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Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2008
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 24-01-2024
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
SE EXPIDE LA LEY DE UNIONES DE CRÉDITO Y SE ADICIONA Y REFORMA LA LEY GENERAL DE
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la siguiente:
LEY DE UNIONES DE CRÉDITO
TITULO PRIMERO
Disposiciones preliminares
CAPITULO UNICO
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos
Mexicanos y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las uniones, así como las
operaciones que las mismas podrán realizar.
Artículo 2.- El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública paraestatal no podrán
responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las uniones, así como
tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus socios o terceros.
Las uniones deberán mantener en un lugar visible de sus oficinas lo dispuesto en el párrafo anterior,
así como señalarlo expresamente en su publicidad.
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
II. Control, a la capacidad de imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas
generales de accionistas de la unión; el mantener la titularidad de derechos que permitan, directa
o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de la
unión; dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas
de la unión, ya sea a través de la propiedad de valores o por cualquier otro acto jurídico;
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III. Grupo empresarial, al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación
directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas
personas morales. Asimismo, se considerarán como grupo empresarial a los grupos financieros
constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras;
IV. Grupo de personas, a las personas que tengan acuerdos, de cualquier naturaleza, para tomar
decisiones en un mismo sentido. Se presume, salvo prueba en contrario, que constituyen un
grupo de personas:
a) Las personas que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el segundo
grado, los cónyuges, la concubina y el concubinario, y
Inciso reformado DOF 10-01-2014
b) Las sociedades que formen parte de un mismo consorcio o grupo empresarial y la persona o
conjunto de personas que tengan el control de dichas sociedades.
V. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
VI. Unión o uniones, a las uniones de crédito;
Artículo 4.- Las palabras unión de crédito u otras que expresen ideas semejantes en cualquier
idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de las sociedades a las que haya sido otorgada la
autorización para organizarse y operar como unión.
Se exceptúan de la aplicación del párrafo anterior, a las asociaciones de uniones, siempre que no
realicen operaciones sujetas a autorización por esta Ley.
Artículo 5.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría podrá interpretar para efectos
administrativos los preceptos de esta Ley.
Artículo 6.- La Secretaría podrá solicitar la opinión del Banco de México, así como de las Comisiones
Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en
el ámbito de sus respectivas competencias, cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le
confiere la presente Ley, lo estime procedente.
Asimismo, la Secretaría podrá consultar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, en los casos en que requiera su opinión y de conformidad con las
atribuciones conferidas a esta última.
Artículo 7.- Los actos jurídicos que se celebren en contravención a lo establecido en esta Ley, darán
lugar, en su caso, a la imposición de las sanciones administrativas y penales que el presente
ordenamiento legal contempla, sin que dichas contravenciones produzcan la nulidad de los actos, en
protección de terceros de buena fe, salvo que esta Ley establezca expresamente lo contrario.
Artículo 8.- En lo no previsto por esta Ley, a las uniones les aplicarán en el orden siguiente:
I. Las leyes mercantiles;
II. Los usos mercantiles imperantes entre las uniones;
III. El Código Civil Federal;
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IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto de la tramitación de los recursos a que
se refiere esta Ley, y
V. El Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización de multas.
Artículo 9.- El plazo para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda no podrá
exceder de noventa días, salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro. Transcurrido el
plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las
disposiciones aplicables se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia
de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva
ante la autoridad competente que deba resolver, conforme al Reglamento Interior respectivo; igual
constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo
aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada
dentro del plazo citado, se fincará, en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable.
Los requisitos de presentación y plazos, así como otra información relevante aplicable a las
promociones que realicen las uniones, deberán precisarse en disposiciones de carácter general emitidas
por la Comisión.
Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las
disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para
que dentro de un término que no podrá ser menor de diez días hábiles subsane la omisión. Salvo que en
las disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar
dentro de la mitad del plazo de respuesta de la autoridad y, cuando éste no sea expreso, dentro de los
veinte días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial.
Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan y
se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el
supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado, las autoridades desecharán el
escrito inicial.
Si las autoridades no hacen el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, no
podrán rechazar el escrito inicial por incompleto.
Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que las autoridades contesten empezarán a
correr el día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.
Artículo 10.- El plazo a que se refiere el artículo anterior no será aplicable a las promociones
relacionadas con las autorizaciones relativas a la constitución, fusión, escisión y liquidación de las
uniones. En estos casos no podrá exceder de ciento ochenta días el plazo para que las autoridades
administrativas resuelvan lo que corresponda, siendo aplicables las demás reglas a que se refiere el
artículo 9 de esta Ley.
Artículo 11.- Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte interesada, podrán
ampliar los plazos establecidos en la presente Ley, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la
mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no
tengan conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos.
Artículo 12.- No se les aplicará lo establecido en los artículos 9 a 11 a las autoridades administrativas
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión.
Artículo 13.- Para efectos de la presente Ley, los plazos fijados en días se entenderán en días
naturales, salvo que expresamente se señale que se trata de días hábiles. En los casos en que se haga
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referencia a un plazo en días naturales, si éste vence en un día inhábil, se entenderá concluido el primer
día hábil siguiente.
TITULO SEGUNDO
De la organización y funcionamiento de las uniones de crédito
CAPITULO I
De la organización
Artículo 14.- Para organizarse y operar como unión se requerirá autorización del Gobierno Federal,
que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno. Por su
naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la Junta de Gobierno de la Comisión
haya resuelto otorgar la autorización a que se refiere el párrafo anterior, dicha Comisión notificará la
resolución, así como su opinión favorable respecto del proyecto de estatutos de la sociedad de que se
trate, a fin de que se realicen los actos tendientes a su constitución o a la transformación de su
organización y funcionamiento, según corresponda. El promovente, en un plazo de noventa días contado
a partir de dicha notificación, deberá presentar a la propia Comisión, para su aprobación, el instrumento
público en que consten los estatutos de la sociedad en términos de esta Ley para posteriormente
proceder a su inscripción en el Registro Público de Comercio sin que se requiera mandamiento judicial al
respecto.
La autorización que se otorgue conforme a este artículo, quedará sujeta a la condición de que se
obtenga la autorización para iniciar las operaciones respectivas en términos del artículo 43 de esta Ley, la
que deberá solicitarse dentro de un plazo de ciento ochenta días contado a partir de la aprobación del
instrumento público a que se refiere el párrafo anterior. Al efectuarse la citada inscripción del instrumento
público, deberá hacerse constar que la autorización para organizarse y operar como unión se encuentra
sujeta a la condición señalada en este párrafo.
Las autorizaciones para organizarse y operar como unión, así como sus modificaciones, se
publicarán, a costa de la unión de que se trate, en el Diario Oficial de la Federación.
Sólo las sociedades que gocen de autorización en los términos de esta Ley podrán operar como
uniones y serán consideradas como intermediarios financieros.
Artículo 15.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, hasta en tanto entre en vigor la
autorización para organizarse y operar como unión, la sociedad correspondiente, una vez que se haya
recibido la notificación mencionada en dicho artículo, podrá celebrar los actos necesarios para cumplir
con los requisitos establecidos en el artículo 43 de esta Ley para el inicio de operaciones, sin que,
durante dicho periodo, pueda celebrar ninguna de las operaciones señaladas en el artículo 40 de esta
Ley, excepto las previstas en su fracción XIX. Durante el periodo antes referido, la sociedad de que se
trate estará exceptuada de la aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 4 de esta Ley.
La autorización para organizarse y operar como unión, conforme a esta Ley, no surtirá sus efectos, sin
que para ello sea necesaria declaración de autoridad alguna, cuando no se cumpla la condición referida.
Artículo 16.- Las sociedades que se autoricen para operar como uniones, deberán constituirse en
forma de sociedad anónima de capital variable, organizadas con arreglo a la Ley General de Sociedades
Mercantiles, en todo lo que no esté previsto por esta Ley y, particularmente de acuerdo con las siguientes
disposiciones que son de aplicación especial:
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I. Tendrán por objeto las operaciones a que se refiere el artículo 40 de este ordenamiento;
II. La duración de la sociedad será indefinida;
III. Deberán contar con el capital social y el capital mínimo que corresponda conforme a lo dispuesto
en esta Ley.
IV. Su domicilio social estará en territorio nacional, y
V. La denominación social deberá contener la expresión “unión de crédito”.
Los estatutos sociales y cualquier modificación de los mismos deberán ser sometidos a la previa
aprobación de la Comisión, a efecto de verificar si se cumple con los requisitos establecidos por esta Ley.
Una vez aprobados, los estatutos o sus reformas, deberán presentarse en un plazo de quince días
hábiles ante el Registro Público de Comercio. La sociedad deberá proporcionar a la Comisión, los datos
de su inscripción respectivos dentro de los quince días hábiles siguientes al otorgamiento del registro.
Artículo 17.- La solicitud de autorización para constituir y operar una unión deberá acompañarse de la
documentación e información siguiente:
I. Proyecto de estatutos de la sociedad que se ajuste a lo dispuesto en esta Ley;
II. Relación e información de las personas que directa o indirectamente pretendan mantener una
participación en el capital social de la unión a constituir, que deberá contener, de conformidad
con las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Comisión, previo acuerdo de su
Junta de Gobierno, lo siguiente:
a) El monto del capital social que cada una de ellas suscribirá, y el origen de los recursos que
utilizará para tal efecto;
b) La situación patrimonial, tratándose de personas físicas, o los estados financieros, tratándose
de personas morales, en ambos casos, de los últimos tres años, y
c) Aquélla que permita verificar que cuentan con honorabilidad e historial crediticio y de
negocios satisfactorio.
III. Relación de los probables consejeros, director general y principales directivos de la sociedad,
acompañada de la información que acredite que dichas personas cumplen con los requisitos que
esta Ley establece para dichos cargos.
IV. Plan general de funcionamiento de la sociedad que comprenda por lo menos:
a) Las operaciones a realizar de conformidad con el artículo 40 de esta Ley;
b) Las medidas de seguridad para preservar la integridad de la información;
c) Las previsiones de cobertura geográfica;
d) El estudio de viabilidad financiera de la sociedad, y
e) Las bases relativas a su organización y control interno.
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V. Comprobante de depósito en moneda nacional constituido en institución de crédito o de valores
gubernamentales por su valor de mercado, a favor de la Tesorería de la Federación, por una
cantidad igual al diez por ciento del capital mínimo según su nivel de operaciones exigido para su
constitución, según esta Ley.
VI. La demás documentación e información relacionada que la Comisión requiera para tal efecto.
La Comisión tendrá la facultad de verificar que la solicitud a que se refiere el presente artículo cumpla
con lo previsto en esta Ley, para lo cual dicha Comisión contará con facultades para corroborar la
veracidad de la información proporcionada y, en tal virtud, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como las demás instancias federales, entregarán la información
relacionada.
Cuando no se presente el instrumento público en el que consten los estatutos de la sociedad, para su
aprobación dentro del plazo de noventa días señalado en el segundo párrafo del artículo 14 de esta Ley;
no se obtenga o no se solicite la autorización para iniciar operaciones en términos de los artículos 15 y 43
de esta Ley, respectivamente; la sociedad inicie operaciones distintas a las señaladas en el artículo 15 de
esta misma Ley sin contar con dicha autorización, o se revoque la autorización para organizarse y operar
como unión al amparo de la fracción I del artículo 97 de esta Ley, la Comisión instruirá a la Tesorería de
la Federación para hacer efectiva la garantía por el importe original del depósito mencionado en la
fracción V de este artículo.
En el supuesto de que se niegue la autorización solicitada, exista desistimiento por parte de los
interesados o se inicien operaciones en los términos previstos en esta Ley, se devolverá al solicitante el
principal y accesorios del depósito referido en la fracción V del presente artículo.
Una vez que se haya hecho la notificación a que se refiere el artículo 14 de esta Ley y se haya
otorgado la aprobación de los estatutos prevista en ese mismo artículo, el inicio de operaciones de la
unión deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley.
CAPITULO II
Capital y accionistas
Artículo 18.- El capital mínimo suscrito y pagado para las uniones será determinado de acuerdo con
el nivel de operaciones que tenga asignado, conforme a lo siguiente:
I. Para las uniones con nivel de operaciones I, deberá ser el equivalente en moneda nacional al
valor de 2,000,000 de unidades de inversión;
II. Para las uniones con nivel de operaciones II, deberá ser el equivalente en moneda nacional al
valor de 3,000,000 de unidades de inversión, y
III. Para las uniones con nivel de operaciones III, deberá ser el equivalente en moneda nacional al
valor de 5,000,000 de unidades de inversión.
El monto del capital mínimo con el que deberán contar las uniones tendrá que estar suscrito y pagado
a más tardar el último día hábil del año de que se trate. Al efecto, se considerará el valor de las unidades
de inversión correspondiente al 31 de diciembre del año inmediato anterior. El capital mínimo deberá
estar integrado por acciones sin derecho a retiro. El capital pagado con derecho a retiro, en ningún caso
podrá ser superior al capital pagado sin derecho a retiro.
Cuando una unión anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado.
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La Comisión establecerá los casos y condiciones en que las uniones podrán adquirir transitoriamente
las acciones representativas de su propio capital procurando su sano desarrollo y liquidez.
Reforma DOF 10-01-2014: Derogó del artículo el entonces párrafo cuarto
Artículo 19.- Todas las acciones de las uniones, serán de igual valor; dentro de cada serie conferirán
iguales derechos y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas, o bien, en
especie si, en este último caso, así lo autoriza la Comisión considerando la situación financiera de la
unión y velando por su liquidez y solvencia.
Para la transmisión de las acciones se requerirá indispensablemente la autorización del consejo de
administración.
Artículo 20.- Las uniones podrán emitir acciones no suscritas y que serán entregadas a los
suscriptores, contra el pago total de su valor nominal y de las primas que, en su caso, determine el
consejo de administración.
El capital social de las uniones podrá integrarse con una parte representada por acciones preferentes
hasta por un monto equivalente al veinticinco por ciento del capital social ordinario, previa autorización de
la Comisión. La adquisición de acciones preferentes no estará sujeta a los límites previstos en el artículo
23 de esta Ley.
Las acciones preferentes otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a cambio de
objeto, fusión, escisión, transformación y liquidación.
Las acciones preferentes deberán conferir el derecho a recibir un dividendo preferente, el cual deberá
ser igual o superior al de las acciones ordinarias, siempre y cuando así se establezca en los estatutos
sociales.
Los estatutos sociales de las uniones contendrán las disposiciones relativas a las distintas series de
acciones y sus características.
Las uniones podrán emitir acciones sin expresión de valor nominal.
Artículo reformado DOF 10-01-2014
Artículo 21.- Las acciones representativas del capital social de las uniones, únicamente podrán ser
adquiridas por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que realicen actividades
económicas, en términos de la legislación fiscal, exceptuando aquellas personas físicas que perciban sus
ingresos preponderantemente por sueldos y salarios, pensiones o programas de apoyo social.
La participación, directa o indirecta, de cualquier persona física o moral, en el capital social pagado de
una unión no podrá exceder del quince por ciento, salvo que se cuente con la autorización a que se
refiere el artículo 23, fracción II de esta Ley. Tratándose de instituciones de crédito la participación en el
capital social pagado de una unión no podrá exceder del quince por ciento, de manera directa o indirecta.
Se exceptúa de lo dispuesto en este párrafo al Gobierno Federal.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, cualquier persona física o moral extranjera y las
entidades extranjeras sin personalidad jurídica, podrán participar indirectamente hasta en el quince por
ciento del capital de una unión, siempre y cuando las acciones representativas del capital social de la
unión sean adquiridas por personas morales mexicanas, en las que participe dicha persona física o moral
o entidad extranjeras.
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Los gobiernos extranjeros no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital social de las
uniones, salvo en los casos siguientes:
I. Cuando lo hagan, con motivo de medidas prudenciales de carácter temporal tales como
apoyos o rescates financieros.
Las uniones que se ubiquen en lo dispuesto en esta fracción, deberán entregar a la Comisión,
la información y documentación que acredite satisfacer lo antes señalado, dentro de los
quince días hábiles siguientes a que se encuentren en dicho supuesto. La Comisión tendrá un
plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que reciba la información y documentación
correspondiente, para resolver, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, si la participación de
que se trata, se ubica en el supuesto de excepción previsto en esta fracción.
II. Cuando la participación correspondiente implique que se tenga el control de la unión de
crédito, en términos del artículo 3, fracción II de esta Ley, y se realice por conducto de
personas morales oficiales, tales como fondos, entidades gubernamentales de fomento, entre
otros, previa autorización discrecional de la Comisión, con acuerdo de su Junta de Gobierno,
siempre que a su juicio dichas personas acrediten que:
a) No ejercen funciones de autoridad, y
b) Sus órganos de decisión operan de manera independiente al gobierno extranjero de que
se trate.
III. Cuando la participación correspondiente sea indirecta y no implique que se tenga el control de
la unión, en términos del artículo 3, fracción II de esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de los
avisos o solicitudes de autorización que se deban realizar conforme a lo establecido en esta
Ley.
Artículo reformado DOF 10-01-2014
Artículo 22.- Las uniones se abstendrán, en su caso, de efectuar la inscripción en el registro a que se
refieren los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles de las transmisiones de
acciones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 21 y 23 de esta Ley, y
deberán informar a la Comisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que tengan
conocimiento de ello.
Cuando las adquisiciones y demás actos jurídicos a través de los cuales se obtenga directa o
indirectamente la titularidad de acciones representativas del capital social de una unión, se realicen en
contravención a lo dispuesto por los artículos 21 y 23 de esta Ley, los derechos patrimoniales y
corporativos inherentes a las acciones correspondientes de la unión quedarán en suspenso y por lo tanto
no podrán ser ejercidos, hasta que se acredite que se ha obtenido la autorización o resolución que
corresponda o que se han satisfecho los requisitos que esta ley contempla.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Reforma DOF 10-01-2014: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo
Artículo 23.- La adquisición, mediante una o varias operaciones simultáneas, de acciones
representativas del capital social de una unión, por parte de una persona o grupo de personas, estará
sujeta a los requisitos siguientes:
I. Cuando se adquiera más del cinco por ciento y hasta el quince por ciento del capital social de
la unión, deberán informar por escrito a la Comisión, dentro de los tres días hábiles siguientes
a la transmisión o adquisición.
Fracción reformada DOF 10-01-2014
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II. Cuando se pretenda adquirir más del quince por ciento y hasta el treinta por ciento del capital
social de una unión, se requerirá la autorización previa de la Comisión, la que podrá otorgar
discrecionalmente, para lo cual deberán acompañar a su solicitud la información y
documentación a que se refiere el artículo 17, fracción II, de esta Ley.
Fracción reformada DOF 10-01-2014
III. Cuando un grupo de personas pretenda adquirir en su conjunto el control o más del treinta por
ciento del capital social de una unión, se requerirá la autorización previa de la Comisión, la
que podrá otorgar discrecionalmente, para lo cual deberán acompañar a su solicitud la
información y documentación a que se refiere el artículo 17, fracción II, de esta Ley. La propia
Comisión determinará mediante disposiciones de carácter general los grupos de personas que
se considerarán como una sola por los vínculos de interés común que mantengan.
Para efectos de lo previsto en esta fracción, la Comisión deberá tomar en cuenta las
relaciones que, en su caso, el grupo de personas tenga con otros socios o bien, si esto motiva
una concentración indebida de capital.
Fracción reformada DOF 10-01-2014
IV. Cuando varias personas que no sean consideradas como un grupo de personas, pretendan
adquirir en su conjunto, mediante operaciones simultáneas, el control o más del treinta por
ciento del capital social de una unión, se requerirá autorización previa de la Comisión, la que
podrá otorgar discrecionalmente, para lo cual deberán acompañar a su solicitud la información
y documentación a que se refiere el artículo 17, fracción II, de esta Ley.
Fracción reformada DOF 10-01-2014
La Comisión podrá autorizar de manera temporal, que una persona física o moral mantenga la
participación en el capital social de una unión en porcentajes mayores a los señalados en la fracción III
de este artículo, en caso de que se encuentre en riesgo la estabilidad y solvencia de la unión, y a fin de
restablecer el capital neto de la propia unión a que se refiere el artículo 48 de esta Ley, en su caso, dar
cumplimiento al plan de restauración de capital señalado en el artículo 80, fracción I, inciso b), de la
presente Ley. La Comisión determinará mediante disposiciones de carácter general los casos en los que
procederá dicha concentración de capital, así como los requisitos mínimos que deberán cumplir las
uniones, a fin de que el accionista pueda obtener la autorización correspondiente.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
CAPITULO III
De la administración de las uniones de crédito
Artículo 24.- La administración de las uniones estará encomendada a un consejo de administración y
a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.
Artículo 25.- El consejo de administración de las uniones estará integrado por un mínimo de tres y un
máximo de quince consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán
ser independientes. Cada consejero propietario designará a su respectivo suplente, en el entendido de
que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.
Cada accionista o grupo de accionistas que representen por lo menos un diez por ciento del capital
pagado de una unión, tendrán derecho a designar un consejero. Sólo podrá revocarse el nombramiento
de estos consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás.
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Artículo 26.- Los nombramientos de consejeros de las uniones deberán recaer en personas que
cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios
conocimientos y experiencia en materia empresarial, financiera, legal o administrativa.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
La mayoría de los consejeros deberán ser residentes en el territorio nacional.
En ningún caso podrán ser consejeros:
I. Los directivos y empleados de la unión, con excepción del director general;
II. El cónyuge, la concubina o el concubinario de cualquier consejero, así como las personas que
tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o civil, con más de dos
consejeros;
III. Los directivos o empleados de las empresas en que sean accionistas uno o más integrantes del
consejo de administración de la propia unión;
IV. Las personas que tengan litigio pendiente con la unión de que se trate;
V. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos y las inhabilitadas para ejercer el
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema
financiero mexicano;
VI. Los quebrados y concursados, y
VII. Quienes realicen funciones de supervisión o regulación de las uniones.
Los consejeros de las uniones que participen en el consejo de administración de otras entidades
financieras, deberán revelar dicha circunstancia a la asamblea de accionistas en el acto de su
designación.
Artículo 27.- Por consejero independiente, deberá entenderse a la persona que sea ajena a la unión
respectiva, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión, mediante disposiciones
de carácter general, en las que igualmente se establecerán los supuestos bajo los cuales, se considerará
que un consejero deja de ser independiente.
No podrán ser consejeros independientes:
I. Los empleados o directivos de la unión;
II. Los accionistas de la unión;
III. Socios o personas que ocupen un empleo cargo o comisión en sociedades o asociaciones
importantes que presten servicios a la unión, cuyos ingresos representen el cinco por ciento o
más de sus ingresos;
IV. Los clientes, proveedores, prestadores de servicios, deudores, acreedores importantes, socios,
consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, prestador de servicios,
deudor o acreedor importante de la unión.
Se considera que un cliente, proveedor o prestador de servicios es importante cuando los
servicios que le preste la unión o las ventas que aquél le haga a ésta, representan más del diez
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por ciento de los servicios o ventas totales del cliente o del proveedor, respectivamente.
Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante cuando el importe de la
operación respectiva es mayor al quince por ciento de los activos de la unión o de su contraparte;
V. Los empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos
importantes de la unión.
Se consideran donativos importantes a aquellos que representen más del quince por ciento del
total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles de que se trate;
VI. Los directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de
administración participe el director general o un directivo de alto nivel de la unión;
VII. Los cónyuges, concubina o concubinario, así como los parientes por consanguinidad o afinidad
en primer grado de alguna de las personas mencionadas en las fracciones III a VI anteriores, o
bien, hasta el tercer grado, en relación con las señaladas en las fracciones I, II, VIII y IX de este
artículo;
VIII. Quienes hayan estado comprendidos en alguno de los supuestos anteriores, durante el año
anterior al momento en que se pretenda hacer su designación, y
IX. Las personas relacionadas a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.
Artículo 28.- El consejo de administración deberá reunirse por lo menos trimestralmente y en forma
extraordinaria, cuando sea convocado por su presidente, al menos el veinticinco por ciento de los
consejeros, o cualquiera de los comisarios de la unión. Para la celebración de las sesiones ordinarias y
extraordinarias del consejo de administración se deberá contar con la asistencia de cuando menos el
cincuenta y uno por ciento de los consejeros, de los cuales por lo menos uno deberá ser consejero
independiente.
El Presidente del consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 29.- Los consejeros estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la
deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de intereses. Asimismo,
deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos
relativos a la unión de que sean consejeros, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el
consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrá la unión de proporcionar toda la información que le sea
solicitada al amparo de la presente Ley.
Artículo 30.- El consejo de administración, sin perjuicio de las funciones que le son propias, deberá
contar con un comité de auditoría, con carácter consultivo, cuyo titular deberá ser un consejero
independiente. Dicho comité, en su integración y funcionamiento, deberá ajustarse a las disposiciones de
carácter general que emita la Comisión.
Artículo reformado DOF 10-01-2014
Artículo 31.- El consejo de administración de las uniones deberá aprobar el Manual de Políticas y
Procedimientos, el cual contendrá, entre otros, la regulación aplicable a las operaciones que se realizarán
a través del departamento especial.
Artículo 32.- Los nombramientos del director general de las uniones y de los directivos que ocupen el
cargo con la jerarquía inmediata inferior a la de éste, deberán recaer en personas que cuenten con
elegibilidad crediticia y honorabilidad, y que además reúnan los requisitos que establezca la Comisión
mediante disposiciones de carácter general.
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Artículo 33.- La unión de que se trate, deberá verificar que las personas que sean designadas como
consejeros, director general y directivos con la jerarquía inmediata inferior a la de este último, cumplan,
con anterioridad al inicio de sus gestiones, con los requisitos señalados en esta Ley. La Comisión podrá
establecer, mediante disposiciones de carácter general, los criterios mediante los cuales se deberán
integrar los expedientes que acrediten el cumplimiento a lo señalado en el presente artículo.
Las uniones deberán informar a la Comisión los nombramientos de consejeros, director general y
directivos con la jerarquía inmediata inferior a la de este último, dentro de los cinco días hábiles
posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos
aplicables.
Artículo 34.- Los poderes que otorguen las uniones no requerirán otras inserciones que las relativas
al acuerdo del consejo que haya autorizado el otorgamiento del poder, a las facultades que en la escritura
constitutiva o en los estatutos sociales se concedan al mismo consejo sobre el particular y a la
comprobación del nombramiento de los consejeros.
Artículo 35.- Los comisarios de las uniones deberán contar con calidad técnica, honorabilidad e
historial crediticio satisfactorio en términos de las disposiciones a que se refiere el artículo 33 de esta Ley,
así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, contable, legal o administrativa.
Artículo 36.- No podrán ser comisarios propietarios o suplentes de las uniones:
I. Sus directores generales, y
II. Los miembros de sus consejos de administración, propietarios o suplentes.
CAPITULO IV
De la fusión y escisión
Artículo 37.- Para la fusión de dos o más uniones o de cualquier sociedad o entidad financiera con
una unión, se requerirá autorización previa de la Comisión con aprobación de su Junta de Gobierno y se
efectuará de acuerdo con las bases siguientes:
I. Las sociedades respectivas presentarán a la Comisión los proyectos de los acuerdos de las
asambleas de accionistas relativos a la fusión, del convenio de fusión y de las modificaciones que
correspondería realizar a los estatutos de las propias sociedades, estados contables que
presenten la situación de las sociedades y que servirán de base para que la asamblea autorice la
fusión, estados financieros proyectados de la sociedad resultante de la fusión y la información
siguiente:
a) Proyecto de estatutos de la sociedad que se ajuste a lo dispuesto en esta Ley;
b) Relación e información de las personas que directa o indirectamente pretendan mantener
una participación en el capital social de la unión a constituir, que deberá contener, de
conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Comisión,
previo acuerdo de su Junta de Gobierno, lo siguiente:
i) El monto del capital social que cada una de ellas suscribirá, y el origen de los recursos
que utilizará para tal efecto;
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ii) La situación patrimonial, tratándose de personas físicas, o los estados financieros,
tratándose de personas morales, en ambos casos, de los últimos tres años, y
iii) Aquélla que permita verificar que cuentan con honorabilidad e historial crediticio y de
negocios satisfactorio.
c) La demás documentación e información relacionada que la Comisión requiera para el efecto.
II. Una vez obtenida la autorización a que se refiere este artículo, los acuerdos de fusión se
inscribirán en el Registro Público de Comercio. A partir de la fecha en que se inscriban surtirá
efectos la fusión;
III. Una vez hecha la inscripción anterior, los acuerdos de fusión adoptados por las respectivas
asambleas de accionistas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
IV. La autorización que otorgue la Comisión para la fusión de una unión como fusionada, dejará sin
efectos la autorización otorgada a ésta para organizarse y operar como tal, sin que para ello,
resulte necesaria la emisión de una declaratoria expresa por parte de la autoridad que la haya
otorgado, y
V. Durante los noventa días naturales siguientes a partir de la fecha de publicación, los acreedores
de las sociedades podrán oponerse judicialmente a la misma, con el único objeto de obtener el
pago de sus créditos, sin que esta oposición suspenda la fusión.
Artículo 38.- Para la escisión de una unión, se requerirá autorización previa de la Comisión con
aprobación de su Junta de Gobierno.
La sociedad escindente presentará a la Comisión el proyecto de acta que contenga los acuerdos de
su asamblea general extraordinaria de accionistas relativos a su escisión, proyecto de reformas
estatutarias de la sociedad escindente, proyecto de estatutos sociales de la sociedad escindida, estados
contables que presenten la situación de la sociedad escindente y que servirán de base para la asamblea
que autorice la escisión, estados financieros proyectados de las sociedades que resulten de la escisión, y
la demás documentación conexa que requiera la Comisión a efecto de evaluar la solicitud respectiva.
La autorización a que se refiere este artículo, los acuerdos de la asamblea de accionistas relativos a la
escisión y la escritura constitutiva de la escindida, se inscribirán en el Registro Público de Comercio. A
partir de la fecha en que se inscriban surtirá efectos la escisión.
Una vez hecha la inscripción anterior, los acuerdos de escisión adoptados por la asamblea de
accionistas de la sociedad escindente se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Durante los noventa días naturales siguientes a partir de la fecha de publicación a que se refiere el
párrafo anterior, los acreedores de la sociedad escindente podrán oponerse judicialmente a la misma,
con el único objeto de obtener el pago de sus créditos, sin que esta oposición suspenda la escisión.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
La sociedad escindida no se entenderá autorizada para organizarse y operar como unión, y la
sociedad escindente que subsista conservará la autorización que se le haya otorgado para tales efectos.
Con motivo de la escisión, a la sociedad escindida sólo se le transmitirán operaciones activas,
pasivas, fidecomisos y comisiones de la unión escindente, en los casos en que lo autorice la Comisión,
cuando considere que no se afectan adversamente los intereses de los socios de las uniones en las
operaciones respectivas y no exista oposición de acreedores. Los fideicomisos o comisiones sólo podrán
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transmitirse cuando el causahabiente final sea una entidad financiera autorizada para llevar a cabo este
tipo de operaciones.
En el evento de que la escisión produzca la extinción de la unión escindente, la autorización otorgada
para organizarse y operar como tal quedará sin efectos, sin que resulte necesario la emisión de una
declaratoria expresa al respecto.
TITULO TERCERO
De las operaciones
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 39.- Las uniones estarán clasificadas en tres niveles de operación conforme al capital mínimo
suscrito y pagado exigido por esta Ley, y podrán realizar las operaciones en términos de lo previsto en el
artículo 40 siguiente.
Artículo 40.- Las uniones, en los términos de su autorización y dependiendo del nivel de operaciones
que les corresponda, sólo podrán realizar las siguientes operaciones:
I. Recibir préstamos y créditos exclusivamente de sus socios, de fondos privados de
financiamiento e inversión, de entidades financieras, de sociedades cuya actividad
preponderante sea el otorgamiento de crédito, de organismos descentralizados de los
gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, o de entidades financieras del
exterior, así como de sus proveedores.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Las operaciones a que se refiere esta fracción que se garanticen con hipoteca de
propiedades de las uniones, deberán acordarse previamente en asamblea general
extraordinaria de accionistas por votación que represente por lo menos el sesenta y seis por
ciento de su capital pagado, salvo que en sus estatutos tengan establecido un porcentaje
más elevado;
II. Recibir financiamientos de fondos aportados a fideicomisos constituidos por los gobiernos
federal, estatales y del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en las reglas de
operación que los mismos establezcan;
III. Emitir valores, para su colocación entre el gran público inversionista, excepto obligaciones
subordinadas de cualquier tipo;
IV. Otorgar créditos y préstamos a sus socios, con o sin garantía, o bien, facilitar el acceso al
crédito otorgándoles su garantía o aval;
V. Practicar con sus socios operaciones de descuento, préstamo y crédito;
VI. Efectuar con fines de cobertura, sin que en ningún caso actúe como intermediario,
operaciones financieras derivadas;
VII. Emitir cartas de crédito con base en el otorgamiento de créditos o previa recepción de su
importe;
Fracción reformada DOF 10-01-2014
VIII. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior;
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IX. Efectuar operaciones de factoraje financiero con sus socios o con las empresas de las que
éstos tengan control;
X. Celebrar contratos de arrendamiento financiero con sus socios y adquirir los bienes que sean
objeto de tales contratos;
XI. Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y afectar los derechos
provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus socios o de las
operaciones autorizadas a las uniones, con las personas de las que reciban financiamiento,
en términos de las fracciones I y II anteriores, así como afectar en fideicomiso irrevocable los
títulos de crédito y los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que celebren
con sus socios a efecto de garantizar el pago de las emisiones a que se refiere la fracción III
de este artículo;
XII. Recibir de sus socios dinero para el cumplimiento de mandatos o comisiones con el exclusivo
objeto de prestar servicios de caja, cuyos saldos podrá depositar la unión en instituciones de
crédito, entidades financieras del exterior o invertirlos en valores gubernamentales.
Los recursos en dinero recibidos para la ejecución de mandatos o comisiones a que se
refiere el párrafo anterior podrán ser retirados en efectivo, mediante tarjeta de débito, así
como mediante traspasos y órdenes de pago no negociables. En ningún caso podrá
disponerse de ellos mediante cheques;
XIII. Realizar operaciones con valores por cuenta propia, con la intermediación de casas de bolsa
y otros intermediarios del mercado de valores autorizados;
XIV. Prestar a sus socios servicios de administración y cobranza de créditos derivada de la
provisión de bienes o servicios;
XV. Actuar como intermediarios en la contratación de seguros documentados, exclusivamente en
contratos de adhesión, salvo en los seguros de pensiones derivados de las leyes de
seguridad social, en los términos de las disposiciones aplicables;
XVI. Actuar como fiduciarias, en los fideicomisos de garantía a que se refiere la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito;
XVII. Proporcionar de manera directa servicios de distribución de acciones a las sociedades de
inversión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Inversión y en las
disposiciones de carácter general aplicables a este tipo de operaciones;
XVIII. Adquirir títulos representativos del capital de sociedades mercantiles, incluyendo aquéllas
que les presten servicios complementarios o auxiliares en su administración, o en la
realización de su objeto, así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o
administradoras de bienes destinados a sus oficinas, previa autorización de la Comisión;
dichas sociedades deberán ajustarse, en cuanto a los servicios u operaciones que la
Comisión repute complementarios o auxiliares de las operaciones que sean propias de las
uniones, a las disposiciones de carácter general que dicte la misma Comisión, y a su
inspección y vigilancia y, en consecuencia, deberán cubrir las cuotas de inspección y
vigilancia correspondientes;
XIX. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y
enajenarlos cuando corresponda;
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XX. Dar en arrendamiento sus bienes muebles e inmuebles, cuando concurran circunstancias
que lo justifiquen;
XXI. Tomar a su cargo o contratar la construcción o administración de obras de propiedad de sus
socios para uso de los mismos, cuando esas obras sean necesarias para el objeto directo de
sus empresas, negociaciones o industrias;
XXII. Promover la organización y administrar empresas industriales o comerciales para lo cual
podrán asociarse con terceras personas. Estas operaciones deberán realizarse con recursos
provenientes de su capital pagado y reservas de capital o de préstamos que reciban para ese
fin;
XXIII. Encargarse de la compra y venta de los frutos o productos obtenidos o elaborados por sus
socios o por terceros;
XXIV. Comprar, vender y comercializar insumos, materias primas, mercancías y artículos diversos,
así como alquilar bienes de capital necesarios para la explotación agropecuaria, industrial,
comercial y de servicios, por cuenta de sus socios o de terceros;
XXV. Adquirir por cuenta propia bienes para enajenarlos o rentarlos a sus socios o terceros;
Fracción reformada DOF 10-01-2014
XXVI. Encargarse, por cuenta propia, de la transformación industrial o del beneficio de los
productos obtenidos o elaborados por sus socios;
XXVII. La transformación que se señala en la fracción anterior podrá realizarse en las plantas
industriales que adquieran al efecto, con cargo a su capital pagado y reservas de capital o
con recursos provenientes de financiamientos de instituciones de crédito, y
XXVIII. Las demás operaciones análogas y conexas que, mediante disposiciones de carácter general
autorice la Comisión.
Las operaciones señaladas en las fracciones XXIII a XXV de este artículo que realicen las uniones
con terceros, en ningún caso constituirán su actividad preponderante, debiendo en todo caso realizarse
tales operaciones a través del departamento especial a que se refiere el artículo 31 de esta Ley.
Las operaciones a que se refieren las fracciones XXI a XXVII de este artículo, se efectuarán por medio
de departamento especial.
Las uniones con niveles de operación II y III podrán otorgar créditos a otras uniones.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Las operaciones de factoraje financiero y arrendamiento financiero, únicamente podrán llevarse a
cabo por uniones que se ubiquen en los niveles de operaciones II y III. La encomienda fiduciaria en
fideicomisos de garantía, sólo podrá realizarse por las uniones que se ubiquen en el nivel de operaciones
III.
Artículo 41.- Las uniones podrán, previa autorización de la Comisión, celebrar operaciones de compra
y venta de divisas exclusivamente con sus socios.
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Para obtener la autorización a que se refiere este artículo, las uniones deberán acreditar
fehacientemente a la Comisión que requieren divisas de manera cotidiana, como resultado de sus
operaciones normales, de las de sus socios o de las empresas de estos últimos.
Artículo 42.- Las características de las operaciones activas, pasivas, y de servicios que realicen las
uniones se sujetarán a lo dispuesto por las disposiciones de carácter general que emita la Comisión con
el propósito de atender necesidades de regulación crediticia.
Artículo 43.- La Comisión autorizará a las uniones el inicio de operaciones o el cambio de nivel de
operaciones a que se refiere el artículo 39 de esta Ley, cuando acrediten el cumplimiento de lo siguiente:
I. Que las operaciones de que se trate se encuentren expresamente señaladas en sus estatutos
sociales;
II. Que cuentan con el capital social mínimo pagado que les corresponda conforme a lo establecido
en el artículo 18 de esta Ley, en función de su nivel de operaciones;
III. Que los consejeros, el director general y los directivos que ocupen el cargo con la jerarquía
inmediata inferior a la de éste, cumplen los requisitos establecidos en esta Ley y demás
disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión;
IV. Que cuentan con la infraestructura y controles internos necesarios para realizar sus operaciones
y otorgar sus servicios, conforme a las disposiciones aplicables, incluso ante el evento de
contratar con terceros la prestación de servicios necesarios para el desarrollo de su objeto social,
y
V. Que se encuentran al corriente en el pago de las sanciones impuestas por incumplimiento a esta
Ley que hayan quedado firmes, así como en el cumplimiento de las observaciones y acciones
correctivas que, en ejercicio de sus funciones hubiere dictado la citada Comisión.
La Comisión practicará las visitas de inspección que considere necesarias a efecto de verificar el
cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores.
La unión de que se trate deberá inscribir en el Registro Público de Comercio, para efectos
declarativos, la autorización que se le haya otorgado para el inicio de operaciones en términos del
presente artículo, a más tardar a los treinta días posteriores a que le haya sido notificada.
Artículo 44.- Las uniones en ningún caso podrán dar noticias o información de los préstamos,
créditos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al socio, acreditante, acreditado, titular o
beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para
disponer de los créditos otorgados o concedidos o para intervenir en la operación o servicio, salvo en los
casos previstos en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 44 Bis.- La Secretaría, la Comisión y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de su competencia, estarán facultadas para
proporcionar a las autoridades financieras del exterior toda clase de información que estimen procedente
para atender los requerimientos que les formulen, tales como documentos, constancias, registros,
declaraciones y demás evidencias que tales autoridades tengan en su poder por haberla obtenido en
ejercicio de sus facultades.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, las autoridades deberán tener suscrito un acuerdo
de intercambio de información con las autoridades financieras del exterior de que se trate, en el que se
contemple el principio de reciprocidad.
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La Comisión estará facultada para entregar a las autoridades financieras del exterior la información
protegida por disposiciones de confidencialidad que obre en su poder por haberla obtenido en el ejercicio
de sus facultades, actuando en coordinación con otras entidades, personas o autoridades o bien
directamente de otras autoridades.
En todo caso, la Comisión podrá abstenerse de proporcionar la información a que se refiere el párrafo
anterior, cuando el uso que se le pretenda dar a la misma sea distinto a aquel para el cual haya sido
solicitada, sea contrario al orden público, a la seguridad nacional o a los términos convenidos en el
acuerdo de intercambio de información respectivo.
La Secretaría, la Comisión y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros deberán establecer mecanismos de coordinación para efectos de la entrega de la
información a que se refiere este artículo a las autoridades financieras del exterior.
La entrega de información que se efectúe en términos del presente artículo no implicará transgresión
alguna a las obligaciones de reserva, confidencialidad, secrecía o análogas que se deban observar
conforme a las disposiciones legales aplicables.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo 45.- Las operaciones de crédito y arrendamiento que practiquen las uniones con sus socios,
deberán estar relacionadas directamente con las actividades de sus empresas o negocios.
El titular de las operaciones a que se refiere la fracción I del artículo 40 de esta Ley, deberá designar
beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción
correspondiente a cada uno de ellos.
En caso de fallecimiento del titular, la unión entregará el importe correspondiente a quienes el propio
titular hubiese designado como beneficiarios, expresamente y por escrito, en la proporción estipulada
para cada uno de ellos.
Si no se hubiesen designado beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en
la legislación común.
Artículo reformado DOF 10-01-2014
CAPITULO II
Regulación prudencial
Artículo 46.- La Comisión emitirá lineamientos mínimos de regulación prudencial a los que deberán
sujetarse las uniones, en temas tales como procesos crediticios, calificación de cartera crediticia,
coeficientes de liquidez, administración integral de riesgos, controles internos y aquellos otros que juzgue
convenientes para proveer la solvencia financiera y la adecuada operación de las uniones.
La Comisión determinará mediante disposiciones técnicas y operativas de carácter general, las bases
para la calificación de la cartera de créditos de las uniones, la documentación e información que éstas
recabarán para el otorgamiento, renovación y durante la vigencia de créditos de cualquier naturaleza, con
o sin garantía real, los requisitos que dicha documentación habrá de reunir y la periodicidad con que deba
obtenerse, así como la integración de las estimaciones preventivas, que por cada rango de calificación
tengan que constituirse, buscando asegurar la solvencia y estabilidad de las uniones y la confiabilidad de
su información financiera.
Las uniones deberán cumplir con las disposiciones generales de carácter prudencial que emita la
Comisión en términos de lo previsto en este artículo.
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Artículo 47.- Al realizar sus operaciones las uniones deben diversificar sus riesgos. La Comisión
determinará mediante disposiciones de carácter general lo siguiente:
I. Los porcentajes máximos de los pasivos a cargo de una unión que correspondan a obligaciones
directas o contingentes en favor de una misma persona, entidad o grupo de personas que de
acuerdo con las mismas reglas deban considerarse para estos efectos, como un solo acreedor.
II. Los límites máximos del importe de las responsabilidades directas y contingentes incluyendo las
inversiones en títulos representativos de capital, de una misma persona, entidad o grupo de
personas que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes,
los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del capital neto señalado en el artículo 48
de la presente Ley.
La Comisión en la emisión de las disposiciones a que se refiere este artículo, para el cálculo de
los montos máximos de financiamiento que pueden otorgar las uniones, tomará en cuenta en
todo caso, los pasivos contraídos por las uniones a que se refiere la fracción I del artículo 40 de
esta Ley que se hayan constituido como garantía irrevocable de créditos concedidos a sus
socios, para establecer límites adicionales a los establecidos en el párrafo anterior.
Las uniones, podrán excluir del concepto de riesgo común, los financiamientos otorgados a las
personas a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción IV del artículo 3, siempre y cuando
cumplan con los requisitos siguientes:
a) Cuenten con una fuente primaria de pago que sea independiente de la persona o Grupo
empresarial que, en su caso, controlen, y
b) El pago del financiamiento que les fue otorgado, no dependa de la situación financiera de la
persona moral o Grupo empresarial, sobre los cuales ejerza el control, de forma tal que
estén en posibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago, con independencia de dicha
situación financiera.
Párrafo con incisos adicionado DOF 10-01-2014
III. El monto total de créditos que en su conjunto puede otorgar una unión a otras uniones no podrá
exceder del equivalente al cincuenta por ciento del capital neto de la unión otorgante.
Fracción adicionada DOF 10-01-2014
La Comisión, a solicitud de la unión podrá autorizar operaciones específicas por montos que excedan
los límites máximos, cuando las características de las mismas así lo justifiquen.
Artículo 48.- Las uniones deberán mantener un capital neto en relación con los riesgos de mercado,
de crédito y otros en que incurran en su operación, que no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de
sumar los requerimientos de capital por cada tipo de riesgo, en términos de las disposiciones de carácter
general que establezca la Comisión con aprobación de su Junta de Gobierno.
El capital neto, en su parte básica y complementaria, se determinará conforme a lo que establezca la
propia Comisión en las mencionadas disposiciones que procuren salvaguardar la solvencia y estabilidad
financiera de las uniones.
El capital neto en ningún momento deberá ser inferior al capital mínimo pagado que le resulte
aplicable conforme a lo establecido en el artículo 18.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
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La Comisión, en las disposiciones de carácter general a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, establecerá el procedimiento para el cálculo del índice de capitalización aplicable a las uniones.
Cuando la Comisión con motivo de su función de supervisión, requiera a las uniones realizar ajustes a
los registros contables relativos a sus operaciones activas y pasivas que, a su vez, puedan derivar en
modificaciones a su índice de capitalización, la Comisión deberá llevar a cabo las acciones necesarias
para que se realice el cálculo de dicho índice de conformidad con lo previsto en este artículo y en las
disposiciones aplicables, en cuyo caso escuchará previamente a la unión afectada.
El índice de capitalización que, en términos del presente artículo, resulte de los ajustes requeridos por
la Comisión será el utilizado para todos los efectos legales conducentes.
Artículo 49.- Las inversiones con cargo al capital de la unión, se sujetarán a los límites siguientes:
I. No excederá del sesenta por ciento de la parte básica del capital neto, el importe de las
inversiones en mobiliario y equipo, en inmuebles destinados a sus oficinas y bodegas, más el
importe de las inversiones en el capital de las sociedades que les presten servicios
complementarios o auxiliares en su administración, o en la realización de su objeto, así como de
sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus
oficinas. La inversión en dichas acciones y los requisitos que deban satisfacer las sociedades a
que se hace referencia, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que dicte la
Comisión.
II. El importe de los gastos de organización o similares no podrá exceder del veinte por ciento de la
parte básica del capital neto.
III. El importe total de las inversiones en plantas industriales, sociedades comerciales o de servicios
que estén vinculadas con las actividades de sus socios, así como en empresas propietarias de
dichas plantas, no podrá ser superior al setenta y cinco por ciento del capital contable de la unión.
Cuando tengan saldos insolutos provenientes de créditos destinados a la adquisición de plantas
industriales, sociedades comerciales o de servicios, o empresas propietarias de dichas plantas,
las uniones no podrán acordar devoluciones de capital con derecho a retiro.
IV. El importe total del valor de los activos en operaciones de arrendamiento puro a las que se refiere
la fracción XXV del artículo 40, no podrá exceder del cien por ciento del capital contable de la
unión.
Fracción adicionada DOF 10-01-2014
Lo dispuesto en las fracciones I y III anteriores, es sin perjuicio de lo previsto en la fracción V del
artículo 103 de esta Ley.
CAPITULO III
Reglas especiales
Artículo 50.- En los créditos, préstamos o financiamientos que las uniones otorguen, el pago de los
intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por períodos vencidos, sin perjuicio de
ajustarse a la legislación mercantil aplicable. La Comisión mediante las disposiciones de carácter general
a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, determinará los montos de los créditos, préstamos y
financiamientos a los que les será aplicable este artículo, de los cuales las uniones estarán obligadas a
informar a sus socios al momento de pactar los términos del crédito.
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Artículo 51.- Para el otorgamiento de sus créditos, las uniones deberán estimar la viabilidad de pago
de los mismos por parte de los acreditados o contrapartes, valiéndose para ello de un análisis a partir de
información cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solvencia crediticia y la capacidad de
pago en el plazo previsto del crédito. Lo anterior, deberá observarse sin menoscabo de considerar el
valor monetario de las garantías que se hubieren ofrecido.
De igual manera, las modificaciones a los contratos de crédito que las uniones acuerden con sus
acreditados, por convenir a sus respectivos intereses, deberán basarse en análisis de viabilidad de pago,
a partir de información cuantitativa y cualitativa, en los términos del párrafo anterior.
Cuando se presenten o se presuman circunstancias financieras adversas o diferentes de aquellas
consideradas en el momento del análisis original, que le impiden al acreditado hacer frente a sus
compromisos adquiridos en tiempo y forma, o cuando se mejore la viabilidad de la recuperación, las
uniones deberán basarse en análisis cuantitativos y cualitativos que reflejen una mejoría en las
posibilidades de recuperación del crédito, para sustentar la viabilidad de la reestructura que se acuerde.
En estos casos, las uniones deberán realizar las gestiones necesarias para la obtención de pagos
parciales o garantías adicionales a las originalmente contratadas. Si en la reestructura, además de la
modificación de condiciones originales, se requiriera de recursos adicionales, deberá contarse con un
estudio que soporte la viabilidad de pago del adeudo agregado bajo las nuevas condiciones.
En todos los casos deberá existir constancia de que los procedimientos de crédito se ajustaron a las
políticas y lineamientos que la propia unión hubiere establecido para tales efectos.
Para la adecuada observancia de lo previsto en el presente artículo, las uniones se ajustarán a las
disposiciones de carácter prudencial que, en materia de crédito y administración de riesgos, expida la
Comisión para procurar la solvencia de las uniones.
La Comisión vigilará que las uniones observen debidamente lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 52.- Los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío, que celebren las uniones,
se ajustarán a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y a las bases
siguientes:
I. Se consignarán, según convenga a las partes y cualquiera que sea su monto, en póliza ante
corredor público titulado, en escritura pública o en contrato privado, que en este último caso se
firmará por triplicado ante dos testigos y se ratificará ante notario público, corredor público
titulado, juez de primera instancia en funciones de notario o ante el encargado del Registro
Público correspondiente;
II. Sin satisfacer más formalidades que las señaladas en la fracción anterior, se podrán establecer
garantías reales sobre bienes muebles o inmuebles, además de los que constituyen la garantía
propia de estos créditos, o sobre la unidad agrícola, ganadera o de otras actividades primarias,
industrial, comercial o de servicios, con las características que se mencionan en el artículo
siguiente;
III. Los bienes sobre los cuales se constituya la prenda, en su caso, podrán quedar en poder del
deudor en los términos establecidos en el artículo 329 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito;
IV. El deudor podrá usar y disponer de la prenda que quede en su poder, conforme a lo que se pacte
en el contrato, y
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V. Podrá exceder del cincuenta por ciento la parte de los créditos refaccionarios que se destine a
cubrir los pasivos a que se refiere el párrafo segundo el artículo 323 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, sólo en los casos que la Comisión autorice a la unión para ello,
siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 51 de esta Ley.
Artículo 53.- En los contratos de crédito de habilitación o avío, el acreditante se reservará el derecho
de negociar, afectar en garantía o endosar a entidades financieras del país, los títulos que expida el
acreditado por las disposiciones que vaya efectuando y se obligará, en su caso, a rescatarlos de acuerdo
con lo pactado, a medida que se vayan haciendo los reembolsos del crédito; cada disposición estará de
acuerdo con los ciclos de producción; la mora en el pago de una disposición, suspenderá el ejercicio del
crédito y los frutos o productos futuros y los nuevos bienes que adquiera el acreditado para servicio de la
unidad productiva dentro de la vigencia del contrato, quedarán en garantía sin necesidad de ulteriores
anotaciones o inscripciones en el Registro Público de Comercio que corresponda, salvo que se trate de
bienes inmuebles.
Cuando el crédito de habilitación o avío sea complementario de un crédito refaccionario y se formalice
en el mismo instrumento, los plazos de aquél podrán ampliarse a los establecidos para el refaccionario,
siempre que se observen los requisitos y condiciones señalados en el párrafo anterior.
Artículo 54.- La prenda sobre bienes y valores se constituirá en la forma prevista en la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito, bastando al efecto que se consigne en el documento de crédito
respectivo con expresión de los datos necesarios para identificar los bienes dados en garantía.
En todo caso de anticipo sobre títulos o valores, de prenda sobre ellos, sobre sus frutos y mercancías,
las uniones podrán efectuar la venta de los títulos, bienes o mercancías, en los casos que proceda de
conformidad con la mencionada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por medio de corredor
público titulado o de dos comerciantes de la localidad, conservando en su poder la parte del precio que
cubra las responsabilidades del deudor, que podrán aplicar en compensación de su crédito y guardando
a disposición de aquél el sobrante que pueda existir.
Artículo 55.- Cuando las uniones reciban en prenda créditos en libros, bastará que se haga constar
así, en los términos del artículo anterior, en el contrato correspondiente, que los créditos dados en prenda
se hayan especificado en las notas o relaciones respectivas, y que esas relaciones hayan sido transcritas
por la unión acreedora en un libro especial en asientos sucesivos, en orden cronológico, en el que se
expresará el día de la inscripción, a partir de la cual la prenda se entenderá constituida.
El deudor se considerará como mandatario del acreedor para el cobro de los créditos, y tendrá las
obligaciones y responsabilidades civiles y penales que al mandatario correspondan.
Artículo 56.- Las hipotecas constituidas en favor de uniones, sobre la unidad completa de una
empresa industrial, agrícola, ganadera o dedicada a la explotación de bienes o servicios públicos,
deberán comprender la concesión o concesiones respectivas, en su caso; todos los elementos
materiales, muebles o inmuebles afectos a la explotación, considerados en su unidad; y además, podrán
comprender el dinero en caja de la explotación corriente y los créditos a favor de la empresa, nacidos
directamente de sus operaciones, sin perjuicio de la posibilidad de disponer de ellos y de sustituirlos en el
movimiento normal de las operaciones, sin necesidad del consentimiento del acreedor salvo pacto en
contrario.
Las uniones acreedoras de las hipotecas a que se refiere este artículo, deberán permitir el desarrollo
normal de la explotación de los bienes afectos a las mismas, conforme al destino que les corresponda, y
no podrán, tratándose de bienes afectos a una concesión de servicio público, oponerse a las alteraciones
o modificaciones que a los mismos se haga durante el plazo de la hipoteca, siempre que resulten
necesarios para la mejor prestación del servicio público correspondiente.
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Sin embargo, como acreedores podrán oponerse a la venta o enajenación de parte de los bienes y a
la fusión con otras empresas, en caso de que se origine con ello un peligro para la seguridad de los
créditos hipotecarios.
La referida hipoteca podrá constituirse, en segundo lugar, si el importe de los rendimientos netos de la
explotación libre de toda otra carga, alcanza para cubrir los intereses y amortizaciones del préstamo.
Las hipotecas a que se refiere este artículo deberán ser inscritas en el Registro Público de Comercio
del lugar o lugares en que estén ubicados los bienes.
Será aplicable en lo pertinente a las hipotecas a que se refiere este artículo, lo dispuesto en el artículo
214 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Artículo 57.- En los contratos de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero que celebren
las uniones en que se pacte que el acreditado o mutuatario, arrendatario o factorado puedan disponer de
la suma acreditada o del importe del préstamo en cantidades parciales o estén autorizados para efectuar
reembolsos previos al vencimiento del término señalado en el contrato, el estado de cuenta certificado
por el contador de la unión acreedora hará fe, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo para la
fijación del saldo resultante a cargo del deudor.
Artículo 58.- El contrato o documento en que se hagan constar los créditos, arrendamientos
financieros o factoraje financiero que otorguen las uniones, junto con la certificación del estado de cuenta
a que se refiere el artículo anterior, serán título ejecutivo mercantil sin necesidad de reconocimiento de
firma ni de otro requisito alguno.
Tratándose de factoraje financiero, además del contrato se deberá contar con los documentos que
demuestren los derechos de crédito trasmitidos a uniones, notificados debidamente al deudor.
El estado de cuenta certificado antes citado, deberá contener los datos sobre la identificación del
contrato o convenio en donde conste el crédito o arrendamiento otorgado; el capital inicial dispuesto o
importe de las rentas determinadas; el capital o rentas vencidas no pagadas; el capital o rentas
pendientes por vencer; las tasas de interés del crédito o variabilidad de la renta aplicable las rentas
determinables a cada período de pago; los intereses moratorios generados; la tasa de interés aplicable a
intereses moratorios, y el importe de accesorios generados.
Artículo 59.- El juez decretará de plano la posesión del bien objeto del contrato de arrendamiento
financiero, solicitada conforme al artículo 416 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito por
las uniones que hayan celebrado dicho contrato como arrendador, siempre que, además del contrato de
arrendamiento financiero debidamente certificado ante fedatario público, aquéllas acompañen a su
solicitud el estado de cuenta certificado en los términos del artículo 57 de esta Ley.
Artículo 60.- Las uniones, al emitir las cartas de crédito a que se refieren la fracción VII del artículo 40
de esta Ley, se sujetarán a lo señalado en este artículo y, de manera supletoria, a los usos y prácticas
que expresamente indiquen las partes en cada una de ellas, sin que resulte aplicable para esta operación
lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en materia de cartas de crédito.
Para efectos de esta Ley, se entenderá por carta de crédito al instrumento por virtud del cual una
unión se obliga a pagar, a la vista o a plazo, a nombre propio o por cuenta de su socio, directamente o a
través de un banco corresponsal, una suma de dinero determinada o determinable a favor del
beneficiario, contra la presentación de los documentos respectivos, siempre y cuando se cumplan los
términos y condiciones previstos en la propia carta de crédito.
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Las cartas de crédito podrán ser emitidas por las uniones con base en el otorgamiento de créditos o
previa recepción de su importe como prestación de un servicio. En ambos casos, los documentos con
base en los cuales se lleve a cabo la emisión de la carta de crédito deberán contener, al menos, los
términos y condiciones para el ejercicio del crédito o la prestación del servicio, el pago de principal,
accesorios, gastos y comisiones, así como la devolución de las cantidades no utilizadas.
Una vez emitidas las cartas de crédito, la obligación de pago de la unión emisora será independiente
de los derechos y obligaciones que ésta tenga frente a su socio. Las cartas de crédito deberán establecer
un plazo de vigencia determinado o determinable.
Las cartas de crédito irrevocables sólo podrán ser modificadas o canceladas con la aceptación
expresa de la unión emisora, del beneficiario y, en su caso, de la unión confirmadora.
Para efectos del presente artículo, se entenderá por confirmación el compromiso expreso de pago que
asume una unión respecto de una carta de crédito emitida por otra, a petición de esta última. La
confirmación de la carta de crédito que realice una unión implicará para ella una obligación directa de
pago frente al beneficiario, sujeta a que éste cumpla con los términos y condiciones previstos en la propia
carta de crédito. Dicha obligación de pago es independiente de los derechos y obligaciones que existan
entre la unión que realiza la confirmación y la unión emisora.
Las uniones no serán responsables por:
I. El cumplimiento o incumplimiento del hecho o acto que motive la emisión de la carta de crédito;
II. La exactitud, autenticidad o valor legal de cualquier documento presentado al amparo de la carta
de crédito;
III. Los actos u omisiones de terceros, aun si esos terceros son designados por la unión emisora,
incluyendo a bancos que actúen como corresponsales;
IV. La calidad, cantidad, peso, valor o cualquier otra característica de las mercancías o servicios
descritos en los documentos;
V. El retraso o extravío en los medios de envío o de comunicación, y
VI. El incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor.
Las cartas de crédito a que se refiere este artículo podrán ser comerciales, así como de garantía o
contingentes.
Las cartas de crédito comerciales permiten al beneficiario hacer exigible el pago de una obligación
derivada de una operación de comercio, contra la presentación de los documentos en ellas previstos y de
conformidad con sus términos y condiciones. Cuando se utilicen las expresiones “crédito documentario”,
“crédito comercial documentario” y “crédito comercial”, se entenderá que se refieren a las cartas de
crédito comerciales previstas en este párrafo.
Las cartas de crédito de garantía o contingentes garantizan el pago de una suma determinada o
determinable de dinero, a la presentación del requerimiento de pago y demás documentos previstos en
ellas, siempre y cuando se cumplan los requisitos estipulados.
Salvo pacto en contrario, la resolución de controversias relacionadas con las cartas de crédito se
sujetará a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar donde se emitan. No obstante lo anterior,
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la obligación de pago derivada de la confirmación de cartas de crédito, salvo pacto en contrario, será
exigible ante los tribunales competentes del lugar donde se efectúe la confirmación.
Artículo 61.- Las uniones requerirán del acuerdo de, por lo menos, tres cuartas partes de los
consejeros que estén presentes en las sesiones del consejo de administración, para aprobar la
celebración de operaciones con personas relacionadas.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
Serán operaciones con personas relacionadas, las celebradas por las uniones, en las que resulten o
puedan resultar deudores de las mismas, las personas que se indican a continuación:
I. Los miembros del consejo de administración de la unión, el director general de la misma y los
funcionarios de la jerarquía inmediata inferior a éste;
II. Los cónyuges, concubina o concubinario y las personas que tengan parentesco por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil con las personas señaladas en la
fracción anterior;
III. Las personas morales, así como los consejeros y directivos de éstas, en las que la unión, posea
directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su
capital, y
IV. Las personas morales en las que cualesquiera de las personas señaladas en las fracciones
anteriores, posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos
representativos de su capital.
Los consejeros y funcionarios se excusarán de participar en las discusiones y se abstendrán de votar
en los casos en que tengan un interés directo.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
En todo caso, las operaciones con personas relacionadas no deberán celebrarse en términos y
condiciones más favorables, que las operaciones de la misma naturaleza que se realicen con los demás
socios de la unión.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo 62.- Las operaciones con personas relacionadas que deban ser sometidas a la aprobación
del consejo de administración, se presentarán por conducto y con la opinión favorable del comité de
crédito respectivo. De otorgarse la aprobación, la unión deberá presentar a la Comisión, copia del
acuerdo, certificada por el secretario del consejo de administración, en el que conste la aprobación del
consejo e informarle del otorgamiento y, en su caso renovación, así como la forma de pago o extinción de
estos créditos, en los términos que señale la propia Comisión.
Las operaciones con personas a que se refiere el artículo 61 de esta Ley cuyo importe en su conjunto
no exceda del equivalente en moneda nacional a 500,000 unidades de inversión o el cinco por ciento del
capital social pagado de la unión, el que sea menor, no requerirán de la aprobación del consejo de
administración; sin embargo, deberán hacerse de su conocimiento y poner a su disposición toda la
información relativa a las citadas operaciones de manera agregada, al igual que a la asamblea general de
accionistas.
El consejo de administración de las instituciones podrá delegar sus facultades a un comité de
consejeros, cuya función será exclusivamente la aprobación de operaciones con personas relacionadas,
en aquellas operaciones donde el importe no exceda de dos millones de unidades de inversión. Dicho
comité se integrará por un mínimo de cuatro y un máximo de siete consejeros, de los cuales, por lo
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menos, una tercera parte deberán ser consejeros independientes, en términos de lo dispuesto en el
artículo 27 de la presente Ley.
Las resoluciones del comité requerirán del acuerdo de las tres cuartas partes de los miembros
presentes en la sesión.
El citado comité deberá presentar un informe de su gestión al consejo de administración con la
periodicidad que éste le indique, sin que ésta exceda de ciento ochenta días.
La suma total de los montos de crédito dispuestos, más las líneas de apertura de crédito irrevocable
otorgados a personas relacionadas, no podrá exceder del cien por ciento del capital contable de la unión.
Sin perjuicio de lo anterior, las uniones podrán otorgar créditos a personas relacionadas cuando estos
créditos tengan como garantía irrevocable los pasivos a que se refiere la fracción I del artículo 40, hasta
por un monto adicional equivalente al cien por ciento de su capital contable.
Para los efectos del párrafo anterior, el capital contable que deberá utilizarse será el correspondiente
al último día hábil del trimestre calendario inmediato anterior a la fecha en que se efectúen los cálculos.
Artículo reformado DOF 10-01-2014
Artículo 63.- Las uniones podrán ceder o descontar su cartera crediticia con cualquier persona.
Tratándose de cesiones o descuentos de cartera crediticia que se celebren con el Banco de México,
instituciones de crédito, fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico o
fideicomisos que tengan por objeto emitir valores, se llevarán a cabo sin restricción alguna.
Cuando las uniones celebren cesiones o descuentos de cartera crediticia con otras uniones o
personas distintas de las mencionadas en el párrafo anterior y pretendan responder por la solvencia del
deudor, otorgar financiamiento al cesionario o descontatario, o convenir con estos últimos obligaciones o
derechos que le permitan readquirir la cartera crediticia cedida o descontada, requerirán de la previa
autorización de la Comisión la cual deberá salvaguardar la solvencia y estabilidad financiera de las
uniones. Asimismo, quienes se subroguen en los derechos de dicha cartera, no podrán recibir
financiamiento de la propia unión, respecto de dicha operación o los créditos objeto de la misma, ni
tampoco esta unión podrá responder por la solvencia del deudor.
Las uniones no estarán sujetas a lo establecido en el artículo 44 de esta Ley por lo que hace a la
información relacionada con los activos que se mencionan a continuación, cuando ésta sea
proporcionada a personas con las que se negocien o celebren las siguientes operaciones:
I. Los créditos que vayan a ser objeto de cesión o descuento, o
II. Su cartera u otros activos, tratándose de la transmisión o suscripción de un porcentaje
significativo de su capital social. Para dar a conocer la información respectiva deberá obtenerse
la autorización previa de la Comisión.
Durante los procesos de negociación a que se refiere este artículo, los participantes deberán guardar
la debida confidencialidad sobre la información a que tengan acceso con motivo de los mismos.
Artículo 64.- Las uniones quedarán sujetas, en lo que respecta a las operaciones de fideicomiso de
garantía que administren de acuerdo con la Sección Segunda del Capítulo V del Título Segundo de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, a lo dispuesto por los artículos 79 y 80 de la Ley de
Instituciones de Crédito para dichas instituciones.
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TITULO CUARTO
De la contabilidad, inspección y vigilancia
CAPITULO I
De la contabilidad
Artículo 65.- Todo acto o contrato que signifique variación en el activo o en el pasivo de una unión, o
implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad el mismo día en que se
efectúe. La contabilidad, los libros y documentos correspondientes y el plazo que deban ser conservados
se regirán por las disposiciones de carácter general que dicte la Comisión, tendientes a asegurar la
confiabilidad, oportunidad y transparencia de la información contable y financiera de las uniones.
Artículo 66.- Las uniones podrán microfilmar, grabar en formato digital, medios ópticos o magnéticos,
o conservar en cualquier otro medio que les autorice la Comisión, todos aquellos libros, registros y
documentos en general que obren en su poder relacionados con los actos que lleven a cabo y que
mediante disposiciones de carácter general señale la Comisión, de acuerdo a las bases técnicas que
para la microfilmación o la grabación, su manejo y conservación establezca la misma.
Los negativos originales de cámara obtenidos por el sistema de microfilmación y la primera copia que
se obtenga de los discos ópticos o magnéticos con imágenes digitalizadas o cualquier otro medio
autorizado, de acuerdo a lo señalado por el párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de
dichos sistemas o medios, debidamente certificadas por el directivo autorizado de la unión, tendrán en
juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados, grabados o
conservados a través de cualquier otro medio autorizado.
Transcurrido el plazo en el que las uniones se encuentran obligadas a conservar la contabilidad, libros
y demás documentos de conformidad con el artículo 65 de esta Ley y las disposiciones que haya emitido
la Comisión, los registros que figuren en la contabilidad de la unión harán fe, salvo prueba en contrario,
en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes de las operaciones a que se refiere las
fracciones I y XII del artículo 40 de esta Ley.
Artículo 67.- La Comisión, mediante disposiciones de carácter general que procuren la transparencia
y confiabilidad de la información financiera de las uniones, señalará los requisitos a que se sujetará la
aprobación de los estados financieros por parte de los administradores de las uniones; su difusión a
través de cualquier medio de comunicación, incluyendo a los medios electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología; así como el procedimiento a que se ajustará la revisión que de los mismos efectúe la
propia Comisión.
La Comisión establecerá, mediante disposiciones de carácter general que faciliten la transparencia y
confiabilidad de la información financiera de las uniones, la forma y el contenido que deberán presentar
los estados financieros de las uniones; de igual forma, podrá ordenar que los estados financieros se
difundan con las modificaciones pertinentes y en los plazos que al efecto establezca.
Las uniones como excepción a lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, deberán publicar sus estados financieros en los términos y medios que establezcan las
disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo primero de este artículo.
Los estados financieros anuales deberán estar dictaminados por un auditor externo independiente,
quien será designado directamente por el consejo de administración de la unión de que se trate.
La propia Comisión, mediante disposiciones de carácter general que procuren la transparencia y
confiabilidad de la información financiera de las uniones, podrá establecer las características y requisitos
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que deberán cumplir los auditores externos independientes, determinar el contenido de sus dictámenes y
otros informes, así como señalar la información que deberán revelar en sus dictámenes.
Artículo 68.- Las uniones estarán obligadas a poner a disposición de sus socios la información
corporativa, financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica que determine la Comisión,
mediante disposiciones de carácter general que emita para tales efectos. Para dictar dichas
disposiciones, la Comisión deberá tomar en consideración la relevancia de esa información para
transparentar a los socios de las uniones la solvencia, liquidez y seguridad operativa de éstas. Para tales
efectos, se podrán utilizar medios automatizados o digitalizados.
Artículo 69.- La Comisión contará con facultades de inspección y vigilancia, respecto de las personas
morales que presten servicios de auditoría externa en términos de esta Ley, incluyendo los socios o
empleados de aquéllas que formen parte del equipo de auditoría, a fin de verificar el cumplimiento de
esta Ley y la observancia de las disposiciones de carácter general que de ella emanen.
Para tal efecto, la citada Comisión podrá:
I. Requerir toda clase de información y documentación relacionada con la prestación de este tipo
de servicios;
II. Practicar visitas de inspección;
III. Requerir la comparecencia de socios, representantes y demás empleados de las personas
morales que presten servicios de auditoría externa, y
IV. Emitir o reconocer normas y procedimientos de auditoría que deberán observar las personas
morales que presten servicios de auditoría externa al dictaminar o emitir opiniones relativas a los
estados financieros de las uniones.
El ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo estará circunscrito a los dictámenes,
opiniones y prácticas de auditoría que, en términos de esta Ley, practiquen las personas morales que
presten servicios de auditoría externa, así como sus socios o empleados.
Artículo 70.- Las uniones deberán observar lo dispuesto en los artículos 67 y 71 de esta Ley,
respecto a los requisitos que debe cumplir la persona moral que les proporcione los servicios de auditoría
externa, así como el auditor externo que suscriba el dictamen y otros informes correspondientes a los
estados financieros.
Artículo 71.- Los auditores externos que suscriban el dictamen a los estados financieros en
representación de las personas morales que proporcionen los servicios de auditoría externa deberán
contar con honorabilidad en términos del artículo 17, fracción II, de esta Ley; reunir los requisitos
personales y profesionales que establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general, y ser
socios de una persona moral que preste servicios profesionales de auditoría de estados financieros y que
cumpla con los requisitos de control de calidad que al efecto establezca la propia Comisión en las citadas
disposiciones.
Además, los citados auditores externos, la persona moral de la cual sean socios y los socios o
personas que formen parte del equipo de auditoría no deberán ubicarse en ninguno de los supuestos de
falta de independencia que al efecto establezca la Comisión, mediante disposiciones de carácter general,
en las que se consideren, entre otros aspectos, vínculos financieros o de dependencia económica,
prestación de servicios adicionales al de auditoría y plazos máximos durante los cuales los auditores
externos puedan prestar los servicios de auditoría externa a las uniones.
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Artículo 72.- El auditor externo, así como la persona moral de la cual sea socio, estarán obligados a
conservar la documentación, información y demás elementos utilizados para elaborar su dictamen,
informe u opinión, por un plazo de al menos cinco años. Para tales efectos, se podrán utilizar medios
automatizados o digitalizados.
Asimismo, los auditores externos deberán suministrar a la Comisión los informes y demás elementos
de juicio en los que sustenten sus dictámenes y conclusiones. Si durante la práctica o como resultado de
la auditoría encuentran irregularidades que afecten la liquidez, estabilidad o solvencia de alguna de las
uniones a las que presten sus servicios de auditoría, deberán presentar al comité de auditoría, y en todo
caso a la Comisión, un informe detallado sobre la situación observada.
Las personas que proporcionen servicios de auditoría externa responderán por los daños y perjuicios
que ocasionen a la unión que los contrate, cuando:
I. Por negligencia inexcusable, el dictamen u opinión que proporcionen contenga vicios u omisiones
que, en razón de su profesión u oficio, debieran formar parte del análisis, evaluación o estudio
que dio origen al dictamen u opinión.
II. Intencionalmente, en el dictamen u opinión:
a) Omitan información relevante de la que tengan conocimiento, cuando deba contenerse en su
dictamen u opinión;
b) Incorporen información falsa o que induzca a error, o bien, adecuen el resultado con el fin de
aparentar una situación distinta de la que corresponda a la realidad;
c) Recomienden la celebración de alguna operación, optando dentro de las alternativas
existentes, por aquélla que genere efectos patrimoniales notoriamente perjudiciales para la
unión, o
d) Sugieran, acepten, propicien o propongan que una determinada transacción se registre en
contravención de los criterios de contabilidad emitidos por la Comisión.
Artículo 73.- Las personas a que se refiere el artículo 70 de esta Ley no incurrirán en responsabilidad
por los daños o perjuicios que ocasionen, derivados de los servicios u opiniones que emitan, cuando
actuando de buena fe y sin dolo se actualice lo siguiente:
I. Rindan su dictamen u opinión con base en información proporcionada por la persona a la que
otorguen sus servicios, y
II. Rindan su dictamen u opinión apegándose a las normas, procedimientos y metodologías que
deban ser aplicadas para realizar el análisis, evaluación o estudio que corresponda a su
profesión u oficio.
Artículo 74.- La Comisión fijará las reglas máximas para la estimación de los activos de las uniones y
las reglas mínimas para la determinación de sus obligaciones y responsabilidades, en aras de procurar la
adecuada valuación de dichos conceptos en la contabilidad de las uniones.
CAPITULO II
De la inspección y vigilancia
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Artículo 75.- Las uniones estarán sujetas a la supervisión de la Comisión, la que tendrá en lo que no
se oponga a esta Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley
que la rige y la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 76.- Las uniones estarán obligadas a prestar a los inspectores de la Comisión, todo el apoyo
que se les requiera, proporcionando los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares,
documentos, correspondencia y en general, la documentación que los mismos estimen necesaria para el
cumplimiento de su cometido; pudiendo tener acceso a sus oficinas, locales y demás instalaciones.
Artículo 77.- Los servidores públicos de la Comisión, tendrán prohibido realizar operaciones con las
uniones sujetas a la supervisión de aquélla, en condiciones preferentes a las ofrecidas al resto de sus
socios.
Artículo 78.- Las uniones deberán presentar la información y documentación que, en el ámbito de sus
respectivas competencias, les soliciten la Secretaría, la Comisión así como la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, dentro de los plazos y a través de los
medios que las mismas establezcan.
Con el objeto de preservar la estabilidad financiera, evitar interrupciones o alteraciones en el
funcionamiento del sistema financiero, así como para facilitar el adecuado cumplimiento de sus
funciones, la Secretaría, la Comisión y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros deberán, a petición de parte interesada y en términos de los convenios
a que se refiere el último párrafo de este artículo, intercambiar entre sí la información que tengan en su
poder por haberla obtenido:
I. En el ejercicio de sus facultades;
II. Como resultado de su actuación en coordinación con otras entidades, personas o autoridades
o bien,
III. Directamente de otras autoridades.
Párrafo con fracciones reformado DOF 10-01-2014
A la facultad mencionada en el párrafo anterior, no le serán oponibles las restricciones relativas a la
información reservada o confidencial en términos de las disposiciones legales aplicables. Quien reciba la
información a que se refiere este artículo será responsable administrativa y penalmente, en términos de
la legislación aplicable, por la difusión a terceros de información confidencial o reservada.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades señaladas deberán celebrar
convenios de intercambio de información en los que especifiquen la información objeto de intercambio y
determinen los términos y condiciones a los que deberán sujetarse para ello. Asimismo, dichos convenios
deberán definir el grado de confidencialidad o reserva de la información, así como las instancias de
control respectivas a las que se informarán los casos en que se niegue la entrega de información o su
entrega se haga fuera de los plazos establecidos.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
TITULO QUINTO
De las facultades de las autoridades
CAPITULO I
Medidas correctivas
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Artículo 79.- Las medidas correctivas deberán tener por objeto prevenir y, en su caso, corregir los
problemas que las uniones presenten, derivados de las operaciones que realicen y que puedan afectar su
estabilidad financiera o solvencia.
La Comisión deberá notificar por escrito a las uniones las medidas correctivas que deban observar en
términos de este Capítulo, así como verificar su cumplimiento de acuerdo con lo previsto en este
ordenamiento. En la notificación a que se refiere este párrafo, la Comisión deberá definir los términos y
plazos para el cumplimiento de las medidas correctivas.
Las uniones deberán prever lo relativo a la implementación de las medidas correctivas dentro de sus
estatutos sociales, obligándose a adoptar las acciones que, en su caso resulten aplicables.
La adopción de cualquiera de las medidas correctivas que imponga la Comisión, con base en esta Ley
y, en su caso, las sanciones o procedimientos de revocación que deriven de su incumplimiento, se
considerarán de orden público e interés social, por lo que no procederá en su contra medida
suspensional alguna.
Artículo 80.- Cuando las uniones no cumplan con los requerimientos de capitalización establecidos
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley y en las disposiciones que de ese precepto
emanen, la Comisión deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:
I. Medidas correctivas mínimas:
a) Informar a su consejo de administración las causas que la motivaron, para lo cual deberán
presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que
señale el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales
indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de la unión, así como las
observaciones que, en su caso, la Comisión, en el ámbito de su competencia, le haya
dirigido.
b) En un plazo no mayor a veinte días, presentar a la Comisión, para su aprobación, un plan de
restauración de capital que tenga como resultado un incremento en su índice de
capitalización, el cual podrá contemplar un programa de mejora en eficiencia operativa,
racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad, la realización de aportaciones al
capital social y límites a las operaciones que la unión de que se trate pueda realizar en
cumplimiento de su objeto social, o a los riesgos derivados de dichas operaciones. El plan de
restauración de capital deberá ser aprobado por el consejo de administración de la unión de
que se trate antes de ser presentado a la propia Comisión.
La unión de que se trate deberá determinar en el plan de restauración de capital que,
conforme a este inciso, deba presentar, metas periódicas, así como el plazo en el cual el
capital de dicha unión obtendrá el nivel de capitalización requerido conforme a las
disposiciones aplicables.
La Comisión deberá resolver lo que corresponda sobre el plan de restauración de capital que,
en su caso, le haya sido presentado, en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir
de la fecha de presentación del plan de que se trate.
Las uniones a las que resulte aplicable lo previsto en este inciso, deberán cumplir con el plan
de restauración de capital dentro del plazo que establezca la Comisión, el cual en ningún
caso podrá exceder de doscientos setenta días contados a partir del día siguiente al que se
notifique a la unión, la aprobación respectiva. Para la determinación del plazo para el
cumplimiento del plan de restauración, la Comisión deberá tomar en consideración su
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situación financiera, así como las condiciones que en general prevalezcan en los mercados
financieros. La Comisión, por acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá prorrogar por única
vez este plazo por un periodo que no excederá de noventa días.
La Comisión dará seguimiento y verificará el cumplimiento del plan de restauración de
capital, sin perjuicio de la procedencia de otras medidas correctivas;
c) Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la unión, así como
cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales.
d) Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del
director general, así como no otorgar nuevas compensaciones en el futuro para el director
general y funcionarios, hasta en tanto la unión cumpla con los niveles de capitalización
requeridos por la Comisión en términos de las disposiciones a que se refiere el artículo 48 de
esta Ley. Esta previsión deberá contenerse en los contratos y demás documentación que
regulen las condiciones de trabajo.
Lo previsto en esta fracción también será aplicable respecto de pagos que se realicen a
personas morales distintas a la unión de que se trate, cuando dichas personas morales
efectúen los pagos a los funcionarios de la unión.
La medida prevista en este artículo es sin perjuicio de los derechos laborales adquiridos a
favor de las personas que conforme a la misma puedan resultar afectadas;
e) Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a las
personas consideradas como relacionadas en términos del artículo 61 de esta Ley.
Independientemente del índice de capitalización de las uniones, la Comisión podrá ordenar la
aplicación de medidas correctivas especiales adicionales.
II. Las medidas correctivas especiales adicionales que, en su caso, deberán cumplir las uniones
serán las siguientes:
a) Contratar los servicios de auditores externos u otros terceros especializados para la
realización de auditorías especiales sobre cuestiones específicas;
b) Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios y
empleados en general, exceptuando las revisiones salariales convenidas y respetando en
todo momento los derechos laborales adquiridos.
Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se realicen a
personas morales distintas a la unión de que se trate, cuando dichas personas morales
efectúen los pagos a los empleados o funcionarios de la unión;
c) Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o auditores externos, nombrando la propia
unión a las personas que ocuparán los cargos respectivos. Lo anterior es sin perjuicio de las
facultades de la Comisión previstas en el artículo 93 de esta Ley para determinar la remoción
o suspensión de los miembros del consejo de administración, directores generales,
comisarios, directores y gerentes, delegados fiduciarios y demás funcionarios que puedan
obligar con su firma a la unión;
Inciso reformado DOF 10-01-2014
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d) Cuando a juicio de la Comisión, la administración de la sociedad no presente la situación
financiera integral de la unión a la asamblea general de accionistas o cuando se presenten
situaciones irregulares que pongan en riesgo el patrimonio de la sociedad, la propia Comisión
podrá solicitar al comisario de la misma la convocatoria a asambleas ordinarias y
extraordinarias de accionistas para que informe de la situación determinada o de las medidas
correctivas ordenadas, y
Inciso reformado DOF 10-01-2014
e) Las demás que determine la Comisión, con base en el resultado de sus funciones de
inspección y vigilancia, así como en las sanas prácticas financieras.
Inciso adicionado DOF 10-01-2014
Para la aplicación de las medidas correctivas especiales adicionales, la Comisión podrá considerar,
entre otros elementos, la situación financiera integral de la unión, el cumplimiento al marco regulatorio, la
tendencia de su índice de capitalización y de los principales indicadores que reflejen el grado de
estabilidad y solvencia, la calidad de la información contable y financiera, y el cumplimiento en la entrega
de dicha información.
Artículo 81.- Cuando a juicio de la Comisión existan irregularidades en las uniones, que afecten su
estabilidad o solvencia y pongan en peligro los intereses de los socios o acreedores, el Presidente de
dicho órgano podrá proponer a la Junta de Gobierno, la declaración de intervención con carácter de
gerencia de la unión de que se trate y designar a la persona física que se haga cargo de la unión con el
carácter de interventor-gerente.
Artículo 82.- La intervención gerencial de que habla el artículo anterior se llevará a cabo directamente
por un interventor-gerente, y al iniciarse dicha intervención se entenderá con el principal funcionario de la
unión que se encuentre en las oficinas de ésta.
Artículo 83.- El interventor-gerente tendrá todas las facultades que normalmente correspondan al
consejo de administración de la unión y plenos poderes generales para actos de dominio, de
administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la
ley, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querellas y desistir de estas
últimas, previo acuerdo del Presidente de la Comisión, y para otorgar los poderes generales o especiales
que juzgue convenientes, y revocar los que estuvieren otorgados por la unión intervenida y los que él
mismo hubiere conferido.
El interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de accionistas ni al
consejo de administración.
Artículo 84.- Los interventores a que se refiere este capítulo, deberán reunir los requisitos previstos
en esta Ley para ser director general de una unión, con la salvedad de que podrán ser designados como
interventores quienes realicen funciones de inspección y vigilancia de las uniones. Asimismo, sólo podrán
obtener de las uniones préstamos, o adquirir el carácter de deudores de tales uniones por cualquier título,
en los mismos términos que, en su caso, apruebe la Junta de Gobierno de la Comisión para sus
empleados.
Artículo 85.- El oficio que contenga el nombramiento de interventor-gerente deberá inscribirse en el
Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio de la unión intervenida, sin más requisitos
que el oficio respectivo de la Comisión.
Artículo 86.- Desde el momento de la intervención quedarán supeditadas al interventor-gerente todas
las facultades del consejo de administración y los poderes de las personas que el interventor determine;
pero la asamblea de accionistas podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos
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que le competen, y lo mismo podrá hacer el consejo para estar informado por el interventor-gerente sobre
el funcionamiento y las operaciones que realice la sociedad, y para opinar sobre los asuntos que el
mismo interventor-gerente someta a su consideración. El interventor-gerente podrá citar a asamblea de
accionistas y reuniones del consejo de administración con los propósitos que considere necesarios o
convenientes.
Artículo 87.- La Comisión acordará levantar la intervención con carácter de gerencia cuando las
irregularidades que hayan afectado la estabilidad o solvencia de la unión se hubieran corregido.
Cuando la Comisión acuerde levantar la intervención con carácter de gerencia, lo comunicará así al
encargado del Registro Público de Comercio que haya hecho la anotación a que se refiere el artículo 85
de esta Ley, a efecto de que cancele la inscripción respectiva.
Artículo 88.- Las uniones deberán dar aviso a la Comisión por lo menos con treinta días de
anticipación a la apertura, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas en el país,
excepto cuando se trate del cambio de domicilio social, del cual se requerirá autorización previa de la
Comisión.
Artículo 89.- Las uniones requerirán de autorización previa de la Comisión para adquirir acciones o
participaciones en el capital social de empresas o sociedades extranjeras.
Artículo 90.- Las uniones deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones en los días que señale
la Comisión mediante disposiciones de carácter general.
Los días señalados en los citados términos se considerarán como inhábiles para todos los efectos
legales.
Artículo 91.- Las uniones se ajustarán a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión,
en las que establezca la forma y términos que deberá cumplir la publicidad relativa a las características
de sus operaciones activas, pasivas y de servicios. Para la expedición de las referidas disposiciones, la
citada dependencia escuchará la opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros.
La Comisión, de oficio o a solicitud de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, podrá ordenar la suspensión de la publicidad que realicen las uniones,
cuando a su juicio ésta implique inexactitud, o competencia desleal entre las mismas, o que por cualquier
otra circunstancia pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios, o bien, no se ajuste a lo
previsto en este artículo, así como en las disposiciones de carácter general que con base en este
precepto se emitan.
Artículo 92.- La documentación que utilicen las uniones relacionada con la solicitud y contratación de
sus operaciones, deberá sujetarse a las disposiciones de esta Ley, las que emanen de ella y las demás
que le sean aplicables. La Comisión podrá objetar en todo tiempo la utilización de la mencionada
documentación, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, obscuridad o por cualquier otra
circunstancia que pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios.
Artículo 93.- La Comisión, con acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá en todo tiempo determinar
que se proceda a la remoción de los miembros del consejo de administración, directores o gerentes y
comisarios, delegados fiduciarios y funcionarios que puedan obligar con su firma a la unión, así como
suspender de tres meses hasta cinco años a las personas antes mencionadas, cuando considere que no
cuentan con la suficiente calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio para el
desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave
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o reiterada en infracciones a la presente Ley o a las disposiciones de carácter general que de ella
deriven.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
En los dos últimos supuestos, la propia Comisión podrá además, inhabilitar a las citadas personas
para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano, por el mismo
periodo de tres meses hasta cinco años, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros
ordenamientos legales fueren aplicables. Antes de dictar la resolución correspondiente, la citada
Comisión deberá escuchar al interesado y a la unión.
La propia Comisión podrá, también con el acuerdo de su Junta de Gobierno, ordenar la remoción de
los auditores externos independientes de las uniones, así como suspender o inhabilitar a dichas personas
por el período señalado en el párrafo anterior, cuando incurran de manera grave o reiterada en
infracciones a esta Ley o las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, o bien,
proporcionen dictámenes u opiniones que contengan información falsa, con independencia de las
sanciones a que pudieran hacerse acreedores.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Para los efectos de este artículo se entenderá por:
a) Suspensión, a la interrupción temporal en el desempeño de las funciones que el infractor tuviere
dentro de la unión en el momento en que se haya cometido o se detecte la infracción; pudiendo
realizar funciones distintas a aquellas que dieron origen a la sanción, siempre y cuando no se
encuentren relacionados directa o indirectamente con el cargo o actividad que dio origen a la
suspensión.
b) Remoción, a la separación del infractor del empleo, cargo o comisión que tuviere en la unión al
momento en que se haya cometido o se detecte la infracción;
c) Inhabilitación, al impedimento temporal en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión dentro del
sistema financiero mexicano.
Las resoluciones a que se refiere este artículo podrán ser recurridas ante la Comisión dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en que se hubieren notificado. La Comisión, con aprobación de
su Junta de Gobierno, podrá revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida, previa audiencia de
las partes.
Artículo 94.- Las uniones podrán contratar con terceros, incluyendo a otras uniones o entidades
financieras, la prestación de servicios o comisiones necesarios para realizar las operaciones previstas en
el artículo 40 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la
Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno.
Lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley le será aplicable a los terceros a que se refiere el presente
artículo, así como a los representantes, directivos y empleados de dichos terceros, aun cuando dejen de
laborar o prestar sus servicios a tales terceros.
La Comisión, previo derecho de audiencia que se otorgue a la unión, podrá ordenar la suspensión
parcial o total, temporal o definitiva, de la prestación de los servicios o comisiones a través del tercero de
que se trate, cuando las uniones incumplan de forma reiterada las disposiciones de carácter general
emitidas por la Comisión o pueda verse afectada la estabilidad financiera o continuidad operativa de la
unión a juicio de la propia Comisión. Lo anterior, salvo que se cuente con un programa de regularización
autorizado por la Comisión, que reúna los requisitos que al efecto se establezcan en las disposiciones de
carácter general referidas.
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La Comisión formulará directamente a las uniones los requerimientos de información y, en su caso, las
observaciones y medidas correctivas que deriven de la supervisión que realice con motivo de las
operaciones que las uniones lleven a cabo a través de prestadores de servicios o comisionistas conforme
a lo previsto en el presente artículo. Asimismo, la Comisión podrá, en todo momento, practicar
inspecciones a los prestadores de servicios o comisionistas que contraten las uniones, o bien, ordenar a
las uniones realizar auditorías a dichos prestadores de servicios o comisionistas, quedando obligada la
propia unión a rendir un informe a la Comisión al respecto. La Comisión deberá especificar el objeto de
las inspecciones o auditorías, las cuales deberán circunscribirse a la materia del servicio contratado y al
cumplimiento de lo previsto en esta Ley y las disposiciones que de ella emanen.
La contratación de los servicios o comisiones a que se refiere este artículo, no eximirá a las uniones,
ni a sus directivos, delegados fiduciarios, empleados y demás personas que ocupen un empleo, cargo o
comisión en la unión, de la obligación de observar lo establecido en el presente ordenamiento legal y en
las disposiciones de carácter general que emanen de éste.
Artículo 95.- La Comisión podrá, previo derecho de audiencia de las uniones, suspender o limitar de
manera parcial la celebración de las operaciones activas, pasivas y de servicios a que se refiere el
artículo 40 de esta Ley, cuando dichas operaciones se ubiquen en cualquiera de los supuestos
siguientes:
I. No se cuente con la infraestructura o controles internos necesarios para realizar las operaciones
y servicios respectivos, conforme a las disposiciones aplicables;
II. Se deje de cumplir o se incumpla con alguno de los requisitos para el inicio de las operaciones y
servicios de que se trate;
III. Se realicen operaciones distintas a las autorizadas;
IV. Se incumpla con los requisitos necesarios para realizar operaciones o proporcionar servicios
específicos, establecidos en disposiciones de carácter general;
V. Se realicen operaciones o proporcionen servicios que impliquen conflicto de intereses en perjuicio
de sus socios o intervengan en operaciones que estén prohibidas en esta Ley o en las
disposiciones que de ella emanen, y
VI. En los demás casos que señalen ésta u otras leyes.
La orden de suspensión a que se refiere este artículo es sin perjuicio de las sanciones que puedan
resultar aplicables en términos de lo previsto en esta Ley y demás disposiciones.
Artículo 96.- La Comisión, en el ejercicio de las facultades a que se refiere esta ley, podrá señalar la
forma y términos en que se deberá dar cumplimiento a sus requerimientos.
Asimismo, la citada Comisión, para hacer cumplir sus determinaciones respecto a los sujetos
regulados por la presente ley, podrá emplear, indistintamente, los siguientes medios de apremio:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa de 2,000 a 5,000 días de salario;
III. Multa adicional de 100 días de salario por cada día que persista la infracción, y
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IV. El auxilio de la fuerza pública.
Si fuera insuficiente el apremio, se podrá solicitar a la autoridad competente se proceda contra el
rebelde por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.
Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales o ministeriales federales y los cuerpos de
seguridad o policiales federales o locales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la
Comisión.
En los casos de cuerpos de seguridad pública de las Entidades Federativas o de los Municipios, el
apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública o, en su caso,
de conformidad con los acuerdos de colaboración administrativa que dichos órdenes de gobierno tengan
celebrados con la Federación.
CAPITULO II
De la revocación y liquidación
Artículo 97.- La Comisión, con el acuerdo de su Junta de Gobierno y previa audiencia de la sociedad
interesada, podrá declarar la revocación de la autorización otorgada a las uniones, en los siguientes
casos:
I. Si no inicia sus operaciones dentro del plazo de treinta días a partir de que se notifique la
autorización a que se refiere el artículo 43 de esta Ley;
II. Si la unión no cumple con los requerimientos de capitalización establecidos conforme a lo
dispuesto por el artículo 48 de esta Ley y las disposiciones a que dicho precepto se refiere;
III. Si la unión de que se trate no cumple con cualquiera de las medidas correctivas mínimas a que
se refiere el artículo 80 de esta Ley; no cumple con más de una medida correctiva especial
adicional a que se refiere dicho artículo o bien, incumple de manera reiterada una medida
correctiva especial adicional;
Fracción reformada DOF 10-01-2014
IV. Si efectúa operaciones en contravención a lo dispuesto por la presente Ley o por las
disposiciones que de ella emanen, o si abandona o suspende las operaciones para las cuales se
encuentra autorizada en términos del artículo 40 de esta Ley;
V. Si, a pesar de las observaciones de la Comisión, la unión efectúa operaciones distintas a las
operaciones para las cuales se encuentre autorizada o no mantiene las proporciones del activo o
pasivo establecidas en la misma; o bien, si a juicio de la Comisión no cumple adecuadamente
con las funciones para las que fue autorizada por la falta de diversificación de sus operaciones o
con su objeto social, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;
VI. Cuando por causas imputables a la unión no se registren en la contabilidad, el mismo día en que
se efectúen los actos o contratos que signifiquen variación en el activo o en el pasivo de la unión,
o impliquen obligación directa o contingente;
VII. Si la unión actúa sin autorización de la Comisión, en los casos en que la Ley así lo exija;
VIII. Si omite dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades financieras con motivo del
ejercicio de sus facultades;
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IX. Cuando en dos o más ocasiones se proporcione información imprecisa o incompleta a las
autoridades financieras;
X. Cuando se proporcione información falsa a las autoridades financieras;
XI. Si, por causa imputable a la unión, falta al cumplimiento de obligaciones derivadas de las
operaciones contratadas;
XII. Si se disuelve, entra en estado de liquidación o en concurso mercantil;
XIII. Si la unión reincide en la realización de operaciones prohibidas previstas en el artículo 103 de
esta Ley y sancionadas conforme al artículo 105 de la misma;
Se considerará que la unión reincide en las infracciones señaladas en el párrafo anterior, cuando
habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o
naturaleza, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la
resolución correspondiente.
XIV. Si el capital contable de la unión es menor al capital mínimo requerido en función al nivel de
operaciones que le fue autorizado, y
XV. En cualquier otro establecido por la Ley.
Para proceder a la revocación de una unión en los casos a que se refieren las fracciones III, respecto
de su último supuesto, V, VIII y XI de este artículo, se requerirá que la unión actualice el mismo supuesto
en dos o más ocasiones en un periodo de tres años o menos.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Artículo 98.- Las uniones podrán solicitar a la Comisión que, previo acuerdo de su Junta de Gobierno,
declare la revocación de su autorización para operar con tal carácter, siempre que se cumpla con lo
siguiente:
I. La asamblea de accionistas de la unión, haya acordado su disolución y liquidación y aprobado los
estados financieros en los que ya no se encuentren registradas obligaciones a cargo de la unión
derivadas de las operaciones para las cuales se encuentra autorizada.
II. La unión haya presentado a la Comisión los mecanismos y procedimientos para realizar la
entrega o transferencia de bienes a que se refieren las fracciones XVI, XVII del artículo 40, o, en
su caso, las que se realicen a través del departamento especial, así como las fechas estimadas
para su aplicación.
III. La unión haya presentado a la Comisión los estados financieros, aprobados por la asamblea
general de accionistas, acompañados del dictamen de un auditor externo, que incluya las
opiniones del auditor relativas a componentes, cuentas o partidas específicas de los estados
financieros, donde se confirme el estado de los registros a que se refiere la fracción I anterior.
Artículo 98 Bis.- Las uniones que soliciten la autorización de la Comisión para dejar de operar como
unión, previo acuerdo en asamblea general extraordinaria, no estarán obligadas a disolverse y liquidarse,
siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
I. No tener pasivos derivados de préstamos de sus socios, o de mandatos y comisiones para
realizar servicios de caja pactados con los mismos;
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II. No mantener adeudos vencidos con entidades financieras, sociedades cuya actividad
preponderante sea el otorgamiento de crédito, organismos descentralizados de los gobiernos
federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, entidades financieras del exterior, o
fondos aportados a fideicomisos constituidos por los gobiernos federal, estatales, del Distrito
Federal o municipales, lo cual deberán demostrar con constancias escritas de estos
acreedores;
III. Haber cubierto las cuotas de inspección y multas que la Comisión les haya impuesto y cuya
aplicación haya quedado firme;
IV. Acordar en asamblea general extraordinaria la reforma a sus estatutos sociales a efecto de
eliminar cualquier referencia expresa o de la cual se pueda inferir que son uniones y que se
encuentran autorizadas por la Comisión para constituirse y funcionar con tal carácter.
Una vez obtenida la autorización para transformarse, la unión deberá presentar a la Comisión dentro
de los ciento ochenta días posteriores, el instrumento público en el que conste la reforma estatutaria
referida en la fracción IV de este artículo, con los datos de la respectiva inscripción en el Registro Público
de Comercio.
La autorización para operar como unión quedará sin efecto por ministerio de ley, a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio referido en el párrafo anterior.
Una vez revocada la autorización para operar otorgada a la unión, no podrá continuar realizando
ninguna de las operaciones reservadas exclusivamente para las uniones previstas en el artículo 40 de
esta Ley.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo 99.- La Comisión otorgará el derecho de audiencia a que se refiere el artículo 97, a la
sociedad interesada a fin de que, dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir del día hábil
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste por escrito lo que a su
interés convenga y ofrezca pruebas. La Comisión, a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión
el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, atendiendo a las circunstancias
particulares del caso. Las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente a aquél en que se
practiquen.
Concluido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, y en su caso el de su ampliación, la Comisión
contará con un plazo de hasta sesenta días hábiles para el desahogo de las pruebas.
Transcurrido el plazo para el desahogo de las pruebas, la Comisión notificará a la Unión de que se
trate la apertura del periodo de cinco días hábiles para formular alegatos. La Comisión respectiva podrá
realizar dicha notificación por estrados o por cualquier otro medio, que determine.
Al día hábil siguiente al vencimiento del plazo para formular alegatos, se tendrá por cerrada la
instrucción y la Comisión contará con un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles para emitir y
notificar la resolución que ponga fin al procedimiento a que se refiere el artículo 97.
La declaración de revocación se publicará en el Diario Oficial de la Federación y deberá inscribirse en
el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social de la Unión de que se trate, para lo
cual el Registro únicamente requerirá previa notificación de la Comisión; asimismo, pondrá en estado de
disolución y liquidación a la sociedad, sin necesidad del acuerdo de la asamblea de accionistas, esto
último salvo tratándose de uniones que se transformen al amparo del artículo 98 Bis de esta Ley. La
revocación incapacitará a la sociedad para realizar las operaciones a que se refiere el artículo 40 de esta
Ley, a partir de la fecha en que se notifique la misma.
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Artículo reformado DOF 10-01-2014, 24-01-2024
Artículo 100.- La disolución y liquidación de las uniones se regirá por lo dispuesto en los Capítulos X
y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el concurso mercantil conforme al Capítulo III del
Título Octavo de la Ley de Concursos Mercantiles, con las siguientes excepciones:
I. El cargo del liquidador podrá recaer en instituciones de crédito, en el Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes, o bien, en personas físicas o morales que cuenten con experiencia en
liquidación de sociedades.
Cuando se trate de personas físicas, el nombramiento deberá recaer en una persona que reúna
los requisitos siguientes:
a) Ser residente en territorio nacional en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la
Federación.
b) Estar inscrita en el registro que lleva el Instituto Federal de Especialistas de Concursos
Mercantiles.
c) Presentar un Reporte de Crédito Especial, conforme a la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia, proporcionado por sociedades de información crediticia que contenga
sus antecedentes de por lo menos cinco años anteriores a la fecha en que se pretende iniciar
el cargo.
d) No tener litigio pendiente en contra de la unión de que se trate.
e) No haber sido sentenciada por delitos patrimoniales, ni inhabilitadas para ejercer el comercio
o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema
financiero mexicano.
f) No estar declarado quebrado ni concursado.
g) No haber desempeñado el cargo de auditor externo de la unión de que se trate, durante los
doce meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento.
Tratándose de personas morales, las personas físicas designadas para desempeñar las
actividades vinculadas a esta función, deberán cumplir con los requisitos a que hace referencia
esta fracción.
II. La Comisión promoverá ante la autoridad judicial para que designe al liquidador, si en el plazo de
sesenta días hábiles de publicada la revocación no hubiere sido designado por la propia unión.
III. La Comisión podrá solicitar la declaración de concurso mercantil.
Artículo 101.- Tratándose de procedimientos de liquidación o concurso mercantil de uniones en los
que se desempeñe como liquidador o síndico el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el
Gobierno Federal podrá asignar recursos a dicho organismo descentralizado de la Administración Pública
Federal, con el exclusivo propósito de realizar los gastos asociados a publicaciones y otros trámites
relativos a tales procedimientos, cuando se advierta que éstos no podrán ser afrontados con cargo al
patrimonio de la unión de que se trate por falta de liquidez, o bien por insolvencia, en cuyo caso, se
constituirá como acreedor de esta última.
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Artículo 102.- Cuando la Comisión o el liquidador encuentre que existe imposibilidad de llevar a cabo
la liquidación de la sociedad, lo hará del conocimiento del juez competente para que ordene la
cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio, la que surtirá sus efectos transcurridos
ciento ochenta días naturales a partir del mandamiento judicial.
Los interesados podrán oponerse a esta cancelación dentro de un plazo de sesenta días, contados a
partir de la inscripción de la cancelación en el Registro Público de Comercio ante la propia autoridad
judicial.
TITULO SEXTO
De las prohibiciones, infracciones, delitos y notificaciones
CAPITULO I
De las prohibiciones
Artículo 103.- A las uniones les estará prohibido:
I. Realizar operaciones de descuento, préstamo o crédito de cualquier clase con personas que no
sean socios de la unión, excepto con las personas y fideicomisos expresamente autorizados en
el artículo 40, fracciones I y II de esta Ley, así como realizar operaciones de préstamo o
celebrar mandatos y comisiones para realizar servicios de caja, en todo caso, con los socios
que no tengan una aportación al menos por el equivalente en moneda nacional a 2,500
unidades de inversión, al capital pagado sin derecho a retiro considerando sus
correspondientes reservas y primas, al momento de la celebración de la primera operación.
Las acciones representativas del capital social que se adquieran con la aportación a que se
refiere el párrafo anterior deberán conservarse para la realización de operaciones posteriores.
Fracción reformada DOF 10-01-2014
II. Otorgar garantías, cauciones o avales, salvo que sean en favor de sus socios o las garantías a
que se refiere la fracción XI del artículo 40 de esta Ley;
III. Garantizar valores, con excepción de los suscritos en términos de lo dispuesto en el artículo 40,
fracción III o los emitidos por sus socios, de acuerdo con lo señalado por el artículo 40, fracción
IV de esta Ley;
IV. Comerciar por cuenta propia o ajena sobre mercancías de cualquier género, salvo lo dispuesto
en las fracciones XXIII, XXIV y XXV del artículo 40 de esta Ley;
V. Participar en sociedades que no sean de responsabilidad limitada y explotar por su cuenta:
minas, plantas metalúrgicas, fincas rústicas, y establecimientos mercantiles o industriales, salvo
el caso a que se refiere el artículo 40, fracción XXVI de la presente Ley, o bien cuando los
reciban en pago de créditos o en garantía de los ya concertados, casos en los cuales podrán
continuar la explotación de ellos, previa autorización de la Comisión, por un periodo que no
exceda de dos años a partir de la fecha de su adquisición.
En casos excepcionales, la Comisión podrá prorrogar ese plazo por una sola vez, por el período
que a su juicio sea estrictamente necesario para el traspaso de los bienes de que se trate, sin
que la prórroga exceda de dos años;
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VI. Adquirir derechos reales que no sean de garantía, muebles e inmuebles distintos a los
permitidos para las uniones o en exceso de las proporciones señaladas en el artículo 49 de la
presente Ley, excepto los que reciban en pago de créditos o por adjudicación.
Cuando los bienes y derechos a que se refiere el párrafo anterior, hubieren sido adquiridos en
pago de deudas o por adjudicación en remate dentro de juicios relacionados con créditos a
favor de la unión, deberán liquidarse, tratándose de bienes muebles, dentro del plazo de dos
años a partir de su adquisición y en el caso de inmuebles, dentro de un plazo de cuatro años;
VII. Operar directa o indirectamente sobre sus propias acciones, así como otorgar crédito para la
adquisición de las mismas; salvo lo previsto por el último párrafo del artículo 18 de esta Ley;
VIII. Aceptar o pagar letras de cambio o cualquier otro documento, en descubierto, salvo en los
casos de apertura de créditos concertada en los términos de ley;
IX. Hacer operaciones de reporto, salvo aquellas de corto plazo sobre valores gubernamentales;
X. Celebrar operaciones en virtud de las cuales puedan resultar deudores directos de la sociedad
sus comisarios y auditores externos, a menos que, en su caso, estas operaciones correspondan
a préstamos de carácter laboral o sean aprobadas por una mayoría de cuatro quintas partes de
los votos del consejo de administración. Esta regla se aplicará a los ascendientes,
descendientes o cónyuges de las personas indicadas;
XI. Realizar operaciones con personas físicas que no cuenten con actividad empresarial, en los
términos del artículo 21 de esta Ley;
XII. Realizar operaciones a futuro con oro, plata y divisas, salvo lo dispuesto en el artículo 40
fracción VI. Se exceptúan las operaciones de divisas relacionadas con financiamientos o
contratos que celebren en moneda extranjera, o cuando se trate de operaciones en el
extranjero vinculadas a su objeto social, las cuales se ajustarán en todo momento a las
disposiciones de carácter general, que en su caso, expida la Comisión;
XIII. Destinar los recursos de dinero que reciban para el cumplimiento de mandatos o comisiones, a
fines distintos de los permitidos por la Ley;
XIV. Enajenar los bienes adquiridos por adjudicación o dación en pago, al mismo socio del que los
adquirió o a empresas vinculadas con éste o integradas con él en un mismo grupo;
XV. Otorgar fianzas;
XVI. Otorgar créditos hipotecarios para vivienda;
XVII. Otorgar créditos para el consumo;
XVIII. En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XVI del artículo 40 de esta Ley:
a) Actuar como fiduciarias en cualesquier otros fideicomisos distintos a los de garantía;
b) Utilizar el efectivo, bienes, derechos o valores de los fideicomisos para la realización de
operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores o beneficiarios sus
delegados fiduciarios; administradores, los miembros de su consejo de administración
propietarios o suplentes, estén o no en funciones; sus directivos o empleados; sus
comisarios propietarios o suplentes, estén o no en funciones; sus auditores externos; los
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miembros del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o descendientes
en primer grado o cónyuges de las personas citadas; las sociedades en cuyas asambleas
tengan mayoría dichas personas o las mismas uniones;
c) Celebrar operaciones por cuenta propia;
d) Actuar en fideicomisos a través de los cuales se evadan limitaciones o prohibiciones
contenidas en esta u otras leyes, y disposiciones de carácter general que emanan de ellas;
e) Responder a los fideicomitentes o fideicomisarios del incumplimiento de los deudores por
los bienes, derechos o valores del fideicomiso, salvo que sea por su culpa según lo
dispuesto en la parte final del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.
f) Si al término del fideicomiso, los bienes, derechos o valores no hubieren sido pagados por
los deudores, la fiduciaria deberá transferirlos, junto con el efectivo, bienes, y demás
derechos o valores que constituyan el patrimonio fiduciario al fideicomitente o
fideicomisario, según sea el caso, absteniéndose de cubrir su importe.
En los contratos de fideicomiso se insertará en forma notoria lo previsto en este inciso y
una declaración de la fiduciaria en el sentido de que hizo saber inequívocamente su
contenido a las personas de quienes haya recibido el efectivo, bienes, derechos o valores
para su afectación fiduciaria;
g) Actuar como fiduciarias en fideicomisos a través de los cuales se capten, directa o
indirectamente, recursos del público mediante cualquier acto causante de pasivo directo o
contingente;
h) Actuar como fiduciarias en los fideicomisos a que se refiere el segundo párrafo del artículo
88 de la Ley de Sociedades de Inversión, y
i) Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para garantizar al
fideicomisario el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago con el valor de
la misma finca o de sus productos.
Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto por las fracciones anteriores será nulo.
XIX. Adquirir derechos de crédito a cargo de empresas en las que participen sus socios, salvo por lo
que respecta a operaciones de factoraje financiero.
XX. Invertir en el capital de entidades financieras.
CAPITULO II
De las infracciones administrativas
Artículo 104.- Las infracciones a esta Ley o a las disposiciones que sean emitidas con base en ésta
por la Comisión, serán sancionadas con multa administrativa que impondrá la citada Comisión, a razón
de días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, conforme a lo siguiente:
I. Multa de 200 a 2,000 días de salario:
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a) A las uniones que no proporcionen dentro de los plazos establecidos para tal efecto, la
información o documentación a que se refiere esta Ley o las disposiciones que emanan de
ella, así como por omitir proporcionar la requerida por la Comisión.
b) A las uniones que no cumplan con lo señalado por el artículo 67 de esta Ley o por las
disposiciones a que se refiere dicho precepto.
c) A las uniones que no cumplan con lo previsto por el artículo 90 de esta Ley así como las
disposiciones que emanen de éste.
d) A los accionistas de uniones que, en contravención a lo preceptuado por el artículo 19 de
esta Ley, omitan pagar en efectivo las acciones de las uniones que suscriban.
e) A las uniones que omitan someter a la aprobación de la Comisión, su escritura constitutiva o
cualquier modificación a ésta. A las personas que contravengan lo dispuesto por los artículos
21 y 23, en contravención a lo establecido por el artículo 22 de este mismo ordenamiento
legal, así como las disposiciones de carácter general a que se refiere el citado artículo 21.
Inciso reformado DOF 10-01-2014
f) A las uniones que incumplan con cualquiera de las disposiciones a que se refiere el artículo
46 de la misma.
g) A los auditores externos independientes y demás profesionistas o expertos que rindan o
proporcionen dictámenes u opiniones a las uniones de crédito que incurran en infracciones a
la presente ley o a las disposiciones que emanen de ella para tales efectos.
Inciso adicionado DOF 10-01-2014
II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario:
a) Al consejero de la unión que, en contravención a lo dispuesto por el artículo 29 de esta Ley,
omita excusarse de participar en la deliberación o votación de cualquier asunto que le
implique un conflicto de interés.
b) A las uniones que no cumplan con las obligaciones previstas en el artículo 64 de esta Ley.
c) A las uniones que no cumplan con lo señalado por los artículos 65 y 74 de esta Ley o por las
disposiciones a que se refieren dichos preceptos.
d) A las personas morales y establecimientos distintos a los autorizados que en su nombre
expresen ideas en cualquier idioma, por las que pueda inferirse que se trata de uniones, o
bien, que en su nombre usen las palabras unión, salvo aquellas exceptuadas por el segundo
párrafo del artículo 4 de esta Ley.
III. Multa de 3,000 a 15,000 días de salario:
a) A las uniones que no obtengan la autorización o no cumplan con lo señalado por el artículo
63 de la presente Ley.
Inciso reformado DOF 10-01-2014
b) A las uniones que se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades que esta Ley y
otras disposiciones aplicables le confieren a la Comisión. No se entenderá como
obstaculización el hacer valer los recursos de defensa que la ley prevé y en cualquier caso,
previo a la sanción, se deberá oír al infractor.
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IV. Multa de 5,000 a 20,000 días de salario:
a) A las uniones que den noticias o información de las operaciones celebradas con sus socios
en contravención a lo dispuesto por el artículo 44 de esta Ley.
b) A las uniones que no den cumplimiento a las acciones preventivas y correctivas ordenadas
por la Comisión, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de inspección y vigilancia.
c) A las uniones que no cumplan con lo preceptuado por el artículo 48 de esta Ley así como las
disposiciones que emanan de ésta.
d) A las uniones que no cumplan con lo preceptuado por el artículo 49 de esta Ley así como
disposiciones que emanan de ésta.
e) A las uniones que no cumplan con los lineamientos y requisitos previstos en el artículo 62 de
la presente Ley.
f) A las uniones que no cumplan con lo señalado por el artículo 46 segundo párrafo, de la
presente Ley o por las disposiciones a que dicho precepto se refiere.
V. Multa de 20,000 a 100,000 días de salario:
a) A las uniones que proporcionen, en forma dolosa, información falsa, imprecisa o incompleta a
la Comisión, que tenga como consecuencia que no se refleje su verdadera situación
financiera, administrativa, económica o jurídica, siempre y cuando se compruebe que el
director general o algún miembro del consejo de administración de la unión correspondiente
tuvo conocimiento de tal acto.
La Comisión podrá abstenerse de sancionar a las uniones, siempre y cuando se justifique la causa de
tal abstención de acuerdo con los lineamientos que para tales efectos emita la Junta de Gobierno de la
propia Comisión, y se refieran a hechos, actos u omisiones que no revistan gravedad, no exista
reincidencia, no se cuente con elementos que permitan demostrar que se afecten los intereses de
terceros o del propio sistema financiero y no constituyan delito.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Artículo 105.- Las infracciones que consistan en realizar operaciones prohibidas o no autorizadas,
conforme a esta ley y las disposiciones que emanan de ella, serán sancionadas con multa que impondrá
la Comisión a las uniones, de acuerdo a lo siguiente:
I. Multa por el equivalente del 1% hasta el 4% del importe de la operación de que se trate o, en
caso de que no se pueda determinar el monto de la operación, de 5,000 a 10,000 días de salario,
a las uniones que contravengan lo dispuesto por el artículo 103, fracciones IV, V, VI, VIII, IX, X,
XII, XVIII inciso i), y artículo 23, así como las disposiciones de carácter general que emanen de
tales preceptos, según corresponda.
Fracción reformada DOF 10-01-2014
II. Multa del 5% hasta el 15% del importe de la operación de que se trate o, en caso de que no se
pueda determinar el monto de la operación, de 10,000 a 30,000 días de salario, a las uniones que
contravengan lo dispuesto por el artículo 103 fracciones I, II, III, VII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, incisos a), b), c), d), e), f) y g), XIX y XX.
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Artículo 106.- La infracción a cualquier otro precepto de esta Ley o de las disposiciones que de ella
deriven, distinta de las señaladas expresamente en algún otro artículo de esta Ley y que no tenga
sanción especialmente señalada en este ordenamiento será sancionada con multa de 1,000 a 5,000 días
de salario, o del 0.1% hasta el 1% de su capital pagado y reservas de capital, dependiendo de la
naturaleza de la infracción.
En caso de que alguna de las infracciones contenidas en los artículos 104, 105 o 106 de esta Ley
generen un daño patrimonial o un beneficio, se podrá imponer la sanción que corresponda adicionando a
la misma hasta una y media veces el equivalente a dicho daño o al beneficio obtenido por el infractor, lo
que resulte mayor. Se entenderá por beneficio la ganancia obtenida o la pérdida evitada para sí o para un
tercero.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo 107.- Cuando la Comisión presuma que una persona física o moral está realizando
operaciones de las reservadas a las uniones, sin contar con la autorización correspondiente, podrá
nombrar un inspector y los auxiliares necesarios para que revisen la contabilidad y demás documentación
de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a fin de verificar si
efectivamente está celebrando las operaciones mencionadas en violación a lo dispuesto por esta Ley, en
cuyo caso la Comisión podrá ordenar la suspensión inmediata de operaciones o proceder a la clausura
de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trate.
Los procedimientos de inspección, suspensión de operaciones y clausura a que se refiere el párrafo
anterior son de interés público. Será aplicable en lo conducente lo dispuesto en este Capítulo.
Artículo 108.- En los procedimientos administrativos previstos en esta Ley se admitirán las pruebas
conducentes con los actos sujetos al procedimiento siempre y cuando las mismas sean ofrecidas en el
plazo del desahogo de la garantía de audiencia. En el caso de la confesional a cargo de autoridades, esta
deberá ser desahogada por escrito.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Una vez desahogado el derecho de audiencia a que se refiere el artículo 110 de esta Ley o bien,
presentado el escrito mediante el cual se interponga recurso de revisión, previsto en el artículo 117,
únicamente se admitirán pruebas supervenientes, siempre y cuando no se haya emitido la resolución
correspondiente.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Concluido el plazo a que se refiere la fracción I del artículo 110, y en su caso el de su ampliación, la
Comisión contará con un plazo de hasta sesenta días hábiles para el desahogo de las pruebas.
Transcurrido el plazo para el desahogo de las pruebas, la Comisión notificará a la presunta infractora la
apertura del periodo de cinco días hábiles para formular alegatos. La Comisión respectiva podrá realizar
dicha notificación por estrados o por cualquier otro medio, que determine.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2024
Al día hábil siguiente al vencimiento del plazo para formular alegatos, se tendrá por cerrada la
instrucción y la Comisión contará con un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles para emitir y
notificar la resolución que ponga fin a los procedimientos administrativos de sanción a que se refiere la
presente Ley.
Párrafo adicionado DOF 24-01-2024
La Comisión podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, así como acordar
sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo podrán rechazarse las pruebas aportadas por los
interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto,
sean improcedentes, innecesarias o contrarias a la moral o al derecho. La valoración de las pruebas se
hará conforme a lo establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
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Artículo 109.- La facultad de la Comisión para imponer las sanciones de carácter administrativo
previstas en esta Ley, así como en las disposiciones que de ella emanen, caducará en un plazo de cinco
años, contado a partir del día hábil siguiente al que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de
infracción.
El plazo de caducidad señalado en el párrafo inmediato anterior se interrumpirá al iniciarse los
procedimientos relativos. Se entenderá que el procedimiento de que se trata ha iniciado a partir de la
notificación al presunto infractor del oficio mediante el cual se le concede el derecho de audiencia a que
hace referencia la fracción I del artículo 110 de esta ley.
Para calcular el importe de las multas en aquellos supuestos contemplados por esta ley a razón de
días de salario, se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal el día
en que se realice la conducta sancionada o se actualice el supuesto que dé motivo a la sanción
correspondiente.
Las multas que la citada Comisión imponga deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles
siguientes al de su notificación. Cuando las multas no se paguen dentro del plazo señalado en este
párrafo, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se
efectúe, en los mismos términos que establece el Código Fiscal de la Federación para este tipo de
supuestos.
En caso de que el infractor pague las multas impuestas por la mencionada Comisión dentro de los
quince días referidos en el párrafo anterior, se aplicará una reducción en un veinte por ciento de su
monto, siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno en contra de dicha multa.
Artículo 110.- La Comisión, en la imposición de sanciones de carácter administrativo a que se refiere
esta ley, se sujetará a lo siguiente:
I. Se otorgará audiencia al presunto infractor, quien, en un plazo de diez días hábiles contado a
partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, deberá
manifestar por escrito lo que a su interés convenga y ofrecer pruebas. La Comisión, a petición de
parte, podrá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el
mismo lapso, para lo cual considerará las circunstancias particulares del caso. Las notificaciones
surtirán efectos al día hábil siguiente a aquel en que se practiquen;
Fracción reformada DOF 10-01-2014, 24-01-2024
II. En caso de que el presunto infractor no hiciere uso del derecho de audiencia a que se refiere la
fracción anterior, dentro del plazo concedido o bien, habiéndolo ejercido no lograre desvanecer
las imputaciones vertidas en su contra, se tendrán por acreditadas las infracciones imputadas y
se procederá a la imposición de la sanción administrativa correspondiente, y
Fracción reformada DOF 10-01-2014
III. Se tomará en cuenta, en su caso, lo siguiente:
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
a) El impacto a terceros o al sistema financiero que haya producido o pueda producir la
infracción;
Inciso reformado DOF 10-01-2014
b) La reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas
por el presunto infractor. Se considerará reincidente al que haya incurrido en una infracción
que haya sido sancionada y, en adición a aquella, cometa la misma infracción, dentro de los
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dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución
correspondiente;
La reincidencia se podrá sancionar con multa cuyo importe sea equivalente hasta el doble de
la prevista originalmente.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
c) La cuantía de la operación;
d) La condición económica del infractor a efecto de que la sanción no sea excesiva, y
Inciso reformado DOF 10-01-2014
e) La naturaleza de la infracción cometida.
Inciso reformado DOF 10-01-2014
IV. Tratándose de conductas calificadas por esta ley como graves, en adición a lo establecido en la
fracción III anterior, podrá tomar en cuenta cualquiera de los aspectos siguientes:
a) El monto del quebranto o perjuicio patrimonial causado;
b) El lucro obtenido;
c) La falta de honorabilidad por parte del infractor, conforme a lo dispuesto por esta Ley y las
disposiciones de carácter general que de ella emanen;
d) La negligencia inexcusable o dolo con que se hubiere actuado;
e) Que la conducta infractora a que se refiere el proceso administrativo pueda ser constitutiva
de un delito, o
f) Las demás circunstancias que la Comisión estime aplicables para tales efectos.
Fracción con incisos adicionada DOF 10-01-2014
Artículo 111.- Las sanciones serán impuestas por la Junta de Gobierno de la Comisión, la que podrá
delegar esa facultad, en razón de la naturaleza de la infracción o del monto de la multa, al presidente o a
los demás servidores públicos de esa Comisión.
Artículo 112.- La Comisión podrá, atendiendo a las circunstancias de cada caso, además de la
imposición de la sanción que corresponda, amonestar al infractor, o bien, solamente amonestarlo,
considerando sus antecedentes personales, la gravedad de la conducta, que no se cuente con elementos
que permitan demostrar que se afecten intereses de terceros o del propio sistema financiero, que
habiéndose causado un daño este haya sido reparado así como la existencia de atenuantes.
Se considerarán infracciones graves la violación a lo previsto por los artículos 48, cuando se
incumplan los requerimientos de capital y con ello se actualice el régimen previsto en el artículo 80 de
esta Ley; 51, cuando se produzca un daño, perjuicio o quebranto a la unión por la operación de crédito
objeto del incumplimiento a dicho precepto; 62; 65 cuando se trate de omisiones o alteraciones de
registros contables; 74 cuando se produzca un daño, perjuicio o quebranto a la unión; 78, primer párrafo;
103; 129, fracciones I por lo que hace a la falta de presentación a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, del documento de políticas de identificación y conocimiento del cliente y II, primer párrafo, inciso
a. por operaciones no reportadas, tercer párrafo de la fracción II, incisos v. y vi.; 44; 79 y 80 de esta Ley.
Artículo reformado DOF 10-01-2014
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Artículo 113.- Las multas a que se refiere el presente Capítulo podrán ser impuestas a las uniones,
así como a los miembros del consejo de administración, directores generales, directivos, funcionarios,
empleados o personas que ostenten un cargo, mandato, comisión o cualquier otro título jurídico que las
citadas uniones otorguen a terceros para la realización de sus operaciones, que hayan incurrido
directamente o hayan ordenado la realización de la conducta materia de la infracción. Sin perjuicio de lo
anterior, la Comisión, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo
previsto en el artículo 93 de esta ley.
Corresponderá a la Secretaría hacer efectivas las multas impuestas por la Comisión a las uniones,
una vez que hayan quedado firmes.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Artículo 114.- La Comisión considerará como atenuante en la imposición de sanciones
administrativas, cuando el presunto infractor, acredite ante la Comisión haber resarcido el daño causado,
así como el hecho de que aporte información que coadyuve en el ejercicio de las atribuciones de la
Comisión en materia de inspección y vigilancia, a efecto de deslindar responsabilidades.
Artículo reformado DOF 10-01-2014
Artículo 115.- Los procedimientos para la imposición de las sanciones administrativas a que se refiere
esta ley se iniciarán con independencia de la opinión de delito que, en su caso, emita la Comisión en
términos del artículo 120 del presente ordenamiento legal.
Artículo 116.- Para tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental,
la Comisión, ajustándose a los lineamientos que apruebe su Junta de Gobierno, deberá hacer del
conocimiento del público en general, a través de su portal de Internet las sanciones que al efecto
imponga por infracciones a esta Ley o a las disposiciones que emanen de ella, para lo cual deberá
señalar:
I. El nombre, denominación o razón social del infractor;
II. El precepto infringido, el tipo de sanción impuesta, monto o plazo, según corresponda y la
conducta infractora, y
III. El estado que guarda la resolución, indicando si se encuentra firme o bien, si es susceptible
de ser impugnada y en este último caso si se ha interpuesto algún medio de defensa y su tipo,
cuando se tenga conocimiento de tal circunstancia por haber sido debidamente notificada por
autoridad competente.
En todo caso, si la sanción impuesta se deja sin efectos por alguna autoridad competente, deberá
igualmente publicarse tal circunstancia.
La información antes señalada no será considerada como reservada o confidencial.
Artículo reformado DOF 10-01-2014
Artículo 117.- Los afectados con motivo de los actos de la Comisión que pongan fin a los
procedimientos de autorizaciones o de la imposición de sanciones administrativas, podrán acudir en
defensa de sus intereses interponiendo recurso de revisión, cuya interposición será optativa.
El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha en que surta efectos la notificación del acto respectivo y deberá presentarse ante la Junta de
Gobierno de la Comisión, cuando el acto haya sido emitido por dicha Junta o por el presidente de esa
misma Comisión, o ante este último cuando se trate de actos realizados por otros servidores públicos.
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El escrito mediante el cual se interponga el recurso de revisión deberá contener:
I. El nombre, denominación o razón social del recurrente;
II. Domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones;
III. Los documentos con los que se acredita la personalidad de quien promueve;
IV. El acto que se recurre y la fecha de su notificación;
V. Los agravios que se le causen con motivo del acto señalado en la fracción IV anterior, y
VI. Las pruebas que se ofrezcan, las cuales deberán tener relación inmediata y directa con el acto
impugnado.
Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos a que se refieren las fracciones I a VI de
este artículo, la Comisión lo prevendrá, por escrito y por única ocasión, para que subsane la omisión
prevenida dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de dicha
prevención y, en caso que la omisión no sea subsanada en el plazo indicado en este párrafo, dicha
Comisión lo tendrá por no interpuesto. Si se omitieran las pruebas se tendrán por no ofrecidas.
Artículo 118.- La interposición del recurso de revisión suspenderá los efectos del acto impugnado
cuando se trate de multas.
Artículo 119.- El órgano encargado de resolver el recurso de revisión podrá:
I. Desecharlo por improcedente;
II. Sobreseerlo en los casos siguientes:
a) Por desistimiento expreso del recurrente.
b) Por sobrevenir una causal de improcedencia.
c) Por haber cesado los efectos del acto impugnado.
d) Las demás que conforme a la ley procedan.
III. Confirmar el acto impugnado;
IV. Revocar total o parcialmente el acto impugnado, y
V. Modificar o mandar reponer el acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo
sustituya.
No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.
El encargado de resolver el recurso de revisión deberá atenderlo sin la intervención del servidor
público de la Comisión que haya dictaminado la sanción administrativa que haya dado origen a la
imposición del recurso correspondiente.
La resolución de los recursos de revisión deberá ser emitida en un plazo que no exceda a los noventa
días hábiles posteriores a la fecha en que se interpuso el recurso, cuando deba ser resuelto por el
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presidente de la Comisión, ni a los ciento veinte días hábiles cuando se trate de recursos que sean
competencia de la Junta de Gobierno.
La Comisión deberá prever los mecanismos que eviten conflictos de interés entre el área que emite la
resolución objeto del recurso y aquella que lo resuelve.
CAPITULO II Bis
De los programas de autocorrección
Capítulo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo 119 Bis.- Las uniones por conducto de su director general y, con la opinión del comité de
auditoría, podrán someter a la autorización de la Comisión un programa de autocorrección cuando la
unión de que se trate, en la realización de sus actividades, o el comité de auditoría como resultado de las
funciones que tiene conferidas, detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.
No podrán ser materia de un programa de autocorrección en los términos del presente artículo:
I. Las irregularidades o incumplimientos que sean detectados por la Comisión en ejercicio de
sus facultades de inspección y vigilancia, antes de la presentación por parte de la unión del
programa de autocorrección respectivo.
Se entenderá que la irregularidad fue detectada previamente por la Comisión, en el caso de
las facultades de vigilancia, cuando se haya notificado a la unión la irregularidad; en el caso
de las facultades de inspección, cuando haya sido detectada en el transcurso de la visita de
inspección, o bien, corregida con posterioridad a que haya mediado requerimiento en el
transcurso de la visita;
II. Cuando la contravención a la norma de que se trate, corresponda a alguno de los delitos
contemplados en esta Ley, o
III. Cuando se trate de alguna de las infracciones consideradas como graves en términos de esta
Ley.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo 119 Bis 1.- Los programas de autocorrección a que se refiere el artículo 119 Bis de esta Ley,
se sujetarán a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión. Adicionalmente, deberán ser
firmados por el presidente del comité de auditoría de la unión y ser presentados al consejo de
administración en la sesión inmediata posterior a la solicitud de autorización presentada a la Comisión.
Igualmente, deberá contener las irregularidades o incumplimientos cometidos indicando al efecto las
disposiciones que se hayan considerado contravenidas; las circunstancias que originaron la irregularidad
o incumplimiento, así como señalar las acciones adoptadas o que se pretendan adoptar por parte de la
unión para corregir la irregularidad o incumplimiento que motivó el programa.
En caso de que la unión requiera de un plazo para subsanar la irregularidad o incumplimiento
cometido, el programa de autocorrección deberá incluir un calendario detallado de actividades a realizar
para ese efecto.
Si la Comisión no ordena a la unión de que se trate modificaciones o correcciones al programa de
autocorrección dentro de los veinte días hábiles siguientes a su presentación, el programa se tendrá por
autorizado en todos sus términos.
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Cuando la Comisión ordene a la unión modificaciones o correcciones con el propósito de que el
programa se apegue a lo establecido en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, la unión
correspondiente contará con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación respectiva
para subsanar tales deficiencias. Dicho plazo podrá prorrogarse por única ocasión hasta por cinco días
hábiles adicionales, previa autorización de la Comisión.
De no subsanarse las deficiencias a las que se refiere el párrafo anterior, el programa de
autocorrección se tendrá por no presentado y, en consecuencia, las irregularidades o incumplimientos
cometidos no podrán ser objeto de otro programa de autocorrección.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo 119 Bis 2.- Durante la vigencia de los programas de autocorrección que hubiere autorizado
la Comisión en términos de los artículos 119 Bis y 119 Bis 1 anteriores, esta se abstendrá de imponer a
las uniones las sanciones previstas en esta Ley, por las irregularidades o incumplimientos cuya
corrección contemplen dichos programas. Asimismo, durante tal periodo se interrumpirá el plazo de
caducidad para imponer las sanciones, reanudándose hasta que se determine que no se subsanaron las
irregularidades o incumplimientos objeto del programa de autocorrección.
El comité de auditoría estará obligado a dar seguimiento a la instrumentación del programa de
autocorrección autorizado e informar de su avance tanto al consejo de administración y al director general
como a la Comisión en la forma y términos que esta establezca en las disposiciones de carácter general
a que se refiere el artículo 119 Bis 1 de esta Ley. Lo anterior, con independencia de la facultad de la
Comisión para supervisar, en cualquier momento, el grado de avance y cumplimiento del programa de
autocorrección.
Si como resultado de los informes del comité de auditoría o de las labores de inspección y vigilancia
de la Comisión, esta determina que no se subsanaron las irregularidades o incumplimientos objeto del
programa de autocorrección en el plazo previsto, impondrá la sanción correspondiente aumentando el
monto de esta hasta en un 40 por ciento; siendo actualizable dicho monto en términos de disposiciones
fiscales aplicables.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014
Artículo 119 Bis 3.- Las personas físicas y demás personas morales sujetas a la supervisión de la
Comisión podrán someter a la autorización de la propia Comisión un programa de autocorrección cuando
en la realización de sus actividades detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables, sujetándose a lo previsto por los artículos 119 Bis a 119 Bis 2 de esta
Ley, según resulte aplicable.
Artículo adicionado DOF 10-01-2014
CAPITULO III
De los delitos
Artículo 120.- En los casos previstos en los artículos 121 a 128 de esta Ley, se procederá
indistintamente a petición de la Secretaría, previa opinión de la Comisión; o bien a petición de la unión de
que se trate, o de quien tenga interés jurídico.
Para determinar el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial previstos en este capítulo,
se considerarán como días de salario, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el
momento de cometerse el delito de que se trate.
Lo dispuesto en los artículos citados, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras
leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos.
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Artículo 121.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a cincuenta
mil días de salario, los consejeros, directores generales y demás directivos o empleados, comisarios o
auditores externos de las uniones o quienes intervengan directamente en la operación:
I. Que omitan u ordenen omitir registrar en los términos del artículo 65 de esta Ley, las operaciones
efectuadas por la unión de que se trate, o que alteren u ordenen alterar los registros para ocultar
la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos,
pasivos, cuentas contingentes o resultados;
II. Presenten a la Comisión datos, informes o documentos falsos o alterados sobre la solvencia del
deudor o sobre el valor de las garantías que protegen los créditos;
III. Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, los sistemas o registros contables o
la documentación soporte que dé origen a los asientos contables respectivos, con anterioridad al
vencimiento de los plazos legales de conservación;
IV. Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, información, documentos o archivos,
incluso electrónicos, con el propósito de impedir u obstruir los actos de supervisión y vigilancia de
la Comisión;
V. Que proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos en los documentos, informes,
dictámenes, opiniones, estudios o calificación crediticia, que deban presentarse a la Comisión en
cumplimiento de lo previsto en esta Ley;
VI. Que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan el préstamo o
crédito;
VII. Que, conociendo los vicios que señala la fracción III del artículo 122 de esta Ley, concedan el
préstamo o crédito, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para concederlo.
Artículo 122.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días
de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no
exceda del equivalente a dos mil días de salario.
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de
dos mil y no de cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de
dos mil a cincuenta mil días de salario.
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de
cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a
ocho años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario.
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de
trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa de
doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario.
Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en
este artículo se impondrán a:
I. Las personas que con el propósito de obtener un préstamo o crédito, o de celebrar un contrato de
arrendamiento financiero o de factoraje financiero proporcionen a una unión, datos falsos sobre el
monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si como consecuencia de
ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la unión;
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Serán sancionados hasta en una mitad más de las penas previstas en este artículo, aquéllos
funcionarios, empleados o comisionistas de terceros que participen en la solicitud y/o trámite para
el otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre los montos de los activos o
pasivos de los acreditados, o que directa o indirectamente alteren o sustituyan la información
mencionada, para ocultar los datos reales sobre dichos activos o pasivos;
II. Los consejeros, directivos, empleados o quienes intervengan directamente en la operación que,
falsifiquen, alteren, simulen o a sabiendas realicen operaciones que resulten en quebranto o
perjuicio al patrimonio de la unión.
Se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior y,
consecuentemente, sujetos a iguales sanciones, los consejeros, directivos o empleados de las
uniones o quienes intervengan directamente en las operaciones que:
a. Otorguen préstamos, créditos, bienes en arrendamiento financiero o adquieran derechos de
crédito por contratos de factoraje financiero, a sociedades constituidas a sabiendas de que
éstas no han integrado el capital que registren las actas de asamblea respectivas;
b. Realicen operaciones propias del objeto social de las uniones con personas físicas o morales
cuyo estado de insolvencia les sea conocido, si resulta previsible al realizar la operación que
carecen de capacidad económica para pagar o responder por el importe de las operaciones
realizadas que resulten en quebranto o perjuicio al patrimonio de las uniones de que se trate;
c. Renueven préstamos, créditos o contratos de arrendamiento financiero, vencidos parcial o
totalmente a las personas físicas o morales a que se refiere el inciso anterior;
d. Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las personas físicas o morales a que
se refiere el inciso b) anterior si resulta previsible al realizar la operación, que carecen de
capacidad económica para pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas,
produciendo quebranto o perjuicio patrimonial a la unión, y
e. Que a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito, préstamo o bien
arrendado en beneficio de terceros, reduciendo notoriamente su capacidad para pagar o
responder por el importe de su obligación y, como consecuencia de ello, resulte quebranto o
perjuicio patrimonial a la unión.
Para efectos de lo previsto en el primer párrafo de la presente fracción, no se considera que
causen un quebranto o perjuicio al patrimonio de la unión las operaciones que se celebren
como parte de procesos de reestructuración de operaciones de pago que se realicen en
términos del artículo 51 de esta Ley.
III. Las personas que para obtener préstamos o créditos o con el fin de celebrar contratos de
arrendamiento financiero o de factoraje financiero, presenten avalúos que no correspondan a la
realidad, de manera que el valor real de los bienes que se ofrecen en garantía sea inferior al
importe del crédito o préstamo, bienes en arrendamiento o derechos del crédito, resultando
quebranto o perjuicio patrimonial para la unión;
IV. Los acreditados o arrendatarios financieros que desvíen un crédito concedido o un bien dado en
arrendamiento financiero por alguna unión a fines distintos para los que se otorgó, si la fuente de
recursos utilizada por la unión proviene de fondos de fomento, fideicomisos públicos constituidos
por el Gobierno Federal para el fomento económico u organismos internacionales, y
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V. Los deudores que no destinen el importe del crédito a los fines pactados, y como consecuencia
de ello resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la unión.
Artículo 123.- Los consejeros, directores generales y demás directivos, funcionarios y empleados de
las uniones, o quienes intervengan directamente en la operación, que con independencia de los cargos o
intereses fijados por la sociedad respectiva, por sí o por interpósita persona hayan obtenido de los
sujetos de crédito, arrendatarios financieros, clientes de factoraje o de operaciones con divisas,
beneficios por su participación en el trámite u otorgamiento del crédito, de los bienes objeto del
arrendamiento, del contrato de factoraje o de operaciones con divisas, serán sancionados con pena de
prisión de tres meses a tres años y con multa de treinta a quinientos días de salario cuando el beneficio
no sea valuable, o el monto del beneficio no exceda de quinientos días de salario, en el momento de
cometerse el delito; cuando el beneficio exceda de dicho monto serán sancionados con prisión de dos a
diez años y multa de quinientos a cincuenta mil días de salario.
Artículo 124.- Los consejeros, directores o gerentes generales y demás directivos, comisarios,
empleados o accionistas que inciten u ordenen a directivos o empleados de la unión a la comisión de los
delitos que se refieren en los artículos 121 y 122 fracción II, serán sancionados hasta en una mitad más
de las penas previstas en los artículos respectivos.
Artículo 125.- Serán sancionados con penas de prisión de tres a quince años y multa hasta de cien
mil días de salario, las personas físicas, consejeros, directivos o administradores de personas morales
que lleven a cabo operaciones de las reservadas para las uniones de crédito, sin contar con las
autorizaciones previstas en la ley.
Artículo 126.- Serán sancionados con prisión de uno a seis años las personas que por sí o a través
de otra persona o por medio de nombres comerciales, por cualquier medio de publicidad se ostenten
frente al público como unión, sin contar con la autorización para constituirse, funcionar, organizarse u
operar con tal carácter, según sea el caso, emitida por la Comisión.
Artículo 127.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión, con la pena establecida
para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los delitos previstos en los artículos
121 a 123 y 126 de esta Ley, cuando:
I. Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;
II. Permitan que los directivos o empleados de la unión, alteren o modifiquen registros con el
propósito de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito;
III. Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de informar a sus superiores
hechos que probablemente puedan constituir delito;
IV. Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que
probablemente puedan constituir delito, o
V. Inciten u ordenen no presentar la petición a que se refiere el artículo 120 de esta Ley a quien esté
facultado para ello.
Artículo 128.- Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del consejo de
administración, director general y cualquier otro directivo o empleado de una unión, que por sí o por
interpósita persona, dé u ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor público de la Comisión, para
que haga u omita un determinado acto relacionado con sus funciones.
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Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión, que por sí o por interpósita persona
solicite u obtenga para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer o dejar de hacer algún acto
relacionado con sus funciones.
Artículo 129.- Las uniones en términos de las disposiciones de carácter general que emita la
Secretaría, escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas a:
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones
que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la
comisión del delito previsto en el artículo 139 ó 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran
ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y
Fracción reformada DOF 10-01-2014
II. Presentar a la Secretaría, a través de la Comisión, reportes sobre:
a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus socios y terceros, relativos a la
fracción anterior, y
b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I
de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de
las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro
del consejo de administración, administradores, directores generales y demás directivos,
funcionarios, empleados y apoderados.
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de
carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando
menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que
deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados,
teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con
que se realicen, y las prácticas comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se
efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la
información. Los reportes deberán referirse cuando menos a operaciones que se definan como
relevantes, internas preocupantes e inusuales y operaciones en efectivo realizadas en moneda
extranjera.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Asimismo, la Secretaría en las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo,
también establecerá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las uniones deberán observar
respecto de:
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
i. El adecuado conocimiento de sus socios y terceros con los que realicen operaciones, para lo cual
aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o
profesional y las plazas en que operen;
ii. La información y documentación que dichas uniones deban recabar para la apertura de cuentas o
celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite
plenamente la identidad de sus socios y terceros antes citados;
iii. La forma en que las mismas uniones deberán resguardar y garantizar la seguridad de la
información y documentación relativas a la identificación de sus socios o quienes lo hayan sido y
terceros mencionados, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados
conforme al presente artículo;
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Inciso reformado DOF 10-01-2014
iv. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las uniones sobre la materia objeto del
presente artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo,
señalarán los términos para su debido cumplimiento;
Inciso reformado DOF 10-01-2014
v. El uso de sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y
procedimientos que se establezcan en las propias disposiciones de carácter general a que se
refiere este artículo, y
Inciso adicionado DOF 10-01-2014
vi. El establecimiento de aquellas estructuras internas que deban funcionar como áreas de
cumplimiento en la materia, al interior de cada unión de crédito.
Inciso adicionado DOF 10-01-2014
Las uniones deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se
refiere la fracción iii, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.
La Secretaría estará facultada para requerir y recabar, a través de la Comisión, información y
documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II del
presente artículo. Las uniones estarán obligadas a proporcionar dicha información y documentación. La
Secretaría estará facultada para obtener información adicional de otras fuentes con el mismo fin y a
proporcionar información a las autoridades competentes.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo no implicará trasgresión alguna
a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de
información establecidas por vía contractual.
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las
uniones, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directores generales
y demás directivos, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las
personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante
dichas disposiciones se establezcan.
Las uniones deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios
con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista
de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá
la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos
previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario
en cuestión.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a
que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de
personas en la lista de personas bloqueadas.
Párrafo adicionado DOF 10-01-2014
La violación a las disposiciones a que se refiere el presente artículo será sancionada por la Comisión
conforme al procedimiento previsto en el artículo 110 de la presente Ley, con multa equivalente del 10%
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al 100% del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya
informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se refiere este artículo; con multa
equivalente del 10% al 100% del monto de la operación inusual no reportada o, en su caso, de la serie de
operaciones relacionadas entre sí del mismo cliente o usuario, que debieron haber sido reportadas como
operaciones inusuales; tratándose de operaciones relevantes, internas preocupantes y operaciones en
efectivo realizadas en moneda extranjera, no reportadas, así como los incumplimientos a cualquiera de
los incisos i., ii., iii. o v. de este artículo, se sancionará con multa de 10,000 a 100,000 días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal y en los demás casos de incumplimiento a este precepto y a
las disposiciones que de él emanan multa de 2,000 y hasta 30,000 días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal.
Párrafo reformado DOF 10-01-2014
Los servidores públicos de la Secretaría y de la Comisión, las uniones, sus miembros del consejo de
administración, administradores, directores generales y demás directivos, empleados y apoderados,
deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere
este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos
relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas
obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.
Artículo 130.- Los delitos previstos en esta Ley sólo admitirán comisión dolosa. La acción penal en los
delitos previstos en esta Ley, perseguibles por petición de la Secretaría, por la unión ofendida, o por
quien tenga interés jurídico, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría o la
unión o quien tenga interés jurídico tengan conocimiento del delito y del probable responsable, y si no
tienen ese conocimiento, en cinco años que se computarán conforme a las reglas establecidas en el
artículo 102 del Código Penal Federal. Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción
seguirá corriendo según las reglas del Código Penal Federal.
Artículo 131.- Serán sancionados con prisión de dos a siete años todo aquél que habiendo sido
removido, suspendido o inhabilitado, por resolución firme de la Comisión, en términos de lo previsto en el
artículo 93 de esta Ley, continúe desempeñando las funciones respecto de las cuales fue removido o
suspendido o bien, ocupe un empleo, cargo o comisión, dentro del sistema financiero mexicano, a pesar
de encontrarse suspendido o inhabilitado para ello.
Artículo 132.- Las penas previstas en esta Ley, se reducirán en un tercio cuando se acredite haber
reparado el daño o haber resarcido el perjuicio ocasionado.
Capítulo IV
De las notificaciones
Artículo 133.- Las notificaciones de los requerimientos, visitas de inspección ordinarias y especiales,
medidas cautelares, solicitudes de información y documentación, citatorios, emplazamientos,
resoluciones de imposición de sanciones administrativas o de cualquier acto que ponga fin a los
procedimientos de suspensión, revocación de autorizaciones a que se refiere la presente Ley, así como
los actos que nieguen las autorizaciones a que se refiere la presente Ley y las resoluciones
administrativas que le recaigan a los recursos de revisión y a las solicitudes de condonación interpuestos
conforme a las leyes aplicables, se podrán realizar de las siguientes maneras:
I. Personalmente, conforme a lo siguiente:
a) En las oficinas de las autoridades financieras, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 de
esta Ley.
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b) En el domicilio del interesado o de su representante, en términos de lo previsto en los
artículos 137 y 140 de esta Ley.
c) En cualquier lugar en el que se encuentre el interesado o su representante, en los supuestos
establecidos en el artículo 138 de esta Ley.
II. Mediante oficio entregado por mensajero o por correo certificado, ambos con acuse de recibo;
III. Por edictos, en los supuestos señalados en el artículo 141 de esta Ley, y
IV. Por medio electrónico, en el supuesto previsto en el artículo 142 de esta Ley.
Respecto a la información y documentación que deba exhibirse a los inspectores de la Comisión al
amparo de una visita de inspección se deberá observar lo previsto en el reglamento expedido por el
Ejecutivo Federal, en materia de supervisión, al amparo de lo establecido en el artículo 5, primer párrafo
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Para efectos de este Capítulo, se entenderá por autoridades financieras a la Secretaría y a la
Comisión.
Artículo 134.- Las autorizaciones, revocaciones de autorizaciones solicitadas por el interesado o su
representante, los actos que provengan de trámites promovidos a petición del interesado y demás actos
distintos a los señalados en el artículo 133 de esta Ley, podrán notificarse mediante la entrega del oficio
en el que conste el acto correspondiente, en las oficinas de la autoridad que realice la notificación,
recabando en copia de dicho oficio la firma y nombre de la persona que la reciba.
Asimismo, las autoridades financieras podrán efectuar dichas notificaciones por correo ordinario,
telegrama, fax, correo electrónico o mensajería cuando el interesado o su representante se lo soliciten
por escrito señalando los datos necesarios para recibir la notificación, dejando constancia en el
expediente respectivo, de la fecha y hora en que se realizó.
También, se podrán notificar los actos a que se refiere el primer párrafo del presente artículo por
cualquiera de las formas de notificación señaladas en el artículo 133 de esta Ley.
Artículo 135.- Las notificaciones de visitas de investigación y de la declaración de intervención a que
se refiere esta Ley se realizarán en un solo acto y conforme a lo previsto en el reglamento a que hace
referencia el penúltimo párrafo del artículo 133 de esta Ley.
Artículo 136.- Las notificaciones personales podrán efectuarse en las oficinas de las autoridades
financieras solamente cuando el interesado o su representante acuda a las mismas y manifieste su
conformidad en recibir las notificaciones; para lo cual quien realice la notificación levantará por duplicado
un acta que cumpla con la regulación aplicable a este tipo de actos.
Artículo 137.- Las notificaciones personales también podrán practicarse con el interesado o con su
representante, en el último domicilio que hubiere proporcionado a la autoridad financiera correspondiente
o en el último domicilio que haya señalado ante la propia autoridad en el procedimiento administrativo de
que se trate, para lo cual se levantará acta en los términos a que se refiere el penúltimo párrafo de este
artículo.
En el supuesto de que el interesado o su representante no se encuentre en el domicilio mencionado,
quien lleve a cabo la notificación entregará citatorio a la persona que atienda la diligencia, a fin de que el
interesado o su representante lo espere a una hora fija del día hábil siguiente y en tal citatorio apercibirá
al citado que de no comparecer a la hora y el día que se fije, la notificación la practicará con quien lo
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atienda o que en caso de encontrar cerrado dicho domicilio o que se nieguen a recibir la notificación
respectiva, la hará mediante instructivo conforme a lo previsto en el artículo 140 de esta Ley. Quien
realice la notificación levantará acta en los términos previstos en el penúltimo párrafo de este artículo.
El citatorio de referencia deberá elaborarse por duplicado y dirigirse al interesado o a su
representante, señalando lugar y fecha de expedición, fecha y hora fija en que deberá esperar al
notificador, quien deberá asentar su nombre, cargo y firma en dicho citatorio, el objeto de la
comparecencia y el apercibimiento respectivo, así como el nombre y firma de quien lo recibe. En caso de
que esta última no quisiera firmar, se asentará tal circunstancia en el citatorio, sin que ello afecte su
validez.
El día y hora fijados para la práctica de la diligencia motivo del citatorio, el encargado de realizar la
diligencia se apersonará en el domicilio que corresponda, y encontrando presente al citado, procederá a
levantar acta en los términos a que se refiere el penúltimo párrafo de este artículo.
En el caso de que no comparezca el citado, la notificación se entenderá con cualquier persona que se
encuentre en el domicilio en el que se realiza la diligencia; para tales efectos se levantará acta en los
términos de este artículo.
En todo caso, quien lleve a cabo la notificación levantará por duplicado un acta en la que hará constar,
además de las circunstancias antes señaladas, su nombre, cargo y firma, que se cercioró que se
constituyó y se apersonó en el domicilio buscado, que notificó al interesado, a su representante o
persona que atendió la diligencia, previa identificación de tales personas, el oficio en el que conste el acto
administrativo que deba notificarse, asimismo hará constar la designación de los testigos, el lugar, hora y
fecha en que se levante, datos de identificación del oficio mencionado, los medios de identificación
exhibidos, nombre del interesado, representante legal o persona que atienda la diligencia y de los
testigos designados. Si las personas que intervienen se niegan a firmar o a recibir el acta de notificación,
se hará constar dicha circunstancia en el acta, sin que esto afecte su validez.
Para la designación de los testigos, quien efectúe la notificación requerirá al interesado, a su
representante o persona que atienda la diligencia para que los designe; en caso de negativa o que los
testigos designados no aceptaran la designación, la hará el propio notificador.
Artículo 138.- En el supuesto de que la persona encargada de realizar la notificación hiciere la
búsqueda del interesado o su representante en el domicilio a que se refiere el primer párrafo del artículo
137 de esta Ley, y la persona con quien se entienda la diligencia niegue que es el domicilio de dicho
interesado o su representante, quien realice la diligencia levantará acta para hacer constar tal
circunstancia. Dicha acta deberá reunir, en lo conducente, los requisitos previstos en el penúltimo párrafo
del artículo 137 del presente ordenamiento legal.
En el caso previsto en este precepto, quien efectúe la notificación podrá realizar la notificación
personal en cualquier lugar en que se encuentre el interesado o su representante. Para los efectos de
esta notificación, quien la realice levantará acta en la que haga constar que la persona notificada es de su
conocimiento personal o haberle sido identificada por dos testigos, además de asentar, en lo conducente,
lo previsto en el penúltimo párrafo del citado artículo 137, o bien hacer constar la diligencia ante fedatario
público.
Artículo 139.- Las notificaciones que se efectúen mediante oficio entregado por mensajería o por
correo certificado, con acuse de recibo, surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquél que como fecha
recepción conste en dicho acuse.
Artículo 140.- En el supuesto de que el día y hora señalados en el citatorio que se hubiere dejado en
términos del artículo 137 de esta Ley, quien realice la notificación encontrare cerrado el domicilio que
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corresponda o bien el interesado, su representante o quien atienda la diligencia, se nieguen a recibir el
oficio motivo de la notificación, hará efectivo el apercibimiento señalado en el mencionado citatorio. Para
tales efectos llevará a cabo la notificación, mediante instructivo que fijará en lugar visible del domicilio,
anexando el oficio en el que conste el acto a notificar, ante la presencia de dos testigos que al efecto
designe.
El instructivo de referencia se elaborará por duplicado y se dirigirá al interesado o a su representante.
En dicho instructivo se harán constar las circunstancias por las cuales resultó necesario practicar la
notificación por ese medio, lugar y fecha de expedición; el nombre, cargo y firma de quien levante el
instructivo; el nombre, datos de identificación y firma de los testigos; la mención de que quien realice la
notificación se cercioró de que se constituyó y se apersonó en el domicilio buscado, y los datos de
identificación del oficio en el que conste el acto administrativo que deba notificarse.
El instructivo hará prueba de la existencia de los actos, hechos u omisiones que en él se consignen.
Artículo 141.- Las notificaciones por edictos se efectuarán en el supuesto de que el interesado haya
desaparecido, hubiere fallecido, se desconozca su domicilio o exista imposibilidad de acceder a él, y no
tenga representante conocido o domicilio en territorio nacional o se encuentre en el extranjero sin haber
dejado representante.
Para tales efectos, se publicará por tres veces consecutivas un resumen del oficio respectivo, en un
periódico de circulación nacional, sin perjuicio de que la autoridad financiera que notifique difunda el
edicto en la página electrónica de la red mundial denominada Internet que corresponda a la autoridad
financiera que notifique; indicando que el oficio original se encuentra a su disposición en el domicilio que
también se señalará en dicho edicto.
Artículo 142.- Las notificaciones por medios electrónicos, con acuse de recibo, podrán realizarse
siempre y cuando el interesado o su representante así lo haya aceptado o solicitado expresamente por
escrito a las autoridades financieras a través de los sistemas automatizados y mecanismos de seguridad
que las mismas establezcan.
Artículo 143.- Las notificaciones que no fueren efectuadas conforme a este Capítulo, se entenderán
legalmente hechas y surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en el que el interesado o su
representante se manifiesten sabedores de su contenido.
Artículo 144.- Para los efectos de esta Ley se tendrá por domicilio para oír y recibir notificaciones
relacionadas con los actos relativos al desempeño de su encargo como miembros del consejo de
administración, directores generales, comisarios, directores, funcionarios, delegados fiduciarios,
directivos que ocupen la jerarquía inmediata inferior a la del director general, y demás personas que
puedan obligar con su firma a las sociedades reguladas por esta Ley, el del lugar en donde se encuentre
ubicada la sociedad a la cual presten sus servicios, salvo que dichas personas señalen por escrito a la
Comisión un domicilio distinto, el cual deberá ubicarse dentro del territorio nacional.
En los supuestos señalados en el párrafo anterior, la notificación se podrá realizar con cualquier
persona que se encuentre en el citado domicilio.
Para lo previsto en este artículo, se considerará como domicilio de la sociedad el último que hubiere
proporcionado ante la propia Comisión o en el procedimiento administrativo de que se trate.
Artículo 145.- Las notificaciones a que se refiere este capítulo surtirán sus efectos al día hábil
siguiente al que:
I. Se hubieren efectuado personalmente;
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II. Se hubiere entregado el oficio respectivo en los supuestos previstos en los artículos 133 y 142;
III. Se hubiere efectuado la última publicación a que se refiere el artículo 141, y
IV. Se hubiere efectuado por correo ordinario, telegrama, fax, medio electrónico o mensajería.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ..........
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- Se deroga el Capítulo III del Título Segundo de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985,
así como toda referencia en dicha Ley a uniones de crédito.
Las uniones de crédito autorizadas para operar como tales con arreglo a las disposiciones que se
derogan, se reputarán autorizadas para operar en los términos del presente Decreto.
Las uniones de crédito autorizadas para operar como tales antes de la entrada en vigor del presente
Decreto, únicamente podrán admitir nuevos socios que cumplan con la característica establecida en el
primer párrafo del artículo 21 del artículo Primero del presente Decreto. Asimismo, no podrán renovar las
operaciones que hayan pactado con los socios que no acrediten la referida característica.
Tercero.- En tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emite las disposiciones de carácter
general a que se refiere esta Ley, seguirán aplicándose las expedidas con anterioridad a la vigencia de la
misma, en las materias correspondientes, en lo que no se opongan al presente Decreto. Al expedirse las
disposiciones a que se refiere este artículo, se señalarán expresamente aquéllas a las que sustituyan o
queden derogadas.
Sin perjuicio de lo anterior, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto se deroga el Acuerdo
por el que se determinan los capitales mínimos con que deberán contar los almacenes generales de
depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero y casas de
cambio para el año 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008, en todo
lo relativo a uniones de crédito.
Cuarto.- Las uniones de crédito contarán con un plazo de dos años contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto para ajustarse a las disposiciones a que se refieren los artículos 61 y 62 de la
Ley de Uniones de Crédito.
Quinto.- Las autorizaciones otorgadas a las uniones de crédito y los demás actos administrativos
realizados con fundamento en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que
conforme a lo dispuesto en el presente Decreto corresponda llevar a cabo a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, continuarán en vigor, hasta que, en su caso, sean revocadas o sus términos
modificados expresamente por dicha Comisión o bien, dejen de producir sus efectos.
Sexto.- Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momento de cometerse las citadas
infracciones o delitos.
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En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el interesado podrá optar por su
continuación conforme al procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación de las
disposiciones aplicables a los procedimientos administrativos previstos en el presente Decreto.
Séptimo.- Las uniones de crédito contarán con un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto para presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su
aprobación, sus estatutos sociales a fin de que ajusten su operación a lo previsto en el referido Decreto.
Octavo.- A la entrada en vigor del presente Decreto todas las uniones de crédito que hayan sido
autorizadas para operar como tales en términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito, serán clasificadas con un nivel de operaciones I.
Las uniones de crédito podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que les autorice
el cambio de nivel de operaciones previo cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 39
y 43 del artículo Primero de este Decreto.
Noveno.- Las uniones de crédito que a la entrada en vigor del presente Decreto no cumplan con el
capital mínimo previsto en el artículo 18 del artículo Primero del presente Decreto para el nivel de
operaciones I, contarán con un plazo de cinco años para integrar el capital mínimo referido.
Transcurrido el plazo citado, las autorizaciones que haya otorgado la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores para la constitución y operación de uniones de crédito que no cuenten con un capital mínimo
equivalente en moneda nacional al valor de 2,000,000 de unidades de inversión, quedarán sin efecto por
ministerio de ley, por lo que las sociedades que tengan dicho carácter dejarán de ser uniones de crédito.
Las sociedades señaladas en el párrafo anterior no estarán obligadas a disolverse y liquidarse por el
hecho de que, conforme a lo dispuesto por el párrafo anterior, queden sin efecto las autorizaciones
respectivas, aunque, para continuar operando, deberán:
I. Reformar sus estatutos sociales a efecto de eliminar cualquier referencia expresa o de la cual se
pueda inferir que son uniones de crédito y que se encuentran autorizadas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores para constituirse y funcionar con tal carácter.
II. Presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a más tardar ciento ochenta días
naturales el instrumento público en el que conste la reforma estatutaria referida en la fracción
anterior, con los datos de la respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio.
Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la fracción II anterior entrarán, por ministerio de
ley, en estado de disolución y liquidación, sin necesidad de acuerdo de asamblea general de accionistas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicará en el Diario Oficial de la Federación aquéllas
autorizaciones que conforme a este artículo queden sin efecto.
Décimo.- Se deroga la fracción IV del artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera.
México, D.F., a 30 de abril de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Ruth Zavaleta
Salgado, Presidenta.- Sen. Gabino Cué Monteagudo, Secretario.- Dip. Ma. Mercedes Maciel Ortiz,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto
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de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en
materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014
UNIONES DE CRÉDITO
ARTÍCULO NOVENO. Se REFORMAN el inciso a) de la fracción IV del artículo 3o; el artículo 20; el
artículo 21; el tercer párrafo del artículo 22; las fracciones I a IV del artículo 23; el primer párrafo del
artículo 26; el artículo 30; el quinto párrafo del artículo 38; las fracciones I, VII y XXV y el cuarto párrafo
del artículo 40; el artículo 45; el segundo y tercer párrafos del artículo 78; los incisos c) y d) de la fracción
II del primer párrafo del artículo 80; el primero y tercer párrafos del artículo 93; la fracción III y el segundo
párrafo del artículo 97; el artículo 99; la fracción I del artículo 103; las fracciones I, inciso e) y III, inciso a)
del primer párrafo y segundo párrafo del artículo 104; fracción I del artículo 105; el primero y segundo
párrafos del artículo 108; las fracciones I, II, y III, incisos a), d) y e) del artículo 110; el artículo 112; el
segundo párrafo del artículo 113; el artículo 114; el artículo 116; la fracción I, el párrafo segundo, el
encabezado y los incisos iii. y iv. del párrafo tercero y el párrafo octavo del artículo 129; se ADICIONAN
un segundo párrafo al artículo 23; el artículo 44 bis; un tercer párrafo con sus incisos a. y b. a la fracción
II y la fracción III del artículo 47; un tercer párrafo, pasando los actuales párrafos tercero, cuarto y quinto,
a ser los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 48; una fracción IV al artículo 49; un párrafo primero,
pasando el actual primero a ser segundo, y los párrafos tercero y cuarto, al artículo 61; los párrafos
primero a quinto, pasando los actuales párrafos primero a tercero, a ser los párrafos sexto, séptimo y
octavo al artículo 62; un cuarto párrafo al artículo 78; un inciso e) a la fracción II del primer párrafo del
artículo 80; el artículo 98 Bis; un segundo párrafo a la fracción I del artículo 103; un inciso g) a la fracción
I, del artículo 104; un segundo párrafo al artículo 106; un segundo párrafo al inciso b) de la fracción III, y
una fracción IV con sus incisos a) al f) al artículo 110; un Capítulo II Bis “De los programas de
autocorrección” al Título Sexto que comprenderá de los artículos 119 Bis a 119 Bis 3; los numerales v y vi
al tercer párrafo, los párrafos octavo, noveno y décimo, pasando los actuales párrafos octavo y noveno a
ser los párrafos décimo primero y décimo segundo del artículo 129 y se DEROGAN el cuarto párrafo del
artículo 18 y el segundo párrafo del artículo 22 todos de la Ley de Uniones de Crédito, para quedar
como sigue:
………
Disposiciones Transitorias
ARTÍCULO DÉCIMO. En relación con las modificaciones a que se refieren el Artículo Noveno de este
Decreto, se estará a lo siguiente:
I. Las uniones de crédito contarán con un plazo de ciento ochenta días para regularizar las
operaciones de préstamos de socios que se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción I
del artículo 103, concertadas previamente a la entrada en vigor de este Decreto.
II. Las uniones de crédito contarán con un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto para presentar a la Comisión, para su aprobación, los estatutos
sociales a fin de que ajusten su operación a lo previsto en el referido Decreto.
III. Las infracciones o delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momento de cometerse las
citadas infracciones o delitos.
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En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el interesado podrá optar
por su continuación conforme al procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación
de las disposiciones aplicables a los procedimientos administrativos que se estipulan
mediante el presente Decreto.
……….
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación, salvo lo dispuesto en los ARTÍCULOS VIGÉSIMO QUINTO, fracción I; TRIGÉSIMO,
fracciones IV y VI; CUADRAGÉSIMO, fracciones I y II y; QUINCUAGÉSIMO, fracciones I y II, las cuales
entrarán en vigor en las fechas que en dichas disposiciones se establecen.
México, D.F., a 26 de noviembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortes, Presidente.- Sen. Raúl
Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gomez, Secretario.- Sen. María Elena Barrera
Tapia, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a nueve de enero de
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas leyes financieras en
materia de procedimiento administrativo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2024
Artículo Décimo Primero.- Se reforman los artículos 99; y 110, fracción I; y se adiciona el artículo
108, con los párrafos tercero y cuarto, recorriéndose el subsecuente, de la Ley de Uniones de Crédito,
para quedar como sigue:
………
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- Los procedimientos administrativos sancionadores que, a la fecha de entrada del presente
Decreto, se hubieren iniciado deberán continuarse hasta su conclusión, conforme al procedimiento
vigente al momento de su notificación al presunto infractor.
Tercero.- Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos administrativos de revocación que se
hubieren iniciado mediante la notificación del acto a través del cual se concede el derecho de audiencia,
antes de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán continuarse hasta su conclusión, conforme al
procedimiento vigente al momento de su notificación a la institución o entidad correspondiente.
Cuarto.- La sustanciación y resolución de los procedimientos sancionadores que, a la fecha de
entrada del presente Decreto, hubiere iniciado el Banco de México se regirán por lo dispuesto en las
Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador, vigentes en la
misma fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2023.- Dip. Marcela Guerra Castillo, Presidenta.- Sen.
Ana Lilia Rivera Rivera, Presidenta.- Dip. Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Secretaria.- Sen.
Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 17 de enero de 2024.- Andrés
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica.
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