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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 01-12-2023
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
Artículo Único.- Se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- La presente Ley, reglamentaria del Apartado B del artículo 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público, de interés social y de observancia
general en toda la República, y tiene por objeto regular:
I. El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica;
II. Los derechos y las obligaciones de los Informantes del Sistema;
III. La organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y
IV. Las faltas administrativas y el medio de defensa administrativo frente a los actos o resoluciones
del Instituto.
ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Actividades Estadísticas y Geográficas o Actividades: las relativas al diseño, captación,
producción, actualización, organización, procesamiento, integración, compilación, publicación,
divulgación y conservación de la Información de Interés Nacional.
II. Consejo: al Consejo Consultivo Nacional.
III. Información Estadística: al conjunto de resultados cuantitativos o datos que se obtienen de las
Actividades Estadísticas y Geográficas en materia estadística, tomando como base los datos
primarios obtenidos de los Informantes del Sistema sobre hechos que son relevantes para el
conocimiento de los fenómenos económicos, gobierno, seguridad pública e impartición de
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justicia; demográficos y sociales, así como sus relaciones con el medio ambiente y el espacio
territorial.
Fracción reformada DOF 25-06-2018
IV. Información Geográfica: al conjunto organizado de datos espaciales georreferenciados, que
mediante símbolos y códigos genera el conocimiento acerca de las condiciones físico-
ambientales, de los recursos naturales y de las obras de naturaleza antrópica del territorio
nacional.
V. Información: Información Estadística y Geográfica de interés nacional.
VI. Información de Interés Nacional: a la Información que se determine como tal en términos de lo
dispuesto en los artículos 77, fracción II y 78 de esta Ley.
VII. Informantes del Sistema: a las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos
estadísticos y geográficos en términos de esta Ley.
VIII. Instituto o INEGI: al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
IX. Junta de Gobierno: a la Junta de Gobierno del Instituto.
X. Presidente del Instituto o Presidente: al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
XI. Red Geodésica Nacional: la compuesta por estaciones geodésicas, horizontales, verticales y
gravimétricas distribuidas de forma homogénea en el territorio nacional.
XII. Red Nacional de Información: al conjunto de procesos de intercambio y resguardo de
información, para apoyar por un lado las actividades de coordinación del Sistema y de sus
Subsistemas y por otro la prestación del Servicio Público de Información a toda la sociedad.
XIII. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica o Sistema: al conjunto de Unidades
organizadas a través de los Subsistemas, coordinadas por el Instituto y articuladas mediante la
Red Nacional de Información, con el propósito de producir y difundir la Información de Interés
Nacional.
XIV. Subsistemas Nacionales de Información o Subsistemas: a los componentes del Sistema
enfocados a producir información de una determinada clase o respecto de temas específicos.
XV. Unidades del Estado o Unidades: a las áreas administrativas que cuenten con atribuciones para
desarrollar Actividades Estadísticas y Geográficas o que cuenten con registros administrativos
que permitan obtener Información de Interés Nacional de:
a) Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo a las de la
Presidencia de la República.
Inciso reformado DOF 20-05-2021
b) Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación;
c) Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México;
Inciso reformado DOF 19-01-2018
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d) Los organismos constitucionales autónomos, y
e) Los tribunales administrativos federales.
Cuando el Instituto genere Información se considerará como Unidad para efectos de esta Ley.
TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
CAPÍTULO I
Del Sistema
ARTÍCULO 3.- El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de
suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de
coadyuvar al desarrollo nacional.
Serán principios rectores del Sistema los de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.
ARTÍCULO 4.- El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tendrá como objetivos:
I. Producir Información;
II. Difundir oportunamente la Información a través de mecanismos que faciliten su consulta;
III. Promover el conocimiento y uso de la Información, y
IV. Conservar la Información.
ARTÍCULO 5.- El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica estará integrado por:
I. El Consejo Consultivo Nacional;
II. Los Subsistemas Nacionales de Información, y
III. El Instituto.
ARTÍCULO 6.- La Información de Interés Nacional será oficial y de uso obligatorio para la Federación,
las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Párrafo reformado DOF 19-01-2018
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, las Unidades podrán producir y dar a conocer
información pública oficial adicional a la Información de Interés Nacional.
ARTÍCULO 7.- La organización, la planeación, el funcionamiento y la coordinación de Actividades
Estadísticas y Geográficas, así como la evaluación de los resultados del Sistema, se sujetarán a esta
Ley, a los programas previstos en el artículo 9 de esta Ley y a las disposiciones de carácter general que
expida al efecto el Instituto, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
El Instituto expedirá un código de ética que regule los estándares de conducta a los que deberá
apegarse todo aquél que realice Actividades Estadísticas y Geográficas, incluyendo al propio Instituto. El
código de ética se pondrá a disposición del público a través de Internet.
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ARTÍCULO 8.- Las Unidades del Estado participarán en el Sistema a través de:
I. El Consejo Consultivo Nacional;
II. Los Comités Ejecutivos de los Subsistemas, y
III. Los Comités Técnicos Especializados.
El Instituto deberá emitir las disposiciones generales para regular el funcionamiento de los órganos
colegiados a que se refieren las fracciones anteriores.
CAPÍTULO II
De la Programación
ARTÍCULO 9.- La ordenación y regulación de las actividades necesarias para la planeación,
programación, producción y difusión de la Información de Interés Nacional, se llevará a cabo a través de
los instrumentos siguientes:
I. El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica;
II. El Programa Nacional de Estadística y Geografía, y
III. El Programa Anual de Estadística y Geografía.
La Junta de Gobierno tendrá a su cargo la aprobación de los programas a que se refiere este artículo,
debiendo someter los proyectos de los mismos para opinión a las instancias respectivas en los términos
que señala esta Ley.
Una vez aprobados el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica y el Programa Nacional de Estadística y Geografía, deberán ser publicados en el Diario Oficial
de la Federación y serán obligatorios para las Unidades del Estado conforme a la disponibilidad
presupuestaria correspondiente.
ARTÍCULO 10.- El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica:
I. Tendrá una proyección de al menos 24 años y deberá ser revisado y actualizado por la Junta de
Gobierno cada seis años, al inicio del cuarto año del periodo correspondiente al Presidente de la
República;
II. Constituirá el instrumento rector para la integración y coordinación del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica;
III. Determinará y jerarquizará los objetivos y metas a alcanzar por el Sistema, definiendo las
acciones generales necesarias para ello;
IV. Definirá las políticas que deberán atender los Comités Ejecutivos de los Subsistemas en la
realización de las Actividades Estadísticas y Geográficas, y
V. Deberá considerar las líneas de acción y elementos que propongan las Unidades del Estado y
tomará en cuenta la opinión de instituciones sociales y privadas.
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ARTÍCULO 11.- El Programa Nacional de Estadística y Geografía:
I. Será elaborado cada seis años en congruencia con el Programa Estratégico del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica y con el Plan Nacional de Desarrollo, una vez
que éste se publique en el Diario Oficial de la Federación; debiendo evaluarse y actualizarse al
final de cada ejercicio, o cuando se modifique el citado Programa Estratégico;
II. Definirá el conjunto de actividades y proyectos a ser ejecutados durante cada sexenio
presidencial por las Unidades del Estado, en congruencia con lo establecido en el Programa
Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el Plan Nacional
de Desarrollo en lo relativo a las materias de Información correspondientes a los Subsistemas, y
III. Se orientará a producir la información tendiente al mejor conocimiento del territorio y de la
realidad económica, gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Así como, social y del
medio ambiente del país.
Fracción reformada DOF 25-06-2018
ARTÍCULO 12.- El Programa Anual de Estadística y Geografía deberá elaborarse tomando en
consideración lo dispuesto en el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica y en el Programa Nacional de Estadística y Geografía, debiendo comprender las Actividades
a desarrollar por cada Subsistema para la generación de la Información de Interés Nacional en el año al
que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. La ejecución de las Actividades previstas
en el Programa Anual de Estadística y Geografía quedará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de las
Unidades.
ARTÍCULO 13.- El Instituto proporcionará a las autoridades competentes la Información de Interés
Nacional que se requiera para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
CAPÍTULO III
Del Consejo Consultivo Nacional
ARTÍCULO 14.- El Consejo Consultivo Nacional estará integrado por:
I. El Presidente del Instituto;
II. Un representante de cada secretaría de estado de la Administración Pública Federal;
III. Un representante del Poder Judicial de la Federación;
IV. Un representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
V. Un representante del Senado de la República;
VI. Cinco representantes de las entidades federativas.
Las entidades federativas que integren el Consejo Consultivo Nacional serán elegidas por cada
uno de los cinco grupos que se señalan a continuación, debiendo representarlos de forma
rotativa:
a) GRUPO SUR - SURESTE: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz
y Yucatán.
b) GRUPO CENTRO: Ciudad de México y Estado de México.
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Inciso reformado DOF 19-01-2018
c) GRUPO CENTRO - NORTE: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit,
San Luis Potosí y Zacatecas.
d) GRUPO CENTRO - SUR: Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y
Tlaxcala.
e) CENTRO NORTE: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León,
Sonora, Sinaloa, y Tamaulipas.
Las entidades federativas miembros del Consejo durarán en su encargo dos años, pero sus
representantes continuarán en funciones, aún después de terminado su periodo, en tanto no
sean elegidos los que deban sustituirlos, y
VII. Un representante del Banco de México, designado al efecto por su Gobernador y un
representante del Instituto Federal de Telecomunicaciones designado por su comisionado
presidente.
Fracción reformada DOF 14-07-2014
El Instituto podrá invitar a las sesiones del Consejo a representantes de entidades de las
administraciones públicas federal y locales e instituciones públicas, sociales y privadas, así como de
organismos constitucionales autónomos.
Párrafo reformado DOF 14-07-2014
Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones en dicho órgano colegiado de manera
honoraria.
ARTÍCULO 15.- El Consejo Consultivo Nacional deberá:
I. Opinar sobre los proyectos de los programas a que se refiere el artículo 9 de esta Ley;
II. Proponer los temas, la información y los indicadores que, de conformidad con los artículos 77,
fracción II y 78 de esta Ley, la Junta de Gobierno determine que habrán de considerarse de
Interés Nacional;
III. Proponer la necesidad de crear los Subsistemas a que se refiere el artículo 17 último párrafo, de
esta Ley, y
IV. Opinar sobre los demás asuntos que someta a su consideración la Junta de Gobierno.
ARTÍCULO 16.- El Consejo Consultivo Nacional será presidido por el Presidente del Instituto y fungirá
como secretario técnico el servidor público del Instituto que aquél determine.
El Consejo se reunirá de manera ordinaria al menos una vez al año, y en forma extraordinaria cuando
la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija.
La convocatoria a reunión del Consejo será formulada por el Presidente del Instituto. Podrán solicitar
por escrito al Presidente del Instituto, la convocatoria a una reunión extraordinaria cualquiera de los
Comités Ejecutivos de los Subsistemas a través de su Presidente, así como al menos veinticinco por
ciento de los miembros del Consejo, con el objeto de tratar alguno de los asuntos a los que se hace
referencia en el artículo 15 de esta Ley.
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La convocatoria deberá hacerse con la anticipación necesaria, según la naturaleza y urgencia de los
asuntos a tratar. Las reuniones se desahogarán conforme a las reglas que se adopten, a propuesta del
Instituto.
CAPÍTULO IV
De los Subsistemas Nacionales de Información
ARTÍCULO 17.- El Sistema contará con los siguientes Subsistemas Nacionales de Información:
I. Demográfica y Social;
II.- Económica;
Fracción reformada DOF 25-06-2018
III.- Geográfica y del Medio Ambiente, y
Fracción reformada DOF 25-06-2018
IV.- Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
Fracción adicionada DOF 25-06-2018
Cada Subsistema tendrá como objetivo producir, integrar y difundir Información Demográfica y Social;
Económica y Financiera, Geográfica y del Medio Ambiente, y de Gobierno, Seguridad Pública e
Impartición de Justicia, según corresponda.
Párrafo reformado DOF 25-06-2018
El Instituto deberá emitir las disposiciones generales para regular el funcionamiento de los
Subsistemas Nacionales de Información.
La Junta de Gobierno, previa opinión favorable del Consejo, podrá crear otros Subsistemas que sean
necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema.
ARTÍCULO 18.- En el acuerdo de creación de un Subsistema conforme al último párrafo del artículo
anterior, la Junta de Gobierno deberá señalar como mínimo su infraestructura de información, los
indicadores clave que deberá producir y las fuentes de las que se obtendrá -con el apoyo de las
Unidades- la información básica para dichos indicadores.
ARTÍCULO 19.- Formarán parte de los Subsistemas: los Comités Ejecutivos de Información
Demográfica y Social, de Información Económica, de Información Geográfica, del Medio Ambiente, y de
Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia; los Comités Técnicos
Especializados que se constituyan en términos de lo dispuesto en esta Ley, así como las Unidades del
Estado.
Artículo reformado DOF 25-06-2018
SECCIÓN I
Del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social
ARTÍCULO 20.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, contará con una
infraestructura de información que contenga como mínimo, un marco geoestadístico y un inventario
nacional de viviendas.
ARTÍCULO 21.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un
conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica
demográfica, salud, educación, empleo, vivienda, distribución de ingreso y pobreza.
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Artículo reformado DOF 25-06-2018
ARTÍCULO 22.- El Instituto elaborará, con la colaboración de las Unidades, los indicadores a que se
refiere el artículo anterior, a partir de la información básica que se obtenga de:
I. El censo nacional de población y vivienda, o de los esquemas alternativos que pudieran
adoptarse en el futuro para sustituirlo total o parcialmente;
II. Un sistema integrado de encuestas nacionales de los hogares, y
III. Los registros administrativos que permitan obtener Información en la materia.
SECCIÓN II
Del Subsistema Nacional de Información Económica
ARTÍCULO 23.- El Subsistema Nacional de Información Económica, contará con una infraestructura
de información que contenga como mínimo, un marco geoestadístico y un Directorio Nacional de
Unidades Económicas.
El Directorio a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como las clasificaciones económicas
que formen parte del mismo, son de uso obligatorio para la organización de los registros administrativos
de los que se pueda obtener Información de Interés Nacional.
ARTÍCULO 24.- El Subsistema Nacional de Información Económica deberá generar un conjunto de
indicadores clave, relacionados como mínimo con lo siguiente: sistema de cuentas nacionales; ciencia y
tecnología; información financiera; precios y trabajo.
ARTÍCULO 25.- El Instituto elaborará, con la colaboración de las Unidades, los indicadores a que se
refiere el artículo anterior a partir de la información básica proveniente de:
I. Los censos nacionales económicos y agropecuarios, o los esquemas alternativos que pudieran
adoptarse en el futuro para sustituirlos total o parcialmente;
II. Un sistema integrado de encuestas en unidades económicas, y
III. Los registros administrativos que permitan obtener Información en la materia.
SECCIÓN III
Del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente
ARTÍCULO 26.- El Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, en su
componente geográfico, generará como mínimo los siguientes grupos de datos: marco de referencia
geodésico; límites costeros, internacionales, de las entidades federativas, municipales y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; datos de relieve continental, insular y submarino;
datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, así como nombres geográficos. A este
componente también se le denominará Infraestructura de Datos Espaciales de México.
Asimismo, emitirá un mapa oficial de la República Mexicana, que incluya las zonas marinas
mexicanas, conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Ley Federal del Mar, el cual será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Párrafo adicionado DOF 01-12-2023
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Las autoridades competentes en materia de límites territoriales proporcionarán al Instituto la
información necesaria para la elaboración del mapa. Los conflictos de límites se resolverán a través de
las instancias competentes.
Párrafo adicionado DOF 01-12-2023
Artículo reformado DOF 19-01-2018
ARTÍCULO 27.- El Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, en su
componente del medio ambiente, procurará describir el estado y las tendencias del medio ambiente,
considerando los medios naturales, las especies de plantas y animales, y otros organismos que se
encuentran dentro de estos medios.
El Subsistema referido en el párrafo anterior, deberá generar, como mínimo, indicadores sobre los
siguientes temas: atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos.
ARTÍCULO 28.- El Instituto elaborará, con la colaboración de las Unidades, los indicadores a que se
refieren los dos artículos anteriores a partir de la información básica proveniente de:
I. El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales;
II. Un sistema integrado de inventarios y encuestas sobre recursos naturales y medio ambiente, y
III. Los registros administrativos que permitan obtener Información en la materia.
SECCIÓN IV (sic DOF 25-06-2018)
Del Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia
Sección adicionada DOF 25-06-2018
ARTÍCULO 28 BIS.- El Subsistema tendrá como objetivo institucionalizar y operar un esquema
coordinado para la producción, integración, conservación y difusión de información estadística y
geográfica de interés nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna que permita conocer la situación
que guardan la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que conforman el Estado y sus
respectivos poderes en las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, para apoyar
los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas
materias.
Artículo adicionado DOF 25-06-2018
ARTÍCULO 28 TER.- El Subsistema contará con una infraestructura de información que integre, como
mínimo, un marco geoestadístico, un inventario nacional de registros administrativos, un registro de
Unidades del Estado y un inventario de proyectos y productos estadísticos que permitan apoyar la
obtención de información oficial respecto a la gestión y desempeño de las instituciones públicas que
conforman al Estado y sus respectivos poderes, en las funciones de gobierno, de seguridad pública y de
impartición de justicia, según corresponda.
Artículo adicionado DOF 25-06-2018
ARTÍCULO 28 QUÁTER.- El Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de
Justicia deberá producir, integrar, administrar, conservar y difundir la información e indicadores clave
sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y sus poderes,
relacionados, como mínimo, con las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia.
Artículo adicionado DOF 25-06-2018
ARTÍCULO 28 QUINTUS.- El Instituto producirá e integrará, con la colaboración de las Unidades del
Estado, la información e indicadores a partir de los datos que se obtengan, entre otras fuentes, de:
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I. Los Censos Nacionales de Gobierno o de los esquemas alternativos que pudieran adoptarse en el
futuro para sustituirlos total o parcialmente.
II. Un registro de Unidades de Estado.
III. Un sistema integrado de encuestas nacionales relacionado con los temas propios de este
Subsistema.
IV. Los registros administrativos que permitan obtener información en los temas correspondientes.
La información a la que se refiere esta sección y que pudiera comprometer a la seguridad nacional o a
la seguridad pública, será restringida en términos de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional y de la
fracción IV del artículo 77 de la presente Ley.
Artículo adicionado DOF 25-06-2018
SECCIÓN IV
De los Comités de los Subsistemas
ARTÍCULO 29.- Cada Subsistema contará con un Comité Ejecutivo que se integrará por un
Vicepresidente de la Junta de Gobierno, designado por el Presidente del Instituto, quien lo presidirá, y por
los coordinadores de las Secretarías que a continuación se señalan para cada Subsistema Nacional de
Información:
Párrafo reformado DOF 25-06-2018
I.- Demográfica y Social: Los coordinadores de las secretarías de Gobernación; de Desarrollo
Social; de Educación Pública; de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, así como de la Comisión
Nacional de Seguridad, y del Poder Judicial;
Fracción reformada DOF 25-06-2018
II. Económica: Los coordinadores de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía,
del Banco de México y del Instituto Federal de Telecomunicaciones;
Fracción reformada DOF 14-07-2014
III.- Geográfica y del Medio Ambiente: Los coordinadores de las secretarías de la Defensa Nacional;
de Marina; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía, y de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Fracción reformada DOF 25-06-2018
IV.- Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia: Los coordinadores de las secretarías de
Gobernación; de la Función Pública; de Hacienda y Crédito Público; de la Defensa Nacional y de
Marina; de la Comisión Nacional de Seguridad; por el representante del Poder Judicial de la
Federación, de la Fiscalía General de la República y del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, así como por los representantes del grupo de entidades
federativas a que se refiere esta Ley, a través de las instituciones responsables de la información
y temas relacionados con la gestión de las instituciones públicas en los temas de gobierno,
seguridad pública e impartición de justicia.
Fracción adicionada DOF 25-06-2018. Reformada DOF 20-05-2021
Por acuerdo de la mayoría de los miembros de cada Comité Ejecutivo, se podrá invitar a participar
como miembro del mismo a representantes de otras Unidades o determinarse la necesidad de reducir el
número de miembros.
A las sesiones de los Comités a que se refiere este artículo podrán asistir los invitados que cada
Comité determine.
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El Instituto nombrará al servidor público -del propio Instituto- que fungirá como secretario técnico en
cada uno de los Comités a que se refiere este artículo.
Los integrantes de los Comités Ejecutivos desempeñarán sus funciones en dichos órganos colegiados
de manera honoraria.
ARTÍCULO 30.- Los Comités Ejecutivos tendrán las facultades siguientes:
I. Dar a conocer a la Junta de Gobierno, a través de su Presidente, las opiniones que tuvieren
sobre el proyecto de Programa Anual de Estadística y Geografía;
II. Apoyar en la supervisión de la ejecución del programa anual a que se refiere la fracción anterior;
III. Revisar los proyectos de indicadores y normas técnicas que las Unidades sometan a su
consideración;
IV. Proponer a la Junta de Gobierno, en tiempo y forma a través de su Presidente, las normas
técnicas, así como los indicadores y la información que deba considerarse Información de Interés
Nacional, de la materia que corresponda tomando en cuenta los estándares nacionales e
internacionales, así como las mejores prácticas en la materia;
V. Presentar a la Junta de Gobierno un informe anual sobre sus actividades;
VI. Proponer al Instituto, en tiempo y forma, aquéllas metodologías utilizadas para generar la
información, tomando en cuenta los estándares nacionales e internacionales, así como las
mejores prácticas en la materia, las que serán revisadas por organismos internacionales
periódicamente al menos cada ocho años, y
VII. Opinar respecto de los demás asuntos que someta a su consideración la Junta de Gobierno.
Las decisiones de los Comités Ejecutivos se tomarán por mayoría, en caso de empate tendrá voto de
calidad aquélla Unidad que, en el ámbito de su competencia, haya sometido la propuesta a votación.
ARTÍCULO 31.- Los Comités Técnicos Especializados serán instancias colegiadas de participación y
consulta creados por acuerdo de la Junta de Gobierno, integrados por representantes de las Unidades y
del Instituto, quien promoverá la constitución y adecuado funcionamiento de los mismos sujetándose a
las disposiciones siguientes:
I. Podrán ser temáticos, regionales o especiales, permanentes o temporales;
II. Se integrarán por las Unidades que, a propuesta del Presidente o del vicepresidente encargado
del Subsistema Nacional de Información que corresponda, la Junta de Gobierno determine invitar
a participar como miembros, y
III. Podrán asistir a ellos como invitados, los representantes de las instituciones sociales y privadas
que el propio Comité determine.
El Instituto nombrará al servidor público -del propio Instituto- que fungirá como secretario técnico de
los comités que se constituyan con base en este artículo.
Los integrantes de los Comités Técnicos Especializados desempeñarán sus funciones en dichos
órganos colegiados de manera honoraria.
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ARTÍCULO 32.- Los Comités Técnicos Especializados a los que se refiere el artículo anterior tendrán
las funciones siguientes:
I. Promover entre los coordinadores de las Unidades, el conocimiento y aplicación de las normas
técnicas y disposiciones de carácter general que expida el Instituto;
II. Coadyuvar en la elaboración o revisión de las normas técnicas;
III. Colaborar en los asuntos de su competencia a solicitud del Instituto;
IV. Presentar a la Junta de Gobierno un informe anual sobre sus actividades, y
V. Prestar a los Subsistemas el apoyo que proceda en términos del acuerdo de creación del Comité
Técnico Especializado de que se trate.
SECCIÓN V
De las Unidades del Estado
ARTÍCULO 33.- Las Unidades del Estado distintas al Instituto, cuando desarrollen actividades
relacionadas con la producción, integración, conservación y difusión de Información de Interés Nacional,
deberán:
I. Observar las bases, normas y principios que el Instituto, a propuesta de los Comités Ejecutivos
de los Subsistemas, establezca y dé a conocer para producir, integrar y difundir Información;
II. Colaborar en la integración del catálogo nacional de indicadores a que se refiere el artículo 56 de
esta Ley;
III. Elaborar, sujetándose a las disposiciones aplicables y a las disponibilidades presupuestarias, los
anteproyectos de presupuestos anuales de los trabajos estadísticos y geográficos de su
competencia, en concordancia con los programas a que se refiere el artículo 9 de esta Ley;
IV. Proponer, en tiempo y forma, al Comité Ejecutivo que corresponda, los proyectos de normas
técnicas y metodologías que, en el ámbito de sus funciones, sean necesarias para la realización
de las Actividades tomando en cuenta los estándares nacionales e internacionales y las mejores
prácticas en la materia; así como los temas, información o indicadores que deban someterse a
consideración de la Junta de Gobierno para efectos de la fracción II del artículo 77 de esta Ley;
V. Proporcionar al Instituto, directamente o a través de su coordinador, la Información que éste le
solicite;
VI. Resguardar y conservar la Información, así como los metadatos o especificaciones concretas de
la aplicación de las metodologías que hubieren utilizado en la elaboración de la misma, en la
forma y términos que, previo acuerdo con el coordinador de la Unidad que corresponda, señale el
Instituto, y
VII. Realizar las demás actividades que sean necesarias para el cumplimiento de las previsiones
anteriores.
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Cuando por mandato legal las Unidades estén facultadas para producir y dar a conocer Información
Estadística y Geográfica deberán observar lo que al respecto determine la ley correspondiente, sin
perjuicio de que apliquen, en lo conducente, lo señalado en la fracción I de este artículo.
El Banco de México determinará las normas relativas a la información que produzca y requiera, para
la conducción de la política monetaria.
ARTÍCULO 34.- Para el correcto funcionamiento y coordinación del Sistema, se designará a un
coordinador por cada grupo de Unidades correspondientes a una misma cámara legislativa federal o
local; dependencia o entidad paraestatal de la administración pública federal; entidad federativa;
organismo constitucional autónomo federal o de las entidades federativas, municipio o tribunal
administrativo, así como del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales superiores de justicia de
las entidades federativas.
Las designaciones deberán recaer en personas que ocupen, al menos, el nivel de titular de unidad o
su equivalente, o el nivel inmediato inferior al de aquélla a la que corresponda hacer el nombramiento y
que preferentemente cuenten con conocimientos y experiencia en materia de Información. Cada
coordinador deberá nombrar a su suplente quien deberá ocupar el nivel inmediato inferior a aquél.
ARTÍCULO 35.- Los coordinadores a que se refiere el artículo anterior tendrán bajo su
responsabilidad:
I. Ser el enlace del grupo de Unidades que corresponda con el Instituto;
II. Participar en los Comités de los Subsistemas en términos de la presente Ley;
III. Dar a conocer a las Unidades que coordinen, los acuerdos alcanzados en los Comités en los que
participen, así como apoyar a los Comités de los Subsistemas en la supervisión de su ejecución y
cumplimiento;
IV. Solicitar a las Unidades que coordinen la integración de la Información que solicite el Instituto;
V. Promover el cumplimiento y aplicación de las normas técnicas y disposiciones de carácter
general que expida el Instituto, y
VI. Proponer al Comité Ejecutivo respectivo los indicadores y normas técnicas de las Unidades que
coordinen.
ARTÍCULO 36.- A efecto de apoyar en la capacitación y actualización de los servidores públicos de
las Unidades, así como en la investigación permanente en temas de producción y análisis de la
Información, el Instituto podrá realizar las funciones siguientes:
I. Elaborar un programa permanente y actualizado, de formación y perfeccionamiento de las
capacidades técnicas de los servidores públicos de las Unidades, así como un programa de
investigación permanente en temas de producción y análisis de la Información, para atender las
necesidades de las Unidades;
II. Realizar estudios relativos al Sistema;
III. Realizar investigaciones sobre nuevas metodologías para la producción y difusión de
Información;
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IV. Analizar y adecuar al ámbito nacional, las recomendaciones que emitan los organismos
internacionales para la generación de Información;
V. Actuar como consultor técnico de las Unidades del Estado;
VI. Realizar estudios permanentes de la legislación en materia estadística y geográfica vigente en
cada una de las entidades federativas, así como de derecho comparado, y
VII. Capacitar a los servidores públicos de las Unidades del Estado.
CAPÍTULO V
De los Informantes del Sistema
SECCIÓN I
De los Derechos y Obligaciones de los Informantes del Sistema
ARTÍCULO 37.- Los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes del Sistema a las
Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna
circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.
El Instituto no deberá proporcionar a persona alguna, los datos a que se refiere este artículo para fines
fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole.
ARTÍCULO 38.- Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para fines
estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán manejados observando los principios de
confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o
individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o
fuera de él.
Cuando se deba divulgar la información a que se refiere el párrafo anterior, ésta deberá estar
agregada de tal manera que no se pueda identificar a los Informantes del Sistema y, en general, a las
personas físicas o morales objeto de la información.
El Instituto expedirá las normas que aseguren la correcta difusión y el acceso del público a la
Información, con apego a lo dispuesto en este artículo.
ARTÍCULO 39.- El Instituto realizará las acciones tendientes a lograr, que los Informantes del Sistema
incurran en los menores costos posibles en la entrega de la información que les solicite.
ARTÍCULO 40.- Los Informantes del Sistema a quienes se les requieran datos estadísticos o
geográficos, deberán ser enterados de:
I. El carácter obligatorio o potestativo de sus respuestas, según corresponda;
II. La obligación de proporcionar respuestas veraces, y de las consecuencias de la falsedad en sus
respuestas a los cuestionarios que se les apliquen;
III. La posibilidad del ejercicio del derecho de rectificación;
IV. La confidencialidad en la administración, manejo y difusión de sus datos;
V. La forma en que será divulgada o suministrada la Información, y
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VI. El plazo para proporcionar los datos, el cual deberá fijarse conforme a la naturaleza y
características de la información a rendir.
Las anteriores previsiones deberán aparecer en los cuestionarios y documentos que se utilicen para
recopilar datos estadísticos o geográficos.
ARTÍCULO 41.- Los Informantes del Sistema, en su caso, podrán exigir que sean rectificados los
datos que les conciernan, para lo cual deberán demostrar que son inexactos, incompletos o equívocos.
Cuando proceda, deberá entregarse al Informante del Sistema, un documento en donde se certifique
el registro de la modificación o corrección. Las solicitudes correspondientes se presentarán ante la misma
autoridad que captó la información.
ARTÍCULO 42.- Los Informantes del Sistema podrán denunciar ante las autoridades administrativas y
judiciales, todo hecho o circunstancia del que se derive que se hubieren desconocido los principios de
confidencialidad y reserva a que se refiere esta Ley.
ARTÍCULO 43.- La información que sea obtenida mediante engaño o cualquier otro medio ilícito
carecerá de validez. Los Informantes del Sistema de quienes bajo estas circunstancias se hubiere
obtenido tal información, independientemente del ejercicio de las acciones penales y administrativas que
fueren procedentes, podrán comunicar dicha circunstancia al Instituto. Lo anterior, sin perjuicio de que el
interesado proporcione a las Unidades, en los términos de esta Ley, la información correspondiente.
ARTÍCULO 44.- El Instituto, cuando no cuente con otros medios técnicos de comprobación o
validación de la información proporcionada por los Informantes del Sistema, podrá realizar inspecciones
de verificación en los términos de la Sección III de este Capítulo, en las cuales podrá solicitar la
exhibición de documentos que acrediten los datos estrictamente estadísticos y geográficos.
Las Unidades que no cuenten con un procedimiento similar establecido en algún ordenamiento
jurídico, podrán realizar las inspecciones de verificación a que se refiere el párrafo anterior.
Cuando los datos consignados en la documentación elaborada para captarlos no se encuentren en los
documentos exhibidos, deberá señalarse la fuente o presentarse los antecedentes que hubieran servido
de base para la información suministrada.
ARTÍCULO 45.- Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y
oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos,
censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas.
La participación y colaboración de los habitantes de la República en el levantamiento de los censos,
será obligatoria y gratuita en los términos señalados en el artículo 5o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Los propietarios, poseedores o usufructuarios de predios ubicados en el territorio nacional, prestarán
apoyo en los trabajos de campo que realicen las autoridades para captar Información.
ARTÍCULO 46.- Las Unidades estarán obligadas a respetar la confidencialidad y reserva de los datos
que para fines estadísticos proporcionen los Informantes del Sistema. Los servidores públicos de la
Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, tendrán la obligación de proporcionar la información básica que hubieren obtenido en
el ejercicio de sus funciones y sirva para generar Información de Interés Nacional, que les solicite el
Instituto en los términos de la presente Ley. Lo anterior, con excepción de los secretos bancario,
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fiduciario y bursátil, no será violatorio de la confidencialidad o reserva que se establezca en otras
disposiciones.
Párrafo reformado DOF 19-01-2018
El registro o recolección de los datos que, en cumplimiento de esta Ley, deban proporcionar los
Informantes del Sistema, no prejuzga sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial o de otro tipo
que se originen en los trabajos de investigación científica de carácter estadístico, geográfico o de otra
materia, que los mencionados Informantes del Sistema realicen y que son regulados por la legislación
respectiva.
ARTÍCULO 47.- Los datos que proporcionen los Informantes del Sistema, serán confidenciales en
términos de esta Ley y de las reglas generales que conforme a ella dicte el Instituto.
La Información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, sino que se dará a conocer y se conservará en los términos previstos en la presente Ley.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto, respecto de la información
correspondiente a su gestión administrativa, quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
SECCIÓN II
De las Inspecciones a los Informantes del Sistema
ARTÍCULO 48.- El Instituto, en el ejercicio de las facultades que le confiere esta Ley, podrá efectuar
inspecciones para verificar la autenticidad de la Información, cuando los datos proporcionados sean
incongruentes, incompletos o inconsistentes.
ARTÍCULO 49.- Las inspecciones de verificación a que se refiere el artículo anterior, se sujetarán a lo
siguiente:
I. Se practicarán por orden escrita que expresará:
a) El fundamento y motivo de su realización;
b) El nombre del Informante del Sistema con quien se desahogará la diligencia, así como el
lugar donde deberá efectuarse.
En el caso de que se ignore el nombre de la persona a que se refiere este inciso, se
señalarán datos suficientes para su identificación;
c) El nombre de la o las personas que practicarán la diligencia, las cuales podrán ser
sustituidas, debiendo notificar de tal hecho al Informante del Sistema, y
d) La Información objeto de verificación, así como la documentación que el Informante del
Sistema deberá exhibir en la diligencia;
II. La diligencia se entenderá con la persona a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este
artículo, con quien la supla en su ausencia o con su representante legal, en su caso, y
III. La persona con quien se entienda la diligencia en términos de la fracción anterior, será requerida
para que nombre a dos testigos y en caso de negativa serán designados por el personal que
practique la diligencia, quien hará constar en el acta, en forma circunstanciada, los hechos y
omisiones observados.
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La persona con quien se entienda la diligencia, los testigos y el o los inspectores, firmarán el acta. Si
los primeros o los testigos se niegan a firmar, así lo hará constar el o los inspectores, sin que esta
circunstancia afecte el valor probatorio del acta. Un ejemplar del acta se entregará en todo caso a la
persona con quien se entienda la diligencia.
ARTÍCULO 50.- Los Informantes del Sistema, respecto de quienes se hubiesen practicado los actos a
que se refiere el artículo anterior, podrán inconformarse con los hechos asentados en el acta
correspondiente, mediante la interposición del recurso de revisión a que se refiere el Capítulo II del Título
Cuarto de esta Ley.
SECCIÓN III
De la Atención a las Solicitudes Oficiales de Información Provenientes del Extranjero
ARTÍCULO 51.- Las solicitudes de Información de Interés Nacional, que formulen gobiernos
extranjeros u organismos y agencias internacionales, a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, al Poder Judicial de la Federación, al Poder Legislativo Federal, a
organismos constitucionales autónomos, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades
federativas, a organizaciones o agrupaciones de los sectores social o privado o a particulares, deberán
ser atendidas en términos de las disposiciones aplicables, directamente por la autoridad, organización,
agrupación o particular de que se trate y hacerse del conocimiento del Instituto.
TÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
CAPÍTULO I
Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ARTÍCULO 52.- El Instituto es, conforme a lo dispuesto en el apartado B del artículo 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un organismo público con autonomía técnica y de
gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de realizar las Actividades a que se refiere el
artículo 59 de esta Ley.
ARTÍCULO 53.- El Instituto tendrá como objetivo prioritario, realizar las acciones tendientes a lograr
que la Información de Interés Nacional se sujete a los principios enunciados en el artículo 3 de esta Ley.
ARTÍCULO 54.- El Instituto, conforme a los principios constitucionales que rigen al Sistema, realizará
las acciones tendientes a lograr:
I. La adecuación conceptual de la Información de Interés Nacional, a las necesidades que el
desarrollo económico y social del país impongan;
II. Que la Información sea comparable en el tiempo y en el espacio, y
III. La adecuación de los procedimientos estadísticos y geográficos a estándares internacionales,
para facilitar su comparación.
SECCIÓN I
De las Funciones del Instituto
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ARTÍCULO 55.- El Instituto, en su calidad de unidad central coordinadora del Sistema, tendrá las
funciones siguientes:
I. Normar y coordinar el Sistema, así como fomentar las acciones que permitan mantener su
operación eficiente;
II. Normar y coordinar las Actividades que lleven a cabo las Unidades, tomando en cuenta los
estándares nacionales e internacionales, así como las mejores prácticas en la materia;
III. Solicitar a las Unidades información relativa a sus Actividades, para la integración de los
anteproyectos de los programas a los que hace referencia el artículo 9 de esta Ley;
IV. Solicitar a las Unidades la Información que éstas hayan obtenido en el ámbito de sus respectivas
competencias y sea necesaria para el Sistema, y
V. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley.
ARTÍCULO 56.- El Instituto establecerá en coordinación con las Unidades, un catálogo nacional de
indicadores, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 22, 25 y 28 de esta Ley.
ARTÍCULO 57.- El Instituto deberá elaborar y someter a consideración del Comité Ejecutivo
correspondiente, las normas técnicas y las metodologías que sean necesarias para realizar las
Actividades Estadísticas y Geográficas de alguna materia o sector, cuando la Unidad que corresponda no
las proponga oportunamente o estas no tomen en cuenta los estándares nacionales e internacionales o,
en su caso, las mejores prácticas en la materia.
ARTÍCULO 58.- El Instituto regulará, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, la
captación, procesamiento y publicación de la Información, para el debido funcionamiento del Sistema o
autorizará las que utilicen las Unidades para tales efectos.
El Instituto vigilará el cumplimiento de las disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo
anterior.
Con el objeto de garantizar la homogeneidad y comparación de la Información, el Instituto deberá
proveer y promover el uso de definiciones, clasificaciones, nomenclaturas, abreviaturas, identificadores,
directorios, símbolos, delimitaciones geográficas y demás elementos que a estos fines sean
indispensables desde la captación y procesamiento de la información, hasta la etapa de su presentación
y publicación.
ARTÍCULO 59.- El Instituto tendrá las siguientes facultades exclusivas:
I. Realizar los censos nacionales;
II. Integrar el sistema de cuentas nacionales, y
III. Elaborar los índices nacionales de precios siguientes:
a. Índice Nacional de Precios al Consumidor, e
b. Índice Nacional de Precios Productor.
Las denominaciones censo nacional o cuentas nacionales no podrán ser empleadas en el nombre ni
en la propaganda de registros, encuestas o enumeraciones distintas a las que practique el Instituto.
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Cualquier contravención a lo dispuesto en este párrafo se sancionará en términos de lo dispuesto en el
Título Cuarto de esta Ley.
El Instituto podrá producir cualquier otra Información de Interés Nacional cuando así lo determine la
Junta de Gobierno, sujeto a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente, conforme a lo señalado
en el último párrafo del artículo 83 de esta Ley.
ARTÍCULO 60.- Sólo con la autorización del Instituto y previa opinión favorable de las autoridades
competentes, las personas físicas o morales nacionales podrán captar fotografías aéreas con cámaras
métricas o de reconocimiento y de otras imágenes por percepción remota dentro del espacio aéreo
nacional, debiendo entregar al Instituto un informe detallado de los trabajos que hubieren realizado, así
como una copia de los mismos cuando éste último se los requiera.
ARTÍCULO 61.- Las personas físicas y morales extranjeras requerirán autorización del Instituto para
efectuar actividades tendientes a:
I. Captar fotografías aéreas con cámaras métricas o de reconocimiento y de otras imágenes por
percepción remota dentro del espacio aéreo nacional, y
II. Levantar información estadística y geográfica.
Las personas físicas o morales extranjeras que reciban la autorización a que se refiere este artículo,
deberán proporcionar un informe detallado de los trabajos señalados en las fracciones anteriores, así
como copia de las fotografías, imágenes e información correspondientes.
El otorgamiento de las autorizaciones de que trata este artículo, quedará condicionado a la obtención
de opinión favorable de las autoridades competentes y a que se garantice, a satisfacción del propio
Instituto, la entrega del informe y de las copias a que se refiere el párrafo anterior. El Instituto recabará la
opinión de las autoridades competentes y resolverá lo conducente dentro de un plazo que no excederá
de 30 días hábiles.
ARTÍCULO 62.- El Instituto promoverá la adopción de métodos y normas técnicas en la captación de
los datos objeto de registro, en coordinación con las autoridades a las que competa administrar
directorios de personas físicas o morales, catastros, registros públicos de la propiedad y del comercio,
padrones, inventarios y demás registros administrativos que permitan obtener Información.
ARTÍCULO 63.- Para el desarrollo de las Actividades Estadísticas y Geográficas colaborarán con el
Instituto:
I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas;
II. Los organismos constitucionales autónomos;
III. Las autoridades municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
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IV. Las Unidades del Estado;
V. Las instituciones, agrupaciones u organizaciones sociales y privadas, y
VI. Los particulares.
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ARTÍCULO 64.- Previo cumplimiento de las formalidades legales y administrativas correspondientes y
acuerdo favorable de su Junta de Gobierno, el Instituto deberá brindar el apoyo que le soliciten:
I. El Ejecutivo Federal y el Senado de la República en materia de tratados, convenios o acuerdos
internacionales, cuando se establezcan derechos y obligaciones en materia de Información, así
como aquellos que versen sobre límites del territorio nacional, y
II. El Ejecutivo Federal en caso de que se requiera Información para prevenir y, en su caso, atender
emergencias o catástrofes originadas por desastres naturales.
ARTÍCULO 65.- Previo cumplimiento de las formalidades legales y administrativas correspondientes y
del acuerdo favorable de su Junta de Gobierno, el Instituto podrá brindar el apoyo que le soliciten:
I. Los poderes Legislativo y Judicial federales y legislativos de las entidades federativas, en la
definición de límites de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, así como asesorar y apoyar a esos poderes en la identificación física de
tales límites;
Fracción reformada DOF 19-01-2018
II. El Congreso de la Unión, los gobiernos de las entidades federativas, así como las autoridades
competentes para el levantamiento geodésico y para realizar el registro de los límites territoriales,
conforme a las disposiciones aplicables, y
Fracción reformada DOF 19-01-2018
III. Las autoridades locales, para la organización de los catastros de los municipios y para la
realización del levantamiento geodésico de los límites aceptados o reconocidos de los estados.
SECCIÓN II
De la Administración del Instituto
ARTÍCULO 66.- El ejercicio de las funciones del Instituto corresponde, en el ámbito de sus respectivas
competencias, a la Junta de Gobierno y al Presidente del Instituto.
ARTÍCULO 67.- La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto, y estará
integrada por cinco miembros designados por el Presidente de la República con la aprobación de la
Cámara de Senadores o, en los recesos de esta última, de la Comisión Permanente.
De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará al Presidente del
Instituto, quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno
actuarán como vicepresidentes de la misma.
ARTÍCULO 68.- La Presidencia será el órgano superior ejecutivo del Instituto. El Presidente del
Instituto durará en su cargo seis años y los vicepresidentes de la Junta de Gobierno ocho años. El
periodo del Presidente del Instituto comenzará el primero de enero del cuarto año calendario del periodo
correspondiente al Presidente de la República. Los periodos de los vicepresidentes de la Junta de
Gobierno serán escalonados, sucediéndose cada dos años e iniciándose el primero de enero del primer,
tercer y quinto año del periodo del Ejecutivo Federal.
Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser designados para ocupar el cargo hasta por dos
ocasiones.
Los miembros de la Junta de Gobierno ocuparán sus cargos sólo durante el tiempo por el cual hayan
sido designados.
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ARTÍCULO 69.- La designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas
que reúnan los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos,
y no tener más de setenta años cumplidos a la fecha en que la designación sea entregada al
Senado de la República o, en su caso, a la Comisión Permanente, para su ratificación;
II. Ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la
economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel
en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias
mencionadas, y
III. No haber sido sentenciado por delitos intencionales, inhabilitado para ejercer el comercio o para
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del
sector público o privado.
ARTÍCULO 70.- Los miembros de la Junta de Gobierno no podrán desempeñar ningún otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia, no
remuneradas.
ARTÍCULO 71.- Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno serán cubiertas por el nuevo
miembro que se designe para integrarla. En caso de vacante en el puesto de Presidente del Instituto, el
Ejecutivo Federal podrá nombrar para ocupar tal cargo a un miembro de la Junta de Gobierno en
funciones, o bien, designar a un nuevo miembro de la Junta de Gobierno y, ya integrada ésta, nombrar de
entre sus cinco miembros al Presidente del Instituto.
En tanto se hace el nombramiento de Presidente, el miembro de la Junta de Gobierno con mayor
antigüedad en el cargo será presidente interino del Instituto y presidirá la Junta de Gobierno. En caso de
que hubiere dos o más miembros con igual antigüedad, la propia Junta de Gobierno elegirá de entre ellos
al presidente interino a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano colegiado y, de no llegar a un
acuerdo, la designación se realizará por el Presidente de la República.
Los miembros que cubran vacantes que se produzcan antes de la terminación del periodo respectivo,
durarán en su cargo sólo por el tiempo que le faltare desempeñar al sustituido. Si al término que
corresponde al Presidente del Instituto, se nombra a un miembro de la Junta de Gobierno en funciones
para ocupar tal puesto, este nombramiento será por seis años independientemente del tiempo que
hubiere sido miembro de la Junta de Gobierno.
ARTÍCULO 72.- Los miembros de la Junta de Gobierno se abstendrán de participar con la
representación del Instituto en actos políticos, partidistas o religiosos.
ARTÍCULO 73.- Son causas de remoción de un miembro de la Junta de Gobierno:
I. La incapacidad física o mental que impida el correcto ejercicio de sus funciones por más de tres
meses;
II. El desempeño de algún empleo, cargo o comisión, en contravención a lo dispuesto en el artículo
70 de esta Ley;
III. Dejar de reunir cualesquiera de los requisitos señalados en el artículo 69 anterior;
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IV. Incumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno o actuar deliberadamente en exceso o defecto de
sus atribuciones;
V. Utilizar en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o de otra naturaleza de que
disponga en razón de su cargo, así como divulgar tal información en términos distintos a los
autorizados por esta Ley;
VI. Someter a consideración de la Junta de Gobierno, a sabiendas, información falsa o alterada;
VII. Participar en actos políticos, partidistas o religiosos con la representación del Instituto;
VIII. No excusarse de participar en aquellas tomas de decisiones en las que sus intereses personales
se encuentren en conflicto con los del Instituto, y
IX. Ausentarse de sus labores por más de tres días consecutivos, o por cinco días no consecutivos
en el lapso de un mes, sin autorización de la Junta de Gobierno o sin mediar causa de fuerza
mayor o motivo justificado.
ARTÍCULO 74.- Compete a la Junta de Gobierno dictaminar sobre la existencia de las causas de
remoción señaladas en el artículo inmediato anterior, debiendo hacerlo a solicitud del Presidente de la
República o de cuando menos dos de sus miembros. El dictamen se formulará según resolución de la
mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, después de conceder el derecho de audiencia al
afectado y sin que éste participe en la votación.
El dictamen, con la documentación que lo sustente, incluida la argumentación por escrito que, en su
caso, el afectado hubiere presentado, será enviado al Ejecutivo Federal para su resolución definitiva.
ARTÍCULO 75.- El Presidente del Instituto o cuando menos dos vicepresidentes, podrán convocar a
reuniones de la Junta de Gobierno.
Las sesiones de la Junta de Gobierno deberán celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de
sus miembros. Si no concurriere el Presidente, la sesión será presidida por el miembro con mayor
antigüedad. En caso de que hubiere dos o más miembros con igual antigüedad, los miembros asistentes
elegirán de entre ellos al que deba presidir la sesión.
Las resoluciones de la Junta de Gobierno requerirán para su validez del voto aprobatorio de la
mayoría de los miembros presentes, con excepción de las resoluciones a que se refiere el artículo 77,
fracciones II, IV y V de esta Ley, para las cuales será necesario el voto favorable de la mayoría de los
miembros de la Junta. La persona que presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.
La Junta de Gobierno podrá acordar la asistencia de servidores públicos del Instituto a sus sesiones,
para que le rindan directamente la información que les solicite.
A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir los invitados que la propia Junta de Gobierno
determine.
Las personas que asistan a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos
que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna
comunicación.
ARTÍCULO 76.- La remuneración y prestaciones que reciban los miembros de la Junta de Gobierno
por el desempeño de su cargo, no serán mayores ni menores de las que correspondan al nivel de
Subsecretario de la Administración Pública Federal. El Presidente de la Junta de Gobierno contará con
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una remuneración 10% mayor a la que corresponda a los vicepresidentes de la Junta de Gobierno,
dentro del nivel antes señalado. Las remuneraciones y prestaciones que perciban el resto de los
servidores públicos del Instituto, en ningún caso podrán exceder las previstas para los integrantes del
mencionado órgano de gobierno.
Lo señalado en el párrafo anterior, se realizará sujetándose a los límites de los tabuladores de
percepciones que establezca la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
Las relaciones laborales de los trabajadores del Instituto, se sujetarán a lo dispuesto en el apartado B
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SECCIÓN III
De las Atribuciones de la Junta de Gobierno
ARTÍCULO 77.- Corresponderá a la Junta de Gobierno, como órgano superior de dirección del
Instituto, el despacho de los asuntos siguientes:
I. Aprobar los programas a que se refiere el artículo 9 de esta Ley;
II. Determinar la Información que se considerará de Interés Nacional de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 78 de la presente Ley;
III. Determinar la Información que deba ser producida por el Instituto en los términos del último
párrafo del artículo 59 de esta Ley;
IV. Determinar la Información que deba ser de divulgación restringida por motivos de seguridad
nacional;
V. Determinar, atendiendo a las necesidades del Sistema, la creación de otros Subsistemas en
términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 17 de esta Ley;
VI. Determinar qué Unidades serán invitadas, como miembros de los Comités Técnicos
Especializados a los que se hace referencia en la fracción II del artículo 31 de esta Ley;
VII. Aprobar los indicadores generados por los Subsistemas;
VIII. Normar el funcionamiento del Sistema y regular la captación, procesamiento y publicación de la
Información que se genere, con base en los dictámenes que, en su caso, emita el Comité
Ejecutivo correspondiente;
IX. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto;
X. Aprobar el programa anual de trabajo del Instituto, el cual deberá elaborarse con base en el
Programa Anual de Estadística y Geografía previsto en la fracción III del artículo 9 de esta Ley; el
anteproyecto de presupuesto anual; el establecimiento y cierre de oficinas regionales y otras
instalaciones u oficinas con base en su disponibilidad presupuestaria; así como el nombramiento
y remoción de los servidores públicos que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores al de
miembro de la Junta de Gobierno;
XI. Aprobar al final de cada año, el calendario que contenga las fechas de publicación de Información
de Interés Nacional a que habrá de sujetarse el Instituto, en el año inmediato siguiente;
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XII. Expedir los lineamientos generales, otorgar las autorizaciones y establecer los registros a que se
refieren los artículos 58, 60 y 61 y los artículos 93 y 95 de esta Ley, respectivamente;
XIII. Aprobar la imposición de sanciones administrativas por infracciones a la presente Ley. Dicha
facultad podrá delegarse en el Presidente o en otros servidores públicos del Instituto,
considerando la naturaleza de la infracción o el monto de las multas;
XIV. Aprobar las políticas para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del
Instituto, en términos de las disposiciones aplicables;
XV. Nombrar y remover a su secretario de actas, así como a su suplente, quienes deberán ser
servidores públicos del Instituto;
XVI. Resolver sobre otros asuntos relacionados con la aplicación de esta Ley, que cualquiera de sus
miembros sometan a su consideración, y
XVII. Las demás que resulten de esta Ley y de otras disposiciones legales aplicables.
Los asuntos a que se refieren las fracciones I, III, X y XIV del presente artículo, deberán aprobarse
con base en las propuestas que presente al efecto el Presidente.
En aquellos casos en los que se deba recabar la opinión previa de los órganos colegiados a que se
refiere la presente Ley, se deberán presentar a la Junta de Gobierno junto con la propuesta
correspondiente, las mencionadas opiniones.
ARTÍCULO 78.- Además de los temas señalados en las fracciones I a III del artículo 59 del presente
ordenamiento, sólo podrá considerarse Información de Interés Nacional para efectos de esta Ley, la que
satisfaga los cuatro criterios siguientes:
I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica
demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; de gobierno, seguridad
pública e impartición de justicia; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera;
precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera;
biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de
referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve
continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y
nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el
Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se
refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento;
Fracción reformada DOF 14-07-2014, 19-01-2018, 25-06-2018
II. Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance
nacional;
III. Sea generada en forma regular y periódica, y
IV. Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.
Sin perjuicio de lo anterior, también podrá ser considerada como Información de Interés Nacional la
que resulte necesaria para prevenir y, en su caso, atender emergencias o catástrofes originadas por
desastres naturales, y aquélla que se deba generar en virtud de un compromiso establecido en algún
tratado internacional.
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ARTÍCULO 79.- Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán la responsabilidad de procurar que las
relaciones del Instituto con las Unidades del Estado y otros sectores relevantes para el trabajo del propio
Instituto, se desarrollen en forma apropiada para conseguir los objetivos del Instituto y del Sistema.
Al efecto, estas tareas se dividirán en los cinco sectores siguientes: de información demográfica y
social; de información económica y financiera; de información geográfica y del medio ambiente; de
gobierno, seguridad pública e impartición de justicia y de relaciones con los sectores académico, privado
e internacional.
Párrafo reformado DOF 25-06-2018
SECCIÓN IV
De las Atribuciones del Presidente del Instituto
ARTÍCULO 80.- Corresponden al Presidente del Instituto las atribuciones siguientes:
I. Tener a su cargo la administración del Instituto, la representación legal de éste, y el ejercicio de
sus funciones, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley confiere a la Junta de Gobierno;
II. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno;
III. Someter a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno los asuntos
mencionados en las fracciones I, III, X y XIV del artículo 77 de esta Ley. Tratándose de lo
dispuesto en la fracción I del citado artículo 77, y antes de someter el asunto a la consideración
de la Junta de Gobierno, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 fracción I de este
ordenamiento, el Presidente deberá consultar al Consejo Consultivo Nacional y a las demás
instancias que procedan en términos de esta Ley;
IV. Dar a conocer a los Poderes de la Unión y al público en general el calendario de publicación de
Información de Interés Nacional una vez aprobado por la Junta de Gobierno;
V. Aplicar las políticas para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del
Instituto, de acuerdo a sus programas y objetivos, y
VI. Las demás que resulten de esta Ley y de otras disposiciones legales aplicables.
Para la mejor organización del trabajo, el Presidente del Instituto podrá, sin perjuicio de su ejercicio
directo, delegar sus atribuciones en algún vicepresidente de la Junta de Gobierno o servidor público
subalterno. Las atribuciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo serán indelegables.
Las ausencias temporales del Presidente del Instituto serán suplidas en los términos señalados por el
segundo párrafo del artículo 71 de esta Ley.
ARTÍCULO 81.- El Presidente del Instituto tendrá la facultad de determinar el sector que, de entre los
cuatro señalados en el artículo 79 de esta Ley, deberá atender y coordinar cada uno de los
vicepresidentes de la Junta de Gobierno como parte de su labor ordinaria y cotidiana dentro del Instituto.
Párrafo reformado DOF 27-01-2017
Al tomar las decisiones a que se refiere el párrafo anterior, el Presidente deberá tener en cuenta los
antecedentes laborales y académicos de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno.
SECCIÓN V
Del Patrimonio del Instituto
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ARTÍCULO 82.- El patrimonio del Instituto se integra con:
I. Los bienes inmuebles o muebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo los
que la Federación haya destinado para tal fin o para su uso exclusivo;
II. Los recursos que anualmente apruebe para el Instituto la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
III. Las donaciones que reciba para el cumplimiento de su objeto, y
IV. Los ingresos que reciba por cualquier otro concepto, incluso los derivados de la aplicación de la
presente Ley.
El Instituto no podrá tener más bienes inmuebles que los estrictamente necesarios para cumplir con su
objeto.
ARTÍCULO 83.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, para su tratamiento presupuestario el Instituto se sujetará a lo siguiente:
I. Aprobará su proyecto de presupuesto y deberá enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, observando
los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el
Ejecutivo Federal;
II. Ejercerá su presupuesto observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Dicho ejercicio deberá
realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la
evaluación y control de los órganos correspondientes;
III. Autorizará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebasen el techo global de su presupuesto
aprobado;
IV. Realizará sus pagos a través de su tesorería;
V. Determinará los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de disminución de
ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
VI. Llevará la contabilidad y elaborará sus informes conforme a lo previsto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deberá enviarlos a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública;
El Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal en que deban realizarse los censos
nacionales, las cuentas nacionales y los índices nacionales de precios, a que se refiere el artículo 59 de
esta Ley, deberá contemplar los recursos suficientes para que el Instituto los lleve a cabo.
Las Actividades Estadísticas y Geográficas que, en adición a las señaladas en el párrafo anterior, el
Instituto determine llevar a cabo en los términos de esta Ley, estarán sujetas a la disponibilidad
presupuestaria que, en su caso, se apruebe para tales efectos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
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ARTÍCULO 84.- El Instituto incorporará, en los términos de las disposiciones aplicables, como parte
de su presupuesto los ingresos derivados de las cuotas por los servicios que preste por concepto de
investigación, capacitación, elaboración de estadísticas especiales, estudios específicos o trabajos en
materia de geografía, así como los que provengan de la venta de publicaciones, reproducciones y otros
servicios. En los casos en que el Instituto preste los servicios señalados en colaboración con otras
Unidades, incorporará en su presupuesto los ingresos que le correspondan al Instituto.
ARTÍCULO 85.- Los recursos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
el Poder Judicial de la Federación y el Poder Legislativo Federal, así como los órganos constitucionales
autónomos, ejerzan para la realización de actividades en materia de estadística y geografía de interés
nacional, invariablemente deberán registrarse en las partidas de gasto correspondientes. Cuando las
entidades federativas y los municipios reciban recursos federales para los fines descritos, quedarán
obligados a identificarlos e informar al Instituto sobre ellos.
Las Unidades podrán realizar Actividades Estadísticas y Geográficas, siempre que hayan informado al
respecto al Instituto, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, quien analizará si dichas Actividades
se apegan a los programas a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y emitirá opinión sobre la pertinencia
de realizar dichas Actividades y, en su caso, formulará las recomendaciones que estime pertinentes para
llevarlas a cabo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará medidas para evitar la duplicidad en las
Actividades Estadísticas y Geográficas, con el objeto de optimizar la asignación de recursos públicos
federales para dichas Actividades.
Lo previsto en el presente artículo, será aplicable, tratándose de los organismos constitucionales
autónomos, sólo a aquellos que reciban recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
SECCIÓN VI
De la Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto
ARTÍCULO 86.- El Instituto deberá presentar en marzo de cada año al Ejecutivo Federal y al
Congreso de la Unión:
I. Los resultados de la ejecución del Programa Anual de Información Estadística y Geográfica
correspondiente al año inmediato anterior;
II. Un informe de las actividades de los Comités de los Subsistemas, y
III. Su informe anual de actividades y sobre el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio
inmediato anterior, incluyendo las observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el
auditor externo.
Cada seis años, el Instituto enviará al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, junto con la
información a que se refieren las fracciones anteriores, el resultado de la evaluación del Programa
Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión podrá citar al Presidente para que rinda
informes sobre las políticas y actividades del Instituto.
El Instituto deberá hacer del conocimiento público la información a que se refieren las fracciones
anteriores, sujetándose a las disposiciones de carácter general que expida al efecto.
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Lo dispuesto en este artículo se realizará sin perjuicio de los datos e informes que el Instituto deba
rendir en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 87.- El Instituto deberá dar a conocer a los Poderes de la Unión y al público en general el
calendario anual de publicación aprobado por la Junta de Gobierno, mismo que podrá ser revisado en
forma trimestral.
ARTÍCULO 88.- El Instituto deberá definir las metodologías que habrán de utilizarse en la realización
de las Actividades Estadísticas y Geográficas, a través de Internet, antes de su implantación, a fin de
recibir y, en su caso, atender las observaciones que se formulen al efecto.
De igual forma, el Instituto deberá dar a conocer y conservar los metadatos o especificaciones
concretas de la aplicación de las metodologías que se hubieren utilizado en la elaboración de la
Información.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, la Junta de Gobierno deberá expedir
los lineamientos generales que habrán de seguirse para publicar dichas metodologías y atender las
observaciones que, en su caso, se reciban.
ARTÍCULO 89.- El Instituto invitará, a solicitud de los Comités Ejecutivos, a organismos
internacionales a revisar y opinar respecto de las metodologías que se utilicen para generar la
Información, incluyendo las que el mismo aplique. El resultado de tales inspecciones deberá incluirse en
los informes a los que hace alusión el artículo 86 de esta Ley.
ARTÍCULO 90.- El Instituto deberá hacer del conocimiento público, a través de Internet, los convenios
de intercambio de información que celebre con otros organismos o agencias nacionales o extranjeras.
La Junta de Gobierno, previa justificación, podrá determinar excepciones a la divulgación de la
información a que se refiere el párrafo anterior.
ARTÍCULO 91.- El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión
para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y
calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores
públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a
las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso,
manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción.
El Órgano Interno de Control tendrá un titular que lo representará y contará con la estructura orgánica,
personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
En el desempeño de su cargo, el titular del Órgano Interno de Control se sujetará a los principios
previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones:
I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
II. Verificar que el ejercicio de gasto del Instituto se realice conforme a la normatividad aplicable,
los programas aprobados y montos autorizados;
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III. Presentar a la Junta de Gobierno del Instituto los informes de las revisiones y auditorías que se
realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto;
IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto, se hagan con apego a las
disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de
las mismas y las causas que les dieron origen;
V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se
deriven de los resultados de las auditorías;
VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y
recursos del Instituto;
VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados
y los relativos a procesos concluidos, empleando la metodología que determine el Órgano
Interno de Control;
VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza
administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto, empleando la
metodología que determine;
IX. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables;
X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos del Instituto para el cumplimento
de sus funciones;
XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que
se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicio y obras públicas;
XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto de mandos
medios y superiores, en los términos de la normativa aplicable;
XIII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de los que el
Órgano Interno de Control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos;
XIV. Atender las solicitudes de los diferentes órganos del Instituto en los asuntos de su
competencia;
XV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal y/o
recursos;
XVI. Formular el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control;
XVII. Presentar a la Junta de Gobierno del Instituto los informes previo y anual de resultados de su
gestión, y comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera el Presidente del Instituto;
XVIII. Presentar a la Junta de Gobierno del Instituto los informes respecto de los expedientes
relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia
de responsabilidades administrativas, y
XIX. Las demás que le confieran otros ordenamientos.
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Artículo reformado DOF 27-01-2017
ARTÍCULO 91 BIS.- El titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes,
conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo adicionado DOF 27-01-2017
ARTÍCULO 91 TER.- El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo cuatro años y
podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación
y cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tendrá un nivel jerárquico igual al de un Director General o su equivalente en la estructura orgánica
del Instituto y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El titular del Órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al
Instituto, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.
El titular del Órgano Interno de Control se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o
comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes.
Artículo adicionado DOF 27-01-2017
ARTÍCULO 91 QUÁTER.- El Titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta y
cinco años cumplidos el día de la designación;
II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de
prisión por más de un año;
III. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el
control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad
gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y
servicios del sector público;
IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional
relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello;
V. Contar con reconocida solvencia moral;
VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos
de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al Instituto, o haber fungido como
consultor o auditor externo del Instituto, en lo individual durante ese periodo;
VII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y
VIII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador o Fiscal General de la República o Procurador
o Fiscal de Justicia de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público,
Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de
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México, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los
recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección
popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Fracción reformada DOF 20-05-2021
Artículo adicionado DOF 27-01-2017
ARTÍCULO 91 QUINQUIES.- El Titular del Órgano Interno de Control del Instituto será sujeto de
responsabilidad administrativa en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y
podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable.
Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control del Instituto serán
sancionados por el Titular del Órgano Interno de Control, o por la persona en quien delegue la facultad,
en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo adicionado DOF 27-01-2017
CAPÍTULO II
De los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica a cargo del Instituto
ARTÍCULO 92.- El Instituto deberá establecer, operar y normar el Registro Nacional de Información
Geográfica, en el que deberá incluirse por lo menos la información proveniente de los temas geográficos
a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, así como el Registro Estadístico Nacional, en el que deberá
asentarse por lo menos el Registro de Instituciones y Unidades Administrativas con Funciones
Estadísticas del Sector Público y el Inventario Nacional de Estadística del Sector Público.
ARTÍCULO 93.- La inscripción que sobre los catastros de los municipios y de las entidades
federativas deba hacerse en el Registro Nacional de Información Geográfica, comprenderá la
representación cartográfica y la base de datos de los predios rústicos y urbanos de su jurisdicción.
En caso de que no se cuente con la cartografía y la base de datos a que se refiere el párrafo anterior,
se registrarán los datos que se encuentren en los padrones, croquis y fichas catastrales.
El Instituto, con la intervención de las autoridades que resulten competentes, podrá efectuar los
trabajos cartográficos en cumplimiento de tratados o convenios internacionales y con la participación de
los gobiernos de las entidades federativas que corresponda, en la definición y demarcación de límites
internacionales, incluyendo la zona económica exclusiva.
ARTÍCULO 94.- El Instituto establecerá, operará y normará el inventario y el directorio señalados en
los artículos 20 y 23, respectivamente y podrá establecer, operar y normar otros registros que para fines
estadísticos o geográficos estime necesarios.
ARTÍCULO 95.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, sin incluir
a las del sector público, estarán obligadas a inscribirse en el Directorio Nacional de Unidades
Económicas que lleve el Instituto y a mantener actualizada su inscripción, conforme a las disposiciones
que al efecto emita el Instituto.
Las Unidades encargadas de los registros administrativos que permitan obtener Información de
Interés Nacional, deberán proporcionar al Instituto la información que requiera para la creación y
actualización del Directorio Nacional de Unidades Económicas.
CAPÍTULO III
Del Acervo de Información
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ARTÍCULO 96.- El Instituto deberá conservar la Información de Interés Nacional que elaboren el
propio Instituto y las Unidades, en términos de lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones de carácter
general que al efecto emita.
Cuando una Unidad desaparezca o se desincorpore, el Instituto deberá conservar la Información
generada por la misma.
ARTÍCULO 97.- El Instituto implementará un sistema de compilación normativa, en el que se
conservarán los textos de las normas que en el ejercicio de sus funciones expida.
CAPÍTULO IV
Del Servicio Público de Información Estadística y Geográfica
ARTÍCULO 98.- El Servicio Público de Información Estadística y Geográfica consiste en poner a
disposición de los usuarios, sujeto a las normas que al efecto dicte la Junta de Gobierno, la totalidad de la
Información de Interés Nacional.
ARTÍCULO 99.- El Servicio Público de Información Estadística y Geográfica será prestado en forma
exclusiva por el Instituto. Lo anterior, sin perjuicio de que las propias Unidades den a conocer la
Información que generen identificándola como parte del Sistema.
El Instituto podrá autorizar que otras instancias de gobierno o particulares, presten el Servicio Público
de Información Estadística y Geográfica, conforme a las reglas que al efecto expida la Junta de Gobierno.
El Instituto pondrá la Información de Interés Nacional a disposición de los usuarios a través de
Internet, así como en los centros de consulta que al efecto establezca el propio Instituto en el territorio
nacional.
Las consultas que realicen los usuarios a través de los medios previstos en el párrafo inmediato
anterior, serán ofrecidas por el Instituto en forma gratuita.
El Instituto pondrá a disposición de los usuarios información de la red geodésica nacional, con el
objeto de que sus estudios geográficos estén vinculados con la red mencionada.
ARTÍCULO 100.- El Instituto, siguiendo las mejores prácticas internacionales, pondrá a disposición de
quien lo solicite, los microdatos de las encuestas nacionales y muestras representativas de los operativos
censales que realice con la mayor desagregación posible, sin violar la confidencialidad y reserva de la
información básica establecidas en la presente Ley. La Junta de Gobierno deberá establecer los
procedimientos y condiciones para facilitar el acceso a dicha información de manera expedita.
ARTÍCULO 101.- Cuando a petición de algún usuario se requiera al Instituto copia, copia certificada o
cualquier clase de impresión o respaldo de la Información de Interés Nacional, ésta se entregará al
usuario en los términos que fijen las disposiciones correspondientes y previa recepción del pago de los
derechos que para estos casos establezca la Ley Federal de Derechos.
ARTÍCULO 102.- El Instituto no estará obligado a proporcionar aquella información que:
I. Tenga en virtud de cualquier disposición legal el carácter de confidencial, clasificada, reservada o
de cualquier otra forma se encuentre restringida su difusión, o
II. El usuario la requiera procesada en cualquier forma distinta a como se encuentra disponible, sin
perjuicio de que el Instituto la pueda procesar y poner a disposición de los usuarios en forma
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onerosa, sujetándose en todo caso a los principios de confidencialidad, accesibilidad y
transparencia.
TÍTULO CUARTO
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO I
De las Faltas Administrativas
ARTÍCULO 103.- Cometen infracciones a lo dispuesto por esta Ley, quienes en calidad de
Informantes del Sistema:
I. Se nieguen a proporcionar datos, informes o a exhibir documentos cuando deban hacerlo, dentro
del plazo que se les hubiere señalado;
II. Suministren datos falsos, incompletos o incongruentes;
III. Omitan inscribirse en los registros establecidos por esta Ley o no proporcionen la información
que para éstos se requiera;
IV. Se opongan a las inspecciones de verificación que en cumplimiento de las disposiciones de esta
Ley realicen los inspectores, recolectores o censores y en general de cualquier representante de
cualquiera de las Unidades que se encuentre facultado para ello, y
V. Utilicen indebidamente las denominaciones censo nacional o cuentas nacionales.
También cometen infracción a la presente Ley quienes se nieguen a desempeñar funciones censales.
Los actos u omisiones en que incurran las personas morales que impidan el desarrollo normal de los
levantamientos censales o de los procesos de generación de Información, también serán considerados
infracciones a la presente Ley.
ARTÍCULO 104.- Son infracciones imputables a los servidores públicos del Instituto o a los servidores
públicos de las Unidades las siguientes:
I. La revelación de datos confidenciales;
II. La violación de las reservas de los secretos de carácter industrial o comercial o de cualquier otro
tipo, o el suministro en forma nominativa o individualizada de los datos proporcionados por los
Informantes del Sistema;
III. La inobservancia de la reserva en materia de Información, cuando por causas de seguridad
nacional hubiese sido declarada de divulgación restringida por la Junta de Gobierno;
IV. La participación deliberada en cualquier acto u omisión que entorpezca el desarrollo normal de
los levantamientos censales o de los procesos de generación de Información;
V. Impedir, sin justificación, el libre ejercicio de los derechos de acceso y rectificación de datos,
cuando estuvieren a cargo de los registros administrativos establecidos por Ley, y
VI. Impedir el acceso del público a la Información a que tenga derecho.
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ARTÍCULO 105.- Se reputarán infracciones de los recolectores o censores y auxiliares, cuando:
I. Se nieguen a cumplir con las funciones que les sean encomendadas;
II. Violen la confidencialidad de los datos que se hayan captado para efectos estadísticos o revelen
en forma nominativa o individualizada dichos datos, y
III. Cometan actos o incurran en omisiones que impidan el desarrollo normal de los levantamientos
censales o de los procesos de generación de Información.
Para los efectos de este Título, serán considerados como recolectores o censores, las personas a las
que el Instituto encomiende labores propias de recolección y recopilación de Información en forma
periódica o durante el levantamiento censal, y como auxiliares, a quienes desempeñen cualquier otra
actividad relacionada con el proceso de elaboración de la estadística y la obtención de datos de carácter
geográfico.
CAPÍTULO II
De las Sanciones
ARTÍCULO 106.- Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 103 de esta Ley, serán sancionadas
con multa de:
I. Para las establecidas en las fracciones I, II y IV, de 5 hasta 500 salarios.
Cuando se trate de censos económicos o encuestas en establecimientos, la multa será de 3,000
hasta 30,000 salarios;
Cuando los Informantes del Sistema tengan el carácter de concesionarios o autorizados de
telecomunicaciones o de radiodifusión, la multa será de 30,000 hasta 40,000 salarios;
Párrafo adicionado DOF 14-07-2014
II. Para la establecida en la fracción III, de 200 hasta 500 salarios;
Cuando los Informantes del Sistema tengan el carácter de concesionarios o autorizados de
telecomunicaciones o de radiodifusión, la multa será de 20,000 hasta 30,000 salarios;
Párrafo adicionado DOF 14-07-2014
III. Para las establecidas en la fracción V y en el último párrafo, de 3,000 hasta 10,000 salarios, y
Cuando los Informantes del Sistema tengan el carácter de concesionarios o autorizados de
telecomunicaciones o de radiodifusión, la multa será de 10,000 hasta 20,000 salarios;
Párrafo adicionado DOF 14-07-2014
IV. Para la establecida en el penúltimo párrafo, de 5 a 100 salarios.
Cuando los Informantes del Sistema tengan el carácter de concesionarios o autorizados de
telecomunicaciones o de radiodifusión, la multa será de 1,000 hasta 10,000 salarios.
Párrafo adicionado DOF 14-07-2014
ARTÍCULO 107.- Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 104 de esta Ley, tratándose de
servidores públicos de las Unidades, serán sancionadas con multa de:
I. Para las establecidas en las fracciones I, II y III, de 500 hasta 10,000 salarios;
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II. Para la establecida en la fracción IV, de 200 hasta 500 salarios, y
III. Para las establecidas en las fracciones V y VI, de 500 hasta 1,000 salarios.
ARTÍCULO 108.- Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 104 de esta Ley, tratándose de
servidores públicos del Instituto, serán sancionadas con multa de:
I. Para las establecidas en las fracciones I, II y III, de 2,000 hasta 30,000 salarios;
II. Para la establecida en la fracción IV, de 400 hasta 1,000 salarios, y
III. Para las establecidas en las fracciones V y VI, de 1,000 hasta 2,000 salarios.
ARTÍCULO 109.- Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 105 de esta Ley, serán sancionadas
con multa de:
I. Para la establecida en la fracción I, de 100 hasta 500 salarios, y
II. Para las establecidas en las fracciones II y III, de 500 hasta 1,000 salarios.
ARTÍCULO 110.- Para los efectos de este Capítulo, por salario se entiende el salario mínimo general
diario vigente en el Distrito Federal, al momento de cometerse la infracción.
ARTÍCULO 111.- Para la imposición de las sanciones, el Instituto tomará en cuenta la gravedad de la
infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las
disposiciones de esta Ley.
Estas multas las determinará el Instituto y serán ejecutadas por el Servicio de Administración
Tributaria, a través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano.
Párrafo adicionado DOF 14-07-2014
ARTÍCULO 112.- Las sanciones en materia de responsabilidad administrativa de los servidores
públicos previstas en esta Ley, serán aplicadas por la autoridad competente para sustanciar el
procedimiento respectivo de conformidad con las leyes especiales y las disposiciones aplicables, sin
perjuicio de otras responsabilidades que resulten. Cuando el Instituto tenga conocimiento de alguna
infracción a la Ley, lo deberá hacer del conocimiento de la autoridad que corresponda.
TÍTULO QUINTO
DEL RECURSO DE REVISIÓN
ARTÍCULO 113.- En contra de los actos o resoluciones que dicte el Instituto, el interesado podrá
interponer ante éste, el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que
corresponda.
ARTÍCULO 114.- El plazo para interponer el recurso de revisión, será de quince días contados a partir
del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución o se tenga
conocimiento del acto que se recurra.
ARTÍCULO 115.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante el propio
Instituto y será resuelto por el superior jerárquico del servidor público que haya emitido la resolución
impugnada o haya realizado el acto impugnado, salvo que se trate de resoluciones o actos del Presidente
del Instituto, en cuyo caso será resuelto por la Junta de Gobierno. Dicho escrito deberá expresar:
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I. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que señale
para efectos de notificaciones;
II. El acto o resolución que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;
III. Los agravios que se causan al recurrente, y
IV. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto de que
se trate.
El escrito de interposición del recurso a que se refiere este artículo, deberá ser acompañado del
documento que acredite la personalidad del promovente cuando actúe en nombre de otro o de personas
morales, de una copia de la resolución o acto que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, así como de la documentación que ofrezca como prueba. Tratándose de solicitudes que
por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negadas, deberá acompañarse el escrito de iniciación
del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna.
ARTÍCULO 116.- La interposición del recurso de revisión suspenderá la ejecución de la resolución o
del acto impugnado, siempre y cuando:
I. Lo solicite expresamente el recurrente;
II. Sea procedente el recurso;
III. No se siga perjuicio al interés social, y
IV. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualquiera de las formas
previstas en el Código Fiscal de la Federación.
El Instituto deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los
cinco días siguientes al de la interposición del recurso de revisión.
ARTÍCULO 117.- El recurso de revisión se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando:
I. Se presente fuera de plazo;
II. No se acredite la personalidad del recurrente, y
III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del
plazo para interponerlo.
ARTÍCULO 118.- Se desechará por improcedente el recurso de revisión cuando éste se interponga
contra actos o resoluciones:
I. Que sean materia de otro recurso o medio de defensa que se encuentre pendiente de resolución,
presentado por el mismo promovente y por el mismo acto o resolución impugnado;
II. Que no afecten los intereses jurídicos del promovente;
III. Consumados de un modo irreparable, y
IV. Consentidos expresamente.
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ARTÍCULO 119.- Será sobreseído el recurso cuando:
I. El promovente se desista expresamente del recurso;
II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta a su persona;
III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el
artículo anterior, y
IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo.
ARTÍCULO 120.- La autoridad encargada de resolver el recurso de revisión podrá:
I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo;
II. Confirmar el acto impugnado;
III. Declarar la inexistencia del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente, y
IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que
lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del
recurrente.
ARTÍCULO 121.- La resolución del recurso de revisión se fundará en derecho y examinará todos y
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar
hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto
impugnado bastará con el examen de dicho punto.
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá examinar en su conjunto los agravios, así como los
demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin
cambiar los hechos expuestos en el recurso.
Igualmente, la autoridad deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta
una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los
motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución.
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá
cumplirse en un plazo de cuatro meses.
ARTÍCULO 122.- No se podrán revocar o modificar los actos o resoluciones administrativos en la
parte no impugnada por el recurrente.
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se
precisará ésta.
ARTÍCULO 123.- El recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar, en un plazo de cuatro
meses contados a partir de la presentación del recurso, la presunta confirmación del acto impugnado.
ARTÍCULO 124.- La autoridad ante la cual se tramite el recurso podrá dejar sin efectos un
requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error
manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad.
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ARTÍCULO 125.- Cuando haya de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren en
el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto a los interesados para que,
en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos
que estimen procedentes.
No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso de revisión, hechos, documentos o alegatos del
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrativo no lo haya hecho.
ARTÍCULO 126.- A lo dispuesto por el presente Capítulo se aplicará supletoriamente el Código
Federal de Procedimientos Civiles.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor noventa días naturales después de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 23 de presente
ordenamiento, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2010 y por la fracción III del artículo 59 de esta Ley
que entrará en vigor tres años después de la entrada en vigor de la presente Ley, debiéndose aplicar
entre tanto lo dispuesto en el artículo undécimo transitorio.
SEGUNDO.- La designación de los primeros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto se
realizará en los términos previstos en la presente Ley, dentro de los 90 días naturales siguientes a la
publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación.
El periodo del primer Presidente del Instituto vencerá el 31 de diciembre de 2009. Los periodos de los
primeros vicepresidentes de la Junta de Gobierno vencerán los días 31 de diciembre de 2008, 2010,
2012 y 2014, respectivamente, debiendo señalar el Ejecutivo Federal cuál de los citados periodos
corresponde a cada miembro de la Junta de Gobierno.
TERCERO.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tendrá la titularidad de todos los
bienes, derechos y obligaciones propiedad del Gobierno Federal que estuvieran adscritos o destinados
bajo cualquier título al servicio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También forman parte del patrimonio del Instituto, todos aquellos bienes muebles e inmuebles
pertenecientes a la Federación que, a la entrada en vigor del presente Decreto, venía utilizando el órgano
desconcentrado señalado en el párrafo precedente, por lo que en un plazo no mayor de un año contado a
partir de la entrada en vigor de este Decreto, se deberán haber concluido los trámites correspondientes
para su formalización. Los bienes muebles se transferirán al patrimonio del Instituto en los términos
previstos por el Título quinto de la Ley General de Bienes Nacionales y las disposiciones que regulan su
registro, afectación, disposición y baja.
Los bienes inmuebles, incluyendo terreno y construcciones, que se incorporan como parte del
patrimonio del Instituto son los ubicados en:
a) Av. Héroe de Nacozari Sur No. 2301, Fraccionamiento Jardines del Parque, Aguascalientes,
Aguascalientes, C.P. 20270;
b) Av. Héroe de Nacozari Sur No. 2302, Fraccionamiento Rinconada del Parque, Aguascalientes,
Aguascalientes, C.P. 20277;
c) Av. Héroe de Nacozari Sur No. 2304, Fraccionamiento Rinconada del Parque, Aguascalientes,
Aguascalientes, C.P. 20277;
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d) Av. de la Convención Oriente No. 902, Edificio 2, Fraccionamiento Primo Verdad, Aguascalientes,
Aguascalientes, C.P. 20267;
e) Calle Selenio No. 107, Ciudad Industrial, Durango, Durango, C.P. 34208;
f) Av. Patriotismo No. 711-A, Col. San Juan, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal,
C.P. 03730;
g) Av. Baja California No. 272, Col. Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal,
C.P. 06100;
h) Balderas No. 71, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06040;
i) Av. 16 de Septiembre No. 670, Col. Mexicaltzingo, Sector Juárez, Guadalajara, Jalisco, C.P.
44180;
j) Paseo Río Sonora Sur y Comonfort S/N, Col. Proyecto Río Sonora, Edificio México (4o. Piso),
Hermosillo, Sonora, C.P. 83270;
k) Paseo Río Sonora Sur y Comonfort S/N, Col. Proyecto Río Sonora, Edificio México (Planta Baja),
Hermosillo, Sonora, C.P. 83270, y
l) Calle 60 x 39 y 41 No. 378, Col. Centro, Mérida, Yucatán, C.P. 97000.
Respecto de los inmuebles ubicados en Calle el Novillo No. 610, Fraccionamiento Ojocaliente II,
Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20196, en donde se encuentra ubicada la Biblioteca Ludoteca, así
como el ubicado en Calle el Salitre Esquina Calle Guayana No. 201, Fraccionamiento Ojocaliente II,
Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20196, en donde se encuentra ubicado el Taller Infantil de Artes
Plásticas, la Secretaría de la Función Pública deberá realizar los actos jurídicos que resulten necesarios,
a efecto de transmitir a título gratuito a favor del Instituto la titularidad de los derechos que correspondan
a la Federación sobre los mencionados inmuebles.
CUARTO.- Las personas que a la entrada en vigor de la presente Ley presten un servicio personal
subordinado al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, formarán parte del personal al
servicio del Instituto, y conservarán las remuneraciones y prestaciones de las cuales gozan a la entrada
en vigor de esta Ley.
QUINTO.- Los traspasos de recursos humanos, financieros y materiales del órgano desconcentrado
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al organismo Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, deberán efectuarse en los términos de las disposiciones legales aplicables, garantizando la
continuidad de la operación y de las actividades del Instituto.
SEXTO.- Para los efectos del transitorio Cuarto del Decreto por el que se declaran reformados los
artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006, en los Presupuestos de Egresos de la
Federación deberán incluirse, en adición a los recursos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 83
de esta Ley, los recursos suficientes para que el Instituto continúe realizando las Actividades Estadísticas
y Geográficas que de manera regular y periódica hayan sido realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática hasta antes de la entrada en vigor del presente ordenamiento.
SÉPTIMO.- El Instituto contará con un plazo de 3 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la
presente Ley, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100 del presente ordenamiento por lo
que se refiere a las últimas encuestas nacionales publicadas; y con un plazo de 2 años para el resto de
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las encuestas nacionales y operativos censales concluidos, de conformidad con el calendario que al
efecto dé a conocer la Junta de Gobierno dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de este
ordenamiento.
OCTAVO.- El Reglamento Interior del Instituto deberá expedirse en un plazo no mayor de seis meses,
contados a partir del día en que quede legalmente instalada la Junta de Gobierno. En tanto se expida el
citado Reglamento continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a la presente Ley, los artículos 102
y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En tanto el Instituto expide las demás disposiciones administrativas a que se refiere esta Ley, seguirán
aplicándose las emitidas con anterioridad a su vigencia, en las materias correspondientes en lo que no se
opongan a la presente Ley y continuará en vigor el Sistema Integral de Profesionalización del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
noviembre de 1994. Las medidas administrativas dictadas con fundamento en disposiciones que por esta
Ley se derogan, continuarán en vigor hasta que no sean revocadas o modificadas expresamente por las
autoridades competentes.
NOVENO.- Los poderes, mandatos y en general las representaciones otorgadas y facultades
concedidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Ley, subsistirán en sus términos en tanto no sean modificados o revocados
expresamente.
En el supuesto de que existan asuntos en la Secretaría de la Función Pública o en el Órgano Interno
de Control en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que se encuentren en trámite
o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, deberán ser concluidos
respectivamente por la propia Secretaría de la Función Pública o por la Contraloría Interna del Instituto,
aplicando lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y demás ordenamientos legales aplicables en la materia.
DÉCIMO.- La Junta de Gobierno deberá aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación a más
tardar en el mes de diciembre de 2007, el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, el Programa Nacional de Estadística y Geografía, y el primer Programa Anual
de Estadística y Geografía a que se refiere esta Ley.
En tanto se expiden los programas a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto seguirá aplicando en
todo lo que no se oponga a la presente Ley los programas que se hubieren emitido a efecto de realizar
las tareas a cargo del Instituto.
DÉCIMO PRIMERO.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, el Banco de México y el Instituto formarán un grupo de trabajo que tendrá como objetivo planear
e instrumentar la transferencia al segundo, del cálculo y publicación de los índices nacionales de precios
a que se refiere el artículo 59 de esta Ley. A partir de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59,
el Instituto publicará los referidos índices nacionales de precios, por lo que cualquier referencia a los
citados índices a cargo del Banco de México, se entenderá efectuada, a partir de esa fecha, al que
publique el Instituto.
A partir de la publicación del presente Decreto, y hasta el día anterior a la entrada en vigor de la
fracción III del artículo 59, el Banco de México continuará publicando los índices a que se refiere el
párrafo anterior, con la participación creciente del Instituto.
A partir de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Banco de México tendrá acceso, sin
restricción alguna, a la metodología, bases de datos, información y procedimientos utilizados por el
Instituto para calcular los índices nacionales a que se refiere este precepto.
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DÉCIMO SEGUNDO.- Cuando las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos u otros ordenamientos
jurídicos hagan mención a la Ley de Información Estadística y Geográfica, o al Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, la referencia se entenderá hecha a la presente Ley y al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, respectivamente.
DÉCIMO TERCERO.- La Junta de Gobierno contará con un plazo de ciento ochenta días, contados a
partir de la designación de sus primeros miembros, para: determinar aquella información que formará
parte del Acervo de Información Estadística y Geográfica a que se refiere el Título Tercero, Capítulo III de
esta Ley, y hacer del conocimiento del público, a través de Internet, las metodologías que hasta antes de
la entrada en vigor de la presente Ley se hubieren utilizado para la producción de dicha información.
DÉCIMO CUARTO.- A la entrada en vigor de la presente Ley, los comités técnicos sectoriales,
regionales y especiales de estadística y de información geográfica que se hubieren constituido conforme
a lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 24 de la Ley de Información Estadística y
Geográfica, y que se encuentren en funcionamiento, habrán de considerarse como Comités Técnicos
Especializados a que se refiere el artículo 31 de esta Ley.
DÉCIMO QUINTO.- Los acuerdos, anexos de ejecución, bases, contratos y convenios, que el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática haya suscrito hasta antes de la entrada en vigor de la
presente Ley, se entenderán referidos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
DÉCIMO SEXTO.- La Información que al momento de la entrada en vigor de la presente Ley estuviere
en proceso de generación por parte de las Unidades, deberá apegarse a las disposiciones que al efecto
emita el Instituto.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Se abroga la Ley de Información Estadística y Geográfica y las demás
disposiciones que se opongan a la presente Ley.
México, D.F., a 11 de marzo de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Ruth
Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Dip. Maria Eugenia Jimenez
Valenzuela, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a catorce de abril de
dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforman la fracción VII y el segundo párrafo del artículo 14; la fracción II del
artículo 29; la fracción I del artículo 78; y se adicionan un tercer párrafo a la fracción I y un segundo
párrafo a las fracciones II, III y IV del artículo 106; y un segundo párrafo al artículo 111 de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:
………
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.
SEGUNDO. Se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y
Televisión. Se dejan sin efectos aquellas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación en
lo que se opongan a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se
expide por virtud del presente Decreto.
TERCERO. Las disposiciones reglamentarias y administrativas y las normas oficiales mexicanas en
vigor, continuarán aplicándose hasta en tanto se expidan los nuevos ordenamientos que los sustituyan,
salvo en lo que se opongan a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por
virtud del presente Decreto.
CUARTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá adecuar a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión su estatuto orgánico, dentro de los sesenta días naturales siguientes
a la entrada en vigor del presente Decreto.
QUINTO. El Ejecutivo Federal deberá emitir, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a
la expedición del presente Decreto, las disposiciones reglamentarias y lineamientos en materia de
contenidos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por
virtud del presente Decreto.
Los concesionarios de radiodifusión y de televisión o audio restringidos no podrán promocionar video-
juegos que no hayan sido clasificados de acuerdo a la normatividad aplicable, misma que deberá expedir
el Ejecutivo Federal dentro del plazo referido en el párrafo anterior.
SEXTO. La atención, trámite y resolución de los asuntos y procedimientos que hayan iniciado previo a
la entrada en vigor del presente Decreto, se realizará en los términos establecidos en el artículo Séptimo
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o.,
27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. Lo anterior sin
perjuicio de lo previsto en el Vigésimo Transitorio del presente Decreto.
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SÉPTIMO. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
que se expide por virtud del Decreto, en la ley y en la normatividad que al efecto emita el Instituto Federal
de Telecomunicaciones, las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, se mantendrán en los términos y condiciones consignados en los respectivos títulos o
permisos hasta su terminación, a menos que se obtenga la autorización para prestar servicios adicionales
a los que son objeto de su concesión o hubiere transitado a la concesión única prevista en la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyo caso, se estará a los términos y condiciones que el
Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca.
Tratándose de concesiones de espectro radioeléctrico, no podrán modificarse en cuanto al plazo de la
concesión, la cobertura autorizada y la cantidad de Megahertz concesionados, ni modificar las
condiciones de hacer o no hacer previstas en el título de concesión de origen y que hubieren sido
determinantes para el otorgamiento de la concesión.
Las solicitudes de prórroga de concesiones de radiodifusión sonora presentadas con anterioridad a la
fecha de terminación de la vigencia original establecida en los títulos correspondientes se resolverán en
términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin
que resulte aplicable el plazo previsto para la solicitud de prórroga de que se trate.
Párrafo adicionado DOF 15-06-2018
OCTAVO. Salvo lo dispuesto en los artículos Décimo y Décimo Primero Transitorios del presente
Decreto, los actuales concesionarios podrán obtener autorización del Instituto Federal de
Telecomunicaciones para prestar servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para
transitar a la concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas
en las leyes y en sus títulos de concesión. Los concesionarios que cuentan con concesiones de espectro
radioeléctrico deberán pagar las contraprestaciones correspondientes en términos de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los concesionarios que cuenten con varios títulos de concesión, además de poder transitar a la
concesión única podrán consolidar sus títulos en una sola concesión.
NOVENO. En tanto exista un agente económico preponderante en los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión, con el fin de promover la competencia y desarrollar competidores
viables en el largo plazo, no requerirán de autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones las
concentraciones que se realicen entre agentes económicos titulares de concesiones, ni las cesiones de
concesión y los cambios de control que deriven de éstas, que reúnan los siguientes requisitos:
a. Generen una reducción sectorial del Índice de Dominancia “ID”, siempre que el índice
Hirschman-Herfindahl “IHH” no se incremente en más de doscientos puntos;
b. Tengan como resultado que el agente económico cuente con un porcentaje de participación
sectorial menor al veinte por ciento;
c. Que en dicha concentración no participe el agente económico preponderante en el sector en
el que se lleve a cabo la concentración, y
d. No tengan como efecto disminuir, dañar o impedir la libre competencia y concurrencia, en el
sector que corresponda.
Por Índice Hirschman-Herfindahl “IHH” se entiende la suma de los cuadrados de las participaciones de
cada agente económico (IHH=i qi2), en el sector que corresponda, medida para el caso del sector de las
telecomunicaciones con base en el indicador de número de suscriptores y usuarios de servicios de
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telecomunicaciones, y para el sector de la radiodifusión con base en audiencia. Este índice puede tomar
valores entre cero y diez mil.
Para calcular el Índice de Dominancia “ID”, se determinará primero la contribución porcentual hi de
cada agente económico al índice IHH definido en el párrafo anterior (hi = 100xqi2/IHH). Después se
calculará el valor de ID aplicando la fórmula del Hirschman-Herfindahl, pero utilizando ahora las
contribuciones hi en vez de las participaciones qi (es decir, ID=i hi2). Este índice también varía entre
cero y diez mil.
Los agentes económicos deberán presentar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los
10 días siguientes a la concentración, un aviso por escrito que contendrá la información a que se refiere
el artículo 89 de la Ley Federal de Competencia Económica referida al sector correspondiente así como
los elementos de convicción que demuestren que la concentración cumple con los incisos anteriores.
El Instituto investigará dichas concentraciones en un plazo no mayor a noventa días naturales y en
caso de encontrar que existe poder sustancial en el mercado de redes de telecomunicaciones que
presten servicios de voz, datos o video o en el de radio y televisión según el sector que corresponda,
podrá imponer las medidas necesarias para proteger y fomentar en dicho mercado la libre competencia y
concurrencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
y la Ley Federal de Competencia Económica sin perjuicio de las concentraciones a que refiere el
presente artículo.
Las medidas que imponga el Instituto se extinguirán una vez que se autorice a los agentes
económicos preponderantes la prestación de servicios adicionales.
DÉCIMO. Los agentes económicos preponderantes y los concesionarios cuyos títulos de concesión
contengan alguna prohibición o restricción expresa para prestar servicios determinados, previo al inicio
del trámite para obtener la autorización para prestar servicios adicionales, acreditarán ante el Instituto
Federal de Telecomunicaciones y éste supervisará el cumplimiento efectivo de las obligaciones previstas
en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28,
73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, de la Ley de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como de la Ley Federal de Competencia Económica, sus títulos
de concesión y disposiciones administrativas aplicables, conforme a lo siguiente:
I. Los agentes económicos preponderantes deberán acreditar ante el Instituto Federal de
Telecomunicaciones que se encuentran en cumplimiento efectivo de lo anterior y de las
medidas expedidas por el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones a que se refieren
las fracciones III y IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto antes referido. Para tal
efecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones establecerá la forma y términos para
presentar la información y documentación respectiva;
II. El agente económico preponderante deberá estar en cumplimiento efectivo de las medidas a
las que se refiere la fracción I anterior cuando menos durante dieciocho meses en forma
continua;
III. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior y siempre que continúe en
cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I que antecede, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones resolverá y emitirá un dictamen en el que certifique que se dio
cumplimiento efectivo de las obligaciones referidas, y
IV. Una vez que el concesionario haya obtenido la certificación de cumplimiento, podrá solicitar
ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones la autorización del servicio adicional.
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Lo dispuesto en este artículo también será aplicable en caso de que los agentes y concesionarios
respectivos opten por transitar a la concesión única.
No será aplicable lo dispuesto en el presente artículo después de transcurridos cinco años contados a
partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, siempre que el
agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones esté en cumplimiento del
artículo Octavo Transitorio de este Decreto, de las medidas que se le hayan impuesto conforme a lo
previsto en las fracciones III y IV del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, y de aquellas que le haya impuesto el Instituto Federal de
Telecomunicaciones en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
DÉCIMO PRIMERO. El trámite de la solicitud a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo
siguiente:
I. Los agentes económicos preponderantes y los concesionarios cuyos títulos de concesión
contengan alguna prohibición o restricción expresa para prestar servicios determinados,
deberán cumplir con lo previsto en los lineamientos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones en términos del artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105
de la Constitución en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio de 2013;
II. Al presentar la solicitud, dichos agentes y concesionarios deberán acompañar el dictamen de
cumplimiento a que se refiere la fracción III del artículo anterior, presentar la información que
determine el Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto de los servicios que pretende
prestar;
III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolverá sobre la procedencia de la solicitud
dentro de los sesenta días naturales siguientes a su presentación, con base en los
lineamientos de carácter general que al efecto emita y determinará las contraprestaciones
que procedan.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede sin que el Instituto haya resuelto la
solicitud correspondiente, la misma se entenderá en sentido negativo, y
IV. En el trámite de la solicitud, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá asegurarse
que el otorgamiento de la autorización no genera efectos adversos a la competencia y libre
concurrencia.
Se entenderá que se generan efectos adversos a la competencia y libre concurrencia, entre otros
factores que considere el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando:
a. Dicha autorización pueda tener como efecto incrementar la participación en el sector que
corresponda del agente económico preponderante o del grupo de interés económico al cual pertenecen
los concesionarios cuyos títulos de concesión contengan alguna prohibición o restricción para prestar
servicios determinados, respecto de la participación determinada por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones en la resolución mediante la cual se le declaró agente económico preponderante en
el sector que corresponda.
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b. La autorización de servicios adicionales tenga como efecto conferir poder sustancial en el mercado
relevante a alguno de los concesionarios o integrantes del agente económico preponderante o de los
concesionarios cuyos títulos de concesión contengan alguna prohibición o restricción para prestar
servicios determinados en el sector que corresponda.
Lo dispuesto en este artículo será aplicable en caso de que los agentes y concesionarios respectivos
opten por transitar a la concesión única, y será independiente de las sanciones económicas que
procedan conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
DÉCIMO SEGUNDO. El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones
podrá optar en cualquier momento por el esquema previsto en el artículo 276 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión o ejercer el derecho que establece este artículo.
El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones podrá presentar al
Instituto Federal de Telecomunicaciones un plan basado en una situación real, concreta y respecto de
personas determinadas, que incluya en lo aplicable, la separación estructural, la desincorporación total o
parcial de activos, derechos, partes sociales o acciones o cualquier combinación de las opciones
anteriores a efecto de reducir su participación nacional por debajo del cincuenta por ciento del sector de
telecomunicaciones a que se refiere la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, de conformidad con las variables y parámetros
de medición utilizados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en la declaratoria de
preponderancia correspondiente, y siempre que con la ejecución de dicho plan se generen condiciones
de competencia efectiva en los mercados que integran dicho sector de conformidad con la Ley Federal de
Competencia Económica. En caso de que el agente económico preponderante ejerza esta opción, se
estará a lo siguiente:
I. Al presentar el plan a que se refiere el párrafo que antecede, el agente económico preponderante
deberá manifestar por escrito que se adhiere a lo previsto en este artículo y que acepta sus términos y
condiciones; asimismo deberá acompañar la información y documentación necesaria que permita al
Instituto Federal de Telecomunicaciones conocer y analizar el plan que se propone;
II. En caso que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere que la información presentada
es insuficiente, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la presentación del plan, prevendrá al
agente económico preponderante para que presente la información faltante en un plazo de 20 días
hábiles. En caso de que el agente económico preponderante no desahogue la prevención dentro del
plazo señalado o que a juicio del Instituto la documentación o información presentada no sea suficiente o
idónea para analizar el plan que se propone, se le podrá hacer una segunda prevención en los términos
señalados con antelación y en caso de que no cumpla esta última prevención se tendrá por no
presentado el plan, sin perjuicio de que el agente económico pueda presentar una nueva propuesta de
plan en términos del presente artículo;
III. Atendida la prevención en los términos formulados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones
analizará, evaluará y, en su caso, aprobará el plan propuesto dentro de los ciento veinte días naturales
siguientes. En caso de que el Instituto lo considere necesario podrá prorrogar dicho plazo hasta en dos
ocasiones y hasta por noventa días naturales cada una.
Para aprobar dicho plan el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar que el mismo
reduce efectivamente la participación nacional del agente económico preponderante por debajo del
cincuenta por ciento en el sector de las telecomunicaciones a que se refiere la fracción III del artículo
Octavo Transitorio del Decreto antes referido, que genere condiciones de competencia efectiva en los
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mercados que integran dicho sector en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica y que
no tenga por objeto o efecto afectar o reducir la cobertura social existente.
El plan deberá tener como resultado que la participación en el sector que el agente preponderante
disminuye, sea transferida a otro u otros agentes económicos distintos e independientes del agente
económico preponderante. Al aprobar el plan, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá
asegurar la separación efectiva e independencia de esos agentes y deberá establecer los términos y
condiciones necesarios para que esa situación quede debidamente salvaguardada;
IV. En el supuesto de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones apruebe el plan, el agente
económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones contará con un plazo de hasta diez
días hábiles para manifestar que acepta el plan y consiente expresamente las tarifas que derivan de la
aplicación de los incisos a) y b) del segundo párrafo del artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y de Radiodifusión, y las fracciones VI a VIII de este artículo.
Aceptado el plan por el agente económico preponderante, no podrá ser modificado y deberá
ejecutarse en sus términos, sin que dicho agente pueda volver a ejercer el beneficio que otorga este
artículo y sin perjuicio de que pueda optar por lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión;
V. El plan deberá ejecutarse durante los 365 días naturales posteriores a que haya sido aceptado en
términos de la fracción IV. Los agentes económicos involucrados en el plan deberán informar con la
periodicidad que establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el proceso de ejecución del
plan. En caso de que el agente económico preponderante acredite que la falta de cumplimiento del plan
dentro del plazo referido se debe a causas que no le son imputables, podrá solicitar al Instituto Federal de
Telecomunicaciones una prórroga, la cual se podrá otorgar por un plazo de hasta 120 días naturales, por
única ocasión y siempre y cuando dichas causas se encuentren debidamente justificadas;
VI. A partir de la fecha en que el agente económico preponderante en el sector de las
telecomunicaciones haya aceptado el plan y durante el plazo referido en la fracción anterior, se aplicarán
provisionalmente entre el agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones y los
demás concesionarios, los acuerdos de compensación recíproca de tráfico referidos en el primer párrafo
del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, y se suspenderán entre
ellos las tarifas que deriven de la aplicación de los incisos a) y b) del párrafo segundo de dicho artículo;
VII. El Instituto Federal de Telecomunicaciones certificará que el plan ha sido ejecutado efectivamente
en el plazo señalado en la fracción V de este artículo. Para tal efecto, dentro de los 5 días hábiles
siguientes al término del plazo de ejecución o, en su caso, al término de la prórroga correspondiente, el
Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá iniciar los estudios que demuestren que su ejecución
generó condiciones de competencia efectiva en los mercados que integran el sector de
telecomunicaciones, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica.
Otorgada la certificación referida en el párrafo anterior, se aplicarán de manera general para todos los
concesionarios los acuerdos de compensación de tráfico a que se refiere el párrafo primero del artículo
131 de la citada Ley;
VIII. En caso de que el plan no se ejecute en el plazo a que se refiere la fracción V o, en su caso, al
término de la prórroga correspondiente, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones niegue la
certificación referida en la fracción anterior o determine que no se dio cumplimiento total a dicho plan en
los términos aprobados, se dejarán sin efectos los acuerdos de compensación recíproca de tráfico y la
suspensión de las tarifas a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre el agente económico preponderante en el sector de las
telecomunicaciones y los demás concesionarios, y su aplicación se retrotraerá a la fecha en que inició la
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suspensión, debiendo dicho agente restituir a los demás concesionarios las cantidades que correspondan
a la aplicación de las citadas tarifas. En este supuesto, los concesionarios citados podrán compensar las
cantidades a ser restituidas contra otras cantidades que le adeuden al agente económico preponderante;
IX. El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizará al agente económico que propuso el plan y a
los agentes económicos resultantes o que formen parte de dicho plan, la prestación de servicios
adicionales a los que son objeto de su concesión o su tránsito al modelo de concesión única, a partir de
que certifique que el plan se ha ejecutado efectivamente y siempre que con la ejecución de dicho plan se
generen condiciones de competencia efectiva en los mercados que integran el sector de
telecomunicaciones de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica;
X. Una vez que el Instituto Federal de Telecomunicaciones certifique que el plan aprobado ha sido
ejecutado efectivamente, procederá a extinguir:
a. Las resoluciones mediante las cuales haya determinado al agente económico como preponderante
en el sector de las telecomunicaciones así como las medidas asimétricas que le haya impuesto en los
términos de lo dispuesto en la fracción III y IV del artículo Octavo del Decreto antes referido, y
b. Las resoluciones mediante las cuales haya determinado al agente económico con poder sustancial
en algún mercado, así como las medidas específicas que le haya impuesto.
DÉCIMO TERCERO. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
realizará las acciones tendientes a instalar la red pública compartida de telecomunicaciones a que se
refiere el artículo Décimo Sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
11 de junio de 2013.
En caso de que el Ejecutivo Federal requiera de bandas de frecuencias del espectro liberado por la
transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz) para crecer y fortalecer la red compartida
señalada en el párrafo que antecede, el Instituto Federal de Telecomunicaciones las otorgará
directamente, siempre y cuando dicha red se mantenga bajo el control de una entidad o dependencia
pública o bajo un esquema de asociación público-privada.
DÉCIMO CUARTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá implementar un sistema de
servicio profesional dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, el cual deberá contener, entre otros aspectos, el reconocimiento de los derechos de los
trabajadores de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que se encuentren certificados como
trabajadores del servicio profesional.
DÉCIMO QUINTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá instalar su Consejo Consultivo
dentro de los ciento ochentas días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO SEXTO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá establecer los mecanismos
para llevar a cabo la coordinación prevista en el artículo 9, fracción V de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO SÉPTIMO. Los permisos de radiodifusión que se encuentren vigentes o en proceso de
refrendo a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán transitar al régimen de concesión
correspondiente dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, en los términos que establezca el Instituto. Los permisos que hayan sido otorgados a los
poderes de la Unión, de los estados, los órganos de Gobierno del Distrito Federal, los municipios, los
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órganos constitucionales autónomos e instituciones de educación superior de carácter público deberán
transitar al régimen de concesión de uso público, mientras que el resto de los permisos otorgados
deberán hacerlo al régimen de concesión de uso social.
Para transitar al régimen de concesión correspondiente, los permisionarios deberán presentar solicitud
al Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien resolverá lo conducente, en un plazo de noventa días
hábiles.
En tanto se realiza la transición, dichos permisos se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión para las concesiones de uso público o social, según sea el caso.
En caso de no cumplir con el presente artículo, los permisos concluirán su vigencia.
DÉCIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir dentro de los ciento
ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
el programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y televisión a que
se refiere el inciso b) de la fracción V del artículo Décimo Séptimo transitorio del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. En la determinación del programa de trabajo, el
Instituto procurará el desarrollo del mercado relevante de la radio, la migración del mayor número posible
de estaciones de concesionarios de la banda AM a FM, el fortalecimiento de las condiciones de
competencia y la continuidad en la prestación de los servicios.
DÉCIMO NOVENO. La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implementará los
programas y acciones vinculados con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la
entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores a que se refiere el tercer párrafo del
artículo Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir la transmisión de señales analógicas de
televisión radiodifundida en todo el país, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, una vez que se
alcance un nivel de penetración del noventa por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la
Secretaría de Desarrollo Social, con receptores o decodificadores aptos para recibir señales digitales de
televisión radiodifundida.
Para lo anterior, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir las señales analógicas de
televisión radiodifundida anticipadamente al 31 de diciembre de 2015, por área de cobertura de dichas
señales, una vez que se alcance, en el área que corresponda, el nivel de penetración referido en el
párrafo que antecede.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones
realizarán campañas de difusión para la entrega o distribución de equipos y para la conclusión de la
transmisión de señales analógicas de televisión, respectivamente.
Los concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida estarán obligados a realizar todas las
inversiones e instalaciones necesarias para transitar a la televisión digital terrestre a más tardar el 31 de
diciembre de 2015. El Instituto Federal de Telecomunicaciones vigilará el debido cumplimiento de la
obligación citada.
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Aquellos permisionarios o concesionarios de uso público o social, incluyendo las comunitarias e
indígenas, que presten el servicio de radiodifusión que no estén en condiciones de iniciar transmisiones
digitales al 31 de diciembre de 2015, deberán, con antelación a esa fecha, dar aviso al Instituto Federal
de Telecomunicaciones, en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de que se les autorice la suspensión temporal de sus
transmisiones o, en su caso, reduzcan su potencia radiada aparente para que les sea aplicable el
programa de continuidad al que se refiere el párrafo siguiente de este artículo. Los plazos que autorice el
Instituto en ningún caso excederán del 31 de diciembre de 2016.
Párrafo adicionado DOF 18-12-2015
En caso de que para las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión
radiodifundida por área de cobertura o de que al 31 de diciembre de 2015, las actuales estaciones de
televisión radiodifundida con una potencia radiada aparente menor o igual a 1 kW para canales de VHF y
10 kW para canales UHF, no se encuentren transmitiendo señales de televisión digital terrestre y/o no se
hubiere alcanzado el nivel de penetración señalado en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, ya
sea en alguna región, localidad o en todo el país; el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá
establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general
en las áreas respectivas, en tanto se inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de
penetración señalados en este artículo. Los titulares de las estaciones deberán realizar las inversiones e
instalaciones necesarias conforme a los plazos previstos en el programa. En ningún caso las acciones
derivadas de este programa excederán al 31 de diciembre de 2016.
Párrafo reformado DOF 18-12-2015
Se derogan las disposiciones legales, administrativas o reglamentarias en lo que se opongan al
presente transitorio.
VIGÉSIMO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aplicará el artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás que resulten aplicables en materia de interconexión en
términos de la misma, y garantizará el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en dichos
preceptos, mismos que serán exigibles sin perjuicio e independiente de que a la entrada en vigor de la
Ley, ya hubiera determinado la existencia de un agente económico preponderante e impuesto medidas
necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia de acuerdo a la fracción III del
artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, y hasta en tanto los concesionarios a que se refiere ese inciso no acuerden las tarifas de
interconexión correspondientes o, en su caso, el Instituto no resuelva cualquier disputa respecto de
dichas tarifas, seguirán en vigor las que actualmente aplican, salvo tratándose del agente económico al
que se refiere le párrafo segundo del artículo 131 de la Ley en cita, al que le será aplicable el inciso a) del
mismo artículo.
VIGÉSIMO PRIMERO. Para la atención, promoción y supervisión de los derechos de los usuarios
previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en la Ley Federal de Protección al
Consumidor, la PROFECO deberá crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría,
así como la estructura necesaria para ello, conforme al presupuesto que le apruebe la Cámara de
Diputados para tal efecto.
VIGÉSIMO SEGUNDO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir las disposiciones
administrativas de carácter general a que se refiere el Título Octavo de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en un plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto.
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VIGÉSIMO TERCERO. El impacto presupuestario que se genere con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto en materia de servicios personales, así como el establecimiento de nuevas atribuciones
y actividades a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se cubrirá con cargo al presupuesto
aprobado anualmente por la Cámara de Diputados a dicho organismo.
VIGÉSIMO CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos Décimo Quinto, Décimo Sexto
y Décimo Séptimo transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
junio de 2013, se deroga el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2014.
VIGÉSIMO QUINTO. Lo dispuesto en la fracción V del artículo 118 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, entrará en vigor el 1 de enero de 2015, por lo que a partir de dicha
fecha los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que presten servicios fijos, móviles o
ambos, no podrán realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que
realicen a cualquier destino nacional.
Sin perjuicio de lo anterior, los concesionarios deberán realizar la consolidación de todas las áreas de
servicio local existentes en el país de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita el
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cada concesionario deberá asumir los costos que se originen
con motivo de dicha consolidación.
Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta días siguientes a
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá definir los puntos de interconexión a la red pública de
telecomunicaciones del agente económico preponderante o con poder sustancial.
Las resoluciones administrativas que se hubieren emitido quedarán sin efectos en lo que se opongan
a lo previsto en el presente transitorio.
Los concesionarios mantendrán la numeración que les haya sido asignada a fin de utilizarla para
servicios de red inteligente en sus modalidades de cobro revertido y otros servicios especiales, tales
como números 900.
VIGÉSIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá remitir al Senado de la República o, en su caso, a la
Comisión Permanente, la propuesta de designación del Presidente del Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto.
El Senado o, en su caso, la Comisión Permanente, deberá designar al Presidente del Sistema dentro
de los treinta días naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta del Ejecutivo Federal.
VIGÉSIMO SÉPTIMO. Los representantes de las Secretarías de Estado que integren la Junta de
Gobierno del Sistema Público del Estado Mexicano deberán ser designados dentro de los sesenta días
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
VIGÉSIMO OCTAVO. La designación de los miembros del Consejo Ciudadano del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano deberá realizarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto.
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VIGÉSIMO NOVENO. El Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
someterá a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de Estatuto Orgánico, dentro de los
noventa días naturales siguientes a su nombramiento.
TRIGÉSIMO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto el organismo descentralizado
denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, se transforma en el Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano, el cual contará con los recursos humanos, presupuestales,
financieros y materiales del organismo citado.
En tanto se emite el Estatuto Orgánico del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano,
continuará aplicándose, en lo que no se oponga a la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano, el Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.
Los derechos laborales del personal del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales se respetarán
conforme a la ley.
TRIGÉSIMO PRIMERO. Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, pasarán a formar parte del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano una vez que se nombre a su Presidente, sin menoscabo de los
derechos laborales de sus trabajadores.
TRIGÉSIMO SEGUNDO. La Secretaría de Gobernación deberá coordinarse con las autoridades que
correspondan para el ejercicio de las atribuciones que en materia de monitoreo establece la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La Cámara de Diputados deberá destinar los recursos necesarios para garantizar el adecuado
ejercicio de las atribuciones referidas en el presente transitorio.
TRIGÉSIMO TERCERO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones expedirá los lineamientos a que
se refiere la fracción III del artículo 158 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en un
plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente
Decreto.
TRIGÉSIMO CUARTO. La Cámara de Diputados deberá destinar al Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano recursos económicos acordes con sus objetivos y funciones, para lo que deberá
considerar:
I. Sus planes de crecimiento;
II. Sus gastos de operación, y
III. Su equilibrio financiero.
TRIGÉSIMO QUINTO. Con excepción de lo dispuesto en el artículo Vigésimo Transitorio, por el cual
se encuentra obligado el Instituto Federal de Telecomunicaciones a aplicar el artículo 131 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud de este Decreto y demás que
resulten aplicables en materia de interconexión en términos de la misma, las resoluciones administrativas
que el Instituto Federal de Telecomunicaciones hubiere emitido previo a la entrada en vigor del presente
Decreto en materia de preponderancia continuarán surtiendo todos sus efectos.
TRIGÉSIMO SEXTO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dentro de los 180 días posteriores a
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar los estudios correspondientes para analizar si
resulta necesario establecer mecanismos que promuevan e incentiven a los concesionarios a incluir una
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barra programática dirigida al público infantil en la que se promueva la cultura, el deporte, la conservación
del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de
género y la no discriminación.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Para efectos de las autoridades de procuración de justicia referidas en la
fracción I del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, continuarán vigentes
las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones en materia de localización geográfica en
tiempo real hasta en tanto entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales.
TRIGÉSIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir dentro de los
sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, las reglas administrativas necesarias que eliminen requisitos que puedan retrasar o
impedir la portabilidad numérica y, en su caso, promover que se haga a través de medios electrónicos.
Las reglas a que se refiere el párrafo anterior, deberán garantizar una portabilidad efectiva y que la
misma se realice en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular
del número respectivo.
Para realizar dicha portación solo será necesaria la identificación del titular y la manifestación de
voluntad del usuario. En el caso de personas morales el trámite deberá realizarse por el representante o
apoderado legal que acredite su personalidad en términos de la normatividad aplicable.
TRIGÉSIMO NOVENO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones iniciará, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo Noveno Transitorio del presente Decreto, dentro de los treinta días naturales
posteriores a su entrada en vigor, los procedimientos de investigación que correspondan en términos de
la Ley Federal de Competencia Económica, a fin de determinar la existencia de agentes económicos con
poder sustancial en cualquiera de los mercados relevantes de los sectores de telecomunicaciones y
radiodifusión, entre los que deberá incluirse el mercado nacional de audio y video asociado a través de
redes públicas de telecomunicaciones y, en su caso, imponer las medidas correspondientes.
CUADRAGÉSIMO. El agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones o el
agente con poder sustancial en el mercado relevante que corresponda, estarán obligados a cumplir con
lo dispuesto en los artículos 138, fracción VIII, 208 y en las fracciones V y VI del artículo 267 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a partir de su entrada en vigor.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Las instituciones de educación superior de carácter público, que a la
fecha de entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con medios de radiodifusión a que se refieren
los artículos 67 fracción II y 76 fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no
recibirán presupuesto adicional para ese objeto.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. A la concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones que, en los términos del artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, debe ser
cedida por la Comisión Federal de Electricidad a Telecomunicaciones de México, no le resultará aplicable
lo establecido en los artículos 140 y 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
exclusivamente respecto a aquellos contratos vigentes a la fecha de publicación del presente Decreto
que hayan sido celebrados entre la Comisión Federal de Electricidad y aquellas personas físicas o
morales que, conforme a la misma Ley, han de ser considerados como usuarios finales.
Dichos contratos serán cedidos por la Comisión Federal de Electricidad a Telecomunicaciones de
México, junto con el título de concesión correspondiente. Telecomunicaciones de México cederá los
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referidos contratos a favor de otros concesionarios autorizados a prestar servicios a usuarios finales,
dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que le hubieren sido cedidos.
En caso de que exista impedimento técnico, legal o económico para que Telecomunicaciones de
México pueda ceder los referidos contratos, estos se mantendrán vigentes como máximo hasta la fecha
en ellos señalada para su terminación, sin que puedan ser renovados o extendidos para nuevos
períodos.
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Dentro de un plazo que no excederá de 36 meses a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, las señales de los concesionarios de uso comercial que transmitan
televisión radiodifundida y que cubran más del cincuenta por ciento del territorio nacional deberán contar
con lenguaje de señas mexicana o subtitulaje oculto en idioma nacional, en la programación que
transmitan de las 06:00 a las 24:00 horas, excluyendo la publicidad y otros casos que establezca el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, atendiendo a las mejores prácticas internacionales. Los entes
públicos federales que sean concesionarios de uso público de televisión radiodifundida estarán sujetos a
la misma obligación.
CUADRAGÉSIMO CUARTO. En relación a las obligaciones establecidas en materia de accesibilidad
para personas con discapacidad referidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para
los defensores de las audiencias, los concesionarios contarán con un plazo de hasta noventa días
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para iniciar las adecuaciones y mecanismos
que correspondan.
CUADRAGÉSIMO QUINTO. La restricción para acceder a la compartición de infraestructura del
agente económico preponderante en radiodifusión, prevista en la fracción VII del artículo 266 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no será aplicable al o los concesionarios que resulten de
la licitación de las nuevas cadenas digitales de televisión abierta a que se refiere la fracción II del artículo
Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos
6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de telecomunicaciones.
México, D.F., a 08 de julio de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. José González
Morfín, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño Mijares,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a catorce de julio de
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el artículo Décimo Noveno Transitorio del Decreto por el
que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión,
publicado el 14 de julio de 2014.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo séptimo, se recorren los subsecuentes y se reforma el
actual párrafo séptimo del artículo Décimo Noveno Transitorio del “DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY DEL
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y
RADIODIFUSIÓN”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE JULIO DE
2014, para quedar como sigue:
……….
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Con la entrada en vigor de este Decreto, se derogan todas las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas que se opongan al mismo.
Tercero. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el Gobierno
Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios, suspenderán la distribución o
sustitución de equipos receptores o decodificadores, así como los programas de entrega de televisiones
digitales que realice en aquellas entidades federativas en las que se verifiquen procesos electorales
durante el 2016. El Instituto Nacional Electoral verificará el cumplimiento de esta disposición y aplicará,
en su caso, las sanciones correspondientes. La entrega, distribución o sustitución de equipos receptores,
decodificadores, o televisores digitales en contravención a lo dispuesto en este artículo será sancionada
en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
México, D. F., a 9 de diciembre de 2015.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Alejandra Noemí
Reynoso Sánchez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis de
diciembre de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017
Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 81, primer párrafo y 91; se adicionan los artículos 91 Bis;
91 Ter; 91 Quáter y 91 Quinquies a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica,
para quedar como sigue:
………
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a
la publicación de este Decreto, iniciará los procesos de designación de los titulares de los Órganos
Internos de Control de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
les otorga autonomía y que ejerzan recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación
previstos en este Decreto.
Lo anterior, con excepción de aquellos titulares de los órganos internos de control de los organismos a
los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen
recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación que se encontraban en funciones a la
entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, los cuales continuarán en su encargo en los
términos en los que fueron nombrados.
Tercero. Los órganos de gobierno de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos del Presupuesto de Egresos de
la Federación, tendrán un plazo de ciento ochenta días, a partir de la publicación del presente Decreto,
para armonizar su normatividad interna en los términos del presente Decreto.
Cuarto. Los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente se encuentran asignados a
las Contralorías, se entenderán asignados a los Órganos Internos de Control a que se refiere el presente
Decreto.
Quinto. Las referencias relativas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se
entenderán a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos hasta que
este ordenamiento legal se abrogue el 17 de julio de 2017.
Sexto. Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales correspondientes
con la anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán concluidos conforme a las
disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
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Séptimo. El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a ciento ochenta días, deberá armonizar su
legislación conforme al presente Decreto.
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016.- Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.-
Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Ernestina Godoy Ramos, Secretaria.- Sen. María
Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil
diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.-
Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del
Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, la
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción
XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley General en
Materia de Delitos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional
Docente, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la Ley General de
Bibliotecas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la
Ley General de Cultura Física y Deporte, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de
Fomento para la Lectura y el Libro, y la Ley Federal de Archivos, en Materia de
Reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, sustitución del nombre
de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las
demarcaciones territoriales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018
Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 2, primer párrafo, fracción XV, inciso c); 6, primer
párrafo; 14, primer párrafo, fracción VI, segundo párrafo, inciso b); 26; 46, primer párrafo; 63, primer
párrafo, fracción III; 65, primer párrafo, fracciones I y II; y 78, primer párrafo, fracción I de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:
………
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
………
Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen.
Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Secretario.- Sen.
Juan G. Flores Ramírez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a ocho de enero de dos mil dieciocho.-
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adiciona un tercer párrafo al Artículo Séptimo Transitorio del
“Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y
la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018
Artículo Único.- Se adiciona un tercer párrafo al Artículo Séptimo Transitorio del “Decreto por el que
se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en
materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
julio de 2014, para quedar como sigue:
………
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- Lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo Séptimo Transitorio del “Decreto por el que se
expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en
materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
julio de 2014, que se adiciona, será aplicable únicamente a las solicitudes de prórroga presentadas con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar
Romo García, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Mariana Arámbula
Meléndez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho.-
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.-
Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica, en materia de Subsistemas Nacionales de
Información.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018
Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, fracción III; 11, fracción III; 17, párrafo segundo; 19; 21;
29, párrafo primero y su fracción I; 78, fracción I y 79, párrafo segundo; y se adicionan una Sección IV
denominada “Del Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia”; y los
artículos 17, con una fracción IV; y 29, con una fracción IV, a la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:
……….
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- El subsistema a que se refiere el presente Decreto tendrá por suyas las actividades ya
realizadas por el subsistema creado mediante Acuerdo 4ª/X/2008 de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, dando continuidad a las actividades subsecuentes.
Tercero.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto
para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado
para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.
Ciudad de México, a 25 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto
Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía Del Sagrario De León Maza, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores
Ramírez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil dieciocho.-
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.-
Rúbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021
Artículo Vigésimo Noveno.- Se reforma el inciso a) de la fracción XV del artículo 2; la fracción IV del
artículo 29, y la fracción VIII del artículo 91 Quáter, de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:
……..
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por el que se
expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular,
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás personas
titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se encuentren en el
ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes del Consejo
Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo para el cual fueron
designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta la terminación del
proceso pendiente.
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico de
la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la expedición
de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera.
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto.
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes,
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan al
presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados.
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y
de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República.
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Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para
transitar al servicio profesional de carrera.
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones
laborales subsistirán.
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y sus
lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General de la
República.
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así como
un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio profesional de
carrera que se instale.
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de Ciencias
Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del presente
Decreto.
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor
del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden los
Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto.
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento o
Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, conservará
los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, con independencia
de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza que ocupe. Para acceder
al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando sus servicios con la Fiscalía
General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según disponga el Estatuto del
servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con aquellas personas servidoras
públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación.
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría General
de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal de
transición.
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en vigor
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de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera deberán
adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan.
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o análoga.
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que cuente
la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así como para
la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de la extinción de
la Procuraduría General de la República.
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto.
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, o
de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada en
vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de la
República, pasarán a formar parte de su patrimonio.
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio a
la entrada en vigor del presente Decreto.
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración de
Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que deberá
ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del párrafo
tercero del artículo 88 del presente Decreto.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia.
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, para
que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé en el
presente Decreto.
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales,
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en vigor
del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior de la
Federación.
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
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Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán
resueltos por la Secretaría de la Función Pública.
Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán al
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable.
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Lizbeth Mata Lozano, Secretaria.- Sen. María Merced
González González, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021.- Andrés
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adicionan dos párrafos al artículo 26 de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2023
Artículo Único.- Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 26 de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:
……..
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- El mapa oficial de la República Mexicana será publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía una vez que las autoridades competentes concluyan los procedimientos que en
materia de límites deban realizarse ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes. Lo
anterior, sujeto a la disponibilidad presupuestaria establecida para el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía en el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Ciudad de México, a 18 de octubre de 2023.- Dip. Marcela Guerra Castillo, Presidenta.- Sen. Ana
Lilia Rivera Rivera, Presidenta.- Dip. Pedro Vázquez González, Secretario.- Sen. Verónica Noemí
Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2023.- Andrés
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica.
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