<![CDATA[LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL
ESTADO DE ZACATECAS
Última Reforma POG 23-03-2013
Ley publicada en el Suplemento 2 del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el sábado
18 de junio de 2011.
TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL 18 JUNIO DE 2011.
LIC. MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, Gobernador del Estado de Zacatecas, a
sus habitantes hago saber:
Qué los DIPUTADOS SECRETARIOS de la Honorable Sexagésima Legislatura del
Estado, se han servido dirigirme el siguiente:
DECRETO # 188
LA HONORABLE SEXÁGESIMA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA
RESULTANDO PRIMERO
En fecha 29 de junio del año 2010, se dio a conocer en Sesión Ordinaria de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, una Iniciativa de Ley de Ejecución de
Sanciones del Estado de Zacatecas, que presentó la entonces Titular del Poder Ejecutivo
de la Entidad; misma que se turnó a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública
mediante memorándum número 1196, de esa misma fecha, para su análisis y dictamen
correspondiente.
RESULTANDO SEGUNDO
En Sesión Ordinaria del Pleno, correspondiente al día 09 de junio del año 2011, se dio
lectura a una Iniciativa que, en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 60
fracción II de la Constitución Política del Estado; 2 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública y 46 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó el licenciado
Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas.
Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva y mediante Memorandúm 0387, de la
fecha referida, la Iniciativa antes mencionada fue turnada, en la misma fecha, a la
Comisión Legislativa de Seguridad Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.
RESULTANDO TERCERO
El proponente sustentó su Iniciativa en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La respuesta eficaz al reclamo social de alcanzar la anhelada paz social, requiere de los
cambios estructurales a las normas e instituciones en materia de seguridad pública, lo que
nos llevará a un “ZACATECAS EN MOVIMIENTO” y en busca de su desarrollo social,
económico y político.
Una de las principales preocupaciones de la sociedad, y por lo tanto una de las mayores
prioridades de mi gobierno, es la seguridad pública, por lo que resulta de suma
importancia contar con nuevas disposiciones legales que sirvan para garantizar el orden
público y la paz social.
La difícil realidad que enfrenta nuestro Estado en materia de seguridad pública, representa
una valiosa oportunidad de presentar nuevas estrategias en la materia, es urgente crear
nuevas disposiciones legales, que nos permitan tener un marco normativo e instituciones
sólidas.
Es indispensable, el reconocer que en el ámbito de la seguridad pública, el tema del
sistema penitenciario y la ejecución de penas ha sido de los más olvidados y, porque no,
hasta despreciados, posponiendo los cambios en su estructura por ser este un tema que
políticamente no es redituable.
Para atender y resolver las demandas sociales y la compleja realidad que enfrenta
Zacatecas en materia de seguridad pública, resulta imprescindible atender y enfrentar la
problemática desde todos sus ángulos, por lo que no deberá obviarse el sistema
penitenciario.
Así, es necesario establecer nuevas disposiciones legales en materia del sistema
penitenciario, que nos permitan crear una política criminal acorde a la realidad que hoy
enfrentan nuestras instituciones penitenciarias, y capaz de cumplir con el objetivo de la
prevención, rehabilitación, readaptación y reinserción social de las personas privadas de
su libertad.
La Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad, como motor que impulsó la
creación y desarrollo del sistema penitenciario actual en nuestro Estado, desde su
publicación, ha cumplido su propósito, a pesar de las limitantes que en su aplicación ha
enfrentado, desafortunadamente esta ha sido rebasada por una realidad, que nos enfrenta
a nuevos y difíciles desafíos.
El crecimiento del crimen organizado y la ausencia de los cambios estructurales al
sistema penitenciario, han sumido a este en una crisis, razón por la cual se requiere de
una nueva alternativa que garantice e implante los métodos y procedimientos legales para
la adecuada operación de un sistema retributivo de penas.
Resulta indispensable fortalecer el sistema penitenciario, con el fin superior de garantizar
el cumplimiento del Estado de Derecho, atendiendo con mayor eficacia su principal
objetivo, que lo es la reinserción social del interno, al efecto deberá modernizarse el
sistema penitenciario, que contribuya al fortalecimiento en la credibilidad en nuestras
instituciones penitenciarias.
Es de suma importancia, contar con una legislación que regule, de manera eficaz y
eficientemente, el funcionamiento del sistema penitenciario del Estado, ya que de no
actuar para adecuar la administración penitenciaria a las condiciones que impone la
realidad que enfrentamos, se pone en riesgo no solo la seguridad pública y la paz social,
sino también el desarrollo social, económico y político de nuestro Estado.
El fin de garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario
local, en un régimen de irrestricto apego a los derechos humanos, con una administración
transparente y eficiente, en un marco de coordinación de todas las autoridades
involucradas en el tema penitenciario, requiere de la modernización del marco legal.
Para recuperar el sentido original de los centros penitenciarios, como lugares que
promuevan y busquen la reincorporación social de los internos, se requiere de la
implementación de mecanismos y estrategias penitenciarias basadas en el trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, de acuerdo
al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así mismo, una de las prioridades de mi gobierno, lo es atender el reclamo social de
mejorar y fortalecer las instituciones de seguridad pública en nuestro Estado, es por ello
que se propone crear un Sistema Penitenciario Integral, y con ello poder desarrollar una
política criminológica penitenciaria y una política criminal que comprendan todos los
hechos delincuenciales desde su origen y consecuencias, lo que nos permitirá prevenir la
reincidencia en la comisión de conductas criminales en personas que por algún motivo
fueron privadas de su libertad.
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el Eje para el Desarrollo “Zacatecas Seguro”,
determinamos, en su línea estratégica 1.1. Reformas para fortalecer el Estado de
Derecho, estrategia 1.1.1., línea de acción “Elaboración, presentación e implementación al
Congreso de las siguientes iniciativas de Ley: Iniciativa de ley de Ejecución de Sanciones
que contemple reformas constitucionales respecto a: Jueces de ejecución de penas. . .”,
en consecuencia me permito someter a consideración de esta Soberanía el presente
instrumento jurídico, el cual regula la ejecución de la pena de sanciones y la reinserción
social.
Ante este panorama, se propone esta nueva Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución
de Sanciones, que regula el tema de la reinserción social y la ejecución de penas
impuestas por las autoridades judiciales del Estado de Zacatecas en sentencia que haya
causado ejecutoria o en resoluciones aplicables a personas sujetas a prisión preventiva, y
permitirá además, contar con un novedoso y eficiente sistema penitenciario.
La autoridad judicial será la competente para emitir las resoluciones en cuanto a la
duración y modificación de las penas, implicando con esto la aplicación del principio de
legalidad y la garantía de jurisdicción en el procedimiento de ejecución, a favor de los
sentenciados.
El Poder Ejecutivo, a través de la ahora elevada al rango de Dirección General de
Prevención y Reinserción Social, tendrá las funciones de dirección, administración y el
desarrollo de las tares resocializadoras, que con el apoyo de los Consejos Técnicos
Interdisciplinarios acreditará, de manera profesional, el desarrollo y evolución del proceso
de reinserción social, proporcionándole al Juez de Ejecución los elementos para su buen
proceder.
Con esta reforma, se amplían las modalidades del beneficio de la prelibertad que serán:
salida de dos días a la semana; salida diurna, reclusión nocturna y de sábados y
domingos; salida diurna y reclusión nocturna; salida diurna y reclusión nocturna con salida
de sábados y domingos; reclusión de dos días a la semana; presentación semanal al
centro; presentación quincenal al centro; presentación mensual al centro; presentación
cada seis meses al centro y presentación en el tiempo que acuerde el H. Consejo Técnico
Interdisciplinario.
Este tipo de beneficio será siempre progresivo y técnico y se otorgará con base en el
cumplimiento integral de las condiciones a que se sujetará el internó.
Darle un rostro humano al Tratamiento Penitenciario, es fundamental; por ello se introduce
la posibilidad de que los sentenciados que acrediten que no pueden cumplir algunas de las
circunstancias de la sanción que le fue impuesta por ser incompatible por su edad
avanzada, estado de salud o constitución física, puedan alcanzar su rehabilitación fuera de
las instalaciones penitenciarias.
Atención especial merecen los inimputables y enfermos mentales, para lo cual la autoridad
judicial ejecutora, estará facultada para modificarla medida de seguridad impuesta a
inimputables o externar a los enfermos mentales para facilitar su adecuado tratamiento.
Con la loable misión de facilitar la reincorporación social de los sentenciados por medio del
empleo, se creará un Patronato de Reinserción Social por el Empleo en el Estado,
teniendo por objeto prestar asistencia jurídica, moral, económica, médica, social y laboral
a las personas que gocen de cualquiera de los beneficios previstos o hayan alcanzado su
libertad absoluta.
RESULTANDO CUARTO
En la sesión de pleno de la LX Legislatura, realizada el día dieciséis de junio del año dos
mil once, en la etapa del proceso legislativo de discusión del dictamen en lo particular, se
presentaron las siguientes reservas:
a) La diputada Ana María Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario “Primero Zacatecas”,
reservó los artículos 133 y transitorio primero del dictamen.
b) El diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario “Primero Zacatecas”,
reservó el artículo 40 del dictamen.
c) El diputado José Juan Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presento reserva para que fuera incluido un artículo décimo
segundo transitorio, recorriendo los demás en su orden.
RESULTANDO CUARTO
En la sesión de pleno de la LX Legislatura, realizada el día dieciséis de junio del año dos
mil once, en la etapa del proceso legislativo de discusión del dictamen en lo particular, se
presentaron las siguientes reservas:
a) La diputada Ana María Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario “Primero Zacatecas”,
reservó los artículos 133 y transitorio primero del dictamen.
b) El diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario “Primero Zacatecas”,
reservó el artículo 40 del dictamen.
c) El diputado José Juan Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presento reserva para que fuera incluido un artículo décimo
segundo transitorio, recorriendo los demás en su orden.
RESULTANDO CUARTO
En la sesión de pleno de la LX Legislatura, realizada el día dieciséis de junio del año dos
mil once, en la etapa del proceso legislativo de discusión del dictamen en lo particular, se
presentaron las siguientes reservas:
a) La diputada Ana María Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario “Primero Zacatecas”,
reservó los artículos 133 y transitorio primero del dictamen.
b) El diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario “Primero Zacatecas”,
reservó el artículo 40 del dictamen.
c) El diputado José Juan Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presento reserva para que fuera incluido un artículo décimo
segundo transitorio, recorriendo los demás en su orden.
CONSIDERANDO PRIMERO
Esta Asamblea Popular coincide con las iniciativas referidas en el apartado de
resultandos, pues resulta necesario que adecuemos el sistema normativo aplicable al
ámbito penitenciario.
Efectivamente, una de las tareas fundamentales de los gobernantes, en este caso de los
poderes Legislativo y Ejecutivo, es dotar a la población del marco jurídico apropiado que
haga posible la paz y armonía social como medios para alcanzar el desarrollo adecuado
de la sociedad zacatecana.
La problemática que enfrentamos, en todos los aspectos de la vida social, nos exigen que
llevemos a cabo, de manera urgente, todos los cambios, al sistema jurídico del Estado,
que resulten idóneos para garantizar mayor seguridad, justicia y paz social a todas y todos
los zacatecanos.
Por ello, estimamos procedentes las iniciativas de Ley del Sistema Penitenciario y de
Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, pues dichas propuestas atienden al
mandato Constitucional contenido en la reforma que en materia penal se introdujeron a
nuestra Carta Magna y en cuyos Artículos 21 y 18, en las partes que nos interesan, a la
letra indican:
Artículo 21.- La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y
exclusivas de la autoridad judicial.
Artículo 18.- El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando
los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
Las anteriores determinaciones normativas, muestran la preocupación del Poder Revisor
de la Constitución por avanzar en materia de seguridad pública; al prever que lo relativo a
la modificación de las penas sea competencia exclusiva de la autoridad judicial, la que
respetando la normatividad aplicable, y los principios generales del derecho, habrá de
resolver lo procedente respecto de los beneficios que puedan otorgarse a quien se
encuentre compurgando una pena.
En coincidencia con el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, estimamos que la existencia
de una mayor certeza jurídica para el sentenciado, respecto de la pena que esté
compurgando, habrá de redituar, de manera positiva, en su proceso de reinserción social
pues, de antemano, sabrá que una vez cubiertos los requisitos que establezca los
normatividad aplicable, necesariamente, deberán otorgársele los beneficios que la propia
ley establezca, en virtud de que la ejecución de su pena será vigilada por un juez
competente y calificado en la materia.
La introducción de la salud y el deporte, como elementos para lograr la reinserción social
de los sentenciados, es un factor que debe reconocerse al Constituyente Permanente, ya
que en la ardua labor de lograr que se reen de manera satisfactoria a la sociedad, las
personas que han delinquido, debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance.
Nunca debemos olvidar que al sentenciado sólo se le deben afectar sus derechos, en la
forma y términos que, de manera clara y precisa, se hayan establecido en la ejecutoria
correspondiente; por lo que siempre será reprochable que por su condición de estar
recluido, indebidamente, se le prive de otros derechos como la salud, el deporte, etc.
En este sentido ha opinado la ilustre penalista y penitenciarista Emma Mendoza
Bremauntz cuando señaló “…la aprobación de la reforma constitucional de 2008 tiene para
la materia penitenciaria aspectos positivos, como la previsión en el artículo 21, en la parte
que expresa que es la competencia del poder judicial la modificación y control de las
penas previstas o determinadas por los jueces en los casos penales que la ley ponga a su
juicio, lo cual fundamenta la judicialización de la ejecución de la pena de prisión, para la
creación del Juez de vigilancia de la ejecución penal, y cuya buena estructuración podría
en mucho limitar los abusos que se cometen en contra de los internos en las cárceles y
abrir un camino legítimo y legalizado para la defensa de los derechos que conservan
durante la ejecución de su pena y que no son afectados por la sentencia” (9° Simposio
Nacional y 6° Internacional. TEMAS OS DE CIENCIAS FORENSES. 16 y 17 de diciembre
de 2010. Centro Médico Nacional Siglo XXI. México).
En efecto, esta Soberanía Popular coincide con el Titular del Poder Ejecutivo dl Estado, en
que resulta necesario que establezcamos las disposiciones en materia del sistema
penitenciario que permitan crear, en las condiciones actuales, las instituciones con las que
podamos cumplir el alto objetivo de la reinserción social.
Como lo indica el iniciante en su Propuesta requerimos “… garantizar la seguridad y el
adecuado funcionamiento del sistema penitenciario local, en un régimen de irrestricto
apego a los derechos humanos, con una administración transparente y eficiente, en un
marco de coordinación de todas las autoridades involucradas en el tema penitenciario…”.
En ese sentido, convergemos con las iniciativas a efecto de que la actual Dirección de
Prevención y Readaptación Social se eleve a rango de Dirección General con la
denominación de Dirección General de Prevención y Reinserción Social lo que habrá de
permitirle mayor capacitad operativa, técnica y de gestión.
Igualmente, reconocemos el esfuerzo por integrar modalidades en el régimen de
prelibertad que hagan posible que, mediante el tratamiento penitenciario técnico y
progresivo, se vayan otorgando, al sentenciado, mayores posibilidades para rearse a la
sociedad sin el cambio brusco que signifique su libertad de un día para otro.
Consideramos que las propuestas, contenidas en este instrumento legislativo, habrán de
redundar, positivamente, en nuestro sistema penitenciario y, de manera fundamental, en
beneficio de las personas que por diversas razones se ven involucradas en el denominado
“drama penal”.
Creemos, como lo hace la Catedrática por Oposición de la Facultad de Derecho y Maestra
de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Máxima Casa de Estudios a Nivel
Nacional, doctora Emma Mendoza Bremauntz, que “… mucho se ha de andar aún para
lograr el total ideal de una buena ejecución penal, respetuosa de los derechos humanos,
con una visión de justicia y no de venganza, haciendo a un lado posibles ambiciones
personales y políticas para buscar solución al problema carcelario y delictivo, empezando
por una buena educación preventiva, de atención social para los menores, de real respeto
a los derechos humanos, de búsqueda del apoyo de la sociedad que no lo va a otorgar en
tanto no esté convencida de la honestidad de los planteamientos normativos y del respeto
de las autoridades por éstos, que ella misma ha creado…” (Parte de la ponencia
presentada en el foro antes descrito).
Finalmente, se consideró oportuno realizar algunas modificaciones mínimas, al
Instrumento Legislativo con objeto precisar algunos conceptos que aporten mayor claridad
al momento de interpretar y aplicar dicha norma.
CONSIDERANDO SEGUNDO
Las reservas, a que se refiere el resultando cuarto de este Decreto, fueron debidamente
discutidas y aprobadas por el Pleno de esta Honorable Sexagésima Legislatura del
Estado, en su sesión realizada el día dieciséis de junio del año dos mil once y, por tanto,
las propuestas correspondientes se integran en el texto del presente Decreto.
El texto de las mismas es del tenor siguiente:
En reserva la diputada Ana María Romo Fonseca propuso
Artículo 133.- El juez de Ejecución podrá acordar la modificación de la sentencia, de oficio
o a petición de parte, y previo el informe, debidamente fundado y motivado, que al
respecto rinda la Dirección General en el sentido de que el sentenciado no puede cumplir
alguna de las circunstancias de la sanción que le fue impuesta, por ser incompatible con
su edad, salud o condición física.
Las modificaciones de la sanción por incompatibilidad de la pena será procedente cuando
ocurran los requisitos siguientes:
I. Que el interno este a disposición del Juez de Ejecución para los efectos del
cumplimiento de la pena que le haya sido impuesta;
II. Que respecto a la sentencia que esté cumpliendo el interno no esté pendiente de
resolverse ningún recurso o juicio que pudiera modificarla;
III. Que el daño haya sido reparado o se exhiba garantía suficiente para repararlo, o en su
caso, que la víctima le libere de la obligación de pagar el daño;
IV. Que se recaben los dictámenes periciales necesarios e idóneos;
V. Que lo recomiende en resolución fundada y motivada el Consejo Técnico
Interdisciplinario;
VI. Que el sentenciado se encuentre en estado de involución física y mental;
VII. Para el caso de que el factor a considerar sea la edad, adicionalmente a los requisitos
anteriores el sentenciado deberá tener, cuando menos, sesenta y cinco años cumplidos al
día en que empiece a disfrutar de dicho beneficio, o bien, de no alcanzar la edad anterior,
que sufra el sentenciado de enfermedad incurable y se tenga un periodo de vida precario;
VIII. Que su familia se responsabilice de él en los términos de la legislación aplicable, y
IX. Que a juicio del juez de Ejecución correspondiente, el sentenciado no represente
peligrosidad, o bien, por razones de salud, se encuentre en estado de involución y por lo
mismo, la prisión del reo, sea contraria al sistema de reinserción social.
Este beneficio podrá ser revocado por el Juez de Ejecución, si los resultados de la
vigilancia ejercida sobre el beneficiario reflejan peligrosidad o que su conducta sea
inadecuada y, por tanto, probable su reincidencia.
La revocación se podrá llevar a cabo sin perjuicio de tomar las medidas necesarias para
su atención y tratamiento médico pudiendo, en su caso, auxiliarse de las autoridades
sanitarias para que sea canalizado a alguna institución donde se le brinde atención médica
y vigilancia.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, de manera sucesiva según las
siguientes prevenciones:
1. Sus disposiciones se aplicarán, de manera integral, en el Distrito Judicial de la Capital; y
2. En el resto de los Distritos Judiciales, sus disposiciones se aplicarán en las fechas en
que entre en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal en los términos del artículo segundo
transitorio del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas.
Por su parte el diputado Jorge Álvarez Máynez propuso, en su reserva, la modificación al
artículo 40 para quedar como sigue
Artículo 40.- El producto…
…
I. Un 40 por ciento para el sostenimiento…
II. Un 20 por ciento para la constitución…
…
…
…
…
…
El diputado José Juan Mendoza Maldonado, mediante su reserva, propuso adicionar un
artículo transitorio duodécimo corriendo los demás en si orden; el texto del artículo
propuesto es el siguiente
Artículo Decimosegundo.- El ejecutivo del Estado enviará a la Legislatura, en término de
15 días posteriores a la vigencia de este decreto, la ampliación presupuestal del Poder
Judicial del Estado de Zacatecas, que garantice la creación de los Juzgados de Ejecución
de sentencias en los diferentes Distritos Judiciales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los
artículos 65, fracción I de la Constitución Política del Estado; 140 y 141 del Reglamente
General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de decretarse y se
DECRETA
LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL ESTADO
DE ZACATECAS.
TÍTUTLO PRIMERO
DEL SISTEMA PENITENCIARIO
TÍTUTLO PRIMERO
DEL SISTEMA PENITENCIARIO
TÍTUTLO PRIMERO
DEL SISTEMA PENITENCIARIO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social, regirán en el
Estado de Zacatecas y su aplicación corresponde, en el ámbito de sus atribuciones, a los
Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado.
La ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad y la aplicación de las
medias de seguridad corresponde al Poder Ejecutivo. La modificación y duración de las
mismas corresponde al Poder Judicial.
Artículo 2
Esta Ley tiene por objeto:
I. Regular la ejecución de penas privativas y restrictivas de la libertad y las medidas de
seguridad impuestas por las autoridades judiciales del Estado de Zacatecas en sentencia
que haya causado ejecutoria o en resoluciones aplicables a personas sujetas a prisión
preventiva;
II. Crear un Sistema Penitenciario Integral de Reinserción Social, que se aplique a toda
persona mayor de dieciocho años de edad, que se encuentre en el ámbito del derecho
ejecutivo penal del fuero común o federal de acuerdo al contenido Constitucional;
III. Facultar a las autoridades competentes para que ejerzan el control y vigilancia de
cualquier privación de la libertad impuesta en los términos de las leyes penales,
procesales y de ejecución en materia penitenciaria; y
IV. Establecer las bases para la prevención del delito a través del Tratamiento
Criminológico Penitenciario. El trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
salud y el deporte serán los medios mínimos para lograr la reinserción social del
sentenciado a la sociedad.
Artículo 3
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social, los Centros Regionales de
Reinserción Social y los Establecimientos Penitenciarios, son instituciones de seguridad
pública de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá por los principios
de legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas y demás disposiciones aplicables.
Artículo 4
Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Centro; Centro Regional Varonil o Estatal Femenil de Reinserción Social;
II. Consejo: al Consejo Técnico Interdisciplinario;
III. Código Procesal: al Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas o al Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, según corresponda;
IV. Dirección General: a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social;
V. Dirección del Centro: a la Dirección de Centro Regional Varonil o Estatal Femenil de
Reinserción Social;
VI. Director del Centro: al Director de Centro Regional Varonil o Estatal Femenil de
Reinserción Social;
VII. Director General: al Director General de Prevención y Reinserción Social;
VIII. Jefe de Establecimiento: al Jefe de Establecimiento Penitenciario;
IX. Juez de Ejecución: al Juez de Ejecución de Sanciones;
X. Ley: a la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de
Zacatecas
XI. El Patronato: al Patronato de Reinserción Social por el Empleo;
XII. Reglamento: al Reglamento Interno de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social;
XIII. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública, y
XIV. Secretario: al Secretario de Seguridad Pública.
Artículo 5
Los principios que orientan a esta Ley son:
I. Debido proceso: que implica que la ejecución de las sanciones se realizará ajustándose
a esta Ley y a los términos de la sentencia dictada por la autoridad judicial, respetando las
normas y valores consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado Libre Soberano
de Zacatecas y las leyes y reglamentos aplicables.
II. Jurisdiccionalidad: el control de la legalidad de la ejecución de las sanciones y medidas
de seguridad, recaerá en el Juez de Ejecución, quien garantizará que las mismas se
ejecuten en los términos de la resolución judicial y resolverá conforme al debido proceso
de ejecución que prevea esta Ley;
III. Inmediación: las audiencias y actos procesales que se desarrollen en el procedimiento
de ejecución, deberán realizarse íntegramente bajo la observancia directa del Juez de
Ejecución, con la participación de las partes, sin que aquél pueda delegar en alguna otra
persona esa función;
IV. Confidencialidad: el expediente personal de los sentenciados tendrá trato confidencial y
sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, el interno y su
defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso, y
V. Gobernabilidad y seguridad institucional: la Dirección General y la Dirección del Centro
respectivo establecerán las medidas necesarias para garantizar la gobernabilidad y la
seguridad institucional de los Centros, así como la seguridad de los propios internos y del
personal que labora en los mismos, de los familiares de los internos y de otros visitantes,
así como de las víctimas y de las personas que viven próximos a los Centros, aunque lo
anterior implique la limitación de ciertas garantías de las personas que se encuentran
internas en instituciones preventivas o de cumplimiento de sanciones, siguiendo siempre
los preceptos de dignidad, respeto y trato humano estipulados en Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del
Estado Libre Soberano de Zacatecas y las leyes y reglamentos aplicables.
Artículo 6
Los Poderes Judicial y Ejecutivo del Estado vigilarán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, el cumplimiento y aplicación de esta Ley, así como la organización y
funcionamiento de las instituciones destinadas a la ejecución de las sanciones y medidas
de seguridad que se impongan.
En cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad dictadas en sentencia firme, o
de las resoluciones posteriores que las extingan, sustituyan o modifiquen, la autoridad
judicial notificará sus acuerdos a la Dirección General o a las autoridades auxiliares, las
que de conformidad a la naturaleza de aquéllas ejecutarán, coordinarán y, en su caso,
vigilarán la ejecución que quede a su cargo, dando cuenta oportuna a la autoridad judicial
correspondiente sobre su cumplimiento.
Artículo 7
La ejecución de las sanciones y medidas de seguridad en todas sus modalidades, estará
sometida a la vigilancia y control judicial y se desarrollará con respeto a los derechos
humanos y con sujeción a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas, y las leyes y reglamentos aplicables.
Artículo 8
El sentenciado podrá ejercer, durante la ejecución de las medidas de seguridad o
sanciones impuestas, los derechos que los instrumentos legales le otorguen, con las
excepciones que se establecen en esta Ley, y planteará personalmente, por medio de su
defensor o de cualquier persona en quien él delegue su representación, ante el Juez de
Ejecución que corresponda, las observaciones que, con fundamento en aquellas reglas,
estime convenientes.
Los derechos y beneficios que esta Ley prevé para el sentenciado le serán informados al
interesado por el Juez de Ejecución desde el momento en que se inicie el procedimiento
de ejecución.
El sentenciado cumplirá con todos los deberes y obligaciones que su condición le impone,
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 8
El sentenciado podrá ejercer, durante la ejecución de las medidas de seguridad o
sanciones impuestas, los derechos que los instrumentos legales le otorguen, con las
excepciones que se establecen en esta Ley, y planteará personalmente, por medio de su
defensor o de cualquier persona en quien él delegue su representación, ante el Juez de
Ejecución que corresponda, las observaciones que, con fundamento en aquellas reglas,
estime convenientes.
Los derechos y beneficios que esta Ley prevé para el sentenciado le serán informados al
interesado por el Juez de Ejecución desde el momento en que se inicie el procedimiento
de ejecución.
El sentenciado cumplirá con todos los deberes y obligaciones que su condición le impone,
de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 9
La víctima tiene derecho de conocer el cumplimiento de la sanción o medida de seguridad
impuesta, a efecto de que pueda poner en conocimiento del Juez de Ejecución cualquier
irregularidad al respecto. El Juez de Ejecución garantizará el ejercicio de este derecho.
Artículo 10
Los jueces en materia penal fijarán las sanciones y medidas de seguridad, así como las
condiciones de su cumplimiento, en su caso. Lo relativo a la extinción, sustitución o
modificación de aquellas será competencia del Juez de Ejecución.
Artículo 11
La intervención del Ministerio Público en la etapa de ejecución de sanciones y medidas de
seguridad versará, primordialmente, en el resguardo del respeto de los derechos humanos
de las personas que tengan interés en la ejecución de las sentencias y de las
disposiciones legales relativas al debido cumplimiento de la sentencia.
Artículo 12
El Ejecutivo del Estado podrá celebrar con los gobiernos federal o de otras entidades
federativas, municipios, instituciones públicas o privadas los convenios que fuesen
necesarios para la mejor aplicación de las disposiciones en materia de prevención y
reinserción social.
El Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios con la Federación, otros Estados o el
Distrito Federal para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia
extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de jurisdicciones
diversas.
CAPÍTULO II
DEL SISTEMA
Artículo 13
El Sistema Penitenciario del Estado es el conjunto de principios, normas e instrumentos
para la organización y ejecución de la prisión preventiva y de otras medidas cautelares
personales vinculadas a la vigilancia de las sanciones penales que importan privación o
restricción de la libertad individual, de las medidas de vigilancia especial, así como del
seguimiento, control y vigilancia de los preliberados, integrada por órganos y autoridades
encargadas de la reinserción.
Artículo 14
El Sistema Penitenciario comprende los siguientes elementos:
a) Internos;
b) Personal penitenciario;
c) Organización y funcionamiento de instalaciones penitenciarias;
d) Infraestructura penitenciaria;
e) Atención Técnica Interdisciplinaria, y
f) Los demás que determine la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Artículo 15
La persona privada de la libertad será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su
dignidad inherente, a su seguridad e integridad física, psicológica y moral y a sus derechos
humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado, esta Ley y demás normas
jurídicas aplicables.
Artículo 16
El Juez de Ejecución y la Dirección General tienen el deber de proteger a las personas
privadas de la libertad contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos
colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo o métodos que tengan como
finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.
Artículo 17
Toda persona que se encuentre cumpliendo cualesquiera de las sanciones y medidas de
seguridad podrá ejercer sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales, salvo que
fuesen incompatibles con el objeto del cumplimiento de la sentencia o fueren restringidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas o
disposiciones legales que de ellas deriven.
Artículo 18
Toda persona es igual ante la ley, por lo que bajo ninguna circunstancia se discriminará a
los privados de su libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo,
edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, género,
orientación sexual, o cualquiera otra condición social. En consecuencia, se prohíbe
cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado,
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos reconocidos.
No serán consideradas discriminatorias las medidas que se destinen a proteger
exclusivamente los derechos de las mujeres, en particular de las mujeres embarazadas y
de las madres lactantes; de las personas adultas mayores; de las personas enfermas; de
las personas con discapacidad física, mental o sensorial; así como las pertenecientes a los
pueblos indígenas.
Artículo 19
Los internos pertenecientes a diversas categorías deberán ser alojados en diferentes
lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos Centros. En
particular, se dispondrá la separación de mujeres y hombres, así como de procesados y
sentenciados.
Artículo 20
Los internos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, de forma oral o
escrita, con sus familiares, amigos y representantes acreditados.
Estas comunicaciones se realizarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no
tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por
razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del centro.
Las comunicaciones de los internos con el defensor no podrán ser suspendidas. Las
citadas comunicaciones quedarán sujetas a las disposiciones del Código Procesal y al
Reglamento Interno.
Artículo 21
Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente su aprehensión a su familia, a su
defensor, o a cualquier persona de su confianza.
Artículo 22
Los Centros dispondrán de áreas especialmente adecuadas para las visitas familiares, las
que se concederán en los términos del Reglamento Interior de cada Institución
Penitenciaria.
Artículo 23
El sentenciado tiene derecho a una defensa técnica adecuada, por licenciado en derecho
o abogado con cédula profesional, en los términos que establecen las leyes, hasta la
completa ejecución de la sentencia.
Si existiere algún inconveniente o incompatibilidad, el sentenciado podrá designar nuevo
defensor, o en su defecto, se le designará un Defensor Público por el Juez de Ejecución.
El ejercicio de la defensa consistirá en el asesoramiento técnico jurídico en la realización
de cualquier trámite relacionado con el régimen disciplinario o con la ejecución de la
sanción, cuando se requiera, así como para la interposición de las gestiones necesarias
en resguardo de sus derechos, siendo su presencia obligada en todas las audiencias
públicas a las que deba concurrir el sentenciado.
En los Centros en que exista un Juez de Ejecución habrá por lo menos un Defensor
Público.
Artículo 24
Los internos tendrán derecho a:
I. Recibir, a su ingreso, información del régimen disciplinario al que estarán sujetos;
II. La aplicación de un proceso de clasificación que identifique el nivel de seguridad,
custodia e intervención más apropiado para su reinserción;
III. Ser informado de la situación técnicojurídica;
IV. Tener acceso a los servicios de salud;
V. Solicitar que le sea autorizada la visita íntima con sus respectivos cónyuges o
concubina o concubinario en los términos del reglamento de la institución penitenciaria
correspondiente y a recibir visita familiar en las modalidades que su nivel de seguridad,
custodia e intervención lo permita;
VI. Permanecer en estancias adecuadas a los niveles de seguridad, custodia e
intervención;
VII. Recibir alimentación cuyo valor nutritivo sea conveniente para el mantenimiento de su
salud;
VIII. Realizar actividades productivas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado
laboral del país, de conformidad con el nivel de seguridad, custodia e intervención
asignado;
IX. Participar en las actividades que se programen para su reinserción de conformidad con
el nivel de seguridad, custodia e intervención asignada;
X. Que las instituciones penitenciarias donde esté compurgando la sanción cuenten con
las instalaciones adecuadas para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad
física;
XI. Que las decisiones que se le apliquen referentes al régimen de tratamiento y beneficios
penitenciarios se fundamenten en criterios técnicos y científicos;
XII. Recibir atención técnica interdisciplinaria que permita su reinserción a la sociedad;
XIII. Además de los derechos comunes a cualquier interno, las internas tendrán derecho a:
a) Recibir asistencia médica especializada, preventiva y de tratamiento para el cuidado de
la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y género;
b) La maternidad, y
c) Recibir trato de personal penitenciario femenino, específicamente en las áreas de
custodia, registro y salud, y
XIV. Los demás que se establezcan en esta Ley o en otras disposiciones legales o
normativas.
Artículo 25
Son obligaciones de los internos:
I. Conocer y acatar la normatividad vigente de las instituciones penitenciarias respectivas;
II. Acatar el régimen de disciplina;
III. Respetar los derechos de los funcionarios y del personal de las instituciones
penitenciarias en que se encuentre, tanto dentro como fuera de él, con ocasión de
traslados o práctica de diligencias;
IV. Respetar a sus compañeros internos, al personal penitenciario y demás autoridades;
V. Conservar el orden y aseo de su estancia así como las áreas donde desarrolla sus
actividades;
VI. Dar buen uso y cuidado adecuado a herramientas, equipo y demás objetos asignados;
VII. Conservar en buen estado las instalaciones penitenciarias;
VIII. Acudir por sus alimentos en los horarios y tiempos programados, siempre que su nivel
de seguridad y custodia se lo permita;
IX. Acatar, de manera inmediata, las medidas disciplinarias que se le impongan, excepto
cuando dichas medidas hayan sido suspendidas por el Juez de Ejecución;
X. Acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas, determinadas por el área
técnica y recibir los tratamientos prescritos por el médico tratante;
XI. En su caso, pagar la reparación del daño a la víctima, y
XII. Las demás que se establezcan en esta Ley o en otras disposiciones legales o
normativas.
CAPÍTULO IV
DE LA REINSERCIÓN SOCIAL
SECCIÓN PRIMERA
DEL PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL
Artículo 26
El Programa de Reinserción Social consiste en el conjunto de acciones y estrategias
dirigidas a la procuración de la reinserción de los sentenciados, a través de la clasificación
objetiva para determinar la atención técnica interdisciplinaria, aplicada mediante
tratamientos, con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud
y el deporte, así como del seguimiento y vigilancia de los preliberados.
Artículo 27
Para la ejecución de las penas privativas de la libertad, el Programa de Reinserción Social
se basará en un régimen progresivo y técnico tendiente a alcanzar la reinserción social del
sentenciado. Constará por lo menos de las siguientes etapas:
I. Evaluación inicial;
II. Clasificación;
III. Atención técnica interdisciplinaria;
IV. Seguimiento y reclasificación;
V. Programas de preliberación y reincorporación, y
VI. Libertad vigilada.
Artículo 28
Durante la etapa de evaluación inicial se realizarán los estudios de personalidad del
interno en los aspectos médico, psicológico, psiquiátrico, educativo, criminológico, social,
ocupacional y de vigilancia.
Artículo 29
El proceso de clasificación de los internos se realizará bajo métodos teórico conceptuales
para obtener los niveles de seguridad, custodia y de intervención.
En todo caso, la clasificación debe tomar en cuenta la personalidad; el historial del interno;
la duración de la sanción, en su caso; el medio al que probablemente retornará, así como
los recursos, facilidades y dificultades existentes.
Artículo 30
La atención técnica interdisciplinaria será de carácter progresivo, individualizada y tendrá
como objetivo la reinserción social del sentenciado para que no vuelva a delinquir.
La atención técnica interdisciplinaria tendrá por objeto, hacer del interno una persona con
la intención y la capacidad de vivir respetando las leyes, así como de subvenir a sus
necesidades, respetando en todo momento los derechos humanos de los internos, así
como su ideología política o religiosa.
Para tal fin, se procurará desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de
responsabilidad individual y social respecto a su familia y a la sociedad en general.
Se fomentará la participación del interno en la planificación y ejecución de su tratamiento,
para que en el futuro sea capaz de llevar, con conciencia social, un modo honesto de vivir.
La satisfacción de los intereses personales será tomada en cuenta, siempre que ello sea
compatible con el tratamiento.
Se procurará la participación de la familia en el tratamiento a fin de promover la reforma, la
resocialización y rehabilitación de los internos.
Artículo 31
La atención técnica interdisciplinaria se desarrollará conforme a las siguientes bases:
I. El estudio científico de la constitución, temperamento, carácter, aptitudes y actitudes del
sujeto a tratar, así como su sistema dinámico motivacional y el aspecto evolutivo de su
personalidad, conducente a una evaluación global de la misma, que se recogerá en el
expediente del interno;
II. El resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sea
individuales, familiares o sociales del interno;
III. La individualización, partiendo de métodos médicos-biológicos, criminológicos,
psicológicos, psiquiátricos, educativos y sociales, con relación a la personalidad del
interno, y
IV. La continuidad y dinamismo, dependientes de las incidencias en la evolución de la
personalidad del interno, durante el cumplimiento de la condena.
Artículo 32
La individualización de la atención técnica interdisciplinaria, tras la adecuada observación
de cada interno, se realizará atendiendo a su clasificación.
Artículo 33
La reclasificación consiste en el resultado de la evaluación periódica que se realiza a los
internos, en cumplimiento de la atención técnica interdisciplinaria, a fin de proponer, de
acuerdo a la evolución e involución del interno, la reubicación a otro nivel de seguridad y
custodia.
Artículo 34
Concluidos los tratamientos de la atención técnica interdisciplinaria y próxima la libertad
del interno, se emitirá un informe pronóstico final, en el que se manifestarán los resultados
conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro
del sujeto en libertad que, en su caso, se tendrá en cuenta en el expediente para la
concesión de los beneficios de libertad anticipada.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL TRABAJO
Artículo 35
En los Centros se buscará que el sentenciado adquiera el hábito del trabajo y que éste sea
una fuente de autosuficiencia personal y familiar, tomando en consideración su interés,
vocación, aptitudes y capacidad laboral, para lograr la reinserción social de los internos.
Artículo 36
Para todos los efectos normativos, la naturaleza del trabajo penitenciario es considerada
en el Centro como una actividad productiva con fines terapéuticos y ocupacionales, y es
un elemento fundamental para la atención técnica interdisciplinaria.
Artículo 37
El trabajo penitenciario se sujetará a las siguientes bases mínimas:
I. No tendrá carácter aflictivo, ni será aplicado como medida correctiva;
II. No atentará contra la dignidad del interno;
III. Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales, productivos o
terapéuticos, con el fin de preparar al interno para las condiciones normales del trabajo en
libertad, procurando la certificación de oficios;
IV. Se organizará y planificará atendiendo a las aptitudes y perfil profesional o técnico, de
manera que satisfaga las aspiraciones laborales de los internos;
V. No creará derechos ni prestaciones adicionales a las determinadas por el programa
correspondiente, pero en todo caso se observarán las disposiciones contenidas en el
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a
la jornada de trabajo, días de descanso, higiene, seguridad y a la protección de la
maternidad, y
VI. El trabajo se organizará previo estudio del mercado a fin de favorecer la
correspondencia entre la demanda de éste y la producción penitenciaria con vista a la
autosuficiencia económica de cada institución y se planificará tomando en cuenta las
aptitudes y, en su caso la profesión del sentenciado.
Artículo 38
En los Centros, el trabajo será obligatorio para los internos sentenciados.
Artículo 39
No tendrán la obligación de trabajar:
I. Quienes presenten alguna enfermedad o incapacidad que los imposibilite, por el tiempo
que subsista, siempre y cuando lo acrediten ante la Dirección del Centro;
II. Las mujeres, durante cuarenta y cinco días antes y después del parto;
III. Los internos procesados sujetos a la prisión preventiva, pero se le estimulará a que lo
hagan, proporcionándoles los medios materiales e intelectuales para ello. Se les hará
saber que el trabajo que desempeñen, será tomado en cuenta como parte del tratamiento
de readaptación y reinserción social, así como para recibir los beneficios establecidos en
la presente Ley;
IV. Quienes demuestren incapacidad permanente para cualquier clase de trabajo, y
V. Los sentenciados mayores de setenta años.
Todas las personas señaladas, podrán disfrutar, en su caso, de los beneficios
penitenciarios.
Artículo 40
El producto del trabajo será destinado a cubrir las necesidades de quien lo desempeña y
de sus dependientes económicos; a la formación de un fondo de ahorro que será
entregado al momento de obtener su libertad y para coadyuvar al sostenimiento del interno
dentro del Centro.
Para los efectos del párrafo anterior, el producto de trabajo se distribuirá, por regla
general, del modo siguiente:
I. Un 40 por ciento para el sostenimiento de los dependientes económicos del interno, de
acuerdo a lo que señale la legislación respectiva;
II. Un 20 por ciento para la constitución de un fondo de ahorro, cuando el sentenciado
otorgue su consentimiento para ello;
III. Un 10 por ciento para el pago de la reparación del daño;
IV. Un 10 por ciento para el pago de la multa;
V. Un 10 por ciento para sus gastos menores, y
VI. Un 10 por ciento para el sostenimiento del interno en el establecimiento.
En caso de que no hubiese condena a reparación del daño o éste ya se hubiere cubierto, y
el interno no tenga dependientes económicos o haya pagado la multa o no otorgue su
consentimiento para constituir un fondo de ahorro, los porcentajes inaplicables se
distribuirán entre los conceptos que subsistan, en la proporción que corresponda, a
excepción del destinado a gastos menores del interno, que será inalterable en el 10 por
ciento señalado.
Artículo 41
Los productos que se obtuvieren de las industrias, talleres o explotación agrícola,
propiedad del centro, serán destinados, en primer término, a satisfacer las necesidades
interiores del mismo, y los demás se venderán a las dependencias públicas y a los
particulares que lo solicitaren.
Los particulares, con la autorización de la Dirección del Centro o del Jefe de
Establecimiento Penitenciario, podrán establecer dentro de ellos, industrias o talleres y los
productos que se obtuvieren, podrán comercializarse a juicio del industrial o inversionista.
Artículo 42
La Dirección de los Centros o las Jefaturas de los Establecimientos Penitenciarios, en
coordinación con la Dirección General, autorizará los contratos de trabajo que pretendan
celebrar los internos con los particulares.
Artículo 43
En el supuesto del Artículo anterior, los particulares deberán organizar el trabajo y, en su
caso, suministrar la maquinaria, materia prima y colocación del producto en los mercados,
en coordinación con la Dirección del Centro o Jefatura del Establecimiento Penitenciario
respectivos, con estricto apego a las disposiciones contenidas en esta Ley y en el
Reglamento Interior de los Centros o Establecimientos Penitenciarios.
SECCIÓN TERCERA
DE LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Artículo 44
La capacitación para el trabajo es un proceso formativo que utiliza un procedimiento
planeado, sistemático y organizado, mediante el cual los internos adquieren los
conocimientos y habilidades técnicas necesarias para realizar actividades productivas
durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad.
Para el cumplimiento de lo anterior, el Ejecutivo del Estado, por conducto de las
instituciones penitenciarias, proporcionará a los internos, la capacitación y formación
técnica necesaria para desarrollar sus actividades y aptitudes, a juicio de las áreas
técnicas de dichas instituciones, de tal modo que puedan dedicarse a un oficio, arte o
actividad productiva cuando obtengan su libertad.
Artículo 45
Las bases de la capacitación son:
I. El adiestramiento y los conocimientos del propio oficio o actividad;
II. La vocación del interno por lo que realiza, y
III. La protección al medio ambiente.
Artículo 46
La capacitación para el trabajo de los internos tendrá una secuencia ordenada para el
desarrollo de las aptitudes y habilidades propias; la metodología será basada en la
participación, repetición, pertinencia, transferencia y retroalimentación.
La capacitación para el trabajo deberá orientarse a desarrollar armónicamente las
facultades del interno y será actualizada, de tal forma que pueda incorporar al interno a
una actividad económica, social y culturalmente productiva.
SECCIÓN CUARTA
DE LA EDUCACIÓN
Artículo 47
La educación en el Programa de Reinserción Social es el conjunto de actividades de
orientación, enseñanza y aprendizaje, contenidas en planes y programas educativos,
otorgadas por instituciones públicas o privadas que permitan a los internos alcanzar
niveles de conocimientos para su desarrollo personal.
Para ello, todo interno, de acuerdo con el resultado del examen previo que realice el
responsable educativo, será sometido al tratamiento educacional que corresponda.
Artículo 48
Todo interno tendrá derecho a realizar estudios de enseñanza básica en forma gratuita.
Artículo 49
La Dirección del Centro o Jefatura de Establecimiento estará obligada a incentivar la
enseñanza media superior y superior, en su modalidad abierta, para procurar la
reinserción, mediante convenios con instituciones educativas del sector público. Asimismo,
obligatoriamente fomentará el interés de los internos por el estudio y la lectura. Para ello,
los Centros o Jefaturas de Establecimientos deberán contar con una biblioteca provista de
libros y los internos podrán hacer uso del servicio, respetando los horarios y disposiciones
que dicte la Dirección del Centro o Jefatura de Establecimiento respectivos.
Artículo 50
La educación que se imparta se ajustará a los programas oficiales que la autoridad
educativa establezca.
La educación que se imparta a los internos será considerada un elemento esencial para la
reinserción, por lo que no tendrá sólo carácter académico, sino también cívico, social,
lúdico, higiénico, artístico, físico, ético y ecológico, procurando afirmar el respeto a los
valores humanos, a las instituciones y a los símbolos patrios y estará en todo caso
orientada por la técnica de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de
maestros especializados.
Artículo 51
La documentación que expidan las autoridades educativas, no contendrá referencia o
alusión a los Centros o Establecimientos Penitenciarios.
Artículo 52
En los Centros y Establecimientos Penitenciarios, las actividades educativas serán
desarrolladas por personal de las instituciones de enseñanza. También podrán intervenir
los internos que hubieren acreditado aptitudes y la preparación académica suficiente para
el desempeño de estas funciones.
Artículo 53
La supervisión y evaluación de las labores escolares de cada interno la efectuará el área
técnica correspondiente del Centro o del Establecimiento Penitenciario. El interno que
realice actividades de enseñanza merecerá mención especial en su expediente personal.
Artículo 54
Con autorización de la Dirección del Centro o de la Jefatura de Establecimiento y
atendiendo al tratamiento de los internos, la sección educativa del área técnica, organizará
conferencias, círculos de estudio, representaciones teatrales, conciertos musicales y otros
actos análogos que tiendan a elevar el nivel cultural del interno.
Artículo 55
El personal técnico de cada uno de los Centros o Establecimientos Penitenciarios,
implementará programas tendientes a incorporar a los internos a las actividades laborales,
de capacitación, educativas, recreativas y culturales.
En dichas actividades se promoverá la participación de la familia, la comunidad y
organizaciones no gubernamentales a fin de promover la reforma, la resocialización y
reinserción de los internos.
Artículo 56
Los internos, a su costo, podrán solicitar los servicios de educación privada para cursar
estudios de licenciatura y post-grado siempre que el nivel de seguridad, custodia e
intervención se lo permita.
SECCIÓN QUINTA
DE LA SALUD
Artículo 57
Todo interno será sometido a una inspección física al momento de su ingreso a las
instituciones penitenciarias, para verificar si hay señales de que ha sido sometido a malos
tratos o tortura; de existir éstos, se deberá hacer del conocimiento de la Dirección del
Centro o a la Jefatura de Establecimiento, para los efectos a que haya lugar.
Además, con la periodicidad que sea necesaria, serán sometidos a revisiones que
permitan llevar un diagnóstico, con la finalidad de individualizar el tratamiento y, en su
caso, procurar una atención eficaz de los enfermos, así como para determinar la
capacidad física de cada interno para el trabajo o deporte. Los internos que sufran
enfermedades infecciosas o contagiosas serán sometidos a las medidas de aislamiento
que, en su caso, determinen los facultativos.
Artículo 58
En todo caso, la prestación del servicio de salud deberá respetar los principios de
confidencialidad de la información médica y consentimiento informado en la relación
médico-paciente.
Artículo 59
Los servicios de salud serán gratuitos y obligatorios para el interno, como medio para
proteger, promover y restaurar su salud. Éstos contemplarán actividades de prevención,
curación y rehabilitación; debiéndose llevar a cabo en estricto apego a las disposiciones
legales aplicables en materia de servicios de salud.
Artículo 60
El servicio de salud deberá ocuparse del estudio, tratamiento y control de la salud de los
internos desde su ingreso y durante su permanencia y se referirá a:
I. Observación;
II. Estudios psicológico y psiquiátrico;
III. Higiene;
IV. Medicina preventiva, y
V. Rehabilitación de farmacodependencia u otras adicciones.
Artículo 61
Para los efectos del artículo anterior los servicios de salud del Centro, en Coordinación
con los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, deberán:
I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades;
II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades
agudas, crónicas y crónicas degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales;
III. Coadyuvar en la elaboración de las dietas nutricionales, a fin de que los menús sean
variados y equilibrados;
IV. Suministrar los medicamentos necesarios para la atención médica de los internos, y
V. Proporcionar el tratamiento de rehabilitación de farmacodependencia y otras
adicciones.
El servicio médico que reciba cualquier persona privada de su libertad en los Centros o
Establecimientos Penitenciarios, por parte los Servicios de Salud del Estado de
Zacatecas, deberá ser gratuito.
Artículo 62
El Director del Centro o Jefe de Establecimiento Penitenciario respectivo, se asesorará
del servicio de salud en lo referente a:
I. Cantidad, calidad y preparación de los alimentos;
II. Higiene del establecimiento y de los internos;
III. Condiciones sanitarias, de alumbrado y de ventilación de los establecimientos, y
IV. En los demás casos ordenados en esta Ley o en los reglamentos y cuando lo estime
pertinente.
Artículo 63
El médico que corresponda deberá visitar a los internos enfermos con la frecuencia
necesaria. Cuando estime que la salud física o mental de un interno pueda ser afectada
por una modalidad del tratamiento, deberá informar por escrito al Director del Centro o
Jefe de Establecimiento de que se trate, quien tomará las medidas que sean de su
competencia y, en su defecto, trasmitirá un informe al Juez de Ejecución, con sus propias
observaciones.
Artículo 64
Las mujeres internas recibirán una atención médica especializada, por lo tanto, deberán
contar con atención médica ginecológica, obstétrica y pediátrica, antes, durante y después
del parto, el cual no deberá realizarse dentro del Centro, sino en hospitales o
establecimientos destinados para ello. En el caso de que ello no fuere posible, no se
registrará oficialmente que el nacimiento ocurrió al interior del Centro.
Artículo 65
Cuando se permita a las madres internas conservar a sus hijos menores de edad al
interior del Centro respectivo, se deberán tomarlas medidas necesarias para que cuenten
con personal calificado y con servicios educativos, pediátricos y de nutrición apropiados, a
fin de garantizar el interés superior del niño.
Los menores podrán permanecer hasta los cinco años de edad dentro del Centro.
Artículo 66
El personal médico del Centro deberá dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la
ley en materia de salud, en los casos de enfermedades transmisibles.
Artículo 67
Los servicios de salud proporcionados en los Centros funcionarán en estrecha
coordinación con el sistema estatal y federal de salud pública, de manera que las políticas
y prácticas de salud pública sean incorporadas en dichos establecimientos.
Artículo 68
Como parte de la atención técnica interdisciplinaria se deberá participar en actividades
físicas y deportivas, siempre y cuando el nivel de seguridad, custodia y estado físico del
interno se lo permita.
Para la instrumentación de las actividades físicas y deportivas se planificará, organizará y
establecerán métodos, horarios y medidas necesarias de seguridad y custodia para la
práctica de esas actividades, las cuales estarán reguladas en el Reglamento Interior del
Centro respectivo.
SECCIÓN SÉPTIMA
CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO
Artículo 69
El Consejo Técnico Interdisciplinario será el órgano colegiado consultivo, que tendrá como
finalidad determinar la Atención Técnica Interdisciplinaria, según los casos particulares.
Artículo 70
El Consejo estará integrado por el personal que cumpla con el perfil que señale el
Reglamento Interior del Centro y, en todo caso, estará integrado por un licenciado en
derecho, un criminólogo, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, un licenciado en trabajo
social y un jefe del área laboral, todos ellos designados por el Ejecutivo del Estado. El
Director de cada Centro presidirá el órgano colegiado.
Artículo 71
El Consejo tendrá las funciones siguientes:
I. Determinar la clasificación que le corresponde a cada interno al ingresar al sistema, con
base al estudio de sus condiciones personales;
II. Dar seguimiento al régimen de ejecución de la sanción, así como el tratamiento de cada
sentenciado según sus necesidades;
III. Constatar el avance o regresión de los sentenciados dentro de las diferentes etapas del
sistema progresivo y su clasificación en otras secciones del centro o en otro, según sus
condiciones personales;
IV. Proponer al Juez de Ejecución, a través de la Dirección General, la concesión de
cualquier beneficio que proceda a favor del sentenciado, y
V. Emitir y modificar en su caso el Reglamento Interno.
Artículo 72
El Consejo sesionará de manera ordinaria una vez a la semana y, de manera
extraordinaria, cuando sea necesario, con la asistencia de la mayoría de sus integrantes.
CAPÍTULO V
DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO
SECCIÓN PRIMERA
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
Artículo 73
Las sanciones privativas de libertad se cumplirán en los Centros o Establecimientos
Penitenciarios, salvo los casos de excepción expresamente señalados en esta Ley.
Artículo 74
Los Centros y Establecimientos Penitenciarios dependen de la Dirección General, y para
su funcionamiento dispondrán, en la medida que lo permita su presupuesto, de las áreas
de seguridad, custodia y administración y las áreas técnicas siguientes: médica,
psicológica, pedagógica, trabajo social y mediación.
Artículo 75
El Poder Ejecutivo, por conducto de la Dirección General, adoptará las medidas
necesarias a efecto de que los Centros cuenten con las secciones siguientes:
I. Varoniles y femeniles;
II. Preventiva y de ejecución de sanciones, y
III. De alta, media y mínima seguridad.
Artículo 76
En las secciones de alta seguridad en los Centros quedarán ubicados quienes:
I. Por determinación del Consejo deban ubicarse en esa sección;
II. Pertenezcan a una asociación delictuosa o a un grupo organizado para delinquir;
III. Presenten conductas graves o reiteradas de daños, amenazas, actos de molestia, o
delitos en perjuicio de otros internos, sus familiares, visitantes o personal de las
instituciones de seguridad, y
IV. Hayan favorecido la evasión de presos.
Artículo 77
No podrán ser recluidos en áreas de alta seguridad los enfermos psiquiátricos, quienes
muestren una discapacidad grave, los enfermos terminales o cualquier otra persona que
no se encuentre dentro de los criterios establecidos en el Artículo anteriormente referido.
Artículo 78
En las áreas penitenciarias de detención preventiva sólo se recluirá a los procesados. En
tanto, en las destinadas a la ejecución de sanciones sólo se recluirá a los sentenciados.
Artículo 79
Los establecimientos especializados de rehabilitación son aquellos en los que prevalece el
carácter asistencial y serán de los siguientes tipos:
I. Hospitalarios;
II. Psiquiátricos, y
III. De rehabilitación social.
Artículo 80
En los Centros y en los Establecimientos Penitenciarios queda prohibida la introducción,
uso, consumo, fabricación, cultivo, posesión o comercio de estupefacientes, psicotrópicos,
sustancias tóxicas, bebidas embriagantes y drogas de diseño; así como la introducción,
uso, posesión y fabricación ilegal de armas, explosivos y en general, todo artefacto que se
considere que ponga en riesgo la integridad física de cualquier persona que se encuentre
en el interior y la infraestructura penitenciaria o vulnere la seguridad de los mismos.
Artículo 81
La infraestructura penitenciaria estará integrada por el conjunto de edificios y áreas que
conforman la organización, el diseño, las instalaciones, el equipamiento y la construcción
de espacios para los procesados y sentenciados.
La infraestructura penitenciaria debe permitir la realización de actividades con seguridad,
dignidad y optimización constructiva, permaneciendo en tiempo y espacio con criterios de
sustentabilidad.
La infraestructura penitenciaria se diseñará o adaptará conforme a los niveles de
seguridad, custodia e intervención, dando contención a las actividades que se programen.
El equipamiento de las instalaciones deberá ser acorde con la clasificación de los internos.
Artículo 82
La infraestructura penitenciaria femenil se diseñará de acuerdo al nivel de seguridad,
custodia e intervención de las internas, y contará con instalaciones propias de su género.
Dentro de la infraestructura penitenciaria femenil deberán existir módulos con estancias
unitarias, especiales para mujeres embarazadas y área médica materno-infantil, así como
siempre que el nivel de seguridad, custodia e intervención lo permita, con áreas de visita y
convivencia para sus hijos menores.
Artículo 83
En los Centros existirán módulos con aplicación de medidas especiales de protección, de
conformidad con el nivel de seguridad y custodia asignado.
Artículo 84
Los Centros y Establecimientos contarán con diversos tipos de seguridad que permitan:
I. El fortalecimiento de la infraestructura y optimicen la capacidad de respuesta ante
situaciones anómalas;
II. El apoyo a sistemas de operación, mediante la concepción de espacios y el flujo de
circulaciones;
III. El eficaz diseño de la instalación penitenciaria, mediante la distribución estratégica
racional de las diferentes áreas del establecimiento penitenciario, de acuerdo con las
funciones de cada una de ellas, así como un criterio estratégico para ordenar y controlar
los movimientos en el interior del mismo, y
IV. La correcta disposición de todos los espacios, con el fin de que el personal
responsable del funcionamiento de los Centros o de los Establecimientos Penitenciarios
cuente con los elementos para el desempeño eficaz y ordenado dentro del mismo.
Artículo 85
Los Centros y Establecimientos Penitenciarios, contarán con zonas de reserva territorial,
por lo que se deberán establecer las áreas de seguridad y protección, de los perímetros de
la poligonal externa y el perímetro de protección y amortiguamiento de seguridad.
Artículo 86
Los Centros y Establecimientos preferentemente tendrán juzgados de ejecución contiguos,
con salas de audiencia dotadas del equipo necesario para el registro de las actuaciones.
Artículo 87
El Sistema Penitenciario contará con una plataforma tecnológica de información y
seguridad, como instrumento para el registro y procesamiento de datos que genere, así
como para la ejecución de los mecanismos de control, a efecto de lograr los fines del
propio Sistema.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL INGRESO, EXAMEN, REGISTRO Y TRASLADOS
Artículo 88
El ingreso de un sentenciado en cualquiera de los Centros o Establecimientos
Penitenciarios se realizará mediante el mandamiento u orden escrita de la autoridad
judicial. A cada interno, desde su ingreso, se le abrirá un expediente personal relativo a su
situación procesal y recibirán información escrita sobre el régimen del establecimiento, sus
derechos y deberes, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones,
quejas o recursos.
A quienes no pueden entender la información por el procedimiento indicado, les será
facilitada de manera verbal o por otro medio adecuado que les permita comprender la
información.
Artículo 89
Al ingresar al Centro o Establecimiento Penitenciario los sentenciados serán alojados en el
área de ingreso e inmediatamente se les practicará un examen médico y psicofísico,
imparcial y confidencial, con el fin de constatar su estado de salud físico o mental y la
existencia de cualquier herida, daño corporal o mental; asegurar la identificación y
tratamiento de cualquier problema significativo de salud; o para verificar quejas sobre
posibles malos tratos o torturas o determinar la necesidad de atención y tratamiento.
Artículo 90
Para efectos de control interno, las autoridades del Centro o del Establecimiento
Penitenciario, integrarán un expediente personal del sentenciado, que contendrá los
siguientes datos:
I. Datos generales, que deberá contener, al menos, lo siguiente: nombre, edad, sexo,
nacionalidad, estado civil, dirección y nombre de los padres, familiares, representantes
legales o defensores, en su caso, u otro dato relevante de la persona privada de libertad;
II. Información relativa a la integridad personal y al estado de salud de la persona privada
de libertad;
III. Número de proceso penal, nombre de la víctima, así como de la autoridad que ordenó
la privación de la libertad;
IV. Autoridad que efectúa el traslado de la persona al Centro o al Establecimiento
Penitenciario;
V. Autoridad que controla legalmente la privación de la libertad;
VI. Fecha y hora del ingreso y egreso, si lo hubiere, así como los datos que originaron su
estado privativo de libertad;
VII. Fecha y hora de traslados y lugares de destino, en su caso;
VIII. Identidad de la autoridad que ordena los traslados y de la encargada de los mismos;
IX. Inventario de bienes personales;
X. Identificación dactiloscópica y antropométrica;
XI. Identificación fotográfica, y
XII. Firma de la persona privada de la libertad, y en caso de negativa o imposibilidad, la
explicación del motivo.
La información contenida en el expediente personal será confidencial.
Artículo 91
El traslado de los internos a otros Centros o Establecimientos Penitenciarios corresponde
a la Dirección General, previa autorización de la autoridad judicial correspondiente.
Los traslados se efectuarán de forma que se respeten la dignidad y los derechos de los
internos y la seguridad de la conducción.
Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y defensor, su
traslado a otro establecimiento en el momento de ingresar en el mismo.
Artículo 92
Para resolver la solicitud de traslado, el Juez de Ejecución deberá tomar en cuenta lo
siguiente:
I. Si el traslado es solicitado por el sentenciado, tomará en cuenta los motivos que el
interno invoque, así como las condiciones generales del establecimiento al que se
pretenda trasladar;
II. Si el traslado es solicitado por la Dirección General o por alguna autoridad de otra
entidad federativa, tomará en cuenta la necesidad del interno de estar privado de su
libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o
representante legal y la necesidad de la Dirección General o de la autoridad de realizar el
traslado, y
III. En casos urgentes, la Dirección General realizará el traslado del sentenciado aún sin el
consentimiento del interno, debiendo mediar una razón concreta y grave que lo justifique,
debiendo notificar al Juez de Ejecución al siguiente día hábil.
Artículo 93
El Juez de Ejecución deberá cerciorarse que los traslados no se practiquen con la
intención de castigar, reprimir o discriminar a los internos, a sus familiares o
representantes; nique se realicen en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o
mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública.
CAPÍTULO VI
DEL PERSONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
Artículo 94
Los Centros estarán a cargo de un Director, los Establecimientos Penitenciarios estarán a
cargo de un Jefe de Establecimiento y ambos tendrán el personal administrativo y de
vigilancia que sea necesario.
Los Directores de los Centros y Jefes de Establecimiento se ajustarán a la aplicación del
Reglamento Interno respectivo y cumplirán las normas de ejecución penal que establece
esta Ley.
Artículo 95
Formarán parte del personal del Sistema Penitenciario los especialistas que sean
necesarios para el cumplimiento de los fines de esta Ley.
Artículo 96
La vigilancia y custodia de las mujeres privadas de libertad será ejercida exclusivamente
por personal del sexo femenino, por lo que no deberán tener acceso a dichos lugares
personal de vigilancia del sexo masculino.
Artículo 97
El Sistema Penitenciario promoverá la mediación y la resolución pacífica de conflictos al
interior de los Centros, para lo cual éstos contarán como parte de su plantilla laboral con
los mediadores que permita el presupuesto.
Artículo 98
Además de las que les imponga la normatividad aplicable, son obligaciones del personal
penitenciario:
I. Mantener en reserva los asuntos que por razón del desempeño de su función sean de
su conocimiento;
II. Abstenerse de infringir o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes;
III. Abstenerse de todo acto arbitrario;
IV. Conducirse con dedicación y disciplina;
V. Cumplir y hacer cumplir, con diligencia, las órdenes que reciba con motivo del
desempeño de sus funciones;
VI. Cumplir con la capacitación y el adiestramiento adecuado para el desempeño de sus
funciones, y
VII. Aprobar exámenes de ingreso y permanencia.
Artículo 99
Además de los que les otorgue la normatividad aplicable, el personal penitenciario, tendrá
los siguientes derechos:
I. Recibir capacitación inicial y actualización periódica;
II. Recibir el adiestramiento adecuado para el desempeño de sus funciones;
III. Recibir el uniforme y equipo correspondiente para el desempeño de su función
específica;
IV. Disfrutar de las prestaciones laborales y de seguridad social que se establezcan en las
disposiciones legales aplicables;
V. Ser informado, de manera directa e individualizada, de los riesgos específicos de su
puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención de dichos riesgos, así
como de las medidas de emergencia existentes, y
VI. Concursar en los programas de promoción.
Artículo 100
Para el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario, el Poder Ejecutivo
implementará un sistema de carrera penitenciaria de carácter obligatorio y permanente,
conforme al cual se establecerán los lineamientos que definen los procedimientos de
reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación,
promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio del personal
penitenciario en los términos de las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan.
Artículo 101
El sistema de carrera penitenciaria se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, los Tratados Internacionales, en
la Constitución propia del Estado y demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO VII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN EL INTERIOR DE LOS CENTROS
Artículo 102
El orden y la disciplina se mantendrán dentro de los Centros y Establecimientos
Penitenciarios, para lograr el adecuado tratamiento de los internos, así como la
preservación del control y la seguridad de las instalaciones y su eficaz funcionamiento, con
respeto a los derechos humanos.
Artículo 103
El régimen disciplinario tiene como objeto garantizar la aplicación y observancia obligatoria
de las normas de conducta por parte de los internos de los Centros y de los
Establecimientos Penitenciarios, tendiente a mantener el orden, el control y la disciplina,
procurando una convivencia armónica y respetuosa.
Ningún interno desempeñará actividad alguna que implique el ejercicio de facultades
disciplinarias.
Artículo 104
A su ingreso a las instituciones penitenciarias se entregará, a los internos, un instructivo
en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida en el
centro.
Artículo 105
Los internos no serán corregidos disciplinariamente sino en los casos y con las medidas
establecidas en esta Ley y en el reglamento del centro respectivo, en un marco de respeto
irrestricto a los derechos humanos de las persona.
Artículo 106
Ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le
atribuye y sin que se le haya permitido presentar su defensa, verbal o escrita.
Artículo 107
Las medidas disciplinarias pueden ser:
I. Amonestación verbal o escrita;
II. Suspensión parcial o total de estímulos;
III. Restricción de tránsito a los límites de su estancia o confinamiento;
IV. Cambio de nivel de custodia, y
V. Reubicación dentro del mismo Centro.
La imposición de dichas medidas disciplinarias no será consecutiva, sino iva de acuerdo a
la gravedad de la conducta y a la reincidencia, pudiendo aplicarse más de una por la
misma infracción; sin embargo, quedará prohibida la imposición de sanciones colectiva.
Artículo 108
Independientemente de las que prevea el reglamento interior de los Centros o de los
Establecimientos Penitenciarios, se considerarán como infracciones a la disciplina las
siguientes:
I. Utilizar prendas y accesorios que no pertenezcan al uniforme, cuando en el Centro o
Establecimiento Penitenciario respectivo, se haya adoptado como de uso obligatorio el
mismo;
II. Utilizar gafas oscuras sin prescripción médica;
III. Participar en actividades no autorizadas dentro de los programas productivos y de
capacitación;
IV. Omitir las medidas de protección civil;
V. Incurrir en faltas de respeto, de palabra o de obra, hacia el personal de los Centros o de
los Establecimientos Penitenciarios, a los demás internos o a los visitantes;
VI. Contravenir las disposiciones de higiene y aseo, o negarse a realizar la limpieza de su
estancia;
VII. Abstenerse de trabajar o de asistir, en su caso, o de participar en las actividades
laborales programadas, abandonarlas o acudir a ellas con retraso, sin causa justificada;
VIII. Usar medicamentos con fines distintos para los que se hayan prescrito;
IX. Negarse a ser revisado o a contestar al pase de lista;
X. Contravenir a las normas sobre alojamiento, horario, conservación, visitas,
comunicaciones, traslado, registros y las demás relativas al régimen interior del Centro o
de los Establecimientos Penitenciarios;
XI. Impedir o entorpecer el tratamiento de los demás internos;
XII. Introducir o poseer Artículos no autorizados;
XIII. Realizar apuestas;
XIV. Efectuar llamadas telefónicas no autorizadas;
XV. Efectuar actos que impliquen sometimiento o subordinación a otros internos;
XVI. Alterar el orden y la disciplina en los Centros o Establecimientos Penitenciarios;
XVII. Entrar, permanecer o circular en áreas de acceso restringido;
XVIII. Dañar o modificar el uniforme o la ropería autorizada;
XIX. Estropear bienes u objetos de otro interno;
XX. Deteriorar o afectar las instalaciones o el equipo de los Centros o Establecimientos
Penitenciarios;
XXI. Participar en riñas, autoagresiones o agresión a un tercero;
XXII. Robar objetos propiedad de otro interno, de los Centros, Establecimientos
Penitenciarios o de cualquier otra persona, así como sustraer material o herramientas de
los talleres;
XXIII. Agredir o amenazar física o verbalmente a un interno o a cualquier otra persona;
XXIV. Participar en planes de evasión o intentar evadirse;
XXV. Consumir, poseer, traficar o comercializar bebidas alcohólicas, psicotrópicos,
estupefacientes, medicamentos controlados o sustancias tóxicas;
XXVI. Interferir o bloquear las instalaciones estratégicas, los sistemas y equipos
electrónicos de seguridad u obstruir las funciones del personal de seguridad;
XXVII. Promover o participar en motines o en actos de resistencia organizada;
XXVIII. Poner en peligro, de cualquier forma, la seguridad de los Centros o
Establecimientos Penitenciarios, su vida o integridad física, así como la de otros internos o
cualquier otra persona;
XXIX. Introducir, poseer, portar, fabricar o traficar cualquier tipo de arma u objeto
prohibido;
XXX. Sobornar al personal de los Centros, de los Establecimientos Penitenciarios o
hacerlo incurrir en actos indebidos e irregulares;
XXXI. Cometer, auxiliar o provocar agresiones sexuales;
XXXII. Abstenerse de ingerir sus alimentos sin razón justificada, y
XXXIII. Infringir los demás deberes legales y reglamentarios propios de los internos.
Artículo 109
Sólo el Director del Centro o Jefe de Establecimiento respectivo podrá imponer las
medidas disciplinarias previstas por esta Ley y por el reglamento respectivo. El interno
podrá denunciar la comisión de abusos en la aplicación de correcciones, recurriendo para
ello ante el Juez de Ejecución, el cual estará facultado para subsanar las anomalías que
se hubieren cometido en perjuicio del interno, de resultar procedente.
Artículo 110
El procedimiento de disciplina de un interno se iniciará:
I. A petición del área de seguridad penitenciaria, por motivo de un reporte o del parte de
novedades diarias;
II. A propuesta del área técnica, por contar con elementos suficientes para considerar que
la conducta del interno amerita la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley o en el
Reglamento Interior respectivo, y
III. Por queja o denuncia de cualquier persona, que acredite la transgresión a la
normatividad por parte de un interno.
Artículo 111
Para la imposición de las medidas disciplinarias se otorgará al probable infractor la
garantía de audiencia, a fin de que, por escrito o verbalmente, ofrezca pruebas y
manifieste lo que a su derecho convenga.
Previo análisis y valoración de los argumentos y pruebas que haga valer el probable
infractor se resolverá lo conducente.
La resolución que determine la medida disciplinaria deberá estar fundada y motivada,
describirá en forma sucinta las causas por las que se impute la falta de que se trate al
interno, contendrá las manifestaciones que en su defensa haya hecho y la medida
disciplinaria impuesta.
Dicha resolución deberá notificarse al Juez de Ejecución para su vigilancia, con
independencia de que el interno se inconforme con la medida.
Artículo 112
Las sanciones que se impongan a cada interno se anotarán en el expediente personal
respectivo. En caso de que la falta cometida pudiere constituir algún delito, se hará la
denuncia respectiva ante el Ministerio Público.
CAPÍTULO VIII
MEDIDAS ESPECIALES DE VIGILANCIA
Artículo 113
Son causas para la imposición de medidas de vigilancia especial a los sentenciados que
requieren medidas especiales de seguridad, las siguientes:
I. Que el interno obstaculice el proceso penal en su contra o el desarrollo de
investigaciones a cargo del Ministerio Público;
II. Que el interno cometa o intente cometer probables conductas delictivas, o exista riesgo
fundado de que se evada de la acción de la justicia, y
III. Que el interno realice o intente realizar actos que pongan en peligro bienes relevantes
como la vida, la seguridad de los Centros o la integridad de los internos, de las visitas y del
personal penitenciario.
Artículo 114
Las medidas especiales de vigilancia podrán consistir en:
I. Instalación de cámaras de vigilancia en los dormitorios, módulos, locutorios, niveles,
secciones y estancias;
II. Traslado a módulos especiales para su observación;
III. Cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama;
IV. Supervisión ininterrumpida de los módulos y locutorios;
V. Vigilancia permanente de todas las instalaciones del Centro o Establecimiento
Penitenciario;
VI. El traslado a otro centro de reclusión;
VII. Aplicación de los tratamientos especiales que determine la Dirección del Centro o la
Jefatura del Establecimiento Penitenciario, con estricto apego a las disposiciones legales
aplicables;
VIII. La prohibición de comunicación, salvo con el defensor, y
IX. El aislamiento temporal.
La aplicación de las medidas especiales de vigilancia no será consecutiva, sino iva de
acuerdo al riesgo previsible, pudiendo aplicarse más de una a la vez.
Artículo 115
Las medidas especiales de vigilancia serán ordenadas por el Director del Centro o el Jefe
del Establecimiento Penitenciario, sin trámite.
Artículo 116
El aislamiento es una medida especial de vigilancia, por lo tanto no deberá realizarse en
celdas de castigo.
Las medidas de aislamiento no podrán imponerse respecto de las mujeres embarazadas,
ni de las madres que conviven con sus hijos al interior de los establecimientos de privación
de libertad.
El aislamiento sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y
como un último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para salvaguardar
intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos y para proteger
derechos humanos, como la vida e integridad de las mismas personas privadas de libertad
o del personal de dichas instituciones.
Artículo 117
Las medidas especiales de vigilancia deberán ser comunicadas al Juez de Ejecución para
su vigilancia, con independencia de que el interno se inconforme con la medida.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DE LA LEY
CAPÍTULO I
DEL JUEZ DE EJECUCIÓN
Artículo 118
Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en sus
respectivos nombramientos y se auxiliarán del personal que permita el presupuesto.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia podrá establecer y modificar la
competencia y jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución, en términos de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El Juez de Ejecución vigilará el respeto a las finalidades constitucionales y legales de la
sanción y de las medidas de seguridad, para lo cual, podrá hacer comparecer ante sí a los
sentenciados o a los servidores públicos del Sistema, con fines de vigilancia y control de la
ejecución.
Artículo 119
El Juez de Ejecución tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I. Controlar que la ejecución de toda sanción o medida de seguridad se realice de
conformidad con la sentencia irrevocable que la impuso, garantizando la legalidad y
demás derechos y garantías que asisten al sentenciado durante la ejecución de las
mismas;
II. Mantener, sustituir, suspender, modificar, revocar o hacer cesar la sanción y las
medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento, en los términos de la
presente Ley;
III. Vigilar el cumplimiento de las sentencias que concedan sustitutivos penales o la
suspensión condicional de la condena;
IV. Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas a inimputables;
V. Librar las órdenes de aprehensión que procedan en ejecución de sentencia;
VI. Declarar la extinción de la sanción o medida de seguridad cuando proceda;
VII. Visitar los Centros con el fin de constatar el respeto de los derechos humanos y
penitenciarios de los internos y proponer las medidas correctivas que estime convenientes
dándoles el seguimiento correspondiente;
VIII. Solicitar información sobre el Programa de Reinserción Social aplicado a los internos;
IX. Resolver el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las
penas o medidas de seguridad impuestas en la sentencia definitiva;
X. Vigilar el cumplimiento de las sanciones distintas a la privativa de libertad;
XI. Resolver las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen o
el tratamiento penitenciario, en cuanto afecten sus derechos y beneficios;
XII. Atender las quejas que formulen los internos sobre medidas disciplinarias o medidas
especiales de vigilancia, previo informe de la autoridad responsable, modificar las mismas
y formular, en su caso, las recomendaciones que estime convenientes;
XIII. Resolver, en audiencia oral, todas las peticiones o planteamientos de las partes,
relativos a la revocación de cualquier beneficio o sustitutivo concedido a los sentenciados
por la autoridad judicial competente, y en aquellos casos en que deba resolverse sobre los
beneficios de libertad anticipada o respecto a la libertad definitiva y todas aquellas
peticiones que por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de prueba;
XIV. Decretar como medidas de seguridad, la custodia del interno que padezca
enfermedad mental de tipo crónico e irreversible a cargo de una institución del sector
salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de
tipo asilar;
XV. Resolver las peticiones de traslado que formule la Dirección, los internos o
autoridades de otras entidades federativas;
XVI. Aplicar una ley más benigna o la jurisprudencia que favorezca al sentenciado;
XVII. Sustanciar el procedimiento para el cumplimiento del pago de la reparación del
daño;
XVIII. Garantizar a los sentenciados su defensa en el procedimiento de ejecución;
XIX. Autorizar o negar la salida temporal de los internos por causas de nacimiento,
fallecimiento o enfermedad grave de padres o hijos; para recibir atención médica
especializada, cuando el propio Centro no se la pueda proporcionar en cantidad y calidad;
XX. Conocer los incidentes que surjan con motivo de la ejecución de las sanciones, y
XXI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos establezcan.
Artículo 120
Las decisiones inherentes a la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad,
partirán de la información técnico jurídica que proporcione la Dirección General; informes
que se regirán por los principios de especialidad y objetividad.
CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
Artículo 121
La Dirección General será la responsable de la ejecución, coordinación y vigilancia, en su
caso, de las sanciones en los términos que establezca esta Ley y demás disposiciones
aplicables y estará a cargo de un Director General que será designado por el
Ejecutivo del Estado.
La Dirección contará con el personal administrativo, técnico, jurídico y demás que se
requiera, de acuerdo a lo que determine el presupuesto.
Artículo 122
Para ser titular de la Dirección General se requiere cumplir los requisitos siguientes:
I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Ser licenciado en Derecho;
III. Tener experiencia en materia penitenciaria;
IV. Acreditar y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, y
V. Las demás que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables.
Artículo 123
A la Dirección General le corresponde:
I. En materia de sanciones y medidas de seguridad:
a) Ejecutar la sanción de prisión, sus modalidades y las resoluciones del Juez de
Ejecución que de ellas deriven;
b) Coordinar y vigilar la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad dispuestas de
la presente Ley, y
c) Proponer al Juez de Ejecución, el otorgamiento de beneficios previstos por la Ley, con
el auxilio de los Consejos de cada Centro, en los términos de esta Ley y demás
disposiciones aplicables.
II. Dentro del Sistema:
a) Adoptar las medidas convenientes para la prevención del delito orientadas a que los
internos no reincidan en la comisión de conductas delictivas, coadyuvando con las demás
Instituciones Públicas afines a la Política Criminológica;
b) Elaborar y ejecutar los planes y programas relacionados con el Sistema;
c) Integrar, planear, organizar, administrar, coordinar y dirigir, previo acuerdo con el
Secretario, la política penitenciaria de la entidad por medio del sistema integral de
reclusión readaptación, reinserción y reintegración social;
d) Implementar medidas para mejorar el funcionamiento administrativo y técnico de los
Centros de Reinserción Social, así como para atender las necesidades de los internos y
las sugerencias o quejas de sus familiares o defensores;
e) Proponer al Ejecutivo del Estado criterios generales, reglamentos interiores de los
Centros, normas administrativas y técnicas de los Centros con estricto apego al principio
de no discriminación y vigilar su exacta aplicación;
f) Intercambiar, trasladar, custodiar, vigilar y brindar tratamiento a toda persona que fuere
privada de su libertad por orden de los tribunales del Estado o de la autoridad competente,
desde el momento de su ingreso a cualquier Centro o establecimiento penitenciario;
g) Supervisar la aplicación del Programa de Reinserción Social en todas sus etapas que
se brinde a las personas internas;
h) Asistir a las personas liberadas, organizando patronatos, fomentando la formación de
cooperativas, fideicomisos u otros entes similares y celebrando convenios de coordinación
con instituciones de los distintos órdenes de gobierno o de la sociedad civil;
i) Llevar estadísticas para determinar los factores criminógenos con fines de prevención
social en el Estado, y
j) Las demás que se establezcan en esta Ley y otras disposiciones legales y normativas.
Artículo 124
La Dirección General deberá conformar y actualizar, permanentemente, un registro de
sanciones y medidas de seguridad, su sustitución, modificación o cancelación; así como
de los sustitutivos penales, la suspensión de la ejecución de la pena y demás penas
aplicables, dictadas por las autoridades judiciales competentes.
Artículo 125
Con el objeto de cumplir con las atribuciones antes señaladas, la Dirección General
podrá:
I. Solicitar la presencia de los sentenciados con fines de información, registro y control de
las sanciones y medidas de seguridad decretadas, así como acudir a los domicilios
proporcionados por aquéllos con el objeto de constatar la información proporcionada;
II. Requerir la información y documentación a las autoridades auxiliares e integrar un
informe técnico para su remisión al Juez de Ejecución en el que se especifiquen las
circunstancias particulares del cumplimiento, incumplimiento o irregularidad en las
sanciones y medidas de seguridad decretadas, así como la imposibilidad material para la
ejecución de las mismas, y
III. Implementar en coordinación con las autoridades auxiliares, programas y protocolos
orientados a la eficacia y cumplimiento de las sanciones y medidas judiciales a su cargo.
Artículo 126
Para el cumplimiento de las determinaciones judiciales dictadas en sentencia firme, o de
las resoluciones posteriores que las extingan, sustituyan o modifiquen, la autoridad judicial
competente remitirá copia certificada de sus acuerdos a la Dirección General, la que, de
conformidad a la naturaleza de aquellas, las ejecutará por conducto del Centro, o bien,
coordinará y vigilará la ejecución que quede a cargo de las autoridades auxiliares o
instituciones públicas o privadas, dando cuenta oportuna a la autoridad judicial
correspondiente sobre su cumplimiento.
Artículo 127
La comunicación entre la autoridad judicial competente y aquellas que auxilien en la
ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, se llevará a cabo por conducto de la
Dirección General, salvo disposición en contrario.
CAPÍTULO III
AUTORIDADES AUXILIARES
Artículo 128
Para la debida ejecución de las sanciones y medidas de seguridad impuestas por la
autoridad judicial, el Poder Ejecutivo del Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de
las funciones que en su caso correspondan a las autoridades auxiliares a que se refiere
esta Ley.
Son autoridades auxiliares en el ámbito respectivo de su competencia:
I. La Secretaría de Seguridad Pública;
II. La Procuraduría General de Justicia;
III. La Secretaría de Finanzas;
IV. Los Servicios de Salud;
V. La Secretaría de Educación;
Fracción reformada POG 23-03-2013
VI. La Secretaría de Desarrollo Social;
Fracción reformada POG 23-03-2013
VII. La Secretaría de Economía;
Fracción reformada POG 23-03-2013
VIII. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas;
IX. El Instituto de Cultura Física y Deporte, y
X. Las demás a quienes ésta y otras leyes les confieran tal carácter.
Artículo 129
Corresponde a las autoridades auxiliares:
I. Coadyuvar en la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad en la forma y
términos previstos por esta Ley, y de acuerdo a la naturaleza y modalidades específicas
de las mismas;
II. Establecer conjuntamente con la Dirección General, programas y protocolos orientados
a la eficacia y cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad a su cargo;
III. Determinar, con base en un dictamen técnico debidamente justificado, sobre la
conveniencia de mantener, revisar, sustituir, modificar o hacer cesar la sanción o medida
de seguridad vigilada, y
IV. Informar al Juez de Ejecución y a la Dirección General, en su caso, sobre el
cumplimiento, incumplimiento o cualquier irregularidad detectada.
Artículo 130
Corresponde a los ayuntamientos, auxiliar a la Dirección General en la ejecución de las
sanciones y medidas de seguridad impuestas y durante la fase de tratamiento, cuando se
refieran a sentenciados que residan en el lugar donde ejerzan su autoridad, en los casos
previstos por esta Ley.
TÍTULO TERCERO
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 131
Para la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, el órgano judicial que dictó la
sentencia irrevocable deberá:
I. Tratándose de la sanción de prisión:
a) Si el sentenciado estuviere sujeto a prisión preventiva, ponerlo a disposición jurídica del
Juez de Ejecución, remitiéndole copia certificada de su resolución, a efecto de integrar el
expediente respectivo, dando inicio al procedimiento de ejecución, para el cumplimiento de
la sanción impuesta, y
b) Si el sentenciado estuviere en libertad, ordenar inmediatamente su aprehensión y, una
vez efectuada, proceder de conformidad con el inciso anterior. En este caso, el Juez de
Ejecución pondrá al sentenciado a disposición material de la Dirección General, a efecto
de que la sanción se compurgue en algún Centro a cargo de la misma.
II. Tratándose de penas no privativas de libertad, remitir copia certificada de la misma al
Juez de Ejecución, a efecto de que éste inicie el procedimiento de ejecución.
Artículo 132
El cómputo de la sanción o medida de seguridad será siempre modificable, aún de oficio,
por el Juez de Ejecución, si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias lo
tornen necesario.
La fecha del cumplimiento de la pena se comunicará inmediatamente al sentenciado.
Artículo 133
El juez de Ejecución podrá acordar la modificación de la sentencia, de oficio o a petición
de parte, y previo el informe, debidamente fundado y motivado, que al respecto rinda la
Dirección General en el sentido de que el sentenciado no puede cumplir alguna de las
circunstancias de la sanción que le fue impuesta, por ser incompatible con su edad, salud
o condición física.
Las modificaciones de la sanción por incompatibilidad de la pena será procedente cuando
ocurran los requisitos siguientes:
I. Que el interno este a disposición del Juez de Ejecución para los efectos del
cumplimiento de la pena que le haya sido impuesta;
II. Que respecto a la sentencia que esté cumpliendo el interno no esté pendiente de
resolverse ningún recurso o juicio que pudiera modificarla;
III. Que el daño haya sido reparado o se exhiba garantía suficiente para repararlo, o en su
caso, que la víctima le libere de la obligación de pagar el daño.
IV. Que se recaben los dictámenes periciales necesarios e idóneos;
V. Que lo recomiende en resolución fundada y motivada el Consejo Técnico
Interdisciplinario;
VI. Que el sentenciado se encuentre en estado de involución física y mental;
VII. Para el caso de que el factor a considerar sea la edad, adicionalmente a los requisitos
anteriores el sentenciado deberá tener, cuando menos, sesenta y cinco años cumplidos al
día en que empiece a disfrutar de dicho beneficio, o bien, de no alcanzar la edad anterior,
que sufra el sentenciado de enfermedad incurable y se tenga un periodo de vida precario;
VIII. Que su familia se responsabilice de él en los términos de la legislación aplicable, y
IX. Que a juicio del juez de Ejecución correspondiente, el sentenciado no represente
peligrosidad, o bien, por razones de salud, se encuentre en estado de involución y por lo
mismo, la prisión del reo, sea contraria al sistema de reinserción social.
Este beneficio podrá ser revocado por el Juez de Ejecución, si los resultados de la
vigilancia ejercida sobre el beneficiario reflejan peligrosidad o que su conducta sea
inadecuada y, por tanto, probable su reincidencia.
La revocación se podrá llevar a cabo sin perjuicio de tomar las medidas necesarias para
su atención y tratamiento médico pudiendo, en su caso, auxiliarse de las autoridades
sanitarias para que sea canalizado a alguna institución donde se le brinde atención médica
y vigilancia.
Artículo 134
Cuando el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, advierta que debe quedar sin
efecto o ser modificada la sanción impuesta, o las condiciones de su cumplimiento, por
haber entrado en vigencia una ley más benigna o jurisprudencia más favorable, revisará el
caso y resolverá lo conducente.
Artículo 135
Al recibir copia certificada de la sentencia ejecutoriada en la que se imponga una sanción
o medida de seguridad, el Juez de Ejecución dará inicio al procedimiento de ejecución
penal estableciendo la forma, términos y condiciones en que se cumplirá la sanción o
medida de seguridad impuesta.
Dicha resolución será notificada a la Dirección General, al sentenciado, a su defensor, al
Ministerio Público, a la víctima y a las autoridades auxiliares en su caso.
Artículo 136
Para hacer cumplir sus determinaciones los jueces de ejecución podrán emplear los
medios de apremio establecidos en el Código Procesal.
Artículo 137
El Código Procesal será de aplicación supletoria en todo lo no previsto por esta Ley en
cuanto a la actividad procesal de los jueces de ejecución y de la Sala competente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
SECCIÓN SEGUNDA
AUDIENCIA ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN
Artículo 138
Para llevar a cabo la audiencia a que se refiere la fracción XIII del Artículo 119 de esta
Ley, el Juez de Ejecución se sujetará a los principios de publicidad, contradicción,
concentración, continuidad e inmediación y a las siguientes reglas:
I. Notificará previamente a los intervinientes, entre ellos a la víctima, al menos con siete
días hábiles de anticipación a la celebración de la audiencia. En la audiencia deberán
estar presentes el Ministerio Público, el o los funcionarios de la Dirección General que
sean designados para tal efecto, el sentenciado y su defensor. La presencia de la víctima
no será requisito de validez para la celebración de la audiencia, cuando por cualquier
circunstancia no pudiere comparecer, o no sea su deseo hacerlo y quede constancia de
ello;
II. Si se requiere producción de prueba con el fin de sustentar la revisión, sustitución,
modificación, revocación o cese de la sanción o medida de seguridad impuesta, la parte
oferente deberá anunciarla con cinco días hábiles de anticipación para los efectos de dar
oportunidad a su contraria, para que tenga conocimiento de la misma y esté en aptitud de
ofrecer prueba de su parte. Sólo se desahogará la prueba que sea pertinente e idónea a
juicio del Juez de Ejecución conforme a los requisitos establecidos en el Código Procesal;
III. Dirigirá el debate y ejercerá el poder de disciplina en la audiencia;
IV. Las resoluciones deberán emitirse en la propia audiencia después de concluido el
debate. Excepcionalmente, en casos de extrema complejidad, el Juez de Ejecución
resolverá en un plazo máximo de setenta y dos horas;
V. Valorará los medios de prueba rendidos en la audiencia, conforme a las reglas
generales establecidas en el Código Procesal, y
VI. Decidirá por resolución fundada y motivada, de la que deberá entregarse copia
certificada a la Dirección General para su conocimiento
Artículo 139
La audiencia se llevará a cabo por el Juez de Ejecución, conforme a las siguientes
disposiciones:
I. El día y hora fijados para su celebración, el Juez de Ejecución se constituirá en la sala
de audiencias con la asistencia de los intervinientes;
II. Verificará las condiciones para que se rinda, en su caso, la prueba ofrecida;
III. Declarará iniciada la audiencia y a continuación identificará a los intervinientes;
IV. Dará una breve explicación de los motivos de la audiencia y una lectura resumida del
auto en el que acordó la celebración de la audiencia;
V. Procederá a dar el uso de la palabra a los intervinientes de la siguiente manera:
a) En primer lugar al oferente de la petición o solicitud respectiva; si es el defensor,
enseguida se dará el uso de la palabra al sentenciado;
b) Posteriormente al Ministerio Público y al funcionario de la Dirección General, y
c) A la víctima, si se encuentra presente en la audiencia.
VI. Quedará a su arbitrio la concesión del derecho de réplica y dúplica, cuando el debate
así lo requiera, y
VII. Declarará cerrado el debate y dictará la resolución procedente en los términos
establecidos en la presente Ley.
Artículo 140
Las notificaciones y los actos procesales relativos a los medios de prueba, en el
procedimiento de ejecución penal, se ajustarán a las directrices generales que se
contienen en el Código Procesal.
SECCIÓN TERCERA
INCIDENTES
Artículo 141
Se plantearán incidentes para resolver:
I. Cuestiones relacionadas con la reparación del daño, promovidas por el Ministerio
Público o la víctima, y
II. Cuestiones que de alguna forma beneficien la situación jurídica del sentenciado y que
no se refieran a las previstas en el artículo 119 fracción XIII de esta Ley, promovida por
éste o su defensor o a solicitud de la Dirección General.
Artículo 142
Con el auto que admita el incidente, el Juez de Ejecución dará vista del planteamiento a
las otras partes por el término de tres días hábiles comunes, y citará a una audiencia
incidental a celebrarse dentro de los quince días hábiles siguientes.
Se notificará a los intervinientes, al menos con tres días hábiles de anticipación a la
celebración de la audiencia.
En la audiencia, deberán estar presentes el Ministerio Público, el sentenciado y su
defensor y el funcionario que represente a la Dirección General. La presencia del
beneficiario, su causa habiente o la víctima o su asesor jurídico no será requisito de
validez para la celebración de la audiencia, cuando por cualquier circunstancia no pudiere
comparecer o no sea su deseo hacerlo y quede constancia de ello.
Antes y durante la audiencia, el sentenciado tendrá derecho a comunicarse con su
defensor para consultar cualquier situación que se relacione con el objeto del incidente.
Si se requiere producción de prueba, la parte oferente deberá anunciarla con tres días
hábiles de anticipación para los efectos de dar oportunidad a su contraria a que tenga
conocimiento de la misma y esté en aptitud de controvertirla o de ofrecer prueba de su
parte.
El Ministerio Público, el sentenciado y su defensor, el funcionario que asista en
representación de la Dirección General, así como el beneficiario o su causahabiente y su
asesor jurídico podrán intervenir y replicar cuantas veces lo autorice el Juez de Ejecución.
Los medios de prueba ofrecidos se recibirán en la audiencia en el orden indicado por el
oferente o en el orden que indique el Juez de Ejecución si las partes lo hubieren omitido.
El Juez de Ejecución para asegurar el orden en las audiencias o restablecerlo cuando
hubiere sido alterado, podrá aplicar como corrección disciplinaria cualquiera de las
previstas en el Código Procesal.
El Juez de Ejecución valorará la prueba desahogada en la audiencia libremente con
aplicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas
de la experiencia a la luz de la sana crítica.
Las resoluciones deberán emitirse inmediatamente después de concluido el debate.
Excepcionalmente, en casos de extrema complejidad, el juez resolverá en un plazo
máximo de setenta y dos horas.
De la resolución pronunciada deberá entregarse copia certificada a la Dirección General
para su conocimiento y efectos legales.
Artículo 143.- El día y hora fijados para la celebración de la audiencia, el Juez de
Ejecución se constituirá en la sala de audiencias con la asistencia de los intervinientes que
serán previamente identificados. Verificará en su caso que existan las condiciones para
que se rinda la prueba ofrecida y declarará iniciada la audiencia.
El Juez de Ejecución dará una breve explicación de los motivos de la misma y una lectura
resumida del auto que acordó su celebración y concederá la palabra al promovente de la
petición o solicitud respectiva para que exponga sucintamente los fundamentos de hecho y
de derecho en que apoya la misma y una descripción de los medios de prueba que
utilizará para demostrarla; si es el defensor enseguida se ofrecerá la palabra al
sentenciado, luego al Ministerio Público y al representante de la Dirección General y si
está presente al beneficiario o su causahabiente, a la víctima o a su asesor jurídico.
Terminado el desahogo de los medios de prueba se concederá nuevamente la palabra a
los intervinientes en el mismo orden para que emitan sus alegatos finales, los cuales
deberán circunscribirse a las cuestiones de hecho y de derecho que fueron objeto del
debate y al resultado de las pruebas que se produjeron para demostrar la pretensión que
dio origen al incidente. A continuación el juez declarará cerrado el debate y dictará la
resolución que proceda.
SECCIÓN CUARTA
APELACIÓN
Artículo 143
El día y hora fijados para la celebración de la audiencia, el Juez de Ejecución se
constituirá en la sala de audiencias con la asistencia de los intervinientes que serán
previamente identificados. Verificará en su caso que existan las condiciones para que se
rinda la prueba ofrecida y declarará iniciada la audiencia.
El Juez de Ejecución dará una breve explicación de los motivos de la misma y una lectura
resumida del auto que acordó su celebración y concederá la palabra al promovente de la
petición o solicitud respectiva para que exponga sucintamente los fundamentos de hecho y
de derecho en que apoya la misma y una descripción de los medios de prueba que
utilizará para demostrarla; si es el defensor enseguida se ofrecerá la palabra al
sentenciado, luego al Ministerio Público y al representante de la Dirección General y si
está presente al beneficiario o su causahabiente, a la víctima o a su asesor jurídico.
Terminado el desahogo de los medios de prueba se concederá nuevamente la palabra a
los intervinientes en el mismo orden para que emitan sus alegatos finales, los cuales
deberán circunscribirse a las cuestiones de hecho y de derecho que fueron objeto del
debate y al resultado de las pruebas que se produjeron para demostrar la pretensión que
dio origen al incidente. A continuación el Juez de Ejecución declarará cerrado el debate y
dictará la resolución que proceda.
Artículo 144
El recurso de apelación contra resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de la
sentencia tiene por objeto estudiar la legalidad de la resolución impugnada, para resolver,
en consecuencia, que el Juez de Ejecución no aplicó esta Ley o la aplicó inexactamente, si
se violaron las reglas de valoración de la prueba, si la resolución es contraria a las
actuaciones o no se fundó o motivó correctamente, con la finalidad de que la Sala
competente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante un procedimiento
sumario, confirme, revoque o modifique la resolución apelada.
Artículo 145
El derecho de interponer el recurso de apelación, corresponde al Ministerio Público, a la
Dirección General, al sentenciado y a su defensor y, en su caso, a la víctima, su
causahabiente o su asesor jurídico.
Artículo 146
Para que el recurso de apelación se considere procedente, es necesario que al
interponerse se exprese por el recurrente la causa de pedir que lo motive.
Por causa de pedir se entiende la expresión del agravio o lesión que causa el acto
impugnado, así como los motivos que originaron ese agravio.
Artículo 147
El recurso de apelación es procedente contra las siguientes resoluciones:
I. Las que decidan sobre el otorgamiento, modificación o la revocación de cualquier
beneficio concedido a los sentenciados sobre la libertad anticipada;
II. Las que declaren la extinción de la sanción penal;
III. Las que sustituyan la pena de prisión por una medida de seguridad;
IV. Las que decidan sobre la extinción de la pena o medida de seguridad impuesta al
sentenciado por aplicación de una ley más benigna o jurisprudencia más favorable;
V. Las que determinen todo lo relacionado con la reparación del daño;
VI. Las que establezcan el cálculo y los términos de las penas privativas de libertad;
VII. Las que definan sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación
con el régimen y tratamiento penitenciario, y
VIII. Las que atiendan las quejas que formulen los internos sobre medidas disciplinarias y
medidas especiales de vigilancia.
Artículo 148
El recurso de apelación se interpondrá por escrito ante el mismo Juez de Ejecución que
dictó la resolución dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, expresando
agravios en el mismo escrito.
Artículo 149
Presentado el recurso, el Juez de Ejecución, sin más trámite y dentro del término de cinco
días hábiles, remitirá las actuaciones y registros a la Sala competente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado a fin de que resuelva en definitiva.
Recibidas las actuaciones, la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
resolverá dentro de los tres días hábiles siguientes sobre la admisión del recurso y
señalará fecha para la audiencia que se llevará a cabo dentro de los cinco días hábiles
siguientes con excepción de las resoluciones negativas que atiendan quejas sobre
presuntas violaciones directas a los derechos humanos, en cuyo caso, la fecha para la
audiencia no podrá exceder del plazo de tres días hábiles.
La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan, quienes podrán hacer uso de
la palabra sin que se admitan réplicas. El sentenciado será representado por su defensor y
en caso de que pueda asistir a la audiencia no se podrá cerrar la misma sin haber dado el
uso de la palabra al sentenciado. En la audiencia el o los Magistrados que integran la Sala
podrán interrogar a los intervinientes sobre las cuestiones planteadas en el recurso.
Expuestos los argumentos de las partes, la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado dictará de inmediato resolución, confirmando, revocando o modificando
la resolución recurrida y si ello no fuere posible, la emitirá dentro del plazo de tres días
hábiles siguientes a la celebración de la audiencia y la dará a conocer a los intervinientes.
CAPÍTULO II
PRISIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 150
La sanción de prisión será ejecutada por la Dirección General a través de los Centros que
designe el Juez de Ejecución.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA
Artículo 151
Los beneficios de libertad anticipada son aquellos otorgados por el Juez de Ejecución,
cuando el sentenciado reúna los requisitos establecidos para cada modalidad, los cuales
son:
I. Remisión Parcial de la Pena;
II. Prelibertad;
III. Libertad Condicional, e
IV. Indulto.
Artículo 152
El otorgamiento del beneficio se solicitará al Juez de Ejecución por el sentenciado que
considere tener derecho a él, o a propuesta de la Dirección General, dando inicio al
procedimiento previsto en esta sección.
Artículo 153
El Juez de Ejecución resolverá respecto al otorgamiento de los beneficios señalados en
esta sección, tomando en consideración que la reinserción del sentenciado a la sociedad
no represente un peligro para la misma, para la víctima del delito o para los testigos que
depusieron en su contra y la probabilidad de que no vuelva a delinquir.
Artículo 154
Podrán negarse los beneficios a que se refiere esta Ley, a los internos que participen en
una fuga o motín, o que sean sentenciados por los delitos de secuestro, homicidio
calificado, violación y robo con violencia, de acuerdo a las agravantes que establece el
Código Penal del Estado de Zacatecas.
Artículo 155
Los beneficios se revocarán por el Juez de Ejecución, cuando el liberado incurra en alguna
de las siguientes causales:
I. Sea procesado por la comisión de otro delito y se ordene la prisión preventiva;
II. Fuere sentenciado por diverso delito doloso mediante sentencia que haya causado
ejecutoria, en cuyo caso, será de oficio la revocación. Tratándose de delito culposo, de
acuerdo con la gravedad de la culpa se podrá revocar o mantener el beneficio otorgado;
III. Cause molestias a la víctima del delito, a sus familiares o a los testigos. Para este
efecto, el interesado en que se revoque el beneficio deberá acreditar los actos de molestia
ante el Juez de Ejecución, con el auxilio del Ministerio Público;
IV. No resida o deje de residir en el lugar que se haya determinado, del cual no podrá
ausentarse sin el permiso del Juez de Ejecución, o
V. Deje de presentarse injustificadamente por una ocasión ante la Dirección General o la
autoridad que se determine.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo, la Dirección
General, una vez que conozca de dicha circunstancia deberá notificar de manera
inmediata al Juez de Ejecución.
Para el efecto, de las fracciones IV y V, la Dirección General proporcionará la información
necesaria para acreditar estas circunstancias ante el Juez de Ejecución.
El sentenciado cuyo beneficio haya sido revocado, cumplirá el resto de la pena impuesta.
Los nuevos procesos a que se refiere este artículo interrumpen los plazos para extinguir la
pena.
Artículo 156
Una vez revocado algunos de los beneficios referidos en esta Ley, el Juez de Ejecución
dictará la orden de aprehensión del sentenciado para que cumpla la parte de la pena
privativa de libertad que le falte por compurgar.
Artículo 157
Por cada día de trabajo efectivo del interno, se hará remisión de uno en prisión, siempre
que observe buena conducta, se integre con regularidad a los tratamientos educativos, de
deporte y recreación que se organicen en el Centro o Establecimiento Penitenciario y que
a juicio del Juez revele, por otros datos, efectiva tendencia a la reinserción social.
Artículo 158
La reinserción social del interno, será el factor determinante para conceder o negar la
remisión parcial de la pena, la cual en ningún caso podrá fundarse exclusivamente en los
trabajos realizados por el interno, o en su participación en actividades educativas, o en su
buena conducta, sino que siempre será necesario que concurran todos y cada uno de los
mencionados requisitos que hagan indubitable el avance en el proceso de reinserción.
En todo caso, el reconocimiento a la remisión parcial de la pena, será hecho efectivo al
dictarse sentencia condenatoria que haya causado ejecutoria y será retroactivo a la fecha
en que el interno fue autorizado para trabajar.
Artículo 159
La Dirección General programará a los internos que conforme a esta Ley deban ser
valorados para la remisión parcial de la pena.
Artículo 160
La remisión de la pena se concederá sin perjuicio de cualquier otro beneficio concedido
por esta Ley a los internos.
SECCIÒN TERCERA
PRELIBERTAD
Artículo 161
El objeto de la Prelibertad es la reinserción social del interno. Es una etapa previa a la
libertad condicional o a la libertad absoluta por la aplicación de la remisión parcial de la
pena y comprenderá la continuación de la atención técnica interdisciplinaria
correspondiente.
Artículo 162
La Prelibertad se podrá otorgar un año antes a la fecha en que el interno esté en tiempo
de obtener su libertad condicional o absoluta, en correlación con el beneficio de la
remisión parcial de la pena.
Artículo 163
La Prelibertad contendrá:
I. Información y orientación especiales con el interno y sus familiares de los aspectos
personales y prácticos de su vida en libertad;
II. La preparación del sentenciado respecto de su corresponsabilidad social;
III. Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento penitenciario;
IV. Salida diaria a trabajar o estudiar con reclusión nocturna y salida los sábados y
domingos para convivir con su familia, y
V. Reclusión los sábados y domingos para tratamiento técnico.
SECCIÓN CUARTA
LIBERTAD CONDICIONAL
Artículo 164
La Libertad Condicional se otorgará a los internos sancionados con penas de privación de
libertad por dos años o más, cuando se satisfagan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
I. Que el interno esté a disposición de la autoridad judicial ejecutora para los efectos del
cumplimiento de la pena que le haya sido impuesta;
II. Que respecto a la sentencia que esté cumpliendo el interno, no esté pendiente de
resolverse ningún recurso o juicio que pudiera modificarla;
III. Que muestre repuestas cuantificables de evolución al tratamiento institucional, mismos
que serán informados por el Consejo Técnico Interdisciplinario;
IV. Que el interno haya compurgado las dos terceras partes de su condena;
V. Ofrecer dedicarse a un oficio, arte, industria, profesión o cualquier otro modo honesto
de vivir y acatar las condiciones que señale el Juez de Ejecución;
VI. Que el interno otorgue garantía a satisfacción del Juez de Ejecución;
VII. Que alguna persona de reconocida solvencia moral y de arraigo, considerándose
como aval moral, se obligue a apoyar a las autoridades ejecutoras, supervisando y
procurando que el liberado cumpla con las obligaciones contraídas al momento de su
liberación;
VIII. Que el interno se obligue y cumpla a residir en el sitio que se determine, siempre que
su permanencia en ese lugar no sea obstáculo para su reinserción u obtención de empleo,
en cuyo caso, el Juez resolverá lo conducente;
IX. Que el interno haya reparado el daño, cuando haya sido sentenciado en este sentido, y
X. Que acate la vigilancia que en forma discreta ejercerá, sobre él, la Dirección General.
Artículo 165
El Titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de conceder el indulto, de conformidad con
lo previsto en el Código Penal para el Estado de Zacatecas.
El indulto extingue las penas impuestas en sentencia ejecutoria salvo el decomiso y la
reparación del daño.
Artículo 166
El sentenciado ocurrirá con su petición de indulto ante el Titular del Ejecutivo, por
conducto del Juez de Ejecución, solicitando que se expidan las constancias respectivas.
Previa la investigación que se realice para la verificación de la procedencia del indulto, el
Ejecutivo emitirá su resolución fundada y motivada. La resolución se comunicará a la
autoridad judicial para los efectos legales correspondientes.
SECCIÓN QUINTA
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 167
El Juez de Ejecución será la autoridad responsable de dar seguimiento, llevar el control y
ejercer vigilancia para que el procedimiento establecido en esta sección se cumpla.
Artículo 168
El cómputo de los términos para el otorgamiento del beneficio de remisión parcial de la
pena se realizará tomando en cuenta la sanción privativa de libertad impuesta, sin
perjuicio de que se haya dictado una nueva sentencia condenatoria por otro delito.
Artículo 169
Si el procedimiento para la concesión de beneficios inicia a propuesta de la Dirección
General, ésta estará obligada a remitir la solicitud al Juez de Ejecución.
El procedimiento se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I. Admitida la solicitud, el Juez solicitará a la Dirección General, se remitan los estudios de
personalidad del sentenciado, el dictamen de evolución al tratamiento preliberacional y el
informe pronóstico final dentro de los sesenta días naturales siguientes a la admisión;
II. Recibidos los estudios y dictámenes, el Juez procederá en los términos de la Sección
Segunda del Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, y
III. La resolución que se dicte será notificada el día de su emisión a todas las partes, para
que se cumpla en sus términos.
Artículo 170
Las peticiones que conforme a lo dispuesto por esta Ley sean notoriamente
improcedentes serán resueltas de inmediato y notificadas al interesado y a la Dirección
General.
SECCIÓN SEXTA
DE LA LIBERTAD DEFINITIVA
Artículo 171
La libertad definitiva se otorgará cuando el sentenciado a pena privativa de libertad haya
cumplido con la sentencia.
Ninguna autoridad judicial o penitenciaria puede, sin causa justificada, aplazar, demorar u
omitir el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, de hacerlo, incurrirá en
responsabilidad administrativa y penal.
Artículo 172
La libertad definitiva que se otorgue conforme a este título, será comunicada de inmediato
al Patronato, para los fines de asistencia post-penitenciaria a que se refiere la presente
Ley.
Artículo 173
Al quedar el sentenciado en libertad definitiva, el Juez de Ejecución le entregará una
constancia de la legalidad de su salida y de la conducta observada durante su reclusión,
en relación con la información proporcionada por la Dirección General.
SECCIÓN SÉPTIMA
LIBERTAD POR REVISIÓN DE SENTENCIA
Artículo 174
La libertad definitiva procederá como consecuencia de la resolución que la determine en el
recurso de revisión, en los términos del Código Procesal.
Artículo 175
Cuando por revisión de sentencia se determine la libertad del sentenciado, la autoridad
judicial en materia penal que haya conocido del recurso remitirá la constancia de su
resolución al Juez de Ejecución, y a la Dirección General, para que sin demora la ejecuten;
así mismo, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al defensor del sentenciado,
para su conocimiento.
SECCIÓN OCTAVA
REHABILITACIÓN DE DERECHOS
Artículo 176
Obtenida la libertad definitiva, el liberado podrá exigir que sean rehabilitados sus derechos
civiles, políticos y de familia, y los demás que hayan sido suspendidos con motivo del
proceso penal y la sanción impuesta, en los términos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas.
Artículo 177
Una vez presentada la solicitud de rehabilitación de sus derechos, el Juez de Ejecución
verificará que el sentenciado haya cumplido la sanción privativa de libertad impuesta o que
la misma se ordenó en el recurso de revisión de sentencia.
Artículo 178
Si la pena impuesta hubiere sido la inhabilitación o suspensión de derechos, por un
período mayor al impuesto para la pena privativa de libertad, no procederá la rehabilitación
por libertad definitiva hasta que la diversa sanción quede cumplida.
Artículo 179
La rehabilitación de los derechos será ordenada por el Juez de Ejecución y dicha
resolución la notificará a la Dirección General y las autoridades auxiliares
correspondientes.
SECCIÓN NOVENA
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA CONDENA
Artículo 180
La Suspensión Condicional de la Condena es un beneficio que la autoridad judicial
concede a todo condenado en sentencia ejecutoria, que reúna los requisitos señalados en
el Código Penal para el Estado de Zacatecas, la cual tiene por objeto suspender la
ejecución o cumplimiento de las sanciones privativas de la libertad.
Artículo 181
La ejecución y vigilancia del cumplimiento de la Suspensión Condicional de la Condena
estará a cargo del Juez de Ejecución y de la Dirección General, en los términos de esta
Ley.
Artículo 182
En caso de haberse nombrado fiador para garantizar la presentación del sentenciado ante
la autoridad siempre que fuere requerido, la obligación de aquél concluirá al transcurrir el
plazo de duración de la sanción privativa de la libertad.
Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, los
expondrá al Juez de Ejecución a fin de que éste, si lo estima procedente, prevenga al
sentenciado para que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá
fijarle, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no hace la presentación.
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado estará obligado a poner el
hecho en conocimiento del Juez para el efecto a que se refiere el párrafo que precede.
Artículo 183
Si durante el término de duración de la sanción privativa de la libertad, desde la fecha en
que la sentencia cause ejecutoria, el condenado no diera lugar a nuevo proceso por delito
doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción
fijada en aquélla y se devolverá la garantía que en su caso se haya otorgado.
En caso de que cometa nuevo delito doloso después de concedido el beneficio, se hará
efectiva la primera sentencia además de la segunda.
Artículo 184
Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el término a que se refiere el
artículo anterior, tanto si se trata de delito doloso como culposo, hasta que se dicte
sentencia ejecutoria.
Artículo 185
En caso de incumplimiento de las obligaciones fijadas en la sentencia, el Juez de
Ejecución podrá resolver que se haga efectiva la prisión suspendida, ordenando la
aprehensión del sentenciado para que cumpla el resto de la pena impuesta o amonestarlo
con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar alguna de las condiciones fijadas, se hará
efectiva dicha sanción.
Artículo 186
Son sustitutivos penales:
I. El trabajo en favor de la comunidad;
II. El tratamiento en semilibertad;
III. El tratamiento en libertad, y
IV. La multa.
Artículo 187
El Juez de Ejecución dejará sin efecto la sustitución y ordenará que se ejecute la sanción
de prisión impuesta, cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran
señaladas para tal efecto, o cuando se le condene por otro delito; lo anterior, con
audiencia del sentenciado. Si el nuevo delito es culposo, el Juez de Ejecución resolverá si
se debe aplicar la sanción sustituida.
En caso de hacerse efectiva la sanción de prisión sustituida, se tomará en cuenta el
tiempo durante el cual el sentenciado hubiere cumplido la citada sanción.
Artículo 188
El Juez de Ejecución vigilará la ejecución de las condiciones dispuestas en la sentencia
para el otorgamiento de los sustitutivos penales, con la orientación y cuidado de
la Dirección General.
Artículo 189
Si al dictar la sentencia no hubo pronunciamiento sobre la sustitución o suspensión de la
pena, el sentenciado o su defensor podrán promover el incidente respectivo ante el Juez
de Ejecución cuando considere que reúne las condiciones fijadas para su obtención y que
está en aptitud de cumplir con los requisitos para su otorgamiento.
CAPÍTULO III
DE LA INTERNACIÓN
Artículo 190
La internación es una medida de seguridad dirigida a inimputables y enfermos mentales de
carácter médico, y su finalidad es proveer al interno el tratamiento médico y técnico
multidisciplinario orientado al padecimiento.
Artículo 191
El Juez de Ejecución notificará a la Dirección General la medida ordenada a cuyo cargo
quedará la coordinación de su ejecución en establecimientos u hospitales especializados,
públicos o privados, tomando en cuenta la elección de los representantes del inimputable y
de acuerdo con las posibilidades económicas de los mismos.
Artículo 192
La internación se realizará por todo el tiempo que se requiera para el tratamiento prescrito
por los médicos en sus informes periciales, sin perjuicio y con la autorización médica de
someterlos a régimen de trabajo mientras dure la internación.
Artículo 193
La Dirección General, previa valoración médica psiquiátrica, informará al Juez de
Ejecución de los internos que padezcan enfermedad mental de tipo crónico, continuo e
irreversible, solicitándole que sean remitidos al sector salud para que se les brinde
atención y tratamiento de tipo asilar. En su caso, se informará al representante legal.
Cuando sobreviniera la curación de los inimputables serán reingresados en el lugar en que
deban ser recluidos, hasta cumplir su condena pero se les computará el tiempo que
estuvieron internados para su curación.
Artículo 194
La Dirección General informará a la autoridad jurisdiccional los casos de internos que
estén a su disposición y que durante el procedimiento de ejecución padezcan algún
trastorno mental definitivo, para conmutar la pena por una medida de seguridad.
Artículo 195
En los casos previstos en este Capítulo, los enfermos a quienes se aplique internación
podrán ser entregados por el Juez de Ejecución a quienes corresponda hacerse cargo de
ellos, debiendo adoptar las medidas necesarias de cuidado para que éstos no causen
daño.
Artículo 196
El Juez de Ejecución podrá resolver sobre la modificación o conclusión de la medida de
internamiento en forma provisional o definitiva, considerando la evolución, diagnóstico y
pronóstico del interno que al respecto emita el grupo médico y técnico multidisciplinario.
CAPÍTULO IV
REPARACIÓN DEL DAÑO
Artículo 197
Al haberse indicado la forma de dar cumplimiento al pago de la reparación del daño, se
enviará constancia de la sentencia firme al Juez de Ejecución, para llevar a cabo el
seguimiento correspondiente:
I. Si no se pagó la reparación del daño en los términos fijados en la sentencia, el Juez de
Ejecución hará los trámites necesarios para su cumplimiento;
II. Si se encontrara garantizada la reparación del daño, el Juez de Ejecución notificará al
fiador, en caso de que exista, que la garantía otorgada será destinada al pago de la
reparación del daño; lo mismo sucederá con las otras formas de garantías, y
III. Tratándose del delito de despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la
restitución del bien inmueble a favor de la víctima, el Juez de Ejecución, una vez que
reciba la sentencia ejecutoriada, ordenará la comparecencia del sentenciado y lo
apercibirá para que en un plazo de tres días hábiles, haga entrega voluntaria del
inmueble.
En caso de negativa a devolverlo, el Juez de Ejecución ordenará se ponga en posesión
material a la víctima o su representante, utilizando la fuerza pública necesaria para el
cumplimiento de la sentencia.
Artículo 198
Si quienes tengan derecho a la reparación del daño renunciaren a la misma, el importe de
ésta quedará a favor del Estado, depositándose en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Artículo 199
Cuando la prueba producida durante el proceso no permita establecer con certeza el
monto de la reparación del daño, el órgano judicial deberá condenar, en abstracto, para
que el Juez de Ejecución la cuantifique en la etapa de ejecución de sentencia por la vía
incidental, desahogándose la prueba que la víctima o sus derechohabientes y el
sentenciado, en su caso, aporten al Juez de Ejecución para demostrar la procedencia, y el
monto de dicha reparación, en los términos que prevenga el Código Procesal.
CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES
SECCIÓN PRIMERA
AMONESTACIÓN
Artículo 200
Una vez que la autoridad judicial dicte la sentencia en que se imponga la amonestación
pública o privada, remitirá copia de la resolución al Juez de Ejecución, quien convocará a
una audiencia, citando a los intervinientes, en la que amonestará al sentenciado
explicándole las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y
advirtiéndole que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere.
SECCIÓN SEGUNDA
SUSPENSIÓN, PRIVACIÓN O INHABILITACIÓN DE DERECHOS CIVILES O POLÍTICOS
Artículo 201
La ejecución de la sanción de suspensión, privación o inhabilitación de los derechos civiles
o políticos estará sujeta a las particularidades que el propio órgano judicial dicte en su
sentencia, de conformidad con la naturaleza de la sanción impuesta.
Cuando se trate de suspensión o privación del derecho a conducir vehículos de motor, el
Juez de Ejecución lo notificará a la autoridad competente para que suspenda o cancele la
licencia, o bien, niegue la expedición durante el plazo correspondiente.
En todos los casos, se remitirán junto con la notificación de la sentencia los datos
necesarios para la efectiva ejecución de la sanción y se podrán recabar del sentenciado, o
de las autoridades correspondientes, los informes que se estimen necesarios para verificar
el cumplimiento de la suspensión, privación o inhabilitación.
CAPÍTULO VI
SUSPENSIÓN, DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN DE EMPLEOS O CARGOS
PÚBLICOS, Y SUSPENSIÓN O INHABILITACIÓN EN EL EJERCICIO DE PROFESIONES
Artículo 202
Si se trata de suspensión, destitución o inhabilitación de funciones de un servidor público,
el Juez de Ejecución notificará la resolución al titular de la dependencia o entidad del
orden de gobierno correspondiente, a efecto de que materialmente ejecute la medida.
Si se trata de suspensión, destitución, o inhabilitación para el ejercicio de una profesión, se
notificará a la Secretaría de Educación, así como a la Dirección General de Profesiones de
la Secretaría de Educación Pública Federal, para los efectos conducentes.
Párrafo reformado POG 23-03-2013
En este caso se remitirán, junto con la notificación de la resolución, los datos necesarios
para la efectiva ejecución de la sanción y se podrán recabar del sentenciado, o de las
autoridades correspondientes, los informes que se estimen necesarios para verificar el
cumplimiento de la sanción.
CAPÍTULO VII
PUBLICACIÓN ESPECIAL DE SENTENCIA
Artículo 203
Una vez impuesta la sanción de publicación especial de sentencia por la autoridad
jurisdiccional y determinado el o los medios de comunicación social en los cuales se
publicará la sentencia total o parcialmente y demás características de la publicación, se
notificará la sentencia al Juez de Ejecución para que este gire los oficios correspondientes
para hacer efectiva la sanción.
Los gastos que se originen con tal motivo se harán por cuenta del sentenciado, del
ofendido, si éste lo solicitare o del Estado, si la autoridad judicial lo estima necesario.
CAPÍTULO VIII
DEL PATRONATO DE REINSERCIÓN SOCIAL POR EL EMPLEO
Artículo 204
Para la asistencia y atención de los internos, liberados y externados, la Dirección General
se coordinará con el Patronato, instituciones, públicas o privadas, que presten estos
servicios, las que procurarán fortalecer la reinserción social, auxiliándolos para
canalizarlos y ubicarlos en fuentes de trabajo donde puedan desarrollar sus aptitudes y
orientando su tiempo libre a determinadas actividades de esparcimiento familiar, social y
deportivo, entre otros.
Artículo 205
El Patronato tendrá a su cargo la asistencia moral y material de los externados, durante el
cumplimiento de la condena y de aquellos que obtengan su libertad, mediante cualquiera
de las formas previstas por esta Ley. Este Patronato brindará asistencia no solo a los
liberados, sino que además coadyuvará con la rehabilitación de los internos y
preliberados.
Artículo 206
El Patronato tendrá como finalidad propiciar el proceso de reinserción social de los
internos, preliberados y liberados, auxiliarlos en el mismo y prevenir la reincidencia.
Artículo 207
El Patronato podrá solicitar a las autoridades y a los directivos de organismos particulares,
la colaboración adecuada y realizar toda clase de gestiones para la asistencia de los
liberados; igualmente queda facultado para crear, organizar y administrar albergues,
talleres, centros de adiestramiento laboral, agencias y otros establecimientos destinados a
proporcionar asistencia a los liberados, en cualquiera de las poblaciones del Estado.
Artículo 208
Las facultades, integración, funcionamiento, organización y administración del Patronato
se establecerán en el Acuerdo Gubernativo correspondiente.
Artículo 209
La Dirección General coordinará las acciones de seguimiento y evaluación del Patronato y
coadyuvará al adecuado desempeño y cumplimiento del objeto de reinserción social de los
liberados.
TRANSITORIOS.
Artículo Primero
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial,
Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, de manera sucesiva según las siguientes
prevenciones:
1. Sus disposiciones se aplicarán de manera integral en el Distrito Judicial de la Capital; y
2. En el resto de los Distrito Judiciales, sus disposiciones se aplicarán en las fechas en
que entre en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal en los términos del artículo segundo
transitorio del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas.
Artículo Segundo
Se abroga, conforme al artículo anterior, la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y
Restrictivas de la Libertad del Estado de Zacatecas contenida en el decreto número 27,
publicado en el Suplemento al número 55 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado, de fecha 10 de julio de 1993.
Artículo Tercero
Los procedimientos de ejecución de sentencia que se encuentren en trámite, al momento
de entrar en vigor esta Ley, se continuarán ejecutando de conformidad con Ley de
Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas del Estado de Zacatecas.
Artículo Cuarto
Las solicitudes de otorgamiento de beneficios de libertad anticipada que se encuentren en
trámite en la Dirección de Prevención y Readaptación Social y pendientes de resolución a
la entrada en vigor de esta Ley, serán resueltas por el Poder Ejecutivo aplicando la Ley
más favorable al sentenciado.
Artículo Quinto
Cuando otras disposiciones legales mencionen a la Dirección de Prevención y
Readaptación Social se entenderán referidas a la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social.
Artículo Sexto
Cuando otras disposiciones legales mencionen a los Centros de Readaptación Social se
entenderán referidas a los Centros de Reinserción Social.
Artículo Séptimo
El Poder Ejecutivo ajustará los Reglamentos Interiores de los Centros de Reinserción
Social a las disposiciones de la presente Ley dentro de los ciento ochenta días naturales
posteriores a la entrada en vigor de la misma.
Artículo Octavo
Los Consejos Técnicos Interdisciplinarios, dispondrán de 90 días naturales para la
elaboración de su Reglamento Interno.
Artículo Noveno
Constituido el Patronato de Reinserción Social por el Empleo dispondrá de 90 días
naturales para la elaboración de su Reglamento Interior.
Artículo Décimo
Dentro de los noventa días hábiles, posteriores al inicio de vigencia de este Decreto, el
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, deberá realizar las acciones necesarias
a efecto de que los jueces de ejecución puedan conocer, substanciar y resolver los
procedimientos previstos en este instrumento legislativo.
Artículo Decimoprimero
En tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado realiza las acciones
mencionadas en el artículo anterior, podrá habilitar a Jueces de Garantía y Tribunal de
Juicio Oral, para conocer, substanciar y resolver los procedimientos previstos en este
Decreto.
Artículo Decimosegundo
El Ejecutivo del Estado enviará a esta Legislatura, en el término de 15 días posteriores a la
vigencia de este decreto, la ampliación presupuestal del Poder Judicial del Estado de
Zacatecas, que garantice la creación de los Juzgados de Ejecución de sentencias en los
diferentes Distritos Judiciales.
Artículo Decimotercero
Se derogan todas las disposiciones que contravengan esta Ley.
COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PROMULGACIÓN Y
PUBLICACIÓN.
DADO en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Legislatura del Estado, a los
dieciséis días del mes de Junio del año dos mil once.- Diputado Presidente.- PABLO
RODRÍGUEZ RODARTE. Diputados Secretarios.- JOSÉ RODRÍGUEZ ELÍAZ ACEVEDO
Y JORGE LUIS GARCÍA VERA.- Rubricas.
Y para que llegue al conocimiento de todos y se dé el debido cumplimiento, mando se
imprima, publique y circule.
DADO en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los dieciséis días del mes de
Junio del año dos mil once.
A t e n t a m e n t e.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
Lic. MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE
ORDENAMIENTO.
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (18 DE JUNIO DE 2011).
PUBLICACIÓN ORIGINAL.
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (23 DE MARZO DE 2013).
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro del término de noventa días naturales contados a partir
de la vigencia del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado deberá actualizar la
reglamentación de conformidad con el presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Dentro del término de noventa días naturales contados a partir de
la vigencia del presente Decreto, los Ayuntamientos deberán establecer su Gaceta
Municipal.
ARTÍCULO CUARTO.- Los Ayuntamientos, en el término de ciento veinte días naturales a
partir de la vigencia del presente Decreto, deberán publicar en sus Gacetas Municipales y
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, todas las disposiciones
normativas de carácter general que hayan sido generadas antes de la entrada en vigor del
presente Decreto. Remitiendo en medio impreso y de forma magnética los instrumentos
jurídicos a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado para su trámite de
publicación.
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