<![CDATA[TEXTO VIGENTE
PUBLICADO EN EL P.O. NO. 016 DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2019
DECRETO NÚMERO: 57
Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto
establecer los criterios de austeridad, racionalidad y transparencia a
los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los órganos autónomos, así como el de sus respectivas
dependencias y entidades públicas, quienes se sujetarán
invariablemente a sus disposiciones.
Artículo 2. Los sujetos obligados ejercerán el gasto público y
administrarán sus recursos con apego a los principios de legalidad,
honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas,
exclusivamente para satisfacer los objetivos y programas a los que
estén destinados, privilegiando el bien común.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. Austeridad: Conjunto de medidas que los servidores públicos
están obligados a aplicar para racionalizar el gasto destinado a
las actividades administrativas de los sujetos obligados, sin
afectar el cumplimiento de las metas de los programas
aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado, con el
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propósito de avanzar en el uso transparente y eficaz de los
recursos públicos;
II. Bien común: Orientación de todas las decisiones y acciones del
servidor público hacia la satisfacción de las necesidades e
intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares
ajenos al bienestar de la colectividad, sin permitir que influyan en
sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o
beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la
sociedad;
III. Control: Vigilancia permanente de la aplicación de las normas
legales y disposiciones presupuestarias que realiza ejecutor del
gasto, para garantizar que se realice conforme a los principios de
honestidad, economía, eficiencia, eficacia y racionalidad;
IV. Economía: El logro de los objetivos de la entidad pública y de
cada uno de sus programas, proyectos, actividades y funciones,
minimizando el costo de los recursos que utiliza;
V. Economía presupuestaria: Los remanentes de recursos
derivados de la aplicación de los principios de economía y
eficiencia;
VI. Eficacia: El hecho de alcanzar los objetivos de la entidad pública
y sus programas, proyectos, actividades y funciones, con la
mayor calidad y en el menor tiempo posible;
VII. Eficiencia: La mejor relación posible entre los resultados
obtenidos por una entidad pública, sus programas, proyectos,
actividades y funciones, y los recursos empleados para
conseguirlos;
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VIII. Entes Públicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
del Estado, los Municipios y los órganos autónomos;
IX. Entidades públicas: Los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos
públicos que sean considerados entidades paraestatales y
demás entidades, sin importar la forma en que sean
identificadas, previstos en la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado y su Reglamento, o en los ordenamientos
municipales;
X. Honradez: Obligación del servidor público de no utilizar su cargo
para obtener provecho o ventaja personal o a favor de terceros,
o para solicitar o aceptar compensaciones o prestaciones de
cualquier persona física o moral que pueda afectar el bien
común o comprometer el desempeño adecuado de su función;
XI. Imparcialidad: Obligación del servidor público de actuar sin
conceder preferencias o privilegios indebidos a persona u
organización alguna, y de ejercer sus funciones de manera
objetiva, sin prejuicios personales y sin discriminación;
XII. Integridad: Alineación consistente con el cumplimiento de los
valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y
dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses
privados en el sector público;
XIII. Legalidad: Acatamiento irrestricto de las disposiciones
constitucionales, normas legales y presupuestarias por parte del
ejecutor del gasto;
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XIV. Racionalidad: Criterio remunerativo en función de un análisis
coherente, razonable y sustentado con relación al cargo
desempeñado por el empleado público a quien se le asigne la
remuneración y otros conceptos de pago;
XV. Rendición de cuentas: Obligación del servidor público de
desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la
evaluación de los órganos de fiscalización y vigilancia, así como
de la sociedad, incluyendo su disposición para desarrollar
procesos de mejora continua, de modernización y de
optimización de recursos públicos;
XVI. Subejercicio de gasto: Las disponibilidades presupuestarias
que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin
cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con
el compromiso formal de su ejecución;
XVII. Sujetos obligados: Los Poderes del Estado, los Municipios y
los órganos autónomos, así como sus dependencias y entidades
públicas; y
XVIII. Transparencia: Obligación del servidor público de permitir y
garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más
límite que el interés público imponga y los derechos de
privacidad de los particulares establecidos por la Ley.
Artículo 4. Los entes públicos deberán emitir disposiciones
reglamentarias para dar cabal cumplimiento a la presente Ley.
Artículo 5. La Auditoría Superior del Estado y en su caso, el órgano
interno de control de los sujetos obligados, vigilarán la debida
observancia de las disposiciones de esta Ley.
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Artículo 6. Los recursos que con carácter remanente resulten de las
economías presupuestales aplicables, así como aquellos que deriven
de subejercicios del gasto, serán reasignados a programas sociales
relacionados con salud, educación, seguridad pública y atención de
situaciones de emergencia.
Artículo 7. Durante los primeros 30 días del ejercicio presupuestal de
cada año, los entes públicos elaborarán su Programa de Reducción y
Ahorro en todas sus áreas, y particularmente en los rubros de
servicios telefónicos, consumos de electricidad, agua potable y
combustibles, servicio de internet, fotocopiado, papelería, materiales y
suministros en general.
Los recursos que resulten de las economías logradas mediante la
aplicación del Programa serán consideradas en el proyecto de
presupuesto que se presente para el ejercicio siguiente.
Artículo 8. Con excepción de las áreas de salud, seguridad pública,
procuración de justicia y protección civil, que lo harán ajustándose a
los principios y criterios de esta Ley, ningún otro ente público,
dependencia o entidad podrá asignar nuevas líneas de telefonía
celular a los servidores públicos.
Respecto de las existentes, sin excepción, los órganos internos de
control dispondrán las medidas que aseguren su uso racional y
exclusivo para el servicio público.
Artículo 9. El órgano interno de control de cada ente público
dispondrá lo necesario para asegurar que todo gasto en materia de
arrendamientos, servicios, adquisiciones y obra pública, curse el
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debido proceso de planeación, programación y presupuestación,
previsto en la Ley de la materia.
No procederá la contratación de servicios profesionales, científicos,
técnicos y otros servicios análogos, si no se ajusta al criterio señalado
en este artículo.
Capítulo Segundo
De los Servicios Personales y Generales
Artículo 10. Todo gasto que realicen los Poderes del Estado, los
Municipios y los órganos autónomos, así como el de sus respectivas
dependencias y entidades públicas, estará sujeto al principio de
máxima publicidad, en términos de lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
Artículo 11. No podrá realizarse ningún gasto que no esté previsto en
el presupuesto del ejercicio en curso, salvo las excepciones previstas
en ésta y otras leyes.
Solo podrán autorizarse erogaciones adicionales a las previstas en el
Presupuesto, en el caso de que se recibieran ingresos mayores a los
contemplados en las leyes de ingresos correspondientes.
Los órganos internos de control dispondrán lo necesario para todo
gasto no autorizado expresamente en los presupuestos y sea
resarcido por el servidor público que lo autorizó.
Artículo 12. No se dispondrá de partidas presupuestales destinadas al
pago de servicios médicos privados para el personal de mandos
medios y superiores, y sus dependientes económicos.
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Todo servidor público, con independencia de su cargo o jerarquía,
tendrá derecho al mismo servicio médico general.
Artículo 13. Sólo en casos extraordinarios, cuando peligre la vida y
siempre que el servicio médico general que se presta al Estado o al
municipio, no cuente con la especialización médica o tecnológica que
se requiera, se podrá autorizar el pago de gastos médicos particulares,
a los servidores, cuando la pérdida de salud sea inherente a su trabajo
en el servicio público.
Artículo 14. Los servidores públicos en ningún caso podrán cubrir con
cargo al erario, viajes con motivos personales al extranjero. Los viajes
al interior del país deberán ser exclusivamente relacionados con sus
cargos, debiendo indicarse claramente los motivos.
Artículo 15. Quedan expresamente prohibidos los gastos de
representación y cualquier concepto análogo, que no se justifique, de
acuerdo al objeto de cada ente público, aplicando los criterios de
austeridad a que hace referencia esta Ley.
Artículo 16. Las entidades públicas establecerán las siguientes
medidas de racionalidad en materia de recursos humanos:
I. No se crearán nuevas plazas de estructura de mandos medios y
superiores ni de los niveles homólogos a estos, que no sean
estrictamente necesarios para el funcionamiento eficiente de la
entidad pública;
II. Sólo se crearán las plazas que requieran las áreas operativas de
salud, educación, seguridad pública y protección civil, además
de los casos que señala la fracción anterior; y
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III. Aplicarán durante los primeros treinta días del ejercicio
presupuestal, las medidas específicas que limiten al mínimo
indispensable las erogaciones de los recursos asignados a las
contrataciones de personal eventual y de honorarios,
informándolo a los órganos internos de control.
Artículo 17. No se otorgarán licencias sindicales con goce de sueldo,
con excepción de las contempladas en las Leyes de los Trabajadores
al Servicio del Estado y de los Municipios.
Artículo 18. Los préstamos y anticipos de remuneraciones sólo
procederán por ley, decreto o contrato colectivo que lo establezca,
informándose de ello en la cuenta pública con el señalamiento expreso
de las disposiciones legales, contractuales o laborales que las
fundamenten.
Artículo 19. Las pensiones por antigüedad laboral que soliciten los
servidores públicos, desde el nivel de director en adelante, no serán
autorizadas, sin que los años laborados y los servicios que se declaren
prestados, se certifiquen por los órganos de control interno.
Artículo 20. La adquisición de bienes y servicios de uso generalizado
deberá llevarse a cabo de manera consolidada, con el objeto de
obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y
oportunidad, en los términos previstos por las disposiciones aplicables.
La Secretaría de Administración y Finanzas determinará el catálogo de
bienes y servicios de uso generalizado, por lo que corresponde en el
ámbito específico de competencia de la administración pública. Los
demás entes públicos lo harán por conducto de sus entidades
administrativas en el plan de adquisiciones anual que proyecten.
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Artículo 21. Ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio
propuesto es superior a 1.5 veces el valor promedio del precio de
mercado de la misma, aunque sea la propuesta ganadora de una
licitación.
Artículo 22. Lo dispuesto en esta Ley será aplicable a las
adquisiciones financiadas parcialmente con cargo a recursos
federales.
Capítulo Tercero
De los Vehículos Automotores
Artículo 23. No se podrán utilizar recursos del erario para financiar
planes de crédito para la adquisición de cualquier tipo de vehículo,
para ser entregados a servidores públicos.
Artículo 24. Los vehículos oficiales de la administración pública estatal
y municipal, así como los de los órganos autónomos, sólo podrán
sustituirse en los siguientes casos:
I. Si tiene al menos seis años de uso y más de 200 mil kilómetros
recorridos;
II. En caso de robo o pérdida total, una vez que sea reintegrado su
valor por el seguro correspondiente; o
III. Cuando el costo de su mantenimiento acumulado en un año sea
igual o mayor a su valor de enajenación presente.
Artículo 25. Las nuevas unidades que se adquieran no tendrán un
valor superior a 9 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, con
la excepción de patrullas, carros recolectores, ambulancias, vehículos
todo terreno, unidades extintoras de incendios, pipas, camiones
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vector, grúas; equipos de construcción, camiones y cualquiera otra
unidad especializada.
Artículo 26. Los vehículos oficiales deberán darse de baja cuando:
I. Tengan doce años de uso;
II. Por sus condiciones mecánicas, eléctricas o de carrocería, no
susceptibles de reparación, representen un riesgo para la
integridad física de sus usuarios o para terceras personas;
III. Por siniestros se declare la pérdida total;
IV. La reparación del daño por siniestro represente más del 60% de
su valor de venta; y
V. El costo de mantenimiento acumulado anual sea igual o mayor al
70% de su valor de reposición.
Artículo 27. Los vehículos propiedad del Estado o los Municipios y
demás entes públicos, en ningún caso podrán ser destinados al uso
particular o familiar de los servidores públicos. Los órganos internos de
control de los entes públicos establecerán los mecanismos que
garanticen el uso público y racional de los vehículos y el consumo de
combustibles.
Artículo 28. No se podrá disponer de aeronaves oficiales o mediante
alquiler para el traslado de los funcionarios, quienes en todo caso
utilizar aeronaves comerciales.
El Ejecutivo estatal dispondrá de un inventario básico de aeronaves
oficiales que le posibilite su operación básica en asuntos esenciales.
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Se desincorporarán en los términos de Ley y con la información previa
al órgano Interno de Control, las aeronaves que sean parte del
patrimonio estatal, con excepción de las vinculadas a tareas de
seguridad pública, atención de desastres naturales y de asistencia
social, o a la atención médica de la población, así como a la atención a
la ciudadanía por parte del titular del Ejecutivo estatal, debiendo
expresar y justificar claramente los motivos, de lo cual se informará al
Congreso del Estado en los informes de avance de gestión financiera.
Ningún servidor público podrá utilizar para sus asuntos particulares las
aeronaves referidas en el segundo párrafo de este artículo.
Capítulo Cuarto
De los Gastos de Comunicación y Publicidad Oficial
Artículo 29. Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los
organismos autónomos y, en general, todos los entes públicos,
limitarán los gastos de comunicación y publicidad oficial
gubernamental, por cualquier medio, exclusivamente a los recursos
asignados en sus respectivos presupuestos de egresos para el
ejercicio fiscal que corresponda, independientemente de aquél
destinado para gasto de operación del área de comunicación social
específica.
Artículo 30. Las asignaciones presupuestales al área de
comunicación social no serán aumentadas durante el ejercicio fiscal
correspondiente.
Artículo 31. Las entidades de la administración pública paraestatal,
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos
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autónomos, sólo podrán hacer gastos de publicidad institucional
relacionados con su objeto.
Artículo 32. No se podrá cubrir con cargo a los presupuestos, ningún
gasto en los medios de comunicación con motivo de onomásticos,
cumpleaños, condolencias o cualquier otro evento o celebración que
se relacione con los servidores públicos o particulares.
Artículo 33. Las entidades públicas se abstendrán de realizar con
cargo al erario, la edición e impresión de libros y publicaciones que no
sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 34. Las dependencias y entidades deberán enajenar en los
términos de Ley, los bienes muebles e inmuebles que consideren
como improductivos u obsoletos, ociosos, innecesarios o de desecho,
previa autorización del órgano interno de control.
Artículo 35. Queda prohibida la construcción, compra, renta y
remodelación de oficinas y la adquisición de mobiliario, que no sea
necesario.
Capítulo Quinto
De los Fondos y Fideicomisos
Artículo 36. El Ejecutivo del Estado presentará anualmente en su
iniciativa de Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos, la justificación
y necesidad de la permanencia de fondos, fideicomisos, mandatos,
actos y contratos análogos; identificará aquellos que deban ser
extinguidos en virtud de que su constitución y operación no se
justifique plenamente o no corresponda a fines públicos, y procederá a
su extinción.
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Capítulo Sexto
Disposiciones Complementarias
Artículo 37. Sin menoscabo de las obligaciones previstas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, los
servidores públicos deberán:
I. Velar en todos sus actos por el interés público y orientar su
actuación a la satisfacción del bienestar general;
II. Invariablemente fundar y motivar sus actos, y someterlos a los
principios de transparencia y máxima publicidad;
III. Proteger y conservar la propiedad pública y emplear los bienes
del dominio público y los bienes de uso común conformé a los
fines que legalmente les corresponden;
IV. Guardar la confidencialidad de los asuntos e información de que
tengan conocimiento en virtud del cumplimiento de su función, y
abstenerse de utilizarla en beneficio propio o de terceros; y
V. Observar en los procedimientos de contrataciones públicas, en
los que intervengan, los principios de transparencia, equidad,
legalidad y racionalidad.
Capítulo Séptimo
De las Responsabilidades y Sanciones
Artículo 38. Los servidores públicos que incumplan con las
disposiciones previstas en esta Ley incurrirán en responsabilidad
administrativa, con independencia de las de orden civil o penal que
pudieran derivar de la violación a la presente Ley.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. En un plazo de sesenta días, contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo estatal presentará
ante el Congreso del Estado el Plan de Desincorporación de
Aeronaves a que se refiere el artículo 28, en el entendido de que dicho
Plan quedará materializado dentro de los ciento ochenta días
siguientes a su presentación.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de
diciembre de dos mil dieciocho.
C. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ
DIPUTADO PRESIDENTE
C. FLORA ISELA MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ
QUIÑÓNEZ
DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los siete días del mes de enero del año
dos mil diecinueve.
El Gobernador Constitucional del Estado
QUIRINO ORDAZ LÓPEZ
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El Secretario General de Gobierno
GONZALO GÓMEZ FLORES
La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas
MARÍA GUADALUPE YAN RUBIO
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