<![CDATA[CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
CESÁREO G. SORIANO. Gobernador Constitucional Interino del Estado Libre y Soberano de
Sonora, a sus habitantes sabed:
Que el Congreso Constituyente del mismo, ha tenido a bien decretar lo siguiente:
El Congreso Constituyente de Sonora, reunido en esta Villa, en virtud de las facultades que le
conceden los Decretos Números 90 y 91 de fecha 29 de marzo de 1917, expedidos por el C. Gobernador
Interino del Estado, de conformidad con el Articulo lo. del Decreto de 22 de marzo de 1917 del
Ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión y con
apoyo en el Artículo 5o. del expresado decreto, en nombre del pueblo sonorense ha tenido a bien
expedir la siguiente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA
QUE REFORMA LA LEY DEL 1o. DE
NOVIEMBRE DE 1872.
TITULO PRELIMINAR
ARTICULO 1o.- Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En
el Estado de Sonora toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal establezca. El
Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un
individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales
correspondientes, hasta su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto causado por
culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no
provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista,
oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora,
así como los casos de donación de órganos humanos, en los términos de las disposiciones legales
aplicables.
Las autoridades, los funcionarios y empleados del Estado y Municipios tienen la ineludible
obligación de respetar y hacer respetar, en la órbita de sus facultades, las garantías y las prerrogativas
que esta Constitución Local concede.
El Estado de Sonora tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos
indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del
Estado al momento de iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a
la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, asegurando la unidad estatal, para:
A).- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y
cultural.
B).- Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos,
sujetándose a los principios generales que se establecen en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante,
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la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por
los jueces o tribunales correspondientes.
C).- Elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno
interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en
un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado.
D).- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su
cultura e identidad.
E).- Conservar y mejorar el hábitat y sus recursos naturales y preservar la integridad de sus tierras,
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
respectivas.
F).- Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de la materia, así
como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo
aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
G).- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, en
los términos dispuestos en la Ley.
H).- Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus
costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes respectivas. Los indígenas tienen, en todo
tiempo, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y
cultura.
El Estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias
para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las
carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la
obligación de:
A).- Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas
entre los diferentes órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades
municipales determinarán, equitativamente, las asignaciones presupuestales que las comunidades
administrarán directamente para fines específicos.
B).- Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la
educación media superior y superior; establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en
todos los niveles; definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las
comunidades indígenas, e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en el
Estado.
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C).- Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando debidamente la medicina
tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en
especial para la población infantil.
D).- Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia
y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
E).- Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a las
actividades productivas, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su
educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
F).- Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante
la construcción y ampliación de vías de comunicación.
G).- Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas
mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de
estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación
de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso
equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
H).- Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en
el territorio estatal como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de
los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus
derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
I).- Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes estatal y municipales de
desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, el
Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas
específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que
aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas.
En el Estado de Sonora queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra.
Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus
derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los
derechos de la niñez.
El Gobierno del Estado establecerá un sistema universal de becas para las y los estudiantes de
todos los niveles escolares del sistema de educación estatal para prevenir y combatir la deserción
escolar, así como fomentar la formación integral y de competencias académicas, deportivas y culturales
para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con un enfoque inclusivo, dando prioridad a regiones o
grupos con mayor rezago educativo, pobreza, marginación, vulnerabilidad, violencia, discapacidad física,
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discapacidad mental o alguna condición mental. El presupuesto asignado será progresivo y no podrá
disminuirse respecto del asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte. Corresponde al Estado conforme a las
Leyes en la materia su promoción, normativa, fomento, estímulo y difusión.
El Estado garantizará como un derecho del hombre el tener la posibilidad de acceder a la
conectividad de redes digitales de información y comunicación, como una política pública que otorga
igualdad de oportunidades a sus habitantes en el acceso a nuevas tecnologías, con el fin de fortalecer el
desarrollo cultural, económico, social y político del Estado.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien
lo provoque, en términos de lo dispuesto por la Ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
ARTICULO 2o.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está
sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este
concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares
pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba.
En materia de información pública:
APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre
acceso a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna.
Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información. Es obligación de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades,
organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho,
para difundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite así como poner a
disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se considere de interés
público que fijen las leyes.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los
términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Para el garantizar el derecho humano a la información, los sujetos obligados que se aluden en el
párrafo anterior, se regirán por los siguientes principios y bases:
I.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación
estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal es pública y sólo podrá ser
considerada reservada de forma temporal por razones de interés público. La ley de la materia
determinará los criterios con base en los cuales la información podrá ser considerada reservada o
confidencial.
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II.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones. Para ello, deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y
actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
III.- Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá
acceso a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. Para ello se
establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se
sustanciarán ante el organismo autónomo especializado e imparcial que establece esta Constitución. En
la interpretación del derecho a la Información, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
IV.- La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública por parte
de los sujetos obligados, será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
V.- El Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es un organismo público autónomo, especializado, imparcial, colegiado e
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y
determinar su organización interna, que será responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de
acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados
en los términos de la legislación vigente.
En su funcionamiento el organismo garante se regirá por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad
y contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado conforme a lo dispuesto en la
fracción XV del artículo 64 de esta Constitución.
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a
la información pública y la protección de datos personales en el ámbito de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho
privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,
sin perjuicio de las demás atribuciones que fijen las leyes. También conocerá de los recursos que
interpongan los particulares respecto de los actos de autoridad que determinen la reserva,
confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezcan las leyes en
la materia.
Las resoluciones del organismo serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos
obligados y contra ellas sólo procederán los mecanismos de impugnación expresamente señalados en la
ley de la materia.
El organismo garante estará conformado por tres comisionados que serán nombrados por las dos
terceras partes de los Diputados presentes en la sesión correspondiente.
Los comisionados durarán en su cargo siete años, serán sustituidos de manera escalonada para
asegurar la autonomía del organismo, y en el proceso de su designación se procurará una amplia
participación de la sociedad, máxima publicidad y se garantizará la igualdad de género. Los
comisionados no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en
instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los
términos del Título Sexto de la presente Constitución y serán sujetos de juicio político.
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El comisionado presidente ejecutará las decisiones del organismo garante y será su representante
legal.
El organismo garante contará con facultades para imponer medidas de apremio a los sujetos
obligados para asegurar el cumplimiento de sus decisiones, en los términos de lo que establezca la ley
de la materia.
APARTADO B.- En la designación de los comisionados del organismo garante, el Congreso del
Estado deberá asegurar la participación ciudadana y su realización conforme al siguiente procedimiento:
I.- El Congreso del Estado emitirá y difundirá en los medios de comunicación una convocatoria
pública para que cualquier ciudadano que aspire al cargo de comisionado, pueda registrarse dentro del
plazo de diez días naturales posteriores a la expedición de la misma, en la cual deberá contemplar entre
los requisitos de idoneidad para el cargo, no haber sido persona sancionada o condenada mediante
resolución firme por violencia familiar o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por
delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal y no ser deudor alimentario moroso,
salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente
con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios.
II.- Concluido el plazo para el registro, la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dentro de los
cinco días naturales siguientes, hará público un listado de la misma manera en que se hizo pública la
convocatoria, en el que señale el número de aspirantes registrados y determine quiénes cumplieron con
los requisitos exigidos en la convocatoria. De la misma manera, en la citada lista se establecerá y hará
pública la posibilidad de que, dentro de los cinco días naturales siguientes a la publicación de la lista,
cualquier persona interesada, con apoyo en pruebas suficientes, pueda presentar comentarios y
objeciones a la candidatura de cualquiera de los aspirantes;
III.- Los aspirantes señalados en la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días
siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para la recepción de comentarios y objeciones serán
convocados a comparecer en audiencia ante la comisión legislativa correspondiente;
IV.- Concluido el período de comparecencias, la comisión correspondiente, tomando en
consideración la opinión de la sociedad expresada en los términos de la fracción III que antecede,
realizará la propuesta de designación de comisionados, especificando a la o el ciudadano que habrá de
fungir como Presidente del Órgano Garante, mediante el dictamen correspondiente, y lo presentará al
Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación; y
V.- El dictamen que presente la comisión correspondiente se aprobará cuando obtenga el voto
favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión convocada para tal efecto.
En caso de que el dictamen no hubiera obtenido la votación requerida para su aprobación, la comisión
deberá presentar otra propuesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado hasta obtener la
aprobación correspondiente.
En todo caso, el dictamen que presente la comisión correspondiente en los términos antes
señalados, deberá hacerse en los términos del Artículo 53 de esta Constitución
El nombramiento podrá ser objetado por el Poder Ejecutivo en un plazo de diez días hábiles. Si el
Poder Ejecutivo no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la
persona nombrada por la Legislatura.
TITULO PRIMERO
TERRITORIO Y PARTES INTEGRANTES DEL ESTADO
CAPITULO I
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TERRITORIO
ARTICULO 3o.- El territorio del Estado de Sonora se constituye por la extensión de tierra firme que
posee actualmente y sobre el cual ha ejercido y ejerce soberanía y jurisdicción y que está limitado por el
norte, con el territorio de los Estados Unidos de América; por el sur, con el Estado de Sinaloa; por el oriente,
con el Estado de Chihuahua, de por medio la Sierra Madre Occidental, y por el poniente con el Golfo de
California y Estado de Baja California, conforme a los convenios correspondientes en sus respectivos casos;
así como por toda otra extensión de terreno que por derecho le pertenezca. Comprende igualmente las islas
de El Tiburón, San Esteban, Lobos y demás islas e isletas que han estado sujetas a su dominio.
CAPITULO II
PARTES INTEGRANTES DEL ESTADO
ARTICULO 4o.- Las partes integrantes del Estado son los Municipios hasta hoy existentes y los
que se erijan conforme a lo dispuesto por esta Constitución, sin perjuicio de las divisiones distritales que,
por razón de orden, establezcan las leyes orgánicas y reglamentarias de las distintas ramas de la
administración.
La Ley Orgánica respectiva contendrá la designación de cada uno de los Municipios del Estado,
así como la de las Comisarías que dependan de aquellos.
ARTICULO 5o.- Los Municipios continuarán con la extensión y límites que hasta hoy han tenido,
salvo los casos a que se contraen las fracciones XII y XIII del Artículo 64 de esta Constitución.
ARTICULO 6o.- La creación de nuevos Municipios, así como las cuestiones de limites entre los
existentes, se sujetarán a las prescripciones relativas de esta Constitución.
ARTICULO 7o.- Las islas pertenecientes al Estado dependerán directamente del Ejecutivo
mientras no haya en ellas poblaciones debidamente organizadas. Cuando haya en ellas poblaciones
organizadas, el Congreso proveerá lo que corresponda a la condición de dichas poblaciones.
TITULO SEGUNDO
HABITANTES DEL ESTADO
ARTICULO 8o.- Los habitantes del Estado, por su condición política, se consideran como
sonorenses, ciudadanos y extranjeros.
En el Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad
competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
El español es el idioma oficial del estado de Sonora y, adicionalmente, se reconoce a la Lengua de
Señas Mexicana como lengua oficial y parte del patrimonio lingüístico sonorense. El estado y los
municipios, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que las personas con discapacidad auditiva
reciban educación en Lengua de Señas Mexicana y promoverán su utilización en todo el territorio estatal.
ARTICULO 9o.- Son sonorenses:
I.- Los nacidos en el territorio del Estado.
II.- Los mexicanos que tengan una residencia efectiva de dos años en el Estado.
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III.- Los hijos de padres sonorenses nacidos fuera del Estado, pero dentro del territorio de la
República.
ARTICULO 10.- Son ciudadanos del Estado los varones y las mujeres que teniendo la calidad de
ciudadanos de la República, reúnan, además, la de sonorenses.
ARTICULO 11.- Son extranjeros los considerados así por la Constitución General de la República.
ARTICULO 12.- Son obligaciones de los sonorenses:
I.- Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas para que cursen la educación
básica y media superior, y cuidar que reciban la instrucción militar, en los términos que establezca la Ley.
II.- Acudir en los días y horas designados al llamado de la autoridad para obtener la instrucción
cívica y militar correspondiente.
III.- Alistarse y servir en la Guardia Nacional que en el Estado se organice conforme a las leyes
relativas.
IV.- Contribuir para los gastos públicos del Estado y Municipios en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
V.- Respetar y obedecer las leyes, instituciones y autoridades de la Federación, del Estado y del
Municipio.
VI.- Ayudar, en el lugar en donde se encuentren, a las autoridades del Estado a la conservación
del orden.
VII.- Tomar las armas en defensa de la soberanía, leyes, instituciones y autoridades legitimas del
Estado, cuando éstas lo requieren en los términos de la Ley.
VIII.- Inscribirse de acuerdo con las leyes relativas en el Registro Estatal de Electores y Catastro
del Municipio donde residan.
ARTICULO 13.- Son obligaciones de los ciudadanos sonorenses:
I.- Las mismas enumeradas para los sonorenses.
II.- Votar en las elecciones populares, en los términos que señale la Ley Electoral correspondiente.
III.- Desempeñar, cuando tengan los requisitos de Ley, los cargos de elección popular del Estado.
IV.- Desempeñar los cargos concejales en el Municipio donde residan, así como las funciones
electorales y las de jurado, conforme lo ordenan las leyes respectivas.
ARTICULO 14.- Son obligaciones de los extranjeros:
I.- Respetar y obedecer las Leyes, instituciones y autoridades de la Federación, del Estado y del
Municipio.
II.- Contribuir para los gastos públicos del Estado y Municipios en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
III.- No inmiscuirse en asuntos políticos.
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IV.- Inscribirse de acuerdo con las leyes relativas en el Catastro del Municipio donde residan.
ARTICULO 15.- Los mexicanos no sonorenses tienen las mismas obligaciones que los
sonorenses. No podrán inmiscuirse en los asuntos políticos que se refieran al Estado o a los Municipios,
mientras no adquieran la calidad de sonorenses.
ARTICULO 16.- Son derechos y prerrogativas del ciudadano sonorense:
I.- Votar en las elecciones populares y en los procesos de participación ciudadana, en los términos
que señalen las leyes respectivas.
II.- Poder ser votado para los cargos de elección popular en el Estado y los municipios y
nombrado para cualquier otro empleo o comisión en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres
y hombres, salvo las modalidades y excepciones que se encuentran previstas en esta Constitución.
III.- Asociarse para tratar los asuntos políticos del Estado y formar partidos políticos en los
términos que prevenga la Ley Electoral correspondiente.
IV.- Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República, del
Estado y de sus instituciones.
V.- Ejercer en toda clase de asuntos políticos el derecho de petición.
ARTICULO 17.- Las y los sonorenses, en igualdad de circunstancias, serán preferidos a los
demás mexicanos para el desempeño de los cargos públicos o empleos del Estado, siempre que llenen
los requisitos que las leyes exijan, además de los siguientes:
I.- Un modo honesto de vivir;
II.- No ser ministro de algún culto religioso;
III.- No haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por violencia
familiar o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la
libertad sexual o la intimidad corporal;
IV.- No ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele
en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios;
y
V.- Cumplir con el principio de paridad en los términos del artículo 150 A de esta Constitución.
ARTICULO 18.- La calidad de ciudadano sonorense se pierde:
I.- Por dejar de ser ciudadano mexicano.
II.- Por adquirir la condición de ciudadano de otro Estado de la República.
ARTICULO 19.- Tienen suspensos los derechos o prerrogativas de ciudadanos del Estado.
I.- Los que hayan sido suspendidos en sus prerrogativas o derechos como ciudadanos mexicanos
por las causas enumeradas en la Constitución General de la República.
II.- Los que faltaron sin causa justificada a las obligaciones de ciudadano que les imponen las
fracciones II, III y IV del Artículo 13 de esta Constitución.
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III.- Los procesados desde que se dicte el auto de vinculación a proceso hasta que cause ejecutoria
la sentencia que los absuelva.
IV.- Los funcionarios y empleados públicos, desde que se resuelva que ha lugar a proceder
penalmente en su contra, hasta que se declare ejecutoriada la sentencia que los absuelva o extingan la
pena que les fuere impuesta.
V.- Los que por sentencia ejecutoriada sean condenados a pena corporal o a suspensión de
derechos hasta que la extingan.
VI.- Los que por causa de enfermedad mental tuvieren en suspenso el ejercicio de sus derechos
civiles.
ARTICULO 20.- Fuera de los casos ya especificados en el artículo anterior, la Ley determinará la
duración de la suspensión así como también cuando se pierden tales derechos y los requisitos
necesarios para que el ciudadano sonorense quede rehabilitado en sus prerrogativas o derechos
suspendidos.
ARTÍCULO 20-A.- El Estado de Sonora garantizará una política pública encaminada a eliminar la
discriminación y violencia contra la mujer comprometiéndose a:
I.- Consagrar el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios
apropiados la realización práctica de ese principio;
II.- Adoptar medidas adecuadas, legislativas y reglamentarias, que prohíban toda discriminación y
violencia contra la mujer;
III.- Garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales;
IV.- Realizar acciones a efecto de lograr la modificación de los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
V.- Garantizar el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas del Estado y a
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones;
VI.- Establecer el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación;
VII.- Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque
las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
VIII.- Adoptar medidas con perspectiva antidiscriminatoria, que se apliquen y desarrollen de
manera transversal y progresiva en el quehacer público y privado;
IX.- Evitar cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, político, obstétricop o sexual tanto en el ámbito privado como
en el público;
X.- Llevar una estadística detallada de los delitos cometidos contra las mujeres en el que se haya
empleado cualquier tipo de violencia con ellas, tanto en la Fiscalía General de Justicia del Estado como
en el Instituto Sonorense de las Mujeres;
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XI.- Impulsar que el Congreso del Estado legisle y los Ayuntamientos reglamenten con perspectiva
de género;
XII.- Promover y difundir en la sociedad, políticas públicas para evitar y prevenir conductas
misóginas en contra de las mujeres;
XIII.- Proporcionar recursos al sector público y sociedad civil organizada para llevar a cabo los
programas y la implementación de las acciones de prevención y promoción del combate a la
discriminación y violencia contra la mujer;
XIV.- Adoptar medidas educativas y culturales para evitar la utilización de lenguaje sexista
consistente en expresiones de la comunicación humana que invisibilizan a las mujeres, las subordinan,
las humillan o estereotipan;
XV.- Establecer un grupo permanente de carácter interinstitucional y multidisciplinario con
perspectiva de género, conformado por sociedad-gobierno que dé el seguimiento a las acciones
preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; y
XVI.- Utilizar acciones afirmativas en caso de la vulneración de los derechos fundamentales de las
mujeres.
TITULO TERCERO
SOBERANÍA DEL ESTADO Y FORMA DE GOBIERNO
CAPITULO I
SOBERANÍA
ARTICULO 21.- El Estado de Sonora forma parte de la Federación de los Estados Unidos
Mexicanos. Es libre e independiente de los demás Estados de la Federación y soberano en todo lo que
se refiere a su administración y régimen interiores. Conserva con los demás Estados de la Unión las
relaciones que le impone la Constitución General de la República.
ARTÍCULO 22.- La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo sonorense y se
ejerce por medio de los poderes públicos del Estado. El gobierno es emanación genuina del pueblo y se
instituye para beneficio del mismo.
La elección a gobernador del Estado, de los diputados al Congreso del Estado y de los integrantes
de los ayuntamientos, deberá realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, a través de
elecciones libres, auténticas y periódicas. La jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de junio del
año que corresponda y procurará realizarse de manera concurrente con los procesos electorales
federales. La elección de Gobernador será concurrente con la elección de Presidente de la República.
La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo
público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio
de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la materia,
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo General
será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero Presidente y seis consejeros
electorales con derecho a voz y voto, designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que
señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, el Instituto Estatal
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Electoral contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado conforme a lo dispuesto
en la fracción XV del artículo 64 de esta Constitución.
Los siete consejeros electorales durarán en su encargo un período de siete años y no podrán ser
reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en los términos dispuestos en las leyes aplicables.
Los consejeros electorales deberán ser originarios del Estado de Sonora o contar con una
residencia efectiva de, por lo menos, cinco años anteriores a su designación y cumplir con los requisitos
y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezcan la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables.
En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral hará la designación correspondiente, en términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.
Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto
para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero
para un nuevo periodo.
Los consejeros electorales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener otro
empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas,
culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos
emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado ni ser postulados
para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años
posteriores al término de su encargo.
El Instituto contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por las leyes aplicables. La selección,
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de
los servidores públicos del Instituto estará a cargo del Servicio Profesional Electoral Nacional, en los
términos de las leyes aplicables.
El Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones del
Instituto solo con derecho a voz. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas y deberán
difundirse por medios electrónicos en tiempo real. Cada partido político contará con un representante
propietario y su suplente en cada organismo electoral.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrá convenir con el Instituto Nacional
Electoral para que se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, en los términos
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.
En los procesos electorales, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana observará,
con la debida diligencia, la prevención y sanción administrativa de aquellas conductas o hechos
presumiblemente constitutivos de violencia política por razones de género. El Consejo General de dicho
Instituto tendrá a su cargo el análisis de forma particular para definir si se trata o no de violencia de
género y adoptará las acciones dentro del ámbito de su competencia para salvaguardar los derechos
políticos electorales que resulten afectados.
Los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del
pueblo en la vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos de representación
política estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo.
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Tendrán el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con
excepción de lo dispuesto en el artículo 2°, apartado A, fracciones III y VII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, por tanto,
queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
Asimismo, promoverán, en los términos de esta Constitución y la Ley, la igualdad de
oportunidades y la equidad entre las mujeres y los hombres en la vida política del Estado y sus
municipios, a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y en los
ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. La intervención de los
partidos políticos en el proceso electoral estará a lo dispuesto por las leyes aplicables.
Las candidaturas comunes se regirán bajo lo que dispongan las leyes de la materia aplicable,
siempre y cuando establezca como mínimo que el convenio de las candidaturas comunes deberá
contener el nombre de los partidos políticos que la conforman y el tipo de elección de que se trate; así
como el emblema común de los partidos políticos que la conforman y el color o colores con que se
participa, la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la
candidatura común para los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento
público.
Los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación
será conforme al convenio de candidatura común registrada ante la autoridad electoral.
El Estado garantizará el financiamiento público a los partidos políticos con registro nacional o
estatal que participen en la elección ordinaria inmediata anterior en la Entidad y mantengan actividades
ordinarias permanentes en el Estado, en los términos que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.
El partido político que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o
Legislativo, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos
nacionales que participen en las elecciones locales.
El partido político nacional que participe en las elecciones locales y que se encuentre en el
supuesto del párrafo anterior, no obtendrá financiamiento con recursos públicos locales para actividades
ordinarias.
La ley establecerá los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y
campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y
simpatizantes; también establecerá las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los
partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las
campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días,
cuando sólo se elijan diputados o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos
terceras partes de las respectivas campañas electorales.
Los ciudadanos sonorenses tendrán el derecho de solicitar su registro como candidatos para
poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular. No habrá límite en el
número de candidatos independientes que podrán registrarse para cada uno de los cargos a elegir en
cada proceso electoral. Además, se establecerán los mecanismos para la postulación, registro, derechos
y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al
acceso a la radio y la televisión, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en las leyes aplicables.
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La ley establecerá un sistema de nulidades y medios de impugnación de los que conocerá un
Tribunal Estatal Electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales y garantizará que los actos, acuerdos y resoluciones se sujeten, invariablemente, al principio
de legalidad. Sus sesiones serán públicas.
El Tribunal Estatal Electoral tendrá plena autonomía operativa y de decisión, así como
personalidad jurídica y patrimonio propios. Será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y
de procesos de participación ciudadana, funcionará de manera permanente y tendrá a su cargo la
sustanciación y resolución, en única instancia, de los medios de impugnación que establezcan las leyes
aplicables, así como la resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios y juicios orales
sancionadores en materia electoral en los términos que establezca la ley.
El Tribunal se integrará por tres magistrados propietarios los cuales serán designados por la
Cámara de Senadores, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes aplicables. De igual manera, el Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular
será designado conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 64 de esta Constitución.
La organización y competencia del Tribunal Estatal Electoral será fijada por la ley.
En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación no producirá, en ningún caso,
efectos suspensivos del acto o resolución impugnado.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana realizará el cómputo final de la elección
de Gobernador del Estado y declarará la validez de la elección y de Gobernador Electo.
Las leyes en materia electoral deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días
naturales antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá
realizarse modificación alguna.
Los delitos en materia electoral y la determinación de las penas correspondientes que por ellos se
impongan se establecerán en la Ley.
ARTICULO 23.- EL Estado de Sonora no reconoce en los Poderes Supremos de la Unión ni en
otro alguno, derecho para pactar o convenir entre ellos o con nación extraña, aquello que lesione la
integridad de su territorio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia.
ARTICULO 24.- Los Supremos Poderes del Estado ejercerán todas aquellas facultades que se les
confieren por la Constitución General de la República, esta Constitución Local y las leyes que de ellas
emanen.
CAPITULO II
FORMA DE GOBIERNO
ARTICULO 25.- De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Estado de Sonora adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y organización política y
administrativa, el Municipio Libre, según la presente Constitución y las leyes que de ella emanen.
CAPITULO III
ECONOMÍA PÚBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
ARTÍCULO 25-A.- El Gobierno del Estado está obligado a promover, orientar y conducir el
desarrollo económico, social, sustentable, político y cultural de la población de la Entidad, mediante el
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fomento del crecimiento económico, del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza con
la más amplia participación de la sociedad.
ARTÍCULO 25-B.- Los sectores público, privado y social concurrirán con solidaridad en el
desarrollo integral y sustentable del Estado. El sector público bajo el esquema de economía mixta,
impulsará por sí o conjuntamente con los demás sectores, las áreas que se consideren prioritarias para
el desarrollo.
ARTÍCULO 25-C.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño
de las responsabilidades del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, sobre el desarrollo
integral y sustentable de la Entidad, de acuerdo a los principios, fines y objetivos políticos, sociales,
culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
ARTICULO 25-D.- Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Estatal y en igual forma existirá un Plan de Desarrollo por cada
Municipio de la Entidad, al que se sujetarán los programas de los Gobiernos Municipales. Los Planes de
Desarrollo deberán expedirse dentro de los primeros cuatro meses del inicio de la administración
correspondiente.
Los municipios participarán en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los
Programas de Desarrollo Regional cuando éstos afecten su ámbito territorial. Siempre que el Gobierno
del Estado formule Programas de Desarrollo Regional, deberá asegurar la participación de los
Municipios.
ARTICULO 25-E.- La Ley determinará los procedimientos de participación y consulta popular en el
proceso de planeación y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación de los
planes y los programas de desarrollo y los órganos responsables. Asimismo, las bases para que el
Ejecutivo Estatal coordine mediante convenios con los Gobiernos Federal y Municipal se induzca y
concierte con las representaciones de los sectores social y privado las acciones a realizar para su
elaboración y ejecución.
ARTÍCULO 25-F.- Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia,
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones,
trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley Estatal de la materia. Serán principios
rectores los de mejora en el desempeño y racionalidad en el ejercicio del gasto en las funciones de las
dependencias y entidades, así como incentivar la competitividad y el beneficio social-productivo.
ARTÍCULO 25-G.- A efecto de lograr el desarrollo integral y sustentable del Estado de Sonora, se
reconoce como Municipio Rural a todo aquel Municipio con una población de cincuenta mil habitantes o
menos, y en el caso de los Municipios con más de cincuenta mil habitantes se reconoce como Localidad
Rural a toda aquella localidad con cincuenta mil habitantes o menos.
El Gobierno del Estado y los ayuntamientos tienen la obligación de fomentar el desarrollo
económico, social, educativo, sustentable, político y cultural, de los habitantes de los municipios y
localidades rurales, en el marco de sus respectivas competencias.
TITULO CUARTO
DIVISIÓN DE PODERES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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ARTICULO 26.- El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en LEGISLATIVO,
EJECUTIVO Y JUDICIAL.
ARTICULO 27.- No podrán reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el Legislativo en un solo individuo, excepto en el caso previsto por la fracción XXXIII del
Artículo 64 de esta Constitución.
ARTICULO 28.- Los Poderes del Estado residirán en la Capital del mismo. Esta será la Ciudad de
Hermosillo, sin perjuicio de la facultad concedida al Congreso en el Articulo 64 fracción XIV de la
presente Constitución.
CAPITULO II
PODER LEGISLATIVO
SECCIÓN I
CONGRESO DEL ESTADO
ARTICULO 29.- El ejercicio del Poder Legislativo del Estado se depositará en una Asamblea de
Representantes del Pueblo, denominada "CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA", el cual actuará
como Parlamento Abierto y se regirá por los principios de transparencia de la información, rendición de
cuentas, evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y uso de tecnologías de la
información.
SECCIÓN II
ELECCIÓN DE DIPUTADOS
ARTICULO 30.- Los Diputados al Congreso del Estado serán electos en su totalidad cada tres
años.
Los diputados podrán ser electos, de manera consecutiva, hasta por cuatro periodos consecutivos
sin que la suma de dichos periodos exceda de doce años. La postulación sólo podrá ser realizada por el
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado,
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En los casos de los
diputados que hayan accedido a tal cargo mediante una candidatura independiente, solo podrán
postularse para ser electos de manera consecutiva por esa misma vía, sin que puedan ser postulados
por algún partido político o coalición.
ARTICULO 31.- El Congreso del Estado estará integrado por 21 diputados propietarios y sus
respectivos suplentes, electos en forma directa por el principio de mayoría relativa, en igual número de
distritos uninominales y hasta por 12 diputados electos por el principio de representación proporcional.
Los diputados electos por mayoría relativa y los electos por el principio de representación
proporcional, siendo ambos representantes del pueblo, tendrán idéntica categoría e igualdad de
derechos y deberes.
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos
principios, que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su
porcentaje de votación válida emitida en la elección de que se trate. Esta base no se aplicará al partido
político que por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida, más el ocho por ciento. Asimismo,
en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político, no podrá ser
menor al porcentaje de votación válida que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Ningún
partido político, podrá tener más de 21 diputados por ambos principios.*
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*En cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las acciones de
inconstitucionalidad de número de expediente 71/2018 y su acumulada 75/2018, se declara la invalidez de los artículos 31, párrafo
tercero en sus porciones normativas “coalición o candidatura común”, y 166, párrafo tercero, fracción II, párrafo primero, en su
porción normativa “las que deberán resolverse con base en lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos “, de la Constitución Política del Estado de Sonora, de la Ley 288, publicada en el B. O. 13, sección II,
de fecha 13 de agosto de 2018.
Las leyes aplicables establecerán la demarcación de cada Distrito Electoral.
ARTICULO 32.- La asignación de Diputados, por el principio de representación proporcional, se
hará de acuerdo con la fórmula electoral que se establezca en la Ley, y con sujeción a las siguientes
bases:
I.- Tendrá derecho a que le sean asignados Diputados por el principio de representación
proporcional, todo aquel partido político que obtenga el tres por ciento o más de la votación total emitida;
II.- Se deroga.
III.- Solo tendrán derecho a Diputados de representación proporcional los partidos políticos que
hayan registrado candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, en el número de distritos
que señale la Ley;
IV.- Se deroga.
ARTICULO 33.- Para ser Diputada o Diputado Propietario o Suplente al Congreso del Estado se
requiere:
I.- Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos políticos.
II.- Se deroga.
III.- Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, excepto en el
caso de municipios que abarquen dos o mas distritos electorales en su demarcación, caso en el cual
bastará con acreditar la vecindad y residencia en dicho municipio para contender por el cargo de
diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. La vecindad y residencia a que se refiere esta
fracción deberá de ser, cuando menos, de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección.
IV.- No haber sido Gobernador del Estado dentro del periodo en que se efectúe la elección, aún
cuando se hubiere separado definitivamente de su puesto.
V.- No tener el carácter de servidor público, dentro de los noventa días inmediatamente anteriores
al día de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo o de aquellos que desempeñen un
empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en
cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal.
VI.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún culto religioso.
VII.- No haber sido Diputado Propietario durante cuatro periodos consecutivos al año en que se
efectúe la elección.
VIII.- No haber sido Diputado o Senador Propietario del Congreso de la Unión, a menos que se
separe de dicho cargo, noventa días antes al día de la elección.
IX.- No tener antecedentes penales por la comisión de un delito doloso, salvo que el antecedente
penal hubiere prescrito; no haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por
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violencia familiar o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales
contra la libertad sexual o la intimidad corporal y no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite
estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente
en algún padrón de deudores alimenticio;
X.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni
consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no haya
ejercido o haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 22 de esta Constitución.
ARTICULO 34.- Los Diputados rendirán la Protesta de Ley ante el Congreso o ante la Diputación
Permanente.
SECCIÓN III
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO
ARTICULO 35.- El Congreso del Estado se instalará el día primero de septiembre del año de su
elección.
ARTICULO 36.- El Congreso no podrá abrir sus sesiones ni ejercer su encargo sin la concurrencia
de más de la mitad del número total de sus miembros.
ARTICULO 37.- Si el día señalado por la Ley para la instalación del Congreso no se presentaran
todos los Diputados propietarios electos, o si una vez instalado no hubiera quórum para que ejerza sus
funciones, los que asistieron compelerán a los ausentes a que concurran dentro de los primeros quince
días, con la advertencia de que si no lo hacen perderán su carácter. En este caso se llamará a los
Suplentes con un plazo igual, y si tampoco se presentaran se declarará vacante el puesto y suspensos
unos y otros en el uso de sus derechos de ciudadanos, por todo el tiempo que deberían durar en su
encargo.
ARTICULO 38.- Una vez declarado vacante el puesto, en los términos del artículo anterior, si se
trata de un Diputado electo por mayoría, el Congreso del Estado notificará al organismo electoral
correspondiente para que éste convoque a elecciones extraordinarias en el Distrito cuyo representante
no se hubiere presentado a ocupar su asiento, siempre que hayan de transcurrir más de seis meses para
que se efectúen las elecciones ordinarias; si se trata de un Diputado de Representación Proporcional, se
llamará a ocupar la vacante al suplente del mismo. Si tampoco éste se presentare, se llamará al
candidato que figure como siguiente en el orden de prelación de la lista del mismo partido. Si no hubiese
más candidatos en dicha lista, el Congreso declarará vacante esa representación.
ARTICULO 39.- En todos los casos en que por cualquiera causa desaparezca el Congreso, el
Ejecutivo convocará a elecciones extraordinarias de Diputados transcurrido un mes después de la fecha
de la desaparición. La elección e instalación del Congreso se verificará como lo determine la
convocatoria respectiva.
ARTICULO 40.- Para designar el Congreso electo en la forma establecida en el artículo anterior,
se añadirá al número que le corresponda la palabra "BIS", si dentro del período constitucional del
Congreso desaparecido se instalara el nuevo.
ARTÍCULO 41.- El Congreso tendrá, durante el año, dos periodos de sesiones ordinarias y dos
periodos de sesiones extraordinarias. Los períodos de sesiones ordinarias serán: el primero desde el 01
de septiembre hasta el 15 de diciembre y, el segundo, desde el día 01 de febrero hasta el 30 de abril.
Ambos periodos podrán prorrogarse. Los periodos de sesiones extraordinarias serán: el primero desde la
terminación del primer periodo de sesiones ordinarias hasta el 31 de enero y, el segundo, desde la
terminación del segundo periodo de sesiones ordinarias hasta el 31 de agosto.
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ARTICULO 42.- Sin perjuicio de su función legislativa ordinaria, en el primer periodo de sesiones
ordinarias el Congreso se ocupará de discutir y aprobar las leyes y presupuestos de ingresos y egresos
para el año siguiente. En las mismas condiciones, a más tardar el 15 de octubre, el Congreso deberá
examinar y calificar las cuentas públicas del año anterior.
Durante los periodos de sesiones extraordinarias la Diputación Permanente ejecutará y vigilará un
sistema que será regulado por la ley secundaria para concluir los trabajos que se encuentren pendientes
a cargo de las comisiones dictaminadoras, así como iniciar o continuar cualquier otro trabajo propio de
dichas comisiones con el objeto de que éstas reciban y se avoquen al análisis, discusión y, en su caso,
dictamen de cualquier iniciativa que se presente durante dichos periodos. Para este último efecto, las
iniciativas que se reciban en periodos de sesiones extraordinarias serán turnadas a comisiones por la
Diputación Permanente, iniciándose de inmediato los trabajos que correspondan a menos de que uno de
los integrantes de dicha Permanente reclamen el turno que se le haya dado al asunto, en cuyo caso se
incluirá el mismo, para decisión definitiva de turno, en la siguiente sesión que celebre el Pleno del
Congreso.
El Congreso del Estado procurará una Agenda Legislativa Conjunta con el Poder Ejecutivo, la cual
podrá quedar concluida hasta con cinco días hábiles previos al inicio de cada periodo ordinario de
sesiones.
ARTICULO 43.- El Congreso tendrá sesiones extraordinarias siempre que la Diputación
Permanente lo convoque para ello.
ARTICULO 44.- En sesiones extraordinarias el Congreso se ocupará exclusivamente del asunto o
asuntos que exprese la convocatoria respectiva y de los que se califiquen de urgentes, por el voto de las
dos terceras partes de los Diputados que concurran.
ARTICULO 45.- Si al comenzar un período de sesiones ordinarias el Congreso estuviera
celebrando extraordinarias, cesarán éstas y continuarán discutiéndose en aquéllas los negocios para que
fue convocado.
ARTÍCULO 46.- El día 13 del mes de septiembre de cada año, el Titular del Poder Ejecutivo, por sí
o de manera extraordinaria y, previo acuerdo, por conducto del Secretario de Gobierno o de quien aquél
designe, presentará al Congreso del Estado, un informe sobre el estado que guarde la Administración
Pública en sus diversos ramos.
El último año de su ejercicio constitucional, el Titular del Poder Ejecutivo presentará el informe a
que este precepto se refiere, el día 26 de agosto.
ARTICULO 47.- Los Diputados que no concurran a una sesión sin causa justificada, o sin permiso
del Congreso, no tendrán derecho a la dieta correspondiente.
ARTICULO 48.- El Diputado que falte a cinco sesiones consecutivas dentro del período, sin causa
justificada o sin previa licencia del Congreso, no podrá concurrir sino hasta el período inmediato y se
llamará desde luego a su Suplente.
ARTICULO 49.- Los Diputados Suplentes substituirán a los Propietarios en todas sus faltas
temporales y absolutas.
Los Diputados suplentes de representación proporcional suplirán a sus propietarios en todas sus
faltas temporales y absolutas y, en el caso de que no se presenten ni propietario ni suplente, se llamará a
aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de prelación en la lista respectiva, después
de habérseles asignado los diputados que les hubieren correspondido.
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ARTICULO 50.- Los Diputados en funciones, durante el periodo de su encargo, no podrán
desempeñar comisión o empleo alguno de la Federación, de los otros Poderes del Estado o del
Municipio, o cualquier otra responsabilidad pública, disfrutando sueldo o remuneración, a no ser que
tengan licencia del Congreso; pero concedida que fuere esta licencia, cesarán en sus funciones
legislativas mientras desempeñan el empleo o comisión. La infracción de esta disposición será castigada
con la pérdida del carácter de Diputado.
Se deroga.
ARTICULO 51.- Los Diputados son inviolables por las opiniones que emitan en el desempeño de
su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
ARTICULO 52.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de Ley, Decreto o Acuerdo.
Será materia de Ley toda resolución que afecte a las personas en general; de Decreto, la que
otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de Acuerdo, en los demás casos.
Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el Presidente y Secretarios de la
Legislatura. Los acuerdos se comunicarán por los Secretarios del Congreso.
SECCIÓN IV
INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES
ARTICULO 53.- El derecho de iniciar leyes compete:
I. Al Ejecutivo del Estado.
II. Al Supremo Tribunal de Justicia.
III. A los Diputados al Congreso de Sonora.
IV. A los Ayuntamientos del Estado.
V. A los ciudadanos que representen el 1% del total inscrito en el Padrón Estatal Electoral,
conforme a los términos que establezca la Ley.
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Gobernador del Estado podrá
presentar hasta cuatro iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta cuatro que
hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá
ser discutida y votada por el Pleno del Congreso del Estado en un plazo máximo de treinta días
naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que
deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno.
Serán publicadas en el medio de comunicación oficial del Congreso del Estado cuando menos,
con dos días naturales de anticipación, la convocatoria que expida la Diputación Permanente a sesiones
extraordinarias así como el proyecto de orden del día de cada sesión ordinaria y las iniciativas que se
discutirán. Las dispensas legislativas sólo procederán cuando sean publicadas con la misma antelación a
que se refiere este párrafo.
ARTICULO 54.- El Supremo Tribunal sólo podrá iniciar leyes en el ramo de justicia.
ARTICULO 55.- Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo o por el Supremo Tribunal pasarán
desde luego a Comisión. Todas las demás deberán sujetarse a los trámites que establezca la legislación
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secundaria, trámites que sólo podrán ser dispensados por el voto de las dos terceras partes de los
Diputados presentes.
ARTICULO 56.- Aprobado por el Congreso un Proyecto de Ley o de Decreto pasará al Ejecutivo
para su sanción y publicación inmediata, si éste no tuviere observaciones qué hacerle.
Los Acuerdos de la Cámara se comunicarán al propio Ejecutivo para los efectos correspondientes.
ARTICULO 57.- Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo Proyecto de Ley o de Decreto no
devuelto con observaciones al Congreso, o en su receso a la Diputación Permanente, en el término de
diez días hábiles.
El Congreso o la Diputación Permanente podrán ordenar la publicación de las leyes o decretos si
el Ejecutivo no lo hace dentro de los ocho días siguientes al vencimiento del término fijado para hacer
observaciones, o el día en que reciba la Ley o Decreto confirmados por aquella asamblea. En este caso
se harán constar las circunstancias que lo motiven.
La creación, reforma, adición, derogación u abrogación de leyes o decretos expedidos por el
Congreso del Estado podrán ser sometidos a referéndum, conforme a los términos y condiciones
establecidas en la Ley de la materia.
ARTICULO 58.- Si corriendo el término que para hacer observaciones fija el articulo anterior, el
Congreso cierra o suspende sus sesiones, la devolución del proyecto deberá hacerse a la Diputación
Permanente.
ARTICULO 59.- En caso de urgencia notoria, calificada así por las dos terceras partes, cuando
menos, de los Diputados presentes, el Congreso podrá reducir los términos concedidos al Ejecutivo para
hacer observaciones, sin que en caso alguno puedan ser menores de setenta y dos horas corridas.
ARTICULO 60.- Devuelto oportunamente un proyecto con observaciones, deberá ser discutido de
nuevo por el Congreso; y si fuere confirmado por las dos terceras partes de los Diputados presentes, el
proyecto tendrá carácter de Ley o de Decreto y volverá al Ejecutivo para su publicación, observándose
en cuanto a ésta lo dispuesto en los artículos que anteceden.
ARTICULO 61.- El Ejecutivo no podrá hacer observaciones a las resoluciones del Congreso
cuando éste funja como Colegio Electoral o como Jurado. Tampoco podrá hacer observaciones a los
decretos que convoquen a elecciones ni a aquéllos que reformen esta Constitución y la Ley Orgánica del
Congreso del Estado.
ARTICULO 62.- Todo proyecto de Ley o de Decreto que fuere desechado por el Congreso, no
podrá ser presentado de nuevo en el mismo período de sesiones, salvo que así lo determinen las dos
terceras partes de los integrantes del Congreso.
ARTICULO 63.- En la interpretación, reforma o abrogación de leyes se observarán los mismos
trámites establecidos para su formación.
SECCIÓN V
FACULTADES DEL CONGRESO
ARTICULO 64.- El Congreso tendrá facultades:
I.- Para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión.
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II.- Para determinar las profesiones que necesiten titulo para su ejercicio en el Estado, las
condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que deban expedirlo.
III.- Para expedir leyes sobre el fraccionamiento de las grandes propiedades rústicas y sobre el
patrimonio de familia, en los términos del Articulo 27 de la Constitución General de la República.
IV.- Para ratificar o no la creación de nuevos Estados dentro de los limites de los existentes, de
conformidad con el Artículo 73 de la propia Constitución General.
V.- Para establecer las bases de todo arreglo amistoso sobre limites del territorio de Sonora.
VI.- Para reclamar ante quien corresponda las leyes que se expidan o los actos que se ejecuten
por cualquiera autoridad Federal o Estatal, cuando ataquen la soberanía o independencia del Estado, o
cuando por cualquiera causa aquellos se consideren lesivos al mismo.
VII.- Para expedir leyes en el Estado que fijen las bases sobre la organización y prestación de los
servicios públicos de salud y de educación, así como para la capacitación y adiestramiento en el trabajo,
protección a la familia, promoción a la vivienda, recreación y deporte y seguridad social.
VIII.- Para dictar leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, la drogadicción y la ludopatía en el
Estado.
IX.- Derogado.
X.- Para expedir las Leyes en materia municipal conforme a las cuales los Ayuntamientos
aprobarán sus bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general, en sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia,
asegurando la participación ciudadana y vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
a).- Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo,
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y
legalidad;
b).- Los casos en los que se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los
Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar
actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento;
c).- Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren los artículos
79, fracción XVI, 138 y 139 de esta Constitución;
d).- El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, el Congreso del Estado considere que el
municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria
solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus
integrantes;
e).- Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o
reglamentos correspondientes; y
f) Las bases generales para que los órganos de control de los Municipios, previa aprobación de las
dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, celebren convenios con el órgano de control del
23
Gobierno Estatal y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en materia de responsabilidades
administrativas.
XI.- Para definir los límites de los Municipios.
XII.-Para erigir nuevos Municipios dentro de los limites de los existentes, siendo necesario, al
efecto:
a) Que la porción territorial de que se trate cuente con una población de diez mil habitantes cuando
menos.
b) Que se compruebe debidamente ante el Congreso que tiene elementos bastantes para proveer
a su existencia política.
c) Que se conceda al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados el derecho de ser oído dentro del
término de dos meses, contados desde el día en que reciban la comunicación respectiva, sobre la
conveniencia o inconveniencia de la nueva creación Municipal.
d) Que igualmente se oiga sobre el particular al Ejecutivo del Estado. El informe de éste deberá
rendirse dentro de los sesenta días de la fecha en que se hubiese solicitado.
e) Que la creación del nuevo Municipio sea aprobada por las dos terceras partes de los
miembros del Congreso.
XIII.-Para suprimir aquellos Municipios que carezcan de elementos bastantes para proveer a su
existencia política, siempre que la supresión sea aprobada por las dos terceras partes de los miembros
del Congreso. Decretada la extinción se designará la jurisdicción dentro de la cual quedarán
comprendidos los Municipios desaparecidos.
Para que la supresión tenga efecto se oirá al Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados y al
Ejecutivo del Estado.
XIII BIS.- Para conocer, substanciar y resolver los procedimientos relativos a la suspensión o
desaparición de Ayuntamientos, o de suspensión de sus miembros o revocación de su mandato por
alguna de las causales de gravedad que se contemplen en la Ley de la materia; así como para convocar
a elecciones municipales extraordinarias e integrar y designar Consejos Municipales, cuando así proceda
conforme a la normatividad correspondiente.
XIV.- Para trasladar, provisionalmente, fuera de la ciudad de Hermosillo, la residencia de los
Poderes del Estado.
XV.- Llevar a cabo el procedimiento de designación, mediante voto de la mitad más uno de los
diputados presentes, de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Autónomos
reconocidos en esta Constitución, los cuáles durarán en su encargo por un periodo de cuatro años a
partir de la toma de protesta respectiva y podrán ser ratificados por una sola ocasión. Si al concluir el
primer período, el Congreso del Estado no ha realizado un nuevo nombramiento, se entenderá
ratificado de manera tácita.
El Congreso del Estado emitirá una convocatoria pública para la designación de dichos cargos,
con base en los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad y equidad, y que
contemple entre los requisitos de idoneidad para el cargo; no haber sido persona sancionada o
condenada mediante resolución firme por violencia familiar o cualquier agresión de género en el ámbito
privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no ser deudor
alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda,
y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios. La convocatoria no será
necesaria en caso de ratificación.
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El Pleno del Congreso del Estado, por el voto de la mitad más uno de los legisladores presentes,
resolverá de las renuncias, de las solicitudes de licencia y de las remociones de los Titulares de los
Órganos Internos de Control a que se refiere esta fracción.
XVI.- Para resolver sobre la renuncia de sus propios miembros y la del Gobernador, y para
conceder licencias a unos y otro.
XVII.- Para constituirse en Colegio Electoral y elegir por dos terceras partes de los integrantes
del Congreso al ciudadano que debe substituir al Gobernador en sus faltas absolutas, temporales o
definitivas y en sus ausencias temporales cuando éstas excedan de noventa días. A fin de respetar la
voluntad popular, el ciudadano que sea designado por el Congreso, en su carácter de Colegio Electoral,
deberá ser a propuesta del grupo parlamentario del partido que postuló al Gobernador, salvo el caso de
candidaturas independientes.
XVIII.- Para aprobar o rechazar los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, que sean propuestos por el Ejecutivo.
XIX.- Para aceptar a dichos funcionarios la renuncia de sus respectivos cargos y concederles
licencia.
XIX BIS.- Para ratificar o rechazar el nombramiento del Fiscal General de Justicia que haga el
Ejecutivo del Estado, así como para objetar el nombramiento de los Fiscales Especializados en materia
de delitos electorales y anticorrupción que haga el Fiscal General, las cuales serán por votación de las
dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión;
XX.- Ratificar los nombramientos que realice el Gobernador del Estado de los Secretarios y
titulares de las Entidades Paraestatales, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición.
XXI.- Para nombrar al Diputado Acusador y erigirse en Jurado de Sentencia con el fin de conocer
en Juicio Político de las faltas u omisiones graves que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales y de su buen despacho, que cometan los servidores públicos a que alude la fracción I del
Artículo 144 de esta Constitución.
XXI-A.- Para declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que
hubieren incurrido en delito, en los términos del Artículo 146 de esta Constitución.
XXI-B.- Para conocer y decidir sobre la resolución que dicte la Cámara de Senadores y la
declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en los
términos de los Artículos 110 y 111 de la Constitución General de la República.
XXII.- Para discutir, modificar, aprobar o rechazar por el voto de la mayoría de los integrantes de la
Legislatura, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos del
Estado, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo, en forma física y en formatos electrónicos de
fácil manejo, incluyendo los anexos y tomos del proyecto del Presupuesto de Egresos.
En el Presupuesto de Egresos el Congreso deberá aprobar las partidas necesarias para solventar
obligaciones que se deriven de la contratación de obras o servicios prioritarios para el desarrollo estatal
cuando dichas obligaciones comprendan dos o más ejercicios fiscales. Los gastos o pagos que deban
cubrirse durante la vigencia de dicha contratación, deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos
de Egresos del Estado.
La contratación de las obras o servicios a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá en
términos de las leyes respectivas.
25
Para este efecto el Ejecutivo del Estado deberá presentar, previamente al Congreso del Estado, la
información técnica y financiera que corresponda a cada proyecto, cuya afectación presupuestal
multianual deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Poder
Legislativo.
Todo proyecto de Ley o Decreto que sea sometido a votación del pleno del Congreso, deberá
incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto.
La aprobación y ejecución de nuevas Obligaciones Financieras derivadas de la legislación local, se
realizará en el marco del principio de Balance Presupuestario Sostenible, por lo cual, se sujetará a la
capacidad financiera del Estado.
Toda propuesta de aumento o creación de gasto del presupuesto de Egresos deberá
acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al financiamiento o compensarse con
reducciones en previsiones de gasto.
Los organismos autónomos reconocidos en la presente constitución deberán establecer en su
normatividad interna los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía honradez, además
deberán crear y transparentar los indicadores de resultados del ejercicio de sus atribuciones, debiendo
proporcionar al Congreso, cualquier información que éste les requiera respecto al manejo de sus
respectivos presupuestos.
En caso de que el Congreso no apruebe en tiempo la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos
o el Presupuesto de Egresos, continuarán en vigor la última Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos
y el último Presupuesto de Egresos que hayan sido publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Sonora, excepto los recursos públicos que deban destinarse exclusivamente al
financiamiento público de los partidos políticos, lo cual se regirá por las disposiciones legales
aplicables.
XXIII.- Se deroga.
XXIV.- Para discutir, modificar, aprobar o no aprobar anualmente las Leyes de Ingresos y
Presupuestos de Ingresos de los Ayuntamientos, así como las modificaciones a dichos presupuestos.
XXIV-BIS.- Para legislar en materia de fiscalización superior y, en general, expedir las leyes que
normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado, de los organismos
constitucionalmente autónomos, de los ayuntamientos y de los entes públicos estatales y municipales;
XXIV-BIS A.- Para legislar sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así
como los procedimientos para su aplicación; así como la organización y funcionamiento del Sistema
Estatal Anticorrupción.
XXV.- Para conocer, revisar y aprobar o reprobar el resultado de la revisión de las Cuentas
Públicas del Estado del año anterior que deberá presentar el Ejecutivo y los Ayuntamientos. La revisión y
fiscalización de las Cuentas Públicas será hecha por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y
tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los
criterios señalados en los presupuestos aprobados en los programas, a cuya ejecución se hayan
asignado los recursos presupuestados. Si de la glosa aparecieren discrepancias entre las cantidades
ejercidas, las partidas aprobadas y las metas alcanzadas, o no existiere exactitud y justificación de
gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.
El Congreso realizará su labor fiscalizadora con base en el informe de resultados que le presente
el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
26
XXVI.- Para crear y suprimir empleos públicos del Estado y señalar, aumentar o disminuir sus
dotaciones.
XXVII.- Para autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos a fin de que contraigan deudas en
nombre del Estado y de los Municipios, respectivamente, fijándoles expresamente las bases a que deban
sujetarse, sin contravenir al Artículo 117 de la Constitución General de la República.
XXVII BIS.- Para citar, únicamente, al Secretario de Gobierno y los demás Secretarios de
Estado, al Fiscal General de Justicia, Fiscales Especializados en materia de delitos electorales y
anticorrupción; a los directores y administradores de los organismos descentralizados o de las empresas
de participación estatal mayoritaria, presidentes municipales, funcionarios municipales y equivalentes de
los ayuntamientos, con el objeto de que quienes sean convocados rindan la información que resulte
pertinente cuando se analice una ley o un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades,
especificándose en cada caso si la comparecencia de que se trate se realizará ante el Pleno o ante
alguna o algunas de las comisiones del Congreso.
XXVIII.- Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento corresponda privativamente a
los Tribunales del Estado.
XXIX.- Para otorgar premios o recompensas a las personas que hayan prestado servicios de
importancia a la Nación o al Estado, y declarar beneméritos a los que se hayan distinguido por servicios
eminentes prestados al mismo Estado.
XXX.- Se deroga.
XXXI.- Para expedir la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos, así como los
reglamentos de la misma; privilegiando el servicio profesional de carrera del Poder Legislativo.
La ley y los reglamentos a que se refiere esta fracción no podrán ser vetados ni necesitarán la
promulgación del Ejecutivo para tener vigencia.
XXXII.- Para nombrar y remover, conforme a esta Constitución y a las leyes, a sus funcionarios
y empleado.
XXXII BIS.- Derogada.
XXXIII.- Para investir al Ejecutivo de facultades extraordinarias, por tiempo limitado y por el voto
de las dos terceras partes del número total de sus miembros, y en casos excepcionales y cuando así lo
estime conveniente por las circunstancias especiales en que se encuentre el Estado. En tales casos se
expresará con toda claridad la facultad o facultades con que se le invista y que nunca podrá ser las de
organización municipal, funciones electorales y de jurado.
XXXIV.- Para expedir reglamentos sobre la instrucción de la Guardia Nacional, con sujeción a la
fracción XV del Artículo 73 de la Constitución General de la República.
XXXV.- Para velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del
Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general.
XXXV BIS.- Para legislar y fomentar la participación ciudadana en el Estado y sus Municipios,
regulando las figuras que se estimen convenientes, entre las cuales deberá considerar el referéndum,
plebiscito, iniciativa popular y consulta vecinal, como instituciones básicas de participación.
Para efectos de garantizar que la consulta vecinal, la iniciativa popular y la consulta popular
27
puedan llevarse a cabo en los términos y plazos que establece la ley en la materia, los ayuntamientos
garantizarán en su presupuesto anual una partida con los recursos suficientes para la operatividad,
logística y difusión de la misma.
En tal virtud y para garantizar que las decisiones de la población sobre las prioridades producto de
la consulta de dicho presupuesto participativo, tanto el Gobierno del Estado como los Ayuntamientos,
deberán establecer al menos el 20% del total del presupuesto para obra en el año fiscal que se programe
y cumplir así con la voluntad democrática de los ciudadanos que participen en las consultas y debates
que prevé la ley.
XXXVI.-Para autorizar la fundación de centros de población, conforme a la ley en la materia.
XXXVII.- Para aprobar las solicitudes de los Ayuntamientos que tengan como propósito que el
Gobierno del Estado asuma una función o servicio municipal, de conformidad a lo establecido en el inciso
d) de la fracción X de este artículo.
XXXVIII.- Para emitir las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se
resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre
aquellos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracción X de este artículo.
XXXVIII BIS.- Para aprobar los convenios de asociación que los Municipios del Estado celebren
con Municipios de otro u otros Estados de la Federación, para la más eficaz prestación de los servicios
públicos o el mejor ejercicio de las funciones públicas que les correspondan.
XXXVIII BIS-A.- Para aprobar la propuesta de planos y tablas de valores unitarios de terreno y
de construcción formulada por los Ayuntamientos, en el ámbito de su respectiva competencia.
XXXIX.- Para dictar leyes sobre vías de comunicación y aprovechamiento de aguas y bosques
que no sean de jurisdicción federal; y sobre el ejercicio, explotación y aprovechamiento de la caza.
XL.- Para autorizar al Ejecutivo del Estado a fin de crear fuerzas de servicio temporal en los
casos a que se refiere la fracción XIII del Artículo 79 de esta Constitución.
XLI.- Para conceder permiso al Gobernador del Estado a fin de que pueda asumir el mando,
inmediata y personalmente, en campaña, de la Guardia Nacional y demás fuerzas del Estado.
XLII.- Se deroga.
XLIII.- Para expedir leyes y reglamentos concernientes a la recta aplicación de la Ley Federal del
Trabajo, en las materias que ésta encomienda a las autoridades estatales; así mismo, para expedir las
leyes que normen las relaciones de los servidores públicos de los Poderes del Estado y Ayuntamientos y
de los trabajadores al servicio de los organismos descentralizados.
XLIII BIS.- Para expedir la ley que regule las atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa,
en los términos previstos en esta Constitución; asimismo, para instituir tribunales de conciliación y
arbitraje que conozcan de las controversias que surjan de la aplicación de las leyes que regulen las
relaciones entre los trabajadores del servicio civil y los titulares de las entidades y dependencias públicas
en que presten sus servicios.
XLIII BIS-A.- Para designar, mediante votación de las dos terceras partes de los integrantes del
Congreso, a los Comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, los miembros del consejo consultivo del mismo, legislar en
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección a datos personales en Sonora, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación general en la
materia y esta Constitución, y promover y difundir en el Estado la cultura de la apertura informativa y del
28
ejercicio de esos derechos, así como establecer criterios generales para la catalogación y conservación
de documentos.
XLIV.- Para expedir las leyes concernientes a la administración y gobierno interior del Estado
en todos sus ramos, interpretarlas, aclararlas o derogarlas y hacer efectivas las facultades expuestas y
todas las demás que le confieran la Constitución General de la República, esta Local y las leyes que de
ellas emanen.
SECCIÓN VI
DIPUTACIÓN PERMANENTE
ARTICULO 65.- El mismo día en que el Congreso deba cerrar sus sesiones, antes de entrar en
receso nombrará una Diputación Permanente en los términos que la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Sonora establezca.
La Diputación Permanente no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia de tres de sus
miembros.
ARTICULO 66.- Son facultades de la Diputación Permanente:
I.- Conceder o negar las licencias a que se refiere la fracción XVI del Artículo 64 de esta
Constitución.
II.- Conceder licencia a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y de los Tribunales de
Justicia Administrativa.
III.- Vigilar la exacta observancia de la Constitución General, la particular del Estado y las leyes
que de éstas emanen, dando cuenta al Congreso de las infracciones que advierta.
IV.- Circular la convocatoria a sesiones extraordinarias por medio del Presidente, si después del
tercer día de comunicada al Ejecutivo éste no lo hubiese hecho.
V.- Constituirse en Colegio Electoral y nombrar en los términos de Ley al ciudadano que deba
substituir al Gobernador en sus faltas temporales o absolutas, mientras se reúne el Congreso para que
ratifique dicho nombramiento o haga nueva designación.
VI.- Recibir durante sus funciones las protestas que deban otorgarse ante el Congreso.
VII.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para que provea el nombramiento
respectivo cuando se trate de cubrir las ausencias del Gobernador.
VII BIS.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en cualquiera de los siguientes casos:
A).- Inmediatamente después de que la Diputación Permanente reciba uno o más dictámenes
aprobados por las comisiones dictaminadoras que impliquen la creación, modificación, derogación o
abrogación de una ley;
B).- En todos aquellos casos de la competencia del Congreso que a juicio de la Diputación
Permanente sean de gravedad o urgencia;
C).- Cuando se trate de faltas u omisiones cometidas por servidores públicos en la hipótesis de la
fracción I del artículo 144 de esta Constitución; y
29
D).- Cuando se trate de la comisión de los delitos de servidores públicos que se previenen por el
primer párrafo del artículo 146 de esta Constitución.
VIII.- Dictaminar únicamente los asuntos cuya resolución definitiva sea de su exclusiva
competencia.
IX.- Conceder permiso provisional al Gobernador del Estado a fin de que pueda asumir el mando
inmediato y personalmente, en campaña, de la Guardia Nacional y demás fuerzas del Estado. Este
permiso quedará sujeto a la aprobación del Congreso.
X.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando el Ejecutivo lo solicite.
XI.- Las demás que expresamente le confiere esta Constitución.
SECCIÓN VII
Se deroga
CAPÍTULO II BIS
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
SECCIÓN I
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
ARTICULO 67.- Los poderes del Estado, los ayuntamientos y demás entidades públicas,
independientemente de su naturaleza, son sujetos de fiscalización y estarán obligados, en los términos
de esta Constitución y la ley, a rendir cuentas del ejercicio presupuestal que les corresponda. El Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización se constituye como un organismo público autónomo, encargado de
la revisión y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas estatal y municipales, en los
términos establecidos en esta Constitución y la ley de la materia, también implementará acciones de
prevención en materia de corrupción. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios
de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Para el señalado efecto, serán atribuciones específicas del Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización:
A) Revisar los estados financieros trimestrales de los municipios y del Ejecutivo del Estado, que
para dicho particular deberán presentarse por los referidos niveles de gobierno, para el exclusivo efecto
de formular observaciones si las hay y, en su caso, darles seguimiento, con la finalidad de colaborar con
las autoridades administrativas en el cumplimiento de las disposiciones relativas al manejo de fondos
públicos.
Asimismo, previa solicitud de los entes fiscalizables, el Instituto podrá llevar a cabo auditorías en
tiempo real y, una vez concluidas, deberá formular un dictamen en el que se contenga un informe
individual derivado de dicha auditoría. Para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el hecho o
período fiscalizado, se sujetará a los a los principios previstos en el artículo 67 de esta Constitución,
dándose la definitividad después de la emisión del dictamen.
B) Revisar anualmente las cuentas públicas del año inmediato anterior que deberán presentar los
tres poderes del Estado y los municipios.
C) Revisar anualmente las cuentas públicas del año inmediato anterior correspondientes a los
organismos constitucionalmente autónomos, quienes deberán presentarlas auditadas por despacho
externo de contadores designado por el propio organismo.
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D) Fiscalizar los ingresos y egresos, así como el manejo, custodia y aplicación de los recursos
públicos de los poderes del Estado y de los Ayuntamientos, incluidos todos los entes, organismos,
entidades, dependencias, fideicomisos, fondos y cualesquier otra oficina de cualquier naturaleza que de
cualquier modo dependa o forme parte de las entidades estatal o municipales, e igualmente los recursos
públicos ejercidos por particulares, incluyéndose para dicho efecto las atribuciones necesarias para
verificar que los ejercicios correspondientes se encuentren ajustados a los criterios, los planes y los
programas especificados en los presupuestos respectivos.
E) Entregar, al pleno del Congreso, el informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas,
a más tardar el 30 de agosto del año de su presentación, incluyéndose en dicha entrega los dictámenes
de la revisión, un apartado correspondiente a la verificación del cumplimiento de los objetivos de los
programas y demás información que determinen las leyes secundarias.
Para coordinar la entrega del informe de resultados y demás información que deba remitir el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización al Congreso del Estado, éste deberá integrar una Comisión
en su seno, en los términos que se establezca en la legislación de la materia.
F) Investigar los actos u omisiones relativos a irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso,
egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, pudiendo, para este efecto, realizar todas las
diligencias que resulten conducentes; incluyendo visitas domiciliarias a particulares que hubiesen fungido
como proveedores de bienes o servicios a la autoridad estatal o municipal, con el exclusivo propósito de
compulsar las transacciones correspondientes y la documentación que las sustente, en los términos y
con las formalidades previstas para los cateos.
G) Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación de los daños y perjuicios que
afecten al erario, fincando a los responsables las indemnizaciones correspondientes, cuando sea
detectada esta situación en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, sin perjuicio de promover las
responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno competente. Asimismo,
derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal
de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada competente, en los términos de esta Constitución y
la ley.
H) Ejercer las atribuciones referidas a los apartados D, F y G con respecto a los ejercicios
presupuestales de los organismos constitucionalmente autónomos.
El Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización será designado por las dos
terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente, y los Auditores Adjuntos por
más de la mitad de los diputados presentes en la sesión correspondiente, a propuesta del Auditor Mayor.
Se deroga.
Se deroga.
El Auditor Mayor y los auditores adjuntos durarán en su encargo siete años y podrán ser
nombrados, nuevamente, por una sola vez. El Congreso emitirá la convocatoria respectiva sesenta días
naturales antes de la conclusión del término por el cual fue designado. Dichos funcionarios solo podrán
ser removidos por el Congreso por las causas graves que al efecto se determinen en la ley y por la
misma mayoría que cada uno requiere para su nombramiento. En caso de ausencia definitiva del Auditor
Mayor, el Congreso del Estado, en un plazo de 120 días, deberá emitir la convocatoria respectiva.
La ley definirá formas alternativas de designación del Auditor Mayor y de los auditores adjuntos del
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización para la hipótesis de que, en un plazo breve, no se reúna la
votación cameral requerida para dicho nombramiento. La falta de votos para el nombramiento referido
31
nunca podrá ocasionar la permanencia en el encargo de quien haya ejercido la función en el periodo que
concluye.
El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización contará con un Órgano Interno de Control cuyo
titular será designado conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 64 de esta Constitución.
El Instituto Superior de Auditor y Fiscalización asignará a su Órgano de Control Interno el 3% de
su presupuesto anual para la operación y funcionamiento de su estructura, entre ellas las áreas de
auditoría interna, investigación y substanciación, cuyos titulares serán designados por el Titular del
Órgano de Control.
Se deroga.
SECCIÓN II
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 67 BIS.- El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano dotado de plena
autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su
caso, recursos contra sus resoluciones. Este Tribunal, tiene a su cargo dirimir las controversias que se
susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares; imponer, en los términos
que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad
administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas
graves; así como fincar a los responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio
de los entes públicos estatales o municipales y demás competencias que otorgue la ley.
El Tribunal de Justicia Administrativa funcionará mediante una Sala Superior, la cual se
compondrá de cinco Magistrados que serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo y ratificados
mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión que corresponda.
Durarán en su encargo nueve años, pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.
ARTÍCULO 67 TER.- Se Deroga
SECCIÓN III
DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ARTÍCULO 67 QUATER.- Los Órganos Internos de Control son responsables del control y
evaluación del desarrollo administrativo y financiero de los Organismos Constitucionalmente
Autónomos, así como del cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de dichos
organismos, los cuales estarán a cargo, respectivamente, de un titular denominado Contralor Interno,
que será designado en términos de la fracción XV del artículo 64 de esta Constitución y deberán contar
con la asignación presupuestal suficiente para la operación y funcionamiento de su estructura,
incluyendo las áreas de auditoría interna, investigación y sustanciación, cuyos titulares, al igual que su
personal serán designados por el Contralor Interno.
Los Órganos Internos de Control tendrán, de manera respectiva, al menos, las siguientes
atribuciones:
I.- Proponer y aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación que debe observar
el Organismo Autónomo;
II.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias o sugerencias relacionadas con las
funciones del Organismo Autónomo y darles el seguimiento oportuno;
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III.- Instaurar procedimientos administrativos a los servidores públicos del Organismo Autónomo
que infrinjan la ley, dictando las sanciones administrativas que correspondan en términos de la ley de
responsabilidades vigente;
IV.- Promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa las sanciones que correspondan por
faltas graves cometidas por los servidores públicos del Organismo Autónomo;
V.- Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías para verificar el desempeño y
cumplimiento de metas e indicadores del Organismo Autónomo, así como la debida aplicación de los
recursos a su cargo;
VI.- Requerir a los servidores públicos del Organismo Autónomo la documentación e información
que resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. La omisión de dichos
servidores públicos en entregar la información o documentación que les sean requeridas, o entregarla
de manera extemporánea, será causal de responsabilidad en términos de la ley de responsabilidades
vigente;
VII.- Presentar denuncias y querellas ante la autoridad competente, en contra de quien resulte
responsable por la probable comisión de delitos imputables a los servidores públicos del Organismo
Autónomo;
VIII.- Llevar el registro y resguardo de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los
servidores públicos del Organismo Autónomo;
IX.- Administrar su presupuesto de manera autónoma;
X.- Presentar ante el Congreso del Estado, solicitud para remover al Titular en caso de incurrir en
las causas graves que se establecen en las leyes correspondientes;
XI.- Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos del Organismo
Autónomo;
XII.- Implementar políticas eficaces de ética pública, política de integridad y conducta institucional
para los servidores públicos del Organismo Autónomo;
XIII.- Presentar a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, en la primera quincena
del mes de septiembre de cada año, un informe que contenga los resultados del ejercicio de su encargo
y asistir cuando así se le requiera.
XIV.- Las demás que establezca esta Constitución y otras leyes.
CAPITULO III
PODER EJECUTIVO
SECCIÓN I
ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ARTICULO 68.- El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un sólo individuo que se
denominará "GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA".
ARTÍCULO 69.- La elección de Gobernador será popular y directa, y se realizará de manera
concurrente con la elección de Presidente de la República, en los términos que disponga la Ley Electoral.
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ARTICULO 70.- Para ser Gobernadora o Gobernador del Estado se requiere:
I.- Ser mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos y nativo del Estado; y no siendo
originario de Sonora, tener cuando menos cinco años de residencia efectiva inmediatamente anteriores
al día de la elección.
II.- Ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos políticos.
III.- Se deroga.
IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto.
V.- No tener el carácter de servidor público en los seis meses inmediatamente anteriores al día de
la elección, salvo que se trate de aquellos que desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de
cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o
niveles, sea municipal, estatal o federal.
VI.- No haber figurado, directa o indirectamente, en alguna asonada, motín o cuartelazo.
VII.- No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, salvo que el antecedente penal
hubiere prescrito, y no haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por
violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos
sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no ser deudor alimentario moroso, salvo que
acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro
vigente en algún padrón de deudores alimenticios;
VIII.- No haber sido magistrado propietario o suplente común del Tribunal Estatal Electoral, ni
consejero electoral propietario o suplente común de ningún organismo electoral, a menos que no haya
ejercido o se separe del cargo dentro del plazo que establezca la ley.
ARTICULO 71.- Las funciones de Gobernador son incompatibles con cualquier cargo o empleo de
la Federación o del Estado.
ARTICULO 72.- El Gobernador durará en su encargo seis años. Tomará posesión el día 13 de
septiembre posterior a la elección, previa formal protesta ante el Congreso de guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Constitución, así como las leyes
que de ella emanen y cumplir leal y patrióticamente las obligaciones de su encargo.
ARTICULO 73.- El Gobernador cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en
ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo ni aún con carácter de Interino,
Provisional, Substituto o Encargado del Despacho.
Nunca podrá ser electo en el periodo inmediato:
a) El Gobernador Substituto Constitucional, o el designado para concluir el periodo en caso de falta
absoluta del Constitucional, aún cuando tenga distinta denominación;
b) El Gobernador Interino, el Provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las
faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período.
ARTICULO 74.- En caso de falta absoluta del Gobernador, ocurrida en los dos primeros años del
periodo respectivo, si el Congreso estuviera en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio
Electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros,
nombrará, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Gobernador Interino, que tomará
posesión de su cargo dentro del término de diez días posteriores a la fecha en que se haga la
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declaratoria correspondiente; el mismo Congreso expedirá dentro de los diez días siguientes al de la
designación de Gobernador Interino, la convocatoria para la elección del Gobernador que deba concluir
el período respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que señale para la
verificación de las elecciones, un plazo no menor de seis meses ni mayor de ocho.
Si el Congreso no estuviera en sesiones, la Diputación Permanente nombrará desde luego un
Gobernador Provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su vez,
designe al Gobernador Interino y expida la convocatoria a elecciones en los términos del párrafo anterior.
Cuando la falta de Gobernador ocurriera en los cuatro últimos años del período respectivo, si el
Congreso se encontrara en sesiones, designará al Gobernador Substituto que deberá concluir el periodo;
si el Congreso no estuviera reunido, la Diputación Permanente nombrará un Gobernador Provisional y
convocará inmediatamente al Congreso a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral
y haga la designación del Gobernador Substituto.
El Gobernador Provisional podrá ser electo por el Congreso como Gobernador Substituto.
El ciudadano que hubiere sido nombrado Gobernador Interino, en caso de falta absoluta del titular,
ocurrida en los dos primeros años del período respectivo, no podrá ser designado en las elecciones que
se celebren con ese motivo.
ARTICULO 75.- Si por algún motivo no hubiere podido hacerse la elección de Gobernador o
publicarse la declaratoria respectiva para el día en que deba tener lugar la renovación, o el Gobernador
Electo no se presentare a desempeñar el cargo, cesará no obstante el saliente, supliendo
inmediatamente la falta el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y el Congreso si se hallare en
funciones, nombrará Gobernador Interino. En caso de que el Congreso esté en receso, la Diputación
Permanente lo convocará inmediatamente para que haga la designación de Gobernador Interino,
procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
ARTICULO 76.- Si por cualquier motivo el Congreso no pudiere hacer el nombramiento a que se
refieren los Artículos 74 y 75, ni expedir la convocatoria a que se contrae el mismo Articulo 74, o hubiere
por alguna circunstancia acefalía de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, el Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia se hará cargo del Poder Ejecutivo.
En el caso previsto en el párrafo anterior, el encargado del Poder Ejecutivo convocará
inmediatamente a elecciones tanto de Gobernador como de Diputados, las que se verificarán en un
periodo de tiempo que en ningún caso excederá de tres meses y sólo dejará de hacerlo en lo que
respecta a la de Gobernador cuando falten seis meses o menos para que se verifique la renovación de
Poderes, conforme a las disposiciones relativas de esta Constitución.
ARTICULO 77.- En las ausencias o faltas temporales del Gobernador del Estado, se observarán
las siguientes disposiciones:
I.- Podrá ausentarse hasta por treinta días, sin necesidad de dar aviso y sin perder su carácter de
Gobernador;
II.- Si la ausencia excede de treinta días, pero no de noventa, el Gobernador deberá dar aviso al
Congreso o a la Diputación Permanente, en cuyo caso quedará encargado del Despacho el Secretario
de Gobierno;
III.- Si la ausencia o separación es mayor de noventa días, el Gobernador deberá recabar la
licencia o permiso correspondiente del Congreso o de la Diputación Permanente, según el caso, quienes
designarán a la persona que asumirá las funciones de Gobernador Interino o Provisional, para que supla
durante el tiempo de la ausencia, en términos de las fracciones XVII del Artículo 64 y V del Artículo 66.
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ARTICULO 78.- El cargo de Gobernador del Estado sólo es renunciable por causa grave calificada
por el Congreso, ante el que se presentará la renuncia.
ARTICULO 79.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I.- Promulgar sin demora las leyes y decretos, y los acuerdos en su caso; ejecutarlos y hacer que
se ejecuten; y formar en la parte administrativa y de conformidad con las disposiciones de la ley, los
Reglamentos necesarios para la exacta observancia de los mismos.
II.- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad, así como promover e inducir en el
Estado, el progreso económico, social, político y cultural y, en general, el bienestar de la población en
todos los órdenes, procurando que sea compartido y equilibrado entre centros urbanos y rurales,
conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas del Gobierno.
II-BIS.- En los términos de la Ley respectiva, conducirá la formulación, instrumentación, control y
evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas de Gobierno, así como los procedimientos
de participación y consulta popular, a que se refiere esta Constitución.
III.- Iniciar ante el Congreso las leyes y decretos que juzgue convenientes para el mejoramiento
de la administración pública y progreso del Estado.
IV.- Hacer cumplir las resoluciones de los Tribunales y prestar a éstos los medios que necesiten
para el ejercicio expedito de sus funciones.
V.- Exigir de las autoridades que dependan del Ejecutivo del Estado, el cumplimiento estricto de
las obligaciones que les imponen la Constitución Federal, la Estatal y las leyes que de ellas emanen,
aplicándoles las sanciones a que se hagan acreedoras, en los términos que prevengan las leyes.
VI.- Imponer las sanciones administrativas que determinen las leyes y reglamentos.
VII.- Presentar cada año ante el Congreso, durante la primera quincena del mes de noviembre, los
proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del Estado, que deberán regir en el año fiscal inmediato
siguiente, y el día 15 de abril de cada año, la cuenta de gastos del año anterior.
Los presupuestos de ingresos y egresos del Estado, así como el principio de Balance
Presupuestario Sostenible, tendrán prioridad sobre cualquier afectación del presupuesto que hagan las
leyes o reglamentos. Toda afectación legal o reglamentaria se encontrará sujeta a la disponibilidad
presupuestal del ejercicio correspondiente.
VIII.- Asistir a rendir ante el Congreso, por sí o de manera extraordinaria y, previo acuerdo, por
conducto del Secretario de Gobierno o de quien designe para tal efecto, el informe a que se refiere el
Artículo 46 de esta Constitución.
IX.- Expedir, por conducto de la Secretaría de Hacienda, los dictámenes de impacto
presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que se presenten en el Congreso del Estado. Asimismo,
realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que
impliquen costos para su implementación.
El presidente del Mesa Directiva del Congreso del Estado o en su caso, de la Diputación
Permanente, dirigirá la solicitud al Poder Ejecutivo para su trámite correspondiente.
X.- Informar al Congreso por sí, por conducto del Secretario de Gobierno o de la persona que al
efecto designe, sobre cualquier ramo de la administración, cuando el mismo Congreso lo solicite.
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XI.- Nombrar y remover a todos los funcionarios y empleados dependientes del Ejecutivo, cuyo
nombramiento o remoción no corresponda a otra autoridad.
XII.- Autorizar, por sí o por conducto del Secretario de Hacienda, la transferencia, reasignación de
recursos y otorgar ampliaciones respecto de los montos originales asignados a los programas que
integran el Presupuesto de Egresos.
La Secretaría de Hacienda, por conducto de sus áreas competentes, preparará un informe
trimestral de la evolución de las finanzas públicas, que incluya el comportamiento de los presupuestos de
ingresos y egresos del Estado, el avance de los programas de inversión, directa y coordinada, las
participaciones entregadas a los municipios y la posición de la deuda pública consolidada, así como las
modificaciones que sufran los activos del patrimonio del Estado, el cual será remitido por el Ejecutivo al
Congreso del Estado, dentro de los 45 días siguientes al cierre del trimestre, debiéndose publicar en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Los informes trimestrales adquirirán el carácter provisional y
éstos se considerarán consolidados hasta la presentación formal de la cuenta pública anual.
XIII.- En caso de invasión o de conmoción interior, tomar, de acuerdo con el Congreso o la
Diputación Permanente, las medidas extraordinarias que sean indispensables para mantener el orden.
En el segundo caso pedirá que se convoque inmediatamente al Congreso a sesiones extraordinarias y
desde luego dará cuenta a dicha Asamblea del empleo que haya hecho de tales facultades.
XIV.- En caso de sublevación o de trastorno interior en el Estado, excitar, de acuerdo con el
Congreso o de la Diputación Permanente, a los Poderes Federales a que ministren la protección debida,
si los elementos de que dispone el Estado no fueren bastantes para restablecer el orden.
XV.- Auxiliar, a solicitud de sus Ayuntamientos, a los Municipios de la Entidad a fin de mejorar la
ejecución de obras, la prestación de servicios o cualquier otro propósito del que se derive un
mejoramiento de la administración y fortalecimiento de la autonomía Municipal.
XV BIS. Proponer al Congreso del Estado, con base a los estudios técnicos e históricos la
definición de los límites entre dos o más Municipios.
XVI.- Celebrar convenios con el Ejecutivo Federal, en los términos de Ley, de los que se deriven la
asunción por parte del Estado de funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de
servicios públicos del Gobierno Federal, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario.
Asimismo, podrá celebrar convenios con los Ayuntamientos de la Entidad, a efecto de que éstos
asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo
anterior, o bien la asunción de funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios
públicos del Gobierno Estatal cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario, así como para
que el Estado se haga cargo, temporalmente, en los términos de las leyes aplicables, de algunos de los
servicios públicos de competencia municipal.
XVII.- Declarar la utilidad pública y decretar la expropiación, de acuerdo con lo prevenido en el
Artículo 27 de la Constitución General, ajustando sus procedimientos a las leyes correspondientes.
XVIII.- Formar y aprobar, en su caso, el Reglamento Interior de cada una de sus dependencias.
XIX.- Representar a la Hacienda Pública, pudiendo, en los casos que lo estime conveniente,
delegar esa representación.
XX.- Ejercer el mando supremo de las fuerzas del Estado y movilizarlas según las necesidades
públicas; así como transmitir a la policía preventiva municipal las ordenes necesarias en aquellos casos
que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El mando de la Policía Preventiva
Municipal estará a cargo del Presidente Municipal.
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XXI.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias por conducto de la Diputación Permanente,
expresando el objeto de ellas.
XXII.- Hacer observaciones por una sola vez en el improrrogable término de diez días hábiles,
salvo el caso a que se refiere el Artículo 59, a las leyes y decretos aprobados por el Congreso, y
promulgarlos y hacerlos ejecutar desde luego, si el propio Congreso, después de haberlos
reconsiderado, los ratifica.
XXIII.- Cuidar de que los fondos públicos, en todo caso, estén bien asegurados y de que su
recaudación y distribución se hagan con arreglo a la Ley.
XXIV.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios y Subsecretarios, cuando no opte por un
gobierno de coalición. Integrar y remitir al Congreso del Estado la terna a que se refiere el artículo 98 de
esta Constitución.
XXV.- Nombrar a los Oficiales del Registro Civil y fijar la demarcación en que deban ejercer sus
funciones.
XXVI.- Presentar ante el Congreso, al terminar su período constitucional, una memoria sobre el
estado de los negocios públicos, expresando cuales sean las deficiencias que hubiere observado en la
administración y que medidas en su concepto deben aplicarse para subsanarlas.
XXVII.- Fomentar, por todos los medios posibles, la educación popular y procurar el adelanto
social, favoreciendo el mejoramiento moral, cívico y material de la colectividad.
XXVIII.- Organizar y disciplinar la Guardia Nacional y las demás fuerzas del Estado y ejercer,
respecto de una y otras, el mando conforme a las atribuciones que le conceden las Constituciones
General y Local.
XXIX.- Visitar a los Municipios del Estado, cuando lo estime conveniente, proveyendo lo necesario
en el orden administrativo y dando cuenta al Congreso o al Supremo Tribunal de Justicia de las faltas
que observara y cuyo remedio corresponda a los Poderes Legislativo y Judicial.
XXX.- Dictar las medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento de la
salubridad pública general del Estado.
XXXI.- Formar la estadística del Estado.
XXXII.- Dictar las disposiciones necesarias para la instalación o funcionamiento de la Junta Central
de Conciliación y Arbitraje, a que se refiere la fracción XX del Artículo 123 de la Constitución General de
la República.
XXXIII.- Nombrar al representante que le corresponde en la Junta de Conciliación y Arbitraje, a
que se refiere la fracción XX del Articulo 123 de la Constitución General.
XXXIV.- Fomentar la organización de instituciones de utilidad social para infundir o inculcar la
previsión popular.
XXXV.- Derogado.
XXXVI.- Turnar al Fiscal General de Justicia los asuntos de su competencia que deban ventilarse
ante los tribunales, para que ejercite las atribuciones de su ministerio.
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XXXVI BIS.- Plantear al Congreso del Estado, los casos de servidores públicos que ameriten la
iniciación de un Juicio Político por las faltas u omisiones graves que redunden en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales y de su buen despacho.
XXXVII.- Derogada.
XXXVIII.- Organizar el sistema penal sobre la base de trabajo como medio de regeneración.
XXXIX.- Conceder, conforme a las leyes, indulto necesario a los reos sentenciados por delitos de
la competencia de los Tribunales del Estado.
XL.- En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos
políticos representados en el Congreso del Estado.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán
ser aprobados por mayoría absoluta de los miembros presentes del Congreso del Estado. El convenio
establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición
XLI.- Las demás que le asignen las leyes, ya sean Federales o del Estado.
El Gobernador del Estado podrá delegar las facultades y obligaciones previstas en la presente
Constitución al servidor público que determine. Esta delegación podrá efectuarse en los casos que el
Titular del Ejecutivo lo establezca procedente salvo aquellas facultades que por su naturaleza jurídica
deban ser ejercidas por el mismo Gobernador.
Son facultades exclusivas del Gobernador no delegables las establecidas en las fracciones I, III,
VII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIV, XXXII, XXXIII, XXXVI BIS, XXXIX y XL de este artículo.
ARTICULO 80.- Le está prohibido al Gobernador:
I.- Mandar inmediata y personalmente en campaña la Guardia Nacional y demás fuerzas del
Estado, sin haber obtenido para ello permiso del Congreso, o en su receso, de la Diputación
Permanente.
II.- Recomendar asuntos a las autoridades judiciales y a las autoridades del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo; contrariar en cualquier forma las resoluciones dictadas por éstas, y disponer
de los reos durante los procesos.
III.- Oponerse y hacer observaciones a los acuerdos del Congreso en que se le pidan informes
sobre asuntos públicos;
IV.- Impedir que las elecciones se verifiquen en los días señalados por la Ley.
V.- Impedir, por ningún motivo, ni directa ni indirectamente, el libre ejercicio de las funciones del
Congreso.
VI.- Distraer los caudales públicos del Estado de los objetos a que están destinados por las leyes.
VII.- Ordenar la aprehensión o la detención de persona alguna, o privarla de su libertad, excepto
en los casos en que la Ley lo autorice para hacerlo. En tales casos, deberá ponerla inmediatamente a
disposición de la autoridad competente.
VIII.- Ocupar la propiedad particular fuera de los casos prescritos por las leyes.
IX.- Imponer contribución alguna, salvo el caso de que esté legalmente facultado para ello.
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X.- Disponer en ningún caso, bajo pretexto alguno, de las rentas Municipales.
XI.- Disponer sin facultades legales y fuera de los casos que la Ley lo permita, de los bienes
pertenecientes al Estado.
XII.- Disponer en ningún caso, bajo ningún pretexto, de los bienes considerados como propios del
Municipio.
XIII.- Conceder licencias para juegos de azar.
ARTICULO 81.- Para el despacho de los asuntos de orden administrativo del Poder Ejecutivo, la
administración pública será directa y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso del
Estado, la cual definirá las facultades que serán competencia de la administración directa y definirá las
bases generales de creación, operación, vigilancia y supresión del sector paraestatal.
Habrá un Secretario de Gobierno, quien tendrá las facultades y obligaciones que le confiere esta
Constitución y demás leyes. Además, habrá los Secretarios y demás órganos y unidades que la
administración requiera, quienes tendrán las atribuciones que les señale la Ley Orgánica.
Los Subsecretarios de Gobierno auxiliarán en sus funciones y suplirán en sus ausencias
temporales al Secretario de Gobierno y tendrán las facultades y obligaciones que les señale la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo.
Se deroga.
ARTICULO 81-A.- Para ser Secretario de Gobierno deben reunirse los mismos requisitos que para
ser Gobernador del Estado. Para ser Secretario de Despacho se requiere ser mexicano por nacimiento,
estar en ejercicio de sus derechos y acreditar que, después de haber adquirido la ciudadanía, durante un
plazo mínimo de cinco años, se ha desempeñado en la academia, ha ejercido una profesión liberal o
técnica, un oficio privado o un cargo público.
ARTICULO 82.- Todas las leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y órdenes que
suscriba el Gobernador deberán en todo caso ser autorizados con la firma del Secretario de Gobierno y
comunicados por éste. Los documentos que el Gobernador suscriba en ejercicio de sus funciones
constitucionales, así como los despachos que expida, deberán ir refrendados por el Secretario de
Gobierno y sin este requisito no surtirán efectos legales.
SECCIÓN II
HACIENDA DEL ESTADO
ARTICULO 83.- La Hacienda del Estado se constituirá por las contribuciones que decrete el
Congreso y los demás ingresos que determinen las leyes fiscales; los bienes que correspondan al
Estado como persona civil; los edificios públicos del mismo; los créditos que tenga a su favor; sus
propias rentas, y las herencias vacantes.
ARTICULO 84.- Los ingresos no tendrán otro objeto que cubrir los gastos decretados por el
Congreso, y las contribuciones se establecerán sólo en los casos estrictamente necesarios para que,
unidas a las demás fuentes de ingresos, cubran dichos gastos.
ARTICULO 85.- El Estado, para la recaudación de las contribuciones y para efectuar el pago de
los gastos, se deberá sujetar estrictamente a las Leyes de Ingresos y a los Presupuestos de Egresos del
Estado, y demás Leyes relativas.
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ARTICULO 86.- Toda erogación o ejercicio presupuestario, se hará con cargo a las partidas
presupuestales correspondientes, en la forma que establezca la Ley reglamentaria respectiva.
ARTICULO 87.- Sólo los empleados de Hacienda manejarán caudales del Estado.
ARTICULO 88.- Los funcionarios y empleados de Hacienda, que tengan manejo de caudales
públicos, serán responsables directos de su uso, de acuerdo con la Ley respectiva.
SECCIÓN III
INSTRUCCIÓN PUBLICA
ARTICULO 89.- La educación pública, quedará bajo la dirección del Ejecutivo del Estado, por
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, y sujeta a las leyes y reglamentos correspondientes.
ARTICULO 90.- La educación en Sonora, se ajustará a los principios y términos que se consignan
en la Constitución General de la República.
ARTICULO 91.- Toda la educación que imparta el Estado será gratuita.
ARTICULO 92.- Derogado.
ARTICULO 93.- La educación básica y media superior serán obligatorias para todos los niños y
jóvenes comprendidos en edad escolar, y la primaria para todos los adultos analfabetos menores de
cuarenta años. Para aquellos que por el lugar de su residencia no puedan concurrir a las escuelas
establecidas, el Estado y los municipios elaborarán programas especiales, que también serán
obligatorios.
ARTICULO 94.- El Estado vigilará el cumplimiento, de parte de los patrones, de la obligación
consignada en la fracción XII, tercer párrafo, del Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
ARTICULO 94-A.- La enseñanza normal será protegida preferentemente por el Gobierno del
Estado, como un medio de cumplir con la obligación ineludible que tienen, el propio Estado y el
Municipio, de impartir la enseñanza preescolar, primaria y secundaria.
Es obligación del Gobierno del Estado fomentar y difundir la Enseñanza Universitaria.
SECCIÓN IV
MINISTERIO PUBLICO
ARTÍCULO 95.- La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Agencia
Ministerial de Investigación Criminal, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél.
ARTICULO 96.- El Ministerio Público, como Institución de buena fe y en su carácter de
representante de los intereses de la sociedad, tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Perseguir los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, con estricto
respeto a los derechos humanos que precisa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II.- Velar por la legalidad, en la esfera de su competencia, como uno de los principios rectores de
la convivencia social, y promover la pronta, completa e imparcial procuración e impartición de justicia.
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III.- Proteger los intereses de los menores e incapaces, así como los individuales y sociales, en los
términos que determinen las leyes.
IV.- Cuidar la correcta aplicación de las medidas de política criminal, en la esfera de su
competencia.
V.- Defender a la Hacienda Pública del Estado en juicio, siempre que el Ejecutivo no provea a la
procuración conforme a la Ley.
VI.- Se deroga
VII.- Intervenir en las juntas de vigilancia de cárceles para exigir que se cumpla con los
reglamentos respectivos.
VIII.- Informar al Supremo Tribunal sobre los defectos que encontrara en las leyes, así como de las
irregularidades o deficiencias que observara en las autoridades encargadas de aplicarlas.
IX.- Rendir al Pleno del Poder Legislativo y al Titular del Poder Ejecutivo los informes que le pidan
sobre asuntos relativos a la institución.
X.- Las demás que le señalan las leyes, tanto Federales como del Estado.
ARTÍCULO 97.- El Ministerio Público del Estado de Sonora se organizará en una Fiscalía General
de Justicia del Estado como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio.
Corresponde al Ministerio del Estado la persecución, de todos los delitos, y por lo mismo, solicitará
las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la
participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurando que la impartición de
justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la
ley determine.
La Fiscalía General de Justicia del Estado contará, al menos, con las fiscalías especializadas en
materia de delitos electorales y anticorrupción, las cuales tendrán autonomía técnica y de gestión en el
ejercicio de sus atribuciones.
Los fiscales especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción, propondrán al Fiscal
General de Justicia del Estado su organización interna, el cual autorizará lo conducente, de conformidad
con la suficiencia presupuestal de dicha dependencia.
Los fiscales especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción, ejercerán la acción
penal, previo acuerdo y autorización del Fiscal General de Justicia del Estado.
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal,
en los supuestos y condiciones que fije la ley y su respectiva reglamentación. La aplicación de los
criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Fiscal General o por el servidor público en quien se
delegue esta facultad.
La Fiscalía General del Estado contará con un Órgano Interno de Control cuyo titular será
designado conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 64 de esta Constitución.
ARTÍCULO 98.- El Fiscal General durará en su encargo seis años y los Fiscales Especializados
durarán en su encargo cuatro años. Tendrán la posibilidad de ser ratificados por las dos terceras partes
de los Diputados presentes en la sesión correspondiente del Congreso del Estado por un periodo más.
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El Fiscal y los Fiscales Especializados serán designados por el Congreso del Estado mediante el
voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes en la sesión correspondiente, a propuesta
del titular del Poder Ejecutivo.
A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General o alguno de los Fiscales Especializados, el
Titular del Ejecutivo contará con diez días naturales para presentar al Congreso la nueva propuesta.
El Congreso deberá realizar la designación correspondiente en un plazo improrrogable de treinta
días naturales, a partir de que reciba la propuesta del Gobernador. Si finaliza dicho plazo sin que el
Congreso haya realizado la designación, se entenderá la aprobación tácita del nombramiento.
Ante el rechazo de la propuesta enviada por el Titular del Ejecutivo, éste enviará una nueva, la
cual requerirá para su aprobación una votación de la mitad más uno de los legisladores presentes.
El Fiscal General presentará, en lo individual y de forma anual, a los Poderes Legislativo y
Ejecutivo del Estado, un informe de actividades. Además, deberá comparecer ante el Congreso cuando
se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la
Fiscalía General y de las Fiscalías Especializadas, así como para el desarrollo de la carrera profesional
de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos.
El Fiscal General, así como sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a
la ley en que incurran con motivo de sus funciones.
El Fiscal General y los Fiscales Especializados podrán ser removidos por el voto de las dos
terceras partes de los Diputados presentes en la sesión correspondiente por las causas graves que
establezca la ley.
ARTÍCULO 99.- Para ser Fiscal General de Justicia se necesitan los mismos requisitos que para
ser Magistrado del Supremo Tribunal.
ARTÍCULO 100.- El Fiscal General de Justicia del Estado rendirá la protesta de ley ante el
Presidente del Congreso y el Titular del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 101.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal, como auxiliar y subordinado
directo del Ministerio Público, en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad pública
conforme a las instrucciones que se le dicten, desarrollará las diligencias que deban practicarse durante
la investigación y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros mandamientos que emita la
autoridad judicial con respeto irrestricto a los derechos humanos.
ARTÍCULO 102.- Las faltas accidentales y temporales del Fiscal General de Justicia del Estado y
de los Fiscales Especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción se suplirán en la forma
que determine la Ley.
ARTICULO 103.- Todas las autoridades del Estado tienen el deber, para facilitar las labores del
Ministerio Público, de prestarle auxilio cuando lo necesite, y el de proporcionarle todos los datos y
elementos que pidiere en el desempeño de su encargo.
Artículo 104.- Los Agentes del Ministerio Público serán nombrados por el Fiscal General de
Justicia del Estado.
ARTICULO 105.- Para ser Agente del Ministerio Público, se requiere:
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I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
II.- Acreditar que ha observado buena conducta y no haber sido condenado por sentencia
ejecutoriada como responsable de delitos intencionales.
III.- Ser licenciado en derecho con titulo legalmente expedido.
Artículo 105 A.- En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Fiscalía General de Justicia del
Estado y de las fiscalías especializadas observará las obligaciones inherentes a su calidad de servidores
públicos, de acuerdo a sus obligaciones específicas, y actuará con la diligencia necesaria para una
pronta y eficaz procuración e impartición de justicia.
SECCIÓN V
DEFENSORIA DE OFICIO
ARTICULO 106.- Habrá en el Estado una institución que se denominará Defensoría de Oficio. Su
misión será defender a los reos en asuntos penales y patrocinar a quienes lo soliciten, en materia civil y
administrativa, en los casos establecidos por la Ley Orgánica correspondiente.
ARTICULO 107.- Será desempeñada por un Jefe de Defensores y los Defensores que instituya la
Ley.
ARTICULO 108.- El Jefe de Defensores y los Defensores de Oficio serán nombrados y removidos
por el Ejecutivo.
Artículo 109.- Para ser Jefe de Defensores se necesitan los mismos requisitos que para ser Fiscal
General de Justicia.
ARTICULO 110.- El Jefe de Defensores rendirá la protesta de Ley ante el Ejecutivo y será
substituido en sus faltas temporales por el Defensor del lugar de su residencia.
ARTICULO 111.- Para ser Defensor de Oficio se necesitan los mismos requisitos que para ser
Agente del Ministerio Público.
SECCIÓN VI
Se deroga
ARTÍCULO 111 BIS.- Se deroga.
CAPITULO IV
PODER JUDICIAL
“ARTÍCULO 112.- El Poder Judicial se depositará, para su ejercicio, en un Supremo Tribunal de
Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia, Tribunales Laborales
y en Juzgados Locales. Existirá, además, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora, como un
órgano permanente de la administración de la justicia.
Derogado.
Las resoluciones judiciales deberán emitirse de manera pronta, completa e imparcial, debiéndose
garantizar su ejecución a través de los procedimientos idóneos que consignen las leyes aplicables.
El servicio judicial será gratuito. En consecuencia, quedan prohibidas las costas judiciales.
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Los Magistrados y los Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no
podrá ser disminuida durante su encargo.
ARTICULO 113.- El Supremo Tribunal de Justicia se compondrá de siete Magistradas o
Magistrados Propietarios y siete Suplentes y funcionará en Pleno, en Salas o en Comisiones.
Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán en su encargo seis años y serán
sustituidos de manera escalonada, salvo que se actualice el supuesto previsto en el párrafo que
antecede. Si por cualquier motivo no se hace nombramiento o los designados no se presentan al
desempeño de su cargo, continuaran en funciones los individuos que formen el Supremo Tribunal de
Justicia, hasta que tomen posesión los nuevamente nombrados. Los Magistrados nombrados para
concluir el período de otro, por falta definitiva o absoluta de éste, desempeñarán sus funciones hasta la
conclusión del período de aquél.
Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia designados podrán ser reelectos y, si lo
fueren, solo podrán ser privados del cargo en los términos del Título Sexto de esta Constitución.
Los nombramientos de las y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos por el
Gobernador del Estado, preferentemente entre aquellas personas que cumplan con lo dispuesto en el
artículo 17 y 114 de esta Constitución y hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad dentro del
Poder Judicial o entre las que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes, en otras
ramas de la profesión jurídica. Dichos nombramientos serán sometidos a la aprobación del Congreso, el
que otorgará o negará esta aprobación dentro del término, de tres días. Si el Congreso no resolviera
dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin aprobación expresa o tácita
no se podrá tomar posesión del cargo.
En el caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma
vacante, el Gobernador hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos desde luego, como
provisional, y que será sometido a la aprobación del Congreso en el siguiente período ordinario de
sesiones. En este período ordinario de sesiones, dentro de los primeros tres días, el Congreso deberá
aprobar o reprobar el nombramiento y si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado nombrado
provisionalmente, continuará en sus funciones con el carácter de definitivo. Si el Congreso rechaza el
nombramiento, cesará desde luego en sus funciones de Magistrado Provisional y el Gobernador del
Estado someterá nuevo nombramiento, para su aprobación en los términos señalados.
ARTICULO 114.- Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere reunir los
requisitos señalados en las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se distinguirán entre sí por el calificativo
numérico que corresponda al orden en que hayan sido designados.
ARTICULO 115.- Los Magistrados Propietarios y Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia
rendirán la protesta de ley ante el Congreso del Estado y, en sus recesos, ante la Diputación
Permanente.
ARTICULO 116.- El cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia solamente es
renunciable por causa grave calificada por el Congreso del Estado.
Las licencias de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, cuando no excedan de un mes,
podrán ser concedidas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; las que excedan de ese tiempo
podrán concederse por la Legislatura local y, en sus recesos, por la Diputación Permanente. Ninguna
licencia podrá exceder del término de dos años.
45
ARTICULO 117.- La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, su funcionamiento en Pleno,
Salas o Comisiones, la competencia de los Tribunales Regionales de Circuito, la de los Juzgados de
Primera Instancia, la de los Tribunales Laborales y Juzgados Locales, así como las responsabilidades
en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, se regirán por lo que dispongan las
leyes.
El Supremo Tribunal de Justicia, funcionando en Pleno, determinará el número, división en
circuitos, jurisdicción territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Regionales
de Circuito, de los Juzgados de Primera Instancia y de los Tribunales Laborales.
Asimismo, el Pleno elegirá de entre sus miembros, en los plazos que determine la ley, al
Presidente del Supremo Tribunal Justicia, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato
posterior, salvo que se trate de una suplencia; en cuyo caso el suplente si podrá ser reelecto.
El Supremo Tribunal de Justicia, por conducto de su Presidente, deberá rendir al Congreso y al
Gobernador del Estado, los informes, que le soliciten sobre el ramo judicial.
Se deroga.
ARTICULO 118.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para el adecuado ejercicio de sus
funciones, estará facultado para expedir Acuerdos Generales, de conformidad con lo que establezca la
ley.
ARTICULO 119.- Cuando algún Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia estuviera impedido
para conocer de un asunto determinado, será suplido, en los términos establecidos por la ley orgánica
respectiva. Si el Magistrado impedido fuere el ponente de dicho asunto, quien lo substituya no asumirá
la ponencia, quedando la elaboración del proyecto de resolución a cargo del magistrado siguiente en
número, a quien no afecte impedimento.
Cuando todos los magistrados en ejercicio estuvieron impedidos para conocer de determinado
negocio, el Supremo Tribunal de Justicia se integrará por Magistrados suplentes, correspondiendo
presidir los debates y ser ponente, al primero que conforme a la ley hubiera sido llamado.
ARTÍCULO 120.- El Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora funcionará en Pleno y se
integrará hasta por las y los siguientes siete Consejeros:
I.- El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien fungirá también como su
Consejero Presidente y representante;
II.- Un Consejero nombrado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de entre sus
magistrados;
III.- Un Consejero designado por el Gobernador del Estado;
IV.- El Fiscal General de Justicia del Estado;
V.- Un Consejero designado por el Colegio de Notarios del Estado de Sonora, de entre los
integrantes del propio Colegio; y
VI.- Dos Consejeros designados por el Congreso del Estado mediante el voto de las dos terceras
partes de sus integrantes.
Las y los consejeros a que se refieren las fracciones III y VI de este artículo deberán ser
ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, contar con título de Licenciado en Derecho
expedido legalmente mínimo siete años previos a la designación, asimismo contar con un mínimo de tres
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años de ejercicio profesional, gozar de buena reputación, y no haber sido condenados por delito doloso,
no haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por violencia familiar o
cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual
o la intimidad corporal y no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago
o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de
deudores alimenticios, y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y
administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso del Consejero
designado por el Supremo Tribunal de Justicia, deberá además gozar de reconocimiento en el ámbito
judicial y tener en el desempeño de su cargo por lo menos dos años con anterioridad a la designación.
En los casos de las fracciones III y VI de este precepto, no podrán ser designados consejeros
quienes hayan ejercido el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia
Para entrar al ejercicio del cargo, los consejeros del Poder Judicial rendirán protesta de ley ante el
Supremo Tribunal de Justicia.
El Presidente del Consejo, el diverso Magistrado de dicho órgano y el Fiscal General de Justicia
del Estado, conservarán su calidad de consejeros mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos;
los demás integrantes del Consejo serán designados por un período de seis años y no podrán ser
reelectos.
El Consejero designado por el Gobernador del Estado podrá ser un servidor público de cualquiera
de los Poderes del Estado o de los Órganos Autónomos, en cuyo caso el consejero designado tendrá el
carácter de honorario, sin recibir remuneración alguna, mientras conserve el carácter de servidor público
diverso al de integrante del Consejo de Poder Judicial.
Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con
independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título
Sexto de esta Constitución.
El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de su Presidente y de, cuando menos, la
mayoría de sus integrantes, según corresponda.
El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo elaborará los anteproyectos de
presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado y del Fondo para la Administración de Justicia,
tomando en cuenta para ello la opinión del Consejo, y en su oportunidad someterá los respectivos
proyectos al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para su aprobación.
Una vez aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia el proyecto del presupuesto anual
de egresos del Poder Judicial del Estado, el Presidente de aquél lo remitirá al Gobernador del Estado
exclusivamente para los efectos previstos en el artículo 79, fracción VII, de esta Constitución, e
igualmente deberá enviar una copia del mismo al Congreso del Estado.
El Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora resolverá sobre la designación y adscripción
de Magistrados Regionales de Circuito, Jueces de Primera Instancia y Jueces Laborales, así como de
los demás asuntos que la ley determine.
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede recurso
alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a acuerdos generales, a la designación,
adscripción y ratificación de Magistrados de los Tribunales Regionales y Jueces, las cuales podrán ser
revisadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que podrá confirmarlas, modificarlas o
revocarlas. Para el caso de revocación, se requerirá la aprobación por mayoría de cuando menos las dos
terceras partes del total de los integrantes del mismo Pleno. La ley establecerá los términos y
procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
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ARTICULO 121.- Las y los Magistrados de los Tribunales Regionales de Circuito, los Jueces de
Primera Instancia y los Jueces Laborales serán nombrados y adscritos por el Consejo del Poder Judicial
del Estado de Sonora, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que
señalen los ordenamientos jurídicos respectivos, para lo cual deberán gozar de buena reputación; no
haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por violencia familiar o cualquier
agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales contra la libertad sexual o la
intimidad corporal; y no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o
que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores
alimenticios, durarán cinco años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran
ratificados, continuarán en el desempeño de sus funciones por diez años más, sin perjuicio de que
puedan ser privados de sus cargos, en cualquier momento, en los casos y conforme a los procedimientos
que establezca la ley.
ARTICULO 122.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia nombrará al Secretario General de
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y a los demás funcionarios y empleados de su adscripción.
Los Magistrados Regionales de Circuito, los Jueces de Primera Instancia y los Jueces Laborales
nombrarán a los servidores públicos de los Tribunales Regionales de Circuito, Juzgados de Primera
Instancia y Tribunales Laborales, respectivamente, conforme a lo que establezca la ley en relación con
la carrera judicial.
ARTICULO 122-A.- Se deroga.
ARTÍCULO 123.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Magistrados Regionales
de Circuito, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Laborales y los Jueces Locales que estén en
funciones, exceptuándose los casos que específicamente determine la ley respecto de los suplentes, no
pueden ser abogados en causa ajena, apoderados, asesores o árbitros de derecho, ni desempeñar
ningún empleo, cargo o comisión de la Federación, del Gobierno del Estado, de otras entidades, de los
municipios, o de particulares, salvo los cargos docentes y los honoríficos en asociaciones científicas o
artísticas, siempre y cuando estos últimos no interfieran con el horario normal de las labores judiciales.
ARTICULO 124.- La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios,
así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia,
objetividad, profesionalismo, imparcialidad e independencia y antigüedad, en su caso, y bajo los criterios
de igualdad de oportunidades, méritos y capacidad.
ARTICULO 125.- Para ser Magistrado Regional de Circuito deberán reunirse los mismos requisitos
que para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; además de observar lo que prevenga la ley de
la materia para la carrera judicial.
ARTICULO 126.- Para ser Juez de Primera Instancia y Juez Laboral, se requiere ser ciudadano
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, contar con título de Licenciado en Derecho expedido
legalmente, un mínimo de tres años de ejercicio profesional, para lo cual deberán gozar de buena
reputación; no haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por violencia
familiar o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales contra la
libertad sexual o la intimidad corporal; y no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al
corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún
padrón de deudores alimenticios, y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de
libertad mayor de un año.
Adicionalmente, para ser Juez laboral se requerirá tener capacidad y experiencia en la
materia.
ARTÍCULO 127.- Para ser Juez Local se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de
sus derechos, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional con sanción
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privativa de libertad mayor de un año y tener la competencia necesaria para el desempeño del cargo, a
juicio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Los Jueces Locales serán nombrados cada dos años por el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.
Artículo 127 BIS.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos será un organismo público, de
carácter autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por el
orden jurídico mexicano, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que
nuestro país haya suscrito, así como combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de
un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social.
La Comisión tiene por objeto:
I. Estudiar, promover, divulgar y proteger, con base en los principios que rigen su actuación, los
Derechos Humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado;
II. Contribuir al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado
constitucional de derecho; y
III. Coadyuvar al establecimiento de las garantías necesarias para asegurar que los Derechos
Humanos de las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Sonora, sean reales,
equitativos y efectivos.
La Comisión se integrará por un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales, así
como Visitadores Adjuntos y el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la
realización de sus funciones.
La Comisión, para el mejor desempeño de sus responsabilidades, contará con un Consejo
Consultivo, el cual será electo en los términos de la Ley reglamentaria que para sus alcances y efectos
legales el Congreso apruebe. De igual manera, contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular
será designado conforme a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 64 de esta Constitución.
El Congreso del Estado, aprobará una Ley complementaria en materia de Derechos Humanos,
que regule el funcionamiento y actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado
de Sonora.
La o el Presidente de la Comisión deberá reunir para su designación los siguientes requisitos:
A) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
B) No haber sido persona sentenciada por la comisión de delitos dolosos; para lo cual deberán
gozar de buena reputación; no haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme
por violencia familiar o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales
contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite
estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente
en algún padrón de deudores alimenticios.
C) Poseer en la fecha de su nombramiento con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional legalmente expedido que lo acredite como licenciado en derecho o demostrada capacidad y
experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos;
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D) No haber sido Titular del Poder Ejecutivo, Secretario, Diputado Local, Presidente Municipal,
Fiscal General de Del Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, un año previo a su
designación;
E) Gozar de reconocido prestigio profesional, personal en la entidad; y
F) No haber participado como candidato a puesto de elección popular, ser o haber sido presidente
de algún partido político.
G) No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto.
TITULO QUINTO
MUNICIPIO LIBRE
CAPITULO I
INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
ARTICULO 128.- La base de la división territorial, política y administrativa del Estado de Sonora,
será el Municipio Libre, que estará gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. La
competencia que la Constitución Federal y esta Constitución otorgan al gobierno municipal se ejercerá
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del
Estado.
ARTICULO 129.- El Municipio será considerado como persona de derecho público con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
ARTICULO 130.- Los Ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes, integrados por un
Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que sean designados por sufragio popular, directo, libre
y secreto. Las elecciones se basarán en el sistema de elección de mayoría relativa, y en el caso de los
Regidores, habrá también de representación proporcional, de conformidad con las bases que establezca
la Ley. Por cada Síndico y Regidor Propietario será elegido un Suplente.
Todos los Regidores Propietarios serán considerados como representantes populares, con
idéntica categoría e igualdad de derechos y obligaciones.
ARTICULO 131.- Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos,
electos popularmente por elección directa, podrán ser reelectos para un periodo adicional, en términos
de lo dispuesto en el artículo 133 de esta Constitución, sin que la suma de dichos periodos exceda de 6
años. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad,
desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé,
podrán ser electos para un período adicional, en los términos del presente artículo. En los casos de los
integrantes del ayuntamiento que hayan accedido a tal cargo mediante una candidatura independiente,
solo podrán postularse para ser electos de manera consecutiva por esa misma vía, sin que puedan ser
postulados por algún partido político o coalición. Tomarán posesión el día 16 de septiembre del año de
su elección.
ARTICULO 132.- Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un Ayuntamiento, se
requiere:
I.- Ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos;
II.- Ser vecino del Municipio correspondiente, con residencia efectiva dentro del mismo, cuando
menos de dos años si es nativo del Estado, o de cinco años, sí no lo es;
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III.- No estar en servicio activo en el Ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo Municipio, a
menos que, quien esté comprendido en tales casos, se separe definitivamente de su empleo o cargo,
noventa días antes de la elección;
IV.- No haber sido persona condenada por la comisión de un delito doloso, salvo que el
antecedente penal hubiere prescrito; y para lo cual deberán gozar de buena reputación; no haber sido
persona sancionada o condenada mediante resolución firme por violencia familiar o cualquier agresión
de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad
corporal; y no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o que
cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores
alimenticios.
V.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto.
VI.- No tener el carácter de servidor público, a menos que no haya ejercido o se separe del cargo
noventa días antes de la elección, salvo que se trate de reelección del cargo, o de aquellos que
desempeñen un empleo, cargo, comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo
público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal.
ARTICULO 133.- El Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento durarán en sus
cargos tres años. Podrán ser electos para el mismo cargo por un periodo adicional, siempre y cuando el
periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
Tomarán posesión el día 16 de septiembre del año de su elección.
Los cargos del Presidente Municipal, Síndico y Regidor serán obligatorios y remunerados.
Solamente serán renunciables por causa justificada que califique el Ayuntamiento y apruebe el
Congreso.
Si alguno de los miembros de un Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será substituido
por su suplente, o se procederá según lo disponga esta Constitución y la Ley.
ARTICULO 134.- Para el auxilio de los Ayuntamientos en el despacho de los asuntos de su
competencia, contarán con una administración pública que será directa y paramunicipal, de acuerdo a la
Ley Municipal que según el artículo 64 fracción X de esta Constitución deberá expedir el Congreso del
Estado, y definirá las bases generales de creación, operación, vigilancia y supresión del sector
paramunicipal.
ARTICULO 135.- Las administraciones públicas directas asentadas en las cabeceras de las
municipalidades estarán integradas como mínimo por una Secretaría, una Tesorería y el Jefe de la
Policía Preventiva Municipal. Las personas designadas para estos cargos, con excepción del Jefe de la
Policía Preventiva Municipal, cuyo nombramiento se rige por la Ley y Reglamento en la materia, deberán
llenar los mismos requisitos exigidos para ser miembro del Ayuntamiento, excepto los contenidos en la
fracción III del artículo 132 de esta Constitución.
Los Ayuntamientos deberán tener un sistema administrativo interno de control y evaluación
gubernamental, el cual deberá ser regulado por la Legislación correspondiente.
Los Ayuntamientos deberán, al inicio de su gestión, nombrar Comisarios y Delegados Municipales.
Estos serán representantes directos del Ayuntamiento y ejercerán las atribuciones y deberes señalados
en la Ley correspondiente, dentro de los ámbitos territoriales que determinen los propios Ayuntamientos.
Para ocupar estos cargos se requiere ser ciudadano sonorense en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y tener la vecindad en el lugar en que haya de ser nombrado.
51
CAPITULO II
ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS
ARTICULO 136.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:
I.- En el ámbito de su competencia, promover e inducir el desarrollo económico, social, político y
cultural y el bienestar de los habitantes, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los
Planes y Programas de Gobierno Municipales.
II.- En el marco del Sistema Estatal de Planeación, conducir la formulación, instrumentación,
control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, al que estarán sujetas las funciones y actividades
del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal e inducir y concertar con las representaciones de
los sectores social y privado las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
III.- Planear, organizar y coordinar el sistema municipal administrativo interno de control y
evaluación gubernamental, en los términos de la Ley Municipal de la materia
IV.- Aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso, los bandos
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal y regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal, conforme a las leyes que se expidan en observancia del artículo 64, fracción X de
esta Constitución y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
V.- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado, en lo concerniente a sus Municipios.
VI.- Formular su Reglamento Interior en el que se defina la organización y funcionamiento del
propio Ayuntamiento, así como los de la Administración Pública Municipal directa, de acuerdo a las
bases que establezca la Ley.
VII.- En los términos señalados por las leyes en materia municipal, crear organismos
descentralizados y autorizar la constitución de empresas de participación municipal mayoritarias y
fideicomisos públicos para la prestación de los servicios públicos, la obtención o aplicación de recursos
para fines de asistencia social, la realización de actividades prioritarias o el desarrollo económico.
VIII.- Ejercer las atribuciones que las disposiciones jurídicas Federales y Estatales otorgan a los
Municipios en materia turística; reforma agraria; fomento agropecuario; desarrollo urbano; coordinación
fiscal; servicios educativos y de salud; vivienda; recursos naturales; protección del medio ambiente;
sistemas ecológicos; comercio, abasto y distribución de productos.
IX.- Promover las actividades productivas del Municipio, alentando y organizando el desarrollo de
la agricultura, ganadería, pesca, industria, minería y de otras actividades que propicien la prosperidad de
sus habitantes.
X.- Proteger y conservar la cultura de los grupos étnicos asentados en sus territorios.
XI.- Vigilar que los habitantes del Municipio realicen sus actividades con respeto a derechos de
terceros, al orden o interés público y en general en pro del bienestar colectivo, de acuerdo a las leyes y
reglamentos.
XII.- Prestar los servicios de seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito, sin perjuicio
de lo establecido por la fracción XX del Artículo 79 de esta Constitución.
52
XIII.- Emitir los actos, acuerdos y resoluciones que de conformidad con la Ley Municipal de la
materia y demás disposiciones, sean del ámbito de su competencia, con sujeción a los principios de
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.
XIV.- Aplicar las sanciones cuya imposición les atribuyan las leyes, en los términos de esta
Constitución.
XV.- Resolver, de acuerdo con las atribuciones que les confieran las leyes, los recursos
administrativos interpuestos en contra de los actos, acuerdos y resoluciones dictados por el propio
Ayuntamiento y demás Autoridades Municipales.
XVI.- En los términos de Ley, celebrar convenios de coordinación con los Ejecutivos Estatal y
Federal, a efecto de coordinar acciones de interés común, asumir el ejercicio de funciones, la ejecución y
operación de obras, la prestación de servicios públicos, y en general, cualquier otra actividad o propósito
de beneficio colectivo, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.
XVII.- Participar en el Sistema Estatal de Planeación en los términos establecidos por esta
Constitución y demás disposiciones.
XVIII.- Promover la participación y cooperación de la comunidad en la planeación, construcción y
conservación de obras, prestación de servicios públicos y, en general, en la ejecución de acciones para
el desarrollo de la comunidad, y en su caso, concertar acciones con los interesados.
XIX.- Administrar su patrimonio y prestar los servicios públicos en los términos señalados por esta
Constitución y demás disposiciones aplicables.
XX.- Vigilar los establecimientos de asistencia y beneficencia pública y privada en la forma que
determine la Ley.
XXI.- Someter al examen y aprobación del Congreso, durante la segunda quincena del mes de
noviembre de cada año, la Ley de Ingresos y el correspondiente Presupuesto de Ingresos que deberán
regir en el año fiscal siguiente. En su caso, el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba
el Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado.
XXII.- Aprobar, con base en las contribuciones y demás ingresos que determine anualmente el
Congreso, sus Presupuestos de Egresos y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora.
XXIII.- Enviar trimestralmente al Congreso, los estados financieros que comprenderán la balanza
de comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario
de ingresos y egresos que se lleve a la fecha.
XXIV.- Someter al examen y aprobación del Congreso, anualmente, el día 15 de abril de cada año,
sus cuentas públicas del año anterior.
XXV.- Glosar las cuentas del Ayuntamiento saliente, en un término de noventa días contados a
partir de la fecha de toma de posesión. Si de la glosa resultaron diferencias con las cuentas públicas
aprobadas por el Congreso, será éste quien decida lo conducente.
XXVI.- Formular los estados financieros correspondientes al último año de su gestión que
comprenderán la balanza de comprobación, el balance general, y el estado de resultados que contenga
el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos, y entregarlos, al concluir sus funciones, al
Ayuntamiento entrante y al Congreso.
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XXVII.- Rendir a la población, por conducto del Presidente Municipal, un informe anual detallado
sobre el estado que guarden los asuntos municipales, el 16 de septiembre de cada año. Dicho informe
será comunicado por escrito al Congreso del Estado y al Gobernador. El último año de su ejercicio
constitucional, el informe se rendirá el 15 de septiembre.
XXVIII.- Proporcionar a los Poderes del Estado los informes y documentos que les soliciten.
XXIX.- Crear o suprimir Comisarías y Delegaciones dentro de su territorio, así como organizar y
estructurar su administración, de acuerdo a lo establecido en la Ley correspondiente.
XXIX BIS.- Proponer la fundación y la nomenclatura de los centros de población.
XXX.- Conceder licencias al Presidente Municipal y Concejales, en los términos de la Ley Orgánica
respectiva.
XXXI.- Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal
directa y concederles licencia, de acuerdo a lo que establezcan las leyes.
XXXII.- Cubrir preferentemente y en forma adecuada, los sueldos de los Jueces Locales de su
jurisdicción, y proveerlos de los útiles y elementos de trabajo indispensables para el correcto desempeño
de sus funciones.
XXXIII.- Coadyuvar con el Poder Judicial en el auxilio que demande para hacer efectivas las
resoluciones de éste.
XXXIV.- Dar cuenta al Supremo Tribunal de Justicia de las irregularidades que observen en la
administración de justicia local.
XXXV.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y programas de desarrollo urbano
municipal.
XXXVI.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.
XXXVII.- Participar en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los Programas de
Desarrollo Regional, derivados del Plan Estatal de Desarrollo.
XXXVIII.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en
sus jurisdicciones territoriales.
XXXIX.- Invertir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
XL.- Otorgar licencias y permisos para construcciones.
XLI.- Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.
XLII.- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros
cuando aquellos afecten su ámbito territorial.
XLIII.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
XLIV.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de
conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General de la
República.
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XLV.- Las demás que las Leyes Federales o el Estado les otorguen.
ARTICULO 137.- Los Municipios, dentro de sus respectivas jurisdicciones, tendrán a su cargo las
funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
b) Alumbrado Público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastros.
g) Calles, Parques y Jardines y su equipamiento.
h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía
Preventiva Municipal y Tránsito.
i) Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones territoriales y
socioeconómicas de cada Municipio, así como su capacidad administrativa, técnica y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación
de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las Leyes Federales y Estatales.
ARTICULO 138.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que
les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios del Estado con Municipios
de otro u otros Estados, deberán contar con la aprobación del Congreso del Estado. Asimismo, cuando a
juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que
éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.
Los servicios públicos municipales también podrán ser prestados mediante concertaciones con
particulares o a través del otorgamiento de concesiones, en los términos de las leyes aplicables.
En los casos en que los servicios públicos de competencia municipal se encuentren a cargo de
particulares, podrán revocarse para que los Municipios los presten de manera directa, por razones de
orden e interés público y en los términos que establezca la Ley.
CAPITULO III
PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS
ARTICULO 139.- Los Municipios administrarán los bienes de dominio público y privado de su
patrimonio y podrán otorgar concesiones para su explotación, de conformidad con las leyes respectivas;
administrarán libremente su hacienda, la que se formará con los rendimientos de los bienes que les
pertenezcan, así como con las contribuciones y otros ingresos que establezca el Congreso del Estado a
su favor, los cuales procederán de:
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A) Contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan las leyes sobre la propiedad
inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por
base el cambio de valor de los inmuebles.
Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
B) Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo.
No se establecerán exenciones ni se concederán subsidios respecto de las contribuciones
señaladas en los incisos anteriores, en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o
privadas. Sólo los bienes de dominio público de la Federación, del Estado o de los Municipios, estarán
exentos de dichas contribuciones, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o
por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto
público.
C) Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación, a través del Estado, a los
Municipios, con arreglo a las bases montos y plazos que anualmente se determinen por la Legislatura
Local.
D) Subsidios, legados y donaciones que se establezcan a su favor.
Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las
cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre
la propiedad inmobiliaria.
Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los
Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la Ley, bajo los principios de honradez y
eficacia según las bases establecidas en el artículo 150 de esta Constitución y en las leyes.
CAPITULO IV
DECLARACIÓN DE DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y SUSPENSIÓN O
REVOCACIÓN DEL MANDATO DE SUS MIEMBROS
ARTÍCULO 140.- La Ley de Gobierno y Administración Municipal establecerá las bases y señalará
las causas para que el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros,
pueda suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, así como suspender o revocar el
mandato de alguno de sus miembros en lo individual, por alguna causa grave prevista por la Ley. En el
procedimiento que se substancie, los miembros del Ayuntamiento involucrados tendrán oportunidad
suficiente para rendir pruebas y formular los alegatos que consideren convenientes. El Gobernador del
Estado tendrá la participación que le asigne la Ley.
ARTICULO 141.- Cuando se suspenda o declare desaparecido un Ayuntamiento por renuncia o
falta absoluta de sus miembros, si conforme a la Ley Municipal de la materia no procede que entren en
funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará de
entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos.
ARTICULO 142.- De conformidad con las bases establecidas en la legislación secundaria, los
Concejos Municipales serán integrados con vecinos del lugar, y tendrán la misma estructura orgánica,
atribuciones y deberes que los Ayuntamientos. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos de
elegibilidad establecidos en el artículo 132 de esta Constitución.
TITULO SEXTO
56
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO
Y DE LOS MUNICIPIOS
ARTÍCULO 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será
responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal,
directa o paraestatal, así como municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los
servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales,
Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia Administrativa y quienes laboren en los organismos
públicos con autonomía legal.
En los términos y condiciones que establezca la Ley respectiva los servidores públicos a que se
refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración
patrimonial, fiscal y de intereses.
Las causas graves a las que se refiere esta Constitución para la remoción los cargos públicos
relacionados a los titulares de los Organismos Constitucionales Autónomos, el Poder Judicial y el Poder
Legislativo serán las que determine la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.
Se deroga.
ARTÍCULO 143 A.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de
recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
I.- El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares del Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización; de la Fiscalía Especializada Anticorrupción; de la Secretaría del
Ejecutivo del Estado responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 2, Apartado A de esta
Constitución; así como por un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado y otro del Comité
de Participación Ciudadana;
II.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que
se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la
corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley; y
III.- Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial
sobre las causas que los generan;
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización
de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de
gobierno;
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los
órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;
57
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.
Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que
brinden a las mismas.
ARTÍCULO 143 B.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en esta Constitución y en las
que determine la Ley que al efecto se emita a los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus
funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en
hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable, donde se
determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del
mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan
como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño
de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión,
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con
los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la
investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el
Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y
resueltas por los órganos internos de control.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos del Poder Judicial del Estado, conocerán de los mismos las autoridades que
determine su propia ley orgánica, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.
IV.- El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las
sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los
58
entes públicos federales, estatales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los
términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados
por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.
También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o
a los entes públicos estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y
se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos
casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas
administrativas graves; en estos supuestos, la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea
definitiva. La ley establecerá los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones
aplicables de dichos actos u omisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores
se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de
la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a
las que se refiere el presente artículo.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa
irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares
tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan
las leyes.
ARTÍCULO 144.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos mencionados en el presente Titulo así como las leyes en materia de auditoría, fiscalización y
combate a la corrupción que establezcan las normas precisas para determinar y sancionar sus actos u
omisiones que generen alguno de los siguientes tipos de responsabilidad:
I.- Responsabilidad Política, determinada mediante Juicio Político, cuando el servidor público, en el
ejercicio de sus funciones, incurra en actos u omisiones graves que redunden en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el Juicio Político por la mera
expresión de ideas.
Solo podrán ser sujetos a juicio político, los diputados al Congreso del Estado, los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados de cualquier órgano jurisdiccional o administrativo, el
Fiscal General de Justicia y los Fiscales Especializados, los secretarios y subsecretarios, los jueces de
primera instancia, los jueces laborales, los agentes del ministerio público, quienes presidan los
tribunales de Conciliación y Arbitraje, los consejeros estatales electorales, el secretario del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, los magistrados y secretario general del Tribunal Estatal
Electoral, los comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios y tesoreros de
los Ayuntamientos, así como los directores generales y sus equivalentes de las empresas de
participación estatal o municipal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos
públicos y organismos descentralizados del Estado y de los municipios.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y, en su caso, la inhabilitación para
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
II.- Responsabilidad Penal, cuando los servidores públicos cometan delitos de cualquier
naturaleza, que serán perseguidos y sancionados en los términos de la legislación penal. Tratándose de
delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios
patrimoniales, las sanciones deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de
59
satisfacer los daños y perjuicios causados por esta conducta ilícita. Las sanciones económicas no
podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
Las leyes penales determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su
encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su
patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no
pudiesen justificar. Las leyes sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos
bienes, además de las otras penas que correspondan.
III.- Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, incluyendo sin limitar, el manejo
indebido de recursos públicos y de la deuda pública.
Las sanciones aplicables a esta forma de responsabilidad, además de las que señalen las leyes,
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como en sanciones
económicas, que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por el responsable y con
los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de tres
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
ARTICULO 145.- Para determinar la responsabilidad política del servidor público y, en su caso, la
sanción aplicable, la Comisión del Congreso que determine la Ley, substanciará el procedimiento con
audiencia del inculpado y con la intervención de un Diputado Acusador nombrado del seno del propio
Congreso.
El Congreso del Estado erigido en Jurado de Sentencia decidirá, por votación de las dos terceras
partes de sus miembros presentes en sesión, sobre la responsabilidad del acusado y aplicará la sanción
que corresponda, una vez practicadas las diligencias que garanticen la defensa del mismo.
En el caso de que el Gobernador del Estado, Diputados Locales y Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia, sean sometidos a Juicio Político, en los términos del Artículo 110 de la Constitución
General de la República, el Congreso del Estado, una vez que la Cámara de Senadores le haya
comunicado la resolución respectiva, procederá conforme a sus atribuciones.
El procedimiento de Juicio Político, deberá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público
desempeñe un empleo, cargo o comisión, o dentro del año siguiente al de la conclusión de sus
funciones. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año, a partir de
iniciado el procedimiento.
ARTICULO 146.- En el Estado de Sonora ningún servidor público gozará de fuero, inmunidad legal
o procesal, que le otorgue privilegios o prerrogativas jurídicas. Nadie podrá ser reconvenido por las
opiniones que se manifiesten en el desempeño de su cargo.
ARTICULO 147.- Las normas sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos
del Estado y de los Municipios, determinarán con claridad las conductas que lesionen la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio, así como los procedimientos, las sanciones y
las autoridades que deban aplicarlas.
También señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en
cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones de que se trate. Cuando el hecho fuese
grave, la prescripción no será inferior a tres años.
60
ARTICULO 148.- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en el
presente Título, se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola
conducta, sanciones de la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, y con apoyo en pruebas suficientes,
podrá formular denuncias ante el Congreso del Estado o las Autoridades competentes, por cualquiera de
las conductas y contra los servidores públicos a que se refiere este Titulo.
ARTICULO 148-A.- Se deroga.
ARTICULO 148-B.- Los servidores públicos a que se refiere este Titulo, serán responsables del
cumplimiento de las bases establecidas en el Artículo 150 de esta Constitución.
TITULO SÉPTIMO
PREVENCIONES GENERALES
ARTICULO 149.- Por ningún motivo podrán embargarse o subastarse las contribuciones del
Estado o del Municipio.
ARTICULO 150.- Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los
municipios, así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos
autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir
los objetivos y programas a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por el Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los
respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto
en el artículo 67 de esta Constitución.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a
cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.
El manejo de recursos económicos estatales se sujetará a las bases de esta Constitución.
Tratándose de esquemas de contratación distintos a las licitaciones públicas, la suma de los
montos de los contratos que se realicen no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto
autorizado a cada dependencia o entidad, para realizar obra pública y servicios relacionados a la misma
en cada ejercicio presupuestal, sin que para el cálculo de dicho porcentaje se tomen en cuenta recursos
presupuestales que estén destinados a mezclarse con recursos federales, ni tampoco incluirse estos
últimos.
ARTÍCULO 150-A.- En el Estado, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos civiles y
políticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y tendrán derecho a voto en cualquier
elección, siempre que reúnan los requisitos que señalan esta Constitución y las leyes aplicables.
Los partidos políticos o coaliciones deberán garantizar en la postulación de fórmulas de candidatos
a diputados por los principios de mayoría relativa, la paridad entre los géneros en la totalidad de sus
candidaturas, debiendo sus fórmulas de propietario y suplente estar compuestas pre candidatos del
mismo género en la elección que se trate. En las listas de fórmulas de candidatos a diputados por el
61
principio de representación proporcional deberá observarse la paridad entre los géneros y se integrarán
por fórmulas de genero distintos en forma alternada en la elección correspondiente.
En los procesos electorales municipales que se rige por el principio de mayoría relativa se
observará la paridad horizontal y vertical para ambos géneros. Las planillas deberán integrarse por
candidatos propietarios y suplentes del mismo género.
Se entenderá por paridad de género vertical en la postulación de los candidatos de planillas de
ayuntamientos, la obligación de los partidos políticos o coaliciones, de salvaguardar en todo momento la
paridad y la igualdad entre los géneros. En las candidaturas que integren cada planilla de Ayuntamiento
deberá alternarse el género en la elección respectiva.
Se entenderá por paridad de género horizontal la obligación de los partidos políticos y coaliciones
para salvaguardar la postulación de 50% de candidatas y 50% de candidatos, respeto de la totalidad de
candidaturas a presidentes municipales en el proceso electoral correspondiente.
ARTÍCULO 150-B.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la Autoridad Judicial. La
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Agencia Ministerial de Investigación
Criminal, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la Autoridad
Administrativa del Gobierno Estatal y a los Ayuntamientos, la aplicación de sanciones por las infracciones
a los reglamentos gubernativos y de policía, que consistirán únicamente en multa o arresto hasta por
treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con
multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. La multa impuesta a los trabajadores no
asalariados no excederá del equivalente a un día de su ingreso.
ARTICULO 151.- Ningún individuo debe desempeñar dos cargos de elección popular; pero el
electo puede escoger entre ellos el que más le convenga.
ARTICULO 152.- Jamás podrán reunirse en una persona dos encargos por los que se disfrute
sueldo o remuneración; excepto en los ramos de instrucción y beneficencia públicas, ya se consideren
solos o unidos a otro ramo.
ARTICULO 153.- Todo servidor público recibirá una remuneración adecuada e irrenunciable por
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus
responsabilidades.
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en el Presupuesto de Egresos del
Estado, bajo las siguientes bases:
I.- Se considera remuneración toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas,
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
II.- Ningún servidor público estatal o municipal podrá recibir remuneración, en términos de la
fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida
para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
III.- Ningún servidor público estatal o municipal podrá tener una remuneración igual o mayor que
su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos
públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un
trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no
deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el
presupuesto correspondiente.
62
IV.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por
servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la
ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no
formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los
servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
V.- Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.
ARTICULO 154.- El aumento de las dietas de los diputados no tendrá efecto en el período de la
Legislatura que lo hubiere decretado.
ARTICULO 155.- Los cargos o empleos públicos no son, ni pueden ser en el Estado, propiedad o
patrimonio de quien los ejerza, ni podrán desempeñarse por personas que no sepan leer y escribir.
ARTICULO 156.- Toda persona adquiere la vecindad si reside de manera efectiva, durante dos
años en algún lugar del territorio del Estado y ejerce alguna profesión, arte, industria, empleo o actividad
productiva y honorable.
Quienes teniendo la residencia y vecindad se ausentaran del lugar de su residencia para
desempeñar cargos de elección popular, siempre y cuando ejerzan precisamente el mandato conferido
por el pueblo, o para prestar o desempeñar cargos conferidos por el Gobierno Federal o Estatal, según el
caso, o cargos de Representación gremial o Sindical, no perderán los beneficios de la mencionada
vecindad y residencia efectiva para los efectos de los artículos 9o. fracción II, 33 fracción III y 132
fracción II de esta Constitución. En tratándose de los Magistrados se estará a lo dispuesto por el articulo
114 de este mismo ordenamiento.
ARTICULO 157.- Todo funcionario o empleado público, tiene el deber de protestar antes de
encargarse de sus funciones, en la forma siguiente: La autoridad que deba recibir la protesta dirá:
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen, y cumplir leal y patrióticamente el
cargo de.............. que el pueblo (o la autoridad que lo confiere) os ha conferido, mirando en
todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?". El interpelado contestará: "Sí
protesto". Acto continuo dirá la persona ante quien se otorga la protesta: "Si no lo hiciereis
así la Nación y el Estado os lo demanden".
ARTICULO 158.- Será motivo de responsabilidad el hecho de que las autoridades, funcionarios o
empleados del Estado o de los Municipios, ejecuten en perjuicio de tercero o de la sociedad, actos que
no les están mandados o permitidos expresamente por la Ley.
ARTICULO 159.- En el caso de la fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la
República, asumirá el Poder Ejecutivo cualquiera de las personas siguientes en el orden de su
enumeración.
I. El Presidente de la Diputación Permanente que intervino en la instalación de la Legislatura
desaparecida.
II. El último Presidente del Supremo Tribunal inmediatamente anterior al desaparecido.
III. El último Secretario de Gobierno del régimen inmediatamente anterior al desaparecido.
Cuando la desaparición ocurriera durante los dos primeros años del período Constitucional, la
persona que asuma el Poder Ejecutivo convocará desde luego a elecciones de Gobernador y de
Diputados, sujetándose a la forma y términos prescritos por esta Constitución, y designará con carácter
63
provisional a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Cuando dicha desaparición sobreviniera
durante los cuatro últimos años del período, el que asuma el Poder Ejecutivo convocará a elecciones de
diputados y nombrará con carácter provisional a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
La instalación de la Legislatura, en uno y otro caso, la hará la última Diputación Permanente, la
cual será presidida por el Vicepresidente de la misma si su Presidente hubiere asumido el Poder
Ejecutivo de conformidad con este artículo. Los Magistrados del Supremo Tribunal, nombrados con
carácter provisional, seguirán en funciones entre tanto aprueba el Congreso los nombramientos de
propietarios, que deberá someterle el Ejecutivo a más tardar dentro de treinta días contados a partir de la
instalación de la Legislatura. Quien asumiere el Poder Ejecutivo en los casos de este articulo dictará
todas aquellas medidas estrictamente indispensables para la buena marcha de la administración pública.
En el segundo de los casos mencionados, la persona que asuma el Poder Ejecutivo comunicará al
Ejecutivo Federal la situación que prevalece para que se dé cumplimiento a la designación por parte del
Senado, de Gobernador Substituto Constitucional, mediante terna que para tal efecto le enviará el
Presidente de la República, de conformidad con la fracción V del Articulo 76 de la Constitución Federal.
ARTICULO 160.- Los Tribunales del Estado se arreglarán a la Constitución General y al presente
código, no obstante las disposiciones en contrario que pueda haber en las demás leyes del Estado.
ARTICULO 161.- Ningún funcionario o empleado en ejercicio podrá ser representante, apoderado,
o abogado en negocios ajenos ante los tribunales ni ante las demás autoridades públicas.
La prohibición anterior se entiende impuesta a los Magistrados suplentes cuando estén en ejercicio
por un plazo mayor de dos meses.
ARTICULO 162.- Los funcionarios y empleados del Estado y Municipales de las poblaciones
fronterizas tienen la obligación de residir en territorio sonorense. La no observancia de esta disposición
significa para el contraventor la pérdida de su cargo o empleo.
TITULO OCTAVO
REFORMA E INVIOLABILIDAD DE ESTA CONSTITUCIÓN
ARTÍCULO 163.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que hayan sido acordadas por las dos terceras
partes de los miembros de un Congreso y aprobadas por la mayoría del número total de los
Ayuntamientos del Estado.
Los ayuntamientos deberán pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas a la
Constitución dentro del término de 45 días naturales a partir de que el Congreso se las notifique. En caso
de no hacerlo, se entenderá como aprobación tácita.
ARTICULO 164.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aún cuando por alguna rebelión
se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un nuevo
Gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se
restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que por su virtud se hubieren expedido,
serán juzgados así los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, como los que
hubieren cooperado a ella.
ARTICULO 165.- Las Leyes Fundamentales no necesitan la sanción del Poder Ejecutivo.
TÍTULO NOVENO
MECANISMOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL
64
CAPÍTULO ÚNICO
MECANISMOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL
ARTÍCULO 166.- Se deroga.
T R A N S I T O R I O S
ARTICULO PRIMERO.- La presente Constitución será promulgada por Bando Solemne, en esta
Villa, el diez y seis de septiembre, y en las demás poblaciones del Estado el doce de octubre próximo,
siendo protestado por todos los funcionarios y empleados públicos del Estado y Municipios el mismo día
de su promulgación general, entrando en vigor desde esa fecha como Ley Suprema del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Las Leyes, Decretos, Circulares y Disposiciones de observancia general,
que se han estado aplicando hasta hoy, continuarán en vigor, en todo aquello en que no contravengan a
esta Constitución
ARTICULO TERCERO.- El período actual del Ejecutivo terminará el treinta y uno de agosto de mil
novecientos diez y nueve; el de los Diputados al Congreso, el quince de septiembre del mismo año y el
de los Magistrados y Procurador General de Justicia, cuando los nuevamente electos tomen posesión de
sus cargos dentro del mes de octubre próximo.
ARTICULO CUARTO.- Para los efectos de la parte final del articulo anterior, la disposición relativa
al periodo en que deben durar los Magistrados y Procurador General de Justicia, entrará en vigor desde
la promulgación en esta Villa de la presente Constitución.
ARTICULO QUINTO.- Los actuales Ayuntamientos durarán hasta el treinta y uno de diciembre del
año en curso, los inmediatos siguientes funcionarán desde el primero de enero al quince de septiembre
de mil novecientos dieciocho y de allí en adelante comenzará cada periodo el dieciséis de septiembre.
ARTICULO SEXTO.- Las próximas elecciones de Magistrados al Supremo Tribunal y de
Procurador General de Justicia, por esta vez, se efectuarán en la segunda quincena de octubre próximo,
sin necesidad de la propuesta de candidatos por los Ayuntamientos.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL Congreso Constituyente de Sonora, en la Villa de
Magdalena, a los quince días del mes de septiembre de mil novecientos diecisiete.
Presidente CLODOVEO VALENZUELA, Diputado Propietario por el Octavo Distrito Electoral.-
vicepresidente, G. CORELLA, Diputado Propietario por el Segundo Distrito Electoral.- JOSE MA. V.
LIZARRAGA, Diputado Propietario por el Primer Distrito Electoral.- F. R. GONZALEZ, Diputado Suplente
por el Cuarto Distrito Electoral.- A. R. ROMO, Diputado Propietario por el Quinto Distrito Electoral.-
ROSENDO L. GALAZ, Diputado Propietario por el Sexto Distrito Electoral.- J. E. LEON, Diputado
Suplente por el Séptimo Distrito Electoral.- ALONSO G. GONZALEZ, Diputado Propietario por el Noveno
Distrito Electoral.- VICENTE RIVERA, Diputado Propietario por el Undécimo Distrito Electoral.- JOSE
TIRADO, Diputado Propietario por el Décimo Tercero Distrito Electoral.- JOSE A. CASTRO, Diputado
Propietario por el Décimo Cuarto Distrito Electoral.- VENTURA G. TENA, Diputado Propietario por el
Décimo Quinto Distrito Electoral.- Primer Secretario, ANTONIO G. RIVERA, Diputado Propietario por el
Décimo Distrito Electoral.- Segundo Secretario, A. TRUJILLO, Diputado Propietario por el Duodécimo
Distrito Electoral.- Secretario Suplente, M. OTHON, Diputado Propietario por el Tercer Distrito Electoral.
Por tanto mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en Magdalena, a los dieciséis días del mes de
septiembre de mil novecientos diecisiete.
65
C. G. Soriano
EL O. M. E. DEL D.,
S. Sandoval
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 29
ARTICULO UNICO.- Esta ley entrará en vigor desde la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 52
ARTICULO PRIMERO.- Los Comisarios de Policía y los Ayuntamientos que resulten electos el
último domingo de abril de 1924, durarán en funciones hasta el 15 de septiembre de 1925, y en los
períodos siguientes tendrán la duración que señala la Constitución Política Local.
ARTICULO SEGUNDO.- Sométanse las reformas que anteceden a la aprobación de los H H.
Ayuntamientos del Estado para los efectos legales correspondientes.
ARTICULO TERCERO.- Esta Ley entrará en vigor cuando sea aprobada por la mayoría de los H
H. Ayuntamientos del Estado y previa publicación en el Boletín Oficial.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 52
ARTICULO PRIMERO.- Los Comisarios de Policía y los Ayuntamientos que resulten electos el
último domingo de abril de 1924, durarán en funciones hasta el 15 de septiembre de 1925, y en los
períodos siguientes tendrán la duración que señala la Constitución Política Local.
ARTICULO SEGUNDO.- Sométanse las reformas que anteceden a la aprobación de los H H.
Ayuntamientos del Estado para los efectos legales correspondientes.
ARTICULO TERCERO.- Esta Ley entrará en vigor cuando sea aprobada por la mayoría de los H
H. Ayuntamientos del Estado y previa publicación en el Boletín Oficial.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 101
ARTICULO PRIMERO.- Solamente la próxima renovación de Presidentes Municipales de los
actuales Ayuntamientos que debe efectuarse en el mes de marzo de mil novecientos veintisiete, se
sujetará a lo dispuesto por el artículo 134 que figura en la Ley Número 29 de 11 de diciembre de 1923.
ARTICULO SEGUNDO.- Esta Ley entrará en vigor desde la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 34
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor desde la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 80
66
ARTICULO UNICO.- Esta Ley principiará a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 90
ARTICULO UNICO.- La reforma al artículo 31 de la expresada Constitución entrará en vigor al
verificarse las elecciones de Diputados para el próximo periodo constitucional, y las demás, así como el
artículo 65 bis adicionado, cuando los electos entren legalmente en funciones.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 82
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 127
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 129
ARTICULO UNICO.- Las reformas a los artículos 132, 134 y 134 Bis de la expresada Constitución
entrará en vigor al verificarse las elecciones de Ayuntamiento para el próximo período constitucional.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 37
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 70
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 30
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 112
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor desde la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 113
67
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 234
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir del día 14 del mes actual, previa su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 67
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 120
ARTICULO UNICO.- Esta ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 64
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 121
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 130
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 121
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 122
ARTICULO PRIMERO.- Tan luego como entre en vigor la presente Ley, el Congreso del Estado
hará la elección de los dos nuevos Magistrados que en la misma se establecen, correspondientes a las
Salas Cuarta y Quinta.
ARTICULO SEGUNDO.- Esta Ley empezará a regir desde el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 62
ARTICULO PRIMERO.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia electos para el periodo
1953-1957 continuarán en funciones hasta la conclusión de sus respectivos períodos.
68
ARTICULO SEGUNDO.- El Procurador General de Justicia electo para el período 1953-1957
continuará en funciones hasta la conclusión de dicho período.
ARTICULO TERCERO.- Los Comisarios de Policía que al entrar en vigor las presentes reformas
se encuentren en funciones, seguirán desempeñando su cargo hasta la terminación del período para el
cual fueron electos.
ARTICULO CUARTO.- Para los efectos del Artículo 31 reformado de esta Constitución y mientras
se expidan las leyes que los determinen, se tendrán como Distritos Electorales las actuales divisiones en
la forma en la que las establece la vigente Ley Orgánica Electoral del Estado.
ARTICULO QUINTO.- Los preceptos que establecen los requisitos necesarios para los
funcionarios públicos de elección popular directa o de elección indirecta, no son aplicables a los electos
últimamente.
ARTICULO SEXTO.- Entre tanto se expidan las Leyes Orgánicas y Reglamentarias relativas o las
reformas que deban introducirse en las Leyes y Decretos actualmente vigentes, continuarán rigiendo
dichos Ordenamientos en todo lo que no se opongan a la presente Constitución.
ARTICULO SÉPTIMO.- La presente Ley entrará en vigor el día 5 de mayo de 1954, previa su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 21
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 63
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 40
ARTICULO UNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 81
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor cinco días después de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 92
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 93
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
69
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 25
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 84
ARTICULO PRIMERO.- Para el presente período gubernamental, que terminará el día 31 de
agosto de 1967, el actual Gobernador deberá rendir su último informe de Gobierno, ante el Congreso del
Estado, el día 25 de agosto del mismo año, en sesión especial que para ese efecto se celebre.
ARTICULO SEGUNDO.- Por esta sola ocasión, el Congreso del Estado designará a un
Gobernador Provisional, para que con tal carácter se haga cargo del Poder Ejecutivo a partir del día 1°
de septiembre de 1967 y cubra el período comprendido entre esta fecha y el 31 del mismo mes y año,
hasta el acto de la toma de posesión y protesta del ciudadano que resulte electo como Gobernador
Constitucional en los comicios que habrán de celebrarse en julio del presente año.
ARTICULO TERCERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 71
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor tres días después de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 3
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor tres días después de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 16
ARTICULO PRIMERO.- Por excepción y solo para el caso de las elecciones constitucionales de
Gobernador del Estado, que deberán celebrarse el primer domingo de julio de 1973, se reduce a dos
años el período de residencia efectiva a que se refiere en primer término la fracción I del artículo 70 que
se reforma.
ARTICULO SEGUNDO.- Esta Ley entrará en vigor tres días después de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 72
ARTICULO UNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 57
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor tres días después de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
70
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 64
ARTICULO PRIMERO.- Por esta única vez se prorroga el término para que el Gobernador
sustituto del Estado rinda su informe administrativo, hasta el trece de octubre del año en curso,
comprendiendo el período del 1° de febrero de 1975 al 12 de octubre de 1976.
ARTICULO SEGUNDO.-Esta Ley entrará en vigor tres días después de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 12
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor tres días después de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 16
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 15
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 29
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 38
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 47
ARTICULO UNICO.- Esta Ley entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 68
ARTÍCULO UNICO.- Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 82
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor tres días después de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
71
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 87
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor tres días después de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 96
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 3
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 16
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor tres días después de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 54
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 9
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 32
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 33
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 42
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 41
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
72
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 53
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 57
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 59
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 97
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 98
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 109
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y las reformas de los artículos 35, 41, 46, 133 y 136 fracción
XXVII, surtirán sus efectos a partir del 13 de octubre de 1991.
ARTICULO SEGUNDO.- Los Diputados que se elijan en la LII Legislatura del Congreso del
Estado, durarán en funciones del 16 de septiembre de 1988 hasta el 12 de octubre de 1991.
ARTICULO TERCERO.- Los integrantes de los Ayuntamientos que se elijan para el próximo
período constitucional, durarán en funciones del 16 de septiembre de 1988 hasta el 12 de octubre de
1991.
ARTICULO CUARTO.- El Congreso del Estado designará a un Gobernador Provisional, para que
con tal carácter se haga cargo del Poder Ejecutivo, a partir del 13 de septiembre de 1991 y hasta el día
21 de octubre del mismo año.
ARTICULO QUINTO.- Los Ayuntamientos electos para el período constitucional de 1985 a 1988,
así como los que se elijan para el período de 1988 a 1991, rendirán, por conducto de sus Presidentes
Municipales, un informe anual detallado sobre el estado que guarden los asuntos municipales, el día 15
de septiembre de cada año. Dicho informe será comunicado por escrito al Gobernador del Estado y al
Congreso del Estado.
ARTICULO SEXTO.- La LI y LII, Legislaturas del Congreso del Estado, tendrán dos períodos de
sesiones ordinarias en el año. El primero comenzará el 16 de septiembre y terminará el 15 de diciembre
73
y el segundo comprenderá desde el 1° de abril hasta el último de junio; ambos períodos pueden ser
prorrogables.
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el período gubernamental comprendido del 13 de septiembre de
1985 y que terminará el día 12 de septiembre de 1991, el Gobernador rendirá su último informe de
Gobierno, ante el Congreso del Estado, el día 26 de agosto.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 208
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con excepción del segundo párrafo del artículo 113, el
cual entrará en vigor el día 22 de octubre de 1991; en consecuencia, los magistrados actualmente
designados, culminarán sus períodos el día 24 de octubre de 1991.
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la aplicación de
esta Ley.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 204
ARTICULO UNICO.- En tanto se instale la Segunda Sala Civil, el Supremo Tribunal de Justicia
seguirá funcionando como hasta la fecha lo viene haciendo.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 210
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley Número 109 que
adiciona y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, publicada el 17 de septiembre de 1987, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 3
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 5
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 107 Bis
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIO DE LA LEY NUMERO 129
74
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 304
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Los Diputados que se elijan a la LIV Legislatura del Congreso del
Estado, durarán en sus funciones del 13 de octubre de 1994 al 15 de septiembre de 1997.
ARTICULO TERCERO.- El período ordinario del Congreso del Estado, correspondiente a los
meses de noviembre a diciembre del año de 1993 y los períodos ordinarios correspondientes al año de
1994, se celebrarán de acuerdo con las fechas que han venido rigiendo en los términos de la Ley 109,
publicada en el Boletín Oficial número 23, sección I, de 17 de septiembre de 1987.
A partir del 16 de septiembre de 1995 los períodos de sesiones ordinarios se celebrarán de
acuerdo con las fechas establecidas en la presente Ley.
ARTICULO CUARTO.- Los informes del Gobernador a que se refiere el artículo 46 constitucional
se entregarán, en los años de 1994 a 1996, conforme a la fecha que ha venido rigiendo en los términos
de la Ley 109, publicada en el Boletín Oficial número 23, sección I, de 17 de septiembre de 1987; en
1997, conforme a la fecha que se señala en la Ley 210, publicada en el Boletín Oficial número 18,
sección II, de 30 de agosto de 1990.
ARTICULO QUINTO.- El Gobernador electo para el período constitucional de 1997 al 2003, durará
en sus funciones del 22 de octubre de 1997 al 12 de septiembre de 2003.
ARTICULO SEXTO.- Las modificaciones efectuadas al artículo 133, por la presente Ley, surtirán
sus efectos a partir del 16 de septiembre de 1997.
ARTICULO SÉPTIMO.- Los Ayuntamientos que se elijan para los municipios de la Entidad, para el
período constitucional de 1994 a 1997, durarán en sus funciones del 13 de octubre de 1994 al 15 de
septiembre de 1997.
ARTICULO OCTAVO.- El informe anula que rindan los Ayuntamientos de la población, en 1994,
se efectuará en las fechas que señala la Ley 109, publicada en el Boletín Oficial número 23, sección I, de
17 de septiembre de 1987.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 305
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 381
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 384
75
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 75
ARTICULO UNICO.- La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 2
ARTICULO UNICO.- La presente ley entrará en vigor en todo el Estado al día siguiente de su
publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 169
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 179
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTICULO SEGUNDO.- Para adoptar la sustitución escalonada que previene esta Ley, la
designación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que integrarán el Pleno de dicho
órgano, se sujetará a lo siguiente: tres de los actuales Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia
concluirán sus funciones del 24 de octubre de 1997; la tercer ponente del Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia, dado su carácter inamovible, continuará en el ejercicio de su cargo, tres de los Magistrados más
antiguos en su designación como tales prorrogarán el ejercicio de sus funciones, dos de ellos hasta el 24
de octubre del año 2000 y, el diverso, el de mayor antigüedad al servicio del Poder Judicial, hasta el 15
de septiembre del año 2003.
ARTICULO TERCERO.- El Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora se instalará en los
términos que establezca la Ley respectiva.
ARTICULO CUARTO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en el ejercicio de la facultad
establecida en el segundo párrafo del articulo 117 de la Constitución Política del Estado de Sonora, que
se reforma en virtud de esta ley, y con base en lo que señale la ley orgánica respectiva, proveerá lo que
resulte conducente para la transformación de las Salas Regionales del Supremo Tribunal de Justicia en
Tribunales Regionales de Circuito, así como para la adecuación de los nombramientos de los servidores
públicos que correspondan
ARTICULO QUINTO.- Las disposiciones que reconozcan competencia al Supremo Tribunal de
Justicia, se entenderán referidas a los Tribunales Regionales de Circuito, cuando la cuestión debatida
sea de la competencia de éstos; asimismo, a partir de la vigencia de la presente ley, la competencia
atribuida en cualquier ordenamiento jurídico a las Salas Regionales del Supremo Tribunal de Justicia,
deberá entenderse conferida a los Tribunales Regionales de Circuito.
ARTICULO SEXTO.- Los Magistrados de las Salas Regionales del Supremo Tribunal de Justicia,
previa la actualización que de sus nombramientos realice el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia,
76
continuarán en el ejercicio de sus cargos, como Magistrados Regionales de Circuito, hasta el 15 de
septiembre de 1997.
Asimismo, los Jueces de Primera Instancia nombrados para el período comprendido del 16 de
septiembre de 1995 al 15 de septiembre de 1997, así como los que fueren designados en el curso de
dicho período, continuarán en el desempeño de sus cargos, hasta la conclusión del mismo.
Si al concluir el término precisado en los párrafos que anteceden el Consejo del Poder Judicial del
Estado de Sonora no ha expedido los nombramientos correspondientes de Magistrado Regional de
Circuito y de Jueces de Primera Instancia, continuarán en funciones quienes se encuentren
desempeñando dichos cargos, hasta en tanto tomen posesión los nuevamente nombrados.
TRANSITORIOS DE LA LEY 180
ARTICULO UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DE LA LEY 74
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice del voto total que emitan los
Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar en los términos de la presente Ley para los
efectos dispuestos por el Artículo 163 de la Constitución Política Local.
Se instruye a la Diputación Permanente del Congreso del Estado a efecto de que realice el
cómputo respectivo y en caso de resultar aprobada la presente Ley por cuando menos, la mitad más uno
de los Ayuntamientos de la Entidad, se remita al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para su publicación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Tratándose de funciones y servicios que conforme a la presente Ley
sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo
anterior, sean prestados por el Gobierno del Estado, o de manera coordinada con los Municipios, éstos
podrán asumirlos, previo acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento
respectivo.
El Gobernador del Estado dispondrá lo necesario para que la función o servicio público de que se
trate, se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que
presente, en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente
solicitud.
En el caso del inciso a) del Artículo 137 dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el
Gobernador del Estado podrá solicitar al Congreso, conservar bajo su cargo los servicios a que se refiere
el citado inciso, cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la población, su
prestación.
En tanto se realiza la transferencia de funciones y servicios públicos, éstos seguirán ejerciéndose
o prestándose en los términos y condiciones vigentes.
ARTICULO TERCERO.- Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, el Congreso del Estado en
coordinación con los Municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores
unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria
sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las
adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones,
a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.
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ARTICULO CUARTO.- Los convenios celebrados entre el Estado y los Municipios con anterioridad
a la presente ley, se ajustarán a lo establecido en la misma.
ARTICULO QUINTO.- En la realización de las acciones conducentes al cumplimiento de la
presente Ley, se respetarán en todo momento los derechos y obligaciones contraídos previamente con
terceros, así como los derechos de los trabajadores estatales y municipales.
ARTICULO SEXTO.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que entre en vigor la
presente Ley, el Congreso del Estado deberá emitir el ordenamiento legal correspondiente que regula la
participación ciudadana en el Estado de Sonora.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 151
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo, en su
caso, que emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política Local.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto que lleve a cabo el cómputo respectivo y en su caso de resultar aprobada la presente Ley,
por cuando menos, la mitad más uno de los Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, se remita al
Titular del Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Los Consejeros integrantes del Consejo Estatal Electoral, continuarán en
sus cargos conforme a las bases de su designación por el Congreso de Estado de Sonora.
La renovación parcial que establece esta Ley para el Consejo Estatal Electoral iniciará con la
renovación del mismo una vez culminado el encargo de los actuales Consejeros Estatales Electorales,
atendiendo a las bases que señala la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral, así como los
principios de paridad de género y alternancia en la conformación del mismo, tanto en los Consejeros
Propietarios como en los Consejeros Suplentes Comunes.
El Congreso del Estado, al renovar los Consejeros Estatales Electorales, de conformidad con el
párrafo anterior, por única ocasión y con el objeto de materializar la renovación parcial en lo sucesivo,
nombrará a dos Consejeros Propietarios y dos Consejeros Suplentes para que ejerzan sus funciones por
el periodo de un proceso electoral ordinario y, los restantes, tres Consejeros Propietarios y un Consejero
Suplente, para el periodo de dos procesos electorales ordinarios, circunstancia que deberá asentarse en
la convocatoria que se emita para tal efecto.
ARTICULO TERCERO.- Se deroga.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 81
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo, en su
caso, que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política Local.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto que lleve a cabo el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobada la presente Ley
por, cuando menos, la mitad mas uno de los ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, se remita al
Titular del Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Todos los bienes de la naturaleza que fueren y los recursos
presupuestales y sus productos que se encuentren asignados o sean propiedad de la Contaduría Mayor
de Hacienda del Congreso del Estado, así como sus expedientes, archivos, información almacenada
electrónicamente y documentos en general, igual que los derechos y obligaciones que se derivan para
dicha oficina de resoluciones, convenios, contratos y actos jurídicos en general, le pertenecerán o se
entenderán asignados, según sea el caso, desde que esta Ley entre en vigor, al Instituto Superior de
Auditoria y Fiscalización.
ARTÍCULO TERCERO.- Las referencias de otras disposiciones legales y reglamentarias o
administrativas, así como las que aparezcan en resoluciones, convenios, contratos y actos jurídicos en
general, a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, se entenderán hechas al Instituto Superior de
Auditoria y Fiscalización, sin necesidad de modificaciones o reformas especiales.
ARTÍCULO CUARTO.- El Congreso del Estado expedirá la legislación secundaria que
corresponda a estas disposiciones constitucionales dentro de un plazo no mayor a seis meses contado
desde la fecha en que entre en vigor la presente Ley.
TRANSITORIOS DE LA LEY NUMERO 253
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los
ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley para los
efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política Local.
ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de esta ley, dentro de los tres meses
siguientes deberán establecerse las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para
adecuarlas a las disposiciones constitucionales contenidas en la presente ley.
ARTICULO TERCERO.- Dentro del mismo plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de
esta ley, deberá procederse a la designación de los integrantes del Consejo del Poder Judicial del
Estado, a excepción del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Por esta única ocasión, la
duración de los consejeros en sus cargos, para efectos de la sustitución escalonada prevista en el
artículo 120, quinto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sonora, se sujetará a lo siguiente:
Los periodos de los Consejeros correspondientes a los Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia, Magistrados Regionales de Circuito o Jueces de Primera Instancia, designados por el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia, serán de cinco años para el primero y de cuatro años para el segundo, y
los correspondientes a los nombrados por el Congreso del Estado y por el Gobernador, serán de tres y
dos años respectivamente. Los periodos se computarán a partir de la fecha en que quede instalado el
nuevo Consejo del Poder Judicial del Estado.
El nuevo Consejo del Poder Judicial del Estado deberá ser instalado por el Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia e iniciar sus funciones al entrar en vigor las reformas a la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, acorde con las disposiciones constitucionales que se establecen mediante la
presente ley.
ARTICULO CUARTO.- El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial del Estado
constituido conforme a las leyes 179 y 181, publicadas los días once de noviembre y doce de diciembre
de mil novecientos noventa y seis, respectivamente, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora, continuarán ejerciendo sus atribuciones en los términos establecidos en la Ley Orgánica del
Poder Judicial, hasta en tanto entren en vigor las reformas mediante las cuales ésta última se adecue a
las disposiciones constitucionales contenidas en la presente ley y se instale el nuevo Consejo del Poder
Judicial del Estado.
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ARTICULO QUINTO.- El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial del Estado,
asumirá las funciones que constitucional y legalmente le corresponden, en sustitución del Consejo que
deje de funcionar.
TRANSITORIOS DE LA LEY 174
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo computo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente ley,
para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Se instituye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que lleve el computo respectivo y la remita al Titular del Poder Ejecutivo en caso de
resultar aprobada, para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor
de esta Ley, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones que resulten pertinentes, entre
otras, a las leyes en materia de salud, educación y a la legislación civil, de tal manera que dichos
ordenamientos sean congruentes con las disposiciones de esta reforma constitucional.
TRANSITORIO DE LA LEY 167
ARTÍCULO UNICO.- La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los
ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente ley para los
efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
TRANSITORIO DE LA LEY 77
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los
ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente ley, para los
efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
TRANSITORIOS DE LA LEY 79
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la
aprobación o rechazo que emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los
términos de la presente Ley, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 163.
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Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con la finalidad de realizar las adecuaciones al marco normativo relativo
al derecho de acceso a la información pública, incluyendo las reformas a la ley reglamentaria, con el
propósito de hacerlas congruentes con las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora, contenidas en la presente Ley, el Congreso del Estado deberá realizar las
adecuaciones dentro de los ciento ochenta días siguientes al entrar en vigor la presente Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- En el año en que se publique esta ley, el Ejecutivo Estatal, por conducto
de la Secretaría de Hacienda, el Congreso del Estado, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto de
Transparencia Informativa, realizarán las previsiones presupuestarias, la reasignación de personas,
recursos materiales y financieros, así como de activos patrimoniales que resulten necesarios para que a
la entrada en vigor de esta Ley, el Instituto pueda contar con los elementos suficientes para ejercer sus
funciones, previa solicitud del Instituto, en términos de la normatividad aplicable y previo análisis de la
asignación de recursos que se hayan otorgado, en los últimos años, al Tribunal Estatal Electoral y de
Transparencia Informativa para el cumplimiento de las funciones relativas al derecho de acceso a la
información pública, con el objeto de que tales recursos sean asignados al Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora.
ARTÍCULO CUARTO.- Una vez realizadas las adecuaciones normativas relativas al marco
jurídico en el Estado de Sonora en materia de acceso a la información pública para hacerlas acordes a
esta Ley, en términos del artículo segundo transitorio de la presente y una vez otorgada la suficiencia
presupuestaria al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, los asuntos que en
materia de acceso a la información pública se encuentren en trámite en ese momento ante el Tribunal
Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, serán remitidos al citado Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, para que continúe substanciándolos, previa reanudación del
procedimiento que se hará de conocimiento de las partes.
ARTÍCULO QUINTO.- Hasta en tanto se realicen las adecuaciones pertinentes al marco legislativo
local, en todos los casos en que la legislación del Estado de Sonora haga referencia al Tribunal Estatal
Electoral y de Transparencia Informativa se deberá entender que se hace referencia al Tribunal Estatal
Electoral previsto en esta reforma constitucional.
TRANSITORIO DE LA LEY 2
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente ley,
para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
TRANSITORIO DE LA LEY 169
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los
ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente ley, para los
efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
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Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora, por las razones señaladas en la
parte expositiva del presente resolutivo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, párrafo
tercero, de la Constitución Política del Estado, que se reforma mediante la presente ley, resuelve
nombrar, nuevamente, por un periodo de siete años, contado a partir del primero de enero del año dos
mil doce, al C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, como Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización.
TRANSITORIOS DE LA LEY 167
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley,
a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora en su artículo 163.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con la finalidad de realizar las adecuaciones al marco normativo
relativo, con el propósito de hacerlas congruentes con las disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Sonora, contenidas en la presente Ley, el Congreso del Estado deberá realizar las
adecuaciones dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- Las menciones que en diversos ordenamientos legales y reglamentarios
se hagan al Consejo Estatal Electoral se entenderán referidas al Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, cuyo cambio de denominación se establece en la presente Ley.
TRANSITORIOS DE LA LEY 93
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora en su artículo 163.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
TRANSITORIOS DE LA LEY 173
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo
163.
82
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO.-Se derogan la ley número 164, aprobada el día 4 de octubre de 2011 y la
Ley número 85, aprobada con fecha 27 de junio de 2013, por virtud de que sus disposiciones se recogen
en el contenido de la presente ley.
ARTÍCULO TERCERO.- Las elecciones locales que habrán de verificarse en los años 2015 y 2018
deberán realizarse en forma concurrente con la fecha de la Jornada Comicial de los procesos federales.
ARTÍCULO CUARTO.- El Gobernador del Estado, el Colegio de Notarios del Estado de Sonora y
el Congreso del Estado, deberán efectuar las designaciones de consejeros que les corresponden, dentro
de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
Si una o más de las designaciones referidas en el párrafo inmediato anterior no se hacen en el
término previsto, el Consejo podrá funcionar, sin perjuicio de que, una vez hecha o hechas las
designaciones faltantes, los respectivos consejeros se incorporen a aquél.
El Magistrado que, previo a la entrada en vigor de la presente Ley, hubiera sido designado por el
Supremo Tribunal de Justicia para formar parte del Consejo del Poder Judicial constituido conforme a las
Leyes 179 y 181 publicadas los días 11 de noviembre y 12 de diciembre de 1996, respectivamente, del
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, deberá integrarse al nuevo Consejo del Poder Judicial a que se
refiere la presente Ley, como Consejero nombrado por el Supremo Tribunal de Justicia.
ARTÍCULO QUINTO.- La sesión de instalación del Consejo del Poder Judicial deberá celebrarse
dentro del plazo comprendido entre los treinta y los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, previa convocatoria que para tal efecto emita su Presidente.
ARTICULO SEXTO.- La reforma al artículo 30 de esta Constitución, en materia de reelección, será
aplicable a los diputados que sean electos a partir del proceso electoral que culmine en el año 2018.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La reforma al artículo 131 de esta Constitución, en materia de reelección,
será aplicable a los integrantes de los ayuntamientos que sean electos a partir del proceso electoral que
culmine en el año 2018.
TRANSITORIOS DE LA LEY 77
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora en su artículo 163.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el computo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Al entrar en vigor la presente Ley, deberán impulsarse las reformas y
adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora y demás disposiciones legales
aplicables a la materia.
83
TRANSITORIOS DE LA LEY 85
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo, en su caso, que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los
términos de la presente Ley para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del
Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto que lleve a cabo el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobada la presente Ley
por, cuando menos, la mitad más uno de los ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, se remita a
la Titular del Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora deberá expedir la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, regulatoria de las
disposiciones de esta Ley, en armonía al contenido del artículo 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en un
plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora se transferirán al nuevo organismo público autónomo
garante creado mediante este decreto.
ARTÍCULO CUARTO.- La Ley secundaria determinará, en su caso, sobre la permanencia de los
Vocales que actualmente conforman el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora
Una vez integrado el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la información Pública y
Protección de Datos Personales, los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de posesión del
cargo de los Comisionados, que se hayan interpuesto conforme a la normatividad anterior a la vigencia
de esta Ley, serán resueltos conforma a dichas normas por los nuevos comisionados.
ARTÍCULO QUINTO.- Hasta en tanto la LXI Legislatura del Congreso del Estado lleve a cabo la
armonización a que se refiere el artículo segundo transitorio de esta Ley, se continuará aplicando la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
TRANSITORIOS DE LA LEY 87
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora en su artículo 163.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el computo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
TRANSITORIOS DE LA LEY 89
ARTÍCULO ÚNICO. - La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley,
para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
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Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
TRANSITORIOS DE LA LEY 88
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del inicio del primer periodo de
sesiones ordinarias correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional de la LXI Legislatura del
Congreso del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los
Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo 163.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto por los artículos 35 y 41 constitucionales
que se reforman mediante la presente Ley, se estará a lo siguiente:
A) El segundo periodo de sesiones extraordinarias del tercer año del ejercicio constitucional de la
LXI Legislatura culminará el día 15 de septiembre de 2018.
B) Por única ocasión, el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año del ejercicio
constitucional de la LXII Legislatura dará inicio el 16 de septiembre de 2018.
C) Los diputados del Congreso del Estado para integrar la LXII Legislatura, serán electos por el
periodo comprendido del 16 de septiembre de 2018 hasta el último minuto del 31 de agosto del año
2021.
ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado a más tardar el 30 de junio de 2017, deberá
llevar a cabo las modificaciones necesarias para la adecuación de la legislación secundaria en materia
electoral, a efecto de homogenizarla a las disposiciones que contiene la presente Ley.
TRANSITORIOS DE LA LEY 96
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley,
para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los recursos materiales, presupuestales, humanos, así como los bienes
muebles e inmuebles y contratos celebrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sonora pasan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.
ARTÍCULO TERCERO. - El Procurador General de Justicia del Estado de Sonora que se
encuentre actualmente en funciones, queda designado y se ratifica por virtud de esta Ley como Fiscal
General de Justicia del Estado por el tiempo que establece el artículo 98 de esta Constitución.
85
ARTÍCULO CUARTO. - Dentro del plazo de ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor de
la presente Ley se deberá presentar por el Titular del Ejecutivo del Estado la iniciativa de Ley Orgánica
de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
ARTÍCULO QUINTO. - La Secretaría de Hacienda deberá proporcionar la suficiencia presupuestal
a la Fiscalía General de Justicia del Estado para su debida integración y funcionamiento.
TRANSITORIOS DE LA LEY 91
ARTÍCULO PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo
163.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el computo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abroga la Ley número 264, que reforma el tercer párrafo del artículo
150-A de la Constitución Política del Estado de Sonora, aprobada por el Pleno de la Sexagésima
Legislatura, en sesión del día 30 de junio de 2015.
TRANSITORIOS DE LA LEY 93
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los Ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo
163.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el computo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
TRANSITORIOS DE LA LEY 102
ARTÍCULO PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado, con las excepciones previstas en el artículo segundo transitorio y previo
cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes
se les deberá notificar los términos de la presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de
la Constitución Política del Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las reformas a los artículos 33, fracción V, 64, fracción XXXII BIS; 67,
inciso G; 70, fracción V, y 143 B, fracción III, párrafo segundo y fracción IV; las adiciones de un segundo
párrafo a la fracción XXV del artículo 64; y la derogación de la fracción XXXII BIS del artículo 64 y la
Sección VII del Capítulo II, contenidas en la presente Ley, entrarán en vigor el día 19 de julio del año
2017, previa publicación de la misma en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
86
ARTÍCULO TERCERO. - El Fiscal General de Justicia del Estado que se encuentra actualmente
en funciones, por virtud de la ratificación conferida mediante la Ley número 96, publicada el día 28 de
noviembre de 2016 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, incrementará dos años más el ejercicio
de dicho cargo, con el objeto de cumpla el periodo de 9 años que se establece en el artículo 98 de la
Constitución Política del Estado de Sonora que se reforma mediante la aprobación de esta Ley.
ARTÍCULO CUARTO. - A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, por única ocasión el
Congreso del Estado, por las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión
correspondiente, nombrará a los titulares de las Fiscalías Especializadas en materia de delitos
electorales y anticorrupción, a propuesta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, para lo
cual enviará una terna al Congreso del Estado. El Ejecutivo del Estado podrá objetar dicho
nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo.
Los titulares de las fiscalías especializadas nombrados en términos del presente transitorio
durarán en su encargo hasta el doce de septiembre de dos mil veintiuno, sin perjuicio de que puedan ser
removidos libremente por el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora. La remoción podrá ser
objetada por las dos terceras partes de los diputados del Congreso presentes en la sesión
correspondiente, dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la Fiscalía
Especializada de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones.
El Fiscal General de Justicia del Estado, podrá, en uso de las atribuciones previstas en el artículo
97 de esta Constitución, realizar los nombramientos de los fiscales especializados o ratificar a los
nombrados en términos del presente transitorio, una vez finalizado su periodo establecido en el párrafo
anterior.
ARTÍCULO QUINTO. - Durante el primer semestre del año 2017, por única ocasión, el Comité
Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo, deberá integrar una terna que enviará
directamente al Congreso del Estado para designar al Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización. Su designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes
en la sesión correspondiente.
Una vez designado el Auditor Mayor en los términos de este transitorio, éste deberá remitir al
Congreso del Estado las propuestas de Auditores Adjuntos del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, para efecto de que sean ratificados por el voto de más de la mitad de los diputados
presentes en la sesión correspondiente.
Los servidores públicos que en este momento desempeñan el cargo de Auditor Mayor y Auditores
Adjuntos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización podrán ser evaluados y, en su caso, ser
propuestos para los cargos, por parte del Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo.
ARTÍCULO SEXTO. - El Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, se le
confiere de autonomía técnica y presupuestal, su presupuesto será asignado de manera directa y
específica por el Congreso del Estado y su actual titular se entenderá ratificado a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley al menos hasta la conclusión de la Legislatura vigente.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los magistrados del Tribunal de los Contencioso Administrativo que a la
entrada en vigor de esta Ley se encuentren en funciones, continuarán en su encargo como magistrados
en el Tribunal de Justicia Administrativa hasta la culminación del plazo por el cual se otorgó su
nombramiento, en términos de lo dispuesto por el artículo octavo transitorio del Decreto que reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de
2015.
Los magistrados de la Sala Especializada deberán ser designados en los términos previstos por el
artículo 67 bis de esta Ley, durante el primer semestre del año 2017 y entrarán en vigor el día 19 de julio
87
del año 2017, previa toma de protesta y publicación de la misma en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado.
ARTÍCULO OCTAVO. - La Secretaría de Hacienda deberá proporcionar la suficiencia
presupuestal a la Fiscalía General de Justicia del Estado para su debida integración y funcionamiento
ARTÍCULO NOVENO. - La Secretaría de Hacienda deberá proporcionar la suficiencia
presupuestal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y a su Sala Especializada para
su debida integración y funcionamiento.
ARTÍCULO DÉCIMO. - Los recursos materiales, presupuestales, humamos, así como los bienes
muebles e inmuebles y contratos celebrados por el Tribunal Contencioso Administrativo pasan al Tribunal
de Justicia Administrativa.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - En atención al artículo sexto transitorio de la Ley del Servicio
Civil, el Tribunal de Justicia Administrativa continuará conociendo de los asuntos previstos en el artículo
112 de la citada Ley del Servicio Civil, hasta en tanto se instala y constituye el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - El Tribunal de Justicia Administrativa seguirá conociendo de
los juicios y recursos en materia fiscal administrativa, responsabilidad administrativa, responsabilidad
objetiva y de servicio civil, que actualmente se encuentran en trámite ante el Tribunal Contencioso
Administrativo.
Asimismo, todas aquellas leyes que dentro de sus disposiciones se mencione el Tribunal
Contencioso Administrativo se entenderán referidas al Tribunal de Justicia Administrativa.
TRANSITORIOS DE LA LEY 99
ARTÍCULO ÚNICO. - La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley,
para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan a la Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
TRANSITORIOS DE LA LEY 181
ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la presente ley entrará en vigor al momento de su publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado y una vez culminado el proceso electoral 2014-2015, previo cómputo que se
realice de la aprobación o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá
notificar los términos de la presente ley para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución
Política del Estado de Sonora.
TRANSITORIOS DE LA LEY 187
88
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado y previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan
los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, para los
efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan los artículos sexto y séptimo transitorios de la Ley número
173, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 49, sección III de
fecha 19 de junio de 2014.
TRANSITORIO DE LA LEY 195
ARTICULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los Ayuntamiento del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos del presente Ley, a fin
de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora
en su artículo 163.
Se instruye a la mesa Directiva o la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso,
a efecto de que realicen el computo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
TRANSITORIO DE LA LEY 193
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado del
Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobado la presente Ley por
cuando menos la mitad más uno de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan al titular
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
TRANSITORIO DE LA LEY 188
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado y previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan los
ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, para los
efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
TRANSITORIOS DE LA LEY 288
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
89
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado del
Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobado la presente Ley por
cuando menos la mitad más uno de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan al titular
del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEGUNDO.- A los servidores públicos del Congreso del Estado que se encuentren en
el cargo a la fecha de publicación de la presente Ley, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 64,
fracción XXXI de la presente modificación constitucional.
ARTÍCULO TERCERO.- Se abrogan las leyes número 80, aprobada el 21 de octubre de 2010; 81,
aprobada el 28 de octubre de 2010; 159, aprobada el 11 de mayo de 2011; 170, aprobada el 8 de
diciembre de 2011; 247, aprobada el 26 de junio de 2012 y 183, aprobada el 5 de abril de 2017.
ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.
ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa
deberá expedir la reglamentación para el funcionamiento de la misma y designar a los funcionarios
responsables de la administración del Tribunal, a propuesta del presidente de la Sala Superior.
Los Juicios y Recursos de carácter administrativo y fiscal contra determinaciones emitidas por
autoridades municipales y de sus organismos descentralizados, así como aquellos que se demande la
responsabilidad patrimonial del Estado, de los municipios y de sus organismos descentralizados, que se
encuentren en trámite en las diversas ponencias de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa, deberán remitirse a la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa, para efectos de que se reasignen a la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y
Responsabilidades Administrativas, debiéndose resolver conforme a las disposiciones aplicables
vigentes a su inicio. A su vez el Tribunal de Justicia Administrativa a través de su Comisión de
Administración deberá expedir la reglamentación necesaria para el trámite de los asuntos en comento.
TRANSITORIOS DE LA LEY 77
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado del
Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobada la presente Ley por
las dos terceras partes de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan al titular del Poder
Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
TRANSITORIO DE LA LEY 79
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado del
Estado de Sonora.
90
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobada la presente Ley por
las dos terceras partes de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan al titular del Poder
Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
TRANSITORIOS DE LA LEY 179
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado y previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que emitan
los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, para los
efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan al Titular del Poder Ejecutivo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de resultar aprobada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las menciones que se realicen en la Ley Orgánica de las Fiscalía
General del Estado de Sonora y demás leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y documentos oficiales,
respecto de la Policía Estatal Investigadora, se entenderán que se refieren a la Agencia Ministerial de
Investigación Criminal, hasta en tanto entre en vigor la presente ley.
TRANSITORIOS DE LA LEY 2
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado del
Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobado la presente Ley por
cuando menos las dos terceras partes de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan al
titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Respecto a la designación de los Comisionados del Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por el Congreso del
Estado contará con un plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la
presente ley para publicar en los medios de comunicación impresos de mayor circulación en el Estado y
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora las bases y convocatoria para elegir a las y los ciudadanos que
integrarán el referido Instituto.
A efecto de garantizar la sustitución escalonada que señala la fracción V, apartado A del artículo 2
de la presente Ley, los integrantes del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, serán nombrados por única ocasión por los siguientes periodos:
I. Presidente – 7 años;
II. Comisionado – 5 años; y
III. Comisionado – 3 años.
ARTÍCULO TERCERO. - El titular del Órgano de Control Interno, Oficial Mayor y personal
administrativo de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estado deberán ser ratificados por las
dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura en la siguiente sesión ordinaria posterior a la
entrada en vigor de la presente Ley. De no lograrse la ratificación por parte de los integrantes de la
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Legislatura por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se
designarán a los encargados de despacho.
Posteriormente a la designación de los encargados de despacho; el Congreso del Estado en un
plazo máximo de 15 días naturales deberá designar con el voto de las dos terceras partes de los
integrantes de la Legislatura a los nuevos funcionarios.
Dentro del plazo de 60 días naturales siguientes se emitirán las bases para la implementación del
Servicio Profesional de Carrera en el Poder Legislativo del Estado, que deberá contener como requisitos,
no haber sido condenado por sentencia firme por violencia política de género o pensión alimenticia.
ARTÍCULO CUARTO. - La Mesa Directiva del Congreso del Estado electa para el mes de
septiembre del 2021 seguirá en funciones hasta que termine el primer periodo ordinario de sesiones de
la LXIII Legislatura.
El Congreso del Estado contará con un plazo no mayor a 15 días naturales para conformar e
integrar las comisiones en los términos de su propia Ley Orgánica.
ARTÍCULO QUINTO. - Las disposiciones relativas a la competencia que se le otorga al Tribunal
de Justicia Administrativa para conocer de los procedimientos de responsabilidad iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor la presente Ley, en sustitución de la Sala Especializada Anticorrupción,
entrarán en vigor el mismo día que la presente Ley. Dichos procedimientos serán distribuidos entre los
órganos que conforman el Tribunal de Justicia Administrativa en los términos de su normatividad interna.
Los Magistrados que, al momento de la entrada en vigor del presente ordenamiento, se
encuentren en funciones en la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y de Responsabilidades
Administrativa, serán separados de sus cargos en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. El
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización constitucional, sin que en ningún caso proceda su
reincorporación al servicio.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, todas las disposiciones que se refieran a la Sala
Especializada en Materia Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas se entenderán referidas
al Tribunal de Justicia Administrativa.
Los recursos humanos, financieros, materiales, así como los bienes muebles e inmuebles y
contratos celebrados por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y de Responsabilidades
Administrativas se transferirán al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEXTO. - Los Fiscales Especializados que se encuentren en funciones al momento de
la entrada en vigor del presente ordenamiento, deberán ser ratificados por al menos dos terceras partes
de la Legislatura en la siguiente sesión ordinaria posterior a la entrada en vigor de la presente Ley. De no
lograrse la ratificación por parte de los integrantes de la Legislatura, se entenderá entonces la ausencia
definitiva y se estará en lo dispuesto en el Artículo 98, fracción I de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Sonora.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presenta Ley, se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto
responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos
adicionales para tales efectos.
ARTÍCULO OCTAVO. - Dentro de un plazo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada
en vigor de esta Ley, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones que resulten pertinentes,
entre otras, a las leyes en materia Municipal, de la Fiscalía, de Transparencia, de Justicia Administrativa,
de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de tal manera que
dichos ordenamientos sean congruentes con las disposiciones de esta reforma constitucional.
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TRANSITORIO DE LA LEY 3
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de
Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en su caso de resultar aprobada la presente Ley
por las dos terceras partes de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan al titular del
Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
TRANSITORIOS DE LA LEY 83
ARTÍCULO PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado del
Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobado la presente Ley por
cuando menos la mayoría del número total de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan
al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abroga la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte
Público Sustentable del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora de 23 de diciembre de 2013 y las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
ARTÍCULO TERCERO. - Todas las atribuciones que se confieran en cualquier disposición
constitucional y legal al Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
serán ejercidas por la unidad administrativa competente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano a que se refiere la Ley de Transporte para el Estado de Sonora.
ARTÍCULO CUARTO. - Los recursos humanos, materiales y financieros que actualmente se
encuentran asignados al Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
se transfieren a la unidad administrativa referida en el artículo tercero transitorio de la presente Ley.
ARTÍCULO QUINTO. - El Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Régimen Interno
y Concertación Política, contará con un plazo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, para publicar en los medios de comunicación impresos de mayor
circulación en el Estado y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, las bases y
convocatoria para designar al Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en
términos del artículo 67 de la presente Ley.
ARTÍCULO SEXTO. – En los quince días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, la
mesa directiva deberá someter al pleno la ratificación de los servidores públicos que actualmente
desempeñan el cargo de contralores de los Organismos Constitucionalmente Autónomos para que
puedan fungir como Titulares de los Órganos Internos de Control, exceptuando a las Instituciones de
Educación Superior, en respecto al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
93
En caso de no lograr la ratificación por el voto de la mitad más uno de los diputados presentes, el
Congreso del Estado a través de la mesa directiva, deberán emitir las convocatorias para que se
presenten candidatos a ocupar la Titularidad de los Órganos Internos de Control de los Órganos
Autónomos, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.
Los servidores públicos que actualmente desempeñan el cargo de contralores de los Organismos
Autónomos y que no fueron ratificados, seguirán en su cargo hasta en tanto el Congreso del Estado no
rinda protesta a los Titulares de los Órganos Internos de Control que se señalan en esta Ley.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - La Secretaría de Hacienda asesorará a los Organismos Autónomos
para efecto de la reasignación presupuestaria necesaria para la iniciación en funciones de sus
respectivos Órganos Internos de Control.
ARTÍCULO OCTAVO. - La duración y el procedimiento de designación que se establece en el
artículo 98 de la presente Ley aplicará para posteriores nombramientos.
ARTÍCULO NOVENO. - La duración y el procedimiento de designación que se establece en el
artículo 113 de la presente Ley será aplicable a las siguientes designaciones que se efectué después
de la entrada en vigor de este ordenamiento.
ARTICULO DÉCIMO. - Se derogan todas las normas que se opongan al proceso de designación
y disposiciones contenidas en el presente decreto.
TRANSITORIO DE LA LEY 88
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o rechazo que
emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la presente Ley, para
los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su caso, a
efecto de que realicen el cómputo respectivo y en caso de resultar aprobada la presente Ley por cuando
menos la mitad más uno de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remitan al titular del Poder
Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
TRANSITORIOS DE LA LEY 93
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de
Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realice el cómputo respectivo, y en caso de resultar aprobada la presente Ley por
la mayoría de los ayuntamientos del Estado, la remita al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de llevar a cabo las elecciones locales y federales de manera
concurrente, por única ocasión, quien resulte ser Gobernador electo del Estado de Sonora en los comicios
electorales que para esos efectos se celebren el año 2027, será electo por un periodo de tres años, para que
ejerza sus funciones a partir del día 13 de septiembre del año 2027 y hasta el día 12 de septiembre del año
2030.
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TRANSITORIO DE LA LEY 170
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de
Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realice el cómputo respectivo, y en caso de resultar aprobada la presente Ley por
la mayoría de los ayuntamientos del Estado, la remita al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
TRANSITORIOS DE LA LEY 172
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de
Sonora.
Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y en su caso de resultar aprobado la presente Ley
por las dos terceras partes de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la remiten al titular del
Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado deberá armonizar el marco jurídico en la materia
para adecuarlo al contenido de la presente Ley en un plazo que no excederá de 60 días naturales a partir
de la entrada en vigor del presente decreto. Dicha armonización incluirá disposiciones que determinen
los alcances y formas dar cumplimiento gradual a las obligaciones del presente decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- El Poder Ejecutivo del Estado deberá implementar de manera gradual el
sistema universal de becas a que se refiere la presente Ley, sujetándose a metas de corto, mediano y
largo plazo, a efecto de garantizar el equilibrio y balance sostenible de las finanzas públicas del Estado.
TRANSITORIO DE LA LEY 86
ARTÍCULO ÚNICO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, previo cómputo que se realice de la aprobación o
rechazo que emitan los ayuntamientos del estado, a quienes se les deberá notificar los términos de la
presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado de
Sonora.
A P E N D I C E
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA. - Edición Oficial del
Estado de Sonora, 15 de Septiembre de 1917.
LEY 29.- B.O. No. 50 de fecha 19 de diciembre de 1923, que reforma la fracción XXIV del Artículo 64, y
los Artículos 131, 134, 137 fracciones II y XIV, y el Articulo 163. Asimismo, se adiciona el Artículo 64 con
la fracción XXXVIII.
LEY 52.- B.O. No. 53 de fecha 29 de diciembre de 1923, que reforma el Artículo 139.
95
LEY 52.- B.O No. 32 de fecha 19 de abril de 1924, que reforma el Artículo 139.
LEY 101.- B. O. No. 47 de fecha 11 de diciembre de 1926, que reforma el 134 y adiciona el Artículo
134 Bis.
LEY 34.- B.O. No. 33 de fecha 25 de abril de 1928, que reforma los Artículos 98, 99, 102, 113, 114,
116, 121, 123, 124 y 126.
LEY 80.- B.O. No. 10 de fecha 04 de agosto de 1928, que reforma los Artículos 56, 57, 64 fracciones
XVII y XVIII, 66 fracciones V y VII, 74, 78, 79 fracción XI y 129, asimismo se suprimen las fracciones VIII
y IX del Artículo 127.
LEY 90.- B.O. No. 33 de fecha 24 de octubre de 1928, que reforma los Artículos 31, 36, 38, 65 y 66
fracción VIII, asimismo adiciona el Artículo 65 Bis.
LEY 82.- B. O. No. 34 de fecha 27 de abril de 1932, que reforma los Artículos 125 y 126.
LEY 127.- B.O. No. 26 de fecha 28 de septiembre de 1932, que reforma las fracciones XXIV y II de los
Artículos 64 y 137 respectivamente.
LEY 129.- B.O. No. 28 de fecha 05 de octubre de 1932, que reforma el Artículo 30, la fracción IV del
33, la fracción VIII del 70, 72, la fracción I del 99 y 105, 114, 132, 134 y 134 Bis.
LEY 37.- B.O. No. 34 de fecha 28 de abril de 1934, que reforma la fracción VI del Artículo 64.
LEY 70.- B.O. No. 5 de fecha 17 de julio de 1937, que reforma la fracción IV del Artículo 33.
LEY 30.- B.O. No. 52 de fecha 29 de diciembre de 1937, que reforma los Artículos 64, fracción XVII, 74
y 78.
LEY 112.- B.O. No. 34 de fecha 29 de abril de 1939, que reforma las fracciones V y VII del Artículo 66.
LEY 113.- B.O. No. 34 de fecha 29 de abril de 1939, que reforma los Artículos 30, 33 fracciones III, IV y
VIII; 70 fracción III; 79 fracción XXVI y 123; se adiciona el Artículo 134 A con una fracción III, el Artículo
162 bis y 162 C; se suprimen las fracciones VI y VII del Artículo 64 y la fracción X del Artículo 137.
LEY 234.- B.O. No. 5 de fecha 15 de enero de 1941, que reforma los Artículos 33, fracciones V y VI; 46,
64, fracción XVII; 74, 78 y 79 fracción VIII.
LEY 67.- B.O. No. 50 de fecha 24 de junio de 1942, que reforma los Artículos 33 fracción VIII, 44, 52,
57, 60, 62, 70 fracciones III y VIII, 89, 90, 159, 161 y 162. Asimismo, se adiciona el Artículo 70 con la
fracción IX y el Artículo 93 con un segundo párrafo.
LEY 120.- B.O. No. 16 de fecha 24 de febrero de 1943, que reforma los Artículos 30, 72 párrafo
primero, 131 y 139.
LEY 64.- B.O. No. 30 de fecha 11 de octubre de 1947, que reforma los Artículos 99 y 114.
LEY 121.- B.O. No. 32 de fecha 20 de abril de 1949, que reforma el Artículo 119 y la fracción V del
Artículo 120.
LEY 130.- B.O. No. 52 de fecha 29 de junio de 1949, que adiciona un segundo párrafo al Artículo 46 y
una fracción VIII al Artículo 79.
96
LEY 121.- B.O. No. 28 de fecha 05 de abril de 1952, que adiciona el artículo 129 con un párrafo
segundo.
LEY 122.- B.O. No. 28 de fecha 05 de abril de 1952, que reforma los Artículos 113, 117 y 118.
LEY 62.- B.O. No. 36 de fecha 05 de mayo de 1954, que reforma los Artículos lo, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 46, 48, 49, 50, 56, 64, 65, 66, 70,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106,
108, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 156, 157, 159 y 161. Asimismo se adiciona los
Artículos 82 A, 94 A, 148 A, 148 B, 150-A y 162-A; se abrogan los Artículos 65 Bis, 134 Bis, 134 A, 162
Bis y 162 C.
LEY 21.- B.O. No. 49 de fecha 20 de junio de 1956, que reforma los Artículos 79 en su fracción VI y
139 en su fracción XVII.
LEY 63.- B.O. No. 13 de fecha 14 de agosto de 1957, que reforma los Artículos 117 y 121.
LEY 40.- B.O. No. 41 de fecha 21 de mayo de 1960, que reforma el Artículo 33 fracción VI, 134 y 162-
A.
LEY 81.- B.O. No. 32 de fecha 18 de abril de 1964, que reforma las fracciones I y II del Artículo 134.
LEY 92.- B.O. No. 11 de fecha 05 de agosto de 1964, que deroga el Artículo 162-A.
LEY 93.- B.O. No. 11 de fecha 05 de agosto de 1964, que reforma los Artículos 46 y la fracción VIII del
Artículo 79.
LEY 25.- B.O. No. 12 de fecha 11 de agosto de 1965, que reforma los Artículos 46 y la fracción VIII del
Artículo 79.
LEY 84.- B.O. No. 11 de fecha 08 de febrero de 1967, que reforma los Artículos 46, último párrafo y 72.
LEY 71.- B.O. No. 25 de fecha 24 de septiembre de 1969, que reforma los Artículos 46 y 79 fracción
VIII.
LEY 3.- B.O. No. 47 de fecha 12 de diciembre de 1970, que adiciona la fracción XX del Artículo 79 y
reforma el Artículo 136.
LEY 16.- B.O. No 21 de fecha 13 de marzo de 1971, que reforma la fracción I del Artículo 70.
LEY 72.- B.O. No. 51 de fecha 23 de diciembre de 1972, que reforma los Artículos 33, fracción II; 70
fracción III y V; 114, fracción II; 124, fracción I; 126 fracción I y 134, fracción I y adiciona el artículo 156.
LEY 57.- B.O. No. 47 de fecha 10 de diciembre de 1975, que reforma el Artículo 33, fracción V; 70,
fracción V; 79, fracción XXIV; 82 A y 144, primer párrafo.
LEY 64.- B.O. No. 7 de fecha 24 de enero de 1976, que reforma el Artículo 46.
LEY 12.- B.O. No. 7 de fecha 22 de enero de 1977, que reforma los Artículos 64 fracción XVIII; 79,
fracción XXIV; 80 fracción II y 144. Asimismo se adiciona la fracción XLIII BIS al Artículo 64.
LEY 16.- B.O. No. I0 de fecha 02 de febrero de 1977, que reforma el Artículo 64 fracción XVII y 77.
97
LEY 15.- B.O. No. 15 de fecha 19 de febrero de 1977, que reforma los Artículos 16 fracción III; 31, 33 y
la fracción XV del Artículo 64.
LEY 29.- B.O. 1er. alcance al No. 49 de fecha 18 de junio de 1977, que reforma los Artículos 70
fracción V; 79 fracción XV y XVI; 81, 86 y 146. Asimismo deroga el Artículo 82-A.
LEY 38.- B.O. No. 15 de fecha 20 de agosto de 1977, que reforma la fracción I del Artículo 31 y
adiciona el párrafo segundo a la fracción XLIII Bis del Articulo 64.
LEY 47.- B.O. No. 34 de fecha 26 de octubre de 1977, que adiciona con una cuarto párrafo el Artículo
113 y con un segundo párrafo el Artículo 123.
LEY 68.- B.O. No. 13 de fecha 12 de agosto de 1978, que reforma los Artículos 31, 32, 38 y 64 fracción
XXXI; 131 y 139, fracción XIV. Asimismo se adiciona el párrafo segundo al Artículo 22 y los párrafos 2°,
3°, 4°, 5° y 6° al Artículo 129.
LEY 82.- B.O. No. 53 de fecha 30 de diciembre de 1978, que reforma el primer párrafo del Artículo 113.
LEY 87.- B.O. No. 4 de fecha 13 de enero de 1979, que reforma el Artículo 129.
LEY 96.- B.O. No. 8 de fecha 28 de julio de 1979, que reforma el segundo párrafo del Artículo 46.
LEY 3.- B.O. No. 47 de fecha 10 de diciembre de 1979, que reforma el Artículo 81.
LEY 16.- B.O. No. 24 Sección II, de fecha 24 de marzo de 1980, que reforma el párrafo cuarto del
Articulo 113 y el Artículo 123.
LEY 54.- B.O. No. 1 Sección II, de fecha 02 de julio de 1981, que reforma el párrafo primero del
Artículo 31; el inciso b) de la fracción I del Artículo 32 y el segundo párrafo del Artículo 129.
LEY 9.- B.O. No. 1 de fecha 03 de enero de 1983, que adiciona la fracción IX del Articulo 33; la fracción
VII al Artículo 70 y la fracción IV al Artículo 134.
LEY 32.- B.O. No. 50 de fecha 22 de diciembre de 1983, que adiciona el Capítulo Tercero al Título
Tercero comprendiendo los Artículos 25-A, 25-B, 25-C, 25-D y 25-E.
LEY 33.- B.O. No. 50 de fecha 22 de diciembre de 1983, que reforma los Artículos 79 fracciones V, VI y
XVI; 81 y 150. Asimismo adiciona el Artículo 81-A.
LEY 42.- B.O. No. 9 Sección I de fecha 30 de enero de 1984, que reforma los Artículos 33 fracción III;
64 fracciones VII, X, XI, XV, XX, XXV, XXVII, XXXVII, XXXVIII y XLIII; 79, fracción II; 156 y el Titulo
Quinto. Se adiciona la fracción XIII Bis al Artículo 64; fracciones II Bis y XV Bis al Artículo 79 y el Artículo
150-B al Título Séptimo de Prevenciones Generales.
LEY 41.- B.O. No. 29 Sección I de fecha 09 de abril de 1984, que reforma los Artículos 19, fracción IV;
64, fracción XXI; 66, fracción VII; 120, fracción XVII; 143, último párrafo; 144; 145; 146; 147; 148; 148-A y
148-B. Se adicionan las fracciones XXI-A y XXI-B al Artículo 64; fracción VII Bis al Artículo 66 y fracción
XXXVI Bis al Artículo 79.
LEY 53.- B.O. No. 47 Sección I de fecha 11 de junio de 1984, que reforma el Artículo 79, fracción
XXIV; 81, párrafo tercero; el primer párrafo de la fracción I del Artículo 144 y el primer párrafo del Artículo
146.
LEY 57.- B.O. No. 2 Sección III, de fecha 05 de julio de 1984, que reforma la fracción III del Artículo
136.
98
LEY 59.- B.O. No. 2 Sección III de fecha 05 de julio de 1984, que reforma los Artículos 79 fracción
XXIV; 144 fracción I párrafo primero y 146 párrafo primero.
LEY 97.- B.O. No. 3 Sección I de fecha 10 de enero de 1985, que reforma el Artículo 64, fracción
XXXII. Asimismo se adicionan las fracciones XXIV Bis y XXXII Bis al Artículo 64.
LEY 98.- B.O. No. 3 Sección I de fecha 10 de enero de 1985, que reforma los Artículos 70, fracción I y
156 párrafo segundo.
LEY 109.- B.O. No. 23 Sección I de fecha 17 de septiembre de 1987, que reforma los Artículos 31; 32,
35; 41; 46; 64 fracciones XV y XX; 79 fracción VII; 113 y 136 fracciones III, XXI y XXVII. Asimismo se
adicionan el párrafo segundo al Artículo 22 y el párrafo segundo al Artículo 49.
LEY 208.- B.O. No. 22 Sección II de fecha 17 de marzo de 1988, que reforma los Artículos 112; 113;
114; 120, fracción IV, XV y el párrafo primero del Artículo 121.
LEY 204.- B.O. No. 16 de fecha 23 de agosto de 1990, que reforma el Artículo 113 párrafo primero.
LEY 210.- B.O. No. 18 Sección II de fecha 30 de agosto de 1990, que reforma los Artículos 12,
fracción VIII; 16, párrafo primero; 22, párrafo tercero; 32, fracciones II y IV y el Artículo 46 párrafo
segundo.
LEY 3.- B.O. No. 50 Sección III de fecha 19 de diciembre de 1991, que reforma los Artículos 112,
primer párrafo; 113, párrafos primero, segundo, y tercero; 114; 115; 116; 117; 120, fracciones I, II, III, IV,
VI, XI y XIII; y se adiciona la fracción IV Bis a dicho precepto. Asimismo se reforman los artículos 121; y
primer párrafo del 122, adicionándose un segundo párrafo a este último artículo. Se reforma la
denominación de la Sección II del Capítulo IV, del Título Cuarto, quedando integrada dicha Sección con
el Articulo 122-A, que se adiciona. Asimismo se adiciona una Sección III, al Capítulo y Título antes
referido y se reforman los artículos 123; 124, fracción I; 125; 126, primer párrafo; 127; 136, fracciones
XXXII y XXXIV, el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 144; y el primer párrafo del Artículo 146.
LEY 5.- B.O. No. 53 Sección VI de fecha 30 de diciembre de 1991, que reforma los Artículos 95; 96,
primer párrafo y sus fracciones I, II, III y IV; 97; 101; 102 y 105; y se adiciona un Artículo 105-A.
LEY 107 BIS.- B.O. No. 39 de fecha 12 de noviembre de 1992, que deroga la fracción IX al Artículo 64;
se deroga la fracción XXXV al Artículo 79; y se deroga el Artículo 92.
LEY 129.-B. O. No. 47 Sección I de fecha 10 de diciembre de 1992, que reforma los Artículos 33,
fracción V; 70, fracción V; 79, fracción XXIV; 81 segundo párrafo; 81-A; 85; 86; 88; 144 fracción I, párrafo
segundo; y 146, primer párrafo; y se adiciona, con un segundo párrafo, el Articulo lo.
LEY 304.- B. 0. No. 38, Sección I de fecha 08 de noviembre de 1993, que reforma artículos 35; 41; 46;
72; 120, fracción XV; 133, primer párrafo y 136, fracción XXVII.
LEY 305.- B.O. No. 38, Sección I de fecha 08 de noviembre de 1993, que reforma los artículos 22, 31,
32, 38, 49, 64, fracción XV, 132 fracción I; se derogan la fracción IV del artículo 32, las fracciones XX y
XLII del artículo 64 y la fracción III del artículo 136 y se le adiciona una fracción V al artículo 132.
LEY 381.- B.O. No. 23, Sección I, de fecha 22 de marzo de 1994, que deroga la fracción XII del Art. 79.
LEY 384.- B.O. No. 34, Sección II de fecha 28 de abril de 1994, que reforma el artículo 42.
LEY 75.- B.O. No. 52, Sección III, de fecha 29 de diciembre de 1994, que reforma los artículos 12,
fracción I, 89, 93, 94 y 94A.
99
LEY 2.- B.O. No. 6, Sección I, de fecha 19 de enero de 1995, que reforma el artículo 156 segundo
párrafo.
LEY 169.- B.O. No. 50, Sección II, de fecha 20 de junio de 1996, que reforma los Artículos 32, fracción
I y 64, fracción XX; se deroga la fracción II del Articulo 32 y se adicionan los Artículos 33 con una fracción
X, 70 con una fracción VIII y 132 con una fracción VI.
LEY 179.- B.O. No. 39, Sección I, de fecha 11 de noviembre de 1996, que suprime la división en
Secciones del Capítulo IV, Titulo Cuarto; se reforman los Artículos 112, párrafo primero, 113, párrafos
primero y tercero, 114 al 127, 144, fracción I, párrafo segundo y 146, párrafo primero, y se deroga el
articulo 122-A.
LEY 180.-B. O. No 49 Sección I, de fecha 16 de diciembre de 1996, que reforma la fracción XX del
articulo 79.
LEY 74.- B. O. No. 26, Sección II, de fecha 29 de marzo de 2001, que reforma las fracciones X, XIII-
Bis, XXV, XXXVI, XXXVII y XXXVIII del artículo 64; el párrafo segundo de la fracción XVI y la fracción XX
del artículo 79; los artículos 128 y 134; el primer párrafo del artículo 135; las fracciones IV, VII, XII, XIII,
XIV, XXI, XXVII, XXIX y XXXV del artículo 136; el artículo 137 y sus incisos a), c), d), g), h) e i), así como
el último párrafo de ese mismo artículo; el artículo 138; el párrafo segundo y tercero del artículo 139; y
los Artículos 140, 141, 142 y 149. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 25-D; las fracciones XXXV-
Bis, y XXXVIII-Bis A, al artículo 64; un párrafo segundo al artículo 135, pasando el segundo anterior a ser
tercero; las fracciones III, XXIX-Bis y de la XXXVI a la XLV, al artículo 136; un párrafo segundo al artículo
138, pasando el segundo actual a ser tercero y un párrafo tercero al artículo 139, pasando el actual
tercer párrafo a ser cuarto. Asimismo, se deroga la fracción XXX del Artículo 64.
*LEY 151; B.O. No. 33; Sección I, de fecha 23 de octubre de 2003; que reforma los artículos 13,
fracción II; 16, fracciones I y II; 22; 64, fracción XX; 143, párrafo primero; 144, párrafo segundo de la
fracción I y 146, párrafo primero; asimismo, se deroga la fracción XV del artículo 64 y la fracción XXXVII
del artículo 79; y se adiciona una fracción V al artículo 53; un tercer párrafo al artículo 57; los párrafos
segundo y tercero al artículo 150-A.
* La Ley No. 151 fue publicada nuevamente el 15 de marzo de 2004, en el B.O. No. 22, Sección II, por
virtud de que la SCJN declaró inválido el Decreto que contiene dicha ley mediante Resolución emitida el
día 17 de febrero de 2004 publicada el 27 de febrero de 2004 en el D. O. F., derivada de la Acción de
Inconstitucionalidad Número 23/2003.
LEY 74; B.O. No. 28, Sección I, de fecha 4 de octubre de 2004; que reforma la fracción VII del
Artículo 79.
LEY 77; B. O. No. 29 Sección III, de fecha 7 de octubre de 2004; que reforma los artículos 79, fracción
XXIV; 96, fracción IX; 98 y 100; y se adiciona la fracción XIX Bis al artículo 64.
LEY 78; B. O. No. 29 Sección III, de fecha 7 de octubre de 2004; que reforma los artículos 41, 42 y 66,
fracción VII Bis; se deroga la fracción IX del artículo 79 y se adiciona una fracción VII Bis al artículo 64.
LEY 79; B.O. No. 29, Sección II, de fecha 7 de octubre de 2004; que reforma los artículos 22, párrafos
décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, vigésimo y vigésimo cuarto; 33, fracción X,
64, fracción XX, 70, fracción VIII, 132, fracción VI, 143, primer párrafo, 144, fracción I, segundo párrafo;
146, primer párrafo y se adicionan un segundo párrafo al artículo 2° y una fracción XLIII BIS-A al artículo
64; se deroga el artículo tercero transitorio de la Ley 151.
LEY 81; B. O. No. 3, Sección II, de fecha 11 de Julio de 2005; que reforma los artículos 64, fracciones
XXIV BIS, XXXII y XXXII BIS, 66 fracción X, y 67; y se adicionan la fracción XI al artículo 66, una Sección
VII al Capítulo II del Título Cuarto de la cual formará parte el artículo 67.
100
LEY 242; B. O. No. 6 Edición especial; de fecha 5 de abril de 2006; que reforma la fracción II del
artículo 16; los artículos 81-A; 114; 125; 126 y 127, primer párrafo; asimismo, se deroga la fracción II del
artículo 33, la fracción III del artículo 70 y la fracción V del artículo 132.
LEY 165; B.O. No. 16, sección I; de fecha 22 de febrero de 2007; que reforma los artículos 95; 101 y
150-B.
LEY 251; B.O. No. 16, sección I; de fecha 22 de febrero de 2007; que reforma la fracción XXII y
deroga la fracción XXIII del artículo 64.
LEY 253; B.O. No. 16, sección I; de fecha 22 de febrero de 2007; que reforma los artículos 112,
párrafo primero; 114; 120; 123 y 127; se adiciona un párrafo segundo al artículo 112, recorriéndose en
su orden los párrafos que lo conforman; se deroga el párrafo segundo del artículo 117 y el artículo 124.
LEY 174; B. O. No. 28 sección III; de fecha 6 de Abril de 2009; que reforma el artículo 1.
LEY 167; B. O. No. 38 sección I de fecha 13 de mayo de 2010, que reforma los artículos 67, párrafos
primero y quinto y 150, párrafos primero y segundo.
LEY 77; B. O. No. 49, SECCIÓN V, de fecha 16 de diciembre de 2010, que reforma el párrafo tercero y
se adicionan los párrafos cuarto y sus incisos A al H, quinto y sus incisos A al I y sexto, todos del artículo
1º.
LEY 79; B. O. No. 49, SECCIÓN V, de fecha 16 de diciembre de 2010, que reforma los artículos 2°,
párrafo segundo; 22, párrafos décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, vigésimo y
vigésimo cuarto; 33, fracción X; 64, fracción XX; 70, fracción VIII; 132, fracción VI; 143, párrafo primero;
144, fracción I, párrafo segundo y 146, párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero al artículo 2°.
LEY 2; B. O. No. 52, sección II, de fecha 30 de junio de 2011, que reforma la fracción VIII del artículo
33.
LEY 169: B. O. No. 51, sección VII, de fecha 26 de diciembre de 2011, que reforma el párrafo tercero
del artículo 67.
LEY 167: B. O. 26, sección II, de fecha 27 de septiembre de 2012, que reforma los artículos 22,
párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo, inciso A), décimo cuarto y vigésimo segundo, 64, fracción
XX,143, párrafo primero, 144, fracción I, párrafo segundo y 146, párrafo primero.
LEY 93; B. O. 15, sección III, de fecha 20 de febrero de 2014, que adiciona una Sección VI, con un
artículo 111 Bis al Capítulo III del Título Cuarto.
LEY 173; B. O. 49, sección III, de fecha 19 de junio de 2014, que reforman los artículos 1o, párrafo
primero, 22, 25, 30, 31, 33, fracciones VII y X, 64, fracción XX, 79, fracciones XXIV y XL, 112, párrafo
primero, 117, párrafo segundo, 120, 123, 124, 127, 131, 132, fracción III, 133. Párrafo primero, 143,
párrafo primero, 144, fracción I, párrafo segundo y 150-A; se derogan el párrafo quinto del artículo 67yel
segundo párrafo del artículo 112 y se adicionan el párrafo cuarto al artículo 31, los párrafos séptimo al
décimo cuarto en el artículo 1o y la fracción XLI al artículo 79, todos de la Constitución Política del
Estado de Sonora.
LEY 77; B. O. 5, sección III, de fecha 16 de julio de 2015, que reforma el artículo 41 de la Constitución
Política del Estado de Sonora.
101
LEY 85; B. O. 17, sección X, de fecha 29 de febrero de 2016, que reforman los artículos 2º, 64,
fracción XLIII BIS-A, 143, párrafo primero y 144, fracción I, párrafo segundo, todos de la Constitución
Política del Estado de Sonora.
FE DE ERRATAS. De Ley 85, B. O. 18, sección VII, de fecha 3 de marzo de 2016
LEY 87; B. O. 17, sección X, de fecha 29 de febrero de 2016, que reforman los artículos 79, fracción
VII y 136, fracción XXIV de la Constitución Política del Estado de Sonora.
LEY 89; B. O. Edición Especial; de fecha 12 de abril de 2016; reforma el artículo 36 de la Constitución
Política del Estado de Sonora.
LEY 88; B. O. 3, sección III, de fecha 11 de julio de 2016, que reforman los artículos 35, 41 y 42,
primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora.
LEY 96; B. O. 43, sección II, de fecha 28 de noviembre de 2016, que reforman los artículos 33,
fracción V, 64, fracciones XIX BIS, XXIV BIS, XXVII BIS y XLIII BIS, 70, fracción V, 79, fracciones XXIV y
XXXVI, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105 A, 109, 120, fracción IV, 143, 144, fracción I, párrafo segundo y
146, párrafo primero y se adicionan la fracción XXIV BIS A al artículo 64, los párrafos segundo y tercero
al artículo 79 y los artículos 143 A y 143 B.
LEY 91; B. O. 36, sección III, de fecha 03 de noviembre de 2016, que reforma el artículo 150-A.
LEY 93; B. O. 49, sección IV, de fecha 19 de diciembre de 2016, que reforma la fracción VIII del
artículo 64.
LEY 102; B. O. Edición Especial, de fecha 13 de Enero de 2017, que reforman los artículos 33,
fracción V, 64, fracciones XIX BIS, XXIV BIS, XXXII y XLIII BIS; 67, párrafos primero y segundo, incisos
E, G y H; 70, fracción V, 79, fracción XXIV, 97, párrafos tercero y sexto, 98, 100, 101, 143, párrafo
primero, 143-A, fracción I y II, 143 B, fracción III, párrafo segundo y fracción IV, 144, primer párrafo y
fracción I, párrafo segundo y 146, párrafo primero; se adicionan un segundo párrafo a la fracción XXV al
artículo 64; el Capítulo II BIS y sus Secciones I y II y el artículo 67 BIS, un párrafo séptimo al artículo 97;
y se deroga la fracción XXXII BIS del artículo 64 y la Sección VII del Capítulo II.
FE DE ERRATAS. De Ley 102, B. O. 5, sección IV, de fecha 16 de enero de 2017.
LEY 99; B. O. 9, sección I, de fecha 30 de enero de 2017, que reforman los artículos 64, fracción XXII,
párrafos quinto y sexto, 143, párrafo primero y 144, fracción III.
LEY 181; B. O. 38, sección IV, de fecha 11 de mayo de 2017, que reforma la fracción III del artículo 33.
LEY 187; B. O. 39, sección II, de fecha 15 de mayo de 2017, que se reforma el párrafo vigésimo
tercero del artículo 22 y la fracción III del artículo 33 y se adicionan los párrafos décimo tercero, décimo
séptimo y décimo octavo al artículo 22, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes.
LEY 195; B. O. 43, sección II, de fecha 27 de noviembre de 2017, que reforman los artículos 12,
fracción I, 19, fracción III, 22, párrafos segundo y décimo primero, 25-D, párrafo primero, 33, fracciones V
y IX, 34, 46, 50, 55, 57, párrafo primero, 59, 61, 62, 64, fracciones X, párrafo segundo, incisos d) y e),
XVIII, XIX, XXII, párrafo primero, XXXI, XXXV BIS y XLIII BIS, 66, fracción II, 67, inciso G), 70 fracciones
V y VII, 79, fracciones VIII y XXII y el párrafo tercero, 88, 89, 93, 96, fracción I, 120, párrafos segundo y
quinto y 132, fracciones IV y VI; asimismo, se adicionan un párrafo segundo al artículo 8o, un inciso f) al
párrafo segundo de la fracción X del artículo 64, los párrafos octavo, noveno y décimo al artículo 67, un
artículo 127 Bis y un párrafo segundo al artículo 163 y se deroga la fracción VI al artículo 96.
102
LEY 193; B. O. 24, sección II, de fecha 22 de marzo de 2018, que reforman los artículos 120, párrafo
quinto y 143 B, fracción III, párrafo tercero.
LEY 188; B. O. 34, sección I, de fecha 26 de abril de 2018, que reforman los artículos 25-A, 25-B y 25-
C.
LEY 288; B. O. 13, sección II, de fecha 13 de agosto de 2018, que reforman los artículos 2o, apartado
A, fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo y Apartado B, 22, párrafo vigésimo cuarto, 31,
párrafo tercero, 64, fracciones XIII, XIV, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXIV-BIS A, XXV, XVII BIS y
XXXI, 67, párrafo segundo, inciso G) y párrafo sexto, 79, fracciones IX y XII, 80, fracción III, 116, 140,
143, 146 y 163, párrafo primero; asimismo, se deroga el artículo 148-A y se adicionan los artículos 25-F,
42, párrafo tercero, 50, párrafo segundo, 53, párrafos segundo y tercero, 67, párrafo segundo, inciso A),
párrafo segundo, 67 TER, 79, fracción VII, párrafo segundo, 81, párrafo cuarto, 117, párrafo quinto, 150,
párrafo quinto, un Título Noveno y un artículo 166.
LEY 77; B. O. 43, sección III, de fecha 25 de noviembre de 2019, que adiciona el artículo 20-A.
LEY 79; B. O. 50, sección I, de fecha 19 de diciembre de 2019, que adiciona un artículo 25-G.
LEY 179; B. O. 51, sección III, de fecha 23 de diciembre de 2019, que reforman los artículos 95, 101 y
150-B.
LEY 2; B. O. 37, sección I, de fecha 04 de noviembre de 2021, que reforman los artículos 2o, apartado
A, fracción V y Apartado B; 64, fracciones XIII, XIV, XVIII, XXII, XXIV-BIS A, XXV y XXXI; 65, párrafo
primero; 67, inciso G y párrafos sexto y octavo; 67 BIS; 80, fracción III; 97; 98; 116; 140 y 143, párrafo
tercero; 143 B, fracción III, párrafo segundo y fracción IV y 163; se deroga el segundo párrafo del artículo
50; la fracción XXIII del artículo 64; artículo 67 Ter; artículo 81, párrafo cuarto; el párrafo quinto del
artículo 117; el párrafo cuarto del artículo 143 y artículo 166.
LEY 3; B. O. 37, sección I, de fecha 04 de noviembre de 2021, que reforma el artículo 29.
LEY 83; B. O. Edición Especial, de fecha 20 de abril de 2022, que Se REFORMAN los artículos 2o,
Apartado A, fracción V, párrafo segundo; 22, párrafos cuarto y vigésimo séptimo; 64, fracciones XV y
XXII, párrafos octavo y noveno; 67, párrafos sexto, octavo y noveno; 98; 113, párrafos segundo y tercero;
127 BIS, párrafo cuarto; y 153; se DEROGAN los párrafos curto, quinto y noveno del artículo 67, la
sección VI del Capítulo III del Título Cuarto, y el artículo 111 BIS; y se ADICIONAN un párrafo décimo
quinto al artículo 1o; una Sección III al Capítulo II BIS del Título Cuarto, un artículo 67 QUATER, un
párrafo séptimo al artículo 97, y un párrafo tercero al artículo 150, recorriendo los párrafos subsecuentes
de dicho artículo.
LEY 88; B. O. 26, sección I, de fecha 29 de septiembre de 2022, que reforman los artículos 112,
párrafo primero; 117, párrafos primero y segundo; 120, párrafo décimo primero; 121; 122,
párrafo segundo; 123; 126 y 144, fracción I, párrafo segundo.
LEY 93 ; B. O. 18, sección II, de fecha 02 de marzo de 2023, que reforman los artículos 22, párrafo
segundo; 46, párrafo primero; y 69.
LEY 170 ; B. O. Edición Especial, de fecha 07 de junio de 2023, que REFORMAN la fracción I del
apartado B del artículo 2o, el artículo 17, la fracción IX del artículo 33, el párrafo segundo de la fracción
XV del artículo 64, la fracción VII del artículo 70, el párrafo cuarto del artículo 113, el segundo párrafo del
artículo 120, el artículo 121; el primer párrafo del artículo 126; el inciso B) del artículo 127 Bis, las
fracciones IV y V del artículo 132, y el artículo 142; y se ADICIONA un inciso G) al párrafo sexto del
artículo 127 Bis.
103
LEY 172 ; B. O. 4, sección II, de fecha 13 de julio de 2023, que adiciona un párrafo décimo primero al
artículo 1º, recorriéndose los párrafos subsecuentes.
LEY 86; B. O. Edición Especial, de fecha 14 de noviembre de 2023, que adiciona un párrafo tercero al
artículo 8º.
I N D I C E
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA QUE REFORMA LA LEY DEL 1ª DE
NOVIEMBRE DE 1872. .............................................................................................................................................. 1
TITULO PRELIMINAR ................................................................................................................................... 1
TITULO PRIMERO ................................................................................................................................................... 6
TERRITORIO Y PARTES INTEGRANTES DEL ESTADO ........................................................................... 6
CAPITULO I .................................................................................................................................................. 6
TERRITORIO ................................................................................................................................................ 7
CAPITULO II ................................................................................................................................................. 7
PARTES INTEGRANTES DEL ESTADO ..................................................................................................... 7
TITULO SEGUNDO ................................................................................................................................................... 7
HABITANTES DEL ESTADO ........................................................................................................................ 7
TITULO TERCERO ..................................................................................................................................... 11
SOBERANÍA DEL ESTADO Y FORMA DE GOBIERNO ........................................................................... 11
CAPITULO I ................................................................................................................................................ 11
SOBERANÍA ............................................................................................................................................... 11
CAPITULO II ............................................................................................................................................... 14
FORMA DE GOBIERNO ............................................................................................................................. 14
CAPITULO III .............................................................................................................................................. 14
ECONOMÍA PUBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO ................................................................... 14
TITULO CUARTO ....................................................................................................................................... 15
DIVISIÓN DE PODERES ............................................................................................................................ 15
CAPITULO I ................................................................................................................................................ 15
DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................................................. 15
CAPITULO II ............................................................................................................................................... 16
PODER LEGISLATIVO ............................................................................................................................... 16
SECCIÓN I .................................................................................................................................................. 16
CONGRESO DEL ESTADO ....................................................................................................................... 16
SECCIÓN II ................................................................................................................................................. 16
ELECCIÓN DE DIPUTADOS ...................................................................................................................... 16
SECCIÓN III ................................................................................................................................................ 18
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO ......................................................................... 18
SECCIÓN IV .............................................................................................................................................. 20
INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES............................................................................................. 20
SECCIÓN V ............................................................................................................................................... 21
FACULTADES DEL CONGRESO .............................................................................................................. 21
SECCIÓN VI ............................................................................................................................................... 28
DIPUTACIÓN PERMANENTE .................................................................................................................... 28
CAPITULO III .............................................................................................................................................. 31
PODER EJECUTIVO .................................................................................................................................. 32
SECCIÓN I .................................................................................................................................................. 32
ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO ............................................................................................................ 32
SECCIÓN II ................................................................................................................................................. 39
HACIENDA DEL ESTADO .......................................................................................................................... 39
SECCIÓN III ................................................................................................................................................ 40
INSTRUCCIÓN PUBLICA .......................................................................................................................... 40
SECCIÓN IV .............................................................................................................................................. 40
MINISTERIO PUBLICO .............................................................................................................................. 40
104
SECCIÓN V................................................................................................................................................. 43
DEFENSORIA DE OFICIO ......................................................................................................................... 43
CAPITULO IV ............................................................................................................................................. 43
PODER JUDICIAL ...................................................................................................................................... 43
TITULO QUINTO .................................................................................................................................................... 49
MUNICIPIO LIBRE ...................................................................................................................................... 49
CAPITULO I ................................................................................................................................................ 49
INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ...................................................................... 49
ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS ................................................................................ 51
CAPITULO III .............................................................................................................................................. 54
PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS ................................................................. 54
CAPITULO IV ............................................................................................................................................. 55
DECLARACIÓN DE DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS Y SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DEL
MANDATO DE SUS MIEMBROS ............................................................................................................... 55
TITULO SEXTO ....................................................................................................................................................... 55
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO ............................................ 56
Y DE LOS MUNICIPIOS .............................................................................................................................. 56
TITULO SÉPTIMO .................................................................................................................................................. 60
PREVENCIONES GENERALES ................................................................................................................ 60
TITULO OCTAVO ................................................................................................................................................... 63
REFORMA E INVIOLABILIDAD DE ESTA CONSTITUCIÓN ..................................................................... 63
TÍTULO NOVENO………………………………………………………………………………………………….62
MECANISMOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL………………………………………………….62
CAPÍTULO ÚNICO…………………………………………………………………………………………………62
MECANISMOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL…………………………………………………62
T R A N S I T O R I O S ............................................................................................................................................ 65
A P E N D I C E ......................................................................................................................................................... 90
I N D I C E .................................................................................................................................................................. 97
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