<![CDATA[TEXTO VIGENTE
Publicado en el P.O. No. 069 del 07 de Junio de 2023.
DECRETO NÚMERO: 498
LEY PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES EN EL ESTADO DE SINALOA.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y
de observancia general en el Estado de Sinaloa y tiene por objeto la prevención,
investigación y sanción de la tortura en materia de fuero común.
Todas las autoridades del Estado respetarán y garantizarán en todo momento el
derecho de toda persona a ser protegida contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 2. La presente Ley tiene como objeto la prevención y sanción de la
tortura, así como la protección de la integridad física y psíquica de la persona y de
su dignidad humana.
Artículo 3. En lo no previsto por la presente Ley, será aplicable el Código Nacional
de Procedimientos Penales y el Código Penal para el Estado de Sinaloa y la Ley
de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa.
Artículo 4. Las autoridades jurisdiccionales, ministeriales y policiales, en el ámbito
de sus respectivas competencias, y a fin de prevenir la tortura y proteger a las
personas contra su práctica, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Página 2 de 8
En consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezcan los tratados
internacionales y la ley.
Artículo 5. Los servidores públicos que participen en la custodia y tratamiento de
toda persona sometida a investigación, arresto, detención o prisión, deberán
asegurar la plena protección de su salud e integridad física y, en particular,
tomarán medidas inmediatas para proporcionarle atención médica cuando sea
necesario.
Artículo 6. En el momento que lo solicite cualquier detenido, procesado o
sentenciado, deberá ser reconocido por perito médico legista. Si no hubiera uno
al alcance, o si expresamente alguno de los primeros, su defensor o la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, conjunta o separadamente lo requieren, podrá
ser reconocido por un médico de su elección.
El que practique el reconocimiento queda obligado a expedir inmediatamente el
certificado correspondiente y, en caso de apreciar que se han infligido dolores o
sufrimientos, lo hará del conocimiento de la autoridad competente.
CAPÍTULO II
Reparación del Daño y Deber de Indemnizar
Artículo 7. El responsable de alguno de los delitos previstos en la presente ley
estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de
rehabilitación o de cualquier otra índole, que hubiesen erogado la víctima o sus
familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el
daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes
económicos, en los siguientes casos:
I. Pérdida de la vida;
II. Alteración de la salud;
III. Pérdida de la libertad;
Página 3 de 8
IV. Pérdida de ingresos económicos;
V. Incapacidad laboral;
VI. Pérdida o el daño a la propiedad; y
VII. Menoscabo de la reputación.
Para fijar los montos correspondientes, el Juez tomará en cuenta la magnitud del
daño causado.
El Estado, en su ámbito correspondiente, estará obligado solidariamente a la
reparación del daño en los términos en que disponga la legislación aplicable y
tendrá la obligación de repetir en contra del servidor público responsable, en un
plazo no mayor de un año.
Artículo 8. El servidor público o la persona que conozca de la comisión del delito
de tortura deberá hacerlo inmediatamente del conocimiento del ministerio público
y en caso de no cumplir esta disposición, se le sancionará con las penas del delito
de encubrimiento y, en su caso, con la suspensión del cargo.
El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de
tortura, estará obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le
impondrán de tres meses a tres años de prisión, y multa de quince a sesenta veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de lo que
establezcan otras leyes.
El agente del ministerio público que en ejercicio de sus funciones tenga
conocimiento por sí o por denuncia, de la comisión de hechos que constituyan o
presuman el delito de tortura, deberá de iniciar inmediatamente y de oficio, la
averiguación previa correspondiente para determinar lo ocurrido y, en su caso,
ejercitar la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables; si no
lo hiciere, se le impondrán las sanciones referidas en el párrafo anterior,
independientemente de las sanciones que se deriven de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
Página 4 de 8
Artículo 9. Para la determinación de los días de multa que previene esta Ley y en
todo lo que no esté expresamente previsto, serán aplicables las disposiciones del
Código Penal del Estado de Sinaloa y el Código Nacional de Procedimientos
Penales.
CAPÍTULO III
De las Visitas a los Centros de Detención
Artículo 10. Los organismos de protección de los derechos humanos, en el ámbito
de sus competencias, podrán:
I. Visitar e ingresar a los centros de detención;
II. Visitar e ingresar a todas las instituciones públicas en los que se
encuentren personas privadas de libertad;
III. Emitir recomendaciones para la prevención de la tortura y otros tratos o
penas crueles, dirigidas a las dependencias e instituciones públicas o
privadas; y
IV. Dar seguimiento a sus recomendaciones para que, en su caso, éstas
sean cumplidas en un plazo razonable por parte de las autoridades, en
términos de la legislación aplicable.
Las autoridades sólo podrán negar el ingreso por razones encaminadas a proteger
el orden público o la seguridad nacional o estatal, y dicha negativa deberá estar
debidamente fundada y motivada.
Artículo 11. Todo servidor público que en el ejercicio en sus funciones tenga
conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando
tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al agente
del ministerio público, quien iniciará la investigación en los términos que disponga
el Código Nacional de Procedimientos Penales, pudiendo ingresar a todas las
áreas del centro de detención que crea necesarias.
Página 5 de 8
También podrán ingresar los organismos de protección de derechos humanos a
realizar las investigaciones pertinentes.
CAPÍTULO IV
De la Política Estatal y Programas de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Artículo 12. El Ejecutivo del Estado y sus dependencias, así como las
corporaciones de seguridad pública, implementarán programas permanentes
para:
I. La orientación y asistencia de la población con la finalidad de vigilar la
exacta observancia de los derechos humanos de aquellas personas
involucradas en la comisión de algún delito;
II. La organización de cursos de capacitación de su personal para
garantizar el pleno respeto de los derechos humanos;
III. La organización de cursos sobre los tratados internacionales y
protocolos en materia de derechos humanos, tortura y otros tratos y penas
crueles, inhumanas o degradantes, con la finalidad de capacitarlos para
garantizar el pleno respeto a los derechos humanos; y
IV. La profesionalización de los servidores públicos que participan en la
custodia y tratamiento de toda persona sometida a arresto, detención,
medidas cautelares o prisión, en una cultura de respeto a los derechos
humanos.
Artículo 13. La Fiscalía General del Estado y sus dependencias, establecerán:
I. Programas de investigación, documentación, valoración médica y
psicológica de casos de tortura de conformidad con la Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes;
Página 6 de 8
II. Protocolos de actuación, campañas de sensibilización y difusión,
manuales, capacitaciones y cualquier otro mecanismo idóneo, para
prevenir, sancionar y erradicar la tortura de conformidad con la Ley General
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes; y
III. Llevarán un registro que deberán proporcionar al Registro Nacional del
Delito de Tortura en los términos establecidos en la Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
Artículo 14. La Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá implementar
cursos y programas en materia de Derechos Humanos para efecto de prevenir,
investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes en el Estado de Sinaloa.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Página 7 de 8
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.
C. RICARDO MADRID PÉREZ
DIPUTADO PRESIDENTE
C. RITA FIERRO REYES
DIPUTADA SECRETARIA
C. ADOLFO BELTRÁN CORRALES
DIPUTADO SECRETARIO
P.M.D.L.
Página 8 de 8
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, el día treinta de mayo de dos mil veintitrés.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Dr. Rubén Rocha Moya
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Enrique Inzunza Cázarez
EL SECRETARIO DE SEGURIDDA PÚBLICA
Cristóbal Castañeda Camarillo
]]>
© 2025 Justia