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H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
LEY DE HACIENDA DEL
MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ,
YUCATÁN
SECRETARÍA GENERAL DEL
PODER LEGISLATIVO
UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICO-LEGISLATIVOS
Nueva Ley D.O.: 31-diciembre-2021
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN
H. Congreso del Estado de Yucatán
Secretaria General del Poder Legislativo
Unidad de Servicios Técnico-Legislativos
Nueva Publicación D.O: 31 de diciembre 2021
Decreto 452/2021
Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado
el 31 de diciembre 2021
Se emiten las leyes de hacienda de los municipios de Cenotillo, Conkal, Chemax,
Chichimilá, Chocholá, Hocabá, Ixil, Kanasín, Mocochá, Tetiz, Tzucacab, Yaxcabá y
Yaxkukul.
Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14,
fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus
habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido
dirigirme el siguiente decreto:
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, CONFORME CON
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30, FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, 18 Y 28, FRACCIÓN XII DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER
LEGISLATIVO, 117, 118 Y 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL
PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE LA SIGUIENTE:
E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S
PRIMERA. De la revisión y análisis de las iniciativas presentadas por las
autoridades municipales antes mencionadas, los integrantes de esta Comisión
Permanente, consideramos que los ayuntamientos señalados, en ejercicio de la
potestad tributaria que les confiere la Constitución Federal, la propia del estado y las
leyes de la materia, han presentado sus respectivas iniciativas de ley de hacienda a
fin de establecer las bases para que puedan cobrar los ingresos que en concepto de
contribuciones estiman percibir para la hacienda municipal y la cual servirá de
sustento para el cálculo de las partidas que integrarán el presupuesto de egresos de
esos municipios.
En este sentido, el fundamento constitucional de estas leyes de hacienda
municipales, se aprecia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en el artículo 31 que establece la obligación que tienen todos los mexicanos de
contribuir para los gastos públicos de la Federación, los estados y de los Municipios
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en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De
dicha facultad constitucional, derivan principios que necesariamente debe observar el
órgano de gobierno que se encargue de la elaboración de la mencionada ley fiscal;
toda vez que la observancia de aquellos, garantizará tanto el actuar de la propia
autoridad en su función recaudadora, como al ciudadano en su carácter de
contribuyente, por ello la necesidad de contar con el instrumento normativo adecuado,
que garantice la consecución del objetivo expresado por nuestra Carta Magna.
Consecuentemente, el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dispone que los municipios administrarán libremente su
hacienda y que la misma estará conformada por los rendimientos de los bienes que
les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor.
En dicho precepto constitucional se les faculta a percibir las contribuciones,
incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Así, los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Que esta facultad de propuesta legislativa de los Ayuntamientos tiene un
alcance superior al de fungir como simple elemento necesario para poner en
movimiento a la maquinaria legislativa, ésta propuesta tiene un rango y una visibilidad
constitucional equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales.
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En ese orden, las legislaturas de los Estados aprueban las leyes de ingresos de
los municipios y los recursos que integran sus haciendas municipales son ejercidos en
forma directa por los ayuntamientos.
Por ende, el multicitado artículo 115 de la Constitución Federal establece
adicionalmente que, en principio los conceptos de la hacienda municipal que quedan
sujetos al régimen de libre administración hacendaria, tal como lo ha sostenido el
Máximo Tribunal de la Nación, en el sentido que la hacienda municipal se integra por
los ingresos, activos y pasivos de los Municipios y que, por su parte, la libre
administración hacendaria debe entenderse como un régimen establecido en la
Constitución Federal, tendiente a fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica
de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación
de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las
leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a
sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más
cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean
afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra
razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus
necesidades reales.
De este modo, el diseño tributario municipal conlleva un amplio margen de
configuración, de forma tal que el hecho de que en un momento determinado se decida
la eliminación o la incorporación de nuevos regímenes fiscales o contribuciones, no
implica, en sí mismo, la inconstitucionalidad de la norma de que se trate, siempre que
ésta no contravenga algún dispositivo constitucional.
Esa libertad de configuración en materia impositiva permite al legislador,
conforme a la política fiscal aplicable en su momento, realizar alteraciones a las leyes
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que prevean los tributos que permitirán sufragar los gastos públicos del Estado, lo que
significa que no existe en la Constitución el derecho a que el sistema tributario
permanezca inmodificable y estático sino, por el contrario, es indispensable que el
poder público goce de la más amplia libertad para adaptar la normativa fiscal al
contexto económico, tanto nacional e internacional, así como a las necesidades
públicas.
SEGUNDA. En ese mismo orden de ideas, no podemos soslayar que, por
mandato de nuestra Constitución Política del Estado de Yucatán, la determinación de
los ingresos por parte de este Poder Legislativo, debe basarse en un principio de
suficiencia hacendaria, en función de las necesidades a cubrir por el Municipio,
principio que se encuentra implícito en los artículos 3 fracción II, 30, fracción VI y 77
base novena del ordenamiento de referencia.
Como legisladores y de conformidad con los alcances de las reformas al artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, visualizamos al
Municipio como la célula primigenia de un país, distinguiéndolo como un órgano de
gobierno prioritario en el fortalecimiento del desarrollo y la modificación de una
estructura de poder municipal a la que se le otorga mayor autonomía para decidir sobre
su política financiera y hacendaria.
Partiendo de tal premisa y atendiendo a la normatividad que da sustento a las
iniciativas presentadas, en lo específico a la obligación que tienen los ciudadanos de
contribuir con los gastos de gobierno, podemos concluir dos aspectos importantes, que
tal actividad se encuentra limitada a que ninguna contribución puede exigirse si no se
encuentra expresamente establecida en la Ley y que la intervención del Poder
Legislativo es necesaria en la determinación de los tributos.
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Sin dejar de lado que, los Congresos Locales no tienen, concomitantemente, la
obligación de simplemente aceptar las propuestas realizadas por los Municipios, sino
que deben decidir con prudencia y sensatez, con una visión global, lo que procede
admitir de la proposición y lo que no. En efecto, los Congresos Locales tienen la
obligación de ponderar, estudiar y tomar en consideración las propuestas de los
Municipios, al decidir razonablemente si admiten o no la propuesta que les planteen, y
cuando emitan su decisión, deberán señalar razonablemente los motivos por los
cuales decidieron aceptar, modificar o rechazar las propuestas de los Municipios.
Esto es así, conforme al mismo artículo 115, fracción IV, de la Constitución
Federal, los Congresos Locales deben prever, cuando menos, algún esquema
impositivo que contengan contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento,
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el
cambio de valor de los inmuebles.
Sin embargo, la Constitución no impone a las Legislaturas modelo fiscal alguno,
ni los obliga a gravar todas las posibles conductas vinculadas con la propiedad
inmobiliaria a medida que los Municipios demuestren en sus iniciativas legislativas
nuevas posibles hipótesis de causación.
TERCERA. Por tales motivos, las iniciativas de ley en estudio, resultan ser un
instrumento jurídico indispensable para las haciendas de los municipios en cuestión,
al centrar su objeto en normar y determinar la facultad impositiva de recaudación del
Municipio, brindando con ello certeza jurídica a los ciudadanos que cumplen con su
deber de contribuir en los gastos del gobierno municipal; en ese sentido como
diputados integrantes de esta Comisión Permanente, nos avocamos a revisar y
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analizar el contenido de la misma, resolviendo corregir aspectos de forma y de técnica
legislativa para mejor entendimiento del documento en estudio.
De tal forma, podemos concluir como comisión dictaminadora que el contenido
de las Leyes de Hacienda de los Municipios de Cenotillo, Chemax, Chichimilá,
Chochola, Conkal, Hocabá, Ixil, Kanasín, Mocochá, Tetiz, Tzucacab, Yaxcabá y
Yaxkukul, todas del Estado de Yucatán, cumplen con lo siguiente:
Contemplan los elementos del tributo de cada uno de los conceptos de
los ingresos del Municipio, de conformidad con la normatividad fiscal
aplicable;
Regulan las relaciones entre autoridad y ciudadano, resultantes de la
facultad recaudadora de aquella; así como la normatividad que se
observará para el caso de que se incumpla con la obligación contributiva
ciudadana, y
Prevén los recursos legales y los procedimientos administrativos, para
que el ciudadano inconforme pueda combatir actos del Ayuntamiento que
pueda presumirse en materia fiscal, como excesivos y/o ilegales.
Siendo que, además cuentan con una estructura general que cubre los
conceptos más importantes y necesarios para el funcionamiento adecuado de su
marco jurídico en materia tributaria, las cuales a grandes rasgos se compone de la
siguiente forma:
Las Disposiciones Generales, entre las que se encuentran el objeto de la ley;
Las Disposiciones Fiscales Municipales, las disposiciones de aplicación
supletoria, recursos, garantías, las autoridades fiscales, las características de
los ingresos y su clasificación;
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Los aspectos relativos a los créditos fiscales, los sujetos obligados, la época de
pago, recargos y multas;
Los derechos y obligaciones de los contribuyentes;
Los impuestos, entre los que destacan el del Impuesto Predial y el Impuesto
Sobre Adquisición de Inmuebles, así como el Impuesto Sobre Espectáculos y
Diversiones;
Los Derechos contemplados, entre los más importantes, se encuentran las
licencias de funcionamiento y aquellos directamente relacionados a la
prestación de servicios como el Agua Potable, la Recolecta de Basura, el
Alumbrado Público, el Rastro, el Catastro, la Vigilancia y Seguridad Pública, etc;
Las Contribuciones de mejora;
Los Productos y Aprovechamientos;
Las Participaciones y Aportaciones;
El Procedimiento Administrativo de Ejecución aplicable, en su caso;
Las multas e infracciones, en su caso;
Los ingresos extraordinarios, cuando así se ha considerado por su proponente.
Y las demás disposiciones de carácter general, como los artículos transitorios y
los recursos administrativos procedentes.
CUARTA. Es de gran trascendencia recordar, que fue la Suprema Corte de
Justicia de la Nación quien en la controversia constitucional 19/2001, reflexionó
sobre la importancia del desarrollo legislativo e histórico del artículo 115
constitucional.
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El tribunal en pleno abordó el hecho que el Municipio libre es la piedra angular
del Estado Mexicano sobre la cual se construye la sociedad nacional, al ser la
primera Organización Estatal en entrar en contacto con el núcleo social.
Los ministros recordaron que el Municipio ha sido bandera emblemática de
las luchas revolucionarias. No obstante, su elevación a rango constitucional en 1917
fueron muchas las limitaciones y el cercenamiento que la propia Constitución
impuso al Municipio, obligándolo o sometiéndolo a la voluntad del Ejecutivo Estatal
o del Legislativo también Estatal o, en el mejor de los casos, rodeándole de un
contexto jurídico vulnerable.
En esa evolución, de acuerdo al máximo tribunal del país, se pueden
identificar tres momentos determinantes en la evolución del Municipio libre,
partiendo de la importante consagración constitucional que, en 1917 se dio de esta
figura:
1) La reforma municipal de 1983, misma que incluso fue objeto de
interpretación por parte de la anterior integración de la SCJN; destacó la
interpretación efectuada con motivo del amparo en revisión 4521/91, en el que se
sostuvo que la intención del legislador fue fortalecer de tal manera al Municipio con
esta reforma, que ello permitía colegir que, para efectos de la legitimación activa de
las controversias constitucionales, se podía admitir en el Municipio un carácter de
Poder de los estados; legitimación que le estaba, aparentemente, soslayada por el
entonces texto del artículo 105 constitucional.
2) La reforma judicial de 1994, ejercicio legislativo que, si bien dedicado a lo
judicial federal, llegó a trastocar la vida jurídico institucional del Municipio, en tanto
le reconoció expresamente legitimación activa para acudir en defensa jurisdiccional
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de sus facultades y ámbito competencial ante la Suprema Corte en vía de
controversia constitucional. De alguna manera, parece advertirse que el legislador
ponderó la situación de indefensión municipal advertida y superada por el criterio
antes referido, pues el poder reformador recogió y superó todo aquello puesto en
evidencia con aquella interpretación judicial. Esta reforma ha sido de suma
importancia para el Municipio, por los siguientes motivos:
a) El número de juicios de esta naturaleza iniciados por municipios, en
comparación con los iniciados por otros entes políticos, es revelador del enorme
impacto que esta reforma constitucional tuvo en la vida municipal y de la eficacia de
la norma constitucional reformada; y,
b) Porque a partir de los fallos que ha venido emitiendo esta Suprema Corte
en dichos juicios, que evitan injerencias o interferencias de los estados, a la vida
administrativa, política o jurídica de los municipios.
c) La reforma de mil novecientos noventa y nueve, conforme a la cual se
avanzó en pro de la consolidación de la autonomía municipal y de su fortalecimiento,
particularmente frente a las injerencias de los gobiernos estatales, y se superaron
algunas de las limitaciones antes referidas.
La reforma antes mencionada, fue trascendental para la consolidación del
Municipio como un verdadero nivel de gobierno; por ello, se estimó fundamental el
análisis de la gestación de esta norma reformada para estar en posibilidades de
localizar elementos que permitan una cabal interpretación del nuevo texto.
Durante los años de 1997 a 1999, fueron presentándose en el seno de la
Cámara de Diputados variadas iniciativas por parte de distintos grupos
parlamentarios que proponían modificaciones al artículo 115, mismas que en total
sumaron nueve de ellas.
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La máxima instancia del Poder Judicial de la Federación, en la multicitada
controversia constitucional, aborda el hecho que cuando dio inicio al proceso
legislativo, en la discusión del mismo se estudiaron de manera conjunta todas las
iniciativas por la Comisión encargada de dictaminarlas, y, como resultado de su
trabajo de dictaminación, se elaboró un proyecto único de reforma constitucional
que eventualmente fue de conocimiento de ambas Cámaras.
Se puede observar, de la discusión de dicho medio de control constitucional,
que las iniciativas antes relatadas, en sus respectivas exposiciones de motivos,
coincidieron, tal como expresamente lo admitió la comisión, en que era necesario
fortalecer al Municipio libre o la autonomía municipal y superar aquellos escollos u
obstáculos que la propia Constitución había dejado vigentes, a pesar de la reforma
municipal de 1983.
En otras palabras, la reforma de acuerdo a la corte, se inspiró en el
fortalecimiento del Municipio y se dirigió en intención hacia una mayor autonomía y
gobierno municipal. Por ello, aunado a lo que subyace en las reformas antes
mencionadas al artículo 115 es que resulta válido extraer un principio interpretativo
de fortalecimiento municipal, el cual de abordarse a la luz de hacer palpable y
posible el fortalecimiento municipal, para así dar eficacia material y no sólo formal
al Municipio libre. Tal como acontece en:
1) El principio de libre disposición de la hacienda municipal, consagrado en
la fracción IV del artículo 115 constitucional;
2) Que la Constitución estatuye que los ayuntamientos elaborarán sus
propios presupuestos de egresos (fracción IV, artículo 115 constitucional);
Sobre esa base, se dijo que la libre disposición de la hacienda pública
municipal había sido un tema estudiado en varias ocasiones por el Pleno de la corte,
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particularmente a propósito del distinto régimen al que están sujetas por una parte
las participaciones federales, y por otra parte las aportaciones federales.
De todo lo expuesto con anterioridad, esta Comisión dictaminadora resalta la
gran trascendencia que representa el Municipio en nuestro país, así como la de sus
elementos constitucionales, dentro de los que se encuentran la libertad hacendaria
de los que gozan aquellos.
QUINTA. Por ende, si bien es este Congreso del Estado el encargado de dar y
otorgar leyes de observancia obligatoria en toda la entidad federativa, no es menos
cierto que cuando se legisla para el ámbito de gobierno que ahora nos ocupa, es
relevante observar el contenido de los criterios constitucionales en materia de
autonomía financiera de los municipios.
De tal suerte, que como se ha referido con anterioridad, es el propio artículo 115
de la Constitución Federal que establece los elementos que contienen la hacienda
municipal, los cuales están relacionados con los ingresos, activos y pasivos de los
municipios; por su parte, la libre administración hacendaria debe entenderse como el
régimen que estableció el órgano reformador de la Constitución, a efecto de fortalecer
la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, con el fin de que éstos
puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus
necesidades, todo esto, en los términos que fijen las leyes y, para el cumplimiento de
sus fines públicos.
Ahora bien, es relevante destacar los elementos que estableció la Suprema
Corte de Justicia de la Nación al resolver la Controversia Constitucional 10/2014,
respecto a los diversos principios, derechos y facultades de contenido económico,
financiero y tributario, a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía
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al máximo nivel jerárquico, los cuales, al ser observados garantizan el respeto a la
autonomía municipal consagrado por la Carta Magna.
Entre los principios señalados en dicha controversia se destacan los siguientes:
El principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin
fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que
tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus
necesidades sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer
sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en
los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.
El principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la
hacienda pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la
hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al régimen de libre
administración hacendaria, como las aportaciones federales, deben ejercerse
en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme
a la ley.
El principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los
municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de
las participaciones como de las aportaciones federales.
Puntualizado lo anterior, es de resaltar la importancia que reviste la previsión de
los ingresos, prospectada en razón de la realidad municipal, ya que de no ser así y por
la estrecha relación que guarda con los egresos que dicha instancia de gobierno
proyecte, se vería afectado el equilibrio financiero que la hacienda municipal requiere
para la consecución de sus objetivos y fines, como lo es, el de proporcionar a la
ciudadanía los servicios públicos que necesiten atenderse.
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Asimismo, la política tributaria debe definir la carga fiscal justa y equitativa para
los contribuyentes, la configuración de los elementos de los tributos como es la base,
tasa, tarifa, exenciones, y demás bajo el enfoque de equidad, proporcionalidad y
legalidad como principios constitucionales expresado en materia de impuestos.
Refuerzan lo anterior los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en el rubro: HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y
FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN
IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.1
De esta forma, en la expedición de las leyes hacendarias que nos ocupan, este
Poder Legislativo conservó en su totalidad todas las características y elementos de las
contribuciones propuestas por cada uno de los municipios, logrando de esta forma no
alterar en lo absoluto, la planeación y política fiscal que en uso de su autonomía
municipal establecieron los ayuntamientos en sus respectivas iniciativas.
Tampoco se omite soslayar, que para dotar de certeza jurídica a los habitantes
de los ayuntamientos, fueron aplicados a las leyes diversos criterios de técnica
legislativa tendientes a unificar las descripciones del marco jurídico relativo al costo de
recuperación que las haciendas municipales pueden percibir a través de las Unidades
de Transparencia municipal, con la finalidad de que estas sean congruentes con la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a los criterios
sostenidos por la Suprema Corte de Justicia del país con relación al ejercicio del
derecho a la Información Pública.
1 Época: Novena Época, Registro: 163468, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, noviembre de 2010, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CXI/2010, Página: 1213
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Asimismo, se dispuso eliminar contribuciones indeterminadas que son
contrarias a la Constitución Federal, adecuar la denominación de títulos, capítulos y
secciones, así como agregar elementos normativos que brindan certeza al respecto
del principio de legalidad tributaria, en términos de los elementos contenidos en el
Código Fiscal del Estado de Yucatán y los criterios que son de observancia obligatoria
del máximo tribunal del país, en referencia a la obligación de que las normas tributarias
contengan los elementos de sujeto, base, objeto, cuota o tarifa, lo que representó una
adecuación constitucionalmente válida para una mejor estructura y entendimiento de
las normas, al mismo tiempo que se mantuvieron los objetivos de las normas en
cuestión.
Dichos cambios, son acordes con los criterios del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación la cual ha establecido en la tesis de rubro “HACIENDA
MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE
INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE
MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON CRITERIOS DE
CARÁCTER CUALITATIVO Y NO CUANTITATIVO, CON BASE EN LOS CUALES
DEBE DETERMINARSE LA RAZONABILIDAD DE LA MOTIVACIÓN DE LAS
LEGISLATURAS ESTATALES2” que es deber de las legislaturas de los estados dotar
de elementos cualitativos a los productos legislativos tendientes aprobar los
ordenamientos fiscales de los municipios, por lo que ha sido la intención de esta
Comisión observar dicho lineamiento.
SEXTA. En otros términos, es de gran importancia para este órgano colegiado
tomar en cuenta lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido al
2 P./J. 114/2006, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, pág. 1126,
registro 174093
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interpretar los alcances del principio de legalidad tributaria. Dicha autoridad judicial ha
determinado que éste principio consiste en que los tributos sean establecidos mediante
un acto legislativo; es decir, que provengan del órgano con la atribución para crear
leyes (aspecto formal) y que los elementos esenciales de aquéllos, tales como el
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, se encuentren consignados en la
ley (aspecto material), con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica al
contribuyente al momento de cumplir sus obligaciones y evitar cualquier arbitrariedad
por parte de las autoridades hacendarias en la determinación y cobro respectivos.
Estos elementos están contenidos en las tesis de rubros "IMPUESTOS,
PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL3" e "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE
LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY4"
En ese sentido, dicho tribunal ha determinado que parte del principio de legalidad
tributaria es el de reserva de ley, el cual guarda estrecha semejanza y mantiene
vinculación con aquél, lo anterior de acuerdo a la tesis P. CXLVIII/97 de rubro
“LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY5”
De ahí, que resulte importante señalar que adicional a los principios ya
señalados, resulte trascendente ubicar otro principio tributario que es el de
proporcionalidad tributaria. El máximo tribunal del país ha sostenido que éste implica
que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva
3 Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Tesis: 168, Pág. 169, Séptima Época, Numero de registro 389621.
4 Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Tesis: 162, Pág. 165, Séptima Época, Numero de registro: 389615.
5 P. CXLVIII/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, Pág. 78, Numero de
registro 197375.
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capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos,
utilidades, rendimientos o de la manifestación de riqueza gravada, por lo que los
elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al
mismo, o sea, que la base gravable permita medir esa capacidad económica y la tasa
o tarifa exprese la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del
tributo.
Por tanto, la capacidad de cada sujeto pasivo se entiende como la potencialidad
real para contribuir al gasto público, de manera que las personas que tengan mayor
riqueza gravable puedan tributar en forma diferenciada y superior a aquellos que la
tengan en menor proporción, por lo que, atendiendo a dicho factor, el impacto del
tributo puede variar de acuerdo a esa capacidad contributiva.
Por ende, dicho gravamen es proporcional cuando existe congruencia entre el
impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes. Por tanto,
la potestad tributaria implica al Estado poder determinar el objeto de los tributos,
involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de su capacidad
contributiva; de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las
contribuciones es, precisamente, el de la identificación de la capacidad para contribuir
al gasto público por parte de los gobernados.
Todo lo anterior, se encuentra consagrado en las tesis jurisprudenciales del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de numero P./J. 109/99 y P./J.
10/2003, de rubros: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA
POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS6" y
6 Tesis: P. /J. 109/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Pág. 22, Numero de
registro 192849
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"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL
TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES7"
Igualmente, es de destacarse que el máximo tribunal ha sostenido en las tesis
de rubro "IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS8" e "IMPUESTOS,
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS9" que para la validez constitucional de
un impuesto se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales; primero, que
sea establecido por ley; segundo, que sea proporcional y equitativo, y tercero, que se
destine al pago de los gastos públicos. Por lo tanto, que la proporcionalidad radica,
medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en
función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y
adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos y que conforme a este principio
los gravámenes deben fijarse de acuerdo a la capacidad económica de cada sujeto
pasivo.
De ahí, que el principio de equidad radique medularmente en la igualdad ante la
misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales
condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de
causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de
pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo
con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de
proporcionalidad antes mencionado.
7 Tesis: P./J. 10/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, Pág. 144, Numero de registro
184291.
8 Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, Pág. 111, Séptima Época, Número de registro 232308
9 Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Primera Parte, Pág.144, Séptima Época, Número de registro 232197
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN
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En resumen, destaca la máxima autoridad judicial del país, la equidad tributaria
significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben
guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.
Todos los elementos que se han descrito líneas arriba, resultan ser importantes
a la hora de construir el presente producto legislativo, ya que robustecen la actuación
de este Congreso respecto a la creación de nuevas normas, ya que otorgan certeza
que los actos aquí legislados se encuentran apegados a derecho y a los estándares
constitucionales que ha fijado nuestro máximo tribunal del país.
SÉPTIMA. - Por todo lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la
Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, consideramos
que las iniciativas que proponen Leyes de Hacienda de los Municipios de Cenotillo,
Chemax, Chichimilá, Chocholá, Conkal, Hocabá, Ixil, Kanasín, Mocochá, Tetiz,
Tzucacab, Yaxcabá y Yaxkukul, todas del Estado de Yucatán, deben ser aprobadas,
con las modificaciones y los razonamientos previamente vertidos.
En tal virtud y con fundamento en los artículos 30, fracción V de la Constitución
Política, 18 y 43 fracción IV, inciso a) de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y 71,
fracción II del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, todos del
Estado de Yucatán, sometemos a consideración del Pleno del H. Congreso del Estado
de Yucatán, el siguiente proyecto de:
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D E C R E T O
Por el que se expiden las Leyes de Hacienda de los Municipios de Cenotillo, Chemax,
Chichimilá, Chocholá, Conkal, Hocabá, Ixil, Kanasín, Mocochá, Tetiz, Tzucacab,
Yaxcabá y Yaxkukul, todas del Estado de Yucatán
Artículo Primero.- Se expiden las Leyes de Hacienda de los Municipios de:
I.- Cenotillo, II.- Chemax, III.- Chichimilá, IV.- Chocholá, V.- Conkal, VI. - Hocabá, VII.- Ixil, VIII.-
Kanasín, IX.- Mocochá, X.- Tetiz, XI.- Tzucacab, XII.- Yaxcabá, y XIII.- Yaxkukul, todas del
Estado de Yucatán.
Artículo Segundo. - Las Leyes de Hacienda a que se refiere el artículo anterior, se describen
en cada una de las fracciones siguientes:
V.- LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ, YUCATÁN
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Del Objeto De La Ley
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio del municipio
de Chocholá, Yucatán, y tiene por objeto establecer los conceptos por los que la Hacienda Pública del
Municipio de Chocholá, podrá percibir ingresos, definir el objeto, sujeto, base y época de pago de las
contribuciones, y señalar las obligaciones y derechos que en materia fiscal tendrán las autoridades y
los sujetos a que la misma se refiere.
Artículo 2.- De conformidad con lo establecido en el Código Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal,
ambos del Estado de Yucatán, para cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, la Hacienda
Pública del Municipio de Chocholá, podrá percibir ingresos por los siguientes conceptos:
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I. Impuestos;
II. Derechos;
III. Contribuciones Especiales;
IV. Productos;
V. Aprovechamientos;
VI. Participaciones Federales y Estatales;
VII. Aportaciones Federales, y
VIII. Ingresos Extraordinarios.
CAPÍTULO II
De los Ordenamientos Fiscales
Artículo 3.- Son ordenamientos fiscales:
I.- El Código Fiscal del Estado de Yucatán;
II.- La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán;
III.- La Ley de Hacienda del Municipio de Chocholá, Yucatán;
IV.- La Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá, Yucatán, y
V.- Los reglamentos municipales y las demás leyes, que contengan disposiciones de carácter fiscal y
hacendaria.
Artículo 4.- En la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá, correspondiente a cada Ejercicio Fiscal,
se establecerán las tasas, cuotas y tarifas aplicables para el pago de las contribuciones establecidas en
esta Ley.
Artículo 5.- A falta de norma fiscal municipal expresa, será de aplicación supletoria el Código Fiscal del
Estado de Yucatán.
Artículo 6.- Las normas de derecho tributario que establezcan cargas a los particulares y las que
señalen excepciones a las mismas, serán de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a
los particulares las normas que se refieren al objeto, sujeto, base, tasa o tarifa. Las demás disposiciones
fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica.
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CAPÍTULO III
De las Autoridades Fiscales
Artículo 7.- Para los efectos de la presente Ley, son autoridades fiscales:
I.- El Ayuntamiento;
II.- El Presidente Municipal;
III.- El Síndico;
IV.- El Titular de la Dirección de Finanzas y Tesorería;
V.- El Titular de la oficina recaudadora, y
VI.- El Titular de la oficina encargada de aplicar el procedimiento administrativo de ejecución.
CAPÍTULO IV
De los Contribuyentes y sus Obligaciones
Artículo 8.- Las personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, domiciliadas dentro del Municipio
de Chocholá, o fuera de él, que tuvieran bienes o celebren actos dentro del territorio del mismo, están
obligadas a contribuir para los gastos públicos del municipio y a cumplir con las disposiciones
administrativas y fiscales que se señalen en la presente Ley, en la Ley de Ingresos municipal, en el
Código Fiscal del Estado de Yucatán, y en los reglamentos municipales.
Artículo 9.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por territorio municipal, el área geográfica que
para cada uno de los municipios del Estado señala la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, o bien aquella que al efecto establezca el Congreso del Estado.
Artículo 10.- Las personas a que se refiere el artículo 8, además de las obligaciones especiales
contenidas en la presente Ley, deberán cumplir con las siguientes:
I.- Empadronarse en la Dirección de Finanzas y Tesorería, a más tardar treinta días naturales después
de la apertura del comercio, negocio o establecimiento, o de la iniciación de actividades, si realizan
actividades permanentes con el objeto de obtener la licencia municipal de funcionamiento;
II.- Recabar de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano la carta de uso de suelo en donde
se determine que el giro del comercio, negocio o establecimiento que se pretende instalar, es compatible
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con la zona, de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio y que cumple además, con
lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones del propio Municipio;
III.- Dar aviso por escrito, en un plazo de quince días, de cualquier modificación, aumento de giro,
traspaso, cambio de domicilio, suspensión de actividades, clausura o baja;
IV.- Recabar autorización de la Dirección de Finanzas y Tesorería, si pretende realizar actividades
eventuales; y basándose en dicha autorización solicitar la determinación de las contribuciones que
correspondan;
V.- Utilizar las formas o formularios elaborados por la Dirección de Finanzas y Tesorería, para
comparecer, solicitar o liquidar créditos fiscales y/o administrativos;
VI.- Permitir las visitas de inspección, atender los requerimientos de documentación y auditorías que
determine la Dirección de Finanzas y Tesorería, en la forma y dentro de los plazos que se señalan esta
Ley y el Código Fiscal del Estado de Yucatán;
VII.- Exhibir los documentos públicos y privados que requiera la Dirección de Finanzas y Tesorería,
previo mandamiento por escrito que funde y motive esta medida;
VIII.- Proporcionar con veracidad los datos que requiere la Dirección de Finanzas y Tesorería, y
IX.- Realizar los pagos, y cumplir con las obligaciones fiscales, en la forma y términos que señala la
presente Ley.
Artículo 11.- Los avisos, declaraciones, solicitudes, memoriales o manifestaciones, que presenten los
contribuyentes para el pago de alguna contribución o producto, se harán en los formularios que emita
la Dirección de Finanzas y Tesorería en cada caso, debiendo consignarse los datos, y acompañar los
documentos que se requieran.
CAPÍTULO V
De los Créditos Fiscales
Artículo 12.- Son créditos fiscales los ingresos que el Ayuntamiento de Chocholá y sus organismos
descentralizados tengan derecho de percibir, que provengan de contribuciones, de aprovechamientos
y de sus accesorios, incluyendo los que se deriven de responsabilidades que el Ayuntamiento tenga
derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares; así como aquellos a los que la Ley
otorgue tal carácter y el Municipio tenga derecho a percibir por cuenta ajena.
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Artículo 13.- Los créditos fiscales a favor del Municipio, serán exigibles a partir del día siguiente al del
vencimiento fijado para su pago. Cuando no exista fecha o plazo para el pago de dichos créditos, éstos
deberán cubrirse dentro de los quince días siguientes, contados desde el momento en que se realice el
acto o se celebre el contrato que dio lugar a la caución del crédito fiscal, si el contribuyente tuviere
establecimiento fijo; en caso contrario, y siempre que se trate de contribuciones que se originaron por
actos o actividades eventuales, el pago deberá efectuarse al término de las operaciones de cada día, a
más tardar el día hábil siguiente si la autoridad no designó interventor autorizado para el cobro.
Para los efectos establecidos en el párrafo anterior, el pago de los créditos fiscales se computará sólo
los días hábiles, entendiéndose por éstos, aquellos que establezcan las leyes de la materia y en los que
se encuentren abiertas al público las oficinas recaudadoras. Si al término de vencimiento fuere día
inhábil, el plazo se prorrogará al siguiente día hábil.
Artículo 14.- Son solidariamente responsables del pago de un crédito fiscal:
I.- Las personas físicas y morales, que adquieran bienes o negociaciones ubicadas dentro del territorio
municipal, que reporten adeudos a favor del Municipio y, que correspondan a períodos anteriores a la
adquisición;
II.- Los albaceas, copropietarios, fideicomitentes o fideicomisarios de un bien determinado, por cuya
administración, copropiedad o derecho se cause una contribución a favor del Municipio;
III.- Los retenedores de impuestos, y
IV.- Los funcionarios, fedatarios y demás personas que señala la presente ley y que en el ejercicio de
sus funciones, no cumplan con las obligaciones que las leyes y disposiciones fiscales les imponen exigir,
a quienes están obligados a hacerlo, que acrediten que están al corriente en el pago de sus
contribuciones o créditos fiscales al Municipio.
Artículo 15.- Los contribuyentes deberán efectuar los pagos de sus créditos fiscales municipales, en la
caja recaudadora de la Dirección de Finanzas y Tesorería o en los lugares que la misma designe para
tal efecto; sin aviso previo o requerimiento alguno, salvo en los casos en que las disposiciones legales
determinen lo contrario.
Artículo 16.- Los créditos fiscales que las autoridades determinen y notifiquen, deberán pagarse o
garantizarse dentro del término de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que
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surta sus efectos la notificación, conjuntamente con las multas, recargos y los gastos correspondientes,
salvo en los casos en que la Ley señale otro plazo y además, deberán hacerse en moneda nacional y
de curso legal.
Artículo 17.- Los pagos que se realicen, se aplicarán a los créditos más antiguos, siempre que se trate
de una misma contribución y, antes del adeudo principal, a los accesorios, en el siguiente orden:
I.- Gastos de ejecución;
II.- Recargos;
III.- Multas, y
IV.- Las indemnizaciones establecidas en esta Ley.
Artículo 18.- El Director de Finanzas y Tesorería a petición de los contribuyentes, podrá autorizar el
pago en parcialidades de los créditos fiscales, sin que dicho plazo pueda exceder de doce meses.
Para el cálculo de la cantidad a pagar, se determinará el crédito fiscal omitido a la fecha de la
autorización. Durante el plazo concedido no se generarán actualización y recargos.
La falta de pago de alguna parcialidad ocasionará la revocación de la autorización, en consecuencia,
se causarán actualización y recargos en los términos de la presente Ley, por lo que la autoridad
procederá al cobro del crédito mediante procedimiento administrativo de ejecución.
Artículo 19.- Las autoridades fiscales municipales están obligadas a devolver las cantidades pagadas
indebidamente. La devolución se efectuará de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal del
Estado de Yucatán.
CAPÍTULO VI
De la Actualización y los Recargos
Artículo 20.- Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro de los plazos fijados en la
presente Ley, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta
que el mismo se efectúe, además pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco municipal
por falta de pago oportuno.
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Artículo 21.- El monto de las contribuciones, aprovechamientos y los demás créditos fiscales, así como
las devoluciones a cargo del fisco municipal, no pagados en las fechas o plazos fijados para ello en esta
Ley, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país,
para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deben actualizar, desde el
mes en que debió hacerse el pago y hasta el mes en que el mismo pago, se efectúe.
Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que determina el
Banco de México y se publica en el Diario Oficial de la Federación, del mes inmediato anterior al más
antiguo de dicho período.
Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco municipal no se
actualizarán por fracciones de mes.
Artículo 22.- Para efectos de la determinación, cálculo y pago de los recargos a que se refiere el artículo
anterior, se estará a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá, Yucatán o en su
defecto en el Código Fiscal del Estado de Yucatán.
CAPÍTULO VII
De las Licencias de Funcionamiento
Artículo 23.- Ninguna licencia de funcionamiento podrá otorgarse por un plazo que exceda el del
ejercicio constitucional del Ayuntamiento.
Artículo 24.- Las licencias de funcionamiento serán expedidas por la Dirección de Finanzas y Tesorería,
y estarán vigentes desde el día de su otorgamiento hasta el día 31 de diciembre del año en que se
soliciten, y deberán ser revalidadas dentro de los primeros dos meses del año siguiente.
Artículo 25.- La revalidación de las licencias de funcionamiento estará vigente desde el día de su
tramitación y hasta el día 31 de diciembre del año en que se tramiten.
Artículo 26.- La vigencia de las licencias de funcionamiento podrá concluir anticipadamente, e incluso
condicionarse, cuando por la actividad de la persona física o moral que la solicita, se requieran permisos,
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licencias o autorizaciones de otras dependencias municipales, estatales o federales. En dicho caso, el
plazo de vigencia o la condición, serán iguales a las expresadas por dichas dependencias.
Artículo 27.- Las personas físicas o morales que soliciten licencias de funcionamiento, tendrán que
presentar a la Dirección de Finanzas y Tesorería, además del pedimento respectivo, los siguientes
documentos:
I.- El que compruebe fehacientemente, que está al día en el pago del impuesto predial y con los datos
actualizados correspondientes al domicilio donde se encuentra el comercio, negocio o establecimiento
en caso de ser propietario; en caso contrario, deberá presentar el convenio, contrato u otro documento
que compruebe la legal posesión del mismo;
II.- El que compruebe fehacientemente, que está al día en el pago de los servicios que le preste el
Ayuntamiento, correspondiente al domicilio donde se encuentra el comercio, negocio o establecimiento;
III.- Licencia de uso del suelo;
IV.- Determinación sanitaria, en su caso;
V.- El recibo de pago del derecho correspondiente;
VI.- Copia del comprobante de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, y
VII.- Copia del comprobante de su Clave Única de Registro de Población.
Artículo 28.- Las personas físicas o morales que soliciten revalidar licencias de funcionamiento, tendrán
que presentar a la Dirección de Finanzas y Tesorería, además del pedimento respectivo, los siguientes
documentos:
I.- Licencia de funcionamiento inmediata anterior, expedida por la administración municipal;
II.- El que compruebe fehacientemente que está al día en el pago del impuesto predial y con datos
actualizados correspondientes al domicilio donde se encuentra el comercio, negocio o establecimiento
en caso de ser propietario. En caso contrario, deberá presentar el convenio, contrato u otro documento
que compruebe la legal posesión del mismo;
III.- El que compruebe fehacientemente que está al día en el pago de los servicios que le preste el
Ayuntamiento correspondiente al domicilio donde se encuentra el comercio, negocio o establecimiento;
IV.- El recibo de pago del derecho correspondiente;
V.- Determinación sanitaria, en su caso;
VI.- Copia del comprobante de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, y
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VII.- Copia del comprobante de su Clave Única de Registro de Población.
Los requisitos de las fracciones VI y VII, sólo se presentarán en caso de que esos datos no estén ya
registrados en el Padrón Municipal. La licencia cuya vigencia termine de manera anticipada de
conformidad con este artículo, deberá revalidarse dentro de los treinta días naturales siguientes a su
vencimiento.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS Y SUS ELEMENTOS
CAPÍTULO I
Impuestos
Artículo 29.- Los impuestos son las contribuciones establecidas en la Ley, que deben pagar las
personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma.
Sección Primera
Impuesto Predial.
Artículo 30.- Es objeto del impuesto predial:
I.- La propiedad, el usufructo o la posesión a título distinto de los anteriores, de predios urbanos, rústicos,
ejidales y comunales ubicados dentro del territorio municipal;
II.- La propiedad y el usufructo de las construcciones edificadas, en los predios señalados en la fracción
anterior;
III.- Los derechos de fideicomisario, cuando el inmueble se encuentre en posesión o uso del mismo;
IV.- Los derechos del fideicomitente, durante el tiempo que el fiduciario estuviera como propietario del
inmueble, sin llevar a cabo la transmisión al fideicomiso;
V.- Los derechos de la fiduciaria, cuando por virtud del contrato de fideicomiso tengan la posesión o el
uso del inmueble, y
VI.- La propiedad o posesión por cualquier título de bienes inmuebles del dominio público de la
Federación, Estado o Municipio, utilizados o destinados para fines administrativos o propósitos distintos
a los de su objetivo público.
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Artículo 31.- Son sujetos del impuesto predial:
I.- Los propietarios o usufructuarios de predios urbanos, rústicos, ejidales y comunales ubicados dentro
del territorio municipal, así como de las construcciones permanentes edificadas en ellos;
II.- Los propietarios o usufructuarios de predios urbanos o rústicos ubicados dentro del territorio
municipal, que se encuentren baldíos;
III.- Los fideicomitentes por todo el tiempo que el fiduciario no transmitiere la propiedad o el uso de los
inmuebles a que se refiere la fracción anterior, al fideicomisario o a las demás personas que
correspondiere, en cumplimiento del contrato de fideicomiso;
IV.- Los fideicomisarios, cuando tengan la posesión o el uso del inmueble;
V.- Los fiduciarios, cuando por virtud del contrato de fideicomiso tengan la posesión o el uso del
inmueble;
VI.- Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal que tengan en propiedad
o posesión bienes inmuebles del dominio público de la Federación, Estado o Municipio, utilizados o
destinados para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público, y
VII.- Las personas físicas o morales que posean por cualquier título bienes inmuebles del dominio
público de la Federación, Estado o Municipio utilizados o destinados para fines administrativos o
propósitos distintos a los de su objeto público.
Artículo 32.- Los sujetos de este impuesto están obligados a declarar a la Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal:
I.- El valor manifestado de sus inmuebles;
II.- La terminación de nuevas construcciones, reconstrucciones o la ampliación de construcciones ya
existentes;
III.- La división, fusión o demolición de inmuebles, o
IV.- Cualquier modificación que altere el valor fiscal de los inmuebles o los datos de su
empadronamiento.
Dichas declaraciones deberán presentarse en las formas oficiales establecidas, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del acto o contrato que la motive, acompañando a éstas los documentos
justificantes correspondientes.
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Artículo 33.- Todo inmueble deberá estar inscrito en el Padrón Fiscal Municipal. La violación de esta
disposición, motivará, además de la aplicación de las sanciones que autoriza esta Ley, que se haga el
cobro del importe del impuesto correspondiente a cinco años fiscales anteriores a la fecha en que fuere
descubierta la infracción.
Artículo 34.- Son sujetos solidariamente responsables del impuesto predial:
I.- Los funcionarios o empleados públicos, los notarios o fedatarios públicos y las personas que por
disposición legal tengan funciones notariales, que inscriban o autoricen algún acto o contrato jurídico,
sin cerciorarse de que se hubiere cubierto el impuesto respectivo, mediante la acumulación o anexo del
certificado expedido por la Dirección de Finanzas y Tesorería del Municipio;
II.- Los empleados de la Dirección de Finanzas y Tesorería, que formulen certificados de estar al
corriente en el pago del impuesto predial, sin que el contribuyente efectivamente se encuentre en esta
situación; quienes alteren el importe de los adeudos por este concepto, o los dejen de cobrar;
III.- Los enajenantes de bienes inmuebles a que se refiere el artículo 45 de esta Ley, mientras no
transmitan el dominio de los mismos;
IV.- Los representantes legales de las sociedades, asociaciones, comunidades y particulares respecto
de los predios de sus representados;
V.- El vencido en un procedimiento judicial o administrativo por virtud del cual el predio de que se trate
deba adjudicarse a otra persona, hasta el día en que, conforme a la Ley del caso, se verifique dicha
adjudicación.
Las autoridades judiciales y administrativas se cerciorarán previamente a la adjudicación del inmueble
del cumplimiento de esta obligación;
VI.- Los comisarios o representantes ejidales en los términos de las leyes agrarias, y
VII.- Los titulares y/o representantes de los organismos descentralizados, empresas de participación
municipal y particulares que posean bienes del dominio público de la Federación, Estado o Municipio,
en términos de las fracciones VI y VII del artículo 31 de esta Ley.
Artículo 35.- Son base del impuesto predial:
I.- El valor catastral del inmueble, y
II.- La contraprestación que produzcan los inmuebles, los terrenos o las construcciones ubicadas en los
mismos y que por el uso o goce fuere susceptible de ser cobrada por el propietario, el fideicomisario o
el usufructuario, independientemente de que se pacte en efectivo, especie o servicios.
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Artículo 36.- Cuando la base del impuesto predial sea el valor catastral de un inmueble, dicha base
estará determinada por el valor consignado en la cédula, que de conformidad con la Ley del Catastro
del Estado y el reglamento que al efecto expida el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del
Gobierno del Estado. Cuando el Catastro del Estado, expidiese una cédula con diferente valor a la que
existe registrada en el padrón municipal, el nuevo valor es el que servirá como base para calcular el
impuesto predial a partir del bimestre siguiente al mes que se recepcione la citada cédula.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los contribuyentes que a la fecha de la recepción de
la nueva cédula catastral ya hubieren pagado el impuesto predial correspondiente.
En este caso, el nuevo valor consignado en la cédula servirá como base del cálculo del impuesto predial
para el siguiente bimestre no cubierto.
Artículo 37.- Cuando la base del impuesto predial sea el valor catastral del inmueble, el pago se
determinará aplicando las tasas establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
Artículo 38.- El impuesto predial sobre la base de valor catastral deberá cubrirse por bimestres
anticipados dentro de los primeros quince días de cada uno de los meses de enero, marzo, mayo, julio,
septiembre y noviembre de cada año. Cuando el contribuyente pague el impuesto predial
correspondiente a una anualidad, durante los meses de enero, febrero de cada año, gozará de un
descuento del 10% sobre el importe de dicho impuesto.
Artículo 39.- Estarán exentos de pago de impuesto predial, los bienes de dominio público de la
Federación, Estado o Municipio, salvo que sean utilizados por entidades paraestatales, por organismos
descentralizados o particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a
los de su objeto público.
En este caso, el impuesto predial se pagará en la forma y términos establecidos en la presente Ley.
Cuando en un mismo inmueble, se realicen simultáneamente actividades propias del objeto público de
las entidades u organismos mencionados en el párrafo anterior, y otras actividades distintas o
accesorias, para que la Dirección de Finanzas y Tesorería esté en condiciones de determinar el
impuesto a pagar, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o quienes
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posean bajo cualquier título inmuebles del dominio público de la Federación, Estado o Municipio,
deberán declarar, durante los primeros quince días del mes de diciembre de cada año, ante la propia
Dirección, la superficie ocupada efectivamente para la realización de su objeto principal, señalando
claramente la superficie que del mismo inmueble sea utilizado para fines administrativos o distintos a
los de su objeto público.
La Dirección de Finanzas y Tesorería, dentro de los diez siguientes a la fecha de presentación de la
declaración de deslinde, realizará una inspección física en el lugar y resolverá si aprueba o no el
deslinde de referencia.
En caso afirmativo, se procederá al cobro del impuesto predial, sobre la superficie deslindada como
accesoria. En caso contrario, se notificará al contribuyente los motivos y las modificaciones que
considere convenientes, resolviendo así en definitiva la superficie gravable.
La resolución que niegue la aceptación del deslinde podrá ser combatida en términos de lo dispuesto
por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Sólo en los casos que la estructura de
algún inmueble no admita una cómoda delimitación o cuando no se presente la declaratoria a que se
refiere el párrafo anterior, será la oficina de catastro municipal la que tomando como base los datos
físicos y materiales que objetivamente presente el inmueble, fije el porcentaje que corresponda a la
superficie gravable, calcule su valor catastral; este último servirá de base a la Dirección de Finanzas y
Tesorería para la determinación del impuesto a pagar.
Artículo 40.- El impuesto predial se causará sobre la base de rentas, frutos civiles o cualquier otra
contraprestación pactada, cuando el inmueble de que se trate hubiese sido otorgado en arrendamiento,
subarrendamiento, convenio de desocupación o cualquier otro título o instrumento jurídico por virtud del
cual se permitiere su uso, y con ese motivo se genere dicha contraprestación, aun cuando el título en el
que conste la autorización o se permita el uso, no se hiciere constar el monto de la contraprestación
respectiva.
El impuesto predial calculado sobre la base contraprestación, se pagará única y exclusivamente en el
caso de que, al determinarse, diere como resultado una cantidad mayor a la que se pagaría si el cálculo
se efectuara sobre la base del valor catastral del inmueble.
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No será aplicada esta base cuando los inmuebles sean destinados a sanatorios de beneficencia y
centros de enseñanza reconocidos por la autoridad educativa correspondiente.
Artículo 41.- Los propietarios, fideicomisarios, fideicomitentes o usufructuarios de inmuebles que se
encuentren en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior, estarán obligados a
empadronarse en la Dirección de Finanzas y Tesorería en un plazo máximo de treinta días, contados a
partir de la fecha de celebración del contrato correspondiente, entregando copia del mismo a la propia
Tesorería. Cualquier cambio en el monto de la contraprestación que generó el pago del impuesto predial
sobre la base a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, será notificado a la Dirección de Finanzas y
Tesorería, en un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la modificación
respectiva.
En igual forma deberá notificarse la terminación de la relación jurídica que dio lugar a la
contraprestación, a efecto de que la autoridad determine el impuesto predial sobre la base del valor
catastral.
Cuando de un inmueble formen parte dos o más departamentos y éstos se encontraren en cualquiera
de los supuestos del citado artículo 40 de esta Ley, el contribuyente deberá empadronarse por cada
departamento.
Los fedatarios públicos ante quienes se otorgare, firmare o rectificare el contrato, el convenio o el
documento, que dio lugar a la situación jurídica, que permita al propietario fideicomisario, fideicomitente,
o usufructuario obtener una contraprestación, en los términos señalados en el artículo 39 de esta Ley,
estarán obligados a entregar una copia simple del mismo a la Dirección de Finanzas y Tesorería, en un
plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de otorgamiento, de la firma o de la ratificación del
documento respectivo.
Artículo 42.- Cuando la base del impuesto predial, sean las rentas, frutos civiles o cualquier otra
contraprestación generada por el uso, goce o por permitir la ocupación de un inmueble por cualquier
título, el impuesto se pagará mensualmente conforme a la tasa establecida en la Ley de Ingresos del
Municipio de Chocholá.
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Artículo 43.- Cuando el impuesto predial se cause sobre la base de la contraprestación pactada por
usar, gozar o permitir la ocupación de un inmueble, el impuesto deberá cubrirse durante la primera
quincena del mes siguiente a aquél en que se cumpla alguno de los siguientes supuestos: que sea
exigible el pago de la contraprestación; que se expida el comprobante de la misma; o se cobre el monto
pactado por el uso o goce, lo que suceda primero, salvo el caso en que los propietarios, usufructuarios,
fideicomisarios o fideicomitentes estuviesen siguiendo un procedimiento judicial para el cobro de la
contraprestación pactada, en contra del ocupante o arrendatario.
En este caso, para que los propietarios, usufructuarios, fideicomisarios o fideicomitentes tributen sobre
la base del valor catastral del inmueble objeto, deberán notificar dicha situación, a la Dirección de
Finanzas y Tesorería, dentro de los quince días siguientes a la fecha de inicio del procedimiento
correspondiente, anexando copia del memorial respectivo.
Artículo 44.- Los fedatarios públicos, las personas que por disposición legal tengan funciones notariales
y los funcionarios ante quienes se ratifiquen las firmas, no deberán autorizar o ratificar escrituras o
contratos que se refieran a predios urbanos o rústicos ubicados en el territorio municipal, sin obtener
certificado de estar al corriente en el pago de Impuesto Predial, expedido por la Dirección de Finanzas
y Tesorería.
Dicho certificado deberá anexarse al documento, testimonio o escritura en la que conste el acto o
contrato, y los Notarios y Escribanos Públicos estarán obligados a acompañarlos a los informes que
remitan al Archivo Notarial del Estado de Yucatán.
Los contratos, convenios o cualquier otro título o instrumento jurídico que no cumplan con el requisito
mencionado en el párrafo anterior, no se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Estado.
La Dirección de Finanzas y Tesorería, expedirá los certificados de no adeudar impuesto predial,
conforme a la solicitud que por escrito presente el interesado, quien deberá señalar el inmueble, el
bimestre y el año, respecto de los cuales solicite la certificación.
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Sección Segunda
Del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles
Artículo 45.- Es objeto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, toda adquisición de bienes
inmuebles, así como los derechos reales vinculados a los mismos, ubicados en el Municipio de
Chocholá, Yucatán. Para efecto de este impuesto, se entiende por adquisición:
I.- Todo acto por el que se adquiera la propiedad, incluyendo la donación, y la aportación a toda clase
de personas morales;
II.- La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad del inmueble, aun cuando la
transferencia de ésta se realice con posterioridad;
III.- El convenio, promesa, minuta o cualquier otro contrato similar, cuando se pacte que el comprador
o futuro comprador, entrará en posesión del inmueble o que el vendedor o futuro vendedor, recibirá
parte o la totalidad del precio de la venta, antes de la celebración del contrato definitivo de enajenación
del inmueble, o de los derechos sobre el mismo;
IV.- La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III
que anteceden;
V.- La fusión o escisión de sociedades;
VI.- La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades
o dividendos de asociaciones o sociedades civiles y mercantiles;
VII.- La constitución de usufructo y la adquisición del derecho de ejercicio del mismo.
VIII.- La prescripción positiva;
IX.- La cesión de derechos del heredero o legatario. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia
de la herencia o del legado, efectuado después del reconocimiento de herederos y legatarios;
X.- La adquisición que se realice a través de un contrato de fideicomiso, en los supuestos relacionados
en el Código Fiscal de la Federación;
XI.- La disolución de la copropiedad y de la sociedad conyugal, por la parte que el copropietario o el
cónyuge adquiera en demasía del porcentaje que le corresponde;
XII.- La adjudicación de la propiedad de bienes inmuebles, en virtud de remate judicial o administrativo,
y
XIII.- En los casos de permuta se considerará que se efectúan dos adquisiciones.
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Artículo 46.- Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles,
en cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo anterior. Los sujetos obligados al pago de
este impuesto deberán enterarlo en la Dirección de Finanzas y Tesorería, dentro del plazo señalado en
esta sección a la fecha en que se realice el acto generador del tributo, mediante declaración, utilizando
las formas que para tal efecto emita la propia Dirección de Finanzas y Tesorería.
Artículo 47.- Son sujetos solidariamente responsables del pago del impuesto sobre adquisición de
inmuebles:
I.- Los fedatarios públicos y las personas que por disposición legal tengan funciones notariales, cuando
autoricen una escritura que contenga alguno de los supuestos que se relacionan en el artículo 45 de la
presente Ley y no hubiesen constatado el pago del impuesto, y
II.- Los funcionarios o empleados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, que
inscriban cualquier acto, contrato o documento relativo a algunos de los supuestos que se relacionan
en el mencionado artículo 45 de esta Ley, sin que les sea exhibido el recibo correspondiente al pago
del impuesto.
Artículo 48.- No se causará el impuesto sobre adquisición de inmuebles en las adquisiciones que
realicen la Federación, los Estados, el Distrito Federal, el Municipio, las Instituciones de Beneficencia
Pública, la Universidad Autónoma de Yucatán y en los casos siguientes:
I.- La transformación de sociedades, con excepción de la fusión;
II.- En la adquisición que realicen los estados extranjeros, en los casos que existiera reciprocidad;
III.- Cuando se adquiera la propiedad de inmuebles, con motivo de la constitución de la sociedad
conyugal;
IV.- La disolución de la copropiedad, siempre que las partes adjudicadas no excedan de las porciones
que a cada uno de los copropietarios corresponda. En caso contrario, deberá pagarse el impuesto sobre
el exceso o la diferencia;
V.- Cuando se adquieran inmuebles por herencia o legado, o
VI.- La donación entre consortes, ascendientes o descendientes en línea directa, previa comprobación
del parentesco ante la Dirección de Finanzas y Tesorería.
Artículo 49.- La base del impuesto sobre adquisición de inmuebles, será el valor que resulte mayor
entre el precio de adquisición, el valor contenido en la cédula catastral vigente, el valor contenido en el
avalúo pericial tratándose de las operaciones consignadas en las fracciones IX, XI y XII del artículo 45
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de esta Ley, el avalúo expedido por las autoridades fiscales, las Instituciones de Crédito, la Comisión
de Avalúos Nacionales o por Corredor Público. Cuando el adquiriente asuma la obligación de pagar
alguna deuda del enajenante o de perdonarla, el importe de dicha deuda se considerará como parte del
precio pactado.
La autoridad fiscal municipal estará facultada para practicar, ordenar o tomar en cuenta el avalúo del
inmueble, objeto de la adquisición referido a la fecha de adquisición y, cuando el valor del avalúo
practicado, ordenado o tomado en cuenta, excediera en más de un 10%, del valor mayor, el total de la
diferencia se considerará como parte del precio pactado.
Para los efectos del presente artículo, el usufructo y la nuda propiedad tiene cada uno el valor
equivalente al 0.5 del valor de la propiedad.
En la elaboración de los avalúos referidos así como para determinar el costo de los mismos con cargo
a los contribuyentes, la autoridad fiscal municipal observará las disposiciones del Código Fiscal del
Estado de Yucatán o, en su defecto, las disposiciones relativas del Código Fiscal de la Federación y su
Reglamento.
Artículo 50.- Los avalúos que se practiquen para el efecto del pago del impuesto sobre adquisición de
bienes inmuebles, tendrán una vigencia de seis meses a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 51.- El impuesto a que se refiere esta sección, se calculará aplicando la tasa establecida en la
Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
Artículo 52.- Los fedatarios públicos, las personas que por disposición legal tengan funciones notariales
y las autoridades judiciales o administrativas, deberán manifestar a la Dirección de Finanzas y Tesorería
por duplicado, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del acto o contrato, la adquisición de
inmuebles realizados ante ellos expresando lo siguiente:
I.- Nombre y domicilio de los contratantes;
II.- Nombre del fedatario público y número que le corresponda a la notaría o escribanía.
En caso de tratarse de persona distinta a los anteriores y siempre que realice funciones notariales,
deberá expresar su nombre y el cargo que detenta;
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III.- Firma y sello, en su caso, del autorizante;
IV.- Fecha en que se firmó la escritura de adquisición del inmueble o de los derechos sobre el mismo;
V.- Naturaleza del acto, contrato o concepto de adquisición;
VI.- Identificación del inmueble;
VII.- Valor de la operación, y
VIII.- Liquidación del impuesto.
A la manifestación señalada en este artículo, se acumulará copia del avalúo practicado al efecto.
Cuando los fedatarios públicos y quienes realizan funciones notariales, no cumplan con la obligación a
que se refiere este artículo, serán sancionados con una multa de diez UMAS vigentes en el Estado de
Yucatán.
Los jueces o presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje federales o estatales únicamente
tendrán la obligación de comunicar a la Dirección de Finanzas y Tesorería, el procedimiento que motivó
la adquisición, el número de expediente, el nombre o razón social de la persona a quien se adjudique
el bien y la fecha de adjudicación.
Artículo 53.- Los fedatarios públicos y las personas que por disposición legal tengan funciones
notariales, acumularán al instrumento donde conste la adquisición del inmueble o de los derechos sobre
el mismo, copia del recibo donde se acredite haber pagado el impuesto o bien, copia del manifiesto
sellado, cuando se trate de las operaciones consignadas en el artículo 45 de esa Ley.
Para el caso de que las personas obligadas a pagar este impuesto, no lo hicieren, los fedatarios y las
personas que por disposición legal tengan funciones notariales, se abstendrán de autorizar el convenio
escritura correspondiente.
Por su parte, los registradores, no inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado, los documentos donde conste la adquisición de inmuebles o de derechos sobre los mismos, sin
que el solicitante compruebe que cumplió con la obligación de pagar el Impuesto Sobre Adquisición de
Inmuebles.
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En caso contrario los fedatarios públicos, las personas que tengan funciones notariales y los
registradores, serán solidariamente responsables del pago del impuesto y sus accesorios legales, sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal en que incurran por ese motivo.
Los fedatarios y las demás personas que realicen funciones notariales no estarán obligados a enterar
el impuesto cuando consignen en las escrituras o documentos públicos, operaciones por las que ya se
hubiese cubierto el impuesto y acompañen a su declaración copia de aquella con la que se efectuó
dicho pago.
Artículo 54.- El pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, deberá hacerse dentro de los treinta
días hábiles siguientes a la fecha en que, según el caso, ocurra primero alguno de los siguientes
supuestos:
I.- Se celebre el acto contrato;
II.- Se eleve a escritura pública, y
III.- Se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.
Artículo 55.- Cuando el impuesto sobre adquisición de inmuebles no fuere cubierto dentro del plazo
señalado en el artículo inmediato anterior, los contribuyentes o los obligados solidarios, en su caso se
harán acreedores a una sanción equivalente al importe de los recargos que se determinen conforme a
lo establecido en esta Ley.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del recargo establecido para las contribuciones fiscales
pagadas en forma extemporánea.
Sección Tercera
Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos
Artículo 56.- Es objeto del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, el ingreso derivado de
la comercialización de actos, diversiones y espectáculos públicos, siempre y cuando dichas actividades
sean consideradas exentas de pago del Impuesto al Valor Agregado, para los efectos de esta Sección
se consideran:
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Diversiones Públicas: Son aquellos eventos a los cuales el público asiste mediante el pago de una
cuota de admisión, con la finalidad de participar o tener la oportunidad de participar activamente en los
mismos.
Espectáculos Públicos: Son aquellos eventos a los que el público asiste, mediante el pago de una
cuota de admisión, con la finalidad de recrearse y disfrutar con la presentación del mismo, pero sin
participar en forma activa.
Cuota de Admisión: Es el importe o boleto de entrada, donativo, cooperación o cualquier otra
denominación que se le dé a la cantidad de dinero por la que se permita el acceso a las diversiones y
espectáculos públicos.
Artículo 57.- Son sujetos del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, las personas físicas
o morales que perciban ingresos derivados de la comercialización de actos, diversiones o espectáculos
públicos, ya sea en forma permanente o temporal.
Los sujetos de este impuesto además de las obligaciones a que se refieren los artículos 10 y 26 de esta
Ley, deberán:
I.- Proporcionar a la Tesorería los datos señalados a continuación:
a) Nombre y domicilio de quien promueve la diversión o espectáculo.
b) Clase o tipo de diversión o espectáculo.
c) Ubicación del lugar donde se llevará a cabo el evento.
II.- Cumplir con las disposiciones que para tal efecto fije el cabildo, en el caso de que el Municipio que
no cuente con el reglamento respectivo, y
III.- Presentar a la Dirección de Finanzas y Tesorería, cuando menos tres días antes de la realización
del evento, la emisión total de los boletos de entrada, señalando el número de boletos que corresponden
a cada clase y su precio al público, a fin que se autoricen con el sello respectivo.
Artículo 58.- Los contribuyentes eventuales de este impuesto deberán presentar ante la Dirección de
Finanzas y Tesorería, solicitud de permiso en las formas oficiales expedidas por la misma para la
celebración del evento, adjuntando los boletos o tarjetas para que sean sellados o foliados, cuando
menos con tres días de anticipación a la celebración del evento.
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Artículo 59.- Los patrocinadores, explotadores de diversiones y espectáculos públicos están obligados
a presentar en la Dirección de Finanzas y Tesorería, solicitud de permiso para diversión o espectáculo
de que se trate, en las formas oficiales expedidas por la misma, y deberán presentar los boletos o
tarjetas de entrada para que sean sellados por la mencionada autoridad.
Artículo 60.- La base del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, será:
I.- La totalidad del ingreso percibido por los sujetos del impuesto, en la comercialización
correspondiente., y
II.- El porcentaje que se fije en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá, Yucatán.
Artículo 61.- Las tasas y cuotas del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, serán las
establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
Artículo 62.- El pago de este impuesto se sujetará a lo siguiente:
I.- Si pudiera determinarse previamente el monto del ingreso y se trate de contribuyentes eventuales, el
pago se efectuará antes de la realización de la diversión o espectáculo respectivo;
II.- Si no pudiera determinarse previamente el monto del ingreso, se garantizará el interés del Municipio
mediante depósito ante la Dirección de Finanzas y Tesorería, del 50% del impuesto determinado sobre
el total de los boletos autorizados para el espectáculo que se trate y el pago del impuesto, se efectuará
al término del propio espectáculo, pagando el contribuyente la diferencia que hubiere a su cargo, o bien,
reintegrándose al propio contribuyente, la diferencia que hubiere a su favor, y
III.- Tratándose de contribuyentes establecidos o registrados en el Padrón Municipal, el pago se
efectuará dentro los primeros quince días de cada mes.
Cuando los sujetos obligados a otorgar la garantía a que se refiere la fracción II, no cumplan con tal
obligación, la Dirección de Finanzas y Tesorería podrá suspender el evento hasta en tanto no se otorgue
dicha garantía, para ello la autoridad fiscal municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
En todo caso, la Dirección de Finanzas y Tesorería podrá designar interventor para que, determine y
recaude las contribuciones causadas. En este caso, el impuesto se pagará a dicho interventor al finalizar
el evento, expidiendo éste último el recibo provisional respectivo, mismo que será canjeado por el recibo
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oficial en la propia Dirección de Finanzas y Tesorería, el día hábil siguiente al de la realización del
evento.
Artículo 63.- Los empresarios, promotores, y/o representantes de las empresas de espectáculos y
diversiones públicas, están obligados a permitir que los inspectores, interventores, liquidadores y/o
comisionados de la Dirección de Finanzas y Tesorería, desempeñen sus funciones, así como a
proporcionarles los libros, datos o documentos que se les requiera para la correcta determinación del
impuesto a que se refiere esta sección.
Artículo 64.- La Dirección de Finanzas y Tesorería tendrá facultad para suspender o intervenir la venta
de boletos de cualquier evento, cuando los organizadores, promotores o empresarios, no cumplan con
la obligación contenida en la fracción III del artículo 57 de esta Ley, no proporcionen la información que
se les requiera para la determinación del impuesto o de alguna manera obstaculicen las facultades de
las autoridades municipales.
CAPÍTULO II
Derechos
Artículo 65.- Derechos son las contraprestaciones en dinero que la Ley establece a cargo de quien
recibe un servicio del Municipio, en sus funciones de derecho público.
Sección Primera
Derechos por Servicios de Licencias y Permisos
Artículo 66.- Es objeto de los derechos por servicios de licencias y permisos:
I.- Las licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos
giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio
de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general;
II.- Las licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales
comerciales o de servicios;
III.- Las licencias para la instalación de anuncios de toda índole, conforme a la reglamentación municipal
correspondiente, y
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IV.- Los permisos y autorizaciones de tipo provisional señalados en los reglamentos municipales del
Municipio de Chocholá, Yucatán
Artículo 67.- Son sujetos de los derechos a que se refiere la presente sección, las personas físicas o
morales que soliciten y obtengan las licencias, permisos o autorizaciones a que se refiere el artículo
anterior, o que realicen por cuenta propia o ajena las mismas actividades referidas y que dan motivo al
pago de derechos.
Artículo 68.- Son responsables solidarios del pago de los derechos a que se refiere la presente sección:
I.- Tratándose de licencias, los propietarios de los inmuebles donde funcionen los giros o donde se
instalen los anuncios;
II.- Tratándose de espectáculos, los propietarios de los inmuebles en que éstos se llevan a cabo.
Artículo 69.- Es base para el pago de los derechos a que se refiere la presente sección:
I.- En relación con el funcionamiento de giros relacionados con la venta de bebidas alcohólicas, la base
del gravamen será el tipo de autorización, licencia, permiso o revalidación de éstos, así como el número
de días y horas, tratándose de permisos eventuales o de funcionamiento en horarios extraordinarios.
Podrán establecerse tarifas diferenciadas para el cobro de los derechos a los que se refiere esta
fracción, siempre que la autoridad municipal así lo justifique y lo haga constar en la Ley de Ingresos
respectiva;
II.- En relación con el funcionamiento de establecimientos o locales comerciales o de servicios, el tipo
de autorización, licencia, permiso o revalidación de estos, así como el número de días y horas,
tratándose de permisos eventuales o de funcionamiento en horarios extraordinarios;
III.- Tratándose de licencias para anuncios, el metro cuadrado de superficie del anuncio;
IV.- En permisos de construcción, reconstrucción, ampliación y demolición de inmuebles, la base se
determinará en función del metro cuadrado de superficie construida o demolida;
V.- Para la construcción de fosas sépticas y albercas, será base el metro cúbico de capacidad;
VI.- Para la construcción de pozos, será base el metro lineal de profundidad;
VII.- Para los permisos o autorizaciones de tipo provisional señalados en los reglamentos municipales,
el tipo de solicitud, así como el tiempo de vigencia de la misma;
VIII.- Por la construcción y demolición de bardas y obras lineales, será base el metro lineal de
construcción, y
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IX.- Los permisos para fraccionamientos serán en función de los metros cuadrados de superficie
vendible.
Artículo 70.- El pago de los derechos a que se refiere esta sección deberá cubrirse con anticipación al
otorgamiento de las licencias o permisos referidos, con excepción de los que en su caso disponga la
reglamentación correspondiente.
Artículo 71.- Por el otorgamiento de licencias o permisos a que hace referencia esta sección, se
causarán y pagarán derechos de conformidad con las tarifas señaladas en la Ley de Ingresos del
Municipio de Chocholá.
Artículo 72.- Los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas que no cuenten con licencia de
funcionamiento vigente, podrán ser clausurados por la autoridad municipal, por el perjuicio que puedan
causar al interés general.
Sección Segunda
Derechos por servicios que presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Artículo 73.- Son sujetos obligados al pago de derechos por los servicios que presta la Dirección de
Obras Públicas y Desarrollo las personas físicas o morales que soliciten alguno de los servicios que se
enumeran en el artículo siguiente.
Artículo 74.- Los sujetos pagarán los derechos por los servicios que soliciten a la Dirección de
Desarrollo Urbano, consistentes en:
I.- Expedición de permisos de construcción;
II.- Expedición de permisos para ruptura de banquetas, empedrado o pavimento;
III.- Expedición de permisos de construcción por tipo y clase;
IV.- Expedición de permisos por obra;
V.- Expedición de constancias de unión o división de inmuebles;
VI.- Certificados, constancias, copias y formas oficiales, incluyendo las formas de uso de suelo y de
factibilidad de uso de suelo, y
VII.- Expedición de otro tipo de permisos.
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Artículo 75.- La base para el cobro de los derechos mencionados en el artículo que antecede, serán
según corresponda:
I.- El número de metros lineales;
II.- El número de metros cuadrados;
III.- El número de metros cúbicos;
IV.- El número de predios, departamentos o locales resultantes, y
V.- El servicio prestado.
Artículo 76.- El pago de derechos a que se refiere esta sección, se calculará y pagará conforme a las
tarifas establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
Artículo 77.- Quedará exenta de pago, la inspección para el otorgamiento de la licencia que se requiera,
por los siguientes conceptos:
I.- Las construcciones que sean edificadas físicamente por sus propietarios;
II.- Las construcciones de Centros Asistenciales y Sociales, propiedad de la Federación, el Estado o
Municipio, y
III.- La construcción de aceras, fosas sépticas, pozos de absorción, resanes, pintura de fachadas y obras
de jardinería, destinadas al mejoramiento de vivienda.
Artículo 78.- El Director de Finanzas y Tesorería a solicitud escrita del Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, podrá disminuir la tarifa a los contribuyentes de ostensible pobreza, que tengan
dependientes económicos.
Se considera que el contribuyente es de ostensible pobreza, en los casos siguientes:
I.- Cuando el ingreso familiar del contribuyente sea inferior a un UMA vigente en el Estado de Yucatán
y el solicitante de la disminución del monto del derecho, tenga algún dependiente económico, y
II.- Cuando el ingreso familiar del contribuyente no exceda de 2 veces de un UMA vigente en el Estado
de Yucatán y los dependientes de él sean más de dos.
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El solicitante de la disminución del monto del derecho deberá justificar a satisfacción de la autoridad,
que se encuentra en algunos de los supuestos mencionados.
La dependencia competente del Ayuntamiento realizará la investigación socioeconómica de cada
solicitante y remitirá un dictamen aprobando o negando la necesidad de la reducción.
Un ejemplar del dictamen se anexará al comprobante de ingresos y ambos documentos formarán parte
de la cuenta pública que se rendirá al Congreso del Estado.
En las oficinas recaudadoras se instalarán cartelones en lugares visibles, informando al público los
requisitos y procedimientos para obtener una reducción de los derechos.
Lo dispuesto en este artículo no libera a los responsables de las obras o de los actos relacionados, de
la obligación de solicitar los permisos o autorizaciones correspondientes.
Artículo 79.- Son responsables solidarios del pago de estos derechos, los ingenieros, contratistas,
arquitectos y/o encargados de la realización de las obras.
Sección Tercera
Derechos por los Servicios que presta la Dirección de Seguridad Pública Municipal
Artículo 80.- Son objeto de los derechos por los servicios que presta la Dirección de Seguridad Pública
Municipal:
I.- La expedición de constancia de vehículos en buen estado;
II.- El servicio de seguridad a eventos particulares;
III.- El servicio de vigilancia a empresas o instituciones, y
IV.- La estancia en el corralón municipal.
Artículo 81.- Son sujetos de estos derechos las personas físicas o morales, instituciones públicas o
privadas que soliciten alguno de los servicios señalados en el artículo anterior.
Artículo 82.- Es base para el pago del derecho a que se refiere esta sección:
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I.- El tipo de constancia solicitada;
II.- El número de agentes solicitados, y
III.- El número de días de estancia en el corralón.
Artículo 83.- El pago de los derechos se hará por anticipado en las oficinas de la Dirección de Finanzas
y Tesorería, al solicitar el servicio.
Artículo 84.- Por los derechos a que se refiere esta sección, se pagarán cuotas de acuerdo con las
tarifas establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
Sección Cuarta
Derechos por expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales
Artículo 85.- Son objeto de los derechos los servicios de expedición de formas, certificados,
constancias, duplicados, copias y fotografías, que se soliciten a las diversas oficinas municipales.
Artículo 86.- Son sujetos de estos derechos las personas físicas o morales que soliciten alguno de los
servicios señalados en el artículo anterior.
Artículo 87.- Es base para el pago del derecho a que se refiere esta sección:
I.- El tipo de constancia o certificado solicitado, y
II.- El número de copias o fotografías solicitadas.
Artículo 88.- El pago de los derechos se hará por anticipado en las oficinas de la Dirección de Finanzas
y Tesorería, al solicitar el servicio.
Artículo 89.- Por los derechos a que se refiere esta sección, se pagarán cuotas de acuerdo con las
tarifas establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
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Sección Quinta
Derechos por Servicio de Rastro
Artículo 90.- Es objeto del derecho por el servicio de rastro que preste el Ayuntamiento, el transporte,
matanza, guarda en corrales, peso en básculas e inspección fuera del rastro de animales y de carne
fresca o en canal.
Artículo 91.- Son sujetos del derecho a que se refiere la presente sección, las personas físicas o
morales que utilicen los servicios de rastro que presta el Ayuntamiento.
Artículo 92.- Será base de este derecho el tipo de servicio, el número de animales transportados,
sacrificados, guardados, pesados o inspeccionados.
Artículo 93.- Los derechos por los servicios de rastro se causarán de conformidad con la tarifa
establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
Artículo 94.- La inspección de carne en los rastros públicos no causará derecho alguno, pero las
personas que introduzcan carne al Municipio de Chocholá, Yucatán, deberán pasar por esa inspección.
Dicha inspección se practicará en términos de lo dispuesto en la Ley de Salud del Estado de Yucatán.
Esta disposición es de orden público e interés social.
En el caso de que las personas que realicen la introducción de carne en los términos del párrafo anterior,
no pasarán por la inspección mencionada, se harán acreedoras a una sanción cuyo importe será de
uno a diez UMAS vigentes en el Estado de Yucatán por pieza de ganado introducida o su equivalente.
Artículo 95.- El Ayuntamiento a través de sus órganos administrativos podrá autorizar mediante la
licencia respectiva y sin cobro alguno, la matanza de ganado fuera de los Rastros Públicos del Municipio,
previo el cumplimiento de los requisitos que determinan la Ley de Salud del Estado de Yucatán y su
Reglamento. En todo caso, se requerirá la licencia correspondiente.
El incumplimiento de esta disposición se sancionará con una multa de uno a diez UMAS vigentes en el
Estado de Yucatán. En caso de reincidencia, dicha sanción se duplicará.
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Sección Sexta
Derechos por Servicios de Mercados
Artículo 96.- Son objeto de derecho, el uso y aprovechamiento de locales o piso en los mercados y
centrales de abasto propiedad del municipio.
Para los efectos de este artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en los reglamentos municipales se
entenderá por:
Mercado: El inmueble edificado o no, donde concurran diversidad de personas físicas o morales,
oferentes de productos básicos y al que acceden sin restricción los consumidores en general.
Central de Abasto: El inmueble en que se distribuyan al mayoreo diversidad de productos y cuyas
actividades principales son la recepción, exhibición, almacenamiento especializado y venta al mayoreo
de productos.
Artículo 97.- Están sujetos al pago de los derechos por el uso y aprovechamiento de bienes del dominio
público municipal, las personas físicas o morales a quienes se les hubiera otorgado en concesión, o
hayan obtenido la posesión por cualquier otro medio.
Artículo 98.- La base para determinar el monto de estos derechos, será el número de metros cuadrados
concesionados, el espacio físico que tenga en posesión.
Artículo 99.- Los derechos a que se refiere la presente sección, se causarán y pagarán de conformidad
con la tarifa establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
Sección Séptima
Derechos por Servicio de Limpia y Recolección de Basura
Artículo 100.- Es objeto del derecho de limpia y/o recolección de basura a domicilio o en los lugares
que al efecto se establezcan en los reglamentos municipales correspondientes, así como la limpieza de
predios baldíos que sean aseados por el Ayuntamiento a solicitud o no, del propietario de los mismos.
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Artículo 101.- Son sujetos de este derecho, las personas físicas o morales que soliciten los servicios
de limpia y recolección de basura que preste el Municipio, así como los propietarios de los terrenos
baldíos ubicados en el territorio municipal, respecto de los cuales se preste dicho servicio.
Artículo 102.- Servirá de base para el cobro del derecho a que se refiere la presente sección:
I.- Tratándose del servicio de recolección de basura, la periodicidad y forma en que se preste el servicio.
II.- La superficie total del predio objeto de este servicio.
Artículo 103.- El pago del servicio de recolección de basura, se realizará en los primeros 5 días de cada
mes, en la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal.
Los servicios de limpieza de los terrenos baldíos se efectuarán al momento de realizarse ésta.
Si durante enero, febrero y marzo del año en curso se realiza el pago del servicio de todo el año, se
hará un 10% de descuento sobre el monto total.
El aumento en la cantidad de bolsas recolectadas, incrementa en forma proporcional al costo del
servicio.
El servicio se puede suspender en los casos de: falta de pago oportuno, cuando sean residuos
peligrosos y cuando los residuos se encuentren en lugares inaccesibles para el recolector.
Artículo 104.- Por los servicios de limpia y/o recolección de basura, se causarán y pagarán derechos
conforme a la tarifa establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
Sección Octava
Derechos por Servicios en Cementerios
Artículo 105.- Son objeto del derecho por servicios en cementerios, los de inhumación, exhumación,
construcción y expedición de certificados, prestados por el Ayuntamiento.
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Artículo 106.- Son sujetos del derecho a que se refiere la presente sección, las personas físicas o
morales que soliciten y reciban, alguno o algunos de los servicios en panteones prestados por el
ayuntamiento.
Artículo 107.- El pago por los servicios en panteones se realizará al momento de solicitarlos.
Artículo 108.- Por los servicios a que se refiere esta sección, se causarán y pagarán derechos conforme
a la tarifa establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá.
Sección Novena
Derechos por Servicio de Alumbrado Público
Artículo 109.- Son sujetos del derecho de alumbrado público los propietarios o poseedores de predios
urbanos o rústicos ubicados en el Municipio.
Artículo 110.- Es objeto de este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los
habitantes del Municipio.
Se entiende por servicio de alumbrado público, el que el Municipio otorga a la comunidad, en calles,
plazas, jardines y otros lugares de uso común.
Artículo 111.- La tarifa mensual correspondiente al derecho de alumbrado público, será la obtenida
como resultado de dividir el costo anual global general actualizado erogado por el municipio en la
prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de
Electricidad y el número de predios rústicos o urbanos detectados que no están registrados en la
Comisión Federal de Electricidad.
El resultado será dividido entre 12. Y lo que de cómo resultado de esta operación se cobrará en cada
recibo que la Comisión Federal de Electricidad expida, y su monto no podrá ser superior al 5% de las
cantidades que deban pagar los contribuyentes en forma particular, por el consumo de energía eléctrica.
Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén registrados en la Comisión
Federal de Electricidad, pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el
recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal.
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Se entiende para los efectos de esta Ley por “costo anual global general actualizado erogado”, la suma
que resulte del total de las erogaciones efectuadas, en el período comprendido del mes de noviembre
del penúltimo ejercicio inmediato anterior hasta el mes de octubre del ejercicio inmediato anterior.
Artículo 112.- El derecho de alumbrado público se causará mensualmente. El pago se hará dentro de
los primeros 15 días siguientes al mes en que se cause, dicho pago deberá realizarse en las oficinas de
la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para tal efecto.
El plazo de pago a que se refiere el presente artículo podrá ser diferente, incluso podrá ser bimestral,
en el caso a que se refiere el artículo 110 en su primer párrafo.
Artículo 113.- Para efectos del cobro de este derecho el Ayuntamiento podrá celebrar convenios con la
compañía o empresa suministradora del servicio de energía eléctrica en el municipio.
En estos casos, se deberá incluir el importe de este derecho en el documento que para tal efecto expida
la compañía o la empresa, debiéndose pagar junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y
en las oficinas autorizadas por esa última.
Artículo 114.- Los ingresos que se perciban por el derecho a que se refiere la presente Sección se
destinarán al pago, mantenimiento y mejoramiento del servicio de alumbrado público que proporcione
al Ayuntamiento.
Sección Décima
Primera Derechos por Servicios que presta la Unidad de Acceso a la Información Pública
Artículo 115.- El derecho por acceso a la información pública que proporciona la Unidad de
Transparencia municipal será gratuita.
La Unidad de Transparencia municipal únicamente podrá requerir pago por concepto de costo de
recuperación cuando la información requerida sea entregada en documento impreso proporcionado por
el Ayuntamiento y sea mayor a 20 hojas simples o certificadas, o cuando el solicitante no proporcione
el medio físico, electrónico o magnético a través del cual se le haga llegar dicha información.
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Artículo 116.- Son sujetos del pago por concepto de costos de recuperación, a que se refiere la presente
Sección, las personas que soliciten el ejercicio del derecho señalado en el artículo anterior.
Artículo 117.- El costo de recuperación que deberá cubrir el solicitante por la modalidad de entrega de
reproducción de la información que se refiere esta Sección no podrá ser superior a la suma del precio
total del medio utilizado, el cual será determinado en la Ley de Ingresos del Municipio de Chocholá,
Yucatán y deberá cubrirse de manera previa a la entrega.
Artículo 118.- Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante y cuando los solicitantes sea personas
con discapacidad.
Sección Décima Primera.
Derechos por Servicios de Agua Potable.
Artículo 119.- Es objeto de este derecho la prestación de los servicios de agua potable a los habitantes
del municipio de Chocholá.
Artículo 120.- Son sujetos del pago de estos derechos, las personas físicas o morales, propietarios,
poseedores por cualquier título, del predio o construcción objeto de la prestación del servicio,
considerándose que el servicio se presta, con la sola existencia de éste en el frente del predio,
independientemente que se hagan o no las conexiones al interior del mismo.
Artículo 121.- Son responsables solidarios del pago de estos derechos los Notarios Públicos y demás
encargados de llevar la fe pública, que autoricen instrumentos en los que se consigne la enajenación
de predios o giros sin que previamente se compruebe con las constancias oficiales correspondientes
que se está al corriente del pago de los derechos de agua potable.
Artículo 122.- Serán la base de este derecho, el consumo en metros cúbicos de agua, en los casos que
se haya instalado medidor y, a falta de éste, la cuota establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de
Chocholá; así como el costo del material utilizado en la instalación de tomas de agua potable.
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Artículo 123.- La cuota de este derecho será la que al efecto determine la Ley de Ingresos del Municipio
de Chocholá, Yucatán.
Artículo 124.- Este derecho se causará bimestralmente y se pagará durante los primeros quince días
del período siguiente.
Artículo 125.- Solamente quedarán exentos del pago de este derecho los bienes del dominio público
de la Federación, Estado y Municipios.
Artículo 126.- Los usuarios de este servicio están obligados a permitir que las autoridades fiscales
verifiquen la información proporcionada con motivo de este servicio, pudiendo para ello practicar visitas
domiciliarias o valerse de medios técnicos que permitan determinar con mayor precisión los consumos
realizados.
Sección Décima Segunda
Derechos por Servicios de Supervisión Sanitaria de Matanza
Artículo 127.- Es objeto de este derecho, la supervisión sanitaria para la autorización de matanza de
animales.
Artículo 128.- Son sujetos de estos derechos, las personas que soliciten la autorización para matanza
de animales en domicilio particular.
Artículo 129.- Será base de este tributo el número de animales a sacrificar.
Artículo 130.- Las cuotas para el pago de estos derechos serán fijadas en la Ley de Ingresos del
Municipio de Chocholá.
CAPÍTULO III
Contribuciones Especiales
Artículo 131.- Contribuciones especiales son las prestaciones que se establecen a cargo de quienes
se beneficien específicamente con alguna obra o servicio público efectuado por el Ayuntamiento.
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Artículo 132.- Es objeto de las contribuciones especiales, el beneficio directo que obtengan los bienes
inmuebles por la realización de obras y servicios de urbanización llevados a cabo por el Ayuntamiento.
Artículo 133.- Las contribuciones especiales se pagarán por la realización de obras públicas de
urbanización consistentes en:
I.- Pavimentación;
II.- Construcción de banquetas;
III.- Instalación de alumbrado público;
IV.- Introducción de agua potable;
V.- Construcción de drenaje y alcantarillado públicos;
VI.- Electrificación en baja tensión, y
VII.- Cualesquiera otras obras distintas de las anteriores que se lleven a cabo para el fortalecimiento del
municipio o el mejoramiento de la infraestructura social municipal.
Artículo 134.- Son sujetos obligados al pago de las contribuciones de mejoras las personas físicas o
morales que sean propietarios, fideicomisarios, fideicomitentes, fiduciarios o poseedores por cualquier
título de los predios beneficiados con obras realizadas por el Ayuntamiento, sin importar si están
destinadas a casa habitación, o se trate de establecimientos comerciales, industriales y/o de prestación
de servicios.
Para los efectos de este artículo se consideran beneficiados con las obras que efectúe el Ayuntamiento
los siguientes:
I.- Los predios exteriores, que colinden con la calle en la que se hubieses ejecutado las obras, y
II.- Los predios interiores, cuyo acceso al exterior, fuera por la calle en donde se hubiesen ejecutado las
obras.
En el caso de edificios sujetos a régimen de propiedad en condominio, el importe de la contribución
calculado en términos de este capítulo, se dividirá a prorrata entre el número de locales.
Artículo 135.- Será base para calcular el importe de las contribuciones de mejoras, el costo de las
obras, las que comprenderán los siguientes conceptos:
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a) El costo del proyecto de la obra.
b) La ejecución material de la obra.
c) El costo de los materiales empleados en la obra.
d) Los gastos de financiamiento para la ejecución de la obra; Los gastos de administración del
financiamiento respectivo.
e) Los gastos indirectos.
Artículo 136.- La determinación del importe de la contribución, en caso de obras y pavimentación, o por
construcción de banquetas, en los términos de esta sección, se estará a lo siguiente:
I.- En los casos de construcción, total o parcial de banquetas la contribución se cobrará a los sujetos
obligados independientemente de la clase de propiedad, de los predios ubicados en la acera en la que
se hubiesen ejecutado las obras;
II.- El monto de la contribución se determinará, multiplicando la cuota unitaria, por el número de metros
lineales de lindero de la obra, que corresponda a cada predio beneficiado;
III.- Cuando se trate de pavimentación, se estará en lo siguiente:
a) Si la pavimentación cubre la totalidad del ancho, se considerarán beneficiados los predios ubicados
en ambos costados de la vía pública.
b) Si la pavimentación cubre la mitad del ancho, se considerarán beneficiados los predios ubicados en
el costado, de la vía pública que se pavimente.
En ambos casos, el monto de la contribución se determinará multiplicando la cuota unitaria que
corresponda, por el número de metros lineales, de cada predio beneficiado.
IV.- Si la pavimentación cubre una franja que comprenda ambos lados, sin que cubra la totalidad de
éste, los sujetos obligados pagarán, independientemente de la clase de propiedad de los predios
ubicados, en ambos costados, en forma proporcional al ancho de la franja de la vía pública que se
pavimente.
El monto de la contribución, se determinará, multiplicando la cuota unitaria que corresponda por el
número de metros lineales que existan, desde el límite de la pavimentación, hasta el eje y el producto
así obtenido, se multiplicará por el número de metros lineales de lindero con la obra, por cada predio
beneficiado.
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Artículo 137.- Respecto de las obras de instalación de alumbrado público, introducción de agua potable,
construcción de drenaje o alcantarillado público y electrificación en baja tensión, pagarán las
contribuciones a que se refiere este capítulo, los propietarios, fideicomitentes, fideicomisarios o
poseedores de los predios beneficiados, y ubicados en ambos costados de la vía pública, donde se
hubiese realizado la obra, y se determinará su monto, multiplicando la cuota unitaria que corresponda,
por el número de metros lineales de lindero con la obra de cada predio.
En el caso de predios interiores beneficiados el importe de la cuota unitaria será determinado en caso
por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, o la Dependencia Municipal encargada de la
realización de tales obras.
Artículo 138.- El pago de las contribuciones especiales se realizará a más tardar dentro de los treinta
días siguientes a la fecha en que el Ayuntamiento inicie la obra de que se trate. Para ello, el
Ayuntamiento, publicará en la Gaceta Municipal la fecha en que se iniciará la obra respectiva.
Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, sin que se hubiere efectuado el pago, el
Ayuntamiento por conducto de la Dirección de Finanzas y Tesorería procederá a su cobro por la vía
coactiva.
Artículo 139.- El Director de Finanzas y Tesorería previa solicitud por escrito del interesado y una vez
realizado el estudio socioeconómico del contribuyente; podrá disminuir la contribución a aquellos
contribuyentes de ostensible pobreza, dependan de él más de tres personas, y devengue un ingreso no
mayor a 2 UMA vigentes en el Estado de Yucatán.
TÍTULO TERCERO
PRODUCTOS
Artículo 140.- Productos son las contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus
funciones de derecho privado, que deben pagar las personas físicas y morales de acuerdo con lo
previsto en los contratos, convenios o concesiones correspondientes.
Artículo 141.- La Hacienda Pública del Municipio de Chocholá, podrá percibir Productos por los
siguientes conceptos:
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I.- Por arrendamiento, enajenación y explotación de bienes muebles e inmuebles, del dominio privado
del patrimonio municipal;
II.- Por arrendamiento, enajenación y explotación de bienes que siendo del dominio público municipal,
su uso ha sido restringido a determinada persona a través de un contrato de arrendamiento o de uso,
regido por las disposiciones del derecho privado y por el cual no se exige el pago de una contribución;
III.- Por los remates de bienes mostrencos;
IV.- Por inversiones financieras, y
V.- Por los daños que sufrieron las vías públicas o los bienes del patrimonio municipal afectados a la
prestación de un servicio público, causados por cualquier persona.
Artículo 142.- Los arrendamientos y las ventas de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio
se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán.
El arrendamiento de bienes a que se refiere la fracción II del artículo anterior, podrá realizarse cuando
dichos inmuebles no sean destinados a la administración o prestación de un servicio público, mediante
la celebración de contrato que firmarán el Presidente Municipal y el Síndico, previa la aprobación del
Cabildo y serán las partes que intervengan en el contrato respectivo las que determinen de común
acuerdo el precio o renta, la duración del contrato y época y lugar de pago.
Queda prohibido el subarrendamiento de los inmuebles a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 143.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, solamente podrán ser
explotados, mediante concesión o contrato legalmente otorgado o celebrado, en los términos de lo
establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
Artículo 144.- Corresponderá al municipio, el 75% del producto obtenido, por la venta en pública
subasta, de bienes mostrencos o abandonados, denunciados ante la autoridad municipal en los
términos del Código Civil del Estado de Yucatán. Corresponderá al denunciante el 25% del producto
obtenido, siendo a su costa el avalúo del inmueble y la publicación de los avisos.
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Artículo 145.- El Municipio percibirá productos derivados de las inversiones financieras que realice
transitoriamente con motivo de la percepción de ingresos extraordinarios o períodos de alta
recaudación.
Dichos depósitos deberán hacerse eligiendo la alternativa que sin poner en riesgo los recursos del
Municipio, represente mayor rendimiento financiero y permita disponibilidad de los mismos en caso de
urgencia.
Artículo 146.- Corresponde al Director de Finanzas y Tesorería realizar las inversiones financieras
previa aprobación del Presidente Municipal, en aquellos casos en que los depósitos se hagan por plazos
mayores de tres meses naturales.
Artículo 147.- Los recursos que se obtengan por rendimiento de inversiones financieras en instituciones
de crédito, por compra de acciones o título de empresas o por cualquier otra forma, invariablemente se
ingresarán al erario municipal como productos financieros.
Artículo 148.- Los productos que percibirá el Municipio por los daños que sufrieren las vías públicas o
los bienes de su propiedad, serán cuantificados de acuerdo al peritaje que se elabore al efecto, sobre
los daños sufridos. El perito será designado por la autoridad fiscal municipal.
TÍTULO CUARTO
APROVECHAMIENTOS
Artículo 149.- La Hacienda Pública del Municipio de Chocholá, percibirá ingresos en concepto de
Aprovechamientos por funciones de derecho público distintos de las contribuciones; por ingresos
derivados de financiamientos; por ingresos que obtenga de organismos descentralizados y empresas
de participación municipal; por multas derivadas de infracciones fiscales o administrativas, así como por
actualizaciones, recargos y gastos de ejecución de las contribuciones no pagadas en tiempo, y por
ingresos derivados del cobro de multas administrativas, impuestas por autoridades federales no fiscales.
Artículo 150.- Las multas impuestas por el Ayuntamiento por infracciones a los reglamentos
administrativos, tendrán el carácter de aprovechamientos y se turnarán a la Dirección de Finanzas y
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Tesorería para su cobro. Cuando estas multas no fueran cubiertas dentro del plazo señalado serán
cobradas mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
Artículo 151.- Son aprovechamientos derivados de recursos transferidos al Municipio los que perciba
el municipio por cuenta de:
I.- Cesiones;
II.- Herencias;
III.- Legados;
IV.- Donaciones;
V.- Adjudicaciones Judiciales;
VI.- Adjudicaciones Administrativas;
VII.- Subsidios de otro nivel de gobierno;
VIII.- Subsidios de otros organismos públicos y privados;
IX.- Multas impuestas por Autoridades administrativas federales no fiscales.
TÍTULO QUINTO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Artículo 152.- La Hacienda Pública del Municipio de Chocholá, podrá percibir ingresos en concepto de
participaciones y aportaciones, conforme a lo establecido en las leyes respectivas.
TÍTULO SEXTO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Artículo 153.- La Hacienda Pública del Municipio de Chocholá, podrá percibir ingresos extraordinarios
por los siguientes conceptos:
I.- Empréstitos aprobados por el Cabildo;
II.- Subsidios, y
III.- Los que reciba de la Federación o del Estado, por conceptos diferentes a participaciones o
aportaciones.
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TÍTULO SÉPTIMO
INFRACCIONES Y MULTAS
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 154.- La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones municipales y a la
presente Ley se efectuará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas
y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se
incurra en responsabilidad penal.
Artículo 155.- Las multas por infracciones a las disposiciones municipales, sean éstas de carácter
administrativo o fiscal, serán cobradas mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 156.- Son responsables de la comisión de las infracciones previstas en esta ley, las personas
que realicen cualesquiera de los supuestos que en este Capítulo se consideran como tales, así como
las que omitan el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, incluyendo a aquellas, que
cumplan sus obligaciones fuera de las fechas o de los plazos establecidos.
Artículo 157.- Los funcionarios y empleados públicos, que en ejercicio de sus funciones, conozcan
hechos u omisiones que entrañen infracciones a la presente Ley, lo comunicarán por escrito al Director
de Finanzas y Tesorería, para no incurrir en responsabilidad, dentro de los tres días siguientes a la
fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.
Artículo 158.- Son infracciones:
I.- La falta de presentación o la presentación extemporánea de los avisos o manifestaciones que exige
esta ley;
II.- La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, a los fedatarios públicos, las
personas que tengan funciones notariales, los empleados y funcionarios del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del Estado y a los que por cualquier medio evadan o pretendan evadir, dicho
cumplimiento;
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III.- La falta de empadronamiento de los obligados a ello, en la Dirección de Finanzas y Tesorería;
IV.- La falta de revalidación de la licencia municipal de funcionamiento y continuar realizando la actividad
que ampara dicha licencia;
V.- La falta de presentación de los documentos que, conforme a esta ley, se requieran para acreditar el
pago de las contribuciones municipales;
VI.- La ocupación de la vía pública, con el objeto de realizar alguna actividad comercial;
VII.- La matanza de ganado fuera de los rastros públicos municipales, sin obtener la licencia o la
autorización respectiva, o
VIII.- La falta de cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de esta Ley.
CAPÍTULO III
Multas
Artículo 159.- Las personas físicas o morales que cometan alguna de las infracciones señaladas en el
artículo anterior, se harán acreedoras a las multas establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de
Chocholá.
TÍTULO OCTAVO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 160.- La autoridad fiscal municipal exigirá el pago de las contribuciones y de los créditos
fiscales que no hubiesen sido cubiertos o garantizados en las fechas y plazos señalados en la presente
ley; mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sujetándose en todo caso, a lo dispuesto en
el Código Fiscal del Estado de Yucatán, y a falta de disposición expresa en este último, a lo dispuesto
en el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 161.- Cuando la autoridad fiscal utilice el procedimiento administrativo de ejecución, para el
cobro de una contribución o de un crédito fiscal, el contribuyente estará obligado a pagar el 3% de la
contribución o del crédito fiscal correspondiente, por concepto de gastos de ejecución, y, además,
pagará los gastos erogados, por cada una de las diligencias que a continuación, se relacionan:
I.- Requerimiento;
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II.- Embargo, y
III.- Honorarios o enajenación fuera de remate.
Cuando el 3% del importe del crédito omitido, fuera inferior al importe de un UMA vigente en el Estado
de Yucatán, se cobrará el monto de un UMA, en sustitución del mencionado 3% del crédito omitido.
CAPÍTULO II
De los Gastos Extraordinarios de Ejecución
Artículo 162.- Además de los gastos mencionados en el artículo inmediato anterior, el contribuyente,
queda obligado a pagar los gastos extraordinarios que se hubiesen erogado, por los siguientes
conceptos:
I.- Gastos de transporte de los bienes embargados;
II.- Gastos de impresión y publicación de las convocatorias;
III.- Gastos de inscripción o de cancelación de gravámenes, en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Estado, y
IV.- Gastos del certificado de libertad de gravamen.
Artículo 163.- Los gastos de ejecución mencionados, no serán objetos de exención, disminución,
condonación o convenio.
El importe corresponderá a los empleados y funcionarios de la Dirección de Finanzas y Tesorería,
dividiéndose dicho importe, mediante el siguiente procedimiento:
I.- Para el caso de que el ingreso por gastos de ejecución, fueren generados en el cobro de multas
Federales no fiscales:
a) .10 Director de Finanzas y Tesorería.
b) .15 Jefe o encargado del Departamento de Ejecución.
c) .06 Cajeros.
d) .03 Departamento de Contabilidad.
e) .56 Empleados del Departamento.
II.- Para el caso de que los ingresos por gastos de ejecución, fueren generados en el cobro de
cualesquiera otras multas:
a) .10 Director de Finanzas y Tesorería.
b) .15 Jefe o encargado del Departamento de Ejecución.
c) .20 Notificadores.
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d) .45 Empleados del Departamento.
CAPÍTULO III
Del Remate en Subasta Pública
Artículo 164.- Todos los bienes que con motivo de un procedimiento de ejecución sean embargados
por la autoridad municipal, serán rematados en subasta pública y el producto de la misma, aplicado al
pago del crédito fiscal de que se trate.
En caso de que habiéndose publicado la tercera convocatoria para la almoneda, no se presentaren
postores, los bienes embargados, se adjudicarán al Municipio de Chocholá, Yucatán, en pago del
adeudo correspondiente, por el valor equivalente al que arroje su avalúo pericial.
Para el caso de que el valor de adjudicación no alcanzare a cubrir el adeudo de que se trate, éste se
entenderá pagado parcialmente, quedando a salvo los derechos del Municipio, para el cobro del saldo
correspondiente.
Para lo no previsto en el procedimiento de los remates, se aplicarán las reglas que para tal efecto fije el
Código Fiscal del Estado de Yucatán y en su defecto las del Código Fiscal de la Federación y su
reglamento.
TÍTULO NOVENO
DE LOS RECURSOS
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales
Artículo 165.- Contra las resoluciones que dicten autoridades fiscales municipales, serán admisibles
los recursos establecidos en la Ley de Gobierno de los Municipios o en el Código Fiscal, ambos del
Estado de Yucatán. Cuando se trate de multas federales no fiscales, las resoluciones que dicten las
autoridades fiscales municipales podrán combatirse mediante recurso de revocación o en juicio de
nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.
En este caso, los recursos que se promueven se tramitarán y resolverán en la forma prevista en dicho
Código.
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Artículo 166.- Interpuesto en tiempo algún recurso, en los términos de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán o del Código Fiscal de la Federación, a solicitud de la parte
interesada, se suspenderá la ejecución de la resolución recurrida cuando el contribuyente otorgue
garantía suficiente a juicio de la autoridad.
Las garantías que menciona este artículo serán estimadas por la autoridad como suficientes, siempre
que cubran, además de las contribuciones o créditos actualizados, los accesorios causados como los
recargos y las multas, así como los que se generen en los doce meses siguientes a su otorgamiento.
Dichas garantías serán:
I.- Depósito en dinero, en efectivo o en cheque certificado ante la propia autoridad o en una Institución
Bancaria autorizada, entregando el correspondiente recibo o billete de depósito;
II.- Fianza, expedida por compañía debidamente autorizada para ello;
III.- Hipoteca, y
IV.- Prenda. Respecto de la garantía prendaria, solamente será aceptada por la autoridad como tal,
cuando el monto del crédito fiscal y sus accesorios sea menor o igual a 50 UMAS vigentes en el Estado,
al momento de la determinación del crédito.
En el procedimiento de constitución de estas garantías se observarán en cuanto fueren aplicables las
reglas que fijen en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento.
T r a n s i t o r i o s:
Artículo Primero.- La presente ley y las contenidas en él, entrarán en vigor el día de su publicación en
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Asimismo, se deroga la Ley de Hacienda del
Municipio de Chocholá, Yucatán y sus reformas que contravengan lo dispuesto en la presente ley.
Artículo Segundo.- Los sujetos obligados por esta Ley deberán contar con licencia de funcionamiento
y tramitar su obtención ante la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal en un plazo de cuatro meses
contados a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento.
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TRANSITORIOS
Artículo Primero. - Esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2022, previa su publicación en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se opongan a lo dispuesto
en esta Ley.
Artículo Tercero. - En lo no previsto en esta Ley, se aplicará supletoriamente, lo establecido por el
Código Fiscal del Estado de Yucatán.
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALOS CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- PRESIDENTA DIPUTADA INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ.-
SECRETARIO DIPUTADO RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL.- SECRETARIO DIPUTADO RAFAEL
ALEJANDRO ECHAZARRETA TORRES.- RÚBRICAS.”
Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido cumplimiento.
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 22 de diciembre de 2021.
( RÚBRICA )
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado de Yucatán
( RÚBRICA )
Abog. María Dolores Fritz Sierra
Secretaria general de Gobierno
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Listado de los decretos que derogaron, adicionaron o reformaron diversos artículos de
la Ley de Hacienda del Municipio de Chochola.
DECRETO No. FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL
DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.
Ley de Hacienda del Municipio de
Chochola,Yucatán. (Abrogada)
198 31/12/2002
Se adiciona el Capítulo XI “Derechos por
Servicio de Alumbrado Público” con sus artículos
100 A, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E y 100 F del
TÍTULO CUARTO, todos de la Ley de Hacienda
del Municipio de Chocholá, Yucatán.
154
27/12/2008
Se reforman los primeros párrafos de los
artículos 2 y 8; se reforman los artículos 9, 20 y
24; se reforman los párrafos primero, segundo y
tercero del artículo 40; se reforman los artículos
79 y 81; se adicionan los artículos 81-A y 81-B;
se reforman los artículos 83 y 87, se reforman
los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 91,
se reforma la fracción II del artículo 95; se
reforman los artículos 96 y 97; se adicionan las
fracciones I y II al artículo 98 y se reforma el
artículo 100, todos de la Ley de Hacienda del
Municipio de Chocholá, Yucatán.
479
28/12/2011
Se reforma el cuarto párrafo del artículo 9; se
deroga el artículo 36; se adiciona el artículo 36-
A; se reforma el tercer párrafo del artículo 55; se
reforman los artículos 75, 81 y 81-A; se reforma
el último párrafo del artículo 83; se reforma el
primer párrafo del artículo 88; se reforma el
artículo 91; se reforma el segundo párrafo del
artículo 92; se reforma el segundo párrafo del
artículo 99; se reforma el último párrafo del
artículo 124 y se reforma el inciso b) del artículo
129, todos de la Ley de Hacienda del Municipio
de Chocholá, Yucatán.
152
27/12/2019
Ley de Hacienda del Municipio de Chochola,
Yucatán.
452 31/12/2021
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