COMISIÓN DE GOBERNACION Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES.
DIPUTADOS INTEGRANTES:
LISETTE LÓPEZ GODÍNEZ
MARTHA CECILIA CAMACHO
CAMACHO
RAMÓN ANTONIO DÍAZ NIEBLAS
JAVIER VILLARREAL GÁMEZ
JORGE LUIS MÁRQUEZ CAZARES
FLOR AYALA ROBLES LINARES
JAIME VALENZUELA HERNÁNDEZ
HONORABLE ASAMBLEA:
A los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
de esta Sexagésima Primera Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen por la Presidencia de
la Diputación Permanente de este Poder Legislativo, escrito signado por la Gobernadora del Estado,
asociada del Secretario de Gobierno, mediante el cual presentan a esta Soberanía, INICIATIVA DE LEY
ESTATAL CATASTRAL Y REGISTRAL PARA EL ESTADO DE SONORA.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, fracciones I y IV,
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y
aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:
PARTE EXPOSITIVA:
La Gobernadora del Estado presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado Oficial,
su iniciativa el día 02 de julio de 2018, sustentando su propuesta en la siguiente exposición de motivos:
“El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Estado de Sonora, establece como uno de sus
objetivos “Impulsar la elaboración y/o actualización de los instrumentos de planeación del ordenamiento
territorial a partir de la interacción y retroalimentación entre las instituciones en sus ámbitos de acción y
la sociedad”. Para el logro de dicho objetivo establece como una de sus líneas de acción “Consolidar un
adecuado marco jurídico para instrumentar una política ordenada y congruente en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano.”
El señalado objetivo responde a prioridades y estrategias para el desarrollo económico y la mayor
y mejor competitividad de nuestro Estado y a las prioridades y estrategias contenidas en el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, dentro de las cuales está la de "Propiciar la modernización de catastros y de
registros públicos de la propiedad, así como la incorporación y regularización de propiedades no
registradas". En el mismo documento se contempla como una importante línea de acción “Impulsar el uso
de tecnologías de la información para digitalizar los registros públicos de la propiedad y el catastro rural
nacional, estatal y municipal".
No obstante, es importante señalar que desde el año 2007 se implementó por el Gobierno Federal,
el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad a través, en distintas etapas, de
la Secretaría de Gobernación, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de
Desarrollo Social. Actualmente, la coordinación de dicho programa corresponde a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, conforme a
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Inicialmente el propósito fue el de modernizar los
Registros Públicos de la Propiedad, pero en 2011 se contempló la necesidad de incluir la vertiente
Catastral, con el objetivo de vincular la información de carácter jurídico y la información física de la
propiedad.
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Así pues, es de interés de la Nación, a través de la Administración Pública Federal y
concretamente, con la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, "Promover
y fomentar la integración, modernización, actualización y vinculación permanente del registro de la
propiedad rural, del catastro rural nacional, de los catastros de las entidades federativas y de los
municipios y de los registros públicos de la propiedad", así como "Integrar, procesar, generar y analizar la
información estratégica del territorio nacional y generar estadísticas, estudios, informes y demás análisis
que coadyuven a la planeación territorial del desarrollo y a la toma de decisiones de las autoridades
competentes", e “… instrumentar programas, estrategias, lineamientos y normas técnicas que contribuyan
a garantizar la seguridad jurídica de los derechos registrados así como de conformar una plataforma
jurídica, operativa y tecnológica, estandarizada y homologada, para los Registros Públicos de la
Propiedad del País y las Instituciones Catastrales.”
En atención a dichos intereses nacionales e incluso antes del actual Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, se dictó la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales
y Registrales con fines Estadísticos y Geográficos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 16 de enero del año 2012 y cuyo objeto es el de “… establecer las disposiciones
para la generación, captación e integración de datos catastrales y registrales, con el fin de promover su
armonización y homogeneidad y a su vez contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica…”.
Ya dentro del marco del actual Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 27 de diciembre de
2013 se publicó la reforma constitucional por la que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73, a través
de la cual se le otorga facultad al Congreso para que emita una Ley General que armonice y homologue
los Registros Públicos Inmobiliarios, de Personas Morales y los Catastros de las entidades federativas y
de los municipios. Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha compartido con
las entidades federativas y especialmente, con el Gobierno del Estado de Sonora, un proyecto que incluye,
entre otras cosas, su rectoría en la política pública nacional para la modernización y vinculación registral
y catastral que garantice mayor, certeza y seguridad jurídica a la propiedad privada; así como la creación
e implementación de una Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, con información
homologada, estandarizada e interoperable que sirva de soporte a las políticas públicas de ordenamiento
territorial de los tres niveles de gobierno.
En base a la señalada reforma constitucional, actualmente se tramita un proceso legislativo en
base a un proyecto de Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios, de
Personas Morales y los Catastros. No obstante, con independencia de que aún no culmina dicho proceso
legislativo, en la mayoría de los Estados de la República y por supuesto, en el Estado de Sonora, se están
desarrollando proyectos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del
Gobierno Federal, que tienden a la señalada modernización y vinculación catastral y registral y a la
creación de plataformas estatales, que luego sirvan para el desarrollo de una Plataforma Nacional de
Información Registral y Catastral.
Con base en lo anterior y además, en cumplimiento al artículo 41, fracción VII de la Ley General
de Asentamientos Humanos, mi Gobierno, por conducto del Secretario de Hacienda y del Vocal Ejecutivo
del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, suscribió con la Administración Pública Federal,
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, “Convenio de Coordinación No.
214/RPP/005/2018 para el Otorgamiento de Recursos Federales del Programa de Modernización de los
Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros”. En dicho Convenio se contienen los compromisos
asumidos por el Gobierno del Estado de Sonora, para la modernización de procedimientos y trámites
administrativos en materia de desarrollo urbano, Catastro y Registro Público de la Propiedad e igualmente
se consignan los compromisos de la Administración Pública Federal, para apoyar a nuestra Entidad en la
ejecución de los compromisos asumidos por ésta. En este sentido, cabe señalar que la Federación ha
asignado recursos dentro del Presupuesto del Ramo 15, para "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas", para la operación del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros.
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Son claras las razones por las cuales ha surgido el interés de modernizar y vincular a los catastros
y registros públicos de la propiedad y de crear plataformas tecnológicas de fácil y rápido acceso a la
información territorial, con una mayor seguridad jurídica. Dicho interés es el resultado del cambio
tecnológico de los últimos lustros, el cual ha modificado sustancialmente los paradigmas y las expectativas
de la sociedad en cuanto a la forma en que los gobiernos operan y deben operar. El sector público no
puede ni debe ignorar dichas transformaciones y por el contrario, es menester que promueva los cambios
necesarios para incorporar a sus oficinas y dependencias, las nuevas tecnologías y atendiendo al principio
de legalidad, es igualmente necesario que se modifique la normatividad vigente, para que dichas
transformaciones se sostengan en un marco que las posibilite y sostenga desde la perspectiva legal.
En el caso de las transformaciones catastrales y registrales, no hay duda de su necesidad en
nuestro Estado, si queremos incrementar el volumen de las transacciones económicas relacionadas con
los bienes inmuebles, con la participación de los sectores público, privado y social. Podemos entonces
señalar como propósitos principales de dichas transformaciones en nuestro Estado, reflejados en esta
iniciativa, las siguientes:
a) Crear un mapa digital del territorio estatal, accesible para toda la ciudadanía, el cual contenga
la información de cada predio, incluyendo su identificación y datos de ubicación, conforme a los sistemas
más confiables y de tecnología avanzada, actualmente en uso a nivel mundial; su uso de suelo y los datos
relativos a sus edificaciones, servicios, árboles, etc.;
b) Facilitar la gestión del territorio estatal y todos los trámites administrativos relacionados con
dicho territorio y predios que lo componen; y
c) Facilitar el desarrollo y gestión de los catastros estatal y municipales y de los Registros Públicos
de la Propiedad, a través de tecnologías de información y comunicaciones.
La presente iniciativa contempla la modernización de los Catastros y Oficinas Registrales y
pretende propiciar la tan anhelada certeza y seguridad jurídicas en relación a los derechos inmobiliarios,
impulsando así el desarrollo económico y convirtiendo a la información catastral y registral en una eficaz
herramienta para la planeación de las operaciones dentro del tráfico inmobiliario.
Asimismo, la presente iniciativa pretende que a través de la normatividad propuesta y su
ejecución, se desarrolle en nuestra Entidad la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral, la
cual servirá de apoyo para el desarrollo de una Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral,
y a través de dichas plataformas, facilitar la creación y el intercambio de datos geográficamente referidos,
que sirvan de soporte a las políticas públicas federales, estatales y municipales para el ordenamiento del
territorio y su aplicación en diversos ámbitos, como en la planeación del desarrollo urbano; el desarrollo
de proyectos de inversión; los servicios públicos; políticas públicas relacionadas con conservación y
ecología; la identificación de zonas de riesgo; aspectos relacionados con la seguridad pública, sanitaria,
etc.
Es también importante señalar que el desarrollo de plataformas digitales que contengan los datos
catastrales y registrales homologados, se da en concordancia con la Estrategia Digital Nacional y la
Política Nacional de Datos Abiertos, con lo que se da cumplimiento al uso de las tecnologías que impacten
el desarrollo económico y social del país, así como la democratización de la productividad y el acceso al
conocimiento.
Así pues, la presente iniciativa se enmarca en un proceso nacional, al cual no es ni puede ser
ajeno nuestro Estado, por lo que se requiere de reformas legales sustantivas a nuestra actual
normatividad, abriendo paso a nuevos sistemas de catastración de predios y de publicidad registral. La
modernización que se propone en esta Iniciativa, comprende acciones y estrategias a efecto de conseguir
metas y objetivos a través de los componentes básicos que son: marco jurídico, reingeniería de procesos
registrales, gestión de calidad, tecnologías de la información, acervo documental, profesionalización de la
función registral, vinculación con catastro, indicadores de gestión, estrategia de comunicación y difusión
y por último administración del cambio.
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En materia catastral la reforma es respetuosa de los derechos que nuestra Constitución Política
Federal reconoce a los municipios en su artículo 115, y propone reformas en aspectos que no vulneran
tales derechos, como los relativos a la formas de identificación de predios; creación de instrumentos
digitales que permitan conocer todo lo relacionado con los inmuebles catastrados; interoperabilidad entre
sistemas catastrales y registrales y participación en la creación de la Plataforma Estatal de Información
Catastral y Registral del Estado de Sonora. Igualmente se reconocen los procesos que fuera de nuestra
Entidad, a nivel Federal o Nacional, se están gestando para armonizar en todo el país, los sistemas de
catastración de predios; insistimos, ello sin vulnerar el derecho de los Municipios para administrar sus
propios catastros y percibir las contribuciones y derechos derivados de la gestión de los mismos.
También en materia catastral es importante señalar que lejos quedaron los tiempos en que los
catastros únicamente tenían como finalidad aspectos recaudatorios, los cuales, si bien son de importancia
fundamental para los Municipios, pues son fuente de recursos que luego se ven reflejados en servicios
municipales y obra pública, actualmente no son el único propósito de la catastración de los bienes
inmuebles. Como lo hemos señalado, resultan ser funciones catastrales de fundamental importancia, y
así lo reconoce la presente iniciativa de Ley, las relativas a la incorporación de datos relacionados con los
predios, que permitan no sólo conocer su valor y su propietario o poseedor, sino sus características,
ubicación, uso de suelo, existencia o inexistencia de árboles, etc. Actualmente la información catastral es
esencial para el tráfico inmobiliario y de ello pueden dar cuenta todos los actores relacionados con dicho
tráfico, como son Sindicaturas, Notarios y Corredores Públicos, Agentes Inmobiliarios, etc.
Precisamente porque las funciones catastrales se han convertido en complejas, dado el
crecimiento en las expectativas respecto de los efectos que tales funciones tienen en el actual trafico
inmobiliario, es que esta Iniciativa se ocupa de establecer reglas más claras en la prestación de los
servicios catastrales. A título de ejemplo, se incorporan a la normatividad los principios catastrales, los
cuales en la Ley actual no se contemplan, a pesar de su gran importancia. Asimismo, Se establecen
normas que atienden a los nuevos sistemas de asignación de claves catastrales y de identificación de
predios, con el objeto de que los registros catastrales permitan conocer con precisión su ubicación y a
partir de la homologación de datos catastrales y registrales, permitan llegar a identificar los folios reales
inmobiliarios correspondientes.
El Ejecutivo a mi cargo es consciente del enorme esfuerzo que habrán de realizar los
Ayuntamientos de la Entidad para adecuar sus procesos catastrales a los requerimientos no sólo de esta
iniciativa, sino de normas federales actualmente obligatorias, como lo es la mencionada Norma Técnica
para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines Estadísticos y
Geográficos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de enero del año 2012
y en un futuro, seguramente de una Ley General que armonice y homologue los Registros Públicos
Inmobiliarios, de Personas Morales y los Catastros de las Entidades Federativas y de los Municipios.
Precisamente por el esfuerzo reconocido, al que nos referimos en el párrafo anterior, es que
consideramos pertinente proponer en los artículos transitorios contenidos en esta iniciativa, un plazo de
tres años contados a partir de la iniciación de la vigencia de la Ley que ahora proponemos, para que los
Poderes Legislativo y Ejecutivo y los Municipios de la Entidad, en sus respectivos ámbitos de competencia
lleven a cabo las adecuaciones normativas, administrativas, técnicas y presupuestarias, para que los
catastros estatal y municipales, estén en aptitud de llevar a cabo sus procedimientos conforme a lo
propuesto en esta iniciativa, reconociendo en este punto, la posibilidad de que dicho plazo sea modificado
mediante reducción o ampliación, por otra u otras disposiciones legales o administrativas de aplicación
obligatoria en el Estado de Sonora y vinculatorias para sus Municipios.
Nuestra iniciativa prevé, asimismo en su capítulo de artículos transitorios, que el Reglamento de
la nueva Ley, deberá regular en un apartado especial, la función y procedimientos catastrales, en tanto
las oficinas correspondientes estén en aptitud de llevar a cabo sus actividades en los términos de la Ley
propuesta.
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Ahora bien, en lo relativo a la aplicación de la nueva Ley Estatal Catastral y Registral para el
Estado de Sonora, para trámites relacionados con el Registro Público de la Propiedad, debe atenderse a
la historia de dicha institución. Veamos:
El Registro Público de la Propiedad es una institución de larga data. Una vez que surgieron los
Estados complejos, existió siempre la pretensión de tener registros inmobiliarios para fines diversos,
aunque inicialmente su función principal posiblemente fue fundamentalmente de orden fiscal. En la Nueva
España, en la segunda mitad del siglo XVIII, en diversas ciudades de importancia y de la mano de los
Oficios de Hipotecas de reciente origen en la metrópoli, se crearon oficinas del mismo nombre y
naturaleza.
En el México independiente fue durante la administración del Presidente Antonio López de Santa
Anna, en el año de 1853, que se expidió lo que se denominó “Ley del Oficio de Hipotecas”, posteriormente
confirmada durante el régimen del Presidente Benito Juárez. En esta Ley aparecen en nuestro país las
características principales que actualmente tienen los Registros Públicos de la Propiedad, como son el
carácter público del registro de inmuebles y su publicidad, así como derechos por inscripción de títulos,
expedición de copias y búsqueda de información.
El Registro Público de la Propiedad como tal, aparece con las características que conservó
durante más de cien años, en la segunda mitad del siglo XIX, formando parte su regulación de los Códigos
Civiles de las diversas entidades de la República. En el Estado de Sonora el Código Civil de 1949 lo reguló
en sus últimos artículos (Título Segundo), hasta que en el año de 1993 inició su vigencia la actual Ley
Catastral y Registral del Estado de Sonora.
El hecho de que la función registral fuera regulada desde los Códigos Civiles es un reflejo de una
realidad histórica unánimemente reconocida por los juristas, a saber, que desde la legislación civil han
surgido múltiples ramas del derecho, como lo son, entre otros, el Derecho Agrario, el Derecho Laboral, el
Derecho Mercantil, y más recientemente el Derecho de Familia.
El Derecho Registral, en lo relativo a los Registros Públicos de la Propiedad, fue parte de los
Códigos Civiles en tanto la función de los mismos inicialmente surge en relación a derechos inmobiliarios,
verbigracia, la propiedad, sus desmembramientos como el usufructo, el uso, la habitación, ciertos tipos
de arrendamiento, derechos reales de garantía, etc. Luego el legislador civil consideró conveniente la
publicidad registral para hechos y actos no directamente relacionados con la propiedad inmobiliaria, pero
en todo caso, manteniéndose dentro de temas regulados por la legislación civil. En cuanto el Derecho
Mercantil, una vez que adquirió autonomía, formó su propio sistema registral a través del Registro de
Comercio, regulado por el Código de Comercio.
Sin embargo, las funciones de los Registros Públicos de la Propiedad no se mantuvieron dentro
del marco de los hechos y actos jurídicos de naturaleza civil. En las últimas décadas del siglo XX el Estado
y concretamente los poderes legislativos, consideraron la conveniencia de dar publicidad a actos no sólo
de naturaleza civil y decidieron aprovechar la existencia de los Registros Públicos de la Propiedad para,
por ejemplo, en alguna época, dar publicidad a declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, y en
la actualidad, para dar publicidad a Planes y Programas de Gobierno.
Es por dicha evolución y también por el hecho de que la función que realiza el Estado a través de
los Registros Públicos de la Propiedad, es de naturaleza administrativa, que actualmente resulta difícil
ignorar la existencia de una rama del derecho, como lo es el Derecho Administrativo, que sin duda
contiene una normatividad aplicable a la función administrativa realizada por el Estado a través de
funcionarios registrales. Esta rama del Derecho ha venido irrumpiendo en la vida jurídica cada vez con
mayor fuerza e incluso se han tribunales especializados en materia administrativa, como es el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Sonora.
Lo señalado en el párrafo anterior explica la intención reflejada en esta Iniciativa, de diferenciar
en términos de legalidad y jurisdicción, los aspectos administrativos de las funciones catastral y registral,
de los aspectos relacionados con la regulación de los hechos y actos sujetos a publicidad registral, en
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cuanto a su fondo y naturaleza o desde la Ley que ordena su publicidad, estableciendo un procedimiento
claro para atender al principio de continencia de la causa. La Iniciativa pretende que, en principio, los
procedimientos y controversias derivados de cuestiones administrativas relacionadas con la función
registral, sean conocidos y resueltos por los tribunales con jurisdicción administrativa y que los
procedimientos y controversias derivados de cuestiones relacionadas con la regulación propia de los
hechos y actos jurídicos sujetos a publicidad registral, sean conocidos por los tribunales con jurisdicción
en relación a dicha regulación.
En materia registral, esta Iniciativa pretende resolver diversas necesidades, a saber:
1.- Como ha quedado expresado en esta Exposición de Motivos, la Iniciativa se enmarca en un
proyecto nacional de modernización y homologación de catastros y oficinas registrales. En tal sentido,
recoge la tendencia de incorporar a los servicios catastrales y registrales, la más moderna tecnología, a
través de la cual se construyan plataformas de acceso a información homologada en ambos ámbitos, para
facilitar el uso de dicha información, con certeza y seguridad jurídicas, por parte de los usuarios de la
misma;
2.- Asimismo, la Iniciativa se ocupa de todos aquellos temas que por insuficiencia de la actual
normatividad resultan de difícil solución, tanto para los usuarios de los servicios registrales, como para los
servidores públicos encargados de su prestación. A modo de ejemplo, a continuación una relación de
temas que la Iniciativa contempla:
a) Se regulan de forma más amplia los principios registrales, incorporando a los mismos todos
aquellos que las actuales tendencias en Derecho Registral consideran como básicos para la realización
de la función de publicidad registral;
b) Se declara a la publicidad registral como un bien mayor. En razón de lo anterior, en
consideración a la importancia que para la seguridad jurídica tiene la legalidad manifestada a través de la
"prelación" y la "inscripción" de los actos celebrados por los particulares presentados al registro, esta
iniciativa, resalta que la denegación o la suspensión deben ser excepcionales y, solamente por las causas
que taxativamente establece la propia ley;
c) Bajo los mismos criterios que en materia catastral esta Iniciativa contempla, se establecen
sistemas de descripción de predios conforme a los sistemas actualmente aceptados a nivel mundial, los
cuales se apoyan en la tecnología más avanzada. Igualmente, a partir de la homologación entre sistemas
catastrales y registrales, se amplía el número de llaves de acceso a la información registral, pudiendo
acceder al folio real inmobiliario correspondiente, a partir, por ejemplo, de la clave catastral o incluso, de
coordenadas parciales;
d) La Iniciativa establece mecanismos y facultades que los funcionarios registrales podrán utilizar
cuando se percaten de acciones tendentes a la utilización de la publicidad registral para la consumación
de fraudes, mediante el registro de documentos apócrifos o fraudulentos. Igualmente se establecen
mecanismos y facultades para que los funcionarios registrales, en caso de considerarlo necesario, lleven
a cabo la autenticación de los documentos ingresados para publicidad registral;
e) La Iniciativa contempla y regula el uso de firmas electrónicas por autoridades registrales,
fedatarios públicos y cualquier autoridad que dentro del ámbito de su competencia, se relacione con el
Registro Público de la Propiedad, por lo que se atiende de este modo, a la normatividad vigente en relación
al uso de firmas electrónicas. Así también, mediante el uso de la firma electrónica se evitará que los
usuarios no autorizados entren al sistema registral y modifiquen la información almacenada en la base de
datos;
f) Se amplían las facultades de las autoridades registrales, para incorporar a sus sistemas digitales
o electrónicos, innovaciones tecnológicas, para prestar un mejor servicio;
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g) La Iniciativa establece normas a través de las cuales se atiende a la prelación registral,
mediante sistemas para su protección y para que los interesados tengan conocimiento puntual de los
trámites con prelación a la fecha de la consulta. En este sentido se establece un sistema de alertas
electrónicas en cada una de las fases de los procesos registrales;
h) En esta Iniciativa se reconoce la creciente complejidad de las operaciones dentro del tráfico
inmobiliario en el Estado de Sonora, por lo que se amplían los plazos de vigencia para efectos de
prelación, de los avisos preventivos de operaciones sujetas a publicidad registral, mismos avisos que, por
otra parte, se regulan de forma más amplia y clara que en la Ley actual;
i) Con el objeto de formalizar los trámites registrales, se establece un sistema de notificaciones y
términos dentro de dichos trámites, aprovechando la existencia del Portal del Instituto Catastral y Registral
del Estado de Sonora, para a través del mismo, llevar a cabo notificaciones vinculatorias para los
interesados;
j) Se establece un sistema de medios de impugnación, privilegiando su agilidad y expeditez y
cuidando de que quienes recurran a dicho medios, no se vean afectados en su prelación registral y los
terceros tengan conocimiento de la misma, en tanto dichos medios se tramitan y son resueltos.
Finalmente, es importante señalar que esta Iniciativa de Ley, contempla la profesionalización de
los Servidores Públicos Registrales, en aquellos puestos de decisión jurídica, pero sin que ello se traduzca
en afectación de derechos adquiridos por las personas que actualmente se desempeñan en tales puestos,
por lo que los requisitos que se establecen en la Iniciativa, se aplicarán sólo a quienes se incorporen al
servicio público registral, a partir de la iniciación de la vigencia de la nueva Ley.
Ahora bien, la presente iniciativa propone un cambio de Sistema Registral y en este sentido, las
siguientes precisiones:
El actual sistema registral es el Sistema de Incorporación de Documentos, mediante los cuales
se forman libros dentro de las secciones correspondientes. Dicho sistema sustituyó al anterior Sistema de
Transcripción de Documentos en Libros por personas que de puño y letra llevaban a cabo dicha
transcripción. Ambos sistemas se asemejan en cuanto a que la información contenida en una inscripción,
se relaciona con otras inscripciones contenidas en libros o secciones diversos, bajo el sistema conocido
en el Derecho Registral como “siga la flecha”.
La presente Iniciativa propone un nuevo sistema conocido como de “Folios Electrónicos”, los
cuales se forman a partir de una unidad registral básica. En el caso de publicidad registral relacionada
con bienes inmuebles, la misma se realiza a través de un documento que se denomina “Folio Real
Inmobiliario”, cuya unidad registral no es ni la persona, ni el documento, sino el predio correspondiente.
Esta circunstancia permite ver todo lo relacionado con un predio determinado, en un solo documento
electrónico y de una sola vez, sin remisiones a otros folios o documentos bajo el sistema de “siga la
flecha”. De igual forma se lleva a cabo la publicidad registral relacionada con bienes muebles, donde la
unidad registral es precisamente el bien mueble; la relacionada con personas morales de naturaleza civil,
cuyos folios se integran a partir de la unidad registral que es la persona moral; etc.
Se trata de un moderno sistema electrónico, donde los archivos relacionados con la publicidad
registral, se conservan, como regla general, en forma digital, evitando complejos sistemas de archivo en
papel. Sólo excepcionalmente habrá necesidad de conservar archivos con documentos en papel. Con la
implementación y operatividad del Sistema de Folios Electrónicos, también se evita una posible alteración,
perdida, mutilación o desgaste de documentos, entendiéndose que toda la información por la que se
adquieran, transmitan, constituyan, modifiquen, graven, limiten o se extingan el dominio, la posesión y los
demás derechos reales sobre inmuebles, no será manejada en papel sino en procesos electrónicos.
La migración del actual sistema al nuevo Sistema de Folios Electrónicos propuesto en esta
Iniciativa, será necesariamente gradual y sin costo para la ciudadanía. Se llevará a cabo en las oficinas
registrales que, atendiendo a criterios de conveniencia y presupuestarios, determine el Vocal Ejecutivo
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del Instituto Catastral y Registral. Una vez seleccionada una oficina, se procederá a migrar masivamente
las inscripciones y sus anotaciones, existentes bajo el sistema actual o anteriores, al nuevo Sistema de
Folios Electrónicos. Una vez concluido el proceso de migración masiva, la Oficina continuará operando
únicamente bajo el nuevo Sistema de Folios Electrónicos. En caso de que se hubiere presentado
cualquiera omisión en cuanto a alguna inscripción o anotación, los interesados podrán solicitar que se
lleve a cabo la migración de la inscripción y, en su caso, anotaciones omitidas. Asimismo, podrá realizarse
la corrección de la omisión, mediante migración oficiosa, cuando se inicie algún trámite en base a una
inscripción no migrada. Sea cual fuere la forma en que se lleve a cabo la migración, masiva, oficiosa o a
solicitud de parte, la misma se realizará sin calificación registral y sin costo para las personas interesadas
en la publicidad registral.
Precisamente por la gradualidad a la que nos referimos en el párrafo anterior, en cuanto a la
implementación del nuevo Sistema de Folios Electrónicos, en el Estado de Sonora coexistirán Oficinas en
las que se seguirán realizando los procesos registrales bajo el sistema anterior de Incorporación de
Documentos, con otras oficinas donde ya se habrá implementado el nuevo Sistema propuesto en esta
Iniciativa y ello sucederá cuando ya se habrá abrogado la actual Ley Catastral y Registral del Estado de
Sonora. Para resolver dicha problemática, la Iniciativa propone en sus artículos transitorios, que el
Reglamento de la nueva Ley establezca en una sección especial, el Sistema Registral en tanto se
implementa el de Folios Electrónicos en forma gradual. No obstante, todas las disposiciones de la nueva
Ley se aplicarán en todo aquello que no se refiera estrictamente al Sistema Registral y así deberá ser
establecido y regulado en la mencionada sección especial del Reglamento de la nueva Ley.
Conforme a lo expuesto, compartimos con esa H. Legislatura el interés y propósito de mi
Gobierno, de presentar solamente iniciativas de leyes que se traduzcan en beneficios claros y realistas
para la Sociedad Sonorense, y en forma específica precisamos ante esa H. Asamblea una relación
enunciativa de dichos beneficios, conscientes como somos de que ese Órgano Legislativo, comparte la
señalada voluntad de, a través del proceso legislativo, mejorar la calidad de vida de los sonorenses y
propiciar el desarrollo económico y social del Estado de Sonora. Veamos:
1.- Un primer beneficio social indiscutible es el hecho de que a través de la Ley que ahora
proponemos para su aprobación, el Estado de Sonora pasará a ser una Entidad de vanguardia en el ya
iniciado proceso nacional de modernización de los catastros y registros públicos de la propiedad. Ello a
través de la implementación en los servicios catastrales y registrales, de las más avanzadas tecnologías
de transmisión y archivo de datos, lo que permitirá un diálogo fluido entre usuarios y autoridades en las
diferentes etapas de los procesos catastrales y registrales que se desarrollen, aumentando la certeza y la
seguridad jurídicas y reduciendo, por supuesto, traslados innecesarios de personas físicas a las oficinas
correspondientes, pues los actuales medios digitales de intercambio de información, ya se están
utilizando, incluso a nivel escolar, y resulta inaceptable que lo que en nuestras instituciones educativas se
socialice como formas ordinarias de comunicación, no se lleve a cabo dentro de las oficinas de gobierno.
2.- Como una consecuencia importante a señalar, derivada de la implementación de las más
avanzadas tecnologías de transmisión de datos, el sistema que a través de nuestra Iniciativa proponemos,
permitirá la interoperabilidad remota no sólo entre catastros y oficinas registrales, sino entre dichas
dependencias y los usuarios. Es de primordial importancia la posibilidad de que los fedatarios públicos,
como lo son los Notarios y los Corredores, puedan interactuar a través de plataformas remotas, con las
señaladas oficinas catastrales y registrales, a través de tecnologías que aumenten tanto para la Autoridad
como para los usuarios, la certeza y la seguridad jurídica en los trámites catastrales y registrales. Así, a
través de nuestra Iniciativa, se abre la puerta al tan anhelado Escritorio Notarial, el cual, con éste o con el
nombre que se le atribuya, servirá para que los fedatarios públicos realicen sus trámites sin traslados
innecesarios y las señaladas dependencias comuniquen sus decisiones tomadas dentro de dichos
trámites, de modo ágil.
3.- En relación a los dos puntos anteriores, nuestra Iniciativa se ocupa de incrementar la certeza
y la seguridad jurídica en los trámites y contempla la validación de documentos a través de firmas
electrónicas de autoridades catastrales y registrales y de fedatarios públicos y otras autoridades que se
relaciones con aquellas en los trámites correspondientes. Dichas firmas electrónicas, por su alta seguridad
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en comparación con las firmas físicas, reducen drásticamente la posibilidad de que en los trámites
catastrales y registrales, aparezcan documentos apócrifos o falsificados, contribuyendo así nuestra
Iniciativa, a reducir los riesgos por el uso de esa clase de documentos.
4.- Un beneficio que no es de ningún modo menor, es que la implementación de sistemas digitales
o electrónicos, tanto en archivo como en comunicación de datos dentro de los procesos catastrales y
registrales, contribuye de modo importante en la reducción del uso del papel en dichos trámites, lo que se
traduce en beneficios ecológicos, tan importantes en nuestra época, en la que se necesita la
implementación de tecnologías que reduzcan el impacto de la actividad humana en nuestros bosques y
en general, en nuestro planeta.
5.- A través de las propuestas contenidas en nuestra Iniciativa, se pretende reducir la necesidad
de espacios para archivo de documentos físicos en las oficinas catastrales y registrales, lo que
evidentemente se traducirá en reducción de gasto gubernamental, lo que por supuesto resulta de gran
importancia en una época en que tanto la sociedad política como la sociedad civil, están interesadas en
una utilización de los recursos presupuestales del Estado, no para gasto corriente improductivo, como es
el relacionado con gastos de archivo documental, sino para que dichos recursos se destinen a la mejora
directa en la prestación de los servicios, en este caso, los catastrales y registrales. En relación a este
aspecto en especial, es de la mayor importancia la ventaja que resulta del archivo de datos en forma
digital o electrónica, sobre el archivo de documentos en papel, pues éstos están más expuestos a riesgos
de daño, sustracción o destrucción parcial o total, en tanto que mediante los archivos y plataformas
electrónicas, es posible la conservación de datos en espacios digitales seguros y para ello, por supuesto,
las oficinas gubernamentales habrán de aplicarse en la implementación de sistemas de seguridad que
eviten la violación de sus acervos digitales.
6.- Nuestra Iniciativa pretende crear plataformas de acceso libre y abierto a través de redes como
Internet, donde toda la población interesada tenga acceso a la información catastral y registral contenida
en dichas plataformas, susceptible de conocimiento público y no reservada conforme a la Ley, pues es
bien sabido que en los tiempos que corren, también preocupa a la sociedad en general, el resguardo de
datos privados, que de ninguna manera deben ser conocidos por terceros sin facultades expresas para
requerir información sobre los mismos.
7.- Precisamente lo señalado en la última parte del punto anterior, se ve reflejado en nuestra
Iniciativa, al implementar un Sistema de Folios Electrónicos donde los procesos registrales se llevan a
cabo mediante la presentación de los datos mínimos que se requieren para la prestación del servicio de
publicidad registral. En este sentido, la Iniciativa propone un significativo avance en relación al actual
Sistema de Incorporación de Documentos físicos, pues en los mismos se contienen no sólo datos sujetos
a publicidad registral, sino otros que están dentro del ámbito de la privacidad de quienes intervienen en
dichos documentos. En el propuesto nuevo Sistema de Folios Electrónicos, la información presentada
ante las autoridades registrales, será únicamente la necesaria para la prestación del servicio de publicidad
y para tal efecto, se crearán formas precodificadas amigables para los usuarios y especialmente para su
uso desde los Escritorios Notariales.
8.- No se elimina la posibilidad de iniciación de trámites en las oficinas registrales, de manera
presencial, pues nuestro Gobierno es consciente de que la adecuación a la actualidad tecnológica, no se
da de la misma forma en toda la ciudadanía y todas las personas son dignas del mismo respeto en cuanto
a sus preferencias, en este caso, relacionadas con el uso de la tecnología. Es por ello que tanto la Ley y
su Reglamento, deberán contemplar los sistemas de apoyo electrónico o digital que resulten más
amigables para los usuarios, y sean suficientes para que el nuevo Sistema de Folios Electrónicos opere
con el nivel de eficiencia y seguridad que se pretende.
9.- Consistente con nuestro afán de respeto a la población sonorense, señalado en el punto
anterior, esta Iniciativa reconoce la necesidad de respetar los derechos de las personas físicas o morales,
en la forma en que a la entrada en vigor de la Ley propuesta, se encuentren inscritos o registrados, sin
obligar a dichas personas a iniciar o realizar por su cuenta y a su costo, trámites de migración de
inscripciones o registros al nuevo Sistema de Folios Electrónicos, por lo que en la Iniciativa proponemos
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diversos sistemas de migración, todos gratuitos para las personas interesadas, reconociendo en todo
caso el derecho de éstas a formular solicitud de migración de sus inscripciones o anotaciones al nuevo
sistema, si así lo consideren conveniente, pero, repetimos, sin pasar por la obligatoriedad de inicio por
dichas personas, del trámite registral de migración.
10.- Se reconoce a la Ley propuesta mediante esta Iniciativa, su naturaleza administrativa y se
abre la posibilidad de que los asuntos que no se refieran a aspectos formales y de fondo de los
documentos ingresados para trámites registrales, sean regulados y en su caso conocidos
jurisdiccionalmente, desde la normatividad y los tribunales administrativos. Queda de este modo resuelto
un añejo problema que en los tiempos más recientes, con el desarrollo del Derecho Administrativo, se
había agudizado, a saber, la ley y jurisdicción aplicables en los temas registrales estrictamente
administrativos, que inciden en la esfera jurídica de los usuarios o terceros y que no se refieren de ninguna
manera a la existencia y en su caso, validez de hechos y actos jurídicos sujetos a la publicidad registral.
11.- Se reconoce a las oficinas catastrales como importantes agentes de impulso y apoyo al
desarrollo económico de la Entidad, mediante la homologación de la información catastral con la
información registral, de modo tal que no exista confusión en cuanto a las características y otros datos
relativos a los predios y ambos sistemas se retroalimenten y se dé entre ellos una verdadera sinergia en
beneficio de la Sociedad.
12.- Finalmente, hemos de señalar que en esta Iniciativa se ha tomado en cuenta la rica
experiencia de los servidores con los que cuenta el Registro Público de la Propiedad, los cuales tienen la
información necesaria para identificar los temas, puntos o carencias administrativas y/o legales, que se
traducen en deficiencias en la prestación de los servicios registrales y con esa información, el Ejecutivo a
mi cargo incorporó a esta Iniciativa, formas de solución para cada uno de los problemas detectados,
atendiendo a las sugerencias de quienes se relacionan cotidianamente con la función registral,
principalmente dichos servidores y los Notarios Públicos, los cuales constituyen el grupo social que más
intensamente interactúa con las oficinas catastrales y registrales y a través de la fe pública de la que están
dotados, contribuye a dar autenticidad a los documentos y trámites correspondientes.
Los anteriores beneficios enunciativamente presentados, que derivan de la Ley propuesta y en su
momento, de su correspondiente Reglamento, evidencian la conveniencia de su aprobación en sus
términos, para que nuestro Estado se coloque en los temas referidos a la misma, a la vanguardia a nivel
nacional y con claras ventajas competitivas para el desarrollo e incremento del tráfico inmobiliario, en un
marco de mayor certeza, seguridad y eficiencia desde las oficinas catastrales y registrales de nuestra
Entidad. Lo anterior también, para que se cumpla la línea de acción contenida en el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2021 del Estado de Sonora, consistente, como se señala en el primer párrafo de esta
Exposición de Motivos, en “Consolidar un adecuado marco jurídico para instrumentar una política
ordenada y congruente en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.” Asimismo, para que
nuestra Entidad participe activamente y contribuya en el logro de las prioridades y estrategias relativas a
la modernización y homologación de catastros y registros públicos de la propiedad, que desde el año
2008, se vienen promoviendo por el Gobierno Federal, según también hemos señalado en esta Iniciativa.”
Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, para lo
cual nos fundamentamos bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES:
PRIMERA.- El Ejecutivo del Estado tiene competencia y atribución legal para iniciar ante el
Congreso del Estado las leyes y decretos que juzgue convenientes para el mejoramiento de la
administración pública y progreso del Estado, según lo dispuesto por los artículos 53, fracción I y 79,
fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora.
SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder
Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación
en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en
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general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de
acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado
de Sonora.
Además, es importante señalar que, en la interpretación, reforma o abrogación de leyes,
deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
TERCERA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los
derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a
su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción VII de la Constitución Política del
Estado de Sonora.
CUARTA.- De acuerdo a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce como un derecho humano, el derecho a la
propiedad. Por su parte, la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, en su artículo 21
establece que:
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y
goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las
formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser
prohibidas por la ley.
De igual forma, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es su artículo 17 reconoce el
derecho a la propiedad, precepto que establece:
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El derecho humano al derecho a la propiedad, entendido este como el derecho que tiene toda
persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley, debe de ser garantizado por el
Estado en todo momento. Sin embargo, existe casos que por interés público y previa indemnización el
Estado puede limitar la manera en que se puede disponer del bien, es decir, en caso de expropiación.
En nuestro país, además de lo que dispone la Constitución y los instrumentos internacionales antes
aludidos, existen más ordenamientos jurídicos mediante los cuales el Estado garantiza el respeto al derecho
humano a la propiedad, de entre esos ordenamientos encontramos la Ley Catastral y Registral en cada
entidad federativa.
Dicho ordenamiento, tiene como función que el Ejecutivo del Estado, a través de una dependencia
realice el registro y a su vez tenga un inventario sobre todos los bienes inmuebles que sean propiedad de
los sonorenses o de los entes públicos. La Función catastral y registral tiene mucha relevancia jurídica para
efecto de garantizar el derecho a la propiedad de los sonorenses, ya que a través de las autoridades
competentes que realizan la función catastral y registral se reconoce la propiedad de los inmuebles de los
sonorenses, de ahí la importancia del ordenamiento.
Sin embargo, dada la dinámica y la constante evolución de la sociedad y de nuestras instituciones
tiene como efecto que las leyes queden rebasadas y requieran ser actualizadas o bien sean abrogadas por
otras nuevas.
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La iniciativa objeto del presente dictamen nace precisamente de la necesidad de contar con un
nuevo ordenamiento mediante el cual en primer lugar se garantice el derecho a la propiedad, pero también,
a que la función catastral y registral se lleve a cabo con los mejores estándares de calidad al momento de
que un particular solicite un servicio de dicha naturaleza. En la exposición de motivos de la iniciativa se
destaca la necesidad de modernizar el servicio a través de la utilización de nuevas tecnologías.
En ese contexto, nos parece importante que en nuestro Estado contemos con un ordenamiento
acorde a las necesidades actuales de los Sonorenses, siendo esta una de las premisas fundamentales que
como legisladores debemos tener siempre presente al momento de aprobar una Ley. La iniciativa de Ley
Estatal Catastral y Registral para el Estado de Sonora, se compone de 204 artículos, distribuidos en los
siguientes grandes apartados: Título Primero, Disposiciones Generales, Título Segundo, De la Función
Catastral y Título Tercero Del Registro Público de la Propiedad, los cuales a continuación se pasan a
describir:
Título Primero
Disposiciones Generales
En el Capítulo Primero de este Título, denominado Disposiciones Generales, se establece que las
disposiciones de la presente Ley, son de orden público y de interés social. Su observancia es obligatoria
y su ámbito espacial de validez es el Estado Libre y Soberano de Sonora.
Así mismo, se establece que la Ley La presente Ley tiene como objetivos Establecer las normas y
principios básicos de acuerdo con los cuales se llevarán a cabo las funciones catastral y registral;
Aarmonizar y homologar la organización y el funcionamiento de las oficinas del Registro Público de la
Propiedad en el Estado, así como de los Catastros estatal y municipales, sentando las bases que permitan
la armonización y homologación de dicha organización y funcionamiento, en relación a las Oficinas
registrales y catastrales federales y de las demás Entidades federativas; Establecer los mecanismos para
la vinculación en materia inmobiliaria, de los Catastros estatales y municipales con el Registro Público de
la Propiedad, así como con el Registro Agrario Nacional, el Catastro y el Registro Público de la Propiedad
Federal; Otorgar certeza y seguridad jurídicas, respecto de los derechos reales sobre inmuebles y demás
actos, bienes y derechos, proporcionando la publicidad registral, en los casos y conforme a los
procedimientos previstos por la normatividad aplicable; Determinar las normas que aplicarán las
autoridades catastrales y registrales del Estado, para obtener, administrar, procesar y utilizar la
información catastral y registral, entre otro más.
Se establece también que el Instituto es un órgano administrativo desconcentrado con
personalidad jurídica propia y autonomía técnica, operativa y presupuestal, jerárquicamente subordinado
a la Secretaría de Hacienda. El Instituto tendrá su sede en la capital del Estado y podrá, de acuerdo a sus
requerimientos operativos e institucionales, establecer oficinas o representaciones en cualquier otro lugar.
El referido Instituto tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:
Establecer, operar y administrar las Oficinas registrales y el Catastro estatal, de conformidad con esta
Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
Ejercer la fe pública registral por medio de los Registradores, con estricta observancia y cumplimiento de
los principios registrales.
Promover en forma permanente, la actualización de los sistemas tecnológicos, métodos y procedimientos
para la realización de las funciones catastrales y registrales.
Título Segundo
De la Función Catastral
En el Capítulo Primero, denominado Del Catastro, establece que el Catastro es un sistema de
registro inmobiliario, el cual tiene por objeto la identificación, clasificación, y registro de la propiedad
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inmueble en el territorio del Estado, especificando sus condiciones físicas, valores y de uso del suelo,
identificando a sus propietarios o poseedores, la ubicación física de los inmuebles el régimen de propiedad
a que están sujetas las construcciones. Asimismo, el Catastro tiene por objeto procesar y proporcionar la
información concerniente al suelo y a las construcciones, otorgando validez, para efectos catastrales y
registrales, a las constancias, planos y registros que sobre la propiedad inmueble se encuentren
incorporados en la base de datos del Catastro Estatal o Municipal.
Así mismo, se incluyen los principios catastrales que regirán el ejercicio de la función catastral y
que son los siguientes:
Inscripción.- Se comprende como la materialización de la función catastral, mediante la cual se realiza
el acto de inscripción que refiere la descripción y valuación del predio y sus edificaciones, según sea como
bien inmueble con características rusticas o en su caso urbanas, en el padrón catastral de la oficina que
le corresponda, y cuya constancia de identificación tendrá valor probatorio como prueba plena para surtir
efectos jurídicos en contra de terceras personas.
Validación de trámites.- Este principio postula que todo documento que se presente al Catastro
para la inscripción de un bien inmueble, debe ser validado, es decir deberá ser examinado el documento
y, en caso de ser necesario, el bien inmueble físicamente, a fin de que en las bases de datos haya inscritos
solamente bienes inmuebles ciertos. La validación deberá ser autentificada con Firma Electrónica
Avanzada, tanto por el encargado de realizar la supervisión, como por el responsable de la validación.
Especialidad o Determinación.- Con base en este principio, las oficinas catastrales determinaran
perfectamente los bienes objeto de inscripción, sus titulares, así como el alcance y contenido de los
derechos, por lo que no tendrá acceso al catastro ningún derecho que no esté perfectamente determinado
en su titularidad, extensión y contenido.
Prelación.- En materia catastral la Prelación entre derechos sobre dos o más actos que se refieran a un
mismo predio, se determinará por el número de control que otorgue la oficina catastral, el cual se basará
en el día, hora, minuto y segundo de su presentación ante la oficina de recepción de documentos,
independientemente de la fecha de la constitución o celebración del acto contenido en el o los documentos
que se presenten.
Tracto Sucesivo.- Es el encadenamiento ininterrumpido de asientos catastrales, sobre una misma unidad
registral, que se da desde su primera inscripción, lo que significa que para inscribir o anotar cualquier
título deberá constar previamente inscrito el derecho de la persona que otorgó aquel o de la que vaya a
resultar afectada por la inscripción, a no ser que se trate de una inscripción de inmatriculación judicial o
administrativa.
La iniciativa dispone que son autoridades catastrales en el Estado, en sus respectivos ámbitos de
competencia, las siguientes: El Consejo Técnico Catastral, el Instituto Catastral y Registral, la Dirección
General de Servicios Catastrales del Instituto; los Ayuntamientos a través de sus Catastros Municipales y
los Consejos Catastrales Municipales.
En el Capítulo Segundo, denominado De los Procesos Catastrales, se establece que los procesos
catastrales se llevarán a cabo bajo la responsabilidad de los funcionarios que intervengan en su ejecución,
conforme a las normas y disposiciones que en materia catastral se desprendan de esta Ley, su
Reglamento y de los lineamientos que, en el ámbito de su competencia, establezcan el Consejo Técnico
Catastral, el Instituto y, en su caso, los organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales.
Por otra parte, se establece también que las funciones catastrales que lleve a cabo el Gobierno
del Estado, las realizará por conducto del Instituto a través de su Dirección General de Servicios
Catastrales.
Se propone también, que las autoridades catastrales estatales ejercerán sus funciones, en su
caso, en coordinación con las oficinas catastrales municipales, respetando el artículo 115 Constitucional
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en cuanto a que éstos percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el
Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora,
así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar
convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la
administración de esas contribuciones.
Este capítulo señala que los servidores públicos de las dependencias estatales o federales que
intervengan en la autorización de una subdivisión, fusión, división, lotificación, relotificación, constitución
de régimen por unidad en condominio horizontal, vertical y mixto y fraccionamiento que genere un nuevo
grupo de predios, deberán requerir a los solicitantes la Cédula Catastral de los predios involucrados, así
como informar de todo lo relativo con dichas autorizaciones a la oficina catastral competente, para inicio
del proceso de actualización y posterior inscripción de los nuevos bienes en el Padrón Catastral del
Ayuntamiento.
El Capítulo Tercero, denominado De las Obligaciones y Derechos Catastrales, se establece que
todo propietario o poseedor de bienes inmuebles ubicados en la Entidad o sus representantes legales,
tienen la obligación de manifestarlos en los plazos establecidos en esta Ley y en el Reglamento
respectivo, en las formas oficiales que para el caso aprueben las autoridades catastrales.
Por otra parte se prevé también que los propietarios, inquilinos, o cualquiera otra persona
encargada de un predio, están obligados a proporcionar al personal de Catastro debidamente autorizado
para tal efecto, los datos o informes que les soliciten, así como permitirle el acceso al interior de los
mismos, y dar toda clase de facilidades para la localización de los predios, levantamiento de los planos y
demás operaciones catastrales.
Los propietarios, poseedores o sus representantes, están obligados a manifestar a la autoridad
catastral municipal, cualquier modificación que se haga a los elementos que caracterizan al predio, tales
como construcciones, reconstrucciones, ampliaciones, fusión o subdivisión de predios o cualquier otra
contemplada por esta Ley, dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que
se hubiere realizado la modificación.
Se establece en la iniciativa que los Notarios Públicos, Jueces o cualesquier otro funcionario
que tengan fe pública, que intervengan en el otorgamiento de contratos o cualquier acto jurídico mediante
el cual se trasmita o modifique el dominio directo de un predio, tienen la obligación de manifestar por
escrito a la autoridad catastral municipal, en las formas oficiales respectivas, el tipo de operaciones que
con su intervención, se realicen sobre los predios, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha
de los contratos, disposiciones, o convenios en que intervengan o previamente a la autorización de la
escritura correspondiente, si ésta es anterior.
Título Tercero
Del Registro Público de la Propiedad
En el Capítulo I, denominado De la Función del Registro Público y Disposiciones Generales, se
establece que el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, es la Instancia a través de la cual el
Poder Ejecutivo del Estado, cumple la función registral de dar publicidad registral a la situación jurídica de
los actos objeto de inscripción, que conforme a la Ley requieran de dicha publicidad para surtir efectos
contra terceros.
Por otra parte, se prevé que el servicio de publicidad registral, será por conducto de la Dirección
General de Servicios Registrales o de las Oficinas registrales establecidas en el Estado, conforme lo
determina esta Ley y su Reglamento.
Se establece que los efectos de la publicidad registral y los de su omisión, en su caso, serán los
derivados de los ordenamientos procesales o sustantivos que prevean dicha publicidad registral. En todo
caso, Los documentos que conforme a la Ley sean registrables y no se registren, sólo producirán efectos
entre quienes los otorguen, pero no podrán producir efectos en perjuicio de terceros, los cuales sí podrán
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aprovecharlos en cuanto les fueren favorables. En cuanto a adquirentes a título gratuito, salvo disposición
legal en contrario, gozarán de la misma protección registral que la que tuviere su causante o transferente.
Finalmente prevé este capítulo que la seguridad jurídica es una garantía institucional registral,
la cual se basa en un título auténtico generador de la certeza del derecho, su publicidad y en su aplicación,
misma que se otorga a partir de la materialización de su inscripción o anotación registral en el Folio Real
Inmobiliario. Por lo tanto, el Registrador realizará siempre la inscripción o anotación de los documentos
que se le presenten. Las causas de suspensión o denegación se aplicarán de manera estricta, por lo que
sólo podrá suspenderse o denegarse una inscripción o anotación, en los casos de excepción que señala
la misma Ley.
El Capítulo segundo, denominado De la Organización del Registro, establece que son autoridades
registrales en el Estado, el Vocal Ejecutivo del Instituto Catastral y Registral del Estado, el Director General
de Servicios Registrales del Instituto y los Registradores.
Se establece también que el Vocal Ejecutivo y el Director General de Servicios Registrales
cuidarán de la actualización permanente de los procedimientos registrales, en base al Sistema Registral
de Folios Electrónicos, y deberán procurar la efectiva interoperabilidad técnica, operativa y jurídica entre
las oficinas respectivas, registrales, catastrales y otras dependencias e instituciones, con el objeto de
consolidar la administración territorial, gestión operativa registral y catastral en el Estado.
Se precisa en este capítulo que el Vocal Ejecutivo y el Director General ejercerán la Fe Pública
Registral respecto de información contenida en el Sistema de Información Registral y tendrán las
facultades relacionadas con el Registro Público de la Propiedad, que les otorguen esta Ley y su
Reglamento. Asimismo, podrán certificar o emitir información obtenida de las bases de datos del Instituto,
cuando sean requeridos por autoridades competentes para tales efectos, para lo cual podrán hacer uso
de Firma Electrónica en términos de la Ley Sobre el Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado
de Sonora o de firma autógrafa, en los casos previstos en dicha Ley y cuando en virtud de sus funciones
públicas en el ámbito de su competencia, sean necesarias tales certificaciones o emisiones de
información.
En el capítulo tercero, denominado Del Sistema Informático Registral, se establece que en el
Estado la publicidad registral se llevará a cabo conforme a la Ley y su Reglamento, con base en el Sistema
Registral de Folios Electrónicos, en los cuales se concentra toda la información relativa a las unidades
registrales que, conforme a la naturaleza del folio correspondiente, se señalan en esta Ley.
A través del Folio Electrónico se crea un historial jurídico propio y único, que arroja en un mismo
documento electrónico y momento de consulta, la evolución del folio real a partir de su creación.
Por otra parte, se dispone que los Folios Electrónicos serán el documento base para la anotación
de las inscripciones sobre los bienes inmuebles, muebles y de personas morales, considerando al predio
como la base para registro y en ellos se aplicarán los procedimientos registrales establecidos y regulados
en el capítulo quinto de esta Ley y su Reglamento.
Se precisa que el Registro Público deberá operar con un Sistema Informático Registral, mediante
el cual se realice integralmente la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción,
verificación y transmisión de la información contenida en su Base de Datos sobre el acervo registral físico
e informático, en los términos del Reglamento, en el cual se establecerán y regularán los elementos de
tecnología y aplicativos que deberá contener para la ejecución de las funciones encomendadas al Instituto,
por la normatividad aplicable.
En el caso del capítulo cuarto denominado De la Consulta, se establece que el Instituto podrá
autorizar únicamente la consulta vía electrónica, no presencial, de la base de datos del acervo electrónico
registral, respecto de información sujeta a publicidad registral sin restricciones, a personas que así lo
soliciten y cumplan con los requisitos para ello en los términos de esta Ley, su Reglamento y de los
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lineamientos que emita el propio Instituto. Lo anterior previo pago de los derechos registrales en términos
de la Ley de Hacienda y, en su caso, conforme a los convenios institucionales existentes.
Se precisa en la Ley que, para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
información registral, el Sistema Informático Registral contará con las medidas de seguridad necesarias,
autorizaciones y procedimientos conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento, la Ley Para el
Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables. Así como
también, que todos los servicios de emisión de información registral, proporcionados mediante un mensaje
de datos en los términos previstos en la propia Ley y su Reglamento, deberán ser suscritos mediante
firma electrónica, para que tengan eficacia jurídica para efectos registrales.
En el capítulo quinto, denominado Del Sistema Registral de Folios Electrónicos, se establece que
la publicidad registral se llevará a cabo conforme al Sistema Registral de Folios Electrónicos establecido
en esta Ley. Dicho Sistema Registral operará mediante Secciones que se integrarán por documentos
digitales denominados Folios Electrónicos, referidos a las unidades registrales básicas e intransferibles
previstas en la Ley.
Se contempla en la Ley, que para la realización de un trámite o la obtención de un servicio registral
se requiera de identificación oficial del usuario, reconociendo como documentos válidos para tal efecto,
los siguientes documentos originales:
En los casos en que el trámite tenga por finalidad alguna inscripción o anotación en los Folios Electrónicos,
los siguientes:
a) Pasaporte mexicano sin restricciones;
b) Credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral;
c) Cédula Profesional;
d) Cartilla del Servicio Militar;
e) Credencial de las Fuerzas Armadas de México, con fotografía; y
f) Tratándose de extranjeros, pasaporte del país de procedencia.
En los demás casos, se reconocen como documentos de identificación, además de los señalados en la
fracción anterior, los siguientes:
a) Licencia de conducir mexicana, sólo si cuenta con medidas de alta seguridad;
b) Licencia o identificación oficial de algún estado de los Estados Unidos de América;
c) Los documentos que se relacionan en el artículo 298 de la Ley de Hacienda;
Se establece también que los asientos registrales, certificaciones, constancias e impresiones que
autorice el Registrador mediante Firma Electrónica Avanzada, son documentos públicos y tendrán valor
probatorio pleno, salvo prueba en contrario. El mismo valor probatorio tendrá el acervo registral contenido
en la base de datos del Sistema Informático Registral.
Por otra parte, se precisa en la ley que los supuestos hipotéticos por los cuales se anotarán
preventivamente en el Registro los siguientes.
Por orden judicial, las demandas relativas a la propiedad o posesión originaria de bienes inmuebles o a la
constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquellos;
El aviso preventivo de embargo en bienes inmuebles del demandado. La anotación derivada de dicho
aviso tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días, a partir de su presentación;
Por orden judicial, las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos preparatorios o para
dar forma legal al acto o contrato concertado cuando tenga por objeto inmuebles o derechos reales sobre
los mismos;
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Las providencias judiciales y administrativas que ordenen el secuestro, aseguramiento o prohíban la
enajenación de bienes inmuebles o derechos reales;
Los títulos presentados al Registro Público y cuya inscripción haya sido denegada o suspendida por el
Registrador.
Entre otros supuestos más.
Se dispone que el Notario Público ante quien se pretende otorgar o se otorgue una escritura en
la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad de bienes
raíces, estará obligado a la presentación de los avisos preventivos que establecen en el artículo siguiente,
en la Oficina Registral correspondiente.
En el Capítulo Sexto, denominado De la Sección Inmobiliaria, se establece que el predio es la
unidad básica registral de los Folios Reales Inmobiliarios, los cuales se integrarán con los datos que
establezca la propia Ley y su Reglamento.
Se establece también, que cuando exista discrepancia entre la bien materia de inscripción con
sus antecedentes registrales, podrá acreditarse su identidad con base en documentos oficiales idóneos,
en la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral y en la Cédula Única Catastral y Registral,
siempre y cuando la superficie no se incremente. En caso contrario, procederá la inscripción por orden de
autoridad judicial, o con base en una orden de autoridad administrativa, en el ámbito de su competencia.
Precisando que no se entenderá que existe discrepancia, cuando identificado el inmueble en el
documento correspondiente según sus antecedentes registrales, se haga mención adicional de los
cambios de nomenclatura, denominación del fraccionamiento o colonia, u otros datos que sirvan para
precisar la ubicación del predio.
El Capítulo Séptimo, denominado Sección Mobiliaria, dispone que los bienes muebles son la
unidad básica registral de los Folios Reales Mobiliarios, los cuales se integrarán con los datos que
establecen esta Ley y su Reglamento.
Los Folios Reales Mobiliarios se deberán registrar en los siguientes casos:
Los testimonios o documentos privados establecidos por Ley, por los cuales se adquiera, transmita, limite,
modifique o extinga el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre muebles o aquéllos por
los cuales se grave el dominio de los mismos.
Las resoluciones judiciales o administrativas que produzcan algunos de los efectos mencionados en la
fracción anterior.
El Patrimonio de Familia, en cuanto al mismo se afecten bienes muebles; y
Los demás títulos relacionados con bienes muebles y que la Ley ordene expresamente que sean
registrados.
En el capítulo octavo, denominado De la Sección de Personas Morales de Naturaleza Civil, se
establece que la Persona Moral de Naturaleza Civil, es la unidad registral en el los Folios de Personas
Morales. Los Folios de Personas Morales se abrirán electrónicamente conforme a los procedimientos y
requisitos que establezca el Reglamento. Así mismo se prevé que en los Folios de Personas Morales se
inscribirán los títulos relativos a su constitución, reformas, cambio de domicilio social y designación de
representantes, entre otros actos que procedan según la legislación aplicable.
Por su parte, en el capítulo noveno, denominado De la Sección de Planes y Programas de
Gobierno, se establece que se inscribirán electrónicamente en los Folios de Planes o Programas de
Gobierno, los siguientes títulos:
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Los Planes y Programas Estatales y Municipales de Desarrollo Urbano, incluyendo modificaciones,
ampliaciones o cancelaciones, en términos de las Leyes aplicables en la materia.
Las declaratorias sobre provisiones, usos, destinos y reservas de áreas, predios y arboledas, o
establecimiento de áreas naturales protegidas, que se expidan conforme a las Leyes con implicación
urbanística o ecológica.
Los demás que estipulen las Leyes aplicables.
En lo que respecta al capítulo décimo, denominado De la Sección Auxiliar, se establece que se
inscribirán en esta sección, electrónicamente, todos los actos o hechos jurídicos que por disposición de
la Ley deban ser objeto de publicidad registral y no sean objeto de registro o anotación en los Folios
Electrónicos regulados en los capítulos sexto, séptimo, octavo y noveno de la Ley.
Se establece que los testamentos que deban ser depositados en las Oficinas Registrales,
conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de Sonora, se regirán en todo lo relacionado a
sus requisitos de otorgamiento y efectos legales, por lo dispuesto en dicho ordenamiento y no serán objeto
de publicidad registral. Su depósito se realizará en forma electrónica o documental, en los términos que
establezca el Reglamento.
En el capítulo décimo primero, denominado de la Extinción y Cancelación de los Asientos, prevé
que Las inscripciones definitivas dentro de los Folios Electrónicos, en cuanto a tercero, sólo se extinguen por
cancelación en los términos de la Ley y su Reglamento. Las inscripciones preventivas se extinguen por
cancelación, caducidad o por su conversión en inscripción definitiva conforme.
Finalmente, se precisa que las inscripciones y anotaciones preventivas y definitivas en los Folios
Electrónicos, pueden cancelarse por consentimiento de todas las partes relacionadas con dichos asientos,
siempre que éstas lo sean legítimas, tengan capacidad para contratar y hagan constar su voluntad de modo
auténtico. También pueden cancelarse por orden judicial o administrativa, conforme lo establezcan las Leyes
respectivas.
Por último, el capítulo décimo segundo, denominado del Recurso de Inconformidad Registral,
establece que el solicitante del servicio podrá interponer el Recurso de Inconformidad Registral, contra las
resoluciones o determinaciones del Registrador. Dicho Recurso deberá interponerse en un plazo de diez
días hábiles contados a partir de la notificación del acto impugnado.
El Recurso de Inconformidad Registral se sustanciará ante el Registrador, en la forma y términos
previstos en el Reglamento, el cual establecerá las causas de desechamiento del mismo. El Registrador
ordenará que, en su caso, se practique una anotación preventiva relativa a la interposición de dicho
recurso, en el folio electrónico relacionado, para los efectos de la conservación de la Prelación registral.
En cuanto a las disposiciones transitorias, se prevé que la Ley entrará en vigor el día primero de
noviembre del año dos mil dieciocho, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Sonora, quedando abrogada la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, así como su
Reglamento y todas las menciones a dichos ordenamientos, contenidas en leyes, disposiciones y actos
administrativos, se entenderán referidas a esta Ley.
Así mismo, se establece que los Poderes Legislativo y Ejecutivo y los Municipios de la Entidad,
en sus respectivos ámbitos de competencia y dentro de un plazo no mayor de tres años, contado a partir
de la iniciación de la vigencia de esta Ley, deberán realizar las adecuaciones normativas, administrativas,
técnicas y presupuestarias, para que los catastros estatal y municipales, estén en aptitud de llevar a cabo
sus procedimientos.
En virtud de lo anterior, es preciso comentar que como legisladores tenemos un gran compromiso
con la sociedad de emitir leyes que fortalezcan el marco jurídico de nuestro Estado para dotar a las
19
autoridades competentes tanto a nivel estatal como municipal de instrumentos legales mediante los cuales,
ante cualquier situación de conflicto de intereses entre particulares o particulares y las propias autoridades,
pueda dirimirlos a través de un ordenamiento que los proteja y les otorgue certeza jurídica.
La importancia de contar con una nueva Ley Catastral y Registral, además de modernizar el
procedimiento y registro de propiedades en nuestro Estado, lo cual en definitiva mejora el servicio que presta
el Estado y los municipios a través de la Ley, es que con este ordenamiento se podrá promover la inversión
tanto nacional como extranjera en el nuestro Estado lo que permitirá detonar su desarrollo, puesto que la
certeza y seguridad jurídica de los inmuebles constituye uno de los requisitos necesarios para atraer
inversión.
Finalmente, no existe duda alguna que la Ley objeto del presente dictamen, representa
precisamente ese instrumento legal mediante el cual se otorgará certeza y protección jurídica a todos los
inmuebles propiedad de los particulares y de las personas morales tanto privadas como oficiales, razón por
la cual esta Comisión Dictaminadora decide resolver en sentido positivo el presente dictamen hecho a la
iniciativa de Ley propuesta por la Gobernadora del Estado, por lo que con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del pleno el
siguiente proyecto de:
NUMERO 287
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA,
EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA LA SIGUIENTE
LEY
CATASTRAL Y REGISTRAL PARA EL ESTADO DE SONORA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de la presente Ley, son de orden público y de interés social.
Su observancia es obligatoria y su ámbito espacial de validez es el Estado Libre y Soberano de Sonora.
ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de esta Ley deberá entenderse por:
I.- Ley.- La Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora;
II.- Reglamento.- El Reglamento de la Ley Estatal Catastral y Registral del Estado de Sonora;
III.- Ley de Hacienda.- La Ley de Hacienda del Estado de Sonora;
IV.- El Estado o la Entidad.- El Estado de Sonora;
V.- Gobierno del Estado.- El Gobierno del Estado de Sonora;
VI.- Tres órdenes de Gobierno.- Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal;
VII.- Instituto.- El Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora;
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VIII.- Vocal Ejecutivo.- El titular del Instituto;
IX.- Dirección Catastral.- La Dirección General de Servicios Catastrales del Instituto;
X.- Dirección Registral.- La Dirección General de Servicios Registrales del Instituto;
XI.- Director Registral.- El Director General de Servicios Registrales;
XII.- Dirección de Informática.- La Dirección General de Servicios Informáticos del Instituto;
XIII.- Persona Moral.- Las que se definen como tales y se les reconoce personalidad jurídica en
el Código Civil para el Estado de Sonora, la Ley General de Sociedades Mercantiles y en otras Leyes;
XIV.- Registral.- Relativo a las funciones propias del Registro Público de la Propiedad como ente
encargado principalmente de dar publicidad a los actos jurídicos sujetos de registro o inscripción;
XV.- Catastral.- Relativo al Inventario de la propiedad raíz, estructurado por el conjunto de
registros, padrones y documentos inherentes a la identificación, descripción, cartografía y valuación de
los bienes inmuebles en el Estado;;
XVI.- Migración.- Transmisión de la información de un sistema catastral o registral anterior a los
sistemas establecidos en esta Ley.
XVII.- Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral.- La herramienta tecnológica que
permite la interoperabilidad de los sistemas estatales de información territorial de los Tres órdenes de
Gobierno, en la que se consolida la vinculación de la información catastral y registral del Estado;
XVIII.- Cédula Única Catastral y Registral.- El documento electrónico oficial a utilizar por las
instituciones catastrales y registrales, mismo que se constituye como la base fundamental para captar
información estadística y geográfica, para el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
(SNIEG), la cual contiene los elementos mínimos obligatorios y opcionales que identifican los aspectos
jurídicos y técnicos de un predio, para garantizar la asociación entre la información catastral y registral;
XIX.- Certificación.- Acto por el cual las autoridades catastrales o registrales, en el ámbito de su
competencia, dan fe de la existencia o inexistencia de los documentos, actos, hechos o constancias,
contenidos en sus propios acervos;
XX.- Formas Precodificadas.- Formatos que contienen los datos esenciales para operaciones
catastrales o registrales, que se pueden realizar sobre los bienes inmuebles o muebles, necesarios para
su ingreso, calificación y, en su caso, inscripción o anotación electrónica por medios remotos y/o de
manera física, a través de ventanilla;
XXI.- Firma Electrónica Avanzada.- El conjunto de datos electrónicos consignados en un mensaje
de datos o adjuntos al mismo, que es utilizado como medio para identificar a su autor o firmante, la cual
ha sido creada utilizando medios que el titular de la firma mantiene bajo su exclusivo control;
XXII.- Escritorio Notarial.- Herramienta electrónica que permite el intercambio de información por
medios remotos, entre las notarías públicas y las oficinas catastrales y registrales, conforme al
Reglamento. La firma electrónica de un notario público, se considera con igual valor jurídico que su firma
autógrafa y su sello de autorizar, para los efectos de la realización de trámites catastrales y registrales,
por medio del Escritorio Notarial.
ARTÍCULO 3º.- La presente Ley tiene como objetivos los siguientes:
I.- Establecer las normas y principios básicos de acuerdo con los cuales se llevarán a cabo las
funciones catastral y registral;
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II.- Armonizar y homologar la organización y el funcionamiento de las oficinas del Registro Público
de la Propiedad en el Estado, así como de los Catastros estatal y municipales, sentando las bases que
permitan la armonización y homologación de dicha organización y funcionamiento, en relación a las
Oficinas registrales y catastrales federales y de las demás Entidades federativas;
III.- Establecer los mecanismos para la vinculación en materia inmobiliaria, de los Catastros
estatales y municipales con el Registro Público de la Propiedad, así como con el Registro Agrario
Nacional, el Catastro y el Registro Público de la Propiedad Federal;
IV.- Otorgar certeza y seguridad jurídicas, respecto de los derechos reales sobre inmuebles y
demás actos, bienes y derechos, proporcionando la publicidad registral, en los casos y conforme a los
procedimientos previstos por la normatividad aplicable;
V.- Determinar las normas que aplicarán las autoridades catastrales y registrales del Estado, para
obtener, administrar, procesar y utilizar la información catastral y registral;
VI.- Establecer los lineamientos generales para la administración, operación y funcionamiento de
la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral;
VII.- Establecer las normas y lineamientos de carácter técnico para la formulación del inventario
de los predios ubicados en el territorio del Estado, tendentes a su identificación, registro y valuación por
las autoridades estatales y municipales, en el marco de sus respectivas competencias;
VIII.- Establecer las disposiciones conforme a las cuales los Ayuntamientos podrán celebrar
convenios con el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, para que éste se haga cargo de
alguna o algunas de las actividades técnicas o servicios que aquéllos tienen a su cargo en materia de
Catastro, conforme al marco normativo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Gobierno y Administración Municipal;
IX.- Establecer las bases para la organización, integración y funcionamiento de la Plataforma
Estatal de Información Catastral y Registral, mediante la implementación y utilización obligatoria de la
Cédula Única Catastral y Registral y de los Folios Electrónicos, como documentos rectores básicos para
la vinculación de la información catastral y registral; y
X.- Establecer el Sistema Registral de Folios Electrónicos y las normas conforme a las cuales el
Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, a través de las oficinas del Registro Público en sus
respectivos ámbitos de competencia, proporcionará el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que
precisan de ese requisito, para surtir efectos contra terceros.
ARTÍCULO 4º.- Corresponde al Gobierno del Estado la función catastral, en lo no reservado a los
municipios conforme al artículo 115 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, le corresponde el ejercicio de la función registral.
Las funciones catastral y registral las ejercerá el Gobierno del Estado a través del Instituto.
ARTÍCULO 5º.- La prestación de los servicios catastrales y registrales, se llevará a cabo
atendiendo a las reglas establecidas por la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación
en el Estado de Sonora. En tal virtud, los usuarios de dichos servicios recibirán trato igual de parte de las
autoridades correspondientes.
ARTÍCULO 6º.- El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado con personalidad jurídica
propia y autonomía técnica, operativa y presupuestal, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de
Hacienda. El Instituto tendrá su sede en la capital del Estado y podrá, de acuerdo a sus requerimientos
operativos e institucionales, establecer oficinas o representaciones en cualquier otro lugar.
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ARTÍCULO 7º.- El Instituto estará a cargo de un Vocal Ejecutivo y contará con las siguientes
Direcciones: Dirección General de Servicios Catastrales; Dirección General de Servicios Registrales y
Dirección General de Servicios Informáticos.
Asimismo, tendrá las direcciones, coordinaciones y unidades administrativas que se contemplen
en el Reglamento correspondiente.
ARTÍCULO 8º.- El Instituto tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
I.- Establecer, operar y administrar las Oficinas registrales y el Catastro estatal, de conformidad
con esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables;
II.- Ejercer la fe pública registral por medio de los Registradores, con estricta observancia y
cumplimiento de los principios registrales;
III.- Promover en forma permanente, la actualización de los sistemas tecnológicos, métodos y
procedimientos para la realización de las funciones catastrales y registrales;
IV.- Desarrollar, integrar, gestionar y administrar la Plataforma Estatal de Información Catastral y
Registral, con el objeto de consolidar la información de ambos sistemas en el ámbito territorial de la
Entidad, de tal forma que se lleve a cabo la vinculación técnica y operativa de la información catastral y
registral; la implementación de la Clave Catastral y de los Folios Reales Inmobiliarios y se instrumente la
Cédula Única Catastral y Registral para cada predio en el territorio estatal;
V.- Vigilar que en la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral aparezca determinada
en forma precisa y actualizada, la localización de cada predio ubicado dentro del territorio del Estado,
procurando que exista certeza en su descripción y que su realidad física se corresponda con la situación
jurídica que catastral y registralmente presenta. Asimismo, vigilará que en la realización de las
operaciones catastrales y registrales se efectúen conforme al Tracto Sucesivo catastral y registral;
VI.- Realizar, por conducto de sus autoridades catastrales y registrales competentes, las
inscripciones, asientos y registros, así como expedir las constancias y certificaciones, a que se refiere la
presente Ley y su Reglamento;
VII.- Diseñar, implementar y ejecutar los programas estatales para la armonización y
homologación de las oficinas registrales y los catastros estatales y municipales;
VIII.- Emitir lineamientos para la prestación de los servicios catastrales e implementar el uso
homologado de Formas Precodificadas en las oficinas catastrales estatal y municipales en el Estado. En
el ejercicio de esta atribución, se atenderán los lineamientos emitidos por el Consejo Técnico Catastral y
por los organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales, en el ámbito de su
competencia;
IX.- Emitir lineamientos para la prestación de los servicios registrales e implementar el uso
homologado de Formas Precodificadas en las oficinas registrales del Estado. En el ejercicio de esta
atribución, también se atenderán los lineamientos emitidos por los organismos nacionales relacionados
con las funciones registrales, en el ámbito de su competencia;
X.- Implementar y administrar un sistema de gestión y actualización, que permita la
Interoperabilidad de la información catastral y registral entre los Tres órdenes de Gobierno, de acuerdo
con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento y conforme a los criterios determinados por el propio
Instituto y, en su caso, por los organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales y
registrales, en el ámbito de su competencia;
XI.- Proponer, impulsar y suscribir acuerdos y convenios con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y Estatal, organismos constitucionales autónomos, otras entidades
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federativas y municipios, así como con los sectores social y privado, para el cumplimiento del objeto de
esta Ley;
XII.- Proporcionar asesoría y el apoyo necesario a los Ayuntamientos en materia catastral, cuando
así lo soliciten;
XIII.- Ejercer, en su caso, las funciones y servicios catastrales municipales, en los términos de los
convenios que el Ayuntamiento respectivo celebre con el Instituto;
XIV.- En los casos de actos administrativos realizados por el Instituto en el marco de un convenio
celebrado conforme a la fracción anterior, tramitar y resolver en su caso, los recursos administrativos
previstos en esta Ley y su Reglamento;
XV.- Proporcionar a las autoridades catastrales municipales los datos de inscripción registral de
la información generada en cada Ayuntamiento;
XVI.- Asesorar técnica y operativamente a los Ayuntamientos en la elaboración de la propuesta
de planos y valores unitarios de terrenos y tablas de construcción en zonas urbanas y rurales, que éstos
deban presentar para su aprobación al Congreso del Estado;
XVII.- Auxiliar a las diversas dependencias y entidades de los Tres órdenes de Gobierno, en las
tareas de planificación, desarrollo territorial y demás actividades que requieran de la información
contenida en la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral;
XVIII.- Servir como órgano técnico de apoyo y consulta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del Estado de Sonora y a los Ayuntamientos de la Entidad; y
XIX.- Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales
aplicables.
ARTÍCULO 9º.- Los sistemas informáticos electrónicos para la prestación de los servicios
catastrales de su competencia y de los servicios registrales, serán administrados por el Instituto a través
de la Dirección de Informática, la cual, en relación a dichos servicios, tendrá las siguientes funciones:
I.- Coordinar y llevar a cabo las actividades relacionadas con desarrollo de ingeniería de Sistemas
de Información y la prestación del soporte técnico a las áreas operativas de las Oficinas Centrales y de
los Ayuntamientos en todo el ámbito territorial del Estado;
II.- Administrar los recursos informáticos del Instituto, la Dirección Catastral, Dirección Registral y
las Oficinas registrales;
III.- Administrar y dar mantenimiento a las bases de datos del Instituto;
IV.- Brindar la asesoría, apoyo y soporte necesarios para controlar y mantener en operación las
instalaciones de cómputo de las oficinas;
V.- Formular el inventario general de los equipos de cómputo y soporte técnico del Instituto y de
las oficinas registrales;
VI.- Hacer visitas periódicas a las Oficinas registrales a fin de constatar que los servicios de
cómputo sean los adecuados;
VII.- Contribuir al alcance de los objetivos del programa integral de modernización de las funciones
registrales y su homologación e interoperabilidad con los servicios catastrales municipales;
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VIII.- Publicar en el portal electrónico oficial del Instituto, en internet, la información relacionada
con la atención de los trámites y servicios ingresados por los usuarios en los cuales se informe sobre el
estado de la situación de avance en la atención y resolución que presenta cada uno de ellos, las causas
de suspensión y/o rechazo, así como las fechas de presentación de documentación faltante para la
continuación de los tramites suspendidos;
IX.- Publicar en el portal electrónico oficial del Instituto en internet, los boletines emitidos por las
Oficinas registrales;
X.- Establecer sistemas de verificación y evaluación de los procedimientos seguidos por los
funcionarios catastrales y registrales responsables de las acciones para la vinculación de la información
registral y catastral, en base a las cuales se realice la depuración de las bases de datos de ambas
instancias, se valide su efectiva correspondencia, se incorporen en la Plataforma Estatal de Información
Catastral y Registral, a fin de que se tomen como base para la implementación de la Cédula Única
Catastral y Registral;
XI.- Establecer los mecanismos necesarios para apoyo informático a los responsables, de la
verificación de la autenticidad y legítima procedencia de la información electrónica plasmada en los
documentos que ingresen a trámite los solicitantes de los servicios catastrales y/o registrales por ventanilla
y/o a través del portal de internet;
XII.- Implementar los procedimientos necesarios que permitan el control, registro, y la regulación
del acceso a la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral para que los fedatarios públicos y
autoridades de los Tres órdenes de Gobierno, puedan acceder a los servicios de consulta mediante los
convenios de colaboración respectivos;
XIII.- Mantener la integridad y la seguridad de la información conforme a la cual se prestan los
servicios registrales en forma electrónica; y
XIV.- Las demás funciones asignadas por el Vocal Ejecutivo.
ARTÍCULO 10.- En materia de servicios catastrales, corresponde a los municipios:
I.- Operar y administrar sus Catastros, de conformidad con esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables;
II.- Realizar las acciones necesarias para que sus oficinas catastrales contribuyan, en el ámbito
de su competencia, a la implementación de la Cédula Única Catastral y Registral;
III.- Expedir, por conducto de sus autoridades catastrales competentes, las constancias y
certificaciones a que se refiere la presente Ley y su Reglamento;
IV.- Implementar las claves y cédulas catastrales, así como el uso homologado de Formas
Precodificadas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento y a los lineamientos emitidos por el
Instituto y, en su caso, por los organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales, en el
ámbito de su competencia;
V.- Implementar y administrar sistemas de gestión y de información catastral que permitan la
Interoperabilidad de sus datos catastrales entre los tres órdenes de gobierno, acorde con lo dispuesto en
esta Ley y conforme a los criterios determinados por el Instituto y, en su caso, por los organismos
nacionales relacionados con las funciones catastrales, en el ámbito de su competencia;
VI.- Compartir la información catastral del municipio, así como mantenerla actualizada, en los
términos que determine el Instituto y, en su caso, los organismos nacionales relacionados con las
funciones catastrales, en el ámbito de su competencia;
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VII.- Implementar y ejecutar los programas municipales para la armonización y homologación de
sus Catastros;
VIII.- Proponer, impulsar y suscribir acuerdos y convenios con las dependencias y Entidades de
la administración pública federal, organismos constitucionales autónomos, Gobierno del Estado y otros
municipios, así como con los sectores social y privado, para el cumplimiento del objeto de esta Ley; y
IX.- Las demás que esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas les otorguen.
ARTÍCULO 11.- El Instituto, las Oficinas Registrales y los Catastros Estatales y Municipales,
utilizarán la Firma Electrónica Avanzada en los documentos digitales y, en su caso, en mensajes de datos
que emitan, con motivo del cumplimiento de sus funciones. Para los efectos de esta Ley, será aplicable
la Ley Sobre el Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora.
La reproducción total o parcial, autenticada con firma electrónica de los funcionarios catastrales o
registrales, de un documento contenido en los acervos respectivos o que el Notario Público expide
únicamente en soporte electrónico y que autoriza mediante su Firma Electrónica Notarial, son copias
certificadas electrónicas con valor probatorio y eficacia jurídica para todo lo relacionado con trámites
catastrales y registrales.
La copia certificada electrónica que el Notario Público autorice, será un documento notarial válido
jurídicamente para efectos catastrales y registrales y se considerará con valor equivalente a la copia
certificada prevista en la Ley del Notariado para el Estado de Sonora.
ARTÍCULO 12.- En el Estado se dará entera fe y crédito a los asientos, certificaciones,
constancias e impresiones que las oficinas de otras Entidades Federativas, catastrales o registrales,
según el caso, realicen y certifiquen en cumplimiento de sus atribuciones.
ARTÍCULO 13.- Las funciones administrativas de las autoridades catastrales y registrales en el
Estado, se rigen por esta Ley, su Reglamento, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de
Sonora y demás normatividad administrativa aplicable. El Código Fiscal del Estado y en su caso, la Ley
de Hacienda, son ordenamientos supletorios de la presente Ley en lo relativo a los efectos recaudatorios
de las actividades catastrales y registrales. Los procedimientos, controversias o impugnaciones que sean
consecuencia de las funciones referidas, se tramitarán y resolverán conforme a dicha normatividad
administrativa y, en los casos de su competencia, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Sonora.
Cuando los procedimientos, controversias o impugnaciones derivados de actos o resoluciones de
las autoridades catastrales o registrales, no sean de naturaleza administrativa, sino se refieran a aspectos
regulados por la normatividad que rija los requisitos o aspectos formales o de fondo de los derechos,
obligaciones, actos, hechos o situaciones jurídicas que hayan sido objeto de tales actos o resoluciones,
se tramitarán ante las autoridades o tribunales con jurisdicción y competencia conforme a dicha
normatividad. En los casos anteriores, cuando la competencia corresponda a los tribunales civiles del
fuero común, el trámite se llevará en la vía sumaria.
En los casos señalados en los párrafos anteriores, si el inconforme es el solicitante del servicio
o trámite catastral o registral, deberán agotarse los medios de impugnación establecidos en esta Ley y
contra las resoluciones correspondientes, procederá su impugnación o reclamación ante los tribunales
con jurisdicción y competencia, según se indica en dichos párrafos. Si el inconforme no fuere el solicitante
del servicio o trámite catastral o registral, no habrá necesidad de agotar los medios de impugnación
establecidos en esta Ley.
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En los casos en que la inconformidad se produzca como consecuencia de funciones
administrativas de las autoridades catastrales o registrales y conjuntamente, se denuncien violaciones de
forma o de fondo conforme al segundo párrafo de este artículo, el conocimiento de los procedimientos de
impugnación o reclamación, atendiendo al principio de continencia de la causa, corresponderá a los
tribunales mencionados en dicho párrafo segundo.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA FUNCIÓN CATASTRAL
CAPÍTULO PRIMERO
DEL CATASTRO
ARTÍCULO 14.- El Catastro es un sistema de registro inmobiliario, el cual tiene por objeto la
identificación, clasificación, y registro de la propiedad inmueble en el territorio del Estado, especificando
sus condiciones físicas, valores y de uso del suelo, identificando a sus propietarios o poseedores, la
ubicación física de los inmuebles el régimen de propiedad a que están sujetas las construcciones.
Asimismo, el Catastro tiene por objeto procesar y proporcionar la información concerniente al suelo y a
las construcciones, otorgando validez, para efectos catastrales y registrales, a las constancias, planos y
registros que sobre la propiedad inmueble se encuentren incorporados en la base de datos del Catastro
Estatal o Municipal.
ARTÍCULO 15.- Las disposiciones de este título regulan la integración, organización,
funcionamiento, y conservación del Catastro, la forma, términos y procedimientos a que se sujetarán los
trabajos catastrales realizados por las autoridades competentes y las obligaciones que en materia de
Catastro tienen los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, los servidores públicos, fedatarios
públicos, así como toda persona física o moral, pública o privada, que realice funciones relacionadas con
la aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 16.- Adicionalmente a los glosarios contenidos en los artículos 2º y 78 de esta Ley,
deberá entenderse por:
I.- Catastro.- El inventario público sistemáticamente organizado, gráfico y alfanumérico,
descriptivo de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de características especiales en el Estado de
Sonora. Es el término empleado para designar una serie de registros que muestran la extensión, el valor
y la propiedad (u otro fundamento del uso o de la ocupación) de los predios.
II.- Función Catastral.- El conjunto de facultades y obligaciones que en la materia otorgue esta
Ley y sus Reglamentos a las autoridades catastrales;
III.- Catastro Municipal.- La dependencia que lleva a cabo las funciones catastrales dentro de un
municipio;
IV.- Consejo.- El Consejo Técnico Catastral;
V.- Padrón Catastral.- El conjunto de los registros que llevan a cabo los Catastros;
VI.- Datos Catastrales.- Son los atributos cualitativos y cuantitativos relativos a la identificación
física, jurídica, económica y fiscal de los predios, los cuales determinan su caracterización y localización
geográfica, así como su representación cartográfica;
VII.- Cartografía.- el conjunto de mapas, planos, archivos vectoriales y ortofotos, que muestran la
representación de los predios que componen el territorio nacional, permitiendo con ello identificar con
precisión su ubicación geográfica y sus características;
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VIII.- Predio.- La porción de terreno comprendida dentro de un perímetro, con construcciones o
sin ellas, en propiedad o posesión de una o varias personas.
IX.- Predio Rural.- Porción de terreno, cuyas características específicas lo determinan como rural
y es la unidad básica de registro catastral, debido a que se encuentra ubicado en un área rústica, cuyo
uso o destino predominante puede ser agrícola, ganadero, forestal, acuícola o de servicios agropecuarios,
entre otros;
X.- Predio Urbano.- La unidad básica del registro catastral, que se encuentra ubicado dentro de
una localidad urbana, en donde existe la continuidad de construcciones, cuyo uso y destino predominante
puede ser habitacional, industrial, comercial o de servicios públicos, entre otros, y que cuenta con
infraestructura vial y equipamiento urbano;
XI.- Condominio.- Es el grupo de departamentos, viviendas, casas, locales o naves de un
inmueble, construidos en forma vertical, horizontal o mixta, para uso habitacional, comercial o de servicios,
industrial o mixto, y susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento
común de aquél o a la vía pública y que pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho
singular y exclusivo de propiedad sobre su unidad y, además, un derecho de copropiedad sobre los
elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado uso y disfrute;
XII.- Construcción.- Las edificaciones de cualquier tipo, destino y uso, inclusive los equipos e
instalaciones adheridas permanentemente al terreno y que forman parte integrante del mismo;
XIII.- Clave Catastral.- El código alfanumérico que identifica al predio de forma única, para su
localización geográfica, mismo que es asignado por la oficina catastral correspondiente, en el momento
de su inscripción en el padrón catastral.
XIV.- Cédula Catastral.- Es el documento electrónico que contiene los principales elementos para
la identificación física, jurídica, económica y fiscal de un predio, así como su Valor Catastral y muestra la
vinculación de sus datos catastrales y registrales. La Cédula Catastral contendrá, además, la información
que determinen esta Ley y su Reglamento y las disposiciones que para tal efecto emitan, en el ámbito de
su competencia, el Consejo Técnico Catastral, el Instituto y, en su caso, los organismos nacionales
relacionados con las funciones catastrales;
XV.- Valor Catastral.- El asignado a cada uno de los predios ubicados en el territorio del Estado,
de acuerdo a los procedimientos a que se refiere esta Ley y su Reglamento;
XVI.- Método Fotogramétrico.- Son los levantamientos realizados a partir de materiales
fotogramétricos, que permiten la fotoidentificación de los vértices de los predios, para su procesamiento
en equipos de cómputo, y con ello obtener sus características de tamaño, forma y posición;
XVII.- Método Geodésico-Topográfico.- Es el levantamiento que comprende una serie de medidas
efectuadas en campo, cuyo propósito es determinar las coordenadas geográficas (geodésicas) de los
puntos situados en la superficie terrestre, y con ello obtener las características de tamaño, forma y
posición del predio. Dicho método se complementará con el Sistema de Coordenadas Universal
Transversal de Mercator (UTM);
XVIII.- Levantamiento Catastral.- Es el conjunto de acciones que tiene por objeto reconocer,
determinar y medir el espacio geográfico ocupado por un predio, así como sus características naturales
y culturales, además de su representación en plano;
XIX.- Actualización Catastral.- Es la aplicación de una serie de actividades que permiten darle
mantenimiento de forma masiva a los datos catastrales contenidos en el padrón y cartografía catastral,
con el fin de garantizar que éstos sean oportunos, veraces y precisos;
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XX.- Actualización del Valor Catastral.- El conjunto de actividades técnicas realizadas para
determinar y asignar un nuevo Valor Catastral a un predio;
XXI.- Zonas Homogéneas.- Es la delimitación de un área territorial de una localidad, cuyo ámbito
lo constituyen básicamente predios con o sin construcciones y en donde el uso del suelo actual o
potencial, el régimen jurídico de la existencia y disponibilidad de servicios públicos e infraestructura, tienen
el nivel de homogeneidad cualitativa y cuantitativa requerido en los términos y condiciones que para el
caso se establezcan;
XXII.- Bandas de Valor.- Es la que se establece en un área, tramo o zona homogénea urbana o
rural. La banda de valor urbana podrá abarcar una o varias calles de acuerdo a las características
definidas y los valores correspondientes a dicha banda. El establecimiento de bandas de valor, afectará
directamente a los predios que se localicen dentro de la misma;
XXIII.- Valores Unitarios: Son los que comprenden los siguientes conceptos:
a) De Suelo.- Los determinados por el suelo por unidad de superficie dentro de cada región
catastral;
b) De Construcción.- Los determinados por las distintas clasificaciones de construcción por unidad
de superficie; y
c) Del Árbol.- Los determinados por las distintas singularidades de acuerdo a los criterios del
artículo 24 de la Ley para la Protección, Conservación y Fomento del Árbol en las Zonas Urbanas del
Estado de Sonora, y que se encuentran registrados en el SMAU; y
XXIV.- Acervo Catastral.- Expedientes, índices, imágenes, cartografía, documentos físicos o
electrónicos, extractos o contenidos capturados o digitalizados, sus respaldos, archivos electrónicos y
base de datos.
ARTÍCULO 17.- En el ejercicio de la función catastral se observarán los principios catastrales, los
cuales son los lineamientos básicos que rigen los procedimientos de las oficinas catastrales y derivan de
los instrumentos jurídicos que los regulan. Son principios catastrales los siguientes:
I.- Inscripción.- Se comprende como la materialización de la función catastral, mediante la cual se
realiza el acto de inscripción que refiere la descripción y valuación del predio y sus edificaciones, según
sea como bien inmueble con características rusticas o en su caso urbanas, en el padrón catastral de la
oficina que le corresponda, y cuya constancia de identificación tendrá valor probatorio como prueba plena
para surtir efectos jurídicos en contra de terceras personas.
II.- Validación de trámites.- Este principio postula que todo documento que se presente al
Catastro para la inscripción de un bien inmueble, debe ser validado, es decir deberá ser examinado el
documento y, en caso de ser necesario, el bien inmueble físicamente, a fin de que en las bases de datos
haya inscritos solamente bienes inmuebles ciertos. La validación deberá ser autentificada con Firma
Electrónica Avanzada, tanto por el encargado de realizar la supervisión, como por el responsable de la
validación;
III.- Especialidad o Determinación.- Con base en este principio, las oficinas catastrales
determinaran perfectamente los bienes objeto de inscripción, sus titulares, así como el alcance y contenido
de los derechos, por lo que no tendrá acceso al catastro ningún derecho que no esté perfectamente
determinado en su titularidad, extensión y contenido.
IV.- Prelación.- En materia catastral la Prelación entre derechos sobre dos o más actos que se
refieran a un mismo predio, se determinará por el número de control que otorgue la oficina catastral, el
cual se basará en el día, hora, minuto y segundo de su presentación ante la oficina de recepción de
29
documentos, independientemente de la fecha de la constitución o celebración del acto contenido en el o
los documentos que se presenten;
V.- Tracto Sucesivo.- Es el encadenamiento ininterrumpido de asientos catastrales, sobre una
misma unidad registral, que se da desde su primera inscripción, lo que significa que para inscribir o anotar
cualquier título deberá constar previamente inscrito el derecho de la persona que otorgó aquel o de la que
vaya a resultar afectada por la inscripción, a no ser que se trate de una inscripción de inmatriculación
judicial o administrativa; y
VI.- Los demás que se desprendan de la normatividad jurídica relacionada con las funciones y
servicios catastrales.
ARTÍCULO 18.- Son autoridades catastrales en el Estado, en sus respectivos ámbitos de
competencia, las siguientes:
I.- El Consejo Técnico Catastral;
II.- El Instituto;
III.- La Dirección General de Servicios Catastrales del Instituto;
IV.- Los Ayuntamientos a través de sus Catastros Municipales; y
V.- Los Consejos Catastrales Municipales.
ARTÍCULO 19.- El Consejo se integrará por: el Secretario de Hacienda, quien lo presidirá; el
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología
y Desarrollo Sustentable del Estado; el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; el Vocal
Ejecutivo del Instituto y los Presidentes Municipales.
Los funcionarios integrantes del Consejo podrán comparecer para su integración y
funcionamiento, por medio de representantes y/o suplentes debidamente acreditados, cuyas funciones
públicas se relacionen con las de dicho consejo.
ARTÍCULO 20.- El Presidente del Consejo podrá invitar a funcionarios de la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal, relacionados con las funciones de dicho consejo, a formar parte de
éste o bien, para que asistan a las reuniones, con voz pero sin voto.
ARTÍCULO 21.- El Consejo sesionará cuando menos dos veces al año ordinariamente y
extraordinariamente, cuando fuere necesario. La convocatoria se realizará por el Presidente mediante
oficio, con una anticipación mínima de diez días y máxima de treinta días, previos a la celebración de la
sesión correspondiente, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para la Celebración de
Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.
La sesión del Consejo se instalará con los integrantes que asistan y los acuerdos se tomarán por
mayoría de votos de los asistentes.
ARTÍCULO 22.- El Consejo Técnico Catastral tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Estudiar, analizar y formular propuestas en relación con la normatividad administrativa en
materia catastral;
II.- Opinar, cuando así lo soliciten los Ayuntamientos, en relación con la propuesta de planos y valores
unitarios por zonas homogéneas y bandas de valor de terrenos, y tablas de construcción en zonas urbanas
y por hectáreas en zonas rurales, que éstos formulen para su aprobación por el Congreso del Estado;
30
III.- Aprobar a solicitud de un municipio, el inicio del trámite para el cambio de registro catastral de un
predio, cuando según el solicitante, el mismo aparezca registrado en un Catastro municipal que no
corresponde a su ubicación geográfica, siendo ésta en el territorio del solicitante. Aprobado el inicio de dicho
trámite, el mismo se llevará a cabo ante el Instituto, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento;
IV.- Proponer adecuaciones a los montos de los derechos o de cualesquiera otros ingresos que
deban percibir el Estado y los Ayuntamientos, por las actividades catastrales que realicen y, asimismo, a
los mecanismos o procedimientos necesarios para su cobro y percepción;
V.- Acordar los términos y métodos de colaboración para la implementación y consulta de la
Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral;
VI.- Opinar y proponer las mejores alternativas con base en el estudio y desarrollo de las mejores
prácticas para el desarrollo e implementación de la Plataforma Estatal de Información Catastral y
Registral; y
VII.- Las demás que esta Ley, el Reglamento y otras disposiciones aplicables le confieran.
ARTÍCULO 23.- Los Ayuntamientos crearán los Consejos Catastrales Municipales, como órganos
de consulta y apoyo, mismos que estarán integrados por el Presidente Municipal, quien fungirá como
presidente del consejo; el titular de la unidad administrativa que ejerza las funciones catastrales, como
secretario técnico; el Tesorero Municipal; el Síndico Municipal; el titular encargado de las funciones en
materia de desarrollo urbano; él o los regidores que presidan las comisiones incidentes en esta materia;
un representante del Instituto; un representante de cada uno de los siguientes sectores: Notario Públicos,
promotores inmobiliarios, peritos valuadores y organismos profesionales vinculados a la comercialización
de inmuebles, en los municipios donde éstos existan y regirán su funcionamiento conforme a las
disposiciones previstas en el acuerdo respectivo o en los Reglamentos que expidan los Ayuntamientos.
ARTÍCULO 24.- Los Consejos Catastrales Municipales tendrán las siguientes funciones, las
cuales desempeñarán dentro del marco de lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y en los lineamientos
que en el ámbito de su competencia, establezcan el Consejo Técnico Catastral, el Instituto y, en su caso,
los organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales:
I.- Opinar sobre los trabajos de fotogrametría, de medición directa y todos aquellos que son
necesarios para las funciones catastrales;
II.- Opinar en relación con la propuesta de planos y tablas de valores unitarios de terrenos y
construcción que formule el Ayuntamiento; y
III.- Las demás que esta Ley y el Reglamento respectivo le confieran.
ARTÍCULO 25.- Los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio de cada municipio, deberán
estar inscritos en el Catastro Municipal bajo una Clave Catastral, la cual deberá ser homogénea para
todos los municipios y contendrá dígitos de identificación de manera estandarizada, conformándose dicha
clave de acuerdo a los lineamientos para la implementación de la Cédula Única Catastral y Registral,
establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el artículo 7 de la Norma
Técnica para la Identificación, Captación e Integración de Datos Catastrales. La Clave Catastral
establecida conforme a los señalados lineamientos, servirá de base para la Vinculación Catastral y
Registral en el Estado, así como para la implementación de la Cedula Única de Identificación Catastral.
ARTÍCULO 26.- Las oficinas catastrales se encargarán de realizar las acciones necesarias para
localizar los predios y elaborar los planos catastrales de los inmuebles que correspondan a su circunscripción
territorial.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS PROCESOS CATASTRALES
ARTÍCULO 27.- Los procesos catastrales se llevarán a cabo, bajo la responsabilidad de los
funcionarios que intervengan en su ejecución, conforme a las normas y disposiciones que en materia
catastral se desprendan de esta Ley, su Reglamento y de los lineamientos que, en el ámbito de su
competencia, establezcan el Consejo Técnico Catastral, el Instituto y, en su caso, los organismos
nacionales relacionados con las funciones catastrales.
ARTÍCULO 28.- Las funciones catastrales que lleve a cabo el Gobierno del Estado, las realizará
por conducto del Instituto a través de su Dirección General de Servicios Catastrales.
ARTÍCULO 29.- Las autoridades catastrales estatales ejercerán sus funciones, en su caso, en
coordinación con las oficinas catastrales municipales, respetando el artículo 115 Constitucional en cuanto
a que éstos percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Estado sobre
la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con
el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de
esas contribuciones.
ARTÍCULO 30.- Los catastros estatales y municipales llevarán a cabo la plena identificación,
delimitación, registro y control de los inmuebles que forman parte del territorio sobre el cual ejerzan sus
funciones, con la disposición y utilización de las herramientas tecnológicas necesarias y suficientes que
demande la operación catastral, permitiendo así, la integración de la información técnica de los predios,
para su posterior vinculación con el Registro Público, a través de la Plataforma Estatal de Información
Catastral y Registral.
La Dirección General de Servicios Catastrales, en el marco de sus funciones, coadyuvará con las
autoridades catastrales municipales, para la integración de los predios de cualquier naturaleza, uso o
destino, ubicados en el Estado, coadyuvando en la promoción de mejoras en los sistemas de recaudación,
para su mejor control, verificación y transparencia.
ARTÍCULO 31.- Los procesos catastrales son los que contempla esta Ley y su Reglamento y en
forma enunciativa, son procesos catastrales los siguientes:
I.- Registro y actualización;
II.- Valuación;
III.- Emisión de constancias, y
IV.- Consulta.
ARTÍCULO 32.- Los procesos catastrales, desde su inicio hasta su culminación, deberán llevarse
a cabo de manera uniforme y homologada en todas las oficinas catastrales del Estado, cumpliendo con
los procedimientos establecidos en esta Ley y su Reglamento y conforme a las reglas generales para
todos los Catastros del Estado, que se establezcan, en sus ámbitos de competencia, por el Consejo
Técnico Catastral, el Instituto y, en su caso, los organismos nacionales relacionados con las funciones
catastrales.
ARTÍCULO 33.- Los procesos catastrales deberán realizarse electrónicamente y podrán iniciarse:
I.- A petición de parte por los propietarios, poseedores o personas que tengan un derecho real
sobre los predios o por cualquier persona con interés legítimo en el cumplimiento de una obligación
catastral;
II.- De oficio, por parte de las autoridades catastrales competentes, y
32
III.- Por Notario Público o autoridad competente, que haya autorizado o vaya a autorizar el acto
jurídico de que se trate.
ARTÍCULO 34.- Los servicios y trámites catastrales podrán solicitarse de manera presencial en
las oficinas de los catastros, mediante los medios electrónicos de que se disponga en las oficinas
catastrales o por vía electrónica.
Las solicitudes se realizarán en la forma y términos establecidos en esta Ley, su Reglamento y
los lineamientos que, en el ámbito de su competencia, establezcan el Consejo Técnico Catastral, el
Instituto y, en su caso, los organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales.
ARTÍCULO 35.- Es de interés público y utilidad social y en consecuencia obligatoria, la
catastración de los bienes inmuebles de todo el territorio Estatal, la cual se realizará por conducto del
Instituto a través de la Dirección General de Servicios Catastrales y de los Catastros Municipales, en sus
respectivos ámbitos de competencia.
La catastración y valuación de los bienes inmuebles en el territorio estatal, se llevará a cabo
cualquiera que sea su tipo de tenencia, régimen jurídico de propiedad, uso, aprovechamiento, fin o
destino.
ARTÍCULO 36.- Para el registro o actualización de un predio, los propietarios o poseedores del
mismo deberán presentar de manera física en ventanilla y/o de forma electrónica mediante internet en los
formatos precodificados para solicitud de los servicios electrónicos catastrales, el cumplimiento de los
requisitos siguientes:
I.- Señalar las características del predio de que se trate; con las edificaciones que tenga
construidas;
II.- Acompañar los documentos que acrediten la propiedad, posesión u otro derecho real que las
Leyes reconozcan;
III.- Señalar, en su caso, el trámite que solicita;
IV.- Nombre, denominación o razón social del solicitante;
V.- El registro federal de contribuyentes;
VI.- La clave única del registro de población, tratándose de personas físicas; y
VII.- Los demás requisitos o información que conforme a esta Ley, su Reglamento y otras
disposiciones legales aplicables se requieran o sean establecidos por el Instituto y, en su caso, por los
organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales, en el ámbito de su competencia.
Las autoridades catastrales verificarán en cualquier momento, la autenticidad de la
documentación proporcionada y la veracidad de la información contenida en los documentos ingresados
a trámite.
ARTÍCULO 37.- Para los procedimientos de actualización se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
I.- Tratándose de actos traslativos de dominio o derechos de propiedad, se deberá exhibir
documento público suficiente, tales como:
a) Escritura pública o documento que acredite la propiedad;
b) Títulos de propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional;
33
c) Sentencia Judicial, o
d) Resolución Administrativa.
II.- Tratándose de posesión de bienes inmuebles respecto de los que no existan antecedentes
catastrales o que estén ubicados fuera de las zonas con cartografía, se podrá realizar el procedimiento
de actualización, sin que ello represente algún tipo de reconocimiento de derechos reales. En este caso,
deberán exhibirse alguno de los documentos siguientes:
a) Título de propiedad;
b) Contratos privados;
c) Minutas o constancias de cesión de derechos o posesión; y
d) Contratos o convenios promisorios.
El efecto que tendrá el registro a que se refiere la presente fracción, será el de generar para el
predio correspondiente, antecedentes básicos de ubicación geográfica, sin que la Cédula Catastral, pueda
utilizarse como medio probatorio para acreditar la propiedad o posesión de dicho predio ante autoridades
judiciales o administrativas.
III.- Lo demás que se establezca en esta Ley y su Reglamento y en las disposiciones que emitan,
en el ámbito de su competencia, el Consejo Técnico Catastral, el Instituto y, en su caso, los organismos
nacionales relacionados con las funciones catastrales;
ARTÍCULO 38.- Las autoridades catastrales realizarán los procesos de actualización conforme a
las fases siguientes:
I.- La recepción electrónica de la solicitud de registro o actualización del predio, la cual comprende:
a) La presentación de la solicitud en las Formas Precodificadas y la emisión y asignación
automática del Folio Real Inmobiliario de trámite, que permite durante un tiempo perentorio la Prelación
del trámite hasta la entrega física o electrónica de los documentos de requisito en el Catastro;
b) La recepción de la documentación que se presenta para acreditar la propiedad, posesión o el
derecho real del predio que se pretende registrar o actualizar;
c) La asignación electrónica de un número de control progresivo de entrada en el que se registre
la fecha, hora, minuto y segundo del ingreso correspondiente a cada solicitud; y
d) La asignación automática de turno al servidor público responsable de realizar el registro o
actualización del predio correspondiente.
II.- La verificación que deben realizar las autoridades catastrales, conforme a lo siguiente:
a) Que la solicitud se encuentre debidamente requisitada;
b) Que la solicitud haya sido presentada por persona que acredite un interés legítimo o se
encuentre autorizada para realizar el trámite; y
c) Que los documentos presentados en la solicitud sean legalmente válidos y se refieran al predio
descrito en dicha solicitud, así como, en su caso, en el Folio Real Inmobiliario correspondiente.
34
III.- En caso de actualización de la información del predio, la autoridad catastral deberá realizar la
revisión de la información de dicho predio en el Padrón Catastral, verificando que la información a
actualizar corresponda con los datos previstos en dicho Padrón y, en caso de identificar discrepancias, se
llevará a cabo una rectificación, mediante una inspección física al predio que se pretende actualizar;
IV.- Para determinar procedente la validación de las solicitudes de registro o actualización del
predio, deberá soportarse con las imágenes digitales que el interesado haya presentado en su solicitud,
así como en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. La
validación deberá ser autentificada con Firma Electrónica Avanzada, tanto por el encargado de realizar la
supervisión, como por el responsable de la validación;
V.- En su caso, la emisión del dictamen de inspección que corrobore o registre los cambios en
terreno o construcción del predio, previamente validados;
VI.- Una vez validada la solicitud, se procederá al registro o actualización de la Cédula Catastral,
así como de la cartografía, mediante el uso de las herramientas tecnológicas autorizadas conforme a esta
Ley y su Reglamento y a las que, en el ámbito de su competencia, determinen el Consejo Técnico
Catastral, el Instituto y, en su caso, los organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales;
VII.- Se procederá a la valuación o revaluación del predio, cuando en la actualización de la Cédula
Catastral se hayan modificado aquellos parámetros que afectan el valor de dicho inmueble, tales como
las superficies de terreno o construcción, servicios públicos, zonas, bandas de valor o por la entrada en
vigor de nuevos valores catastrales unitarios;
VIII.- Las autoridades catastrales deberán notificar a los interesados, durante el proceso de
actualización, siempre que se considere necesario, para subsanar las deficiencias en las solicitudes, hasta
la resolución definitiva; y
IX.- Asimismo, se estará a las fases que en adición a las antes señaladas, se establezcan en esta
Ley y su Reglamento y en las disposiciones que emitan, en el ámbito de su competencia, el Consejo
Técnico Catastral, el Instituto y, en su caso, los organismos nacionales relacionados con las funciones
catastrales.
ARTÍCULO 39.- Recibida por la autoridad catastral municipal, la copia de los planos a que se
refiere el primer párrafo del artículo 73 de esta Ley, determinará y asignará la Clave Catastral a cada uno
de los lotes de terreno que constituyan el fraccionamiento, misma que servirá de base para la identificación
en el plano de las operaciones que posteriormente se realicen.
ARTÍCULO 40.- El fraccionador dará aviso a la autoridad catastral municipal, de la terminación
de las obras del fraccionamiento de que se trate, dentro de los quince días siguientes. Recibido el aviso
de referencia, o en aquellos casos en que el fraccionador fuere autorizado para celebrar operaciones de
compraventa, promesa de venta, ventas con reserva de dominio o cualquier otro contrato preparatorio o
preliminar, antes de la terminación de las obras de urbanización, la autoridad catastral deberá:
I.- Registrar en el Padrón Catastral, los lotes del fraccionamiento, los cuales se considerarán como
nuevos predios; y
II.- Valuar cada uno de los lotes del fraccionamiento.
ARTÍCULO 41.- En los casos de fraccionamientos que se ejecuten total o parcialmente, sin la
autorización correspondiente o cuando el fraccionador lleve a cabo algunas de las operaciones a que se
refiere el artículo anterior, sin haber obtenido la autorización para enajenar los lotes del fraccionamiento,
la autoridad catastral municipal, hará la integración de un registro catastral provisional de dichos lotes, el
cual quedará sujeto a la regularización que se haga de conformidad con la Ley de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.
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ARTÍCULO 42.- Con base en los elementos físicos del predio y los datos obtenidos en el proceso
de registro y actualización, se elaborarán los planos catastrales que se requieran, mediante los
procedimientos técnicos que permitan la representación gráfica Catastral, como del levantamiento
topográfico en que se señalen las características físicas del predio, tales como tamaño, forma, posición,
uso (urbano o rustico), superficie, limites, linderos y colindancias para un conocimiento objetivo de las
áreas, el tipo de construcción y la superficie construida.
ARTÍCULO 43.- La Cédula Catastral constituirá la unidad de registro catastral y será emitida por
los Catastros con base en la información contenida en el Padrón Catastral.
ARTÍCULO 44.- La Cédula Catastral deberá contener la información siguiente:
I.- Clave Catastral del predio;
II.- Identificación del predio mediante método fotogramétrico y geodésico-topográfico, expresando
la naturaleza, uso de suelo, situación, ubicación, superficie, medidas y colindancias, cuadro de
construcción y demás datos que auxilien en su identificación. Si el predio es urbano, además deberá
contener, en su caso, la calle, número exterior e interior, edificio, número de piso, lote, manzana, colonia
o fraccionamiento, código postal, población y municipio;
III.- Folio Real Inmobiliario;
IV.- Datos del propietario o poseedor;
V.- Representación gráfica del predio;
VI.- La información que, en su caso, determinen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
legales o normativas aplicables y las que para tal efecto emitan, en el ámbito de su competencia, el
Consejo Técnico Catastral, el Instituto y, en su caso, los organismos nacionales relacionados con las
funciones catastrales.
En caso de que no sea posible contar con lo dispuesto en las fracciones IV y V de este artículo,
los Catastros deberán llevar a cabo el procedimiento que permita integrar dicha información a la Cédula
Catastral, conforme a las disposiciones que emitan las autoridades señaladas en el párrafo anterior, en el
ámbito de su competencia; y
VII.- Las cédulas catastrales o las bases de datos del Catastro podrán complementarse con datos
ambientales y sociales relativos a los inmuebles, inclusive de los servicios y de las personas relacionadas
con los mismos.
ARTÍCULO 45.- Los servidores públicos de las dependencias estatales o federales que
intervengan en la autorización de una subdivisión, fusión, división, lotificación, relotificación, constitución
de régimen por unidad en condominio horizontal, vertical y mixto y fraccionamiento que genere un nuevo
grupo de predios, deberán requerir a los solicitantes la Cédula Catastral de los predios involucrados, así
como informar de todo lo relativo con dichas autorizaciones a la oficina catastral competente, para inicio
del proceso de actualización y posterior inscripción de los nuevos bienes en el Padrón Catastral del
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 46.- Los Catastros llevarán a cabo la valuación y revaluación catastral, atendiendo a
los siguientes principios básicos:
I.- Podrá ser unitaria o masiva;
II.- Deberá tomar como base los valores de la superficie del predio, así como los valores de la
construcción que haya en el mismo, considerando el valor comercial;
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III.- La valuación se debe realizar conforme a la Norma Oficial Mexicana en esta materia, esta
Ley, su Reglamento y las disposiciones que emitan, en el ámbito de su competencia, el Consejo Técnico
Catastral, el Instituto y, en su caso, los organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales;
y
IV.- Se podrán generar los avalúos catastrales por predio, a petición de parte o de oficio, que
servirán de base para el cálculo del impuesto predial.
ARTÍCULO 47.- El proceso de actualización y las tablas de valores deberá comprender:
I.- La elaboración, revisión y aprobación de tablas de valores, conforme a lo previsto en esta Ley,
su Reglamento, disposiciones jurídicas aplicables y las demás que emitan, en el ámbito de su
competencia, el Consejo Técnico Catastral, el Instituto y, en su caso, los organismos nacionales
relacionados con las funciones catastrales;
II.- La valuación o modificación de los valores en el catastro y su notificación, la cual deberá
contemplar las actividades siguientes:
a) Definir las bases y criterios técnicos para su aplicación;
b) Actualizar los archivos del catastro referentes a la tabla de valores para suelo;
c) Actualizar el archivo del catastro referente a las tablas de valores de construcción;
d) Actualizar el padrón catastral con la información de las tablas de valores;
e) Actualizar la base de datos fiscal o predial con los nuevos valores; y
f) Notificar los nuevos valores catastrales que habrán de regir en el período que corresponda, y
III.- La emisión del avalúo de cada uno de los predios y sus construcciones y su incorporación en
el padrón catastral para su actualización permanente.
ARTÍCULO 48.- Todos los predios ubicados dentro del territorio de los municipios del Estado,
deberán ser objeto de avalúo conforme al proceso de actualización a las tablas de valores señalado en el
artículo anterior. Las autoridades competentes deberán determinar el Valor Catastral de cada inmueble,
con la aplicación de los Planos y Tablas Generales de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobada
por el Congreso del Estado.
ARTÍCULO 49.- Las autoridades catastrales municipales publicarán conforme a lo dispuesto por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, durante los meses de mayo
y junio, los planos y tablas generales de valores unitarios de terrenos y construcción por zonas homogéneas
y bandas de valor en zonas urbanas y, tratándose de predios rurales, atendiendo a su clase, categoría, y
superficie, a efecto de que los propietarios o poseedores de inmuebles puedan realizarle, por escrito y a más
tardar el treinta de junio, las observaciones que estimen pertinentes a las autoridades catastrales, quienes
deberán considerarlas al momento de presentar la propuesta de planos y tablas de valores al Ayuntamiento.
La propuesta de planos deberá elaborarse tomando en cuenta los servicios públicos y todos
aquellos elementos físicos, sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influya en el valor de los
predios y sus construcciones, obteniendo todos los datos de información necesarios para una correcta
definición de las zonas homogéneas y bandas de valor.
Los valores unitarios que propongan los Ayuntamientos, deberán ser análogos a los valores de
mercado al momento de elaborarse el estudio correspondiente.
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ARTÍCULO 50.- A más tardar el quince de julio del ejercicio fiscal correspondiente, las autoridades
catastrales presentarán al Ayuntamiento los planos y tablas generales de valores unitarios de suelo y
construcción que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los
términos del primer párrafo del artículo anterior. A su vez, el Ayuntamiento, a más tardar el treinta de agosto,
resolverá sobre la propuesta de planos y tablas de valores que presentará al Congreso del Estado para su
aprobación antes del veinte de septiembre, las cuales regirán en el ejercicio fiscal siguiente al en que se
aprueben.
El Congreso del Estado deberá aprobar los planos y tablas a que se refiere el párrafo anterior, a más
tardar el día diez de octubre del año anterior al en que estarán vigentes, pudiendo asesorarse del Instituto
para el estudio y análisis de los mismos.
ARTÍCULO 51.- En caso de que al terminar el ejercicio fiscal de su vigencia, no se expidieren
nuevos planos y tablas de valores, continuarán vigentes los anteriores y sus valores se incrementarán a
partir del primero de enero de cada año, con el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios
al Consumidor, del mes de noviembre del año inmediato anterior a aquél por el que se efectúe el cálculo
entre el citado índice correspondiente al mes de diciembre del segundo año inmediato anterior al de dicho
cálculo.
ARTÍCULO 52.- Una vez aprobados los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción
por el Congreso del Estado, los mandará publicar, sin costo para los ayuntamientos, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, a efecto de que entren en vigor para el ejercicio fiscal siguiente al correspondiente al
año en que fueron aprobados.
Los planos y tablas de valores aprobados por el Congreso del Estado, publicados en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado, serán de observancia obligatoria en el ejercicio fiscal para el que se formularon.
Los Ayuntamientos procederán a efectuar el avalúo de los predios y a cuantificar el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria a cargo de los propietarios o poseedores de inmuebles en sus
respectivos municipios, con base en los planos y tablas de valores unitarios aprobados por el Congreso y las
tarifas establecidas en sus respectivas Leyes de ingresos.
ARTÍCULO 53.- El valor catastral podrá ser provisional o definitivo; en ambos casos, el valor
surtirá sus efectos a partir del día siguiente a aquél en que fuere fijado.
ARTÍCULO 54.- El valor catastral de los predios y sus construcciones deberá actualizarse en los
siguientes casos:
I.- Cuando el valor del predio tenga una antigüedad de más de un año;
II.- Cuando en el predio se realicen construcciones, remodelaciones, ampliaciones y/o
demoliciones de las construcciones ya existentes;
III.- Cuando la totalidad o parte del predio y su construcción, sea objeto de traslado de dominio u
otra causa que modifique su régimen jurídico;
IV.- Cuando el predio sufra un cambio físico que afecte notoriamente el valor;
V.- Cuando teniendo un Valor Catastral provisional se le formule avalúo determinado
técnicamente tendiente a la fijación de su valor catastral definitivo;
VI.- Cuando por la ejecución de obras públicas o privadas se altere el valor de los predios; y
VII.- A solicitud del propietario o poseedor del predio, cumpliendo los requisitos que establezcan
los Reglamentos respectivos.
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ARTÍCULO 55.- La valuación catastral, ya sea provisional o definitiva, se hará separadamente
para el predio y sus construcciones. La suma de los valores resultantes será el Valor Catastral aplicable.
ARTÍCULO 56.- Se considera que el Valor Catastral es provisional:
I.- Cuando se le aplique a un predio y a sus construcciones o edificaciones que no está
matriculado;
II.- Cuando se le otorgue a un predio que se subdivida;
III.- Cuando se otorgue a un predio resultante de la fusión de dos o más; y
IV.- Cuando no se disponga de elementos técnicos y se le aplique administrativamente.
ARTÍCULO 57.- Tratándose de predios no registrados y en aquellos casos en que no se pueda
determinar el Valor Catastral aplicable al predio, las autoridades catastrales, con base en los elementos
de que dispongan, determinará un valor provisional, asignando un valor al terreno y a las construcciones
si las hubiere, lo más aproximado posible al que sería su Valor Catastral.
ARTÍCULO 58.- En el caso de un predio no registrado por causa imputable al propietario o
poseedor, el valor provisional surtirá efectos desde la fecha en que debió haber efectuado el registro sin
exceder de cinco años.
ARTÍCULO 59.- Mientras se practica la valuación correspondiente a cada porción del predio
subdividida, se tendrá provisionalmente como Valor Catastral para cada una de esas porciones, la parte
proporcional del total del predio, incluyendo superficies de terreno y construcción.
ARTÍCULO 60.- En caso de fusión de dos o más predios en uno solo, el Valor Catastral provisional
será la suma de los valores catastrales de las superficies de terreno y construcción de los predios
fusionados.
ARTÍCULO 61.- El Valor Catastral será definitivo cuando se efectúe el avalúo de los predios, por
las autoridades catastrales, en los términos de esta Ley.
ARTÍCULO 62.- Las autoridades catastrales efectuarán la valuación catastral de la totalidad del
predio, en los casos de traslación de dominio o de terminación de nuevas construcciones. Tratándose de
ampliación de la construcción, únicamente se valuarán las ampliaciones, sumándose este valor al de las
construcciones ya existentes. En ambos casos, se aplicarán los valores aprobados en la fecha de la
traslación de dominio, de terminación de las obras, o de su ocupación sin estar terminadas.
ARTÍCULO 63.- Las valuaciones catastrales se harán conforme a las disposiciones de este
Capítulo y a los instructivos que al efecto se expidan, los que se publicarán en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
La autoridad catastral municipal, para las valuaciones, podrá ordenar la práctica de visitas
domiciliarias mismas que estarán a cargo de analistas valuadores, quienes se identificarán con credencial
oficial.
ARTÍCULO 64.- Los analistas valuadores deberán presentarse en horas y días hábiles en el
predio que deba ser objeto de la valuación, mostrando para ello la identificación correspondiente. Si los
ocupantes se opusieran en cualquier forma a la valuación, ésta se hará administrativamente con base en
los elementos de que se disponga y sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 65.- Los propietarios o poseedores de predios, podrán recurrir mediante los medios
de impugnación que establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, la fijación
39
del Valor Catastral definitivo, siempre y cuando se argumente, en relación al avalúo, alguna de las razones
siguientes:
I.- Error en las medidas tomadas como base;
II.- Inexacta aplicación de las tablas de valores; y
III.- Asignación de una extensión mayor o clase y tipo diverso de las que efectivamente tenga el
predio.
ARTÍCULO 66.- Para la mejor valorización de los predios en particular, la autoridad catastral
municipal tendrá además las siguientes facultades:
I.- Revisar y confrontar las manifestaciones o avisos presentados por los propietarios o
poseedores de predios, con los datos que obren en su poder;
II.- Solicitar los informes que estime necesarios de las oficinas públicas; y
III.- Calificar las manifestaciones o avisos y exigir a los interesados que las aclaren, comprueben
o ratifiquen cuando sea necesario.
ARTÍCULO 67.- Los sistemas de gestión y de información de los catastros se basarán en la
Cédula Catastral y conforme a la misma, se emitirán los documentos previstos en esta Ley, su Reglamento
y demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 68.- El proceso de consulta al Padrón Catastral podrán solicitarlo los propietarios o
poseedores, en cualquier momento, siempre que se realice sobre un predio determinado y se cuente con
la información correspondiente al nombre del propietario o poseedor, en su caso, Clave Catastral o su
ubicación.
ARTÍCULO 69.- Para el cumplimiento de sus funciones, los Catastros podrán auxiliarse de lo
siguiente:
I.- Administración de Trámite;
II.- Cartografía;
III.- Inspección;
IV.- Conservación; y
V.- De los elementos y actividades previstos en esta Ley, su Reglamento, disposiciones jurídicas
aplicables y las disposiciones que emitan, en el ámbito de su competencia, el Consejo Técnico Catastral,
el Instituto y, en su caso, los organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS CATASTRALES
ARTÍCULO 70.- Todo propietario o poseedor de bienes inmuebles ubicados en la Entidad o sus
representantes legales, tienen la obligación de manifestarlos en los plazos establecidos en esta Ley y en
el Reglamento respectivo, en las formas oficiales que para el caso aprueben las autoridades catastrales.
Los propietarios, inquilinos, o cualquiera otra persona encargada de un predio, están obligados a
proporcionar al personal de Catastro debidamente autorizado para tal efecto, los datos o informes que les
soliciten, así como permitirle el acceso al interior de los mismos, y dar toda clase de facilidades para la
localización de los predios, levantamiento de los planos y demás operaciones catastrales.
40
Los propietarios, poseedores o sus representantes, están obligados a manifestar a la autoridad
catastral municipal, cualquier modificación que se haga a los elementos que caracterizan al predio, tales
como construcciones, reconstrucciones, ampliaciones, fusión o subdivisión de predios o cualquier otra
contemplada por esta Ley, dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que
se hubiere realizado la modificación.
ARTÍCULO 71.- Los Notarios Públicos, Jueces o cualesquier otro funcionario que tengan fe
pública, que intervengan en el otorgamiento de contratos o cualquier acto jurídico mediante el cual se
trasmita o modifique el dominio directo de un predio, tienen la obligación de manifestar por escrito a la
autoridad catastral municipal, en las formas oficiales respectivas, el tipo de operaciones que con su
intervención, se realicen sobre los predios, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha de los
contratos, disposiciones, o convenios en que intervengan o previamente a la autorización de la escritura
correspondiente, si ésta es anterior.
Tratándose de particulares cuyas operaciones consten en documentos privados, los avisos a que
se refiere el párrafo anterior, deberán presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha
de la operación respectiva.
ARTÍCULO 72.- Todas las autoridades, dependencias o instituciones que intervengan o den
autorización en aspectos que por cualquier motivo modifiquen las características de la propiedad raíz o
de un predio en particular, están obligadas a manifestarlas a la autoridad catastral municipal, dentro de
un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que intervinieron o autorizaron la
modificación de elementos que caractericen al predio.
Toda persona física o moral que lleve a cabo la elaboración de productos fotogramétricos en el territorio
del Estado, estará obligado a proporcionar a las autoridades catastrales, una copia de los mismos.
ARTÍCULO 73.- Las autoridades que intervengan en la autorización de fraccionamientos, están
obligados a informar todo lo relativo a los mismos, remitiendo una copia de los planos a la autoridad
catastral municipal.
Además del procedimiento que deberán cumplir los fraccionadores en los términos de la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, tienen la obligación de manifestar a
la autoridad catastral municipal todas las operaciones que impliquen la modificación del dominio de lotes
que formen parte del fraccionamiento, remitiendo copias de los contratos que den origen a tal
modificación.
ARTÍCULO 74.- Las manifestaciones y avisos que deben ser presentados en los términos de esta
Ley y su Reglamento, deberán hacerse en las formas que aprueben las autoridades catastrales, y
acompañar los documentos o planos que se exigen en las mismas.
No se eximen de la obligación anterior, a los propietarios o poseedores de predios, que por
disposición de la Ley respectiva, estén exentos del pago de contribuciones a la propiedad inmobiliaria.
Cuando en las manifestaciones o avisos no se expresen los datos o no se acompañen los
documentos o planos también requeridos, la autoridad catastral municipal dará un plazo de 15 días para
que se corrija la omisión, que se contará a partir de la fecha en que los interesados reciban el
requerimiento.
Si transcurrido dicho plazo, no se expresan los datos o se presentan los documentos o planos a
que se refiere el párrafo anterior, la autoridad catastral, tendrá por no presentadas las manifestaciones o
avisos, sin perjuicio de imponer al infractor las sanciones que procedan.
ARTÍCULO 75.- La autoridad catastral municipal expedirá copias certificadas de los planos y
demás documentos que se le soliciten, relacionados con los predios, previo pago de los derechos
correspondientes.
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TÍTULO TERCERO
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
Y DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 76.- El Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, es la Instancia a través
de la cual el Poder Ejecutivo del Estado, cumple la función registral de dar publicidad registral a la situación
jurídica de los actos objeto de inscripción, que conforme a la Ley requieran de dicha publicidad para surtir
efectos contra terceros.
ARTÍCULO 77.- El servicio de publicidad registral, será por conducto de la Dirección General de
Servicios Registrales o de las Oficinas registrales establecidas en el Estado, conforme lo determina esta Ley
y su Reglamento.
El Registro Público otorga publicidad a la situación jurídica que presentan los bienes y derechos,
inscritos o anotados, en los Folios Electrónicos correspondientes, según la naturaleza de la inscripción o
anotación.
ARTÍCULO 78.- Adicionalmente a los glosarios de términos señalados en los artículos 3 y 16 de
esta Ley, deberá entenderse por:
I.- Registro Público.- El Registro Público de la Propiedad en el Estado de Sonora;
II.- Oficina Registral.- la Oficina del Registro Público que corresponda a los municipios de su
circunscripción territorial;
III.- Registrador.- Es el servidor público encargado del ejercicio de la función registral que
originariamente corresponde al poder ejecutivo del Estado mediante la aplicación de la fe pública registral;
IV.- Datos Registrales.- Los atributos que se especifican en la Cédula Única Catastral y Registral
prevista en esta Ley, los cuales tienen como finalidad la identificación, ubicación, titularidad, situación
jurídica, características, linderos y colindancias del predio, asociado a un Folio Real Inmobiliario o a los
atributos de la personalidad, asociados a un Folio de Persona Moral;
V.- Inscripción.- El acto administrativo registral de inscripción, mediante el cual se anota en el
Folio Electrónico, la operación registral objeto de trámite y se archiva en la Base de Datos de la Plataforma
Estatal del Sistema Catastral y Registral, que puede ser de anotación, cancelación, rectificación de error
material o de concepto o enmienda, relacionado o derivado de aquellos actos, hechos o situaciones
jurídicas concretas, que requieren de inscripción y en su caso, de publicidad registral, a través de los
Folios Electrónicos que establecen esta Ley y su Reglamento para darle publicidad de manera transitoria
a dichos actos, hechos o situaciones jurídicas concretas;
VI.- Solicitante.- La persona que haya solicitado un servicio o la iniciación de un procedimiento
registral;
VII.- Terceros.- Son terceros para efectos registrales, las personas físicas o jurídicas colectivas
susceptibles de adquirir derechos y obligaciones que sin haber intervenido en un acto, hecho o situación
jurídica concreta sujeta a publicidad registral, posteriormente entran en algún tipo de relación jurídica con
alguno o algunos de los intervinientes en dichos eventos jurídicos, respecto de la cosa, derecho u
obligación que es materia de los mismos.
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VIII.- Folio Real Inmobiliario.- Es el expediente electrónico y digital que contiene la información
registral referida a bienes, actos jurídicos, derechos, obligaciones o situaciones jurídicas concretas, el cual
constituye una unidad registral con historial jurídico propio, identificado con una clave en los términos que
establece el Reglamento. Cuando el expediente electrónico se refiera a un inmueble, se le denomina Folio
Real Inmobiliario, el cual contiene toda la información registral referida a un predio, relativa a su
identificación precisa, titularidad, gravámenes y demás anotaciones relacionadas con la misma;
IX.- Acervo Registral.- Libros, apéndices e índices, sus imágenes, documentos físicos o
electrónicos, extractos o contenidos capturados o digitalizados, sus respaldos, Folios Electrónicos y base
de datos;
X.- Sistema Informático Registral.- Es el procedimiento informático mediante el cual se realiza
integralmente la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, manejo, consulta, reproducción,
verificación y transmisión de la información contenida en el acervo registral; y
XI.- Boletín Registral.- Es un servicio mediante el cual el Instituto, y sus Oficinas registrales en el
Estado, notifica sobre el estado de situación que presentan los tramites ingresados por los solicitantes por
ventanilla o de manera electrónica, así como de la emisión de Oficios, circulares, edictos, referentes al
marco de atribuciones del Instituto, y en su caso las resoluciones a los recursos de inconformidad que
sean interpuestos por los solicitantes de los servicios, mismo que se publica y difunde a través de los
medios oficiales que para ello establezca el Instituto.
ARTÍCULO 79.- En el ejercicio de la función registral se aplicarán los principios registrales, los
cuales son los lineamientos básicos que rigen la función registral de inscripción, el procedimiento y la
organización del Registro Público y derivan de los instrumentos jurídicos que lo regulan. Son principios
registrales los siguientes:
I.- Publicidad.- En virtud de este principio cualquier persona tiene el derecho a acceder a la
información pública contenida en los Folios Electrónicos, mediante los procedimientos y sistemas de
información establecidos en esta Ley y su Reglamento, cumpliendo con las formalidades y requisitos que
la normatividad registral establece. No se requiere tener interés jurídico para poder consultar dicha
información pública;
II.- Inscripción.- De acuerdo con el principio de inscripción, cuando conforme a la Ley algún acto
deba inscribirse en el registro, su inscripción en la Oficina Registral correspondiente será bastante para
que surta sus efectos contra terceros. Los títulos que conforme a esta Ley sean registrables y no se
registren, no producirán efectos en perjuicio de terceros;
III.- Especialidad o Determinación.- Con base en este principio, el registro otorga información
completa sobre lo que es materia de la publicidad registral, en la forma en que se establece en el
Reglamento;
IV.- Consentimiento.- Consiste en la necesidad de la expresión de la voluntad, acreditada
fehacientemente, de quien aparece inscrito como beneficiario de un asiento, a efecto de que se modifique
o cancele la inscripción que le beneficia, salvo disposición legal o reglamentaria o bien, resolución judicial
o administrativa, en contrario;
V.- Tracto Sucesivo.- Es el encadenamiento ininterrumpido de inscripciones, sobre una misma
unidad registral, que se da desde su primera inscripción, lo que significa que para inscribir o anotar
cualquier título deberá constar previamente inscrito el derecho de la persona que otorgó aquel o de la que
vaya a resultar afectada por la inscripción, a no ser que se trate de una inscripción de inmatriculación
judicial o administrativa.
En virtud de este principio, los asientos registrales deben correlacionarse de tal forma que entre
uno y otro no pueda existir solución de continuidad o contradicción, evitando la duplicidad de Folios
Electrónicos o anotaciones registrales;
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VI.- Rogación.- En virtud de este principio la inscripción de los documentos, servicios y productos
que presta el Instituto, podrá solicitarse de manera presencial en ventanilla o en su caso de manera
electrónica, mediante el procedimiento establecido, por quien tenga interés legítimo en ella;
VII.- Prelación.- En materia registral la Prelación entre derechos sobre dos o más actos que se
refieran a un mismo Folio Real Inmobiliario, se determinará por el número de control que otorgue el
registro, el cual se basará en el día, hora, minuto y segundo de su presentación ante la oficina de recepción
de documentos, independientemente de la fecha de la constitución o celebración del acto contenido en el
o los documentos que se presenten;
VIII.- Legalidad o Calificación Registral.- Consiste en la función atribuida al registrador, para
examinar cada uno de los documentos que se presenten para su inscripción y para determinar no solo si
es de los documentos susceptibles de inscribirse, sino también si el acto que contiene satisface los
requisitos exigidos por Ley, a fin de proceder en caso afirmativo a llevar a cabo la inscripción solicitada o,
en caso contrario, a suspenderla si el documento tiene defectos subsanables o denegarla si los defectos
son insubsanables;
IX.- Legitimación.- En virtud de este principio, prevalece lo inscrito frente a lo real, mientras no se
pruebe su inexactitud;
X.- Fe Pública Registral.- Por este principio se presume, salvo prueba en contrario, que el derecho
inscrito en el registro existe y pertenece a su titular en la forma expresada en los Folios Electrónicos. De
igual forma, se presume que el titular de una inscripción de posesión, tiene la posesión del inmueble
inscrito; y
XI.- Los demás que se desprendan de la normatividad jurídica relacionada con las funciones y
servicios registrales.
ARTÍCULO 80.- Las Oficinas registrales deberán cumplir los procesos que se establecen en esta
Ley y su Reglamento. Enunciativamente, son procesos registrales los siguientes:
I.- Proceso de Certificación.- Es aquel mediante el cual se obtienen las constancias de las
inscripciones y anotaciones existentes en los Folios Electrónicos. Dicho proceso deberá cumplir, además
de lo señalado en esta Ley y su Reglamento, con las fases siguientes:
a) Recepción de la solicitud de certificación;
b) Emisión de la certificación cuando se cuenta con la información solicitada; y
c) Entrega de la certificación o constancia solicitada.
II.- Proceso de Consulta.- Es aquel que permite a cualquier persona acceder a la información que
se encuentra en los folios electrónicos.
III.- Proceso de Conservación del Acervo Digital.- Es aquel a través del cual se resguarda, asegura
y preserva el archivo y documentación soporte de los asientos en los Folios Electrónicos; y
IV.- Proceso de Inscripción.- Es la ejecución del procedimiento establecido mediante el cual se
realiza la recepción, registro, clasificación y envió automático de la documentación ingresada por los
usuarios para su calificación, aceptación, suspensión y/o rechazo e inscripción en el Folio Real
Inmobiliario, registro en base de datos y emisión de la constancia de inscripción correspondiente para su
posterior entrega al solicitante.
ARTÍCULO 81.- La inscripción de los actos o contratos en el Registro, tiene efectos declarativos,
salvo los casos de excepción que señale esta Ley y demás Leyes aplicables.
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La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos o carezcan de efectos legales con
arreglo a las Leyes.
ARTÍCULO 82.- Los efectos de la publicidad registral y los de su omisión, en su caso, serán los
derivados de los ordenamientos procesales o sustantivos que prevean dicha publicidad registral. En todo
caso, Los documentos que conforme a la Ley sean registrables y no se registren, sólo producirán efectos
entre quienes los otorguen, pero no podrán producir efectos en perjuicio de terceros, los cuales sí podrán
aprovecharlos en cuanto les fueren favorables. En cuanto a adquirentes a título gratuito, salvo disposición
legal en contrario, gozarán de la misma protección registral que la que tuviere su causante o transferente.
ARTÍCULO 83.- El derecho registrado se presume que existe y que pertenece a su titular en la
forma expresada en el Folio Real Inmobiliario y asiento respectivo. Se presume también que el titular de
una inscripción de dominio o de posesión, tiene la posesión del inmueble inscrito.
ARTÍCULO 84.- No podrá ejercitarse acción contradictoria del dominio del inmueble o derechos
reales sobre el mismo o de otros derechos inscritos o anotados a favor de persona o Entidad determinada,
sin que previa o concomitantemente, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en
que conste dicho dominio o derecho.
ARTÍCULO 85.- Todo lo inscrito o anotado goza de la presunción de autenticidad, veracidad,
legalidad y exactitud, salvo prueba en contrario.
Las inscripciones, anotaciones y asientos, en cuanto se refieran a derechos inscribibles o
anotables, producen todos sus efectos en tanto los tribunales judiciales o administrativos, en el ámbito de
su competencia, no declaren su falsedad o nulidad o decreten su cancelación o suspensión. Los errores
materiales o de concepto, se rectificarán en términos de esta Ley y de su Reglamento.
ARTÍCULO 86.- Las notificaciones surtirán efectos legales el día siguiente de efectuadas
mediante publicación de la determinación correspondiente en el Boletín. Todas las notificaciones, para
surtir efectos deberán realizarse a través del Boletín, aún en los casos de trámites registrales iniciados
por vía electrónica o por el Escritorio Notarial. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad registral realice
comunicaciones a los interesados, a través de medios electrónicos.
Todas las resoluciones o acuerdos que se relacionen con procedimientos registrales, deberán ser
publicadas en el Boletín, para surtir efectos en relación a los interesados que hubieren iniciado dichos
procedimientos.
ARTÍCULO 87.- Los términos legales, en su caso, comenzarán a contar el día siguiente a aquel
en que surtan efectos las notificaciones y si el último día fuere inhábil, vencerán el día hábil siguiente.
Para efectos registrales, son días inhábiles, los cuales, salvo disposición en contrario, no se contarán en
los términos, los que lo sean conforme a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, y
aquellos en que la Oficina Registral no haya abierto al público.
Los plazos o términos para la realización de un acto registral son perentorios. El incumplimiento
de las cargas u obligaciones sujetas a dichos términos, produce la pérdida de los derechos
correspondientes. Podrán cumplirse a través del Escritorio Notarial las cargas u obligaciones derivadas
de procedimientos registrales, sujetas a plazos o términos.
ARTÍCULO 88.- Los servicios y la publicidad registral se proporcionarán previo pago de los
derechos correspondientes, conforme a la Ley de Hacienda y dentro de su marco, conforme a los
procedimientos que establezca el Reglamento. Los pagos antes señalados, serán también obligatorios
para el interesado, en los casos en que la información o servicio registral sean solicitados por conducto
de autoridad judicial o administrativa, si tal información está catalogada como generadora de derechos a
favor del erario público, en la Ley de Hacienda.
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ARTÍCULO 89.- La seguridad jurídica es una garantía institucional registral, la cual se basa en un
título auténtico generador de la certeza del derecho, su publicidad y en su aplicación, misma que se otorga
a partir de la materialización de su inscripción o anotación registral en el Folio Real Inmobiliario. Por lo
tanto, el Registrador realizará siempre la inscripción o anotación de los documentos que se le presenten.
Las causas de suspensión o denegación se aplicarán de manera estricta, por lo que sólo podrá
suspenderse o denegarse una inscripción o anotación, en los casos de excepción que señala esta Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO
ARTÍCULO 90.- Son autoridades registrales en el Estado:
I.- El Vocal Ejecutivo del Instituto Catastral y Registral del Estado;
II.- El Director General de Servicios Registrales del Instituto;
III.- Los Registradores.
ARTÍCULO 91.- Para ser Vocal Ejecutivo, Director, Registrador Titular o Calificador Registral, se
requiere:
I.- Ser Licenciado en Derecho o Abogado, con experiencia mínima de tres años en el ejercicio
profesional;
II.- Ser ciudadano mexicano;
III.- Tener veinticinco años cumplidos en el momento de su designación, salvo el Vocal Ejecutivo,
el cual deberá tener treinta años cumplidos en dicho momento;
IV.- No encontrarse inhabilitado para desempeñar el cargo;
V.- No pertenecer, como ministro, a algún culto religioso; y
VI.- No haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena corporal.
ARTÍCULO 92.- Los Registradores serán nombrados por el Director General, previo acuerdo con
el Vocal Ejecutivo.
ARTÍCULO 93.- Las funciones encomendadas a los servidores públicos del Registro Público, se
regirán por esta Ley y su Reglamento, así como por el Reglamento Interior del Instituto, los manuales de
organización, de procedimientos y del Sistema Informático Registral, así como por las directrices emitidas
por el Vocal Ejecutivo, por el Director General de Servicios Registrales, en el ámbito de sus atribuciones
legales y por otras disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 94.- El Vocal Ejecutivo tendrá la representación del Instituto, en el ámbito de su
competencia y jurisdicción, en los procedimientos judiciales o administrativos, donde tenga intervención
en que la institución sea parte. Cuando dichos asuntos tengan relación con los servicios registrales
prestados por el Instituto, la representación corresponderá al Director General. Si los procedimientos
judiciales o administrativos tienen relación con actos administrativos realizados en una oficina registral en
particular, la representación del Instituto, para dichos procedimientos, corresponderá al Director General
y al Registrador, indistintamente.
ARTÍCULO 95.- El Vocal Ejecutivo y el Director General de Servicios Registrales cuidarán de la
actualización permanente de los procedimientos registrales, en base al Sistema Registral de Folios
Electrónicos, y deberán procurar la efectiva interoperabilidad técnica, operativa y jurídica entre las oficinas
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respectivas, registrales, catastrales y otras dependencias e instituciones, con el objeto de consolidar la
administración territorial, gestión operativa registral y catastral en el Estado.
El Instituto podrá celebrar y ejecutar los convenios y acuerdos de coordinación con dependencias
o Entidades federales, estatales o municipales, así como con organizaciones vinculadas con los servicios
registrales, relacionados con la función registral.
ARTÍCULO 96.- El Instituto deberá emitir y difundir a través de su portal oficial en internet, criterios
y lineamientos que permitan la unificación y homologación en la prestación de los servicios y la atención
de los trámites en las oficinas registrales del Estado.
ARTÍCULO 97.- El Vocal Ejecutivo y el Director General ejercerán la Fe Pública Registral respecto
de información contenida en el Sistema de Información Registral y tendrán las facultades relacionadas
con el Registro Público de la Propiedad, que les otorguen esta Ley y su Reglamento. Asimismo, podrán
certificar o emitir información obtenida de las bases de datos del Instituto, cuando sean requeridos por
autoridades competentes para tales efectos, para lo cual podrán hacer uso de Firma Electrónica en
términos de la Ley Sobre el Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora o de firma
autógrafa, en los casos previstos en dicha Ley y cuando en virtud de sus funciones públicas en el ámbito
de su competencia, sean necesarias tales certificaciones o emisiones de información.
ARTÍCULO 98.- El Instituto establecerá sistemas y procedimientos para la autenticación de
escrituras, títulos y otros documentos que en forma física se presenten para su inscripción. Los sistemas
y procedimientos que para los efectos señalados en esta fracción, se implementen por el Instituto, serán
regulados por el Reglamento y en los casos previstos por éste, mediante directrices que emita el propio
Instituto, por conducto del Vocal Ejecutivo y el Director General de Servicios Registrales. Dichas
directrices deberán publicarse para conocimiento de usuarios, interesados y público en general, en el
portal de internet del Instituto, en la forma y términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
ARTÍCULO 99.- El Vocal Ejecutivo se coordinará con la Dirección General de Notarías del Estado,
para llevar en el Instituto un padrón actualizado de los notarios públicos en funciones, al cual tendrán
acceso la Dirección General de Servicios Registrales y las oficinas registrales. El Instituto y la Dirección
General de Notarías del Estado se coordinarán y establecerán los mecanismos para la validación del
padrón en forma permanente.
ARTÍCULO 100.- Para ejercer la Fe Pública Registral y cumplir con la función de publicidad y de
emisión de información registral, los Registradores, en el ámbito de su competencia, deberán:
I.- Realizar el proceso de inscripción de los títulos y documentos inscribibles y anotables que
ingresan al Registro en los Folios Electrónicos respectivos, de conformidad con esta Ley, su Reglamento,
ordenamientos legales aplicables y en su caso, los lineamientos, criterios y circulares que para el efecto
se emitan por autoridad responsable;
II.- Examinar y calificar los documentos y autorizar con su Firma Electrónica Avanzada o
autógrafa, en su caso, todos los asientos, conforme a esta Ley y su Reglamento;
III.- Permitir a las personas que lo soliciten, la realización de consultas sobre el contenido de los
Folios Electrónicos, en lo relacionado con lo que es objeto y materia de la publicidad registral, aun cuando
se encuentren en situación de inmovilidad, restricción o salvaguarda, ordenada por autoridad judicial o
administrativa;
IV.- Expedir constancias o certificaciones relativos a:
a) Inscripción o no inscripción en los Folios Electrónicos, respecto de bienes, personas morales y
otros conceptos sujetos a publicidad registral, conforme a esta Ley, su Reglamento, y demás Leyes
aplicables;
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b) Las inscripciones y asientos contenidos en los Folios Electrónicos; y
c) Las demás que de acuerdo a esta Ley y su Reglamento deban expedirse.
V.- Atender los procesos de consulta, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, de
modo que cualquier persona tenga acceso a la información contenida en los Folios Electrónicos de la
base de datos del Sistema Informático Registral, cuidando de no proporcionar información no sujeta a
publicidad, reservada para interesados determinados por las normas legales;
VI.- Llevar a cabo, la reposición y/o restauración permanente del Acervo Registral que esté
deteriorado, extraviado o destruido, conforme al procedimiento que para tales efectos se establezca en el
Reglamento;
VII.- Atender y resolver las solicitudes de rectificación, reposición y cancelación de inscripciones
o asientos, respecto a la información que obre en los Folios Electrónicos, conforme a los procedimientos
que se establecen en el Reglamento;
VIII.- Conocer y resolver sobre las solicitudes de migración de información del Sistema Informático
Registral anterior al de sistemas registrales anteriores al de Folios Electrónicos, establecido y regulado
por esta Ley, a fin de proceder a su actualización para su utilización en la operación institucional mediante
la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral;
IX.- Conocer y en su caso ordenar, de conformidad con esta Ley y su Reglamento, la suspensión
temporal de Folios Electrónicos, cuando se detecten posibles errores o controversias relacionadas con
los mismos. En este caso se anotará la suspensión y en su caso reanudación, en el propio Folio
Electrónico. Las anotaciones o asientos que sean procedentes con posterioridad a la nota de suspensión,
se practicarán y sus efectos, incluido el de Prelación, quedarán sujetos a dicha suspensión, sea que la
misma se convierta en definitiva o se produzca el cierre del Folio Electrónico, o éste sea reanudado, como
consecuencia de los procedimientos correspondientes;
X.- Publicar por medio del Boletín Registral a los solicitantes de servicios registrales, de
conformidad con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, solo será sujeto de publicidad registral
aquello que se encuentre contenido en los Folios Electrónicos;
XI.- Verificar que en los documentos relacionados con los procedimientos registrales, se haya
hecho constar, bajo la responsabilidad en términos de legalidad y cuantía, de la autoridad, fedatario
público y de los sujetos obligados y responsables solidarios, según el caso, que se cumplieron las
obligaciones fiscales correspondientes;
XII.- Solicitar o proporcionar información a las dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal, sobre datos y documentos, cuando dicha información se considere
necesaria para el ejercicio de las funciones registrales en el Estado o de las funciones inherentes a dichas
dependencias y Entidades.
XIII.- Dar aviso inmediato a la Dirección General de Servicios Registrales y a Vocalía Ejecutiva,
cuando tenga conocimiento de hechos que puedan ser causa de responsabilidades administrativas,
delitos o de cualquier otra naturaleza. En estos casos, en un término de diez días hábiles, el Director
General de Servicios Registrales deberá instruir por escrito al Registrador, sobre las acciones que
procedan en relación a tales hechos.
XIV.- Certificar, conforme al procedimiento y requisitos establecidos en el Reglamento y con base
en la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral, que un bien determinado no está inscrito en
la Oficina Registral correspondiente;
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XV.- Recibir y dar trámite a los recursos administrativos de inconformidad o revocación registrales
que se interpongan por los usuarios en la oficina a su cargo, en los términos de esta Ley y su Reglamento;
y
XVI.- Las demás que le sean conferidas por éste u otros ordenamientos.
ARTÍCULO 101.- La publicidad de las inscripciones asentadas en los Folios Electrónicos, se
constituirá en la oficina correspondiente a la ubicación del predio y en su caso en el domicilio de la persona
moral o bien, en la oficina de la circunscripción donde se trámite el procedimiento judicial o administrativo
del que deriva la misma.
ARTÍCULO 102.- El Registrador deberá remitir al Vocal Ejecutivo y al Director General, la
información que le soliciten, relacionada con su función.
ARTÍCULO 103.- En los casos en que el Registrador haya tenido conocimiento de hechos que
puedan ser causa de responsabilidades legales a cargo de servidores públicos o de usuarios,
relacionados con las funciones catastrales o registrales, previa instrucción del Director General en
términos de la fracción XIII del artículo 100, deberá hacer del conocimiento tales hechos a la Secretaría
de la Contraloría del Estado y, en su caso, presentará la denuncia ante el Ministerio Público en un término
máximo de quince días hábiles, contados a partir de la señalada instrucción, para que se inicien los
procedimientos correspondientes, tendentes a la determinación de responsabilidades legales.
CAPÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA INFORMÁTICO REGISTRAL
ARTÍCULO 104.- En el Estado la publicidad registral se llevará a cabo conforme a esta Ley y su
Reglamento, con base en el Sistema Registral de Folios Electrónicos, en los cuales se concentra toda la
información relativa a las unidades registrales que conforme a la naturaleza del folio correspondiente, se
señalan en esta Ley.
A través del Folio Electrónico se crea un historial jurídico propio y único, que arroja en un mismo
documento electrónico y momento de consulta, la evolución del folio real a partir de su creación.
ARTÍCULO 105.- Los Folios Electrónicos serán el documento base para la anotación de las
inscripciones sobre los bienes inmuebles, muebles y de personas morales, considerando al predio como
la base para registro y en ellos se aplicarán los procedimientos registrales establecidos y regulados en el
capítulo quinto de esta Ley y su Reglamento.
Dichos procedimientos registrales se llevarán a cabo conforme a un sistema informático integral,
en los términos de los artículos siguientes.
ARTÍCULO 106.- El Registro Público deberá operar con un Sistema Informático Registral,
mediante el cual se realice integralmente la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta,
reproducción, verificación y transmisión de la información contenida en su Base de Datos sobre el acervo
registral físico e informático, en los términos del Reglamento, en el cual se establecerán y regularán los
elementos de tecnología y aplicativos que deberá contener para la ejecución de las funciones
encomendadas al Instituto, por la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 107.- La información almacenada en el Sistema Informático Registral y los archivos
complementarios necesarios, será utilizada para inscribir, asentar, anotar, cancelar, verificar, rectificar,
validar y reponer los asientos registrales, así como para expedir certificados, copias certificadas y
constancias de los mismos.
ARTÍCULO 108.- El Sistema Informático Registral deberá permitir un control de gestión, a través
del cual se incorpore, ordene, archive y consulte la información sobre los trámites y servicios que presta
el Registro Público, desde su ingreso hasta su conclusión, lo que deberá reflejarse en los certificados y
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constancias que se expidan. Dicho sistema de gestión se llevará a cabo conforme a los procedimientos
establecidos en el Reglamento.
ARTÍCULO 109.- La función registral se apoyará en la integridad de la Base de Datos del Sistema
Informático Registral, para lo cual se procederá a su validación periódica mediante los archivos de
validación sustentados en el Sistema Informático, a través de la compilación de los algoritmos necesarios
que permitan la validación automática de las firmas digitales habilitadas a los funcionarios responsables
de la prestación de los servicios registrales, a fin de que no se pueda realizar ninguna modificación,
eliminación, falsificación de la información contenida en la Base de Datos, sino de acuerdo a los
procedimientos establecidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 110.- El Registrador practicará las inscripciones, asientos y anotaciones registrales,
a través del Sistema Informático Registral y los autorizará con su Firma Electrónica Avanzada, al igual
que todo documento que emita, circunstancia que se publicará en el Boletín.
ARTÍCULO 111.- Cuando mediando error de concepto o error material, indebidamente o fuera del
procedimiento conforme a esta Ley y su Reglamento, sea afectado o modificado algún Folio Real o asiento
electrónico o la base de datos del Instituto, el Registrador, de oficio, a petición de parte o por orden de
autoridad competente, inmediatamente que tenga conocimiento de tales hechos, procederá a suspender
la vigencia, para efectos de nuevas inscripciones y anotaciones, del Folio Real Inmobiliario afectado,
anotando en el mismo esta circunstancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y de que, en
los casos de error de concepto o material, se inicie el procedimiento de corrección respectivo, en términos
del Reglamento. La reanudación de la vigencia del folio real o la cancelación de la suspensión antes
indicada, deberá igualmente hacerse constar en el folio real o documento electrónico respectivo y podrá
decretarse como consecuencia de un procedimiento registral o por orden de autoridad administrativa o
judicial, en el ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 112.- Cuando se decrete y anote una suspensión de vigencia de Folio Electrónico en
términos del artículo anterior, se podrá emitir información o certificaciones registrales relacionadas con
dicho folio real, donde se incluya dicha anotación. Las solicitudes de servicios de publicidad registral
relacionadas con el Folio Electrónico suspendido, se anotarán preventivamente en los términos que
establezca el Reglamento, para los efectos relacionados con la Prelación registral.
CAPITULO CUARTO
DE LA CONSULTA
ARTÍCULO 113.- La consulta de los asientos se realizará proporcionando el número de Folio
Electrónico objeto de la misma. A falta de éste se podrá solicitar la búsqueda de los asientos
proporcionando cualquiera de los siguientes datos:
I.- Tratándose de inmuebles:
a) Nombre del propietario o poseedor originario o del titular de algún derecho real sobre el predio;
b) Clave Catastral;
c) Su ubicación conforme a los datos contenidos en la Cédula Única Catastral y Registral. En este
caso, si se desconocen todos los datos, bastará que se proporcionen los que sean suficientes, conforme
a los recursos tecnológicos del Registro Público, para la ubicación del predio, de modo que a partir de
dicha información, la autoridad registral proceda a realizar una búsqueda del número de Folio Real
Inmobiliario relativo al predio; y
d) En los casos de que el solicitante de la información proporcione un número de inscripción
relativo al predio, conforme al Sistema Informático Registral anterior, mediante el cual pueda precisarse
el predio de que se trate, será suficiente para los efectos de esta fracción. En estos casos, si no ha operado
la migración, el Registrador, de oficio, procederá a la misma.
50
II.- En caso de personas morales:
a) Denominación o razón social;
b) Nombre de los socios, asociados o integrantes del órgano de administración; y
c) Registro Federal de Contribuyentes.
III.- En los casos de que el solicitante proporcione un número de inscripción conforme al Sistema
Informático Registral anterior, mediante el cual pueda precisarse la unidad registral de que se trate, será
suficiente para los efectos de este artículo. En estos casos, si no ha operado la migración, el Registrador,
de oficio, procederá a la misma; y
IV.- Por cualquier otro dato que se determine en el Reglamento o por el Vocal Ejecutivo o el
Director General, previa consulta con el Director de Informática.
ARTÍCULO 114.- En caso de que la búsqueda de la información se lleve a cabo en base a datos
proporcionados por el solicitante, que requieran de un proceso por aproximación, cada etapa de dicho
proceso se considerará como búsqueda independiente para los efectos del pago de derechos que
correspondan.
ARTÍCULO 115.- El Instituto podrá autorizar únicamente la consulta vía electrónica, no presencial,
de la base de datos del acervo electrónico registral, respecto de información sujeta a publicidad registral
sin restricciones, a personas que así lo soliciten y cumplan con los requisitos para ello en los términos de
esta Ley, su Reglamento y de los lineamientos que emita el propio Instituto. Lo anterior previo pago de
los derechos registrales en términos de la Ley de Hacienda y, en su caso, conforme a los convenios
institucionales existentes.
El Reglamento establecerá la forma y requisitos de implementación y funcionamiento del
Escritorio Notarial. La Ley de Hacienda establecerá los derechos por los servicios registrales prestados
por este medio electrónico.
ARTÍCULO 116.- La consulta electrónica externa de información que el Instituto publique a través
de su Portal Oficial, para conocimiento abierto de cualquier interesado, será gratuita.
ARTÍCULO 117.- Para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información
registral, el Sistema Informático Registral contará con las medidas de seguridad necesarias,
autorizaciones y procedimientos conforme a lo establecido en esta Ley, su Reglamento, la Ley Para el
Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables.
Todos los servicios de emisión de información registral, proporcionados mediante un mensaje de
datos en los términos previstos por esta Ley y su Reglamento, deberán ser suscritos mediante firma
electrónica, para que tengan eficacia jurídica para efectos registrales.
ARTÍCULO 118.- El Sistema Informático Registral y en general, el Acervo Registral, serán la base
de los procedimientos registrales y su consulta, en lo relacionado con dichos procedimientos, cualquiera
que sea su naturaleza, es obligatoria para los funcionarios responsables de los mismos.
ARTÍCULO 119.- Cuando en el Registro Público se tenga conocimiento de pérdida, extravío o
destrucción parcial o total, de documentos físicos o digitales que formen parte del Sistema Informático
Registral y en general, del Acervo Registral, al igual que en los casos de alteración de la información
contenida en dichos documentos físicos o digitales, se iniciarán de oficio los procedimientos de reposición
o, en su caso, de corrección, en los términos que establezca el Reglamento.
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CAPÍTULO QUINTO
DEL SISTEMA REGISTRAL DE FOLIOS ELECTRONICOS
ARTÍCULO 120.- La publicidad registral se llevará a cabo conforme al Sistema Registral de Folios
Electrónicos establecido en esta Ley. Dicho Sistema Registral operará mediante Secciones que se
integrarán por documentos digitales denominados Folios Electrónicos, referidos a las unidades registrales
básicas e intransferibles previstas en esta Ley.
Las Secciones Registrales tendrán las siguientes denominaciones:
I.- Sección Inmobiliaria;
II.- Sección Mobiliaria;
III.- Sección de Personas Morales de Naturaleza Civil;
IV.- Sección de Planes y Programas de Gobierno; y
V.- Sección Auxiliar.
ARTÍCULO 121.- Los Folios Electrónicos con los cuales se integrarán las Secciones Registrales,
se denominarán:
I.- Folio Real Inmobiliario, los que integran la Sección Inmobiliaria;
II.- Folio Real Mobiliario, los que integran la Sección Mobiliaria;
III.- Folio de Personas Morales, los que integran la Sección de Personas Morales de Naturaleza
Civil;
IV.- Folio de Plan o Programa de Gobierno, los que integran la Sección de Planes y Programas
de Gobierno; y
V.- Folio Auxiliar, los que integran la Sección Auxiliar.
ARTÍCULO 122.- La apertura de Folios Electrónicos se llevará a cabo conforme al procedimiento
de migración o, en su caso, conforme a los procedimientos y requisitos establecidos en esta Ley y su
Reglamento.
ARTÍCULO 123.- En los casos en que para la realización de un trámite o la obtención de un
servicio registral, se requiera de identificación oficial del usuario, se reconocen como documentos válidos
para tal efecto, los siguientes documentos originales:
I.- En los casos en que el trámite tenga por finalidad alguna inscripción o anotación en los Folios
Electrónicos, los siguientes:
a) Pasaporte mexicano sin restricciones;
b) Credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral;
c) Cédula Profesional;
d) Cartilla del Servicio Militar;
e) Credencial de las Fuerzas Armadas de México, con fotografía; y
52
f) Tratándose de extranjeros, pasaporte del país de procedencia.
II.- En los demás casos, se reconocen como documentos de identificación, además de los
señalados en la fracción anterior, los siguientes:
a) Licencia de conducir mexicana, sólo si cuenta con medidas de alta seguridad;
b) Licencia o identificación oficial de algún estado de los Estados Unidos de América; o
c) Los documentos que se relacionan en el artículo 298 de la Ley de Hacienda del Estado;
ARTÍCULO 124.- En el caso de procedimientos de apertura de Folio Electrónico como
consecuencia de orden que provenga de autoridad judicial o administrativa, la autoridad ordenadora
deberá proporcionar al Registrador, para que éste abra el folio correspondiente, los datos que conforme
a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento deba contener.
En caso de que la autoridad ordenadora no proporcione a la Oficina Registral en forma íntegra,
los datos que deba contener el folio correspondiente, no se procederá a su apertura y se informará tal
circunstancia a dicha autoridad.
ARTÍCULO 125.- Si la autoridad ordenadora mencionada en el artículo anterior, insiste en la
apertura del Folio Electrónico, sin proporcionar los datos señalados en dicho precepto, sin responsabilidad
del Registrador se abrirá un Folio Electrónico Limitado, en la Sección o Folio que corresponda o se
relacione con la naturaleza de la unidad registral. El contenido y efectos registrales de los Folios Limitados
serán regulados por el Reglamento.
ARTÍCULO 126.- Los asientos registrales, certificaciones, constancias e impresiones que autorice
el Registrador mediante Firma Electrónica Avanzada, son documentos públicos y tendrán valor probatorio
pleno, salvo prueba en contrario. El mismo valor probatorio tendrá el acervo registral contenido en la base
de datos del Sistema Informático Registral.
ARTÍCULO 127.- La solicitud de entrada y trámite, presencial o remota y la correspondiente boleta
de presentación, recibida por el usuario en forma física o electrónica, servirá como:
I.- Elemento probatorio de la Prelación de los documentos presentados, los que deberán contar
con el número de entrada correspondiente, fecha, día, hora, minuto y segundo; y
II.- Medio de comprobación y control del trámite al que se refiera dicha boleta de presentación.
ARTÍCULO 128.- El procedimiento registral se llevará a cabo electrónicamente a través del
Sistema Informático Registral establecido en esta Ley y en su Reglamento.
ARTÍCULO 129.- Las formas Formas Precodificadas para la solicitud y trámite de los servicios
que otorga el Instituto, serán autorizadas por éste, quien determinará los requisitos que deberán contener
y serán llenados por los usuarios solicitantes de los servicios.
ARTÍCULO 130.- Cuando se trate de oficios de autoridades administrativas o judiciales que
directamente sean notificados a la oficina registral, en los que se ordene alguna anotación o asiento
registral, no se procederá a requerir a la autoridad por el uso de Formas Precodificadas.
ARTÍCULO 131.- Cuando se trate de trámites o procedimientos registrales iniciados por orden de
autoridades administrativas o judiciales, no se procederá a requerir a la autoridad ordenadora el uso de
Formas Precodificadas. El Reglamento establecerá los procedimientos mediante los cuales se atenderán
los procesos señalados en este artículo.
53
ARTÍCULO 132.- Los procedimientos registrales se iniciarán a solicitud de parte, en forma
presencial o por vía electrónica, en los términos que establece el Reglamento.
ARTÍCULO 133.- Ingresada la solicitud de inicio de procedimiento registral, conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior, el Sistema Informático Registral asignará al mismo el número progresivo
de entrada por orden de presentación, conforme a fecha, hora, minuto y segundo, haciendo entrega de la
constancia de recepción al solicitante, presencialmente o por vía electrónica, según sea el caso, lo que
servirá para acreditar la entrada de la solicitud y en su caso, el inicio del trámite o procedimiento, para
todos los efectos, incluidos los relacionados con la Prelación.
ARTÍCULO 134.- En el acto de inicio de un trámite registral, sea presencial o por vía electrónica,
se generará una alerta preventiva de inicio de trámite, para efectos de Prelación registral, en los casos en
que los Folios Electrónicos correspondientes al trámite, aparezcan claramente identificados en los
documentos o Formas Precodificadas ingresados.
Los efectos y período de permanencia de las alertas preventivas, serán los establecidos por esta
Ley y su Reglamento y, en todo caso, no se podrán realizar inscripciones, asientos o anotaciones, ni
expedir certificaciones de ninguna naturaleza, que pudieran resultar afectados por los trámites en proceso,
una vez concluidos los mismos. En caso de que el solicitante de una certificación relacionada con el Folio
Electrónico que fue afectado por una alerta preventiva, insista en su expedición, el Registrador podrá
emitir la certificación, incluyendo en la misma la o las alertas preventivas que existieren.
ARTÍCULO 135.- Con la solicitud de entrada y recepción formal, se turnará de manera automática
para la calificación del trámite a procesar registralmente, con los documentos de requisito, conforme a las
siguientes fases:
I.- En una primera fase, el servidor público registral encargado de la recepción de la
documentación para la revisión del cumplimiento de requisitos de forma, y fondo y su registro en el
Sistema Informático Registral para asignación automática del número de entrada o de presentación, una
vez revisados imprimirá al solicitante el comprobante de ingreso o de presentación de los documentos y
de manera automática el Sistema Informático Registral con base en el registro de las cargas de trabajo y
grado de complejidad en la operación solicitada, asignará al calificador el trámite que aparecerá en su
bandeja de entrada.
Posteriormente, el área de recepción entregará la documentación física del trámite al coordinador
de calificación o calificador asignado, que la revisará y procederá a su digitalización a fin de regresar los
documentos originales al solicitante una vez concluido el trámite;
II.- Concluida la primera fase, conforme a la fracción anterior, se pasará directamente a la fase de
calificación, la cual se realizará mediante el sistema de información con el llamado a pantalla del formato
precodificado correspondiente a la operación registral solicitada, así como de los antecedentes registrales
del predio objeto de inscripción, los cuales pueden revisarse en el Folio Electrónico primeramente o en su
caso de manera directa en las imágenes digitales de los libros y folios, y consistirá en verificar que:
a) El documento presentado sea de los que deben inscribirse o anotarse para surtir efectos contra
terceros, conforme a las disposiciones legales que los rijan;
b) Se verificará que la forma precodificada de solicitud de entrada, cumpla con los requisitos
establecidos en esta Ley y su Reglamento;
c) El documento relacionado con el trámite registral, sea de los que se mencionan en el artículo
149 de esta Ley y su contenido no sea contrario a las Leyes prohibitivas o de interés público;
d) En el documento conste acreditada, bajo responsabilidad del fedatario o autoridad que hubieren
intervenido y en la forma que, conforme a las Leyes que rigen sus funciones, le haya resultado legalmente
suficiente, la identidad, nacionalidad, capacidad, legitimación y personalidad o representación de los
54
otorgantes o beneficiarios de o los derechos reales a ser inscritos y que se hacen constar en el
documento mencionado en la fracción anterior. Cuando por cualquier circunstancia alguno de los titulares
registrales varíe su nombre, denominación o razón social, procederá la inscripción cuando así se hubiere
hecho constar por el fedatario público, en la forma que resulte legalmente suficiente para el mismo;
e) Que el fedatario haya hecho constar, bajo su responsabilidad y en la forma que, conforme a
las Leyes que rigen sus funciones, le haya resultado legalmente suficiente, el Estado Civil de los
intervinientes y, en su caso, el régimen patrimonial del matrimonio. En caso de que alguno de los
intervinientes sea casado bajo régimen de bienes mancomunados, deberá hacerse constar por el
fedatario la intervención legal que, en los casos en que sea necesaria, haya tenido el o la cónyuge, en la
celebración del acto jurídico correspondiente y deberán hacerse constar respecto del cónyuge, los mismos
datos que se requieren para las partes principales;
f) Se haya hecho constar el cumplimiento de obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto en la
fracción XI del artículo 100 de esta Ley;
g) Exista identidad entre la unidad registral descrita en el Folio Real Inmobiliario y la descrita en
los documentos físicos o electrónicos objeto de la calificación. No habrá falta de identidad cuando no
coincida la descripción en uno o algunos de los datos, si de los demás elementos comparados se
desprende dicha identidad, Asimismo el calificador responsable en caso de considerarlo necesario podrá
optar por vincularse electrónicamente con la base de datos del Sistema de Información Catastral, para la
validación de los datos del predio que se establecen en el Registro, con los datos del predio y la edificación
respectiva que están inscritos en el Catastro;
h) No haya incompatibilidad entre el texto del documento físico o electrónico sujeto a calificación
registral y los asientos contenidos en el Acervo Registral. Inscrito o anotado un título o documento en los
Folios Electrónicos, no podrá inscribirse o anotarse otro de igual o anterior fecha que, se le oponga por
ser incompatible. La incompatibilidad sólo tendrá lugar cuando los derechos, actos o hechos jurídicos de
que se trate, sujetos a registro y publicidad registral, no puedan coexistir y cuando no se cumpla con el
principio registral de Tracto Sucesivo;
No existirá incompatibilidad cuando se trate de una inexactitud por error material, caso en el cual
deberá procederse a la corrección del mismo, en términos del Reglamento;
i) En los casos de que el solicitante proporcione un número de inscripción relativo a dicho trámite,
conforme al Sistema Registral anterior, mediante el cual pueda precisarse la unidad registral de que se
trate, será suficiente para los efectos de la calificación. En estos casos, si no ha operado la migración, el
Registrador, de oficio, procederá a la misma;
j) Cuando no se individualicen los bienes del deudor sobre los que se constituya un derecho real;
k) Cuando no se fije la cantidad máxima que garantice un gravamen, en el supuesto de obligaciones
de monto indeterminado, salvo el caso de hipoteca industrial prevista en el Código de Comercio y en los
demás casos similares previstos en otras Leyes;
l) Tratándose de trámites registrales iniciados como consecuencia de órdenes de autoridades
judiciales o administrativas, en el caso de que no se hubiere producido la migración por cualquier causa
legal, omisión o por estar cancelada o extinguida la inscripción correspondiente, se llevará a cabo dicha
migración y se informará a dicha autoridad;
m) No haya operado el cierre de registro, como consecuencia de anotación judicial o
administrativa; y
n) El documento cumpla con los requisitos que deba llenar de acuerdo con esta Ley y su
Reglamento y otras Leyes aplicables, indispensables para su inscripción y para el contenido de los Folios
Electrónicos correspondientes.
55
ARTÍCULO 136.- Los procesos y trámites registrales y sus respectivas fases, en su caso, se
deberán concluir en los términos y plazos que establezca el Reglamento.
ARTÍCULO 137.- El Registrador podrá suspender la inscripción o anotación, si la Forma
Precodificada de solicitud de entrada y trámite o, en su caso, el servicio a procesar, contienen defectos u
omisiones subsanables, debiendo fundar y motivar su resolución, la que deberá ser publicada a través
del Boletín. El fundamento y la motivación consistirán en la determinación del defecto subsanable y las
disposiciones normativas en base a las cuales se determinó la existencia de tal defecto.
Las determinaciones o resoluciones que resulten de la calificación registral, serán emitidas por el
Registrador con base en la revisión y análisis que haga el Calificador dentro de la fase de calificación en
el procedimiento registral. El Registrador deberá asesorar a los Calificadores en dicha fase y, en caso de
considerarlo conveniente para la función registral, podrá realizar por sí mismo el proceso de calificación
integralmente.
ARTÍCULO 138.- Será considerada una causa de suspensión, la falta de identificación por el
Calificador, de la normatividad que determine la necesidad de la inscripción y, en su caso, de la publicidad,
conforme al inciso a) del apartado II del artículo 135 de esta Ley.
Asimismo, será causa de suspensión la falta de información en el documento relacionado con el
procedimiento registral, que permita al Calificador cumplir con el inciso f) del apartado II del artículo 135
de esta Ley.
ARTÍCULO 139.- El plazo para subsanar las omisiones que hayan producido la suspensión de un
procedimiento registral, será de diez días hábiles.
Cuando el trámite suspendido haya sido ordenado por una autoridad judicial o administrativa, el
plazo para subsanar los defectos u omisiones que sustentaron la suspensión, será de cuarenta y cinco
días naturales contados a partir de la notificación de la suspensión mediante publicación en el Boletín y
la subsanación se llevará a cabo en la forma que determine la autoridad correspondiente, conforme a sus
propios procedimientos.
Cuando se suspenda un trámite, la Prelación se conservará preventivamente durante los plazos
para subsanación, señalados en los párrafos anteriores.
ARTÍCULO 140.- En caso de que, dentro de los plazos establecidos en esta Ley y su Reglamento,
no se subsanase la razón de suspensión del trámite, sin necesidad de declaración expresa de la Oficina
Registral, quedará sin efectos dicho trámite y, en consecuencia, dejará de surtir efectos la Prelación.
ARTÍCULO 141.- El Registrador podrá, de oficio o a petición de parte dentro de los tres días hábiles
siguientes a su publicación del sentido de la calificación, por medio del Boletín, corregir la calificación del
trámite para el efecto de autorizar la inscripción de éste, si lo encuentra procedente.
ARTÍCULO 142.- Dentro del mismo término establecido en el artículo anterior, el solicitante podrá
solicitar al Registrador una audiencia oral, para presentar argumentos y, en su caso, soportes
documentales de los mismos, tendentes a la reconsideración de la inscripción y/o calificación. Los
términos, procedimientos y efectos de dicho trámite de reconsideración, serán los determinados en el
Reglamento, incluyendo lo relacionado con la Prelación registral.
ARTÍCULO 143.- El solicitante podrá elegir entre agotar el procedimiento de audiencia oral
previsto en el artículo anterior o interponer en contra del sentido de la calificación, el Recurso de
Inconformidad Registral que establece esta Ley.
56
El solicitante podrá inconformarse contra la resolución que el Registrador tome dentro del trámite
de reconsideración por audiencia oral previsto en el artículo anterior o interponer en contra de la
calificación, a través del Recurso de Inconformidad Registral, que establece esta Ley.
El solicitante podrá inconformarse contra la resolución o determinaciones que el Registrador tome
dentro del trámite de reconsideración por audiencia oral, a través del Recurso de Inconformidad Registral.
ARTÍCULO 144.- En los casos de que la resolución tomada por el Registrador dentro del
procedimiento de reconsideración con audiencia oral, confirme una calificación de suspensión de trámite
registral, el plazo para subsanar los motivos de dicha suspensión, será de diez días hábiles contados a
partir de la notificación por medio del Boletín de dicha resolución.
ARTÍCULO 145.- Si mediante resolución firme se resuelve que el documento a inscribir fue mal
calificado e indebidamente rechazado y se ordena que se registre, la inscripción se practicará de
inmediato y surtirá sus efectos atendiendo al principio de Prelación.
ARTÍCULO 146.- Dentro del mismo término previsto en el primer párrafo del artículo 139 de esta
Ley, un tercero ajeno al trámite registral podrá oponerse a una inscripción, asiento o anotación, sólo en el
caso de que su oposición denuncie y la afectación en su perjuicio, de los principios de Prelación y Tracto
Sucesivo Registral, por no haberse tomado en cuenta en la fase de calificación, información que obre
dentro del Sistema Informático Registral.
Si dicho procedimiento de impugnación concluye con resolución que no satisfaga las pretensiones
del tercero recurrente, la participación del mismo dentro del procedimiento registral concluirá y éste podrá
acudir a los medios de defensa que las Leyes Administrativas establezcan. Si el tercero funda sus
pretensiones en información que no obre dentro del Sistema Informático Registral, la calificación sólo
podrá ser revocada o modificada a solicitud de un tercero, por orden de autoridad competente, en términos
de lo dispuesto por el artículo 13 de esta Ley.
ARTÍCULO 147.- No podrán cancelarse las alertas preventivas derivadas de los procedimientos
registrales que se hayan aplicado al Folio Electrónico debido a la interposición por el usuario del recurso
de inconformidad o de revocación previstos en esta Ley y su Reglamento, sin antes haber transcurrido
los términos de interposición de medios de impugnación registrales previstos en esta Ley y en su caso,
hayan concluido los trámites derivados de la tramitación de los mismos.
ARTÍCULO 148.- El Registrador autorizará con su Firma Electrónica Avanzada, las inscripciones,
anotaciones y asientos que practique y emitirá en los términos del Reglamento, la Constancia de
Inscripción o Asiento, en la forma y para los efectos que establezca el Reglamento.
ARTÍCULO 149.- El Registrador sólo inscribirá y anotará lo que expresamente se le solicite y sea
inscribible, por lo que no podrá actuar de oficio, salvo en los casos establecidos por esta Ley y su
Reglamento.
ARTÍCULO 150.- Sólo se registrarán:
I.- Los títulos, testimonios de escrituras o actas notariales y otros documentos auténticos, con firma
autógrafa o en su caso con la Firma Electrónica Notarial o Avanzada, según el caso, del Notario Público o
de otros funcionarios facultados para autenticarlos con ésta, que sean provenientes de las dependencias e
instituciones públicas de los Tres órdenes de Gobierno;
II.- Las resoluciones y providencias judiciales o administrativas que consten de manera auténtica y
que deban ser registradas;
III.- Excepcionalmente los documentos privados que en esta forma fueren auténticos y válidos con
arreglo a la Ley, siempre que al calce de los mismos obre la constancia de que el Notario Público, el
Registrador, el Corredor Público, la autoridad municipal o el Juez del lugar, se cercioraron de la autenticidad
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de las firmas y ratificación del contenido por las partes. Dicha constancia podrá estar firmada de forma
electrónica, por los mencionados funcionarios y llevar impreso el sello respectivo.
ARTÍCULO 151.- Serán objeto de registro o de publicidad registral, los actos contenidos en
documentos registrables conforme al artículo anterior, provenientes de otras Entidades federativas o del
extranjero, si las Leyes que los rigen disponen que los mismos sean objeto de dicho registro o publicidad
y de tales ordenamientos se desprende además que el registro o publicidad deberá realizarse en alguna
Oficina Registral del Estado. Si los documentos objeto del trámite registral solicitado u ordenado, aparecen
redactados en idioma extranjero, deberán presentarse debidamente traducidos y legalizados por las
autoridades diplomáticas o consulares en los términos de las Leyes respectivas.
ARTÍCULO 152.- El Registrador no calificará la legalidad de una resolución u orden judicial o
administrativa que decrete un asiento, pero si concurren circunstancias por las que legal o materialmente
el asiento no deba o pueda practicarse, dará cuenta de esta situación a la autoridad ordenadora por
conducto del interesado que hubiere intervenido en el trámite, mediante la emisión de la constancia de
suspensión o denegación correspondiente. Si no hubiere intervenido algún interesado, se informará a la
autoridad mediante publicación en el Boletín. En estos casos se generará una alerta preventiva en
términos del artículo 134 de esta Ley. Si a pesar de ello la autoridad insiste en que se cumpla su
mandamiento, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón en el asiento correspondiente, sin
responsabilidad para el Registrador.
Cuando habiéndose prevenido a la autoridad ordenadora, ésta no reitere expresamente su
requerimiento en el plazo de noventa días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación
mediante publicación en el Boletín, sin necesidad de declaración expresa de la Oficina Registral, quedará
sin efectos el trámite correspondiente y, en consecuencia, dejará de surtir efectos la Prelación y se
cancelará la alerta preventiva generada en términos del párrafo anterior.
ARTÍCULO 153.- Los asientos registrales que se practicarán en los Folios Electrónicos, son los
siguientes:
I.- Notas de presentación;
II.- Anotaciones preventivas;
III.- Inscripciones;
IV.- Cancelaciones;
V.- Suspensiones, reanudaciones y cierres de Folio Electrónico;
VI.- Rectificaciones; y
VII.- Las demás que deban practicarse conforme a las disposiciones legales aplicables.
Todos los asientos se ordenarán cronológicamente y se asentará el número y la fecha de las
solicitudes de entrada y trámite, relacionadas con los Folios Electrónicos correspondientes.
ARTÍCULO 154.- Se anotarán preventivamente en el Registro, conforme a esta Ley y su
Reglamento:
I.- Por orden judicial, las demandas relativas a la propiedad o posesión originaria de bienes
inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre
aquellos;
II.- El aviso preventivo de embargo en bienes inmuebles del demandado. La anotación derivada
de dicho aviso tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días, a partir de su presentación;
58
III.- Por orden judicial, las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos
preparatorios o para dar forma legal al acto o contrato concertado cuando tenga por objeto inmuebles o
derechos reales sobre los mismos;
IV.- Las providencias judiciales y administrativas que ordenen el secuestro, aseguramiento o
prohíban la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales;
V.- Los títulos presentados al Registro Público y cuya inscripción haya sido denegada o
suspendida por el Registrador, conforme a lo dispuesto en los artículos 141, 142, 143 y 144 de esta Ley;
VI.- El decreto de expropiación y de ocupación temporal y declaración de limitación de dominio
de bienes inmuebles;
VII.- Los avisos preventivos a los que se refieren los artículos 155 y 156 de esta Ley; y
VIII.- Cualquier otro título que sea anotable preventivamente de acuerdo a esta Ley u otras
disposiciones legales aplicables o por mandato de autoridad judicial o administrativa.
ARTÍCULO 155.- El Notario Público ante quien se pretende otorgar o se otorgue una escritura en
la que se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad de bienes
raíces, estará obligado a la presentación de los avisos preventivos que establecen en el artículo siguiente,
en la Oficina Registral correspondiente.
ARTÍCULO 156.- Los avisos a los que se refiere el artículo anterior, se regirán por las siguientes
disposiciones:
I.- Un primer aviso preventivo se presentará por el Notario Público mediante escrito en el que
formulará solicitud de que se efectúe la anotación de dicho primer aviso, informando a la Oficina Registral
sobre las operaciones cuya formalización notarial esté por iniciarse en la Notaría Pública a su cargo,
relativas a los actos señalados en el artículo anterior, por cada Folio Real Inmobiliario que se afecte.
En esa solicitud, el Notario Público deberá indicar el predio objeto del acto o actos a realizar, la
operación u operaciones proyectadas, los nombres de los futuros contratantes y el antecedente registral,
ya sea Folio Real o partida, de no haberse producido la migración correspondiente a la fecha del aviso
preventivo. De calificarla procedente, el Registrador hará de manera inmediata la anotación o anotaciones
correspondientes.
El Notario Público solicitará al Registrador el certificado en el que conste la anotación del primer
aviso preventivo, la situación registral que reporte el predio y la constancia relativa a las declaratorias de
provisiones, usos, reservas y destinos, que estuvieren inscritos en forma individualizada en su Folio Real
Inmobiliario.
El primer aviso preventivo tendrá una vigencia de sesenta días naturales, contados a partir de la
fecha de su presentación y sólo podrá producirse otro primer aviso preventivo respecto del mismo predio,
una vez que hubieren transcurrido quince días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en
que por cualquier causa hubiere quedado sin efectos el anterior primer aviso preventivo;
II.- Un Aviso Preventivo Definitivo se presentará por el Notario Público en la Oficina Registral
correspondiente, después de firmada y autorizada preventivamente la escritura. El Notario Público ante
quien se celebre la operación, podrá presentar el Aviso Preventivo Definitivo dentro de la vigencia del
Primer Aviso Preventivo.
En el Aviso Preventivo Definitivo el Notario Público deberá indicar la fecha y número del
instrumento en que se haya formalizado la operación, el predio de que se trata y su antecedente registral;
la indicación de que se transmitió o modificó su dominio o que se constituyó, transmitió, modificó o
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extinguió un derecho real sobre él; los nombres de los otorgantes, que deberán ser los mismos que se
señalaron en el primer aviso preventivo y el precio o importe de la operación. Faltando alguno de los
elementos señalados en este inciso, no surtirá efectos legales el aviso.
Recibido el Aviso Preventivo Definitivo, el Registrador hará inmediatamente su anotación, si
resultare procedente. En caso de que exista diferencia entre la información de los avisos preventivos, la
Prelación sólo surtirá efectos a favor del adquirente, a partir de la presentación del Aviso Preventivo
Definitivo.
El Aviso Preventivo definitivo tendrá una vigencia de noventa días naturales, contados a partir de
su presentación para trámite registral, y podrá presentarse una sola vez en relación a la escritura
respectiva.
Durante la vigencia de los avisos preventivos, el Notario Público ante quien se celebre la
operación, podrá rectificar, en su caso, la información otorgada a la Oficina Registral, siempre y cuando
se trate de errores ortográficos, mecanográficos, aritméticos o de cualquier otro tipo y no se afecten los
elementos esenciales del acto o actos jurídicos de origen.
III.- Mientras se encuentren vigentes los avisos preventivos a los que se refiere este artículo, no
podrá hacerse ninguna inscripción o anotación que perjudique los derechos amparados por la operación
o título protegido por aquéllos. No obstante lo anterior, se efectuará nota de presentación de las solicitudes
de registro, para que guarden Prelación en caso de que proceda su cancelación o se decrete su
caducidad.
Si se presenta el testimonio a inscribir dentro de la vigencia ininterrumpida de los avisos
preventivos se retrotraerán los efectos de la inscripción a la fecha de presentación del primero.
El Registrador constatará que la información de los avisos preventivos coincida con el
instrumento presentado para inscripción. En caso de que exista diferencia, no surtirán efectos los avisos
preventivos presentados, procediendo el Registrador a calificar las solicitudes de anotaciones o
inscripciones que conforme a las notas de presentación estuvieren pendientes de calificación, para que
surtan sus efectos de Prelación.
IV.- Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en el artículo
172, fracción I, de esta Ley, fuere privado, darán el aviso a que este artículo se refiere, los fedatarios y
autoridades señalados en la fracción III del artículo 150 de este mismo ordenamiento legal, dicho aviso
producirá los efectos que se indican en las fracciones anteriores de este artículo.
ARTÍCULO 157.- Tratándose de actos jurídicos mediante los cuales se creen o transfieran
derechos fideicomisarios en zona restringida, derivados de fideicomisos que tengan por objeto inmuebles
para fines residenciales, de acuerdo a la Ley de la materia, se podrán anotar preventivamente dichos
actos jurídicos en los Folios Reales Inmobiliarios relacionados con dichos predios, aun cuando tales actos
consten en instrumento privado, si el contenido y firmas del mismo se ratifican ante Notario Público por
las partes intervinientes en el acto jurídico. La solicitud de dicha anotación preventiva se podrá presentar
desde la fecha de su ratificación notarial y la anotación se realizará sin costo para el usuario. La anotación
preventiva prevista en este artículo tendrá vigencia y efectos de Prelación registral, por un año contado a
partir de la fecha de presentación del documento y su correspondiente Forma Precodificada, ante la
Oficina Registral, en forma presencial o por vía electrónica, y conforme a los procedimientos establecidos
en esta Ley y su Reglamento para el inicio de dichos trámites y su continuación.
ARTÍCULO 158.- Las anotaciones preventivas tienen un carácter transitorio o provisional y hacen
referencia a una unidad registral dentro de un Folio Real Inmobiliario. Tienen por objeto consignar una
situación jurídica que afecta, limita o grava el bien o el derecho que consta en dicho Folio Real o la
inscripción o asiento relacionado con dicha anotación.
Las anotaciones preventivas se realizarán en los términos previstos en esta Ley y su Reglamento.
60
ARTÍCULO 159.- Cuando se trate de inscripción de predios que hayan cambiado
administrativamente de circunscripción territorial para efectos catastrales y/o registrales, el trámite deberá
realizarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento, a petición de parte interesada, con base en los
documentos públicos que hayan declarado la procedencia de la reubicación administrativa.
ARTÍCULO 160.- La Oficina Registral que abra los nuevos Folios Reales Inmobiliarios relativos a
los predios, por encontrarse éstas dentro de su jurisdicción territorial, deberá informar sobre dicho trámite
a la Oficina Registral de origen, indicando cuál es el Folio Real Inmobiliario en el que se practicó la nueva
inscripción. La Oficina Registral de origen deberá hacer las anotaciones en los Folios Reales Inmobiliarios
correspondientes y proceder a su cierre, para todos los efectos legales.
Una vez que se inicie el trámite señalado en este artículo, la Oficina Registral de inicio deberá
comunicarlo a la Oficina Registral de origen, para el efecto de que anote preventivamente dicho inicio, en
los Folios Reales Inmobiliarios afectados.
ARTÍCULO 161.- Los asientos preventivos de las resoluciones judiciales en materia de amparo,
que ordenen la suspensión provisional o definitiva, contendrán:
I.- El Juzgado o Tribunal que las haya dictado;
II.- El número de expediente y el número y fecha del oficio mediante el que se comunique a la
Oficina Registral la resolución respectiva;
III.- El nombre del o los quejosos;
IV.- La naturaleza y efectos de la suspensión;
V.- El acto reclamado;
VI.- Las demás circunstancias relativas al incidente respectivo, cuando así lo disponga el Tribunal
o el Juez del conocimiento; y
VII.- Los datos que permitan la identificación de los Folios Reales Inmobiliarios afectados por
dichos asientos preventivos.
ARTÍCULO 162.- Todo documento que se refiera a diversos inmuebles o distintos actos, podrá
ser inscrito total o parcialmente, ya sea a solicitud de parte interesada o bien cuando alguna de las
inscripciones sea denegada. En el caso de asientos derivados de inscripciones parciales, el Registrador
hará constar en las mismas, dichas circunstancias.
CAPITULO SEXTO
DE LA SECCION INMOBILIARIA
ARTÍCULO 163.- El predio es la unidad básica registral de los Folios Reales Inmobiliarios, los
cuales se integrarán con los datos que establecen esta Ley y su Reglamento.
En el Folio Real Inmobiliario la primera inscripción relacionada con el predio, será de dominio o
posesión originaria sobre el mismo.
ARTÍCULO 164.- La apertura de un Folio Real Inmobiliario se practicará en los términos de esta Ley
y su Reglamento y conforme a los procedimientos siguientes:
I.- Por migración;
II.- Por inmatriculación en los casos siguientes:
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a) Por inscripción de la sentencia, que declare la adquisición de la propiedad de un predio, conforme
al artículo 663 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. En este caso la sentencia
firme deberá presentarse ante la Oficina Registral, debidamente protocolizada ante Notario Público;
b) Por inscripción de resolución judicial relativa a informaciones de dominio, en términos del artículo
664 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, caso en el cual deberán presentarse
para registro las diligencias debidamente protocolizadas ante Notario Público, en términos de la fracción IV
de dicho artículo;
c) Mediante la inscripción de la resolución judicial relativa a la Información Ad Perpétuam que se
reciba en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora,
debiendo en este caso presentarse en la Oficina Registral dichas diligencias protocolizadas ante Notario
Público, conforme a lo dispuesto por el artículo 851 de dicho ordenamiento adjetivo;
d) Mediante inscripción del título o resolución administrativa que constituya derecho de propiedad a
favor de alguna persona física o jurídica colectiva, en relación a predios que no cuenten con Folio Real
Inmobiliario.
En todos los casos de inmatriculación registral, deberá previamente llevarse a cabo la inmatriculación
catastral del predio.
ARTÍCULO 165.- En los casos de migración de asientos a los Folios Reales Inmobiliarios, cualquiera
que sea el momento en que dicho proceso se efectúe, en cuanto el mismo se relacione con inscripciones,
anotaciones o asientos vigentes, se realizará sin calificación alguna. En el caso de que los antecedentes
registrales vigentes deban reponerse por completo, se producirá la apertura de Folio Real Inmobiliario por
reposición de antecedentes.
ARTÍCULO 166.- En los casos de subdivisión, fraccionamiento o lotificación de un predio, se
asentarán como predios nuevos las partes resultantes, asignándoles un Folio Real Inmobiliario a cada
una, a los que se trasladarán todos los asientos vigentes.
ARTÍCULO 167.- Cuando se fusionen dos o más predios para formar uno solo, se creará un Folio
Real Inmobiliario para el predio resultante. Al nuevo Folio Real Inmobiliario se trasladarán los asientos
vigentes o que no hayan sido expresamente cancelados.
ARTÍCULO 168.- En los casos de subdivisión y fusión de predios, se requerirá el cumplimiento
de los requisitos que establece la legislación vigente para los procedimientos catastrales y registrales.
ARTÍCULO 169.- En los casos de fusión, subdivisión, lotificación o fraccionamiento, los asientos
originales serán cancelados y se conservarán como antecedentes, anotándose en los mismos el acto que
originó la cancelación y el número del o los Folios Reales Inmobiliarios resultantes.
ARTÍCULO 170.- Cuando exista discrepancia entre la bien materia de inscripción con sus
antecedentes registrales, podrá acreditarse su identidad con base en documentos oficiales idóneos, en la
Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral y en la Cédula Única Catastral y Registral, siempre
y cuando la superficie no se incremente. En caso contrario, procederá la inscripción por orden de autoridad
judicial, o con base en una orden de autoridad administrativa, en el ámbito de su competencia.
No se entenderá que existe discrepancia, cuando identificado el inmueble en el documento
correspondiente según sus antecedentes registrales, se haga mención adicional de los cambios de
nomenclatura, denominación del fraccionamiento o colonia, u otros datos que sirvan para precisar la
ubicación del predio.
ARTÍCULO 171.- Los Folios Reales Inmobiliarios, salvo los casos de excepción señalados en
esta Ley y su Reglamento, deberán contener los siguientes elementos:
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I.- En relación a la unidad registral, su identificación mediante método fotogramétrico y geodésico-
topográfico en los términos de la fracción XVII del artículo 16 de esta Ley. Si el predio es urbano, además
deberá contener, en su caso, la calle, número exterior e interior, edificio, número de piso, lote, manzana,
colonia o fraccionamiento, código postal, población y municipio.
La ubicación del predio se determinará en base a los datos contenidos en la Cédula Única
Catastral y Registral o en la Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral.
Será responsabilidad del Registrador verificar que sean actualizados los datos relativos a la
identificación de cada predio, con base en cada operación que se registre y que se desprenda de los
títulos de propiedad o documentos públicos. En estos casos, se realizará la actualización en la parte
relativa a los datos de identificación del predio, anotando que dichos datos fueron editados y además se
hará constar como asiento el origen de tales cambios;
II.- El valor del predio. Si el valor no fuere por cantidad determinada, los interesados estimarán dicho
valor;
III.- Los antecedentes relacionados con los datos de las inscripciones, asientos y anotaciones,
que dieron origen al Folio Real Inmobiliario, cuando el mismo proceda de migración;
IV.- Nombre, Clave Única de Registro de Población y, en su caso, el Registro Federal de
Contribuyentes de los titulares de los derechos registrales.
ARTÍCULO 172.- En los Folios Reales Inmobiliarios se realizarán las siguientes inscripciones,
asientos o anotaciones:
I.- Las inscripciones, asientos o anotaciones, derivados de actos o hechos jurídicos públicos o
privados o de resoluciones judiciales o administrativas que afecten o se relacionen con el predio que
constituye la unidad registral del Folio Real Inmobiliario y que conforme a la Ley deban ser materia de
publicidad registral para surtir efectos contra terceros. Enunciativamente, se asentarán todos aquellos
actos o hechos públicos o privados en virtud de los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera,
transmita, modifique, limite, asegure, secuestre, embargue, grave o extinga un derecho real o la posesión
originaria y en los casos previstos en las Leyes aplicables, la posesión derivada, sobre la unidad registral;
II.- La condición suspensiva o resolutoria y el pacto de reserva de dominio que afecte a los actos
jurídicos señalados en la fracción anterior. Asimismo, se anotarán el cumplimiento de las condiciones a
que se refiere esta fracción y la extinción de la reserva de dominio por cumplimiento de las obligaciones
que originaron dicha reserva;
III.- La constitución del Patrimonio de Familia, cuando la misma afecte a un predio y los actos que
modifiquen o extingan dicho patrimonio;
IV.- Asientos sobre suspensión, reactivación, cierre, reapertura, cancelación o rectificación de
datos contenidos en el Folio Real Inmobiliario o asientos de la misma naturaleza, referidos a dicho Folio
en su integridad;
V.- Tratándose de inscripciones, asientos o anotaciones derivadas de mandamientos de
autoridades judiciales o administrativas, los datos relativos al contenido del mandamiento y los de
identificación de la autoridad ordenadora;
VI.- Las disposiciones testamentarias que afecten al predio y sean materia de publicidad registral;
y
VII.- Los demás documentos públicos o privados, que de acuerdo a esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables, deban ser materia de la publicidad registral y se refieran al predio que
constituye la unidad registral del Folio Real Inmobiliario correspondiente.
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ARTÍCULO 173.- Las Formas Precodificadas para la solicitud de servicios por vía electrónica y
los documentos que se presenten para su inscripción al Folio Real Inmobiliario, deberán contener datos
suficientes para la identificación del predio que constituye la unidad registral y del Folio Real Inmobiliario
correspondiente a dicho predio. Asimismo, deberán contener los demás datos que establezcan esta Ley,
el Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 174.- Sólo podrán efectuarse inscripciones o anotaciones dentro de un Folio Real
Inmobiliario vigente y abierto con anterioridad al trámite registral correspondiente, salvo el caso de
inmatriculaciones y de migración para efectos de dicho trámite.
En el caso de que por mandato de autoridad deba realizarse alguna anotación en un Folio Real
Inmobiliario suspendido, cerrado o cancelado, dicho folio sólo se reabrirá para efectos de llevar a cabo
los asientos relacionados con el mandato de autoridad, y se dará en este sentido, tratamiento a dicho
Folio Real Inmobiliario, en términos de lo dispuesto en el artículo 125 en relación a los Folios Electrónicos
Limitados.
CAPITULO SEPTIMO
SECCION MOBILIARIA
ARTÍCULO 175.- Los bienes muebles son la unidad básica registral de los Folios Reales
Mobiliarios, los cuales se integrarán con los datos que establecen esta Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 176.- En los Folios Reales Mobiliarios se deberán registrar:
I.- Los testimonios o documentos privados establecidos por Ley, por los cuales se adquiera,
transmita, limite, modifique o extinga el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre muebles
o aquéllos por los cuales se grave el dominio de los mismos;
II.- Las resoluciones judiciales o administrativas que produzcan algunos de los efectos
mencionados en la fracción anterior;
III.- El Patrimonio de Familia, en cuanto al mismo se afecten bienes muebles; y
IV.- Los demás títulos relacionados con bienes muebles y que la Ley ordene expresamente que
sean registrados.
ARTÍCULO 177.- Para la inscripción de cualquier título relacionado con bienes muebles, deberá
haberse creado el Folio Real Mobiliario correspondiente, requiriéndose para ello que recaiga sobre bienes
identificados de manera indubitable.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA SECCION DE PERSONAS MORALES
DE NATURALEZA CIVIL
ARTÍCULO 178.- La Persona Moral de Naturaleza Civil, es la unidad registral en el los Folios de
Personas Morales, que integran la Sección a la que se refiere el presente capítulo.
ARTÍCULO 179.- Los Folios de Personas Morales se abrirán electrónicamente conforme a los
procedimientos y requisitos que establezca el Reglamento.
ARTÍCULO 180.- En los Folios de Personas Morales se inscribirán los títulos relativos a su
constitución, reformas, cambio de domicilio social y designación de representantes, entre otros actos que
procedan según la legislación aplicable.
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ARTÍCULO 181.- Las inscripciones de fundaciones o asociaciones de beneficencia, además de
los requisitos señalados en los ordenamientos aplicables, contendrán la resolución aprobatoria de ser
constituidas como tales, dictada conforme a las disposiciones de las Leyes de Asistencia Privada y las
demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 182.- Siempre que se practique una inscripción de constitución o de reforma a los
estatutos de una Persona Moral, se incorporará al Acervo Registral un ejemplar.
ARTÍCULO 183.- Para inscribir cualquier título relacionado con una Persona Moral, deberá
constar previamente la inscripción de su constitución, o la transferencia del domicilio social a la
demarcación territorial de la Oficina Registral.
CAPÍTULO NOVENO
DE LA SECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
ARTÍCULO 184.- Se inscribirán electrónicamente en los Folios de Planes o Programas de
Gobierno, los siguientes títulos:
I.- Los Planes y Programas Estatales y Municipales de Desarrollo Urbano, incluyendo
modificaciones, ampliaciones o cancelaciones, en términos de las Leyes aplicables en la materia;
II.- Las declaratorias sobre provisiones, usos, destinos y reservas de áreas, predios y arboledas,
o establecimiento de áreas naturales protegidas, que se expidan conforme a las Leyes con implicación
urbanística o ecológica; y
III.- Los demás que estipulen las Leyes aplicables.
ARTÍCULO 185.- Las limitaciones de dominio fijadas en los instrumentos urbanísticos y
ecológicos, se harán constar en los Folios Reales Inmobiliarios que resulten afectados, siempre que en
los mencionados instrumentos se determinen con precisión los predios de que se trata.
CAPITULO DECIMO
DE LA SECCION AUXILIAR
ARTÍCULO 186.- Se inscribirán en esta sección, electrónicamente, todos los actos o hechos
jurídicos que por disposición de la Ley deban ser objeto de publicidad registral y no sean objeto de registro
o anotación en los Folios Electrónicos regulados en los capítulos sexto, séptimo, octavo y noveno de esta
Ley.
ARTÍCULO 187.- Se inscribirán en la Sección Auxiliar a que se refiere esta Ley y el Reglamento,
el auto declaratorio de herederos y, en su caso, legatarios; el nombramiento de albacea y así como los
demás actos relativos a las sucesiones que deban ser objeto de publicidad registral conforme a la
normatividad aplicable.
ARTÍCULO 188.- Los testamentos que deban ser depositados en las Oficinas Registrales,
conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de Sonora, se regirán en todo lo relacionado a
sus requisitos de otorgamiento y efectos legales, por lo dispuesto en dicho ordenamiento y no serán objeto
de publicidad registral. Su depósito se realizará en forma electrónica o documental, en los términos que
establezca el Reglamento.
ARTÍCULO 189.- El Registrador deberá autorizar un medio especial de registro de testamentos a
los que se refiere el artículo anterior, para los efectos previstos en el Código Civil para el Estado de Sonora
y proveerá lo necesario, para la debida custodia del ejemplar del testamento depositado, hasta su entrega
al mismo testador o al juez competente.
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ARTÍCULO 190.- El Reglamento establecerá la forma en que se remitirá el aviso de todo
testamento que se reciba en depósito por las Oficinas Registrales, para efectos de la base de datos del
Registro Nacional de Avisos de Testamentos.
CAPÍTULO DECIMO PRIMERO
DE LA EXTINCIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS ASIENTOS
ARTÍCULO 191.- Las inscripciones definitivas dentro de los Folios Electrónicos, en cuanto a tercero,
sólo se extinguen por cancelación en los términos de esta Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 192.- Las inscripciones preventivas se extinguen por cancelación, caducidad o por su
conversión en inscripción definitiva conforme a esta Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 193.- Las inscripciones y anotaciones preventivas y definitivas en los Folios Electrónicos,
pueden cancelarse por consentimiento de todas las partes relacionadas con dichos asientos, siempre que
éstas lo sean legítimas, tengan capacidad para contratar y hagan constar su voluntad de modo auténtico.
También pueden cancelarse por orden judicial o administrativa, conforme lo establezcan las Leyes
respectivas.
Tratándose de derechos reales distintos de la propiedad, la cancelación podrá hacerse por renuncia
unilateral que haga el titular del derecho, por medio de documento auténtico, siempre y cuando no reporte
ese derecho ningún gravamen a favor de otro, caso en el cual será menester la conformidad de éste,
expresada en forma indubitable.
ARTÍCULO 194.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total de inscripciones
preventivas o definitivas, cuando:
I.- Se extinga por completo el bien objeto de la inscripción;
II.- Se extinga, también por completo, el derecho inscrito;
III.- Se declare la nulidad del acto consignado en el documento en cuya virtud se haya hecho la
inscripción;
IV.- Se declare la nulidad de la inscripción;
V.- Sea vendido judicialmente el inmueble que reporte el gravamen, en el caso previsto en el artículo
2582 del Código Civil para el Estado de Sonora; y
VI.- Tratándose de cédula hipotecaria o de embargo, hayan transcurrido dos años de la fecha de la
inscripción, sin que el acreedor haya promovido en el juicio correspondiente. En este caso, deberá tramitarse
la cancelación por conducto de la autoridad que hubiere ordenado la inscripción o asiento respectivo.
ARTÍCULO 194.- Podrá pedirse y deberá declararse, en su caso, la cancelación parcial de la
inscripción preventiva o definitiva, cuando:
I.- Se reduzca el bien objeto de la inscripción; y
II.- Se reduzca el derecho inscrito.
ARTÍCULO 195.- Las inscripciones preventivas, caducarán a los dos años de su fecha, salvo aquéllas
a las que se les fije un plazo de caducidad más breve. No obstante, la caducidad y, en su caso, la cancelación
de los asientos respectivos, cuando los mismos se hayan producido por orden de autoridad, sólo podrán
producirse por mandato de dicha autoridad ordenadora.
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La caducidad produce la extinción de la inscripción respectiva, por el simple transcurso del tiempo,
pero cualquier interesado podrá solicitar en este caso que se anote la cancelación de dicha inscripción.
ARTÍCULO 196.- Los padres, en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos, los tutores de
menores o incapacitados y cualesquiera otros administradores, sólo pueden consentir la cancelación de
inscripciones o anotaciones hechas en favor de sus representados, en el caso de pago o por sentencia
judicial.
ARTÍCULO 197.- La cancelación de inscripciones de hipotecas constituidas en garantía de títulos
transmisibles por endoso, puede hacerse:
I.- Presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la cual debe
constar haberse inutilizado, en el acto de su otorgamiento, los títulos endosables;
II.- Por solicitud firmada por dichos interesados y por el deudor, que conste de modo auténtico, a la
cual se acompañan inutilizados los referidos títulos; y
III.- Por ofrecimiento de pago o consignación del importe de los títulos, tramitados y resueltos de
acuerdo con las disposiciones legales relativas.
ARTÍCULO 198.- Las inscripciones de hipotecas constituidas con el objeto de garantizar títulos al
portador se cancelarán totalmente, si se hiciere constar por acta notarial, estar recogida y en poder del deudor
toda la emisión de títulos inutilizados. Procederá también la cancelación total si se presentaren, por lo menos,
las tres cuartas partes de los títulos al portador emitidos y se asegurase el pago de los restantes,
consignándose su importe y el de los intereses que procedan. La cancelación, en este caso, deberá
acordarse por sentencia, previo los trámites fijados en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Sonora.
ARTÍCULO 199.- Podrán cancelarse parcialmente las inscripciones hipotecarias de que se trate,
presentando acta notarial que acredite estar recogidos y en poder del deudor, debidamente inutilizados, títulos
por un valor equivalente al importe de la hipoteca parcial que se trate de extinguir, siempre que dichos títulos
asciendan por lo menos, a la décima parte del total de la emisión.
ARTÍCULO 200.- Podrán pedir la cancelación de una inscripción definitiva las partes que hayan
intervenido directamente en el acto o contrato de cuya inscripción se trate, compareciendo todas ellas y
cualquier otra persona que resulte perjudicada por esta inscripción, debiendo tramitarse la solicitud respectiva
conforme lo establezca la Ley aplicable, cuando la cuestión surja entre las partes y lo inscrito sea una
demanda, un embargo o cualquier otro acto judicial y en juicio sumario en todos los demás casos, salvo que
alguna disposición especial establezca otra cosa.
ARTÍCULO 201.- Las cancelaciones se harán en la forma que fije el Reglamento respectivo; pero
deberán contener para su validez, los datos necesarios a fin de que con toda exactitud se conozca cuál es la
inscripción que se cancela, la causa por la que se hace la cancelación y su fecha.
CAPITULO DECIMO SEGUNDO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD REGISTRAL
ARTÍCULO 202.- El solicitante del servicio podrá interponer el Recurso de Inconformidad
Registral, contra las resoluciones o determinaciones del Registrador. Dicho Recurso deberá interponerse
en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del acto impugnado.
ARTÍCULO 203.- El Recurso de Inconformidad Registral se sustanciará ante el Registrador, en
la forma y términos previstos en el Reglamento, el cual establecerá las causas de desechamiento del
mismo. El Registrador ordenará que, en su caso, se practique una anotación preventiva relativa a la
interposición de dicho recurso, en el Folio Electrónico relacionado, para los efectos de la conservación de
la Prelación registral.
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ARTÍCULO 204.- Si la resolución del Registrador fuese favorable al recurrente, se le dará
inmediato cumplimiento. En caso contrario, el Registrador asentará, de inmediato, anotación preventiva
que caducará en un plazo de sesenta días, para efectos de Prelación, si el recurrente se inconforma con
la resolución del Recurso de Inconformidad Registral ante autoridad judicial o administrativa, según el
caso. Dicho término se prorrogará a dos años en caso de que el interesado demuestre la iniciación del
procedimiento judicial o administrativo correspondiente y en tanto dicho procedimiento se mantenga
abierto, se podrán realizar prórrogas adicionales por el mismo plazo, a solicitud del interesado.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, entrará en
vigor el día primero de noviembre del año dos mil dieciocho, previa su publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Sonora.
Con la iniciación de la vigencia de la presente Ley, queda abrogada la Ley Catastral y Registral
del Estado de Sonora, así como su Reglamento y todas las menciones a dichos ordenamientos,
contenidas en leyes, disposiciones y actos administrativos, se entenderán referidas a esta Ley. A la
iniciación de la vigencia de la presente Ley, deberá entrar en vigor su Reglamento.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Poderes Legislativo y Ejecutivo y los Municipios de la Entidad, en
sus respectivos ámbitos de competencia y dentro de un plazo no mayor de tres años, contado a partir de
la iniciación de la vigencia de esta Ley, deberán realizar las adecuaciones normativas, administrativas,
técnicas y presupuestarias, para que los catastros estatal y municipales, estén en aptitud de llevar a cabo
sus procedimientos conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley. El término señalado en
este párrafo, surtirá sus efectos en tanto no sea modificado por otra u otras disposiciones legales o
administrativas de aplicación obligatoria en el Estado de Sonora.
El Reglamento deberá regular en un apartado especial, la función y procedimientos catastrales,
en tanto las oficinas correspondientes estén en aptitud de llevar a cabo sus actividades en los términos
de esta Ley.
ARTÍCULO TERCERO.- El Sistema Registral de Folios Electrónicos establecido en esta Ley, se
instaurará de manera progresiva en las oficinas registrales del Estado. Para tal efecto, el Instituto deberá
promover acciones de migración masiva de inscripciones realizadas conforme a sistemas anteriores.
El Vocal Ejecutivo del Instituto determinará las oficinas donde se llevarán a cabo procesos de
migración masiva, atendiendo a la suficiencia presupuestaria. Asimismo, realizados dichos procesos, el
Vocal Ejecutivo determinará la fecha a partir de la cual se pondrá en práctica el Sistema Registral de
Folios Electrónicos establecido en esta Ley, lo que se publicará con anticipación mínima de treinta días
naturales a la fecha antes señalada, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y en el Portal
Electrónico Oficial del Instituto.
El Reglamento deberá regular y definir en un apartado especial, en forma complementaria a las
disposiciones de esta Ley, el sistema conforme al cual operarán las oficinas registrales, en tanto en éstas
se implemente el de folios electrónicos.
ARTÍCULO CUARTO.- Los procedimientos en trámite ante autoridades administrativas o
judiciales, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, serán concluidos conforme a las
disposiciones legales vigentes en la fecha de su inicio.
ARTÍCULO QUINTO.- Los procesos de migración de inscripciones y anotaciones marginales, al
Sistema Registral de Folios Electrónicos, se llevarán a cabo sin calificación y en forma gratuita. Dichos
procesos se realizarán oficiosamente mediante migración masiva o unitaria, en los casos previstos en
esta Ley y los titulares registrales no tendrán la obligación de iniciarlos y sus derechos quedarán a salvo
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y conforme a las inscripciones o registros existentes antes de la iniciación de la vigencia de esta Ley. Lo
anterior sin perjuicio del derecho de dichos titulares registrales, de solicitar, en caso de considerarlo
conveniente, la señalada migración.
El Reglamento de esta Ley establecerá los procedimientos para que los folios resultantes de
procesos de migración contengan los elementos establecidos en esta Ley, los cuales se obtendrán de
procedimientos registrales posteriores a la migración.
ARTÍCULO SEXTO.- El artículo 91 de esta Ley, sólo se aplicará a los servidores públicos que
ingresen al servicio con posterioridad a la iniciación de su vigencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El titular del Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado, a la brevedad que
el caso amerita, deberán realizar las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias, a fin de dotar
de los recursos materiales y financieros al Instituto, para el cumplimiento de esta Ley.
ARTÍCULO OCTAVO.- Se derogan las disposiciones legales de igual o menor jerarquía jurídica,
que se opongan a lo establecido en esta Ley.
A P É N D I C E
LEY 287.- B.O. No. 21, Sección II, de 10 de septiembre de 2018.
I N D I C E
LEY CATASTRAL Y REGISTRAL PARA EL ESTADO DE SONORA…………….……………………….19
TÍTULO PRIMERO .................................................................................................................................... 19
DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................................... 19
CAPÍTULO ÚNICO .................................................................................................................................... 19
DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................................... 19
TÍTULO SEGUNDO .................................................................................................................................. 26
DE LA FUNCIÓN CATASTRAL ............................................................................................................ 26
CAPÍTULO PRIMERO .............................................................................................................................. 26
DEL CATASTRO ................................................................................................................................... 26
CAPÍTULO SEGUNDO ............................................................................................................................. 31
DE LOS PROCESOS CATASTRALES ................................................................................................ 31
CAPÍTULO TERCERO .............................................................................................................................. 39
TÍTULO TERCERO ................................................................................................................................... 41
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD ................................................................................. 41
CAPÍTULO PRIMERO .............................................................................................................................. 41
DE LA FUNCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO ...................................................................................... 41
Y DISPOSICIONES GENERALES ....................................................................................................... 41
CAPÍTULO SEGUNDO ............................................................................................................................. 45
DE LA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO ........................................................................................... 45
CAPÍTULO TERCERO .............................................................................................................................. 48
69
DEL SISTEMA INFORMÁTICO REGISTRAL ....................................................................................... 48
CAPITULO CUARTO ................................................................................................................................ 49
DE LA CONSULTA ............................................................................................................................... 49
CAPÍTULO QUINTO ................................................................................................................................. 51
DEL SISTEMA REGISTRAL DE FOLIOS ELECTRONICOS ............................................................... 51
CAPITULO SEXTO ................................................................................................................................... 60
DE LA SECCION INMOBILIARIA ......................................................................................................... 60
CAPITULO SEPTIMO ............................................................................................................................... 63
SECCION MOBILIARIA ........................................................................................................................ 63
CAPÍTULO OCTAVO ................................................................................................................................ 63
DE LA SECCION DE PERSONAS MORALES ..................................................................................... 63
DE NATURALEZA CIVIL ...................................................................................................................... 63
CAPÍTULO NOVENO ................................................................................................................................ 64
DE LA SECCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO ....................................................... 64
CAPITULO DECIMO ................................................................................................................................. 64
DE LA SECCION AUXILIAR ................................................................................................................. 64
CAPÍTULO DECIMO PRIMERO ............................................................................................................... 65
DE LA EXTINCIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS ASIENTOS ............................................................... 65
CAPITULO DECIMO SEGUNDO ............................................................................................................. 66
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD REGISTRAL ......................................................................... 66
TRANSITORIOS ....................................................................................................................................... 67