No podrán establecerse exenciones o subsidios respecto a los ingresos señalados en las
fracciones IV y V de este artículo en favor de personas o institución alguna respecto de dichas
contribuciones. Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los
Municipios estarán exentos de contribuciones señaladas en las fracciones IV y V de este
artículo, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares,
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
(Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de
fecha 20 de junio del año 2001)
Art. 124. El Congreso del Estado aprobará las Leyes de Ingresos de los Municipios y revisará y
fiscalizará sus cuentas públicas. (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en
el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus
ingresos disponibles, una vez aprobadas las contribuciones para cubrirlos, y deberán incluir los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores
públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 145 de la presente Constitución
y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Ref. según Dec. 689,
publicado en el P.O. No. 153 del 19 de diciembre del 2012).
Los Ayuntamientos deberán informar anualmente al Congreso, sobre el ejercicio de las partidas
correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y con relación a la
situación de la deuda pública municipal, al rendir la cuenta pública. Incluyendo, información
detallada sobre los contratos de colaboración público privada en vigor y sobre la afectación de
sus ingresos, como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, en términos de las
leyes aplicables, en su caso. (Adic. según Dec. 689, publicado en el P.O. No. 153 del 19 de
diciembre del 2012).
En todo caso, al aprobar los Ayuntamientos los Presupuestos de Egresos de los Municipios,
deberán incluir y autorizar, las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el
pago de obligaciones a cargo de los Municipios, derivadas de empréstitos y de contratos de
colaboración público privada que en términos de la legislación aplicable constituyan deuda
pública, celebrados con autorización del Congreso del Estado, durante la vigencia de los
mismos. (Adic. según Dec. 689, publicado en el P.O. No. 153 del 19 de diciembre del 2012).
Cuando existiendo deuda pública a su cargo, por cualquier circunstancia, no se apruebe el
Presupuesto de Egresos de los Municipios, se tendrán por prorrogados los presupuestos
82
respectivos vigentes al finalizar el año anterior, hasta en tanto se aprueben los nuevos y entren
en vigor. (Adic. según Dec. 689, publicado en el P.O. No. 153 del 19 de diciembre del 2012).
Art. 125. Son facultades de los Ayuntamientos:
I. Gobernar política y administrativamente el Municipio correspondiente;
II. Aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organice la administración pública
municipal, regule las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal,
de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida el Congreso del
Estado. (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
Las leyes en materia municipal deberán establecer: (Adic. según Decreto
536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de
fecha 20 de junio del año 2001)
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de
impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre
dicha administración y los particulares, con sujeción a los
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; (Ref.
Según Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017, publicado
en el P.O. No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras
partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o
para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio
por un plazo mayor al período del ayuntamiento; (Ref. Según
Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017, publicado en el
P.O. No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a
que se refieren las fracciones III y IV del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de dicho
texto; (Ref. Según Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017,
publicado en el P.O. No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno del Estado
asuma una función o servicio municipal cuando al no existir
convenio correspondiente, el Congreso del Estado considere que
el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o
prestarlos; siendo necesario en este caso solicitud previa del
ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos
terceras partes de sus integrantes; y (Ref. Según Decreto No.
83
141, de fecha 27 de junio del 2017, publicado en el P.O. No. 086
de fecha 07 de julio de 2017).
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no
cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. (Ref.
Según Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017, publicado
en el P.O. No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
El Congreso del Estado emitirá las normas que establezcan los
procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se
presenten entre los municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos,
con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; (Adic.
según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial
No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
III. Nombrar a su personal observando el principio de paridad de género y
remover libremente a sus empleados de confianza; (Ref. Según Decreto No.
31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 020, de
fecha 14 de febrero de 2025).
IV. Conceder licencias y admitir las renuncias de sus propios miembros y del
personal a su servicio;
V. Con sujeción a las leyes federales y estatales relativas podrán:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y
seguridad vial; (Ref. según Decreto 164 de fecha 28 de junio de
2022, publicado en el Periódico Oficial No. 082, de fecha 08 de julio
del 2022)
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
(Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del a o 2001)
c) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; (Ref. según Decreto
536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de
fecha 20 de junio del a o 2001)
d) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; (Ref.
según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico
Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del a o 2001)
e) Otorgar licencias y permisos para construcciones; (Ref. según Decreto
536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de
fecha 20 de junio del a o 2001)
f) Participar en la creación y administración de zonas de reservas
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de
ordenamiento en esta materia; (Ref. según Decreto 536 de fecha 22
84
de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de
junio del a o 2001)
g) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la
materia. Cuando el Estado elabore proyectos de desarrollo regional
por sí o en coordinación con la federación, deberán asegurar la
participación de los municipios;(Adic. según Decreto 536 de fecha 22
de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de
junio del a o 2001)
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte
público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e
(Adic. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas
federales. (Adic. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado
en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero
del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarias. (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
VI. Fijar y modificar la división de sus Municipalidades, en Sindicaturas y
Comisarías y designar y remover las cabeceras respectivas, con la
ratificación del Congreso del Estado.
VII. Vigilar las escuelas oficiales y particulares de su jurisdicción, coadyuvando
para que la asistencia escolar sea efectiva e informar al Ejecutivo del Estado
sobre las deficiencias que se observen; y
VIII. Proponer al Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia, las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras
y las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;
(Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico
Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
IX. Ejercer en forma directa, o por quien los ayuntamientos autoricen conforme
a la ley, los recursos que integran la hacienda municipal; (Ref. según Dec.
689, publicado en el P.O. No. 153 del 19 de diciembre del 2012).
X. Autorizar en el Presupuesto de Egresos las erogaciones plurianuales para
aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen
conforme a lo dispuesto en las leyes y las erogaciones plurianuales
necesarias para cubrir las obligaciones derivadas de empréstitos y de
contratos de colaboración público privada; las erogaciones correspondientes
85
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos; (Ref.
según Dec. 689, publicado en el P.O. No. 153 del 19 de diciembre del 2012).
XI. Previa autorización por el Congreso del Estado de los montos máximos,
contratar empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del
mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso, el
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago, de
conformidad con lo establecido en el artículo 84 de esta Constitución, y las
bases de las leyes establecidas de la materia; (Ref. Según Decreto No. 141,
de fecha 27 de junio del 2017, publicado en el P.O. No. 086 de fecha 07 de
julio de 2017).
XII. Previa autorización del Congreso del Estado en términos de lo dispuesto por
el artículo 84 de esta Constitución, otorgar garantías y avales, afectar como
fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del
Municipio o, en su caso, los derechos al cobro derivados de los mismos,
respecto del cumplimiento de todo tipo de obligaciones o empréstitos;
contratos de colaboración público privada que, en términos de la legislación
aplicable, impliquen obligaciones que constituyan deuda pública, o de
cualesquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos; y, (Ref.
Según Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017, publicado en el P.O.
No. 086 de fecha 07 de julio de 2017).
XIII. Las demás que les señalen las leyes. (Adic. según Dec. 689, publicado en el
P.O. No. 153 del 19 de diciembre del 2012).
Art. 126. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o más Municipios
formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, el Ejecutivo del Estado y los
Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera
conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y
seguridad vial, con apego a las leyes de la materia. (Ref. según Decreto No. 164 de fecha 28
de junio de 2022, publicado en el Periódico Oficial No. 082, de fecha 08 de julio de 2022).
Art. 127. Las Municipalidades procurarán arreglar sus cuestiones sobre límites mediante
convenios entre sí, los que en todo caso se someterán a la ratificación del Congreso del
Estado.(Ref. según Decreto No. 23 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico
Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
Art. 128. Cada Ayuntamiento tendrá un Secretario y un Tesorero, así como el número
correspondiente de Síndicos y Comisarios Municipales, nombrados de fuera de su seno,
quienes deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos
y estar avecindados en la Municipalidad, cuando menos un año inmediatamente antes de su
designación.
El Tesorero antes de entrar a ejercer sus funciones, caucionará suficientemente su manejo
(Ref. según Decreto No. 23 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No.
12, de fecha 27 de enero de 1984).
Art. 129. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por la
Ley que el afecto expida el Congreso del Estado, acorde a los principios del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Reformado el Título V según Decreto
86
No. 23 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de
enero de 1984).
TÍTULO VI
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES
VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN,
Y PATRIMONIAL DEL ESTADO
(Adic. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial
No. 035 del 17 de marzo del 2017).
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 130. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende
como servidor público a los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y,
en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, organismos
descentralizados o desconcentrados, administración pública municipal y paramunicipal, así
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones, asimismo, dichos servidores públicos serán
responsables por el manejo indebido de recursos públicos y de deuda pública. (Ref. Según
Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 035 del 17
de marzo del 2017).
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de intereses y fiscal ante las autoridades
competentes y en los términos que determine la ley. (Adic. Según Decreto No. 96 de fecha 14
de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 035 del 17 de marzo del 2017).
Todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho,
independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo. Se concede acción
popular para denunciar los delitos y faltas a que se refiere este Título, bajo la más estricta
responsabilidad del denunciante y mediante la presentación de elementos de prueba. (Se
recorre según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial
No. 035 del 17 de marzo del 2017).
Las sanciones procedentes se aplicarán respetando el derecho de audiencia, mediante juicio
político, proceso penal o procedimiento administrativo, según sea el caso, en los términos del
presente Título y de las leyes aplicables. Los procedimientos para la aplicación de las
sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por
una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. (Se recorre según Decreto No. 96 de
fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 035 del 17 de marzo del
2017).
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa
irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y
procedimientos que establezcan las leyes. (Se recorre según Decreto No. 96 de fecha 14 de
marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 035 del 17 de marzo del 2017).
87
Art. 131. Ningún servidor público del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos tiene
derecho de propiedad en el cargo (sic ¿,?) empleo o comisión que desempeñe, sin embargo, la
ley que regule las relaciones de trabajo entre la administración pública y los servidores públicos
garantizarán los derechos derivados del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. (Ref. según Decreto No. 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el
Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
CAPÍTULO II
DEL JUICIO POLÍTICO
Art. 132. Podrán ser sujetos de juicio político, para sancionar su responsabilidad, el
Gobernador, los diputados locales, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, los magistrados de las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, los secretarios
de Despacho del Poder Ejecutivo, los jueces de Primera Instancia, así como los titulares y
directores, o sus equivalentes, de las entidades, instituciones u organismos que integren, la
Administración Pública Paraestatal, conforme al primer párrafo del artículo 130, así como los
titulares de los órganos constitucionales autónomos, presidentes municipales, regidores y
síndicos procuradores de los ayuntamientos. (Ref. Según Decreto No. 66, de fecha 31 de enero
del 2017, publicado en el P.O. No. 018 Edición Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).
Art. 133. Son causas que podrán motivar la instauración del juicio político en contra del
Gobernador del Estado, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de los Diputados
Locales, las siguientes faltas u omisiones en que incurran durante el ejercicio de su encargo,
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho:
I. La violación grave a disposición expresa de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, o de la Constitución Política del Estado, o a las
Leyes que de ellas emanen;
II. El manejo indebido de fondos y recursos del Estado o de la Federación; y,
III. Los ataques a la libertad electoral.
Respecto a los diversos servidores públicos señalados en el artículo anterior, son
causas de responsabilidad, además de las mencionadas en este Artículo, los actos u
omisiones que señalen las leyes de la materia.
No procederá el juicio político por la sola expresión de las ideas. (Ref. según Decreto
No. 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha
27 de enero de 1984).
Art. 134. El Congreso del Estado, por mayoría de los Diputados presentes y erigidos en Jurado
de Acusación, resolverá si ha lugar, o no, a formular acusación. Si procediere presentar ésta, el
servidor público quedará separado de su cargo.
Formulada en su caso la acusación, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
constituido en Jurado de Sentencia, resolverá en definitiva.
88
La sentencia condenatoria impondrá como sanción la destitución del servidor público y su
inhabilitación para ocupar cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en la
administración pública.
Si la sentencia es absolutoria, el acusado continuará en el ejercicio de sus funciones.
No procede recurso legal alguno en contra de la acusación ni de la sentencia del Pleno.
La Legislatura Local procederá conforme a lo previsto en este Capítulo, tratándose de las
resoluciones declarativas dictadas por el Congreso de la Unión. (Ref. según Decreto No. 24 de
fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de
1984).
CAPÍTULO III
DE LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA
POR LA COMISIÓN DE DELITOS
Art. 135. Todo servidor público es penalmente responsable por los delitos que cometa y su
conducta delictuosa será perseguida y sancionada conforme a las leyes penales. (Ref. Según
Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
Se requiere declaratoria previa del Congreso del Estado, erigido en Jurado de Acusación por
mayoría absoluta de los diputados presentes, de que ha lugar a proceder penalmente en contra
del inculpado, tratándose de delitos atribuidos a diputados de la Legislatura Local, magistrados
del Supremo Tribunal de Justicia, jueces de primera instancia, secretarios de Despacho del
Poder Ejecutivo, presidentes municipales y titulares de órganos constitucionales autónomos,
quienes serán juzgados por la autoridad competente. (Ref. Según Decreto No. 66, de fecha 31
de enero del 2017, publicado en el P.O. No. 018 Edición Vespertina de fecha 06 de febrero de
2017).
El Gobernador del Estado durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser enjuiciado por delitos
graves del fuero común, previa declaratoria de la Legislatura, y será juzgado por el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia erigido en Jurado de Sentencia. (Ref. según Decreto No. 24 de
fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de
1984).
Art. 136. Por la declaratoria de procedencia, el servidor público quedará separado de su cargo
mientras esté sujeto al proceso penal. En caso contrario cesará todo procedimiento ulterior en
su contra, pero podrá enjuiciársele penalmente después de concluido su cargo. Cuando la
sentencia sea absolutoria, el inculpado podrá reasumir su encargo.
Tratándose de delitos federales imputados al Gobernador, a los Diputados o Magistrados,
previa declaratoria del Congreso de la Unión, la Legislatura Local resolverá si ha lugar a
proceder en contra de los servidores públicos, mencionados, para el solo efecto de dejar
expedita la actuación de las autoridades competentes. (Ref. según Decreto No. 24 de fecha 26
de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
Art. 137. El Código Penal del Estado tipificará como delito el enriquecimiento ilícito de los
servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o con motivo de su ejercicio
adquieran, directamente o a través de terceros, la propiedad de bienes o se ostenten como
89
dueños de los mismos, cuya procedencia legal no puedan acreditar. Dicho ilícito se castigará
con el decomiso y la privación de la propiedad de los bienes ilegalmente adquiridos,
independientemente de las demás sanciones aplicables.
Cuando el delito cometido por un servidor público le represente beneficio económico o cause
daño o perjuicio patrimonial, la pena correspondiente se graduará conforme al monto del
beneficio obtenido o del daño o perjuicio causados, sin que la sanción económica pueda ser
mayor del triple del valor de aquéllos.
No se concederá indulto por delito cometido por el servidor público en ejercicio de su encargo.
No se requerirá declaratoria de procedencia cuando alguno de los servidores públicos
mencionados en el segundo párrafo del Artículo 135 cometa un delito durante el tiempo que
esté separado de su cargo, pero si habiendo sido separado reasume sus funciones u ocupa
diverso cargo, de alguno de los ennumerados en dicho artículo se procederá conforme al citado
precepto.
Tampoco se requiere declaratoria de procedencia tratándose de demandas del orden civil
entabladas contra cualquier servidor público.
La declaratoria de procedencia y la sentencia son inatacables. (Ref. según Decreto No. 24 de
fecha 26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de
1984).
CAPÍTULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
Art. 138. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al
Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Capítulo II del
Título VI de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el mismo precepto,
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que
incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación
penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se
deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por
interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como
dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes,
además de las otras penas que correspondan.
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas
90
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría
Superior del Estado y los órganos internos de control y serán resueltas por el Tribunal
de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones
administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas
de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el artículo 97
de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del
Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos
públicos.
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las
faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.
Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones
que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas
distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar
las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.
IV. El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en
actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de
responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de
los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos
federales, estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los
términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves
sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la
persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de
actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de
faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes
públicos, federales, locales o municipales, siempre que la persona moral obtenga un
beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de
vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos en que se advierta que su utilización de
manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos
supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes
establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones
aplicables de dichos actos u omisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones
anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola
conducta sanciones de la misma naturaleza.
91
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de
elementos a prueba, podrá formular denuncia respecto de las conductas a las que se refiere el
presente artículo.
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles
las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la
relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos
monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha
información.
La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control
interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los
artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.
(Ref. Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial
No. 035 del 17 de marzo del 2017).
Art. 139. Las sanciones administrativas se establecerán en proporción a los daños y perjuicios
patrimoniales causados y de acuerdo al beneficio económico obtenido por el servidor público,
las que podrán consistir en suspensión, destitución, inhabilitación, sanciones económicas y en
las demás que señale la Ley, pero las sanciones económicas no excederán del triple del
beneficio obtenido o de los daños y perjuicios causados. (Ref. según Decreto No. 24 de fecha
26 de enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
CAPÍTULO V
DE LA PRESCRIPCIÓN
Art. 140. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público
desempeñe su cargo y dentro del año siguiente a la conclusión de sus funciones. Las
sanciones correspondientes se aplicarán en un lapso no mayor de un año a partir de iniciado el
procedimiento.
La acción penal derivada de la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del
encargo prescribe en el término que fije el Código Penal, pero dicho plazo de prescripción no
será inferior a tres años. Tratándose de los servidores públicos mencionados en el Artículo 135,
en su segundo y tercer párrafos, el término de prescripción se interrumpe mientras duren en el
desempeño de su cargo.
Tratándose de responsabilidades administrativas la ley señalará los casos de prescripción de la
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y
omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 138. Cuando dichos actos u
omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. (Ref.
Según Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 035
del 17 de marzo del 2017).
TÍTULO VII
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES DIVERSAS
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Art. 141. La aplicación de las leyes será general y uniforme en todo el Estado, sobre todas las
personas a quienes su acción comprenda. Estas podrán hacer lo que la ley no prohiba o que no
sea contrario a la moral y buenas costumbres.
Art. 142. Cuando las leyes no señalen término, se entenderá el de diez días para que la
autoridad ante quien se ejerza el derecho de petición dicte el proveído respectivo.
Art. 143. En el Estado nadie podrá desempeñar a la vez dos o más cargos de elección popular.
Quien en tal caso se viere, tendrá que optar por alguno. Tampoco podrán reunirse en una
misma persona, dos o más empleos por lo que se disfrute sueldo, exceptuándose los de
enseñanza y beneficencia pública.
Art. 144. Los servidores públicos del Estado, Municipios y de la Administración Pública
Paraestatal, antes de tomar posesión de sus cargos, otorgarán la protesta de Ley, sin cuyo
requisito no habrá formación de causa ninguna. Las condiciones para protestar, serán las
siguientes: (Ref. según Decreto No. 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado en el
Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
I. La protesta se rinde personal y verbalmente con interpelación o sin ella.
A) Para rendir la protesta por interpelación, la autoridad que ha de
recibirla, preguntará al que ha de entregarla: Protestáis guardar y
hacer guardar la Constitución Política de la República, la del
Estado, y las leyes que de ellas emanen, y cumplir leal y
patrióticamente el cargo de....... que el pueblo (o la autoridad que
la confiera) os ha conferido, mirando en todo por el honor y
prosperidad de la República y del Estado?" El interpelado
contestará: "Sí Protesto." Acto continuo, la persona que recibe la
protesta dirá: "Si no lo hiciéreis así, la República y el Estado os lo
demanden."
B) Para rendir la protesta sin interpelación, el que va a protestar dirá:
"Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la
República, la del Estado y las leyes que de ellas emanan y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de...... que el pueblo
me ha conferido mirando en todo por el honor y prosperidad de la
República y del Estado". "Si así no lo hiciere, que la República y
el Estado me lo demanden".
II. La protesta se pide y se da por interpelación entre los siguientes servidores
públicos: (Ref. según Decreto No. 161 de fecha 19 de febrero de 1985,
publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985).
1. A los Diputados de la Legislatura que va a instalarse, les pedirá
en grupo la protesta el Presidente a la Diputación Permanente o
de la Cámara saliente, si está en período extraordinario de
sesiones. En uno y otro caso, el acto se verificará en sesión
pública ordinaria o extraordinaria. A los Diputados que se
presenten después y a los suplentes que entren en ejercicio, el
Presidente de la Cámara o el Presidente de la Diputación
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Permanente les tomará la protesta en la sesión pública que
corresponda. (Ref. Según Decreto No. 391 de fecha 07 de marzo
de 2018, publicado en el Periódico Oficial No. 031 del 09 de
marzo del 2018).
2. Al Gobernador y a los Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, les tomará la protesta en solemne sesión
pública, ordinaria o extraordinaria, el Presidente de la Cámara.
(Ref. según Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre de 2011,
publicado en el Periódico Oficial No. 038 del 26 de marzo del
2012).
3. A los titulares de las entidades de la Administración Pública
Estatal y Paraestatal, al Recaudador de Rentas con residencia en
la capital del Estado, les tomará la protesta el ciudadano
Gobernador y ellos, a su vez, a los demás servidores públicos de
sus dependencias que residan en la capital. En cuanto a los
subalternos foráneos de las diversas dependencias
administrativas del Ejecutivo, les tomará la protesta el Presidente
Municipal en cuya circunscripción territorial ejerzan sus cargos.
(Ref. Según Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017,
publicado en el P.O. No. 018 Edición Vespertina de fecha 06 de
febrero de 2017).
4. A los Magistrados, los Secretarios y demás servidores públicos de
las Salas de Circuito; a los Secretarios y demás servidores
públicos del Supremo Tribunal de Justicia y de las Salas; así
como a los Jueces de Primera Instancia, les tomará la protesta el
Presidente de aquel alto cuerpo, ante el Tribunal en Pleno. A los
Jueces Menores les tomará la protesta el de Primera Instancia de
su Jurisdicción. (Ref. según Decreto No 429 de fecha 18 de
agosto de 1994, publicado en el Periódico Oficial No. 105, de
fecha 2 de septiembre de 1994).
5. Al Presidente Municipal, a los Regidores y Síndicos Procuradores
del Ayuntamiento que va a instalarse, les tomará la protesta en
grupo, el Presidente del Ayuntamiento saliente en sesión pública
de éste. A los Regidores y Síndicos Procuradores que se
presenten después y a los Suplentes que entren en ejercicio, el
Presidente en funciones, en la sesión que corresponda. (Ref.
según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el
Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
6. Al Secretario, Tesorero y demás servidores públicos municipales,
les tomará la protesta el Presidente del Ayuntamiento en sesión
de éste a los dos primeros y ante el Secretario Municipal a los
demás. (Ref. según Decreto No. 161 de fecha 19 de febrero de
1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de
febrero de 1985).
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7. A los Síndicos y Comisarios les tomará la protesta el Presidente
Municipal en sesión pública del Ayuntamiento, o los colegas
salientes en cualquier caso de impedimento.
III. La protesta se rinde sin previa interpelación:
1. Ante la Cámara en sesión pública, por los Presidentes que se
(sic) nombre el Congreso.
2. Ante el Supremo Tribunal de Justicia en Pleno, por el Presidente
del mismo. (Ref. según Decreto No. 161 de fecha 19 de febrero
de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de
febrero de 1985).
3. Ante el Ayuntamiento en sesión pública, por los Presidentes
Municipales electos por él mismo.
IV. El acto de la protesta se verificará poniéndose en pie todos los presentes,
excepto el Gobernador y los Presidentes del Congreso, del Supremo
Tribunal de Justicia y de los Ayuntamientos, cuando ante ellos deba
rendirse, porque en ese momento son los representantes de la soberanía del
pueblo. El que protesta, mientras habla, mantendrá extendido
horizontalmente hacia el frente el brazo derecho, con los dedos unidos y el
dorso de la mano abierta hacia arriba. Acto continuo, se levantará un acta
por duplicado que firmará el otorgante y quien reciba la protesta, con su
Secretario respectivo, un tanto de la cual se remitirá a la oficina pagadora
por los conductos debidos. Si la protesta se rinde ante el Congreso, el
Supremo Tribunal de Justicia o el Ayuntamiento no habrá más acta que la
ordinaria de la sesión, dándose conocimiento de ella a quien corresponda,
por medio de oficio.
V. En los casos en que por cualquier motivo se altere el orden constitucional en
el Estado, están facultados para tomar protesta, a falta de las autoridades
designadas en los incisos II y III de este artículo: el Supremo Tribunal de
Justicia en pleno acuerdo, (sic ¿;? el Ayuntamiento de la Capital del Estado,
y sucesivamente los demás Cuerpos edilicios por el orden decreciente de la
población de sus Municipalidades.
VI. En el caso de que el orden constitucional desaparezca totalmente en el
Estado, el Gobernador Interino que designe el Gobierno Federal, rendirá la
protesta ante el pueblo del lugar de la residencia oficial para el efecto,
previamente convocado.
VII. Es ilegal la protesta rendida ante una autoridad no protestada.
Art. 145. Los servidores públicos del Estado, de sus Municipios, de sus entidades y
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos
públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. El Estado y los Municipios
establecerán los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género entre
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las y los servidores públicos. (Ref. Según Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa” No. 020, de fecha 14 de febrero de 2025).
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos
correspondientes, bajo las siguientes bases:
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, que
de manera directa o indirecta se suma al ingreso, incluyendo dietas o salarios,
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones,
compensaciones, vehículo y su mantenimiento, gastos médicos mayores, celular y
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que
sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales,
debidamente justificados;
II. Ningún servidor público de la administración pública estatal podrá recibir remuneración,
en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, mayor a la establecida para el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en el
presupuesto de egresos correspondiente, y éste no podrá percibir un ingreso mayor al
del Presidente de la República;
III. Ningún servidor público de la administración pública estatal podrá tener una
remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea
consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, en los términos del artículo
143 de la presente Constitución, que su remuneración sea producto de las condiciones
generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en
su función.
En ningún caso, el excedente a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser superior a la
mitad de la remuneración establecida para el Gobernador Constitucional del Estado en
el Presupuesto de Egresos correspondiente;
IV. No se concederán, ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que
éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o
condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la
remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los
servidores públicos por razón del cargo desempeñado; y,
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y
diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en
especie.
(Ref. según Decreto 82 de fecha 15 de febrero de 2011, publicado en el Periódico Oficial No.
063, de fecha 27 de mayo de 2011).
Art. 146. Al expedir y reformar el Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos, se
establecerán, equitativamente, los sueldos y compensaciones de los servidores públicos de la
administración publica del Estado, así como las dietas e ingresos que correspondan a los
Diputados en los términos del artículo anterior. Esta misma prevención se observará por los
Ayuntamientos en su respectiva relación con el Presidente Municipal, los Regidores y los
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Síndicos Procuradores. (Ref. según Decreto 82 de fecha 15 de febrero de 2011, publicado en el
Periódico Oficial No. 063, de fecha 27 de mayo de 2011).
Art. 147. Se prohíben expresamente los sobresueldos, los llamados "gastos de representación"
y demás obvenciones.
No tendrán efecto alguno los acuerdos o resoluciones que el Congreso del Estado o los
Ayuntamientos de la Entidad tomen para otorgar, con cargo al erario público, préstamos
personales a sus integrantes. (Adic. según Decreto 359 de fecha 29 de julio de 2003, publicado
en el Periódico Oficial No. 010 de fecha 23 de enero de 2004)
Art. 148. Ninguna licencia con goce de sueldo podrá concederse por más de 15 días. Sólo en
los casos de enfermedad debidamente comprobada podrá extenderse hasta por tres meses.
Ninguna licencia por motivo alguno, podrá concederse por más de seis meses. (Ref. según
Decreto No. 433 de fecha 24 de marzo de 1988, publicado en el Periódico Oficial No. 37, de
fecha 25 de marzo de 1988).
Art. 149. Los servidores públicos que entren a ejercer su encargo después del día fijado por
esta Constitución o por las Leyes, sólo durarán en sus funciones el tiempo que les faltare para
terminar su período legal (Ref. según Decreto No. 24 de fecha 26 de enero de 1984, publicado
en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
Art. 150.- El referéndum, plebiscito y la revocación de mandato son formas de consulta y
participación ciudadana que se sujetarán a las siguientes disposiciones:
El referéndum es el acto conforme al cual, en los términos que establezca la ley, los
ciudadanos sinaloenses opinan sobre la aprobación o rechazo de leyes estatales, excepto de
las de carácter fiscal o tributario, cuya competencia es materia exclusiva del Congreso del
Estado, ni respecto de reformas a la Constitución Política o a las leyes locales que se hubieren
expedido para adecuar el marco jurídico de la entidad a las reformas o adiciones que se
hicieren a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El referéndum puede ser total o parcial, según se refiera a toda una ley o solamente a algunos
de sus preceptos.
El plebiscito es el acto conforme al cual, en los términos que establezca la ley, los ciudadanos
sinaloenses expresan su aprobación o rechazo a los actos, propuestas o decisiones del Poder
Ejecutivo del Estado u organismos e instituciones de la administración pública paraestatal, así
como de los ayuntamientos u organismos e instituciones de la administración pública municipal.
En la legislación reglamentaria se establecerán las materias que pueden ser objeto de
referéndum y plebiscito, los requisitos para convocar y el órgano facultado para hacerlo, así
como los plazos para su realización, los procedimientos a que estará sujeto, los porcentajes
mínimos de participación ciudadana y los efectos que produzcan sus resultados.
La ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas
etapas del referéndum o plebiscito. La interposición de los medios de impugnación no producirá
efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
Las autoridades estatales y municipales están obligadas a coadyuvar en todo aquello que les
sea requerido en la realización del referéndum y el plebiscito.
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Los resultados del referéndum y plebiscito serán obligatorios para las autoridades competentes.
La revocación de mandato es el acto mediante el cual la mayoría absoluta de los ciudadanos
en ejercicio pleno de sus derechos, habitantes de un pueblo o región cualquiera, tienen
derecho para recusar el nombramiento de autoridades, hecho por el Ejecutivo, por el Supremo
Tribunal de Justicia o por los Ayuntamientos, conforme a las siguientes bases:
I. La petición será presentada por escrito a la Superioridad de quien haya emanado el
nombramiento para su reconsideración.
II. Si los peticionarios no fueren satisfechos por la Superioridad que hizo el nombramiento,
podrán recurrir al Congreso del Estado, quien oyendo a las partes resolverá en justicia.
Si la resolución favorece a los peticionarios, el Congreso la comunicará a quien
corresponda para su cumplimiento. En la legislación reglamentaria se establecerá el
procedimiento.
(Ref. según Decreto No. 714 de 31 de octubre de 2001, publicado en el P.O. No. 122, de 10 de
octubre de 2003).
La revocación de mandato del Gobernador del Estado se llevará a cabo conforme a lo
siguiente:
I. Será convocado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa a petición de las ciudadanas y
ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al diez por ciento de los inscritos en la lista
nominal de electores del estado, en por lo menos once municipios.
El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el
requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso
para la revocación de mandato.
II. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión
del tercer año del periodo constitucional.
Las ciudadanas y ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato
durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de
esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos
para las actividades relacionadas.
III. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos
en la lista nominal del estado, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la
convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o local.
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IV. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación
de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de
electores del estado. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.
V. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa tendrá a su cargo, en forma directa, la
organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de
revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal, los cuales podrán ser
impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado.
VI. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa realizará el cómputo final del proceso de
revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En
su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 59.
VII. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con
fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa promoverá la participación ciudadana y será la única
instancia a cargo de la difusión del proceso. La promoción será objetiva, imparcial y con fines
informativos.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y
ciudadanas.
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria
y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de
comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente estatal o municipal, sólo podrán difundir las
campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para
la protección civil.
VIII. El Congreso del Estado emitirá la ley reglamentaria.
(Adic. Según Decreto No. 138, de fecha 17 de mayo de 2022, publicado en el Periódico Oficial
No. 073, de fecha 17 de junio de 2022).
Art. 151. Se reconoce capacidad y personalidad jurídica a las Comunidades Agrarias o núcleos
de población campesina que guarden de hecho o por derecho el estado comunal dentro del
territorio de Sinaloa, también el Estado reconoce personalidad jurídica a las asociaciones, (sic-
no coma) de beneficencias, a las uniones profesionales y agrupaciones obreras o de patrones,
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que se funden para fines lícitos, siempre que cumplan con los requisitos que las leyes
establecen. (Ref. según Decreto No. 322 de fecha 30 de agosto de 1962, publicado en el
Periódico Oficial No. 108, de fecha 20 de septiembre de 1962).
Art. 152. Constituyen el patrimonio de la familia:
I. La casa habitada por la familia y el terreno sobre el cual esté construida.
(Ref. según Decreto No. 230 de fecha 09 de julio de 1985, publicado en el
Periódico Oficial No. 84, de fecha 12 de julio de 1985).
II. En el medio rural constituyen el patrimonio familiar, además de los bienes
previstos en la fracción anterior, el terreno y los animales de que dependa
exclusivamente la subsistencia de la familia. (Ref. según Decreto No. 161 de
fecha 19 de febrero de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de
fecha 27 de febrero de 1985).
III. Los bienes muebles indispensables para el normal funcionamiento del
hogar, o por las condiciones climatológicas de la región, así como los
estrictamente necesarios para la información y el esparcimiento familiar.
(Ref. según Decreto No. 161 de fecha 19 de febrero de 1985, publicado en
el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985).
IV. Los libros, útiles, enseres y herramientas del taller y oficina, de los que
dependa la subsistencia familiar (Ref. según Decreto No 161 de fecha 19 de
febrero de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de
febrero de 1985).
V. Los demás bienes que señale el Código Civil para el Estado.
Los Código (sic ¿Códigos?) Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado fijarán los
requisitos que deberán observarse, además de la previa comprobación de la propiedad de los
bienes, para que éstos queden afectados al patrimonio de la familia.
Aprobada la constitución y efectuado el registro del patrimonio de la familia, los bienes que
queden destinados al mismo serán transmisibles por herencia bajo sencillas fórmulas y no
podrán ser sujetos a gravámenes ni embargos, requiriéndose autorización judicial para la
enajenación de los inmuebles que integren dicho patrimonio. (Ref. según Decreto No. 230 de
fecha 09 de julio de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 84, de fecha 12 de julio de
1985).
Art. 153. En el Estado no podrá expedirse ley o disposición alguna que limite la libertad de los
herederos, legatarios y demás partícipes en una sucesión, para disponer a discreción de sus
derechos en cualquier tiempo y en toda forma, ni que los obligue a mantener sus bienes en
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estado de comunidad, por más del término necesario para concluir el juicio sucesorio
respectivo.
Art. 154. Para los efectos de la Ley de Expropiación en el Estado (sic ¿,?) podrán el
Gobernador y los Presidentes Municipales en sus respectivas jurisdicciones expropiar y ocupar
la propiedad privada por causa de utilidad pública mediante indemnización y previa autorización
del Congreso del Estado y los Ayuntamientos respectivamente en los siguientes casos: (Ref.
según Decreto 322 de fecha 30 de agosto de 1962, publicado en el Periódico Oficial No. 108,
de fecha 20 de septiembre de 1962).
I. Para la construcción y conservación de los caminos carreteros y vecinales y
sus obras accesorias. (Ref. según Decreto 322 de fecha 30 de agosto de
1962, publicado en el Periódico Oficial No. 108, de fecha 20 de septiembre
de 1962).
II. Para la construcción de canales de irrigación por cuenta del Estado, por los
particulares o por empresas autorizadas en forma.
III. Para el aprovechamiento del agua en los usos domésticos de las
poblaciones.
IV. Para la utilización de cuencas naturales o artificiales de acaparamiento de
agua.
V. Para la desecación de lagos, lagunas y pantanos con objeto de saneamiento
o de aplicaciones agrícolas y para el estarquinamiento de las regiones
áridas.
VI. Para la creación y fomento de la propiedad agrícola parcelaria.
VII. Para la fundación de Colonias y pueblos.
VIII. Para la creación de la propiedad comunal para pastales en tierras que no
sean de cultivo. (Ref. según Decreto 322 de fecha 30 de agosto de 1962,
publicado en el Periódico Oficial No. 108, de fecha 20 de septiembre de
1962).
IX. Para la conservación y replantación de los bosques.
X. Para la instalación de fuerza hidroeléctrica por cuenta del Estado o por
empresas particulares.
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XI. Para fomento y creación de industrias nuevas en el Estado.
XII. Para la fundación, ensanche, verificación, saneamiento y urbanización de las
poblaciones, así como para la creación de reservas territoriales destinadas a
alguno de los fines señalados por este Artículo. (Ref. según Decreto No. 161
de fecha 19 de febrero de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de
fecha 27 de febrero de 1985).
XIII. Para la apertura de calles y jardines; construcción de escuelas, mercados,
hospitales, cárceles, rastros y demás establecimientos destinados a la
prestación de un servicio público, o al fomento y difusión de actividades
artísticas, culturales o artesanales. (Ref. Según Decreto No. 837 de fecha 06
de julio de 1989, publicado en el Periódico Oficial No. 82, de fecha 10 de
julio de 1989).
XIV. Para la construcción de parques y erección de monumentos en los sitios en
que se hayan verificado célebres hechos históricos, y la conservación o
restauración de muebles e inmuebles que por su representatividad, inserción
en determinado estilo, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados,
posean un valor estético o histórico sobresaliente. Tratándose de inmuebles,
este valor podrá también estimarse atendiendo a su significación en el
contexto urbano. (Ref. según Decreto No. 837 de fecha 06 de julio de 1989,
publicado en el Periódico Oficial No. 82, de fecha 10 de julio de 1989).
XV. Para la satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o
trastornos interiores, para el abastecimiento de las ciudades y centros de
población, de víveres o de otros artículos de consumo necesarios, y en los
procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de
epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones y otras calamidades
publicas. (Ref. según Decreto 322 de fecha 30 de agosto de 1962, publicado
en el Periódico Oficial No. 108, de fecha 20 de septiembre de 1962).
XVI. En los medios empleados para la Defensa Nacional o para el mantenimiento
de la paz pública. (Ref. según Decreto 322 de fecha 30 de agosto de 1962,
publicado en el Periódico Oficial No. 108, de fecha 20 de septiembre de
1962).
XVII. En la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de explotación. (Ref. según Decreto 322 de fecha 30
de agosto de 1962, publicado en el Periódico Oficial No. 108, de fecha 20 de
septiembre de 1962).
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XVIII. En la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con
ventajas exclusivas de una o varias personas y con perjuicio de la
colectividad en general, o de una clase en particular. (Ref. según Decreto
322 de fecha 30 de agosto de 1962, publicado en el Periódico Oficial No.
108, de fecha 20 de septiembre de 1962).
XIX. En la creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la
colectividad. (Ref. según Decreto 322 de fecha 30 de agosto de 1962,
publicado en el Periódico Oficial No. 108, de fecha 20 de septiembre de
1962).
XX. En las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos
naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la
colectividad. (Ref. según Decreto 322 de fecha 30 de agosto de 1962,
publicado en el Periódico Oficial No. 108, de fecha 20 de septiembre de
1962).
XXI. En la creación o mejoramiento de centros de población de sus fuentes
propias de vida. (Ref. según Decreto 322 de fecha 30 de agosto de 1962,
publicado en el Periódico Oficial No. 108, de fecha 20 de septiembre de
1962).
XXII. En los demás casos previstos por Leyes especiales. (Ref. según Decreto
322 de fecha 30 de agosto de 1962, publicado en el Periódico Oficial No.
108, de fecha 20 de septiembre de 1962).
La ley regulará lo concerniente a la materia. (Ref. según Decreto No. 161 de fecha 19 de
febrero de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985).
Art. 155. Los recursos económicos del Gobierno del Estado, de los Municipios y de los
organismos e instituciones a que se refiere el Artículo 130 se administrarán y ejercerán con
eficiencia, eficacia y honradez, aplicándolos precisamente a satisfacer los fines a que estén
destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza, incluidos los derivados de contratos de colaboración público
privada, y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de
licitaciones públicas mediante convocatoria, para que libremente se presenten proposiciones
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes. (Ref. según Dec. 689, publicado en el P.O. No. 153 del 19
de diciembre del 2012).
103
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y
demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que
aseguren las mejores condiciones para el Estado. (Ref. según Decreto No. 24 de fecha 26 de
enero de 1984, publicado en el Periódico Oficial No. 12, de fecha 27 de enero de 1984).
Art. 156. Quedan estrictamente prohibidos en el Estado, todos los juegos de azar. Para extirpar
ese vicio, combatir el alcoholismo y reprimir la prostitución y la vagancia, la ley se mostrará
severa y las autoridades serán inexorables. Es causa de responsabilidad oficial, toda falta u
omisión en el cumplimiento de las obligaciones que este precepto impone.
Art. 157. Se deroga. (Der. según Decreto No. 94, de fecha 1 de abril del 2008, y publicado en
el P.O. No. 063 de fecha 26 de mayo del 2008).
CAPÍTULO II
DE LA INVIOLABILIDAD Y REFORMAS
DE LA CONSTITUCIÓN
Art. 158. Esta Constitución es la ley fundamental del Gobierno interior del Estado y nadie podrá
estar dispensado de acatar sus preceptos, los cuales no perderán su fuerza y vigor aun cuando
por la violencia se interrumpa su observancia.
Art. 159. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada.
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el
Congreso del Estado, por voto de las dos terceras partes del número total de Diputados,
acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por las dos terceras partes de
los Ayuntamientos del Estado, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que les fueren
comunicadas. El Ayuntamiento que dejare de emitir su voto dentro del plazo asignado, se
computará como afirmativo. El Congreso hará el cómputo de votos de los Ayuntamientos y la
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. (Ref. según Decreto No. 302 de
fecha 04 de enero de 1938, publicado en el Periódico Oficial No. 7, de fecha 15 de enero de
1938).
TRANSITORIOS:
Art. 1o. Esta Constitución comenzará a regir desde el día siguiente al de su promulgación y se
publicará por bando solemne en todo el Estado.
104
Art. 2o. Subsistirán vigentes todas las leyes y decretos en todo aquello que no se oponga a
esta Constitución.
Art. 3o. Para los efectos del Artículo 18 de esta Constitución y mientras se expidan las leyes
que los determine, se reputarán como distritos fiscales, judiciales y electorales, las actuales
divisiones en la forma que hasta hoy han existido.
Art. 4o. SUPRIMIDO (Según Decreto No. 225 de fecha 20 de mayo de 1930, publicado en el
Periódico Oficial No. 63, de fecha 31 de mayo de 1930).
Art. 5o. El período de ejercicios del actual Gobernador del Estado expirará el 26 de septiembre
de 1924 y le seguirá un Gobernador Interino nombrado por el Congreso del Estado, cuyas
funciones terminarán el 31 de diciembre del mismo año. Las prevenciones del Artículo 57,
entrarán en vigor desde el 1º de enero de 1925, fecha en que inaugurará su período legal el
Gobernador que resulte electo en el primer domingo de julio de 1924.
Art. 6o. El período de funciones de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, comenzará a contarse desde el 1º de octubre de 1930. En la misma fecha se
inaugurarán los períodos de los Jueces de Primera Instancia y Menores. (Ref. según Decreto
No. 8 de fecha 29 de septiembre de 1928, publicado en el Periódico Oficial No. 120, de fecha 6
de octubre de 1928).
Art. 7o. SUPRIMIDO.(Según Decreto No. 8 de fecha 29 de septiembre de 1928, publicado en
el Periódico Oficial No. 120, de fecha 6 de octubre de 1928).
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado en Culiacán Rosales, a los veintidos
días del mes de junio de mil novecientos veintidos.
Presidente, Diputado por el Segundo Distrito Electoral, Francisco de P. Alvarez.-
Vicepresidente, Diputado por el Cuarto Distrito Electoral, J. M. Angulo.- Prosecretario, Diputado
por el Sexto Distrito Electoral, Melesio Cuen.- Diputado por el Primer Distrito Electoral, C. Villa
Velázquez.- Diputado por el Tercer Distrito Electoral, C. Peña Rocha.- Diputado Suplente en
funciones por el Noveno Distrito Electoral, Luis López de Nava.- Diputado por el Décimo
Tercero Distrito Electoral, Luis D. Fitch.- Diputado por el Décimo Cuarto Distrito Electoral, E.
Castañeda.- Diputado por el Quinto Distrito Electoral, V. Díaz.- Diputado por el Décimo Distrito
Electoral, J. Salcido.- Diputado por el Undécimo Distrito Electoral, R. Ponce de León.- Diputado
por el Décimo Segundo Distrito Electoral, Z. Conde.- Primer Secretario, Diputado por el Octavo
Distrito Electoral, J. de D. Bátiz.- Segundo Secretario, Diputado por el Séptimo Distrito
Electoral, J.T. Rodríguez.- Rúbricas.
Y por tanto mando se imprima, publique por bando solemne y circule para su debido
cumplimiento.
105
Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en Culiacán Rosales, a los veintidós días del mes de
junio de mil novecientos veintidós.
José Aguilar.
El Jefe del Departamento.
Manuel A. Barrantes.
106
TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS:
(Del Decreto 317 de 28 de marzo del 2000, publicado en el P.O. N ̊ 98
de 17 de agosto del 2000).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 318 de 28 de marzo del 2000, publicado en el P.O. N ̊ 101
del 23 de agosto del 2000).
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
Artículo Segundo.- Las bases del presente Decreto, tendrán su primera aplicación a partir de
los Ayuntamientos que iniciarán funciones el 1 ̊ de enero del año 2002.
(Del Decreto 427 de 27 de julio del año 2000, publicado en el P.O. No. 007
de 15 de enero de 2001)
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
Artículo Segundo.- La fracción III del artículo 95 adicionada por este decreto, entrará en vigor
a partir del primero de enero del año 2002.
Los Magistrados que se encuentren en la hipótesis señalada en el primer párrafo de este
artículo, serán sustituidos cada doce meses a partir de esa fecha, iniciando con el de mayor
tiempo efectivo en el desempeño del cargo de Magistrado y así sucesivamente hasta concluir
su aplicación.
Artículo Tercero.- Los magistrados actualmente en funciones que ya hubieren cumplido más
de 30 años de servicios en el Poder Judicial del Estado, a los que se refiere la fracción II del
artículo que es objeto de la reforma, y los que a partir del 01 de enero del 2002 se encuentren
en la hipótesis de la fracción III del artículo que es objeto de la reforma, tendrán derecho a la
pensión por retiro a que se refiere el último párrafo del propio artículo 95 de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa y los artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Sinaloa.
107
(Del Decreto 469 de 19 de diciembre del año 2000, publicado en el P.O. No. 056
de 09 de mayo de 2001)
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 514 de fecha 27 de febrero, publicado en el Periódico Oficial No. 073
de fecha 18 de junio 2001)
Artículo Primero.- El presente decreto comenzará a surtir efectos al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
Artículo Segundo.- El Congreso del Estado por conducto de su Comisión de Derechos
Humanos, convocará en los términos que la ley disponga a las organizaciones sociales y
organismos dedicados a la protección y defensa de los derechos humanos en el Estado, a la
elección de las actuales vacantes de consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos.
Artículo Tercero.- En tanto el Congreso del Estado expide las reformas a la Ley de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ésta ejercerá sus atribuciones y competencia
conforme a lo dispuesto por el presente decreto y ley reglamentaria vigente hasta dicha
expedición.
Artículo Cuarto.- El ejercicio de las funciones y facultades del Presidente y de los Consejeros
actuales que integran el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
concluirá al término del periodo para el cual fue electo el primero.
(Del Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074
de fecha 20 de junio 2001)
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, salvo lo previsto en los siguientes artículos.
Artículo Segundo.- Las reformas o adiciones a los artículos 14, 15, 43, 50, 112, 114, 115, 117,
132, 144 y 146, entrarán en vigor el 15 de enero del año 2004, para ser observadas en el
proceso electoral de ese año.
En tanto entran en vigor las reformas y adiciones a que se refiere este artículo, se continuarán
aplicando las disposiciones vigentes.
108
Artículo Tercero.- La integración de los Ayuntamientos, con un Presidente Municipal, Síndicos
Procuradores y Regidores, a que se refiere el presente Decreto, será aplicable a los
Ayuntamientos que inician su ejercicio constitucional a partir del primero de enero de 2005.
Artículo Cuarto.- El Estado deberá adecuar sus leyes conforme a lo dispuesto en este Decreto
a más tardar el treinta de noviembre del año 2001.
(Del Decreto 513 de fecha 27 de febrero, publicado en el Periódico Oficial
No. 075 de fecha 22 de junio de 2001)
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 521 de fecha 06 de marzo, publicado en el Periódico Oficial
No. 078 de fecha 29 de junio de 2001)
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 664 de fecha 01 de agosto de 2001, publicado en el Periódico Oficial
No. 144 de fecha 30 de noviembre de 2001)
Artículo Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 274 de fecha 24 de marzo de 2003, publicado en el Periódico Oficial
No. 87 de fecha 21 de julio de 2003)
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto No. 230 de fecha 17 de diciembre de 2002, publicado en el Periódico
Oficial No. 112, de 17 de septiembre de 2003)
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 715 de 31 de octubre de 2001, publicado en el Periódico
Oficial No. 113 de fecha 19 de septiembre de 2003)
109
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La ley reglamentaria de los organismos que integran el sistema de
justicia de menores deberá expedirse en un año a partir de la vigencia del presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- En tanto no se inicie la vigencia de la ley reglamentaria mencionada
en el Artículo Segundo Transitorio seguirán observándose la Ley Orgánica del Consejo Tutelar
para Menores del Estado de Sinaloa y disposiciones complementarias.
(Del Decreto No. 229 de 17 de diciembre de 2002, publicado en el Periódico
Oficial No. 119, de fecha 03 de octubre de 2003)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto No. 714 de 31 de octubre de 2001, publicado en el Periódico
Oficial No. 122, de fecha 10 de octubre de 2003)
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”.
Artículo Segundo.- La ley reglamentaria de los procesos de consulta y participación ciudadana
deberá expedirse en un plazo no mayor de un año a partir del día siguiente al que entre en
vigencia el presente Decreto, y previo a un proceso de amplia consulta a la ciudadanía así
como a organismos e instituciones involucrados en el tema.
(Del Decreto No. 360 de fecha 29 de julio de 2003, publicado en el Periódico
Oficial No. 130, de fecha 29 de octubre de 2003)
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 359 de fecha 29 de julio de 2003, publicado en el Periódico
Oficial No. 010 de fecha 23 de enero de 2004)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto No. 309 de fecha 01 de julio de 2003, publicado en el Periódico
Oficial No. 011, de fecha 26 de enero de 2004).
110
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto No. 317 de 08 de julio de 2003, publicado en el Periódico
Oficial No. 012 de fecha 28 de enero de 2004)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto No. 494 de 26 de febrero de 2004, publicado en el Periódico
Oficial No. 102 de fecha 258 de agosto de 2004)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 517 de fecha 25 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 129 de fecha 27
de octubre del año 2004)
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado, dentro de los noventa días siguientes a la
entrada en vigor de la presente reforma, expedirá la ley reglamentaria de la Auditoría Superior
del Estado.
ARTÍCULO TERCERO.- La revisión de las cuentas públicas y las funciones de fiscalización que
se le confieren en el presente decreto, se llevarán a cabo de conformidad con lo que disponga
la ley, a partir de la revisión de la cuenta pública correspondiente al año 2004.
La Auditoría Superior del Estado revisará las cuentas públicas del año 2003, conforme a las
disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de este decreto.
Las referencias que se hacen de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado,
en los ordenamientos jurídicos vigentes, se entenderán hechas a la Auditoría Superior del
Estado.
ARTÍCULO CUARTO.- En tanto la Auditoría Superior del Estado no se organice debidamente,
el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este decreto y la ley, las continuará ejerciendo
con las atribuciones que actualmente tiene la Contaduría Mayor de Hacienda, conforme a su
ley orgánica y demás disposiciones aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor del
presente decreto.
111
Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda no serán afectados en forma
alguna en sus derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de este decreto y de las
leyes que en consecuencia se emitan.
Una vez creada la Auditoría Superior del Estado, todos los recursos humanos, materiales y
patrimoniales de la Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán a formar parte de dicha entidad.
ARTÍCULO QUINTO.- La Auditoría Superior del Estado, expedirá su Reglamento Interior en un
período no mayor de noventa días a partir de su constitución.
(Del Decreto 313 de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico
Oficial No. 086 de fecha 19 de julio del año 2006)
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 362 de fecha 25 de julio de 2006, publicado en el Periódico
Oficial No. 153 de fecha 20 de diciembre del año 2006).
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial "El Estado de Sinaloa".
Artículo Segundo.- La Ley que reglamente la materia del presente decreto deberá ser aprobada
y publicada en el lapso que comprende el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente
al Tercer Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura del Estado.
(Del Decreto 93 de fecha 1 de abril de 2008, publicado en el Periódico
Oficial No. 063 de fecha 26 de mayo del año 2008).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 94 de fecha 1 de abril de 2008, publicado en el Periódico
Oficial No. 063 de fecha 26 de mayo del año 2008).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto 95 de fecha 1 de abril de 2008, publicado en el Periódico
Oficial No. 063 de fecha 26 de mayo del año 2008).
112
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto no se aprueben reformas a la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado de Sinaloa o se expida una nueva ley de pensiones, para establecer la
instancia que aprobará las pensiones previamente propuestas por el Ejecutivo Estatal, el
Congreso del Estado, continuará ejerciendo dicha facultad.
(Del Decreto 193 de fecha 7 de octubre de 2008, publicado en el Periódico
Oficial No. 127 de fecha 22 de octubre del año 2008).
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, exclusivamente por lo que hace a sus artículos
40 y 70.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el artículo 49 de este Decreto,
iniciarán su vigencia el día 2 de abril de 2009, siempre y cuando se hayan aprobado y
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, las correspondientes modificaciones a
la legislación secundaria.
(Del Decreto 709 de fecha 29 de julio de 2010, publicado en el Periódico
Oficial No. 119 de fecha 04 de octubre del año 2010).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 82 de fecha 15 de febrero de 2011, publicado en el Periódico
Oficial No. 063 de fecha 27 de mayo de 2011).
PRIMERO. La presente reforma entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima
establecida en el presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos
de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado
en vigor el presente Decreto.
TERCERO. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor
el presente Decreto de reforma constitucional, las percepciones que perciban los Magistrados y
Jueces del Poder Judicial del Estado, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo
siguiente:
113
a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto
máximo previsto en la fracción II del artículo 145 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.
b) Las remuneraciones de a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas,
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie,
sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo
establecido en la fracción II del artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la
remuneración total no excede el monto máximo antes referido.
CUARTO. Los Ayuntamientos del Estado, deberán expedir o adecuar las disposiciones
administrativas que resulte necesario en los términos del Decreto por el que se reforman y
adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de
2009, y del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada
en vigor, así mismo procederá sancionar penal y administrativamente las conductas que
impliquen incumplimiento o elusión por simulación a lo establecido en la presente reforma
constitucional.
(Del Decreto No. 398 de fecha 22 de diciembre de 2011, publicado en el Periódico Oficial No.
038 del 26 de marzo del 2012).
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efecto de posibilitar la nueva fecha de instalación del Congreso
del Estado, prevista en el artículo 36 de la Constitución Política, los diputados a la LXI
Legislatura serán elegidos para un período de dos años y diez meses, por lo que por única
ocasión iniciarán sus funciones el primero de diciembre de 2013 y las concluirán el 30 de
septiembre de 2016.
ARTÍCULO TERCERO.- También por única ocasión, durante el primer año de ejercicio
constitucional de la LXI Legislatura, el primer período ordinario de sesiones iniciará el primero
de diciembre de 2013 y terminará el treinta y uno de enero de 2014; y el segundo período
ordinario empezará el primero de abril y concluirá el treinta y uno de julio de 2014.
El primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio iniciará el primero de
octubre de 2014 y a partir de esa fecha se ajustarán los períodos de sesiones al nuevo texto
del artículo 36 de la Constitución Política del Estado, reformado con este decreto.
114
(Del Decreto No. 689 de fecha 3 de octubre de 2012, publicado en el Periódico Oficial No. 153
del 19 de diciembre de 2012).
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
Artículo Segundo.- Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, el H. Congreso del Estado deberá expedir la Ley reglamentaria correspondiente.
(Del Decreto No. 903 de fecha 25 de julio de 2013, publicado en el Periódico Oficial No. 111 del
13 de septiembre del 2013).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto No. 959 de fecha 25 de julio de 2013, publicado en el Periódico Oficial No. 141 del
22 de noviembre del 2013).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto No. 975 de fecha 21 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico Oficial No.
31 edición vespertina de fecha 12 de marzo del 2014).
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial, "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.
TERCERO.- El H. Congreso del Estado expedirá la reforma necesaria a la Ley de Educación
para el Estado de Sinaloa, dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de
publicación del presente Decreto.
(Del Decreto 123, de fecha 22 de julio de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa”, No. 096 de fecha 08 de agosto de 2014).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 147, de fecha 02 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Sinaloa”, No. 129 de fecha 22 de octubre de 2014).
115
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en los términos que establezca la Declaratoria
que para tales efectos emita el H. Congreso del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo segundo transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, así como en el
artículo segundo transitorio, segundo párrafo, del Decreto por el que se expide el Código
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5
de marzo de 2014.
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 157, de fecha 02 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Sinaloa”, No. 129 de fecha 22 de octubre de 2014)
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en los términos que establezca la Declaratoria
que para tales efectos emita el H. Congreso del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo segundo transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, así como en el
artículo segundo transitorio, segundo párrafo, del Decreto por el que se expide el Código
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5
de marzo de 2014.
SEGUNDO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones
vigentes con anterioridad a dicho acto.
TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá armonizar la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, una vez que el Congreso de la Unión expida la Ley General a
que se refiere el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de transparencia y acceso a la información pública, y que ésta a su vez, sea publicada
en el Diario Oficial de la Federación.
116
TERCERO. Los Comisionados que integran actualmente la Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública de Sinaloa podrán formar parte del nuevo organismo autónomo, previa
petición formal al Congreso del Estado, dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que
fueron objeto en la Comisión que se extingue, siempre y cuando su petición sea aprobada por
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. En este caso el Congreso del
Estado deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su
petición.
CUARTO. La designación de los comisionados de la nueva Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, será realizada conforme a lo siguiente:
I. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados de la actual Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la
respectiva aprobación en los términos del artículo tercero de esta disposición transitoria,
formarán parte del organismo garante hasta la fecha de terminación del período para el que
fueron originariamente designados.
II. En el caso de que sólo uno o dos de los comisionados de la actual Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública soliciten continuar en el cargo y obtengan la
aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del
cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió
originariamente para formar parte del órgano que se extingue y para las vacantes restantes se
ocuparán de acuerdo a lo siguiente, asegurando la renovación escalonada:
a) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido
el encargo el 25 de febrero de 2021, el periodo para el cual sea designado concluirá en esa
fecha.
b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido
el encargo el 1 de septiembre de 2016, el periodo para el cual sea designado concluirá en igual
fecha del año 2019.
c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido
el encargo el 11 de septiembre de 2015, el periodo para el cual sea designado concluirá en
igual fecha del año 2020.
III. En el supuesto de que ninguno de los comisionados de la actual Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública solicite al Congreso del Estado o reciba la aprobación para
formar parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea por
medio del presente Decreto, se realizarán los nombramientos por un periodo de cinco, seis y
siete años, según corresponda asegurando la renovación escalonada.
117
QUINTO. En tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 109 Bis B de esta
Constitución, continuarán en sus funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor
el presente Decreto, los integrantes de la actual Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
SEXTO. En tanto el Congreso del Estado expida las reformas a que se refiere el transitorio
segundo, el organismo garante que alude el artículo 109 Bis B de esta Constitución, ejercerá
sus atribuciones y competencias conforme lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
SÉPTIMO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada
en vigor del presente Decreto, y que deriven de la aplicación de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, se sustanciarán ante el nuevo organismo autónomo
a que se refiere el artículo 109 Bis B de esta Constitución.
OCTAVO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores que actualmente
forman parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, serán
transferidos al nuevo organismo autónomo que se crea mediante el presente Decreto. Los
trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo autónomo, no serán afectados en
sus derechos laborales y de seguridad social.
(Decreto 186 de fecha 13 de enero de 2015, publicado en el Periódico Oficial No. 013 de fecha
30 de enero de 2015).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial No. 65, de
fecha 01 de junio de 2015).
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos transitorios
siguientes.
Artículo Segundo. El Congreso del Estado deberá expedir la nueva legislación secundaria en
materia electoral, con la oportunidad necesaria para que entre en vigor por lo menos noventa
días antes del inicio del proceso electoral inmediato siguiente.
118
Artículo Tercero. La disposición contenida en el artículo 25 Bis, relativa a la reelección de
Diputados Locales, no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la
Legislatura que se encuentre en funciones a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.
Artículo Cuarto. La reforma al artículo 117 de esta Constitución en materia de elección
consecutiva de Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores, no será aplicable
a los integrantes de los Ayuntamientos que se encuentren en funciones a la fecha en que entre
en vigor el presente Decreto.
Artículo Quinto. Para efecto de posibilitar la instalación del Congreso del Estado en la fecha
que señala el artículo 26 de esta Constitución, así como la concurrencia de fechas a que se
refiere el segundo párrafo de su artículo 14, disposición reformada por el presente Decreto, los
Diputados que se elijan en el año dos mil dieciséis, durarán en sus cargos dos años, por lo que
iniciarán sus funciones el día primero de octubre de dos mil dieciséis y las concluirán el treinta
de septiembre de dos mil dieciocho.
Para los mismos efectos señalados en el párrafo anterior, y con el propósito de que los
Ayuntamientos se instalen en la fecha establecida en el artículo 112 de esta Constitución, así
como posibilitar la concurrencia de fechas a que se refiere el segundo párrafo de su artículo 14,
disposiciones reformadas por el presente Decreto, por única ocasión los Presidentes
Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos que se elijan en el año
dos mil dieciséis, durarán en sus cargos un año y diez meses, por lo que iniciarán sus
funciones el día primero de enero de dos mil diecisiete y las concluirán el treinta y uno de
octubre de dos mil dieciocho.
Artículo Sexto. Para efecto de posibilitar el inicio del ejercicio constitucional del Gobernador en
la fecha establecida en el artículo 57 de esta Constitución, así como la concurrencia de fechas
a que se refiere el segundo párrafo de su artículo 14, disposiciones reformadas por el presente
Decreto, por única ocasión, el Gobernador del Estado que resulte electo en la jornada comicial
del año dos mil dieciséis, durará en su cargo cuatro años y diez meses, por lo que iniciará sus
funciones el día primero de enero de dos mil diecisiete y concluirá su periodo constitucional el
día treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno.
Artículo Séptimo. Por única ocasión, las elecciones ordinarias correspondientes al año dos mil
dieciocho, se llevarán a cabo el primer domingo de julio.
Artículo Octavo. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa quedará integrado en la fecha en
que tomen protesta los Consejeros que designe el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en términos de lo dispuesto en el Artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el diez de febrero de dos mil catorce.
119
Artículo Noveno. Todos los recursos humanos del Consejo Estatal Electoral se integrarán a
los del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Los recursos materiales, presupuestales y
financieros del actual órgano pasarán a formar parte del patrimonio del nuevo Instituto una vez
que quede integrado en términos del Artículo Octavo Transitorio del presente Decreto, sin
menoscabo de los derechos laborales que correspondan al personal de que disponga.
Artículo Décimo. En caso de que a la fecha de integración del Instituto Electoral del Estado de
Sinaloa no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el Artículo Segundo Transitorio
del presente Decreto, dicho organismo ejercerá las atribuciones que las leyes locales vigentes
otorgan al Consejo Estatal Electoral, sin perjuicio de lo que dispongan la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
Artículo Décimo Primero. Los Consejeros del Consejo Estatal Electoral que a la entrada en
vigor del presente Decreto se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta que
los nuevos Consejeros que designe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rindan
protesta y tomen posesión de sus respectivos cargos, por lo que los acuerdos y demás actos
jurídicos que hasta esa fecha apruebe y emita el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa en los
términos de la legislación vigente, tendrán plena validez y surtirán todos sus efectos legales.
Artículo Décimo Segundo. Todos los recursos humanos del Tribunal Estatal Electoral se
integrarán a los del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Los recursos materiales,
presupuestales y financieros del actual órgano jurisdiccional pasarán a formar parte del
patrimonio del nuevo Tribunal una vez que quede integrado.
Artículo Décimo Tercero. Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa que se
encuentren en funciones a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en el
ejercicio de sus cargos hasta en tanto el Senado de la República realice los nombramientos de
los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa quienes habrán de sustituirles, en
términos de lo previsto en el Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez
de febrero de dos mil catorce.
(Decreto No. 417, de fecha 9 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial No. 151,
de fecha 18 de diciembre de 2015).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa.”
(Decreto No. 427, de fecha 9 de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial No. 151,
de fecha 18 de diciembre de 2015).
120
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
Artículo Segundo. El Congreso del Estado expedirá la ley reglamentaria correspondiente
dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación del presente Decreto.
(Decreto No. 440, de fecha 1 de marzo del 2016, y publicado en el P.O. No. 033 de fecha 16 de
marzo de 2016).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. La implementación de las medidas tendentes a extender la obligatoriedad de la
educación en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior se realizará de
manera gradual y ascendente conforme a las disponibilidades presupuestales del Estado y de
los municipios.
Deberá iniciar en el ciclo escolar inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto,
y el Estado procurará lograr la cobertura total a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. Para
tal efecto el Estado gestionará ante la Federación los recursos que fueran necesarios, en los
términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional de Planeación Democrática del
Desarrollo y el correspondiente Sistema Estatal.
TERCERO. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación en los niveles
a que se refiere el presente Decreto, los poderes Ejecutivo y Legislativo y los Ayuntamientos
procurarán que en los presupuestos anuales de egresos del Estado y de los municipios que se
elaboren a partir del ejercicio siguiente a la entrada en vigor del Decreto, se incluyan las
partidas y recursos necesarios y se establezcan los mecanismos para impulsar la
implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos
económicos que se destinarán a infraestructura educativa en los cuatro niveles obligatorios.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.
(Decreto No. 437, de fecha 16 de febrero del 2016, y publicado en el P.O. No. 042 de fecha 06
de abril de 2016).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo
denominado Consejo Estatal para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
121
TERCERO. El Consejo Estatal para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá
integrarse dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor de la ley
que regirá el órgano autónomo denominado Consejo Estatal de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.
Para efecto de lograr el escalonamiento en el nombramiento los Consejeros, para la primera
integración del Consejo y por única ocasión, el Congreso del Estado nombrará un consejero
por un periodo de tres años, otro Consejero por un periodo de cuatro años y el Presidente por
un periodo de cinco años.
(Decreto No. 438, de fecha 23 de febrero del 2016, y publicado en el P.O. No. 042 de fecha 06
de abril de 2016).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Decreto No. 612, de fecha 24 de enero del 2017, y publicado en el P.O. No. 016 de fecha 01
de febrero de 2017).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto, el Estado y los
Municipios, implementarán de manera paulatina y en función de la suficiencia presupuestaria
de cada uno de ellos, las medidas para destinar espacios, adquirir e instalar equipos y difundir
socialmente cuáles son los espacios, escuelas y demás edificios públicos en los que se
prestará el servicio.
(Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017, y publicado en el P.O. No. 018 Edición
Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Coordinación
General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, previa Convocatoria Pública seleccionará
cinco personas para ser propuestas al Gobernador del Estado a fin de que proponga al Poder
Legislativo a más tardar en un término de cinco días naturales, la terna para la designación de
Fiscal General del Estado. El Poder Legislativo deberá designar a la o el Fiscal General del
Estado dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de recibida la propuesta para
Fiscal General de parte del Poder Ejecutivo. Si el Poder Legislativo no hace la designación en
122
el plazo establecido, el Poder Ejecutivo en un término no mayor a cinco días naturales
designará al Fiscal General del Estado.
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado deberá expedir la Ley de la Fiscalía a más
tardar en un plazo de 6 meses contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
En tanto el Congreso del Estado expide la Ley de la Fiscalía, la Fiscalía General creada por
este decreto ejercerá sus atribuciones y competencia conforme al mismo como a la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa publicada en el
periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 144 de fecha 29 de noviembre de 2013, en lo
que no se oponga al presente decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en tal
ordenamiento para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa serán ejercidas
por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y las del Procurador General de Justicia del
Estado de Sinaloa por el Fiscal General del Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO CUARTO. La Fiscalía General del Estado seguirá aplicando todas las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes que no se opongan al presente
Decreto, hasta en tanto se expidan y entren en vigor sus propias disposiciones.
ARTÍCULO QUINTO. La Ley de la Fiscalía fijará las vicefiscalías general, especializadas y/o
regionales, órganos de supervisión y control interno, unidades de policía de investigación, de
servicios periciales, de justicia restaurativa y demás unidades administrativas para el ejercicio
de sus funciones, de conformidad con las normas aplicables y la disponibilidad presupuestal.
ARTÍCULO SEXTO. A partir de la entrada en vigor de las presentes reformas, los recursos
humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de Justicia
pasarán a la Fiscalía General del Estado.
Los recursos humanos operativos para ingresar al servicio de carrera, deberán cumplir los
requisitos de permanencia que se establezcan en la Ley de la Fiscalía para ingresar a la nueva
institución en los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, de lo contrario
se ordenará su reasignación de las plazas, en este último caso, el Gobierno del Estado deberá
dotarle al órgano autónomo la disponibilidad presupuestal para la creación de plazas
equivalentes a las del personal que se reasigna dentro de los treinta días hábiles siguientes a
que la Fiscalía le notifique el resultado de la evaluación a la Secretaría de Administración y
Finanzas, a efecto de no reducir su estado de fuerza ni impactar el presupuesto del nuevo
órgano.
La relación de la Fiscalía con sus servidores públicos será de carácter administrativo, en
términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
123
Los procedimientos substanciados en la Procuraduría General de Justicia y los asuntos que
deba asumir la Fiscalía General del Estado serán atendidos de inmediato por el personal que
sea transferido a la misma.
Los asuntos que sean de la Procuraduría General de Justicia del Estado, serán distribuidos por
el Fiscal General, en términos de las disposiciones que se emitan.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Todas las referencias que en la legislación, normatividad y convenios
se hagan a la Procuraduría General de Justicia se tendrán por hechas a la Fiscalía General del
Estado, salvo que se contrapongan al presente Decreto, caso en el cual se entenderán hechas
a favor de la dependencia o entidad a la que competa dicha atribución o facultad.
ARTÍCULO OCTAVO. Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del
organismo creado en los términos del presente Decreto, deberá garantizar la libre
administración, y la suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, para que el órgano esté en
condiciones de dar cumplimiento a los planes y programas que formule en observancia de su
Ley.
La Fiscalía General del Estado tendrá sus propios recursos para el servicio de carrera de su
personal, desde la formación inicial hasta la profesionalización.
ARTÍCULO NOVENO. La Legislatura del Estado deberá aprobar los recursos necesarios para
la correcta transición de la Procuraduría General de Justicia como dependencia del Ejecutivo
Estatal a la Fiscalía General del Estado como órgano autónomo constitucional. Las partidas
presupuestales deberán señalarse de manera inmediata en el presupuesto de egresos
siguiente al ejercicio fiscal en que entre en vigor el presente Decreto. El presupuesto aprobado
para la Procuraduría General de Justicia del Estado en el presente ejercicio fiscal, deberá
destinarse al diseño y planeación estratégica, los cambios organizacionales y de gestión, la
construcción y operación de la infraestructura, el equipamiento y las tecnologías de la
información y comunicación propias del órgano autónomo y la profesionalización necesaria
para agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos, facilitadores de
mecanismos alternativos y demás personal de la Institución.
ARTÍCULO DÉCIMO. El titular del Poder Ejecutivo deberá proveer lo necesario para
salvaguardar su representación jurídica y la correspondiente a las dependencias y organismos
de la Administración Pública.
Los asuntos en los que el Procurador General de Justicia ejerza la representación jurídica del
Estado que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del Decreto, deberán remitirse
dentro de los 20 días hábiles siguientes, a la Secretaría General de Gobierno o a la
dependencia que ésta determine.
124
Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se suspenderán por un plazo de
noventa días hábiles; en cada caso, la suspensión será decretada de oficio por los órganos
jurisdiccionales ante los cuales se desahoguen dichos procedimientos.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Dentro de los seis meses siguientes de expedida la Ley de la
Fiscalía, el Congreso del Estado deberá expedir la convocatoria para la designación de seis
integrantes al Consejo Consultivo de la Fiscalía General quienes lo serán de manera honorífica
y sus funciones se señalarán en dicha Ley de la Fiscalía.
(Decreto No. 87, de fecha 7 de marzo del 2017 y publicado en el P.O. No. 033 de fecha 13 de
marzo de 2017).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto No. 86, de fecha 7 de marzo del 2017, publicado en el P.O. No. 034 de fecha 15 de
marzo de 2017).
Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial, “El Estado de Sinaloa”.
(Decreto No. 96 de fecha 14 de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial No. 035 del 17
de marzo del 2017).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones jurídicas que contravengan lo dispuesto en el
presente Decreto.
TERCERO. El Congreso del Estado, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto, deberá aprobar la ley a que se refiere la fracción XXXVIII del
artículo 43 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación a que se refieren las
fracciones XXII, XXXIX y XL de dicho artículo; asimismo, deberá realizar las adecuaciones
necesarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa.
CUARTO. El Ejecutivo del Estado con el objeto de que la Secretaría responsable del control
interno asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente
Decreto y en las leyes que derivan del mismo, deberá realizar las adecuaciones al Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y Reglamentos Interiores
correspondientes.
125
QUINTO. Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece
el presente Decreto en las fracciones XXXVII del Artículo 43, que se encuentren en funciones a
la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo durante el periodo para el cual fueron
nombrados. En caso de que tal nombramiento se haya otorgado por tiempo indeterminado, la
designación de nuevo titular deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto.
SEXTO. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto se hacen
a los artículos 53, 109 Bis, 109 Bis D, 130, 138 y 140, entrarán en vigor en la misma fecha en
que lo hagan las leyes a que se refiere el Transitorio Tercero del presente Decreto.
SÉPTIMO. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el Tercero Transitorio,
continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos y de fiscalización y control de recursos públicos.
OCTAVO. El nombramiento de las personas titulares de las Magistraturas del Tribunal de
Justicia Administrativa deberá realizarse con la debida anticipación a la conclusión del periodo
de nombramiento de las actuales Magistraturas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
en acatamiento a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo octavo transitorio del Decreto por
el que se Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación de fecha 27 de mayo de 2015.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa continuará funcionando con
su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se
encuentran en trámite, hasta la entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXXIX del
artículo 43, de este Decreto.
NOVENO. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, incluyendo todos sus bienes y
los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del
Tribunal de Justicia Administrativa en los términos que determine la Ley a que se refiere la
fracción XXXIX del artículo 43 de esta Constitución.
DÉCIMO. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, a la entrada en vigor de la Ley a que
se refiere la fracción XXXIX del artículo 43 de esta Constitución, seguirán conservando su
misma calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal de Justicia
Administrativa, en los términos que dicha ley determine.
(Decreto No. 105, de fecha 2 de mayo del 2017, publicado en el P.O. No. 056 de fecha 04 de
mayo de 2017).
126
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
Derogado. (Por Decreto No. 72, publicado en el P.O. No 013, edición vespertina de fecha 28 de
enero de 2022).
SEGUNDO. El Congreso del Estado en un plazo de 60 días posteriores al inicio de vigencia del
presente Decreto, deberá armonizar la legislación electoral secundaria, conforme al artículo
112 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. (Ref. Según Dec. No. 72, publicado en el
P.O. No 013, edición vespertina de fecha 28 de enero de 2022).
TERCERO. Derogado. (Por Decreto No. 72, publicado en el P.O. No 013, edición vespertina de
fecha 28 de enero de 2022).
(Decreto No. 146, de fecha 8 de junio del 2017, publicado en el P.O. No. 075 de fecha 12 de
junio de 2017).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. El Congreso del Estado de Sinaloa en un plazo de 90 días posteriores al inicio de
vigencia del presente Decreto, deberá armonizar la legislación electoral del Estado conforme al
presente Decreto.
(Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017, publicado en el P.O. No. 086 de fecha 07 de
julio de 2017).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
TERCERO. Una vez que la autoridad federal establezca los lineamientos a que se refiere el
artículo Sexto Transitorio de la reforma a la Constitución Federal en materia de Disciplina
Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de mayo de 2015, el Estado
y los Municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre los
empréstitos y obligaciones de pago vigentes.
(Decreto No. 189, de fecha 29 de agosto del 2017, publicado en el P.O. No. 114 de fecha 08 de
septiembre de 2017).
127
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Las funciones de fiscalización y revisión del Congreso del Estado y de la Auditoría
Superior del Estado derivadas del presente Decreto entrarán en vigor a partir de la revisión
respectiva de las cuentas públicas del ejercicio fiscal del año 2017, conforme a sus tiempos de
presentación y revisión ya establecidos en la Constitución Política del Estado.
Precisándose que los ejercicios fiscales cuya revisión fue semestral seguirán siendo analizados
bajo la regulación vigente al momento del inicio de su fiscalización.
TERCERO. El Congreso del Estado deberá expedir las modificaciones necesarias para la
aplicación del presente Decreto a la Ley de la Auditoría Superior del Estado y demás
ordenamientos aplicables dentro de los 60 días posteriores a su inicio de vigencia.
CUARTO. La Auditoría Superior del Estado deberá adecuar su Reglamento Interior dentro de
los 90 días posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto.
(Decreto No. 190, de fecha 29 de agosto del 2017, publicado en el P.O. No. 114 de fecha 08 de
septiembre de 2017).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la
Declaratoria que emita el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, de conclusión del proceso
electoral 2017-2018 en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
CUARTO. El Congreso del Estado en un plazo de 30 días posteriores al inicio de vigencia del
presente Decreto, deberá armonizar la legislación electoral del Estado conforme al presente
Decreto.
(Sentencia de fecha 29 de junio de 2017, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 30/2013, notificada en fecha 30 de junio de
2017 y publicada en el P.O. No. 116 de fecha 13 de septiembre de 2017).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
MINISTRO PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK
128
SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ
COLABORÓ: MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE MENDOZA
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, correspondiente al veintinueve de junio de dos mil diecisiete.
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO A NOVENO. …
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. A QUINTO.
SEXTO. Efectos de la sentencia. De conformidad con los artículos 73 y 41 de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, la
declaratoria de invalidez del artículo 77 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, en la porción normativa que señala: “…con excepción de los del Poder
Judicial del Estado,…” surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos
de esta sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de
inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 43, fracción XXXIV, segundo párrafo
y, 77 Bis, párrafos primero –con la salvedad precisada en el punto resolutivo tercero de este
fallo- y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, contenidos en el Decreto 903,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil trece.
TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 77 Bis, párrafo primero, de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la porción normativa ‘con excepción de los del
Poder Judicial del Estado,…” de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, contenido en el
Decreto número 903, publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos
mil trece.
CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir
de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de
Sinaloa.
QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, así como en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta.
Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese
el expediente como asunto concluido.
129
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo,
Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales,
respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto resolutivos, respectivamente,
a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna
Ramos, Franco Gonzáles Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández,
Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán con precisiones y Presidente Aguilar Morales,
respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su inciso B), denominado
“Análisis de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, en relación con el 77 Bis, párrafo
tercero de la Constitución Política de Sinaloa”, consistente en reconocer la validez de los
artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, y 77 Bis, párrafos primero –salvo su porción
normativa “con excepción de los del Poder Judicial del Estado”- y tercero, de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco
González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I.,
Laynez Potisek, Pérez Dayán con precisiones y Presidente Aguilar Morales, respecto del
considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su inciso A), denominado “Análisis del
artículo 77 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa”, consistente
en declarar la invalidez del artículo 77 Bis, párrafo primero, en la porción normativa “con
excepción de los del Poder Judicial del Estado”, de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra y anunció voto particular. El señor
Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente. La señora Ministra Piña Hernández
reservó su derecho de formular voto concurrente.
En relación con el punto resolutivo cuarto:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna
Ramos vencida por la mayoría, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo
Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar
Morales, respecto del considerando sexto, relativo a los efectos de la sentencia.
En relación con el punto resolutivo quinto:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna
Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández,
Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.
El señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no asistió a la sesión de veintinueve de
junio de dos mil diecisiete por desempeñar una comisión oficial.
El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los
términos precisados.
130
Firman los señores Ministros Presidente y el Ponente, con el Secretario General de
Acuerdos que autoriza y da fe.
El Ministro Presidente: Luis María Aguilar Morales.- Rúbrica.- El Ministro Ponente: Ministro
Javier Laynez Potisek.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos: Rafael Coello Cetina.-
Rúbrica.
(Decreto No. 391, de fecha 7 de marzo del 2018, publicado en el P.O. No. 031 de fecha 09 de
marzo de 2018).
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Comuníquese el presente Decreto a los Ayuntamientos del Estado, para los
efectos estipulados en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
(Decreto No. 861, de fecha 26 de octubre del 2018, publicado en el P.O. No. 132 de fecha 26
de octubre de 2018).
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto No. 155, de fecha 28 de mayo del 2019, publicado en el P.O. No. 071 de fecha 12 de
junio de 2019).
ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto No. 295, de fecha 31 de julio de 2019, publicado en el P.O. No. 140 de fecha 18 de
noviembre de 2019)
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera
sección, de fecha 01 de julio de 2020).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. El Congreso del Estado, deberá armonizar y adecuar las leyes secundarias a lo
dispuesto por este Decreto, dentro del plazo de 180 días naturales, contado a partir de la
131
entrada en vigor del presente Decreto, procurando observar el principio de paridad de género
en los términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. La observancia del principio de paridad de género para los cargos de elección
popular, después de la entrada en vigor del presente Decreto, será aplicable a quienes tomen
posesión de su encargo a partir del proceso electoral 2020-2021.
Con relación a los organismos de la Administración Pública Estatal, Organismos Autónomos,
Poder Judicial, así como a la Administración Pública en los Municipios, su integración y
designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y
nombramientos que correspondan, de conformidad con la Ley.
(Decreto No. 453, de fecha 02 de junio de 2020, publicado en el P.O. No. 079, primera sección,
de fecha 01 de julio de 2020)
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado contará con un plazo de 120 días hábiles
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las modificaciones
correspondientes a su Ley Orgánica y a los reglamentos internos o en su caso emitir la
reglamentación que corresponda.
(Decreto No. 467 de fecha 2 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No. 084 de fecha 13 de
julio de 2020).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto No. 488 de fecha 10 de septiembre de 2020 y publicado en el P.O. No. 110, Edición
Vespertina de fecha 11 de septiembre de 2020).
PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. La iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa
para el Ejercicio Fiscal 2021, deberá prever una partida específica para garantizar los recursos
humanos, materiales y estructura de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos
Electorales, para su adecuada operación, eficacia y eficiencia en su desempeño.
Para lo que resta del ejercicio 2020 funcionará con el presupuesto que se le haya asignado en
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de este año.
132
TERCERO. Los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, en Desaparición Forzada
de Personas, en Materia de Tortura y en Atención de Delitos Electorales que se encuentren en
funciones a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán en su encargo hasta que sean
removidos por el Fiscal General.
(Decreto No. 565 de fecha 19 de enero de 2021, publicado en el P.O. No. 023, de 22 de febrero
de 2021).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto No. 599 de fecha 5 de marzo de 2021, publicado en el P. O. No. 035, de fecha 22 de
marzo de 2021).
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTÍCULO SEGUNDO. El Primer Ayuntamiento del Municipio de Eldorado será electo en las
elecciones ordinarias correspondientes al año dos mil veinticuatro, para entrar en funciones el
día primero de noviembre de ese mismo año.
ARTÍCULO TERCERO. El Primer Ayuntamiento del Municipio de Juan José Ríos será electo
en las elecciones ordinarias correspondientes al año dos mil veinticuatro, para entrar en
funciones el día primero de noviembre de ese mismo año.
(Decreto No. 589, de fecha 16 de marzo de 2021, publicado en el P. O. No. 039 de fecha 31 de
marzo de 2021).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto No. 590, de fecha 16 de marzo de 2021, publicado en el P. O. No. 039 de fecha 31 de
marzo de 2021).
ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y
entrará en vigor a partir del primero de enero del año 2022.
(Decreto No. 588 de fecha 16 de marzo de 2021, publicado en el Periódico Oficial No. 046 del
16 de abril de 2021).
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
133
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones
correspondientes a los ordenamientos secundarios para dar cumplimiento a lo previsto en el
presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del mismo.
ARTÍCULO TERCERO. El Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados en materia Laboral
del del Poder Judicial del Estado iniciarán sus actividades a más tardar el día 03 de octubre del
año 2022, en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades
presupuestales.
(Reformado mediante Decreto 252, publicado en el en el P.O. No. 114, Edición Vespertina, del
21 de septiembre de 2022).
ARTÍCULO CUARTO. El Ejecutivo del Estado deberá enviar al Congreso del Estado la terna
para designar al titular del Centro de Conciliación Laboral, al inicio en funciones del Centro de
Conciliación Laboral.
ARTÍCULO QUINTO. En tanto se instituye e inicia operaciones el Centro de Conciliación
Laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Dirección del Trabajo y Previsión
Social continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el
trabajo, y sobre el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. Los
asuntos que estuvieren en trámite al momento de iniciar sus funciones el Centro de
Conciliación Laboral serán resueltos conforme a las disposiciones aplicables al momento de su
inicio.
ARTÍCULO SEXTO. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo
la atención de los asuntos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se respetarán conforme
a la Ley.
ARTÍCULO SÉPTIMO. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje deberá transferir los
procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de su competencia tenga bajo
su atención o resguardo al Centro de Conciliación Laboral, que se encargará de resolver las
diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores.
ARTÍCULO OCTAVO. Los recursos humanos, materiales y financieros que le pertenecen a la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje pasarán a formar parte del Centro de Conciliación
Laboral.
(Decreto No. 651, de fecha 29 de julio del 2021, publicado en el P.O. No. 094 de fecha 04 de
agosto de 2021).
134
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
ARTÍCULO SEGUNDO. La reforma al párrafo segundo y la adición del párrafo tercero, del
artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que se modifica mediante el
presente Decreto, entrarán en vigor el día primero de enero de 2022.
ARTÍCULO TERCERO. Las adecuaciones reglamentarias que se deriven del presente Decreto
deberán realizarse dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del mismo.
ARTÍCULO CUARTO. Por esta sola ocasión la persona Titular del Poder Ejecutivo saliente,
presentará el informe de conformidad con el texto vigente hasta antes de la entrada en vigor del
Presente Decreto.
(Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 09 de septiembre
de 2021 en la acción de inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018, notificada en
fecha 13 de septiembre de 2021)
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su
acumulada.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 4 Bis A, fracción I, en su porción normativa
‘desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley
correspondiente, hasta su muerte’ de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, reformado
mediante el Decreto Número 861, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa
el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación
de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa, de conformidad los apartados
VII y VIII de esta decisión.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico
Oficial del Estado de Sinaloa, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
(Decreto No. 81, de fecha 09 de marzo de 2022 y publicado en el P.O. No. 043 de fecha 08 de
abril de 2022).
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto No. 138, de fecha 17 de mayo de 2022, publicado en el Periódico Oficial No. 073, de
fecha 17 de junio de 2022).
135
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá expedir la Ley de Revocación de Mandato para el
Estado de Sinaloa dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del
presente Decreto.
(Decreto No. 164, de fecha 28 de junio del 2022, publicado en el P.O. No. 082 de fecha 08 de
julio de 2022).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Decreto No. 252, de fecha 28 de julio del 2022, publicado en el P.O. No. 114 de fecha 21 de
septiembre de 2022).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Decreto No. 209, de fecha 14 de julio del 2022, y publicado en el P.O. No. 115 de fecha 23 de
septiembre del 2022).
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que se oponga a lo señalado en este
Decreto.
(Decreto No. 256, de fecha 29 de agosto de 2022, publicado en el Periódico Oficial No. 126 de
fecha 19 de octubre de 2022).
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
136
(Decreto No. 197, de fecha 30 de junio de 2022, publicado en el P.O. No. 099, de fecha 17 de
agosto de 2022).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primer día hábil del mes de enero del año
2023, previa publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, sin perjuicio de lo
establecido en los artículos transitorios subsecuentes.
SEGUNDO. Por única ocasión la Auditoría Superior presentará al Congreso del Estado por
conducto de su Comisión de Fiscalización, el Informe General y los Informes Individuales
correspondientes a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año
2021, el día 30 de septiembre del año 2022.
TERCERO. De conformidad con lo previsto en el Artículo Transitorio anterior, el Congreso del
Estado deberá concluir la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal del año 2021 en
términos de lo previsto por el artículo 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, por única ocasión, a más tardar el día 31 de enero del año 2023.
(Decreto No. 497, publicado en el P.O. No. 076, de fecha 23 de junio de 2023).
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Decreto No. 514, publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el
presente Decreto.
TERCERO. En un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor
del presente Decreto, el H. Congreso del Estado de Sinaloa deberá realizar las adecuaciones
correspondientes a la legislación estatal, con la finalidad de armonizar conforme al presente
Decreto.
CUARTO. Notifíquese a los Ayuntamientos para su aprobación, en los términos de lo dispuesto
por el artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
(Decreto 569, publicado en el P.O. No. 129, de fecha 25 de octubre de 2023).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
137
SEGUNDO. Los Ayuntamientos con representación indígena deberán facilitar los elementos y
recursos materiales que se requieran para el desempeño de las actividades esenciales e
indispensables del representante indígena.
TERCERO. En un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, este H. Congreso deberá llevar a cabo las reformas que se deriven
del mismo.
(Decreto No. 878, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 118, de fecha 27
de septiembre de 2024).
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
(Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 020, de fecha 14
de febrero de 2025).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. En un plazo de 120 días naturales el Congreso del Estado deberá armonizar el
marco jurídico correspondiente a la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto a
partir de la entrada en vigor del mismo.
- - - - - - - -
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, expedida por la Vigésima Novena
Legislatura el 22 de junio de 1922, que reforma la del 25 de agosto de 1917.
REFORMAS Y ADICIONES:
1. Decreto Nº 8, expedido por la Trigésima Tercera Legislatura, el 29 de septiembre de
1928, publicado en el Periódico Oficial Nº 120 de fecha 06 de octubre de 1928, que
reforma los Artículos 10, 24, 25, 37, 43, 54, 56, 61, 65, 67, 74, 75, 95, 96, 106, 107, 113,
114, 115, 116, 123, 125, 126, 127, 128, 140, 146 y 157.
138
2. Decreto Nº 49, expedido por la Trigésima Tercera Legislatura, el 7 de noviembre de
1928, publicado en el Periódico Oficial Nº 136 de fecha 13 de noviembre de 1928, que
suprime la fracción XXI del Artículo 65 y reforma el 115.
3. Decreto Nº 225, expedido por la Trigésima Tercera Legislatura, el 20 de mayo de 1930,
publicado en el Periódico Oficial Nº 63 de fecha 31 de mayo de 1930, que reforma los
Artículos 20, 23 y Cuarto Transitorio.
4. Decreto Nº 25, expedido por la Trigésima Cuarta Legislatura, el 25 de octubre de 1930,
publicado en el Periódico Oficial Nº 130 de fecha 8 de noviembre de 1930, que adiciona
el Capítulo III, Sección IV bis, Artículos 89 A, 89 B y 89.
5. Decreto Nº 86, expedido por la Trigésima Quinta Legislatura, el 18 de abril de 1933,
publicado en el Periódico Oficial Nº 46 fecha 18 de abril de 1933, relativo a la aplicación
de la fracción XIV del Artículo 154. (*No es reforma a la Constitución)
6. Decreto Nº 87, expedido por la Trigésima Quinta Legislatura, el 18 de abril de 1933,
publicado en el Periódico Oficial Nº 50 de fecha 27 de abril de 1933, que reforma el
Artículo 154.
7. Decreto Nº 174, expedido por la Trigésima Quinta Legislatura, el 31 de enero de 1934,
publicado en el Periódico Oficial Nº 14 de fecha 1º de febrero de 1934, que reforma y
adiciona los Artículos 25 fracción IV, 47, 56 fracción V, 66, 67 fracciones I y II, 68, 69,
70, 72, 85, 116 bis fracción III y 144 fracción II inciso 3.
8. Decreto Nº 187, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 20 de mayo de 1937,
publicado en el Suplemento del Periódico Oficial Nº 76 de fecha 29 de junio de 1937,
que reforma los Artículos 11 fracción II, 13, 23, 36, 37, 43 fracción XVII, 56 fracción III,
VII, 58, 64, 65 fracción VI y 117.
9. Decreto Nº 302, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 4 de enero de 1938,
publicado en el Periódico Oficial Nº 7 de fecha 15 de enero de 1938, que reforma los
Artículos 45 fracción VI, 115 y 159.
10. Decreto Nº 364, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 26 de abril de 1938,
publicado en el Periódico Oficial Nº 52 de fecha 3 de mayo de 1938, que reforma los
Artículos 78 y 79.
11. Decreto Nº 351, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 8 de marzo de 1938,
publicado en el Periódico Oficial Nº 42 de fecha 9 de abril de 1938, que reforma y
adiciona los Artículos 61 y 116 bis fracción IV.
139
12. Decreto Nº 377, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 12 de mayo de 1938,
publicado en el Periódico Oficial Nº 59 de fecha 21 de mayo de 1938, que reforma los
Artículos 90, 91, 92 y 154.
13. Decreto Nº. 379, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 13 de mayo de 1938,
publicado en el Periódico Oficial Nº 58 de fecha 19 de mayo de 1938, que reforma el
Artículo 24.
14. Decreto Nº 413, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 14 de julio de 1938,
publicado en el Periódico Oficial Nº 84 de fecha 19 de julio de 1938, que deroga el
decreto 187 de 20 de mayo de 1937 y pone en vigor los Artículos 23, 36 y 37.
15. Decreto Nº 452, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 18 de octubre de 1938,
publicado en el Periódico Oficial Nº 126 de fecha 27 de octubre de 1938, que adiciona el
Capítulo II, artículo 10 Bis.
16. Decreto Nº 480, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 22 de noviembre de
1938, publicado en el Periódico Oficial Nº 139 de fecha 26 de noviembre de 1938, que
reforma la fracción XI del Artículo 65.
17. Decreto Nº 578, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 15 de mayo de 1939,
publicado en el Periódico Oficial Nº 62 de fecha 25 de mayo de 1939, que adiciona la
fracción XXII del Artículo 43.
18. Decreto Nº 579, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 15 de mayo de 1939,
publicado en el Periódico Oficial Nº 73 de fecha 20 de junio de 1939, que reforma el
Artículo 25, fracciones I y II y se adiciona la fracción V al Artículo 116 Bis.
19. Decreto Nº 675, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 19 de diciembre de
1939, publicado en el Periódico Oficial Nº 149 de fecha 21 de diciembre de 1939, que
reforma el Artículo 58.
20. Decreto Nº 676, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 3 de enero de 1940,
publicado en el Periódico Oficial Nº 2 de fecha 04 de enero de 1940, que reforma el
Artículo 64.
21. Decreto Nº 707, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 9 de febrero de 1940,
publicado en el Periódico Oficial Nº 19 de fecha 13 de febrero de 1940, que reforma el
Artículo 115.
140
22. Decreto Nº 713, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 28 de febrero de 1940,
publicado en el Periódico Oficial Nº. 30 de fecha 09 de marzo de 1940, que reforma el
Artículo 20.
23. Decreto Nº 714, expedido por la Trigésima Sexta Legislatura, el 28 de febrero de 1940,
publicado en el Periódico Oficial Nº 32 de fecha 14 de marzo de 1940, que reforma el
Artículo 25 fracción II.
24. Decreto Nº 109, expedido por la Trigésima Séptima Legislatura, el 26 de marzo de
1941, publicado en el Periódico Oficial Nº 43 de fecha 10 de abril de 1941, que reforma
el Artículo 61.
25. Decreto Nº 113, expedido por la Trigésima Séptima Legislatura, el 31 de marzo de
1941, publicado en el Periódico Oficial Nº 45 de fecha 15 de abril de 1941, que reforma
los Artículos 43 fracción XXV y 65 fracción XXIII.
26. Decreto Nº 223, expedido por la Trigésima Séptima Legislatura, el 9 de diciembre de
1941, publicado en el Periódico Oficial Nº 147 de fecha 16 de diciembre de 1941, que
adiciona la Fracción III del Artículo 65.
27. Decreto Nº 379, expedido por la Trigésima Séptima Legislatura, el 14 de mayo de 1943,
publicado en el Periódico Oficial Nº 61 de fecha 25 de mayo de 1943, que reforma el
Artículo 57.
28. Decreto No. 392, expedido por la Trigésima Séptima Legislatura, el 07 de junio de 1943,
publicado en el Periódico Oficial No. 73, de fecha 22 de junio de 1943, que reforma las
fracciones III y VII del Artículo 56.
29. Decreto Nº 414, expedido por la Trigésima Séptima Legislatura, el 11 de septiembre de
1943, publicado en el Periódico Oficial Nº 112 de fecha 23 de septiembre de 1943, que
reforma los Artículos 23, 36 y 113.
30. Decreto Nº 493, expedido por la Trigésima Séptima Legislatura, el 12 de mayo de 1944,
publicado en el Periódico Oficial Nº 60 de fecha 23 de mayo de 1944, que reforma los
artículos 30 y 117.
31. Decreto Nº 77, expedido por la Trigésima Octava Legislatura, el 25 de abril de 1945,
publicado en el Periódico Oficial Nº 49 de fecha 26 de abril de 1945, que reforma los
Artículos 58 y 64.
141
32. Decreto Nº 82, expedido por la Trigésima Octava Legislatura, el 12 de mayo de 1945,
publicado en el Periódico Oficial Nº 64 de fecha 05 de junio de 1945, que reforma el
Artículo 65 fracción XXIII.
33. Decreto Nº 147, expedido por la Trigésima Octava Legislatura, el 15 de marzo de 1946,
publicado en el Periódico Oficial Nº 31 de fecha 16 de marzo de 1946, que reforma el
Artículo 66.
34. Decreto Nº 175, expedido por la Trigésima Octava Legislatura, el 4 de junio de 1946,
publicado en el Periódico Oficial Nº 75 de fecha 27 de junio de 1946, que restablece en
todo su vigor la Fracción XXIII del Artículo 65.
35. Decreto Nº 156, expedido por la Trigésima Octava Legislatura, el 08 de mayo de 1946.
(NO FUE PUBLICADO)
36. Decreto Nº 25, expedido por la Trigésima Novena Legislatura, el 27 de octubre de 1947,
publicado en el Periódico Oficial Nº 139 de fecha 27 de noviembre de 1947, que reforma
el Artículo 66.
37. Decreto Nº 28, expedido por la Trigésima Novena Legislatura, el 27 de octubre de 1947,
publicado en el Periódico Oficial Nº 140 de fecha 29 de noviembre de 1947, que
suprime la Fracción XI del Artículo 65 y se reforma el Artículo 90.
38. Decreto Nº 30, expedido por la Trigésima Novena Legislatura, el 5 de noviembre de
1947, publicado en el Periódico Oficial Nº 142 de fecha 04 de diciembre de 1947, que
reforma las Fracciones I y VII del Artículo 56.
39. Decreto Nº 98, expedido por la Trigésima Novena Legislatura, el 22 de abril de 1948,
publicado en el Periódico Oficial Nº 55 de fecha 13 de mayo de 1948, que contiene
reformas a los Artículos 59 y 65 VIII.
40. Decreto Nº 142, expedido por la Trigésima Novena Legislatura, el 30 de octubre de
1948, publicado en el Periódico Oficial Nº 138 de 30 de noviembre de 1948, que
restablece la Fracción XI del Artículo 65, y reforma los Artículos 90, 91 y 92.
41. Decreto Nº 159, expedido por la Trigésima Novena Legislatura, el 20 de diciembre de
1948, publicado en el Periódico Oficial Nº 149 de feha 28 de diciembre de 1948, que
reforma el Artículo 61.
42. Decreto No. 207, expedido por la Trigésima Novena Legislatura, el 31 de mayo de 1949,
publicado en el Periódico Oficial Nº 61 de fecha 31 de mayo de 1949, que reforma los
artículos 99 y 104 fracción VII.
142
43. Decreto No. 273, expedido por la Trigésima Novena Legislatura, el 12 de enero de
1950, publicado en el Periódico Oficial Nº 11 de fecha 26 de enero de 1950, que deroga
el artículo 10-Bis, y reforma el 113.
44. Decreto Nº 323, expedido por la Trigésima Novena Legislatura, el 15 de mayo de 1950,
publicado en el Periódico Oficial Nº 61 de fecha 25 de mayo de 1950, que reforma los
Artículos 25 fracción IV y Artículo 116 bis fracción III.
45. Decreto Nº 62, expedido por la Cuadragésima Legislatura, el 27 de diciembre de 1950,
publicado en el Periódico Oficial Nº 153 de fecha 30 de diciembre de 1950, que reforma
la Sección I "De los Departamentos Gubernativos", del Capítulo III, del Título IV, que
comprende los artículos del 66 al 72; Artículos 25 fracción IV, 47, 56 fracción V, 58, 85,
116 Bis fracción III y 144 fracción II inciso 3.
46. Decreto Nº 222, expedido por la Cuadragésima Legislatura, el 14 de enero de 1952,
publicado en el Periódico Oficial Nº 12 de fecha 26 de enero de 1952, que reforma el
Artículo 66.
47. Decreto Nº 356, expedido por la Cuadragésima Legislatura, el 23 de marzo de 1953,
publicado en el Periódico Oficial Nº 41 de fecha 14 de abril de 1953, que reforma la
Sección I, denominada "De los Departamentos Gubernativos", del Capítulo III, del Título
IV, que comprende los artículos del 66 al 72; los Artículos 25 fracción IV, 47, 56 fracción
V, 58, 85, 116 bis fracción III y 144 fracción II, inciso 3.
48. Decreto Nº 382, expedido por la Cuadragésima Legislatura, el 30 de abril de 1953,
publicado en el Periódico Oficial Nº 56 de fecha 21 de mayo de 1953, que reforma el
Artículo 59.
49. Decreto Nº 406, expedido por la Cuadragésima Legislatura, el 14 de julio de 1953,
publicado en el Periódico Oficial Nº 88 de fecha 04 de agosto de 1953, que reforma el
Artículo 61.
50. Decreto Nº 407, expedido por la Cuadragésima Legislatura, el 14 de julio de 1953,
publicado en el Periódico Oficial Nº 89 de fecha 06 de agosto de 1953, que adiciona la
Fracción III al Artículo 9, deroga la Fracción III del Artículo 104, se adiciona el Artículo
93 y se crea la Sección III del Capítulo IV del Título IV, que se denomina "Del Jurado de
Responsabilidades".
51. Decreto No. 17, expedido por la Cuadragésima Primera Legislatura, el 13 de noviembre
de 1953, publicado en el Periódico Oficial Nº 139 de fecha 1º de diciembre de 1953.
143
52. Decreto Nº 23, expedido por la Cuadragésima primera, el 8 de diciembre de 1953,
publicado en el Periódico Oficial Nº 148 de fecha 24 de diciembre e 1953, que adiciona
el Artículo 11 fracción II.
53. Decreto Nº 25, expedido por la Cuadragésima Primera Legislatura el 17 de diciembre de
1953, publicado en el Periódico Oficial Nº 149 de fecha 26 de diciembre de 1953, que
reforma los Artículos 18 fracción II, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 104, 106, 107 y 109.
54. Decreto Nº 280, expedido por la Cuadragésima Primera Legislatura el 20 de diciembre
de 1955, publicado en el Periódico Oficial Nº 151 de fecha 31 de diciembre de 1955,
que reforma los Artículos 94, 98, 99, 102 fracción II, 104 y 144 fracción II inciso 4.
55. Decreto Nº 112, expedido por la Cuadragésima Segunda Legislatura el 12 de junio de
1957, publicado en el Periódico Oficial Nº 31 de fecha 13 de julio de 1957, que reforma
los Artículos 40 y 65 fracción XV.
56. Decreto Nº 218, expedido por la Cuadragésima Segunda Legislatura el 17 de
septiembre de 1958, publicado en el Periódico Oficial Nº 134 de fecha 15 de noviembre
de 1958, que reforma el Artículo 40 y adiciona el 40 Bis.
57. Decreto Nº 333, expedido por la Cuadragésima Segunda Legislatura el 20 de julio de
1959, publicado en el Periódico Oficial Nº 90 de fecha 08 de agosto de 1959, que
reforma la Fracción III del Artículo 43.
58. Decreto Nº 222, expedido por la Cuadragésima Tercera Legislatura el 7 de septiembre
de 1961, publicado en el Periódico Oficial Nº 108 de 12 de septiembre de 1961, que
reforma el Artículo 40 bis.
59. Decreto Nº 279, expedido por la Cuadragésima Tercera Legislatura el 22 de febrero de
1962, publicado en el Periódico Oficial Nº 27 de fecha 06 de marzo de 1962.
60. Decreto Nº 315, expedido por la Cuadragésima Tercera Legislatura el 6 de agosto de
1962, que reforma la Fracción I del Artículo 18. Este Decreto NO SE PUBLICÓ y quedó
sin efectos según Decreto No. 25 de fecha 17 de diciembre de 1962, publicado en el
Periódico Oficial Nº 148 de fecha 28 de diciembre de 1962.
61. Decreto Nº 318, expedido por la Cuadragésima Tercera Legislatura el 30 de agosto de
1962, publicado en el Periódico Oficial Nº 109 de fecha 22 de septiembre de 1962, que
reforma el Artículo 157.
144
62. Decreto Nº 322, expedido por la Cuadragésima Tercera Legislatura el 30 de agosto de
1962, publicado en el Periódico Oficial Nº 108 de fecha 20 de septiembre de 1962, que
reforma los Artículos 151 y 154.
63. Decreto Nº 25, expedido por la Cuadragésima Cuarta Legislatura el 17 de diciembre de
1962, publicado en el Periódico Oficial Nº 148 de fecha 27 de diciembre de 1962, que
reforma la Fracción I del Artículo 18.
64. Decreto Nº 69, expedido por la Cuadragésima Cuarta Legislatura el 28 de marzo de
1963, publicado en el Periódico Oficial Nº 45 de fecha 18 de abril de 1963, que reforma
los Artículos 80, 81, 82, 83, 84 y 85 y se suprimen los artículos 87, 88 y 89 y toda la
Sección IV Bis y se adicionan los artículos 127 y 128.
65. Decreto Nº 255, expedido por la Cuadragésima Cuarta Legislatura el 15 de marzo de
1965, publicado en el Periódico Oficial Nº 42 de fecha 08 de abril de 1965, que reforma
el Artículo 36.
66. Decreto Nº 63, expedido por la Cuadragésima Quinta Legislatura el 28 de abril de 1966,
publicado en el Periódico Oficial Nº 63 de fecha 26 de mayo de 1966, que reforma los
Artículos 37, 43 XXVI, 112, 119 I y V y 146.
67. Decreto Nº 140, expedido por la Cuadragésima Quinta Legislatura el 29 de julio de
1967, publicado en el Periódico Oficial Nº 92 de fecha 03 de agosto de 1967, que
reforma el Artículo 94.
68. Decreto Nº 229, expedido por la Cuadragésima Quinta Legislatura el 30 de enero de
1968, publicado en el Periódico Oficial Nº 24 de fecha 24 de febrero de 1968, que
reforma los Artículos 93, 104 fracciones III y IV, 106 y 109.
69. Decreto Nº 247, expedido por la Cuadragésima Quinta Legislatura el 27 de abril de
1968, publicado en el Periódico Oficial Nº 51 de fecha 27 de abril de 1968, que reforma
la Fracción V del Artículo 56 y la Fracción III del Artículo 116 bis.
70. Decreto Nº 277, expedido por la Cuadragésima Quinta Legislatura el 7 de agosto de
1968, publicado en el Periódico Oficial Nº 113 de fecha 19 de septiembre de 1968, que
reforma el Artículo 108.
71. Decreto Nº 305, expedido por la Cuadragésima Quinta Legislatura el 26 de noviembre
de 1968, publicado en el Periódico Oficial Nº 149 de fecha 12 de diciembre de 1968,
que reforma el Artículo 94.
145
72. Decreto Nº 108, expedido por la Cuadragésima Sexta Legislatura el 26 de febrero de
1970, publicado en el Periódico Oficial Nº 33 de fecha 17 de marzo de 1970, que
reforma la Fracción I del Artículo 8.
73. Decreto Nº 273, expedido por la Cuadragésima Sexta Legislatura el 24 de agosto de
1971, publicado en el Periódico Oficial Nº 103 de fecha 28 de agosto de 1971, que
reforma el último párrafo del Artículo 115 y 117.
74. Decreto Nº 71, expedido por la Cuadragésima Séptima Legislatura el 26 de octubre de
1972, publicado en el Periódico Oficial Nº 137 de fecha 14 de noviembre de 1972, que
reforma los Artículos 40 y 65 fracción XV.
75. Decreto Nº 79, expedido por la Cuadragésima Séptima Legislatura el 30 de noviembre
de 1972, publicado en el Periódico Oficial Nº 149 de fecha 12 de diciembre de 1972,
que reforma los Artículos 25 fracción IV, 47, 56 V, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 82, 85,
116 bis fracción III y 144 apartado 3.
76. Decreto Nº 214, expedido por la Cuadragésima Séptima Legislatura el 14 de marzo de
1974, publicado en el Periódico Oficial Nº 36 de fecha 22 de marzo de 1974, que
reforma el Artículo 25 fracción III.
77. Decreto Nº 231, expedido por la Cuadragésima Séptima Legislatura el 16 de mayo de
1974, publicado en el Periódico Oficial Nº 60 de fecha 17 de mayo de 1974, que reforma
los Artículos 20 y 24.
78. Decreto Nº 75, expedido por la Cuadragésima Octava Legislatura el 16 de diciembre de
1975, publicado en el Periódico Oficial Nº 6 de fecha 14 de enero de 1976, que adiciona
al Título IV un Capítulo V "De la Jurisdicción Administrativa", Artículo 109 bis.
79. Decreto Nº 150, expedido por la Cuadragésima Octava Legislatura el 16 de diciembre
de 1976, publicado en el Periódico Oficial Nº 2 de fecha 05 de enero de 1977, que
reforma el Artículo 40.
80. Decreto Nº 67, expedido por la Cuadragésima Novena Legislatura el 10 de abril de
1979, publicado en el Periódico Oficial Nº 47 de fecha 18 de abril de 1979, que reforma
y adiciona los Artículos 14, 23, 24, 26, 30, 33, 41, 43, 45, 46 y 113.
81. Decreto Nº 198, expedido por la Cuadragésima Novena Legislatura el 10 de junio de
1980, publicado en el Periódico Oficial Nº 74 de fecha 20 de junio de 1980, que reforma
el Artículo 40.
146
82. Decreto Nº 5, expedido por la Quincuagésima Legislatura el 2 de enero de 1981,
publicado en el Periódico Oficial Nº 1 bis de fecha 02 de enero de 1981, que reforma y
adiciona en su caso, los Artículos 25 fracción IV, 37, 43 fracciones I, II, III, XXV y XXXIII,
56 fracción V, 65 fracciones I, XIV, XXIII y XXIV, 66, 67, 68, 70, 72, 75, 77, 79, 81, 85,
90, 91, 92, 109 bis, 116 bis fracción III, 144 fracción II inciso 3), 152 y 155.
83. Decreto Nº 302, expedido por la Quincuagésima Legislatura el 2 de junio de 1983,
publicado en el Periódico Oficial Nº 74 de fecha 22 de junio de 1983, que reforma el
Artículo 18.
84. Decreto Nº 23, expedido por la Quincuagésima Primera Legislatura el 26 de enero de
1984, publicado en el Periódico Oficial Nº 12 primera sección, de fecha 27 de enero de
1984 que reforma el Título V "Del Municipio Libre" (Artículos del 110 al 129).
85. Decreto Nº 24, expedido por la Quincuagésima Primera Legislatura el 26 de enero de
1984, publicado en el Periódico Oficial Nº 12 primera sección, de fecha 27 de enero de
1984 que reforma el Título VI "De las responsabilidades de los Servidores Públicos"
(Artículos del 130 al 140) y reforma los Artículos 43 fracción XX, 95, 102, 104 fracciones
I, II y III, 144, 145, 146, 149 y 155.
86. Decreto Nº 161, expedido por la Quincuagésima Primera Legislatura el 19 de febrero de
1985, publicado en el Periódico Oficial Nº 25 segunda sección, de fecha 27 de febrero
de 1985, que reforma los Artículos 9, 34, 43, 46, 50, 58, 65, 71, 75, 79, 83, 94, 96, 99,
102, 104, 107, 144, 148, 150, 152 y 154, y se adiciona el Artículo 98.
87. Decreto Nº 182, expedido por la Quincuagésima Primera Legislatura el 18 de abril de
1985, publicado en el Periódico Oficial Nº 50 de 26 de abril de 1985, que reforma los
Artículos 37, 38 párrafo final, 43 fracción XXII y 65 fracción VI.
88. Decreto Nº 230, expedido por la Quincuagésima Primera Legislatura el 9 de julio de
1985, publicado en el Periódico Oficial Nº 84 primera sección, de fecha 12 de julio de
1985, que reforma el Artículo 152.
89. Decreto Nº 38, expedido por la Quincuagésima Segunda Legislatura el 23 de febrero de
1987, publicado en el Periódico Oficial Nº 24 edición extraordinaria, de fecha 24 de
febrero de 1987, que reforma los Artículos 43 fracción XXIII y 84, y se adiciona la
Fracción XXI del Artículo 65.
90. Decreto Nº 433, expedido por la Quincuagésima Segunda Legislatura el 24 de marzo de
1988, publicado en el Periódico Oficial Nº 37 segunda sección, de fecha 25 de marzo de
1988, que reforma los Artículos 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 109 y 148.
147
91. Decreto Nº 640, expedido por la Quincuagésima Segunda Legislatura el 20 de
diciembre de 1988, publicado en el Periódico Oficial Nº 158 primera sección, de fecha
28 de diciembre de 1988, que reforma los Artículos 37, 43 fracción XXII y 65 fracción VI.
FE de Erratas publicada en el Periódico Oficial Nº 159 Bis de fecha 30 de diciembre de
1988.
92. Decreto Nº 641, expedido por la Quincuagésima Segunda Legislatura el 20 de
diciembre de 1988, publicado en el Periódico Oficial Nº 158 primera sección, de fecha
28 de diciembre de 1988, que reforma los Artículos 94 y 99.
93. Decreto Nº 793, expedido por la Quincuagésima Segunda Legislatura el 11 de abril de
1989, publicado en el Periódico Oficial Nº 44 Bis de fecha 12 de abril de 1989, que
reforma el Artículo 24.
94. Decreto Nº 837, expedido por la Quincuagésima Segunda Legislatura el 6 de julio de
1989, publicado en el Periódico Oficial Nº 82 segunda sección, de fecha 10 de julio de
1989, que reforma el Artículo 154 fracciones XIII y XIV.
95. Decreto Nº 880, expedido por la Quincuagésima Segunda Legislatura el 8 de agosto de
1989, publicado en el Periódico Oficial Nº 96 de fecha 11 de agosto de 1989, que
reforma los Artículos 15 y 16.
96. Decreto Nº 10, expedido por la Quincuagésima Tercera Legislatura el 16 de enero de
1990, publicado en el Periódico Oficial Nº 10 de fecha 22 de enero de 1990, que
reforma el Artículo 94.
97. Decreto Nº 423, expedido por la Quincuagésima Tercera Legislatura el 31 de marzo de
1992, publicado en el Periódico Oficial Nº 40 de fecha 1º de abril de 1992, que reforma
los Artículos 10 fracción I, 14, 24, 40, 43 fracción XV, 50 fracción III, 111, 112, 114, 117,
119, 120, 144 fracción II punto 5 y 146.
98. Decreto Nº 452, expedido por la Quincuagésima Tercera Legislatura el 26 de mayo de
1992, publicado en el Periódico Oficial Nº 66 de fecha 1º de junio de 1992, que reforma
el Artículo 15.
99. Decreto Nº 32, expedido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura el 19 de enero de
1993, publicado en el Periódico Oficial Nº 13 primera sección, de fecha 29 de enero de
1993, que adiciona la Sección II Bis con el Artículo 77 Bis.
100. Decreto No. 241, expedido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura el 13 de enero de
1994 y publicado en el P.O. No. 17 de fecha 9 de febrero de 1994
148
101. Decreto Nº 315, expedido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura el 12 de abril de
1994, publicado en el Periódico Oficial Nº 47 de fecha 20 de abril de 1994, que reforma
los Artículos 37, 43 fracción XXII y se adiciona la fracción XXII Bis, 53 y 54.
102. Decreto Nº 316, expedido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura el 12 de abril de
1994, publicado en el Periódico Oficial Nº 47 de fecha 20 de abril de 1994, que reforma
los Artículos 43 fracción XXIII y 65 fracción XXI.
103. Decreto Nº 429, expedido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura el 18 de agosto de
1994, publicado en el Periódico Oficial Nº 105 de 2 de septiembre de 1994, que reforma
y adiciona los Artículos 18 fracción II, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101 y 104 fracciones
VI, VII y IX, 105 Bis, 132 y 144 fracción II inciso 4, 106 al 109.
104. Decreto Nº 439, expedido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura el 27 de septiembre
de 1994, publicado en el Periódico Oficial Nº 116 primera sección, de fecha 28 de
septiembre de 1994, que reforma el Artículo 40.
105. Decreto Nº 540, expedido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura el 23 de marzo de
1995, publicado en el Periódico Oficial Nº 37 Bis de fecha 27 de marzo de 1995, que
reforma los Artículos 14, segundo párrafo, 15 y 43 fracción XII; se derogan los Artículos
26, 43 fracción XXXIII Bis y 113.
106. Decreto Nº 544, expedido por la Quincuagésima Cuarta Legislatura el 28 de marzo de
1995, publicado en el Periódico Oficial Nº 38 Bis de fecha 29 de marzo de 1995, que
reforma los Artículos 24, 25 fracción II y 30.
107. Decreto Nº 404, expedido por la Quincuagésima Quinta Legislatura el 22 de enero de
1998, publicado en el Periódico Oficial Nº 10 Bis de fecha 23 de enero de 1998.
108. Decreto N° 585, expedido por la Quincuagésima Quinta Legislatura el 06 de octubre de
1998, publicado en el Periódico Oficial No. 136 de fecha 13 de noviembre de 1998, que
reforma los Artículos 49, 65 fracciones III, XXII y XXIII Bis, 73, 74, 75, 76, 77 y 115
fracción III.
109. Decreto No. 317, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura el 28 de marzo del
2000, publicado en el Periódico Oficial No. 98 de fecha 16 de agosto del 2000, que
adiciona con dos párrafos el artículo 91.
110. Decreto No. 318, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura el 28 de marzo del
2000, publicado en el Periódico Oficial No. 101 de fecha 23 de agosto del 2000, que
reforma las fracciones I y II del artículo 112.
149
111. Decreto No. 427, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura el 27 de julio del
2000, publicado en el Periódico Oficial No. 007 de fecha 15 de enero del 2001, que
reforma el Artículo 95.
112. Decreto No. 469, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura el 19 de diciembre
del 2000, publicado en el Periódico Oficial No. 056 de fecha 09 de mayo de 2001, que
adiciona el artículo 12 y reforma el artículo13.
113. Decreto No. 513, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura el 27 de febrero del
2001, publicado en el Periódico Oficial No. 075 de fecha 22 de junio de 2001, que
adiciona la fracción XVII al artículo 43, reforma la denominación de la Sección II del
Capítulo III del Título Cuarto y sus artículos 73, 74, 75, 76 y 77.
114. Decreto No. 514, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura el 27 de febrero del
2001, publicado en el Periódico Oficial No. 073 de fecha 18 de junio 2001, que reforma
el Artículo 77 Bis.
115. Decreto No. 521, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura el 06 de marzo del
2001, publicado en el Periódico Oficial No. 078 de fecha 29 de junio de 2001, que
reforma los artículo 37 párrafo primero y 65 fracción VI.
116. Decreto No. 536, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura el 22 de marzo del
2001, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio 2001, que reforma
los artículos 14, 15, 43, 50, 65, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123,
124, 125, 132, 144 y 146 y se adicionan las fracciones IX y X al artículo 125.
117. Decreto No. 664, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura el 01 de agosto de
2001, publicado en el Periódico Oficial No. 144 de fecha 30 de noviembre de 2001, que
reforma el primer párrafo del artículo 90 y se adiciona una fracción XXXIII Bis al artículo
43.
118. Decreto No. 274, expedido por la Quincuagésima Séptima Legislatura, el 24 de marzo
de 2003, publicado en el Periódico Oficial No. 087 de fecha 21 de julio de 2003, que
reforma los artículos 43, fracción XXIII, 65 fracción XXI y 84 primer párrafo; se adiciona
un segundo párrafo al artículo 84.
119. Decreto No. 230, expedido por la Quincuagésima Séptima Legislatura, el 17 de
diciembre de 2002, publicado en el Periódico Oficial No. 112 de fecha 17 de septiembre
de 2003, que reforma la fracción XXIX de del artículo 43, la fracción XVIII del artículo
65, y adiciona una fracción III Bis al artículo 104 .
150
120. Decreto No. 715, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura, el 31 de octubre de
2001, publicado en el Periódico Oficial No. 113 de fecha 19 de septiembre de 2003, que
reforma los artículos 78, 79 primer párrafo y adiciona el Título IV con un Capítulo VI,
denominado “De la Justicia de Menores” y con un artículo 109 Bis A.
121. Decreto No. 229, expedido por la Quincuagésima Séptima Legislatura, el 17 de
diciembre de 2002, publicado en el Periódico Oficial No. 119 de fecha 03 de octubre de
2003, que reforma el artículo 146.
3. Decreto No. 714, expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura, el 31 de octubre de
2001, publicado en el Periódico Oficial No. 122, de fecha 10 de octubre de 2003, que
adiciona con la fracción IV el artículo 9 y se reforman la fracción IV del artículo 10 y el
artículo 150.
116. Decreto No. 360, expedido por la Quincuagésima Séptima Legislatura, el 29 de julio de
2003, publicado en el Periódico Oficial No. 130, de fecha 29 de octubre de 2003, que
reforma el artículo 40.
117. Decreto No. 359, expedido por la Quincuagésima Séptima Legislatura, el 29 de julio de
2003, publicado en el Periódico Oficial No. 010 de fecha 23 de enero de 2004, que
adiciona un segundo párrafo al artículo 147.
118. Decreto No. 309, expedido por la Quincuagésima Séptima Legislatura, el 01 de julio de
2003, publicado en el Periódico Oficial No. 011, de fecha 26 de enero de 2004, que
reforma el párrafo tercero del artículo 119.
119. Decreto No. 317, expedido por la Quincuagésima Séptima Legislatura, el 08 de julio de
2003, publicado en el Periódico Oficial No. 012, de fecha 28 de enero de 2004, que
adiciona el artículo 109 Bis B; y un Capítulo VII, denominado “Del Acceso a la
Información Pública”, al Título IV.
120. Decreto No. 494, expedido por la Quincuagésima Séptima Legislatura, el 26 de febrero
de 2004, publicado en el Periódico Oficial No. 102, de fecha 25 de agosto de 2004, que
reforma el artículo 40.
121. Decreto No. 517, expedido por la Quincuagésima Séptima Legislatura, el 25 de marzo
de 2004, publicado en el Periódico Oficial No. 129 de fecha 27 de octubre del a o 2004,
que modifica el artículo 43, fracciones XXII, XXII Bis, se adicionan las fracciones XXII
Bis A y XXII Bis B; se reforman los artículos 53 y 54 y se cambia la denominación de la
Sección V del Capítulo II del Título IV.
151
122. Decreto No. 313, expedido por la Quincuagésima Octava Legislatura, el 31 de marzo de
2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086 de fecha 19 de julio del a o 2006, que
reforma los párrafos primero, segundo y tercero y adiciona los párrafos del cuarto al
treceavo del artículo 14; se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo octavo del
artículo 24.
123. Decreto No. 362, expedido por la Quincuagésima Octava Legislatura, el 25 de julio de
2006, publicado en el Periódico Oficial No. 153 de fecha 20 de diciembre del a o 2006,
que reforma la denominación del Título VI y adiciona un cuarto párrafo al artículo 130 de
la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
124. Decreto No. 93, expedido por la Quincuagésima Novena Legislatura, el 1 de abril del
2008, publicado en el Periódico Oficial No. 063 de fecha 26 de mayo del a o 2008, que
reforma los artículos 1°, 2° y 3° de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
125. Decreto No. 94, expedido por la Quincuagésima Novena Legislatura, el 1 de abril del
2008, publicado en el Periódico Oficial No. 063 de fecha 26 de mayo del 2008, que
adiciona el Título I Bis “De los Derechos Humanos” y deroga el artículo 157, de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa.
126. Decreto No. 95, expedido por la Quincuagésima Novena Legislatura, el 1 de abril del
2008, publicado en el Periódico Oficial No. 063 de fecha 26 de mayo del 2008, que
reforma el artículo 43, fracción XXVIII, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
127. Decreto No. 193, expedido por la Quincuagésima Novena Legislatura, el 7 de octubre
del 2008, publicado en el Periódico Oficial No. 127 de fecha 22 de octubre de 2008, que
reforma los artículos 40, 49 y 70, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
128. Decreto No. 709, expedido por la Quincuagésima Novena Legislatura, el 29 de julio de
2010, publicado en el Periódico Oficial No. 119 de fecha 04 de octubre de 2010, que
reforma el artículo 36, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
129. Decreto No. 82, expedido por la Sexagésima Legislatura, el 15 de febrero de 2011,
publicado en el Periódico Oficial No. 063 de fecha 27 de mayo de 2011, que reforma los
artículos 37, párrafo primero; 124, segundo párrafo; 145 y 146, de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa.
130. Decreto No. 398, expedido por la Sexagésima Legislatura, el 22 de diciembre de 2011,
publicado en el Periódico Oficial No. 038 de fecha 26 de marzo de 2012, que reforma
los artículos 26; 27; 29; 36, 37; párrafo séptimo; 43, fracción XIV; y, 45, párrafo
segundo; 50, fracción VII; 52; 94, párrafo cuarto; 99, párrafo tercero y 144, fracción II,
numeral 2. Y se adicionan una fracción XIX Bis al artículo 43; los párrafos segundo,
tercero, cuarto, quinto y sexto, recorriéndose el actual segundo para ser séptimo, del
152
artículo 45; y un párrafo segundo al artículo 109 Bis, todos de la Constitución Política
del Estado de Sinaloa.
131. Decreto No. 689, expedido por la Sexagésima Legislatura, el 3 de octubre del 2012,
publicado en el Periódico Oficial No. 153 de fecha 19 de diciembre del 2012, que
reforma los artículos 37, párrafo primero; 43, fracción XXI; 124, párrafo segundo;125,
fracciones IX y X; y 155, párrafo segundo y se adicionan a los artículos 37, un párrafo
segundo, recorriéndose los subsecuentes; 43, fracción XXI Bis; 65, las fracciones XXI
Bis, XXI Bis A, XXI Bis B y XXI Bis C; 124, los párrafos tercero, cuarto y quinto; y, 125,
las fracciones XI, XII y XIII, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
132. Decreto No. 903, expedido por la Sexagésima Legislatura, el 3 de septiembre del 2013,
publicado en el Periódico Oficial No. 111 de fecha 13 de septiembre del 2013, que
reforma los artículos 1º; 4º Bis B, fracciones I, II y III; 4º Bis C, fracción I; 73, párrafo
tercero; 75, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto; 77 Bis; y 91, párrafo primero. Se
adicionan a los artículos 4º Bis, los párrafos tercero y cuarto; y al 43, la fracción XXXIV,
convirtiéndose la vigente en XXXV. Se deroga del artículo 4º Bis C, la fracción V, todos
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
133. Decreto No. 959, expedido por la Sexagésima Legislatura, el 25 de julio del 2013,
publicado en el Periódico Oficial No. 141 de fecha 22 de noviembre del 2013, que
reforma el artículo 10 párrafo primero y fracción II de la Constitución Política del Estado
de Sinaloa.
134. Decreto No. 975, expedido por la Sexagésima Legislatura, el 21 de noviembre del 2013,
publicado en el Periódico Oficial No. 31 de fecha 12 de marzo de 2014, edición
vespertina, que reforma el artículo 90, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
135. Decreto No. 123, expedido por la Sexagésima Primera Legislatura, el 22 de julio del
2014, publicado en el Periódico Oficial No. 096 de fecha 08 de agosto de 2014, que
reforma la denominación de la Sección III, del Capítulo III, del Título IV y los artículos 78
y 79 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
136. Decreto No.147, expedido por la Sexagésima Primera Legislatura, el 02 de octubre del
2014, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 129 de fecha 22 de
octubre de 2014, que reforma el artículo 12, fracción III y se deroga la fracción III Bis del
artículo 104, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
137. Decreto No.157, expedido por la Sexagésima Primera Legislatura, el 02 de octubre del
2014, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 129 de fecha 22 de
octubre de 2014, que reforma el artículo 4º Bis A, fracción X y adiciona el artículo 93
Bis, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
153
138. Decreto No. 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Sinaloa”, No. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014, que reforman los
artículos 130, párrafo primero; 132; y 135, párrafos primero y segundo. Se adicionan los
párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo
primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto,
décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno al artículo 109 Bis B de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa.
139. Decreto No. 186 de fecha 13 de enero de 2015, publicado en el Periódico Oficial No.
013 de fecha 30 de enero de 2015, que reforma el artículo 17 de la Constitución Política
del Estado de Sinaloa.
140. Decreto No. 332, de fecha 19 de mayo de 2015, publicado en el Periódico Oficial No.
65, de fecha 01 de junio de 2015 que reforman la fracción II del artículo 9°; el primer
párrafo y las fracciones II y IV del artículo 10; los artículos 14; 15; 23; párrafos segundo,
quinto y octavo del artículo 24; fracciones I y II primer párrafo del artículo 25; fracción I
del artículo 56; el artículo 57; párrafos primero y segundo del artículo 112; fracción II del
artículo 116; y el artículo 117; se adiciona el artículo 25 Bis; y se deroga la fracción IV
del artículo 9°, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
141. Decreto No. 417, de fecha 9 de diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial No.
151, de fecha 18 de diciembre del 2015 que reforma la fracción VIII del artículo 4° Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
142. Decreto No. 427, de fecha 9 de diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oficial No.
151, de fecha 18 de diciembre del 2015 que derogan el primer párrafo de la fracción V
del artículo 4° Bis B y el sexto párrafo del artículo 13 y se adiciona un artículo 13 Bis a la
Constitución Política del Estado de Sinaloa.
143. Decreto No. 440, de fecha 1 de marzo del 2016, y publicado en el Periódico Oficial No.
033 de fecha 16 de marzo de 2016 que adiciona una fracción IX al artículo 4º Bis B y se
reforman la fracción II del artículo 6º y el primer párrafo del artículo 91 de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa.
144. Decreto No. 437, de fecha 16 de febrero del 2016, y publicado en el Periódico Oficial
No. 042 de fecha 06 de abril de 2016 que adiciona la Sección II Ter “Del Consejo
Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”, que comprende el artículo 77
Ter, al Capítulo II del Título IV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
145. Decreto No. 438, de fecha 23 de febrero del 2016, y publicado en el Periódico Oficial
No. 042 de fecha 06 de abril de 2016 que reforma el primer párrafo de la fracción III del
artículo 4º Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
154
146. Decreto No. 612, de fecha 24 de enero del 2017, y publicado en el P.O. No. 016 de
fecha 01 de febrero de 2017 que adiciona la fracción X al artículo 4° Bis B, y un cuarto
párrafo al artículo 91, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
147. Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017, y publicado en el P.O. No. 018 Edición
Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017 que reforma los artículos 25 fracción IV; 37,
párrafo octavo; 40, párrafo segundo; 43, fracción XXXV, recorriéndose la vigente en su
orden; 56, fracción V; 65, fracción XXII; 70, párrafo segundo; 76; 77; 105 Bis, párrafo
último; 132; 135, párrafo segundo, y 144, fracción II, numeral 3; y se adiciona el artículo
76 Bis, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
148. Decreto No. 87, de fecha 7 de marzo del 2017 y publicado en el P.O. No. 033 de fecha
13 de marzo de 2017 que reforma el artículo 3, y se adiciona el Capítulo VIII
denominado “De la Reforma Regulatoria” con el artículo 109 Bis C, al Título Cuarto de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa.
149. Decreto No. 86, de fecha 7 de marzo del 2017 y publicado en el P.O. No. 034 de fecha
15 de marzo de 2017 por el que se adiciona la fracción XI al artículo 4°Bis B de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa.
150. Decreto No. 96, de fecha 14 de marzo de 2017 y publicado en el Periódico Oficial No.
035 del 17 de marzo del 2017, por el que se reforman los artículos 15, párrafo segundo;
37, párrafos primero, cuarto, sexto y noveno; 43, fracciones XIV, XVIII, XIX, XXII; 53; 54;
65, fracción VI; la denominación del Capítulo V “Del Tribunal de Justicia Administrativa”
del Título IV; 109 Bis, la denominación del Título VI “De las Responsabilidades de los
Servidores Públicos, Particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos
de corrupción, y Patrimonial del Estado; 130, párrafo primero; 138 y 140, párrafo
tercero. Se Adicionan a los artículos 15 los párrafos sexto, séptimo y octavo,
recorriéndose los subsecuentes; 43, fracciones XIX Bis A, XXXVI, XXXVII, XXXVIII,
XXXIX, XL y XLI; 65, fracción XXII Bis; 76 Bis A, el Capítulo IX denominado “Del
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción” del Título IV, con el artículo 109 Bis D; 130,
párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes y se derogan al artículo 37 los
párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
151. Decreto No. 105, de fecha 2 de mayo del 2017, publicado en el P.O. No. 056 de fecha
04 de mayo de 2017, por el que se reforman los artículos 24, párrafos primero, tercero,
cuarto y séptimo; y 112, fracciones I, II y III del párrafo tercero de la Constitución Política
del Estado de Sinaloa.
152. Decreto No. 146, de fecha 8 de junio del 2017, publicado en el P.O. No. 075 de fecha 12
de junio de 2017, por el que se reforman el párrafo séptimo del artículo 14, y las
fracciones I, II y III del artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
155
153. Decreto No. 141, de fecha 27 de junio del 2017, publicado en el P.O. No. 086 de fecha
07 de julio de 2017, por el que se reforman los artículos 43, fracción XXIII; 65,
fracciones XXI, XXI Bis A y XXIV; 84 y 125, fracciones II, párrafo segundo, el orden de
sus incisos), XI y XII; y se adicionan las fracciones XXIII Bis y XXIII Bis A al artículo 43;
y las fracciones VII Bis y XXV, al artículo 65 a la Constitución Política del Estado de
Sinaloa.
154. Decreto No. 189, de fecha 29 de agosto del 2017, publicado en el P.O. No. 114 de
fecha 08 de septiembre de 2017, por el que se reforman las fracciones XXII, párrafo
primero y XXII Bis del artículo 43 y se derogan los párrafos sexto y séptimo del artículo
37, ambos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
155. Decreto No. 190, de fecha 29 de agosto del 2017, publicado en el P.O. No. 114 de
fecha 08 de septiembre de 2017, por el que se reforma el párrafo décimo sexto del
artículo 14, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
156. Decreto No. 391, de fecha 7 de marzo de 2018, publicado en el P.O. No. 031 de fecha
09 de marzo de 2017, por el que se reforma la fracción II, numeral 1, del artículo 144 y
se adiciona la fracción VII Bis al artículo 50, a la Constitución Política del Estado de
Sinaloa.
157. Decreto No. 861, de fecha 28 de septiembre de 2018, publicado en el P.O. No. 132 de
fecha 26 de octubre 2018, por el que se reforma la fracción I, del artículo 4 Bis A, a la
Constitución Política del Estado de Sinaloa.
158. Decreto No. 155, de fecha 28 de mayo del 2019, publicado en el P.O. No. 071 de fecha
12 de junio de 2019, por el que se reforma el artículo 76 Bis A, y se adiciona la fracción
XII al artículo 4 Bis B, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
159. Decreto No. 295, de fecha 31 de julio de 2019, publicado en el P.O. No. 140 de fecha 18
de noviembre de 2019, por el que se reforma el párrafo segundo del Artículo Primero
Transitorio, y Segundo Transitorio del Decreto Número 105, que reformó los artículos
24, párrafos primero, tercero, cuarto y séptimo; y 112, fracciones I, II y III del párrafo
tercero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, expedido por el H. Congreso
del Estado, el día 28 de marzo de 2017 y publicado en Edición Extraordinaria en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 4 de mayo de 2017.
160. Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera
sección, de fecha 01 de julio de 2020 por el que se reforman los artículos 4° Bis A,
fracción IX; 4° Bis B, fracción VIII; 10, fracción II; 13, párrafo primero; 14, párrafos
primero, tercero, cuarto, quinto, séptimo, décimo primero, décimo cuarto, décimo quinto,
décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo; 15, párrafos segundo, quinto, décimo
tercero, décimo cuarto y décimo quinto; 23; 33, párrafo tercero; 76, párrafo tercero,
156
incisos c) y g) en su párrafo primero; 76 Bis, fracción primera; 77 Bis, párrafos primero,
cuarto y quinto; 93, párrafo segundo; 94; 109 Bis, párrafos segundo y cuarto; 109 Bis B,
párrafo décimo segundo; 110, párrafo primero; y se adiciona al artículo 66, un párrafo
cuarto, todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
161. Decreto No. 453, de fecha 02 de junio de 2020, publicado en el P.O. No. 079, primera
sección, de fecha 01 de julio de 2020 por el que se adiciona un párrafo segundo al
artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
162. Decreto No. 467 de fecha 2 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No. 084 de fecha 13
de julio de 2020 por el que se reforman los artículos 4°BIS B, fracciones VI y IX; 6,
fracción II; 13 BIS, párrafo segundo y apartado B, fracción II; 90; 91, párrafos primero y
segundo; y 92 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
163. Decreto No. 488 de fecha 10 de septiembre de 2020 y publicado en el P.O. No. 110,
Edición Vespertina de fecha 11 de septiembre de 2020 por el que se reforma el artículo
76 Bis A, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
164. Decreto No. 565 de fecha 19 de enero de 2021 y publicado en el P.O. No. 023, de 22 de
febrero de 2021 por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 43 de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa.
165. Decreto No. 599 de fecha 5 de marzo de 2021, publicado en el P. O. No. 035, de fecha
22 de marzo de 2021 por el que se reforman los artículos 18, fracción I y el artículo 112,
párrafo tercero, en su fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
166. Decreto No. 589, de fecha 16 de marzo de 2021, publicado en el P. O. No. 039 de fecha
31 de marzo de 2021, por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa.
167. Decreto No. 590, de fecha 16 de marzo de 2021, publicado en el P. O. No. 039 de fecha
31 de marzo de 2021, por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del
artículo 10, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
168. Decreto No. 588 de fecha 16 de marzo de 2021, publicado en el P. O. No. 046 del 16 de
abril de 2021, por el que se reforman los artículos 43, fracción XIV; 65, fracción XXII Bis;
y 78; y se adiciona el artículo 72 Bis, a la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
169. Decreto No. 651, de fecha 29 de julio del 2021, publicado en el P.O. No. 094 de fecha
04 de agosto de 2021, por el que se reforma el párrafo segundo y adiciona los párrafos
tercero y cuarto, al artículo 40 de la Constitución Política del Estado.
170. Decreto No. 72, de fecha 25 de enero de 2022, publicado en el P.O. No. 013, edición
vespertina, de fecha 28 de enero de 2022, por el que se dejan sin efectos del Decreto
157
Número 105 de fecha 2 de mayo de 2017 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa No. 056 de fecha 4 de mayo de 2017, las reformas aprobadas a los párrafos
primero, tercero, cuarto y séptimo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado
de Sinaloa, asimismo, se reforma el artículo segundo transitorio de dicho Decreto; y se
derogan del mismo Decreto el párrafo segundo del artículo primero transitorio y el
artículo tercero transitorio.
171. Decreto No. 81, de fecha 09 de marzo de 2022 y publicado en el P.O. No. 043 de fecha
08 de abril de 2022.
172. Decreto No. 138, de fecha 17 de mayo de 2022, publicado en el Periódico Oficial No.
073, de fecha 17 de junio de 2022.
173. Decreto No. 164, de fecha 28 de junio del 2022, publicado en el P.O. No. 082 de fecha
08 de julio de 2022.
174. Decreto 252, de fecha 28de julio de 2022, publicado en el P.O. No. 114, Edición
Vespertina
del 21 de septiembre de 2022.
175. Decreto No. 209, de fecha 14 de julio del 2022, y publicado en el P.O. No. 115 de fecha
23 de septiembre del 2022.
176. Decreto No. 197, de fecha 30 de junio de 2022, publicado en el P.O. No. 099, de fecha
17 de agosto de 2022.
177. Decreto No. 256, de fecha 29 de agosto de 2022, publicado en el P. O. No. 126, de
fecha 19 de octubre de 2022.
178. Decreto No. 497, publicado en el P.O. No. 076, de fecha 23 de junio de 2023.
179. Decreto No. 514, publicado en el P.O. No. 097, de fecha 11 de agosto de 2023.
180. Decreto 569, publicado en el P.O. No. 129, de fecha 25 de octubre de 2023.
181. Decreto 878, publicado en el P.O. No 118, de fecha 27 de septiembre de 2024.
182. Decreto No. 31, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 020, de
fecha 14 de febrero de 2025).
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