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TEXTO VIGENTE
Publicado en el P.O. No. 43 del 10 de abril de 1995.
Última reforma publicada en el P.O. No. 069, del 07 de junio de 2023.
DECRETO NÚMERO 564
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE SINALOA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1o.- El Poder Judicial del Estado de Sinaloa se ejerce:
I. Por el Supremo Tribunal de Justicia;
II. Por las Salas de Circuito;
III. Por los Juzgados de Primera Instancia; y
IV. Por los Juzgados Menores.
Artículo 2o.- Esta Ley garantizará la independencia e inamovilidad de los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia, Magistrados de Circuito y Jueces en el ejercicio de sus funciones.
Además, estos servidores judiciales percibirán una remuneración digna, decorosa e irrenunciable,
que no podrá ser disminuida durante sus encargos.
CAPÍTULO II
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
Artículo 3o.- El Supremo Tribunal de Justicia tendrá su residencia en la capital del Estado, se
integrará por once Magistradas y Magistrados y funcionará en Pleno o en Salas. Una de las
Magistradas o Magistrados será el titular de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y no
integrará Sala durante su encargo. Habrá además cinco Magistradas y Magistrados Suplentes,
quienes solo integrarán el Pleno o las Salas cuando sustituyan a un titular de la Magistratura, los
cuales serán electos de entre las Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de
Primera Instancia del Estado, que cubriendo los requisitos previstos en el artículo 96 de la
Constitución Política Local cuenten, además, con una antigüedad ininterrumpida de cinco años de
ejercicio en el cargo. (Ref. Según Dec. No. 487, publicado en el P.O. No. 110, Primera Sección del
11 de Septiembre de 2020).
En la integración del Supremo Tribunal de Justicia se deberá observar el principio de paridad de
género, en el entendido de que si las y los servidores públicos correspondientes incumplen con lo
estipulado en esta disposición incurrirán en la falta administrativa establecida en la fracción 1 Bis
del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. (Ref. Según
Dec. No. 257, publicado en el P.O. No. 115, del 23 de Septiembre de 2022).
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Artículo 4o.- Las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados,
quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan
estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate. En caso de empate, se resolverá
el asunto en la siguiente sesión, para lo cual se convocará a los Magistrados que hubiesen
concurrido a la anterior y a los que hubiesen faltado a la misma, siempre que éstos no estuvieren
legalmente impedidos; si en esta última sesión tampoco se obtuviere mayoría, se tendrá por
desechado el proyecto y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia designará otro Magistrado
distinto del ponente, para que formule nuevo proyecto, teniendo en cuenta las opiniones vertidas.
Artículo 5o.- El Pleno se compondrá de los Magistrados que integran el Supremo Tribunal de
Justicia conforme al artículo 3 de esta Ley, pero bastará la presencia de seis de sus miembros
para que pueda funcionar.
Artículo 6o.- Las sesiones serán públicas o secretas según lo acuerde el propio Supremo Tribunal
de Justicia. Las sesiones ordinarias se efectuarán cuando menos una vez cada quince días. Las
extraordinarias, cuando lo considere necesario el Presidente, o lo pidan dos Magistrados.
Artículo 7o.- Las Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán electos por el Congreso del
Estado o por la Diputación Permanente, de una terna que le presente el Consejo de la Judicatura.
La elección se hará en escrutinio secreto.
Artículo 8o.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia sólo podrán ser privados de sus
cargos conforme a las causas y con sujeción a los procedimientos previstos en la Constitución
Política Local.
Artículo 9o.- Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán
hechos, preferentemente, de entre las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y
probidad en la administración de justicia o que los merezcan por su honorabilidad, competencia y
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, debiendo reunir para el efecto los requisitos
previstos en las cinco primeras fracciones del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículo 10.- El Presidente del Supremo Tribunal será sustituido en sus faltas temporales o
accidentales y en la absolutas, mientras se hace nueva elección por los Magistrados Propietarios
en ejercicio, según el orden numérico de su designación.
Artículo 11.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia podrán obtener licencia, sin goce
de sueldo, por una sola vez, hasta por el término de seis meses. De igual derecho gozarán los
Magistrados de Circuito y los Jueces de Primera Instancia que sean llamados para sustituirlos.
Artículo 12.- Las faltas absolutas de los Magistrados Titulares del Supremo Tribunal de Justicia se
cubrirán provisionalmente por los suplentes, según lo determine el propio Supremo Tribunal,
mientras que se hace una nueva elección en la forma que establece la Constitución y toma
posesión el electo.
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Dichos Magistrados serán sustituidos en sus faltas temporales que excedan de quince días por los
Magistrados Suplentes en los términos del párrafo anterior. Si las faltas no exceden de este
término, o en los casos de recusación o excusa, serán cubiertas en una Sala por los Magistrados
de otra, según el turno que corresponda, y en el Pleno sólo serán sustituidos por los Magistrados
Suplentes cuando por motivos de la falta o del impedimento no se obtenga mayoría de votos en la
resolución de un determinado negocio.
Si no fuera posible integrar el Pleno o las Salas, por tener un impedimento legal para conocer de
un determinado negocio los Magistrados Suplentes llamados conforme a los párrafos anteriores
de este artículo, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará los
Magistrados interinos que sean necesarios.
La ausencia de los Magistrados de Circuito será cubierta por el Secretario de la Sala que
corresponda, en tanto el Supremo Tribunal de Justicia hace el nombramiento conducente. El
Secretario practicará las diligencias urgentes y dictará las providencias de mero trámite, sin
resolver en definitiva.
Las faltas accidentales del Secretario y las temporales que no excedan de un mes, serán suplidas
por otro de los Secretarios, si hubiere dos o más, o en su defecto, por el Actuario que designe el
Magistrado respectivo. Lo mismo se observará en el caso de que el Secretario se encargue del
despacho de la Sala, con arreglo al párrafo anterior, a no ser que el Supremo Tribunal de Justicia
nombre un Secretario interino.
Artículo 13.- El cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia será renunciable por causa
grave que calificará el Congreso, ante el que se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la
calificación se hará por la Diputación Permanente.
Igualmente será renunciable el cargo de Magistrado de Circuito ante el Supremo Tribunal de
Justicia, quien resolverá lo procedente.
CAPÍTULO III
DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL
Artículo 14.- El Supremo Tribunal de Justicia ejercerá su función jurisdiccional en todo el Estado.
Artículo 15.- Las Salas de Circuito ejercerán su función jurisdiccional en la circunscripción
territorial que se fije por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO 16. El territorio del Estado de Sinaloa se divide en Circuitos y Distritos Judiciales.
En cada Municipio habrá un Distrito Judicial con su mismo nombre.
Cada Distrito Judicial tendrá la misma extensión territorial y la misma cabecera del Municipio de
que se trate.
(Ref. Según Decreto No. 496, publicado en el Periódico Oficial No. 069, de fecha 07 de junio de
2023).
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Artículo 17.- Los Juzgados de Primera Instancia ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial de su
residencia y, en su caso, en los que fijen las leyes o en los que se determine mediante acuerdo
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
En el caso de los Juzgados de Primera Instancia de Control y Juicio Oral Penal, su jurisdicción se
ejercerá en el territorio del Circuito Judicial integrado por los Distritos que determine el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia.
En el caso de los Juzgados en materia laboral, su jurisdicción se ejercerá en el territorio del
Circuito Judicial integrado por los Distritos que determine el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia, conforme a las necesidades del servicio. (Adic. Según Dec. No. 6, publicado en el P.O.
No. 150, del 13 de Diciembre de 2021).
Los Juzgados de Primera Instancia que conozcan de asuntos en materia penal iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, podrán resolver lo que
jurídicamente corresponda, respecto de las solicitudes formuladas por el Ministerio Público,
durante el período de integración de la averiguación previa, para la práctica del cateo en Distritos
Judiciales distintos al de su residencia.
Artículo 18.- El lugar de residencia, así como la circunscripción jurisdiccional de los Juzgados
Menores, serán fijados por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
CAPÍTULO IV
DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL
Artículo 19.- Son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:
I. Promover ante el Congreso del Estado las iniciativas de ley que estime conveniente
para la buena administración de justicia;
II. Expedir los reglamentos internos del Supremo Tribunal, de las Salas de Circuito y de
los Juzgados;
III. Dictar las medidas que se estime conveniente para que la administración de justicia
sea honesta, pronta, completa e imparcial;
IV. Conocer y resolver las controversias que se susciten, entre los Poderes del Estado,
entre uno o más Poderes del Estado y los Ayuntamientos, o entre éstos entre sí,
salvo lo prevenido en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
V. Conocer como jurado de sentencia en el juicio político instaurado contra los
servidores públicos señalados en el Título VI de la Constitución Local;
VI. Resolver, como jurado de sentencia, de las acusaciones penales formuladas por la
Legislatura Local en contra del Gobernador del Estado, por la comisión de delitos;
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VII. Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre los Magistrados de
Circuito, Jueces de Primera Instancia, o entre Jueces Menores de diversos distritos
judiciales;
VIII. Llamar a los Magistrados Suplentes que deban cubrir las faltas de los Titulares, ya
sean absolutas, temporales o relativas a determinado negocio, conforme al Artículo
94 de la Constitución Local;
IX. Nombrar, resolver sobre renuncias, remover, suspender y cambiar de adscripción a
los Magistrados de Circuito, Jueces, Secretarios, Actuarios, Visitadores de Juzgados
y demás servidores públicos integrantes del Poder Judicial;
X. Determinar el número de Salas de Circuito que deberá haber en el Estado, el lugar
de su residencia, las materias que conozcan y el límite de su competencia territorial,
así como determinar el número de Juzgados de Primera Instancia y las materias que
éstos conozcan de conformidad con esta Ley;
XI. Declarar, a solicitud del Procurador General de Justicia, cuando sean acusados de
delitos los Magistrados de Circuito y Jueces de Primera Instancia, que es de
suspenderse en el ejercicio de sus funciones al inculpado y que ha lugar a proceder
en su contra;
XII. Elegir Presidente del Supremo Tribunal de entre los Magistrados que lo forman y a
dos de éstos, como miembros del Consejo de la Judicatura;
XIII. Designar a los Magistrados que deban integrar las Salas, en la forma que lo
establezca el Reglamento Interior del Supremo Tribunal;
XIV. Adscribir a los Magistrados de una Sala a otra cuando las necesidades del servicio
judicial así lo requieran;
XV. Calificar las recusaciones con causa y excusas de los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia;
XVI. Calificar las recusaciones con causa y excusas de los Magistrados de las Salas de
Circuito y de los Jueces adscritos a los Juzgados de Primera Instancia de Control y
Juicio Oral Penal, asignando al similar que deba conocer el asunto de que se trate;
(Ref. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el
Periódico Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
XVII. Acordar con respecto de la sustitución del Presidente del Tribunal;
XVIII. Asignar la jurisdicción territorial en que deban ejercer sus funciones los Jueces de
Primera Instancia, y en los lugares en que haya dos o más, el Juzgado en que deban
prestar sus servicios;
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XIX. Conceder licencias que no excedan de un mes a los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia;
XX. Conceder licencias a los demás servidores de la administración de justicia, conforme
al Artículo 148 de la Constitución Política del Estado;
XXI. Fijar los períodos vacacionales de los Magistrados del Supremo Tribunal y de
Circuito, Jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial del Estado;
XXII. Imponer correcciones disciplinarias a los abogados, procuradores o litigantes,
cuando en las promociones que presenten ante el Pleno falten al respeto al Supremo
Tribunal, a alguno de sus miembros o a cualquier otro funcionario del Poder Judicial
del Estado;
XXIII. Acordar las erogaciones que deban hacerse con cargo a partidas del presupuesto del
Poder Judicial;
XXIV. Comisionar a sus miembros para la práctica de visitas ordinarias o extraordinarias a
las Salas de Circuito, Juzgados de Primera Instancia y, cuando lo estime
conveniente, a las instituciones de reclusión y readaptación social, con objeto de
proveer una mejor administración de justicia;
XXV. Acordar el establecimiento o supresión de órganos o dependencias en el Poder
Judicial del Estado, cuando las necesidades del servicio de administración de justicia
lo requieran;
XXVI. Dictar las disposiciones que estime pertinentes para turnar los expedientes y
promociones de la competencia de los Juzgados, cuando en un mismo lugar haya
varios de ellos;
XXVII. Acordar la instalación de Juzgados de Primera Instancia Supernumerarios
Especializados, asignándoles la materia de la que deban conocer y el tiempo que
deban funcionar, cuando necesidades del servicio lo requieran; y
XXVIII. Las demás facultades que le confieran las Leyes y el Reglamento Interior del
Supremo Tribunal.
CAPÍTULO V
DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
Artículo 20.- El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia durará en su encargo un año,
pudiendo ser reelecto.
Artículo 21.- Son atribuciones del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia:
I. Dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones del Pleno y en las audiencias;
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II. Representar al Supremo Tribunal de Justicia en los actos oficiales, salvo el caso de que
se nombre un representante o una comisión especial para determinado acto;
III. Llevar la correspondencia oficial con los Poderes del Estado, de la Federación y de los
demás Estados;
IV. Vigilar que la justicia sea expedita, pronta y cumplida;
V. Recibir quejas sobre las faltas que ocurran en el despacho de los negocios, tanto de la
competencia del Pleno como de las Salas, las Salas de Circuito, o de los Juzgados de
Primera Instancia o menores. Si las faltas fueran menores, dictará las providencias
oportunas para su corrección o remedio inmediato; si el caso lo ameritara, dará cuenta al
Pleno para que éste dicte el acuerdo correspondiente;
VI. Turnar al Pleno o a las Salas los asuntos que sean de su competencia;
VII. Rendir a las autoridades judiciales de la Federación los Informes que se le soliciten al
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en juicios de amparo;
VIII. Legalizar las firmas de los funcionarios del Poder Judicial del Estado;
IX. Conceder licencias económicas hasta por cinco días en un mes, a los Magistrados del
Supremo Tribunal, a los Magistrados de Circuito, y demás servidores de la
administración de justicia;
X. Comunicar al Congreso del Estado las faltas absolutas de los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia y las relativas a determinados negocios que deban ser suplidas
mediante nombramiento de Magistrados interinos;
XI. Promover oportunamente los nombramientos de los servidores públicos que deba hacer
el Supremo Tribunal de Justicia en caso de vacante;
XII. Celebrar convenios con las instituciones de enseñanza superior, para lograr el
mejoramiento profesional de los administradores de justicia;
XIII. Rendir al Congreso del Estado, en enero de cada año, un informe sobre la administración
de justicia, el cual contendrá las actividades desarrolladas en el Poder Judicial, las
estadísticas de los asuntos tramitados y una exposición sucinta de las observaciones
recogidas en la práctica, así como de los medios que juzgue conveniente para subsanar
las deficiencias técnicas o administrativas existentes;
XIV. Firmar en unión del Secretario de Acuerdos las actas de las sesiones del Pleno;
XV. Revisar y aprobar la cuenta mensual que le presente el Oficial Mayor sobre los gastos
menores efectuados;
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XVI. Formular anualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del
Estado;
XVII. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno, hasta ponerlos en estado de
resolución definitiva;
XVIII. Practicar visitas de inspección a las Salas de Circuito y Juzgados cuando así lo estime
conveniente, u ordenarlas a los Visitadores, dando cuenta al Pleno de las irregularidades
que advierta, pudiendo dictar en su caso las medidas inmediatas que sean necesarias
para la corrección de aquéllas;
XIX. Llevar la estadística del Pleno y en general, organizar la concerniente al Poder Judicial
del Estado;
XX. Remitir a los Jueces correspondientes los exhortos y despachos que se reciban, de
acuerdo con el turno que al efecto se lleve;
XXI. Dirigir y supervisar la edición de la Revista del Poder Judicial;
XXII. Convocar a sesiones extraordinarias del Consejo de la Judicatura;
XXIII. Conceder audiencia, dentro de las horas de oficina, a las personas que la soliciten; y
XXIV. Las demás facultades que determinen las Leyes o el Reglamento Interior del Supremo
Tribunal de Justicia.
Artículo 22.- La Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia contará con el auxilio de un
Secretario Particular, los Secretarios Auxiliares y demás empleados que sean necesarios para el
despacho de los asuntos de su competencia.
CAPÍTULO VI
DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
Artículo 23.- El Supremo Tribunal de Justicia funcionará con cuatro Salas, tres de ellas estarán
integradas por tres Magistraturas cada una, que no podrán ser del mismo género; y la cuarta será
unitaria. (Ref. Según Dec. No. 487, publicado en el P.O. No. 110, Primera Sección del 11 de
Septiembre de 2020).
Para la integración de las Salas se deberá observar el principio de paridad de género, en el
entendido de que si las y los servidores públicos correspondientes incumplen con lo estipulado en
esta disposición incurrirán en la falta administrativa establecida en la fracción 1 Bis del artículo 49
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. (Ref. Según Decreto. No.
257, publicado en el P.O. No. 115, del 23 de Septiembre de 2022).
Artículo 24.- Cada Sala tendrá un Presidente que se designará por los integrantes de la misma.
Los Presidentes de las Salas durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos.
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Artículo 25.- Son atribuciones del Presidente de cada una de las Salas del Supremo Tribunal de
Justicia, en los asuntos de su competencia:
I. Dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones y audiencias de las Salas; (Ref.
Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico
Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
II. Turnar al Pleno los asuntos que sean de su competencia;
III. Firmar en unión del Secretario de Acuerdos las actas de las sesiones de la Sala; y
IV. Las demás facultades que determinen las Leyes o el Reglamento Interior del Supremo
Tribunal de Justicia.
Artículo 26.- Cada una de las Salas tendrá un Secretario y los Secretarios de Estudio y Cuenta
que fueren necesarios para el despacho, debiendo reunir los requisitos previstos en el artículo 40
de esta Ley.
Cada Sala tendrá además, los Actuarios y empleados subalternos que determine el Presupuesto.
Artículo 27.- Las resoluciones de las Salas Colegiadas se tomarán por mayoría de votos. Si no
hubiere mayoría en la votación de un asunto, se entenderá desechado el proyecto y el Pleno
pasará el negocio a otro Magistrado que integre la Sala para que formule nuevo proyecto de
resolución a la mayor brevedad posible. Si en la votación del nuevo proyecto tampoco se obtuviere
mayoría, conocerá del negocio el Pleno fungiendo como Ponente el Magistrado que lo haya sido
en el último término en la Sala respectiva.
El Magistrado que disienta de la opinión de la mayoría deberá formular voto particular.
Artículo 28.- Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia funcionarán en la siguiente forma:
I. A cada una de las Salas Colegiadas corresponde:
a). Dar cuenta al Pleno de las recusaciones y excusas de los Magistrados que la integren
para que aquél las califique y conocer de las de su respectivo Secretario, en los negocios
de su competencia;
b). Regular el turno de los asuntos entre los Magistrados que integren la Sala, debiendo
fungir como Ponente el Magistrado a quien se le hubiere asignado;
c). Ejercer, en los asuntos de su competencia, la facultad que al Pleno confiere la fracción
XXI del artículo 19 de esta Ley; y
d). Las demás facultades que le confieren esta Ley o el Reglamento Interior del Supremo
Tribunal.
II. A la Sala Unitaria le corresponde:
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a). Dar cuenta al Pleno de las recusaciones y excusas del Magistrado que la integre para
que aquél las califique, y conocer de las de su respectivo Secretario, en los negocios de su
competencia;
b). Ejercer, en los asuntos de su competencia, la facultad que al Pleno confiere la fracción
XXI del artículo 19 de esta Ley; y
c). Las demás facultades que le confieren esta Ley o el Reglamento Interior del Supremo
Tribunal.
Artículo 29.- La Primera Sala conocerá: (Ref. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116,
del 24 de Septiembre de 2021).
I. De los recursos que la Ley conceda ante el superior, contra las sentencias definitivas
dictadas por los Jueces Penales de Primera Instancia;
II. De las recusaciones y excusas de los Jueces Penales de Primera Instancia, salvo las
relativas a los Jueces adscritos a los Juzgados de Primera Instancia de Control y Juicio
Oral Penal, que corresponden al Supremo Tribunal de Justicia en Pleno; (Ref. Según
Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No.
143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
III. Del recurso de queja contra las conductas de los Jueces de Control y Juicio Oral Penal
que injustificadamente no emitan las resoluciones o no señalen la práctica de diligencias
dentro de los plazos y términos que señala la ley; (Adic. Según Decreto No. 968, de fecha
21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No. 143, de fecha 27 de
Noviembre de 2013).
IV. Del recurso de revisión interpuesto contra las sentencias ejecutoriadas dictadas en el
proceso penal acusatorio; (Adic. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de
2013, publicado en el Periódico Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
V. Ejercer la jurisdicción atrayente en asuntos de orden penal de las Salas de Circuito en los
términos de Ley; y (Se recorre según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013,
publicado en el Periódico Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
VI. Los demás asuntos que en materia penal determinen las Leyes. (Se recorre según
Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No.
143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
Artículo 30.- La Segunda y Tercera Sala conocerán:
I. De los recursos que ante el superior concedan las Leyes contra las sentencias definitivas
dictadas por los Jueces de Primera Instancia en los asuntos del orden civil y familiar;
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II. De las recusaciones y excusas de los Jueces de Primera Instancia en asuntos del orden
civil y familiar, así como de los juzgados con competencia en materia laboral; (Ref. Según
Dec. No. 6, publicado en el P.O. No. 150, del 13 de Diciembre de 2021).
III. Ejercer la jurisdicción atrayente en asuntos del orden civil y familiar de las Salas de
Circuito, en los términos de Ley; y
IV.De los demás asuntos que en materia civil y familiar señalen las Leyes.
(Ref. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021).
Artículo 31.- La Cuarta Sala conocerá:
I. De los recursos que ante el superior concedan las Leyes contra las resoluciones dictadas
por los Jueces de Primera Instancia Especializados en Justicia para Adolescentes y en
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito;
II. De las recusaciones y excusas de los Jueces de Primera Instancia Especializados en
Justicia para Adolescentes y de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; y
III. De los demás asuntos que en materia de justicia para adolescentes y ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito señalen las Leyes.
(Ref. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021).
Artículo 32.- Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia podrán ejercer la facultad de atracción
contenida en el último párrafo del artículo 105 Bis de la Constitución Política Local, para conocer
de los recursos que originalmente corresponderían resolver a las Salas de Circuito, de
conformidad al siguiente procedimiento:
I. Cuando las Salas del Supremo Tribunal de Justicia ejerzan de oficio la facultad de
atracción de un asunto o el Procurador General de Justicia del Estado lo solicite por sus
características especiales, trascendencia e importancia así lo ameriten, se lo comunicará
por escrito a la correspondiente Sala de Circuito, la cual en un término de cinco días
hábiles remitirá los autos originales a la Sala requiriente, notificando personalmente a las
partes de dicha remisión;
II. Cuando el Procurador General de Justicia del Estado solicite a la Sala del Supremo
Tribunal de Justicia competente por su materia, que ejercite la facultad de atracción,
presentará la petición correspondiente ante el Supremo Tribunal de Justicia; recibida la
petición, el Pleno la turnará a la Sala que corresponda, y si ésta lo estima justificado,
mandará pedir a la Sala de Circuito que le remita los autos originales, dentro del término
de cinco días hábiles; recibidos los autos originales, la Sala correspondiente, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, resolverá si es de ejercitarse la facultad de atracción, en
cuyo caso lo informará a la correspondiente Sala de Circuito y procederá a dictar la
resolución atinente; en caso contrario, notificará su resolución al Procurador General de
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Justicia del Estado y remitirá los autos a la Sala de Circuito correspondiente, para que siga
conociendo del recurso;
III. Si una Sala de Circuito decidiera solicitar que una Sala del Supremo Tribunal de Justicia
ejercite la facultad de atracción, expresará las razones en que funde su petición y remitirá
los autos originales a la Sala competente por la materia, y ésta dentro de los cinco días
hábiles siguientes al recibo de los autos originales, resolverá si ejercita la facultad de
atracción, procediendo en consecuencia en los términos de la fracción anterior.
Una vez decidido que la Sala del Supremo Tribunal de Justicia se aboca al conocimiento del
recurso respectivo, se continuará su trámite en los términos de Ley.
Artículo 33.- Son obligaciones de los Secretarios de las Salas:
I. Recibir las promociones y poner constancia de recibo en el escrito original y en su copia;
II. Dar cuenta de los negocios al Magistrado a quien corresponda la ponencia, recabando el
acuerdo respectivo;
III. Redactar los acuerdos y actas de los asuntos que se tramiten, recogiendo la firma de los
miembros de la Sala y firmando a su vez dichas actuaciones;
IV. Autorizar, previo acuerdo de las Salas, las copias certificadas de las constancias
existentes en autos que soliciten las partes o quienes legalmente puedan solicitarlas;
V. Autorizar los testimonios de las sentencias que se dicten en la Sala respectiva,
proveyendo lo necesario para su expedita remisión;
VI. Remitir los informes que rinda la Sala, en tratándose de juicios de amparo;
VII. Presentar al Presidente del Tribunal dentro de los tres primeros días de cada mes,
relación de las labores desarrolladas por la Sala durante el mes anterior, indicando los
negocios iniciados y terminados por resolución, así como los que se encuentren en trámite
y pendientes de resolver; y
VIII. Las demás que les confieran las Leyes o el Reglamento Interior del Supremo Tribunal.
Artículo 34.- Las resoluciones que dicte el Pleno y las Salas del Supremo Tribunal serán
notificadas a las partes por los actuarios en los términos de los Códigos de Procedimientos
respectivos. Los Actuarios autorizarán con su firma las notificaciones y los cómputos de los
términos.
Artículo 35.- Los Actuarios de las Salas lo serán también del Pleno.
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CAPÍTULO VII
DE LAS SALAS DE CIRCUITO
Artículo 36.- Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los recursos que procedan
en contra de las resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces de Primera
Instancia Penales, Civiles o Familiares. (Ref. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116,
del 24 de Septiembre de 2021).
Artículo 37.- El número de Salas de Circuito, su circunscripción territorial, composición y
competencia serán fijados por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
Artículo 38.- Las personas titulares de las Magistraturas de Circuito serán nombradas por el Pleno
del Supremo Tribunal de Justicia, atendiendo al principio de paridad de género, en el entendido de
que si las y los servidores públicos correspondientes incumplen con lo estipulado en esta
disposición incurrirán en la falta administrativa establecida en la fracción 1 Bis del artículo 49 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, seleccionando preferentemente
entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de
justicia o que así lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas
de la profesión jurídica, debiendo reunir los siguientes requisitos: (Ref. Según Decreto No. 257,
publicado en el P.O. No. 115, del 23 de Septiembre de 2022).
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. No tener más de cincuenta y cinco años de edad, ni menos de treinta al día de su
nombramiento;
III. Poseer, con una antigüedad mínima de cinco años, título profesional de Licenciado en
Derecho expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello y cuatro
años cuando menos, de práctica profesional;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite
pena privativa de libertad por más de un año; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el
concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y
V. Haber residido en el Estado de Sinaloa durante los últimos cinco años, salvo en caso de
ausencia en servicio de la República o del Gobierno del Estado, por un tiempo menor de
seis meses.
Artículo 39.- Los Magistrados de Circuito sólo podrán ser privados de sus cargos conforme a las
causas y procedimientos previstos en la Constitución.
CAPÍTULO VIII
DEL SECRETARIO DE ACUERDOS
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Artículo 40.- Para ser Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, se requiere ser
ciudadano mexicano en pleno ejercicio de su derecho, mayor de veinticinco años, licenciado en
derecho y de reconocida buena conducta.
Artículo 41.- Corresponde al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal:
I. Concurrir a las sesiones de Pleno y dar fe de sus acuerdos;
II. Tener a su cargo el despacho de asuntos administrativos, bajo la autoridad del
Presidente del Supremo Tribunal;
III. Autorizar con su firma las providencias y acuerdos del Presidente en la tramitación de los
asuntos de su competencia;
IV. Llevar la correspondencia oficial con los Jueces, los servidores públicos y con los
particulares, en los asuntos propios de su dependencia;
V. Autorizar los testimonios de las resoluciones que dicten el Pleno o el Presidente del
Supremo Tribunal;
VI. Practicar las diligencias que se ordenen en los negocios cuyo conocimiento corresponde
al Pleno; y
VII. Las demás atribuciones que le confiere la Ley o el Reglamento Interior del Supremo
Tribunal.
Las faltas temporales del Secretario de Acuerdos del Tribunal serán cubiertas por los Secretarios
de las Salas, según el orden de su numeración y las de éstos, por el Secretario de Estudio y
Cuenta que designe la Sala que corresponda.
CAPÍTULO IX
DEL OFICIAL MAYOR
Artículo 42.- Para ser Oficial Mayor deberán reunirse los requisitos previstos en el artículo 40 de
esta Ley, salvo el del título de licenciado en derecho.
Artículo 43.- El Oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, tiene las siguientes atribuciones:
I. Auxiliar al Secretario de Acuerdos en todos los asuntos que se le encomienden;
II. Llevar, en unión del Administrador, un control sobre el ejercicio del Presupuesto y tramitar
el pago de los libramientos que deban efectuarse conforme a la partidas de egresos
correspondientes;
III. Tener bajo su cuidado y responsabilidad el archivo relativo al personal del Poder Judicial;
IV. Formular las hojas de servicios de los servidores del Poder Judicial, asentando en ellas
las anotaciones que procedan;
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V. Cuidar de que las oficinas el Poder Judicial estén proveídas de material suficiente para su
buen funcionamiento; y
VI. Las demás que señalen las Leyes o el Reglamento Interior del Supremo Tribunal.
Artículo 44.- El Oficial Mayor tendrá bajo su cuidado y responsabilidad la biblioteca y el archivo del
Supremo Tribunal a cargo inmediato de un Bibliotecario y de un Archivista, respectivamente.
Tendrá también bajo su cuidado y responsabilidad el Archivo General del Poder Judicial a cuyo
cargo inmediato estará un Oficial Archivista con el número de empleados subalternos que sean
necesarios.
CAPÍTULO X
DE LOS VISITADORES
Artículo 45.- Para ser Visitador deberán cubrirse los requisitos previstos en el artículo 40 de esta
Ley.
Artículo 46.- Para la práctica de las visitas encomendadas por el Pleno o el Presidente del
Supremo Tribunal, habrá el número de Visitadores que determine el presupuesto.
Artículo 47.- Son obligaciones de los Visitadores a que refiere el artículo anterior:
I. Examinar el estado que guardan el archivo, los libros, el local, los muebles, los
expedientes y, en su caso, los registros y constancias de los asuntos de las Salas de
Circuito o Juzgados visitados; (Ref. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de
2013, publicado en el Periódico Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
II. Rendir al Pleno o al Presidente del Supremo Tribunal, informe acerca de las visitas que
practiquen;
III. Recabar de los Juzgados la información necesaria para la elaboración de la estadística de
las causas instauradas en los mismos;
IV. Dar a conocer al Supremo Tribunal las irregularidades observadas en el servicio judicial,
expresando su opinión al respecto; y
V. Las demás que señalen las Leyes o el Reglamento Interior del Supremo Tribunal.
CAPÍTULO XI
DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
Artículo 48.- Con excepción de los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal, el personal de cada
uno de los Juzgados de Primera Instancia se compondrá de un Juez, de un Secretario por lo
menos y del número de empleados que determine el presupuesto. El Supremo Tribunal de Justicia
resolverá en qué Juzgados de Primera Instancia habrá dos o más Secretarios. En caso de que en
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un Juzgado Mixto de Primera Instancia haya dos Secretarios, fungirá el primero de ellos como
Secretario del ramo civil y el segundo como Secretario del ramo penal.
El personal de los Juzgados de Primera Instancia de Control y Juicio Oral Penal se compondrá de
al menos tres Jueces, un Administrador de Juzgado y del número de servidores judiciales que
determine el Supremo Tribunal de Justicia en atención al Presupuesto de Egresos.
(Ref. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial
No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
ARTÍCULO 48 BIS. Los Jueces adscritos a los Juzgados de Primera Instancia de Control y Juicio
Oral Penal tendrán fe pública en el ejercicio de sus funciones y podrán ejercer como:
I. Jueces de Control, que ejercerán sus atribuciones desde el inicio de la etapa de
investigación inicial hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral; y
II. Jueces de Juicio Oral, ante los cuales se celebrará la audiencia de debate de juicio oral,
dictarán la sentencia y, en su caso, conocerán de la prueba anticipada conforme a lo
previsto en la legislación procesal penal.
Ningún Juez puede conocer de un asunto como Juez de Juicio Oral, si en la misma causa
intervino como Juez de Control.
(Adic. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico
Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
Artículo 49.- Para ser Juez de Primera Instancia se requiere ser ciudadano mexicano en pleno
ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, contar con título profesional de Licenciado
en Derecho, de notoria buena conducta y ser seleccionado en el concurso de oposición
correspondiente.
En tanto se realiza el concurso de selección correspondiente, el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia podrá nombrar a quien cubra provisionalmente la vacante de Juez de Primera Instancia de
entre quienes laboran en el Poder Judicial y que reúnan los requisitos previstos en el párrafo
anterior.
En el nombramiento y promoción de los Jueces, se tendrá en consideración preferentemente a
quienes estén prestando sus servicios con eficiencia y probidad en el Poder Judicial. Igual
prevención se observará, estando los aspirantes en igualdad de circunstancias, en el caso de los
Secretarios y Actuarios.
Además, para la integración de los órganos jurisdiccionales, se establecerá la forma y
procedimientos mediante concursos abiertos para su integración, observando el principio de
paridad de género, en el entendido de que si las y los servidores públicos correspondientes
incumplen con lo estipulado en esta disposición incurrirán en la falta administrativa establecida en
la fracción 1 Bis del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
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Sinaloa. (Ref. Según Decreto No. 257, publicado en el P.O. No. 115, del 23 de Septiembre de
2022).
(Ref. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial
No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
Artículo 50.- Para ser Secretario y Actuario de Juzgado de Primera Instancia se requieren los
mismos requisitos previstos en el artículo anterior, excepto el de la edad.
Artículo 51.- En cada Distrito Judicial habrá el número de Juzgados de Primera Instancia que
determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, conforme a las necesidades del servicio
judicial.
El Pleno también determinará el número de Jueces que integrarán los Juzgados de Control y
Juicio Oral Penal de cada Circuito Judicial. (Adic. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de
noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de
2013).
Artículo 52.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia fijará la competencia penal, civil, familiar,
laboral, para adolescentes o de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito de dichos
Juzgados.
En los Distritos Judiciales en que haya un solo Juzgado de Primera Instancia, éste conocerá tanto
de asuntos del orden penal, civil y familiar a menos que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
establezca, mediante acuerdo, que su conocimiento debe limitarse a materia determinada. En todo
caso, en los Distritos Judiciales que formen parte de un Circuito Judicial donde ejerza jurisdicción
un Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, no conocerá de materia
penal conforme al sistema acusatorio.
Asimismo, el Pleno podrá fijar competencias especializadas a los Juzgados de Primera Instancia
de cualesquier Ramo y a las Salas de Circuito, para conocer exclusivamente asuntos de la materia
correspondiente que por su alta incidencia, su impacto social o su complejidad requieran atención
específica para su resolución, o cuando en general sea conveniente para hacer más eficiente y
completo el servicio de impartición de justicia.
(Ref. Según Dec. No. 6, publicado en el P.O. No. 150, del 13 de Diciembre de 2021).
Artículo 53.- Los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal, conocerán:
I. De los delitos del orden común, cuando su conocimiento no esté reservado a otra
autoridad judicial, y los establecidos en la legislación federal en los casos que ésta prevea
la competencia para las entidades Federativas, cometidos dentro del territorio del Estado,
así como de los incidentes de responsabilidad civil que de tales delitos se deriven; y, (Ref.
Por Decreto 322, de fecha 29 de julio de 2011, publicada en el Periódico Oficial No.103 de
fecha 29 de Agosto de 2011).
II. De los demás asuntos que les encomienden las Leyes.
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ARTÍCULO 53 BIS. Además de lo previsto en la fracción I del artículo anterior, los Juzgados de
Primera Instancia de Control y Juicio Oral Penal, conocerán:
A. Como Juzgado de Control:
I. De las audiencias que deban realizarse en la etapa de investigación inicial y en las fases
de control previo, investigación formalizada e intermedia o de preparación del juicio oral;
II. De las diligencias o cualquier otra medida que requiera control judicial previo;
III. De las solicitudes realizadas por el imputado o su defensa para intervenir cuando el
Ministerio Público no les entregue copias de los registros que existan en la investigación;
IV. De las solicitudes de la víctima u ofendido y del Ministerio Público para dictar las medidas
cautelares y providencias necesarias para asegurar los fines del proceso y los derechos
de las personas involucradas;
V. De las solicitudes de orden de aprehensión o comparecencia;
VI. De las impugnaciones interpuestas en contra de las resoluciones del Procurador General
de Justicia del Estado, o del servidor público en quien delegue la función, que confirmen
las determinaciones del Ministerio Público establecidas en el artículo 234 del Código de
Procedimientos Penales;
VII. De las impugnaciones interpuestas en contra de la aplicación indebida de un criterio de
oportunidad por parte del Ministerio Público, así como en contra de su negativa de
solicitar la recepción anticipada de prueba;
VIII. De la vinculación a proceso de los imputados;
IX. De la práctica de la prueba anticipada;
X. De la admisión de la prueba que se desahogará en la audiencia de juicio oral;
XI. Sobre la aprobación, en su caso, de los acuerdos reparatorios;
XII. De las solicitudes de procedimiento abreviado y procedimiento simplificado hasta el
dictado del auto de apertura correspondiente;
XIII. De las solicitudes de suspensión condicional del proceso;
XIV. Del recurso de revocación; y
XV. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Manuales respectivos.
B. Como Juzgado de Juicio Oral:
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I. De la dirección de la audiencia de juicio oral;
II. De las cuestiones que se presenten durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral;
III. Del desahogo de la prueba durante la audiencia de juicio oral;
IV. Del dictado y explicación de la sentencia definitiva en los juicios que le corresponda
resolver; y
V. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Manuales respectivos.
(Adic. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico
Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
ARTÍCULO 53 BIS A. Los Jueces adscritos a los Juzgados de Primera Instancia de Control y
Juicio Oral así como los Magistrados que intervengan en el proceso penal acusatorio, en el ámbito
de sus respectivas competencias y atribuciones, tendrán como deber:
I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la
Ley con sujeción a los principios que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional y los
del proceso;
II. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen
en el proceso;
III. Realizar personalmente las funciones que le confiere la ley, salvo aquellas de carácter
administrativo que de conformidad con la normatividad aplicable correspondan al
personal auxiliar del Juzgado o Tribunal, y responder por el uso de la autoridad que les
haya sido otorgada en el ámbito de su competencia;
IV. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aún después de haber
cesado en el ejercicio del cargo;
V. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen
dentro del proceso penal;
VI. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable; y
VII. Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Manuales respectivos.
(Adic. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico
Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
ARTÍCULO 53 BIS B. Los Juzgados de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal
deberán contar con personal capacitado para atender y substanciar las diligencias y actuaciones
relativas a delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
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Los Jueces y el personal de los juzgados, en la aplicación de este artículo deberán actuar con
perspectiva de género.
(Adic. Según Decreto No. 5, de fecha 23 de noviembre de 2021, publicado en el Periódico Oficial
No. 145, de fecha 01 de diciembre de 2021).
Artículo 54.- Los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, conocerán:
I. De los negocios de jurisdicción voluntaria o contenciosa, cuyo conocimiento no
corresponda específicamente a los Juzgados de lo Familiar;
II. De los procedimientos concursales;
III. De las controversias del orden civil que se susciten entre particulares con motivo de la
aplicación de leyes federales cuando el actor elija los Tribunales del orden común, en los
términos de la fracción primera del artículo 104 de la Constitución Política Federal;
IV. De las competencias que se susciten ente los Jueces Menores de sus respectivos
Distritos Judiciales;
V. De la tramitación de los incidentes civiles que surjan en los asuntos que ante ellos se
tramiten; y
VI. De los demás que les encomienden las Leyes.
Artículo 55.- Los Juzgados de Primera Instancia de lo Familiar, conocerán:
I. De los negocios de jurisdicción voluntaria o contenciosa, relativos al matrimonio, a su
ilicitud o nulidad y al divorcio, incluyendo los que se refieren al régimen de bienes
matrimoniales; de los que tengan por objeto modificaciones o rectificaciones en la actas de
registro civil; de los que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la
filiación legítima, natural o adoptiva; de los que tengan por objeto cuestiones derivadas de
la patria potestad, estado de interdicción y tutela y las cuestiones de ausencia y de
presunción de muerte, así como de cualquier cuestión relacionada con el patrimonio de
familia;
II. De los juicios sucesorios;
III. De los asuntos judiciales concernientes a otras acciones relativas al estado civil, a la
capacidad de las personas y las derivadas del parentesco;
IV. De las diligencias de consignación en todo lo relativo al derecho familiar;
V. De las cuestiones relativas a los asuntos que afecten en sus derechos de persona a los
menores e incapacitados; así como, en general todas las cuestiones familiares que
reclamen la intervención judicial.
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Los registros que se lleven en los Juzgados de lo Familiar, en que consten los discernimientos que
se hicieren de los cargos de tutor y curador, estarán a disposición del Consejo de Tutelas o de la
institución que se encargue de ello.
En los Distritos Judiciales en que no exista Juzgado de lo Familiar, los Jueces de Primera
Instancia Civiles o Mixtos, conocerán de los asuntos previstos en este artículo.
ARTÍCULO 55 Bis.- A los Juzgados de Primera Instancia Especializados para Adolescentes,
corresponde:
I. Conocer las causas instauradas en contra de las personas a quienes se impute la
realización de una conducta tipificada como delito en las leyes penales estatales, cuando
tenían entre doce años cumplidos y dieciocho no cumplidos;
II. Promover los procedimientos alternativos al juzgamiento, a fin de cumplir con los
principios de mínima intervención y subsidiariedad;
III. Resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a los plazos y términos
previstos en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado;
IV. Resolver sobre las medidas a imponer, atendiendo los principios de culpabilidad por el
acto, proporcionalidad y racionalidad, así como a las circunstancias, gravedad de la
conducta, características y necesidades de los adolescentes;
V. Asegurarse de que el adolescente no sea incomunicado, coaccionado, intimidado,
torturado o sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como los demás
que apliquen a su situación;
VI. Controlar la ejecución de las medidas impuestas a adolescentes y resolver sobre las
cuestiones o los incidentes que se susciten durante la misma;
VII. Resolver los recursos que se presenten durante el procedimiento de la ejecución de
la medida, en contra de las determinaciones del Órgano de Ejecución de Medidas o los
directores de los centros de internamiento;
VIII. Vigilar en todo momento el respeto, integridad, dignidad y el estricto cumplimiento de los
derechos y garantías de los adolescentes, especialmente en los casos de privación de la
libertad;
IX. Garantizar que durante la ejecución de la medida privativa de la libertad, adolescentes y
adultos jóvenes tengan acceso en todo momento a los servicios de salud, educativos y
recreativos; así como a recibir formación educativa, a que se respete su libertad de culto,
a tener contacto con su familia y a recibir información sobre la ejecución de la medida;
X. Garantizar que los adolescentes y los adultos jóvenes internados permanezcan en
centros especializados, distintos entre sí y de los destinados a los adultos;
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XI. Atender las solicitudes que realicen personalmente adolescentes y adultos jóvenes o sus
representantes legales, y resolver a la brevedad lo que corresponda;
XII. Visitar periódicamente los centros de internamiento y vigilar que su estructura física,
equipamiento y funcionamiento sean adecuados para cumplir con lo establecido por la
Ley de Justicia para Adolescentes;
XIII. Supervisar por lo menos una vez al mes, los programas de medidas diferentes al
internamiento;
XIV. Adecuar la medida si considera que ésta ya produjo sus efectos, es innecesaria o afecta
el desarrollo, la dignidad o la integración familiar, social y cultural de quienes estén
sujetos a ella;
XV. Dictar resolución mediante la cual se dé por cumplida la medida impuesta, así como la
libertad total y definitiva de los adolescentes;
XVI. Emitir resoluciones vinculatorias para los centros de internamiento, en el ámbito de sus
atribuciones; y,
XVII. Las demás que determine la ley.
(Ref. según Decreto No. 397, de fecha 7 de septiembre de 2006, publicado en el Periódico Oficial
No. 109, de fecha 11 septiembre de 2006).
Artículo 55 Bis A.- A los Juzgados en Materia Laboral, corresponde:
I. Conocer y resolver de los conflictos de trabajo que no sean competencia del Poder Judicial
de la Federación y que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre
éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas;
II. Conocer del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 858 y 871 de la Ley
Federal del Trabajo; y
III. Las demás facultades que determinen las leyes.
Los juzgados en materia laboral conocerán de los conflictos individuales y estarán auxiliados por
Peritos Judiciales que dispongan en su reglamento interior el Poder Judicial.
(Adic. Según Dec. No. 6, publicado en el P.O. No. 150, del 13 de Diciembre de 2021).
Artículo 56.- Corresponde a los titulares de los Juzgados de Primera Instancia practicar, ordenar o
solicitar, en su caso, las actuaciones o diligencias orientadas a substanciar el trámite legal de las
causas que se radiquen ante los mismos, hasta la citación para sentencia, la que dictará en los
términos de ley proveyendo en su oportunidad a su debida ejecución.
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Artículo 57.- A los Secretarios de los Juzgados de Primera Instancia, les corresponde:
I. Dar cuenta al Juez de los asuntos del Juzgado, recabando el acuerdo respectivo;
II. Redactar los acuerdos y actas en los asuntos que se tramiten, recogiendo la firma del
Juez y firmando a su vez dichas actuaciones;
III. Sustituir al Juez en los términos de la presente Ley; y
IV. Las demás facultades que fijen las leyes y el Reglamento Interior de los Juzgados.
Artículo 58.- Corresponde a los Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia:
I. Efectuar con la debida oportunidad, las notificaciones que les corresponda;
II. Practicar embargos, requerimientos, aseguramientos, lanzamientos y demás diligencias
que les sean encomendadas por los jueces;
III. Las demás facultades que fijen las leyes y el reglamento interior de los Juzgados.
Artículo 59.- En los Distritos Judiciales en los que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia
determine, habrá una "Coordinación" a la que se adscribirán los Actuarios de los Juzgados de
Primera Instancia que conozcan de materia civil y familiar.
Dicha oficina será destinada a organizar y programar las agendas de los Actuarios, observando un
riguroso turno en el desahogo de las diligencias ordenadas por los órganos jurisdiccionales de las
materias antes mencionadas, con excepción de las diligencias de carácter urgente; coadyuvará
con el Juez de los autos, a fin de que las diligencias que corresponden a los Actuarios se
desahoguen apegadas estrictamente a derecho, depurando los errores y omisiones que pudieran
aparecer en dichas actuaciones y evitando su repetición.
Artículo 60.- Los Jueces de Primera Instancia serán sustituidos en sus faltas, en tanto se hace una
nueva designación por el Secretario, y si hubiere dos o más, por el de menor número.
Los Jueces de Primera Instancia adscritos a los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal serán
sustituidos en sus faltas por el Juez de la misma materia que corresponda en turno. (Adic. Según
Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No. 143, de
fecha 27 de Noviembre de 2013).
Artículo 61.- Las faltas accidentales del Secretario y las temporales que no excedan de un mes
serán cubiertas por otro secretario, si lo hubiere, o en su defecto por el Actuario. Si tampoco
hubiere Actuario, el Juez actuará con testigos de asistencia.
La misma regla se observará en los casos en que un Secretario desempeñe las funciones de Juez
de Primera Instancia.
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Las faltas accidentales de los Actuarios y las temporales que no excedan de quince días, serán
cubiertas por el Secretario.
Artículo 62.- Cuando un Juez de Primera Instancia del orden civil tenga impedimento legal para
conocer de un determinado negocio, conocerá del asunto el otro que ejerza jurisdicción en el
mismo Ramo, en defecto de éste, el Juez del Ramo Familiar y a falta o impedimento de éste, el
Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, siguiendo siempre el orden numérico.
Cuando un Juez de Primera Instancia del orden Familiar tenga impedimento legal para conocer
determinado negocio, conocerá del asunto el otro que ejerza jurisdicción en el mismo Ramo; en
defecto de éste, el Juez del Ramo Civil y a falta o impedimento de éste, el Juez de Primera
Instancia del Ramo Penal, siguiendo siempre el orden numérico; y en defecto de éstos, un Juez de
Justicia para Adolescentes, de haberlo en el mismo distrito judicial. (Ref. Por Decreto 299, de
fecha 12 de Marzo de 2009, publicada en el Periódico Oficial No.38 de fecha 30 de Marzo de
2009).
Cuando un Juez de Primera Instancia del orden penal tenga impedimento legal para conocer
determinado negocio, conocerá del asunto el otro que ejerza jurisdicción en el mismo Ramo; en
defecto de éste, el Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar, siguiendo siempre el orden
numérico. Cuando se trate de un Juez de Primera Instancia de Control y Juicio Oral Penal,
conocerá del asunto el Juez del mismo Juzgado que corresponda en turno. (Ref. Según Decreto
No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No. 143, de fecha 27
de Noviembre de 2013).
Si persiste el impedimento, el competente será el Juez del Distrito Judicial a cuya cabecera exista
comunicación más rápida, correspondiendo conocer en primer término al de la materia de que se
trate, atendiéndose al orden numérico como en los casos anteriores.
Cuando un Juez de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito
tenga impedimento legal para conocer determinado negocio, conocerá del asunto un Juez de
Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial en que aquél tenga su asiento, siguiendo el
orden numérico. (Ref. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el
Periódico Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
Cuando un Juez de Justicia para Adolescentes tenga impedimento legal para conocer de un
determinado negocio, conocerá del asunto otro del mismo ramo, de existir en la misma jurisdicción
territorial, y en su defecto, un Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del distrito judicial donde
aquél tenga su sede, atendiendo al orden numérico. (Adic. Por Decreto 299, de fecha 12 de Marzo
de 2009, publicada en el Periódico Oficial No.38 de fecha 30 de Marzo de 2009).
Artículo 63.- En los Distritos Judiciales en que sólo exista un Juzgado de Primera Instancia, si el
Juez tuviere impedimento para conocer de determinado negocio, conocerá el de igual categoría
del Distrito al que existe comunicación más rápida.
CAPÍTULO XII
DE LOS JUZGADOS MENORES
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Artículo 64.- Habrá en el Estado, el número de Jueces Menores que determine el Supremo
Tribunal de Justicia.
Artículo 65.- El personal de los Juzgados Menores se compondrá de un Juez, de un Secretario por
lo menos y del número de empleados que determine el presupuesto.
Artículo 66.- Los Jueces Menores actuarán con Secretario, y a falta de éste, con dos testigos de
asistencia.
Artículo 67.- Por cada Juez Menor propietario habrá un suplente. Durarán tres años en el ejercicio
de su encargo al término de los cuales, si fueren reelectos, sólo podrán ser privados de sus
puestos en los términos de Ley.
Artículo 68.- Para ser Juez Menor se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
derechos, mayor de edad, de reconocida buena conducta y preferentemente haber cursado la
Licenciatura en Derecho.
Para ser Secretario de un Juzgado Menor se necesitan los mismos requisitos que para Juez
Menor.
Artículo 69.- Las faltas temporales y absolutas de los Jueces Menores, mientras se ocupa la
vacante, serán cubiertos por los suplentes respectivos, quienes serán llamados por el Pleno.
Artículo 70.- Cuando un Juez Menor tuviere impedimento legal para conocer de determinado
negocio, conocerá el suplente respectivo, y en defecto de éste, el Juez Menor a cuyo lugar de
residencia haya más rápida comunicación, dentro del mismo Distrito Judicial.
Artículo 71.- Los Jueces Menores sólo conocerán de negocios civiles, en los términos del Código
de Procedimientos respectivo.
Los Secretarios de los Juzgados Menores tendrán las atribuciones señaladas en los artículos 57 y
58 de esta Ley en cuanto le sean aplicables.
CAPÍTULO XIII
DE LOS IMPEDIMENTOS FUNCIONALES
Artículo 72.- Los servidores del Poder Judicial prestarán sus labores al público en forma eficiente,
pronta y expedita.
Los servidores judiciales están impedidos para el ejercicio de la abogacía a excepción de la
defensa en causa propia y no podrán aceptar ni desempeñar cualquier otro cargo, o empleo o
comisión de la Federación, del Estado o de particulares por el que disfruten sueldo sin antes
separarse de sus cargos mediante licencia sin goce de sueldo, obtenida con arreglo a la Ley.
La prohibición anterior no comprende:
I. Los cargos docentes o en instituciones de beneficencia;
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II. A los Magistrados Interinos cuando solamente integren el Pleno o las Salas del Supremo
Tribunal de Justicia en los casos de recusación o excusa; y
III. Las funciones notariales, que podrán ser ejercidas por los Jueces en los lugares donde no
haya Notarios, o habiéndolos, estén impedidos para ejercerla. La Ley del Notariado
reglamentará esta función.
CAPÍTULO XIV
DE LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 73.- Son auxiliares de la administración de justicia, y están obligados a otorgar a las
autoridades judiciales la fuerza pública dependiente del Estado o de los Ayuntamientos, siempre
que para ello fueren requeridos:
I. Los Presidentes, Síndicos y Comisarios Municipales;
II. Los miembros de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado;
III. Las Autoridades de Tránsito y Transporte.
Tienen ese carácter y están igualmente obligados a cumplir las órdenes que dentro de sus
facultades dicten las autoridades judiciales, los peritos o intérpretes oficiales, los Consejos Locales
de Tutela o sus equivalentes, el titular del Centro de Internamiento para Adolescentes, la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, los Oficiales
del Registro Civil, los depositarios e interventores, los tutores o curadores, los síndicos e
interventores de concurso, los albaceas e interventores de sucesiones, los Notarios Públicos y los
demás a quienes las leyes así lo prevengan. (Ref. Por Decreto No. 59 publicado en el P.O. No.
158 de fecha 28 de diciembre de 2016).
Si alguno de dichos auxiliares se negare a cumplir sin causa justificada las órdenes de los
Tribunales, será obligación de éstos hacerlo del conocimiento del Ministerio Público.
CAPÍTULO XV
DE LA REVISTA DEL PODER JUDICIAL
Artículo 74.- El Supremo Tribunal de Justicia editará una publicación, la cual tendrá por objeto dar
a conocer los criterios, fallos, trabajos de investigación o artículos doctrinarios de la ciencia jurídica
con la periodicidad que establezca el Pleno del Supremo Tribunal.
Artículo 75.- El Instituto de Capacitación Judicial se encargará de la organización, recolección y en
general de todos los trabajos atinentes a la publicación de la revista a que se refiere este Capítulo.
CAPÍTULO XVI
DEL ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTECA
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Artículo 76.- La administración de los archivos judiciales dependerá del Supremo Tribunal de
Justicia y será el órgano central que tendrá a su cargo impulsar la cabal preservación, el adecuado
manejo y el pleno aprovechamiento institucional y social del patrimonio documental generado por
el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, comprendiendo en éste a todos los acervos documentales
independientemente del soporte material en que se encuentran.
La estructura, funciones y competencia de los archivos judiciales se establecerán en el
Reglamento que se expida por el Supremo Tribunal de Justicia.
Artículo 77.- En el Archivo General se depositarán todos los expedientes del orden civil, familiar
laboral y penal totalmente concluidos, tanto por el Supremo Tribunal y los Juzgados, así como
cualquier otro documento que por su importancia lo amerite.
(Ref. Según Dec. No. 6, publicado en el P.O. No. 150, del 13 de Diciembre de 2021).
También se guardarán en el mismo local, que estará ubicado en la capital del Estado, los
instrumentos del delito y objetos del mismo no reclamados por quienes tengan derecho a hacerlo y
que hayan sido puestos a disposición de las autoridades judiciales.
Artículo 78.- La Biblioteca del Supremo Tribunal de Justicia coleccionará las leyes, decretos y
reglamentos de la administración pública federal y local y aumentará su acervo con los libros de
derecho que vaya adquiriendo, tanto por las compras hechas por el Supremo Tribunal como por
las donaciones realizadas por los Tribunales Superiores de otros Estados, dependencias públicas
o particulares.
La estructura, autoridades, funciones y competencia de la Biblioteca, se establecerá en el
Reglamento que se expida por el Supremo Tribunal de Justicia.
CAPÍTULO XVII
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Artículo 79.- El Consejo de la Judicatura se integrará por el Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, quien será a la vez Presidente del Consejo; dos Magistrados electos por el Pleno; tres
Jueces de Primera Instancia electos por sus pares y un Juez Menor electo por el Pleno; salvo el
Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán tres años en su cargo, durante el cual sólo
podrán ser removidos en los términos que señala la Constitución.
Los Magistrados Suplentes no podrán formar parte del Consejo, ni los Jueces que tengan menos
de tres años en el ejercicio de su encargo.
Bastará la presencia de cuatro de sus miembros para que el Consejo pueda funcionar, pero
siempre deberá contarse cuando menos con dos Magistrados.
Las sesiones ordinarias del Consejo se efectuarán una vez al mes, en los días y horas que fije el
Reglamento respectivo. Las extraordinarias se celebrarán cuando lo crea necesario el Presidente
o lo pida algún Magistrado consejero.
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Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, quienes no
podrán abstenerse de votar sino en los casos en que tenga impedimento legal. En caso de empate
el Magistrado Presidente tendrá voto de calidad.
El Consejo tendrá, además, un Secretario de Acuerdos que será electo entre sus miembros.
Artículo 80.- El Consejo de la Judicatura, tiene las siguientes atribuciones:
I. Promover oportunamente la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal en caso
de vacante;
II. Calificar la incompatibilidad de sus miembros con relación a las funciones que
desempeñen en el Consejo;
III. Solicitar al Pleno la sustitución de uno o más consejeros cuando exista causa justificada
para ello;
IV. Presentar al Pleno del Supremo Tribunal programas de capacitación del personal del
Poder Judicial, para su aprobación en su caso;
V. Promover al Pleno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, fracción X, de esta Ley,
nombramientos de Jueces de nuevo ingreso y solicitar se les otorguen categorías
superiores a aquellos que lo merezcan por el buen desempeño de su encargo;
VI. Inspeccionar cuando lo considere conveniente las actuaciones de los servidores de la
administración de justicia, vigilar su conducta y honorabilidad, la eficacia en las labores e
independencia de sus funciones;
VII. Garantizar a los Magistrados del Supremo Tribunal, Magistrados de Circuito y Jueces
en el ejercicio de sus funciones, independencia e inamovilidad, mediante el ejercicio de
las acciones legales que juzgue conveniente;
VIII. Procurar que en los Tribunales se guarde disciplina y decoro, debiendo dar cuenta al
Pleno de las observaciones respectivas; y
IX. Las demás funciones que le confiera el Reglamento del Consejo.
CAPÍTULO XVII BIS
DE LA CARRERA JUDICIAL
(Adic. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021).
Artículo 80 Bis.- El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del
Poder Judicial del Estado se hará mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el
presente Capítulo, el cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad,
imparcialidad, independencia, paridad de género y antigüedad, en su caso.
(Adic. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021).
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Artículo 80 Bis A.- La Carrera Judicial está integrada por las siguientes categorías:
I. Juez o Jueza de Primera Instancia;
II. Secretario o Secretaria Proyectista de Juzgado;
III. Secretario o Secretaria de Juzgado;
IV. Encargado o Encargada de Causas de Juzgado de Primera Instancia de Control y Juicio
Oral Penal;
V. Secretario o Secretaria de Causas de Juzgado de Primera Instancia Especializado en
Oralidad Mercantil;
VI. Auxiliar de Causas de Juzgado de Primera Instancia de Control y Juicio Oral Penal; y
VII. Actuario o Actuarla.
(Adic. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021).
Artículo 80 Bis B.- El ingreso y promoción para las categorías mencionadas en el artículo anterior
podrá realizarse a través de concurso de oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
su Reglamento.
(Adic. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021).
Artículo 80 Bis C.- Los concursos de oposición para el ingreso y promoción a las diversas
categorías de la carrera judicial se sujetarán a las disposiciones que para tal efecto expida el
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
(Adic. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021).
Artículo 80 Bis D.- La celebración y organización de las evaluaciones que conformen el concurso
de oposición para las categorías a que se refieren las fracciones II a VII del artículo 80 Bis A de
esta Ley, estarán a cargo del Instituto de Capacitación Judicial en términos de las bases que
determine el Reglamento respectivo.
(Adic. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021).
Artículo 80 Bis E.- Los resultados de las evaluaciones serán remitidos al Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia para los efectos a que se refiere el artículo 21 de esta Ley.
(Adic. Según Dec. No. 677, publicado en el P.O. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021).
CAPÍTULO XVIII
DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL
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Artículo 81.- El Supremo Tribunal de Justicia contará con un Instituto de Capacitación Judicial, que
tendrá por objeto actualizar al servidor público judicial y preparar a los aspirantes a ingresar al
Poder Judicial del Estado.
Artículo 82.- El Instituto de Capacitación Judicial contará:
I. Con un Director;
II. Con dos Coordinadores, uno en el área de investigación jurídica y otro en el área
académica-pedagógica; y
III. Con el personal administrativo que le asigne el Supremo Tribunal de Justicia.
Artículo 83.- El Instituto contará con un consejo académico cuya integración y funciones se
prevendrán en el reglamento correspondiente.
Artículo 84.- El Director del Instituto y los Coordinadores deberán contar con título profesional en
sus respectivas áreas y ser de reconocida buena conducta.
CAPÍTULO XIX
DE LAS CAUSAS DE RETIRO FORZOSO O VOLUNTARIO DE
LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
Artículo 85.- El retiro de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, procederá
en los casos y mediante las condiciones que se establecen en este Capítulo.
Artículo 86.- Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado:
I. Haber cumplido setenta años de edad; y
II. Padecer incapacidad física o mental incurables, incluso cuando ésta fuere parcial o
transitoria.
Artículo 87.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, podrán retirarse
voluntariamente cuando así convenga a sus intereses personales, teniendo derecho a disfrutar de
una pensión económica cuando la separación se realice en cualesquiera de los siguientes
supuestos:
I. Tener más de quince años de servicio efectivo como Magistrado;
II. Tener más de diez años de servicio efectivo como Magistrado, siempre que haya cumplido
sesenta años de edad;
III. Tener más de cinco años de servicio efectivo como Magistrado, si además ha
desempeñado cargos en el Gobierno Estatal en cualesquiera de sus ramas, por otros diez
años, siempre que haya cumplido sesenta años de edad;
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IV. Tener más de cinco años de servicio efectivo como Magistrado, si además ha
desempeñado cargos en el Gobierno Estatal en cualesquiera de sus ramas para totalizar
un mínimo de veinte años.
Artículo 88.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dictaminará de oficio el retiro
forzoso. El dictamen respectivo se hará del conocimiento del Congreso del Estado o de la
Diputación Permanente, para su aprobación.
Artículo 89.- Si se tratase de retiro voluntario se seguirá el mismo trámite señalado en el artículo
anterior, previa petición del interesado.
Artículo 90.- El Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que obtenga su retiro
forzoso por las causas comprendidas en el artículo 86, o voluntario en los términos del artículo 87
de esta Ley, disfrutarán de una pensión equivalente al cien por ciento del sueldo básico y demás
prestaciones que integren el salario que perciban los Magistrados de dicho cuerpo colegiado en
activo.
Artículo 91.- Al fallecer el Magistrado retirado, la pensión que disfrutaba se trasmitirá a su cónyuge
e hijos solteros, con cuota equivalente al ochenta por ciento del total para el primer año,
reduciéndose del segundo año en adelante, sucesivamente, un diez por ciento hasta llegar al
cincuenta por ciento del monto de la pensión original, que será disfrutada por el cónyuge
supérstite hasta su muerte y por los hijos menores de dieciocho años. Los citados familiares
dejarán de tener derecho al beneficio que señala este artículo, al contraer matrimonio o al entrar
en concubinato.
De igual prestación gozarán los mismos familiares del Magistrado, que teniendo derecho al retiro
voluntario fallezca en el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO XX
DE LAS RESPONSABILIDADES OFICIALES
Artículo 92.- Las denuncias de faltas oficiales deberán formularse por escrito al que se
acompañarán elementos de prueba, contendrán la firma o huella digital de quien la presenta y su
domicilio. Las denuncias serán ratificadas ante la autoridad que corresponda.
Artículo 93.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Magistrados de Circuito,
Jueces de Primera Instancia y Menores, y los demás servidores públicos del Poder Judicial, son
responsables de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a
las sanciones que determinen las Leyes.
Artículo 94.- Se consideran faltas oficiales de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y
de los de Circuito, en sus caso:
I. Las que tienen ese carácter para los Jueces conforme a las fracciones I, II, III, IV, VII, VIII,
IX y X del artículo 95 de esta Ley;
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II. Faltar a las sesiones del Pleno, sin causa justificada;
III. Desintegrar, sin motivo legal, el quórum de las sesiones de Pleno, vistas o audiencias,
una vez iniciadas;
IV. No presentar oportunamente el Magistrado Ponente, por negligencia, el proyecto relativo
a la consideración de los demás Magistrados; y
V. No concurrir, sin causa justificada, a la discusión del proyecto presentado por el
Magistrado Ponente, o no votarlo, por negligencia, dentro del término legal.
Artículo 95.- Son faltas oficiales de los Jueces de Primera Instancia y Menores: (Ref. Según
Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No. 143, de
fecha 27 de Noviembre de 2013).
I. No dictar, por negligencia, dentro del término señalado por la Ley, los acuerdos que
procedan a los escritos y promociones de las partes;
II. Dictar resoluciones o trámites notoriamente innecesarios o que sean contrarios a las
constancias procesales o a Derecho, o emitir resoluciones modificando por sí, sin
interposición de recurso, otras diversas dictadas con anterioridad; (Ref. Según Decreto
No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No. 143, de
fecha 27 de Noviembre de 2013).
III. Admitir como fiadores a personas que no acrediten suficientemente su solvencia y la
libertad de gravámenes en los casos en que legalmente procedan las fianzas o las
contrafianzas;
IV. Actuar en los negocios en que estuvieren impedidos por causa legal;
V. Hacer uso de los medios de apremio sin causa justificada;
VI. No concluir, sin causa justificada, la instrucción de los procesos de su conocimiento
dentro del término legal;
VII. No dictar por negligencia, las sentencias interlocutorias o definitivas en los negocios
de su conocimiento, dentro de los términos fijados por la Ley;
VIII. No imponer las correcciones disciplinarias que sean procedentes, a los Secretarios,
Actuarios y demás subalternos de su dependencia, por faltas en que incurran en el
desempeño de sus funciones;
IX. No concurrir al desempeño de sus labores oficiales durante las horas hábiles, sin causa
justificada; (Ref. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado
en el Periódico Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
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X. Dedicar a los servidores a su cargo al desempeño de labores extrañas a sus funciones
oficiales; (Ref. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en
el Periódico Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
XI. Desempeñar sus funciones sin apegarse a los principios de Legalidad, Independencia,
Autonomía, Honorabilidad, Honestidad, Eficiencia y Excelencia profesional; y (Adic.
Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico
Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
XII. No presidir y dirigir personalmente las audiencias previstas en el sistema penal
acusatorio. (Adic. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado
en el Periódico Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
Artículo 96.- Son faltas oficiales de los Secretarios:
I. No dar cuenta, dentro del término que fije la Ley, de los oficios y documentos oficiales
dirigidos al Supremo Tribunal o al Juzgado, según el caso, o de los escritos y promociones
de las partes;
II. No asentar en autos, dentro del término legal, las certificaciones que procedan de oficio o
por mandato judicial;
III. No diligenciar las resoluciones judiciales dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
en que surtan sus efectos, sin causa justificada;
IV. No dar cuenta al Juez o al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, de las faltas u
omisiones en que hubieren incurrido los subalternos de la oficina, que sean de su
conocimiento;
V. No mostrar sin causa justificada los expedientes a las partes cuando lo soliciten;
VI. No entregar al Actuario los expedientes de notificación personal o pendiente de
diligenciar; y
VII. Las señaladas en las fracción IV, IX y X del artículo 95 de esta Ley.
ARTÍCULO 96 BIS. Son faltas oficiales de los Administradores de Juzgado de Control y Juicio Oral
Penal:
I. No rendir los informes estadísticos requeridos por la Presidencia del Supremo Tribunal
de Justicia o la Visitaduría de Juzgados;
II. No cumplir con las indicaciones que les sean formuladas por los Jueces durante las
audiencias que éstos presidan;
III. No imponer las correcciones disciplinarias que sean procedentes, al personal a su cargo
por faltas en que incurran en el desempeño de sus funciones;
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IV. No concurrir al desempeño de sus labores oficiales durante las horas hábiles, sin causa
justificada; y
V. Dedicar a los servidores a su cargo al desempeño de labores extrañas a sus funciones
oficiales.
(Adic. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico
Oficial No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
Artículo 97.- Son faltas oficiales de los Actuarios, o en su caso de los Secretarios que
desempeñen sus funciones:
I. No hacer con la debida oportunidad, sin causa justificada, las notificaciones, ni llevar a
cabo las diligencias de su competencia;
II. Retardar negligente o maliciosamente las notificaciones, emplazamientos, embargos o
diligencias que les fueren encomendados;
III. Dar preferencia a algún litigante con perjuicio de otro, sea cual fuere la causa, al
diligenciar sus asuntos en general, especialmente para llevar a cabo los actos que se
determinan en la fracción anterior;
IV. Hacer notificaciones, citaciones o emplazamientos a las partes, por cédula o instructivo,
fuera del lugar designado en autos, o sin cerciorarse, cuando proceda, de que el
interesado tiene su domicilio en donde se lleva a cabo la diligencia; y
V. Practicar embargos, aseguramientos o retención de bienes o lanzamientos de personas o
corporación que no sea la designada en el auto respectivo, cuando al momento de la
diligencia se le demuestre que esos bienes son ajenos, o que la persona o corporación en
cuyo perjuicio se decretó la diligencia del lanzamiento no ocupa la finca objeto del litigio.
En todo caso, deberá agregar a los autos la documentación que el efecto se le presente,
para dar cuenta a quien hubiera ordenado la diligencia.
Artículo 98.- Son faltas oficiales de los escribientes, y demás subalternos de los Juzgados, del
Supremo Tribunal de Justicia, de las Salas del Supremo Tribunal y de las Salas de Circuito:
I. No concurrir en las horas hábiles al desempeño de sus labores;
II. No atender oportunamente y con la debida corrección a los litigantes y al público en
general; y
III. No despachar oportunamente los oficios, practicar actuaciones judiciales o evacuar las
diligencias que sean de su competencia.
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Artículo 99.- Las faltas de los servidores judiciales que establecen los artículos 94, 95, 96, 96 Bis,
97 y 98 de esta Ley, atendiendo la gravedad del caso concreto y la afectación del servicio de
administración de justicia, se castigarán imponiendo las sanciones siguientes:
I. Amonestación privada o pública, hecha por escrito;
II. Suspensión, sin goce de sueldo, hasta por noventa días;
III. Destitución;
IV. Sanción económica; y
V. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Las sanciones se aplicarán previo procedimiento que se sustanciará con audiencia del servidor
judicial señalado como probable responsable de la comisión de una falta.
La destitución se aplicará por la comisión de hechos que se consideren constituyen una falta grave
por afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia o la excelencia profesional que
requiere el servicio de administración de justicia.
(Ref. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial
No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
Artículo 100.- También se considerarán faltas oficiales y se sancionarán como tales, las
infracciones y omisiones en que incurran los servidores del Poder Judicial, con relación a los
deberes que les imponen las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Manuales respectivos. (Ref. Según
Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No. 143, de
fecha 27 de Noviembre de 2013).
Artículo 101.- Las faltas oficiales en que incurran los servidores de la administración de justicia,
serán sancionadas:
I. Por el Supremo Tribunal de Justicia en Pleno, cuando se trate de las cometidas por
Magistrados del propio Tribunal, Magistrados de Circuito, Secretarios del Tribunal,
Secretarios de las Salas de Circuito, Jueces de Primera Instancia y Menores, así como de
Administradores de Juzgado de Control y Juicio Oral Penal; (Ref. Según Decreto No. 968,
de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No. 143, de fecha 27
de Noviembre de 2013).
II. Por el Presidente del Supremo Tribunal, tratándose de las cometidas por los Actuarios y
demás subalternos del Tribunal; y
III. Por los Jueces respectivos, cuando se trate de las cometidas por los Secretarios,
Actuarios y demás subalternos de los Juzgados.
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Artículo 102.- Para imponer una corrección disciplinaria deberá hacerse previamente la
declaración de que el acusado incurrió en falta, sin más requisitos que oír a éste y al denunciante,
si quiere concurrir, recibiendo en el mismo acto las explicaciones o justificación del caso de una y
otra parte. La resolución que corresponda se pronunciará dentro de los cinco días siguientes.
Cuando recaigan dos o más declaratorias sobre un Juez de Primera Instancia en el sentido de que
ha incurrido en una falta, el Tribunal en Pleno, si lo estima conveniente para el servicio de la
administración de justicia, podrá decretar el cambio de adscripción de aquél a un Juzgado de
inferior categoría, con pérdida de su derecho a la inamovilidad a que se refiere el artículo 106 de la
Constitución Política del Estado, para cuyo efecto comenzará a contarse de nuevo a partir de la
fecha de cambio de adscripción.
CAPÍTULO XXI
DE LAS PROTESTAS, VACACIONES, LICENCIAS Y DÍAS HÁBILES
Artículo 103.- Los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, antes de tomar posesión de
sus cargos o empleos deberán otorgar la protesta a que se refiere el artículo 144 de la
Constitución Política Local.
Artículo 104.- La protesta se otorgará:
I. Ante el Supremo Tribunal de Justicia en Pleno, por los Magistrados de Circuito, Jueces de
Primera Instancia y Secretarios del propio Tribunal;
II. Ante el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, por los Administradores de Juzgado
de Control y Juicio Oral Penal, Actuarios y demás empleados del Tribunal; (Ref. Según
Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No.
143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
III. Ante el Magistrado de Circuito, por los Secretarios y demás personal de la Sala
respectiva;
IV. Ante el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial que corresponda, y si hubiere
varios, ante el de menor número del Ramo Civil, por los Jueces Menores; y
V. Ante el Juez de quien dependan, por los Secretarios, Actuarios y demás subalternos
de los Juzgados.
De toda acta de protesta se harán los ejemplares que determinen las disposiciones administrativas
y uno más para el Supremo Tribunal de Justicia.
Artículo 105.- Los Jueces, Administradores y Secretarios de los Juzgados no podrán abandonar el
lugar de su residencia sin la previa autorización del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
salvo los casos de diligencias que deban practicar dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado
al que estén adscritos, o cuando disfruten de licencias o vacaciones conforme a esta Ley. (Ref.
Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial No.
143, de fecha 27 de Noviembre de 2013)
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Para la práctica de las visitas de inspección a los Juzgados Menores, fuera del lugar de residencia
de los Jueces de Primera Instancia, deberán éstos recabar previamente autorización del Supremo
Tribunal de Justicia.
Artículo 106.- Los servidores públicos del Poder Judicial del Estado tendrán derecho a dos
períodos anuales de vacaciones de diez días laborables cada uno, en las fechas que el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia señale con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto por la
fracción XXI del artículo 19 de esta Ley. (Ref. según Decreto No. 493, de fecha 26 de febrero de
2004, publicado en el Periódico Oficial No. 028, de fecha 05 de Marzo de 2004).
Artículo 107.- Los períodos de vacaciones de los Magistrados y demás servidores públicos del
Supremo Tribunal de Justicia y de las Salas de Circuito serán fijados en forma tal que no sufra
perjuicio el despacho de los negocios de su competencia.
(Derogado segundo párrafo por Decreto 344, publicado en el P.O. No. 78 de 30 de junio de 2000).
Artículo 108.- Los servidores públicos de los Juzgados disfrutarán de sus períodos de vacaciones
en el orden que determine el Juez, de conformidad con lo previamente acordado por el Pleno del
Supremo Tribunal; en el caso de los Juzgados de Primera Instancia de Control y Juicio Oral Penal,
el orden lo determinará el Administrador de Juzgado, garantizando en este último caso que
siempre queden en funciones al menos dos Jueces y el personal necesario.
Cuando disfrute de vacaciones el Juez, será sustituido por el Secretario, y si hubiere más de un
Secretario, por el de menor número. Durante sus períodos de vacaciones los Secretarios serán
sustituidos conforme al artículo 61 de esta Ley. Los Administradores de Juzgado serán sustituidos
por el Jefe de Unidad que designe.
(Ref. Según Decreto No. 968, de fecha 21 de noviembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial
No. 143, de fecha 27 de Noviembre de 2013).
Artículo 109.- Las horas de despacho del Poder Judicial del Estado, serán comprendidas entre las
ocho y las quince horas.
Artículo 110.- Las dependencias del Poder Judicial del Estado permanecerán abiertas todos los
días hábiles del año durante el horario fijado en el artículo anterior.
Son días hábiles todos los del año, con excepción de sábados y domingos; los días primero de
enero; primer lunes de febrero, en conmemoración del cinco de febrero; tercer lunes de marzo, en
conmemoración del veintiuno de marzo; primero de mayo; dieciséis de septiembre; tercer lunes de
noviembre, en conmemoración del veinte de noviembre; y veinticinco de diciembre. (Ref. según
Decreto No. 646, de fecha 26 de septiembre de 2007, publicado en el Periódico Oficial No. 119, de
fecha 03 de Octubre de 2007).
El Supremo Tribunal en Pleno podrá acordar que se suspendan las labores hasta por cinco días
hábiles consecutivos. (Ref. según Decreto No. 646, de fecha 26 de septiembre de 2007, publicado
en el Periódico Oficial No. 119, de fecha 03 de Octubre de 2007).
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De igual manera, podrá acordar suspensión de labores por dos veces al año hasta por once días
hábiles cada ocasión, para efectos de vacaciones.
En ambos casos, la suspensión podrá ser en todas o en algunas dependencias del Poder Judicial.
TRANSITORIOS:
Artículo Primero.- Esta Ley entrará en vigor a los quince días siguientes al de su Publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
Artículo Segundo.- Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado expedida por Decreto
número 457 de 22 de abril de 1988, con sus adiciones y reformas, y todas las demás
disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Artículo Tercero.- Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia seguirán conociendo de los asuntos
que se encuentren en trámite y que conforme a esta Ley corresponda conocer a las Salas de
Circuito, en la inteligencia de que la substanciación de aquéllos se llevará hasta su resolución,
notificación, admisión y cumplimentación del amparo, en su caso, hasta agotar la Segunda
Instancia.
Artículo Cuarto.- Las Salas del propio Supremo Tribunal de Justicia seguirán conociendo de los
asuntos que debiendo ser en principio de competencia de las Salas de Circuito, hayan sido ya
motivo de resolución de alzada y se encontraren sujetos a juicios de control constitucional, el que
en su caso, también habrán de cumplimentar hasta agotar la Segunda Instancia.
Artículo Quinto.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado proveerá lo necesario para
la instalación de las Salas de Circuito que de acuerdo con esta Ley se establezcan, fijando en el
acuerdo respectivo las fechas en que las mismas entren en funcionamiento.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales,
Sinaloa, a los treinta y un días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
C. Víctor Manuel Barrantes Maldonado
DIPUTADO PRESIDENTE
C. Saúl A. González Contreras
DIPUTADO SECRETARIO
C. Profr. Praxedis Alarcón Valdez
DIPUTADO SECRETARIO
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Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa,
a los cinco días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Renato Vega Alvarado
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Francisco C. Frías Castro
TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS:
(Del Decreto 344, publicado en el P.O. de fecha 30 de Junio de 2000)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del Decreto 451, publicado en el P.O. No. 001 de 02 de enero de 2004).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(De Decreto 493, publicado en el P.O. No. 028 de 05 de marzo de 2004)
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
(Del. Decreto 397, publicado en el P.O. No. 109 de 11 de septiembre de 2006)
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor un año después de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la iniciación de la vigencia de este Decreto, se abroga la Ley
Orgánica del Consejo Tutelar para Menores del Estado de Sinaloa y su Reglamento, así como las
normas que se opongan al mismo.
ARTÍCULO TERCERO.- Dentro del plazo de entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo
Estatal y las autoridades correspondientes, deberán expedir los reglamentos que se prevén en la
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa, así como realizar las adecuaciones
presupuestales y orgánicas correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO.- Dentro del plazo de entrada en vigor del presente Decreto, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, deberá expedir los reglamentos e
implementar las acciones que sean necesarias para cumplir con su obligación de otorgar
rehabilitación y asistencia social especializada a los menores de doce años de edad que hayan
realizado conductas tipificadas como delitos en las leyes penales, en los términos del artículo 43
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de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Sinaloa; así como a lo señalado por el artículo 18 de la Constitución Federal y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
ARTÍCULO QUINTO.- El Ejecutivo Estatal y el Supremo Tribunal de Justicia, en sus respectivos
ámbitos de competencia, establecerán procedimientos y programas para la selección y
capacitación inicial y permanente de los servidores públicos que se especializarán en la
procuración e impartición de justicia para adolescentes que infrinjan la ley penal, así como en la
ejecución de las medidas de tratamiento.
ARTÍCULO SEXTO.- Las instituciones encargadas de la formación de los agentes de las policías
deberán incluir, en un plazo que no supere el ciclo lectivo en curso al momento de entrar en vigor
el presente Decreto, en el currículo transversal, los planes y programas de estudio de todos los
niveles y modalidades en los que se imparta capacitación, una formación integral en los derechos
de la adolescencia contenidos en la Constitución, los tratados internacionales y demás
ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Consejo Tutelar para Menores previsto en la Ley que se abroga en el
transitorio segundo podrá seguir actuando válidamente a la entrada en vigor del presente Decreto,
únicamente para los efectos de remitir los asuntos que eran de su conocimiento a la autoridad
competente, de acuerdo a las siguientes reglas:
a) Los asuntos sometidos al Consejo Tutelar para Menores en los que aún no haya emitido
resolución inicial, los remitirá al Juez Especializado quien realizará la valoración de los datos y
elementos de convicción que obren en el expediente y dictará, en su caso, el auto de sujeción a
proceso por el que deberá seguirse la causa, así como las medidas cautelares que le solicite el
Ministerio Público. Los adolescentes, privados de su libertad deberán ser puestos inmediatamente
a disposición del Juez Especializado competente en el Centro de Internamiento para
Adolescentes.
b) Los asuntos en los que el Pleno del Consejo haya emitido ya resolución inicial los remitirá al
Juez Especializado quien examinará y valorará los datos y elementos de convicción que obren en
el expediente y que hayan servido de base a la resolución, y dictará, en su caso, el auto de
sujeción a proceso por el que deberá seguirse la causa, así como las medidas cautelares que le
solicite el Ministerio Público. Los adolescentes, privados de su libertad deberán ser puestos
inmediatamente a disposición del Juez Especializado competente en el Centro de Internamiento
para Adolescentes.
c) Los asuntos en los que el Pleno del Consejo haya emitido ya resolución definitiva y los
adolescentes se encuentren cumpliendo una medida de conformidad con la Ley que se abroga,
quedarán sujetos al régimen previsto en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de
Sinaloa, en todo aquello que les beneficie. El Director del Centro de Observación y Readaptación
del Consejo Tutelar para Menores remitirá al Órgano de Ejecución de Medidas para Adolescentes
los expedientes relacionados con el cumplimiento de dichas medidas. El Juez Especializado, con
audiencia del adolescente, sus padres, tutores o representantes legales y del Ministerio Público,
podrá adecuar la medida correspondiente en los términos de lo previsto en la Ley de Justicia para
Adolescentes del Estado de Sinaloa. En caso de duda sobre el régimen más favorable, se
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consultará al menor, a sus padres, tutores o representantes legales, atendiendo a los principios
rectores de la Ley invocada.
d) Si existieran adolescentes menores de catorce años privados de su libertad, se ordenará su
inmediata libertad, sin perjuicio de que, en el caso de los mayores de doce años, el Juez
Especializado pueda sustituirla por una de las medidas de orientación y protección previstas en la
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa, escuchando al adolescente, sus padres,
tutores o representantes legales y el Ministerio Público.
e) Si existieran menores de doce años privados de su libertad, se ordenará su inmediata libertad;
si sus derechos estuvieren amenazados o en riesgo, el Juez Especializado podrá ordenar la
intervención de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, en los términos de
lo previsto en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Sinaloa.
(Del. Decreto 629, publicado en el P.O. No. 103 de 27 de agosto de 2007).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
(Del Decreto No. 59 publicado en el P.O. No. 158 de fecha 28 de diciembre de 2016).
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente
decreto
(Del Decreto 646 de 26 de septiembre de 2007, publicado en el P.O. No. 119 de 03 de octubre de
2007).
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial AEl Estado de Sinaloa@.
(Del Decreto 299 del 12 de marzo del 2009, publicado en el P.O. No. 038 del 30 de marzo del
2009)
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial AEl Estado de Sinaloa@.
(Del Decreto 322 del 29 de julio de 2011 y publicado en el P.O. No. 103 del 29 de agosto del
2011).
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación, salvo para la
competencia en el delito de narcomenudeo.
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SEGUNDO. En materia de narcomenudeo, las autoridades competentes de la entidad conocerán
de dicho delito a partir del día 21 de agosto de 2012, en cumplimiento al transitorio primero,
párrafo tercero, del Decreto Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de
agosto de 2009.
TERCERO. Durante la vacatio legis, los poderes Ejecutivo y Judicial deberán realizar las acciones
necesarias para su debida observancia e instrumentación.
(Del Decreto 968 del 21 de noviembre de 2013 y publicado en el P.O. No. 143 del 27 de
noviembre del 2013).
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Por lo que concierne a lo relativo al proceso penal acusatorio, el presente Decreto
entrará en vigor de manera gradual y sucesiva, en las regiones que comprenden los distritos
judiciales del Estado de Sinaloa, según se precisa a continuación:
I. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del año dos mil catorce, en la
circunscripción que comprenden los distritos judiciales de Angostura, Mocorito, Salvador
Alvarado, Guasave y Sinaloa.
II. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de diciembre del año dos mil catorce,
en la circunscripción que comprenden los distritos judiciales de Ahome, El Fuerte y Choix.
III. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del año dos mil quince, en la
circunscripción que comprenden los distritos judiciales de Elota, Cosalá, San Ignacio,
Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.
IV.Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del año dos mil dieciséis, en
la circunscripción que comprenden los distritos judiciales de Badiraguato, Culiacán y
Navolato.
TERCERO. El Ejecutivo del Estado deberá considerar en la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal que corresponda, los recursos necesarios
para el cumplimiento del presente Decreto, en apego a los artículos primero y segundo transitorios
del Código de Procedimientos Penales publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de
fecha 25 de enero de 2013.
CUARTO. Dentro del plazo de entrada en vigor del presente Decreto, el Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado deberá expedir la normatividad necesaria para reglamentar los
procedimientos y organización administrativa de los Juzgados de Primera Instancia de Control y
Juicio Oral Penal.
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QUINTO. Dentro del plazo de entrada en vigor del presente Decreto, el Pleno del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado deberá disponer los procesos para la selección del personal de los
Juzgados de Primera Instancia de Control y Juicio Oral Penal, así como las acciones de
capacitación necesarias para dicho personal y demás servidores judiciales con intervención en el
proceso penal acusatorio y su implementación.
(Del Decreto No. 59 publicado en el P.O. No. 158 de fecha 28 de diciembre de 2016).
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente
Decreto.
(Del Decreto No. 487, publicado en el P.O. No. 110, Primera Sección del 11 de Septiembre de
2020). NOTA: Las reformas y adiciones inherentes a la presente Ley se encuentran contenidas en
el Artículo Tercero de contenido.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. No obstante lo establecido en el artículo anterior, las disposiciones relativas a las
reformas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, entrarán en vigor a partir del
momento de que sean aprobadas por el Pleno, toda vez que no requieren de promulgación por
parte del Ejecutivo Estatal ni pueden ser objeto de veto en los términos del artículo 8 de dicha Ley.
En caso de que se hagan observaciones por parte del Ejecutivo Estatal a las otras disposiciones
contenidas en el presente Decreto, el Gobernador del Estado deberá publicar en lo inmediato,
para conocimiento de la generalidad, la parte relativa a las modificaciones de la Ley Orgánica del
Congreso.
TERCERO. Las disposiciones del presente Decreto relativas a las candidaturas de elección
popular por las fórmulas de mayoría relativa y de representación proporcional, serán aplicables a
partir del proceso electoral del año 2021 atento también a las disposiciones electorales contenidas
en la demás legislación de la materia que sea aplicable.
(Decreto. No. 677, publicado en el P.O. No. 116, del 24 de Septiembre de 2021).
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor dentro de los quince días siguientes a su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
Artículo Segundo. En un plazo que no excederá de noventa días posteriores a la publicación del
presente Decreto, el Supremo Tribunal de Justicia emitirá la normativa necesaria para la
implementación del sistema de carrera judicial.
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Artículo Tercero. Los asuntos que se encuentren en trámite en las Salas que cambian su
competencia al entrar en vigor el presente Decreto, serán transferidos a la que en lo subsecuente
deba conocer y concluidos por esta, de acuerdo a lo previsto en el mismo Decreto.
(Decreto No. 5, publicado en el Periódico Oficial No. 145, de fecha 01 de diciembre de 2021).
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la
Fiscalía General del Estado deberá realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes
para la armonización de su estructura con la nueva normativa legal.
TERCERO. Dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto,
el Poder Judicial del Estado deberá realizar las siguientes acciones:
1. Deberán llevarse a cabo las adecuaciones reglamentarias correspondientes para que las
causas penales relacionadas con violencia de género sean turnadas y atendidas por personal
capacitado.
2. Verificar si en los Juzgados de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal se
cuenta con suficiente personal calificado para atender las causas relacionadas con violencia de
género y atención a víctimas.
3. En su caso, realizar las capacitaciones en materia de violencia de género y atención a
víctimas para jueces y personal administrativo de los mismos.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.
(Decreto. No. 6, publicado en el P.O. No. 150, del 13 de Diciembre de 2021). NOTA: Las reformas
y adiciones inherentes a la presente Ley se encuentran contenidas en el Artículo Segundo de
contenido.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial y el Centro de Conciliación
Laboral entrarán en funciones una vez que el Congreso del Estado haga la declaratoria
correspondiente, la cual deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
TERCERO. El Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial
iniciarán actividades a más tardar el día 02 de mayo del año 2022, previa declaratoria del
Congreso del Estado. El Centro de Conciliación Laboral deberá entrar en operaciones en la misma
fecha en que lo hagan los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial, conforme a las
disposiciones previstas en el presente Decreto.
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CUARTO. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado y ante las Juntas Especiales, serán concluidos por éstas de conformidad con
las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
El Centro de Conciliación Laboral no admitirá a trámite solicitudes de audiencias de conciliación o
emplazamiento respecto de procedimientos que estén sustanciados ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje y en su caso, ante las Juntas Especiales, incluyendo los de ejecución, por
lo que se archivarán dichas solicitudes.
QUINTO. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y las Juntas Especiales, según
corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales que se inicien con
posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los
Juzgados en materia laboral del Poder Judicial y el Centro de Conciliación Laboral, conforme los
plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto.
SEXTO. Una vez que entren en operaciones el Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados en
materia laboral del Poder Judicial, los procedimientos de conciliación y los procesos laborales se
ventilarán ante ellos, de conformidad con el presente Decreto, según corresponda.
SÉPTIMO. El Congreso del Estado deberá prever en la Ley de Ingresos y Presupuestos de
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos necesarios para la
implementación de la reforma del sistema de justicia laboral.
OCTAVO. Las convocatorias a concurso para la selección de personal del Centro de Conciliación
Laboral y de los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial serán de carácter abierto y
garantizarán el derecho de participar en igualdad de oportunidades al personal de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del Estado y las Juntas Especiales.
NOVENO. Los derechos laborales de las y los trabajadores de las instituciones que se vean
involucradas en esta transición deberán ser respetados en su totalidad. Las autoridades llevarán a
cabo todas las acciones de carácter administrativo para garantizar que se protejan y conserven los
derechos de seguridad social, de acuerdo con las leyes aplicables.
DÉCIMO. El Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial
deberán contar con los sistemas electrónicos para garantizar que los procedimientos a su cargo
sean ágiles y efectivos. Asimismo, deberán crear las plataformas electrónicas que albergarán los
buzones electrónicos y las aplicaciones digitales necesarias para operar la conectividad por
medios electrónicos con las autoridades laborales.
DÉCIMO PRIMERO. La Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral deberá instalarse
en un plazo no mayor a quince días naturales siguientes del inicio de funciones.
DÉCIMO SEGUNDO. El Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral, deberá ser
expedido y publicado por el Ejecutivo del Estado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, en
un plazo que no exceda de sesenta días naturales a partir del inicio de funciones del mismo.
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DÉCIMO TERCERO. El Poder Judicial deberá realizar las adecuaciones legales y administrativas
necesarias para del debido funcionamiento de los juzgados en materia laboral.
DÉCIMO CUARTO. En la implementación de las disposiciones a que se refiere el Decreto en
materia laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 01 de mayo de 2019, el
Centro de Conciliación Laboral y los Juzgados en materia laboral del Poder Judicial, deberán
incorporar en sus programas de formación y capacitación, metodologías y contenidos para brindar
atención y asesoría en materia de protección de derechos humanos a personas en situación de
vulnerabilidad.
DÉCIMO QUINTO. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, comenzará a
prestar sus servicios en materia laboral en la misma fecha en que lo hagan los Juzgados en
materia laboral del Poder Judicial, por lo que el Instituto deberá adecuar su normativa interna con
las disposiciones de esta Ley y pueda crear un departamento en materia laboral.
DÉCIMO SEXTO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se
opongan a las contenidas en el presente Decreto.
(Decreto No. 257, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 115, del 23 de septiembre
del 2022). NOTA: Las adiciones inherentes a la presente Ley se encuentran contenidas en el
artículo cuarto de contenido).
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los Ayuntamientos de los
Municipios del Estado así como los Órganos Constitucionales Autónomos y demás entidades cuyos
ordenamientos sufren modificaciones, contarán con un plazo de 60 días para realizar las adecuaciones
pertinentes a su normatividad interna para establecer la observancia obligatoria del principio de paridad de
género.
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
(Decreto No. 496, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 069, del 07 de junio del
2023).
PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
“El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Las Regiones creadas mediante el Decreto 177 QUE DECLARA ADOPTADO EN EL ESTADO
DE SINALOA EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL Y EL INICIO DE VIGENCIA
GRADUAL DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, subsistirán en sus términos en el
entendido de que por Región se entenderá Circuito Judicial, y los mismos podrán ser modificados por el
Pleno conforme a las necesidades del servicio, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 17 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
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TERCERO. Se abroga el Decreto Número 177, que declara adoptado en el Estado de Sinaloa el Sistema
Penal Acusatorio y Oral y el inicio de vigencia gradual del Código Nacional de Procedimientos Penales,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 92, de fecha 31 de julio de 2014.
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