<![CDATA[COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN
DIPUTADOS INTEGRANTES:
DAVID HOMERO PALAFOX CELAYA
EMETERIO OCHOA BAZÚA
CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA
JOSÉ ARMANDO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
JAVIER DAGNINO ESCOBOSA
LINA ACOSTA CID
FERMÍN TRUJILLO FUENTES
HONORABLE ASAMBLEA:
A los diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción de esta Sexagésima Primera
Legislatura, por acuerdo de la Presidencia, nos fueron turnados para estudio y dictamen, escrito de la
Gobernadora del Estado, asociada del Secretario de Gobierno, el cual contiene INICIATIVA CON
PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN y escrito de los diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Legislatura, con proyecto de
LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SONORA.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, fracción XXXII, 94,
fracciones II y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos
para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:
PARTE EXPOSITIVA
La iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo Estatal fue presentada ante el Pleno de este Poder
Legislativo, el día 22 de marzo de 2017 y se fundamenta en la siguiente exposición de motivos:
“La corrupción en México es un problema económico, social y cultural que afecta de manera
devastadora a la ciudadanía, pues demerita la atracción de inversiones productivas, no permite un
adecuado combate a la pobreza y genera inseguridad pública, entre muchos otros efectos perjudiciales.
Por ello, el combate a la corrupción es una de las principales prioridades de las que debemos
ocuparnos para el logro del bienestar social y el desarrollo de nuestro Estado.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 113 un Sistema
Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
El mismo artículo establece que las entidades federativas deben establecer sistemas locales
anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
En este sentido, el artículo segundo transitorio del Decreto que expide la Ley del Sistema
Nacional Anticorrupción establece la obligación para las legislaturas locales de expedir las leyes y realizar
las adecuaciones normativas correspondientes.
Por ello, y toda vez que las Legislaturas de los Estados deben en el ámbito de sus respectivas
competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes antes del 19 de
julio del presente año, se hace necesario legislar en materia de combate a la corrupción en el Estado de
Sonora, mediante la creación y confección de un Sistema Estatal Anticorrupción de observancia general
en todo el territorio del Estado de Sonora y cuyo objeto es establecer las bases de coordinación entre los
poderes del Estado, los municipios, los órganos autónomos y las instituciones, para el funcionamiento del
Sistema Estatal previsto en el artículo 143 A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Sonora, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas
administrativas y los hechos de corrupción, bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y
competencia por mérito.”
Asimismo, con fecha 18 de abril del año en curso, se presentó al Pleno Legislativo, la iniciativa de
los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, misma que se sustenta
bajo los siguientes argumentos:
“Hoy más que nunca, México se encuentra invadido por un terrible “cáncer”: la corrupción.
La gravedad de este “cáncer” es tal, que ya no podemos emplear remedios paliativos para dejar
de sentir sus efectos más nocivos, sino que necesitamos emplear las terapias más fuertes y agresivas
para extirparlo y sanar de una vez por todas al país.
La organización Transparencia Internacional publicó en enero pasado los resultados del Índice de
Percepción de la Corrupción 2016, en donde Dinamarca y Nueva Zelanda se ubicaron en la primera
posición de entre 176 países calificados, gracias a que ambas naciones cuentan con la percepción más
baja de corrupción en el mundo.
En contraste, México cayó 28 lugares en el último año, al pasar de la posición 95 a la 123.
Lo peor es que hace una década, es decir en el año 2006, México ocupaba la posición 70 en este
mismo ranking, por lo que en los últimos 10 años el país ha caído 53 lugares.
De esta forma, en 2016 nuestro País se ubicó en el último lugar entre los países que integran la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y al menos 40 posiciones por
debajo de sus principales competidores económicos como es el caso de China, India y Brasil.
1/ Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción 2016, elaborado por Transparencia Internacional.
http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2017/01/mundial.png
Por otra parte, la corrupción tiene elevados costos económicos que recaen en el bolsillo de los
ciudadanos.
De acuerdo con estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), la corrupción le cuesta a México el equivalente a 10 por ciento de su Producto Interno Bruto
(PIB), es decir, alrededor de 1.9 billones de pesos al año, lo que quintuplica el costo de este problema a
nivel mundial.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) los sobornos a nivel internacional ascienden a sólo
un 2 por ciento del PIB mundial.
2/ Fuente: Nota informativa de La Jornada del 18 de agosto de 2016.
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/18/economia/020n1eco
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su estudio “México: Anatomía de la
Corrupción” señala que la corrupción equivale para las empresas a un 5 por ciento de sus ventas
anuales, mientras que los hogares deben destinar un 14% de su ingreso anual promedio para pagos
extraoficiales o sobornos como los conocemos comúnmente.
También revela que Sonora se ubica en el lugar número 15 en Percepción sobre Frecuencia de la
Corrupción, ya que alrededor de un 86 por ciento de las personas cree que existe corrupción en el
estado. En contraste, Querétaro tiene la percepción más baja de corrupción en el país con un 65 por
ciento, mientras que la Ciudad de México tiene la más alta con 95.3 por ciento.
3/ Fuente: Estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, elaborado por el IMCO. http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
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Ante la gravedad de este problema nacional, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó en
octubre 2014 su propuesta para la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción con el que se
buscaría combatir frontal y eficazmente este problema.
El partido Acción Nacional, incluso calificó esta reforma como la más importante de todas las
reformas impulsadas por el PAN y la colocó como la prioridad número uno de sus legisladores.
Derivado de este impulso decidido por parte de Acción Nacional, fue que en mayo de 2015
finalmente fue promulgada la Reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción, mientras
que para julio de 2016 entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
De esta forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113,
señala como una obligación de las entidades federativas establecer sus propios sistemas estatales
anticorrupción, esto con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
4/ Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece en su artículo 36 las
bases que deben atender las leyes de las entidades federativas que desarrollen la integración,
atribuciones y funcionamiento de los Sistemas Estatales Anticorrupción.
También en esta misma ley se establece un plazo de un año, que finaliza el próximo 19 de julio
de 2017, para que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes para
establecer los Sistemas Estatales Anticorrupción en cada una de las entidades federativas del país.
5/ Fuente: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
EL PAN es el partido político que ha impulsado con mayor fuerza el Sistema Nacional
Anticorrupción.
Como Grupo Parlamentario Estatal continuamos en Sonora ese esfuerzo y desde el inicio de la
legislatura, el 17 de septiembre de 2015, presentamos en este Pleno la Agenda Legislativa con los ejes
rectores de nuestro trabajo, en los cuales se incluyen las directrices de este tema en el Eje V: COMBATE
A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, donde se señala con precisión:
“Para fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la construcción de gobiernos
abiertos, transparentes y participativos, proponemos establecer un Sistema Anticorrupción en Sonora.
Este sistema, que concebimos junto con algunas de las organizaciones más representativas de la
sociedad civil, busca blindar el uso de recursos públicos en todos los ámbitos de gobierno, tomando
como referente la reforma constitucional federal”.
“En lo que refiere al tema de transparencia y rendición de cuentas, estamos conscientes de que
la mejor manera de garantizar el buen uso de los recursos públicos y la eficiencia del gobierno es
promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, porque así se generan
bases sólidas para que entre todos vigilemos las decisiones tomadas y su orientación al bien común”.
“Por ello, proponemos generar las acciones necesarias a efecto de lograr la instrumentación del
nuevo Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección y Datos Personales,
siguiendo los ordenamientos de la reforma nacional”.
Atendiendo nuestra Agenda Legislativa y en congruencia con nuestro partido a nivel nacional, fue
el 01 de octubre de 2015 cuando presentamos la Iniciativa con proyecto de Decreto a fin de reformar y
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adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, para la implementación
del Sistema Estatal Anticorrupción, siendo el 30 de junio de 2016 y el 01 de diciembre de 2016 cuando se
aprobaron estas dos reformas constitucionales a favor de la rendición de cuentas.
Durante el proceso de creación del Sistema Estatal Anticorrupción, el Grupo Parlamentario del
PAN ha privilegiado la opinión de la sociedad civil organizada, escuchamos a las organizaciones y a los
expertos para fortalecer las iniciativas existentes, pero también hemos realizado análisis profundos para
presentar iniciativas de ley que logren mejoras en el ejercicio de gobierno, porque eso es lo que
demandan los sonorenses.
En ese sentido, el 29 de marzo pasado, a fin de garantizar que los recursos públicos en Sonora
sean ejercidos de manera ordenada y transparente, propusimos a esta Soberanía reformas y adiciones a
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto
Público Estatal, porque buscamos reducir el plazo de 45 a 30 días para que el Gobierno del Estado
presente su informe trimestral y explicar la evolución del presupuesto anual a través de una plataforma
accesible a los ciudadanos.
Observamos que cada año el Ejecutivo Estatal excede la aplicación de recursos aprobados por el
Congreso local, por lo que la iniciativa en revisión sigue las recomendaciones del Instituto Mexicano para
la Competitividad, A.C. (IMCO) en materia de transparencia presupuestal proponiendo institucionalizar
las mejores prácticas contables para la elaboración y aprobación de las Leyes de Ingresos y
Presupuestos de Egresos; dicha ley se encuentra en análisis de las Comisiones Anticorrupción y de
Vigilancia del ISAF en forma unida.
Hoy, presentamos como Grupo Parlamentario de Acción Nacional el tercer producto legislativo
en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, en un compromiso del Partido Acción Nacional y sus
legisladoras y legisladores con el combate frontal a la corrupción, a favor de la transparencia y a la
rendición de cuentas ante los ciudadanos, y buscando con esto mejores políticas públicas que
contribuyan a que los sonorenses tengan la calidad de vida que se merecen.
En el Grupo Parlamentario del PAN, si bien hemos impulsado con decisión el Sistema Estatal
Anticorrupción, consideramos que no es un logro de un solo grupo, es un logro de toda la legislatura y de
las diversas fuerzas políticas que la integran.
Este Congreso ha estado a la altura de las necesidades en este tema, hemos llegado a los
consensos necesarios para avanzar en las iniciativas, por ello hoy ponemos a su disposición,
compañeros legisladores y legisladoras, y de los ciudadanos sonorenses, la iniciativa de Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora a fin de que avancemos en la construcción de este gran
sistema bajo un precepto esencial: La Armonización total del Sistema Estatal al Sistema Nacional
Anticorrupción.
De la armonización total se desprenden los proyectos de:
• Fiscalización
• Participación Ciudadana
• Transparencia
Impulsamos la apertura de nuestro Congreso desde la creación del Sistema Estatal
Anticorrupción, por ello hemos trabajado en vinculación con organizaciones de la sociedad Civil
organizada atendiendo las recomendaciones del IMCO, de Coparmex, de Sonora Ciudadana, de colegios
de profesionistas como es el gremio de los abogados y de los contadores a fin de robustecer las
propuestas oficiales y las propias.
Constituidos en un Congreso Abierto, impulsamos que las designaciones de los integrantes del
Sistema Estatal Anticorrupción, como son los titulares de los entes de Gobierno, se realicen desde la
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propia sociedad civil como actualmente ocurre con el proceso de selección del titular del Instituto Superior
de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a través del Comité de Evaluación del Desempeño Legislativo.
Seguiremos impulsando, como Grupo Parlamentario, mayores mecanismos para una mayor y
mejor participación ciudadana, y otros mecanismos que garanticen una mayor transparencia con la
conjunción de corresponsabilidad con la sociedad civil.
Es por esto que el Grupo Parlamentario del PAN presenta hoy a consideración de esta honorable
asamblea su iniciativa de ley para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora.
Este sistema tiene por objetivo seguir y aplicar los principios, bases generales, políticas públicas
y procedimientos generados ya por el Sistema Nacional Anticorrupción, para la coordinación entre las
autoridades de gobierno en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y el control de recursos públicos en nuestro estado.
Como ya lo ha señalado el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, siguiendo el modelo de
“Parlamento Abierto” estaremos atentos a las importantes observaciones y contribuciones que hagan
para el análisis de esta iniciativa de ley organizaciones sociales, organismos empresariales, académicos
y ciudadanos que deseen aportar a la discusión y el mejoramiento de esta iniciativa.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PAN, renovamos hoy nuestro compromiso de
impulsar leyes y reformas, en conjunto con la sociedad organizada, que permitan contar con poderes
estatales y gobiernos municipales más transparentes y obligados a la rendición de cuentas.
Esto ha quedado de manifiesto con las reformas de ley que hemos elaborado en conjunto con la
sociedad civil organizada, presentado y aprobado desde el año pasado a la fecha en materia de
disciplina financiera para el Estado y los municipios, en Fiscalización de recursos públicos, y en
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Finalmente, sólo queda decir que esta iniciativa para la creación del Sistema Estatal
Anticorrupción permitirá al Estado y a los Municipios, así como a todos los Entes Públicos adecuarse a la
legislación federal vigente, pero también estará acorde con las exigencias de una ciudadanía Sonorense
que pide Gobiernos y funcionarios públicos transparentes, honestos y con rendición de cuentas.”
Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo la iniciativa en estudio, para lo
cual nos fundamentamos bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES:
PRIMERA.- El Ejecutivo del Estado tiene competencia y atribución legal para iniciar ante el
Congreso del Estado las leyes y decretos que juzgue convenientes para el mejoramiento de la
administración pública y progreso del Estado, según lo dispuesto por los artículos 53, fracción I y 79,
fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora.
SEGUNDA.- Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder
Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y
aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las
personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas
determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución
Política del Estado de Sonora.
TERCERA.- El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los
derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a
su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del
Estado de Sonora.
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CUARTA.- En el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015, se publicó el decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de entre las cuales se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que
establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; las leyes que regulen la
organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y aquellas que normen la gestión,
control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos de la Federación; la ley que
instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que establezca su organización y su
funcionamiento; y la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para
establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
A partir de ese Decreto de reformas estructurales a la Constitución Política Federal, en materia
de combate a la corrupción, los integrantes de este Poder Legislativo, en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos Transitorios Primero, Cuarto y Séptimo del mencionado Decreto y en aras no sólo de atender
el mandamiento constitucional, sino que además en respuesta al reclamo de los Sonorenses por castigar
a los servidores públicos corruptos, tanto a nivel Estatal como Municipal, hemos venido realizando
diversas adecuaciones a nuestro marco jurídico local, a fin de dotar de facultades a diversas entes
públicos que se encargarán de participar en el combate a la corrupción en el Estado.
En ese tenor, en la sesión celebrada por el Pleno de este Poder Legislativo, el día 30 de Junio
del 2016, se aprobó la Ley número 96, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado de Sonora, para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, misma que
después de contar con el voto aprobatorio de la mayoría de los ayuntamientos del Estado, fue publicada
en el Boletín Oficial No. 43, sección II, de fecha 28 de noviembre de 2016, con el objeto de crear el
Sistema Estatal Anticorrupción, crear la Fiscalía General del Estado de Sonora, como un órgano
Constitucionalmente Autónomo; crear la Fiscalía Anticorrupción y la Especializada en Delitos Electorales
y otorgar al Tribunal Contencioso Administrativo la facultad de imponer sanciones a los servidores
públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares
que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten
a la Hacienda Pública del Estado o de los Municipios.
Posteriormente, en sesión celebrada también por el Pleno de esta Asamblea Legislativa, el día 01 de
diciembre del año 2016, se aprobó la Ley número 102, mediante la cual, después de ser ratificada por los
ayuntamientos del Estado, se aprobaron nuevas modificaciones a nuestra Constitución Local, con el
propósito de garantizar la correcta homologación con las reformas estructurales aprobadas a nivel federal
en materia al combate a la corrupción, dentro de las cuales destacan las siguientes:
✓ Se cambia la naturaleza jurídica del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, para dejar de
ser un órgano dependiente de este Poder Legislativo y convertirse en un órgano
constitucionalmente autónomo.
✓ El Tribunal Contencioso Administrativo se convierte en Tribunal del Justicia Administrativa, el cual
funcionará en Pleno y con una nueva Sala Especializada en materia de combate a la corrupción.
✓ La designación de los titulares de las fiscalías anticorrupción y especializada en delitos
electorales, será una atribución del propio Fiscal General y no de la Titular o del Titular del
Ejecutivo del Estado.
✓ La duración del cargo de Fiscal General será de 9 años, y en su designación se contará con la
participación del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.
Finalmente, en sesión celebrada por este Poder Legislativo, el día 23 de marzo
de 2017, se aprobaron las leyes 179 y 180, sobre el mismo tema. La Ley Número 179, que reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado, mediante la cual se establece la
sustitución de la Policia Estatal Investigadora por la Agencia Ministerial Investigadora Criminal, como un
órgano coadyuvante de la Fiscalía General, la cual se encargará de la investigación de hechos
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considerados como delitos. Por otro lado, pero en el mismo sentido, la Ley número 180 es la que
corresponde a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual viene a regular
la estrcutura y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, que sustituye a la Procuraduría General
de Justicia del Estado, donde, entre otras, se contempla la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía
Especializada en Materia de Delitos Electorales, destacando la creación, ya en Ley, de estas dos fiscalías
especializadas antes aludidas, las cuales se verán reforzadas en su marco jurídico de actuación.
Como podemos apreciar, el trabajo que se ha venido realizando por parte de este Poder
Legislativo en materia de combate a la corrupción ha sido ardúo, ya que coincidimos con toda la
población sonorense, que ya no podemos seguir tolerando más actos de corrupción por parte de los
servidores públicos. Por tal motivo, seguiremos vigilantes del sentir ciudadano y continuaremos
trabajando para que en Sonora prevalezca el Estado de Derecho, en donde los servidores públicos
actuen de manera congruente con las altas expectativas que la sociedad tiene en sus representantes.
QUINTA.- Ahora bien, dentro del análisis y discusión del resolutivo final que forma parte del
presente dictamen, se tomó como base el articulado propuesto inicialmente por la Gobernadora del
Estado, en su iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual se compone de 52 artículos
divididos en cinco títulos que se describe a continuación:
✓ Título Primero: Disposiciones Generales.
✓ Título Segundo: Del Sistema Estatal Anticorrupción.
✓ Título Tercero: Del Sistema Estatal de Fiscalización.
✓ Título Cuarto: Plataforma Digital.
✓ Título Quinto: Del Informe Anual y las Recomendaciones del Comité Coordinador.
No obstante, lo anterior y atendiendo al hecho de que el día 18 de abril del presente año se
presentó una iniciativa diversa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción por parte de los diputados
integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, esta Comisión Dictaminadora,
retomó de esta nueva propuesta diversas disposiciones para integrarlas a la iniciativa de Ley inicialmente
presentada por la Titular del Ejecutivo, debido al avance ya realizado en el estudio de la primera de las
iniciativas, pero que, sin lugar a dudas, permitirá complementarla, para así lograr que en Sonora se tenga
un marco jurídico más sólido que fortalezca el Sistema Estatal Anticorrupción que se pretende
implementar en los próximos días.
Es importante mencionar, que para adentrarnos en el contexto nacional en el que se desarrolla el
andamiaje jurídico del combate a la corrupción, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos
invitado a reconocidos especialistas en la materia, para que desarrollen magistrales conferencias ante
este Poder Legislativo, como es el caso de la Conferencia sobre “el Sistema Nacional Anticorrupción y su
armonización en los Estados”, impartida por la Doctora María de los Ángeles Fromow, y la Conferencia
sobre “Los Retos del Sistema Nacional Anticorrupción y el Proceso en el Estado de Sonora”, impartida
por el General Rafael Marcial Macedo de la Concha, los días 23 y 28 de marzo, respectivamente, donde
contamos con la valiosa participación de diversas personalidades del ámbito jurídico del Estado.
Como producto de lo anterior, en la elaboración del presente dictamen se contó con la nutrida y
entusiasta participación de la totalidad de los diputados que conforman los grupos y representaciones
parlamentarias que conforman la LXI Legislatura, lo que no solo enriqueció el dictamen que presenta esta
comisión, sino que facilitará los acuerdos necesarios para su aprobación en la sesión de pleno que
corresponda, agilizando los tiempos para que Sonora cuente con un Sistema Estatal Anticorrupción que
venga a velar por los intereses de la sociedad sonorense.
Por otra parte, dada la trascendencia que reviste la materia de la Ley objeto del presente
Dictamen, este Poder Legislativo, fiel al compromiso ante la sociedad y como parte de la implementación
de prácticas de Parlamento Abierto, a través de la Comisión Anticorrupción, creó un micro sitio dentro de
la página oficial del Congreso del Estado, con la finalidad de informar y recabar propuestas por parte de
la ciudadanía, sobre las actividades legislativas desarrolladas para la implementación del nuevo Sistema
Estatal Anticorrupción en el Estado.
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Con motivo de lo anterior, Sonora Ciudadana A.C. y Coparmex Sonora Norte, han venido
participando en la integración de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, aportando sus sugerencias y
observaciones, mismas que se hicieron llegar mediante escrito de fecha 06 de abril del año en curso,
presentado ante la oficialía de este Congreso del Estado, así como las que verbalmente expusieron en la
sesión celebrada por la Comisión Anticorrupción el día 17 de abril del presente año.
Es importante destacar que dada la relevancia y la trascendencia de las observaciones
planteadas tanto por Sonora Ciudadana A.C. como Coparmex Sonora Norte, las mismas han sido
tomadas en cuenta dentro del análisis de esta comisión, siendo integradas a dentro del resolutivo final del
presente dictamen, las observaciones que se describen a continuación:
✓ Se atendió la observación hecha a los artículos 1 y 6, párrafo penúltimo de la iniciativa, a fin de
adecuar la redacción de los mismos para darle una mayor precisión a estas disposiciones.
✓ Se atendió la observación hecha al artículo 2, fracción X, de la iniciativa, a fin de retomar la
redacción propuesta por en el articulado modelo elaborado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad A.C.
✓ Se eliminó del artículo 3, fracción XV, el concepto de Sistemas locales, dado que no tiene cabida
en el contexto de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, por referirse este término al contexto
nacional.
✓ En cuanto a la observación que se hizo al artículo 7 de la iniciativa, se atendió y sólo se dejó en el
mismo, que el Sistema Estatal se compone por los integrantes del Comité Coordinador y el
Comité de Participación Ciudadana, desapareciendo el Comité Rector del Sistema Estatal
Anticorrupción como parte del Sistema, para evitar conflictos en la ley, por una probable
duplicidad de funciones con el resto de los órganos integrantes.
✓ Se subsanaron las observaciones que se hicieron en cuanto a la redacción de los artículos 24 y
31 de la iniciativa.
✓ En cuanto la observación que se hizo en el artículo 26, se precisó en el artículo 24 de la iniciativa,
que la relación laboral de los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva, se regirán de conformidad a
lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para garantizar la certeza laboral a que tienen derecho los ciudadanos que laboren
para dicho órgano público.
✓ Se subsanaron diversas observaciones en la redacción, con el propósito de ser más claros en el
resolutivo, siendo las expresadas con antelación las más destacables.
✓ Por último, se retomaron también las observaciones hechas por dichos organismos no
gubernamentales, respecto al procedimiento de selección de candidatos para la integración de
los miembros del Comité de Selección, así como el procedimiento para la elección de los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
En virtud de todo lo anterior, para los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, las iniciativas
de Ley objeto del presente Dictamen, reforzadas con las aportaciones hechas por Sonora Ciudadana
A.C. y Coparmex Sonora Norte, vienen a formar parte del blindaje jurídico que se requiere para combatir
y erradicar la corrupción por parte de los Servidores Públicos, por lo que una vez analizado el contenido
de todo el proyecto, razón por la cual, estimamos procedente adecuar la redacción del contenido del
proyecto de Ley, para que sea congruente con las propuestas antes mencionadas, quedando en los
siguientes términos:
La iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción se compone de 60 artículos divididos en
cinco títulos, así cómo por cinco artículos transitorios, mismos que se describen con a continuación:
En el Título Primero denominado DISPOSICIONES GENERALES, en su Capítulo I, denominado
OBJETO DE LA LEY, establece que la Ley tiene por objeto:
a. Implementar el Sistema Estatal Electoral.
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b. Establecer las bases de coordinación entre los poderes del estado, los municipios, los
órganos autónomos, las instituciones y los entes públicos, para el funcionamiento y la debida
integración del Sistema Estatal Anticorrupción,
c. Que las autoridades competentes lleven a cabo acciones de prevención, detección y sanción
a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas y en hechos que constituyan
actos de corrupción.
Así mismo, establece el capítulo I que los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley son:
a. Los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
b. Órganos constitucionalmente autónomos.
c. Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal
En lo que respecta el capítulo II, denominado PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO
PÚBLICO, establece que los principios rectores que rigen el servicio público son la legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia,
economía, integridad y competencia por mérito.
En el Título Segundo, denominado DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, en el Capítulo
I, denominado DEL OBJETO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, establece que el Sistema
Estatal tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la
coordinación entre las autoridades de todos los Entes públicos en la prevención, detección y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos,
atendiendo a los lineamientos y políticas establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por otra parte, se prevé también en este capítulo, que el Sistema Estatal Anticorrupción se
integra por el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana.
En el Capítulo II, denominado del Comité Coordinador, establece que el Comité Coordinador
constituye una instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes
de dicho Sistema, y tendrá la responsabilidad de promover y evaluar las políticas públicas de combate a
la corrupción.
El Comité Coordinador tendrá entre otras las siguientes atribuciones: La elaboración de su
programa de trabajo anual, a más tardar en el mes de noviembre del año anterior; El establecimiento de
bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; La aprobación, diseño y promoción de
la política estatal en la materia, en armonía con la política nacional, así como su evaluación periódica,
ajuste y modificación; Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la
fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva;
Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas,
acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales.
El Comité Coordinador se conformará por:
a. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;
b. El titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización;
c. El titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción;
d. El titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado;
e. Un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado;
f. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y
g. El Presidente del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
El Capítulo III, denominado del Comité de Participación Ciudadana, establece que el mismo tiene
objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de
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vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema
Estatal.
El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad
y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta Ley establece
para ser nombrado Secretario Técnico. Dichos integrantes no podrán ocupar, durante el tiempo de su
gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal,
ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de
Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.
El Comité de Participación Ciudadana, tendrá entre otras atribuciones, las siguientes: Aprobar
sus normas de carácter interno; Elaborar su programa de trabajo anual; Aprobar el informe anual de las
actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público;
Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; Acceder sin ninguna restricción, por
conducto del Secretario Técnico, a la información que genere el Sistema Estatal;
En el Capítulo IV, denominado DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN, en la Sección I, denominada DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, prevé
la creación de un Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de que la misma
funja como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la
asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.
La Secretaría Ejecutiva se constituye como un órgano descentralizado de la administración
Pública Estatal, la cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual no estará
sectorizada a ninguna dependencia.
En lo que respecta la Sección II, denominada DE LA COMISIÓN EJECUTIVA, se prevé que, para
el mejor desempeño de las funciones de la Secretaría Ejecutiva, contará con el apoyo de una Comisión
Ejecutiva, la cual fungirá como un órgano técnico, la cual estará integrada por un Secretario Técnico y el
Comité de Participación Ciudadana.
La Comisión Ejecutiva, tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para
que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes propuestas para
ser sometidas a la aprobación de dicho comité: Las políticas integrales en materia de prevención, control
y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de
recursos públicos; La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados
y confiables, a los fenómenos de corrupción así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción
anterior; Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario Técnico respecto
de las políticas a que se refiere este artículo, entre otras más.
En la Sección III, denominada del SECRETARIO TÉCNICO, se establece que el Secretario
Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto
favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido. El
Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá
al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado Secretario Técnico, de
conformidad con la presente Ley.
El Secretario Técnico tendrá entre otras atribuciones: Actuar como secretario del Comité
Coordinador y del órgano de gobierno; Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del
Comité Coordinador y del órgano de gobierno; Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el
Comité Coordinador y en el órgano de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el
seno del mismo, llevando el archivo correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones
aplicables;
11
En el Título Tercero, denominado DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL
ESTADO DE SONORA INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, establece en el
Capítulo I, denominado DISPOSICIONES GENERALES, se prevé que la participación de las autoridades
del Estado, como integrantes del sistema Nacional de Fiscalización. El Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización y la Secretaría de la Contraloría General, deberán: Crear un sistema electrónico en términos
del Título Cuarto de la Ley General, que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los
recursos federales y locales; Informar al Comité Coordinador del Sistema Nacional, sobre los avances en
la fiscalización de los recursos respectivos. Todos los entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán
apoyar en todo momento al Sistema Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la
fiscalización de los recursos federales y locales. Todos los entes públicos fiscalizadores y fiscalizados del
Estado de Sonora y sus Municipios, deberán apoyar en todo momento al Sistema Nacional de
Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos federales y locales,
así como establecer las medidas necesarias para mantener autonomía e independencia en su función de
fiscalización, frente a los poderes del Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión.
Prevé también este Capítulo, que las autoridades del Estado de Sonora, integrantes del Sistema
Nacional de Fiscalización, deberán homologar en el ámbito de sus respectivas competencias, los
procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia
de auditoría y fiscalización. Asimismo, observarán las normas profesionales homologadas aplicables a la
actividad de fiscalización, que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización.
Por otra parte se estipula que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y la Secretaría de
la Contraloría General en el ámbito de sus atribuciones deberán: Identificar áreas comunes de auditoría y
fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el
cumplimiento de los mismos de manera coordinada; Revisar los ordenamientos legales que regulan su
actuación para que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor
impacto en el combate a la corrupción y elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios
generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores
prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
En el Título Cuarto, en su Capítulo Único, denominado DE LA PLATAFORMA DIGITAL, se prevé
que a fin de cumplir con el objeto de la Ley, se establece en la misma, la implementación de una
plataforma digital, la cual permitirá que el Comité Coordinador, permita cumplir con los procedimientos,
obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y en la Ley Estatal de Responsabilidades
Administrativas, así como para los sujetos de esta Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de
los usuarios. La Plataforma Digital Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del
Secretario Técnico.
La Plataforma Digital Estatal estará conformada por la información que a ella incorporen las
autoridades integrantes del propio sistema y contará, con al menos, con los siguientes sistemas
electrónicos:
a. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal.
b. Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones
públicas.
c. Sistema Estatal de Servidores Públicos y particulares sancionados.
d. Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal y del Sistema Nacional de
Fiscalización.
e. Sistema de Denuncias Públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.
f. Sistema de información pública de contrataciones.
Finalmente, en el Título Quinto denominado DEL INFORME ANUAL Y LAS
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR, en su Capítulo Único denominado DE LAS
RECOMENDACIONES, prevé que el Secretario Técnico, solicitará a los miembros del Comité
Coordinador toda la información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual
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que deberá rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo,
solicitará al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora y los Órganos internos de
control de los Entes públicos, que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos
iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones
efectivamente cobradas durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual
del Comité Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá
para su aprobación ante el Comité Coordinador.
Así mismo se prevé que las recomendaciones serán públicas y de carácter institucional y estarán
enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u
omisiones que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. Las recomendaciones
deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité Coordinador.
En cuanto a los artículos transitorios, se dispone lo siguiente:
a. Que la Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado.
b. Que a más tardar el 18 de julio del año en curso, el Congreso del Estado deberá realizar los
procedimientos y diligencias necesarias para la integración de los órganos que conforman el
Sistema Estatal Anticorrupción.
c. El Ejecutivo del Estado y el Congreso del Estado deberán asignar un presupuesto para la
implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
d. Se regula el procedimiento para la elección de los integrantes del Comité de Selección,
encargado de designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana.
e. Así mismo, se estipula la mecánica que deberá de seguirse para la designación de los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
En consecuencia, los diputados que integramos esta Comisión Anticorrupción resolvemos
aprobar en sentido positivo el proyecto que se presenta mediante este dictamen, al considerar que es de
gran utilidad para homologar el marco jurídico local con la normatividad federal, así como cumplir con las
demandas sociales en materia de combate a la corrupción, logrando con ello, poner al Estado de Sonora
a la vanguardia en este tema; razón por la cual, recomendamos ampliamente la aprobación del proyecto
al Pleno de este Poder Legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de:
NÚMERO 185
LEY
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO DE LA LEY
Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, de observancia general para el Estado de
Sonora, tiene como objeto cumplir con lo dispuesto en los artículos 113, último párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 A de la Constitución Política del Estado de
Sonora y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, estableciendo las bases de
coordinación entre los poderes del estado, los municipios, los órganos autónomos, las instituciones y los
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entes públicos, para el funcionamiento y la debida integración del Sistema Estatal Anticorrupción, para
que las distintos autoridades competentes prevengan, detecten y sancionen las faltas administrativas y
los hechos de corrupción.
Artículo 2°.- Son objetivos de esta Ley:
I.- Establecer las bases y mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a
la corrupción en los Entes públicos;
II.- Establecer y, en su caso, implementar las bases mínimas para la prevención de hechos de
corrupción y faltas administrativas;
III.- Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a
la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos;
IV.- Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades
competentes de todos los órdenes de gobierno, para la generación de políticas públicas en materia de
prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;
V.- Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal, su Comité Coordinador y
su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;
VI.- Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento
del Comité de Participación Ciudadana;
VII.- Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la
cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la
fiscalización y del control de los recursos públicos;
VIII.- Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético
de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano de gobierno de la
entidad, establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público;
IX.- Establecer las bases para la coordinación de las autoridades del Estado integrantes del
Sistema Nacional de Fiscalización;
X.- Armonizar las bases mínimas para la creación e implementación de sistemas electrónicos que
mandata la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para el suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que generen los Entes públicos; y
XI.- Promover las bases mínimas para la creación e implementación de un sistema electrónico
que garantice el debido suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que
deberán generar en el marco de las leyes de transparencia, las instituciones competentes en el estado y
los municipios.
Artículo 3°.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.- Comisión de selección: la que se constituya en términos de esta Ley, para nombrar a
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana;
II.- Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva;
III.- Comité Coordinador: la instancia a la que hace referencia la fracción I del artículo 143 A de la
Constitución Política del Estado de Sonora, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal;
14
IV.- Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere la fracción II
del artículo 143 A de la Constitución Política del Estado de Sonora, el cual contará con las facultades que
establece esta Ley;
V.- Días: Días hábiles;
VI.- Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; los ayuntamientos y/o
municipios y sus dependencias y entidades; la Fiscalía General de Justicia del Estado; las empresas
productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes
y órganos públicos antes citados de los tres poderes del estado;
VII.- Ley: La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción;
VIII.- Ley General: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
IX.- Órganos internos de control: Los Órganos internos de control en los Entes públicos;
X.- Secretaría Ejecutiva: El organismo que funge como órgano de apoyo técnico del
Comité Coordinador;
XI.- Secretario Técnico: El servidor público a cargo de las funciones de dirección de la
Secretaría Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente Ley;
XII.- Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los
entes públicos, en el ámbito estatal y municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la
Constitución Política del Estado de Sonora;
XIII.- Sistema Estatal: El Sistema Estatal Anticorrupción;
XIV.- Plataforma Digital Nacional: establecida en la Ley General;
XV.- Reglamentos Municipales: Los Reglamentos Municipales en materia Anticorrupción;
XVI.- Recomendaciones vinculantes: Se refiere a los acuerdos del Comité Coordinador que
tengan carácter obligatorio para los entes públicos;
XVII.- Recomendaciones no vinculantes: Se refiere a los acuerdos del comité coordinador cuya
aceptación es potestativa;
XVIII.- Sesiones Virtuales: corresponde a aquellas sesiones que se realicen por medio de
plataformas de comunicación electrónica.
Artículo 4°.- Son sujetos de la presente Ley, los Entes públicos que integran el Sistema Estatal.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO
Artículo 5°.- Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia,
economía, integridad y competencia por mérito.
Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas
que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable
de cada servidor público.
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TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CAPÍTULO I
DEL OBJETO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Artículo 6°.- El Sistema Estatal tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas
públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los Entes públicos en la
prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos, atendiendo a los lineamientos y políticas establecidas en el
Sistema Nacional Anticorrupción.
Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Estatal deberán
ser implementadas por todos los Entes públicos.
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas.
Las autoridades encargadas de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción estarán
integradas y contarán con atribuciones equivalentes a las que la Ley General les otorga dentro del
Sistema Nacional y tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el
mejor desempeño de sus funciones.
Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emitan deberán tener respuesta de los
sujetos públicos a quienes se dirijan, para lo cual deberán contar con las atribuciones y procedimientos
adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan.
Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones
anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus
recomendaciones. Para este efecto deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional.
La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Estatal deberá corresponder al
presidente del Comité de Participación Ciudadana, cuyos integrantes deberán reunir los requisitos
previstos en esta Ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Comité de
Participación Ciudadana a nivel Nacional.
En términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Sonora, los municipios
como parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, por conducto de los Órganos de Control y
Evaluación Gubernamental, deberán tomar las medidas necesarias para la prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en el ámbito de su competencia,
debiendo implementar las políticas, programas, lineamientos y demás normas que para tal efecto los
Comités Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción emitan.
Para dar cumplimiento a lo anterior, los municipios deberán elaborar un informe anual que
contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y
programas en la materia.
Artículo 7°.- El Sistema Estatal se integra por:
I.- Los integrantes del Comité Coordinador;
II.- El Comité de Participación Ciudadana; y
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III.- Los municipios, los cuales concurrirán en los términos que emita el Comité Coordinador en
los lineamientos correspondientes y en términos de lo previsto en el artículo 10 de la presente ley.
CAPÍTULO II
DEL COMITÉ COORDINADOR
Artículo 8°.- El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y
evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.
Artículo 9°.- El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:
I.- La elaboración de su programa de trabajo anual, a más tardar en el mes de noviembre del año
anterior;
II.- El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes;
III.- La aprobación, diseño y promoción de la política estatal en la materia, en armonía con la
política nacional, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación;
IV.- Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la
fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva;
V.- Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base
en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales;
VI.- Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de la política estatal
y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas
requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados
para tales efectos;
VII.- La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para
la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de
faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
VIII.- La emisión de un informe anual que contenga, cuando menos, los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones, la aplicación de políticas y programas en la materia, los resultados de sus
recomendaciones, así como las respuestas de los Entes públicos a las mismas.
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será
aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos
particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual;
IX.- Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional
para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño
del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones ante las autoridades respectivas y les
dará seguimiento en términos de esta Ley;
X.- La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización
y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los
Entes públicos;
XI.- Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para
el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal;
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XII.- Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre
las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los Órganos internos de control y entidades de
fiscalización, la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la
investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de
recursos económicos;
XIII.- Gestionar los mecanismos necesarios ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional,
para que las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos,
accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los sistemas que
se conecten con la Plataforma Digital Nacional;
XIV.- Establecer mecanismos de coordinación con los municipios; y
XV.- Las demás señaladas por esta Ley.
Artículo 10.- Son integrantes del Comité Coordinador:
I.- Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;
II.- El titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización;
III.- El titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción;
IV.- El titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado;
V.- Un representante del Consejo del Poder Judicial del Estado;
VI.- El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y
VII.- El Presidente del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
Artículo 11.- Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, la presidencia del Comité
Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del Comité de Participación
Ciudadana.
Para el desahogo de sus reuniones, son invitados permanentes los entes públicos en materia de
transparencia y combate a la corrupción, las organizaciones de la sociedad civil, académicos y la
ciudadanía en general, quienes podrán participar con voz, pero sin voto, a las reuniones que soliciten
asistir. El Secretario Técnico moderará la participación de los invitados cuando éstos deseen hacerlo.
El portal de internet de la Secretaría Ejecutiva deberá contar con una liga para permitir a la
ciudadanía agendar las reuniones en las que deseen participar.
El acceso a las reuniones del Comité Coordinador sólo podrá ser limitado por cuestiones de
infraestructura y seguridad de los asistentes.
Las sesiones del Comité Coordinador se transmitirán en el portal de internet de la Secretaría
Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana, en su caso.
No se requerirá expresar justificación alguna para que la ciudadanía asista a las reuniones del
Comité Coordinador.
Lo anterior, sin perjuicio de que el Comité, por conducto del Secretario, realice las invitaciones
que estime pertinentes.
18
Artículo 11 Bis.- El Comité Coordinador deberá expedir los lineamientos mediante los cuales
deberán celebrarse las sesiones virtuales. La Convocatoria a ellas podrá ser realizada mediante la
correspondencia electrónica autorizada, debiendo quedar constancia en el acta que se levante con
motivo de la sesión.
Para la validez de las sesiones virtuales deberán cumplirse los mismos requisitos previstos en
esta Ley y demás disposiciones aplicables para las sesiones presenciales.
La ciudadanía en general y los invitados, podrán participar en las sesiones virtuales. La
Secretaría Ejecutiva les proporcionará las ligas de acceso para esos efectos.
Artículo 12.- Son atribuciones del Presidente del Comité Coordinador:
I.- Presidir las sesiones del Sistema Estatal y del Comité Coordinador correspondientes;
II.- Representar al Comité Coordinador;
III.- Convocar por medio del Secretario Técnico a sesiones;
IV.- Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva;
V.- Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva;
VI.- Se deroga.
VII.- Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos
y recomendaciones adoptados en las sesiones;
VIII.- Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del
Comité Coordinador;
IX.- Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la corrupción,
así como las propuestas de recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil, que le remita el
Comité de Participación Ciudadana; y
X.- Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del
Comité Coordinador.
Artículo 13.- El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria por lo menos cada tres
meses. El Secretario Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité
Coordinador o previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho Comité.
Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de
sus integrantes.
El Sistema Estatal sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que
este último lo determine.
Las sesiones del Comité Coordinador serán de carácter público.
En el desarrollo de las sesiones y en el manejo de la información que se genere, en todo
momento se protegerán los datos personales en términos de la legislación aplicable.
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Artículo 14.- Las determinaciones del Comité Coordinador se tomarán por mayoría de votos,
salvo en los casos que esta Ley establezca mayoría calificada.
El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Los miembros
del Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en el seno del
mismo.
CAPÍTULO III
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 15.- El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos
de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de
vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema
Estatal.
Artículo 16.- El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de
probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de
cuentas, el combate a la corrupción, la participación ciudadana o la democracia.
Sus integrantes deberán reunir los requisitos que el artículo 34 de esta Ley establece para ser
nombrado Secretario Técnico, a excepción de los previstos en las fracciones II, III y IV.
En la selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, se tomará en alta
consideración el activismo del candidato, ya sea de forma personal o a través de instituciones públicas o
privadas, en la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la participación
ciudadana o la democracia.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de
su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o
municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.
Los miembros del Comité de Participación Ciudadana quedan obligados en los mismos términos
que los servidores públicos, a preservar la confidencialidad, secrecía y resguardo de la información de
carácter reservado y confidencial en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia y
protección de datos personales, por lo que les serán aplicables las mismas sanciones en caso de su
incumplimiento.
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y podrán ser removidos por
alguna de las siguientes causas:
I.- Por incurrir en falta administrativa grave en términos de la ley de responsabilidades vigente.
II.- Por incurrir en delitos relacionados con hechos de corrupción durante el tiempo en que funjan
como miembros del Comité de Participación Ciudadana.
III.- Por renuncia expresa.
IV.- Por sobrevenirse alguna causa que imposibilite al miembro del Comité de Participación
Ciudadana para continuar desempeñando el cargo. El Comité Coordinador informará a la Comisión de
Selección respecto de este supuesto, quien resolverá lo conducente en un plazo no mayor a treinta días
naturales.
Artículo 17.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral
alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su
contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en
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los términos que determine el órgano de gobierno, pero con sujeción a las bases mínimas establecidas
en la presente ley, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus
aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.
Los contratos de prestación de servicios que se celebren entre los miembros del Comité de
Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva se sujetarán a las siguientes bases:
I.- El importe bruto mensual de las remuneraciones por concepto de honorarios de los miembros
del Comité de Participación Ciudadana, no podrá ser mayor que el establecido para el nivel 9 en el
tabulador de sueldos del departamento de recursos humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado.
II.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en lo individual, deberán remitir un
informe mensual a la Secretaría Ejecutiva en el que desglosen las actividades realizadas. Se agregarán
al informe las evidencias documentales de las actividades que sean pertinentes. Dicho informe, deberá
ser presentado antes del día dos del mes posterior al que se informa y será público en el portal de
internet del Comité de Participación Ciudadana y de la Secretaría Ejecutiva.
III.- La Secretaría Ejecutiva, deberá garantizar un espacio en sus instalaciones para efecto de que
los miembros del Comité de Participación Ciudadana desarrollen sus funciones.
IV.- Los contratos contendrán una cláusula de protección de datos personales, y de
confidencialidad en términos de las legislaciones de transparencia y protección de datos personales. La
información generada por los miembros del Comité de Participación Ciudadana en el ejercicio de sus
funciones, es propiedad intelectual de la Secretaría Ejecutiva, y como tal, deberá ser entregada al término
de sus funciones, la cual será pública, en la medida que lo permitan las leyes en la materia.
V.- Cada año se celebrará un nuevo contrato de prestación de servicios con los miembros del
Comité de Participación Ciudadana, en el que se podrán hacer las modificaciones que se estimen
pertinentes y se incrementará el honorario de acuerdo con el tabulador de la Secretaría de Hacienda en
términos del presente artículo. Ningún contrato podrá ser por más de un año.
En la conformación del Comité de Participación Ciudadana, deberá prevalecer la paridad de
género.
Artículo 18.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, serán nombrados conforme
al siguiente procedimiento:
I.- El Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve personas,
por un periodo de tres años, de la siguiente manera:
a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer
candidatos a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual, deberán enviar los documentos que
acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días naturales, para
seleccionar a cinco miembros, basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la
convocatoria.
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil para seleccionar a cuatro miembros, en los
mismos términos del inciso anterior.
c) Además de los requisitos que exija la convocatoria, los aspirantes a integrar la Comisión de
Selección deberán presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, las cuales deberán ser
publicadas en los portales oficiales de internet del Congreso del Estado y de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, en versiones públicas.
El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario.
21
En caso de que se generen vacantes imprevistas en la Comisión de Selección, el Congreso del
Estado deberá seleccionar a un nuevo integrante cuyo proceso de selección no podrá exceder el límite
de treinta días, el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la
vacante a ocupar.
El Congreso del Estado deberá constituir una nueva Comisión de Selección en un periodo no
mayor a treinta días después de su disolución. En caso de no hacerlo, el Comité Coordinador podrá
exhortar al Congreso para tales efectos.
II.- La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una
consulta pública estatal dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de
aspirantes a ocupar el cargo.
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos, en donde deberá considerar al menos las siguientes
características:
a) El método de registro y la evaluación de los aspirantes;
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones
públicas. La declaración patrimonial, de intereses y fiscal, de las y los aspirantes, éstas serán divulgadas
en versiones públicas en los portales oficiales de internet del Congreso del Estado y de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
d) Hacer público el cronograma de audiencias;
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores,
académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine y que se tomará, en
sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.
Cuando se generen vacantes en el Comité de Participación Ciudadana debido a la conclusión de
su periodo, la Comisión de Selección está obligada a sesionar en un periodo no mayor a quince días para
efecto de instaurar el proceso de selección del nuevo integrante.
En caso de que la vacante ocurra tiempo antes de la conclusión del periodo por el que fue electo
el miembro del Comité de Participación Ciudadana ausente, el nuevo integrante se desempeñará por el
tiempo restante de la vacante a ocupar.
Artículo 19.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán anualmente
la representación ante el Comité Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el Comité
de Participación Ciudadana.
De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité de Participación Ciudadana
nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta
suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar por
un periodo máximo de dos meses el miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente y así
sucesivamente.
Artículo 20.- El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria de su
Presidente, cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se
22
tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a
votación, y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión.
Artículo 21.- El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Aprobar sus normas de carácter interno;
II.- Elaborar su programa de trabajo anual;
III.- Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual
de trabajo, mismo que deberá ser público;
IV.- Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley;
V.- Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que
genere el Sistema Estatal;
VI.- Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la
política nacional y las políticas integrales;
VII.- Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para
su consideración:
a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la
Plataforma Digital Nacional;
c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que generen los Entes públicos en las materias
reguladas por esta Ley; y
d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del
sistema electrónico de denuncia y queja;
VIII.- Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva,
mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y
hechos de corrupción;
IX.- Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar
de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de
participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno;
X.- Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y
metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación
del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nacional, las políticas integrales y los programas y
acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal;
XI.- Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia
y grupos ciudadanos;
XII.- Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes
y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Instituto Superior de
Auditoria y Fiscalización;
23
XIII.- Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador;
XIV.- Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los
proyectos de informe anual del Comité Coordinador;
XV.- Proponer al Comité Coordinador la emisión de recomendaciones;
XVI.- Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar
investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de
corrupción o faltas administrativas;
XVII.- Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal;
XVIII.- Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las
instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por
esas instancias y formas de participación ciudadana; y
XIX.- Recibir propuestas de recomendaciones de la sociedad civil y remitirlas a la Comisión
Ejecutiva en un plazo no mayor a cinco días.
Artículo 22.- El Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones:
I.- Presidir las sesiones;
II.- Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador;
III.- Preparar el orden de los temas a tratar; y
IV.- Dar seguimiento a los temas de la fracción anterior, así como el cumplimiento de los
acuerdos tomados en las sesiones.
Artículo 23.- El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la
emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los
exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al
asunto de que se trate.
CAPÍTULO IV
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
SECCIÓN I
DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 24.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado,
no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo
que tendrá su sede en la capital del estado. Contará con una estructura operativa para la realización de
sus atribuciones, objetivos y fines. Por lo tanto, el Congreso del Estado deberá asignarle el presupuesto
suficiente para el cumplimiento de sus funciones.
Las relaciones laborales entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y sus trabajadores se
regirá por lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 25.- La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del
Comité Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los
24
insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción III del
artículo 143 A de la Constitución Política del Estado de Sonora y la presente Ley.
Artículo 26.- El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por:
I.- Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Estatal para el desempeño de
sus funciones;
II.- Los recursos que le sean asignados anualmente en el Decreto del Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado; y
III.- Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título.
Artículo 27.- La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será
designado por la mayoría de los integrantes del órgano de gobierno, y contará con la estructura
que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables.
El órgano interno de control estará limitado en sus atribuciones al control y fiscalización de la
Secretaría Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes materias:
I.- Presupuesto;
II.- Contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Sonora;
III.- Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;
IV.- Responsabilidades administrativas de Servidores públicos; y
V.- Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia.
El órgano interno de control, no podrá realizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar
aspectos distintos a los señalados expresamente en este artículo.
Artículo 28.- El órgano de gobierno estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y
será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana.
El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de
las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las
sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano.
Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de
sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos
de los miembros presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través
del Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de
su competencia.
Artículo 29.- El órgano de gobierno tendrá las siguientes atribuciones indelegables:
I.- Expedir el Estatuto Orgánico en el que se establezcan las bases de su organización, así como
las facultades y funciones de las distintas áreas que integren el mismo.
25
II.- Nombrar al Secretario Técnico a propuesta de cualquiera de sus integrantes, por mayoría
calificada de cinco votos.
III.- Remover, por mayoría calificada de cinco votos, al Secretario Técnico.
IV.-Celebrar por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, así como las extraordinarias que
procedan para el debido desahogo de los asuntos de su competencia; requiriendo la mayoría de sus
miembros.
SECCIÓN II
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
Artículo 30.- La Comisión Ejecutiva estará integrada por:
I.- El Secretario Técnico; y
II.- El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese
momento como Presidente del mismo.
Artículo 31.- La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos
necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes
propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité:
I.- Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos;
II.- La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados
y confiables, a los fenómenos de corrupción así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción
anterior;
III.- Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario
Técnico respecto de las políticas a que se refiere este artículo;
IV.- Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la
información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción;
V.- Las bases y principios para la efectiva coordinación de los Entes públicos en materia de
fiscalización y control de los recursos públicos;
VI.- El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de
la aplicación de las políticas y programas en la materia;
VII.- Se deroga.
VIII.- Los mecanismos de coordinación con los Sistemas Anticorrupción de las demás Entidades
Federativas.
Artículo 32.- La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán
convocadas por el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la
Secretaría Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los
cuales contarán con voz pero sin voto, mismos que serán citados por el Secretario Técnico.
26
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del Comité
de Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su
participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo establecido
en esta Ley.
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que
considere necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través del Secretario
Técnico.
SECCIÓN III
DEL SECRETARIO TÉCNICO
Artículo 33.- El Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la
Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo y
no podrá ser reelegido.
Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del
Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los
requisitos para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley.
El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa
plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación señalada en
el presente artículo; o bien, en los siguientes casos:
I.- Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información
confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de
la legislación en la materia;
II.- Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que
por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones; y
III.- Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción.
Artículo 34.- Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:
I.- Ser ciudadano sonorense y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;
II.- Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia,
evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción;
III.- Tener al menos treinta años de edad, al día de la designación;
IV.- Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional
de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta Ley
que le permitan el desempeño de sus funciones;
V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito;
VI.- Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a
su nombramiento;
VII.- No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;
27
VIII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en
algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;
IX.- No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro
años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; y
X.- No ser Gobernador, secretario de Estado, Fiscal General de Justicia, subsecretario u oficial
mayor en la Administración Pública Federal o Estatal, integrante del Consejo del Poder Judicial, Diputado
Local, Magistrado o integrante de un Ayuntamiento, a menos que se haya separado de su cargo con un
año antes del día de su designación.
Artículo 35.- Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva,
por lo que contará con las facultades previstas en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Sonora.
El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones:
I.- Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno;
II.- Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del
órgano de gobierno;
III.- Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano
de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo
correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables;
IV.- Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para
ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración
del Comité Coordinador;
V.- Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las
políticas integrales a que se refiere la fracción V del artículo 9 de esta Ley, y una
vez aprobadas realizarlas;
VI.- Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se
llevarán como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a
la Comisión Ejecutiva;
VII.- Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano
de gobierno y de la Comisión Ejecutiva;
VIII.- Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la revisión
y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación;
IX.- Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención,
detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control
de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador;
X.- Asegurar el acceso a la Plataforma Digital Nacional de los miembros del Comité Coordinador
y de la Comisión Ejecutiva;
XI.- Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las
propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime
pertinente para la realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de
los miembros de la Comisión Ejecutiva; y
28
XII.- Publicitar los resultados de las evaluaciones a los Entes públicos, reflejando sus avances o
retrocesos en la política estatal anticorrupción.
TÍTULO TERCERO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE SONORA
INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICONES GENERALES
Artículo 36.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y la Secretaría de la Contraloría
General, como integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, participarán coordinadamente en este
último, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 37.- Las autoridades del Estado de Sonora, integrantes del Sistema Nacional de
Fiscalización, deberán:
I.- Crear un sistema electrónico en términos del Título Cuarto de la Ley General, que permita
ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales;
II.- Informar al Comité Coordinador del Sistema Nacional, sobre los avances en la fiscalización de
los recursos respectivos. Todos los entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo
momento al Sistema Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de
los recursos federales y locales. Todos los entes públicos fiscalizadores y fiscalizados del Estado de
Sonora y sus Municipios, deberán apoyar en todo momento al Sistema Nacional de Fiscalización para la
implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos federales y locales; y
III.- Establecer las medidas necesarias para mantener autonomía e independencia en su función
de fiscalización, frente a los poderes del Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión.
Artículo 38.- Las autoridades del Estado de Sonora, integrantes del Sistema Nacional de
Fiscalización, formarán parte del Comité Rector de este último, en los casos que sean elegidos para ello.
Artículo 39.- En los casos previstos en el artículo anterior, las autoridades del Estado de Sonora,
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, deberán participar con los demás integrantes del
Comité Rector, en la ejecución de las acciones en materia de fiscalización y control de los recursos
públicos, conforme a lo previsto en la Ley General.
Artículo 40.- Los órganos internos de control y cualquier instancia del Estado de Sonora y sus
Municipios, que realicen funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos, atenderán en
los términos que procedan, las invitaciones que para participar en actividades específicas del Sistema
Nacional de Fiscalización, reciban del Comité Rector del mismo.
Artículo 41.- Las autoridades del Estado de Sonora, integrantes del Sistema Nacional de
Fiscalización, deberán homologar en el ámbito de sus respectivas competencias, los procesos,
procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de
auditoría y fiscalización. Asimismo, observarán las normas profesionales homologadas aplicables a la
actividad de fiscalización, que apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización.
Artículo 42.- Se implementarán, por las autoridades del Estado de Sonora, integrantes del
Sistema Nacional de Fiscalización, las medidas aprobadas por el mismo para el fortalecimiento y
profesionalización del personal de los órganos de fiscalización.
Artículo 43.- Las autoridades del Estado de Sonora, integrantes del Sistema Nacional de
Fiscalización, propiciarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el intercambio de información
29
que coadyuve al desarrollo de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley
General.
Artículo 44.- En el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, las autoridades del
Estado de Sonora, integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, deberán:
I.- Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de
sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada;
II.- Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen
propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción; y
III.- Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la
prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para
fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
Artículo 45.- En el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, las autoridades del
Estado de Sonora integrantes del mismo, atenderán conforme a la Ley General y las normas que emita
su Comité Rector, las directrices siguientes:
I.- La coordinación de trabajo efectiva;
II.- El fortalecimiento institucional;
III.- Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente
de profesionalismo y transparencia;
IV.- Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos;
V.- Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y
accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y a
que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus contribuciones, así como la máxima
publicidad en los resultados de la fiscalización; y
VI.- Seguir la norma que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización regule para su
funcionamiento.
Las autoridades del Estado de Sonora, integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, para su
funcionamiento, deberá apegarse a las normas que para tales efectos disponga el Comité Rector del
Sistema Nacional de Fiscalización.
Artículo 46.- Las autoridades del Estado de Sonora, integrantes del Sistema Nacional de
Fiscalización, participarán en las reuniones ordinarias y extraordinarias que celebre el mismo, a fin de dar
seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la Ley General y demás
legislación aplicable, pudiendo para ello, valerse de los medios de presencia virtual que consideren
pertinentes.
TÍTULO CUARTO
PLATAFORMA DIGITAL
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PLATAFORMA DIGITAL
30
Artículo 47.- El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la plataforma
Estatal Digital, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la
presente Ley y en la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de esta
Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.
La Plataforma Digital Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario
Técnico de la misma, en los términos de esta Ley.
La Plataforma Digital Estatal deberá tener las características que establezca para este caso el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de homologar la Plataforma
Digital Estatal e incorporar la información de la Plataforma Digital Nacional.
Artículo 48.- La Plataforma Digital Estatal estará conformada por la información que a ella
incorporen las autoridades integrantes del propio sistema y contará, con al menos, con los siguientes
sistemas electrónicos:
I.- Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal;
II.- Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones
públicas;
III.- Sistema Estatal de Servidores Públicos y particulares sancionados;
IV.- Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal y del Sistema Nacional de
Fiscalización;
V.- Sistema de Denuncias Públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y
VI.- Sistema de información pública de contrataciones.
Artículo 49.- Los integrantes del Sistema Estatal promoverán la publicación de la información
contenida en la Plataforma en formato de datos abiertos, conforme a la normatividad aplicable en materia
de transparencia y acceso a la información.
El Sistema Estatal establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad
de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas
electrónicos por parte de los usuarios.
Artículo 50.- Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como el de
servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas operarán en términos
de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.
El sistema de información pública de contrataciones contará con la información pública que
remitan las autoridades competentes al Comité Coordinador a solicitud de éste, para el ejercicio de sus
funciones y los objetivos de esta Ley.
Artículo 51.- El Sistema Estatal de Servidores Públicos y de particulares sancionados tienen
como finalidad que las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la Comisión de faltas
administrativas en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas y hechos de
corrupción en términos de la legislación penal aplicable, queden inscritas dentro del mismo y su consulta
deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera.
Artículo 52.- Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento
público cuando estas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores
31
públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público en términos de la Ley Estatal
de Responsabilidades Administrativas.
Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves quedarán
registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas.
Artículo 53.- El Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal será la herramienta
digital que permita centralizar la información de todos los órganos integrantes de los mismos, incluido el
estado y los municipios.
Artículo 54.- El sistema de información y comunicación del Sistema Estatal deberá contemplar, al
menos, los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización del gobierno del Estado; los
informes que deben hacerse públicos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, así como la
base de datos que permita el adecuado intercambio de información entre los miembros del Sistema
Nacional de Fiscalización.
El funcionamiento del sistema de información a que hace alusión el presente artículo se sujetará
a las bases que emita el Comité Coordinador respecto a la Plataforma Digital Estatal.
Artículo 55.- El Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción
será establecido de acuerdo a lo que determine el Comité Coordinador y será implementado por las
autoridades competentes.
TÍTULO QUINTO
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ
COORDINADOR Y DEL INFORME ANUAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS RECOMENDACIONES
Artículo 56.- Las recomendaciones que apruebe el Comité Coordinador serán vinculantes y/o no
vinculantes. Todas serán públicas y estarán sujetas al principio de máxima publicidad. Las destinatarias
de todas las recomendaciones serán las autoridades y éstas informarán al Comité Coordinador sobre la
atención que brinden a las mismas dentro de los plazos fijados en las mismas.
Artículo 57.- Durante todo el año se podrá analizar y enlistar en cualquier sesión del Comité
Coordinador, el seguimiento y aprobación de recomendaciones aprobadas o de nuevas
recomendaciones.
Artículo 58.- Las recomendaciones vinculantes tienen carácter obligatorio en su cumplimiento, y
deberá tener un análisis de factibilidad que incluya el escuchar a la autoridad a la cual estará dirigida la
recomendación, lo cual permitirá establecer el alcance de la implementación de cada recomendación.
Artículo 59.- Las recomendaciones están dirigidas a las autoridades, con el objeto de que
adopten medidas para:
I.- El fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de
corrupción,
II.- El mejoramiento de su desempeño institucional; y
III.- El aumento en la eficacia del control interno.
32
Artículo 60.- Deberán existir lineamientos para elaborar las recomendaciones que aprobará el
Comité Coordinador. La elaboración de la propuesta de esos lineamientos estará a cargo de la Secretaría
Ejecutiva para su observación y cumplimiento.
Artículo 61.- Cada integrante del Comité Coordinador propondrá las recomendaciones que
considere pertinentes, lo que hará mediante escrito dirigido a la Secretaría Ejecutiva, para someterlas a la
aprobación del Comité Coordinador.
Artículo 62.- Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría simple de los
miembros presentes del Comité Coordinador.
Artículo 63.- En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la
recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las acciones
necesarias para su debido cumplimiento o cuando ésta sea omisa a la recomendación, podrá solicitar a
dicha autoridad la información que considere relevante y eventualmente se solicitará el inicio de una
investigación a la autoridad competente.
Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o
servidores público en los tiempos legalmente instituidos para ello, éstos deberán fundar, motivar y hacer
pública su negativa o incumplimiento. En caso contrario el Comité Coordinador podrá dar cuenta al Poder
Legislativo del Estado de Sonora para que en el ejercicio de sus funciones llame a la autoridad que no
cumpla con las recomendaciones.
Artículo 64.- El Comité Coordinador resolverá todos los asuntos no previstos en materia de las
recomendaciones. Determinará cuales recomendaciones se dan por cumplidas, cuales están en proceso
de cumplimiento, cuales están incumplidas. El estatus se actualizará cada año y será la Secretaría
Ejecutiva la responsable del seguimiento y actualización del estado actual de cada recomendación.
CAPITULO SEGUNDO
DEL INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR
Artículo 65.- El Comité Coordinador aprobará por mayoría de los miembros presentes en sesión,
el informe anual, el cual, se elaborará conforme a los lineamientos desarrollados para tal fin.
Artículo 66.- En los casos que del informe anual se desprendan recomendaciones, el Presidente
del Comité Coordinador, instruirá al Secretario Técnico para que, dentro de los quince días naturales
posteriores a que este haya sido aprobado, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se
dirigen.
Artículo 67.- El informe comprenderá de enero a diciembre y se someteré para su aprobación, en
la primera sesión del Comité Coordinador, que será en enero de cada año.
Artículo 68.- Cada informe anual, estará organizado en función de los asuntos aportados por
cada uno de los integrantes del Comité Coordinador para el buen funcionamiento del Sistema Estatal
Anticorrupción, en cumplimiento al mandato que la ley impone a cada integrante.
Artículo 69.- En la aprobación del informe anual, se deberá establecer que asuntos siguen su
atención en el siguiente año, dentro del plan de trabajo anual del Comité Coordinador.
TÍTULO SEXTO
DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES
33
Artículo 70.- Con la finalidad de fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con
lo que señala el artículo 113 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
con el objeto de esta Ley, los municipios que conforman el estado Libre y Soberano de Sonora deberán
contar con un Reglamento Municipal Anticorrupción, los cuales incluirán como mínimo lo siguiente:
I.- Mecanismos de coordinación con los sistemas estatal y nacional;
II.- Los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y
competencia por mérito.
III.- Bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas;
IV.- Medidas encaminadas para la detección, combate y disuasión a la corrupción;
V.- Lineamientos para la emisión de políticas públicas municipales en materia de combate a la
corrupción;
VI.- Acciones permanentes que aseguren el comportamiento ético de los servidores públicos
municipales;
VII.- Programas de capacitación para los servidores públicos en prevención y combate a la
corrupción; y
VIII.- Políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad, ética y
responsabilidad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la
fiscalización y del control de los recursos públicos.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado de Sonora.
Artículo Segundo.- El Congreso del Estado deberá llevar a cabo a la entrada en vigor de la
presente Ley, los procedimientos y diligencias necesarias para la integración de los órganos que
conforman el Sistema Estatal Anticorrupción en los términos de la presente Ley, a más tardar el día 18 de
julio de 2017.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión de Selección a que hace alusión
el artículo 18 de la presente Ley, deberá realizar los nombramientos de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, a más tardar, el día 31 de diciembre de 2017.
Artículo Tercero.- El titular del Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado, a la brevedad que el
caso amerita, realizaran las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias a fin de dotar de los
recursos materiales y financieros que permitan el cumplimiento de las atribuciones de los Órganos
integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.
Artículo Cuarto.- Con el propósito de cumplir con lo establecido en el artículo 18 de esta Ley, se
atenderá lo siguiente:
El Congreso del Estado será el encargado del proceso de selección para lo cual deberá:
a) Publicar la metodología para evaluar a los aspirantes considerando:
34
I. Calendario general de todo el proceso el cual deberá ser público.
II. Calendario de comparecencias para que los candidatos aspirantes, expongan su
idoneidad para ocupar el cargo de miembro del Comité de Selección, con la dinámica de
preguntas y respuestas por parte de los diputados, en caso de dudas o
cuestionamientos.
III. Comparecencias públicas y transmitidas por los diversos medios del Congreso del Estado
de Sonora.
b) Con el propósito de garantizar la transparencia del proceso, se publicarán las listas de los
aspirantes y su ficha curricular en la gaceta parlamentaria una vez que reciba las listas y emitirá
un boletín con la información de los aspirantes registrados.
c) Una vez revisada la documentación de los aspirantes y aplicada la metodología creada
seleccionará a los candidatos y emitirá la decisión final, la cual se publicará en la gaceta
parlamentaria y se emitirá un boletín específico sobre el dictamen.
En el desarrollo del proceso de selección deberá atenderse en todo momento a los principios de
máxima publicidad, transparencia, legalidad, objetividad, profesionalismo, lealtad, imparcialidad, equidad
e integridad.
Artículo Quinto.- La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana, en los términos siguientes:
a. Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la representación
del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador.
b. Un integrante que durará en su encargo dos años.
c. Un integrante que durará en su encargo tres años.
d. Un integrante que durará en su encargo cuatro años.
e. Un integrante que durará en su encargo cinco años.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos anteriores se
rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden.
TRANSITORIO DEL DECRETO 156
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
TRANSITORIOS DEL DECRETO 163
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Los Ayuntamientos del estado, contarán con un plazo no mayor a 120
días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir el Reglamento
Municipal Anticorrupción.
TRANSITORIOS DEL DECRETO 53
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, contará con ciento
ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las modificaciones al portal
de internet con motivo de la presente reforma.
ARTÍCULO TERCERO.- El Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, contará con un plazo
de sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para elaborar el proyecto de
contrato de prestación de servicios por honorarios al que se refiere el artículo 17 de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción.
Los nuevos contratos que se celebren entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana y la
Secretaría Ejecutiva, serán aplicables a los miembros electos con anterioridad a la presente reforma, a
quienes le serán aplicables una vez concluido su anterior contrato, o una vez cumplido un año de su
contratación.
ARTÍCULO CUARTO.- Las causas de remoción a los miembros del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción, que se reforman mediante el presente decreto, serán aplicables para
quienes actualmente desempeñen tal servicio.
A P E N D I C E
LEY 185; B. O. No. 38, Sección II; de fecha 11 de mayo de 2017.
Decreto 156; B. O. Número 5, sección IV, de fecha 18 de julio de 2017, que adiciona un segundo
párrafo al artículo segundo transitorio.
Decreto 163; B. O. Número 8, sección II, de fecha 28 de enero de 2021, que reforma el artículo 3º,
fracciones XIII y XIV y se adicionan una fracción XV al artículo 3, un Título Sexto, que se integra por un
Capítulo Único y un artículo 61.
Decreto 53; B. O. Número 33, sección I, de fecha 24 de octubre de 2022, que REFORMAN los
artículos 3º, fracciones XII y XV; 7º, fracción III; 9º, fracción IX; 11; 12, fracción IX; 13; 16; 17; 18; 21,
fracciones XV, XVII y XVIII; 29; la denominación del Título Quinto y la numeración de su Capítulo Único; y
los artículos del 56 al 61, recorriéndose el Título Sexto; se DEROGAN la fracción VI del artículo 12 y la
fracción VII del artículo 31; y se ADICIONAN las fracciones XVI, XVII y XVIII al artículo 3º, un artículo 11
Bis, una fracción XIX al artículo 21, los artículos 62 al 70 y un Capítulo Segundo al Título Quinto.
I N D I C E
LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN ................................................................................. 12
TÍTULO PRIMERO ...................................................................................................................................... 12
DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................................. 12
CAPÍTULO I ................................................................................................................................................ 12
OBJETO DE LA LEY ............................................................................................................................... 12
CAPÍTULO II ............................................................................................................................................... 14
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO.............................................................................. 14
TÍTULO SEGUNDO .................................................................................................................................... 15
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN ..................................................................................... 15
CAPÍTULO I ................................................................................................................................................ 15
DEL OBJETO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN .............................................................. 15
CAPÍTULO II ............................................................................................................................................... 16
DEL COMITÉ COORDINADOR .............................................................................................................. 16
CAPÍTULO III .............................................................................................................................................. 19
36
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ................................................................................. 19
CAPÍTULO IV .............................................................................................................................................. 23
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN ............................. 23
SECCIÓN I .................................................................................................................................................. 23
DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ................................................................................... 23
SECCIÓN II ................................................................................................................................................. 25
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA .............................................................................................................. 25
SECCIÓN III ................................................................................................................................................ 26
DEL SECRETARIO TÉCNICO ................................................................................................................ 26
TÍTULO TERCERO ..................................................................................................................................... 28
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE SONORA INTEGRANTES DEL
SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN ........................................................................................... 28
CAPÍTULO ÚNICO ...................................................................................................................................... 28
DISPOSICONES GENERALES .............................................................................................................. 28
TÍTULO CUARTO ....................................................................................................................................... 29
PLATAFORMA DIGITAL ......................................................................................................................... 29
CAPÍTULO ÚNICO ...................................................................................................................................... 29
DE LA PLATAFORMA DIGITAL ............................................................................................................. 29
TÍTULO QUINTO……………………………………………………………………………………………………28
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ…………………………………………………………………28
COORDINADOR Y DEL INFORME ANUAL …………………………………………………………………….29
CAPÍTULO PRIMERO………………………………………………………………………………..……………29
DE LAS RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………..29
CAPITULO SEGUNDO…………………………………………………………………………………………….31
DEL INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR………………………………………………………31
TÍTULO SEXTO…………………………………………………………………………………………………..…32
DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES………………………………………………………………………32
CAPÍTULO ÚNICO…………………………………………………………………………………………………33
DEL OBJETO DE LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES……………………………………………………..33
TRANSITORIOS…………………………………………………………………………………………………….33
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