LEY QUE ABROGA POR UNA PARTE EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE
SONORA EXPEDIDO EL 25 DE ENERO DE 1977, Y POR OTRA, INSTITUYE
UNA NUEVA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA DENOMINADA
CÓDIGO FISCAL
TITULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º. - Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los
gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Sólo cuando así lo dispongan las leyes
aplicables, podrá afectarse una contribución u otro ingreso a un gasto público específico u otro fin
especial o específico.
El Estado de Sonora queda obligado a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes
lo señalen expresamente.
Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no están obligadas a pagar
contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las
propias leyes.
ARTÍCULO 2º.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad
social, contribuciones especiales y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
I.- Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas
físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que
sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo;
II.- Contribuciones especiales son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y
morales que se beneficien de manera directa por obras o servicios públicos;
III.- Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público del Estado de Sonora, así como por recibir servicios que presta el
Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos
descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de
contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley; También son derechos las
contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios
exclusivos del Estado; y,
IV.- Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de
personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en
materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de
seguridad social proporcionados por el mismo Estado.
Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social, las
contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el
artículo 27 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de
éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se
entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1º.
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ARTÍCULO 3º.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado que no pueden
ser catalogados como impuestos, participaciones, contribuciones especiales, derechos o
productos.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el
artículo 27 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de
éstos y participan de su naturaleza.
Son productos los ingresos que percibe el Estado, derivados de la explotación, el
arrendamiento o enajenación de bienes de su propiedad, así como los que provienen de las
inversiones que el mismo realiza en actividades económicas o cuando actué como persona de
derecho privado.
ARTÍCULO 4º.- Los Impuestos, contribuciones especiales, derechos y aprovechamientos
se regularán por las leyes fiscales, en su defecto por este Código y supletoriamente por el derecho
común.
Las participaciones se regularan por lo que establezcan las leyes fiscales federales que las
otorgan, en su defecto, por lo que establezcan los convenios de colaboración administrativa que se
celebren con la Federación.
Las participaciones no pueden afectarse para fines específicos, ni estar sujetas a retención,
salvo, con autorización del Congreso del Estado de Sonora, para el pago de obligaciones a cargo
del Estado, sus entidades paraestatales, los municipios o sus entidades paramunicipales,
incluyendo las afectaciones que cualquiera de ellos efectúe a favor de los fiduciarios de los
fideicomisos de financiamiento establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora.
Los productos se regularán por lo que prevengan los contratos o concesiones respectivos,
por este Código y supletoriamente por el derecho común.
ARTÍCULO 5.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado que
provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que
deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de
los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga
derecho a percibir por cuenta ajena. Las autoridades distintas de las fiscales que remitan créditos
fiscales a la Secretaría de Hacienda para su cobro, deberán estar debidamente notificados en los
términos de las leyes aplicables. Además, deberán proporcionar a la autoridad fiscal, el registro
federal de contribuyentes (RFC), así como, los datos de identificación y localización que tengan de
la persona física o moral a la que se haya determinado la resolución remitida para cobro.
La recaudación, administración, determinación y cobranza provenientes de todos los
ingresos que el Estado de Sonora tiene derecho a percibir, estarán a cargo del Ejecutivo del
Estado quién ejercerá estas facultades por conducto de la Secretaría de Hacienda, a través de sus
oficinas exactoras o autoridades fiscales coordinadas. También se podrán recaudar dichos
ingresos en los cajeros automáticos de la Dependencia o en instituciones de crédito o tiendas
comerciales, autorizadas para tal efecto.
… Se deroga.
Las autoridades fiscales del Estado de Sonora ejercerán su competencia en el territorio del
Estado de Sonora, conforme lo precisa este Código, demás leyes, el Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda que expida el Gobernador del Estado y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
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La Administración Pública Estatal, centralizada y paraestatal, en ningún caso contratarán
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, de conformidad con las disposiciones de
este Código y las Leyes de Hacienda del Estado y Municipal. Igual obligación tendrán los
Municipios del estado cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o parcial a fondos
estatales.
Cuando las autoridades fiscales del Estado hayan celebrado convenio con los Municipios
para la administración de contribuciones municipales, serán consideradas, en el ejercicio de las
facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales
municipales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con lo dispuesto
en este párrafo, sólo procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes
municipales.
ARTÍCULO 6º.- Se encuentran exentos del pago de impuestos y contribuciones
especiales:
I.- La Federación, así como los Estados y los Municipios en los casos de reciprocidad;
II.- Se deroga.
ARTÍCULO 7º.- No podrá exigirse el pago de tributo alguno que no se encuentre previstos
en la Ley de Hacienda del Estado, en la Ley de Ingresos o en una Ley especial.
El Gobernador del Estado, a través del Secretario de Hacienda del Estado, con el objeto de
simplificar las obligaciones de los contribuyentes, de facilitar la recaudación de los ingresos y de
hacer más efectivos y prácticos sus registros o sistemas de control fiscal, podrá dictar
disposiciones de carácter general, para modificar o adicionar el control, formas de pago y
procedimiento, siempre que no varíe en forma alguna el sujeto, objeto, base, cuota, tasa o tarifa de
los gravámenes, infracciones y sanciones.
ARTÍCULO 8º.- Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de
carácter general, entrarán en vigor en toda la Entidad el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior.
En los plazos sobre vigencia y demás disposiciones a que este artículo se refiere, se
computarán los días inhábiles.
ARTÍCULO 9º.- En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos ni
el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el 24 de febrero; el
tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 17 de julio; el 15
y 16 de septiembre; el 12 de octubre; el 2 y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20
de noviembre; el 1º. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del
Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre.
Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones generales las
autoridades fiscales estatales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de
declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran
hábiles. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada.
En los plazos establecidos por períodos y aquellos en que se señale una fecha
determinada para su extinción se computarán todos los días.
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se
entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a
aquél en que se inició y en el segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año de
calendario a aquél en que se inició.
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En los plazos que se fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el mes de
calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha
determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el
horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día
hábil. Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones de
crédito para recibir el pago de contribuciones. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente
día hábil, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba realizar el pago de
contribuciones, ante las instituciones de crédito autorizadas.
Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta circunstancia deberá
comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de plazos.
Las autoridades fiscales podrán suspender los plazos por fuerza mayor o caso fortuito.
Dicha suspensión deberá darse a conocer mediante disposiciones de carácter general.
ARTÍCULO 10.- La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberán efectuarse
en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 8:00 y las 18:00 horas. Una diligencia
de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.
Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se considerarán hábiles
todos los días del año y las 24 horas del día.
Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, de verificación, del
procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán
habilitar los días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia
realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También
se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando
la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular.
ARTÍCULO 11.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las
que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de
aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se
refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de
interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones del derecho estatal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza
propia del derecho fiscal.
ARTÍCULO 12.- Se entiende por escisión de sociedades y por asociación en participación, lo
que para efectos fiscales establece el Código Fiscal de la Federación.
ARTÍCULO 13.- Son responsables solidarios con los contribuyentes:
I.- Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar
contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones;
II.- Las personas que estén obligadas a efectuar pagos por cuenta del contribuyente, hasta
por el monto de estos pagos;
III.- Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la
sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión;
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No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la sociedad en liquidación
cumpla con las obligaciones de presentar avisos y de proporcionar informes a que se refiere este
Código.
IV.- La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que
tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las
sociedades mercantiles, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no
retenidas por dichas sociedades durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o
enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los
bienes de la sociedad que dirigen, cuando dicha sociedad incurra en cualquiera de los siguientes
supuestos:
a).- No solicite su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes;
b).- Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos de este
Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio
de una visita y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte respecto de la
misma, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal
y antes de que éste se haya cubierto o hubiere quedado sin efectos;
c).- No lleve contabilidad, la oculte o la destruya;
d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de
domicilio en los términos de este Código; y
e) Se hubieren efectuado requerimientos de pago del crédito de que se trate y éste no
hubiera sido pagado o garantizado durante su gestión.
V.- Los adquirientes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran
causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra
persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma;
También se considerará que existe adquisición de negociación, salvo prueba en contrario,
cuando la autoridad fiscal detecte que la persona que transmite y la que adquiere el conjunto de
bienes, derechos u obligaciones se ubican en alguno de los siguientes supuestos:
a) Transmisión parcial o total, mediante cualquier acto jurídico, de activos o pasivos entre
dichas personas.
b) Identidad parcial o total de las personas que conforman su órgano de dirección, así
como de sus socios o accionistas con control efectivo. Para tales efectos, se considerará que
dichos socios o accionistas cuentan con control efectivo cuando pueden llevar a cabo cualquiera
de los actos señalados en la fracción XI, cuarto párrafo, incisos a), b) o c) de este artículo.
c) Identidad parcial o total de sus representantes legales.
d) Identidad parcial o total de sus proveedores.
e) Identidad de su domicilio fiscal; de la ubicación de sus sucursales, instalaciones,
fábricas o bodegas, o bien, de los lugares de entrega o recepción de la mercancía que enajenan.
f) Identidad parcial o total de los trabajadores afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro
Social.
g) Identidad en las marcas, patentes, derechos de autor o avisos comerciales bajo los
cuales fabrican o prestan servicios.
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h) Identidad en los derechos de propiedad industrial que les permiten llevar a cabo su
actividad.
i) Identidad parcial o total de los activos fijos, instalaciones o infraestructura que utilizan
para llevar a cabo el desarrollo de sus actividades.
VI.- Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no
residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse
contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones;
VII.- Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su
representado;
VIII.- Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales
que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de
éstos;
IX.- Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria; a través de las
formas o formatos que al efecto señale la autoridad fiscal para el cumplimiento de obligaciones
fiscales.
X.- Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o
hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en
ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado;
XI.- Los socios, accionistas o asociados, respecto de las contribuciones que se hubieran
causado por la sociedad o asociación cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no
alcance a ser garantizado con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en
cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción IV de este
artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la
sociedad durante el período o a la fecha de que se trate.
La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará multiplicando el
porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al
momento de la causación, por la contribución omitida, en la parte que no se logre cubrir con los
bienes de la empresa.
La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o
accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, respecto de las
contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad
cuando tenían tal calidad.
Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas, de
llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:
a) Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus
equivalentes, de una persona moral.
b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del
cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.
c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea
a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.
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XII.- Los que se encuentren en posesión de un bien que se encuentre afecto al pago de un
crédito fiscal insoluto;
XIII.- Las personas, sea cual fuere el nombre con que se les designe, con cuya intervención
los sujetos pasivos no domiciliados en el Estado de Sonora realicen actividades de las que deriven
créditos fiscales;
XIV.- Los asociantes y los asociados de una asociación en participación, respecto de las
contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas mediante la
asociación en participación, cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a
ser garantizada por los bienes de la misma, siempre que la asociación en participación incurra en
cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c),d) y e) de la fracción IV de este
artículo, sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha a la asociación en participación
durante el período o a la fecha de que se trate.
Para los efectos de esta fracción, se entenderá por asociación en participación al conjunto
de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio y
siempre que las mismas, por disposición legal o del convenio, participen de las utilidades o de las
pérdidas derivadas de dicha actividad. La asociación en participación tendrá personalidad jurídica
para los efectos del derecho fiscal cuando en el Estado realice actividades empresariales o, cuando
tengan su domicilio en el territorio del propio Estado. Para estos efectos la asociación en
participación se considera persona moral; y
XV.- Los contadores públicos registrados para emitir los dictámenes previstos en el artículo
41 BIS de éste Código, respecto de las diferencias determinadas por las autoridades fiscales,
cuando las mismas no hayan sido consignadas en el dictamen correspondiente y constituyan un
crédito firme en favor del fisco estatal.
La responsabilidad solidaria comprenderá, además de las contribuciones omitidas
actualizadas, los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto en este párrafo no impide
que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u omisiones propios.
ARTÍCULO 14.- Se entenderá por actividades empresariales las siguientes:
I.- Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese
carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes;
II.- Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de
materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores;
III.- Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera
enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial;
IV.- Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral
y animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de
transformación industrial;
V.- Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda
clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y
extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de
transformación industrial; y,
VI.- Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría,
conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la
primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.
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Se considerará empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere
este artículo y por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en el que se
desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales.
ARTÍCULO 15.- Se considera domicilio fiscal:
I.- Tratándose de personas físicas:
a).- Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal
asiento de sus negocios.
b).- Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior y presten servicios
personales independientes, el local que utilicen como base fija para el desempeño de sus
actividades.
c).- En los demás casos, el lugar donde tengan el asiento principal de sus actividades.
d).- A falta de los anteriores, su casa habitación.
Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los
incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el que
hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas.
II.- En el caso de personas morales:
a).- Cuando sean residentes en el Estado, el local en donde se encuentre la administración
principal del negocio.
b).- En defecto del mencionado con antelación, el lugar en que se encuentre el principal
establecimiento.
c).- A falta de los dos anteriores, el lugar en que se hubiere realizado el hecho generador
del crédito fiscal.
Tratándose de personas físicas y morales, residentes o establecidas fuera de la entidad que
realicen actividades gravadas en el Estado de Sonora a través de terceros, cualquiera que sea el
nombre con el que se les designe, se considerará como su domicilio el de esas terceras personas.
Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligado a ello, o
hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo
dispuesto en este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las
autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que se realicen sus
actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio fiscal,
indistintamente. Lo establecido en este párrafo no es aplicable a las notificaciones que deban
hacerse en el domicilio a que se refiere la fracción IV del artículo 22 de este Código.
ARTÍCULO 16.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas
o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, o en caso, los
contratos o concesiones.
Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento
de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con
posterioridad.
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Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo
disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los
contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la
fecha de su causación.
ARTÍCULO 17.- Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las
disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el pago deberá hacerse mediante
declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro de los treinta días siguientes:
I.- A la fecha de la notificación de la liquidación, si corresponde a la autoridad el formularla;
II.- Al nacimiento de la prestación, si corresponde a los sujetos pasivos o responsables
solidarios llevar a cabo su determinación en cantidad liquida;
III.- A la fecha de la celebración u otorgamiento de contratos o concesiones que no señalen
la época de pago de las obligaciones que de ellos se deriven;
En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aún cuando quien
deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará
obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido.
Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora, la forma
oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la
Secretaría de Hacienda o la documentación que en las disposiciones respectivas se establezca en
la que conste la impresión original de la maquina registradora. Tratándose de pagos realizados
con cheques de cuentas personales de los contribuyentes dichos documentos se expedirán una
vez que se haga efectivo el cheque.
Cuándo los pagos se efectúen en las oficinas de las instituciones de crédito, tiendas
comerciales o cajeros automáticos, deberá recabarse previamente en la oficina recaudadora o en
los medios electrónicos, el pase de caja que deberá contener la línea de captura para la receptora
del pago. El comprobante, constancia o acuse de recibo, emitido por la receptora autorizada,
deberá contener la impresión de la ráfaga electrónica del sistema y en su caso, sello y firma del
cajero. Juntos ambos documentos tendrán validez de recibo oficial de pago.
La autoridad fiscal podrá enviar estados de cuenta de las contribuciones a cargo de los
contribuyentes a su domicilio fiscal, los cuales tendrán el carácter de pase de caja para los efectos
señalados en el párrafo anterior.
Tratándose de pagos efectuados en medios electrónicos, el comprobante de pago que el
propio sistema emita conjuntamente con la impresión del pase de caja correspondiente, tendrá
validez de recibo oficial de pago.
Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla
respecto al mismo ejercicio.
ARTÍCULO 18.- Para determinar las contribuciones se considerarán inclusive, las fracciones
del peso; no obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que
contengan cantidades que incluyan de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata
anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad del peso
inmediata superior.
Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional.
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Para determinar las contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de cambio a que
se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate y no habiendo adquisición, se estará al
tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día
anterior a aquél en que se causen las contribuciones. Los días en que el Banco de México no
publique dicho tipo de cambio se aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al día
en que se causen las contribuciones.
ARTÍCULO 18 BIS.- El monto de las contribuciones y aprovechamientos a cargo de los
contribuyentes, así como de las devoluciones a cargo del fisco estatal por dichos conceptos, se
actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo
cual se aplicará el factor de actualización obtenido de acuerdo con el siguiente párrafo a las
cantidades que se deban actualizar. Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica
que tenían antes de la actualización.
El factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al
mes anterior al más antiguo de dicho periodo. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, será el
publicado en el Diario Oficial de la Federación, mismo que se calculará de conformidad con lo
establecido en el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación.
Para la determinación del factor de actualización, el cálculo deberá realizarse hasta el
diezmilésimo.
Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones, no se actualizarán
por fracciones de mes.
En los casos en los que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al
más reciente del período no haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, la
actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.
ARTÍCULO 19.- Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre
que se trate de la misma contribución y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente
orden:
I.- Gastos de ejecución;
II.- Recargos;
III.- Multas; y,
IV.- La indemnización a que se refiere el artículo 27 de este Código.
Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando alguno de los
conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el mismo no será aplicable
respecto del concepto impugnado y garantizado.
ARTÍCULO 20.- Cuando en atención a la naturaleza y características de las operaciones que
realizan los sujetos pasivos del impuesto de que se trate no sea posible, dentro de los procedimientos
ordinarios, precisar con exactitud el monto del impuesto a pagar, la Secretaría de Hacienda podrá
emitir bases especiales para la determinación de la prestación fiscal a cargo de ellos.
ARTÍCULO 21.- Cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios, se considerará el valor
de éstos en moneda nacional en la fecha de la percepción según las cotizaciones o valores en el
mercado, o en defecto de ambos el de avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable
tratándose de moneda extranjera.
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Cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue su
uso o goce temporal al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de
éste, el importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que
normalmente se proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate.
TITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
CAPITULO ÚNICO
ARTÍCULO 22.- Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales, deberá
estar firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el
promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital.
Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de
Hacienda, en el número de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que
en su caso ésta requiera. Cuando no existan formas aprobadas, el documento que se formule
deberá presentarse cumpliendo por lo menos los siguientes requisitos:
I.- Constar por escrito;
II.- El nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro
Estatal de Contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave que
correspondió en dicho Registro. A falta de la clave antes señalada, indicar la clave del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC);
III.- Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción; y,
IV.- En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona
autorizada para recibirlas.
V.- La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales
requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En
caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada; si la
omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán
acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario.
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o
avisos al Registro Estatal de Contribuyentes a que se refiere el artículo 33 de este Código.
ARTÍCULO 23.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La
representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, se hará mediante
escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del
otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público, acompañando copia
de la identificación del contribuyente o representante legal, previo cotejo con su original.
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su
nombre reciban notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y
presentar promociones relacionadas con estos propósitos.
Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada a
más tardar en la fecha en que se presenta la promoción.
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ARTÍCULO 24.- Se considera sujeto pasivo de un crédito fiscal a la persona física o moral,
mexicana o extranjera que de conformidad con las disposiciones fiscales, se encuentra obligada al
pago de una prestación determinada al Fisco Estatal.
ARTICULO 24 BIS.- Los Poderes del Estado, incluidas en el Poder Ejecutivo las entidades
paraestatales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública,
con las personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, salvo que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos
que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los
adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación,
arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar.
ARTÍCULO 25.- El pago de los créditos fiscales deberá hacerse en efectivo, mediante
transferencias electrónicas, cheque certificado, tarjeta de crédito o débito, salvo que las
disposiciones aplicables establezcan que se haga en especie.
Se aceptarán como medio de pago de las contribuciones y aprovechamientos en lugar del
efectivo, los cheques del contribuyente del mismo Banco en que se efectúe el pago, cheques
certificados, la transferencia electrónica a favor del Gobierno del Estado, las tarjetas de crédito y
débito, los cheques de cuentas personales de los contribuyentes, los cuales se presumirán
recibidos bajo la condición “salvo buen cobro” para los efectos de acreditar que se ha efectuado el
pago, en éste caso, la forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados
exclusivamente por la Secretaría de Hacienda o la documentación que en las disposiciones
respectivas se establezca en la que conste la impresión original del sello de pagado y firma de
cajero autorizado tendrán validez y una vez que se haya hecho efectivo en cheque personal en la
cámara de compensación, momento en el que se entenderán como pagadas las contribuciones.
Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago de las contribuciones que por
instrucción de los contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor
del Gobierno del Estado, se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica.
Tratándose de pago de contribuciones y aprovechamientos por cheque, el importe del mismo
debe ser por la cantidad exacta a pagar.
ARTÍCULO 26.- Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la
fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el
mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe en los términos del artículo 18
BIS de este Código. Además, los contribuyentes que paguen fuera de los plazos fijados por las
disposiciones fiscales deberán pagar recargos en concepto de indemnización al fisco estatal;
dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o los aprovechamientos,
actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que será del 50% mayor de la
tasa que fije anualmente la Ley de Ingresos del Estado.
Los recargos se causarán hasta por cinco años, y se calcularán sobre el total del crédito
fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se refiere el artículo 27 de este
Código, los gastos de ejecución y las sanciones por infracción a disposiciones fiscales.
En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se
causarán sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague
dentro del plazo legal.
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre
la diferencia.
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Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.
Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule
la oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente aplicando la
prelación establecida en el artículo 19 de este Código.
Se deroga.
Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades,
se causarán además los recargos que establece la Ley de Ingresos del Estado, por la parte
diferida. No causarán recargos las multas no fiscales.
ARTÍCULO 27.- El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en
tiempo y no sea pagado, al igual que los pagos con tarjeta bancaria, sea de crédito o débito y con
posterioridad se desconozca dicho pago solicitando al banco emisor el reembolso del importe
pagado a las autoridades fiscales, dará lugar al cobro del monto del cheque, así como de la tarjeta
bancaria y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá
independientemente de los demás conceptos a que se refiere este artículo. Para tal efecto, la
autoridad notificará al librador del cheque o al tarjetahabiente para que, dentro de un plazo de tres
días, efectúe el pago junto con la mencionada indemnización del 20%, o bien, acredite
fehacientemente, con las pruebas documentales procedentes, que se realizó el pago o que dicho
pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la institución de crédito. Transcurrido
el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los extremos antes
señalados, la autoridad fiscal requerirá y cobrará el monto del cheque o tarjeta bancaria, la
indemnización mencionada y los demás accesorios que correspondan, mediante el procedimiento
administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere.
ARTÍCULO 28.- Las autoridades fiscales estatales están obligadas a devolver las
cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales,
siempre y cuando el particular satisfaga los siguientes requisitos:
I.- Que el pago de lo indebido haya tenido su origen en una autodeterminación del sujeto
pasivo;
II.- Que la reclamación del pago de lo indebido la efectúe el sujeto pasivo;
III.- Que el sujeto pasivo no haya repercutido, trasladado o retenido en forma expresa o
incluido en el precio, el monto del crédito fiscal reclamado como pago de lo indebido;
Los retenedores podrán solicitar la devolución siempre que ésta se haga directamente a los
contribuyentes.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el
derecho a la devolución nace cuando dicho acto queda insubsistente.
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cincuenta días
hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con
todos los datos, informes y documentos que comprueben la procedencia de la petición, de igual
manera se deberán señalar los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número
de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera
debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México.
Las autoridades fiscales para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al
contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de
devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén
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relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin
de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo
dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente.
Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos antes señalados,
el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y
la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará
en la determinación del plazo que las autoridades fiscales tienen obligación de resolver las
solicitudes de devolución de contribuciones. Las autoridades fiscales podrán devolver la cantidad
que corresponda a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la
documentación aportada. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea
devuelta. En el caso de que las autoridades fiscales rechacen la solicitud de devolución a los
contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad.
Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que
sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva.
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de
comprobación, cuando soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere el párrafo
anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.
Si la devolución no se efectuare dentro del plazo indicado en este artículo, las autoridades
fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho
plazo, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora, en los términos
del artículo 26 de este Código que se aplicará sobre el total del importe solicitado como devolución.
Cuando el Fisco Estatal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades que les
deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la
devolución.
El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determinada por él
mismo o por la autoridad, interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes
establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a
obtener del fisco estatal la devolución de dichas cantidades. En lugar de solicitar la devolución a
que se refiere este párrafo, el contribuyente podrá compensar las cantidades a su favor, contra
cualquier contribución, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor.
Tratándose de contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán compensarse contra la
misma contribución.
Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y
posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un
recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los
intereses se efectuará a partir de:
a) Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado
por el propio contribuyente, a partir de que se negó la autorización o de que venció el plazo de
cuarenta o veinticinco días, para efectuar la devolución, según sea el caso.
b) Cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la autoridad, a partir de que
se pagó dicho crédito.
En ningún caso los intereses a cargo del Gobierno del Estado excederán de los que se
causen en los últimos cinco años.
Tratándose de los impuestos retenidos o recaudados, la devolución por pago de lo
indebido se efectuará a las personas que hubieran causado el impuesto, siempre que no lo hayan
acreditado o deducido; por lo tanto, quien retuvo o recaudó el impuesto, ya sea en forma expresa
o por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar la devolución.
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ARTÍCULO 29.- La obligación de devolver contribuciones pagadas en forma indebida
prescribe en el término de cinco años, contados a partir de la fecha en que se realizó el pago.
Dicho plazo se interrumpe por cualquier gestión del particular ante la autoridad fiscal tendiente a
la determinación o cobro de dichas cantidades, o por cualquier acto de la autoridad en que se
reconozca la existencia de las cantidades que se reclamen.
ARTÍCULO 30.- Para que proceda la devolución de cantidades pagadas indebidamente,
será necesario:
I.- Que se dicte acuerdo de la Secretaría de Hacienda;
II.- Que el derecho a reclamar la devolución no se haya extinguido;
ARTÍCULO 31.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, podrán optar
por compensar las cantidades que tengan a su favor, contra las que estén obligadas a pagar por
adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución.
Al efecto bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades, debiendo presentar aviso de
compensación dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la misma se haya efectuado,
acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial correspondiente.
Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de la misma contribución,
gravamen, contrato o por la cual están obligados a efectuar el pago, la Secretaría de Hacienda,
apreciara discrecionalmente la conveniencia de autorizar la compensación.
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los
contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los
términos de lo dispuesto en el artículo 28 de este Código, aún en el caso de que la devolución
hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar
por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier
causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya
autorizado a plazos; en este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto
al momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales notificarán personalmente
al contribuyente la resolución que determine la compensación.
Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los
términos del artículo 26 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente y
con su respectiva actualización, por el período transcurrido desde el mes en que se efectuó la
compensación indebida hasta aquél en que se haga el pago del monto de la compensación
indebidamente efectuada.
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya
prescrito la obligación para devolverlas.
Se entenderá que es una misma contribución si se trata del mismo impuesto, contrato,
concesión, contribución especial o derecho.
Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del
presente artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán continuar
compensando el remanente del saldo a favor en pagos futuros o solicitar su devolución.
ARTÍCULO 32.- Se podrán compensar los créditos y deudas entre el Estado por una parte
y la Federación y Municipios, por la otra. Tratándose de la compensación con Federación y
Municipios se requerirá acuerdo previo con éstos.
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ARTÍCULO 33.- Las personas morales, así como las personas físicas que deban
presentar declaraciones periódicas o tengan la obligación de pagar, retener o de recaudar
impuestos, así como, todas aquellas personas físicas o morales cuyas actividades sean reguladas
por leyes administrativas en el Estado, deberán solicitar su inscripción en el Registro Estatal de
Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda, proporcionar la información relacionada con su
identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, así como su dirección de correo
electrónico, mediante los avisos respectivos, dentro de los treinta días siguientes al inicio de sus
actividades, salvo que las leyes fiscales señalen otro plazo. Las personas obligadas a presentar su
inscripción y demás avisos, lo harán en las oficinas exactoras de su jurisdicción, mismas que
podrán prellenar el formato de registro indicado en el portal electrónico de la Secretaría de
Hacienda, las que deberán proporcionarles su cédula de registro expedida por la Secretaría de
Hacienda, la cual deberá constar en lugar visible del establecimiento y a falta de este conservarse
en el domicilio del interesado. Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán
obligadas a manifestar al Registro Estatal de Contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de
cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al
día en que tenga lugar dicho cambio salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades de
comprobación y no se le haya notificado la resolución a que se refiere el artículo 62 Bis de este
Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días de
anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en
que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de este Código, cuando el
manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo no corresponda a alguno de
los supuestos de dicho precepto.
Quedan exceptuados de la obligación de inscribirse los sujetos a que alude el artículo 6 de
este Código, sin menoscabo de la obligación de retener o de recaudar contribuciones en los casos
que lo dispongan las leyes.
La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que se presenten
en forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Las
autoridades fiscales podrán verificar la existencia y localización del domicilio fiscal manifestado por
el contribuyente en el aviso respectivo.
Los avisos, declaraciones o manifestaciones se harán en las formas oficiales que al efecto
se publiquen en el portal electrónico de la Secretaría de Hacienda, pudiendo reproducirse por
cualquier interesado, salvo tratándose de formas valoradas, las cuales serán proporcionadas en las
oficinas recaudadoras de acuerdo a las disposiciones administrativas de carácter general que
establezca dicha Secretaría. A falta de forma publicada, se podrá utilizar formato libre.
Cuando en la solicitud de inscripción al Registro Estatal, o en los avisos correspondientes,
se hubiese incurrido en errores u omisiones o empleado de manera equivocada las formas
aprobadas, se darán a conocer los datos correctos a las oficinas exactoras respectivas utilizando
para tal efecto, las formas oficiales pertinentes, e indicando en ellas que se presentan para
“corrección de errores u omisiones”. Con el original de la reposición se devolverá la copia del
documento erróneo.
Tratándose de personas físicas o morales cuyas actividades reguladas por leyes
administrativas en el Estado y tengan la obligación de efectuar un pago anual, bianual o trianual
por conceptos de Derechos en los términos de la Ley de Hacienda del Estado, deberán de solicitar
su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes en los 45 días siguientes al pago efectuado
o presentar un aumento de obligaciones fiscales si ya están inscritos; cumplido el plazo la
Secretaría de Hacienda podrá realizar su registro de contribuyente de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 34 de este Código.
ARTÍCULO 33 BIS.- Las personas físicas o morales que contraten la prestación de
servicios especializados, en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, deberán
presentar el aviso correspondiente, dentro de los diez días siguientes a la fecha de contratación,
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ante la oficina recaudadora que corresponda a su domicilio fiscal, debiendo acompañar copia del
contrato de prestación de servicios, e informar sobre el número de personas que presten el
servicio, así como el nombre, registro estatal de contribuyentes y domicilio de la prestadora de
servicios de que se trate, así como los avisos que esta última debe presentar ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Las autoridades fiscales podrán requerir a las personas físicas o morales a que se refiere
este artículo, la presentación de documentos o información adicional, a fin de que en un plazo
máximo de diez días cumplan con lo solicitado. En este caso, no se considera que se inicie el
ejercicio de facultades de comprobación.
ARTÍCULO 33 TER.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
Centralizada y Paraestatal, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obra pública con los particulares que:
I.- Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.
II.- Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren
pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.
III.- No se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes.
IV.- Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración u aviso y, con
independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada.
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se
encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren
convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a
plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo
con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se
pretendan contratar y siempre que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en
este artículo.
Las personas morales o como se le denomine en los términos de la Ley que las regula
entre otros: sus socios, accionistas, asociados, la administración única de las sociedades
mercantiles, los asociantes y los asociados de una asociación en participación podrán ser sujeto de
este precepto a excepción de la fracción III cuando no sean objeto de alguna contribución estatal.
ARTÍCULO 33 QUATER.- Los subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos
aplicables solo podrán ser aplicados por los contribuyentes que se encuentren inscritos en el
Registro Estatal de Contribuyentes y siempre que estén al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o
estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos
previstos en las fracciones I a IV del artículo 33 TER, salvo que tratándose de la fracción III, no
tengan obligación de inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes.
Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se
ubiquen en los supuestos de las fracciones I y II del artículo 33 TER, no se consideran
comprendidos en dichos supuestos cuando previo a la aplicación del estímulo celebren convenio
con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea
como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo.
ARTÍCULO 33 QUINQUIES.- Los representantes legales, socios y accionistas de las
personas morales, así como las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de
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mercados reconocidos o de amplia bursatilidad y dichas acciones se consideren colocadas entre el
gran público inversionista, siempre que, en este último de supuesto, el socio o accionista no
hubiere solicitado su registro en el libro de socios y accionistas, tendrán las siguientes
obligaciones:
I.- Solicitar la inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes.
II.- Proporcionar en el Registro Estatal de Contribuyentes, la información relacionada con la
identidad, domicilio y, en general, sobre la situación fiscal, mediante los avisos que se establecen
en este Código, así como registrar y mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico
y un número telefónico del contribuyente, o bien, los medios de contacto que determine la
autoridad fiscal en sus formatos oficiales.
III.- Manifestar al Registro Estatal de Contribuyentes el domicilio fiscal.
ARTÍCULO 34.- La Secretaría de Hacienda, llevará el Registro Estatal de Contribuyentes
basándose en los datos que las personas le proporcionen de conformidad con el artículo 33 de
este Código y en los que la propia Secretaría obtenga por cualquier otro medio; asimismo asignará
la clave que corresponda a cada persona inscrita, quien deberá citarla en todo documento que
presente ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate de
asuntos en que la Secretaría de Hacienda sea parte.
Así mismo, la Secretaría de Hacienda llevará el Registro Estatal de Contribuyentes,
unificando de manera ordenada los registros de contribuciones locales, el Registro Estatal
Vehicular; así como, los datos correspondientes a los ingresos federales coordinados.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda deberá
contemplar lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos que regulan dichos registros, además de
las reglamentaciones establecidas en este Código para el Registro Estatal de Contribuyentes,
pudiendo obviar requisitos que se repitan entre un ordenamiento y otro, al momento de establecer
los trámites de inscripción o modificaciones a los registros citados en el párrafo que antecede.
Las personas que no lleven a cabo actividades de las señaladas en el artículo 33 de este
Código, y que se den de alta en el Registro Estatal Vehicular de conformidad con la Ley de Control
Vehicular para el Estado de Sonora, no tendrán la obligación de solicitar su inscripción al Registro
Estatal de Contribuyentes, ni a presentar los avisos a que se refiere el mencionado artículo, pero
serán incorporadas al Registro Estatal de Contribuyentes por la Secretaría de Hacienda, misma
que al momento del trámite de alta al Registro Estatal Vehicular, les asignará la clave señalada en
el primer párrafo de este artículo e integrará el Registro Estatal de Contribuyentes únicamente con
la información que se deba proporcionar por dichas personas al Registro Estatal Vehicular,
actualizando cada movimiento de forma automática conforme se vayan solicitando las
modificaciones al citado Registro Estatal Vehicular en términos de las leyes de la materia.
Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para
su inscripción y actualización de sus datos en el citado Registro Estatal de Contribuyentes e
inscribir de oficio a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no
cumplan con esta obligación, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales
derivadas de dicha omisión.
No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de
comprobación, cuando derivado de lo señalado en el párrafo anterior, soliciten a los particulares los
datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el Registro Estatal de
Contribuyentes o en su caso, inscribirlos de oficio a dicho registro.
ARTÍCULO 35.- Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras
públicas en que se haga constar actas constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de
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personas morales, que comprueben dentro del mes siguiente a la firma, que han presentado
solicitud de inscripción, o aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el
Registro Estatal de Contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo asentar en
su protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de dicha
omisión a la Secretaría de Hacienda, por conducto de sus oficinas exactoras dentro del mes
siguiente a la autorización de la escritura. Asimismo, los fedatarios públicos deberán informar en
el formato que al efecto expida la Secretaría de Hacienda, el nombre de los socios o accionistas
de la sociedad o asociados de una asociación, el domicilio y el Registro Estatal de
Contribuyentes de cada uno de ellos.
El Administrador Único o Director General deberá informar a la Secretaría de Hacienda los
cambios de socios o accionistas que se inscriban en el libro de socios o accionistas, mediante
formato que al efecto expida la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 36.- Los sujetos pasivos y los responsables solidarios darán aviso a la
Secretaría de Hacienda, por conducto de las oficinas exactoras de su jurisdicción, dentro de los
treinta días siguientes a aquel en que ocurran los siguientes cambios:
I.- Del domicilio, excepción hecha de quienes solo causen impuestos que deban ser
retenidos o recaudados;
II.- De razón o denominación social, al que acompañarán copia de la escritura
correspondiente;
III.- De aumento o disminución de obligaciones, suspensión o reanudación de actividades;
El aviso de reanudación de actividades no implica nueva inscripción al Registro Estatal de
Contribuyentes.
El contribuyente que presente aviso de suspensión de actividades deberá conservar su
contabilidad en el último domicilio que tenga manifestado en el registro estatal de contribuyentes y,
si con posterioridad desocupa el domicilio consignado ante el referido registro, deberá presentar el
aviso de cambio de domicilio, en el cual deberá conservar su contabilidad durante el plazo que
establece el artículo 39 de este Código.
Durante el período de suspensión de actividades, el contribuyente no queda relevado de
presentar los demás avisos previstos en este artículo.
IV.- De traspaso de la negociación, clausura definitiva, liquidación o apertura de sucesión;
V.- De apertura o cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos,
lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se
utilice para el desempeño de las actividades del contribuyente; y
VI.- Cancelación en el Registro Estatal de Contribuyentes.
ARTÍCULO 37.- Tratándose del aviso a que aluden las fracciones IV y VI del artículo
anterior, se deberá informar sobre el lugar donde la contabilidad y demás documentación
comprobatoria de sus operaciones, quedara a disposición de las autoridades fiscales, debiendo
presentar aviso en el supuesto de que dicho domicilio con posterioridad sea cambiado.
ARTÍCULO 38.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén
obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:
I.- Llevarán los libros, sistemas y registros contables que señale este Código;
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II.- Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán efectuarse dentro de los dos
meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas;
III.- Llevarán la contabilidad en su domicilio fiscal. Los registros y documentación
comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con los pagos o
enteros de los créditos fiscales, deberán conservarse en el domicilio fiscal del contribuyente por un
plazo de cinco años; en el entendido de que la contabilidad podrá llevarse en lugar distinto al
anterior, cuando obtengan autorización y siempre que dicho lugar se encuentre ubicado en la
misma población en la que se encuentra su domicilio fiscal, además los contribuyentes podrán
procesar a través de medios electrónicos, datos e información de su contabilidad en lugar distinto a
su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se lleva la contabilidad fuera del domicilio
mencionado.
En caso de clausura, traspaso o liquidación, el plazo antes mencionado se contara a partir
de la fecha de las mismas; y,
IV.- Llevar los sistemas y registros contables en los términos de las leyes y reglamentos
fiscales federales.
Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación
mantengan en su poder la contabilidad de la persona por un plazo mayor de un mes, ésta deberá
continuar llevando su contabilidad cumpliendo con los requisitos que establezca este Código y las
disposiciones fiscales federales.
Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las
disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios y los
libros y registros sociales a que obliguen otras leyes.
En los casos en que las demás disposiciones de este Código hagan referencia a la
contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los libros, sistemas y registros contables a
que se refiere la fracción I de este artículo, por los papeles de trabajo, estados de cuenta, por los
registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, por los
equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, así como por la documentación
comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las
disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes.
ARTÍCULO 39.- Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla en el
lugar a que se refiere la fracción III del artículo 38 de este Código a disposición de las autoridades
fiscales.
Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad de conformidad con los diversos
regímenes tributarios previstos en las diversas disposiciones fiscales federales, deberán conservar
en su domicilio a disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el
cumplimiento de las disposiciones fiscales.
La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad,
deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se
presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Tratándose
de contabilidad y documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en
el tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en que se presente la
declaración fiscal del último periodo en que se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de
la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera
promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en
que quede firme la resolución que les ponga fin.
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ARTÍCULO 40.- Cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes hubieran
omitido asentar registros en su contabilidad dentro de los plazos establecidos en las disposiciones
fiscales, dichos registros sólo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya
sido asentada en acta parcial; esta obligación subsiste inclusive cuando las autoridades hubieran
designado un depositario distinto del contribuyente, siempre que la contabilidad permanezca en
alguno de sus establecimientos. El contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad
independientemente de lo dispuesto en este párrafo.
ARTÍCULO 41.- Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y
sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se
haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. En los siguientes casos no operará la
anterior limitación:
I.- Cuando sólo incrementen sus ingresos, el valor de sus actos o actividades, o el monto
de las remuneraciones al trabajo personal;
II.- Cuando sólo disminuyan las cantidades que hubieran compensado;
III.- Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sobre el
cumplimento de las disposiciones fiscales, podrá corregir, en su caso, la declaración original como
consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo; y,
IV.- Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como
obligación por disposición expresa de autoridad judicial o administrativa o por disposición expresa
de la Ley.
Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades
fiscales.
La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo, se efectuará mediante
la presentación de declaración complementaria que modifique los datos de la original.
Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que
correspondía, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 26 de
este Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago.
Se deroga.
Para los efectos de este artículo, una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el
ejercicio de sus facultades de comprobación no tendrán efectos las declaraciones complementarias
de periodos anteriores que presenten los contribuyentes revisados cuando éstas tengan alguna
repercusión en el periodo que se esté revisando.
ARTÍCULO 41 BIS.- Podrán optar por dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, las personas físicas y morales que tengan su domicilio fiscal o realicen operaciones en el
Estado y que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que hayan tenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos acumulables para los
efectos del impuesto sobre la renta superiores a cuatro millones de pesos.
b) Que tengan más de veinte trabajadores a su servicio.
c) Que presten servicios profesionales de personal a contribuyentes dentro del Estado de
Sonora.
d) Se deroga
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e) Sean establecimientos con licencia para venta de bebidas alcohólicas, cuyos ingresos
para efectos del impuesto sobre la renta en el ejercicio inmediato anterior sean superiores a dos
millones de pesos y que tengan más de diez empleados.
Los contribuyentes que opten por dictaminar sus obligaciones fiscales, deberán presentar
aviso informando a las autoridades fiscales tal situación a más tardar en el mes de marzo del año
siguiente al ejercicio fiscal que se va a dictaminar.
ARTÍCULO 41 TER.- Quienes opten por dictaminar sus obligaciones fiscales conforme a
este Código, lo deberán hacer respecto de las siguientes contribuciones:
1.- Impuesto sobre Remuneración al Trabajo Personal.
2.- Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.
3.- Se deroga
4.- Impuesto Predial.
ARTÍCULO 41 QUÁTER.- Los contribuyentes que estén obligados a presentar el dictamen
y los que opten por presentarlo, deberán hacerlo de manera impresa, ante las autoridades fiscales
a más tardar en el último día hábil del mes de julio del ejercicio siguiente del que se dictamina, en
los términos y con los datos e informes que al respecto se señale en las reglas de carácter general
que al efecto publique la Secretaría de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41
SEPTIES de esta Ley.
ARTÍCULO 41 QUINQUIES.- En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias
de impuestos a pagar, éstas deberán enterarse mediante declaración complementaria por
dictamen dentro de los diez días posteriores a la presentación del dictamen; no se aplicarán multas
cuando en el plazo citado el contribuyente entere las cantidades a su cargo, actualizadas y con los
recargos correspondientes, para cuyo cálculo se aplicará una tasa de recargos equivalente al 60%
de la que se establezca en la Ley de Ingresos del Estado de Sonora para el caso de mora en el
ejercicio de que se trate.
Cuando el contribuyente no entere las diferencias en el plazo citado en este artículo, se
procederá a notificar el crédito para que éste sea cubierto o garantizado en un plazo máximo de
diez días; transcurrido dicho plazo sin que el contribuyente pague o garantice se iniciará el
procedimiento administrativo de ejecución.
ARTÍCULO 41 SEXIES.- La Secretaría de Hacienda contará con un registro único de
contadores públicos autorizados para dictaminar impuestos estatales.
La inscripción ante el registro único de contadores públicos de la Secretaría de Hacienda la
podrán obtener las siguientes personas:
a) Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador público registrado
ante la Secretaría de Educación Pública y que sean miembros de un colegio profesional reconocido
por la misma Secretaría, cuando menos en los tres años previos a la presentación de la solicitud de
registro correspondiente.
Las personas a que se refiere el párrafo anterior, adicionalmente deberán contar con
certificación vigente expedida con no más de dos meses de anticipación, emitida por los colegios
profesionales o asociaciones de contadores públicos, registrados y autorizados por la Secretaría
de Educación Pública, y sólo serán válidas las certificaciones que le sean expedidas a los
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contadores públicos por los organismos certificadores que obtengan el Reconocimiento de
Idoneidad que otorgue la Secretaría de Educación Pública que lo acredite como miembro activo de
los mismos, además, deberán contar con experiencia mínima de tres años participando en la
elaboración de dictámenes fiscales, de conformidad con los requisitos que establezca la
Secretaría de Hacienda mediante reglas de carácter general.
En caso de que la certificación a que se refiere este inciso se haya expedido con más de
un año al momento de solicitar la inscripción, deberá presentar una constancia que acredite el
cumplimiento de la Norma de Educación Continua o de Actualización Académica expedida por un
colegio profesional o por una asociación de contadores públicos reconocidos por la Secretaría de
Educación Pública al que pertenezca, la cual deberá obtener y proporcionar a la Secretaría de
Hacienda anualmente, de la cual una vez concluida la vigencia de la certificación, el contador
público inscrito deberá contar con el refrendo o recertificación de la misma y deberá proporcionarla
a la Secretaría de Hacienda, dentro de los primeros tres meses de cada año.
b).- Las personas que cuenten con registro para dictaminar sobre el cumplimiento de las
disposiciones fiscales, emitido por las autoridades fiscales federales, siempre que el mismo se
encuentre vigente.
Para obtener el registro, los solicitantes deberán encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberán exhibir documento vigente
expedido por la Secretaría de Hacienda, en el que se emita la opinión del cumplimiento de
obligaciones fiscales.
La solicitud de registro y la documentación que compruebe que cumple con los requisitos
establecidos en este artículo, deberán ser presentadas ante la Coordinación Ejecutiva de Auditoria
Fiscal, mediante escrito firmado por el Contador Público que solicite el registro, en los términos y
con los datos y documentos que aI respecto se señale en las Reglas de Carácter General que al
efecto publique la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 41 SEPTIES.- El dictamen del cumplimiento de obligaciones fiscales deberá
contener la documentación siguiente:
a) Carta de presentación del dictamen;
b) Cuestionario de autoevaluación fiscal:
c) La verificación documental realizada;
d) La revisión de bases, cálculo y entero de los impuestos correspondientes.
e) La declaración, bajo protesta de decir verdad, del apego del dictamen a lo ordenado en
las disposiciones fiscales, así como la opinión acerca del cumplimiento de las obligaciones fiscales
del contribuyente, indicando, en su caso, las omisiones observadas, independientemente de su
importancia relativa.
f) La demás información y documentación que se establezca en las Reglas de carácter
general que emita la Secretaría de Hacienda.
Para los efectos del contenido del dictamen, su elaboración y presentación, se estará a lo
dispuesto en las Reglas de carácter general que establezca la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 41 OCTIES.- Cuando al emitir el dictamen de obligaciones fiscales el contador
público registrado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este Código o en las demás
leyes aplicables, la autoridad fiscal, previa audiencia, podrá amonestar al contador público
registrado, o suspender hasta por dos años los efectos de su registro o cancelarlo, según proceda
24
en los términos de éste Código. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la
comisión de un delito de carácter fiscal, la autoridad fiscal procederá a la cancelación definitiva de
dicho registro.
En estos casos se dará aviso por escrito, inmediatamente, al colegio profesional a que
pertenezca el contador público en cuestión.
I.- Procede la amonestación cuando el contador público registrado:
a) No proporcione o presente incompleta la información a que se refieren las leyes
aplicables.
La amonestación se aplicará por cada dictamen formulado en contravención a las
disposiciones jurídicas aplicables, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate y las
sanciones correspondientes se acumularán;
b) No hubiera integrado en el dictamen la información que para efectos del proceso de
presentación se determine en las Reglas de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda.
En este caso, la amonestación se aplicará por cada dictamen en el que no se hubiera
integrado la información que corresponda, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate y
las sanciones correspondientes se acumularán, y
II.- Procede la suspensión de la inscripción:
a) De un año a tres años cuando el contador público inscrito:
1.- Formule el dictamen en contravención a las disposiciones legales aplicables;
2.- No aplique las normas de auditoría;
3.- Formule dictamen estando impedido para hacerlo;
4.- No exhiba, a requerimiento de la autoridad fiscal, los papeles de trabajo que le sean
solicitados;
5.- No informe el cambio de su domicilio fiscal;
6.- No presente o lo haga de manera incompleta, la evidencia que demuestre la aplicación
de los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente;
La sanción a que se refiere este inciso se aplicará por cada dictamen formulado en
contravención a las disposiciones aplicables cuando no se hubiera presentado la información que
corresponda, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate y las sanciones
correspondientes se acumularán;
b) De tres meses a un año, cuando el contador público inscrito acumule tres
amonestaciones de las previstas en la fracción I de este artículo. En este caso la suspensión se
aplicará una vez notificada la tercera amonestación;
c) Durante el tiempo en que el contador público se encuentre sujeto a proceso penal,
cuando se dicte en su contra auto de sujeción a proceso por la comisión de delitos de carácter
fiscal. En este caso la suspensión no podrá exceder del término de tres años;
d) No cumpla con el refrendo o recertificación de su registro para dictaminar, o no cubran
los derechos que al efecto se establezcan en la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. En este
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caso, la suspensión durará hasta que el contador cumpla con el refrendo, recertificación o cubra los
derechos correspodientes; y
e) De seis meses a tres años, cuando el contador público no cumpla con el acreditamiento
de la norma de educación continua o de actualización académica expedida por un colegio
profesional o por una asociación de contadores públicos reconocida por la Secretaría de Educación
Pública o la autoridad educativa del Estado de Sonora.
Cuando la formulación de un dictamen se efectúe sin que se cumplan los requisitos de
independencia por parte del contador público registrado, se procederá a la cancelación del registro
del contador público, previa audiencia, conforme al procedimiento de este Código.
ARTÍCULO 41 NOVIES.- Procederá la cancelación definitiva de la inscripción a que se
refiere el artículo 41 Octies, previa audiencia, en los siguientes supuestos:
I.- Cuando el contador público acumule tres suspensiones de las previstas en la fracción II
del artículo 41 Octies. La cancelación se aplicará una vez notificada la tercera suspensión, y
II.- Cuando cause ejecutoria la sentencia definitiva que declare culpable al contador público
que haya cometido un delito de carácter fiscal.
ARTÍCULO 41 DECIES.- Las personas físicas, morales o unidades económicas sin
personalidad jurídica que realicen la prestación de servicios a que se refiere el artículo 212-M de la
Ley de Hacienda del Estado de Sonora, están obligados a dictaminar sus obligaciones fiscales
respecto de los siguientes impuestos:
I.- Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios;
II.- Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos;
III.- Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas, Sorteos o Concursos.
Dicho dictamen deberá ser presentado en los términos establecidos en los artículos 41
QUATER y 41 SEPTIES, del presente Código, así como en los términos y con los datos e informes
que al respecto se señale en las Reglas de carácter general que al efecto publique la Secretaría de
Hacienda.
TITULO TERCERO
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES
CAPITULO ÚNICO
ARTÍCULO 42.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades,
estarán a lo siguiente:
I.- Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:
a).- Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de
tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los
contribuyentes;
b).- Mantener oficinas en diversos lugares del Estado que se ocuparán de orientar y auxiliar
a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones;
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c).- Elaborar los formularios de declaración en forma que puedan ser llenados fácilmente
por los contribuyentes y distribuirlos con oportunidad, e informar de las fechas y lugares de
presentación de los que se consideren de mayor importancia;
d).- Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los
contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a que estén
obligados, cuál es el documento cuya presentación se exige;
e).- Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden
hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales;
f).- Efectuar en distintas partes del Estado reuniones de información con los contribuyentes,
especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales periodos
de presentación de declaraciones; y,
g).- Mandar publicar las resoluciones administrativas dictadas por las autoridades fiscales
que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su
conocimiento por parte de los contribuyentes.
II.- Establecerán programas de prevención y resolución de problemas del contribuyente, a
fin de que los contribuyentes designen síndicos que los representen ante las autoridades fiscales;
Los representantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a).- Ser licenciado en derecho, contador público o carrera afín.
b).- Contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como con el tiempo necesario
para participar con las autoridades fiscales en las acciones que contribuyan a prevenir y resolver
los problemas de sus representados.
c).- Prestar sus servicios en forma gratuita.
III.- Realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes
acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y promover la actualización de sus
datos en el Registro Estatal de Contribuyentes. Encontrándose facultada la autoridad en términos
del artículo 34 de este Código, para inscribir de oficio a las personas físicas y morales que hubieran
sido detectadas en dichos recorridos, en la omisión de inscribirse al Registro Estatal de
Contribuyentes teniendo obligación de hacerlo.
IV.- Promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las
correcciones a su situación fiscal mediante el envío de:
a) Propuestas de pago o declaraciones prellenadas.
b) Comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
c) Comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos.
El envío de los documentos señalados en los incisos anteriores, no se considerará inicio de
facultades de comprobación.
No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de
comprobación, cuando derivado de lo señalado en la fracción III de este artículo, soliciten a los
particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el Registro
Estatal de Contribuyentes o en su caso, inscribirlos de oficio a dicho registro.
27
Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los
medios de difusión, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las
disposiciones fiscales, salvo aquellos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de
confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán
derechos de los mismos cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.
ARTÍCULO 43.- Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas
que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente.
La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la
consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente:
I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la
autoridad se pueda pronunciar al respecto.
II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren
modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad.
III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de
comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta.
La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas
por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los
hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable.
Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias
para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa
establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad
aplique los criterios contenidos en dichas respuestas.
Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en
un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.
ARTÍCULO 44.- Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un
particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Sonora, mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.
Cuando la Secretaría de Hacienda modifique las resoluciones administrativas de carácter
general, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva
resolución.
Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones
administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados
jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se
hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez,
modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no
hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin
que haya prescrito el crédito fiscal.
Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicten
autoridades fiscales al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes.
ARTÍCULO 45.- Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un
plazo de seis días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones
a que se refieren los artículos 51, 89, 90 fracciones I, II, VI, X, XVII y XXIV y 91 fracciones I, II, VI, y
X de este Código, a efecto de hacer las aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la
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autoridad, resolver en un plazo de seis días contados a partir de que quede debidamente integrado
el expediente.
Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe, ni suspende los plazos
para que los particulares puedan interponer los medios de defensa. Las resoluciones que se
emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares.
ARTÍCULO 46.- Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a
agrupaciones, dictadas en materia de impuestos que otorguen una autorización, surtirán sus
efectos en el ejercicio en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera
solicitado la resolución, y ésta se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del mismo.
Al concluir el ejercicio para el que se hubiere emitido una resolución de las que señala el
párrafo anterior, los interesados podrán someter las circunstancias del caso a la autoridad fiscal
competente para que dicte la resolución que proceda.
Este precepto no será aplicable a las autorizaciones relativas a prórrogas para el pago en
parcialidades y de aceptación de garantías del interés fiscal.
ARTÍCULO 47.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales
deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la
resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los
medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución,
o bien, esperar a que ésta se dicte.
Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los
elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento
haya sido cumplido.
ARTÍCULO 48.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo
menos los siguientes requisitos:
I. Constar por escrito en documento impreso o digital.
Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales la notificación
personal se hará por medios electrónicos y con la firma digital del funcionario competente.
II.- Señalar lugar y fecha de emisión.
III.- Señalar la autoridad que lo emite.
IV.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.
V.- Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las
personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se
señalarán los datos suficientes que permitan su identificación;
Para la emisión y regulación de los documentos digitales, de la firma electrónica avanzada
de los funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Hacienda, amparada por un certificado
vigente a la fecha de la resolución, y para la notificación por medios electrónicos serán aplicables
las disposiciones previstas en las leyes de la materia.
Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se
señalará, además, la causa legal de la responsabilidad.
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En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán
contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor
que la firma autógrafa.
En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el
funcionario competente podrá expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el
documento impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma
electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución.
Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el sello resultado del acto
de firmar con la firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de la
resolución, que se encuentre contenida en el documento impreso, producirá los mismos efectos
que las Leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.
Asimismo, la integridad y autoría del documento que contenga el sello resultado de la firma
electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, podrá ser
comprobada a través de los medios que la Secretaría de Hacienda establezca.
Adicionalmente, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, podrán utilizar su firma
electrónica avanzada en cualquier documento que emitan en ejercicio de sus atribuciones, además
de las resoluciones administrativas que se deban notificar, siendo aplicable para tal efecto, lo
dispuesto en el presente artículo, respecto a la firma electrónica avanzada.
ARTÍCULO 49.- EI Ejecutivo del Estado mediante disposiciones de carácter general podrá:
I.- Reducir o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios,
autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir
que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, la producción
o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas
por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
II.- Conceder subsidios o estímulos fiscales.
Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo del Estado, deberán
señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el
monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse
por los beneficiados.
ARTÍCULO 50.- Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se
indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros
relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de
sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden:
I.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública;
II.- Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código;
III.- Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del
contribuyente, responsable solidario o terceros con ellos relacionados, respecto de los actos,
solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo
establecido en el artículo 50-A de este Código; y/o
IV.- Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato
legítimo de autoridad competente.
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Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales estatales y los cuerpos de
seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal.
El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias
para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales,
puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local
o establecimiento que se utilice para el desempeño de las actividades de los contribuyentes, para
estar en posibilidad de iniciar el acto de fiscalización o continuar el mismo; así como en brindar la
seguridad necesaria a los visitadores.
En los casos que se requiera de cuerpos de seguridad pública del Estado o de los
municipios, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan la seguridad
pública.
Las autoridades fiscales no aplicarán la medida de apremio prevista en la fracción I, cuando
los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, no atiendan las
solicitudes de información o los requerimientos de documentación que les realicen las autoridades
fiscales, o al atenderlos no proporcionen lo solicitado; cuando se nieguen a proporcionar la
contabilidad con la cual acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que estén
obligados, o cuando destruyan o alteren la misma.
ARTÍCULO 50-A.- El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los
contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, a que se refiere la
fracción IV del artículo 50 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se
realizará conforme a lo siguiente:
I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I,
II y III del artículo 50 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes:
a) Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales
derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados
no sean localizados en su domicilio fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso
correspondiente; hayan desaparecido, o se ignore su domicilio.
b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos
fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el
registro estatal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la
legal comprobación de haber cumplido con sus obligaciones fiscales estatales.
c) Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente de que
los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus bienes.
II. La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la
determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que ella misma realice, únicamente para
estos efectos. Para lo anterior, se podrá utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos en
los artículos 69 y 70 de este Código.
El aseguramiento precautorio de los bienes o la negociación de los terceros relacionados
con el contribuyente o responsable solidario se practicará hasta por la tercera parte del monto de
las operaciones, actos o actividades que dicho tercero realizó con tal contribuyente o responsable
solidario, o con el que la autoridad fiscal pretenda comprobar con las solicitudes de información o
requerimientos de documentación dirigidos a éstos.
La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio levantará acta
circunstanciada en la que precise las razones por las cuales realiza dicho aseguramiento, misma
que se notificará al contribuyente en ese acto.
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III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente:
a) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida
que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier
otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o inversión en moneda nacional o
extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el
contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el
retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria
conforme a la ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un
monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro.
b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en
general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias del estado y
municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia.
c) Dinero y metales preciosos.
d) Bienes inmuebles, en este caso, el contribuyente o su representante legal deberá
manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real,
aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o pertenecen a sociedad
conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá requerir a éste para
que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento de que el bien que pretende
asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su caso, proporcione la documentación con la
que cuente para acreditar su dicho.
e) Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.
f) La negociación del contribuyente.
g) Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención y
registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales.
h) Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así como
instrumentos de artes y oficios, indistintamente.
Se deroga.
Cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados no
cuenten, o bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con alguno de los bienes a
asegurar conforme al orden de prelación establecido en esta fracción; o bien, no acrediten la
propiedad de los mismos, dicha circunstancia se asentará en el acta circunstanciada referida en el
tercer párrafo de la fracción II de este artículo, en estos casos, la autoridad fiscal podrá practicar el
aseguramiento sobre cualquiera de los otros bienes, atendiendo al citado orden de prelación.
En el supuesto de que el valor del bien a asegurar conforme al orden establecido exceda del
monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos efectuada por la autoridad,
se podrá practicar el aseguramiento sobre el siguiente bien en el orden de prelación.
Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales
derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados
no sean localizados en el domicilio manifestado ante la autoridad fiscal estatal, desocupen o
abandonen el mismo sin presentar el aviso de cambio correspondiente, hayan desaparecido o se
ignore dicho domicilio, o cuando éstos hubieren sido sancionados en dos o más ocasiones por la
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comisión de alguna de las infracciones a que se refiere la fracción XIV del artículo 90 de este
Código, el aseguramiento se practicará sobre los bienes a que se refiere el inciso a) de esta
fracción.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, cuando el contribuyente, el responsable
solidario o el tercero con ellos relacionado, no cuente con los bienes a que se refiere el inciso a)
de esta fracción, el aseguramiento precautorio se podrá practicar indistintamente sobre cualquiera
de los bienes señalados en la misma, sin necesidad de agotar el orden de prelación establecido.
IV. El aseguramiento de los bienes a que se refiere el inciso a) de la fracción III de este
artículo, se realizará conforme a lo siguiente:
La solicitud de aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a las
diferentes entidades financieras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
según proceda, o bien, a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que
corresponda.
Cuando la solicitud de aseguramiento se realice a través de las comisiones señaladas en el
párrafo anterior o la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que
corresponda, éstas contarán con un plazo de tres días contados a partir de la recepción de la
solicitud que realice la autoridad fiscal para ordenar a la entidad financiera o sociedad cooperativa
de ahorro y préstamo que corresponda, que practique el aseguramiento precautorio.
Una vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá informar a la comisión que corresponda,
o bien a la autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a aquél en
que lo haya realizado, las cantidades aseguradas en una o más cuentas o contratos del
contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos.
En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios, otros
depósitos o seguros del contribuyente por un monto mayor al de la determinación provisional de
adeudos fiscales presuntos que la autoridad fiscal realice para efectos del aseguramiento, ya sea
que se practique sobre una sola cuenta o contrato o más de uno. Lo anterior, siempre y cuando
previo al aseguramiento, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas o contratos y los
saldos que existan en los mismos.
En los casos en que la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que
corresponda haya informado a la comisión de que se trate que llevó a cabo el citado
aseguramiento precautorio, dicha comisión contará con un plazo de tres días para proporcionar a
la autoridad fiscal que ordenó la medida, la información relativa al nombre, razón, o denominación
social de la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que lo haya
practicado, al monto de las cantidades aseguradas al contribuyente, responsable solidario o
tercero con ellos relacionado, así como al número de las cuentas o de los contratos sobre los que
se haya practicado dicho aseguramiento. El plazo de tres días a que se refiere este párrafo se
contará a partir de la fecha en que la comisión de que se trate haya recibido dicha información por
parte de la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda.
Las entidades financieras y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en ningún
caso podrán negar al contribuyente la información acerca de la autoridad fiscal que ordenó el
aseguramiento.
V. Los bienes o la negociación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con
ellos relacionados, quedan asegurados desde el momento en que se practique el aseguramiento
precautorio, incluso cuando posteriormente se ordenen, anoten o inscriban ante otras
instituciones, organismos, registros o terceros.
33
VI. La autoridad fiscal notificará al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado
con ellos, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que se haya practicado el aseguramiento,
señalando la conducta que lo originó y, en su caso, el monto sobre el cual procedió el mismo. La
notificación se hará conforme lo prevé el artículo 125 del presente Código.
VII. Los bienes asegurados precautoriamente podrán, desde el momento en que se notifique
el aseguramiento precautorio y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión del
contribuyente, responsable solidario o tercero con ellos relacionado, siempre que para estos
efectos actúe como depositario en los términos establecidos en el artículo 155 de este Código,
salvo lo indicado en su segundo párrafo.
El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos que actúe como
depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los
bienes que se encuentren bajo su custodia.
Lo establecido en esta fracción no será aplicable tratándose del aseguramiento que se
practique sobre los bienes a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción III de este artículo, así
como sobre las mercancías que se enajenen en los locales, puestos fijos o semifijos en la vía
pública, cuando el contribuyente visitado no demuestre estar inscrito en el registro estatal de
contribuyentes.
VIII. Cuando el ejercicio de facultades de comprobación no se concluya dentro de los plazos
que establece este Código; se acredite fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen
al aseguramiento precautorio, o bien exista orden de suspensión emitida por autoridad competente
que el contribuyente haya obtenido, la autoridad deberá ordenar que se levante la medida a más
tardar el tercer día siguiente a que ello suceda.
En el caso de que se hayan asegurado los bienes a que se refiere el inciso a) de la fracción
III de este artículo, el levantamiento del aseguramiento se realizará conforme a lo siguiente:
La solicitud para el levantamiento del aseguramiento precautorio se formulará mediante
oficio dirigido a la entidad financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
según proceda, o bien, a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que
corresponda, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se actualice alguno de los
supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción.
Cuando la solicitud de levantamiento del aseguramiento se realice a través de las
comisiones señaladas en el párrafo anterior, estas contarán con un plazo de tres días a partir de la
recepción de la solicitud respectiva, para levantar el aseguramiento precautorio.
Una vez levantado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá informar del cumplimiento de dicha
medida a la Comisión a través de la cual se solicitó o autoridad fiscal que ordenó el levantamiento,
a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado.
Cuando la autoridad constate que el aseguramiento precautorio se practicó por una cantidad
mayor a la debida, únicamente ordenará su levantamiento hasta por el monto excedente,
observando para ello lo dispuesto en los párrafos que anteceden.
Tratándose de los supuestos establecidos en el inciso b) de la fracción I de este artículo, el
aseguramiento precautorio quedará sin efectos cuando se acredite la inscripción al registro estatal
de contribuyentes.
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ARTÍCULO 51.- Cuando las personas obligadas a presentar avisos y demás documentos
no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales
exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo
de la siguiente manera:
I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir la
presentación del documento omitido, para que sea exhibido en un plazo de quince días para
el primero y de seis días para los subsecuentes requerimientos. Si no se atiende el requerimiento
se impondrá la multa correspondiente, que tratándose de declaraciones será una multa por
cada obligación omitida. La autoridad en ningún caso formulará más de tres requerimientos por
una misma omisión, pudiendo en este caso, si resulta procedente, formular querella en los
términos del artículo 94 de este Código.
II. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica que implique
omisión en el pago de algunas contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la
fracción anterior, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente que haya incurrido en la
omisión o a los responsables solidarios, una cantidad igual al monto mayor que hubiera
determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que
se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.
Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la
cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva
al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el
pago lo libere de presentar la declaración omitida.
Si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad
determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe
que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la
diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la
declaración. En caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la
autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en
declaraciones subsecuentes.
La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento
en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva a
través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquél en el
que sea notificado el adeudo respectivo.
En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación,
se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por
desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.
En el caso de la fracción I de este artículo y agotados los actos señalados en el mismo,
se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por
desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.
Lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de
comprobación.
ARTÍCULO 52.- Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos adicionales, que consideren
necesarios para aclarar la información asentada en sus declaraciones normales o
complementarias, siempre que se soliciten en un plazo no mayor de treinta días siguientes a la
presentación de las citadas declaraciones. Las personas antes mencionadas deberán proporcionar
la información solicitada dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la
notificación de la solicitud correspondiente.
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Asimismo, aquellas personas que tengan o hayan tenido relaciones de negocios con
sujetos pasivos o responsables solidarios, están obligados a exhibir ante las autoridades fiscales
los asientos de su contabilidad, la documentación y la correspondencia que se refiera a las
operaciones realizadas con aquellos, así como a proporcionar toda información que en relación con
dichas personas se les solicite.
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de
comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este
artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.
ARTÍCULO 53.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los
responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones
fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para
comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades
fiscales, estarán facultadas para:
I.- Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones,
solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la
presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se
trate;
II.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados,
para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a
efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros
documentos o informes que se les requieran;
Para los efectos del párrafo anterior, se considera como parte de la documentación o
información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del
contribuyente.
III.- Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros
relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías;
IV.- Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el cumplimiento de
las disposiciones fiscales de los contribuyentes y cualquier otro dictamen que tenga repercusión
para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de
disposiciones fiscales.
V.- Proceder a la verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte u
ordenar se practique avalúo sobre los mismos;
VI.- Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y
datos que posean con motivo de sus funciones;
VII.- Allegarse de las pruebas necesarias para formular la querella al ministerio público
para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que
practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la Ley relativa concede a
las actas de las policías estatales; y la Secretaría de Hacienda, a través de los abogados
hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público del fuero común, en los términos
del Código Nacional de Procedimientos Penales;
VIII.- Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales en materia de la presentación de solicitudes o avisos del Registro Estatal
de Contribuyentes.
36
Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para
su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad
con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, las visitas domiciliarias se
realizarán conforme a lo siguiente:
a).- Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos
fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al
público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce
temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen mercancías.
b).- Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia,
entregarán la orden de verificación al visitado, a si representante legal, al encargado o a quien se
encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de
inspección.
c).- Los visitadores se deberán identificar mediante el documento oficial que los acredite como
tales.
d).- En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma
circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de este
Código, o en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección.
e).- Si al cierre del acta de visita domiciliaria, el visitado o la persona con quien se entendió
la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se
entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la
propia acta , sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma, dándose por concluida la
visita domiciliaria.
f).- Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades
conocieron incumplimiento a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la
resolución correspondiente. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en dicho registro,
la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y
demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión.
IX.- Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que
obre en poder de la autoridad o que sea obtenida a través de cualquier autoridad ya sea de
carácter federal, estatal o municipal, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o
varias contribuciones.
X.- Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el número de
operaciones que deban ser registradas como ingresos, el monto de cada una de ellas, así como la
fecha y hora en que se realizaron, durante el periodo de tiempo que dure la verificación.
La visita a que se refiere esta fracción deberá realizarse conforme al procedimiento
previsto en las fracciones I a VI del artículo 63 TER de este Código.
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o
sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.
Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las
fracciones II, III y IX de este artículo y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un
incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar al contribuyente, a su representante
legal, y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de aquel, en
un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de la última acta parcial, del
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oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, el
derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se
trate, para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad emitirá la última acta
parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas,
señalando en estas actuaciones la asistencia o inasistencia de los interesados para ejercer su
derecho a conocer el estado del procedimiento a que está siendo sujeto; previamente a ello,
deberá levantarse un acta circunstanciada en la que se haga constar esta situación.
ARTÍCULO 54.- Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos
de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones IV a VIII del artículo 61 de
este Código.
Así mismo, las autoridades que tengan o hayan tenido relaciones con alguno o algunos de los
sujetos pasivos o responsables solidarios, deberán auxiliar a la Secretaría de Hacienda
suministrándole los informes y datos que solicite para la aplicación de las leyes fiscales.
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de
comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este
artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.
ARTICULO 54 BIS.- Las autoridades fiscales podrán llevar a cabo verificaciones para
constatar los datos proporcionado al Registro Estatal de Contribuyentes, relacionados con la
identidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro, o
para constatar que los contribuyentes se encuentran inscritos al registro mencionado, sin que por
ello se considere que las autoridades fiscales inician sus facultades de comprobación.
Cuando con motivo de las verificaciones citadas en el párrafo que antecede, la autoridad
detecte inconsistencias en los datos proporcionados al Registro Estatal de Contribuyentes,
proporcionará al contribuyente las formas oficiales pertinentes para que indique en ellas los datos
correctos y se las devuelva en ese mismo acto a la autoridad, a fin de que actualice dicho registro.
La autoridad cotejará con la documentación idónea, que sea correcta la información asentada por
el contribuyente en dicha forma oficial.
Asimismo, cuando se constate que un contribuyente no se encuentra inscrito al Registro
Estatal de Contribuyentes estando obligado a ello, la autoridad lo inscribirá de oficio, observando
para ello lo dispuesto en el artículo 34 de este Código.
ARTÍCULO 55.- En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo
48 de este Código, se deberá indicar:
I.- El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar
deberá notificarse al visitado;
II.- El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser
sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad
competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al
visitado;
III.- Las contribuciones de cuya verificación se trate y, en su caso, el periodo al que deberá
limitarse la visita; y
IV.- Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 56 de este Código,
las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado.
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Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o
separadamente.
ARTÍCULO 56.- En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los
visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:
I.- La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita;
II.- Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no
estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho
lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a la hora determinada del
día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se
encuentre en el lugar visitado;
Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio, después de recibido el citatorio,
la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio y en el anterior, cuando el visitado conserve el
local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita,
haciendo constar tales hechos en el acta que se levante, salvo que en el domicilio anterior se
verifique alguno de los supuestos establecidos en el Artículo 15 de este Código, caso en el cual la
visita se continuará en el domicilio anterior.
Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para
impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la
contabilidad.
III.- Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal los visitadores que en ella intervengan se
deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que
designe dos testigos, si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales,
los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que
esta circunstancia invalide los resultados de la visita;
Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde
se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por
manifestar su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la que se
entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante su negativa o impedimento de los
designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los
testigos no invalida los resultados de la visita.
Si al cierre del acta que se levante, el visitado o la persona con quien se entendió la
diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió
la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta,
sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma; dándose por concluida la diligencia.
IV.- Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que
sean competentes para solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados
con las que estén practicando.
ARTÍCULO 57.- Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la
visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las
autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su
disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones
fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se
certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la
visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los
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documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de
almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados.
Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro
electrónico, o microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autoricen las
disposiciones fiscales federales, deberán poner a disposición de los visitadores estatales el equipo
de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita.
Cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, los visitadores
podrán obtener copias de la contabilidad y demás papeles relacionados con el cumplimiento de las
disposiciones fiscales, para que, previo cotejo con los originales, se certifiquen por los visitadores:
I.- El visitado, su representante o quien se encuentre en el lugar de la visita se niegue a
recibir la orden;
II.- Existan sistemas de contabilidad, registros o libros sociales, que no estén sellados,
cuando deban estarlo conforme a las disposiciones fiscales;
III.- Existan dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, sin que se puedan
conciliar con los datos que requieren los avisos o declaraciones presentados;
IV.- Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido;
V.- No se hayan presentado todas las declaraciones periódicas a que obligan las
disposiciones fiscales, por el período al que se refiere la visita;
VI.- Los datos anotados en la contabilidad no coincidan o no se puedan conciliar con los
asentados en las declaraciones o avisos presentados o cuando los documentos que amparen los
actos o actividades del visitado no aparezcan asentados en dicha contabilidad, dentro del plazo
que señalen las disposiciones fiscales o cuando sean falsos o amparen operaciones inexistentes;
VII.- Se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los
sellos o marcas oficiales colocados por los visitadores o se impida por medio de cualquier
maniobra que se logre el propósito para el que fueron colocados;
VIII.- Cuando el visitado sea emplazado a huelga o suspensión de labores, en cuyo caso la
contabilidad sólo podrá recogerse dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha
señalada para el inicio de la huelga o suspensión de labores; y,
IX.- Si el visitado, su representante o la persona con quien se entienda la visita se niega a
permitir a los visitadores el acceso a los lugares donde se realiza la visita; así como a mantener a
su disposición la contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de valores.
En los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, se entenderá que la
contabilidad incluye, entre otros, los papeles, discos y cintas, así como cualquier otro medio
procesable de almacenamiento de datos.
En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad por
encontrarse el visitado en cualquiera de los supuestos previstos por el tercer párrafo de este
artículo, deberán levantar acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece
el artículo 58 de este Código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o
establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación
en el domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta
final, con las formalidades a que se refiere el citado artículo.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias
de sólo parte de la contabilidad. En este caso, se levantará el acta parcial señalando los
documentos de los que se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o
establecimientos del visitado. En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la
contabilidad del visitado, salvo lo dispuesto en la fracción VIII de este artículo.
ARTÍCULO 58.- La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes
reglas:
I.- De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u
omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales
hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo
del visitado en el período revisado;
II.- Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se
deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la
cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta
fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se
levante acta parcial cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción III del artículo 56 de este
Código;
III.- Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad,
correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente,
sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde
se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se
entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento
no impida la realización de las actividades del visitado. Para efectos de esta fracción, se considera
que no se impide la realización de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia
no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos anteriores. En el caso de que algún
documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al
visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores,
quienes podrán sacar copia del mismo;
IV.- Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán
levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o
circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una
visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista
una nueva orden de visita;
Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u
omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en
forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u
omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se hará
mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir cuando menos
veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros
que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se
trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más,
siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.
Los visitadores tendrán la facultad para realizar la valoración de los documentos o informes
obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita, así como de los documentos, libros o registros
que presente el contribuyente dentro de los plazos establecidos en el párrafo anterior para
desvirtuar los hechos u omisiones mencionados en la última acta parcial. La valoración
comprenderá la idoneidad y alcance de los documentos, libros, registros o informes de referencia,
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como resultado del análisis, la revisión, la comparación, la evaluación o la apreciación, realizadas
en lo individual o en su conjunto, con el objeto de desvirtuar o no los citados hechos u omisiones.
Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo
anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o
registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el
domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se
encuentran en poder de una autoridad.
V.- Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de
comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el
desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades
fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se
entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio
fiscal durante el desarrollo de la visita;
VI.- Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su
representante, se le dejará citatorio para que este presente a una hora determinada del día
siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar
visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado
o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará
copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no
comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió
la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta
sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma;
VII.- Se entenderá que las actas parciales forman parte integrante del acta final de la visita
aunque no se señale así expresamente;
VIII.- Una vez notificada el acta final, sin que el contribuyente hubiere corregido su
situación fiscal, la autoridad emitirá la resolución que determine los créditos fiscales
correspondientes y la notificará al contribuyente conforme al articulo 127 de este Código.
IX.- Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a éstas,
se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que pudieran afectar la
legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez,
reponer el procedimiento a partir de la violación formal cometida.
Lo señalado en el párrafo anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda
incurrir el servidor público que motivó la violación.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por circunstanciar detallar
pormenorizadamente toda la información y documentación obtenida dentro de la visita domiciliaria,
a través del análisis, la revisión, la comparación contra las disposiciones fiscales, así como la
evaluación, estimación, apreciación, cálculo, ajuste y percepción, realizado por los visitadores, sin
que se entienda en modo alguno que la acción de circunstanciar constituye valoración de pruebas.
La información a que se refiere el párrafo anterior será de manera enunciativa mas no
limitativa, aquélla que esté consignada en los libros, registros y demás documentos que integran la
contabilidad, así como la contenida en cualquier medio de almacenamiento digital o de
procesamiento de datos que los contribuyentes sujetos a revisión tengan en su poder, incluyendo
los objetos y mercancías que se hayan encontrado en el domicilio visitado y la información
proporcionada por terceros.
Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá
nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas
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contribuciones, aprovechamientos y periodos, solo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se
comprueben hechos diferentes a los ya revisados. La comprobación de hechos diferentes deberá
estar sustentada en información, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos
específicos que no se hayan revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares
en las declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por los
contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las
autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación, previstas en las
disposiciones fiscales; a menos que en este último supuesto, la autoridad no haya objetado de
falso el documento en el medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien,
cuando habiéndolo objetado el incidente respectivo haya sido declarado improcedente.
ARTÍCULO 59.- Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el
domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe
en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a
partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.
El plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere
el párrafo anterior, se suspenderá en los siguientes casos:
I.- Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la
huelga;
II.- Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la
sucesión;
III.- Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de
cambio correspondiente o cuando no se localice en el que haya señalado, hasta en tanto se
localice;
IV.- Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos
solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el
requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión
pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los
distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un
año.
V.- Tratándose de la fracción IX del artículo anterior, el plazo se suspenderá a partir de que
la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento.
Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la
autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento; y
VI.- Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de
comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se
deberá publicar en el Boletín Oficial del Estado y en la página de internet de la Secretaría de
Hacienda.
Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del
contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio
de defensa en contra de los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de
comprobación, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se interpongan los citados
medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.
Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de
observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro del plazo mencionado, ésta se
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entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se
derivaron durante dicha visita o revisión.
ARTÍCULO 60.- Las visitas en los domicilios fiscales ordenadas por las autoridades fiscales
podrán concluirse anticipadamente cuando el visitado se encuentre obligado a dictaminar sobre el
cumplimiento de las disposiciones fiscales por contador público autorizado o cuando el
contribuyente haya ofrecido la opción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32-A del Código
Fiscal de la Federación. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando a juicio de las
autoridades fiscales la información proporcionada en los términos del artículo 67 de este Código
por el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para conocer la situación fiscal del
contribuyente, cuando no se presente dentro de los plazos que establece el artículo 67-Bis de este
ordenamiento, la información o documentación solicitada, ni cuando en el dictamen exista
abstención de opinión negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales.
En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior se deberá levantar
acta en la que se señale la razón de tal hecho.
ARTÍCULO 61.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la
contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una
visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:
I.- La solicitud se notificará de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de este
Código, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o lugar
donde estas se encuentren. Si al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la
diligencia, no estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se dejará
citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el contribuyente, responsable
solidario, tercero o representante legal, lo esperen a hora determinada del día hábil siguiente para
recibir la solicitud; si no lo hicieren, la solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio
señalado en la misma;
II.- En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los
informes o documentos;
III.- Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la
persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante;
IV.- Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad
requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales
formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u
omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del
contribuyente o responsable solidario;
V.- Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al
contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de
los documentos presentados;
VI.- El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se notificará cumpliendo con
lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción. El
contribuyente o responsable solidario contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día
siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los
documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así
como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o
fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente
aviso dentro del plazo inicial de veinte días;
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Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de
observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación
comprobatoria que los desvirtúe.
El plazo que se señala en el primer párrafo de esta fracción es independiente del que se
establece en el artículo 59 de este Código.
VII.- Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de
observaciones, a que se refiere la fracción VI, el contribuyente podrá optar por corregir su situación
fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de
declaraciones normales o complementarias que corrijan su situación fiscal, de la que proporcionará
copia a la autoridad revisora; y,
VIII.- Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de
observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá
la resolución que determine las contribuciones omitidas, la cual se notificará al contribuyente
cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha
fracción.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la
documentación o información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas
bancarias del contribuyente.
ARTÍCULO 62.- Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a
que se refiere el artículo 61, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las
disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución.
Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u omisiones que puedan
entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable solidario
sujeto a las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 61, le darán a conocer a éste el
resultado de aquella actuación mediante oficio de observaciones, para que pueda presentar
documentación a fin de desvirtuar los hechos consignados en el mismo, dentro de los plazos a que
se refiere la fracción VI del citado artículo 61.
ARTÍCULO 62 BIS.- Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al
ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 61 de este Código, conozcan de
hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las
contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente,
dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta
final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe
en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que se concluya el plazo a que se
refiere la fracción VI del artículo 61 de este Código.
El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en los casos
previstos en las fracciones I, II y III del artículo 59 de este Código.
Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen
algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final de visita o del oficio de
observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá hasta la fecha en que se interpongan los
citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.
Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo
mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o
revisión de que se trate.
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En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada
en el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se
omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen
las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso
administrativo.
Siempre se podrá volver a determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos
correspondientes al mismo ejercicio, cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación
de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros, en
la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad, en los datos
aportados por los particulares en las declaraciones complementarias que se presenten o en la
documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no
hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de
comprobación previstas en las disposiciones fiscales, de conformidad con lo previsto en el último
párrafo del artículo 58 de este Código.
ARTÍCULO 63.- En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las
autoridades fiscales soliciten datos, informes o documentos del contribuyente responsable solidario
o tercero, se estará a lo siguiente:
I.- Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:
a).- Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el curso de
una visita, deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de
registro electrónico, en su caso.
b).- Seis días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación
de la solicitud respectiva, cuando los documentos sean de los que deba tener en su poder el
contribuyente y se los soliciten durante el desarrollo de una visita.
c).- Quince días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación
de la solicitud respectiva, en los demás casos.
Los plazos a que se refiere este artículo, se podrán ampliar por las autoridades fiscales por
diez días más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil
obtención.
ARTÍCULO 63 BIS.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 53, fracción IX de este
Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente:
I.- Con base en la información obtenida en coordinación con otras autoridades federales,
estatales o municipales, que obre en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los hechos
que pudieran derivar en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras
irregularidades, a través de una resolución provisional cuando los hechos consignados sugieran el
pago de algún crédito fiscal.
En caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades contenidos en la
resolución provisional, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo de quince días
señalado en el párrafo que antecede, mediante el pago total de las contribuciones y
aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en los términos contenidos en la resolución,
en cuyo caso, gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones
omitidas.
La resolución provisional se considerará definitiva cuando el contribuyente acepte
voluntariamente los hechos e irregularidades contenidos en la misma y entere el crédito fiscal
propuesto, o bien, cuando ejerza el derecho a que se refiere la fracción II de este artículo o cuando
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ejerciéndolo, no logre desvirtuar los hechos o irregularidades contenidos en la resolución
provisional. En todo momento la autoridad fiscal podrá ejercer sus facultades de comprobación y
estar a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 BIS de este Código;
II.- En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable solidario o
tercero, para que en un plazo de quince días siguientes a la notificación de la citada resolución,
manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione las pruebas, tendiente a desvirtuar las
irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la
resolución provisional; y
III.- Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, si la
autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar
indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos:
a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, dentro del plazo de los diez días
siguientes a aquél en que la autoridad fiscal reciba las pruebas, el cual deberá ser atendido por el
contribuyente dentro del plazo de diez días siguientes contados a partir de la notificación del
segundo requerimiento
b) Solicitará información y documentación de un tercero.
Una vez obtenida la información solicitada, la autoridad fiscal contará con un plazo máximo
de treinta días para la emisión y notificación de la resolución, salvo tratándose de pruebas
periciales, caso en el cual el plazo se computará a partir de su desahogo.
Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo que a su derecho
convenga respecto de los hechos u omisiones dados a conocer durante el desarrollo de las
facultades de comprobación a que se refiere la fracción IX del artículo 53 de este Código, se tendrá
por perdido el derecho para realizarlo.
Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a
que se refiere este artículo, se notificarán y presentarán de conformidad con las formalidades
establecidas en este Código.
ARTÍCULO 63 TER.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción X del artículo 53 de
este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:
I.- Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas,
bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, así como de
terceros con ellos relacionados, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde
se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, o
donde se realicen actividades administrativas en relación con los mismos, así como en los lugares
donde se almacenen las mercancías;
II.- Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia,
entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se
encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita
de inspección;
III.- Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la
diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los
designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta
situación en el acta o actas que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la
inspección;
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IV.- En toda visita domiciliaria se levantará acta o actas en las que se harán constar en
forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de
este Código, en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección;
V.- Si al cierre de cada una de las actas de visita domiciliaria el visitado o la persona con
quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar las mismas, o el visitado o la
persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia
se asentará en cada una de ellas, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de las mismas;
debiendo continuarse con el procedimiento de visita, o bien, dándose por concluida la visita
domiciliaria; y
VI.- Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades
tuvieran conocimiento de incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la
formulación de la resolución correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente,
así como a terceros con ellos relacionados, un plazo de seis días hábiles para desvirtuar la
comisión de la infracción presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si
se observa que el visitado no se encuentra inscrito en el registro estatal de contribuyentes, la
autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y
demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión.
ARTÍCULO 64.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en
los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el cumplimiento de las disposiciones
fiscales, o en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público,
o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre
que se reúnan los siguientes requisitos:
I.- Que el contador público que dictamine cuente para tal efecto con registro actualizado
ante las autoridades fiscales federales o estatales, según corresponda; y,
II.- Que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones del Código Fiscal de la
Federación, de éste Código y demás disposiciones legales aplicables.
Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las
autoridades fiscales. La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se
podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación
respecto de los contribuyentes o responsables solidarios.
ARTÍCULO 65.- Se deroga.
ARTÍCULO 66.- Se deroga.
ARTÍCULO 67.- Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de
comprobación procedan a revisar el dictamen fiscal y demás información relacionada con las
contribuciones estatales que fiscalizan, podrán requerir indistintamente:
I.- Al contador público que haya formulado el dictamen, lo siguiente:
a).- Cualquier información que conforme a lo establecido en el artículo 41 Septies de este
Código, debiera estar incluida en los dictámenes de cumplimiento de obligaciones fiscales;
b).- La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoria
practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público;
c).- La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las
obligaciones fiscales del contribuyente;
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d).- La exhibición de los sistemas y registros contables y documentación original, en
aquellos casos en que así se considere necesario;
Para estos efectos, si la información que proporciona el contador público conforme a lo que
establecen los incisos a), b) y c) es suficiente, no se requerirá de la información a que se refiere el
inciso d).
II.- Al contribuyente, la información y documentación a que se refieren los incisos c) y d) de
la fracción anterior, dicho requerimiento se hará por escrito; y
III.- A terceros relacionados con los contribuyentes o responsables solidarios, la
información y documentación que consideren necesaria para verificar si son ciertos los datos
consignados en el dictamen y demás documentos y anexos.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de que al Contador Público que dictamina se
le haya suspendido o cancelado su registro, o en su defecto, hubiese renunciado de conformidad
con las disposiciones fiscales federales.
ARTÍCULO 67 BIS.- Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y demás
información a que se refiere el artículo 67 de este Código, y solicite al contador público registrado
que lo hubiera formulado información o documentación, la misma se deberá presentar en los
siguientes plazos:
I.- Seis días, tratándose de papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen realizado.
Cuando el contador público registrado tenga su domicilio fuera de la localidad en que se ubica la
autoridad solicitante, el plazo será de quince días; y
II.- Quince días, tratándose de otra documentación o información relacionada con el
dictamen, que esté en poder del contribuyente.
ARTÍCULO 68.- Se considera que se inicia el ejercicio de las facultades de comprobación en
relación con los contribuyentes que hayan presentado dictamen de cumplimiento de obligaciones
fiscales, cuando la autoridad fiscal competente lleva a cabo alguno de los actos señalados en la
fracción II del artículo 67 de este Código.
ARTÍCULO 69.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente los ingresos,
así como las remuneraciones a que se refiere el artículo 213 de la Ley de Hacienda del Estado y
las contribuciones omitidas, por los que se deban pagar contribuciones, cuando:
I.- Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación
de las autoridades fiscales; u omitan presentar declaraciones de cualquier contribución hasta el
momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de
un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate;
II.- No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de
más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, no proporcionen los informes
relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales, o cuando los establecimientos o prestadores
de servicios de juegos con apuestas, sorteos o concursos, no cumplan con los dispuesto por el
artículo 212-Y de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora;
III.- Se dé alguna de las siguientes irregularidades:
a).- Omisión del registro de remuneraciones, operaciones, ingresos o compras, así como
alteración del costo, por más de 3% sobre los declarados en el período objeto de revisión;
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b).- Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos; y
c).- Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios,
o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el
importe exceda del 3% del costo de los inventarios.
IV.- Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento
de sus operaciones;
V. Se detecten por las autoridades fiscales diferencias entre lo declarado por los
contribuyentes respecto del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal y lo declarado
ante cualquier otra entidad de la administración pública federal, estatal o municipal
La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá independientemente
de las sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO 70.- Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo
anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos, las remuneraciones a que se refiere el
artículo 213 de la Ley de Hacienda del Estado y las contribuciones omitidas, para el período sujeto
de revisión, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:
I.- Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente;
II.- Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del período objeto de
revisión correspondiente a cualquier contribución, con las modificaciones que, en su caso, hubieran
tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación;
III.- A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades
fiscales, cuando tengan relación de negocios con el contribuyente;
IV.- Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus
facultades de comprobación;
V.- Utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase; y
VI.- Considerando los ingresos y el valor de los actos o actividades comprobados de
conformidad con la fracción X del artículo 53 de este Código, para lo cual se sumará el monto
diario que representen en el periodo verificado, según corresponda, y se dividirá entre el número
total de días verificados. El resultado así obtenido será el promedio diario de ingresos, que se
multiplicará por el número de días que comprenda el periodo sujeto a revisión para la
determinación presuntiva a que se refiere este artículo.
ARTÍCULO 71.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las
contribuciones que se debieron haber retenido, cuando aparezca omisión en la retención y entero,
por más del 3% sobre las retenciones enteradas.
Asimismo, las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones
que se debieron haber retenido y enterado por los establecimientos o prestadores de servicios de
juegos con apuestas, sorteos o concursos, cuando estos no cumplan con lo dispuesto por el
artículo 212-Y de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este artículo, las autoridades
fiscales podrán utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las fracciones
I a V del artículo 70 de este Código.
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ARTÍCULO 72.- Se deroga.
ARTÍCULO 73.- Para la comprobación de los ingresos, de remuneraciones al trabajo
personal, así como de las contribuciones omitidas, las autoridades fiscales presumirán, salvo
prueba en contrario:
I.- Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y
correspondencia que se encuentren en poder del contribuyente, corresponde a operaciones
celebradas por él, aún cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, siempre que
se logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en tales
elementos, fue realizada por el contribuyente;
II.- Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a nombre del
contribuyente, localizados en poder de personas a su servicio, o de accionistas o propietarios de la
empresa, corresponde a operaciones del contribuyente;
III.- Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a
registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades
por los que se deben pagar contribuciones;
IV.- Que son ingresos y valor de actos o actividades de la empresa por los que deben
pagar contribuciones, los depósitos hechos en cuenta de cheques personal de los gerentes,
administradores o terceros, cuando efectúen pagos de deudas de la empresa con cheques de
dicha cuenta o depositen en la misma, cantidades que correspondan a la empresa y ésta no los
registre en contabilidad;
Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su
contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la
presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación.
Se presumirá que los depósitos efectuados por el empleador en cuentas de las personas
físicas que le prestan servicios personales subordinados, son pagos que causan impuesto sobre
remuneraciones al trabajo personal.
V.- Que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las existencias reales
corresponden a ingresos y valor de actos o actividades del último ejercicio que se revisa por los
que se deban pagar contribuciones;
VI.- Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a proveedores o
prestadores de servicios al mismo, que no correspondan a operaciones registradas en su
contabilidad son pagos por mercancías adquiridas o por servicios por los que el contribuyente
obtuvo ingresos, y que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a trabajadores o
prestadores de servicios, que no correspondan a operaciones registradas en su contabilidad son
remuneraciones al trabajo personal pagados; y
VII.- Que los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, los
activos fijos, gastos y cargos diferidos que obren en poder del contribuyente, así como los terrenos
donde desarrolle su actividad son de su propiedad. Los bienes a que se refiere este párrafo se
valuarán a sus precios de mercado y en su defecto al de avalúo.
ARTÍCULO 74.- Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad
y éstas fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y
no registrados, fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulta de las
siguientes operaciones:
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I.- El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las
contribuciones, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto
que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplica por el por ciento de utilidad bruta
con que opera el contribuyente;
II.- La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será
el valor de la enajenación;
El porciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la contabilidad del
contribuyente en el ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta entre el
costo que determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos de lo previsto por esta
fracción, el costo de determinará según los principios de contabilidad generalmente aceptados. En
el caso de que el costo no se pueda determinar se entenderá que la utilidad bruta es de 50%.
La presunción establecida en este artículo no se aplicará cuando el contribuyente
demuestre que la falta de registro de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerza
mayor.
Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes
en inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la adquisición se considerará
el que corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de
que se trate y en su defecto, el de mercado o el de avalúo.
ARTÍCULO 75.- Para comprobar las contribuciones omitidas, los ingresos o el valor de los
actos o actividades de los contribuyentes, así como las remuneraciones al trabajo personal a que
se refiere el artículo 213 de la Ley de Hacienda del Estado, las autoridades fiscales presumirán,
salvo prueba en contrario, que la información o documentos de terceros relacionados con el
contribuyente, corresponden a operaciones realizadas por éste, cuando:
I.- Se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social;
II.- Señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación de servicios,
relacionados con las actividades del contribuyente, cualquiera de sus establecimientos, aún cuando
exprese el nombre, denominación o razón social de un tercero, real o ficticio;
III.- Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se comprueba que el
contribuyente entrega o recibe bienes o servicios a ese nombre o en ese domicilio; y,
IV.- Se refieran a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por su cuenta, por
persona interpósita o ficticia.
ARTÍCULO 76.- Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los
expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las
autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para
motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda o de cualquier otra autoridad competente en
materia de contribuciones estatales y federales.
Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades
fiscales conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los
contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den a conocer
tales expedientes o documentos, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo
cual formará parte del expediente administrativo correspondiente.
Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo,
sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por
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terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere el artículo 80 de este
Código.
Las copias o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos,
digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades
fiscales, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias o
reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con
los originales.
Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los
comprobantes fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su
poder o a las que tengan acceso.
ARTÍCULO 76 BIS.- Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen
como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos
fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los treinta días
siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación.
ARTÍCULO 77. - Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán
legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o
resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la negativa implique la
afirmación de otro hecho.
ARTÍCULO 78. – Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán
autorizar el pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y de
sus accesorios así como de aquellos conceptos que las demás leyes administrativas definan como
créditos fiscales, sin que dicho plazo exceda de treinta y seis meses, siempre y cuando los
contribuyentes:
I.- Paguen el 30% del monto total del crédito fiscal al momento de la autorización del pago
a plazos. El monto total del adeudo se integrará por la suma de los siguientes conceptos:
a) El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que se debieron
pagar y hasta aquél en que se concluya la autorización.
b) Las multas actualizadas que correspondan desde el mes en que se debieron pagar y
hasta aquél en que se concluya la autorización.
c).- Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente a la fecha
en que se conceda la autorización.
La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará de conformidad a lo
previsto por el artículo 18 Bis de este Código.
La modalidad del pago a plazos elegida por el contribuyente podrá modificarse para el
crédito de que se trate por una sola ocasión, siempre y cuando el plazo en su conjunto no exceda
del plazo máximo establecido en el presente artículo.
ARTICULO 78 BIS.- Para los efectos de la autorización a que se refiere el artículo anterior
se estará a lo siguiente:
I.- Tratándose de la autorización del pago a plazos en parcialidades, el saldo que se utilizará
para el cálculo de las parcialidades será el resultado de disminuir el pago correspondiente al 30%
señalado en la fracción I del artículo anterior, del monto total del adeudo a que hace referencia
dicha fracción.
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El monto de cada una de las parcialidades deberá ser igual, expresadas en pesos y pagadas
en forma mensual y sucesiva, para lo cual se tomará como base el saldo del párrafo anterior, el
plazo elegido por el contribuyente y la tasa mensual de recargos por prórroga de acuerdo a la Ley
de Ingresos del Estado vigente en la fecha de la autorización de pago a plazos en parcialidades.
Los recargos por prórroga deberán aplicarse sobre saldos insolutos para cada una de las
parcialidades.
Cuando no se paguen oportunamente los montos de los pagos en parcialidades autorizados,
el contribuyente estará obligado a pagar recargos por los pagos extemporáneos sobre el monto
total de las parcialidades no cubiertas, por el número de meses o fracción de mes desde la fecha
en que se debió realizar el pago y hasta que éste se efectúe.
II.- Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma diferida, el monto que se
diferirá será el resultado de restar el pago correspondiente al 30% señalado en la fracción I del
artículo anterior, del monto total del adeudo a que hace referencia dicha fracción.
El monto a liquidar por el contribuyente, se calculará adicionando al monto referido en el
párrafo anterior, la cantidad que resulte de multiplicar la tasa de recargos por prórroga de acuerdo
a la Ley de Ingresos del Estado, vigente en la fecha de la autorización de pago a plazos de forma
diferida, por el número de meses, o fracción de mes transcurridos desde la fecha señalada por el
contribuyente para liquidar su adeudo y por el monto que se diferirá.
El monto para liquidar el adeudo a que se hace referencia en el párrafo anterior, deberá
cubrirse en una sola exhibición a más tardar en la fecha de pago especificada por el contribuyente
en la autorización de pago a plazos.
III.- Simultáneamente a la autorización de pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido,
de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, la autoridad exigirá la garantía del interés fiscal
en alguna de las formas previstas en el artículo 130 de este Código.
IV.- Se revocará la autorización para pagar a plazos en parcialidades o en forma diferida,
cuando:
a).- Desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, sin que el contribuyente
dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente.
b).- El contribuyente se encuentre sometido a un procedimiento de concurso mercantil o sea
declarado en quiebra.
c) Tratándose del pago en parcialidades el contribuyente no cumpla en tiempo y monto con
tres parcialidades sucesivas o, en su caso, con la última.
d).- Tratándose del pago diferido, se venza el plazo para realizar el pago y éste no se
efectúe.
En los supuestos señalados en los incisos anteriores las autoridades fiscales requerirán y
harán exigible el saldo mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
El saldo no cubierto en el pago a plazos causará recargos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 26 de este Código, desde la fecha en que se haya efectuado el último pago o desde
aquella en que debió haberse efectuado, conforme a la autorización respectiva.
V.- Los pagos efectuados durante la vigencia de la autorización se deberán aplicar al periodo
más antiguo, en el siguiente orden:
a) Recargos por prórroga.
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b) Recargos por mora.
c) Accesorios en el siguiente orden:
1.- Multas.
2.- Gastos extraordinarios.
3.- Gastos de ejecución.
4.- Recargos.
d) Monto de las contribuciones omitidas.
El pago a plazos sólo procederá para el caso de que el contribuyente no tenga otros adeudos
con la Secretaría de Hacienda y, en caso de tenerlos, deberá pagarlos o adicionarlos al monto
respecto del cual solicita la autorización del pago a plazos.
ARTÍCULO 79.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las
contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, señalar las bases de su liquidación
o fijarlas en cantidad liquida, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas
disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel
en que:
I.- Se presentó la declaración o aviso, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos
casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos. No obstante lo anterior, cuando se
presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día
siguiente a aquél en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación
con la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio;
II.- Se produjo el hecho generador del crédito fiscal, si no existiera obligación de presentar
declaraciones, manifestaciones o avisos;
III.- Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción
fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que
hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho,
respectivamente;
IV.- Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la
exigibilidad de fianzas a favor de la Secretaría de Hacienda constituidas para garantizar el interés
fiscal, la cual será notificada a la afianzadora; y,
El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya
presentado su solicitud en el Registro Estatal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la
conserve durante el plazo que establece este Código o no presente alguna declaración, avisos o
informes, estando obligado a presentarlos; en este último caso, el plazo de diez años se computará
a partir del día siguiente a aquél en el que se debió haber presentado la declaración, aviso o
informe señalados.
En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 13 fracción III de este
Código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.
El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá
cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las
fracciones II, III y IV del artículo 53 de este Código o cuando se interponga algún recurso
55
administrativo o juicio, o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus
facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiere desocupado su domicilio
fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de
manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos últimos casos se reiniciará el computo del plazo
de caducidad a partir de la fecha en que se localice al contribuyente.
El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se
notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando concluya el plazo que
establece el artículo 62 Bis de este Código para emitirla. De no emitirse la resolución, se
entenderá que no hubo suspensión.
En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las
facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad,
no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias o de revisión de la contabilidad
en las oficinas de las propias autoridades, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del
ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende
dicha caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses.
Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en
materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo.
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar
se declare que se han extinguido o caducado las facultades de las autoridades fiscales.
ARTÍCULO 80.- El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo
concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con
ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha
reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban
suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los
intereses fiscales estatales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los
Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias, o en el supuesto previsto en el
artículo 76 de este Código.
Solo por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda, se podrán publicar los siguientes
datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor
de sus actos o actividades y contribuciones pagadas.
La reserva referida en el párrafo primero de este artículo tampoco comprenderá la
información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes que las autoridades fiscales
proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de las
autoridades federales, de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia.
TITULO CUARTO
DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES
CAPITULO I
DE LAS INFRACCIONES
ARTÍCULO 81.- La imposición de las sanciones administrativas por infracción a las
disposiciones fiscales compete a la Secretaría de Hacienda.
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Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales,
el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el
mismo se efectúe, en los términos del artículo 18 BIS de este Código.
La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará
independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás
accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en
responsabilidad penal.
Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los términos de este artículo, las
mismas se ajustarán de conformidad con el artículo 18 de este Código.
Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada
posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades fiscales
aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en que se cometió la
infracción y la multa vigente en el momento de su imposición.
ARTÍCULO 82.- Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este
Código las personas que realicen los supuestos que en este Capítulo se consideran como tales así
como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales,
incluyendo a aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos.
Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que se
imponga.
ARTÍCULO 83.- Los funcionarios y empleados públicos que en ejercicio de sus funciones
conozcan de hechos u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones
fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en responsabilidad, dentro
de los diez días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.
Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación a que se refiere el
párrafo anterior la harán en los plazos y forma establecidos en los procedimientos a que estén
sujetas sus actuaciones.
Se libera de la obligación establecida en este artículo a los siguientes funcionarios y
empleados públicos:
I.- Aquellos que de conformidad con otras leyes tengan obligaciones de guardar reserva
acerca de los datos o información que conozcan con motivo de sus funciones; y,
II.- Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las
disposiciones fiscales.
ARTÍCULO 84.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las
obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya
incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que el
cumplimiento no es espontáneo en el caso de que:
I.- La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales;
II.- La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades
fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o
cualquier otra gestión notificada por las mismas contemplada en este Ordenamiento, tendientes a
la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales;
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Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los
funcionarios o empleados públicos o a los notarios o corredores titulados, los accesorios serán, a
cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las
contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos
proporcionados por los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a
cargo de los contribuyentes.
ARTÍCULO 85.- La Secretaría de Hacienda podrá reducir hasta el 100% las multas por
infracción a las disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para
lo cual la Secretaría establecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos y supuestos
por los cuales procederá la reducción, así como la forma y plazos para el pago de la parte no
reducida.
La solicitud de reducción de multas en los términos de este artículo no constituirá instancia
y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda al respecto no podrán ser impugnadas por
los medios de defensa que establece este Código.
La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si
así se pide y se garantiza el interés fiscal.
Procederá la reducción de multas siempre que un acto administrativo conexo no sea
materia de impugnación.
ARTÍCULO 86.- Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al
imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, deberán fundar
y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:
I.- Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la
reincidencia cuando:
a).- Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de
contribuciones, incluyendo las retenidas, la segunda o posteriores veces que se sancione al
infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia;
b).- Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la
segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción
establecida en el mismo artículo y fracción de este Código;
Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas
dentro de los últimos cinco años.
II.- También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de
los siguientes supuestos:
a).- Que se haga uso de documentos falsos o en los que hagan constar operaciones
inexistentes;
b).- Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido;
c).- Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido; y,
d).- Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad.
III.- Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se
hayan retenido de los contribuyentes;
58
IV.- Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada;
V.- Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que
correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea
mayor;
Tratándose de la presentación de las declaraciones o avisos cuando por diferentes
contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas,
se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida.
VI.- En el caso de que la multa se pague dentro de los quince días siguientes a la fecha en
que se le notifique al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se
reducirá en un 30% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva
resolución. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando se den los supuestos previstos
en el artículo 88 fracción II, inciso a) y 89 de este Código;
VII.- En caso de infracciones continuas y de que no sea posible determinar el monto de la
prestación evadida, se impondrá según la gravedad, multa hasta del triple del máximo de la sanción
que corresponda;
VIII.- Cuando la infracción no haya tenido ni pueda haber tenido como consecuencia la
evasión del pago de créditos fiscales, se impondrá el mínimo de la sanción, salvo el caso de
reincidencia;
IX.- Cuando las infracciones consistan en hechos, omisiones o falta de requisitos semejantes
en documentos o libros, y siempre que no haya tenido como consecuencia la evasión del pago de
créditos fiscales, se considerará el conjunto como una sola infracción y se impondrá solamente una
multa que no excederá del máximo que fija este código para sancionar cada hecho, omisión o falta de
requisitos;
X.- Cuando se omita una prestación fiscal que corresponda a los actos y contratos que se
hagan constar en escrituras publicas o minutas extendidas ante notario publico o corredor publico, la
sanción se impondrá exclusivamente a los notarios y corredores, y los interesados solo quedarán
obligados a pagar los créditos fiscales omitidos. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad
de los datos proporcionados por los interesados al notario o corredor, la sanción se aplicará entonces
solamente a los mismos interesados;
XI.- Cuando la liquidación de alguna prestación fiscal este encomendada a funcionarios o
empleados del estado o sus municipios, estos serán responsables de las infracciones que se cometan
y se les aplicaran las sanciones que correspondan, quedando únicamente obligados los sujetos
pasivos a pagar la prestación fiscal omitida, excepto en los casos en que este código o alguna ley
fiscal disponga que no se podrá exigir al sujeto pasivo dicho pago; y,
XII.- La Secretaría de Hacienda se abstendrá de imponer sanciones cuando se haya incurrido
en infracción por caso fortuito o fuerza mayor.
ARTÍCULO 87.- Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o
parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, y sea descubierta por
las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al
75% de las contribuciones omitidas.
Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas junto con sus accesorios después de
que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta
antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones a que
se refiere la fracción VI del artículo 61 de este Código, según sea el caso, se aplicará una multa del
20%.
59
Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que
se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso,
pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones
omitidas, pagará una multa del 30%.
Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las
consideradas por el contribuyente para calcular la multa en los términos del segundo y tercer
párrafos de este artículo, aplicarán el porcentaje que corresponda en los términos del primer
párrafo de este artículo sobre el remanente no pagado de las contribuciones.
El pago de las multas en los términos del segundo y tercer párrafos de este artículo, se
podrá efectuar en forma total o parcial por el infractor sin necesidad de que las autoridades dicten
resolución al respecto, utilizando para ello las formas especiales que apruebe la Secretaría de
Hacienda y en el supuesto de no existir formas aprobadas acudiendo a las oficinas exactoras
respectivas.
También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, cuando las infracciones
consistan en devoluciones o compensaciones, indebidos o en cantidad mayor de la que
corresponda. En estos casos las multas se calcularán sobre el monto del beneficio indebido.
ARTÍCULO 88.- En los casos a que se refiere el artículo 87 de este Código, las multas se
aumentarán o disminuirán conforme a las siguientes reglas:
I.- Se aumentarán:
a).- De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido,
cada vez que el infractor haya reincidido o cuando se trate del agravante señalado en la fracción IV
del artículo 86;
b).- De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido,
cuando en la comisión de la infracción se dé alguno de los agravantes señalados en la fracción II
del artículo 86 de este Código; y,
c).- De un 50% a un 75% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no
enteradas, cuando se incurra en la agravante a que se refiere la fracción III del artículo 86 de este
Código.
Tratándose de los casos comprendidos en las fracciones I y II del artículo 86 de este
código, el aumento de multas, a que se refiere esta fracción, se determinará por la autoridad fiscal
correspondiente, aun después de que el infractor hubiera pagado las multas en los términos del
artículo precedente; y,
II.- Se disminuirán:
a).- De un 20% a un 30% el monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido,
en el caso de la fracción II del artículo 86 y siempre que el infractor pague o devuelva los mismos
con sus accesorios, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que surta efectos la
notificación de la resolución respectiva. Para aplicar la reducción contenida en este inciso no se
requiere modificar la resolución que impuso la multa.
ARTÍCULO 89.- Tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las
declaraciones, se impondrá una multa del 20% al 25% de las contribuciones omitidas. En caso de
que dichas contribuciones se paguen junto con sus accesorios, dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la diferencia respectiva, la multa se
reducirá a la mitad, sin que para ello se requiera resolución administrativa.
60
ARTÍCULO 89 BIS.- Tratándose de la omisión de los derechos vehiculares que a
continuación se indican, se impondrán las multas siguientes:
I.- Por no pagar total o parcialmente dentro de los plazos previstos en las leyes de la
materia, los derechos de expedición o canje de placas, se impondrá una multa de 3.2685 a 6.0210
Unidades de Medida y Actualización si el pago correspondiente se efectúa dentro de los 1 a 90
días, posteriores al vencimiento de la obligación.
II.- Por no pagar total o parcialmente dentro de los plazos previstos en las leyes de la
materia, los derechos de expedición o canje de placas, se impondrá una multa de 6.5371 a 8.6014
Unidades de Medida y Actualización se efectúa de los 91 días en adelante, posteriores al
vencimiento de la obligación.
III.- Por no pagar total o parcialmente los derechos de revalidación de placas dentro de los
plazos fijados en las leyes de la materia, se impondrá una multa de 2.4428 a 4.3007 Unidades de
Medida y Actualización si el pago correspondiente se efectúa durante el período de julio a
septiembre del año que corresponda.
IV.- Por no pagar total o parcialmente los derechos de revalidación de placas dentro de los
plazos fijados en las leyes de la materia, se impondrá una multa de 4.9028 a 6.8811 Unidades de
Medida y Actualización si el pago correspondiente se efectúa durante el período de octubre a
diciembre del año que corresponda.
En los supuestos a que se refiere este artículo no se aplicará la multa contenida en el
artículo 90 fracción XVI, de este Código aplicable a los derechos.
ARTÍCULO 90.- Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos:
I.- No solicitar la inscripción cuando se este obligado a ello o hacerlo extemporáneamente
salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea;
Se excluye de responsabilidad por la comisión de esta infracción a las personas cuya
solicitud de inscripción debe ser legalmente efectuada por otra, inclusive cuando dichas personas
queden subsidiariamente obligadas a solicitar su inscripción.
II.- No citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las
declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las
autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme a la ley;
III.- Obtener o usar más de un número de registro o de empadronamiento para el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo;
IV.- Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias o para percibir ingresos
gravables, dejando de pagar los impuestos correspondientes;
V.- No obtener oportunamente los permisos, placas, boletos de registro o cualquier otro
documento exigido por las leyes fiscales o no tenerlos en el lugar que señalan dichas disposiciones;
VI.- Producir, fabricar, transformar, almacenar o expender artículos gravados sin cumplir con
las obligaciones que establezcan las leyes fiscales;
VII.- Permitir sacar o mandar sacar de las fábricas, almacenes, bodegas o de las zonas
señaladas por las leyes fiscales, artículos o productos, sin haberse cumplido previamente las
obligaciones fiscales relativas;
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VIII.- Transportar o almacenar productos o efectos gravados por las leyes fiscales, sin haber
cumplido con las disposiciones que para esos casos establezcan esas leyes;
IX.- No llevar los sistemas de contabilidad que requieran las disposiciones fiscales; llevarlos en
forma distinta a como estas disponen; no hacer los asientos correspondientes a las operaciones
efectuadas, hacerlos incompletos o inexactos, o fuera de los plazos respectivos;
X.- Hacer, mandar hacer o permitir en su contabilidad anotaciones, asientos, cuentas,
nombres o cantidades o datos falsos; alterar, raspar o tachar en perjuicio del fisco cualquiera
anotación, asiento o constancia hecha en la contabilidad; o mandar o consentir que se hagan esas
alteraciones, raspaduras o tachaduras;
XI.- No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan
las disposiciones fiscales;
XII.- Llevar doble juego de libros con anotaciones distintas a los libros autorizados;
XIII.- No conservar los libros, documentos o correspondencia que le sean dejados en calidad
de depositario, por los visitadores, al estarse practicando visitas domiciliarias;
XIV.- No presentar o no proporcionar, o hacerlo extemporáneamente, los avisos,
declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros o documentos que exijan las
disposiciones fiscales. No comprobarlos o aclararlos cuando las autoridades fiscales lo soliciten;
XV.- Presentar los avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros y
documentos a que se refiere la fracción anterior, falsificados, alterados, incompletos o con errores
que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal;
XVI.- No pagar total o parcialmente los impuestos, las diferencias determinadas en el
dictamen fiscal estatal, las contribuciones especiales o derechos, dentro de los plazos señalados
por las leyes fiscales;
XVII.- Eludir el pago de las contribuciones y aprovechamientos como consecuencia de
inexactitudes, simulaciones, falsificaciones y otras maniobras;
XVIII.- Resistirse por cualquier medio a las visitas de inspección; no suministrar los datos e
informes que legalmente puedan exigir los inspectores; no mostrar los sistemas de contabilidad,
documentos, registros o impedir el acceso a los almacenes, depósitos, bodegas o cualquier otra
dependencia, y en general, negarse a proporcionar los elementos que se requieran para comprobar la
situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de la visita;
XIX.- Alterar o destruir los sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impedir que
se logre el propósito para el cual fueron colocados;
XX.- Señalar como domicilio fiscal para efectos del Registro Estatal de Contribuyentes, un
lugar distinto del que corresponda conforme al artículo 15;
XXI.- Se deroga.
XXII.- No presentar el aviso por cambio de domicilio;
XXIII.- No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes
fiscales que señalen las disposiciones fiscales; y
62
XXIV.- No presentar el dictamen fiscal habiendo presentado el aviso a que se refiere el
artículo 41 Bis del éste Código, o presentarlo fuera del plazo establecido en el artículo 41 QUATER
de este Código. De igual manera, no comprobarlos o aclararlos cuando las autoridades fiscales lo
soliciten.
XXV.- No presentar el dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales establecido
en el artículo 41 DECIES de este Código, estando obligado a presentarlo, o presentarlo fuera del
plazo establecido en el artículo 41 QUATER de este Código. Asimismo, presentar el dictamen
falsificado, alterado, incompleto o con errores que traigan consigo la evasión de una prestación
fiscal.
ARTÍCULO 91.- Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre los responsables
solidarios:
I.- No solicitar la inscripción cuando se este obligado a ello o hacerlo extemporáneamente,
salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea;
II.- No presentar, o hacerlo extemporáneamente, los avisos, declaraciones, los dictámenes,
manifestaciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros o documentos que exijan las
disposiciones fiscales, no comprobarlos o aclararlos cuando las autoridades fiscales lo soliciten;
III.- Presentar los avisos, dictámenes, declaraciones, manifestaciones, solicitudes, datos,
informes, copias, libros y documentos a que se refiere la fracción anterior, falsificados, alterados,
incompletos o con errores que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal;
IV.- No enterar, total o parcialmente, dentro de los plazos que establezcan las disposiciones
fiscales, el importe de prestaciones fiscales retenidas o que se debieron retener;
V.- No cerciorarse, al transportar artículos regulados, del pago de los créditos fiscales que se
hayan causado, cuando las disposiciones legales impongan esa obligación, o efectuar el transporte sin
la documentación que exijan esas disposiciones;
VI.- Tratándose de las personas que tengan fe pública, autorizar o asentar en el protocolo o en
el libro de registro, escrituras, minutas, actos o contratos, sin cumplir o cerciorarse previamente de que
se han cumplido las disposiciones fiscales o sin dar los avisos que prevengan las leyes;
VII.- Extender a las personas a que se refiere la fracción anterior, constancia de haberse
cumplido con las disposiciones fiscales en los actos en que intervengan, cuando no proceda su
otorgamiento;
VIII.- Oponerse o resistirse por cualquier medio a que se practique la visita en el domicilio
fiscal o visitas de inspección. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las
autoridades fiscales; ni proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de
valores, así como impedir el acceso a los almacenes, depósitos, bodegas o cualquiera otra
dependencia y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de
obligaciones propias o de terceros;
IX.- Alterar o destruir los sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impedir que
se logre el propósito para el cual fueron colocados; y,
X.- Señalar como domicilio fiscal para efectos del Registro Estatal de Contribuyentes, un
lugar distinto del que corresponda conforme al artículo 15.
ARTÍCULO 92.- Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre los terceros:
I.- Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre negociaciones ajenas;
63
II.- Percibir a nombre propio ingresos gravables que correspondan a otra persona, cuando
esto traiga como consecuencia omisión de créditos fiscales;
III.- No presentar o no exhibir los avisos, informes, datos, declaraciones o documentos, o no
hacerlo dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, o cuando las autoridades los exijan con
apoyo en sus facultades legales. No aclararlos cuando las mismas autoridades lo soliciten;
IV.- Presentar los informes, datos y documentos a que se refiere la fracción anterior,
incompletos, inexactos, alterados o falsificados;
V.- Asesorar o aconsejar a los sujetos pasivos para evadir el pago de una prestación fiscal
o para infringir las disposiciones fiscales; contribuir a la alteración, inscripción de cuentas, asientos
o datos falsos en los libros de contabilidad o en los documentos que se expidan, o expedir
dictámenes sobre el cumplimiento de las disposiciones fiscales que no reflejen la situación fiscal
correcta del sujeto pasivo o responsable solidario;
VI.- No prestar a las autoridades fiscales el auxilio necesario para la determinación y cobro de
una prestación en los casos en que la ley les imponga esa obligación;
VII.- Adquirir, ocultar, conservar o enajenar, productos, mercancías o artículos a sabiendas de
que no se cubrieron los créditos fiscales que en relación con los mismos se hubieran debido pagar;
VIII.- Destruir los sellos oficiales colocados por los empleados y funcionarios públicos con fines
fiscales o impidan por cualquier maniobra que se logre el propósito para el que fueron colocados;
IX.- Poseer, enajenar, poner en circulación, o en su caso, adherir en objetos, para el pago de
una prestación fiscal, calcomanías, formas numeradas, placas o tarjetones, a sabiendas de que fueron
impresas o grabadas sin autorización de la Secretaría de Hacienda, o bien de que fueron alteradas en
su valor, año de emisión, leyenda o clase;
X.- Recibir o poseer documentos en las que no se haya cumplido con las disposiciones
fiscales;
XI.- Tratándose de funcionarios o empleados públicos del Estado o los municipios, dar curso a
documentos o libros que carezcan en todo o en parte de los requisitos exigidos por las disposiciones
fiscales;
Esta responsabilidad será exigible aun cuando los funcionarios o empleados no hayan
intervenido directamente en el trámite o resolución, si les correspondía hacerlo por razón de su cargo.
XII.- Las personas a que se refiere la fracción anterior que asienten falsamente que se ha
dado cumplimiento a las disposiciones fiscales o que se practicaron visitas de inspección, o asentar
hechos falsos en las actas relativas; no practicar las visitas de inspección cuando tengan obligación de
hacerlo, alterar documentos que estén en su poder por razón de su cargo;
XIII.- Las mismas personas a que se alude en las dos fracciones precedentes, incurran en los
siguientes hechos u omisiones:
a).- Recibir el pago de una contribución y no enterar su importe dentro del plazo legal;
b).- No exigir el pago total de las prestaciones fiscales cuando tengan la obligación de
hacerlo;
c).- Intervenir en la tramitación o resolución de algún asunto cuando tengan impedimento, de
acuerdo con las disposiciones fiscales;
64
d).- Faltar a la obligación de guardar secreto respecto de los asuntos que conozcan; revelar
los datos declarados por los contribuyentes o aprovecharse de ellos. Los representantes de
contribuyentes que integren juntas calificadoras u órganos semejantes, se asimilan a los empleados o
funcionarios públicos;
e).- Exigir bajo el título de cooperación u otros semejantes cualquier prestación que no este
expresamente prevista en la ley aun cuando se aplique a la realización de las funciones propias de su
cargo;
f).- Inscribir o registrar documentos, instrumentos o libros en los que no se hayan cumplido las
disposiciones fiscales;
g).- Extender actas, expedir certificados, legalizar firmas o autorizar libros o documentos sin
exigir de los interesados el cumplimiento de las obligaciones fiscales; y,
h).- Eliminen obligaciones fiscales registradas a cargo de los contribuyentes, o concedan
descuentos sobre conceptos de los cuales no se tenga facultad expresa.
XIV.- Negarse a proporcionar los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales, ya sea por resistirse a las visitas domiciliarias, no suministrar los datos e
informes que legalmente puedan exigir los visitadores, no mostrar los libros, documentos, registros,
bodegas, depósitos, locales, o en cualquiera otra forma.
XV.- Oponerse o resistirse por cualquier medio a que se practique la visita en el domicilio
fiscal o visitas de inspección. No suministrar los datos e informes que legalmente exijan las
autoridades fiscales; ni proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de
valores, así como impedir el acceso a los almacenes, depósitos, bodegas a cualquiera otra
dependencia y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de
obligaciones propias o de terceros.
ARTÍCULO 93.- Se impondrá multa por cada infracción de las previstas en los artículos 90,
91 y 92, las cuales serán aplicadas en Unidades de Medida y Actualización, como sigue:
I.- De 8 a 20 Unidades de Medida y Actualización a las señaladas en el artículo 90 fracción
XV y 91 fracción III;
II.- La mayor que resulte entre 8 Unidades de Medida y Actualización o el 15% de las
contribuciones no pagadas, sin que este porcentaje pueda exceder de 500 Unidades de Medida y
Actualización, para las señaladas en el artículo 90, fracciones IV y XVII.
III.- La mayor que resulte entre 5 Unidades de Medida y Actualización o el 20% de las
contribuciones no pagadas, sin que este porcentaje pueda exceder de 1000 Unidades de Medida y
Actualización, para las señaladas en los artículos 90 fracción XVI y 91 fracción IV;
IV.- De 22 a 32 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los Artículos 90
fracción I y 91 fracción I;
V.- De 25 a 35 Unidades de Medida y Actualización, a la señalada en el Artículo 90 fracción
III;
VI.- De 2.2 A 44 Unidades de Medida y Actualización, a la señalada en el artículo 90
fracción II;
65
VII.- De 2.5 a 25 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos 90
fracciones V, VI, VII, VIII, XI, XII, XX y 91 fracción V;
VIII.- De 2.5 A 63 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en el artículo 90,
fracciones IX, X y XVII;
IX.- De 12.5 A 125 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos
91, fracción VII y 92 fracciones I, II, III, VI y VII;
X.- De 12.5 a 502 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos 90
fracción XIII y 91 fracción VI.
XI.- De 25 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos 90
fracción XIX, 91 fracción IX y 92 fracción VIII;
XII.- De 25 a 250 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos 90
fracción XVIII y 92 fracciones IV, V, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.
XIII.- De 150 a 300 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en los artículos
90 fracción XIV, 91 fracciones II y VIII y 92 fracción XV
XIV.- De 34 a 100 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en el artículo 90
fracciones XXII, y XXIII; y
XV.- De 400 a 700 Unidades de Medida y Actualización, a las señaladas en el artículo 90,
fracciones XXIV y XXV.
CAPITULO II
DE LOS DELITOS FISCALES
ARTÍCULO 94.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este
Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda formule la querella respectiva,
independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su
caso se tenga iniciado.
Los procesos por los delitos fiscales se sobreseerán a petición de la Secretaría de
Hacienda, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados,
las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a
satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el
Ministerio Público del Fuero Común formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las
personas a que la misma se refiera.
En los delitos fiscales en que el daño o el perjuicio sea cuantificable, la Secretaría de
Hacienda hará la cuantificación correspondiente en la propia querella. La citada cuantificación sólo
surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad provisional, el monto de la
caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes
mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo recargos, que hubiera determinado la
autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caución que se otorgue en
los términos de este párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal.
En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera
satisfacción de la Secretaría de Hacienda, la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, podrá
reducir hasta en un 50% el monto de la caución, siempre que existan motivos o razones que
justifiquen dicha reducción.
66
El monto de las cantidades establecidas en este capítulo, se actualizarán en el mes de
enero de cada año con el factor de ajuste que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al
consumidor, emitido por el Banco de México de conformidad con las disposiciones fiscales
federales, del mes de noviembre del año inmediato anterior a aquél por el que se efectué el cálculo
entre el citado índice correspondiente al mes de diciembre del segundo año inmediato anterior al
de dicho cálculo.
ARTÍCULO 95.- Cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación la autoridad fiscal
conozca de hechos presuntamente delictivos, procederá a la formulación de querella, sin perjuicio de
que la propia autoridad fiscal pueda continuar ejerciendo dichas facultades, con base en las cuales
podrán aportarse elementos adicionales.
ARTÍCULO 96.- En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción
pecuniaria; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las
contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello
afecte al procedimiento penal.
ARTÍCULO 97.- Son responsables de los delitos fiscales, quienes:
I.- Concierten la realización del delito;
II.- Realicen la conducta o el hecho descrito en la Ley;
III.- Cometan conjuntamente el delito;
IV.- Ayuden dolosamente a otro para su comisión;
V.- Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior.
VI.- Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo;
VII.- Induzcan dolosamente a otro a cometerlo;
VIII.- Tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o
de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de
evitar el resultado típico; y
IX.- Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad
independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, actos,
operaciones o prácticas, de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal.
ARTÍCULO 98.- Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma
participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará
de tres meses a tres años de prisión.
ARTÍCULO 99.- En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una
mitad más de la que resulte aplicable.
Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad
de conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso
de diversa gravedad.
ARTÍCULO 100. El derecho a formular querella de la Secretaría de Hacienda precluye y,
por lo tanto, se extingue la acción penal, en cinco años, que se computarán a partir de la comisión
del delito. Este plazo será continuo y en ningún caso se interrumpirá.
67
La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término medio
aritmético de la pena privativa de la libertad que señala este Código para el delito de que se trate,
pero en ningún caso será menor de cinco años.
Con excepción de lo dispuesto por los artículos 100 y 101, del Código Penal del Estado de
Sonora, la acción penal en los delitos fiscales prescribirá conforme a las reglas aplicables previstas
por dicho Código.
ARTÍCULO 101.- Para que proceda la condena condicional, la sustitución y conmutación
de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, además de los
requisitos señalados en el Código Penal aplicable en Materia de Fuero Común, será necesario
comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría
de Finanzas.
ARTÍCULO 102.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o
aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga
un beneficio indebido con perjuicio del fisco estatal.
El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:
I.- Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de
$600,000.00;
II.- Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de
$600,000.00, pero no de $900,000.00; y,
III.- Con prisión de tres años a ocho años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor
de $900,000.00.
Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres
meses a seis años de prisión.
El delito de defraudación fiscal será calificado cuando ésta se origine por:
a).- Usar documentos falsos;
b).- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de
contribuciones que no le correspondan; y,
c).- No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las
disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.
Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean calificados, la pena que corresponda
se aumentará en una mitad.
No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna
contribución u obtenido el beneficio indebido, lo entera espontáneamente con sus recargos, antes
de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita
o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de
las disposiciones fiscales.
Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto de las
contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones
diferentes y de diversas acciones u omisiones.
68
ARTÍCULO 103.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal,
quien:
I.- Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las
cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido;
II.- Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal;
III.- Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del
fisco estatal; y,
IV.- Sea responsable por omitir presentar, por más de doce meses, las declaraciones que
exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.
No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera
espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido
antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de
visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del
cumplimiento de las disposiciones fiscales.
ARTÍCULO 104.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:
I.- Omita solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes por más de un año
contado a partir de la fecha en que debió hacerlo;
II.- No rinda los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado conforme a este
Código o lo haga con falsedad;
III.- Use intencionalmente más de una clave del Registro Estatal de Contribuyentes; y,
IV.- Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de
domicilio al Registro Estatal de Contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita o
del ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio de la autoridad, incluyéndose la
revisión de dictámenes o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de
que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos o tratándose de personas morales
que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más
de un año contado a partir de la fecha en que legalmente se tenga obligación de presentar dicho
aviso.
No se formulará querella si, quien encontrándose en los supuestos anteriores, subsana la
omisión o informa del hecho a la autoridad fiscal antes de que ésta lo descubra o medie
requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la
comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, o si el contribuyente conserva otros
establecimientos en los lugares que tenga manifestados al Registro Estatal de Contribuyentes en el
caso de la fracción IV.
ARTÍCULO 105.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:
I.- Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o
más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos; y,
II.- Oculte, altere o destruya, total o parcialmente los sistemas y registros contables, así
como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté
obligado a llevar.
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No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores subsana la
omisión o el ilícito antes de que la autoridad fiscal lo descubra o medie requerimiento, orden de
visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del
cumplimiento de las disposiciones fiscales.
ARTÍCULO 106.- Se impondrá sanción de dos meses a ocho años de prisión, al
depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco estatal,
disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de
cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $78,000.00;
cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los
oculte o no los ponga a disposición de la autoridad competente.
ARTÍCULO 107.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al que
dolosamente:
I.- Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines
fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados.
II.- Altere o destruya las máquinas registradoras de comprobación fiscal.
III.- Fabrique, falsifique, reproduzca, enajene gratuita u onerosamente, distribuya,
comercialice, transfiera, transmita, obtenga, guarde, conserve, reciba en depósito, introduzca al
territorio del Estado, sustraiga, use, oculte, destruya, modifique, altere, manipule o posea
dispositivos de seguridad, sin haberlos adquirido legalmente.
ARTÍCULO 108.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores
públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de
autoridad fiscal competente.
ARTÍCULO 109.- Se sancionará con prisión de uno a cinco años al servidor público que
amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con
formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o
declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de
delitos fiscales.
TITULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO I
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO
Sección I
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN
ARTÍCULO 110.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal estatal, se
podrá interponer el recurso de revocación.
ARTÍCULO 111.- El recurso de revocación procederá contra:
I.- Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales estatales que:
a).- Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos;
70
b).- Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley; y,
c).- Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia
fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 44 tercer párrafo, 45 y 85 de este Código;
II.- Los actos de autoridades fiscales estatales que:
a).- Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o
que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la
autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se
refiere el artículo 27 de este Código;
b).- Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste
no se ha ajustado a la Ley;
c).- Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 119 de
este Código; y,
d).- Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 167 de este
Código.
Para efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, por resolución definitiva
deberá entenderse aquella que resolvió sobre la cuestión de fondo planteada por el contribuyente y
que por lo mismo no puede volver a conocer la autoridad resolutora, habiendo concluido la
instancia correspondiente.
Así también deberá entenderse como resolución definitiva, aquella que sin resolver del
fondo del asunto, exige al contribuyente requisitos cuyo incumplimiento resulta imposible.
ARTÍCULO 112.- El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de
revocación o promover directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora; dicha opción solo procederá antes de que el interesado
acuda al citado Tribunal. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto
administrativo que sea antecedente o consecuente de otro, a excepción de resoluciones dictadas
en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos.
Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante el
mismo Tribunal que conozca del juicio respectivo.
Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la
que sea competente.
ARTÍCULO 113.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la
autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto
impugnado, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación
excepto lo dispuesto en los artículos 118 y 175 de este Código, en que el escrito del recurso
deberá presentarse dentro del plazo que en los mismos se señala.
El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente en razón
del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre
que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como
71
fecha de presentación del escrito respectivo, la del día en que se entregue a la oficina exactora o
se deposite en la oficina de correos.
ARTÍCULO 114.- El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del
artículo 22 de este Código y señalar además:
I.- La resolución o el acto que se impugna;
II.- Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado; y,
III.- Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate;
Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna,
los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones I, II y III, la
autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con dichos
requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto
impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso; si no se señala el acto que se impugna se
tendrá por no presentado el recurso; si el requerimiento que se incumple se refiere al señalamiento
de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a
señalar los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, respectivamente.
Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas y
morales, deberá acreditarse en términos del artículo 23 de este Código.
ARTÍCULO 115.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el
recurso:
I.- Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de
personas morales, o en los que conste que ésta ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal
que emitió el acto o resolución impugnada o que se cumple con los requisitos a que se refiere el
primer párrafo del artículo 23 de este Código;
II.- El documento en que conste el acto impugnado;
III.- Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare
bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado
por correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por
edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo; y,
IV.- Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.
Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán presentarse en
fotocopia simple, siempre que obren en poder del recurrente los originales. En caso de que
presentándolos en esta forma la autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos, podrá
exigir al contribuyente la presentación del original o copia certificada.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere
podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su
disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal
requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con
toda precisión los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con
que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a
su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los
originales o de las constancias de éstos.
72
La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el
expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere
tenido oportunidad de obtenerlas.
Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones
anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro del término de
cinco días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y se trata de los
documentos a que se refieren las fracciones I a III, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se
trata de las pruebas a que se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por no ofrecidas.
ARTÍCULO 116.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos
administrativos:
I.- Que no afecten el interés jurídico del recurrente;
II.- Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de éstas o
de sentencias;
III.- Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Sonora;
IV.- Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra los
que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto;
V.- Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o
medio de defensa diferente;
VI.- Se deroga.
VII.- Si son revocados los actos por la autoridad.
ARTÍCULO 117.- Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:
I.- Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso;
II.- Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso administrativo
sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 116 de este Código;
III.- Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede
demostrado que no existe el acto o resolución impugnada; y,
IV.- Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada.
ARTÍCULO 118.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento
administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo
podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la
convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada
convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos en
cuenta abierta en instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédito o sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo, así como de bienes legalmente inembargables o actos de
imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a
partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del
día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.
73
Se deroga.
ARTÍCULO 119.- El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de
los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de
que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco
estatal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran
preferentemente a los fiscales estatales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya
aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal.
SECCIÓN II
DE LA IMPUGNACIÓN DE NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 120.- Se deroga.
SECCIÓN III
DEL TRAMITE Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO
ARTÍCULO 121.- En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto
la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se
considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales,
respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.
Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la
resolución del recurso.
La autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimiento de los hechos
controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los
mismos, así como ordenar la práctica de cualquier diligencia.
Hará prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no
admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en
documentos públicos; pero si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o
manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la
autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la
verdad de lo declarado o manifestado.
Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad.
Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las autoridades
adquieren convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas
sin sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar razonadamente esta
parte de su resolución.
Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, será aplicable
lo dispuesto en la Sección relativa a las pruebas establecida en el Título VI, relativo al
Procedimiento Contencioso Administrativo previsto en este Código.
ARTÍCULO 122.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no
excederá de tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. Transcurrido
dicho plazo sin que se notifique la resolución, se considerará que la autoridad ha confirmado el
acto impugnado, y el interesado podrá impugnarla ante el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora, en cualquier tiempo mientras no se notifique la resolución respectiva, o bien
esperar a que esta se dicte.
74
ARTÍCULO 123.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de
invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez
del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto.
La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se
consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos
del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos
expuestos en el recurso. Igualmente podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una
ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los
motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución.
No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el
recurrente.
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es
parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente.
ARTÍCULO 124.- La resolución que ponga fin al recurso podrá:
I.- Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso;
II.- Confirmar el acto impugnado;
III.- Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución;
IV.- Dejar sin efectos el acto impugnado; y,
V.- Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso
interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que
dicha resolución se encuentre firme, aun cuando hayan transcurrido los plazos que señalan los
artículos 59 y 79 de este Código.
CAPITULO II
DE LAS NOTIFICACIONES Y LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL
ARTÍCULO 125.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán:
I. Personalmente o por correo certificado o por medios electrónicos, con acuse de recibo
cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos
administrativos que puedan ser recurridos;
En tratándose de notificaciones por medios electrónicos, éstas podrán efectuarse siempre
y cuando los gobernados habiliten un correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones, el
cual deberá ser proporcionado a la autoridad fiscal.
II.- Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los
señalados en la fracción anterior;
III.- Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable el domicilio
que haya señalado para efectos del Registro Estatal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o el
de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el
75
supuesto previsto en la fracción IV del artículo 104 y en los demás casos que señalen las
disposiciones fiscales;
IV.- Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera
fallecido y no se conozca al representante de la sucesión;
V.- Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el tercer
párrafo del artículo 127 de este Código.
ARTÍCULO 126.- Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que
fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo
que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por
terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la
firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará
constar en el acta de notificación.
La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto
administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber
tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de
acuerdo con el párrafo anterior.
ARTÍCULO 127.- Las notificaciones personales se harán a quien se deba notificar:
I.- En las oficinas fiscales, si comparece personalmente el interesado, su represente legal o la
persona autorizada para recibirlas;
II.- En su domicilio fiscal, determinado de conformidad con el artículo 15 de este Código, o en
el ultimo domicilio que haya señalado para efectos del Registro Estatal de Contribuyentes, si no
comparece a las oficinas fiscales;
III.- En la casa habitación del interesado en caso de no estar la autoridad en posibilidades de
realizar la notificación en el domicilio fiscal, o en su defecto, en el lugar en que se encuentre,
tratándose de personas físicas;
IV.- En el domicilio que hubiere señalado para oír o recibir notificaciones al iniciar alguna
instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas
con el trámite o de la resolución de la instancia o del procedimiento respectivo. Bastará para
considerar que se ha señalado domicilio para recibir notificaciones en instancias o procedimientos
administrativos, el que la dirección del interesado aparezca impresa en la promoción respectiva;
V.- Por medios electrónicos, en el correo electrónico que señale el contribuyente para tales
efectos.
Se exceptúan las notificaciones ante las autoridades fiscales, tratándose de actos relativos
al procedimiento administrativo de ejecución.
Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será
siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no
esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un
vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio
de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón
de tal circunstancia para dar cuenta al jefe de la oficina exactora.
En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se
entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la notificación.
76
De las diligencias en que conste la notificación o cita, el notificador tomara razón por
escrito.
En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios
liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán
practicarse válidamente con cualquiera de ellos.
Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no
satisfechas dentro de los plazos legales, se causará a cargo de quien incurrió en el incumplimiento
la cantidad de $180.00 por concepto de honorarios de notificación, misma que la autoridad
recaudadora determinará conjuntamente con la notificación y se pagará al cumplir con el
requerimiento. Dicha cantidad se actualizará anualmente de conformidad con el artículo 149 de
este Ordenamiento.
Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aún
cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.
Cuando se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, se impondrá al
notificador una multa de diez veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
ARTÍCULO 127 BIS.- Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no
encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, señalando el día y la hora en
que se actúa, y que el objeto del mismo es para que el destinatario de la notificación espere en
dicho lugar a una hora fija del día hábil posterior que se señale en el mismo; en caso de que en el
domicilio no se encuentre alguna persona con quien pueda llevarse a cabo la diligencia o quien se
encuentre se niegue a recibir el citatorio, éste se fijará en el acceso principal de dicho lugar y de
ello, el notificador levantará una constancia.
El día y hora de la cita, el notificador deberá constituirse en el domicilio del interesado, y
deberá requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero si la persona citada o
su representante legal no acudieran a la cita, se practicará la diligencia con quien se encuentre en
el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la
notificación, ésta se hará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 125 de este Código.
ARTÍCULO 128.- Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones en los
siguientes medios:
I.- Por un día en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
II.- Por un día en un diario de mayor circulación de la localidad, si lo hubiere, caso contrario,
se fijará copia del acuerdo o resolución en los tableros de la oficina recaudadora.
III.- Durante quince días en la página electrónica que al efecto establezca la Secretaría de
Hacienda.
Las publicaciones a que se refiere este artículo contendrán un extracto de los actos que se
notifican.
Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación.
ARTÍCULO 129.- Las notificaciones por estrados se harán fijando durante diez días el
documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad
que efectúe la notificación o publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página
electrónica que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda; dicho plazo se contará a partir del
día siguiente a aquél en que el documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad
dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de
77
notificación la del décimo primer día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera
fijado o publicado el documento.
ARTÍCULO 130.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, cuando se actualice
alguno de los supuestos previstos en los artículos 85 y 131 de este Código, en alguna de las
formas siguientes:
I.- Depósito de dinero en las instituciones de crédito autorizadas para tal efecto;
II.- Prenda o hipoteca;
III.- Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden
y excusión;
IV.- Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia;
V.- Embargo en la vía administrativa;
VI.- Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se
demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las
fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de
Hacienda.
La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas,
los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su
otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su
importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los
recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.
Las garantías se otorgarán a favor de la Secretaría de Hacienda, las cuales deberán reunir
los requisitos que establece este Código. Asimismo dicha dependencia vigilará que sean
suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá
su ampliación o procederá al secuestro o embargo de otros bienes.
En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.
Las garantías subsistirán hasta que proceda su cancelación en los términos de este
Código.
Los gastos que se originen con motivo de la garantía serán por cuenta del interesado.
La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se
hubiere notificado por la autoridad fiscal estatal la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés
fiscal, salvo en los casos a que se refiere el artículo 78 Bis de este Código.
ARTÍCULO 131. - Procede garantizar el interés fiscal, cuando:
I.- Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución;
II.- Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean
cubiertos en parcialidades;
III.- Se solicite la aplicación del producto, en los términos de este Código.
IV.- En los demás casos que señalen las leyes.
78
ARTÍCULO 132.- Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren
las fracciones II, IV y V del artículo 130 de este Código, se harán efectivas a través del procedimiento
administrativo de ejecución.
Si la garantía consiste en deposito de dinero en institución nacional de crédito autorizada, una
vez que el crédito fiscal quede firme se ordenara su aplicación por la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 133.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés
fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito
fiscal hasta que venza el plazo de quince días siguientes a la fecha en que surta efectos su
notificación. Si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita ante la autoridad
ejecutora la impugnación realizada, mediante copia sellada del escrito en el que se hubiere
intentado el juicio y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá
el procedimiento administrativo de ejecución. En caso contrario, la autoridad estará facultada para
hacer efectiva la garantía, aun cuando se trate de fianza otorgada por compañía autorizada.
Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación
previsto en este Código, no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente, sino en su caso,
hasta que sea resuelto el medio de defensa señalado.
Para efectos del párrafo anterior, el contribuyente contará con un plazo de diez días
siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución que recaiga al
recurso de revocación; para pagar o garantizar los créditos fiscales en términos de lo dispuesto en
este Código.
Si al presentar el medio de defensa no se impugna la totalidad de los créditos que derivan
del acto administrativo cuya ejecución fue suspendida, deberá pagarse la parte del crédito
consentido con la actualización y los recargos correspondientes.
El procedimiento administrativo quedara suspendido hasta que se haga saber la resolución
definitiva que hubiera recaído en el recurso o juicio.
ARTÍCULO 134.- No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de
ejecución ya se hubieren embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. En todo caso,
se observara lo dispuesto en la fracción V, primer párrafo del artículo 130 de este Código.
En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de
ejecución, los interesados podrán ocurrir al superior jerárquico de la autoridad ejecutora si se esta
tramitando recurso o ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, acompañando
los documentos en que conste el medio de defensa hecho valer y la garantía del interés fiscal.
ARTÍCULO 135. - Para los efectos de la fracción I del artículo 130 de este Código, el
certificado de deposito correspondiente deberá permanecer en poder y guarda de la Pagaduría
General del Estado, mientras subsista la obligación de garantizar.
ARTÍCULO 136.- Para los efectos de la fracción II del artículo 130 de este Código, la
prenda o hipoteca se constituirá sobre los siguientes bienes:
I.- Bienes muebles por el 75% de su valor siempre que estén libres de gravámenes hasta
por ese por ciento. La Secretaría de Hacienda, podrá autorizar a instituciones y a corredores
públicos para valuar o mantener en depósito determinados bienes. Deberá inscribirse la prenda en
el registro que corresponda cuando los bienes en que recaiga estén sujetos a esta formalidad;
No serán admisibles como garantía los bienes que se encuentren en dominio fiscal o en el
de acreedores. Los de procedencia extranjera, solo se admitirán cuando se compruebe su legal
estancia en el país.
79
II.- Bienes inmuebles por el 75% del valor de avalúo o catastral. Para estos efectos se
deberá acompañar a la solicitud respectiva el certificado del Registro Público de la Propiedad en el
que no aparezca anotado algún gravamen ni afectación urbanística o agraria, que hubiera sido
expedido cuando menos con tres meses de anticipación. En el supuesto de que el inmueble
reporte gravámenes, la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar, no podrá
exceder del 75% del valor;
En la hipoteca, el otorgamiento de la garantía se hará en escritura pública que deberá
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y contener los datos relacionados con el crédito
fiscal. El otorgante podrá garantizar con la misma hipoteca los recargos futuros o ampliar la
garantía cada año en los términos del articulo142 de este Código
ARTÍCULO 137. - Para los efectos de la fracción III del artículo 130 de este Código, la
póliza en que se haga constar la fianza deberá quedar en poder y guarda de la Pagaduría General
del Estado.
ARTÍCULO 138. - Para los efectos de la fracción IV del artículo 130 de este Código, para
que un tercero asuma la obligación de garantizar el interés fiscal, deberá sujetarse a lo siguiente:
I.- Manifestar su aceptación, mediante escrito firmado ante notario público o ante la
autoridad recaudadora que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, requiriéndose en este
caso la presencia de dos testigos;
II.- Cuando sea persona moral la que garantice el interés fiscal, el monto de la garantía
deberá ser menor al 10% de su capital social, y siempre que dicha persona no haya tenido perdida
fiscal para efectos del impuesto sobre la renta en los dos últimos ejercicios de doce meses o que
aún teniéndola, esta no haya excedido de un 10% de su capital social; y,
III.- Cuando sea una persona física la que garantice el interés fiscal, el monto de la garantía
deberá ser menor al 10% de los ingresos declarados en el último ejercicio, sin incluir el 75% de los
ingresos declarados como actividades empresariales o del 10% del capital afecto a su actividad
empresarial, en su caso.
ARTÍCULO 139.- Para que un tercero asuma obligación de garantizar por cuenta de otro
en alguna de las formas a que se refieren las fracciones II y V del artículo 130 de este Código,
deberá cumplir con los requisitos que para cada una se establecen en este Ordenamiento.
ARTÍCULO 140.- Para los efectos de la fracción V del artículo 130 de este Código, el
embargo en la vía administrativa se sujetará a las siguientes reglas:
I.- Se practicará a solicitud del contribuyente, quien deberá acompañar los documentos que
le señale la autoridad fiscal;
II.- EL contribuyente señalará los bienes en que deba trabarse, debiendo ser suficientes
para garantizar el interés fiscal, siempre que en su caso se cumplan los requisitos que establece el
artículo 136 de este Código;
III.- Tratándose de personas físicas el depositario de los bienes será el propietario y en el
caso de personas morales el representante legal. Cuando a juicio de la autoridad recaudadora
exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice maniobras
tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, podrá removerlo del cargo; en este
supuesto los bienes se depositarán en almacén general de depósito y si no hubiera almacén en la
localidad, con la persona que designe el jefe de la oficina;
IV.- Deberá inscribirse en el Registro Público que corresponda, el embargo de los bienes
que estén sujetos a esta formalidad; y,
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V.- Deberá cubrirse, con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía
administrativa, los gastos de ejecución señalados en la fracción II del artículo 149 de este Código.
El pago así efectuado tendrá el carácter de definitivo y en ningún caso procederá su devolución
una vez practicada la diligencia.
ARTÍCULO 141.- La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la
autoridad fiscal competente, para que la califique, acepte si procede y le dé el trámite
correspondiente.
La autoridad fiscal para calificar la garantía ofrecida deberá verificar que se cumplan los
requisitos que se establecen en este Código en cuanto a la clase de la garantía ofrecida, el motivo
por el cual se otorgó y que su importe cubre los conceptos que señala el artículo 130 de este
Código; cuando no se cumplan, la autoridad requerirá al promovente, a fin de que en un plazo de
cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique dicho requerimiento,
cumpla con el requisito omitido; en caso contrario no se aceptará la garantía.
ARTÍCULO 142.- Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito, podrán
combinarse las diferentes formas que al efecto establece el artículo 130 de este Código, así como
sustituirse entre sí, caso en el cual, antes de cancelarse la garantía original deberá constituirse la
sustituta, cuando no sea exigible la que se pretende sustituir.
La garantía constituida podrá garantizar uno o varios créditos fiscales, siempre que la
misma comprenda los conceptos previstos en el segundo párrafo del artículo 130 de este Código.
La garantía deberá ampliarse dentro del mes siguiente a aquél en que concluya el período
a que se refiere el segundo párrafo del artículo 130 de este Código, por el importe de los recargos
correspondientes a los doce meses siguientes. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable a
aquellos casos en que por cualquier circunstancia resulte insuficiente la garantía.
ARTÍCULO 143.- La cancelación de la garantía procederá en los siguientes casos:
I.- Por sustitución de garantía;
II.- Por el pago del crédito fiscal;
III.- Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al otorgamiento de
la garantía;
IV.- En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las disposiciones
fiscales;
La garantía podrá disminuirse o substituirse por una menor en la misma proporción en que
se reduzca el crédito fiscal por pago de una parte del mismo.
ARTÍCULO 144.- Para los efectos del artículo anterior el contribuyente o el tercero que
tenga interés jurídico, deberá presentar solicitud de cancelación de garantía ante la autoridad que
la haya exigido o recibido, acompañando los documentos que en la misma se señalen.
La cancelación de las garantías en las que con motivo de su otorgamiento se hubiera
efectuado inscripción en registro público, se hará mediante oficio de la autoridad al registro público
que corresponda.
CAPITULO III
81
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 145.- La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo establecido en las
disposiciones respectivas, determina que el crédito sea exigible.
Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido
cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante el procedimiento
administrativo de ejecución.
Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del
contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando:
I.- El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de
comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido
o por ignorarse su domicilio;
II.- Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o
exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes;
III.- El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad en su domicilio, o en su
defecto, exhibir copias de la misma tratándose de facultades de comprobación de las autoridades
fiscales fuera de una visita domiciliaria que acredite en ambos casos el cumplimiento de las
disposiciones fiscales, a que se está obligado;
IV.- El crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por
la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista
peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento.
En este caso, la autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente al de la
contribución o contribuciones determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro
de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la
diligencia y se levantará el embargo; y
V.- Tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo estén o la garantía
resulte insuficiente, excepto cuando haya declarado, bajo protesta de decir verdad, que son los
únicos bienes que posee.
La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que
precise las razones del embargo.
La autoridad requerirá al obligado, en el caso de la fracción IV de este artículo para que
dentro del término de 10 días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo. Transcurrido el
plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio,
éste quedará firme.
El embargo precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos a
que se refieren los artículos 59 y 61 de este Código en el caso de las fracciones II y III y de 18
meses en el de la fracción I, contados desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que
determine créditos fiscales. Si dentro de los plazos señalados la autoridad los determina, el
embargo precautorio se convertirá en definitivo y se proseguirá el procedimiento administrativo de
ejecución conforme a las disposiciones de este Capítulo, debiendo dejar constancia de la
resolución y de la notificación de la misma en el expediente de ejecución. Si el particular garantiza
el interés fiscal en los términos del artículo 130 se levantará el embargo.
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El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se
convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el
procedimiento administrativo de ejecución.
Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo las disposiciones
establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de
ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.
En ningún caso se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para cobrar
créditos derivados de productos.
ARTÍCULO 146. - El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco
años.
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser
legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término
para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor
notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la
existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del
procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.
La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la
autoridad fiscal o a petición de los contribuyentes.
Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente
hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o
cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.
El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando este se
haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser
legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que se encontraba
suspendido por las causas previstas en este artículo.
Cuando se suspende el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del
artículo 133 de este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción.
Se deroga.
ARTICULO 146-BIS.- La Secretaría de Hacienda podrá cancelar créditos fiscales por
incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios.
Se considerarán créditos de cobro incosteable, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al
equivalente en moneda nacional a 2,000 unidades de inversión, aquellos cuyo importe sea inferior
o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo de
recuperación rebase el 75% del importe del crédito, así como aquellos cuyo costo de recuperación
sea igual o mayor a su importe.
Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan
bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan
localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento
administrativo de ejecución.
Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para
determinar si se cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo
párrafo de este artículo, se determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables.
83
La Secretaría de Hacienda expedirá Reglas de Carácter General para la aplicación de este
artículo. En tanto se emitan las citadas Reglas, se aplicará supletoriamente el Acuerdo por el que
se establecen Reglas de Carácter General para la cancelación de créditos fiscales a favor de la
Federación, conforme a lo previsto en el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación.
La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago.
ARTÍCULO 146-TER.- La Secretaría de Hacienda podrá reducir total o parcialmente
multas y recargos por infracciones a las disposiciones fiscales, a solicitud por escrito del sujeto
obligado o su representante legal donde exprese las circunstancias que dificultan el regularizarse
fiscalmente, para valoración y de proceder, la autorización que corresponda, siempre y cuando el
importe de cada concepto a reducir, sean inferiores o iguales al equivalente en moneda nacional a
800 unidades de medida y actualización.
Lo previsto en este artículo no constituye instancia, las autorizaciones que otorguen no
podrán ser impugnadas por los particulares y deberán ser publicadas conforme a las reglas que al
efecto emitan las autoridades correspondientes.
ARTÍCULO 146 QUÁTER.- Se deroga.
ARTÍCULO 146 QUINQUIES.- Tratándose de créditos fiscales a cargo de cualquier entidad
paraestatal de la Administración que se encuentre en proceso de extinción o liquidación, así como
a cargo de cualquier sociedad, asociación o fideicomiso en el que, sin tener el carácter de entidad
paraestatal, el Gobierno Estatal o una o más entidades de la Administración Pública paraestatal,
conjunta o separadamente, aporten la totalidad del patrimonio o sean propietarias de la totalidad de
los títulos representativos del capital social, que se encuentre en proceso de liquidación o extinción,
operará de pleno derecho la extinción de dichos créditos, sin necesidad de autorización alguna,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I.- Que exista dictamen de auditor externo en el que se manifieste que la entidad no sea
titular de activo alguno con el que sea posible ejecutar el cobro total o parcial de los créditos,
excluyendo aquellos que se encuentren afectos mediante garantía real al pago de obligaciones que
se encuentren firmes y que sean preferentes a las fiscales federales en términos de lo dispuesto
por este Código.
II.- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del
Estado de Sonora deberá informar a las autoridades fiscales de la actualización de la hipótesis
prevista en la fracción anterior.
Cumplido lo anterior los créditos fiscales quedarán cancelados de las cuentas públicas.
ARTÍCULO 146 SEXIES.- Los créditos fiscales que se encuentren registrados por la
autoridad como créditos incobrables, se extinguirán transcurridos cinco años contados a partir de
que se haya realizado dicho registro, cuando exista imposibilidad práctica de cobro.
Para estos efectos, se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre
otras, cuando los deudores no tengan bienes embargables, el deudor hubiera fallecido o
desaparecido sin dejar bienes a su nombre o cuando por sentencia firme hubiera sido declarado en
quiebra por falta de activo y siempre que no existan responsables solidarios.
ARTÍCULO 147.- Las controversias que surjan entre el fisco estatal y el fisco federal
relativas al derecho de preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales, se resolverán por
los Tribunales Judiciales de la Federación; tratándose de controversias de derechos preferenciales
que se susciten entre el Fisco Estatal y el Municipal, su conocimiento competerá a los Tribunales
84
del Estado de Sonora, tomándose en cuenta en ambos casos las garantías constituidas y conforme
a las siguientes reglas:
I.- La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por impuestos sobre
la propiedad raíz, tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de
éstos; y,
II.- En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de
primer embargante.
ARTÍCULO 148.- El fisco estatal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos
provenientes de ingresos que el Estado debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con
prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de
indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito
indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal,
las garantías se hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto de los adeudos
por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.
La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en
forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.
En ningún caso el fisco estatal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de
quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el Juez que conozca del asunto deberá dar aviso a
las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a
través del procedimiento administrativo de ejecución.
ARTÍCULO 149.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de
ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas
a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las
diligencias que a continuación se indican:
I.- Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del artículo 151 de este Código;
II.- Por la de embargo, incluyendo el señalado en el artículo 130, fracción V de este
Código; y,
III.- Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco estatal.
Cuándo en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a $380.00,
se cobrará esa cantidad en vez del 2% del crédito.
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere
este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder de $30,000.00.
Las cantidades en pesos a que se refieren los párrafos segundo y tercero de este artículo,
se actualizarán en el mes de enero de cada año, conforme al factor que se obtenga de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
El factor aplicable será el que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor
del mes de noviembre inmediato anterior entre el índice nacional de precios al consumidor del mes
de diciembre inmediato anterior.
Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se
incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso
deriven de los embargos señalados en el artículo 130 fracción V de este Código, que únicamente
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comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación
de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones o cancelaciones en el registro
público que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de
gravámenes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las
personas que contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien
expresamente al cobro de tales honorarios.
Cuando el requerimiento y el embargo a que se refiere este artículo se lleven a cabo en
una misma diligencia se efectuará un solo cobro por concepto de gastos de ejecución.
Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse
junto con los demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación.
Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se destinarán al
establecimiento de un fondo revolvente de gastos de cobranza, salvo que por Ley estén destinados
a otros fines. El destino de estos ingresos será con independencia del presupuesto que tengan
asignado las autoridades fiscales estatales para dichos gastos de cobranza.
La Secretaría de Hacienda expedirá Reglas de Carácter General para la aplicación del
fondo revolvente señalado en el párrafo anterior. En tanto se emitan las citadas Reglas, se aplicará
supletoriamente la reglamentación que, en su caso, hayan emitido las autoridades fiscales para
regular el cobro y aplicación de los gastos de ejecución.
Cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de un avalúo, y éste resulte superior
en más de un 10% del valor declarado por el contribuyente, éste deberá cubrir el costo de dicho
avalúo.
ARTÍCULO 150. - Para determinar un crédito fiscal en los casos de falta de presentación de
las declaraciones, dentro de los plazos establecidos en este Código u otras leyes fiscales, la
Secretaría de Hacienda o sus oficinas recaudadoras requerirán al contribuyente moroso para que
presente en un plazo de tres días la declaración o declaraciones omitidas; de lo contrario, la Secretaría
de Hacienda o sus oficinas exactoras procederán a formular una liquidación provisional del impuesto
correspondiente, tomando como base la contribución mas alta declarada durante los tres últimos
pagos o a falta de estos datos con los que tengan a su alcance, y si en el término de quince días no
presentare su declaración, la liquidación provisional se considerará como formulada por el
contribuyente, para el efecto de seguir el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la
facultad de revisión de la Secretaría de Hacienda.
SECCIÓN II
DEL EMBARGO
ARTÍCULO 151.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y
el importe de sus accesorios legales o para garantizar el pago de dicho crédito, requerirán de pago
al deudor y en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado o haber garantizado,
procederán a embargar de inmediato en el orden siguiente:
I.- Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida
que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier
otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o inversión en moneda nacional o
extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el
contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el
retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria
conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un
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monto de 20 Unidades de Medida y Actualización elevados al año, tal como establece la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
II.- Dinero, cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y,
en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la
Federación, estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia.
III.- Bienes inmuebles o derechos reales, en este caso, el contribuyente o su representante
legal deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier
gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o pertenecen a
sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá requerir a
éste para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento de que el bien que
pretende asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su caso, proporcione la documentación
con la que cuente para acreditar su dicho.
IV.- Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención
y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales.
V.- Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así
como instrumentos de artes y oficios, indistintamente.
VI.- Metales preciosos.
VII.- Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.
VIII.- La negociación del contribuyente.
El embargo de bienes inmuebles, de derechos reales o de negociaciones de cualquier
género se inscribirá en el Registro Público, en atención a la naturaleza de los bienes o derechos
de que se trate.
Cuando los bienes inmuebles, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en
la jurisdicción de dos o más oficinas del Registro Público que corresponda en todas ellas se
inscribirá el embargo.
ARTÍCULO 151 BIS.- Tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados y no
estén debidamente garantizados, la autoridad fiscal procederá a la inmovilización de depósitos
bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en
cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, a excepción de los
depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las
aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones efectuadas
conforme a la Ley de la materia.
Sólo procederá la inmovilización hasta por el importe del crédito fiscal y sus accesorios o,
en su caso, hasta por el importe en el que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no
alcance a cubrir los mismos a la fecha en que se lleve a cabo la inmovilización. Lo anterior,
siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y
los saldos que existan en las mismas.
La autoridad fiscal ordenará mediante oficio dirigido a la unidad administrativa competente
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a la entidad
financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto de
que éstas últimas realicen la inmovilización y conserven los fondos depositados. Para efectos de lo
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anterior, la inmovilización deberán realizarla a más tardar al tercer día siguiente a aquel en que les
fue notificado el oficio de la autoridad fiscal.
Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores
que hayan ejecutado la inmovilización de los depósitos o seguros en una o más cuentas del
contribuyente, deberán informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal que la
ordenó, a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en que se ejecutó, señalando el número de
las cuentas, así como el importe total que fue inmovilizado. La autoridad fiscal notificará al
contribuyente sobre dicha inmovilización, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que le
hubieren comunicado ésta.
En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, sociedades de ahorro y
préstamo o de inversiones y valores, haga del conocimiento de la autoridad fiscal que la
inmovilización se realizó en una o más cuentas del contribuyente por un importe mayor al señalado
en el segundo párrafo de este artículo, ésta deberá ordenar a más tardar dentro de los tres días
siguientes a aquél en que hubiere tenido conocimiento de la inmovilización en exceso, que se
libere la cantidad correspondiente. Dichas entidades o sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos inmovilizados en exceso, a más
tardar al tercer día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la autoridad
fiscal.
En caso de que en las cuentas, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito
fiscal y sus accesorios, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que
se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos, a efecto de determinar si el
contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad
o sociedad procederá a inmovilizar a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que
se les ordene la inmovilización y conservar los recursos depositados hasta por el monto del crédito
fiscal. En caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad correspondiente deberá
notificarlo a la autoridad fiscal, dentro del plazo de tres días contados a partir de la fecha de
inmovilización, a fin de que dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo
anterior.
La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar a la
autoridad fiscal a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos
por los intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al
cuentahabiente.
Únicamente después de ser requerido el pago al contribuyente y que éste no lo realice
dentro de un plazo de diez días, podrán transferirse los fondos de la cuenta del contribuyente
cuando el crédito fiscal relacionado, incluyendo sus accesorios quede firme, y hasta por el importe
que resulte suficiente para cubrirlo a la fecha en que se realice la transferencia.
En los casos en que el crédito fiscal incluyendo sus accesorios, aún no quede firme, el
contribuyente titular de las cuentas inmovilizadas, podrá ofrecer una garantía que comprenda el
importe del crédito fiscal, incluyendo sus accesorios a la fecha de ofrecimiento. La autoridad, de
conformidad con los términos y requisitos de las reglas generales, deberá resolver y notificar al
contribuyente sobre la admisión, rechazo o sustitución de la garantía ofrecida, o el requerimiento
de requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de cinco días siguientes a la presentación de
la garantía. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera o la sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro
del plazo de cinco días siguientes a aquél en que haya notificado dicha resolución al contribuyente;
si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará la
inmovilización de la cuenta.
En ningún caso procederá la inmovilización de los depósitos o seguros, por un monto
mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se
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trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la
autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.
ARTÍCULO 151 TER.- En los casos en que el crédito fiscal se encuentre firme, la autoridad
fiscal procederá como sigue:
I.- Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció una
forma de garantía del interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal quedara firme o no
atiende el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 151 Bis, la autoridad fiscal ordenará a
la entidad financiera o sociedad cooperativa la transferencia de los recursos hasta por el monto del
crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no
alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo
deberán informar a la autoridad fiscal, dentro de los tres días posteriores a la orden de
transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de los
fondos a la cuenta de la Secretaría de Hacienda.
II.- Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a las establecidas
en las fracciones I y III, del artículo 130 de este Código, la autoridad fiscal procederá a requerir al
contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días siguientes a la
notificación del requerimiento. En caso de no efectuarlo, la autoridad fiscal podrá, indistintamente,
hacer efectiva la garantía ofrecida, o proceder en los términos de la fracción anterior, a la
transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que la entidad financiera o la
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, informe a la autoridad fiscal haber transferido los
recursos suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá proceder en un plazo
máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente.
III.- Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las formas establecidas en
las fracciones I y III, del artículo 130 de este Código, la autoridad fiscal procederá a hacer efectiva
la garantía.
IV.- Si el interés fiscal no se encuentra garantizado, la autoridad fiscal deberá proceder al
embargo en los términos del artículo 151 de este Código.
En los casos indicados en este artículo, las entidades financieras o sociedades de ahorro y
préstamo o de inversiones y valores deberán informar a la autoridad fiscal que ordenó la
transferencia el monto transferido, a más tardar al tercer día siguiente de la fecha en que ésta se
realizó. La autoridad fiscal deberá notificar al contribuyente la transferencia de los recursos,
conforme a las disposiciones aplicables, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que se hizo
de su conocimiento la referida transferencia.
Si al transferirse el importe el contribuyente considera que éste es superior al
crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante la autoridad fiscal con prueba documental suficiente,
para que dicha autoridad proceda al reintegro de la cantidad transferida en exceso en un plazo no
mayor de veinte días a partir de que se notifique al contribuyente la transferencia de los recursos.
Si a juicio de la autoridad fiscal las pruebas no son suficientes, se lo notificará dentro del plazo
antes señalado, haciéndole saber que puede hacer valer el recurso de revocación correspondiente,
o bien, presentar juicio contencioso administrativo.
ARTÍCULO 152. - El ejecutor designado por la autoridad fiscal competente se constituirá
en el domicilio fiscal del deudor, o en su defecto, en cualquier otro de los lugares en que se
encuentre, de conformidad con el artículo 127 de este Código, y deberá identificarse ante la
persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes,
con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para
las notificaciones personales en el artículo citado con antelación.
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De esta diligencia se levantará acta pormenorizada de la que se entregará copia a la
persona con quien se entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a que se refiere el
artículo 48 de este ordenamiento.
Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento, en su caso, se hizo por
edictos, la diligencia se entenderá con la autoridad municipal o local de la circunscripción de los
bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se
entenderá con él.
ARTÍCULO 153. - El deudor, o en su defecto, la persona con quien se entienda la
diligencia de requerimiento de pago y embargo, tendrá derecho a que en esta intervengan dos
testigos y a designar los bienes que deban embargarse, siempre que se sujete al orden
establecido en el artículo 151 de este Código.
ARTÍCULO 154.- El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el
artículo 151 del presente Código:
I.- Si el deudor no ha señalado bienes suficientes a juicio del mismo ejecutor o si no ha
seguido dicho orden al hacer el señalamiento;
II.- Si el deudor, teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare:
a).- Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora; y,
b).- Bienes que ya reportaren cualquier gravamen real.
SECCIÓN III
DE LA INTERVENCIÓN
ARTÍCULO 155. Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o
de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras bajo su
responsabilidad nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su
cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste
deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría,
pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su
resguardo o entregarlos al nuevo depositario.
En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de
administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y
obligaciones señaladas en los artículos 164, 165 y 166 de este Código. Cuando las autoridades
fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado tendrá el carácter de interventor con
cargo a la caja o de administrador.
La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a
satisfacción de las autoridades fiscales.
El ejecutor podrá colocar sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes
embargados, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 152
de este Código.
El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la
oficina exactora, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado.
ARTÍCULO 156.- Si los bienes señalados para la traba de ejecución están ya embargados por
otras autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará no obstante el secuestro
administrativo. Los bienes embargados se entregarán al depositario designado por la oficina ejecutora
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o por el ejecutor, y se dará aviso a la autoridad correspondiente para que él o los interesados puedan
demostrar su derecho de prelación en el cobro.
Si los bienes señalados para la ejecución hubieren sido ya embargados por parte de
autoridades fiscales federales, se practicara el secuestro y se harán valer los derechos del estado ante
la autoridad administrativa federal en los términos del Código Fiscal de la Federación.
ARTÍCULO 157.- Quedan exceptuados de embargo:
I.- El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares;
II.- Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo lujo a juicio del
ejecutor;
III.- Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión,
arte u oficio a que se dedique el deudor;
IV.- La maquinaria, enseres y semovientes propios para las actividades de las negociaciones
industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas en cuanto fueren necesarios para su funcionamiento
a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación a que estén destinados;
V.- Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las
leyes;
VI.- Los granos, mientras estos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las
siembras;
VII.- El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;
VIII.- Los derechos de uso o de habitación.
IX.- El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su inscripción
en el Registro Público de la Propiedad;
X.- Los sueldos hasta por el monto del salario mínimo general de la zona en que resida el
deudor;
XI.- Las pensiones de cualquier tipo; y,
XII.- Los ejidos.
ARTÍCULO 158.- Si al designarse bienes para el embargo, se opusiere un tercero
fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto
la propiedad con prueba documental suficiente a juicio del ejecutor. La resolución dictada tendrá el
carácter de provisional y deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos por la oficina
ejecutora, a la que deberán allegarse los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si
a juicio de la ejecutora las pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con la
diligencia y, de embargarse los bienes, notificará al interesado que puede hacer valer el recurso de
revocación en los términos de este Código.
ARTÍCULO 159.- El embargo de créditos será notificado personalmente por el ejecutor a los
deudores del embargado para que hagan el pago de las cantidades respectivas en la caja de la oficina
ejecutora, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia.
Llegado el caso de que un deudor, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior,
hiciere pago de un crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público de la Propiedad, el
jefe de la oficina ejecutora requerirá al acreedor embargado para que, dentro de los cinco días
91
siguientes a la notificación, firme la escritura de pago y cancelación o el documento en que deba
constar el finiquito.
En caso de abstención del acreedor, transcurrido el plazo indicado, el jefe de la oficina firmará
la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél, lo que hará del conocimiento del Registro
Público de la Propiedad para los efectos procedentes.
ARTÍCULO 160.- Cuando se embarguen dinero, metales preciosos, alhajas, objetos de arte o
valores mobiliarios, el depositario los entregará inmediatamente, previo inventario, en la caja de la
oficina ejecutora y esta remitirá los bienes, con excepción del dinero a la Secretaría de Hacienda
dentro de las 48 horas siguientes al secuestro.
La Secretaría de Hacienda proveerá lo conducente respecto de dichos bienes.
ARTÍCULO 161. - Las sumas de dinero objeto del secuestro, así como el importe de los frutos
y productos de los bienes secuestrados, o los resultados de las negociaciones intervenidas, se
aplicarán en los términos del artículo 19 de este Código. Si se embargare un inmueble, los frutos y
productos se aplicaran de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 19.
ARTÍCULO 162.- Si el deudor o cualquiera otra persona impidiera materialmente al ejecutor el
acceso al domicilio de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo
requiera, el ejecutor actuará en los términos del artículo siguiente.
ARTÍCULO 163. - Si durante el secuestro administrativo la persona con quien se entienda la
diligencia no abriere las puertas de las construcciones, edificio o casas que se embarguen o donde se
presuma que existen bienes muebles embargables, el ejecutor levantará acta circunstanciada ante la
presencia de dos testigos o policías del punto. El encargado de la oficina recaudadora de la
jurisdicción del deudor hará de inmediato la denuncia del caso ante el agente del ministerio público
correspondiente, de la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad en el ejercicio de sus
funciones, y asimismo para el efecto de que este recabe la orden judicial para la rotura de las
cerraduras que fuere necesario romper, para que el depositario tome posesión del inmueble o para
que siga adelante la diligencia.
Cuando la persona con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles que el ejecutor
suponga contienen dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables, éste trabará embargo
en los muebles cerrados y de su contenido, sellándolos y enviándolos en deposito a la oficina exactor
donde serán abiertos en él termino de tres días por el deudor o su representante legal, y en caso
contrario, por un experto designado por la oficina en la forma que determine la Secretaría de
Hacienda, ante la presencia del interesado, haciéndose constar la diligencia de apertura en acta
debidamente circunstanciada. En caso de que el interesado no se encuentre presente, la actuación se
llevará a cabo ante la presencia de dos testigos, que designará la propia Secretaría de Hacienda.
Tratándose de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o bien de difícil transportación, el ejecutor
trabará embargo sobre ellos y su contenido y los sellara; para su apertura se seguirá el procedimiento
establecido en el párrafo anterior.
Cualquiera otra dificultad que se suscite tampoco impedirá la prosecución de la diligencia de
embargo. El ejecutor la subsanará discrecionalmente, a reserva de lo que disponga el jefe de la oficina
ejecutora.
ARTÍCULO 164.- El interventor encargado de la caja después de separar las
cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que
se refiere este Código, a s í c o m o l o s c o s t o s y g a s t o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a
o p e r a c i ó n d e l a n e g o c ia c i ó n , deberá retirar de la negociación intervenida h a s t a e l
1 0 % d e l o s ingresos en efect ivo y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente
o a medida que se efectúe la recaudación.
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Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones de la negociación intervenida,
por conceptos distintos a los señalados en el párrafo anterior, que impliquen retiros, traspasos,
transferencias, pagos o reembolsos, deberán ser aprobados previamente por el interventor, quien
además llevará un control de dichos movimientos, pudiendo ordenar que el 25% de las cantidades
que ingresen a las cuentas del contribuyente intervenido sean enteradas al fisco estatal hasta que se
cubra el monto total de los créditos fiscales con sus respectivos accesorios.
Para ello, se aplicará en lo conducente, lo dispuesto en las leyes de la materia.
Cuando el interventor tenga conocimiento de i r r e g u l a r i d a d e s en el manejo de la
negociación o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco estatal, dictará las
medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará
cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá ratificarlas o modificarlas.
Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina
ejecutora ordenará que cese la intervención con cargo a la caja y se convierta en
administración, o bien se procederá a enajenar la negociación, conforme a este Código y las
demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 165.- El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente
correspondan a la administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran
cláusula especial conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos
y cobranzas, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de
estas últimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, así como para otorgar los poderes generales
o especiales que juzgue conveniente, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que él
mismo hubiere conferido.
El interventor administrador no quedará supeditado a su actuación al consejo de
administración, asamblea de accionistas, socios o partícipes.
Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor
administrador tendrá todas las facultades de dueño para la conservación y buena marcha del
negocio.
ARTÍCULO 166.- El interventor administrador tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora; y,
II.- Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios obtenidos en la negociación
intervenida y entregar su importe en la caja de la oficina ejecutora a medida que se efectúe la
recaudación después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y
demás créditos preferentes a que se refiere este Código;
El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. Cuando se den los
supuestos de enajenación de la negociación intervenida a que se refiere el artículo 171 de este
Código, se procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos
siguientes de este Capítulo.
ARTÍCULO 167.- El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el
Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora que corresponda al domicilio de la negociación
intervenida.
ARTÍCULO 168.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 165 de este Código, la
asamblea y administración de la sociedad podrán continuar reuniéndose regularmente para
conocer de los asuntos que les competen y de los informes que formule el interventor
administrador sobre el funcionamiento y las operaciones de la negociación, así como para opinar
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sobre los asuntos que les someta a su consideración. El interventor podrá convocar a asamblea de
accionistas, socios o partícipes y citar a la administración de la sociedad con los propósitos que
considere necesarios o convenientes.
ARTÍCULO 169.- En caso de que la negociación que pretenda intervenir ya lo estuviera
por mandato de otra autoridad, se nombrará no obstante el nuevo interventor, que también lo será
para las otras intervenciones mientras subsista la efectuada por las autoridades fiscales, salvo que
se trate de una intervención efectuada por el Fisco Federal, supuesto en el cual se deberá estar a
lo previsto en las disposiciones fiscales federales aplicables. La designación o cambio de
interventor se pondrá en conocimiento de las autoridades que ordenaron las anteriores o
posteriores intervenciones.
ARTÍCULO 170.- La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho
o cuando de conformidad con este Código se haya enajenado la negociación. En estos casos la
oficina ejecutora comunicará el hecho al Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora que
corresponda para que se cancele la inscripción respectiva.
ARTÍCULO 171.- Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la
negociación intervenida cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el
24% del crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un
determinado período del año, en cuyo caso el porciento será el que corresponda al número de
meses transcurridos a razón del 8% mensual y siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el
porciento del crédito que resulte.
ARTÍCULO 172.- Los secuestros administrativos podrán ampliarse en cualquier momento
del procedimiento de ejecución, cuando la Secretaría de Hacienda o la oficina ejecutora estime que
los bienes embargados son insuficientes para cubrir las prestaciones fiscales insolutas y los
vencimientos inmediatos.
SECCIÓN IV
DEL REMATE DE LOS BIENES
ARTÍCULO 173. - La enajenación de bienes embargados, procederá:
I.- A partir del día siguiente a aquél en que se hubiese fijado la base en los términos del
artículo 175 de este Código;
II.- En los casos de embargo precautorio a que se refiere el artículo 145 de este Código,
cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento;
III.- A solicitud del embargado o cuando éste no proponga comprador dentro del plazo a
que se refiere la fracción III del artículo 194 de este Código;
IV.- Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaído en los medios
de defensa que se hubieren hecho valer;
ARTÍCULO 174.- Salvo los casos que este Código autoriza, toda enajenación se hará en
subasta pública que se celebrara en el local de la oficina ejecutora o a través de medios electrónicos.
La Secretaría de Hacienda, con el objeto de obtener un mayor rendimiento, podrá designar
otro lugar para la enajenación u ordenar que los bienes embargados se enajenen en lotes,
fracciones o en piezas sueltas.
ARTÍCULO 175. - La base para enajenación de los bienes embargados, se hará conforme
a las siguientes reglas:
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I.- Tratándose de bienes inmuebles o negociaciones, embargados será la del avalúo
practicado por corredor público, perito valuador autorizado, institución de crédito o empresa o
institución dedicada a la compraventa o subasta de bienes nombrado por la oficina que deba
proceder a la enajenación;
II.- Tratándose de bienes no señalados en la fracción anterior, será la que fijen de común
acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que
se hubiere practicado el embargo. A falta de acuerdo la autoridad practicará el avalúo
correspondiente, o determinará el valor del bien con información publicada por terceros
independientes;
III.- En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo
practicado o el valor determinado conforme a las fracciones anteriores;
IV.- El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha,
podrán hacer valer el recurso de revocación en contra del supuesto previsto en la fracción II, inciso
d) del artículo 111 de este Código, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos
la notificación a que se refiere la fracción anterior, debiendo designar en el mismo como perito de
su parte a cualquiera de los valuadores señalados en la fracción I de este artículo;
V.- Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo
legal o haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se
presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere la fracción VII de este artículo, se tendrá
por aceptado el avalúo hecho por la autoridad;
VI.- Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores
resulte un valor superior a un 10% al determinado conforme a la fracción I de este artículo, la
autoridad exactora designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador que será
cualquiera de los señalados en la citada fracción. El avalúo que se fije será la base para la
enajenación de los bienes; y,
VII.- En todos los casos a que se refieren las fracciones que anteceden, los peritos deberán
rendir su dictamen en un plazo de diez días si se trata de bienes muebles, veinte días si son
inmuebles y treinta días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación.
ARTÍCULO 175 BIS.- Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales, tendrán vigencia
de doce meses, contados a partir de la fecha en que se emitan, mismos que podrán practicarse por
las instituciones de crédito, corredor público, perito valuador registrado ante el Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora y por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales.
En aquellos casos en que después de realizado el avalúo se lleven a cabo construcciones,
instalaciones o mejoras permanentes al bien de que se trate, los valores consignados en dicho
avalúo quedarán sin efecto, aún cuando no haya transcurrido el plazo señalado en el párrafo que
antecede.
Cuando los avalúos sean referidos a una fecha anterior a aquella en que se practiquen, se
procederá conforme a lo siguiente:
I.- Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo.
II.- La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior, se dividirá entre el factor que se
obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes inmediato anterior a aquel
en que se practique el avalúo, entre el índice del mes al cual es referido el mismo.
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III.- El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será el valor del bien a la
fecha a la que el avalúo sea referido.
El valuador podrá efectuar ajustes a este valor cuando existan razones que así lo justifiquen,
las cuales deberán señalarse expresamente en el avalúo. Una vez presentado dicho avalúo no
podrán efectuarse estos ajustes.
ARTÍCULO 176.- El remate podrá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el
avalúo, para que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La convocatoria se hará
cuando menos diez días antes del inicio del período señalado para el remate debiendo mantenerse
en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate.
La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora se dará a conocer
en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda. En la convocatoria se darán a conocer los
bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así como los requisitos
que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo.
Los bienes sujetos a remate se encontrarán a la visita del público interesado en los lugares y
horarios que se indiquen en la página de internet de la Secretaría de Hacienda.
ARTÍCULO 176 BIS.- En la página electrónica de subastas de la Secretaría de Hacienda, se
especificará el periodo correspondiente a cada remate, el registro de los postores y las posturas
que se reciban, así como la fecha y hora de su recepción.
Cada subasta tendrá una duración de ocho días que empezará a partir de las doce horas del
primer día y concluirá a las doce horas del octavo día. En dicho periodo los postores presentarán sus
posturas y podrán mejorar las propuestas.
Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una
postura que mejore los anteriores, el remate no se cerrará conforme al término mencionado en el
párrafo precedente, en este caso y a partir de las doce horas del día de que se trate, la Secretaría de
Hacienda concederá plazos sucesivos de cinco minutos cada uno, hasta que la última postura no
sea mejorada. Una vez trascurrido el último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por
concluido el remate.
ARTÍCULO 176 TER.- Mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer
comprador que ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal.
ARTÍCULO 176 QUÁTER.- El documento digital en que se haga la postura, deberá contener
los siguientes datos:
I.- Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor y,
en su caso, las claves del Registro Estatal de Contribuyentes y del Registro Federal de
Contribuyentes; tratándose de sociedades, el nombre o razón social, la fecha de constitución, las
claves del registro estatal de contribuyentes y registro federal de contribuyentes en su caso y el
domicilio social.
II.- La cantidad que se ofrezca.
III.- El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se
reintegrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito.
IV.- La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones.
V.- El monto y número de la transferencia electrónica de fondos que se haya realizado.
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Si las posturas no cumplen con los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los
que se señalen en la convocatoria, la Secretaría no las calificará como posturas legales, situación
que se hará del conocimiento del interesado.
ARTICULO 177.- Los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes
correspondientes a los últimos diez años, el cual deberá obtenerse oportunamente, serán notificados
personalmente del periodo de remate señalado en la convocatoria y en caso de no ser factible por
alguna de las causas a que se refiere la fracción IV del artículo 125, se tendrán como notificados de la
fecha en que se efectuará el remate, en aquella en que la convocatoria se haya fijado en sitio visible
de la oficina ejecutora, siempre que en dicha convocatoria se exprese el nombre de los acreedores.
Los acreedores mencionados en el párrafo anterior, tendrán derecho a concurrir al remate y
hacer las observaciones que estimen del caso, las cuales serán resueltas por la respectiva autoridad
ejecutora en el acto de la diligencia.
ARTÍCULO 178. - En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes, el
embargado podrá pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la proporción
del pago, tomándose en cuenta el precio del avalúo.
Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o sentencia
favorable derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran
rematado, enajenado o adjudicado los bienes que obliguen a la autoridad a entregar los mismos,
este deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga
su disposición, en caso de no hacerlo se causarán derechos de almacenaje a partir del día
siguiente.
ARTÍCULO 179. - Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado
como base para remate.
ARTÍCULO 180. - En toda postura deberá ofrecerse de contado como mínimo, la parte
suficiente para cubrir el interés fiscal, si este es superado por la base fijada para el remate, se
procederá en los términos del artículo 195 de este Código.
Los bienes, fracción o lote de bienes, cuya base para la venta sea igual o inferior al interés
fiscal, sólo podrán rematarse de contado.
La autoridad recaudadora podrá enajenar a plazos los bienes embargados cuando no haya
postura para adquirirse de contado y siempre que el comprador garantice el saldo del adeudo más
los intereses que correspondan en alguna de las formas señaladas en el artículo 130 de este
Código. Durante los plazos concedidos se causarán intereses iguales a los recargos exigibles para
el caso de pago a plazo de los créditos fiscales.
ARTÍCULO 181.- Las posturas deberán enviarse en documento digital con firma electrónica
avanzada, a la dirección electrónica que se señale en la convocatoria para el remate. La Secretaría
mandará los mensajes que confirmen la recepción de las posturas. Dichos mensajes tendrán las
características que a través de las disposiciones administrativas de carácter general que emita la
Secretaría. Para intervenir en una subasta será necesario que el postor, antes de enviar su postura,
realice una transferencia electrónica de fondos equivalente cuando menos de diez por ciento del
valor fijado a los bienes de la convocatoria, expedido por una institución o agencia de crédito de la
localidad.
El importe de los depósitos que se constituyan de acuerdo con lo que establece el presente
artículo, servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por
las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados. Inmediatamente después de fincado
el remate previa orden de la oficina ejecutora, se devolverán a los postores los fondos transferidos
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electrónicamente, excepto el que corresponde al postor admitido, cuyo valor continuará como
garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de enajenación.
La Secretaría, a través de circulares, podrá establecer facilidades administrativas para que
en sustitución de la firma electrónica avanzada, se empleen otros medios de identificación
electrónica.
ARTÍCULO 181 BIS.- Cuando el remate de bienes sea cancelado o suspendido por la
autoridad fiscal, dicha situación se hará del conocimiento de los postores participantes a través de
su correo electrónico y el importe depositado como garantía se reintegrará dentro de los dos días
hábiles siguientes a la notificación de la cancelación o suspensión.
ARTÍCULO 182.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla
con las obligaciones contraídas y las que éste Código señala, perderá el importe del depósito que
hubiere constituido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato a favor del fisco estatal. En
este caso se iniciará nuevamente la almoneda en la forma y plazos que señalan los artículos
respectivos.
ARTÍCULO 183. - El escrito en que se haga la postura deberá contener:
I.- Nombre, edad, nacionalidad, capacidad legal, estado civil, profesión y domicilio del postor.
Si fuere una sociedad, los datos principales de su constitución;
II.- Las cantidades que se ofrezcan; y,
III.- Lo que se ofrezca de contado y los términos en que haya de pagarse la diferencia, la
que causará intereses según la tasa a que se refiere el artículo 26 de este Código.
ARTÍCULO 184.- La Secretaría de Hacienda fincará el remate a favor de quien haya hecho
la mejor postura. Cuando existan varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma
sea la postura más alta, se aceptará la primera postura que se haya recibido.
Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo a través de medios
electrónicos a los postores que hubieren participado en él, remitiendo el acta que al efecto se
levante.
ARTÍCULO 185. - Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido.
Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará en la caja de la oficina
ejecutora el saldo de la cantidad de contado ofrecido en su postura o la que resulte de las mejoras, y
constituirá las garantías a que se hubiere obligado por la parte del precio que quedare adeudado.
Tan pronto como el postor cumpla con los requisitos a que se refiere el párrafo anterior y el
remate sea aprobado por el Subsecretario de Ingresos, si este requisito fuere necesario conforme al
artículo siguiente, la oficina ejecutora citará al contribuyente para que, dentro de un plazo de tres días
hábiles, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación de los mismos, la
cual deberá expedir cumpliendo, en lo conducente, con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A
del Código Fiscal de la Federación, apercibido de que si no lo hace, la autoridad ejecutora emitirá el
documento correspondiente en su rebeldía.
Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con estos
documentos, los bienes que le hubiere adjudicado.
Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos en el momento en que la
autoridad los ponga a su disposición.
98
ARTÍCULO 186.- Efectuando el pago total del importe ofrecido por un bien rematado, se
comunicará al postor ganador quien deberá solicitar a la autoridad fiscal que ésta le indique, la
fecha y hora en que se realizará la entrega del bien rematado, una vez que hayan sido cumplidas
las formalidades a que se refieren los artículos 185 y 188 de este Código. El postor ganador podrá
solicitar una nueva fecha de entrega en caso de que no le hubiese sido posible acudir a la que
hubiere señalado la autoridad.
ARTÍCULO 187.- Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libre de gravámenes y
a fin de que éstos se cancelen. Tratándose de bienes inmuebles, la autoridad ejecutora lo
comunicará al Registro Público de la Propiedad que corresponda, en un plazo que no excederá de
quince días.
Los directores o encargados del Registro Público de la Propiedad deberán inscribir las
transmisiones de dominio de bienes inmuebles que resulten de los remates celebrados por las oficinas
ejecutoras locales y procederán a hacer las cancelaciones de gravámenes que sean procedentes
como consecuencia de la transmisión o adjudicación.
ARTÍCULO 188.- Tan luego como hubiere otorgado y firmado la escritura en que conste la
adjudicación de un inmueble, el jefe de la oficina ejecutora dispondrá que se entregue al adquiriente,
dando las ordenes necesarias, aun las de desocupación, si estuviere habitado por el deudor o por
terceros que no tuvieren contrato para acreditar el uso en los términos que establece el Código Civil.
Si el adquiriente lo solicita, se le dará a conocer como dueño del inmueble a las personas que
designe.
ARTICULO 188 BIS.- En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al
postor a cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite por existir
impedimento jurídico debidamente fundado para ello, el postor, en un plazo de seis meses contado a
partir de la fecha en que solicite la entrega de los bienes, podrá solicitar a la autoridad fiscal la
devolución del monto pagado por la adquisición de dichos bienes. La autoridad devolverá la cantidad
respectiva en un plazo de dos meses contado a partir de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si
dentro de este último plazo cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para
efectuar la entrega de los bienes rematados, se procederá a la entrega de los mismos en lugar de
devolver al postor las cantidades pagadas por esos bienes.
Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor
solicite a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el importe
de la postura causará abandono a favor del gobierno estatal dentro de dos meses contados a partir de
la fecha en que concluya el plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en el artículo 195 de este
Código.
En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición de
los bienes rematados, se dejará sin efecto el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de las
cantidades señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada
jurídicamente para efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá iniciar nuevamente el
procedimiento establecido en esta Sección para enajenar los mismos, dentro de los quince días
siguientes a aquél en que haya cesado el impedimento o se cuente con resolución firme que permita
hacerlo.
ARTÍCULO 189. - Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un remate, por
si o por medio de interpósita persona, a los jefes de las oficinas ejecutoras y personal de las mismas y
a las personas que hubieren intervenido por parte del fisco local, en los procedimientos de ejecución.
El remate efectuado con infracción a este precepto, será nulo y los infractores serán castigados de
acuerdo con lo que establece este Código.
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ARTICULO 190.- El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes
al fisco, se aplicará a cubrir el crédito fiscal en el orden que establece el artículo 19 de este Código.
ARTÍCULO 191. - Si hubiere otros acreedores, los derechos del fisco estatal se determinarán
de acuerdo con la prelación que establece el artículo 148.
ARTÍCULO 192.- El fisco estatal tendrá preferencia para adjudicarse los bienes ofrecidos en
remate, en los siguientes casos:
I.- A falta de postores.
II.- A falta de posturas o pujas.
III.- En caso de posturas o pujas iguales, por la cantidad en que se haya producido el empate.
La adjudicación regulada en este artículo, solo será válida si es aprobada por el Subsecretario
de Ingresos de la propia Secretaría.
ARTICULO 193.- Cuando no hubiera postores o no se hubieran presentado posturas legales,
la autoridad se adjudicará el bien. En este caso el valor de la adjudicación será el 60% del valor de
avalúo.
Los bienes que se adjudiquen a favor del fisco estatal, podrán ser donados por la autoridad
correspondiente, para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia
autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.
La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora firme el acta de
adjudicación correspondiente.
Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el
acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad ejecutora tendrá el carácter de escritura
pública y será el documento público que se considerará como testimonio de escritura para los efectos
de inscripción en dicho Registro.
Para los efectos de la Ley de Ingresos del Estado, los ingresos obtenidos por la adjudicación
se registrarán hasta el momento en el que se tenga por formalizada la adjudicación.
El registro a que se refiere el párrafo anterior se realizará disminuyendo de las cantidades a
que alude dicho párrafo, según corresponda, los gastos de administración y mantenimiento, así como
las erogaciones extraordinarias en que hubiesen incurrido las autoridades fiscales, durante el periodo
comprendido desde que se practicó el embargo y hasta su adjudicación, y el excedente que
corresponda devolver al deudor de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 195 de
este Código.
Una vez aplicado el producto obtenido por la adjudicación, en los términos del artículo 190 de
este Código, el saldo que, en su caso quede pendiente a cargo del contribuyente, se registrará como
crédito incobrable.
Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este
artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del
dominio público del Estado, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios públicos
en los términos de este artículo.
Las adjudicaciones tendrán la naturaleza de dación en pago.
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ARTICULO 194.- Las autoridades ejecutoras podrán efectuar enajenaciones fuera de remate
en los siguientes supuestos:
I.- El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el remate o se
adjudiquen los bienes a favor del fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que se
haya señalado a los bienes embargados.
II.- Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables,
siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su
conservación.
ARTICULO 195.- Cuando existan excedentes del producto obtenido del remate o adjudicación
de los bienes al fisco estatal después de haberse cubierto el crédito, se entregarán al deudor salvo que
medie orden de autoridad competente o que el propio deudor acepte por escrito que se haga la
entrega total o parcial del saldo a un tercero, con las siguientes modalidades:
I.- Tratándose de bienes que la autoridad se haya adjudicado, al producto obtenido por la
adjudicación se aplicará el monto del crédito fiscal más sus accesorios, así como el monto de los
gastos de administración y mantenimiento en que la autoridad haya incurrido. El remanente del
producto mencionado será el excedente que se devuelva al contribuyente.
II.- Cuando se lleve a cabo la adjudicación por remate, el producto obtenido se aplicará en los
términos de lo dispuesto en el artículo 190 de este Código, así como a recuperar los gastos de
administración y mantenimiento. El remanente del producto mencionado será el excedente que se
devolverá al contribuyente.
ARTICULO 195 BIS.- Causarán abandono a favor del gobierno estatal los bienes
embargados por las autoridades fiscales, en los siguientes casos:
I.- Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se retiren del
lugar en que se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su
disposición.
II.- Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia
favorable que ordene su devolución derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de
que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se
encuentren dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición del
interesado.
III.- Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados después de transcurridos
dieciocho meses de practicado el embargo y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto ningún
medio de defensa.
IV.- Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en depósito o en poder
de la autoridad y los propietarios de los mismos no los retiren dentro de dos meses contados a partir
de la fecha en que se pongan a su disposición.
Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del interesado, a partir del día
siguiente a aquél en que se le notifique la resolución correspondiente.
Cuando los bienes embargados hubieran causado abandono, las autoridades fiscales
notificarán personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los propietarios de los
mismos, que ha transcurrido el plazo de abandono y que cuentan con quince días para retirar los
bienes. En los casos en que no se hubiera señalado domicilio o el señalado no corresponda a la
persona, la notificación se efectuará a través de estrados.
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Los bienes que pasen a propiedad del Fisco Estatal conforme a este artículo, podrán ser
enajenados o donarse para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de
beneficencia autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.
El producto de la venta se destinará a pagar los cargos originados por el manejo, almacenaje,
custodia y gastos de venta de los citados bienes en los términos que mediante reglas establezca la
Secretaría de Hacienda.
ARTICULO 195 BIS A.- Los plazos de abandono a que se refiere el artículo 195 BIS de este
Código se interrumpirán:
I.- Por la interposición del recurso administrativo o la presentación de la demanda en el juicio
que proceda.
El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se trata, cuando la resolución
definitiva que recaiga no confirme, en todo o en parte, la que se impugnó.
II.- Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de los bienes a los
interesados.
TITULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 196.- Se deroga.
ARTÍCULO 197.- Se deroga.
ARTÍCULO 198.- Se deroga.
ARTÍCULO 199.- Se deroga.
CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO
SECCIÓN I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTÍCULO 200.- Se deroga.
ARTÍCULO 201.- Se deroga.
SECCIÓN II
DE LAS NOTIFICACIONES Y LOS TÉRMINOS
ARTÍCULO 202.- Se deroga.
ARTÍCULO 203.- Se deroga.
ARTÍCULO 204.- Se deroga.
ARTÍCULO 205.- Se deroga.
ARTÍCULO 206.- Se deroga.
ARTÍCULO 207.- Se deroga.
ARTÍCULO 208.- Se deroga.
102
SECCIÓN III
DE LOS CASOS DE IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO
ARTÍCULO 209.- Se deroga.
ARTÍCULO 210.- Se deroga.
SECCIÓN IV
DE LOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES
ARTÍCULO 211.- Se deroga.
ARTÍCULO 212.- Se deroga.
ARTÍCULO 213.- Se deroga.
ARTÍCULO 214.- Se deroga.
ARTÍCULO 215.- Se deroga.
SECCIÓN V
DE LA DEMANDA
ARTÍCULO 216.- Se deroga.
ARTÍCULO 217.- Se deroga.
ARTÍCULO 218.- Se deroga.
ARTÍCULO 219.- Se deroga.
ARTÍCULO 220.- Se deroga.
ARTÍCULO 221.- Se deroga.
ARTÍCULO 222.- Se deroga.
SECCIÓN VI
DE LA CONTESTACIÓN
ARTÍCULO 223.- Se deroga.
ARTÍCULO 224.- Se deroga.
ARTÍCULO 225.- Se deroga.
ARTÍCULO 226.- Se deroga.
ARTÍCULO 227.- Se deroga.
ARTÍCULO 228.- Se deroga.
ARTÍCULO 229.- Se deroga.
SECCIÓN VII
DE LOS INCIDENTES
ARTÍCULO 230.- Se deroga.
ARTÍCULO 231.- Se deroga.
ARTÍCULO 232.- Se deroga.
ARTÍCULO 233.- Se deroga.
ARTÍCULO 234.- Se deroga.
ARTÍCULO 235.- Se deroga.
ARTÍCULO 236.- Se deroga.
ARTÍCULO 237.- Se deroga.
SECCIÓN VIII
DE LAS PRUEBAS
ARTÍCULO 238.- Se deroga.
ARTÍCULO 239.- Se deroga.
103
ARTÍCULO 240.- Se deroga.
ARTÍCULO 241.- Se deroga.
ARTÍCULO 242.- Se deroga.
ARTÍCULO 243.- Se deroga.
ARTÍCULO 244.- Se deroga.
ARTÍCULO 245.- Se deroga.
SECCIÓN IX
DE LA AUDIENCIA
ARTÍCULO 246.- Se deroga.
ARTÍCULO 247.- Se deroga.
SECCIÓN X
DE LA SENTENCIA
ARTÍCULO 248.- Se deroga.
ARTÍCULO 249.- Se deroga.
ARTÍCULO 250.- Se deroga.
ARTÍCULO 251.- Se deroga.
T R A N S I T O R I O S
ARTICULO PRIMERO.- Este Código entrará en vigor en el Estado de Sonora a partir de los
15 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Los recursos administrativos y juicios de nulidad que se hubieren
interpuesto contra resoluciones dictadas por autoridades fiscales antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Código, serán concluidos por éstas de conformidad con lo dispuesto por el Código que se
abroga.
ARTICULO TERCERO.- Los asuntos que en materia de comprobación y determinación de
contribuciones omitidas, se encuentren en trámite ante las autoridades fiscales, serán concluidos por
éstas en los términos de las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en que entre en vigor el
presente Código.
ARTICULO CUARTO.- Para los efectos del segundo párrafo del Artículo 19 de la Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso- Administrativo del Estado de Sonora, las resoluciones se
considerarán definitivas también en los casos de que la interposición del recurso administrativo sea
opcional para el particular en los términos del presente Código.
ARTICULO QUINTO.- Se abroga en sus términos el Código Fiscal del Estado de Sonora
expedido el 25 de enero de 1977, más aquellas reformas aprobadas con posterioridad a su vigencia.
ARTICULO SEXTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones normativas generales,
reglamentarias o administrativas que en lo conducente se opongan a la aplicación, términos,
contenidos y alcances de la presente Ley
TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 54
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del primero de enero de
2004, previa su publicación en el Boletín oficial del Gobierno del Estado.
104
TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 23
ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del 1º. De enero de 2007,
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta
Ley, el Ejecutivo Estatal deberá emitir las disposiciones administrativas correspondientes que
contemplen y regulen el Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) a que se refiere este
Decreto.
TRANSITORIOS DEL DECRETO 63
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Los actos a que se refiere el artículo 47 BIS C de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo a fin de autorizar a los fiduciarios a proporcionar los requerimientos de
información, deberán realizarse en un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.
ARTÍCULO CUARTO.- En caso de que se modifique posteriormente la Ley de Deuda
Pública del Estado de Sonora con respecto a los fideicomisos de financiamiento establecidos en el
artículo 19 Bis de dicha Ley, se deberán respetar los derechos de los terceros que hayan
contratado con dichos fideicomisos, en los términos y condiciones pactados.
ARTÍCULO QUINTO.- En los fideicomisos, mandatos o contratos análogos constituidos
previamente a la entrada en vigor del presente Decreto, el fideicomitente, mandante o la persona
facultada para ello instruirá al fiduciario o mandatario para que en un plazo improrrogable de 60
días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del mismo, transparenten y rindan cuentas
sobre el manejo de los recursos públicos estatales o municipales, según corresponda, que se
hubieren aportado a dichos contratos, así como a proporcionar los informes que permitan su
vigilancia y fiscalización, en términos del presente Decreto.
ARTÍCULO SEXTO.- En un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado deberá realizar las adecuaciones necesarias a
las disposiciones reglamentarias correspondientes.
TRANSITORIOS DEL DECRETO 187
ARTÍCULO PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en los artículos primero
(modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado), tercero (reformas a la Ley de Hacienda
Municipal) y cuarto del presente Decreto (modificaciones a la Ley que Regula la Operación y
Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, Envasamiento, Distribución,
Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico en el
Estado de Sonora), entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2013 y las disposiciones
contenidas en el artículo segundo del presente Decreto (reformas al Código Fiscal del Estado),
entrarán en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de las reformas contenidas en el
artículo primero del presente Decreto, los contribuyentes propietarios o tenedores de vehículos
105
registrados conforme a la normatividad establecida en la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso
de Vehículos, pasarán a formar parte del Registro Estatal Vehicular, respecto a los vehículos que
se les haya expedido placas de circulación en el territorio del Estado, así como aquellos que a
partir de la vigencia de la presente Ley se den de alta ante la Secretaría de Hacienda.
El Registro Estatal Vehicular a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se integrará
con datos de los vehículos de los contribuyentes que porten placas de la circunscripción territorial
de esta Entidad Federativa que serán aquellos que contempla la Ley del Registro Público Vehicular
de carácter federal. El Registro Estatal Vehicular estará conectado a los medios o sistemas que
para efectos de intercambio de información determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mediante sus disposiciones de carácter general.
ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de las modificaciones a la Ley que Regula la
Operación y Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, Envasamiento,
Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con Contenido
Alcohólico en el Estado de Sonora, previstas en el artículo anterior se estará a lo siguiente:
I.- Los permisionarios que se ubiquen dentro del supuesto a que se refiere el artículo 10
Fracción XV de la Ley que Regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos
Destinados a la Fabricación, Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y
Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora, deberán presentar la
licencia con la cual se encuentren operando a fin de que les sea canjeada bajo el giro de
establecimiento que preste servicios de sorteos y juegos con apuestas, debiendo pagar los
derechos correspondientes bajo la denominación del nuevo giro.
Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción II de este artículo, la Secretaría de
Hacienda procederá de oficio a la cancelación de las licencias cuyos titulares no hayan solicitado
su regularización conforme a esta Ley.
II.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 45 Bis y 50 Bis de la Ley que Regula
la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación,
Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con
Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora, el canje de las licencias se efectuará en el
transcurso de los meses de enero a mayo del año de calendario que corresponda y tendrá una
vigencia de tres años, contados a partir del canje del presente ejercicio de 2012, debiendo
presentarse para tales efectos, los requisitos correspondientes.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda
procederá de oficio a la cancelación de las licencias cuyos titulares no hayan solicitado su
regularización conforme a esta Ley.
TRANSITORIOS DEL DECRETO NUMERO 19
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor en todo el Estado de Sonora a
partir del 1 de enero de 2013, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la vigencia de esta Ley de Hacienda del Estado, el
Ejecutivo estatal a través del Secretario de Hacienda, constituirá el fideicomiso que administrará el
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, en un término no mayor a treinta días
posteriores de iniciado el cobro del Impuesto.
ARTÍCULO CUARTO.- Para efectos del pago de la Contribución al Fortalecimiento
Municipal, todos aquellos vehículos que se consideren como usados a la fecha de entrada en vigor
106
del presente decreto, tomarán como referencia para efectos del cálculo el monto que se cause de
conformidad con la aplicación de la tasa prevista en el artículo 212-F, fracción I, considerando el
valor total del vehículo, y al resultado se le aplicará el factor que corresponda a los años de
antigüedad de dicho vehículo de acuerdo con la tabla prevista en el artículo 212-G 7 de la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora.
ARTÍCULO QUINTO.- Para efecto de la rendición del informe financiero señalado en el
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, no se presentará este informe el tercer
lunes del mes de mayo de 2013.
TRANSITORIOS DEL DECRETO NUMERO 91
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor, en todo el Estado de
Sonora, a partir del 1 de enero de 2014, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos del artículo 312, numeral 1, inciso b de la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora, en el ejercicio fiscal del año 2014, el pago de derechos por
concepto de revalidación vehicular incluirá la reposición de placas sin costo, previa entrega de las
anteriores. Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de
seguridad se establecen en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CT-2-2000.
ARTÍCULO CUARTO.- Para efectos de la reforma al artículo 42 de la Ley de Tránsito
para el Estado de Sonora, los propietarios de los vehículos deberán reponer las placas de
circulación en el año 2014 sin costo.
TRANSITORIOS DEL DECRETO NUMERO 164
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora
a partir del 1 de enero de 2015, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,
con excepción de las disposiciones contenidas en los artículos tercero, cuarto y quinto del presente
ordenamiento, las cuales entrarán en vigor a partir de la publicación de este Decreto en el citado
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Asimismo, por lo que toca a las disposiciones contenidas en el artículo sexto del presente
Decreto, entrarán en vigor nueve meses después de la publicación de este ordenamiento en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, plazo en el cual los ayuntamientos del Estado deberán
presentar ante el Congreso del Estado, las adecuaciones correspondientes a sus leyes de ingresos
y presupuestos de ingresos. (FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL B.O. No. 8, sección III, de
fecha 26 de enero del 2015).
ARTÍCULO SEGUNDO.- Todas aquellas operaciones en materia de derechos registrales, que
se hayan formalizado ante notario público y que sean sujetas del arancel del año fiscal de 2014, y
que estas se presenten para su registro en la vigencia del año fiscal de 2015, se les aplicará el
arancel vigente en la época en que fueron formalizadas, es decir, en este caso, año fiscal 2014.
ARTÍCULO TERCERO.-Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza a los Ayuntamientos del Estado, para que puedan afectar como
fuente de pago en caso de incumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos o
107
aprovechamientos por el uso y/o explotación de aguas nacionales y por uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público de la nación así como cuerpos receptores de las descargas de aguas
residuales, los recursos que le correspondan a cada uno, derivados del Ramo General 33, Fondo
IV, denominado: “Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal”.
Asimismo, se autoriza a los Ayuntamientos del Estado, para que puedan afectar como fuente de
pago en caso de incumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos o aprovechamientos por
el uso y/o explotación de aguas nacionales y por uso o aprovechamiento de bienes del dominio
público de la nación así como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, las
participaciones que en ingresos federales les correspondan, bastando para ello el acuerdo de las
dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, sin que tengan la necesidad de acudir
ante esta Legislatura para solicitar una autorización ex profeso.
La afectación de las participaciones federales a que se refiere el párrafo anterior, sólo se podrá
llevar a cabo siempre y cuando los recursos provenientes del Ramo General 33, Fondo IV,
denominado: “Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, no sean suficientes para cubrir el adeudo.
La afectación de las aportaciones a que se refiere el párrafo primero y, en su caso, la afectación de
las participaciones federales a que se refieren los párrafos segundo y tercero de este artículo, se
otorgarán a favor del Poder Ejecutivo Federal por conducto del organismo denominado: Comisión
Nacional del Agua, quién podrá solicitar al Gobierno del Estado de Sonora, la retención de los
recursos afectados por virtud del presente artículo, siempre y cuando los adeudos por morosidad
del municipio de que se trate, sean mayores a noventa días naturales.
Para la ejecución del mecanismo de retención y pago de los adeudos generados que se señalan
en el presente artículo, se estará a lo dispuesto por los artículos 9° para el caso de participaciones
federales, y 51 en el caso de aportaciones del Ramo General 33 Fondo IV, ambas disposiciones de
la Ley de Coordinación Fiscal.”
TRANSITORIOS DEL DECRETO NUMERO 20
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora
a partir del 1 de enero de 2016, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Cuando se señale en el Código Fiscal del Estado, Ley de
Hacienda del Estado, Ley de Tránsito del Estado y Ley que regula la operación y funcionamiento
de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento,
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, la
mención de salarios mínimos diario general vigente en el área geográfica “b”, deberá entenderse
como salarios mínimos diario general vigente en el área geográfica única, en virtud de la reforma al
salario mínimo efectuada mediante Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos que revisa los salarios mínimos generales y profesionales
vigentes desde el 1 de abril de 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30
de septiembre de 2015, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2015.
TRANSITORIOS DEL DECRETO NUMERO 106
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora a
partir del 1 de enero de 2017, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
108
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- Cuando se señale en el Código Fiscal del Estado y Ley de
Hacienda del Estado, la mención de salarios mínimos en el área geográfica “b”, deberá entenderse
como la Unidad de Medida y Actualización, en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno por el
que se aprueban las reformas al Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de diciembre de 2015, con
vigencia para los artículos 19 y 23 del citado Reglamento, una vez que esté vigente el Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, decreto que fue publicado en
el mismo Órgano de difusión con fecha 27 de enero de 2016, vigente el día siguiente al de su citada
publicación y por último con relación a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha
28 de enero de 2016, en el que se determinaron el valor diario, mensual y anual en el año 2016.
ARTÍCULO CUARTO.- Tratándose de créditos fiscales por contribuciones que debieron
pagarse antes de la entrada en vigor de este decreto y para los efectos del artículo 18 Bis del
Código Fiscal del Estado de Sonora, para proceder a la actualización de los créditos fiscales
exigibles se considerará como mes más antiguo del período el de diciembre de 2016 y, el más
reciente, el anterior a aquel en que se efectúe el pago.
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza a la Secretaría de Hacienda a efectuar sustitución de la
garantía de créditos fiscales pendientes de pago, en aquellos casos en que se hubiere:
a) Practicado embargo sin sustracción.
b) Se hubiesen embargado bienes muebles cuyo valor en el mercado se demerite.
c) No sean bienes de fácil enajenación o requieran cuidados especiales.
Para dicha sustracción, se aplicará la prelación establecida del artículo 151 del Código
Fiscal del Estado de Sonora, en el caso de sustitución de bienes.
ARTÍCULO SEXTO.- Las normas adjetivas o procesales que contempla el presente
decreto que de manera enunciativa más no limitativa se refieren a embargos, intervención de
cuentas bancarias, subasta electrónica de bienes, entre otros, solo serán aplicables a la revisión o
comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales del año 2017 y subsecuentes, salvo de
aquellos créditos fiscales cuyo ejercicio de facultades de comprobación se hayan iniciado con
anterioridad al año citado y que a la entrada en vigor de las presentes modificaciones hayan
quedado firmes.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Tratándose de personas físicas y morales que previa a la entrada
en vigor de la presente reforma ya habían contratado la prestación de servicios con empresas para
que éstas les proporcionaran trabajadores, se les concederá un plazo de 180 días para que
presenten el aviso correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 33-Bis, mismo
que se computará a partir de la entrada en vigor de la presente reforma.
T R A N S I T O R I O DEL DECRETO 148
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
T R A N S I T O R I O DEL DECRETO 189
109
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora
a partir del 1 de enero de 2018, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
T R A N S I T O R I O DEL DECRETO 8
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora
a partir del 01 de enero de 2019, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Lo dispuesto en el artículo 41 Decies del Código Fiscal del Estado
de Sonora, será aplicable a partir del ejercicio fiscal del año 2019, a efecto de que el primer
dictamen se presente a más tardar el día 30 de julio de 2020, por el citado ejercicio fiscal del año
2019.
T R A N S I T O R I O S DEL DECRETO 91
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora
a partir del 01 de enero de 2020, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Para que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, esté
en posibilidades de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17, párrafo segundo de
la Ley de Tránsito del Estado de Sonora y 316, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Ley de
Hacienda del Estado, deberá realizar el proceso de contratación sujetándose a lo previsto en el
artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. Debiendo cubrir el pago de la póliza de
seguro de responsabilidad civil en el mes de enero del 2020, para que los ciudadanos obtengan
el beneficio planteado en los artículos señalados de las leyes de Tránsito del Estado de Sonora y
de Hacienda del Estado, a partir del primer minuto del primer día de dicho año.
T R A N S I T O R I O S DEL DECRETO 168
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora
a partir del 1 de enero de 2021, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda, a más tardar el día 20 de febrero de
2021 y previa consulta con las Comisiones de Hacienda del Congreso del Estado, deberá emitir las
reglas de carácter general para la distribución de los recursos que se recuden con motivo de la
contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los cuerpos de bomberos contenida en los
artículos 292 BIS-6, 292 BIS-7 y 292 Bis-8 de la Ley de Hacienda del Estado.
T R A N S I T O R I O S DEL DECRETO 15
110
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor en el Estado de Sonora a
partir del 01 de enero de 2022, previa publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los juicios contenciosos administrativos que se hubieran
interpuesto antes de la entrada en vigor de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora,
se tramitarán y resolverán de conformidad con lo establecido en el Título Sexto del Código Fiscal
del Estado de Sonora vigente en el momento de la presentación de la demanda.
ARTÍCULO TERCERO.- Los juicios de nulidad que se hubieran interpuesto a partir de la
entrada en vigor de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, se tramitarán y
resolverán de acuerdo con lo dispuesto en esa misma Ley, por lo que las leyes que remitan a los
artículos comprendidos del 196 al 251, contenidos en el Título Sexto del Código Fiscal del Estado
de Sonora que se deroga, se entenderán referidos a los correlativos de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora.
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la
presente Ley.
T R A N S I T O R I O S DEL DECRETO 90
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de
2023, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Lo dispuesto en el artículo 221 BIS 2, de la Ley de Hacienda del
Estado de Sonora, será aplicable únicamente para lo recaudado por concepto del Impuesto Sobre
Remuneraciones al Trabajo Personal causado en el ejercicio fiscal del año 2023 y ejercicios
subsecuentes, por lo que la recaudación correspondiente a la causación de los ejercicios 2022 y
anteriores, que se recauden en dicho año 2023 o los siguientes, serán destinados en los términos
de las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en que entre en vigor el presente
Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- El 10% del importe de los recursos recaudados durante el
ejercicio fiscal 2023, por el cobro del derecho por concepto de expedición de placas, en tratándose
de vehículos para uso privado y para servicio público local, establecido en el inciso a), de los
numerales 1 y 2, respectivamente, del artículo 312 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora,
se destinará para la ampliación y modernización de la prestación del servicio público estatal de
transporte.
ARTÍCULO CUARTO.- El Instituto Catastral y Registral para el Estado de Sonora, deberá
emitir los lineamientos relativos a la presentación de la fianza para hacer uso del escritorio notarial,
a que se hace referencia en el artículo 326, fracción V, numeral 8, párrafo tercero, de la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora, dentro del plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor del
presente Decreto.
T R A N S I T O R I O DEL DECRETO 155
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024,
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
111
A P E N D I C E
LEY No 267; B.O. No. 47 SECCIÓN II, de fecha 12 de junio de 2000.
FE DE ERRATAS; B. O. No. 50 SECCIÓN I, de fecha 22 de junio de 2000, de la Ley Número
267.
DECRETO No. 54 B.O. No. 49 SECCIÓN III, de fecha 18 de diciembre de 2003, que reforma los
Artículos 69, fracción III, inciso b); 73, fracción VI; 78; 87, fracción II; 88, fracciones I, incisos a), b)
y c) y II inciso a); 93, fracciones IV y V; 127, párrafos segundo y séptimo; 149, 249 y 251; se
deroga el Artículo 72; y se adiciona un párrafo séptimo al artículo 130.
DECRETO No. 243; B. O. No. 52, SECCIÓN I, de fecha 29 de diciembre de 2005, que reforma el
párrafo segundo del artículo 59; la fracción VI del artículo 61; el inciso b) de la fracción I y el párrafo
primero del inciso c) del artículo 63; la fracción II del artículo 87; y los párrafos segundo y tercero
del artículo 127; y se adiciona un artículo 62 BIS.
DECRETO No. 23; Edición Especial No. 13, de fecha 29 de diciembre de 2006; que reforma el
párrafo primero del artículo 5º.; el párrafo primero del artículo 9º.; el párrafo tercero del artículo 17;
el párrafo segundo del artículo 25; el párrafo quinto del artículo 28; los párrafos primero y tercero,
del artículo 33; el párrafo primero y las fracciones IV y V, del artículo 36; el artículo 37; el párrafo
primero de la fracción III y el párrafo cuarto, del artículo 38; el párrafo tercero del artículo 39; las
fracciones I, II, III y IV, del artículo 48; el párrafo segundo del artículo 51; el párrafo primero de la
fracción VIII, del artículo 53; los párrafos primero y segundo, del artículo 54; las fracciones II y III,
del artículo 55; el párrafo segundo de la fracción II y párrafo primero de la fracción III del artículo
56; el artículo 59; el párrafo primero del artículo 65; el artículo 66; la fracción II del artículo 67; el
párrafo primero del artículo 69, el párrafo primero del artículo 70; el párrafo segundo del artículo 76;
el artículo 78; los párrafos quinto y sexto, del artículo 79; la fracción VI del artículo 86; el artículo
87; las fracciones II y III, del artículo 93; la fracción IV del artículo 104; el párrafo segundo de la
fracción II y el párrafo segundo, del artículo 120; las fracciones III y IV, del artículo 125; el párrafo
primero del artículo 126; el párrafo séptimo del artículo 130; el párrafo tercero del artículo 146; y la
fracción II del artículo 166; asimismo se adiciona un párrafo sexto, al artículo 28 recorriéndose el
orden de los actuales párrafos sexto y séptimo, una fracción VI al artículo 36; una fracción V, al
artículo 48; un párrafo segundo a la fracción VIII del artículo 53; el artículo 54 Bis; una fracción IV,
al artículo 55 y el artículo 78 Bis.
DECRETO 63; B. O. EDICION ESPECIAL No. 6, de fecha 14 de agosto de 2007, que reforma los
artículos 1, primer párrafo y 5, segundo párrafo; se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el
actual en su orden, al artículo 4; y se deroga el párrafo tercero del artículo 5.
DECRETO 96; B. O. 49 sección I, de fecha 17 de Diciembre de 2007, que reforma la fracción II
del artículo 93 y se adiciona una fracción III al artículo 42.
DECRETO 159; B. O. 51, sección III, de fecha 26 de Diciembre de 2008, que reforma los
artículos 9°, párrafo sexto; 17, párrafos cuarto y quinto; 85, párrafo primero; 176; 177; 180; 182;
185; 186, párrafo primero; 192; 193; 194 y 195; asimismo, se deroga el párrafo quinto del artículo
146 y se adiciona los párrafos sexto y séptimo el artículo 17 y los artículos 24 BIS; 146 BIS; 176
BIS; 188 BIS; 195 BIS y 195 BIS A.
DECRETO 14; B. O. 53 SECCIÓN III, de fecha 31 de diciembre de 2009, que reforma los
artículos 25, segundo párrafo; 178; 186 y 190.
DECRETO 82; B. O. 53, SECCION III, de fecha 30 de diciembre de 2010, que reforma los
artículos 5º, párrafo segundo; 12; 13, fracción XI; 15, párrafo tercero; 17, párrafo cuarto; 31, párrafo
primero; 41, fracción IV, párrafo primero; 50, proemio; 58, fracción VII y párrafo segundo; 59,
fracción III; 60; 61, fracción I; 62 Bis, párrafo sexto; 65, fracción I; 76, párrafo primero; 79, párrafo
112
segundo; 87, párrafo primero; 127, párrafo séptimo; 129; 149, párrafos segundo y tercero y 178,
párrafo segundo; y se adicionan un inciso d) a la fracción IV y una fracción XIV al artículo 13; un
párrafo sexto al artículo 31; un párrafo quinto al artículo 41; un párrafo tercero y los incisos a), b) y
c) a la fracción II del artículo 42; los párrafos tercero y cuarto al artículo 50; un párrafo segundo a la
fracción II, del artículo 53; la fracción IX al artículo 58; las fracciones V y VI, al artículo 59; un
párrafo segundo al artículo 61; 67 Bis y un párrafo octavo al artículo 127.
DECRETO 187: B. O. 11, SECCIÓN V, de fecha 6 de agosto de 2012, que reforma los artículos
24 Bis; 65, fracción I; 76, párrafo primero; 93, fracciones II y X; 107; 128; 129; 176; 176 Bis; 182;
184; 186; y 187, párrafo primero; y adiciona un párrafo cuarto recorriéndose el párrafo cuarto como
párrafo último, al artículo 5º; un párrafo cuarto al artículo 81; el artículo 89 Bis; las fracciones XV al
artículo 92 y XIII al artículo 93; y los artículos 175 Bis y 181 Bis.
DECRETO 19; B. O. 53, sección IV, de fecha 31 de diciembre de 2012, que adiciona al artículo
31 un tercer párrafo, recorriéndose los demás párrafos de dicho numeral.
DECRETO 91; B. O. 50, sección VII, de fecha 19 de diciembre de 2013, que reforma los
artículos 76 y 125, fracción V.
DECRETO 164; B. O. 48, sección II, de fecha 15 de diciembre de 2014, que reforman los
artículos 20, párrafo primero; 26, párrafo sexto; 30, fracción I; 31, párrafo segundo; 33, párrafo
primero; 48, fracción I; 53, fracción VIII, inciso c); 146-BIS párrafo segundo; 149, párrafos segundo,
tercero, cuarto y quinto; 205, párrafo primero; 206; 208, fracción I y se adiciona al artículo 15,
fracción I último párrafo;25, párrafo segundo; 92, fracción XIII, inciso h) y 146-TER
FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL B.O. No. 8, sección III, de fecha 26 de enero del 2015.
FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL B.O. No. 18, sección III, de fecha 02 de marzo del 2015.
DECRETO 20; B. O. 48, sección IV, de fecha 14 de diciembre de 2015, que reforma el artículo
118, párrafo primero y se derogan los artículos 116, fracción VI y 120.
DECRETO 106; B. O. 51, sección III, de fecha 26 de diciembre de 2016, que reforman los
incisos b) y d) de la fracción IV, las fracciones XI, XII, XIII, XIV y el último párrafo del artículo 13; el
párrafo primero del artículo 25; artículo 26; la fracción III del artículo 28; el artículo 29; párrafo
cuarto del artículo 31; párrafo cuarto del artículo 33; artículo 35; fracción I del artículo 48; las
fracciones I y II del artículo 64; las fracciones I y II del artículo 65; artículo 76; los incisos a) y b) de
la fracción I del artículo 78; el inciso c) de la fracción IV el párrafo segundo del artículo 78 Bis;
párrafos primero y segundo del artículo 79; el párrafo segundo del artículo 80; las fracciones XIV,
XV, XVI y XX del artículo 90; las fracciones II y III del artículo 91; el artículo 93; la fracción IV del
artículo 97; el inciso d) de la fracción II del artículo 111; fracción I del artículo 125; párrafo segundo
del artículo 130; fracción III del artículo 131; párrafo segundo del artículo 133; fracciones III y IV del
artículo 145; artículo 151; el artículo 153; párrafo primero del artículo 154; párrafo segundo del
artículo 155; el artículo 164; el artículo 167; el artículo 170; el artículo 172; el artículo 174;
fracciones II, III y VII del artículo 175; párrafo segundo del artículo 176; los párrafos segundo y
tercero del artículo 176 BIS; el artículo 181; Se adicionan el inciso e) a la fracción IV y una fracción
XV al artículo 13; el artículo 18 Bis; un párrafo décimo al artículo 28; los artículos 33-Bis, 33 Ter,
33 Quater, 41 Bis, 41 Ter, 41 Quáter, 41 Quinquies, 41 Sexies, 41 Septies, 41 Octies y 41 Novies;
un párrafo segundo al artículo 48 recorriéndose el orden actual del párrafo segundo; una fracción
IV y un párrafo quinto al artículo 50; artículo 50 Bis; una fracción IX al artículo 53; el artículo 63 Bis;
una fracción III al artículo 65; una fracción V al artículo 69; los párrafos segundo y tercero a la
fracción IV del artículo 73; un artículo 76 Bis; un párrafo segundo al artículo 78; la fracción V y un
párrafo segundo al artículo 78 Bis; un párrafo tercero al artículo 80; un párrafo segundo al artículo
81 recorriéndose el orden actual de los párrafos; un párrafo segundo a la fracción I y las fracciones
XXII, XXIII y XXIV al artículo 90; las fracciones VI, VII, VIII y IX al artículo 97; una fracción V al
artículo 127; una fracción V del artículo 145; párrafos cuarto y quinto al artículo 146, recorriéndose
113
el orden actual de los párrafos; un párrafo segundo al artículo 146 Ter; los artículos 146 Quáter,
146 Quinquies, 146 Sexies, 151 Bis, 151 Ter, 176 Ter, 176 Quáter y se deroga el párrafo quinto
del artículo 41.
DECRETO No. 148; B. O. No. 10, sección III, de fecha 03 de agosto de 2017, que reforman los
artículos 89 BIS, 207, párrafo tercero y 230.
DECRETO No. 189; B. O. No. 50, sección II, de fecha 21 de diciembre de 2017, que reforma el
párrafo segundo del artículo 25 y se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 25; un
párrafo quinto al artículo 33; un párrafo tercero a la fracción IV del artículo 33 TER y un quinto
párrafo al artículo 76.
DECRETO No. 8; B. O. No. 51, sección I, de fecha 24 de diciembre de 2018, que reforman el
párrafo primero, fracciones I, II y III del artículo 2; el artículo 27; el párrafo primero del artículo 33;
artículo 43; el párrafo primero, fracción II y III del artículo 50; el párrafo segundo del artículo 71; el
párrafo primero del artículo 118; el párrafo primero del artículo 146-Ter; se adicionan una fracción
IV al artículo 2; un párrafo décimo segundo al artículo 28; artículo 41 Decies; una fracción IV y un
párrafo quinto al artículo 50; artículo 50-A; un párrafo tercero al artículo 71; y se derogan la fracción
II del artículo 6; el último párrafo del artículo 118.
DECRETO No. 91; B. O. No. Edición Especial, de fecha 27 de diciembre de 2019, que reforman
el párrafo primero del artículo 33; el artículo 34; los párrafos primero y segundo de la fracción III del
artículo 42; el artículo 54 Bis; el párrafo séptimo del artículo 127; y se adicionan un párrafo segundo
al artículo 7; un párrafo quinto y el párrafo quinto actual pasa a ser el párrafo sexto del artículo 33;
un párrafo segundo a la fracción iii del artículo 36; un párrafo noveno, un párrafo décimo y el
párrafo noveno actual pasa a ser el párrafo décimo primero, del artículo 149.
DECRETO No. 168; B. O. No. 51, sección III, de fecha 24 de diciembre de 2020, que reforman el
párrafo primero de la fracción XI del artículo 13; la fracción I y el último párrafo del artículo 38; la
fracción I del artículo 48; la fracción VII del artículo 53; el primer párrafo del artículo 57; el primer
párrafo del artículo 100; el primer párrafo del artículo 130; los párrafos primero y segundo del
artículo 133; el primer párrafo del artículo 155; asimismo, se adicionan un párrafo sexto al artículo
5; los párrafos segundo, tercero y cuarto, incisos a), b) y c) a la fracción XI del artículo 13; los
párrafos sexto y séptimo al artículo 53; un párrafo tercero a la fracción III del artículo 56; los
párrafos segundo y tercero al artículo 100; un tercer párrafo y los actuales tercero, cuarto, quinto y
sexto pasan a ser cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 121; el párrafo noveno al artículo 127;
la fracción VI al artículo 130; los párrafos segundo y tercero y los actuales segundo y tercero pasan
a ser cuarto y quinto del artículo 133 y el párrafo cuarto y el párrafo cuarto actual pasa a ser el
quinto del artículo 155 del Código Fiscal del Estado de Sonora.
DECRETO No. 15; B. O. No. 53, sección IV, de fecha 30 de diciembre de 2021, que
REFORMAN el párrafo primero del artículo 23; el párrafo cuarto del artículo 28; el
párrafo primero del artículo 44; el artículo 49; los párrafos primero y segundo del artículo
112; la fracción III del artículo 116; el artículo 122; la fracción V del artículo 125; el
artículo 129; el párrafo segundo del artículo 134; el artículo 146 QUATER; Se
DEROGAN los artículos 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250 y 251; Se ADICIONAN una fracción V al artículo 22; al
artículo 58, fracción IV, un tercer párrafo, pasando el actual tercero a ser el cuarto párrafo
de la fracción en cita, y con los párrafos tercero y cuarto; un segundo párrafo a la fracción I
del artículo 125.
114
DECRETO No. 90; B. O. Edición Especial, de fecha 30 de diciembre de 2022, que reforman el
párrafo sexto del artículo 9º; la fracción IX del artículo 13; el párrafo segundo del artículo
48; la fracción IV del artículo 50; el primer párrafo, el inciso a) de la fracción I, los incisos
a), c), d), e), f), g) y h), así como los párrafos tercero y quinto de la fracción III, las
fracciones IV, V, VI, VII del artículo 50-A; el primer párrafo del artículo 69; las
fracciones IV y V del artículo 70; el artículo 85 y el segundo párrafo del artículo 127; Se
deroga el segundo párrafo de la fracción III del artículo 50-A; Se adicionan un párrafo
octavo al artículo 9º; un párrafo segundo con incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) a la
fracción V del artículo 13; un párrafo segundo a la fracción II recorriendo el segundo
actual para convertirse en tercero, y un párrafo sexto a la fracción III, una fracción VIII al
artículo 50-A; una fracción X al artículo 53; un artículo 63 TER, una fracción VI al
artículo 70, y un artículo 127 Bis.
DECRETO No. 155; B. O. No. 52, sección III, de fecha 28 de diciembre de 2023, que reforman,
el primer párrafo del artículo 5; la fracción II del artículo 22; el primer párrafo del artículo 33 Bis;
las fracciones I y III, del artículo 41; el artículo 41 Quáter; el segundo párrafo del inciso a) y el
primer párrafo del inciso b), del artículo 41 Sexies; el inciso f) y el último párrafo del artículo 41
Septies; el inciso b) de la fracción I, del artículo 41 Octies; el primer y último párrafo del artículo
41 Decies; el articulo 49; las fracciones III y IV, del artículo 50; la fracción IV del artículo 53; el
primer párrafo del artículo 60; el último párrafo del artículo 63; el primer párrafo del artículo 64; el
inciso a), de la fracción I, del artículo 67; el artículo 68; la fracción II y el inciso a) de la fracción III,
del artículo 69; el primer párrafo y la fracción VI, del artículo 73; el primer párrafo del artículo 75;
los párrafos primero y último del artículo 85; el segundo párrafo de la fracción I y el inciso a) de la
fracción II, del artículo 88; las fracciones XIV, XV y XXIV, del artículo 90; la fracción V del artículo
92; las fracciones VII y XV, del artículo 93; Se adicionan, los párrafos segundo y tercero, al
artículo 18; el artículo 33 Quinquies; los párrafos tercero y cuarto a la fracción III, del artículo 36;
un párrafo sexto al artículo 41; el párrafo tercero al inciso a) y un último párrafo al artículo 41
Sexies y el último actual, pasa a penúltimo; la fracción IV al artículo 42; los párrafos cuarto,
quinto, sexto, séptimo y octavo, al artículo 48; la fracción XXV al artículo 90; y Se derogan, el
inciso d) del artículo 41 Bis; el numeral 3 del artículo 41 Ter; el artículo 65; el artículo 66; la
fracción XXI del artículo 90; y el artículo 146 Quáter.
I N D I C E
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE SONORA…………………………………………………………..1
TITULO PRIMERO……………………………………………………………………………………………1
CAPÍTULO ÚNICO……………………………………………………………………………………………1
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.......................................................................................... 1
TITULO SEGUNDO…………………………………………………………………………………………..7
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES…….……………………….7
CAPÍTULO ÚNICO............................................................................................................................. 7
TITULO TERCERO………………………………………………………………………………………….14
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES……………………..…………………..14
CAPÍTULO ÚNICO........................................................................................................................... 14
115
TITULO CUARTO…………………………………………………………………………………………...31
DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES…………………………………….………………..31
CAPITULO I………………………………………………………………………………………………….31
DE LAS INFRACCIONES................................................................................................................ 31
CAPITULO II…………………………………………………………………………………………………39
DE LOS DELITOS FISCALES.......................................................................................................... 39
TITULO QUINTO…………………………………………………………………………………………….42
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS…………………………………………………….42
CAPITULO I………………………………………………………………………………………………….42
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO.................................................................................................42
SECCIÓN I…………………………………………………………………………………………………...42
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN................................................................................................ 42
SECCIÓN II…………………………………………………………………………………………………..46
DE LA IMPUGNACIÓN DE NOTIFICACIONES................................................................................46
SECCIÓN III………………………………………………………………………………………………….47
DEL TRAMITE Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO............................................................................47
CAPITULO II…………………………………………………………………………………………………48
DE LAS NOTIFICACIONES Y LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL............................................48
CAPITULO III…………………………………………………………………………………………………..53
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN...............................................................53
SECCIÓN I……………………………………………………………………………………………………..53
DISPOSICIONES GENERALES...............................................................................................................53
SECCIÓN II…………………………………………………………………………………………………..56
DEL EMBARGO…………………......................................................................................................56
SECCIÓN III………………………………………………………………………………………………….57
DE LA INTERVENCIÓN....................................................................................................................57
SECCIÓN IV………………………………………………………………………………………………….61
DEL REMATE DE LOS BIENES.......................................................................................................61
TITULO SEXTO……………………………………………………………………………………………..66
DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO………………………………………..66
CAPITULO I………………………………………………………………………………………………….66
DISPOSICIONES GENERALES.......................................................................................................66
CAPITULO II...…………………………………………………………………………………………………67
DEL PROCEDIMIENTO........................................................................................................................... 67
SECCIÓN I……………………………………………………………………………………………………..67
DISPOSICIONES PRELIMINARES..........................................................................................................67
SECCIÓN II…………………………………………………………………………………………………….68
DE LAS NOTIFICACIONES Y LOS TÉRMINOS.....................................................................................68
116
SECCIÓN III……………………………………………………………………………………………………69
DE LOS CASOS DE IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO...................................................69
SECCIÓN IV………………………………………………………………………………………………….70
DE LOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES............................................................70
SECCIÓN V……………………………………………………………………………………………………71
DE LA DEMANDA.................................................................................................................................…71
SECCIÓN VI……………………………………………………………………………………………………74
DE LA CONTESTACIÓN..........................................................................................................................74
SECCIÓN VII…………………………………………………………………………………………………..76
DE LOS INCIDENTES.............................................................................................................................76
SECCIÓN VIII………………………………………………………………………………………………..78
DE LAS PRUEBAS............................................................................................................................78
SECCIÓN IX……………………………………………………………………………………………………79
DE LA AUDIENCIA....................................................................................................................................79
SECCIÓN X…………………………………………………………………………………………………….80
DE LA SENTENCIA...................................................................................................................................80
TRANSITORIOS…………………………………………………………………………………………….82