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TEXTO VIGENTE
Publicado P.O. 101 del 15 de agosto de 2018.
DECRETO NÚMERO:815
LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE SINALOA
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público,
interés social y de observancia general en el Estado, reglamentaria del artículo 4°
Bis B fracción XI, de la Constitución Política del Estado, sobre el derecho social de
acceso a vivienda adecuada, digna y decorosa para las familias, y tiene por objeto:
I. Sentar las bases para la planeación y elaboración de las políticas estatales
de vivienda;
II. Definir los lineamientos generales de la política y los programas de vivienda
en la entidad;
III. Regular las acciones de los sectores público, privado y social, dirigidas a
garantizar el derecho y disfrute de una vivienda adecuada, digna y decorosa
para toda familia que habite en el Estado;
IV. Propiciar y fomentar la participación de los sectores social y privado para la
producción, mejoramiento, adquisición, financiamiento y uso de vivienda en
todos sus tipos y modalidades; y
V. Establecer los criterios de protección, promoción y atención prioritaria de
vivienda para la población de más bajos ingresos, de conformidad con la
normatividad aplicable.
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Artículo 2. En el Estado de Sinaloa, toda familia tendrá derecho a una vivienda
adecuada, digna y decorosa, entendida ésta como la que cumple con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y
construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con
los servicios básicos. La vivienda, brindará a sus ocupantes seguridad jurídica en
cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemplará criterios para la
prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos
naturales potencialmente agresivos.
Artículo 3. Las disposiciones contenidas en la presente Ley deberán aplicarse bajo
principios de equidad e inclusión social, de manera que toda persona, sin importar
su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud,
religión, opinión, preferencia sexual o estado civil, pueda ejercer su derecho
constitucional a la vivienda.
Las políticas y los programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda
referidos en la presente Ley, se regirán por los principios de legalidad y protección
jurídica a la legítima tenencia; asimismo, buscarán desincentivar la invasión de
predios y el crecimiento irregular de las ciudades y zonas rurales.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal y municipal que
lleven a cabo u otorguen financiamiento para programas o acciones de vivienda,
quedan sujetas a las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos que
resulten aplicables.
Artículo 4. La planeación, construcción y otorgamiento de vivienda en el Estado de
Sinaloa, se conducirá en apego a los siguientes principios:
I. Accesibilidad universal y movilidad a la vivienda. Se promoverá una
adecuada accesibilidad a la vivienda que genere cercanía y favorezca la
relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la
flexibilidad de usos compatibles y densidades sustentables, un patrón
coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los
equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas,
el transporte público, peatonal y no motorizado.
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II. Coherencia y racionalidad. Se promoverá la adopción de perspectivas que
promuevan el acceso a una vivienda adecuada, digna y decorosa al alcance
de todos los ciudadanos, sin distingo de género y condición social, acorde a
los planes y políticas nacionales y del Estado; procurando siempre la
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;
III. Derecho a la ciudad. Garantizar que todos los habitantes de un
asentamiento humano o centro de población, puedan tener acceso a la
vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los
derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por México en la materia, y
por la Constitución Política del Estado;
IV. Derecho a la propiedad urbana. Se garantizará los derechos de propiedad
inmobiliaria con la intención de que los legítimos propietarios tengan
protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades
específicas con el estado y con la sociedad, respetando los derechos y
límites previstos en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, en la presente Ley y las disposiciones que
de ellas emanen; y demás leyes aplicables en la materia.
V. Equidad e inclusión. Se garantizará el ejercicio pleno de derechos en
condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de
medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de
individuos o grupos. Existirá una promoción al respeto de los derechos de
los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes
puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios,
equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus
preferencias, necesidades y capacidades;
VI. Espacio público en la vivienda. Se crearán condiciones de habitabilidad
de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a
una vida sana, la convivencia, la recreación y seguridad ciudadana que
considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se
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fomentará el rescate, la creación, y el mantenimiento de los espacios
públicos como el elemento articulador de las familias;
VII. Participación democrática y transparencia. Se protegerá el derecho de
todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación
de las políticas, planes y programas de vivienda. Para lograrlo se
garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, Ley de Vivienda, Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, la presente Ley y
demás legislación aplicable en la materia;
VIII. Productividad y eficiencia. Se fortalecerá la productividad y eficiencia de
las ciudades y del territorio a través de la vivienda como uno de los ejes
del crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad
y movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de
infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad.
Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e
inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica;
IX. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos en la ubicación de la vivienda.
Se propiciará y fortalecerán todas las instituciones y medidas de prevención,
mitigación, atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo
proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos naturales y
antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo en la
construcción de vivienda; y
X. Sustentabilidad ambiental. Se promoverá prioritariamente el uso racional
del agua, suelo y de los recursos naturales renovables y no renovables, sin
comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras
generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga de los
ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios
de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques.
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Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Acción habitacional: La actividad tendiente a la producción, distribución,
uso y mejoramiento de viviendas, así como al equipamiento y los servicios
urbanos de las mismas;
II. Autoconstrucción de vivienda: El proceso de construcción o edificación
de la vivienda realizada directamente por sus propios usuarios, en forma
individual, familiar o colectiva;
III. Autoproducción de vivienda: El proceso de gestión de suelo, construcción
y distribución de vivienda bajo el control directo de sus usuarios de forma
individual o colectiva, la cual puede desarrollarse mediante la contratación
de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción;
IV. Comisión: La Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa;
V. Conectividad: Se refiere a la habilitación física de la construcción que
permite la canalización del medio necesario para posibilitar la conexión de la
vivienda a redes de telecomunicaciones que facultan la prestación de
servicios informáticos y de comunicaciones, que emanan de las tecnologías
de información y telecomunicaciones. Las especificaciones para dicha
habilitación serán establecidas en el Reglamento de la presente Ley y
deberán observar las normas técnicas, estándares internacionales y
disposiciones aplicables en la materia;
VI. Crédito: Los préstamos que se asignan para adquirir suelo o construir,
adquirir, rehabilitar, mejorar, ampliar o complementar una vivienda;
VII. Espacios auxiliares: El lugar de la vivienda donde se desarrollan
actividades de trabajo, higiene y circulación;
VIII. Espacios habitables: El lugar de la vivienda donde se desarrollan
actividades de reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones
mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de
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contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos
recamaras, de conformidad con las características y condiciones mínimas
necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas;
IX. Mejoramiento de vivienda: La acción tendiente a consolidar o renovar las
viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de
ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que
propicien una vivienda adecuada, digna y decorosa;
X. Política Estatal de Vivienda: El conjunto de disposiciones, criterios,
lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para las
acciones de vivienda que realicen las autoridades del Estado y de los
municipios, así como su concertación con los sectores privado y social, con
la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la
vivienda adecuada, digna y decorosa;
XI. Producción social de vivienda: Aquélla que se realiza bajo el control de
autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se
orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la
población de bajos ingresos, incluye aquélla que se realiza por
procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso
de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos,
procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias
necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;
XII. Productor social de vivienda: La persona física o moral que en forma
individual o colectiva produce vivienda sin fines de lucro;
XIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa;
XIV. Sistema Estatal de Información: El Sistema Estatal de Información e
Indicadores de Suelo y Vivienda, como el conjunto de datos producidos por
los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura
conceptual predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda y
el mercado habitacional, así como los efectos de las políticas públicas en la
materia;
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XV. Suelo: Los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados
predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones
aplicables;
XVI. Sustentabilidad: Toda acción encaminada a promover el empleo de
materiales o dispositivos que coadyuven a la preservación y
aprovechamiento racional de los recursos naturales;
XVII. Vivienda abandonada: Edificación cuyo estado es el abandono y deterioro
de la misma, ya sea por incapacidad de pago, entorno urbano no seguro,
ubicación no adecuada con los sitios de trabajo o de recurrencia, cuya
situación pone en riesgo a la sociedad como foco de infección y fomento a la
delincuencia;
XVIII. Vivienda adecuada, digna y decorosa: La que cumpla con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia de desarrollo territorial y
desarrollo urbano, asentamientos humanos, construcción y salubridad,
cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su
propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de
desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos
naturales potencialmente agresivos;
XIX. Vivienda popular o económica y de interés social: Aquélla que sea
adquirida o susceptible de ser adquirida por personas de bajo ingreso
sujetos a subsidio federal, estatal o municipal para adquisición de vivienda; y
XX. Vivienda progresiva: Aquélla que se construye en etapas de acuerdo a los
recursos económicos del beneficiario y necesidades de los propios usuarios.
Capítulo II
De las Autoridades y de los Organismos Responsables
Artículo 6. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos ejercerán coordinadamente
las atribuciones correspondientes previstas en la presente Ley; asimismo,
coordinarán las acciones relacionadas con la planeación del desarrollo habitacional,
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así como la ejecución de acciones e inversiones en la materia, para simplificar
trámites y optimizar recursos en los programas de vivienda y para la promoción de
fraccionamientos de vivienda popular o económica y de interés social, en los
términos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.
Artículo 7. Son autoridades competentes en la aplicación de las disposiciones
legales de vivienda, las siguientes:
I. El Ejecutivo del Estado;
II. La Secretaría de Desarrollo Sustentable;
III. La Comisión; y
IV. Los Ayuntamientos.
Artículo 8. Son atribuciones del Ejecutivo del Estado, las siguientes:
I. Conducir la Política Estatal de Vivienda, a través de la Secretaría, de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás ordenamientos
aplicables;
II. Aprobar y evaluar el Programa Estatal de Vivienda, en congruencia con los
lineamientos de la Política Nacional y Estatal de Vivienda señalados en la
Ley de Vivienda y la presente Ley así como vigilar su cumplimiento;
III. Celebrar con el Ejecutivo Federal y con las entidades de la administración
pública municipal, propietarios, desarrolladores y productores sociales de
vivienda, toda clase de instrumentos jurídicos, en materia económica,
técnica, administrativa, o de carácter ambiental para el desarrollo de
programas y acciones de suelo y Vivienda en sus diferentes tipos y
modalidades;
IV. Convenir la realización de programas y acciones de suelo y vivienda con el
Gobierno Federal y los municipios, bajo criterios de desarrollo regional,
ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable,
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procurando el aprovechamiento y uso racional de los recursos naturales y el
respeto al medio ambiente;
V. Implementar las acciones conducentes que garanticen la transversalidad en
materia de vivienda, desarrollo urbano, movilidad, social, económica,
espacio público, patrimonio cultural y urbano, y medio ambiente, en
coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública
estatal;
VI. Proponer los mecanismos que permitan incrementar la densidad
habitacional en aquellas zonas que se consideren adecuadas para la
construcción de vivienda social, popular y para los trabajadores de los
organismos nacionales de vivienda;
VII. Promover la participación de los sectores social y privado en la
instrumentación de los programas y acciones de suelo y vivienda, de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás ordenamientos
legales aplicables;
VIII. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la planeación,
gestión de recursos, operación de programas y en la ejecución de acciones
en materia de suelo y vivienda;
IX. Informar a la sociedad sobre las acciones que realicen en materia de suelo y
vivienda;
X. Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo
urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como
realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de
suelo y vivienda, otorgando atención preferente a la población en situación
de pobreza;
XI. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley, del Programa Estatal de Vivienda
y demás disposiciones aplicables en la materia, e imponer medidas de
seguridad y sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones
jurídicas;
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XII. Expedir los reglamentos y demás disposiciones jurídicas necesarias para el
cumplimiento de la presente Ley;
XIII. Nombrar y remover libremente al Director General de la Comisión; y
XIV. Las demás que señalen la Ley de Vivienda, la presente Ley, su Reglamento
y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 9. Son atribuciones de la Secretaría, las siguientes:
I. Formular y conducir las políticas estatales en materia de vivienda, teniendo
como eje rector el desarrollo sustentable, a través de la participación que
corresponda a otras dependencias y organismos estatales, municipales y
federales;
II. Definir normas y políticas de vivienda e infraestructura básica y vigilar su
cumplimiento, de acuerdo a la legislación estatal en esta materia;
III. Diseñar y aplicar los planes y programas de vivienda, y fijar las normas
correspondientes para su cumplimiento e imponer las sanciones que
procedan, en caso de infracción;
IV. Promover la construcción y mejoramiento de la vivienda y fraccionamientos
de interés social, así como la planeación y programación de los servicios
públicos básicos, infraestructura y equipamiento urbano que se requieran y
garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las
personas con discapacidad;
V. Promover esquemas y proponer programas para fomentar la vivienda en
arrendamiento;
VI. Diseñar estrategias que permitan atender, integrar y desincentivar los
asentamientos humanos irregulares;
VII. Promover, fomentar y llevar a cabo investigaciones relacionadas con la
vivienda; y
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VIII. Las demás que señalen las leyes y los reglamentos aplicables.
Artículo 10. Son atribuciones de los ayuntamientos, por conducto de la unidad
administrativa correspondiente, las siguientes:
I. Formular, aprobar y administrar los programas municipales de vivienda, de
conformidad con los lineamientos de la Política Nacional y Estatal señalados
la Ley de Vivienda y la presente Ley, en congruencia con el programa
estatal correspondiente y demás ordenamientos locales aplicables, así como
evaluar y vigilar su cumplimiento;
II. Realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de
vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la
población en situación de pobreza;
III. Coordinar acciones con el gobierno del Estado, para la ejecución y
seguimiento del programa estatal y programas municipales de vivienda;
IV. Prestar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los
servicios públicos municipales a los predios en los que se realicen acciones
de vivienda, derivados de los diferentes programas de vivienda, federales,
estatales y municipales;
V. Coordinar acciones con el gobierno del Estado con la finalidad de recibir
apoyo para la planeación, gestión de recursos, operación de programas y
ejecución de acciones en materia de suelo y vivienda;
VI. Establecer la unidad administrativa responsable para la atención de los
aspectos o asuntos relacionados con la vivienda;
VII. Generar y proporcionar la información sobre el avance de las acciones y
programas de vivienda desarrollados en el Municipio, a las dependencias y
entidades de la administración pública estatal;
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VIII. Participar en el Sistema Estatal de Información, proveyendo y utilizando los
datos que permitan conocer la situación real de la vivienda en el Municipio,
tomando en cuenta el desarrollo y el crecimiento de la misma, y las
condiciones que inciden en ella;
IX. Celebrar toda clase de actos jurídicos para el desarrollo de programas de
vivienda y acciones inmobiliarias, con el Ejecutivo Federal y Estatal y con las
entidades de la administración pública en ambos niveles de gobierno;
X. Fomentar la participación ciudadana y recibir las opiniones de los grupos
sociales que integran la comunidad, respecto a la elaboración, actualización,
ejecución y evaluación de los programas municipales de vivienda;
XI. Difundir en sus municipios, la existencia y aplicación de los programas de
vivienda;
XII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la presente Ley,
de los programas municipales de vivienda, y de las demás disposiciones
municipales aplicables en la materia, e imponer medidas de seguridad y
sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas;
XIII. Integrar el padrón de beneficiarios de los programas municipales de vivienda
ejecutados conforme a la presente Ley;
XIV. Coordinar con el Estado las acciones de suelo necesarias para vivienda en
aquellos municipios con poblaciones situadas en zonas conurbadas o con
carácter metropolitano; y
XV. Las demás que señalen las leyes y los reglamentos aplicables.
Capítulo III
De la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa
Artículo 11. La Comisión es un organismo público descentralizado del Gobierno del
Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado a la Secretaría de
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Desarrollo Sustentable, encargada de elaborar e implementar la política pública en
materia de vivienda en el Estado.
Tendrá su domicilio en la capital del Estado, y podrá establecer oficinas en
cualquiera de los municipios del Estado, atendiendo a la disponibilidad
presupuestal.
Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Proponer al Ejecutivo del Estado, las políticas estatales de vivienda;
II. Promover, ejecutar y concertar programas, acciones e inversiones en
materia de vivienda, en todos sus tipos y modalidades, con la participación
de los gobiernos de los diferentes ámbitos y de los sectores social y privado,
incluyendo la gestión, distribución y ejecución de subsidios federales;
III. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para particulares en
materia de vivienda, con la participación de otras dependencias y entidades
de la administración pública federal, estatal o municipal, de las instituciones
de crédito, pública y privada;
IV. Asesorar a las autoridades municipales que lo soliciten en la elaboración y
ejecución de sus planes o programas de suelo y vivienda, así como en la
capacitación técnica de su personal;
V. Diseñar e instrumentar mecanismos para el impulso de la vivienda vertical,
acorde a las políticas de aprovechamiento de los espacios y de servicios
subutilizados en las ciudades, así como generar alternativas de
densificación;
VI. Promover, apoyar y realizar investigaciones científicas y tecnológicas en
materia de vivienda;
VII. Diseñar y coordinar la operación y funcionamiento del Sistema Estatal de
Información a que se refiere la presente Ley, el cual complementará al
Sistema de Información Territorial y Urbano;
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VIII. Promover la ordenación territorial de los centros de población de
conformidad con la normatividad aplicable en el tema de vivienda,
conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración
pública federal y municipal que corresponda, así como coordinar las
acciones que el Ejecutivo del Estado convenga en esta materia, con la
participación de los sectores social y privado;
IX. Participar en la formulación, promoción, evaluación y ejecución de los
Programas de Desarrollo Urbano, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Planeación para el Estado, y la normatividad aplicable;
X. Identificar, en coordinación con los municipios, las necesidades de
infraestructura y equipamiento para su consideración en el Programa Estatal
que corresponda, así mismo, promover y apoyar su ejecución con el apoyo
de los sectores social y privado en el ámbito de su competencia;
XI. Promover ante las instancias competentes la gestión de recursos para la
ejecución de acciones, obras y servicios de infraestructura relacionados con
la vivienda;
XII. Promover ante las instancias competentes la construcción de obras de
infraestructura para la vivienda, en coordinación con otras dependencias y
entidades de la administración pública estatal y municipal competentes;
XIII. Fungir como agente técnico de los fondos crediticios y financieros
destinados a la ejecución de obras y servicios en materia de infraestructura
y equipamiento en apoyo de la vivienda;
XIV. Apoyar técnicamente a los municipios y a los grupos sociales organizados,
en la integración y elaboración de estudios y proyectos de infraestructura
urbana vinculada al desarrollo de vivienda;
XV. Colaborar con las dependencias y entidades de la administración pública
federal, estatal y municipal, en la ejecución de acciones para la
regularización de la tenencia de la tierra;
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XVI. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, instrumentos, mecanismos y
programas de financiamiento para la vivienda, en sus diferentes tipos y
modalidades, priorizando la atención a la población de más bajos ingresos,
coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;
XVII. Promover e impulsar las acciones de las diferentes instituciones de los
sectores público, social y privado, en sus respectivos ámbitos de
competencia, para el desarrollo de la vivienda en los aspectos normativos,
tecnológicos, productivos y sociales;
XVIII. Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda;
XIX. Fomentar y apoyar programas y proyectos para la constitución y operación
de organismos de carácter no lucrativo en materia de vivienda;
XX. Apoyar a las autoridades municipales en la planeación, gestión de recursos,
operación de programas y en la ejecución de acciones en materia de suelo
para vivienda y vivienda;
XXI. Celebrar con las entidades de la administración pública federal, estatal o
municipal, propietarios, desarrolladores y productores sociales de vivienda,
toda clase de actos jurídicos para el desarrollo de programas de vivienda y
acciones inmobiliarias;
XXII. Promover la participación de los sectores social y privado en la
instrumentación de los programas y acciones de suelo para vivienda y
vivienda, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en los
demás ordenamientos legales aplicables;
XXIII. Promover y operar ante las instituciones de crédito e instituciones de
vivienda, la disponibilidad de recursos financieros para créditos hipotecarios
en el Estado;
XXIV. Vincular la política estatal de vivienda con la política nacional y municipal en
la materia, así como las acciones de fomento al crecimiento económico, de
desarrollo social, desarrollo urbano, desarrollo rural, ordenación del
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territorio, mejoramiento ambiental y aprovechamiento óptimo de los recursos
naturales;
XXV. Convenir inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para
ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población;
consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia
y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales
para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas,
particularmente los dirigidos a la población de más bajos ingresos;
XXVI. Administrar las expropiaciones y adquisiciones que realice el Gobierno del
Estado a favor de la Comisión para que se destinen al desarrollo integral de
asentamientos humanos o para constituir la reserva territorial urbana y rural
para vivienda en el Estado;
XXVII. Ejecutar las obras de construcción relativas a sus funciones, fines y objeto,
por sí o a través de terceros o las que le encarguen por diversos programas
estatales y/o federales;
XXVIII. Informar a la sociedad sobre las acciones que realice en materia de suelo y
vivienda;
XXIX. Formular el Programa Estatal de Vivienda en congruencia con los
lineamientos de la Política Nacional de Vivienda, así como evaluar y vigilar
su cumplimiento;
XXX. Dar seguimiento a la aplicación de los fondos que se deriven de las
acciones e inversiones convenidas con otras instancias públicas o privadas,
en los términos de las fracciones anteriores, así como evaluar sus
resultados;
XXXI. Establecer mecanismo de control interno o contraloría que coadyuve a la
correcta aplicación de los recursos, así como a la propuesta de fondos
revolventes que garanticen la continuidad de los programas en beneficio de
la población más vulnerable;
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XXXII. Implementar mecanismos en coordinación con los ayuntamientos, para la
adquisición de vivienda abandonada o en desuso fungiendo como mediador
entre éstos organismos y los propietarios de dichas inmuebles,
dependencias públicas, sociedades dedicadas a la construcción de vivienda
e instituciones de crédito;
XXXIII. Integrar el padrón de beneficiarios de los programas de vivienda ejecutados,
contemplados en la presente Ley;
XXXIV. Establecer mecanismos enfocados a la protección de los bienes y recursos
de la Comisión, así como establecer esquemas abiertos y eficientes de
operación; y
XXXV. Las demás que le señale la presente Ley, su Reglamento y las demás
disposiciones legales y normativas aplicables.
Artículo 13. El patrimonio de la Comisión estará constituido por:
I. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme a la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal
correspondiente;
II. Los bienes inmuebles y muebles que le asigne el Estado;
III. Las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el
Estado;
IV. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que
celebre, ya sea con el gobierno federal, los municipios, asociaciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
V. Los productos que obtenga por la prestación de sus servicios, las
cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que preste;
VI. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título;
VII. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos;
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VIII. Los recursos que obtengan sus órganos auxiliares por la prestación de sus
servicios; y
IX. Los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus
atribuciones.
Artículo 14. La Comisión, para su funcionamiento contará con una Junta de
Gobierno, un Director General, un órgano interno de control, así como con las
unidades administrativas necesarias para cumplir con sus atribuciones.
Artículo 15. La Junta de Gobierno será el máximo órgano de la Comisión y estará
integrada por:
I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien lo presidirá;
II. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;
III. El titular de la Secretaría de Economía;
IV. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social;
V. El titular de la Secretaría de Obras Públicas;
VI. El titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas;
VII. Tres representantes de los municipios del Estado, designados de
conformidad con el procedimiento que señale el Reglamento de la presente
Ley; y
VIII. El Director General de la Comisión, quien será el Secretario Técnico.
Los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho a voz y voto, cada
integrante propietario designará su suplente.
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El cargo de los integrantes de la Junta de Gobierno será de carácter honorífico, por
lo que no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna por el
desempeño de sus funciones, con excepción del Director General.
Artículo 16. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:
I. Aprobar el reglamento interior, así como la demás normatividad necesaria
para el correcto funcionamiento de la Comisión, a propuesta del Director
General;
II. Aprobar el programa institucional de la Comisión;
III. Aprobar cada año en términos de la normatividad aplicable, el proyecto de
presupuesto, el programa operativo anual y el presupuesto general de
gastos e inversión, así como los requerimientos de transferencias o
subsidios de la Comisión, los cuales deberán hacerse del conocimiento del
Gobernador del Estado;
IV. Autorizar las políticas para la celebración de acuerdos, convenios, contratos,
mandatos y comisiones relacionados con las atribuciones de la Comisión;
V. Aprobar las políticas generales, así como de colaboración con los sectores
social y privado;
VI. Formular las reglas de operación de los programas a cargo de la Comisión;
VII. Aprobar los programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación
de bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y de prestación de
servicios, que se requieran para el cumplimiento de las atribuciones de la
Comisión;
VIII. Analizar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el Director General;
IX. Conocer y resolver aquellos asuntos que someta a su consideración el
Director General;
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X. Aprobar la creación de subcomisiones y grupos de trabajo para la atención
de temas específicos; y
XI. Las demás que determine la presente Ley y su Reglamento.
Artículo 17. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos
cuatro veces al año y las extraordinarias que resulten necesarias a propuesta del
Director General de la Comisión.
Las sesiones de la Junta de Gobierno serán válidas con la asistencia de la mitad
más uno de sus integrantes presentes, entre los cuales deberá estar presente su
Presidente. Las decisiones o acuerdos serán válidos por mayoría de votos de los
miembros presentes, teniendo el Presidente el voto de calidad en caso de empate.
Artículo 18. El Director General de la Comisión contará con las siguientes
facultades:
I. Representar legalmente a la Comisión, gozando para tal efecto con poder
general para pleitos y cobranzas, actos de administración, con todas las
facultades generales y aun las especiales que para su ejercicio requieran de
cláusula especial en términos del artículo 2436 del Código Civil para el
Estado de Sinaloa y su correlativo el artículo 2554 del Código Civil para el
Distrito Federal, así como para suscribir, endosar, avalar y negociar títulos
de crédito, en términos de los artículos 9o y 85 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito; articular y absolver posiciones; comparecer en
juicio formulando y dando contestación a toda clase de demandas, incluso
en el juicio de amparo; formular denuncias y querellas exigiendo la
reparación del daño; otorgar el perdón y el desistimiento de la acción penal y
en general realizar y llevar a cabo todo tipo de trámites y gestiones de
carácter judicial y administrativo a nombre de la Comisión;
II. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la
Comisión de conformidad con las políticas y criterios que establezca la Junta
de Gobierno;
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III. Nombrar y remover a los servidores públicos necesarios de la propia
Comisión;
IV. Celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos para el adecuado
ejercicio de las atribuciones de la Comisión, de conformidad con la
normatividad aplicable;
V. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el reglamento interior
de la Comisión, así como el programa institucional;
VI. Presentar ante la Junta de Gobierno, el informe anual de las actividades de
la Comisión, así como de la situación que guardan los programas a su
cargo; y
VII. Las demás que determine la presente Ley, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado, y el Reglamento interior de la Comisión.
Artículo 19. La Oficina del Órgano Interno de Control vigilará el cumplimiento de las
atribuciones encomendadas a la Junta de Gobierno, así como de las causas de
responsabilidad administrativa cometida por los servidores públicos de la Comisión
o de un particular.
Artículo 20. Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado
tienen la obligación de proporcionar la información o cooperación técnica que la
Comisión les solicite, en términos de la normatividad aplicable.
Capítulo IV
Del Consejo Estatal de Vivienda de Sinaloa
Artículo 21. El Consejo Estatal de Vivienda es la instancia de consulta y asesoría
de la Comisión. El Consejo sesionará cuando menos dos veces al año, conforme al
Reglamento de la presente Ley.
Artículo 22. En la integración del Consejo deberán observarse los principios de
pluralidad y equidad; para lo cual se considerará la inclusión de los sectores
público, social y privado.
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Artículo 23. El Consejo se integrará de la siguiente manera:
I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
II. Un Secretario Técnico, que será designado por el Presidente del Consejo;
III. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director General de la Comisión;
IV. Un vocal representante del Poder Legislativo que será el Presidente de la
Comisión de Vivienda;
V. Un vocal representante de cada uno de los Institutos Municipales de
Planeación de las Zonas Norte, Centro y Sur del Estado;
VI. Hasta siete vocales, como representantes de las diversas dependencias y
entidades de la administración pública federal, estatal y municipal,
propuestos por el Presidente del Consejo; y
VII. Hasta siete vocales, como representantes de los sectores social y privado,
relacionados con el sector vivienda, electos en términos del Reglamento de
la presente Ley.
El desempeño del cargo como miembro del Consejo será a título honorífico, por lo
que sus integrantes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna
por el desempeño de sus funciones.
Artículo 24. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Conocer, discutir y formular propuestas respecto de las políticas contenidas
en el Programa Estatal de Vivienda y emitir opiniones sobre su
cumplimiento;
II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y
programas de vivienda;
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III. Proponer al Gobernador del Estado, por conducto de la Subsecretaría de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, reformas al marco
jurídico vigente en materia de vivienda;
IV. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de
temas específicos y emitir los lineamientos para su operación;
V. Conocer, analizar y formular propuestas del Sistema de Información de la
Vivienda;
VI. Presentar estudios en materia de vivienda al Director General del
Organismo;
VII. Recibir y analizar las propuestas que los sectores social y privado y
particulares interesados, les hagan llegar;
VIII. Conocer las evaluaciones de los programas de vivienda y de la aplicación
de las acciones e inversiones intersectoriales para el logro de una vivienda
adecuada, digna y decorosa y, en su caso, formular las propuestas
correspondientes; y
IX. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento.
Capítulo V
De la Política Estatal de Vivienda
Artículo 25. La política de vivienda de la entidad se enfocará a respetar, proteger,
promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho
a la vivienda adecuada para todas las personas del estado de Sinaloa, en función
de los siguientes lineamientos:
I. Promover acciones encaminadas a la satisfacción del derecho a la vivienda
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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II. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población,
preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza,
marginación o vulnerabilidad, así como atender los sectores de población
de jóvenes, madres solteras y programas para adultos mayores;
III. Considerar la vivienda como factor de ordenamiento territorial, de desarrollo
urbano y de preservación de los recursos naturales y del medio ambiente;
IV. Garantizar que los recursos públicos destinados, atiendan principalmente a
la población vulnerable y contribuir en el abatimiento del rezago de vivienda;
V. Ampliar el acceso a la vivienda a un mayor número de familias, priorizando a
la población más vulnerable considerando las distintas regiones del Estado y
sus características;
VI. Fomentar la participación de los diferentes productores de vivienda:
personas, familias, instituciones y organismos de los sectores público, social
y privado;
VII. Diseñar e implementar mecanismos para facilitar la producción de vivienda
mediante la simplificación, reducción de trámites y requisitos, conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables;
VIII. Establecer conforme a las demás disposiciones jurídicas aplicables, los
criterios para disminuir las condiciones de vulnerabilidad de las viviendas,
ante los fenómenos naturales y antropogénicos que colocan a sus
habitantes en situación de riesgo;
IX. Fomentar la asesoría y la asistencia integral en materia de gestión social,
financiera, legal, técnica y administrativa, para el desarrollo y ejecución de la
acción habitacional;
X. Destinar recursos a la investigación tecnológica, a la innovación y a la
promoción de sistemas constructivos acordes a las necesidades sociales,
con el concurso de las instancias u órganos competentes;
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XI. Promover y estimular la producción y distribución de materiales para la
construcción de vivienda de carácter innovador, para mejorar la
sustentabilidad, seguridad y habitabilidad, a efecto de buscar reducir sus
costos;
XII. Difusión de la información relativa a los programas públicos en materia de
vivienda;
XIII. Establecer una permanente coordinación con las áreas del gobierno federal
que diseñan y ejecutan los programas de vivienda federales;
XIV. Incluir las políticas ambientales en los planes y programas que en materia
de vivienda se desarrollen;
XV. Promover la participación social y la integración vecinal para mejorar la
conservación, mantenimiento y el desarrollo social de los distintos
desarrollos habitacionales;
XVI. Impulsar mecanismos para desarrollos de vivienda vertical, alternativas de
densificación y redensificación, así como incentivos para el
aprovechamiento de vacíos intraurbanos; y
XVII. Promover alternativas de producción de vivienda para arrendamiento, con
mezcla de recursos o subsidios federales o estatales.
Artículo 26. Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los
instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y
modalidades de producción habitacional, entre otras: la promovida
empresarialmente y la autoproducida o autoconstruida, en propiedad,
arrendamiento o en otras formas legítimas de tenencia.
Se deberán considerar también las modalidades de adquisición o habilitación de
suelo; lotes con servicios mínimos con acción habitacional incluida, parques de
materiales preferentemente sustentables, mejoramiento de vivienda, sustitución de
vivienda, vivienda nueva, y capacitación, asistencia integral e investigación de
vivienda y suelo; propiciando que la oferta de vivienda digna refleje los costos de
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suelo, de infraestructura, servicios, edificación, financiamiento y titulación más bajos
de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán medidas de información,
competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este
propósito.
Capítulo VI
De la Coordinación Gubernamental
Artículo 27. La coordinación entre las autoridades locales y federales en materia de
vivienda, tendrá como principal objetivo realizar acciones de fomento y apoyo a la
vivienda con el fin de reducir el rezago de vivienda que existe en la entidad, así
como mejorar su entorno a través de convenios y acuerdos públicos que para tales
efectos se emitan.
Artículo 28. La coordinación entre las autoridades locales y federales, tendrán la
finalidad de fomentar:
I. El cumplimiento de los objetivos, prioridades y estrategias de la Política
Estatal de vivienda;
II. La integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y
apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda;
III. Acciones de fomento y apoyo a la vivienda con el fin de abatir el déficit y el
rezago de la vivienda en la entidad;
IV. La disposición y transferencia de recursos para la ejecución de los
programas de vivienda;
V. Los estímulos y apoyos para la adquisición, construcción y mejoramiento de
vivienda;
VI. La asistencia técnica y capacitación a los municipios para la programación,
instrumentación, ejecución y evaluación de los programas de vivienda;
VII. La donación, transferencia, asignación, venta, entre otras acciones, de suelo
e inmuebles para el cumplimiento de los programas de vivienda; y
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VIII. Priorizar la construcción, dotación y operación de servicios públicos y
equipamientos para la vivienda.
Capítulo VII
De la Programación
Artículo 29. La programación en materia de vivienda se establecerá en:
I. El Programa Estatal de Vivienda;
II. Los Programas Municipales de Vivienda; y
III. El Programa Operativo Anual a cargo de la Comisión.
Los programas se elaborarán de conformidad con la Ley correspondiente de la
materia.
Artículo 30. El Programa Estatal de Vivienda deberá formularse en congruencia
con los lineamientos de la Política Nacional y Estatal de Vivienda señalados por la
Ley de Vivienda, la presente Ley y su Reglamento, y contendrá como mínimo:
I. El diagnóstico de la situación habitacional en el Estado, incluyendo el
análisis físico y poblacional, con el señalamiento específico de sus
principales problemas y tendencias; así como la descripción de las
oportunidades y obstáculos para el desarrollo del sector habitacional;
II. Los objetivos, políticas y metas que se pretendan implementar;
III. La concordancia con la planeación y programación del desarrollo
económico, social, urbano y del medio ambiente del Estado;
IV. La estrategia general comprenderá las acciones básicas a desarrollar, la
descripción de las distintas modalidades de atención, el señalamiento de
metas y prioridades y su previsible impacto en el sistema urbano, así como
en el desarrollo regional, económico y social del Estado, con una visión de
corto, mediano y largo plazo; identificando las fuentes de financiamiento, la
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estimación de recursos necesarios, así como los mecanismos para fomentar
la producción de vivienda con la participación de los sectores público, social
y privado;
V. Los instrumentos para su ejecución, incluyendo los lineamientos para la
incorporación de suelo para uso habitacional, creación de reservas
territoriales para vivienda, previsiones para la dotación de infraestructura,
equipamiento y servicios para vivienda; los mecanismos y líneas para la
inducción de acciones; así como para la coordinación de acciones e
inversiones con la Federación y la concertación con los productores sociales
y privados;
VI. La promoción de la construcción de vivienda popular o económica y de
interés social, así como del mejoramiento de la misma, la autoconstrucción y
la autogestión; la promoción del acceso de la población que carezca de
vivienda al financiamiento privado, mediante créditos preferentes a efecto de
abatir el déficit de vivienda; los lineamientos para que la construcción de
vivienda que se realice por el Estado o los municipios, se destine a ser
adquirida en propiedad por los demandantes de este servicio; el fomento
para la construcción de vivienda destinada a arrendamiento; y la promoción
de la vivienda progresiva, con la finalidad de que personas de escasos
recursos tengan oportunidad de adquirir un lote o una vivienda adecuada,
digna y decorosa; la construcción de vivienda en ubicaciones y entornos
seguros en consideración con lo que se indique en los Atlas de Riesgo
correspondientes; la sustentabilidad y eficiencia térmica en las
construcciones;
VII. Los mecanismos que promuevan el acceso a la vivienda mediante la
atención a la población vulnerable de bajos recursos económicos, de la
tercera edad, de capacidades diferentes, y que impulsen políticas para
apoyar a las madres solteras y a los jóvenes en fase de desarrollo;
VIII. Los mecanismos de coordinación y concertación entre los distintos niveles
de gobierno y la sociedad; y
IX. La definición de indicadores y mecanismos de evaluación de avances.
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Artículo 31. El Programa Estatal de Vivienda una vez aprobado, se publicará en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y será obligatorio para las dependencias y
entidades de la administración pública estatal, debiendo servir como eje rector para
el Programa Municipal de Vivienda.
Capítulo VIII
De la Concertación con los Sectores Social y Privado
Artículo 32. El Ejecutivo del Estado a través de la Comisión promoverá la
participación de los sectores social y privado en la instrumentación de los
programas y acciones de vivienda.
Artículo 33. Los acuerdos y convenios que se celebren con los sectores social y
privado, tendrán por objeto:
I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda,
estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población
en situación de pobreza;
II. Promover la creación de fondos e instrumentos para la generación oportuna
y competitiva de vivienda y suelo;
III. Promover la seguridad jurídica de la vivienda y del suelo a través del órgano
correspondiente;
IV. Financiar y construir proyectos de vivienda, así como de infraestructura y
equipamiento destinados a la misma;
V. Desarrollar, aplicar y evaluar normas, tecnologías, técnicas y procesos
constructivos que reduzcan los costos de construcción y operación, faciliten
la autoproducción o autoconstrucción de vivienda, eleven la calidad y la
eficiencia energética de la misma y propicien la preservación y el cuidado
del ambiente y los recursos naturales;
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VI. Ejecutar acciones y obras urbanas para la construcción, mejoramiento y
conservación de vivienda, así como para la adquisición de suelo;
VII. Mantener actualizada la información referente al inventario habitacional,
para su integración al Sistema Estatal de Información;
VIII. Implementar los programas para que los insumos y materiales para la
construcción y mejoramiento de la vivienda sean competitivos;
IX. La utilización de tecnologías para el aprovechamiento, captación,
tratamiento y potabilización del agua;
X. Impulsar las medidas para que en los desarrollos habitacionales se utilicen
materiales o dispositivos en sus viviendas, que coadyuven a la
sustentabilidad de los mismos;
XI. Implementar acciones de fomento y apoyo a la vivienda con el fin de reducir
el déficit y el rezago de la vivienda en la entidad;
XII. Impulsar y desarrollar modelos educativos para formar especialistas en
vivienda, capacitar a usuarios y fomentar la investigación en vivienda y
suelo; y
XIII. Las demás acciones que acuerden las partes para el cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 34. Para la ejecución de los acuerdos y convenios que se celebren con los
sectores social y privado, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, podrán
aportar en los instrumentos jurídicos respectivos, reservas territoriales, recursos
técnicos, financieros y humanos, para llevar a cabo acciones de vivienda, así como
los demás recursos que resulten necesarios para la ejecución del acuerdo y
convenio, atendiendo a la naturaleza del mismo y de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
En el caso de utilización de recursos públicos, se deberá prever que el destino de
dichos recursos, atienda preferentemente a la población de más bajos ingresos.
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La Comisión y las unidades administrativas responsables de las políticas de
vivienda en los municipios, promoverán mecanismos tendientes a buscar la
inversión de organismos federales, instituciones de crédito, organismos que apoyen
acciones de vivienda, así como de la iniciativa privada, para la construcción de
viviendas.
Artículo 35. Cuando el Estado o los municipios realicen acciones de vivienda, en la
selección de sus beneficiarios y proveedores, procurarán atender en primer lugar a
las personas físicas o morales que tengan su domicilio social dentro del Estado, así
como aquellas que tengan su domicilio en el Municipio donde se ejecuten las
acciones, respectivamente.
Artículo 36. La participación de promotores de vivienda del sector privado en los
programas de vivienda del Estado, estará sujeta a la coordinación y supervisión de
la Comisión conforme a las normas para la ejecución de obras e inversiones, los
requisitos y trámites, el registro de los promotores y la entrega de fianzas y
garantías, dependiendo del alcance de la obra, en observancia de las disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 37. La participación de promotores de vivienda del sector social en los
programas de vivienda del Estado, estará sujeta a la coordinación y supervisión de
la Comisión, entidad ante la que deberán estar acreditados y registrados, conforme
a las disposiciones que emita, mismas que permitirán el desarrollo autónomo de los
promotores sociales y básicamente estarán orientadas a garantizar la transparencia
en el manejo y aplicación de los recursos, vigilando en todo momento el que estén
a salvo sus derechos como beneficiarios y productores.
Capítulo IX
Del Financiamiento para la Vivienda
Artículo 38. El Gobierno del Estado deberá adoptar las acciones necesarias para
garantizar el derecho a la vivienda; para lograr este propósito podrá valerse del
financiamiento público, la aplicación de medidas de carácter fiscal, la promoción y
aplicación de recursos de los organismo nacionales de vivienda, de los municipios,
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del Gobierno Federal, así como de la participación de empresas y entidades
financieras del sector privado.
Artículo 39. El financiamiento de la vivienda, deberá orientarse a la ejecución de
los programas contemplados en la presente Ley y tendrán como principio generar
una redistribución del ingreso para garantizar el derecho a la misma, priorizando de
este derecho a los sectores de más bajos ingresos y de la población vulnerable.
Artículo 40. La Comisión fomentará el diseño de esquemas de financiamiento que
combine recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones,
para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los
distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en
situación de pobreza y a los productores sociales.
Artículo 41. Para el financiamiento a la producción y adquisición de vivienda, se
impulsarán las medidas siguientes:
I. Diversificar los esquemas de financiamiento a todos los tipos y modalidades
de producción habitacional, de conformidad con los niveles de ingresos de la
población que se busca atender;
II. Mejorar y ampliar los esquemas de financiamiento;
III. Fomentar la utilización de los recursos en alianza con la banca comercial y
de desarrollo, así como con entidades, cooperativas y sociedades
financieras populares reconocidas por la autoridad competente y costos de
intermediación financiera competitivos;
IV. Fortalecer el Mercado Secundario de Hipotecas y de Intermediarios de
Financiamiento, que mediante la movilización de la inversión en las carteras
hipotecarias, permita ampliar la fuente de financiamiento; y
V. Mayor participación y diversidad de intermediarios financieros, a efecto de
generar una mayor competitividad en el sector.
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Artículo 42. Fomentar programas de financiamiento para el segmento de los
trabajadores no asalariados, promoviendo la participación de la banca privada, el
gobierno federal, el estado y los municipios, constituyendo mecanismos para
concretar programas de fondos concurrentes.
Artículo 43. Promover esquemas de financiamiento para el impulso de la vivienda
en arrendamiento, así como la vinculación con fondos subsidiarios federales o de
organismos nacionales o internacionales.
Artículo 44. El Programa Estatal y los programas Municipales de vivienda se
ejecutarán de acuerdo a las modalidades de financiamiento siguientes:
I. Crédito o préstamo otorgado por instituciones financieras legalmente
establecidas;
II. Gasto, subsidio, crédito o inversión directa del Ejecutivo Estatal, a través de
la Comisión, o de los organismos públicos federales de vivienda, que operan
en el Estado;
III. Gasto, subsidio, crédito o inversión mixtos del Ejecutivo Estatal y
aportaciones del sector privado y otras fuentes de financiamiento; y
IV. Ahorro de los beneficiarios, conforme a las disposiciones aplicables, y otras
consideradas en los programas en la materia.
Artículo 45. La Comisión celebrará acuerdos o convenios que generen recursos
financieros que contribuyan al sustento económico para el cumplimiento de sus
programas en el mediano y largo plazo.
Artículo 46. Los recursos de la Comisión se destinarán preferentemente a la
realización de las acciones siguientes:
I. Elaboración de estudios y proyectos relacionados con la planeación, diseño,
construcción, infraestructura y equipamiento para la vivienda;
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II. Adquisición y reutilización de suelo urbano para vivienda popular o
económica y de interés social;
III. Promoción de la regularización de la tenencia de la tierra, en coordinación
con las dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal y municipal correspondientes y con la participación de los diversos
grupos sociales;
IV. Ejecución de proyectos para la adquisición de suelo para vivienda y de
vivienda, urbanización y venta de lotes con servicios, que promuevan el
desarrollo urbano y habitacional;
V. Producción de vivienda nueva y progresiva en todas sus modalidades;
VI. Programas de mejoramiento de vivienda;
VII. Programas de arrendamiento habitacional;
VIII. Programas de autoproducción y autoconstrucción de vivienda;
IX. Programas de crédito para la adquisición de vivienda;
X. Otorgamiento de subsidios y apoyos vinculados a los programas de ahorro
para la vivienda, y de suelo para uso habitacional, de adquisición de
vivienda, de autoproducción y autoconstrucción de vivienda, de
mejoramiento del parque habitacional y de adquisición de lotes con
servicios, para la población de más bajos ingresos;
XI. Fomento de actividades de investigación científicas o técnicas para su
aplicación a la vivienda, que propicien la sustentabilidad; y
XII. Las demás acciones previstas en la presente Ley, y las que las leyes y
reglamentos señalen.
Artículo 47. La Comisión impulsará la constitución de los fondos de ahorro e
inversión, de administración, de garantía y de rescate para la vivienda, creados con
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activos seguros, rentables y de fácil liquidación, con las primas que deben pagar los
beneficiarios, con los siguientes objetivos:
I. Promover el ahorro productivo de los beneficiarios; y
II. Que los beneficiarios puedan cubrir sus créditos en los términos y
porcentajes establecidos en sus contratos.
Capítulo X
Del Crédito y el Ahorro para la Vivienda
Artículo 48. Para el otorgamiento del financiamiento destinado a los distintos tipos
de modalidades y necesidades de vivienda, se diseñarán y fomentarán esquemas
de crédito accesibles a la población a través de la coordinación y concertación entre
autoridades y sectores social y privado.
Se fomentará la aplicación de programas que incorporen el ahorro previo de los
beneficiarios, aprovechando las instituciones de crédito, de seguridad social y las
instancias de captación de ahorro popular, particularmente las entidades de ahorro
y crédito popular autorizadas por las leyes aplicables en la materia.
Artículo 49. Los créditos destinados para adquisición o mejoramiento de vivienda
para la población de más bajos ingresos podrán ser complementados con subsidios
federales, estatales y municipales. Para los esquemas de recuperación deberá
considerarse la posibilidad y capacidad de pago del beneficiario.
Artículo 50. El Gobierno del Estado y los Municipios, a través de sus dependencias
y entidades, promoverán los beneficios, estímulos y facilidades que se establecen
en la presente Ley, así como los contenidos en otras disposiciones legales y
administrativas aplicables. Dichos beneficios, estímulos y facilidades serán
previstos en sus respectivas leyes hacendarias, a efecto de incentivar la adquisición
y el mejoramiento de viviendas, así como la producción de vivienda popular o
económica y de interés social.
Artículo 51. Los beneficiarios de los programas de vivienda popular o económica y
de interés social deben cumplir los requisitos siguientes:
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I. Ser residente del Estado;
II. Los propietarios de vivienda sólo podrán solicitar crédito para las acciones
destinadas para el mejoramiento o ampliación de la misma propiedad;
III. En la determinación de sus ingresos, corresponde a los beneficiarios
entregar la documentación que respalde su dicho, quienes además están
obligados a permitir por parte de las autoridades competentes, la verificación
de la información que proporcionen; y
IV. En el caso de la población con actividades en la economía informal, la
determinación de sus ingresos se ajustará a lo que establezcan las reglas
de operación de la Comisión.
Artículo 52. La Comisión y las unidades administrativas responsables de las
políticas de vivienda en los municipios serán responsables de la gestión, promoción
y, en su caso, del otorgamiento crediticio para la población de más bajos ingresos,
quien podrá ser considerada como sujeto de subsidio o de ayuda de beneficio
social.
Capítulo XI
De los Subsidios
Artículo 53. El Ejecutivo del Estado, dentro del proyecto de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal
correspondiente, podrá asignar en forma separada los apoyos que se destinen a los
beneficiarios de programas de vivienda popular o económica y de interés social a
cargo de la Comisión.
A través de la presente Ley, la Comisión con cargo a un presupuesto especial
designado por el Ejecutivo Estatal, sustentará los subsidios que otorgará a la
vivienda y será la responsable de su ejecución.
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La Comisión, podrá gestionar subsidios de carácter federal con los organismos
competentes y apegarse a las políticas que establezcan las reglas de operación
respectivas, para su aplicación o ejecución.
Artículo 54. Se deberá garantizar la aplicación de los principios de equidad e
inclusión social de los subsidios que la Federación o el Gobierno del Estado le
otorguen para su distribución.
Capítulo XII
De la Calidad y Sustentabilidad de la Vivienda
Artículo 55. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ocupantes de las
viviendas, la Comisión promoverá en coordinación con las autoridades federales,
estatales y municipales competentes en la materia y en el desarrollo de las
acciones habitacionales en sus distintas modalidades, para la utilización de
recursos y servicios asociados asegurando que las viviendas cuenten con los
espacios habitables y espacios auxiliares suficientes en función al número de
usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y
energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como
garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de
sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando
preferentemente bienes y servicios normalizados, en atención a lo dispuesto en la
Ley de la materia.
Se promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías
aplicables a la vivienda, tomando en cuenta las condiciones bioclimáticas de las
regiones del Estado.
El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y los
municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley en materia de calidad y
sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones jurídicas aplicables
correspondientes.
Artículo 56. Las autoridades estatales y municipales dentro de sus respectivas
competencia expedirán, y mantendrán permanentemente actualizadas las
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disposiciones legales y reglamentarias que contengan los requisitos técnicos que
garanticen la seguridad estructural, habitabilidad y sustentabilidad de toda vivienda,
y que definan responsabilidades generales, así como por cada etapa del proceso
de producción de vivienda.
La Comisión promoverá y apoyará a las autoridades estatales y municipales en la
elaboración de las disposiciones reglamentarias que se mencionan en este artículo.
Artículo 57. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos promoverán la celebración
de acuerdos y convenios con proveedores de materiales básicos para la
construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda y a precios preferenciales
para:
I. La atención a programas de vivienda emergente a damnificados derivados
de desastres naturales;
II. Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente
aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda
para familias en situación de pobreza; y
III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de
pobreza.
Asimismo, promoverá la celebración de convenios para el otorgamiento de asesoría
y capacitación a los adquirentes de materiales para el uso adecuado de los
productos, sobre sistemas constructivos y prototipos arquitectónicos, así como para
la obtención de licencias y permisos de construcción necesarios.
Artículo 58. La Comisión y los ayuntamientos promoverán el uso de materiales y
productos que contribuyan a mejorar el medio ambiente, así como aquellos que
propicien ahorro de energía, uso eficiente del agua, un ambiente más confortable y
saludable dentro de la vivienda de acuerdo con las características climáticas de la
región.
Capítulo XIII
De la Tipología de Vivienda
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Artículo 59. La clasificación de la vivienda se determina de acuerdo a su valor en el
mercado, forma de producción, superficie construida y cantidad de cuartos con que
cuenta. Los distintos tipos de vivienda causa de regulación en la presente Ley,
serán los que se producen en el Estado, a través de programas de apoyos
federales, estatales, iniciativa privada, autoproducción o autoconstrucción,
considerando los siguientes:
I. De Vivienda de Objetivo Social;
II. De Vivienda de Interés Social;
III. De Vivienda Popular;
IV. De Vivienda con Servicios Progresivos;
V. De Vivienda Media;
VI. De Vivienda Residencial; y
VII. De Vivienda Campestre.
Artículo 60. Los distintos tipos de vivienda, serán subclasificados de acuerdo a la
cantidad que se construya en un lote de terreno, considerando:
I. Unifamiliar, donde su construcción tendrá el destino para alojar a una
familia; y
II. Plurifamiliar, donde su construcción se destina para alojar a dos o más
familias en un mismo lote de terreno.
Para el caso de viviendas del tipo plurifamiliares, éstas se reconocerán del tipo
dúplex, multifamiliar, condominio vertical, condominio horizontal o condominios
mixtos, pudiéndose desarrollar en fraccionamientos o en conjuntos urbanos.
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Artículo 61. Los programas de vivienda estatal y municipal deberán contener y
definir las políticas de producción de acuerdo a la tipología definida en esta Ley, y
estos deberán desarrollar de manera específica los alcances, gestiones, procesos y
esquemas de financiamiento o crédito para que se cumpla con las disposiciones
generales establecidas.
Artículo 62. La construcción de los distintos tipos de vivienda serán regulados a
través de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, el
Reglamento de la presente Ley y de los reglamentos municipales alineados a las
políticas estatales y en concordancia con las políticas federales vigentes en la
materia; así también las viviendas que se construyan en régimen de propiedad en
condominio, deberán observar los lineamientos que se indiquen y apliquen según la
Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado.
Capítulo XIV
Del Suelo para Vivienda
Artículo 63. Se considera de utilidad pública la adquisición de suelo y la
constitución de reservas territoriales, para la construcción de vivienda popular o
económica y de interés social.
Artículo 64. La Comisión en coordinación con los municipios, realizará estudios
que determinen los requerimientos de suelo urbano para vivienda, a efecto de
desarrollar y operar el Programa Estatal de Vivienda.
Estos estudios tomarán en cuenta las necesidades presentes y futuras, y conforme
a estas previsiones, se harán los programas de adquisición específicos.
Artículo 65. Los apoyos e instrumentos que el Ejecutivo del Estado establezca en
materia de suelo, se dirigirán a:
I. La realización de acciones estratégicas para la generación de una oferta de
suelo para el desarrollo de acciones de vivienda, en todos sus tipos y
modalidades;
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II. Impedir los procesos de acaparamientos, subutilización y especulación de
los terrenos;
III. Proteger, restaurar y aprovechar en forma sustentable los recursos
naturales para favorecer los usos del suelo afines al entorno natural; y
IV. Fomentar esquemas y programas que contemplen recursos provenientes de
crédito, ahorro y subsidio, para la adquisición de suelo.
Artículo 66. La Comisión instrumentará y promoverá programas, acciones y
estímulos que induzcan la colaboración y coordinación con el gobierno federal, los
estatales y municipales, así como la participación de propietarios, promotores
públicos y privados, desarrolladores y usuarios, para generar ofertas de suelo para
vivienda con oportunidad, calidad y servicios, preferentemente para beneficio de la
población de bajos ingresos.
Artículo 67. La Comisión podrá adquirir predios para destinarse a programas de
vivienda, preferentemente para desarrollar entornos integrales.
Artículo 68. La Comisión podrá enajenar predios de su dominio, observando en
todo caso las disposiciones normativas pertinentes, debiendo cumplir con lo
siguiente:
I. Que el aprovechamiento de los inmuebles sea congruente con el programa
estatal y programas municipales de vivienda, así como con las
disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y ecológico aplicables;
II. Que se cuente con un programa técnico y financiero en el que se justifiquen
las necesidades de vivienda, la aplicación de los recursos, así como, se
definan las condiciones de participación del Ejecutivo del Estado y de los
solicitantes;
III. La conformación de un inventario de información pública que contendrá las
necesidades y la oferta de suelo para vivienda en las localidades con mayor
población en el Estado;
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IV. Aplicar las medidas de transparencia y simplificación del proceso de
adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales para los
programas de vivienda;
V. Determinar los criterios e instrumentos para la conformación y consolidación
de un registro de suelo urbano con viabilidad técnica y jurídica para el
desarrollo habitacional, que evite la especulación de suelo urbano y el
crecimiento urbano desordenado; y
VI. Las previsiones de suelo para la dotación de infraestructura, equipamiento,
servicios y fomento del pequeño comercio necesario en los espacios
habitacionales atendiendo las disposiciones que en materia del derecho del
tanto, contempla la Ley de la materia.
Artículo 69. Los actos de adquisición, administración, transmisión, arrendamiento y
demás relativos al aprovechamiento de suelo que realice la Comisión destinados al
cumplimiento y ejecución de sus programas, acciones, obras e inversiones,
deberán ser sometidos a la consideración de la Junta Directiva, y se sujetarán a las
normas y disposiciones que establezca la Comisión con apego a las disposiciones
de la presente Ley y de la demás normatividad aplicable.
Capítulo XV
De la Producción Social de Vivienda
Artículo 70. El Estado y los municipios facilitarán y promoverán el desarrollo y
consolidación de la producción social de vivienda y propiciarán la concertación de
acciones y programas entre los sectores público, social y privado.
Artículo 71. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la
adquisición, mejoramiento, construcción o producción social de vivienda, así como
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el otorgamiento de asesoría integral en la materia, serán objeto del fomento por
parte de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
Artículo 72. La Comisión promoverá la asistencia técnica a los productores
sociales de vivienda, en coordinación con las autoridades competentes.
Artículo 73. La Comisión fomentará el desarrollo de programas de suelo y vivienda
dirigidos a:
I. Auto productores y auto constructores, individuales o colectivos, para sus
distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda; y
II. Otros productores y agentes técnicos especializados que operen sin fines de
lucro, tales como los organismos no gubernamentales, asociaciones
gremiales e instituciones de asistencia privada.
Artículo 74. La Comisión fomentará el autoempleo de los beneficiarios en los
programas y proyectos de producción social de vivienda, de conformidad con lo
establecido en las disposiciones aplicables.
Artículo 75. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, con el fin de impulsar la
construcción de infraestructura para vivienda en colonias populares por
autoconstrucción, apoyarán a las asociaciones y agrupaciones de autogestión
habitacional y afines.
Artículo 76. La Comisión y las unidades administrativas responsables de las
políticas de vivienda en los municipios, realizarán estudios para la creación de lotes
de vivienda popular o económica y de interés social por autoconstrucción.
Capítulo XVI
Del Sistema Estatal de Información e Indicadores de Suelo y Vivienda
Artículo 77. Se crea el Sistema Estatal de Información, el cual tendrá por objeto
integrar, generar y difundir oportunamente la información necesaria para la
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adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de las políticas estatales de
vivienda.
La Comisión integrará y administrará el Sistema Estatal de Información, el cual se
sujetará, en lo conducente, a las disposiciones previstas en la presente Ley y su
Reglamento y se constituirá con la información que proporcionen las dependencias
y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como las
organizaciones sociales y privadas, en aspectos vinculados con la vivienda y el
suelo para vivienda, así como la información que permita identificar la evolución y
crecimiento del mercado de vivienda, misma que se integrará al Sistema Estatal de
Información.
Artículo 78. El Sistema Estatal de Información contendrá los elementos que
permitan determinar los cálculos sobre el rezago y las necesidades de vivienda y de
suelo, calidad y espacios, acceso a los servicios básicos y equipamiento, así como
la adecuada planeación de la oferta de vivienda, los requerimientos de suelo para
vivienda y la focalización de programas y acciones en la materia.
Artículo 79. El Sistema Estatal de Información, deberá considerar como mínimo lo
siguiente:
I. Acciones de Vivienda existente por Tipo;
II. Acciones de Vivienda en Proceso;
III. Déficit Habitacional y Rezago de Vivienda;
IV. Calidad de Construcción de la Vivienda;
V. Registro de la Cantidad y Tipo de Vivienda construida;
VI. Cobertura de Servicios Básicos y Equipamiento;
VII. Tipología y Valores de Vivienda;
VIII. Cantidad de Vivienda Colocada por Tipo de Financiamiento;
IX. Cantidad de Vivienda Subsidiada;
X. Sistema de Medición de Metas por Segmento atendido;
XI. Sectores de la Población atendidos;
XII. Identificación del Origen de Población;
XIII. Requerimiento de Suelo para Vivienda;
XIV. Oferta y la Demanda, Tren de Vivienda;
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XV. Identificación de Entornos para Producción de Vivienda; y
XVI. Las demás que en el Reglamento de la presente Ley considere incluir.
Artículo 80. El Sistema Estatal de Información, para efecto de coadyuvar en la
planeación de la vivienda, deberá identificar los beneficiarios por nivel de ingreso y
modalidades de programas, ya sea que se trate de vivienda nueva, sustitución de
vivienda, en arrendamiento o del mejoramiento del parque habitacional; así como
evaluar los productos habitacionales en términos de su ubicación en los centros de
población con respecto a las fuentes de empleo, habitabilidad de la vivienda y
adaptabilidad a las condiciones culturales, sociales y ambientales de las regiones; y
evaluar los valores de suelo, de las medidas de control para evitar su especulación
y sus efectos en los programas habitacionales.
Artículo 81. La Comisión diseñará y promoverá mecanismos e instrumentos de
difusión de programas, acciones y financiamiento para la vivienda, con el fin de que
la población conozca las opciones que existen en materia habitacional.
Asimismo, informará de los procedimientos, tiempo de respuesta, costos, requisitos
y estímulos fiscales para producir y adquirir vivienda, mediante la elaboración y
difusión de material informativo dirigido a los promotores y productores sociales y
privados, principalmente sobre sus programas y reglas de operación. De igual
manera, elaborará y difundirá material informativo para la población acreditada o
solicitante de algún crédito de vivienda.
Artículo 82. Con el propósito de asegurar la equidad y eficiencia en el
financiamiento y ejecución de los programas contemplados en la presente Ley, la
Comisión y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias integrarán un
Padrón de beneficiarios en el Sistema Estatal de Información.
Para efecto de lo previsto en el párrafo anterior, se deberán observar las
disposiciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado.
Artículo 83. Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y de los
municipios, las organizaciones de los sectores social y privado, así como las
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instituciones de educación superior y de investigación, proporcionarán la
información necesaria para estimular la producción de vivienda en el Estado que les
requiera la Comisión, en el marco de los acuerdos y convenios que al efecto se
celebren.
Sección Única
Del Registro de Responsabilidad Inmobiliaria en Vivienda
Artículo 84. Se crea el Registro de Responsabilidad Inmobiliaria en Vivienda,
vinculado al Sistema Estatal de Información e Indicadores de Vivienda bajo la
coordinación de la Comisión, el cual tendrá por objeto registrar las partes
involucradas en la producción de la vivienda en cualquier tipo o modalidad en el
Estado, así como coadyuvar en la identificación de los responsables en caso de
presentarse un siniestro o evento fortuito del tipo antropogénico o meteorológico, o
en su caso de aspecto legal.
Artículo 85. El Registro de Responsabilidad Inmobiliaria de Vivienda será el
documento de consulta electrónica o físico, de carácter oficial y obligatorio, en el
que deberán quedar inscritos los responsables legales que autoricen acciones en
materia de vivienda, así como los peritos responsables de obra, constructores y
valuadores involucrados en los procesos, formando parte del historial por vivienda
edificada en el Estado, dentro del marco formal de producción de la misma.
Artículo 86. El Registro deberá integrar a las autoridades, particulares y empresas
que autoricen la calidad y ubicación de la vivienda, su sustentabilidad, viabilidad
jurídica, el cumplimiento de las normas de construcción, su correcta ubicación de
acuerdo con factores de riesgo correspondiente con el aval de las autoridades de
Protección Civil correspondiente, y en su caso la correspondiente póliza de seguro
en caso de siniestro de la vivienda.
Artículo 87. El Registro, como documento electrónico funcionará como mecanismo
con historial de identificación de la gestión para la construcción de las viviendas,
pudiendo usarse como elemento de soporte ante siniestros y durante procesos
legales en la determinación de responsables.
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Artículo 88. Para integrar la información necesaria en la conformación del Registro,
la Comisión se coordinará con las dependencias y organismos públicos encargados
del otorgamiento de licencias o permisos del orden estatal y municipal, pudiendo
suscribir convenios de colaboración con la finalidad de agilizar, concentrar y
registrar la información de la gestión y construcción de cada vivienda formal.
Referente a la operatividad del Registro, se deberá observar lo que en el
reglamento de la presente Ley se desarrolle, respecto de la descripción de los
procesos y definición de alcances para su aplicación.
Capítulo XVII
De la Denuncia Popular
Artículo 89. Toda persona podrá denunciar ante la Comisión o ante otras
autoridades competentes todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda
producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en la presente Ley o
contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen
materias relacionadas con la vivienda.
Artículo 90. La denuncia popular podrá ejercitarse por escrito, y debe constar de:
I. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la
identificación del denunciante y, en su caso, de su representante legal;
II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;
III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora; y
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. La denuncia se
tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia.
Capítulo XVIII
De las Responsabilidades y Medios de Defensa
Artículo 91. Los servidores públicos y los particulares que intervengan en los
programas habitacionales que utilicen indebidamente su posición, para beneficiarse
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o favorecer a terceros en los procesos de producción y adquisición de vivienda,
construcción de obras de infraestructura o en operaciones inmobiliarias, serán
sancionados conforme a lo dispuesto por la Constitución Política, la Ley de
Responsabilidades Administrativas o, en su caso, por el Código Penal, todos para
el Estado de Sinaloa, con independencia de las demás sanciones aplicables.
Toda persona tendrá derecho al acceso a la información pública sobre vivienda, en
los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado.
Artículo 92. En contra de las resoluciones de la autoridad en materia de Vivienda
dictadas con fundamento en las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento,
se procederá conforme a lo previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el
Estado.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Se abroga el Decreto 297, que expide la Ley que crea el Instituto de
Vivienda del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa” No. 59 Bis, de fecha 18 de mayo de 1983. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución
ante el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, deberán ser concluidos por un
Comité de Extinción que se creará para tal efecto dentro de los cuarenta y cinco
días naturales una vez publicado el presente decreto, el cual se encargará de
analizar, clasificar, tramitar, cobrar, contestar y continuar todo tipo de
procedimientos jurídicos, demandas y ejercer las demás acciones de carácter legal
que procedan, entre otras, y podrá convenir, a efecto de atender las obligaciones
que quedarán pendientes del referido Instituto y recuperar derechos, bienes, activos
y cartera vencida. En los doce meses siguientes, transferirá la totalidad de los
títulos y derechos que aún estén en proceso de recuperación a la Comisión de
Vivienda del Estado de Sinaloa, así como los inmuebles, muebles y demás deudas
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con que aún cuente el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa; agotado dicho
proceso, se extinguirá este Comité de Extinción.
CUARTO. El Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 180 días contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para implementar la Comisión de
Vivienda del Estado de Sinaloa. En tanto no se constituya el organismo
mencionado, el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa continuará ejerciendo
las atribuciones que en materia de vivienda le otorga la ley que abroga el Artículo
Segundo Transitorio del presente Decreto, con la misma naturaleza de organismo
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
QUINTO. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas vigilará el
proceso de entrega recepción, el que se ajustará a lo dispuesto en los lineamientos
que emita la propia Secretaría y de conformidad con la Ley de la materia. El
Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa deberá presentar un informe de sus
actividades al Comité de Extinción, copia del cual se entregará al Congreso del
Estado; dicho informe deberá realizarse con la participación de la Secretaría de
Administración y Finanzas, a efecto de que el mismo se incorpore en forma
particular dentro de la cuenta pública de la recuperación que ejecute el Instituto de
Vivienda del Estado de Sinaloa. La Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas habilitará al personal necesario para formar parte del proceso de
transferencia de títulos y derechos que aún estén en proceso de recuperación y
demás bienes y derechos, y deberá fincar los procedimientos de responsabilidades
que, en su caso, resulten aplicables. Los activos y recursos de cartera vencida que
recupere el Comité de Extinción pasarán a la Comisión de Vivienda del Estado de
Sinaloa, a fin de que se incorporen a su patrimonio y se deberá informar de ello a la
Junta de Gobierno de la referida Comisión.
SEXTO. La Secretaría de Administración y Finanzas definirá y aplicará los
procedimientos y mecanismos necesarios para la adecuada asignación de recursos
a la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, considerando que los recursos
presupuestales del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa se reasignarán a la
Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.
SÉPTIMO. El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de la presente Ley,
dentro de noventa días, contados a partir del día siguiente en que quede legalmente
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instalada la Comisión y su Junta de Gobierno, mismo plazo establecido para la
Junta de Gobierno para expedir el Reglamento Interior de la Comisión de Vivienda
del Estado de Sinaloa. Mientras se expide el citado reglamento, continuará
aplicándose en lo que no contravenga a la presente Ley, el reglamento vigente.
OCTAVO. La Junta de Gobierno de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa
deberá constituirse dentro de sesenta días naturales después de haberse cumplido
lo establecido en el artículo cuarto transitorio.
NOVENO. Los recursos materiales, financieros y humanos que al momento de la
entrada en vigor del presente Decreto sean propiedad del Instituto de Vivienda del
Estado de Sinaloa (INVIES) o se encuentren bajo la administración del mismo,
pasarán a formar parte del Comité de Extinción, que se crea para tal efecto. Los
recursos en mención, permanecerán bajo su supervisión, cuidado y disposición,
hasta que se determine la disposición final de los mismos.
El Comité de Extinción, será el encargado de llevar a cabo administrativamente el
procedimiento de extinción del INVIES y, atenderá, valorará y resolverá, de
conformidad con la legislación Estatal que corresponda, la condición de los activos
y pasivos que se encuentren pendientes por el INVIES, hasta que estos queden
definitivamente concluidos.
DÉCIMO. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente forman parte
estructural del INVIES, pasarán a ser administrados por el Comité de Extinción al
inicio de la vigencia del presente Decreto, mediante el proceso de entrega
recepción correspondiente.
DÉCIMO PRIMERO. El personal adscrito al Instituto de Vivienda del Estado de
Sinaloa se sujetará a las consideraciones que el Comité de Extinción determine de
conformidad con disposiciones jurídicas aplicables respecto de su situación laboral,
respetándose los derechos laborales de los mismos, conforme a la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley de Pensiones, ambas del Estado de
Sinaloa.
DÉCIMO SEGUNDO. Las referencias o menciones que se hacen en leyes,
reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y demás disposiciones jurídicas al
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Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, se entenderán hechas a la Comisión de
Vivienda del Estado de Sinaloa.
DÉCIMO TERCERO. Los montos no ejercidos del presupuesto autorizado para el
Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa en el Presupuesto de Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal del año en curso, al inicio de la vigencia del presente
Decreto, serán ejercidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil dieciocho.
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO
DIPUTADO PRESIDENTE
C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ
DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de julio del año dos
mil dieciocho
El Gobernador Constitucional del Estado
QUIRINO ORDAZ LÓPEZ
El Secretario General de Gobierno
GONZALO GÓMEZ FLORES
El Secretario de Desarrollo Sustentable
ÁLVARO RUELAS ECHAVE
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