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TEXTO VIGENTE
Publicado en el P.O. No. 026, Edición Extraordinaria, del 28 de febrero de
2023.
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
representado por su Sexagésima Cuarta Legislatura, ha tenido a
bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO: 407
LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
Título Primero
Del Derecho a la Educación Superior
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para el
Estado de Sinaloa y sus disposiciones son de orden público e
interés social.
Su aplicación corresponde a las autoridades educativas del Estado
y de sus municipios, así como a las autoridades de las instituciones
de educación superior, en los términos y ámbitos de competencia
que la ley establece.
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
I. Establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del
Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación
superior;
II. Contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico,
humanístico, productivo y económico del país y del Estado, a
través de la formación de personas con capacidad creativa,
innovadora y emprendedora, con un alto compromiso social, que
pongan sus conocimientos y habilidades al servicio de la Nación,
del Estado y de la sociedad en general;
III. Distribuir la función social educativa del tipo de educación
superior en el Estado y sus municipios;
IV. Establecer la coordinación, promoción, vinculación,
participación social, evaluación y mejora continua de la educación
superior en el Estado;
V. Orientar los criterios para el desarrollo de las políticas públicas
en materia de educación superior con visión de Estado;
VI. Establecer criterios para el financiamiento correspondiente al
servicio público de educación superior; y
VII. Regular la participación de los sectores público, social y
privado en la educación superior.
Artículo 3. Las universidades e instituciones de educación
superior a las que la Ley otorgue autonomía contarán con todas las
facultades y garantías institucionales que se establecen en la
fracción VII del artículo 3o. de la Constitución General y se regirán
por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de
éstas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la
Ley General de Educación Superior y la presente Ley.
Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en
todo momento, respetarán de manera irrestricta las facultades y
garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no
podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las
universidades e instituciones de educación superior autónomas por
Ley de gobernarse a sí mismas; realizar sus fines de educar,
investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e
investigación y de libre examen y discusión de las ideas;
determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso,
promoción y permanencia de su personal académico; así como
administrar su patrimonio.
Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la
fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier iniciativa o
reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá
contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada
a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno
competentes de la universidad o institución de educación superior
a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una
respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
Toda consulta para modificar las leyes orgánicas a que se refiere
este artículo será convocada y organizada por el Congreso del
Estado conforme a los parámetros, lineamientos y metodología
que este considere pertinente, el cual podrá solicitar el auxilio de la
autoridad universitaria en la organización de la consulta, con pleno
respeto a su autonomía.
Para efectos de los criterios de transparencia, rendición de cuentas
y demás sobre los cuales la educación superior debe orientarse,
en términos de los artículos 8 fracción XIII y 67 fracción VIII de la
Ley General y 70 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,
las personas titulares de las instituciones de educación superior
con autonomía constitucional y legal, así como de aquellas que
imparten el servicio de educación superior en forma directa,
descentralizada o desconcentrada podrán ser convocados por el
Congreso del Estado a comparecer para que informen bajo
protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie
un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o
al ejercicio del gasto público de los recursos estatales que reciben,
o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Las relaciones laborales de las universidades e instituciones de
educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tanto del
personal académico, como del administrativo, se normarán por el
apartado A del artículo 123 de la Constitución General, en los
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del
Trabajo conforme a las características propias de un trabajo
especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad
de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que este
artículo se refiere.
Artículo 4. En términos de lo establecido por la Ley General de
Educación Superior, así como por el artículo anterior, se
garantizará la facultad que tienen las universidades e instituciones
de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía para
gobernarse a sí mismas, a efecto de proteger las condiciones
necesarias para la satisfacción del derecho a la educación
superior, sin que se genere un régimen de excepcionalidad que las
sustraiga del respeto al estado de derecho.
Las universidades e instituciones de educación superior a las que
la Ley otorgue autonomía se sujetarán a todas las normas y leyes
del sistema jurídico correspondientes a su naturaleza jurídica.
Artículo 5. La educación superior es un derecho que coadyuva al
bienestar y desarrollo integral de las personas. La obligatoriedad
de la educación superior corresponde al Estado, conforme a lo
previsto en el artículo 3o. de la Constitución General y en los
Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte y
las disposiciones de la Ley General de Educación Superior y la
presente Ley. Se imparte después del tipo educativo medio
superior y está compuesto por los niveles de técnico superior
universitario, profesional asociado u otros equivalentes,
licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Incluye la
educación universitaria, tecnológica, normal y de formación
docente.
Artículo 6. De acuerdo con lo dispuesto en la fracción X del artículo
3o. de la Constitución General y al principio constitucional de
igualdad y no discriminación, el Estado instrumentará políticas para
garantizar el acceso a la educación superior a toda persona que
acredite, con el certificado de bachillerato o equivalente, la
terminación de los estudios correspondientes al tipo medio superior
y que cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones
de educación superior.
Para contribuir a garantizar el acceso al derecho a la educación y
promover la permanencia y continuidad de toda persona que
decida cursar educación superior en instituciones de educación
superior públicas, en los términos establecidos en esta Ley, el
Estado otorgará apoyos académicos a estudiantes, bajo criterios
de equidad e inclusión.
Artículo 7. Las políticas y acciones que se lleven a cabo en materia
de educación superior en el Estado, deberán formar parte del
Acuerdo Educativo Nacional establecido en la Ley General de
Educación y demás normativa federal y estatal para lograr una
cobertura universal en educación con equidad y excelencia.
La autoridad educativa estatal, además de las medidas que
proponga la autoridad educativa federal, propondrá la adopción de
medidas para que los municipios, así como las instituciones de
educación superior, participen en el cumplimiento de este artículo,
con base en lo siguiente:
I. Reconocimiento a la diversidad y respeto a las características de
los subsistemas bajo los cuales se imparte educación superior;
II. Concurrencia en el cumplimiento de la cobertura universal en
educación;
III. Respeto a los municipios, así como a su ámbito de competencia
en materia de educación superior;
IV. Contribución al fortalecimiento y mejora continua de los
Sistemas Educativos Nacional y Estatal; y
V. Respeto a la autonomía que la Ley otorga a las universidades e
instituciones de educación superior.
Artículo 8. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales;
II. Autoridad Educativa Estatal: La Secretaría de Educación
Pública y Cultura del Poder Ejecutivo del Estado;
III. Autoridad Educativa Federal: La Secretaría de Educación
Pública del Poder Ejecutivo Federal;
IV. Autoridad Educativa Municipal: El Ayuntamiento de cada
Municipio;
V. Autorización: El acuerdo previo y expreso de la autoridad de
educación del Estado que permite a las instituciones particulares
impartir estudios de educación normal y demás, para la formación
docente de educación básica;
VI. Constitución General: La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
VII. Estado: El Estado de Sinaloa y sus municipios;
VIII. Gratuidad: Las acciones que promueva el Estado para
eliminar progresivamente los cobros de las Instituciones Públicas
de Educación Superior a estudiantes por conceptos de
preinscripción, inscripción, reinscripción y cuotas escolares
ordinarias, en los programas educativos de técnico superior
universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así
como para fortalecer la situación financiera de las mismas, ante la
disminución de ingresos que se observe, derivado de la
implementación de la gratuidad, con excepción de las personas
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas reconocidas como tal por la autoridad tradicional de
la población indígena de donde provenga, la autoridad estatal o los
ayuntamientos, quienes estarán exentas de pago por cualquiera de
los conceptos mencionados;
IX. Instituciones particulares de educación superior: Aquellas
a cargo de personas que imparten el servicio de educación
superior con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios, otorgado en términos de esta Ley;
X. Instituciones Públicas de Educación Superior con
Autonomía Constitucional y Legal: Las universidades y demás
instituciones de educación superior autónomas que cuenten con la
facultad de autogobierno o de gobernarse a sí mismas, derivada
de la Constitución General, la Constitución Política del Estado de
Sinaloa o de una Ley en sentido formal y material;
XI. Instituciones públicas de Educación Superior: Las
instituciones del Estado que imparten el servicio de educación
superior en forma directa o desconcentrada, los organismos
descentralizados no autónomos, las universidades y demás
instituciones de educación superior autónomas por ley, así como
otras instituciones financiadas mayoritariamente por el Estado;
XII. Ley: La Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa;
XIII. Ley General: La Ley General de Educación Superior;
XIV. Municipios: Los municipios que integran el Estado de
Sinaloa;
XV. Obligatoriedad: Las acciones que promueva el Estado para
apoyar el incremento de la cobertura de educación superior,
mejorar la distribución territorial y la diversidad de la oferta
educativa;
XVI. Reconocimiento de validez oficial de estudios: La
resolución emitida en términos de esta Ley por las autoridades
educativas federal y estatal, o bien de las Instituciones Públicas de
Educación Superior facultadas para ello, en virtud de la cual se
incorporan los estudios de educación superior impartidos por un
particular al Sistema Educativo Nacional o al Sistema Educativo
Estatal;
XVII. Servicio social: La actividad eminentemente formativa y
temporal que será obligatoria de acuerdo con lo señalado por la
Ley y que desarrolla en las y los estudiantes de educación superior
una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad;
XVIII. Sistema de evaluación y acreditación de la educación
superior: El conjunto orgánico y articulado de autoridades, de
instituciones y organizaciones educativas, y de instancias para la
evaluación y acreditación, así como de mecanismos e
instrumentos de evaluación del tipo de educación superior; y
XIX. Violencia contra las mujeres: La acción u omisión, en el
entorno educativo, ya sea en instituciones educativas públicas o
particulares, que basado en su género, tenga como fin o resultado
un daño o sufrimiento psicológico, físico o sexual en las mujeres.
Capítulo II
De los Criterios, fines y políticas
Artículo 9. La educación superior fomentará el desarrollo humano
integral de las y los estudiantes en la construcción de saberes
basado en lo siguiente:
I. La formación del pensamiento crítico a partir de la libertad, el
análisis, la reflexión, la comprensión, el diálogo, la argumentación,
la conciencia histórica, el conocimiento de las ciencias y
humanidades, los resultados del progreso científico y tecnológico,
el desarrollo de una perspectiva diversa y global, la lucha contra la
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los
prejuicios para transformar la sociedad y contribuir al mejoramiento
de los ámbitos social, educativo, cultural, ambiental, económico y
político;
II. La consolidación de la identidad, el sentido de pertenencia y el
respeto desde la interculturalidad que promueva la convivencia
armónica entre personas y comunidades para el reconocimiento de
sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;
III. La generación y desarrollo de capacidades y habilidades
profesionales para la resolución de problemas; así como el diálogo
continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología,
la investigación y la innovación como factores de la libertad, del
bienestar y de la transformación social;
IV. El fortalecimiento del tejido social y la responsabilidad
ciudadana para prevenir y erradicar la corrupción, a través del
fomento de los valores como la honestidad, la integridad, la justicia,
la igualdad, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, la
gratitud y la participación democrática, entre otros, así como
favorecer la generación de capacidades productivas e innovadoras
y fomentar una justa distribución del ingreso;
V. La construcción de relaciones sociales, económicas y culturales
basadas en la igualdad entre los géneros y el respeto de los
derechos humanos;
VI. El combate a todo tipo y modalidades de discriminación y
violencia, con especial énfasis en la violencia contra las mujeres,
las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad
social, y la promoción del cambio cultural para construir una
sociedad que fomente la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres;
VII. El respeto y cuidado del medio ambiente, con la constante
orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y
asimilar la interrelación de la naturaleza con los temas sociales y
económicos, para garantizar su preservación y promover estilos de
vida sustentables;
VIII. La formación en habilidades digitales y el uso responsable de
las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y
aprendizaje digital en el proceso de construcción de saberes como
mecanismo que contribuya a mejorar el desempeño y los
resultados académicos; y
IX. El desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan
adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para
aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona
integrante de una comunidad.
Artículo 10. La educación superior se orientará conforme a los
criterios siguientes:
I. El interés superior de las y los estudiantes en el ejercicio de su
derecho a la educación;
II. El reconocimiento del derecho de las personas a la educación y
a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación
tecnológica;
III. El respeto irrestricto a la dignidad de las personas;
IV. La igualdad sustantiva para contribuir a la construcción de una
sociedad libre, justa e incluyente;
V. La inclusión para que todos los grupos sociales de la población,
de manera particular los vulnerables, participen activamente en el
desarrollo del país y del Estado;
VI. La igualdad de oportunidades que garantice a las personas
acceder a la educación superior sin discriminación;
VII. El reconocimiento de la diversidad;
VIII. La interculturalidad en el desarrollo de las funciones de las
instituciones de educación superior y el respeto a la pluralidad
lingüística de la Nación y del Estado, a los derechos lingüísticos y
culturales de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas;
IX. La excelencia educativa que coloque a las y los estudiantes al
centro del proceso educativo, además de su mejoramiento integral
constante que promueva el máximo logro de aprendizaje para el
desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los
lazos entre escuela y comunidad;
X. La cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos, así
como la promoción del valor de la igualdad, la justicia, la
solidaridad, la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos
humanos;
XI. La accesibilidad a los ámbitos de la cultura, el arte, el deporte,
la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento
humanístico y social en lo local, nacional y universal;
XII. El respeto, cuidado y preservación del medio ambiente y la
biodiversidad;
XIII. La transparencia, el acceso a la información, la protección de
los datos personales y la rendición de cuentas, a través del
ejercicio disciplinado, honesto y responsable de los recursos
financieros, humanos y materiales, de conformidad con la
normatividad aplicable;
XIV. El respeto a la autonomía que la Ley otorga a las
universidades e instituciones de educación superior, así como a su
régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investigación,
estructura administrativa, patrimonio, características y modelos
educativos;
XV. El respeto a las instituciones de educación superior a las que
la Ley otorga la capacidad de adoptar su organización
administrativa y académica, las cuales se regirán por su
normatividad interna y, en lo conducente por las disposiciones de
la presente Ley;
XVI. El respeto a la libertad académica, de cátedra e investigación,
entendida como la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado
por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones
y difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de
expresar su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja,
la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en
órganos profesionales u organizaciones académicas
representativas, conforme a la normatividad de cada institución, sin
sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por parte del
Estado o de cualquier otra instancia;
XVII. El respeto a la libertad de examen y libre discusión de ideas,
entendidas como el derecho que corresponde a estudiantes y
personal académico para aprender, enseñar, investigar y divulgar
el pensamiento, el arte, las ciencias, las tecnologías, las
humanidades y el conocimiento, sin sufrir presiones o represalias
de ningún tipo;
XVIII. La responsabilidad ética en la generación, transferencia y
difusión del conocimiento, las prácticas académicas, la
investigación y la cultura; así como una orientación que propicie el
desarrollo del país y del Estado, el bienestar de las personas, y la
conformación de una sociedad justa e incluyente;
XIX. La participación de la comunidad universitaria, en el diseño,
implementación y evaluación de planes y políticas de educación
superior, se desarrollará y garantizará mediante el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión y libre discusión de las ideas
para la democratización de las Instituciones de Educación Superior
y dentro del proceso de autogobierno, con el objeto de que sea
considerada en la toma de decisiones.
En ese contexto cuando algún servidor público de las instituciones
de educación superior contravenga lo dispuesto por el párrafo
anterior; o bien, violente los derechos laborales, humanos,
escalafonarios, administrativos o académicos de los integrantes de
la comunidad universitaria se procederá conforme a la legislación
en materia de responsabilidades administrativas o penal, según
sea el caso;
XX. La preeminencia de criterios académicos, perspectiva de
género, paridad de género, experiencia, reconocimiento en gestión
educativa y conocimiento en el subsistema respectivo, cuando así
corresponda, para el nombramiento de autoridades de las
Instituciones Públicas de Educación Superior, conforme a la
normatividad de cada institución;
XXI. La pertinencia en la formación de las personas que cursen
educación superior conforme a las necesidades actuales y futuras
para el desarrollo nacional;
XXII. La territorialización de la educación superior, a través del
conjunto de políticas y acciones cuyo propósito consiste en
considerar los contextos regionales y locales de la prestación del
servicio de educación superior, para contribuir al desarrollo
comunitario mediante la vinculación de los procesos educativos
con las necesidades y realidades sociales, económicas y culturales
de las diversas regiones del Estado;
XXIII. La internacionalización solidaria de la educación superior,
entendida como la cooperación y el apoyo educativo, con pleno
respeto a la soberanía de cada país, a fin de establecer procesos
multilaterales de formación, vinculación, intercambio, movilidad e
investigación, a partir de una perspectiva diversa y global;
XXIV. El reconocimiento de habilidades y conocimientos adquiridos
en la práctica como parte de un plan y programa de estudios que
impartan las instituciones educativas para obtención de títulos y
grados académicos; y
XXV. El respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores,
a partir de la naturaleza jurídica y normas que rigen a las
Instituciones Públicas de Educación Superior.
Artículo 11. Los fines de la educación superior serán:
I. Contribuir a garantizar el derecho a la educación establecido en
el artículo 3o. de la Constitución General y al aprendizaje integral
de las y los estudiantes;
II. Formar profesionales con visión científica, tecnológica,
innovadora, humanista e internacional, con una sólida preparación
en sus campos de estudio, responsables y comprometidos con la
sociedad y el desarrollo del país y del Estado, con conciencia ética
y solidaria, pensamiento crítico y creativo, así como su capacidad
innovadora, productiva y emprendedora;
III. Promover la actualización y el aprendizaje a lo largo de la vida
con el fin de mejorar el ejercicio profesional y el desarrollo personal
y social;
IV. Fomentar los conocimientos y habilidades digitales a fin de
coadyuvar a la eliminación de la brecha digital en la enseñanza;
V. Coadyuvar, a través de la generación, transmisión, aplicación y
difusión del conocimiento, a la solución de los problemas locales,
regionales, nacionales e internacionales, al cuidado y
sustentabilidad del medio ambiente, así como al desarrollo
sostenible del país y del Estado y a la conformación de una
sociedad más justa e incluyente;
VI. Contribuir a la preservación, enriquecimiento y difusión de los
bienes y valores de las diversas culturas;
VII. Ampliar las oportunidades de inclusión social y educativa para
coadyuvar al bienestar de la población;
VIII. Desarrollar las habilidades de las personas que cursen
educación superior para facilitar su incorporación a los sectores
social, productivo y laboral; y
IX. Impulsar la investigación científica y humanística, el desarrollo
tecnológico, el arte, la cultura, el deporte y la educación física, en
los ámbitos internacional, nacional, estatal, municipal y
comunitario.
Artículo 12. Los criterios para la elaboración de políticas en
materia de educación superior se basarán en lo siguiente:
I. La mejora continua de la educación superior para su excelencia,
pertinencia y vanguardia;
II. El incremento de las oportunidades y posibilidades de acceso a
la misma para contribuir a la conformación de una sociedad que
valora y promueve el conocimiento científico, humanístico y
tecnológico, además de la cultura, el arte, el deporte y la
información;
III. La impartición de la educación superior con un enfoque de
inclusión social que garantice la equidad en el acceso a este
derecho humano;
IV. La vinculación entre las autoridades educativas y las
instituciones de educación superior con diversos sectores sociales
y con el ámbito laboral, para que al egresar los futuros
profesionistas se incorporen a las actividades productivas del país
y del Estado y contribuyan a su desarrollo social y económico;
V. La promoción de acuerdos y programas entre las autoridades
educativas, las instituciones de educación superior y otros actores
sociales, para que, con una visión social y de Estado, impulsen el
desarrollo y consolidación de la educación superior;
VI. El fomento de la integridad académica y la honestidad de toda
la comunidad de las instituciones de educación superior;
VII. La promoción y consolidación de redes universitarias para la
cooperación y el desarrollo de las funciones de las instituciones de
educación superior; así como de aquellas para la activación física,
la práctica del deporte y la educación física;
VIII. El diseño y aplicación de procedimientos de acceso y apoyo
al tipo de educación superior para personas con aptitudes
sobresalientes y talentos específicos;
IX. El establecimiento de procesos de planeación participativa de
la educación superior con visión de mediano y largo plazo;
X. La articulación de las estrategias y los programas de los distintos
subsistemas de educación superior, con un enfoque de
compromiso de las instituciones de educación superior que
contribuya a la búsqueda de soluciones a los problemas
nacionales, regionales y locales;
XI. La promoción permanente de procesos de diagnóstico y
evaluación que permitan prevenir y atender la deserción escolar,
particularmente la de sectores en vulnerabilidad social;
XII. La evaluación de la educación superior como un proceso
integral, sistemático y participativo para su mejora continua
basada, entre otros aspectos, en evaluaciones diagnósticas, de
programas y de gestión institucional, así como en la acreditación
en los términos que se establezcan en las disposiciones derivadas
de la presente Ley;
XIII. El impulso de la excelencia educativa, la innovación
permanente, la interculturalidad y la internacionalización solidaria
en la formación profesional y en las actividades de generación,
transmisión, aplicación y difusión del conocimiento;
XIV. El incremento proporcional en la incorporación de directivas,
académicas e investigadoras a plazas de tiempo completo con
funciones de dirección, docencia e investigación en las áreas de
ciencias, humanidades, ingenierías y tecnologías, cuando así
corresponda, para lograr la paridad de género, conforme a la
normatividad de cada institución;
XV. El fortalecimiento de la carrera del personal académico y
administrativo de las Instituciones Públicas de Educación Superior,
considerando la diversidad de sus entornos, a través de su
formación, capacitación, actualización, profesionalización y
superación, que permitan mejorar las condiciones bajo las cuales
prestan sus servicios;
XVI. El fortalecimiento del personal académico y de la excelencia
educativa, mediante la búsqueda de condiciones laborales
adecuadas y estabilidad en el empleo;
XVII. La incorporación de la transversalidad de la perspectiva de
género en las funciones académicas de enseñanza, investigación,
extensión y difusión cultural, así como en las actividades
administrativas y directivas con el propósito de contribuir a la
igualdad y la equidad en el ámbito de la educación superior e
impulsarla en la sociedad;
XVIII. La promoción de medidas que eliminen los estereotipos de
género para cursar los planes y programas de estudio que impartan
las instituciones de educación superior;
XIX. La promoción y respeto de la igualdad entre mujeres y
hombres, fomentando alternativas para erradicar todo tipo y
modalidad de violencia contra las mujeres y discriminación en las
instituciones de educación superior;
XX. La creación, implementación y evaluación de programas y
estrategias que garanticen la seguridad de las personas en las
instalaciones de las instituciones de educación superior, así como
la creación de programas y protocolos enfocados a la prevención
y actuación en condiciones de riesgos y emergencias, en términos
de lo dispuesto por la Ley de Protección Civil para el Estado de
Sinaloa;
XXI. La vinculación de las instituciones de educación superior con
el entorno social, así como la promoción de su articulación y
participación con los sectores productivos y de servicios;
XXII. El establecimiento de acciones afirmativas que coadyuven a
garantizar el acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno
de estudiantes con discapacidad en los programas de educación
superior;
XXIII. El impulso a las actividades de extensión y difusión cultural
que articulen y evalúen los resultados del trabajo académico con
las comunidades en que se encuentran insertas las instituciones
de educación superior;
XXIV. La articulación y la complementariedad con los demás tipos
educativos, especialmente con el tipo medio superior, para el
fortalecimiento del perfil de ingreso, con un enfoque regional y
local;
XXV. La mejora continua e integral de las tareas administrativas y
de gestión de las instituciones de educación superior;
XXVI. La promoción del fortalecimiento institucional, el dinamismo
y la diversidad de modalidades y opciones educativas en las
instituciones de educación superior;
XXVII. El impulso de la investigación científica, humanística,
tecnológica y la innovación tecnológica, así como la diseminación
y la difusión de la información en acceso abierto que se derive para
impulsar el conocimiento y desarrollo de la educación superior;
XXVIII. La promoción del acceso y la utilización responsable de las
tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y
aprendizaje digital en los procesos de la vida cotidiana y en todas
las modalidades de la oferta del tipo de educación superior;
XXIX. La generación y aplicación de métodos innovadores que
faciliten la obtención de conocimientos, como función sustantiva de
las instituciones de educación superior; y
XXX. La promoción de programas de becas para estancias
académicas de estudiantes en el extranjero.
Título Segundo
Del Tipo de Educación Superior
Capítulo Único
De los Niveles, modalidades y opciones
Artículo 13. Los estudios correspondientes a los niveles del tipo
de educación superior atenderán lo siguiente:
I. De técnico superior universitario o profesional asociado: Se
cursan después de los del tipo medio superior y están orientados
a desarrollar competencias profesionales basadas en habilidades
y destrezas específicas en funciones y procesos de los sectores
productivos de bienes y servicios, preparando a las y los
estudiantes para el mercado laboral. La conclusión de los créditos
de estos estudios se reconocerá mediante el título de técnico
superior universitario, o profesional asociado. Esta formación
puede ser considerada como parte del plan de estudios de una
licenciatura;
II. De licenciatura: Se cursan después de los del tipo medio
superior y están orientados a la formación integral en una
profesión, disciplina o campo académico, que faciliten la
incorporación al sector social, productivo y laboral. A su conclusión
se obtendrá el título profesional correspondiente;
III. De especialidad: Se cursan después de la licenciatura y tienen
como objetivo profundizar en el estudio y tratamiento de problemas
o actividades específicas de un área particular de una profesión. El
documento que se expide a la conclusión de dichos estudios es un
diploma de especialidad y, en los casos respectivos, se otorga el
grado correspondiente;
IV. De maestría: Se cursan después de la licenciatura o
especialidad y proporcionan una formación amplia y sólida en un
campo de conocimiento y tienen como objetivos, alguno de los
siguientes:
a) La iniciación en la investigación, innovación o transferencia del
conocimiento;
b) La formación para la docencia; y
c) El desarrollo de una alta capacidad para el ejercicio profesional.
Al finalizar estos estudios, se otorga el grado correspondiente;
V. De doctorado: Se cursan después de la licenciatura o la
maestría de conformidad con lo establecido en los respectivos
planes de estudio y tienen como objetivo proporcionar una
formación sólida para desarrollar la actividad profesional de
investigación en ciencias, humanidades o artes que produzca
nuevo conocimiento científico, tecnológico y humanístico,
aplicación innovadora o desarrollo tecnológico original. A la
conclusión de este nivel educativo se otorga el grado
correspondiente; y
VI. Normal: Es la que se refiere en el Capítulo IX del Título Segundo
de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa.
Son estudios de posgrado los que se realizan después de la
conclusión de los estudios de licenciatura, en los términos
previstos en las fracciones III, IV y V de este artículo.
Artículo 14. Las modalidades que comprende la educación
superior son las siguientes:
I. Escolarizada: Es el conjunto de servicios educativos que se
imparten en las instituciones de educación superior, caracterizada
por la existencia de coincidencias espaciales y temporales entre
quienes participan en un programa académico y la institución que
lo ofrece para recibir formación académica de manera sistemática
como parte de un plan de estudios;
II. No escolarizada: Es el proceso de construcción de saberes
autónomo, flexible o rígido, según un plan de estudios,
caracterizado por la coincidencia temporal entre quienes participan
en un programa académico y la institución que lo ofrece, que puede
llevarse a cabo a través de una plataforma tecnológica educativa,
medios electrónicos u otros recursos didácticos para la formación
a distancia;
III. Mixta: Es una combinación de las modalidades escolarizada y
no escolarizada, para cursar las asignaturas o módulos que
integran un plan de estudios;
IV. Dual: Es el proceso de construcción de saberes dirigido por una
institución de educación superior para la vinculación de la teoría y
la práctica, integrando a las y los estudiantes en estancias
laborales para desarrollar sus habilidades; y
V. Las que determinen las autoridades educativas, en el ámbito de
su competencia, y las instituciones de educación superior, de
conformidad con la normatividad aplicable.
En el caso de las universidades e instituciones de educación
superior a las que la ley otorgue autonomía se estará a lo que
determine la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución General
y su normatividad interna.
Artículo 15. Las opciones que comprende la educación superior
serán, de manera enunciativa y no limitativa:
I. Presencial;
II. En línea o virtual;
III. Abierta y a distancia;
IV. Certificación por examen; y
V. Las demás que se determinen por la Autoridad Educativa Estatal
e instituciones de educación superior, a través de las disposiciones
que se deriven de la Ley General y la presente Ley.
Artículo 16. Las instituciones de educación superior podrán
otorgar certificados, título profesional, diploma o grado académico
a la persona que haya concluido estudios de tipo superior y
cumplido los requisitos académicos establecidos en los planes de
estudio y ordenamientos aplicables.
Para este propósito, las instituciones de educación superior
determinarán los requisitos y modalidades en que sus egresados
podrán obtener el título profesional, diploma o grado académico
correspondiente.
Los certificados, diplomas, títulos profesionales y grados
académicos que expidan los particulares respecto de estudios
autorizados o reconocidos requerirán de autenticación por parte de
la autoridad o institución pública que haya concedido la
autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios.
Para tal efecto, podrán utilizar medios digitales y procesos
electrónicos.
Todos los certificados, diplomas, títulos profesionales y grados
académicos señalados en este artículo tendrán validez en todo el
territorio nacional, en los términos que establece el artículo 121
fracción V de la Constitución General, la Ley General y la presente
Ley.
Artículo 17. A efecto de obtener el título profesional
correspondiente al nivel de licenciatura, será obligatoria la
prestación del servicio social, para lo cual las instituciones de
educación superior deberán sujetarse a las disposiciones
constitucionales y legales en la materia.
La Autoridad Educativa Estatal establecerá con las instituciones de
educación superior que, como una opción del servicio social, se
realice el reforzamiento del conocimiento a través de tutorías a
estudiantes en el tipo educativo básico y de media superior en las
áreas de matemáticas, lenguaje, comunicación y se proporcione
acompañamiento en servicios de psicología, trabajo social,
orientación educativa, entre otras, para contribuir a su máximo
aprendizaje, desarrollo integral y equidad en educación.
La Autoridad Educativa Estatal, en coordinación con las
instituciones de educación superior, promoverán que el servicio
social sea reconocido como parte de su experiencia para el
desempeño de sus labores profesionales.
Asimismo, se deberán instrumentar programas de prestación de
servicio social en comunidades indígenas, bajo los criterios que las
instituciones de educación superior establezcan, que coadyuven al
desarrollo de la comunidad.
Artículo 18. En la educación superior, las equivalencias y
revalidaciones de estudio se realizarán considerando la
equiparación de asignaturas, la similitud o afinidad de los planes y
programas de estudio, el número de créditos correspondientes al
plan de estudios, cualquier otra unidad de aprendizaje, ciclo
escolar o nivel educativo.
Artículo 19. La autoridad educativa estatal e instituciones de
educación superior facultadas para otorgar revalidaciones o
equivalencias de estudios promoverán la simplificación de dichos
procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad,
imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la
utilización de medios electrónicos de verificación de autenticidad
de documentos académicos, a fin de facilitar y garantizar la
incorporación y permanencia al tipo de educación superior a todas
las personas, incluidas las que hayan sido repatriadas a nuestro
país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de
desplazamiento o migración interna, conforme a las disposiciones
de la materia.
Artículo 20. Los certificados, diplomas, títulos profesionales,
grados académicos, revalidaciones o equivalencias de estudios y
demás comprobantes académicos que expidan las instituciones de
educación superior, con sujeción a los ordenamientos y leyes
aplicables, se registrarán en los términos que establezca la
autoridad educativa federal, en el Sistema de Información y
Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República.
Artículo 21. La movilidad dentro del Sistema Estatal de Educación
Superior se regirá en términos del marco nacional de
cualificaciones y del sistema nacional de asignación, acumulación
y transferencia de créditos académicos, observándose lo dispuesto
por la Ley General.
Las instituciones públicas de educación superior con autonomía
constitucional y legal se regirán por sus propias normas y en
materia de revalidación y movilidad estarán a lo que decidan sus
autoridades escolares.
Título Tercero
De la Educación Superior en el Sistema Educativo Estatal
Capítulo I
Del Sistema Estatal de Educación Superior
Artículo 22. La educación superior forma parte tanto del Sistema
Educativo Nacional como del Sistema Estatal de Educación
Superior para el cumplimiento de los principios, fines y criterios
previstos en el artículo 3o. de la Constitución General.
El Sistema Estatal de Educación Superior es el conjunto orgánico
y articulado de actores, instituciones y procesos para la prestación
del servicio público de educación superior que imparta el Estado,
sus órganos desconcentrados y organismos descentralizados, así
como los particulares con autorización o reconocimiento de validez
oficial de estudios y todos aquellos elementos que contribuyen al
cumplimiento de los fines de la educación superior.
Artículo 23. La autoridad educativa estatal y las instituciones de
educación superior, en coordinación con la autoridad educativa
federal, promoverán la interrelación entre este tipo educativo, el de
básica y de media superior, mediante la formulación de estrategias
comunes que ofrezcan una formación integral a las y los
estudiantes para que cuenten con una preparación académica que
les permita continuidad en su trayecto escolar y un egreso
oportuno en educación superior.
La autoridad educativa estatal y las instituciones de educación
superior, en el ámbito de sus respectivas competencias y en
ejercicio de las atribuciones que le confieren los ordenamientos
jurídicos aplicables, coadyuvarán al cumplimiento de la
programación estratégica que determine el Sistema Educativo
Nacional; además, sus acciones responderán a la diversidad
lingüística, regional y socio cultural del país y del Estado, las
desigualdades de género, así como de la población rural dispersa
y grupos migratorios, además de las características y necesidades
específicas de sectores de la población donde se imparta la
educación superior.
Artículo 24. En el Sistema Estatal de Educación Superior
participarán, con sentido de responsabilidad social, los actores,
instituciones y procesos que lo componen y estará integrado por:
I. Las y los estudiantes de las instituciones de educación superior;
II. El personal académico de las instituciones de educación
superior;
III. El personal administrativo de las instituciones de educación
superior;
IV. Las autoridades educativas estatal y municipales;
V. Las autoridades de las instituciones de educación superior;
VI. Las universidades e instituciones de educación superior a las
que la ley otorga autonomía;
VII. Las instituciones de educación superior del Estado, sus
organismos descentralizados y desconcentrados, así como los
subsistemas en que se organice la educación superior;
VIII. Las instituciones particulares de educación superior del
Estado con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios;
IX. La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación
Superior;
X. Los planes y programas educativos;
XI. Los instrumentos legales, administrativos y económicos de
apoyo a la educación superior;
XII. Las políticas en materia de educación superior;
XIII. Las instancias colegiadas de vinculación, participación y
consulta derivadas de esta Ley;
XIV. El Sistema Estatal de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior; y
XV. Todos los demás actores que participen en la prestación del
servicio público de educación superior.
Artículo 25. El Sistema Estatal de Educación Superior tendrá los
propósitos siguientes:
I. Contribuir a la consolidación de estructuras, sistemas y procesos
orientados a la mejora continua e innovadora de las instituciones y
programas de educación superior;
II. Ampliar la distribución territorial y la oferta de educación
superior, a fin de atender las problemáticas locales y comunitarias,
con énfasis en el bienestar de la población;
III. Fortalecer las capacidades educativas locales y la coordinación
con la Federación;
IV. Sentar las bases, desde el ámbito local, de procesos eficientes
y eficaces de planeación, coordinación, participación y vinculación
social conforme a lo establecido en esta Ley;
V. Consolidar los procesos de evaluación y acreditación de
programas e instituciones de educación superior;
VI. Fortalecer y articular la concurrencia financiera y la distribución
de recursos públicos en el Estado;
VII. Coadyuvar a la integración y articulación de espacios locales y
regionales de educación superior, ciencia, tecnología e innovación;
VIII. Estrechar la vinculación de las instituciones de educación
superior con las comunidades locales, el entorno social, así como
con los sectores sociales y productivos; y
IX. Los demás que se determinen en las leyes correspondientes.
Capítulo II
Del Fortalecimiento a la Ciencia, Tecnología e Innovación en
las Instituciones de Educación Superior
Artículo 26. El Sistema Estatal de Educación Superior y El Sistema
Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación deberán operar de
manera articulada y convergente. Las disposiciones legales y las
políticas de educación superior y las destinadas a ciencia,
humanidades, tecnología e innovación establecerán los
procedimientos para la coordinación y complementariedad de
programas, proyectos y recursos económicos.
Para lograr ese propósito las autoridades educativas y las
instituciones de educación superior, además de lo establecido en
la Ley, atenderán lo siguiente:
I. El fomento de la vocación científica, tecnológica, humanística e
innovadora;
II. La consolidación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
de la investigación e innovación científica, humanística y
tecnológica;
III. La formación de investigadoras e investigadores, en los casos
que corresponda;
IV. El fomento a la creación de infraestructura para el desarrollo de
la ciencia y la innovación tecnológica;
V. El apoyo para la realización de investigación e innovación
científica, humanística y tecnológica;
VI. El diseño y operación de proyectos de investigación aplicada
que favorezcan a la innovación en los sectores estratégicos del
estado, tendientes a resolver los problemas del desarrollo de las
comunidades en que se encuentran las instituciones de educación
superior, fortalezcan los lazos con su entorno e impulsen el
desarrollo regional;
VII. La promoción de la protección y explotación de la propiedad
intelectual y la transferencia de tecnologías;
VIII. La celebración de convenios de colaboración entre
instituciones de educación superior y centros de investigación,
tanto nacionales como extranjeros; y
IX. La democratización de la información científica, tecnológica,
humanística y de innovación, en los términos que establezca la
Ley.
Artículo 27. La Autoridad Educativa Estatal promoverá ante las
instancias competentes y conforme a los procedimientos
establecidos en las disposiciones aplicables, que las instituciones
de educación superior accedan a los recursos destinados al
fortalecimiento y expansión de la investigación científica,
humanística y el desarrollo de la tecnología y la innovación en
todas las regiones del Estado.
Los recursos a los que se refiere este artículo se destinarán para
apoyar la investigación básica y aplicada, la generación de
prototipos científicos y tecnológicos, el diseño de proyectos para la
mejora continua de la educación, la divulgación de la ciencia, la
innovación tecnológica y, en general, todas aquellas acciones que
contribuyan al desarrollo del país y del Estado.
Artículo 28. La Autoridad Educativa Estatal fomentará la creación
de programas de posgrado enfocados en la investigación e
innovación científica, humanística y tecnológica.
Para contribuir a la formación de especialistas en las disciplinas
científicas, humanísticas y tecnológicas e incrementar la matrícula
de esos programas de posgrado, la Autoridad Educativa Estatal y
las instituciones de educación superior, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria, fomentarán el otorgamiento de
becas para el estudio de los programas a los que se refiere este
artículo.
Artículo 29. Las Instituciones Públicas de Educación Superior
podrán realizar investigación e innovación científica, humanística y
tecnológica en asociación con otras instituciones, centros públicos
de investigación, sectores social y privado, de acuerdo con su
normatividad interna. Asimismo, podrán constituir repositorios por
disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación,
de acuerdo con los criterios que se deriven de las disposiciones
legales en la materia.
Con la finalidad de extender hacia todos los sectores de la
sociedad los beneficios de la investigación e innovación, las
autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, y las
Instituciones de Educación Superior impulsarán de manera
permanente acciones de divulgación del conocimiento, dando
prioridad a la población escolar en todos los tipos y niveles
educativos.
Capítulo III
De los Subsistemas de Educación Superior
Artículo 30. El Sistema Estatal de Educación Superior se integra
por los subsistemas universitario, tecnológico y de escuelas
normales y formación docente, en sus diferentes modalidades, a
fin de garantizar una oferta educativa con capacidad de atender las
necesidades nacionales, estatales y municipales, además de las
prioridades específicas de formación de profesionistas,
investigadoras e investigadores para el desarrollo sostenible del
Estado.
Las acciones que se realicen para el cumplimiento de los objetivos
de los subsistemas a los que se refiere este Capítulo contribuirán
al fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional y del Sistema
Educativo Estatal al logro de los principios, fines y criterios de la
educación establecidos en la Constitución General. Además,
estarán orientadas al desarrollo humano integral de las y los
estudiantes conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
Sección Primera
Del Subsistema Universitario
Artículo 31. La educación superior universitaria tiene por objeto la
formación integral de las personas para el desarrollo armónico de
todas sus facultades, la construcción de saberes, la generación,
aplicación, intercambio y transmisión del conocimiento, así como
la difusión de la cultura y la extensión académica en los ámbitos
nacional, estatal y municipal, que faciliten la incorporación de las
personas egresadas a los sectores social, productivo y laboral.
El subsistema universitario estatal se encuentra integrado por las
universidades e instituciones de educación superior que realizan
los objetivos establecidos en el párrafo anterior y se clasifican de
la siguiente forma en razón de su naturaleza jurídica:
I. En el ámbito del Estado:
a) Instituciones públicas de educación superior con autonomía
constitucional y legal;
b) Universidades e instituciones de educación superior constituidas
como organismos descentralizados distintas a las que la Ley
otorga autonomía. Quedan comprendidas en este rubro las
universidades interculturales, las universidades públicas estatales
con apoyo solidario o equivalentes;
c) Universidades e instituciones de educación superior constituidas
como órganos desconcentrados de una dependencia del Estado; y
d) Aquellas a través de las cuales una dependencia del Estado
imparte el servicio de educación superior en forma directa;
II. Instituciones municipales de educación superior;
III. Universidades e instituciones públicas comunitarias de
educación superior, que son aquellas que se organizan a partir de
acuerdos establecidos entre las autoridades federales, el Estado o
los municipios, con comunidades organizadas;
IV. Universidades e instituciones particulares de educación
superior, que son aquellas creadas por particulares con
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
Quedan comprendidas en este apartado, aquellas instituciones
particulares de educación superior de sostenimiento social y
comunitario;
V. Instituciones de educación superior reconocidas en México
mediante convenios o tratados internacionales; y
VI. Centros Públicos de Investigación, que son aquellas entidades
paraestatales de la Administración Pública del Estado que, de
acuerdo con su instrumento de creación, tienen como objeto
predominante realizar actividades de investigación científica,
tecnológica y humanística, cuentan con programas de formación
en el tipo superior y realizan actividades de vinculación con los
sectores social y productivo, extensión y difusión académica.
Sección Segunda
Del Subsistema Tecnológico
Artículo 32. La educación superior tecnológica tiene por objeto la
formación integral de las personas con énfasis en la enseñanza, la
aplicación y la vinculación de las ciencias, las ingenierías y la
tecnología con los sectores productivos de bienes y servicios, así
como la investigación científica y tecnológica.
El subsistema tecnológico se encuentra integrado por las
instituciones de educación superior que realizan los objetivos que
se prevén en el párrafo anterior con el énfasis mencionado y se
clasifican de la siguiente forma en razón de su naturaleza jurídica:
I. En el ámbito del Estado:
a) Instituciones públicas de educación superior con autonomía
constitucional y legal;
b) Instituciones de educación superior constituidas en el Estado
como organismos descentralizados distintos a aquellas a las que
la legislación otorga autonomía: Quedan comprendidas en este
rubro las universidades tecnológicas, las universidades
politécnicas, los institutos tecnológicos descentralizados o
equivalentes;
c) Instituciones de educación superior constituidas como órganos
desconcentrados de una dependencia de los poderes del Estado;
y
d) Aquellas a través de las cuales una dependencia del Estado
imparte el servicio de educación superior en forma directa;
II. Instituciones municipales de educación superior; y
III. Instituciones particulares de educación superior.
Sección Tercera
Subsistema de Escuelas Normales e Instituciones de
Formación Docente
Artículo 33. La educación normal y de formación docente tiene por
objeto:
I. Formar de manera integral profesionales de la educación básica
y media superior, en los niveles de licenciatura, especialidad,
maestría y doctorado, comprometidos con su comunidad y con
responsabilidad social para contribuir a la construcción y desarrollo
de una sociedad justa, inclusiva y democrática;
II. Contribuir al fortalecimiento y la mejora continua de la educación
básica y media superior para lograr la inclusión, equidad y
excelencia educativa; y
III. Desarrollar actividades de investigación, de extensión y de
capacitación en las áreas propias de su especialidad,
estableciendo procedimientos de coordinación y vinculación con
otras instituciones u organismos nacionales e internacionales que
contribuyan a la formación y profesionalización de los docentes y
al mejoramiento de sus prácticas educativas.
Artículo 34. El subsistema de escuelas normales e instituciones
de formación docente está integrado por:
I. Las Escuelas Normales Públicas y las Particulares que cuentan
con Autorización de la autoridad de educación superior docente del
Estado;
II. Las Unidades de la Universidad Pedagógica del Estado de
Sinaloa;
III. Los Centros de Actualización del Magisterio; y
IV. Las Instituciones Públicas de Posgrado y las Particulares que
cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la
autoridad de educación superior docente del Estado.
Artículo 35. La educación normal y de formación docente que se
imparta en el Estado se sujetará a las políticas que emita la
Autoridad Educativa Federal, tomando en cuenta las
particularidades regionales.
Artículo 36. La Autoridad Educativa Estatal es la responsable del
fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente,
escuelas normales, universidades pedagógicas y centros de
actualización del magisterio, lo que implica promover mejores
condiciones para el desempeño y profesionalización de los
formadores de formadores, desarrollar sus programas curriculares,
de investigación y de extensión, robustecer sus procesos de
administración y la planeación de sus modelos de ingreso e
instrumentar metodologías pedagógicas innovadoras para contar
con una sólida formación inicial y formación continua.
Artículo 37. En el cumplimiento del artículo anterior se atenderán
las necesidades y contextos regionales y locales de las
comunidades donde se encuentran ubicadas las instituciones
formadoras de docentes y escuelas normales.
Artículo 38. La Autoridad Educativa Estatal participará
activamente en el Consejo Nacional de Autoridades de Educación
Normal previsto en la Ley General.
Título Cuarto
De las Acciones, Concurrencia y Competencias del Estado
Capítulo I
De las Acciones para el Ejercicio del Derecho a la Educación
Superior
Artículo 39. Las autoridades educativas estatal y municipales
concurrirán y se coordinarán, en el ámbito de sus competencias,
para garantizar la prestación del servicio de educación superior en
todo el Estado en los términos de esta Ley.
Las acciones que realicen se basarán en el enfoque de derechos
humanos y de igualdad sustantiva, respetando el principio de
inclusión. Tendrán una perspectiva de juventudes, de género, así
como de interculturalidad con especial atención a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, a las personas con
discapacidad y a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Tomarán en cuenta medidas económicas, ajustes razonables,
acciones afirmativas y equiparación, para proporcionar atención a
estudiantes con aptitudes sobresalientes y a personas adultas que
cursen algún nivel del tipo de educación superior.
Artículo 40. Las autoridades educativas estatal y municipales y las
Instituciones de Educación Superior, en ejercicio de sus
atribuciones, promoverán las siguientes acciones de manera
coordinada:
I. Programas basados en el principio de equidad entre las personas
a fin de disminuir las brechas de cobertura y excelencia educativa
entre regiones del Estado y sus Municipios, atendiendo a la
demanda educativa enfocada a los contextos regionales y locales
para la prestación del servicio de educación superior;
II. Modelos y programas educativos, así como acciones afirmativas
que eliminen las desigualdades y la discriminación por razones
económicas, de origen étnico, lingüísticas, de género, de
discapacidad o cualquier otra, que garanticen el acceso,
permanencia, continuidad y egreso oportuno equilibrado entre
mujeres y hombres en los programas de educación superior;
III. La formación de equipos multidisciplinarios que incluyan
personas con discapacidad para la identificación de necesidades
específicas de la población con discapacidad, barreras para el
aprendizaje y la participación, vinculación intra e interinstitucional,
interlocución con la comunidad estudiantil y las diversas instancias
o autoridades educativas, investigación y demás acciones
encaminadas a la inclusión de las personas con discapacidad en
todos los tipos, niveles y modalidades educativas. Lo anterior, en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
IV. La aplicación de acciones afirmativas para apoyar a mujeres en
el acceso, permanencia, continuidad y egreso oportuno de los
estudios que cursen en educación superior;
V. Condiciones de movilidad y de estancia en los albergues
estudiantiles, para personas que, por las condiciones geográficas
de su residencia o de salud requieran apoyos para realizar sus
estudios en las sedes de las Instituciones de Educación Superior.
Las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas reconocidas por la legislación aplicable tendrán
acceso de carácter prioritario en la estancia en los albergues
estudiantiles;
VI. La promoción de la ampliación y el mejoramiento permanente
de la infraestructura física y tecnológica de las Instituciones
Públicas de Educación Superior, con base en el principio de
educación inclusiva;
VII. El desarrollo y mejoramiento de la capacidad física, humana y
tecnológica de las Instituciones Públicas de Educación Superior
para garantizar la cobertura en este tipo de educación;
VIII. La enseñanza de las lenguas indígenas del país, del Estado y
de las lenguas extranjeras;
IX. El acceso de la comunidad de las instituciones de educación
superior al acervo bibliográfico y audiovisual, así como la creación,
ampliación y actualización en formatos asequibles y de acceso
abierto de los servicios informativos y de los repositorios con la
utilización de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital;
X. La incorporación de áreas verdes y deportivas en la
infraestructura de las instituciones de educación superior;
XI. Una cultura de prevención y resiliencia para la protección civil,
a fin de arraigar en la comunidad de las instituciones de educación
superior los elementos básicos de prevención, autoprotección y
mitigación frente a circunstancias de riesgo y desastres;
XII. Prácticas rigurosas y adecuadas de evaluación y acreditación
de programas, procesos e instituciones de educación superior;
XIII. La erradicación de cualquier circunstancia social, educativa,
económica, de salud, trabajo, culturales o políticas; disposiciones
legales, figuras o instituciones jurídicas, acciones, omisiones,
barreras de comunicación y de educación con base en los
principios del diseño universal o prácticas que tengan por objeto o
produzcan el efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar,
impedir o restringir el derecho a la educación superior de las
personas, grupos o pueblos, especialmente de aquellos que se
encuentren en situación de desventaja social o vulnerabilidad;
XIV. El fomento a la innovación y el emprendimiento asociativo; y
XV. Todas aquellas que contribuyan al logro de los criterios, fines
y políticas de la educación superior.
Artículo 41. Las autoridades educativas estatal y municipales y las
instituciones de educación superior participarán en el Registro
Nacional de Opciones para Educación Superior en los términos
que establezca la autoridad educativa federal.
Artículo 42. Se promoverá que el establecimiento y extensión de
las instituciones de educación superior o la creación de programas
educativos, tomen en cuenta el Programa Sectorial de Educación,
los Programas Nacional y Estatales de Educación Superior, así
como los planes de las instituciones de Educación Superior y las
demandas de la sociedad en la materia, bajo los criterios de
pertinencia, excelencia académica, equidad, inclusión,
interculturalidad y cuidado del medio ambiente, además del
entorno mundial y las necesidades nacionales, estatales y
municipales del Estado.
Artículo 43. Las autoridades educativas estatal y municipales, de
conformidad con su normatividad aplicable, establecerán de
manera progresiva y permanente esquemas de formación,
capacitación, superación y profesionalización del personal
académico del tipo de educación superior en los ámbitos de
inclusión cultural para la comunidad indígena y personas con
discapacidad, con la finalidad de contribuir a una mejora en los
métodos pedagógicos, el proceso de construcción de saberes y el
aprovechamiento académico de las y los estudiantes. Asimismo,
promoverán la inclusión de docentes que hablen lengua indígena
en las Instituciones de Educación Superior.
La autoridad educativa estatal promoverá la integración en los
contenidos educativos, la cosmovisión de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, así como su riqueza
cultural, sus identidades y conocimientos ancestrales, que se
caracterizan por un fuerte espíritu en favor del medio ambiente y el
desarrollo sustentable.
Asimismo, brindarán espacios en los medios masivos de
comunicación institucionales que en su caso tengan las
Instituciones de Educación Superior, con el objeto de que su
cultura, lengua, usos, costumbres, tradiciones y forma de vida sean
difundidas tanto en programas radiofónicos, televisivos y de
plataformas digitales en lenguas indígenas.
Artículo 44. Las autoridades educativas estatal y municipales y las
instituciones de educación superior, en el ámbito de su
competencia, promoverán programas de apoyo para la titulación
de las personas en los programas a su cargo y que hayan cumplido
con los requisitos académicos y administrativos establecidos por
las instituciones de educación superior.
Artículo 45. Las instituciones de educación superior, en sus
niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado,
además de las modalidades con que cuenten, deberán establecer
opciones de titulación en lenguas indígenas para las personas
pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, bajo los criterios que las mismas establezcan.
Artículo 46. Las instituciones de educación superior, con el apoyo
de las autoridades respectivas, en sus ámbitos de competencia,
promoverán y aplicarán en formatos accesibles las medidas
necesarias para la prevención y atención de todos los tipos y
modalidades de violencia, en específico la violencia contra las
mujeres, así como para la protección del bienestar físico, mental y
social de sus estudiantes y del personal que labore en ellas. Dichas
medidas se basarán en diagnósticos y estudios de las actividades
académicas, escolares y administrativas para lograr una detección
y atención oportuna de los factores de riesgo, violencia y
discriminación, estableciendo protocolos de atención y
proporcionando, en su caso, servicios de orientación y apoyo de
trabajo social, médico, psicológico y jurídico.
Las acciones derivadas para el cumplimiento de este artículo
respetarán la protección de datos personales y la privacidad de
estudiantes y del personal que reciba los servicios conforme a la
normatividad aplicable.
Artículo 47. El Estado reconoce la importancia y coadyuvará a
garantizar que las instituciones de educación superior se
constituyan como espacios libres de todo tipo y modalidad de
discriminación y violencia, en específico la violencia contra las
mujeres, para garantizar el acceso pleno al derecho a la educación
superior.
Artículo 48. En el ámbito de su competencia, conforme a sus
procedimientos normativos y de acuerdo con sus características,
las instituciones de educación superior promoverán, entre otras, la
adopción de las siguientes medidas:
I. En el ámbito institucional:
a) Emisión de diagnósticos, programas y protocolos para la
prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos y
modalidades de violencia; en el caso de la violencia contra las
mujeres se excluirán las medidas de conciliación o equivalentes
como medio de solución de controversias;
b) Creación de instancias con personal capacitado para la
operación y seguimiento de protocolos para la prevención,
atención, sanción y erradicación de todos los tipos y modalidades
de violencia, en específico la violencia contra las mujeres;
c) Adopción de medidas para considerar la violencia contra las
mujeres como causa especialmente grave de responsabilidad;
d) Aplicación de programas que permitan la detección temprana de
los problemas de los tipos y modalidades de la violencia contra las
mujeres en las instituciones de educación superior, para
proporcionar una primera respuesta urgente a las estudiantes que
la sufren;
e) Realización de acciones formativas y de capacitación a toda la
comunidad de las instituciones de educación superior en materia
de derechos humanos, así como de la importancia de la
transversalización de la perspectiva de género;
f) Promoción de la cultura de la denuncia de la violencia contra las
mujeres en la comunidad de las instituciones de educación
superior; y
g) Creación de una instancia para la igualdad de género cuya
función sea la incorporación de la perspectiva de género en todas
las acciones que lleve a cabo la institución;
II. En el ámbito académico:
a) Incorporación de contenidos educativos con perspectiva de
género que fomenten la igualdad sustantiva y contribuyan a la
eliminación de todos los tipos y modalidades de violencia, en
específico la violencia contra las mujeres, así como los
estereotipos de género y que estén basados en la idea de la
superioridad o inferioridad de uno de los sexos; y
b) Desarrollo de investigación multidisciplinaria encaminada a
crear modelos para la detección y erradicación de la violencia
contra las mujeres en las instituciones de educación superior;
III. En el entorno de la prestación del servicio:
a) Fomento de senderos seguros dentro y fuera de las
instalaciones de las instituciones de educación superior;
b) Promoción del mejoramiento del entorno urbano de las
instituciones de educación superior, así como de su infraestructura
para la generación de condiciones de seguridad de las mujeres;
c) Dignificación de las instalaciones sanitarias con la
implementación de medidas que respeten los derechos y la
dignidad de las mujeres y se constituyan como espacios libres de
violencia;
d) Fomento de medidas en el transporte público para garantizar la
seguridad de las y los estudiantes y del personal de las
instituciones de educación superior en los trayectos relacionados
con sus actividades académicas y laborales, respectivamente; y
e) Promoción de transporte escolar exclusivo para mujeres.
Las medidas establecidas en la fracción III de este artículo serán
complementarias y coadyuvantes a las que realicen las
autoridades respectivas en el ámbito de su competencia.
La instancia para la igualdad de género dentro de la estructura de
las Instituciones de Educación Superior será la encargada de
realizar el seguimiento de las acciones a las que se refiere este
artículo.
Artículo 49. Las instituciones de educación superior utilizarán el
avance de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los
modelos pedagógicos y la innovación educativa; así como para
favorecer y facilitar el acceso de la comunidad educativa al uso de
medios tecnológicos y plataformas digitales. Asimismo,
promoverán la integración en sus planes y programas de estudio,
los contenidos necesarios para que las y los estudiantes adquieran
los conocimientos, técnicas y destrezas sobre tecnología digital y
plataformas digitales con información de acceso abierto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3o., párrafo
décimo segundo de la Constitución General, los planes y
programas de estudio de las instituciones de educación superior
tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que
se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades dentro
de las cuales se encuentran: la enseñanza de las matemáticas, la
lectoescritura, la literacidad, la literatura y poesía, la historia, la
geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las
lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la
educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la
promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y
reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.
Artículo 50. Para fomentar el aprendizaje, el conocimiento, las
competencias formativas y las habilidades digitales, las
instituciones de educación superior, en el ámbito de sus
respectivas competencias, desarrollarán estrategias transversales
y promoverán las siguientes acciones:
I. Priorizar la conversión a las tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital;
II. Implementar las opciones educativas con la utilización de las
tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y
aprendizaje digital;
III. Contar con tecnología accesible para la realización de las
funciones de docencia; y
IV. Aplicar la Agenda Digital Educativa emitida en términos de la
Ley General de Educación y esta Ley.
Capítulo II
De las Autoridades Educativas del Estado
Artículo 51. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad
educativa estatal las atribuciones siguientes:
I. Coordinar el Sistema Estatal de Educación Superior, de acuerdo
con la normativa del Estado en materia educativa y las
disposiciones de la presente Ley, con respeto a la autonomía
universitaria y a la diversidad de las instituciones de educación
superior;
II. Vincular la planeación de la educación superior con los objetivos,
lineamientos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del
Plan Estatal de Desarrollo, del Programa Sectorial de Educación,
del Programa Nacional de Educación Superior y del Programa
Estatal de Educación Superior;
III. Establecer mecanismos de colaboración entre los subsistemas
e instituciones de educación superior del Estado;
IV. Establecer la Comisión Estatal para la Planeación de la
Educación Superior;
V. Trabajar de manera conjunta con la autoridad educativa federal,
a través del Consejo Nacional para la Coordinación de la
Educación Superior, para la planeación, evaluación y mejora
continua de la educación superior;
VI. Proponer a la autoridad educativa federal contenidos regionales
para que, en su caso, sean incluidos en los planes y programas de
estudio de las escuelas normales;
VII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del
Estado correspondiente a la educación superior para el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y la normatividad
local correspondiente;
VIII. Ministrar por conducto de la Secretaría de Administración y
Finanzas, en su caso, los recursos provenientes de la Federación
para la educación superior;
IX. Promover en las instituciones de educación superior del Estado
la celebración y aplicación de convenios para el desarrollo
armónico de la educación superior, el fortalecimiento de la
investigación científica y tecnológica, y para el desarrollo del
Sistema Estatal de Educación Superior;
X. Ejecutar acciones para fomentar la cultura de la evaluación y
acreditación entre las instituciones de educación superior del
Estado;
XI. Establecer los lineamientos para la expedición de títulos
profesionales por parte de la autoridad educativa estatal;
XII. Suministrar información para actualizar el sistema al que se
refiere el artículo 63 de esta Ley; y
XIII. Las demás que con tal carácter establezca esta Ley y otras
disposiciones aplicables.
Artículo 52. Adicionalmente, corresponde a la autoridad educativa
estatal, de manera concurrente con la autoridad educativa federal,
las atribuciones siguientes:
I. Garantizar el servicio público de educación superior, atendiendo
a las necesidades y características de ese tipo de educación,
conforme a los principios, fines y criterios establecidos en la
Constitución General, la Ley General de Educación, la Ley
General, esta Ley y demás disposiciones aplicables;
II. Establecer mecanismos de coordinación entre los subsistemas
de educación superior, así como el sistema estatal de ciencia,
tecnología e innovación;
III. Propiciar la interrelación entre el Sistema Estatal de Educación
Superior y el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación;
IV. Diseñar e instrumentar programas para el desarrollo de la
educación superior en el ámbito estatal, articulados con los
instrumentos de planeación del desarrollo, procurando la más
amplia participación social;
V. Promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que
vinculen la planeación institucional e interinstitucional de la
educación superior con los objetivos y prioridades que demande el
desarrollo comunitario, municipal, estatal y nacional;
VI. Impulsar y apoyar la celebración de convenios y acuerdos para
el fomento y desarrollo armónico de la educación superior y evaluar
su impacto en los sectores sociales y productivos;
VII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación, fomentar su enseñanza, su expansión
y divulgación en acceso abierto, en los términos de la presente Ley
y de las demás disposiciones aplicables;
VIII. Promover la mejora continua y la excelencia académica de las
funciones, programas y servicios de educación superior con la
participación de los componentes que integran los Sistemas
Nacional y Estatal de Educación Superior;
IX. Diseñar e implementar, de manera coordinada, programas de
expansión y diversificación de la oferta educativa de tipo superior,
garantizando su validez oficial, los recursos materiales y la
infraestructura necesarios para la prestación de nuevos servicios
educativos con criterios de excelencia educativa, equidad,
inclusión, pertinencia e interculturalidad, con especial atención a
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
X. Realizar la planeación de la educación superior, con la
participación de las comunidades académicas de las instituciones
de este tipo de educación;
XI. Impulsar opciones educativas innovadoras que contribuyan a la
educación de excelencia, el incremento de la cobertura y
diversificación de la oferta educativa;
XII. Promover, en coordinación con las instituciones de educación
superior y los sectores público, social y productivo, bolsas de
trabajo y otras opciones para facilitar el empleo de las personas
egresadas de educación superior;
XIII. Fomentar políticas de financiamiento para el desarrollo de la
educación superior y la realización de proyectos entre las
instituciones de educación superior, así como verificar su
cumplimiento y promover, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables, la asignación de recursos a las Instituciones
Públicas de Educación Superior;
XIV. Establecer, en forma coordinada, los criterios académicos que
deberán considerar separar la designación del personal directivo
de las Instituciones Públicas de Educación Superior del Estado que
reciban subsidio federal y no cuenten con autonomía;
XV. Promover e instrumentar acciones tendientes a alcanzar la
paridad de género en los órganos colegiados de gobierno,
consultivos y académicos, así como el acceso de mujeres a los
cargos directivos unipersonales de las instituciones de educación
superior;
XVI. Fomentar la igualdad de género y las condiciones de equidad
entre el personal académico a cargo de las tareas de docencia,
investigación, extensión y difusión de la cultura;
XVII. Establecer, en forma coordinada, las acciones y procesos
para fortalecer la gestión, organización y administración de las
escuelas normales y de las demás Instituciones Públicas de
Educación Superior que no cuenten con autonomía;
XVIII. Establecer los lineamientos de la educación superior
impartida por particulares conforme a las disposiciones de esta Ley
y las que emita la autoridad educativa federal, así como ejercer las
facultades de vigilancia respecto a los servicios de educación
superior;
XIX. Coordinar las acciones necesarias para integrar, ordenar y
actualizar el sistema de información del Sistema Estatal de
Educación Superior;
XX. Elaborar de manera coordinada un informe anual sobre el
estado que guarda la educación superior en el Estado, el cual
deberá incluir un enfoque de mejora continua, la definición de
áreas estratégicas y programas prioritarios, así como la
información contable, presupuestaria y programática del sector. El
informe será remitido al Congreso del Estado y al Consejo Nacional
para la Coordinación de la Educación Superior;
XXI. Promover la internacionalización del Sistema Estatal de
Educación, a través de convenios de movilidad y de otras formas
de cooperación académica;
XXII. Dar seguimiento a las medidas para generar las condiciones
educativas, del entorno urbano y de prestación de servicios
públicos necesarios que coadyuven al cumplimiento, por parte de
las instituciones de educación superior, de los criterios, fines y
políticas previstos en esta Ley;
XXIII. Orientar sus prácticas administrativas, a través de procesos
de simplificación, para facilitar la operación de las instituciones de
educación superior en el cumplimiento de sus fines educativos;
XXIV. Coordinar las acciones para la implementación del sistema
de evaluación y acreditación de la educación superior en
programas, procesos e instituciones de educación superior;
XXV. Dar aviso a las autoridades competentes a efecto de ordenar
la suspensión de actos o prácticas que constituyan una probable
conducta prohibida por la ley o una posible violación a los derechos
humanos reconocidos por la Constitución General y demás
disposiciones aplicables e imponer las sanciones que procedan; y
XXVI. Las demás previstas en esta Ley y en los ordenamientos
aplicables.
Artículo 53. Los municipios que impartan el servicio de educación
superior se coordinarán con la autoridad educativa estatal, a efecto
de cumplir adecuadamente con los criterios, fines y políticas de
este tipo de educación.
Los municipios coadyuvarán en la promoción, apoyo, desarrollo y
prestación del servicio de educación superior en el Estado, en el
ámbito de su competencia.
Título Quinto
De la Coordinación, Planeación y Evaluación
Capítulo I
De la Coordinación y Planeación de la Educación Superior
Artículo 54. El desarrollo de la educación superior en el Estado se
realizará mediante la coordinación y programación estratégica,
participativa, interinstitucional y colaborativa entre las autoridades
educativas estatal y municipales, con la participación activa de las
autoridades y comunidades académicas de las instituciones de
educación superior, en los términos y conforme a las instancias y
disposiciones que se establecen en esta Ley.
Artículo 55. La Comisión Estatal para la Planeación de la
Educación Superior es un órgano de coordinación estatal de las
estrategias, programas y proyectos para la planeación del
desarrollo de la educación superior en el Estado.
La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior
estará integrada por los siguientes miembros, los cuales tendrán
derecho a voz y voto:
I. La persona titular de la autoridad educativa estatal, quien la
presidirá;
II. La persona titular de la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior de la autoridad educativa estatal, quien
ocupará la Secretaría Técnica;
III. La persona titular de la Subsecretaría de Planeación Educativa
de la autoridad educativa estatal;
IV. La persona titular de la Coordinación General para el Fomento
de la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa;
V. La persona titular de la delegación de la autoridad educativa
federal en el Estado;
VI. Las autoridades educativas municipales en materia de
educación superior;
VII. Las personas Rectoras y Directoras de las Instituciones
Públicas de Educación Superior de cada uno de los subsistemas
del Estado;
VIII. Al menos una persona representante de las instituciones
particulares de educación superior del Estado; y
IX. El Representante de la Instancia estatal de vinculación,
consulta y participación social.
Dentro de dicha instancia estarán tres estudiantes, en
representación de cada subsistema de educación superior previsto
en la presente Ley, de los cuales al menos uno pertenecerá a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
A las sesiones de la Comisión Estatal para la Planeación de la
Educación Superior se podrá invitar a personas representantes de
los sectores social y productivo; además atenderán el principio de
máxima publicidad.
En la designación de las personas referidas en la fracciones VIII y
IX se buscará la representación paritaria entre los géneros.
Artículo 56. La Comisión Estatal para la Planeación de la
Educación Superior, tendrá las siguientes funciones:
I. Planear y propiciar el desarrollo de la educación superior en el
Estado de manera concertada y participativa entre la autoridad
educativa estatal y las instituciones de educación superior;
II. Colaborar con la autoridad educativa estatal en la elaboración
del programa estatal de educación superior;
III. Diseñar y promover la implementación de programas,
proyectos, estrategias, políticas y acciones que apoyen el
desarrollo y la mejora continua de la educación superior en el
Estado;
IV. Fomentar la colaboración entre las instituciones de educación
superior que permita un desarrollo coordinado de este tipo de
educación, la movilidad de las y los estudiantes y del personal
académico, así como su vinculación con los sectores público,
social y productivo;
V. Proponer y diseñar estrategias para hacer efectiva la
obligatoriedad de la educación superior en el Estado, así como la
reorientación de la oferta educativa, conforme a las necesidades
del desarrollo estatal y regional, bajo criterios de inclusión y
equidad;
VI. Promover la creación de programas de posgrado de calidad en
los sectores estratégicos;
VII. Proponer criterios generales para la creación de nuevas
instituciones públicas y programas educativos apegándose a las
políticas de educación superior;
VIII. Realizar y solicitar estudios de factibilidad y de pertinencia de
la apertura de nuevas instituciones públicas, planes y programas
de estudios, así como nuevas modalidades y opciones educativas;
IX. Realizar los estudios necesarios que permitan identificar las
necesidades de docencia, investigación, extensión y difusión de la
cultura en el Estado;
X. Proponer estrategias para el fortalecimiento del financiamiento
de las Instituciones Públicas de Educación Superior, así como para
la transparencia y la rendición de cuentas;
XI. Participar, con el Consejo Nacional para la Coordinación de la
Educación Superior, en el diseño de las directrices, estrategias y
programas para el desarrollo de la educación superior en los
términos de las disposiciones aplicables;
XII. Impulsar los procesos de evaluación de las instituciones de
educación superior en el Estado y formular recomendaciones para
la mejora continua;
XIII. Proponer estrategias para el fortalecimiento de la planta
académica y administrativa de las instituciones de educación
superior del Estado;
XIV. Aprobar su reglamento interno de funcionamiento; y
XV. Las demás previstas en la presente Ley, la Ley General, la Ley
de Educación para el Estado de Sinaloa y en otras disposiciones
aplicables.
Artículo 57. La Comisión Estatal para la Planeación de la
Educación Superior, convocará a instancias de vinculación,
consulta y participación social a nivel estatal por especialidad, por
subsistema o en la modalidad que corresponda.
Capítulo II
De la Mejora Continua, la Evaluación y la Información de la
Educación Superior
Artículo 58. Para orientar el desarrollo de la educación superior en
el Estado, la autoridad educativa estatal elaborará un Programa
Estatal de Educación Superior, que incluya objetivos, políticas,
estrategias, líneas de acción y metas globales para cada uno de
los subsistemas educativos, además de reconocer el diferente
nivel de desarrollo de las instituciones que integran cada
subsistema.
El Programa Estatal de Educación Superior tendrá un enfoque que
responda a los contextos regionales y locales en la prestación del
servicio de educación superior. Deberá revisarse con un año de
anticipación a la actualización que se realice del Programa
Nacional de Educación Superior, con el objetivo de que sus
resultados e indicadores sirvan de base para la visión prospectiva
y de largo plazo del mismo.
En su elaboración se observará lo dispuesto en el Programa
Nacional de Educación Superior y demás disposiciones aplicables,
además recibirá las propuestas que se formulen en el seno de la
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior y las
instancias de vinculación, consulta y participación social en materia
de educación superior del Estado.
Artículo 59. La autoridad educativa estatal implementará un
sistema estatal de evaluación y acreditación de la educación
superior, en el que se integrará y sistematizará la información de
los procesos de evaluación y acreditación de las instituciones de
educación superior del Estado, la cual tendrá fines estadísticos, de
planeación, evaluación y demás que contribuyan en la mejora
continua de la educación superior en el Estado.
Artículo 60. La autoridad educativa estatal establecerá los
mecanismos mediante los cuales las instituciones de educación
superior proporcionen la información que integre el sistema estatal
de evaluación y acreditación de la educación superior.
Artículo 61. La autoridad educativa estatal y las instituciones de
educación superior deberán participar activamente en el sistema
de evaluación y acreditación de la educación superior que refiere
la Ley General y observarán la normativa que lo regule.
Artículo 62. Las instituciones de educación superior deberán
desarrollar procesos sistemáticos e integrales de planeación y
evaluación de carácter interno y externo de los procesos y
resultados de sus funciones sustantivas y de gestión, incluidas las
condiciones de operación de sus programas académicos, para la
mejora continua de la educación y el máximo logro de aprendizaje
de las y los estudiantes. Para tal efecto, podrán apoyarse en las
mejores prácticas instrumentadas por otras instituciones de
educación superior, así como de las organizaciones e instancias
nacionales e internacionales, dedicadas a la evaluación y
acreditación de programas académicos y de gestión institucional.
Los resultados de procesos de evaluación y acreditación deberán
estar disponibles a consulta. Serán con fines diagnósticos para
contribuir al proceso de mejora continua de la educación y no
tendrán carácter punitivo.
Artículo 63. La autoridad educativa estatal coordinará con la
autoridad educativa federal las acciones necesarias para la
implementación del sistema de información de la educación
superior de consulta pública como un instrumento de apoyo a los
procesos de planeación y evaluación. Para la operación de dicho
sistema, se tomarán en cuenta los procesos de la autoridad
educativa federal bajo los cuales las autoridades educativas,
instituciones de educación superior, además de las instancias y
sectores vinculados con el tipo de educación superior proporcionen
información que integren el sistema al que se refiere este artículo,
el cual tendrá fines estadísticos, de planeación, evaluación y de
información a la sociedad, a través de los medios que para tal
efecto se determinen.
Título Sexto
Financiamiento de la Educación Superior
Capitulo Único
Concurrencia en el Financiamiento
Artículo 64. El Estado concurrirá con la Federación, acorde a lo
establecido en la Ley General, en el cumplimiento progresivo, de
conformidad con la disponibilidad presupuestaria, del mandato de
obligatoriedad de la educación superior y al principio de gratuidad
en la educación en términos de lo establecido en el artículo 3o. de
la Constitución General.
En la concurrencia del Estado para el financiamiento de las
instituciones públicas de educación superior se considerarán las
necesidades regionales y locales de la prestación del servicio de
educación superior y se sujetarán a las disposiciones de ingreso,
gasto público, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización
que resulten aplicables.
El monto anual que el Estado destine a la educación pública del
tipo superior será en términos de lo establecido en el artículo 119
de la Ley General de Educación y dicho monto no podrá ser inferior
a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, en términos de las
disposiciones aplicables.
Artículo 65. En la integración de los presupuestos
correspondientes, de conformidad con la disponibilidad
presupuestaria, en su caso, se contemplarán los recursos
financieros, humanos, materiales y la infraestructura necesarios
para el crecimiento gradual, desarrollo y cumplimiento de las
funciones de las Instituciones públicas de Educación Superior, bajo
los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad,
además de los criterios de equidad, inclusión y excelencia.
Adicionalmente, para la integración de los presupuestos se
deberán considerar los aspectos de desarrollo previstos en el
Programa Estatal de Educación Superior.
Artículo 66. Los municipios que, en su caso, impartan educación
superior observarán lo establecido en el artículo anterior, conforme
a la legislación aplicable.
Artículo 67. La asignación de recursos financieros a las
universidades e Instituciones públicas de Educación Superior se
realizará con una visión de largo plazo; para tal efecto, las
autoridades respectivas en su ámbito de competencia deberán
considerar lo siguiente:
I. El Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de
Educación y los Programas Nacional y Estatales de Educación
Superior;
II. Los planes de desarrollo de las instituciones de educación
superior y la disponibilidad presupuestaria para cubrir las
necesidades financieras del ejercicio fiscal correspondiente, así
como el conjunto de operación previstos;
III. Los planes y programas de la autoridad educativa estatal
relacionados con la educación superior;
IV. La cobertura educativa en el Estado y las necesidades
financieras derivadas de la ampliación de la población escolar
atendida, de la oferta educativa y la desconcentración geográfica;
V. Las necesidades para garantizar el fortalecimiento académico y
el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación,
extensión, difusión del conocimiento, la cultura y gestión
institucional; y
VI. El ejercicio responsable y transparente de los recursos
públicos, de conformidad con la legislación aplicable.
La autoridad educativa estatal establecerá procedimientos para
asegurar una participación equitativa en el financiamiento de la
educación superior, a efecto de alcanzar de manera gradual las
aportaciones paritarias estatales respecto a los recursos federales
que se destinen a las instituciones de educación superior del
Estado.
Artículo 68. La transición gradual hacia la gratuidad, en ningún
caso afectará el cumplimiento de los fines previstos en el artículo
3o. de la Constitución General, ni las finanzas de las Instituciones
públicas de Educación Superior. Para tal efecto, el Congreso del
Estado deberá destinar los recursos en el Presupuesto de Egresos
de cada ejercicio fiscal. El Congreso del Estado prevendrá las
partidas presupuestales necesarias que aseguren el acceso
gratuito a la educación superior de las personas pertenecientes a
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin
perjuicio de la gradualidad prevista en el presente artículo.
Las universidades e instituciones de educación superior a las que
la ley otorgue autonomía, a partir de la disponibilidad
presupuestaria derivada del financiamiento previsto en esta Ley,
con el apoyo de las autoridades educativas federal y estatal,
propondrán mecanismos para la transición gradual hacia la
gratuidad de los servicios educativos, sin que en ningún caso se
afecte el cumplimiento de sus fines ni las finanzas institucionales.
Lo anterior, sin menoscabo de lo señalado en la fracción VIII del
artículo 8 de la presente Ley.
Se exceptuará de cualquier tipo de cobro por conceptos de
preinscripción, inscripción, reinscripción y cuotas escolares
ordinarias, en los programas educativos de técnico superior
universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, a las
personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas reconocidas como tal por la legislación aplicable.
Artículo 69. En el ejercicio de los recursos para el financiamiento
de la educación superior, además de lo previsto por las
disposiciones legales aplicables, se deberá observar que:
I. La ministración de los recursos ordinarios atienda
primordialmente el principio de oportunidad y respeto a los
calendarios de gasto que se elaboren por las autoridades
correspondientes con base en las prioridades y requerimientos de
las instituciones de educación superior, con el objeto de lograr una
mayor eficiencia de los mismos. Cuando la naturaleza jurídica de
las instituciones así lo permita la ministración se hará por la
Secretaría de Administración y Finanzas del Estado en forma
directa a éstas y, en los demás casos, a través de las tesorerías
municipales;
II. Los recursos ordinarios de las Instituciones públicas de
Educación Superior son aquéllos destinados a cubrir sus
erogaciones en materia de servicios personales y gastos de
operación, así como para el desarrollo de sus funciones
sustantivas, de manera particular, la ampliación de la oferta
educativa, el incremento de la cobertura, el fortalecimiento de la
carrera docente, el logro de la excelencia académica, el
fortalecimiento de la investigación científica, humanística, el
desarrollo tecnológico, la innovación y la mejora continua de la
gestión institucional;
III. El incumplimiento en la ministración de los recursos asignados
o de los demás compromisos de pago establecidos en los
convenios de apoyo financiero respectivos por parte de servidores
públicos del Estado dará lugar a las responsabilidades que
correspondan en términos de lo establecido en el Título Cuarto de
la Constitución General y demás normativa legal aplicable, sin
perjuicio de otras sanciones que, en su caso, lleguen a
determinarse por cualquier autoridad;
IV. Las Instituciones Públicas de Educación Superior podrán
solicitar al Estado, en los casos que corresponda, recursos
extraordinarios para la satisfacción de necesidades adicionales en
el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia,
investigación, desarrollo científico y tecnológico, extensión y
difusión de la cultura;
V. Los recursos públicos que reciban las Instituciones Públicas de
Educación Superior deberán administrarse con eficiencia,
responsabilidad y transparencia, a través de procedimientos que
permitan la rendición de cuentas y el combate a la corrupción;
VI. El ejercicio del gasto público de las Instituciones Públicas de
Educación Superior estará sujeto a las disposiciones y criterios
establecidos en las leyes aplicables y su normatividad interna,
debiendo observar los principios de legalidad, eficiencia, eficacia,
economía, transparencia, rendición de cuentas y honradez;
VII. El Estado prestará todas las facilidades y colaboración para
que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras
verifiquen la correcta ministración de recursos federales a las
Instituciones Públicas de Educación Superior en los términos
precisados en la Ley General;
VIII. Los recursos federales transferidos a las Instituciones
Públicas de Educación Superior estarán sujetos a la fiscalización
de la Auditoria Superior de la Federación conforme a la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación como lo
determina la Ley General. La fiscalización y rendición de cuentas
de los recursos públicos estatales y municipales, se sujetará a lo
dispuesto en las leyes y disposiciones aplicables, correspondiendo
a la entidad de fiscalización superior de la legislatura local
respectiva, dotada de autonomía técnica y de gestión, ejercer las
atribuciones que aquéllas establezcan. La fiscalización de los
recursos públicos que ejerzan las instituciones de educación
superior a las que la ley otorgue autonomía, deberá realizarse con
pleno respeto a ésta;
IX. Los ingresos propios de las instituciones que cuenten con
personalidad jurídica y patrimonio propio serán complementarios a
la asignación presupuestal a cargo de la Federación y del Estado.
Esos ingresos serán reportados en los informes que se realicen de
la evaluación de gasto público respectivo, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables. Estos ingresos formarán parte
de su patrimonio, serán administrados por las propias instituciones
y se destinarán para el cumplimiento de sus objetivos y programas
de desarrollo institucional; y
X. Las Instituciones Públicas de Educación Superior, con apoyo de
la autoridad educativa estatal, podrán llevar a cabo programas y
acciones para incrementar sus recursos, así como ampliar y
diversificar sus fuentes de financiamiento, sin menoscabo del
principio constitucional de gratuidad en los términos establecidos
en la presente Ley. Las instituciones de educación superior
informarán a las instancias correspondientes sobre la captación de
recursos y su aplicación, observando las disposiciones de
fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
Título Séptimo
De los Particulares que impartan Educación Superior
Capítulo I
De los Aspectos generales para impartir el servicio educativo
Artículo 70. El Estado reconoce la contribución que realizan las
instituciones particulares de educación superior que cuentan con
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios para el
logro de los principios, fines y criterios de la educación establecidos
en la Constitución General, por tanto, gozarán de todas las
garantías para impartir este tipo de educación, asimismo estarán
obligados a cumplir las disposiciones legales aplicables.
A las instituciones particulares de educación superior se les
reconoce la libertad para definir su modelo educativo, así como su
organización interna y administrativa; fijar las disposiciones de
admisión, permanencia y egreso de sus estudiantes, con pleno
respeto a los derechos humanos y en apego a las disposiciones
legales; participar en programas que promuevan la ciencia, la
tecnología y la innovación; promover la investigación, la
vinculación y la extensión dentro de los lineamientos de su modelo
educativo y desarrollo institucional; realizar convenios con
universidades, centros de investigación y otras organizaciones
nacionales o extranjeras para la prestación de sus servicios
educativos; y las demás necesarias para prestar el servicio público
de educación superior en cumplimiento con las disposiciones de la
Ley General y la presente Ley.
Artículo 71. Los particulares podrán impartir educación del tipo
superior considerada como servicio público en términos de esta
Ley, en todos sus niveles y modalidades, con la autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos
dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución General, la Ley
General de Educación, la Ley General y esta Ley, en lo que
corresponda, y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Por lo que concierne a la educación normal y demás para la
formación docente de educación básica, deberán obtener
previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, la
cual surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la
autoridad educativa correspondiente o la institución facultada para
ello y se otorgará conforme a las disposiciones de la Ley General
de Educación y los lineamientos que expida la autoridad educativa
federal para tal efecto.
Tratándose de estudios distintos a los del párrafo anterior, se
estará a lo dispuesto en el Capítulo II del presente Título y, en lo
que corresponda, a la Ley General de Educación y la Ley General.
Los particulares que impartan estudios de tipo superior que
obtengan autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios en términos de esta Ley y demás normativa aplicable,
deberán registrarse ante la autoridad en materia de profesiones,
de conformidad con la normatividad aplicable.
Las autorizaciones o los reconocimientos de validez oficial de
estudios se refrendarán con la periodicidad que se determine en
esta Ley. La autoridad educativa estatal o las Instituciones Públicas
de Educación Superior facultadas para ello, en los casos de su
competencia, podrán autorizar plazos de refrendo mayores a los
previstos en la presente Ley conforme a los lineamientos que para
tal efecto expidan. En el supuesto de no cumplir los requisitos
establecidos para el refrendo, establecerán los procedimientos
necesarios para salvaguardar los estudios de las personas
inscritas en el plan y programa respectivo.
Artículo 72. Para contribuir a la equidad en educación, las
instituciones particulares de educación superior otorgarán becas
que cubran la impartición del servicio educativo, cuya suma del
número que otorguen no podrá ser inferior al cinco por ciento del
total de su matrícula inscrita para todos los planes y programas de
estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios distribuidas de manera proporcional, de acuerdo con el
número de estudiantes de cada uno de ellos.
Las becas se otorgarán, con base en el criterio de equidad, a
estudiantes que no cuenten con posibilidades económicas para
cubrir el servicio educativo prestado por las instituciones
particulares de educación superior, sobresalgan en capacidades
académicas o ambas, y que cumplan con los requisitos que la
misma establezca para el ingreso y permanencia. El otorgamiento
se realizará a través de un Comité de Equidad y
Corresponsabilidad Social Educativa establecido por cada
institución particular de educación superior, conforme a sus
normas internas y deberá cumplir con los principios de
transparencia y publicidad conforme a los lineamientos que expida
la autoridad educativa estatal.
Las becas podrán consistir en la exención del pago total o parcial
de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido
el particular. Para dar cumplimiento al monto porcentaje
establecido en el párrafo primero de este artículo, los porcentajes
de las becas parciales se sumarán hasta completar el equivalente
a una beca de la exención del pago total de las cuotas de
inscripción o de colegiaturas que haya establecido el particular. El
otorgamiento o renovación de la beca no podrá condicionarse a la
aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad
extracurricular a cargo del becario.
Capítulo II
Del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
Artículo 73. En el reconocimiento de validez oficial de estudios se
atenderán las siguientes disposiciones:
I. La resolución emitida en términos de esta Ley por la autoridad
educativa estatal, por la autoridad educativa federal o bien de las
instituciones públicas de educación superior facultadas para ello,
reconoce la validez oficial de estudios del tipo superior impartidos
por un particular.
Para su tramitación se observará lo siguiente:
a) Corresponde a la autoridad educativa estatal o las Instituciones
Públicas de Educación Superior facultadas para ello, otorgar,
negar o retirar este tipo de reconocimiento conforme a lo
establecido en esta Ley, la Ley General de Educación, la Ley
General, la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa y las
disposiciones que deriven de ellas;
b) Se otorgará a la persona solicitante que acredite contar con
personal académico, planes y programas de estudio, así como
instalaciones conforme a lo establecido en las disposiciones
correspondientes y, además presente, como parte de su
reglamento escolar, las formas y procedimientos de titulación
respectivos;
c) El otorgamiento será para impartir un plan de estudios en un
domicilio determinado. Una vez otorgado y en caso de que se
modifique el domicilio, se deberá solicitar un nuevo
reconocimiento, salvo en casos de desastres naturales, fortuitos o
de fuerza mayor;
d) Los particulares que quieran ofrecer o impartir estudios con la
denominación de técnico superior universitario, profesional
asociado, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, podrán
hacerlo con el reconocimiento de validez oficial de estudios que
emita la autoridad educativa correspondiente o la institución
facultada para ello;
e) El reconocimiento de validez oficial de estudios será
intransferible;
f) El plazo máximo para que la autoridad educativa estatal o las
Instituciones Públicas de Educación Superior facultadas
respondan respecto a la solicitud del reconocimiento de validez
oficial de estudios será de sesenta días hábiles contados al día
siguiente en que es admitido el trámite respectivo. Podrán
prorrogar ese plazo hasta por treinta días hábiles por causa
debidamente justificada. En caso de no contestar en el plazo
establecido, la autoridad educativa estatal o las instituciones
facultadas para ello determinarán el procedimiento para tenerse
por otorgado el reconocimiento, a través de los lineamientos que
emitan;
g) Conjuntamente con la solicitud del reconocimiento de validez
oficial de estudios o con la solicitud del refrendo del mismo, la
institución particular de educación superior respectiva presentará
un programa de mejora continua o una acreditación institucional
nacional o internacional vigente, ante las autoridades de educación
superior del Estado o la institución pública de educación superior
facultada para otorgar el reconocimiento. El referido programa se
actualizará a la solicitud del refrendo respectivo y será un elemento
de evaluación conforme a lo dispuesto en esta Ley;
h) El reconocimiento de validez oficial de estudios se refrendará
por una periodicidad de uno punto cinco veces la duración del plan
y programa de estudio respectivo. La autoridad educativa estatal o
las instituciones facultadas para ello establecerán procedimientos
abreviados y digitales para su otorgamiento, debiendo dar
respuesta en un plazo no mayor a treinta días hábiles, en caso
contrario se tendrá por otorgado el refrendo; y
i) Los particulares deberán mencionar en la documentación que
expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique si
cada uno de sus planes y programas cuenta con reconocimiento
de validez oficial de estudios;
II. Para la obtención del reconocimiento de validez oficial de
estudios de los programas de educación superior que sean
impartidos en la modalidad no escolarizada o las opciones en línea
o virtual, además de lo establecido en la presente Ley y demás
normativa legal aplicable, deberán cumplir con los requerimientos
de orden técnico que establezcan la autoridad educativa estatal o
la institución de educación superior facultada para ello;
III. Con la resolución emitida por la autoridad educativa estatal o
las instituciones de educación superior facultadas para ello que
reconoce la validez oficial de estudios del tipo superior, el particular
podrá impartir educación sólo en el Estado;
IV. El reconocimiento de validez oficial de estudios, por lo que hace
a la educación superior, surtirá efectos a partir de su otorgamiento;
V. Corresponderá a la autoridad educativa estatal, así como de las
Instituciones Públicas de Educación Superior facultadas para
otorgar, negar o, en su caso, revocar o retirar la autorización o el
reconocimiento de validez oficial de estudios con excepción de las
áreas de la salud en términos de la Ley General;
VI. Vigilar que las denominaciones de las instituciones de
educación superior particulares correspondan a su naturaleza, de
acuerdo con las disposiciones aplicables;
VII. En las disposiciones que emita la autoridad educativa estatal
para regular los trámites y procedimientos relacionados con la
autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios, se
establecerá un programa de simplificación administrativa; y
VIII. Los estudios realizados con anterioridad al otorgamiento del
reconocimiento de validez oficial de estudios no tendrán validez
oficial.
Artículo 74. La Autoridad Educativa Estatal participará con la
Autoridad Educativa Federal, en los términos que ésta determine
en la normativa aplicable, en el proceso de reconocimiento a la
gestión institucional y excelencia educativa y, brindará a las
instituciones particulares que lo obtengan los beneficios que la Ley
General y que esta Ley establece.
Capítulo III
De las Obligaciones de los Particulares
Artículo 75. La autoridad educativa estatal o la institución pública
de educación superior que otorgue la autorización o el
reconocimiento de validez oficial será directamente responsable de
llevar a cabo las acciones de vigilancia de los servicios educativos
respecto a los cuales se concedió dicha autorización o
reconocimiento.
Las facultades de vigilancia respecto de los estudios a los que se
haya otorgado autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios se ejercerán de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 182 del Capítulo II del Título Décimo Segundo de la Ley de
Educación para el Estado de Sinaloa. En el caso de las
Instituciones Públicas de Educación Superior facultadas para ello,
se sujetarán a las disposiciones que emitan en esa materia.
La autoridad educativa estatal podrá auxiliar a la autoridad
educativa federal en el ejercicio de las facultades de vigilancia
dentro de su respectiva competencia y capacidades, cuando ésta
así lo solicite.
La autoridad educativa estatal emitirá la normativa correspondiente
a la vigilancia, en la cual establecerán los términos de la misma y
el reconocimiento, en su caso, de organismos evaluadores
externos de apoyo auxiliares para tal efecto.
Artículo 76. La autoridad educativa estatal o las Instituciones
Públicas de Educación Superior que hayan otorgado la
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, al
realizar las visitas de vigilancia a las que se refiere la Ley de
Educación para el Estado de Sinaloa y la presente Ley, podrán
aplicar las siguientes medidas precautorias y correctivas:
I. Suspensión temporal o definitiva del servicio educativo del plan
o programa de estudios respectivo;
II. Suspensión de información o publicidad del plan o programa de
estudios respectivo que no cumpla con lo previsto en esta Ley;
III. Colocación de sellos e información de advertencia en el plantel
educativo sobre el plan o programa de estudios respectivo; y
IV. Aquellas necesarias para salvaguardar los derechos educativos
de las y los estudiantes.
En caso de aplicarse las medidas establecidas en las fracciones I
y II de este artículo, la autoridad educativa estatal, o la institución
pública de educación superior que otorgue la autorización o el
reconocimiento de validez oficial establecerá los procedimientos
necesarios para salvaguardar los estudios de las personas
inscritas en el plan o programa de estudios respectivo.
Artículo 77. Además de aquellas establecidas en la Ley General
de Educación, Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, son
infracciones de quienes prestan servicios educativos:
I. Ofrecer o impartir estudios denominados como técnico superior
universitario, profesional asociado, licenciatura, especialidad,
maestría o doctorado, en los casos que corresponda en los
términos de esta Ley, sin contar con el reconocimiento de validez
oficial de estudios u ostentarlos sin haberlo obtenido;
II. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 73 fracción I incisos g),
h) e i) de esta Ley;
III. Contravenir las disposiciones contempladas en los artículos 11
y 12 de esta Ley;
IV. Incumplir con las medidas correctivas o precautorias que
ordene la autoridad educativa en términos de esta Ley;
V. Incumplir con alguna de las disposiciones en la asignación de
becas en términos del artículo 72 de esta Ley;
VI. Condicionar la prestación del servicio público de educación a la
contratación de servicios ajenos a la prestación del mismo;
VII. Incumplir con las sanciones que la autoridad educativa
imponga; y
VIII. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley,
así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella.
Artículo 78. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior
serán sancionadas de la siguiente manera:
I. Imposición de multa, para lo cual se estará a los siguientes
criterios:
a) Multa por el equivalente a un monto mínimo de cien y hasta
máximo de siete mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto
a lo señalado en la fracción III del artículo 76 de esta Ley; o
b) Multa por el equivalente a un monto mínimo de siete mil y un
veces, y hasta máximo de quince mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa
la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones V y VI del
artículo 76 de esta Ley.
Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia;
II. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de
validez oficial de estudios correspondiente; respecto a lo señalado
en la fracción II del artículo 77 de esta Ley;
III. Clausura del plantel, respecto a las fracciones I, IV y VII del
artículo 77 de esta Ley. Se aplicará además de esta sanción la
imposibilidad para obtener autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios hasta por cinco años en el caso de la
fracción I del artículo 77 de la presente Ley; o
IV. Imposibilidad para obtener autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios hasta por cinco años, en el caso de la
infracción prevista en la fracción I del artículo 77 de esta Ley.
En la aplicación de las sanciones establecidas en las fracciones II
y III de este artículo, la autoridad educativa estatal establecerá los
procedimientos necesarios para salvaguardar los estudios de las
personas inscritas en el plan o programa respectivo.
Capítulo IV
Del Recurso de Revisión
Artículo 79. En contra de las resoluciones emitidas por la autoridad
educativa estatal en materia de autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios o las Instituciones Públicas de Educación
Superior facultadas para ello, los trámites y procedimientos
relacionados con los mismos, con fundamento en las disposiciones
de esta Ley y las normas que de ella deriven, el afectado podrá
optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad
jurisdiccional que corresponda.
También podrá interponerse el recurso de revisión cuando la
autoridad no dé respuesta en el plazo establecido para el
otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios en
términos de esta Ley.
Artículo 80. El plazo para interponer el recurso de revisión será de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha
de la notificación de la resolución que se impugne. Transcurrido el
plazo anterior, si el interesado no interpusiere el recurso, la
resolución se tendrá como definitiva.
Artículo 81. El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante
la autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido u
omitió responder la solicitud correspondiente, y deberá contener lo
siguiente:
I. El nombre y domicilio para recibir notificaciones;
II. La documentación que acredite su personalidad y su interés
jurídico;
III. El acto o resolución que se impugna, la autoridad responsable,
los agravios que se invocan y la fecha de notificación;
IV. Los preceptos legales que estime violados y una relación
sucinta de los hechos en que se base el recurso; y
V. Los elementos de prueba que considere necesarios, excepto la
confesional.
En caso de que no se cumplan los requisitos señalados en este
artículo, la autoridad educativa requerirá al recurrente para que
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes, a partir de la
fecha en que se le notifique, satisfaga los requisitos omitidos. Si el
recurrente no cumple con lo anterior dentro del plazo concedido
para ello, se tendrá por no interpuesto el recurso.
Artículo 82. La interposición del recurso suspenderá la ejecución
de la resolución impugnada, en cuanto al pago de multas.
Respecto de cualquiera otra clase de resoluciones administrativas
y de aplicación de sanciones no pecuniarias, por parte de la
autoridad educativa, la suspensión sólo se otorgará si se cumplen
los requisitos siguientes:
I. Que lo solicite el recurrente;
II. Que el recurso haya sido admitido;
III. Que de otorgarse no implique la continuación o consumación
de actos u omisiones que ocasionen infracciones a esta Ley; y
IV. Que no ocasione daños o perjuicios a estudiantes o a terceros.
Artículo 83. Al interponerse el recurso podrá ofrecerse toda clase
de pruebas, excepto la confesional, y acompañarse con los
documentos relativos. Si se ofrecen pruebas que requieran
desahogo, se abrirá un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta
días hábiles para tales efectos. La autoridad educativa que esté
conociendo del recurso podrá allegarse de los elementos de
convicción adicionales que considere necesarios.
Una vez satisfechos todos los requisitos establecidos en el artículo
81 de esta Ley, y concluido el desahogo de pruebas, la autoridad
educativa estatal dispondrá de un plazo de treinta días hábiles para
dictar la resolución que corresponda.
La resolución que se dicte será notificada a los interesados o a sus
representantes legales, personalmente o por correo certificado con
acuse de recibo.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones contenidas en las
leyes y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos,
lineamientos y disposiciones de carácter general contrarias a esta
Ley.
TERCERO. La gratuidad de la educación superior se implementará
de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a
partir del ciclo escolar 2023-2024, sin detrimento de las acciones
que se realicen con la entrada en vigencia del presente Decreto.
Especificándose que su monto nunca deberá ser igual o menor al
monto aprobado para el ejercicio fiscal anterior. Lo anterior, sin
menoscabo de lo señalado en la fracción VIII del artículo 8 de la
Ley que se expide mediante el presente Decreto.
CUARTO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto, se actualizará el Reglamento Interior
de la autoridad educativa estatal para dar cumplimiento al presente
Decreto.
QUINTO. Dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigor
del presente Decreto, la autoridad educativa estatal convocará
para la instalación de la Comisión Estatal para la Planeación de la
Educación Superior, conforme a lo establecido en el artículo 55 de
la Ley que se expide mediante el presente Decreto.
SEXTO. La Secretaría de Educación Pública y Cultura deberá
emitir y adecuar los acuerdos, reglamentos y lineamientos y demás
disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en
este Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles
siguientes contados a partir de su entrada en vigor.
Los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a
la entrada en vigor de este Decreto continuarán, hasta su
conclusión, regidos con los reglamentos, acuerdos y demás
disposiciones de carácter general en los cuales se fundamentaron,
al igual que los que se presenten hasta la emisión y adecuación de
los correspondientes en los términos establecidos en el párrafo
anterior, siempre que no contravengan el presente Decreto.
SÉPTIMO. La Secretaría de Educación Pública y Cultura deberá
emitir el acuerdo que esclarezca qué programas de educación
superior en áreas relacionadas con la educación corresponden a
cada autoridad educativa y otorgar el Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios, en un plazo no mayor a sesenta días siguientes
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
OCTAVO. Las acciones a las que se refiere el artículo 46 del
presente Decreto, referentes a la importancia para que las
instituciones de educación superior se constituyan como espacios
libres de violencia contra las mujeres y de discriminación hacia las
mujeres deberán realizarse y reforzarse de manera progresiva y de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal de cada institución a
partir de los ciento veinte días siguientes a su entrada en vigor.
NOVENO. El Programa Estatal de Educación Superior deberá
contemplar la cobertura, pertinencia, calidad, gestión y eficiencia
institucional, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la
entrada en vigor del presente decreto, que deberá armonizar con
el Programa Nacional de Educación Superior en términos de la Ley
de Planeación para el Estado de Sinaloa y sus Municipios y demás
disposiciones aplicables.
DÉCIMO. Los trámites relacionados con el artículo 73 y que hayan
sido iniciados con anterioridad a la Ley que se expide mediante el
presente Decreto, se concluirán conforme a las disposiciones
anteriores a la entrada en vigor de la misma.
DÉCIMO PRIMERO. Los particulares del Estado beneficiados con
los decretos presidenciales o acuerdos secretariales mantendrán
el régimen jurídico que tienen reconocido, quedando a salvo los
derechos que hubiesen adquirido y se regirán en lo conducente por
las disposiciones de la Ley General y demás disposiciones legales
aplicables.
DÉCIMO SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes
a la entrada en vigor del presente Decreto, la autoridad educativa
estatal iniciará y adecuará los marcos normativos que rigen a las
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, a efecto de que éstas
cuenten con un marco organizativo acorde a su naturaleza
académica y características institucionales para armonizarlas a los
fines de la presente Ley.
DÉCIMO TERCERO. Las Instituciones Públicas de Educación
Superior podrán establecer mecanismos para recibir donativos, los
cuales les permitan disponer de recursos para cuestiones
específicas que fortalezcan su equipamiento y desempeño
educativo.
Las autoridades educativas de la institución correspondiente
deberán aplicar la normatividad de transparencia y rendición de
cuentas sobre los recursos obtenidos en donación, de conformidad
con las disposiciones aplicables.
DÉCIMO CUARTO. La persona titular de la Secretaría de
Educación Pública y Cultura del Poder Ejecutivo conformará y
decidirá la integración de la instancia estatal de vinculación,
consulta y participación como parte integrante de la Comisión
Estatal para la Planeación de la Educación Superior.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los quince días del mes de febrero del año dos
mil veintitrés.
C. RICARDO MADRID PÉREZ
DIPUTADO PRESIDENTE.
C. NELA ROSIELY SÁNCHEZ SÁNCHEZ
DIPUTADA SECRETARIA
C. RITA FIERRO REYES
DIPUTADA SECRETARIA
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, al día veinte del mes de febrero del año dos mil veintitrés.
DR. RUBÉN ROCHA MOYA
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
GRACIELA DOMÍNGUEZ NAVA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
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