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Ley de Amnistía del Estado de
Tamaulipas
Documento de consulta
Nueva Ley publicada P.O. del 29 de septiembre de 2022.
Declaratoria de invalidez en su porción normativa por sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad
154/2022 notificada al Congreso del Estado para efectos legales el 25 de septiembre de 2023.
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA LEGISLATURA SESENTA Y CINCO CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. 65-123
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Amnistía para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:
LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en
el Estado de Tamaulipas, y tiene por objeto establecer las bases para decretar amnistía en favor de las
personas que estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden
común, por los delitos previstos en esta Ley, cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma,
siempre y cuando no sean reincidentes por el delito que se beneficiará.
Artículo 2.- Son autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley, las siguientes:
l. El Poder Legislativo;
II. El Poder Ejecutivo;
III. El Poder Judicial; y
IV. La Fiscalía General.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Campesino o campesina: La persona que vive y trabaja del campo, y goce de los derechos protegidos
por el artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria
en materia Agraria;
II. Código Penal: Código Penal para el Estado de Tamaulipas;
III. Fiscalía General: Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas;
IV. Integrante de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana: Persona que pertenece a una
comunidad, integrantes de un pueblo originario o afromexicana en los términos reconocidos por el
artículo 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos
internacionales en la materia, ya sea que se encuentre en tránsito o resida en el Estado de Tamaulipas. La
presente Ley reconoce como pueblos y comunidades indígenas, a los distintos grupos indígenas de
origen nacional procedentes de otras entidades federativas, establecidos en los municipios o localidades del
territorio del Estado;
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V. Juez Competente: Al juez que está llamado a resolver o pronunciarse, dentro de su competencia,
cualquier asunto que le haya atribuido expresamente el legislador, en cuyo caso y dependiendo del
sistema penal tradicional o penal acusatorio, conozca del asunto;
VI. Ley: Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas;
VII. Persona en situación de pobreza: Persona que al menos tiene una carencia social en los indicadores
de rezago educativo; acceso a servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la
vivienda y servicios básicos en la vivienda, así como de acceso a la alimentación, y su ingreso es
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias;
VIII. Persona en situación de vulnerabilidad y discriminación: Persona que debido a determinadas
condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas tiene mayor riesgo de que sus derechos
humanos sean violados, quien puede formar parte de los grupos siguientes: niños, niñas y adolescentes;
mujeres violentadas; personas con VIH/SIDA; personas discriminadas por sus preferencias sexuales;
personas con alguna enfermedad mental; personas con discapacidad; personas de las comunidades
indígenas y pueblos originarios; jornaleros agrícolas; personas migrantes; personas desplazadas internas;
personas en situación de calle; personas adultas mayores; periodistas y personas defensoras de derechos
humanos, entre otros;
IX. Persona interesada: Cualquier persona legitimada que presente una solicitud ante el órgano
jurisdiccional o autoridad competentes, que pretenda acceder a los beneficios de la amnistía;
X. Poder Ejecutivo: Al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas;
XI. Poder Judicial: Al Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y
XII. Poder Legislativo: Al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Artículo 4.- Se decretará amnistía en los siguientes supuestos:
l. Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal, cuando:
a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido;
b) Se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de
la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya
llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido; o
c) Se impute a los parientes consanguíneos de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción
del embarazo, y exista consentimiento de la madre para dicha circunstancia.
II. Por los delitos contra la salud de los cuales conozcan los tribunales del Estado, en términos del artículo
474, de la Ley General de Salud, cuando:
a) Quien lo haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su
condición de exclusión y discriminación;
b) El delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja
sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado;
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c) Por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a
cometer el delito; o
d) Quien lo haya cometido pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, en términos
del artículo 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentre en alguna
de las hipótesis mencionadas en los incisos anteriores.
III. Por delitos imputados a personas campesinas o pertenecientes a los pueblos originarios,
comunidades indígenas o afromexicanas, que se encuentren dentro de alguno de los siguientes supuestos:
a) Por defender su tierra, recursos naturales, bosques o sus usos y costumbres;
b) Durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido
garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua o
cultura; o
c) Cuando se compruebe que se encuentran en situación de pobreza extrema, notoria inexperiencia y
extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por temor fundado o porque hayan
sido obligados por la delincuencia organizada.
IV. Por el delito de robo en sus siguientes modalidades:
a) Robo simple y sin violencia, cuando el monto de lo robado no exceda de doscientas veces el
equivalente al salario mínimo general vigente, previa reparación del daño a víctimas u ofendidos; y
b) Robo con violencia, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:
1. Se trate de un delincuente primario, lo que deberá acreditar con la constancia correspondiente que
expida la Fiscalía General.
2. No cause lesiones o la muerte a la o las víctimas.
3. No se utilicen armas de fuego en su ejecución.
4. Cuando el monto de lo robado no exceda de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente en el tiempo en el que se cometa el mismo.
5. Que pague el monto de la reparación del daño.
6. Que no se encuentre sujeto a otra investigación o proceso pendiente por causa distinta ni tener
sentencia ejecutoriada que cumplir en reclusión del fuero común o federal, sea cual fuere el delito.
7. Que el sujeto activo no sea servidor público.
Se exceptúan de lo anterior, el robo de vehículo, de la mercancía transportada o de la mercancía que
se encuentre a bordo de aquel, robo al interior de un vehículo automotor particular o recaiga sobre una o más
de las partes que lo conforman o sobre objetos meramente ornamentales o de aquellos que
transitoriamente se encuentran en su interior, robo en transporte público de pasajeros, robo de transporte
de carga, robo a casa habitación, robo cometido a escuelas e inmuebles destinados a actividades
educativas, en cualquiera de sus modalidades, así como los expresados en las fracciones VI a la X, del
artículo 400 del Código Penal.
V. A las mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida
e integridad, o la de sus descendientes;
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VI. A personas mayores de sesenta y cinco años de edad, que:
a) Padezcan enfermedad terminal o crónico degenerativa grave; o
b) Sean sentenciadas o acusadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e
integridad.
VII. Por el delito de sedición o apología del delito de sedición, porque hayan invitado, instigado o incitado
a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas o sociales con el
propósito de alterar la vida institucional y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida,
lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego, explosivos o incendios;
VIII. Por el delito de resistencia, previsto en el artículo 181, del Código Penal;
IX. Por los delitos contra el ambiente previstos en el artículo 459, del Código Penal, previa reparación del
daño causado al ambiente;
X. Por el delito de semoviente en cualquiera de los supuestos establecidos en el Código Penal;
XI. En casos de delitos culposos, cuando exista sentencia firme ejecutoriada sin importar la penalidad;
siempre que se pague o garantice la reparación del daño y que no concurran las agravantes previstas en el
artículo 318 del Código Penal; y
XII. A las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, que cuenten
con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté
reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde
se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se proponga su libertad.
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, podrán remitir para análisis y resolución del Poder
Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren que son objeto de aplicación de la
presente Ley.
No se concederá la amnistía cuando se trate de delitos que atenten contra la vida, la libertad o la
integridad personal, salvo las excepciones expresamente previstas en esta Ley.
Artículo 5.- El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estará facultado para emitir acuerdos
generales a efecto de normar el procedimiento, fijando plazos para sustanciar las solicitudes de amnistía
ajustándose a los que se encuentran previstos en esta Ley, para su debido cumplimiento.
Artículo 6.- La persona interesada o su defensa, podrá solicitar ante el Juez Competente, la aplicación
de la amnistía respecto de los delitos establecidos en esta Ley, quien se pronunciará respecto a la
procedencia de la misma, para lo cual:
l. Tratándose de personas vinculadas o sujetas a proceso o indiciadas pero prófugas, se notificará a la
Fiscalía General, el desistimiento de la acción penal; o
II. Tratándose de personas con sentencia firme, se realizarán las actuaciones conducentes para, en su
caso, ordenar su inmediata liberación. [Son supletorias de esta Ley en lo que correspondan, el Código
Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal.]
(Fracción declarada inválida en su porción normativa “Son supletorias de esta Ley en lo que correspondan, el Código Nacional de
Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal”, por sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad
154/2022 notificada al Congreso del Estado para efectos legales el 25 de septiembre de 2023.)
Artículo 7.- Las solicitudes también podrán ser presentadas por personas que tengan relación de parentesco
por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el interesado, o bien por organizaciones u
organismos públicos defensores de derechos humanos debidamente registrados y sin fines de lucro.
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Artículo 8.- La solicitud de amnistía deberá ser presentada por escrito o por medios electrónicos habilitados
para tal efecto, ante el Juez Competente, debiendo acreditar la calidad con la que acude a solicitar
amnistía, el supuesto por el que se considera podría ser beneficiario de la misma, adjuntando medios de
prueba en los que sustente su petición y, en su caso, solicitando se integren aquellos que no estén a su
alcance por no estar facultados para tenerlas. La autoridad judicial dentro del plazo de tres días hábiles
posteriores a la recepción de la solicitud, emitirá un acuerdo en cualquiera de los siguientes sentidos:
l. Admitir e iniciar el trámite;
II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, dentro del término de tres días, siguientes a su
notificación; o
III. Desecharla por notoriamente improcedente.
En caso de no atender a lo dispuesto en la fracción II, se desechará de plano, sin que esto impida que
vuelva a presentarse la solicitud. Desahogada la prevención se admitirá la solicitud.
Artículo 9.- Una vez admitida la solicitud, dentro del plazo de treinta días hábiles, el Juez Competente,
deberá determinar la procedencia o improcedencia de la amnistía, pudiendo prorrogarse dicho plazo hasta
por treinta días más, atendiendo las circunstancias del caso.
Artículo 10.- En la determinación que otorgue la amnistía, la autoridad judicial ordenará a las
autoridades competentes que decreten la libertad o el desistimiento del ejercicio de la acción penal, según
corresponda.
Artículo 11.- Las personas que se encuentren sustraídas de la acción de la justicia por delitos a que se
refiere el artículo 4 de la presente Ley, podrán beneficiarse de la amnistía, mediante la solicitud
correspondiente.
Artículo 12.- Los efectos de esta Ley se producirán a partir de que la autoridad judicial se pronuncie
sobre el otorgamiento de la amnistía.
Artículo 13.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos
que se establecen en esta Ley, dejando en su caso subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos
de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas y ofendidos de conformidad con la
legislación aplicable. Las personas que obtengan su libertad con base en esta ley, no podrán ejercer acción
civil, penal, administrativa o de otra índole en contra del Estado o de quien en su caso fue sujeto pasivo del
delito por el que estuvo privado de la libertad.
Artículo 14.- En los casos en que estén pendiente de resolución recursos en segunda instancia en el
Poder Judicial se resolverá el sobreseimiento, o bien, en los casos ante la autoridad federal que conozca de
amparo por parte de las personas a quienes beneficia la presente ley y poder requerirlo, éstas deberán
desistirse y solicitar el sobreseimiento en los términos de la fracción I, del artículo 63, de la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, hasta la aplicación plena de los beneficios de esta Ley.
Artículo 15.- Las personas a quienes beneficie esta Ley, no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas
por los mismos hechos; por lo que la autoridad Judicial ordenará la cancelación de los antecedentes
penales del delito por el que se aplica amnistía.
Artículo 16.- El Poder Legislativo con base en su normatividad, integrará una Comisión Especial, con el fin
de dar seguimiento a lo ordenado en esta Ley, así como para conocer de aquellos casos que por su
relevancia son puestos a su consideración por medio de las personas a que se refiere el artículo 7 de esta
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Ley y organismos defensores de derechos humanos, por encuadrar en supuestos de violación de derechos o
fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de
fabricación de delitos.
Artículo 17.- La Comisión Especial al conocer de la solicitud a que se refiere el artículo anterior,
solicitará la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de la
Fiscalía General, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno, así
como de Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la protección y
defensa de derechos humanos, quienes deberán emitir la opinión en un plazo razonable.
En atención a las facultades señaladas en el párrafo anterior, tratándose de solicitudes de amnistía, la
recepción de la solicitud por parte de la Comisión Especial no implica el otorgamiento de la misma.
Artículo 18.- La determinación que resulte del análisis de cada caso por parte de la Comisión Especial,
será turnada a la autoridad judicial o procuradora de justicia, a efecto de que atienda la recomendación
legislativa y resuelva lo procedente. También se hará del conocimiento del Poder Ejecutivo para que, en
ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente.
Artículo 19.- El Poder Judicial ordenará el archivo de la solicitud de amnistía, cuando se logre la liberación
del solicitante o el desistimiento del ejercicio de la acción penal. Procede la conclusión del trámite de
amnistía, en el caso de que se deseche la solicitud por notoriamente improcedente, sin afectar la
continuación de la investigación o cualquier etapa de proceso o de la ejecución penal que se esté
instruyendo en contra del solicitante.
Artículo 20. El Poder Judicial deberá incluir en su informe anual de actividades, las solicitudes de
amnistía recibidas, resueltas y pendientes de resolver.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente
decreto.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.-
Cd. Victoria, Tam., a 20 de enero del año 2022.- DIPUTADA PRESIDENTA.- IMELDA MARGARITA
SANMIGUEL SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- CARLOS FERNÁNDEZ
ALTAMIRANO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintiún días
del mes de enero del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER
GARCÍA CABEZA
Ley de Amnistía del Estado de Tamaulipas Pág. 8
LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Decreto No. 65-123, del 20 de enero de 2022.
P.O. No. 117, del 29 de septiembre de 2022.
N. de E. Declaratoria de Invalidez:
a) Declaratoria de Invalidez por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada
de la Acción de Inconstitucionalidad 154/2022, notificada al Congreso del Estado para sus efectos
legales el 25 de septiembre de 2023, del artículo 6, fracción II, en su porción normativa “Son
supletorias de esta Ley en lo que correspondan, el Código Nacional de Procedimientos Penales y
la Ley Nacional de Ejecución Penal”, de la Ley de Amnistía para el Estado de Tamaulipas,
expedida mediante el Decreto 65-123, publicado en el Periódico Oficial el 29 de septiembre 2022.
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