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LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
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Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 20-05-2021
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Competencia Económica.
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
LIBRO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas
monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la
actividad económica y de observancia general en toda la República.
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la
competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar
severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las
barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Agente Económico: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y
entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras
empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de
participación en la actividad económica;
II. Autoridad Investigadora: Aquélla a la que se hace referencia en el artículo 26 de la presente
Ley;
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III. Autoridad Pública: Toda autoridad de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los
Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales
y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y de cualquier
otro ente público;
IV. Barreras a la Competencia y la Libre Concurrencia: Cualquier característica estructural del
mercado, hecho o acto de los Agentes Económicos que tenga por objeto o efecto impedir el
acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados; que impidan o
distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones
jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que indebidamente impidan o distorsionen el
proceso de competencia y libre concurrencia;
V. Comisión: La Comisión Federal de Competencia Económica;
VI. Comisionado: Cada uno de los siete integrantes del Pleno de la Comisión;
VII. Órgano Interno de Control: El Órgano Interno de Control de la Comisión;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
VIII. Disposiciones Regulatorias: Las disposiciones administrativas de carácter general que la
Comisión podrá emitir para el cumplimiento de su función regulatoria conforme a lo establecido
en la fracción IV del párrafo vigésimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
IX. Información Confidencial: Aquélla que de divulgarse pueda causar un daño o perjuicio en la
posición competitiva de quien la haya proporcionado, contenga datos personales cuya difusión
requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal
se prohíba su divulgación;
X. Información Pública: Aquélla que se haya dado a conocer por cualquier medio de difusión
público, se halle en registros o en fuentes de acceso públicos;
XI. Información Reservada: Aquélla a la que sólo los Agentes Económicos con interés jurídico en el
procedimiento pueden tener acceso;
XII. Órgano encargado de la instrucción: La instancia de la Comisión que tenga a su cargo la
instrucción de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos que determine el
estatuto orgánico;
XIII. Pleno: Es el órgano de gobierno de la Comisión integrado por siete Comisionados, incluyendo
al Comisionado Presidente;
XIV. Procuraduría: La Procuraduría Federal del Consumidor;
XV. Secretaría: La Secretaría de Economía.
Artículo 4. Están sujetos a lo dispuesto por esta Ley todos los Agentes Económicos. Serán
responsables solidarios los Agentes Económicos que hayan tomado o adoptado la decisión, así como
instruido o ejercido influencia decisiva en la toma de decisión, y el directamente involucrado en la
realización de la conducta prohibida por esta Ley.
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Artículo 5. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de competencia
económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma
exclusiva las facultades que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
las leyes establecen para la Comisión, conforme a la estructura que determine en su estatuto orgánico.
En el momento en que alguno de los órganos mencionados en el párrafo anterior tenga información
de que el otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, le solicitará le remita el expediente
respectivo. Si el órgano solicitado estima no ser competente deberá remitir el expediente, dentro de los
cinco días siguientes a la recepción de la solicitud. Si considera que lo es, en igual plazo hará saber su
resolución al órgano solicitante, en cuyo caso suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al
Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de competencia económica, radiodifusión y
telecomunicaciones, quien fijará la competencia en un plazo de diez días.
En el caso de que alguno de los órganos mencionados en el primer párrafo de este artículo que
conozca de un asunto estime carecer de competencia para conocerlo, enviará dentro de los cinco días
siguientes el expediente respectivo al otro órgano. Si éste acepta la competencia, se avocará al
conocimiento; en caso contrario, dentro de los cinco días siguientes comunicará su resolución al órgano
que declinó la competencia y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia
de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones para que dentro del plazo de diez días
fije la competencia.
Los plazos previstos en esta Ley estarán suspendidos desde el inicio de cualquier procedimiento
previsto en este artículo hasta su resolución.
Artículo 6. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las
áreas estratégicas determinadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No obstante, los Agentes Económicos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el párrafo
anterior, estarán sujetos a lo dispuesto por esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente
comprendidos en dichos supuestos.
Artículo 7. No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la
legislación de la materia para la protección de sus propios intereses.
Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los
autores y artistas para la producción de sus obras y los que se otorguen a los inventores y
perfeccionadores para el uso exclusivo de sus inventos o mejoras.
Los Agentes Económicos referidos en los dos párrafos anteriores estarán sujetos a lo dispuesto en
esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que
señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 8. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores
para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados
extranjeros los productos nacionales o industriales, siempre que:
I. Dichos productos nacionales o industriales sean la principal fuente de riqueza de la región en
que se produzcan o no sean artículos de primera necesidad;
II. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional;
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III. Dichas asociaciones o sociedades cooperativas estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno
Federal o de los Estados, y estén previamente autorizadas en cada caso para constituirse por la
legislatura correspondiente a su domicilio social;
IV. La membresía a dichas asociaciones o sociedades cooperativas sea voluntaria y se permita la
libre entrada y salida de sus miembros, y
V. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponda a
dependencias o entidades de la administración pública federal.
Los Agentes Económicos referidos en este artículo estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley
respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la
economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:
I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y
servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de
competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará
mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.
II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o
entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y
servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la
insuficiencia en el abasto.
La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o
modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la
competencia y la libre concurrencia.
La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y
sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que
dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.
TÍTULO II
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
Capítulo I
De la Comisión
Sección I
De su Naturaleza, Objeto y Domicilio
Artículo 10. La Comisión es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus
actuaciones y ejercerá su presupuesto de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la libre
concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las
prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los
mercados.
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Artículo 11. El domicilio de la Comisión será la Ciudad de México y, sujeta a la disponibilidad
presupuestaria, podrá establecer delegaciones fuera de la Ciudad de México.
Sección II
De las Atribuciones de la Comisión
Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y combatir los
monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas
conductas, en los términos de esta Ley;
II. Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la
existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de
activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las proporciones
necesarias para eliminar efectos anticompetitivos;
III. Practicar visitas de verificación en los términos de esta Ley, citar a declarar a las personas
relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros,
documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta Ley, así como solicitar el apoyo de
la fuerza pública o de cualquier Autoridad Pública para el eficaz desempeño de las atribuciones
a que se refiere esta Ley;
IV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Públicas para el combate
y prevención de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre
concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de
los mercados;
V. Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público respecto de las probables conductas
delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica de que tengan
conocimiento;
VI. Presentar solicitud de sobreseimiento respecto de probables conductas delictivas contra el
consumo y la riqueza nacional previstas en el Código Penal Federal, cuando hubiere sido
denunciante o querellante;
VII. Ejercer el presupuesto de forma autónoma;
VIII. Crear los órganos y unidades administrativas necesarias para su desempeño profesional,
eficiente y eficaz, de acuerdo con su presupuesto autorizado;
IX. Ordenar la suspensión de los actos o hechos constitutivos de una probable conducta prohibida
por esta Ley e imponer las demás medidas cautelares, así como fijar caución para levantar
dichas medidas;
X. Resolver sobre los asuntos de su competencia y sancionar administrativamente la violación de
esta Ley;
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XI. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder
sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de libre concurrencia
o competencia económica a que hacen referencia ésta u otras leyes y reglamentos;
XII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por
conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto de los ajustes a programas y políticas
llevados a cabo por Autoridades Públicas, cuando éstos puedan tener efectos contrarios al
proceso de libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas
deberán publicarse;
XIII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por
conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto de los anteproyectos de
disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter general
que pretendan emitir Autoridades Públicas, cuando puedan tener efectos contrarios al proceso
de libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones legales
aplicables, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán
publicarse;
XIV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por
conducto de la Secretaría, de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o a petición de
parte, sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos en lo tocante a los
aspectos de libre concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan
efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse;
XV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por
conducto de la Secretaría, o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, respecto de
leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general en materia
de libre concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos
vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse;
XVI. Resolver sobre las solicitudes de opinión formal, y emitir orientaciones generales en materia de
libre concurrencia y competencia económica que le sean formuladas de conformidad con los
artículos 104 a 110 de esta Ley;
XVII. Emitir Disposiciones Regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones, así
como su estatuto orgánico, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación;
XVIII. Opinar cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto
de la Secretaría, o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión sobre asuntos en
materia de libre concurrencia y competencia económica en la celebración de tratados
internacionales, en términos de lo dispuesto en la ley de la materia;
XIX. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre
concurrencia y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y
activos públicos, así como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones,
permisos, licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo
determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos;
XX. Promover, en coordinación con las Autoridades Públicas, que sus actos administrativos
observen los principios de libre concurrencia y competencia económica;
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XXI. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de los principios de libre concurrencia y
competencia económica, así como participar en los foros y organismos nacionales e
internacionales que tengan ese fin;
XXII. Publicar las Disposiciones Regulatorias que sean necesarias para el cumplimiento de sus
atribuciones, entre las que deberán comprenderse las siguientes materias:
a) Imposición de sanciones;
b) Prácticas monopólicas;
c) Determinación de poder sustancial para uno o varios Agentes Económicos;
d) Determinación de mercados relevantes;
e) Barreras a la competencia y la libre concurrencia;
f) Insumos esenciales, y
g) Desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes
Económicos.
Para la expedición de las disposiciones regulatorias deberá realizarse consulta pública, salvo
que a juicio de la Comisión se puedan comprometer los efectos que se pretenden lograr con
dichas disposiciones o se trate de situaciones de emergencia.
Con independencia de la publicación de las disposiciones regulatorias a que se refiere esta Ley,
la Comisión deberá expedir directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos, previa consulta
pública, en los términos del artículo 138 de esta Ley, en materia de:
a) Concentraciones;
b) Investigaciones;
c) Beneficio de dispensa y reducción del importe de las multas;
d) Suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o probables
concentraciones ilícitas;
e) Determinación y otorgamiento de cauciones para suspender la aplicación de medidas
cautelares;
f) Solicitud del sobreseimiento del proceso penal en los casos a que se refiere el Código
Penal Federal, y
g) Las que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Ley.
XXIII. Realizar u ordenar la realización de estudios, trabajos de investigación e informes generales en
materia de libre concurrencia y competencia económica, en su caso, con propuestas de
liberalización, desregulación o modificación normativa, cuando detecte riesgos al proceso de
libre concurrencia y competencia económica, identifique un problema de competencia o así se
lo soliciten otras Autoridades Públicas;
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XXIV. Aprobar los lineamientos para el funcionamiento del Pleno;
XXV. Elaborar el programa anual de trabajo y el informe trimestral de actividades que deberá ser
presentado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal por conducto del Comisionado
Presidente;
XXVI. Solicitar o requerir, para el ejercicio de sus atribuciones, la información que estime necesaria;
XXVII. Establecer mecanismos de coordinación con Autoridades Públicas en materia de políticas de
libre concurrencia y competencia económica y para el cumplimiento de las demás disposiciones
de esta Ley u otras disposiciones aplicables;
XXVIII. Ejercitar las acciones colectivas de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto del Código
Federal de Procedimientos Civiles;
XXIX. Solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades otorgadas a la Comisión, mismos
que serán elaborados por académicos y expertos en la materia de manera independiente a la
autoridad, y
XXX. Las demás que le confieran ésta y otras leyes.
Capítulo II
De la Integración y Atribuciones del Pleno
Sección I
De la Integración a través del Comité de Evaluación
Artículo 13. El Comité de Evaluación de aspirantes a ser designados como Comisionados a que se
refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contará con
estructura ni presupuesto propios, por lo que, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará del
personal adscrito a las instituciones de las que son titulares sus integrantes y podrá emplear los recursos
materiales y financieros de éstas en los términos que, al efecto, acuerden los integrantes del Comité de
Evaluación.
Los actos jurídicos que acuerde el Comité de Evaluación se formalizarán a través de los servidores
públicos de las instituciones de las que son titulares sus integrantes y que al efecto señale el propio
Comité.
Artículo 14. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el artículo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Comité de Evaluación contará con las atribuciones
siguientes:
I. Emitir las convocatorias públicas respectivas para cubrir las vacantes de Comisionados;
II. Integrar y enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes a ocupar las vacantes referidas en
la fracción anterior;
III. Seleccionar, cuando menos, a dos instituciones de educación superior que emitan su opinión
para la formulación del examen de conocimientos que aplicará a los aspirantes y abstenerse de
revelar al público las denominaciones de dichas instituciones hasta en tanto envíe al Ejecutivo
Federal las listas referidas en la fracción II;
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IV. Aplicar, con base en la opinión recibida y las mejores prácticas, los exámenes de conocimientos
que le corresponde aplicar a los aspirantes a Comisionados, una vez que haya verificado el
cumplimiento de los requisitos que les impone el artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como elaborar el banco de reactivos con el que se integrarán
dichos exámenes;
V. Acordar el establecimiento de un mecanismo para el registro de aspirantes interesados en
ocupar los cargos de Comisionados respectivos, así como determinar los documentos e
información para acreditar que cumplen con los requisitos referidos en la fracción anterior;
VI. Emitir las bases para su funcionamiento y establecer los procedimientos que seguirá para la
selección de los aspirantes, la integración de las listas que enviará al Ejecutivo Federal, así
como las normas de conducta que los miembros del Comité de Evaluación deberán observar
durante dichos procedimientos de selección;
VII. En cumplimiento de los principios constitucionales en materia de transparencia, clasificar la
información que reciba y genere con motivo de sus funciones, acordar la información que deba
ser clasificada como reservada o confidencial y la forma en que deberá garantizar, en todo
caso, la protección de los datos personales de los aspirantes;
VIII. Seleccionar a los aspirantes que obtengan las calificaciones aprobatorias más altas en el
examen correspondiente para integrar las listas mencionadas en la fracción II de este artículo;
IX. Nombrar al Secretario, al Prosecretario y a dos asesores del Comité de Evaluación, quienes
deberán ser servidores públicos de las instituciones que representan los propios integrantes del
Comité de Evaluación;
X. Acordar la forma en que cubrirán los gastos que se requieran para el cumplimiento de las
funciones del Comité de Evaluación y el desarrollo de los procedimientos de evaluación;
XI. Acordar y ejecutar las demás acciones que resulten procedentes para llevar a cabo el
procedimiento para la conformación de las listas de aspirantes a Comisionados, y
XII. Acordar y ejecutar los demás actos necesarios para la realización de su objeto.
Cualquiera de los actos del Comité de Evaluación será inatacable, por lo que no procederá contra
aquel medio de defensa alguno, ordinario o extraordinario, incluyendo el juicio de amparo, ni podrá ser
modificado o revocado por autoridad alguna.
Artículo 15. El Comité de Evaluación contará con las más amplias facultades para analizar y resolver
sobre la documentación e información que los aspirantes a Comisionados le presenten, así como aquélla
que el propio Comité requiera.
Artículo 16. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Comité de Evaluación podrá auxiliarse de
cualquier autoridad federal, estatal y municipal, así como de los órganos autónomos federales o
estatales, los cuales estarán obligados a proporcionar, en el ámbito de su competencia, la asistencia que
sea necesaria para el ejercicio de las atribuciones del Comité de Evaluación.
Las citadas autoridades así como los particulares a los que les sea requerida información, deberán
proporcionarla al Comité de Evaluación, en el plazo que al efecto se señale en las bases a que se refiere
la fracción VI del artículo 14 de esta ley, con objeto de verificar o comprobar la información que le
hubieren presentado los aspirantes, así como cualquier otra información que dicho comité estime
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
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Las referidas autoridades y los particulares en ningún caso podrán invocar secreto o reserva para
omitir el cumplimiento de tales requerimientos.
Artículo 17. Los actos que el Comité de Evaluación acuerde dar publicidad se darán a conocer a
través del Diario Oficial de la Federación, cuando éste así lo determine, así como en los demás medios
que al efecto señale.
La información y documentación relativa a los exámenes y reactivos a que se refiere el artículo 14,
fracción IV de la presente Ley, así como la metodología de calificación de dichos exámenes y demás
información sobre las calificaciones obtenidas por los respectivos aspirantes a Comisionados, tendrá
carácter confidencial, por lo que los miembros del Comité de Evaluación y demás servidores públicos que
intervengan en el procesamiento de dicha información y documentación en ningún caso podrán revelar
dicha información a persona alguna, sino a las autoridades competentes en materia de fiscalización o
investigación y, respecto de cada uno de dichos aspirantes, sólo se le podrá comunicar la calificación que
hubiere obtenido, sin perjuicio de que, una vez concluido el proceso de selección de aspirantes, el Comité
de Evaluación pueda publicar la calificación que obtuvieron los sustentantes del examen de evaluación
identificados únicamente por folio o clave de registro. La obligación para guardar secreto a que se refiere
el presente párrafo será aplicable a los particulares que, en su caso, intervengan en la formulación de los
reactivos y exámenes antes descritos.
Las listas de aspirantes a ocupar las vacantes en los cargos de Comisionados en la Comisión y en el
Instituto Federal de Telecomunicaciones que el Comité de Evaluación integre y envíe al Ejecutivo Federal
deberán acompañarse con la documentación que presentó el aspirante para acreditar los requisitos que
establece el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la
calificación que obtuvo en su evaluación.
Sección II
De las Atribuciones del Pleno
Artículo 18. El Pleno deliberará de forma colegiada y decidirá los casos por mayoría de votos, salvo
las decisiones que requieran una mayoría calificada en los términos de esta Ley.
Las deliberaciones del Pleno deberán contar con los votos de todos los Comisionados. Los
Comisionados no podrán abstenerse de votar. Los Comisionados que se encuentren ausentes durante
las sesiones del Pleno deberán emitir su voto por escrito antes de la sesión o dentro de los cinco días
siguientes a la sesión respectiva.
En los casos en que los Comisionados no puedan ejercer su voto por causas debidamente justificadas
o estén impedidos para ello, y exista empate en la votación del Pleno, el Comisionado Presidente contará
con voto de calidad para decidir estos casos.
Las sesiones del Pleno serán de carácter público, excepto aquellas porciones en que se traten temas
con Información Confidencial. Sólo será considerada Información Confidencial la declarada como tal bajo
los supuestos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables. El Pleno deberá fundar y
motivar la resolución en la que determine que una sesión no será pública.
La Comisión deberá hacer pública la versión estenográfica de sus sesiones.
Los acuerdos y resoluciones del Pleno también serán de carácter público y sólo se reservarán las
partes que contengan Información Confidencial o Reservada, en los términos establecidos en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.
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Corresponde al Pleno el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fracciones II, VI, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y XXV del artículo 12 de esta Ley, y las demás
atribuciones concedidas expresamente al Pleno en esta Ley. Las atribuciones señaladas en el artículo 12
fracción II, cuando deriven del procedimiento previsto en el artículo 94 de esta Ley; así como las previstas
en sus fracciones XVII y XXII, solo podrán ser ejercidas por el Pleno cuando las mismas sean resueltas
con el voto afirmativo de cuando menos cinco Comisionados.
El Pleno determinará en el estatuto orgánico el ejercicio directo o por delegación de las atribuciones
previstas en el artículo 12 de esta Ley que no estén comprendidas en los supuestos señalados en el
párrafo anterior.
En el estatuto orgánico de la Comisión se establecerán las facultades que ejercerán las diversas
unidades de la misma, las cuales estarán bajo el mando y supervisión del Pleno o del Comisionado
Presidente, según se trate.
Artículo 19. El Comisionado Presidente presidirá el Pleno y a la Comisión. En caso de ausencia, le
suplirá el Comisionado de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad.
Artículo 20. Corresponde al Comisionado Presidente:
I. Actuar como representante legal de la Comisión con facultades generales y especiales para
actos de administración y de dominio, pleitos y cobranzas, incluso las que requieran cláusula
especial conforme a la Ley;
II. Otorgar poderes a nombre de la Comisión para actos de dominio, de administración, pleitos y
cobranzas y para ser representada ante cualquier autoridad administrativa o judicial, ante
tribunales laborales o ante particulares; así como acordar la delegación de las facultades que
correspondan, en los términos que establezca el estatuto orgánico. Tratándose de actos de
dominio sobre inmuebles destinados a la Comisión o para otorgar poderes para dichos efectos,
se requerirá la autorización previa del Pleno. El Presidente estará facultado para promover,
previa aprobación del Pleno, controversias constitucionales en términos de lo previsto por el
inciso l), de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
III. Dirigir y administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión e informar al
Pleno sobre la marcha de la administración en los términos que determine el estatuto orgánico;
IV. Participar con la representación de la Comisión en foros, reuniones, eventos, convenciones y
congresos que se lleven a cabo con organismos nacionales, cuando se refieran a temas en el
ámbito de competencia de la Comisión, de conformidad con lo establecido en esta Ley o
designar representantes para tales efectos, manteniendo informado al Pleno sobre dichas
actividades;
V. Convocar y conducir las sesiones del Pleno;
VI. Ejecutar los acuerdos y resoluciones adoptados por el Pleno;
VII. Dar cuenta al Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y a la Cámara de Diputados, de las vacantes que se produzcan en
el Pleno o en el Órgano Interno de Control, según corresponda, a efectos de su nombramiento;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
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VIII. Proponer anualmente al Pleno el anteproyecto de presupuesto de la Comisión para su
aprobación y remitirlo, una vez aprobado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su
inclusión en el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la federación;
IX. Presentar para aprobación del Pleno, dentro del mes de enero de cada año, el proyecto del
programa anual de trabajo de la Comisión y trimestralmente los proyectos de informes de
actividades;
X. Recibir del titular del Órgano Interno de Control los informes de las revisiones y auditorías que
se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la Comisión y
hacerlos del conocimiento del Pleno;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
XI. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia de la Comisión, y
XII. Las demás que le confieran esta Ley, el estatuto orgánico, el Pleno y las demás disposiciones
aplicables.
Artículo 21. Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo que
ejercieron su función, los Comisionados no podrán desempeñarse como consejeros, administradores,
directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados, de un Agente
Económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos previstos en esta Ley durante el
desempeño de su cargo.
Sección III
De las Causas de Remoción
Artículo 22. Los Comisionados serán sujetos de juicio político en términos del Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Título Segundo de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 23. El Senado de la República podrá remover a los Comisionados de su encargo, por las
siguientes causas graves:
I. El desempeño de algún empleo, cargo o comisión, distinto de los propios de su cargo como
Comisionado y con excepción de los cargos docentes;
II. Tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los Agentes
Económicos fuera de los casos previstos en esta Ley;
III. Participar en actos de campaña de partidos políticos en representación de la Comisión;
IV. Incumplir los acuerdos definitivos del Pleno;
V. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la Información Confidencial o Reservada de que
disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información en contravención
a la Ley;
VI. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su
competencia dentro los plazos previstos en esta Ley;
VII. Someter a sabiendas, a la consideración del Pleno, información falsa o alterada con el objeto de
influir en su decisión, y
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VIII. No excusarse de conocer y votar los asuntos en que tenga algún interés directo o indirecto.
El Órgano Interno de Control, cuando tenga conocimiento de los hechos que actualicen alguna de las
causas de procedencia de la remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará
inmediatamente y sin demora a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Párrafo reformado DOF 27-01-2017
En estos casos, la Cámara de Senadores resolverá sobre la remoción, conforme al siguiente
procedimiento:
a) La Cámara de Senadores acordará la creación de una Comisión Especial que fungirá como
instructora en el procedimiento;
b) La Comisión Especial citará al Comisionado sujeto al proceso de remoción a una audiencia,
notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los
hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de esta
Ley y demás disposiciones aplicables. En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora
en que tendrá verificativo la audiencia; los actos u omisiones que se le imputen, y el derecho de
éste a comparecer asistido de un defensor. La notificación a que se refiere este inciso se
practicará de manera personal. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar
un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días;
c) Concluida la audiencia, se concederá al Comisionado sujeto al proceso de remoción un plazo
de diez días para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan
relación con los hechos que se le atribuyen, y
d) Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Comisión Especial dentro de los cuarenta y
cinco días siguientes someterá el dictamen con proyecto de resolución al Pleno de la Cámara
de Senadores.
La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión. La
Mesa Directiva será la encargada de notificar la resolución correspondiente y ejecutar la remoción, sin
perjuicio de cualquier otra sanción a que hubiere lugar de conformidad con la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Sección IV
De las Prohibiciones
Artículo 24. Los Comisionados estarán impedidos y deberán excusarse inmediatamente de conocer
asuntos en los que existan una o varias situaciones que razonablemente le impidan resolver un asunto de
su competencia con plena independencia, profesionalismo e imparcialidad. Para efectos de lo anterior,
los Comisionados estarán impedidos para conocer de un asunto en el que tengan interés directo o
indirecto.
Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando un Comisionado:
I. Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad
hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los
interesados o sus representantes;
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II. Tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto, incluyendo aquellos de los que
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes en los grados que expresa la
fracción I de este artículo;
III. Él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin limitación de grado, sea heredero,
legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados o sus representantes, si aquéllos han
aceptado la herencia, el legado o la donación;
IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trate, o haya
gestionado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, y
V. Haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de que el Pleno resuelva el
asunto.
Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para conocer asuntos que se tramiten ante la
Comisión las enumeradas en este artículo. Bajo ninguna circunstancia podrá decretarse la recusación por
la expresión de una opinión técnica, ni por explicar públicamente la fundamentación y motivación de una
resolución dictada por la Comisión o por haber emitido un voto particular.
Los Comisionados deberán excusarse del conocimiento de los asuntos en que se presente alguno de
los impedimentos señalados en este artículo en cuanto tengan conocimiento de su impedimento,
expresando concretamente la causa del impedimento en que se funde, en cuyo caso el Pleno calificará la
excusa, sin necesidad de dar intervención a los Agentes Económicos con interés en el asunto.
Artículo 25. Fuera de las audiencias previstas en los procedimientos establecidos en esta Ley, los
Comisionados podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de
los Agentes Económicos, únicamente mediante entrevista.
Para tal efecto, deberá convocarse a todos los Comisionados, pero la entrevista podrá celebrarse con
la presencia de uno solo de ellos.
De cada entrevista se llevará un registro que al menos deberá contener el lugar, la fecha, la hora de
inicio y la hora de conclusión de la entrevista; los nombres completos de todas las personas que
estuvieron presentes en la misma y los temas tratados.
Esta información deberá publicarse en el sitio de Internet de la Comisión.
Las entrevistas serán grabadas y almacenadas en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología, manteniéndose como información reservada, salvo para las otras partes en el procedimiento
en forma de juicio, los demás Comisionados, el titular del Órgano Interno de Control y el Senado de la
República en caso de que esté sustanciando un procedimiento de remoción de un Comisionado. La
grabación de cada entrevista deberá estar a disposición de los demás Comisionados.
Párrafo reformado DOF 27-01-2017
Los Comisionados no podrán ser recusados por las manifestaciones que realicen durante las
entrevistas, salvo que de éstas se advierta que se vulnera el principio de imparcialidad. En su caso, la
recusación deberá ser calificada por el Pleno.
Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio de la participación de los Comisionados en foros y
eventos públicos.
El Pleno emitirá las demás reglas de contacto aplicables a la Autoridad Investigadora en el estatuto
orgánico.
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TÍTULO III
DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA
Capítulo I
De su Integración y Funcionamiento
Artículo 26. La Autoridad Investigadora es el órgano de la Comisión encargado de desahogar la
etapa de investigación y es parte en el procedimiento seguido en forma de juicio. En el ejercicio de sus
atribuciones, la Autoridad Investigadora estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir
sobre su funcionamiento y resoluciones.
Artículo 27. La Autoridad Investigadora tendrá un titular que la representará y contará con la
estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto, mismos que
estarán sujetos a lo que se establezca en el estatuto orgánico de la Comisión.
Capítulo II
De sus Atribuciones
Artículo 28. La Autoridad Investigadora tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recibir y, en su caso, dar trámite o desechar por notoriamente improcedentes las denuncias
que se presenten ante la Comisión por probables violaciones a esta Ley;
II. Conducir las investigaciones sobre probables violaciones a esta Ley, para lo cual podrá requerir
informes y documentos necesarios, citar a declarar a quienes tengan relación con los asuntos y,
en su caso, realizar visitas de verificación;
III. Solicitar a cualquier Autoridad Pública o autoridad en el extranjero la información y
documentación que requiera para indagar sobre posibles violaciones a esta Ley;
IV. Expedir copias certificadas o realizar cotejos de documentos o información para integrarlos a
los expedientes;
V. Proporcionar la información que le sea requerida por cualquier autoridad administrativa o
judicial, así como por el Pleno, en este último caso salvo que se trate de investigaciones en
curso;
VI. Emitir el dictamen de probable responsabilidad y ejercer las acciones y desahogar los
requerimientos que a ésta correspondan en las etapas de ese procedimiento;
VII. Presentar denuncias y querellas ante la Fiscalía General de la República respecto de probables
conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica y, en su caso,
ser coadyuvante en el curso de las investigaciones que deriven de las citadas denuncias o
querellas;
Fracción reformada DOF 20-05-2021
VIII. Procurar la aplicación y cumplimiento de esta Ley, sus Disposiciones Regulatorias y el estatuto
orgánico de la Comisión;
IX. Recabar declaraciones de testigos o de Agentes Económicos, y demás medios de convicción
necesarios, para lo cual podrá solicitar el auxilio de las Autoridades Públicas;
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X. Coadyuvar con el Pleno en la elaboración de Disposiciones Regulatorias, así como los
proyectos de directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos a que se refiere la fracción XXII
del artículo 12 de esta Ley, y
XI. Ejercer las demás atribuciones que se establezcan en la presente Ley, en las Disposiciones
Regulatorias y en el estatuto orgánico de la Comisión.
Artículo 29. Para el desempeño de sus funciones, la Autoridad Investigadora podrá aplicar las
medidas de apremio establecidas en esta Ley.
Capítulo III
De su Designación y Remoción
Artículo 30. El titular de la Autoridad Investigadora será designado y removido por el Pleno de la
Comisión por mayoría calificada de cinco Comisionados.
Artículo 31. El titular de la Autoridad Investigadora durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser
reelecto por una sola vez, previa evaluación objetiva de su desempeño.
Para ser titular de la Autoridad Investigadora se deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación;
III. Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima de diez años,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de
prisión por más de un año;
V. Contar con al menos tres años de experiencia en el servicio público;
VI. Acreditar en los términos del artículo 30 de esta Ley, los conocimientos técnicos necesarios
para el ejercicio del cargo;
VII. No haber ocupado ningún empleo, cargo o función directiva o haber representado de cualquier
forma los intereses de algún Agente Económico que haya estado sujeto a alguno de los
procedimientos previstos en esta Ley durante los tres años previos a su nombramiento.
Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo en que haya ejercido
su función, el titular de la Autoridad Investigadora no podrá desempeñarse como consejero,
administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado, de un Agente
Económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos a su cargo durante el desempeño de
su responsabilidad.
El incumplimiento a esta disposición se sancionará en términos del artículo 8 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 32. El titular de la autoridad investigadora podrá ser removido del cargo por el Pleno por
mayoría calificada de cinco votos, por las siguientes causas:
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I. Incumplir las resoluciones definitivas del Pleno;
II. Abstenerse de resolver sin causa justificada, los asuntos de su competencia dentro de los
plazos previstos en esta Ley;
III. Someter a sabiendas, a la consideración del Pleno, información falsa o alterada, y
IV. Incumplir de manera grave o reiterada con las obligaciones propias de su encargo.
Para efectos de éste artículo, se considera como causa grave incumplir sistemáticamente con esta
Ley o procurar beneficios indebidos para sí o para terceros.
Lo anterior con independencia de las responsabilidades a que se refiere el Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 33. En el desempeño de su encargo, el titular de la Autoridad Investigadora será
independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus
actuaciones, sujetándose a los principios de legalidad, objetividad, certeza, honestidad, exhaustividad y
transparencia, así como a las reglas de contacto que se establezcan en el estatuto orgánico.
Capítulo IV
De la Responsabilidad del Titular de la Autoridad Investigadora
Artículo 34. Cuando las quejas o denuncias se presenten en contra del titular de la Autoridad
Investigadora, el Órgano Interno de Control resolverá lo conducente únicamente cuando el trámite de los
casos a los que se refieran las denuncias haya finalizado.
Artículo reformado DOF 27-01-2017
Artículo 35. Para efectos de esta Ley, además de los supuestos establecidos en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el titular de la Autoridad Investigadora
podrá ser destituido del cargo por las siguientes causas de responsabilidad administrativa:
I. Participar en actos de campaña de partidos políticos en representación de la Comisión;
II. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la Información Confidencial de que disponga en razón
de su cargo;
III. Someter a sabiendas, a la consideración del Pleno, información falsa o alterada, y
IV. Contravenir, a sabiendas, las disposiciones del Pleno sobre las reglas de contacto.
Capítulo V
De las Prohibiciones
Artículo 36. El titular de la Autoridad Investigadora se abstendrá de desempeñar cualquier otro
empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estará
impedido y deberá excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que exista una o varias
situaciones que razonablemente le impidan resolver un asunto de su competencia con plena
independencia, profesionalismo e imparcialidad.
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Para efectos de lo anterior, el titular de la Autoridad Investigadora estará impedido para conocer de un
asunto cuando se actualice alguno de los casos de impedimento previstos para los Comisionados en esta
Ley.
En caso de impedimento del titular de la Autoridad Investigadora para conocer de un asunto, dicho
titular será suplido por el servidor público que señale el estatuto orgánico de la Comisión.
TÍTULO IV
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONÓMICA
Denominación del Título reformada DOF 27-01-2017
Capítulo I
De su Integración y Funcionamiento
Artículo 37. El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión
para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y
calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores
públicos de la Comisión y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a
las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso,
manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción.
El Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito al mismo, estarán impedidos de
intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones en
materia de libre concurrencia y competencia económica que esta Ley y las demás disposiciones
aplicables confieren a los servidores públicos de la Comisión.
Artículo reformado DOF 27-01-2017
Artículo 38. El Órgano Interno de Control tendrá un titular que lo representará y contará con la
estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto, el que se
determinará en el estatuto orgánico de la Comisión.
Artículo reformado DOF 27-01-2017
Capítulo II
De sus Atribuciones
Artículo 39. El Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones:
Párrafo reformado DOF 27-01-2017
I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
II. Verificar que el ejercicio de gasto de la Comisión se realice conforme a la normatividad
aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;
III. Se deroga.
Fracción derogada DOF 27-01-2017
IV. Presentar al Pleno de la Comisión los informes de las revisiones y auditorías que se realicen
para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la Comisión;
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V. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Comisión, se hagan con apego a
las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las
desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;
VI. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se
deriven de los resultados de las auditorías;
VII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y
recursos de la Comisión;
VIII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados
y los relativos a procesos concluidos, empleando la metodología que determine el Órgano
Interno de Control;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
IX. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza
administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la Comisión, empleando la
metodología que determine;
X. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
XI. Se deroga
Fracción derogada DOF 27-01-2017
XII. Se deroga
Fracción derogada DOF 27-01-2017
XIII. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos de la Comisión para el
cumplimento de sus funciones;
XIV. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que
se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
XV. Se deroga.
Fracción derogada DOF 27-01-2017
XVI. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Comisión de
mandos medios y superiores, en los términos de la normativa aplicable;
XVII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de los que el
Órgano Interno de Control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
XVIII. Se deroga.
Fracción derogada DOF 27-01-2017
XIX. Se deroga
Fracción derogada DOF 27-01-2017
XX. Se deroga
Fracción derogada DOF 27-01-2017
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XXI. Se deroga
Fracción derogada DOF 27-01-2017
XXII. Atender las solicitudes de los diferentes órganos de la Comisión en los asuntos de su
competencia;
XXIII. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal y/o
recursos;
XXIV. Formular el anteproyecto de presupuesto del Órgano Interno de Control;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
XXV. Presentar al Pleno de la Comisión los informes previo y anual de resultados de su gestión, y
comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera el Comisionado Presidente;
XXVI. Presentar al Pleno de la Comisión los informes respecto de los expedientes relativos a las
faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de
responsabilidades administrativas, y
Fracción reformada DOF 27-01-2017
XXVII. Las demás que le confieran otros ordenamientos.
Capítulo III
De su Designación
Artículo 40. El titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo reformado DOF 27-01-2017
Artículo 41. El titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los siguientes requisitos:
Párrafo reformado DOF 27-01-2017
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta y
cinco años cumplidos el día de la designación;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de
prisión por más de un año;
III. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco años en el
control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad
gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y
servicios del sector público;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional
relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
V. Contar con reconocida solvencia moral;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
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VI. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos
de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Comisión, o haber fungido
como consultor o auditor externo de la Comisión en lo individual durante ese periodo o haber
prestado los servicios referidos a un agente regulado por la legislación correspondiente a la
Comisión;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
VII. No haber ocupado ningún cargo directivo o haber representado de cualquier forma los intereses
regulados por la legislación correspondiente a la Comisión, durante los cuatro años previos a su
nombramiento;
Fracción reformada DOF 27-01-2017
VIII. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y
Fracción adicionada DOF 27-01-2017
IX. No haber sido Secretario de Estado, Procurador o Fiscal General de la República o de Justicia
de alguna de las entidades federativas, Oficial Mayor de un ente público, Senador, Diputado
Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dirigente,
miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de
algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años
anteriores a la propia designación.
Fracción adicionada DOF 27-01-2017. Reformada DOF 20-05-2021
Artículo 42. El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo cuatro años y podrá ser
designado por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación y
cumpliendo los requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tendrá un nivel jerárquico igual al de un Director General o su equivalente en la estructura orgánica
de la Comisión, y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad de Fiscalización Superior
de la Federación a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Concluido su encargo, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo en que haya ejercido
su función, el titular del Órgano Interno de Control no podrá desempeñarse como consejero,
administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado de un Agente
Económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos sancionatorios previstos en esta Ley
en el tiempo en que duró su encargo.
El titular del Órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de actividades a la
Comisión, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados.
Artículo reformado DOF 27-01-2017
Artículo 43. En el desempeño de su cargo, el titular del Órgano Interno de Control se sujetará a los
principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo reformado DOF 27-01-2017
Capítulo IV
De la Responsabilidad del Titular del Órgano Interno de Control
Denominación del Capítulo reformada DOF 27-01-2017
Artículo 44. El titular del Órgano Interno de Control de la Comisión será sujeto de responsabilidad en
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y podrá ser sancionado de
conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable.
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Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de la Comisión,
serán sancionados por el titular del Órgano Interno de Control o el servidor público en quien delegue la
facultad, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo reformado DOF 27-01-2017
Artículo 45. El titular del Órgano Interno de Control deberá inscribir y mantener actualizada la
información correspondiente del Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal; de todos los servidores públicos de la Comisión, de
conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Artículo reformado DOF 27-01-2017
Capítulo V
De las Prohibiciones
Artículo 46. El titular del Órgano Interno de Control se abstendrá de desempeñar cualquier otro
empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes.
Para efectos de lo anterior, el titular del Órgano Interno de Control estará impedido para conocer de
un asunto cuando se actualice alguno de los casos de impedimento previstos en esta Ley para los
Comisionados.
En caso de impedimento del titular del Órgano Interno de Control para conocer de un asunto, dicho
titular será suplido por el servidor público con el segundo nivel de mayor jerarquía del Órgano Interno de
Control, de conformidad con lo establecido en el estatuto orgánico de la Comisión.
Artículo reformado DOF 27-01-2017
TÍTULO V
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
Capítulo I
Del Presupuesto
Artículo 47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Comisión se sujetará para su tratamiento presupuestario a lo siguiente:
I. Aprobará su proyecto de presupuesto y deberá enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación,
observando los criterios generales de política económica;
II. Ejercerá su presupuesto observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Dicho ejercicio deberá
realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, y estará sujeto a la
evaluación y control de los órganos correspondientes;
III. Autorizará las adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebasen el techo global de su presupuesto
aprobado;
IV. Realizará sus propios pagos;
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V. Determinará los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de disminución de
ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y
VI. Llevará la contabilidad y elaborará sus informes conforme a lo previsto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y deberá enviarlos a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública.
La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirle a la Comisión el
ejercicio eficaz y oportuno de sus atribuciones.
Capítulo II
Del Patrimonio
Artículo 48. El patrimonio de la Comisión se integra con:
I. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo
los que la Federación haya destinado para tal fin o para su uso exclusivo;
II. Los recursos que anualmente apruebe para la Comisión la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación;
III. Las donaciones que reciba para el cumplimiento de su objeto, y
IV. Los ingresos que reciba por cualquier otro concepto.
La Comisión no podrá tener más bienes inmuebles que los estrictamente necesarios para cumplir con
su objeto.
Capítulo III
De la Transparencia y Rendición de Cuentas
Artículo 49. La Comisión deberá publicar la versión estenográfica de sus sesiones, y los acuerdos y
resoluciones del pleno en su sitio de internet y, en el Diario Oficial de la Federación cuando así lo
determine esta Ley, preservando en todo caso la secrecía de las investigaciones y procedimientos, la
Información Confidencial y la Información Reservada.
El Comisionado Presidente deberá comparecer anualmente ante la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, deberá presentar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo
Federal el programa anual de trabajo y un informe trimestral de los avances de las actividades de la
Comisión que deberán entregarse dentro de los treinta días naturales después de terminado el trimestre
de que se trate. El programa anual de trabajo y el informe trimestral de actividades deberán hacer
referencia, cuando menos, a los siguientes elementos:
I. Análisis de la administración de la Comisión, señalando su visión, misión y objetivos, y
considerando aspectos del desempeño, rendimiento y eficiencia de su actuación, de los retos
que enfrenta la Comisión, su situación financiera en general, la aplicación de controles y
medidas internas y cumplimiento de las Disposiciones Regulatorias y de su estatuto orgánico;
II. Desempeño de la Comisión en relación con sus objetivos y metas estratégicas, incluyendo una
explicación de la forma en que los datos presentados son verificados y validados, así como los
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estudios independientes que evalúen el desempeño de la Comisión, y el avance en el
cumplimiento de su programa anual de trabajo;
III. Un resumen de las opiniones emitidas por la Comisión, así como de las consultas planteadas
ante ésta;
IV. Reporte del gasto correspondiente al ejercicio inmediato anterior, incluyendo las observaciones
relevantes que, en su caso, haya formulado el Órgano Interno de Control, y
Fracción reformada DOF 27-01-2017
V. Reporte, resumen, justificación y efectos de los procedimientos y resoluciones emitidas de
conformidad con el artículo 94 de esta Ley.
El programa anual de trabajo a que hace referencia este artículo deberá presentarse a más tardar el
31 de enero de cada año.
La Comisión deberá hacer del conocimiento público su programa anual de trabajo y su informe
trimestral de los avances de sus actividades, sujetándose a lo establecido en las Disposiciones
Regulatorias.
Lo dispuesto en este artículo se realizará sin perjuicio de los datos e informes que la Comisión deba
rendir en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables.
Capítulo IV
Del Régimen Laboral
Artículo 50. El personal que preste sus servicios en la Comisión se regirá por las disposiciones del
Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Todos los servidores públicos que integran la plantilla laboral de la Comisión, serán considerados
trabajadores de confianza debido a la naturaleza de las funciones que ésta desempeña.
Capítulo V
Del Régimen de Responsabilidades
Artículo 51. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Comisión, estará sujeto al régimen de responsabilidades del Título Cuarto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y será sujeto a las sanciones establecidas en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Los servidores públicos de la Comisión estarán sujetos a las reglas de contacto que determine la
Comisión en su estatuto orgánico.
LIBRO SEGUNDO
DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
TÍTULO ÚNICO
DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
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Capítulo I
De la Prohibición de Conductas Anticompetitivas
Artículo 52. Están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y
las barreras que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma
la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o
comercialización de bienes o servicios.
Capítulo II
De las Prácticas Monopólicas Absolutas
Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos,
convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o
efecto sea cualquiera de las siguientes:
I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son
ofrecidos o demandados en los mercados;
II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino
solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un
número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;
III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o
determinables;
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos,
subastas o almonedas, y
V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores
fracciones.
Las prácticas monopólicas absolutas serán nulas de pleno derecho, y en consecuencia, no producirán
efecto jurídico alguno y los Agentes Económicos que incurran en ellas se harán acreedores a las
sanciones establecidas en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su caso,
pudiere resultar.
Capítulo III
De las Prácticas Monopólicas Relativas
Artículo 54. Se consideran prácticas monopólicas relativas, las consistentes en cualquier acto,
contrato, convenio, procedimiento o combinación que:
I. Encuadre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 56 de esta Ley;
II. Lleve a cabo uno o más Agentes Económicos que individual o conjuntamente tengan poder
sustancial en el mismo mercado relevante en que se realiza la práctica, y
III. Tenga o pueda tener como objeto o efecto, en el mercado relevante o en algún mercado
relacionado, desplazar indebidamente a otros Agentes Económicos, impedirles sustancialmente
su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios Agentes Económicos.
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Artículo 55. Las prácticas serán ilícitas y se sancionarán si son demostrados los supuestos de las
fracciones anteriores, salvo que el Agente Económico demuestre que generan ganancias en eficiencia e
inciden favorablemente en el proceso de competencia económica y libre concurrencia superando sus
posibles efectos anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar del consumidor. Entre las
ganancias en eficiencia se podrán incluir alguna de las siguientes:
a) La introducción de bienes o servicios nuevos;
b) El aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos;
c) Las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos de
producción, de la integración de activos, de los incrementos en la escala de la producción y de
la producción de bienes o servicios diferentes con los mismos factores de producción;
d) La introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o mejorados;
e) La combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación que mejoren la calidad o
amplíen los atributos de los bienes o servicios;
f) Las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio que impacten
favorablemente en la cadena de distribución, y
g) Las demás que demuestren que las aportaciones netas al bienestar del consumidor derivadas
de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos.
Artículo 56. Los supuestos a los que se refiere la fracción I del artículo 54 de esta Ley, consisten en
cualquiera de los siguientes:
I. Entre Agentes Económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o
establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón
de sujeto, situación geográfica o por períodos determinados, incluidas la división, distribución o
asignación de clientes o proveedores; así como la imposición de la obligación de no fabricar o
distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o determinable;
II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor deba observar al
prestar, comercializar o distribuir bienes o servicios;
III. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o
servicio, normalmente distinto o distinguible o sobre bases de reciprocidad;
IV. La venta, compra o transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender, comercializar
o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados
por un tercero;
V. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas
determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros;
VI. La concertación entre varios Agentes Económicos o la invitación a éstos para ejercer presión
contra algún Agente Económico o para rehusarse a vender, comercializar o adquirir bienes o
servicios a dicho Agente Económico, con el propósito de disuadirlo de una determinada
conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado;
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VII. La venta por debajo de su costo medio variable o la venta por debajo de su costo medio total,
pero por arriba de su costo medio variable, si existen elementos para presumir que le permitirá
al Agente Económico recuperar sus pérdidas mediante incrementos futuros de precios, en los
términos de las Disposiciones Regulatorias;
VIII. El otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios por parte de productores o proveedores
a los compradores con el requisito de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los
bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, o la
compra o transacción sujeta al requisito de no vender, comercializar o proporcionar a un tercero
los bienes o servicios objeto de la venta o transacción;
IX. El uso de las ganancias que un Agente Económico obtenga de la venta, comercialización o
prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de la venta,
comercialización o prestación de otro bien o servicio;
X. El establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes
compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes;
XI. La acción de uno o varios Agentes Económicos cuyo objeto o efecto, directo o indirecto, sea
incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan
otro u otros Agentes Económicos;
XII. La denegación, restricción de acceso o acceso en términos y condiciones discriminatorias a un
insumo esencial por parte de uno o varios Agentes Económicos, y
XIII. El estrechamiento de márgenes, consistente en reducir el margen existente entre el precio de
acceso a un insumo esencial provisto por uno o varios agentes económicos y el precio del bien
o servicio ofrecido al consumidor final por esos mismos agentes económicos, utilizando para su
producción el mismo insumo.
Para efectos de investigar y en su caso sancionar las prácticas a que se refieren las fracciones XII y
XIII de este artículo, la Comisión podrá determinar la existencia de insumos esenciales sin acudir al
procedimiento previsto en el artículo 94 de esta Ley.
Capítulo IV
De la Prohibición de Barreras a la Libre Concurrencia y la Competencia Económica
Artículo 57. La Comisión proveerá lo conducente para prevenir y eliminar las barreras a la libre
concurrencia y la competencia económica, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos
anticompetitivos, a través de los procedimientos previstos en esta Ley.
Capítulo V
De la Determinación del Mercado Relevante, del Poder Sustancial y del Insumo Esencial
Sección I
De la Determinación del Mercado Relevante
Artículo 58. Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes
criterios:
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I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen
nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los
consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;
II. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y
de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros,
aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes
económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde
esas regiones;
III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros
mercados;
IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de
usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a
clientes alternativos;
V. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios
técnicos que para tal efecto emita la Comisión.
Sección II
De la Determinación del Poder Sustancial
Artículo 59. Para determinar si uno o varios Agentes Económicos tienen poder sustancial en el
mercado relevante, o bien, para resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva,
existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de
competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u otras Leyes, reglamentos o disposiciones
administrativas, deberán considerarse los siguientes elementos:
I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado
relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente,
contrarrestar dicho poder.
Para determinar la participación de mercado, la Comisión podrá tener en cuenta indicadores de
ventas, número de clientes, capacidad productiva, así como cualquier otro factor que considere
pertinente;
II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto
dichas barreras como la oferta de otros competidores;
III. La existencia y poder de sus competidores;
IV. Las posibilidades de acceso del o de los Agentes Económicos y sus competidores a fuentes de
insumos;
V. El comportamiento reciente del o los Agentes Económicos que participan en dicho mercado, y
VI. Los demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias, así como los criterios
técnicos que para tal efecto emita la Comisión.
Sección III
De la Determinación del Insumo Esencial
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Artículo 60. Para determinar la existencia de insumo esencial, la Comisión deberá considerar:
I. Si el insumo es controlado por uno, o varios Agentes Económicos con poder sustancial o que
hayan sido determinados como preponderantes por el Instituto Federal de Telecomunicaciones;
II. Si no es viable la reproducción del insumo desde un punto de vista técnico, legal o económico
por otro Agente Económico;
III. Si el insumo resulta indispensable para la provisión de bienes o servicios en uno o más
mercados, y no tiene sustitutos cercanos;
IV. Las circunstancias bajo las cuales el Agente Económico llegó a controlar el insumo, y
V. Los demás criterios que, en su caso, se establezcan en las Disposiciones Regulatorias.
Capítulo VI
De las Concentraciones
Sección I
De la Definición de Concentración
Artículo 61. Para los efectos de esta Ley, se entiende por concentración la fusión, adquisición del
control o cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales,
fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera
otros agentes económicos. La Comisión no autorizará o en su caso investigará y sancionará aquellas
concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre
concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.
Sección II.
De las Concentraciones Ilícitas
Artículo 62. Se consideran ilícitas aquellas concentraciones que tengan por objeto o efecto
obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia o la competencia económica.
Sección III
De la Evaluación de las Concentraciones
Artículo 63. Para determinar si la concentración no debe ser autorizada o debe ser sancionada en los
términos de esta Ley, se considerarán los siguientes elementos:
I. El mercado relevante, en los términos prescritos en esta Ley;
II. La identificación de los principales agentes económicos que abastecen el mercado de que se
trate, el análisis de su poder en el mercado relevante, de acuerdo con esta Ley, el grado de
concentración en dicho mercado;
III. Los efectos de la concentración en el mercado relevante con respecto a los demás
competidores y demandantes del bien o servicio, así como en otros mercados y agentes
económicos relacionados;
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IV. La participación de los involucrados en la concentración en otros agentes económicos y la
participación de otros agentes económicos en los involucrados en la concentración, siempre
que dichos agentes económicos participen directa o indirectamente en el mercado relevante o
en mercados relacionados. Cuando no sea posible identificar dicha participación, esta
circunstancia deberá quedar plenamente justificada;
V. Los elementos que aporten los agentes económicos para acreditar la mayor eficiencia del
mercado que se lograría derivada de la concentración y que incidirá favorablemente en el
proceso de competencia y libre concurrencia, y
VI. Los demás criterios e instrumentos analíticos que se establezcan en las Disposiciones
Regulatorias y los criterios técnicos.
Artículo 64. La Comisión considerará como indicios de una concentración ilícita, que la concentración
o tentativa de la misma:
I. Confiera o pueda conferir al fusionante, al adquirente o Agente Económico resultante de la
concentración, poder sustancial en los términos de esta Ley, o incremente o pueda incrementar
dicho poder sustancial, con lo cual se pueda obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre
concurrencia y la competencia económica;
II. Tenga o pueda tener por objeto o efecto establecer barreras a la entrada, impedir a terceros el
acceso al mercado relevante, a mercados relacionados o a insumos esenciales, o desplazar a
otros Agentes Económicos, o
III. Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en dicha concentración el
ejercicio de conductas prohibidas por esta Ley, y particularmente, de las prácticas monopólicas.
Sección IV
De las Concentraciones que No Pueden ser Investigadas
Artículo 65. No podrán ser investigadas con fundamento en esta Ley, las concentraciones que hayan
obtenido resolución favorable por parte de la Comisión, excepto cuando dicha resolución se haya
obtenido con base en información falsa o bien cuando la resolución haya quedado sujeta a condiciones
posteriores y las mismas no se hayan cumplido en el plazo establecido para tal efecto.
Tampoco podrán ser investigadas las concentraciones que no requieran ser previamente notificadas a
la Comisión, una vez transcurrido un año de su realización.
LIBRO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
TÍTULO I
DE LA INVESTIGACIÓN
Capítulo Único
De la Investigación
Sección I
Del Inicio de la Investigación
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Artículo 66. La investigación de la Comisión iniciará de oficio, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por
sí o por conducto de la Secretaría, de la Procuraduría o a petición de parte y estará a cargo de la
Autoridad Investigadora.
Las solicitudes de investigación presentadas por el Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la
Secretaría o la Procuraduría tendrán carácter preferente.
Artículo 67. Cualquier persona en el caso de violaciones a esta Ley en materia de prácticas
monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas, podrá denunciarlas
ante la Autoridad Investigadora.
Artículo 68. El escrito de denuncia debe contener al menos:
I. Nombre, denominación o razón social del denunciante;
II. Nombre del representante legal en su caso, y documento idóneo con el que acredite su
personalidad; domicilio para oír y recibir notificaciones, y personas autorizadas, así como
teléfonos, correo electrónico u otros datos que permitan su pronta localización;
III. Nombre, denominación o razón social y, en caso de conocerlo, el domicilio del denunciado;
IV. Descripción sucinta de los hechos que motivan la denuncia;
V. En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones ilícitas, descripción de los
principales bienes o servicios involucrados, precisando su uso en el mercado y, en caso de
conocerlo, la lista de los bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados
del denunciado y de los principales Agentes Económicos que los procesen, produzcan,
distribuyan o comercialicen en el territorio nacional;
VI. Listado de los documentos y los medios de convicción que acompañen a su denuncia,
relacionados de manera precisa con los hechos denunciados, y
VII. Los demás elementos que el denunciante estime pertinentes y, en caso de no tenerlos a su
disposición, indicar el lugar o archivo en el que se encuentren, para que se provea lo
conducente durante la investigación.
Artículo 69. La Autoridad Investigadora analizará las denuncias presentadas y dentro de los quince
días siguientes a aquél en que las reciba, por conducto de la oficialía de partes, deberá dictar un acuerdo
que:
I. Ordene el inicio de la investigación;
II. Deseche la denuncia, parcial o totalmente por ser notoriamente improcedente, o
III. Prevenga por única ocasión al denunciante, cuando en su escrito de denuncia se omitan los
requisitos previstos en esta Ley o en las Disposiciones Regulatorias, para que la aclare o
complete dentro de un plazo no mayor a quince días, mismo que la Autoridad Investigadora
podrá ampliar por un término igual, en casos debidamente justificados. Desahogada la
prevención, se deberá dictar dentro de los quince días siguientes, el acuerdo que corresponda.
Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención o sin que se cumplan con los
requisitos señalados en esta Ley para el escrito de denuncia, se tendrá por no presentada la
denuncia.
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El acuerdo de la Autoridad Investigadora que tenga por no presentada la denuncia se deberá notificar
al denunciante dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya vencido el plazo para el
desahogo de la prevención, sin perjuicio de que el denunciante pueda presentar nuevamente su
denuncia.
Si no se emite acuerdo alguno dentro de los plazos antes señalados, la investigación se entenderá
iniciada. En este caso, la Autoridad Investigadora, a solicitud del denunciante o de oficio, deberá emitir el
acuerdo de admisión.
Artículo 70. La Autoridad Investigadora desechará la denuncia por notoriamente improcedente,
cuando:
I. Los hechos denunciados no constituyan violaciones a esta Ley;
II. Sea notorio que el o los Agentes Económicos involucrados no tienen poder sustancial en el
mercado relevante, en el caso de denuncias por prácticas monopólicas relativas o
concentraciones ilícitas;
III. El Agente Económico denunciado y los hechos y condiciones en el mercado relevante que se
indiquen, hayan sido materia de una resolución previa en términos de los artículos 83, 90 y 92
de esta Ley, excepto en los casos de información falsa o incumplimiento de condiciones
previstas en la propia resolución;
IV. Esté pendiente un procedimiento ante la Comisión referente a los mismos hechos y condiciones
en el mercado relevante, después de realizado el emplazamiento al Agente Económico
probable responsable, y
V. Los hechos denunciados se refieran a una concentración notificada en términos del artículo 86
de esta Ley, que no haya sido resuelta por la Comisión. Sin embargo, los Agentes Económicos
pueden coadyuvar con la Comisión al presentar datos y documentos que consideren
pertinentes para que éstos sean tomados en consideración al emitir su resolución. El
denunciante no tendrá acceso a la documentación relativa a dicha concentración ni puede
impugnar el procedimiento, sin embargo, se le debe notificar el acuerdo que tenga por glosada
la información al expediente de concentración.
Sección II
Del Desahogo de la Investigación
Artículo 71. Para iniciar una investigación por prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas se
requerirá de una causa objetiva.
Es causa objetiva cualquier indicio de la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones
ilícitas.
El periodo de investigación comenzará a contar a partir de la emisión del acuerdo de inicio respectivo
y no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días.
Este periodo podrá ser ampliado hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta ciento veinte días,
cuando existan causas debidamente justificadas para ello a juicio de la Autoridad Investigadora.
Artículo 72. La Autoridad Investigadora podrá ordenar la acumulación de expedientes que se
encuentren relacionados por razón de la materia. De igual forma, podrá ordenar la apertura de nuevas
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investigaciones por hechos diversos y autónomos a los inicialmente investigados, según resulte más
adecuado para la pronta y expedita tramitación de las investigaciones.
Artículo 73. La Autoridad Investigadora podrá requerir de cualquier persona los informes y
documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones, debiendo señalar el carácter del
requerido como denunciado o tercero coadyuvante, citar a declarar a quienes tengan relación con los
hechos de que se trate, así como ordenar y practicar visitas de verificación, en donde se presuma que
existen elementos para la debida integración de la investigación.
Las personas y las Autoridades Públicas tendrán un plazo de diez días para presentar los informes y
documentos requeridos por la Autoridad Investigadora, que a petición de las personas y las Autoridades
Públicas requeridas, podrá ampliarse por una sola ocasión hasta por diez días más, si así lo amerita la
complejidad o volumen de la información requerida.
Artículo 74. Las Autoridades Públicas prestarán, dentro del ámbito de su competencia, el auxilio que
le sea requerido por los servidores públicos de la Autoridad Investigadora para el cumplimiento de sus
atribuciones y aplicación de esta Ley.
Artículo 75. La Autoridad Investigadora por conducto de su titular, podrá ordenar la práctica de visitas
de verificación, las cuales se sujetarán a las reglas siguientes:
I. La Autoridad Investigadora emitirá la orden de visita, la que contendrá el objeto, alcance y
duración a los que deberá limitarse la diligencia; el nombre del visitado; la ubicación del
domicilio o domicilios a visitar; el nombre o nombres del personal autorizado que la practicará
conjunta o separadamente, así como el apercibimiento de que de no permitir el acceso,
obstaculizar el desahogo de la diligencia o negarse a proporcionar la información o documentos
solicitados, se aplicarán las medidas de apremio que establezca la ley;
II. La Autoridad Investigadora realizará las visitas de verificación a fin de obtener datos y
documentos que se relacionen con la investigación.
La práctica de las visitas no podrá exceder de dos meses, que podrá prorrogarse hasta por otro
periodo igual, en caso de que así lo justifique la investigación;
III. Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por el personal autorizado para su
desahogo, previa identificación y exhibición de la orden de visita respectiva a la persona que se
encuentre en el domicilio al momento de la celebración de la visita de verificación.
La autoridad investigadora podrá habilitar días y horas inhábiles para iniciar o continuar una
visita iniciada en días y horas hábiles, en cuyo caso el oficio por el que se haya ordenado la
visita expresará la autorización correspondiente;
IV. El visitado, sus funcionarios, representantes o los encargados de las instalaciones o
establecimientos de los Agentes Económicos visitados estarán obligados a permitir la práctica
de dicha diligencia otorgando las facilidades al personal autorizado por la Autoridad
Investigadora, quienes estarán facultados para:
a) Acceder a cualquier oficina, local, terreno, medio de transporte, computadora, aparato
electrónico, dispositivo de almacenamiento, archiveros o cualquier otro medio que pudiera
contener evidencia de la realización de los actos o hechos materia de la visita;
b) Verificar los libros, documentos, papeles, archivos o información, cualquiera que sea su
soporte material, relativos a la actividad económica del visitado;
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c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros, documentos,
papeles, archivos o información almacenada o generada por medios electrónicos;
d) Asegurar todas los libros, documentos y demás medios del Agente Económico visitado
durante el tiempo y en la medida en que sea necesaria para la práctica de la visita de
verificación, y
e) Solicitar a cualquier funcionario, representante o miembro del personal del Agente
Económico visitado, explicaciones sobre hechos, información o documentos relacionados
con el objeto y la finalidad de la visita de verificación y asentar constancia de sus
respuestas.
La información que la Comisión obtenga de las visitas de verificación sólo podrá ser utilizada
para los efectos de esta Ley.
Para el cumplimiento eficaz de la visita de verificación, la Autoridad Investigadora podrá
autorizar que los servidores públicos que lleven a cabo la visita de verificación puedan solicitar
el auxilio inmediato de la fuerza pública.
En ningún caso la autoridad podrá embargar o secuestrar información del visitado.
El personal autorizado por la Autoridad Investigadora para llevar a cabo las visitas de
verificación, durante el desarrollo de las diligencias, podrá tomar fotografías o video filmaciones
o reproducir por cualquier medio papeles, libros, documentos, archivos e información generada
por cualquier tecnología o soporte material y que tengan relación con la materia del
procedimiento. Las fotografías que se tomen, los videos que se filmen y cualquier otro elemento
de información recabado en términos de este artículo, podrán ser utilizados por la Autoridad
Investigadora como elementos con pleno valor probatorio.
Al precintar y asegurar oficinas, locales, libros, documentos y demás medios del Agente
Económico visitado, los servidores públicos que practiquen la diligencia podrán sellarlos y
marcarlos, así como ordenar que se mantengan en depósito a cargo del visitado o de la
persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto se realice.
Cuando un documento u objeto asegurado conforme al párrafo anterior resulte indispensable
para el desarrollo de las actividades del Agente Económico, se permitirá el uso o extracción del
mismo, previa reproducción de la información que contenga por parte de los servidores públicos
autorizados.
En las visitas de verificación se procurará no afectar la capacidad de producción, distribución y
comercialización de bienes y servicios, a efecto de evitar daños al Agente Económico o al
consumidor.
Si el visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos visitados, no
permitieran el acceso al personal autorizado para practicar visitas de verificación, o no
proporcionaran la información y documentos solicitados o si de cualquier manera hubiera
oposición a la realización de la visita de verificación, dicha circunstancia se hará constar en el
acta respectiva y se presumirán ciertos los hechos que se le imputen al eventual infractor en el
dictamen de probable responsabilidad, sin perjuicio de la aplicación de las medidas de apremio
que se estimen pertinentes y de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir;
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V. El visitado tendrá derecho de hacer observaciones a los servidores públicos autorizados
durante la práctica de la diligencia, mismas que se harán constar en el acta. Asimismo, podrá
ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, hacer uso por escrito de tal
derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado;
VI. De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos
u omisiones que se hubieren conocido por el personal autorizado. El acta se levantará por el
personal autorizado en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se
hubiese entendido la diligencia, o designados por los servidores públicos autorizados que la
practicaron si aquélla se hubiese negado a proponerlos, haciendo constar esta circunstancia.
Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberá
levantar un acta circunstanciada. En este caso, se requerirá la presencia de dos testigos en
cada establecimiento visitado en donde se levante el acta, en términos del párrafo anterior.
En las actas se hará constar:
a) Nombre, denominación o razón social del visitado;
b) Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
c) Calle, número exterior e interior, colonia, población, entidad federativa y código postal en
donde se encuentre ubicado el lugar en el que se practique la visita; y en caso de no ser
posible, asentar los datos que identifiquen el lugar donde se realiza la diligencia;
d) Número y fecha del oficio que ordene la visita de verificación;
e) Objeto de la visita;
f) Nombre y datos de identificación del personal autorizado para el desahogo de la visita de
verificación;
g) Nombre y cargo o empleo de la persona con quien se entendió la diligencia;
h) Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
i) Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de hacer
observaciones a los servidores públicos durante la práctica de la diligencia, inserción de
las declaraciones que en su caso efectúe y de las pruebas que ofrezca;
j) Narración circunstanciada de los hechos relativos a la diligencia y la mención de si se ha
reproducido documentos o información, tomado fotografías, realizado video filmaciones o
recabado otros elementos de prueba durante el desarrollo de la diligencia. En su caso,
dichos elementos se deberán anexar al acta correspondiente;
k) Mención de la oportunidad que se da al visitado para formular aclaraciones u
observaciones al acta levantada dentro del término de cinco días, contados a partir de su
levantamiento, y
l) Nombre y firma de quienes intervienen en la diligencia y, en su caso, la indicación de que
el visitado se negó a firmar el acta;
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VII. Antes de que se realice la visita de verificación o durante su práctica, la Autoridad Investigadora
podrá solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, auxilio en
cuestiones técnicas o específicas para el desahogo de la visita.
Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aun cuando se
hubiese negado a firmarla, circunstancia que no afectará su validez.
Artículo 76. La información y documentos que haya obtenido la Autoridad Investigadora en el
ejercicio de sus atribuciones serán considerados como reservados, confidenciales o públicos en los
términos de esta Ley.
Artículo 77. En cualquier momento la Autoridad Investigadora podrá presentar denuncia o querella
ante la Fiscalía General de la República respecto de probables conductas delictivas en materia de libre
concurrencia y competencia económica y, en su caso, ser coadyuvante en el curso de las investigaciones
que deriven de la citada denuncia o querella.
Párrafo reformado DOF 20-05-2021
Si de la investigación se desprenden medios de convicción que presuman una afectación que provoca
daños y perjuicios a los consumidores, se dará vista del dictamen de probable responsabilidad a la
Procuraduría para los efectos a que haya lugar.
Sección III
De la Conclusión de la Investigación
Artículo 78. Concluida la investigación, la Autoridad Investigadora, en un plazo no mayor de sesenta
días, presentará al Pleno un dictamen que proponga:
I. El inicio del procedimiento en forma de juicio, por existir elementos objetivos que hagan
probable la responsabilidad del o los agentes económicos investigados, o
II. El cierre del expediente en caso de que no se desprendan elementos para iniciar el
procedimiento en forma de juicio.
En el supuesto previsto en la fracción I, el Pleno ordenará al órgano encargado de la instrucción del
procedimiento conforme al estatuto orgánico, el inicio de éste mediante el emplazamiento a los probables
responsables.
En el caso de la fracción II, el Pleno, con base en las constancias que obren en el expediente de
investigación, podrá decretar el cierre del expediente u ordenar el inicio del procedimiento seguido en
forma de juicio en los términos dispuestos en el párrafo anterior, por existir elementos objetivos que
hagan probable la responsabilidad del o los Agentes Económicos investigados.
Artículo 79. El dictamen deberá contener al menos lo siguiente:
I. La identificación del o los Agentes Económicos investigados y, en su caso, del o los probables
responsables;
II. Los hechos investigados y su probable objeto o efecto en el mercado;
III. Las pruebas y demás elementos de convicción que obren en el expediente de investigación y
su análisis, y
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IV. Los elementos que sustenten el sentido del dictamen y, en su caso, las disposiciones legales
que se estimen violadas, así como las consecuencias que pueden derivar de dicha violación.
TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO
Capítulo I
Del Procedimiento
Sección I
Del Emplazamiento
Artículo 80. El procedimiento iniciará con el emplazamiento al o los probables responsables, con el
dictamen de probable responsabilidad a que se refiere el artículo 79 de esta Ley.
Artículo 81. Son partes en el procedimiento seguido en forma de juicio, el Agente Económico en
contra de quien se emita el dictamen de probable responsabilidad y la Autoridad Investigadora.
Artículo 82. Quien haya presentado la denuncia que dio inicio a la investigación será coadyuvante de
la Autoridad Investigadora en el procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos que determine
el estatuto orgánico.
Sección II
Del Desahogo del Procedimiento
Artículo 83. El procedimiento seguido en forma de juicio se tramitará conforme a lo siguiente:
I. Una vez emplazado, el probable responsable tendrá acceso al expediente y un plazo de
cuarenta y cinco días improrrogables para manifestar lo que a su derecho convenga, adjuntar
los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten
algún desahogo.
El emplazado deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el dictamen de
probable responsabilidad. Los hechos respecto de los cuales no haga manifestación alguna se
tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. Lo mismo ocurrirá si no presenta su contestación
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior;
II. Con las manifestaciones del probable responsable, se dará vista a la Autoridad Investigadora
para que, en un plazo máximo de quince días hábiles se pronuncie respecto de los argumentos
y pruebas ofrecidas;
III. Transcurrido el término que establece la fracción anterior, se acordará, en su caso, el
desechamiento o la admisión de pruebas y se fijará el lugar, día y hora para su desahogo. El
desahogo de las pruebas se realizará dentro de un plazo no mayor de veinte días, contado a
partir de su admisión.
Son admisibles todos los medios de prueba, excepto la confesional y la testimonial a cargo de
autoridades. Se desecharán aquéllos que no sean ofrecidos conforme a derecho, no tengan
relación con los hechos materia del procedimiento, así como aquéllas que sean innecesarias o
ilícitas;
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IV. Una vez desahogadas las pruebas y dentro de los diez días siguientes, la Comisión podrá
allegarse y ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer o citar para alegatos, en los
términos de la siguiente fracción;
V. Concluido el desahogo de pruebas para mejor proveer, la Comisión fijará un plazo no mayor a
diez días para que el probable responsable y la Autoridad Investigadora formulen por escrito los
alegatos que correspondan, y
VI. El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los alegatos o al
vencimiento del plazo referido en la fracción anterior. Una vez integrado el expediente, se
turnará por acuerdo del Presidente al Comisionado ponente, de manera rotatoria, siguiendo
rigurosamente el orden de designación de los Comisionados, así como el orden cronológico en
que se integró el expediente, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución
al Pleno para su aprobación o modificación.
En este último caso el Comisionado ponente incorporará al proyecto las modificaciones o
correcciones sugeridas por el Pleno.
Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, el probable
responsable o el denunciante tendrán derecho de solicitar al Pleno una audiencia oral con el
objeto de realizar las manifestaciones que estimen pertinentes.
La Comisión dictará resolución en un plazo que no excederá de cuarenta días.
Sección III
De la Valoración de las Pruebas
Artículo 84. La Comisión goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas, para
determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha
valoración.
La valoración de las pruebas por parte de la Comisión deberá basarse en la apreciación en su
conjunto de los elementos probatorios directos, indirectos e indiciarios que aparezcan en el proceso.
Capítulo II
De la Resolución Definitiva
Artículo 85. La resolución definitiva deberá contener al menos lo siguiente:
I. La apreciación de los medios de convicción conducentes para tener o no por acreditada la
realización de la práctica monopólica o concentración ilícita;
II. En el caso de una práctica monopólica relativa, la determinación de que el o los Agentes
Económicos responsables tienen poder sustancial en términos de esta Ley;
III. La determinación de si se ordena la supresión definitiva de la práctica monopólica o
concentración ilícita o de sus efectos o la determinación de realizar actos o acciones cuya
omisión haya causado la práctica monopólica o concentración ilícita, así como los medios y
plazos para acreditar el cumplimiento de dicha determinación ante la Comisión, y
IV. La determinación sobre imposición de sanciones.
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TÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO EN LA NOTIFICACIÓN DE CONCENTRACIONES
Capítulo I
Del Procedimiento de Notificación de Concentraciones
Artículo 86. Las siguientes concentraciones deberán ser autorizadas por la Comisión antes de que se
lleven a cabo:
I. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, independientemente del lugar de su
celebración, importen en el territorio nacional, directa o indirectamente, un monto superior al
equivalente a dieciocho millones de veces el salario mínimo general diario vigente para el
Distrito Federal;
II. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen, impliquen la acumulación del treinta y
cinco por ciento o más de los activos o acciones de un Agente Económico, cuyas ventas
anuales originadas en el territorio nacional o activos en el territorio nacional importen más del
equivalente a dieciocho millones de veces el salario mínimo general diario vigente para el
Distrito Federal, o
III. Cuando el acto o sucesión de actos que les den origen impliquen una acumulación en el
territorio nacional de activos o capital social superior al equivalente a ocho millones
cuatrocientas mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal y en la
concentración participen dos o más Agentes Económicos cuyas ventas anuales originadas en el
territorio nacional o activos en el territorio nacional conjunta o separadamente, importen más de
cuarenta y ocho millones de veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito
Federal.
Los actos realizados en contravención a este artículo no producirán efectos jurídicos, sin perjuicio de
la responsabilidad administrativa, civil o penal de los Agentes Económicos y de las personas que
ordenaron o coadyuvaron en la ejecución, así como de los fedatarios públicos que hayan intervenido en
los mismos.
Los actos relativos a una concentración no podrán registrarse en los libros corporativos, formalizarse
en instrumento público ni inscribirse en el Registro Público de Comercio hasta que se obtenga la
autorización favorable de la Comisión o haya transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 90, fracción
V, sin que el Pleno haya emitido resolución.
Los Agentes Económicos involucrados que no se encuentren en los supuestos establecidos en las
fracciones I, II y III de este artículo podrán notificarla voluntariamente a la Comisión.
Artículo 87. Los Agentes Económicos deben obtener la autorización para realizar la concentración a
que se refiere el artículo anterior antes de que suceda cualquiera de los siguientes supuestos:
I. El acto jurídico se perfeccione de conformidad con la legislación aplicable o, en su caso, se
cumpla la condición suspensiva a la que esté sujeto dicho acto;
II. Se adquiera o se ejerza directa o indirectamente el control de hecho o de derecho sobre otro
Agente Económico, o se adquieran de hecho o de derecho activos, participación en
fideicomisos, partes sociales o acciones de otro Agente Económico;
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III. Se lleve al cabo la firma de un convenio de fusión entre los Agentes Económicos involucrados,
o
IV. Tratándose de una sucesión de actos, se perfeccione el último de ellos, por virtud del cual se
rebasen los montos establecidos en el artículo anterior.
Las concentraciones derivadas de actos jurídicos realizados en el extranjero, deberán notificarse
antes de que surtan efectos jurídicos o materiales en territorio nacional.
Artículo 88. Están obligados a notificar la concentración los Agentes Económicos que participen
directamente en la misma.
Cuando no puedan notificar los directamente involucrados, sea por una imposibilidad jurídica o de
hecho y así lo acrediten ante la Comisión, o en el caso previsto en el artículo 92 de esta Ley, podrán
hacerlo el fusionante, el que adquiera el control de las sociedades o asociaciones, o el que pretenda
realizar el acto o producir el efecto de acumular las acciones, partes sociales, participación en
fideicomisos o activos objeto de la transacción.
En su escrito de notificación los notificantes deberán nombrar a un representante común, salvo que,
por causa debidamente justificada, no puedan hacerlo. En caso de que no presenten causa justificada
para abstenerse de nombrar al representante común, la Comisión lo designará de oficio.
Los involucrados en la transacción deben abstenerse de intercambiar información que pueda dar lugar
a hechos que sean objeto de sanción en términos de esta Ley.
Artículo 89. La notificación de concentración se hará por escrito y deberá contener y acompañar:
I. Nombre, denominación o razón social de los Agentes Económicos que notifican la
concentración y de aquéllos que participan en ella directa e indirectamente;
II. En su caso, nombre del representante legal y el documento o instrumento que contenga las
facultades de representación de conformidad con las formalidades establecidas en la legislación
aplicable. Nombre del representante común y domicilio para oír y recibir notificaciones y
personas autorizadas, así como los datos que permitan su pronta localización;
III. Descripción de la concentración, tipo de operación y proyecto del acto jurídico de que se trate,
así como proyecto de las cláusulas por virtud de las cuales se obligan a no competir en caso de
existir y las razones por las que se estipulan;
IV. Documentación e información que expliquen el objetivo y motivo de la concentración;
V. La escritura constitutiva y sus reformas o compulsa, en su caso, de los estatutos de los Agentes
Económicos involucrados;
VI. Los estados financieros del ejercicio inmediato anterior de los Agentes Económicos
involucrados;
VII. Descripción de la estructura del capital social de los Agentes Económicos involucrados en la
concentración, sean sociedades mexicanas o extranjeras, identificando la participación de cada
socio o accionista directo e indirecto, antes y después de la concentración, y de las personas
que tienen y tendrán el control;
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VIII. Mención sobre los Agentes Económicos involucrados en la transacción que tengan directa o
indirectamente participación en el capital social, en la administración o en cualquier actividad de
otros Agentes Económicos que produzcan o comercialicen bienes o servicios iguales, similares
o sustancialmente relacionados con los bienes o servicios de los Agentes Económicos
participantes en la concentración;
IX. Datos de la participación en el mercado de los Agentes Económicos involucrados y de sus
competidores;
X. Localización de las plantas o establecimientos de los Agentes Económicos involucrados, la
ubicación de sus principales centros de distribución y la relación que éstos guarden con dichos
Agentes Económicos;
XI. Descripción de los principales bienes o servicios que produce u ofrece cada Agente Económico
involucrado, precisando su uso en el mercado relevante y una lista de los bienes o servicios
similares y de los principales Agentes Económicos que los produzcan, distribuyan o
comercialicen en el territorio nacional, y
XII. Los demás elementos que estimen pertinentes los Agentes Económicos que notifican la
concentración para el análisis de la misma.
Los documentos a que se refiere la fracción II anterior, se presentarán ya sea en testimonio notarial o
copia certificada.
Artículo 90. Para el desahogo del procedimiento de notificación, se estará a lo siguiente:
I. Cuando la notificación no reúna los requisitos a que se refieren las fracciones I a XII del artículo
anterior, la Comisión, dentro de los diez días siguientes al de la presentación del escrito, deberá
prevenir a los notificantes para que, en un término que no exceda de diez días, presenten la
información faltante. Dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud del notificante en casos
debidamente justificados;
II. En caso de no desahogarse la prevención dentro del término previsto en la fracción anterior, la
Comisión, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo, emitirá y notificará el
acuerdo mediante el cual determine la no presentación de la notificación de concentración;
III. La Comisión podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los quince días
siguientes, contados a partir de la recepción de la notificación, mismos que los interesados
deberán proporcionar dentro del mismo plazo, el que podrá ser ampliado en casos debidamente
justificados por el solicitante.
La Comisión puede requerir la información adicional que estime necesaria para el análisis de la
concentración. Cuando no se presente la información adicional en el plazo previsto en el párrafo
anterior, se tendrá por no notificada la concentración, debiendo la Comisión emitir y notificar al
promovente el acuerdo respectivo dentro de los diez días siguientes al vencimiento de dicho
plazo.
La Comisión puede requerir información adicional a la señalada a otros Agentes Económicos
relacionados con la concentración, así como a cualquier persona, incluyendo los notificantes y
cualquier Autoridad Pública los informes y documentos que estime relevantes para realizar el
análisis de las concentraciones en términos de este Título, sin que ello signifique que les dé el
carácter de parte en el procedimiento.
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Los requerimientos señalados en el párrafo anterior no suspenderán los plazos para resolver la
notificación. Los requeridos deberán presentar la información solicitada dentro de los diez días
siguientes a la notificación del requerimiento, los cuales podrán prorrogarse por un plazo igual a
solicitud del requerido y cuando éste lo justifique;
IV. Transcurridos los términos a que se refieren las fracciones I y III anteriores, sin que la Comisión
emita y notifique el acuerdo que tenga por no notificada una concentración, el procedimiento
continuará su trámite;
V. Para emitir su resolución, la Comisión tendrá un plazo de sesenta días, contado a partir de la
recepción de la notificación o, en su caso, de la documentación adicional solicitada. Concluido
el plazo sin que se emita resolución, se entenderá que la Comisión no tiene objeción en la
concentración notificada.
En las concentraciones en que la Comisión considere que existen posibles riesgos al proceso
de competencia y libre concurrencia, ésta lo comunicará a los notificantes, al menos con diez
días de anticipación a la fecha en que se liste el asunto a efecto de que éstos pudieren
presentar condiciones que permitan corregir los riesgos señalados.
La resolución de la Comisión podrá autorizar, objetar o sujetar la autorización de la
concentración al cumplimiento de condiciones destinadas a la prevención de posibles efectos
contrarios a la libre concurrencia y al proceso de competencia que pudieran derivar de la
concentración notificada;
VI. En casos excepcionalmente complejos, la Comisión podrá ampliar los plazos a que se refieren
las fracciones III y V del presente artículo, hasta por cuarenta días adicionales;
VII. Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones III y V de este artículo, se entiende recibida la
notificación y emitido el acuerdo de recepción a trámite:
a) El día de la presentación del escrito de notificación, cuando la Comisión no hubiere
prevenido a los notificantes en los términos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo,
o
b) El día de la presentación de la información faltante objeto de prevención, cuando la
Comisión no hubiere emitido y notificado al promovente el acuerdo que tenga por no
notificada la concentración en los términos de lo dispuesto en la fracción II de este artículo;
VIII. La resolución favorable de la Comisión no prejuzgará sobre la realización de prácticas
monopólicas u otras conductas anticompetitivas que, en los términos de esta Ley, disminuyan,
dañen o impidan la libre concurrencia o la competencia económica, por lo que no releva de
otras responsabilidades a los Agentes Económicos involucrados.
La resolución favorable de la Comisión tendrá una vigencia de seis meses, prorrogables por una sola
ocasión por causas justificadas.
Los notificantes podrán presentar, desde su escrito de notificación y hasta un día después de que se
liste el asunto para sesión del Pleno, propuestas de condiciones para evitar que como resultado de la
concentración se disminuya, dañe o se impida el proceso de competencia y libre concurrencia.
En caso de que las propuestas de condiciones no sean presentadas con el escrito de notificación, el
plazo para resolver quedará interrumpido y volverá a contar desde su inicio.
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Artículo 91. Las condiciones que la Comisión podrá establecer o aceptar de los Agentes Económicos,
en términos del artículo anterior, podrán consistir en:
I. Llevar a cabo una determinada conducta o abstenerse de realizarla;
II. Enajenar a terceros determinados activos, derechos, partes sociales o acciones;
III. Modificar o eliminar términos o condiciones de los actos que pretendan celebrar;
IV. Obligarse a realizar actos orientados a fomentar la participación de los competidores en el
mercado, así como dar acceso o vender bienes o servicios a éstos, o
V. Las demás que tengan por objeto evitar que la concentración pueda disminuir, dañar o impedir
la competencia o libre concurrencia.
La Comisión sólo podrá imponer o aceptar condiciones que estén directamente vinculadas a la
corrección de los efectos de la concentración. Las condiciones que se impongan o acepten deben
guardar proporción con la corrección que se pretenda.
Artículo 92. Al hacerse la notificación de la concentración, los Agentes Económicos podrán solicitar a
la Comisión expresamente que el procedimiento sea desahogado conforme a lo previsto en el presente
artículo, para lo cual los Agentes Económicos solicitantes deberán presentar a la Comisión la información
y elementos de convicción conducentes que demuestren que es notorio que la concentración no tendrá
como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia y la competencia económica,
conforme a lo previsto en este artículo.
Se considerará que es notorio que una concentración no tendrá por objeto o efecto disminuir, dañar o
impedir la libre concurrencia y la competencia económica, cuando el adquirente no participe en mercados
relacionados con el mercado relevante en el que ocurra la concentración, ni sea competidor actual o
potencial del adquirido y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
I. La transacción implique la participación del adquirente por primera vez en el mercado relevante.
Para estos efectos, la estructura del mercado relevante no deberá modificarse y sólo deberá
involucrar la sustitución total o parcial del Agente Económico adquirido por el adquirente;
II. Antes de la operación, el adquirente no tenga el control del Agente Económico adquirido y, con
la transacción, aquél incremente su participación relativa en éste, sin que ello le otorgue mayor
poder para influir en la operación, administración, estrategia y principales políticas de la
sociedad, incluyendo la designación de miembros del consejo de administración, directivos o
gerentes del propio adquirido;
III. El adquirente de acciones, partes sociales o unidades de participación tenga el control de una
sociedad e incremente su participación relativa en el capital social de dicha sociedad, o
IV. En los casos que establezcan las Disposiciones Regulatorias.
La notificación de concentración que se lleve a cabo conforme al procedimiento establecido en el
presente artículo se hará por escrito y deberá contener y acompañar la información y documentación a la
que se refieren las fracciones I a XII del artículo 89 de esta Ley.
Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la notificación de la concentración, la Comisión
emitirá el acuerdo de admisión correspondiente, o bien, en el caso del párrafo último de este artículo,
ordenará su improcedencia y que el asunto se tramite conforme al artículo 90 de esta Ley.
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El Pleno deberá resolver si la concentración cumple con el supuesto de notoriedad previsto en este
artículo en un plazo no mayor a quince días siguientes a la fecha del acuerdo de admisión. Concluido el
plazo sin que el Pleno de la Comisión haya emitido resolución, se entenderá que no hay objeción alguna
para que se realice la concentración.
Cuando a juicio de la Comisión la concentración no se ubique en los supuestos previstos en las
fracciones I a IV de este artículo o la información aportada por el Agente Económico sea incompleta, la
Comisión emitirá un acuerdo de recepción a trámite conforme a lo previsto en el artículo 90 de esta Ley.
Capítulo II
De los Casos de Excepciones a la Obligación de Autorización Previa
Artículo 93. No se requerirá la autorización de concentraciones a que se refiere el artículo 86 de esta
Ley en los casos siguientes:
I. Cuando la transacción implique una reestructuración corporativa, en la cual los Agentes
Económicos pertenezcan al mismo grupo de interés económico y ningún tercero participe en la
concentración;
II. Cuando el titular de acciones, partes sociales o unidades de participación incremente su
participación relativa en el capital social de una sociedad en la que tenga el control de la misma
desde su constitución o inicio de operaciones, o bien, cuando el Pleno haya autorizado la
adquisición de dicho control y posteriormente incremente su participación relativa en el capital
social de la referida sociedad;
III. Cuando se trate de la constitución de fideicomisos de administración, garantía o de cualquier
otra clase en la que un Agente Económico aporte sus activos, acciones, partes sociales o
unidades de participación sin que la finalidad o consecuencia necesaria sea la transferencia de
dichos activos, acciones, partes sociales o unidades de participación a una sociedad distinta
tanto del fideicomitente como de la institución fiduciaria correspondiente. Sin embargo, en caso
de ejecución del fideicomiso de garantía se deberá de notificar si se actualiza alguno de los
umbrales referidos en el artículo 86 de esta Ley;
IV. Cuando se trate de actos jurídicos sobre acciones, partes sociales o unidades de participación,
o bajo contratos de fideicomiso que se verifiquen en el extranjero relacionadas con sociedades
no residentes para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre que las
sociedades involucradas en dichos actos no adquieran el control de sociedades mexicanas, ni
acumulen en el territorio nacional acciones, partes sociales, unidades de participación o
participación en fideicomisos o activos en general, adicionales a los que, directa o
indirectamente, posean antes de la transacción;
V. Cuando el adquirente sea una sociedad de inversión de renta variable y la operación tenga por
objeto la adquisición de acciones, obligaciones, valores, títulos o documentos con recursos
provenientes de la colocación de las acciones representativas del capital social de la sociedad
de inversión entre el público inversionista, salvo que como resultado o con motivo de las
operaciones la sociedad de inversión pueda tener una influencia significativa en las decisiones
del Agente Económico concentrado;
VI. En la adquisición de acciones, valores, títulos o documentos representativos del capital social
de sociedades o bien cuyo subyacente sean acciones representativas del capital social de
personas morales, y que coticen en bolsas de valores en México o en el extranjero, cuando el
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acto o sucesión de actos no le permitan al comprador ser titular del diez por ciento o más de
dichas acciones, obligaciones convertibles en acciones, valores, títulos o documentos y,
además, el adquirente no tenga facultades para:
a) Designar o revocar miembros del consejo de administración, directivos o gerentes de la
sociedad emisora;
b) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas,
de socios u órganos equivalentes;
c) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto
respecto del diez por ciento o más del capital social de una persona moral, o
d) Dirigir o influenciar directa o indirectamente la administración, operación, la estrategia o las
principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por
contrato o de cualquier otra forma;
VII. Cuando la adquisición sobre acciones, partes sociales, unidades de participación o fideicomisos
sean realizadas por uno o más fondos de inversión con fines meramente especulativos, y que
no tengan inversiones en sociedades o activos que participen o sean empleados en el mismo
mercado relevante que el Agente Económico concentrado, o
VIII. En los demás casos que establezcan las Disposiciones Regulatorias.
TÍTULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Capítulo I
De las Investigaciones para Determinar Insumos Esenciales o Barreras a la Competencia
Artículo 94. La Comisión iniciará de oficio o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de
la Secretaría, el procedimiento de investigación cuando existan elementos que hagan suponer que no
existen condiciones de competencia efectiva en un mercado y con el fin de determinar la existencia de
barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales que puedan generar efectos
anticompetitivos, mismo que se realizará conforme a lo siguiente:
I. La Autoridad Investigadora dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la
Federación un extracto del mismo, el cual deberá identificar el mercado materia de la
investigación con objeto de que cualquier persona pueda aportar elementos durante la
investigación. A partir de la publicación del extracto comenzará a contar el período de
investigación, el cual no podrá ser inferior a treinta ni exceder de ciento veinte días. Dicho
periodo podrá ser ampliado por la Comisión hasta en dos ocasiones cuando existan causas que
lo justifiquen;
II. La Autoridad Investigadora contará con todas las facultades de investigación que se prevén en
esta Ley, incluyendo requerir los informes y documentos necesarios, citar a declarar a quienes
tengan relación con el caso de que se trate, realizar visitas de verificación y ordenar cualquier
diligencia que considere pertinente. Tratándose de insumos esenciales, la Autoridad
Investigadora deberá analizar durante esta investigación todos los supuestos previstos en el
artículo 60 de esta Ley;
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III. Concluida la investigación y si existen elementos para determinar que no existen condiciones
de competencia efectiva en el mercado investigado, la Autoridad Investigadora emitirá, dentro
de los sesenta días siguientes a la conclusión de la investigación, un dictamen preliminar; en
caso contrario, propondrá al Pleno el cierre del expediente.
Al emitir el dictamen preliminar, se deberán proponer las medidas correctivas que se consideren
necesarias para eliminar las restricciones al funcionamiento eficiente del mercado investigado,
para lo cual podrá solicitar, en su caso, una opinión técnica no vinculatoria a la dependencia
coordinadora del sector o a la Autoridad Pública que corresponda respecto de dichas medidas
correctivas.
En su caso, el dictamen preliminar se deberá notificar a los Agentes Económicos que pudieran
verse afectados por las medidas correctivas propuestas, entre ellas las posibles barreras a la
competencia o por la regulación para el acceso al insumo esencial, así como, en su caso, a la
dependencia coordinadora del sector o a la Autoridad Pública que corresponda;
IV. Los Agentes Económicos que demuestren tener interés jurídico en el asunto podrán manifestar
lo que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que estimen pertinentes
ante la Comisión, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la
notificación correspondiente. Transcurrido dicho término, se acordará, en su caso, el
desechamiento o la admisión de pruebas y se fijará el lugar, día y hora para su desahogo;
V. Una vez desahogadas las pruebas y dentro de los diez días siguientes, la Comisión podrá
ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer o citar para alegatos, en los términos de la
siguiente fracción;
VI. Una vez desahogadas las pruebas para mejor proveer, la Comisión fijará un plazo de quince
días para que se formulen por escrito los alegatos que correspondan, y
VII. El expediente se entenderá integrado a la fecha de vencimiento del plazo para formular
alegatos. El Agente Económico involucrado podrá proponer a la Comisión, en una sola ocasión,
medidas idóneas y económicamente viables para eliminar los problemas de competencia
identificados en cualquier momento y hasta antes de la integración.
Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito de propuesta de medidas al que
se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá prevenir al Agente Económico para que, en su
caso, presente las aclaraciones correspondientes en un plazo de cinco días. Dentro de los diez
días siguientes a la recepción del escrito de propuesta o de aclaraciones, según el caso, se
presentará un dictamen ante el Pleno, quien deberá resolver sobre la pretensión del Agente
Económico solicitante dentro de los veinte días siguientes.
En caso de que el Pleno no acepte la propuesta presentada por el Agente Económico
solicitante, deberá justificar los motivos de la negativa y la Comisión emitirá en un plazo de
cinco días el acuerdo de reanudación del procedimiento.
Una vez integrado el expediente, el Pleno emitirá la resolución que corresponda en un plazo no
mayor a sesenta días.
La resolución de la Comisión podrá incluir:
a) Recomendaciones para las Autoridades Públicas.
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Las resoluciones en las que la Comisión determine la existencia de disposiciones jurídicas que
indebidamente impidan o distorsionen la libre concurrencia y competencia en el mercado,
deberán notificarse a las autoridades competentes para que, en el ámbito de su competencia y
conforme los procedimientos previstos por la legislación vigente, determinen lo conducente.
Estas resoluciones deberán publicitarse;
b) Una orden al Agente Económico correspondiente, para eliminar una barrera que afecta
indebidamente el proceso de libre concurrencia y competencia;
c) La determinación sobre la existencia de insumos esenciales y lineamientos para regular, según
sea el caso, las modalidades de acceso, precios o tarifas, condiciones técnicas y calidad, así
como el calendario de aplicación, o
d) La desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del Agente Económico
involucrado, en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos,
procederá cuando otras medidas correctivas no son suficientes para solucionar el problema de
competencia identificado.
La resolución se notificará, en su caso, al Ejecutivo Federal y a la dependencia coordinadora del
sector correspondiente, así como a los Agentes Económicos afectados y será publicada en los medios de
difusión de la Comisión y los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación.
Cuando a juicio del titular del insumo esencial, hayan dejado de reunirse los requisitos para ser
considerado como tal, podrá solicitar a la Comisión el inicio de la investigación prevista en este artículo,
con el objeto de que la Comisión determine si continúan o no actualizándose dichos requisitos.
Si la Comisión determina que el bien o servicio no reúne los requisitos para ser considerado un
insumo esencial, a partir de ese momento quedará sin efectos la resolución que hubiera emitido la
Comisión regulando el acceso al mismo.
La resolución relativa a la desincorporación de activos a que se refiere el presente artículo no
constituye la sanción a que se refiere el artículo 131 de esta Ley.
En todos los casos, la Comisión deberá verificar que las medidas propuestas generarán incrementos
en eficiencia en los mercados, por lo que no se impondrán éstas cuando el Agente Económico con
interés jurídico en el procedimiento demuestre, en su oportunidad, que las barreras a la competencia y
los insumos esenciales generan ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de
competencia económica y libre concurrencia superando sus posibles efectos anticompetitivos, y resultan
en una mejora del bienestar del consumidor. Entre las ganancias en eficiencia se podrán contemplar las
que sean resultado de la innovación en la producción, distribución y comercialización de bienes y
servicios.
Artículo 95. Las resoluciones en las que la Comisión determine la existencia de barreras a la
competencia y libre concurrencia o de insumos esenciales, deberán ser notificadas a las autoridades que
regulen el sector del que se trate para que, en el ámbito de su competencia y conforme a los
procedimientos previstos por la legislación vigente, determinen lo conducente para lograr condiciones de
competencia.
Cuando la Comisión tenga conocimiento de actos o normas generales emitidas por un Estado, el
Distrito Federal, un Municipio, que puedan resultar contrarios a lo dispuesto, entre otros, por los artículos
28 y 117, fracciones IV, V, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que
invadan facultades de la Federación, lo hará del conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal, por
conducto de su Consejero Jurídico, para que aquél, de considerarlo pertinente, inicie una controversia
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constitucional, o del órgano competente para que éste, de considerarlo procedente, interponga una
acción de inconstitucionalidad.
La Comisión expresará los motivos por los cuales considera que los actos o normas generales
mencionados en el párrafo anterior contravienen los citados preceptos constitucionales.
En caso de que el Ejecutivo Federal no considere pertinente iniciar una controversia constitucional, su
Consejero Jurídico, deberá publicar los motivos de su decisión.
En el caso de que la Comisión tenga conocimiento de actos o disposiciones generales de algún
órgano constitucional autónomo, del Congreso de la Unión, o del Ejecutivo Federal, que vulneren el
ejercicio de sus atribuciones, podrá interponer controversia constitucional en términos de lo previsto por
el inciso l), de la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Capítulo II
Del Procedimiento para Resolver sobre Condiciones de Mercado
Artículo 96. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias prevengan expresamente que deba
resolverse u opinar sobre cuestiones de competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el
mercado relevante u otros términos análogos, o cuando así lo determine el Ejecutivo Federal mediante
acuerdos o decretos, la Comisión emitirá de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto
de la Secretaría, a solicitud de la dependencia coordinadora del sector correspondiente o a petición de
parte afectada la resolución u opinión que corresponda, para lo cual se estará al siguiente procedimiento:
I. En caso de solicitud de parte o de la autoridad coordinadora del sector correspondiente, el
solicitante deberá presentar la información que permita identificar el mercado relevante y el
poder sustancial en los términos dispuestos en esta Ley, así como motivar la necesidad de
emitir la resolución u opinión. Las Disposiciones Regulatorias establecerán los requisitos para la
presentación de las solicitudes;
II. Dentro de los diez días siguientes, se emitirá el acuerdo de inicio o prevendrá al solicitante para
que presente la información faltante, que permita a la Comisión identificar el mercado relevante
y la existencia de poder sustancial, lo que deberá cumplir en un plazo de quince días, contado a
partir de que sea notificado de la prevención. En caso de que no se cumpla con el
requerimiento, se tendrá por no presentada la solicitud;
III. La Comisión dictará el acuerdo de inicio y publicará en el Diario Oficial de la Federación un
extracto del mismo, el cual deberá contener el mercado materia de la declaratoria con el objeto
de que cualquier persona pueda coadyuvar en dicha investigación. El extracto podrá ser
difundido además, en cualquier otro medio de comunicación cuando el asunto sea relevante a
juicio de la Comisión;
IV. El período de investigación comenzará a contar a partir de la publicación del extracto y no podrá
ser inferior a quince ni exceder de cuarenta y cinco días.
La Comisión requerirá los informes y documentos necesarios y citará a declarar a quienes
tengan relación con el caso de que se trate;
V. Concluida la investigación correspondiente y si existen elementos para determinar la existencia
de poder sustancial, o que no hay condiciones de competencia efectiva, u otros términos
análogos, la Comisión emitirá un dictamen preliminar dentro de un plazo de treinta días
contados a partir de la emisión del acuerdo que tenga por concluida la investigación, y un
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extracto del mismo será publicado en los medios de difusión de la Comisión y se publicarán los
datos relevantes del dictamen en el Diario Oficial de la Federación;
VI. Los Agentes Económicos que demuestren ante la Comisión que tienen interés en el asunto,
podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer los elementos de convicción que
estimen pertinentes, dentro de los veinte días siguientes al de la publicación de los datos
relevantes del dictamen preliminar en el Diario Oficial de la Federación;
VII. Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo referido en la fracción anterior, se
acordará, en su caso, el desechamiento o la admisión de los medios de prueba y se fijará el
lugar, día y hora para su desahogo;
VIII. El desahogo de las pruebas se realizará dentro de un plazo no mayor de veinte días, contado a
partir de su admisión;
IX. El expediente se entenderá integrado una vez desahogadas las pruebas o concluido el plazo
concedido para ello, y
X. Una vez integrado el expediente, la Comisión emitirá resolución u opinión en un plazo no mayor
a treinta días, misma que se deberá notificar, en su caso, al Ejecutivo Federal y la autoridad
coordinadora del sector correspondiente y publicar en la página de internet de la Comisión, así
como publicar los datos relevantes en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, para
efectos de que, en su caso, la autoridad coordinadora del sector pueda establecer la regulación
y las medidas correspondientes, para lo cual podrá solicitar la opinión no vinculatoria de la
Comisión.
La Comisión podrá prorrogar los plazos señalados en las fracciones IV, VIII y X de este artículo por
una sola vez y hasta por un término igual a los mismos cuando existan causas debidamente justificadas
para ello.
Artículo 97. En el caso del artículo 9 de esta Ley, la Comisión podrá emitir opinión a petición del
Ejecutivo Federal, misma que deberá sustanciarse en términos del artículo anterior, salvo que se solicite
atención preferente, en cuyo caso la Comisión la emitirá en el menor tiempo posible, considerando los
términos previstos en esta Ley.
Capítulo III
Del Procedimiento para la Emisión de Opiniones o Resoluciones en el Otorgamiento de
Licencias, Concesiones, Permisos y Análogos
Artículo 98. Cuando la Comisión, por así disponerlo las Leyes o cuando así lo determine el Ejecutivo
Federal mediante acuerdos o decretos, o a solicitud de éste, por sí o por conducto de la Secretaría, emita
opinión o autorización en el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, cesiones, venta de
acciones de empresas concesionarias o permisionarias u otras cuestiones análogas, iniciará y tramitará
el procedimiento siguiente:
I. En caso de solicitud de parte o de la autoridad coordinadora del sector correspondiente, las
Disposiciones Regulatorias establecerán los requisitos para la presentación de la solicitud;
II. Dentro de los diez días siguientes, la Comisión emitirá el acuerdo de recepción o de prevención
a los Agentes Económicos para que dentro del mismo plazo presenten la información y
documentación faltantes. Desahogada la prevención, la Comisión emitirá dentro de los diez días
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siguientes el acuerdo que tiene por presentada la información o documentos faltantes. En caso
de que no se desahogue la prevención, la solicitud se tendrá por no presentada, y
III. La Comisión emitirá la opinión dentro del plazo de treinta días, contado a partir del acuerdo de
recepción o del acuerdo que tenga por presentada la información o documentación faltante.
Para emitir la opinión, serán aplicables en lo conducente, los artículos 63 y 64 de esta Ley.
La solicitud de opinión deberá presentarse en la fecha que se indique en la convocatoria o bases de la
licitación correspondiente. La solicitud de opinión siempre deberá ser previa a la presentación de las
ofertas económicas.
La convocante deberá enviar a la Comisión, antes de la publicación de la licitación, la convocatoria,
las bases de licitación, los proyectos de contrato y los demás documentos relevantes que permitan a la
Comisión conocer la transacción pretendida.
Los plazos señalados en la fracción III de este artículo podrán prorrogarse por única ocasión, hasta
por un plazo igual por la Comisión, por causas debidamente justificadas.
Cuando no medie licitación o concurso, los Agentes Económicos deberán obtener, antes de que se
lleve a cabo la transacción o que se emita el acto administrativo que corresponda por la autoridad
competente, la resolución respectiva por parte de la Comisión en términos de este artículo.
Artículo 99. Para efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente:
I. La convocante de la licitación o concurso deberá enviar a la Comisión, con un mínimo de treinta
días previos a la fecha de publicación de la convocatoria, la información a que hace referencia
el antepenúltimo párrafo del artículo anterior;
II. La Comisión podrá solicitar a la convocante o licitante los documentos o información faltante o
relevante, para llevar a cabo el análisis correspondiente, en un plazo de diez días contados a
partir de la presentación de la información en términos de la fracción anterior;
III. Dentro de los quince días siguientes a la presentación de la información señalada en las
fracciones anteriores, según sea el caso, la Comisión deberá resolver sobre las medidas de
protección a la competencia que deban incluirse en la convocatoria, bases y sus anexos, y
demás documentos de la licitación, y
IV. La Comisión deberá acordar con la convocante las fechas en que los interesados deberán
presentar sus solicitudes de opinión, y en la que la Comisión notificará su resolución,
considerando los plazos señalados en las fracciones II y III del artículo anterior.
Capítulo IV
De los Procedimientos de Dispensa y Reducción del Importe de Multas
Artículo 100. Antes de que se emita el dictamen de probable responsabilidad, en un procedimiento
seguido ante la Comisión por práctica monopólica relativa o concentración ilícita, el Agente Económico
sujeto a la investigación, por una sola ocasión, podrá manifestar por escrito su voluntad de acogerse al
beneficio de dispensa o reducción del importe de las multas establecidas en esta Ley, siempre y cuando
acredite a la Comisión:
I. Su compromiso para suspender, suprimir o corregir la práctica o concentración correspondiente,
a fin de restaurar el proceso de libre concurrencia y competencia económica, y
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II. Los medios propuestos sean jurídica y económicamente viables e idóneos para evitar llevar a
cabo o, en su caso, dejar sin efectos, la práctica monopólica relativa o concentración ilícita
objeto de la investigación, señalando los plazos y términos para su comprobación.
Artículo 101. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito al que se refiere el primer
párrafo del artículo anterior, la Autoridad Investigadora suspenderá la investigación, podrá prevenir al
Agente Económico sujeto a la investigación para que en su caso, en un plazo de cinco días presente las
aclaraciones correspondientes y dará vista al denunciante si lo hubiera para que en un plazo adicional de
cinco días manifieste lo que a su derecho convenga y en un plazo de diez días presente al Pleno un
dictamen con su opinión respecto a la pretensión del Agente Económico solicitante y el expediente de la
investigación. La Comisión emitirá la resolución en un plazo de veinte días a partir de que la Autoridad
Investigadora le presente su dictamen.
En caso de que el Pleno no acepte la propuesta presentada por el Agente Económico solicitante, la
Comisión emitirá en un plazo de cinco días el acuerdo de reanudación del procedimiento.
Artículo 102. La resolución a la que se refiere el artículo anterior, podrá decretar:
I. El otorgamiento del beneficio de la dispensa o reducción del pago de las multas que pudieran
corresponderle, y
II. Las medidas para restaurar el proceso de libre concurrencia y de competencia económica.
Los Agentes Económicos deberán aceptar de conformidad expresamente y por escrito la resolución
definitiva dentro de un plazo de quince días contados a partir de la fecha en que sean notificados.
En el evento de que el Agente Económico de que se trate no acepte expresamente la resolución, los
procedimientos que hayan sido suspendidos serán reanudados.
Los Agentes Económicos sólo podrán acogerse a los beneficios previstos en este artículo, una vez
cada cinco años. Este período se computará a partir de la aceptación de la resolución de la Comisión.
La resolución a la que se refiere este artículo, será sin perjuicio de las acciones que pudieran ejercer
terceros afectados que reclamen daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil por la realización
de la práctica monopólica relativa o concentración ilícita revelada a la Comisión en términos del artículo
anterior.
Artículo 103. Cualquier Agente Económico que haya incurrido o esté incurriendo en una práctica
monopólica absoluta; haya participado directamente en prácticas monopólicas absolutas en
representación o por cuenta y orden de personas morales; y el Agente Económico o individuo que haya
coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, podrá
reconocerla ante la Comisión y acogerse al beneficio de la reducción de las sanciones establecidas en
esta Ley, siempre y cuando:
I. Sea el primero, entre los Agentes Económicos o individuos involucrados en la conducta, en
aportar elementos de convicción suficientes que obren en su poder y de los que pueda disponer
y que a juicio de la Comisión permitan iniciar el procedimiento de investigación o, en su caso,
presumir la existencia de la práctica monopólica absoluta;
II. Coopere en forma plena y continua en la sustanciación de la investigación y, en su caso, en el
procedimiento seguido en forma de juicio, y
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III. Realice las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica violatoria de la
Ley.
Cumplidos los requisitos anteriores, la Comisión dictará la resolución a que haya lugar e impondrá una
multa mínima.
Los Agentes Económicos o individuos que no cumplan con lo establecido en la fracción I anterior,
podrán obtener una reducción de la multa de hasta el 50, 30 ó 20 por ciento del máximo permitido,
cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la Autoridad
Investigadora y cumplan con los demás requisitos previstos en este artículo. Para determinar el monto de
la reducción la Comisión tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y
de los elementos de convicción presentados.
Los individuos que hayan participado directamente en prácticas monopólicas absolutas, en
representación o por cuenta y orden de los Agentes Económicos que reciban los beneficios de la
reducción de sanciones, podrán verse beneficiados con la misma reducción en la sanción que a éstos
correspondiere siempre y cuando aporten los elementos de convicción con los que cuenten, cooperen en
forma plena y continua en la sustanciación de la investigación que se lleve a cabo y, en su caso, en el
procedimiento seguido en forma de juicio, y realicen las acciones necesarias para terminar su
participación en la práctica violatoria de la Ley.
La Comisión mantendrá con carácter confidencial la identidad del Agente Económico y los individuos
que pretendan acogerse a los beneficios de este artículo.
Las Disposiciones Regulatorias establecerán el procedimiento conforme al cual deberá solicitarse y
resolverse la aplicación del beneficio previsto en este artículo, así como para la reducción en el monto de
la multa.
Capítulo V
Del Procedimiento de Solicitudes de Opinión Formal y Orientaciones Generales en
Materia de Libre Concurrencia y Competencia Económica
Artículo 104. Cualquier Agente Económico podrá solicitar a la Comisión una opinión formal en materia
de libre concurrencia y competencia económica cuando se refiera a la aparición de cuestiones nuevas o
sin resolver en relación con la aplicación de esta ley y considere que es un tema relevante.
La Comisión emitirá la opinión formal cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I. Que la evaluación sustantiva de una conducta a efectos de la aplicación de esta ley plantee una
cuestión para la que el marco jurídico aplicable, incluidos los precedentes judiciales, no brinde
aclaración alguna o para la que no haya directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos u
orientaciones generales públicamente disponibles, ni precedentes en la práctica decisoria de la
Comisión, ni opiniones formales y específicas en materia de libre concurrencia y competencia
económica previas;
II. Que de una evaluación preliminar de las particularidades y circunstancias de la solicitud de
opinión se desprenda la utilidad de aclarar la cuestión nueva mediante una opinión formal,
teniendo en cuenta los siguientes elementos:
a) La importancia económica desde el punto de vista del consumidor de los bienes y servicios
afectados por el acuerdo o la práctica;
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b) La medida en que la conducta referida en la solicitud de opinión formal refleja o es
probable que refleje una conducta o uso económico más extendido en el mercado, o
c) La importancia de las inversiones correspondientes a la conducta referida en la solicitud de
opinión formal en relación con el tamaño de las empresas afectadas;
III. Que la Comisión pueda expedir su opinión formal sobre la base de la información
proporcionada, sin que sea necesario que proceda a una investigación adicional de los hechos.
Sin embargo, la Comisión podrá utilizar cualquier información adicional de que disponga
procedente de fuentes públicas, de procedimientos anteriores o de cualquier otra fuente y
requerir al Agente Económico que solicita la opinión formal de la información adicional.
La Comisión no atenderá las solicitudes de opinión formal cuando se dé cualquiera de las
siguientes circunstancias:
a) Que las cuestiones planteadas en la solicitud sean idénticas o similares a cuestiones
planteadas en un asunto pendiente ante la Comisión o ante un órgano jurisdiccional;
b) Que la conducta a que se refiere la solicitud esté siendo investigada por la Autoridad
Investigadora o esté pendiente de un procedimiento ante la Comisión o ante un órgano
jurisdiccional, o
c) Cuando las cuestiones planteadas en la solicitud sean hipotéticas, y no sobre situaciones
reales, concretas o que ya no sean aplicadas por las partes. Sin embargo, los Agentes
Económicos podrán presentar a la Comisión una solicitud para obtener una opinión formal
relativa a cuestiones planteadas en un acuerdo o una conducta que hayan proyectado y
aún no se encuentre en práctica. En tal caso, la operación tiene que haber alcanzado una
etapa suficientemente avanzada para que la solicitud pueda atenderse. Estas opiniones no
serán consideradas para efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo.
La opinión formal emitida, tendrá efectos vinculantes para la Comisión.
No serán vinculantes las respuestas a las solicitudes de opinión realizadas por los Agentes
Económicos cuando éstas sean planteadas sobre situaciones que no sean reales y concretas;
no coincidan con los hechos o datos objeto de dicha solicitud; se modifique la legislación
aplicable o cambien las situaciones materia de la solicitud, o se refieran a cuestiones
planteadas en un acuerdo o una conducta que se haya proyectado y aún no se encuentre en
práctica.
Artículo 105. Los Agentes Económicos podrán solicitar a la Comisión una opinión formal por escrito
en el que conste claramente:
I. La identidad de los Agentes Económicos afectados y una dirección de contacto para la
Comisión;
II. Las cuestiones específicas sobre las que se solicita la opinión;
III. Información completa y exhaustiva sobre todos los puntos relevantes para una evaluación con
conocimiento de causa de las cuestiones planteadas, incluida la documentación pertinente;
IV. Una explicación motivada razonando el por qué la solicitud de opinión formal plantea una o
varias cuestiones nuevas;
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V. Cualquier otra información que permita realizar una evaluación a la luz de lo establecido en el
presente Capítulo de esta ley y, en particular, una declaración de que la conducta a la que se
refiere la solicitud de opinión formal no se encuentra pendiente en un procedimiento ante un
órgano jurisdiccional;
VI. Si la solicitud de opinión formal contiene elementos que se consideren Información
Confidencial, la indicación clara de tales elementos en un anexo por separado y con una
explicación razonada del por qué se considera que la Comisión debe tratar dicha información
como confidencial, y
VII. Cualquier otra información o documentación pertinente para el asunto en cuestión.
Artículo 106. Cuando la Comisión reciba una solicitud de opinión formal se sujetará a lo siguiente:
I. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de opinión formal, el
Comisionado Presidente convocará y presentará al Pleno dicha solicitud. El Pleno tendrá un
plazo de cinco días para resolver si expedirá o no una opinión formal sobre la solicitud
planteada, debiendo notificar su resolución al Agente Económico interesado en un plazo
adicional de cinco días;
II. Dentro de los cinco días siguientes a que el Pleno resuelva emitir su opinión formal a la solicitud
planteada, se turnará el expediente al órgano encargado de la instrucción quien podrá, dentro
de los diez días siguientes requerir información y documentación adicional al interesado. El
Agente Económico solicitante de la opinión formal deberá presentar la información y
documentación requerida dentro de los quince días siguientes contados a partir del
requerimiento, o presentar una explicación razonada del por qué dicha información o
documentación no puede ser presentada;
III. Si la información no se proporcionara dentro del plazo previsto en la fracción anterior, se tendrá
por no presentada la solicitud de opinión formal, sin perjuicio de que el interesado solicite
prórroga a dicho plazo o presente una nueva solicitud;
IV. El órgano encargado de la instrucción integrará el expediente, y una vez integrado, se turnará
por acuerdo del Presidente al Comisionado Ponente, de manera rotatoria, siguiendo
rigurosamente el orden de designación de los comisionados, así como el orden cronológico en
que se integró el expediente, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de opinión
formal para discusión en un plazo de quince días contados a partir de la fecha en que le fue
turnada la solicitud de opinión formal o, en su caso, a la fecha de integración del expediente. El
Comisionado Ponente podrá ampliar el plazo a que se refiere esta fracción hasta por un plazo
igual en caso de que exista causa justificada para ello, y
V. El Pleno tendrá un plazo de diez días para emitir la opinión formal en materia de libre
concurrencia y competencia económica que corresponda, contado a partir del día de la
celebración de la sesión en que el Pleno discuta y apruebe el proyecto de opinión formal
correspondiente.
Artículo 107. Los Agentes Económicos podrán retirar la solicitud de una opinión formal en cualquier
momento. Sin embargo, la información facilitada en el contexto de dicha solicitud quedará en poder de la
Comisión, quien podrá utilizar la misma en procedimientos ulteriores conforme a esta Ley.
Artículo 108. Las opiniones formales en materia de libre concurrencia y competencia económica
emitidas por la Comisión deberán contener:
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I. Una descripción sucinta de los hechos en los que se basa, y
II. Los principales argumentos jurídicos subyacentes en la interpretación de la Comisión de las
cuestiones nuevas relativas a esta Ley que se hayan planteado en la solicitud.
Las opiniones formales pueden limitarse a tratar una parte de las cuestiones planteadas en la
solicitud. Asimismo, pueden abordar aspectos adicionales a los recogidos en la solicitud.
Artículo 109. Las opiniones formales se harán públicas en el sitio de internet de la Comisión,
salvaguardando la Información Confidencial.
Artículo 110. Sin perjuicio del procedimiento para la emisión de opiniones formales, la Comisión
deberá ofrecer orientación general a cualquier persona física o moral, así como a cualquier Autoridad
Pública, en relación con la aplicación de esta ley, en los términos señalados en las Disposiciones
Regulatorias.
TÍTULO V
DE LAS REGLAS GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS
Capítulo I
De la Representación
Artículo 111. La representación de los Agentes Económicos ante la Comisión deberá acreditarse
mediante testimonio notarial o copia certificada del documento o instrumento que contenga las facultades
para ello, de conformidad con las formalidades establecidas en la legislación aplicable, el cual podrá
presentarse con el primer escrito o inscribirse en el registro de personas acreditadas que, en su caso,
establezca la Comisión.
Los Agentes Económicos o su representante legal podrán autorizar a las personas que estimen
pertinente para que reciban notificaciones, realicen promociones, ofrezcan medios de prueba, concurran
al desahogo de pruebas, formulen alegatos y, en general, lleven a cabo los actos necesarios para la
debida sustanciación del procedimiento. El autorizado en estos términos no podrá sustituir ni delegar su
autorización.
Los Agentes Económicos o su representante legal podrán designar personas únicamente para oír y
recibir notificaciones y documentos e imponerse de las constancias del expediente, quienes no gozarán
de las facultades referidas en el párrafo anterior.
Cuando en su promoción, los Agentes Económicos no especifiquen para qué efectos autorizan a las
personas que señalan, se entenderá que los autorizan únicamente para los efectos descritos en el
párrafo anterior.
No podrá tener acceso al expediente persona alguna que no se encuentre autorizada o tenga
acreditada su personalidad en el expediente y haya sido acordada en ese sentido por la Comisión, ni
fuera del horario establecido para la oficialía de partes.
Capítulo II
De los Requisitos de las Promociones ante la Comisión
Artículo 112. Las actuaciones y promociones se deben presentar en idioma español y estar firmadas
por quienes intervienen en ellas. Cuando alguno de los promoventes o personas que intervengan en una
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actuación no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital en presencia de dos testigos,
quienes deberán firmarlas.
La falta de cumplimiento de los requisitos señalados para las promociones en el párrafo anterior, dará
lugar a que se tengan por no presentadas.
Si una persona que haya intervenido en una diligencia practicada por la Comisión se negara a firmar,
o en su caso, a poner su huella digital, se hará constar esta circunstancia en el acta que se levante para
tal efecto. La falta de firma o huella no invalidará las actuaciones.
Artículo 113. El promovente puede presentar documentos junto con su promoción en idioma distinto
al español, para lo cual deberá acompañar la traducción realizada por un perito traductor de los aspectos
que bajo su responsabilidad estime relevantes, sin perjuicio de que la Comisión pueda solicitar al
promovente que se amplíe o se realice en su totalidad la traducción por perito traductor, cuando lo
considere pertinente.
La Comisión no tomará en consideración el texto de los documentos que estén en idioma distinto al
español.
La Comisión podrá recabar en cualquiera de los procedimientos que tramite, documentos en idioma
distinto al español y anexarlos al expediente junto con la traducción de los aspectos que estime
relevantes, según estime conveniente la Comisión.
Cualquier persona que no hable español, puede asistir a las diligencias acompañada de un intérprete,
a costa del oferente o de quien proponga el desahogo de la diligencia. Cuando el declarante lo solicite,
además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su propio idioma y con el puño y
letra del declarante. El intérprete, antes de desempeñar su encargo, protestará hacerlo lealmente,
haciéndose constar esta circunstancia en el acta correspondiente.
En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en las Disposiciones Regulatorias.
Capítulo III
De los Plazos
Artículo 114. Cuando los plazos fijados por esta Ley y por las Disposiciones Regulatorias sean en
días, éstos se entenderán como hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el cómputo se
hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles.
Cuando no se especifique plazo, se entenderán cinco días para cualquier actuación.
Artículo 115. Las actuaciones se practicarán en días y horas hábiles.
Son días hábiles todos los del año, menos los sábados y domingos, y aquellos que se declaren
inhábiles conforme al calendario anual correspondiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Los días en que se suspendan labores o cuando las oficinas de la autoridad permanezcan cerradas,
serán considerados como inhábiles para todos los efectos legales, salvo en los casos de habilitación
expresa para la realización o práctica de diligencias.
Se entienden horas hábiles para notificar y realizar diligencias las que median desde las siete hasta
las diecinueve horas.
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Se podrán habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias y
notificaciones, cuando hubiere causa que lo justifique, expresando cuál es ésta y especificando además
las diligencias que hayan de practicarse.
Si la diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción y sin
necesidad de habilitación expresa.
Artículo 116. Las promociones y documentos deben presentarse únicamente en la oficialía de partes
de la Comisión dentro del horario y calendario de labores que sean publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
Se pueden presentar promociones el día de su vencimiento después de concluido el horario en que la
oficialía de partes debe recibir documentos, por transmisión electrónica, a las direcciones de correo
electrónico que para tal efecto sean publicadas. El sistema debe generar el acuse de recibo que
corresponda.
Las promociones y documentos presentados en términos del párrafo anterior sólo son admisibles
cuando la promoción original, sus anexos y el acuse de recibo de la transmisión electrónica sean
presentados en la oficialía de partes al día hábil siguiente de haberse efectuado la transmisión.
Bastará que la transmisión electrónica contenga la promoción firmada y una lista detallada de los
documentos que anexe a su promoción en la que explique su contenido, incluyendo el apartado de su
escrito con el que se relacione cada uno de los anexos.
Cualquier documento que se presente en forma diversa a la señalada en este artículo no interrumpe ni
suspende el plazo y se tendrá por recibido hasta que ingrese en la oficialía de partes.
En el evento de que la promoción y documentos presentados por transmisión electrónica difieran de
los presentados en la oficialía de partes, se tendrán por no presentada la promoción y el documento.
Capítulo IV
De las Notificaciones
Artículo 117. Quien comparezca a la Comisión, en el primer escrito o en la primera diligencia en que
intervenga, deberá designar domicilio para oír y recibir notificaciones en el Distrito Federal o, en su caso,
en el domicilio de la delegación de la Comisión que corresponda, si en ella se tramita alguno de los
procedimientos de esta Ley.
Igualmente deberá señalar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona que
le interese que se notifique por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el
domicilio de los servidores públicos, estos siempre serán notificados en su residencia oficial.
Las notificaciones se realizarán en términos de las Disposiciones Regulatorias.
Capítulo V
De los Procedimientos ante la Comisión por Medios Electrónicos
Artículo 118. Todos los procedimientos a que se refiere esta Ley, así como cualquier solicitud se
podrán sustanciar por medios electrónicos conforme a las Disposiciones Regulatorias, observando en
todo caso los principios de gobierno digital y datos abiertos, así como las disposiciones aplicables en
materia de firma electrónica.
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La Comisión, para los efectos de la substanciación de los actos relativos a la misma, autorizará a las
partes que lo soliciten, a generar una firma electrónica cumpliendo con los requisitos que las
Disposiciones Regulatorias establezcan.
Capítulo VI
De la Obligación de Cooperar con la Comisión
Artículo 119. Toda persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho que investigue la
Comisión o con la materia de sus procedimientos en trámite, tiene la obligación de proporcionar en el
término de diez días la información, cosas y documentos que obren en su poder en el medio que le sean
requeridos; de presentarse a declarar en el lugar, fecha y hora en que sea citada, y de permitir que se
realicen las visitas de verificación.
Para el caso de documentos originales o en copia certificada, la persona requerida podrá optar por
exhibir dichas documentales para que le sean devueltas una vez que la Comisión lleve a cabo su
reproducción y certificación.
Capítulo VII
De las Resoluciones de la Comisión
Artículo 120. La Comisión adoptará sus resoluciones con base en los hechos que tenga
conocimiento, la información y medios de convicción disponibles, cuando el Agente Económico
emplazado o aquél cuyos hechos sean materia de investigación, así como las personas relacionadas con
éstos, se nieguen a proporcionar información o documentos, declarar, facilitar la práctica de las
diligencias que hayan sido ordenadas o entorpezcan la investigación o el procedimiento respectivo.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las sanciones que procedan.
Todas las resoluciones definitivas de la Comisión adoptadas bajo cualquiera de los procedimientos
previstos en esta Ley, deberán resolver las cuestiones efectivamente planteadas por la Autoridad
Investigadora y los Agentes Económicos.
Capítulo VIII
De la Supletoriedad de esta Ley
Artículo 121. En lo no previsto por esta Ley o en las Disposiciones Regulatorias, se aplicará
supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Capítulo IX
De las Disposiciones Finales
Artículo 122. La Comisión cuidará que los procedimientos no se suspendan ni se interrumpan, para lo
cual proveerá lo necesario para que concluyan con la respectiva resolución. Asimismo, dictará todas las
medidas necesarias para encauzar legalmente el procedimiento. De oficio o a petición de parte, podrá
regularizar el procedimiento.
Artículo 123. La Comisión puede allegarse, antes de emitir resolución que ponga fin al procedimiento
correspondiente, de los medios de convicción que considere necesarios para conocer la verdad sobre los
hechos materia del procedimiento de que se trate, siempre y cuando los medios de prueba estén
reconocidos por la Ley y tengan relación inmediata con los hechos materia del procedimiento; no regirán
para ella las limitaciones ni prohibiciones en materia de prueba establecidas en relación con los Agentes
Económicos.
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TÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN
Capítulo Único
Clasificación de la Información
Artículo 124. La información y los documentos que la Comisión haya obtenido directamente en la
realización de sus investigaciones y diligencias de verificación, será considerada como Información
Reservada, Información Confidencial o Información Pública, en términos del artículo 125.
Durante la investigación, no se permitirá el acceso al expediente y, en la secuela del procedimiento,
únicamente los Agentes Económicos con interés jurídico en éste podrán tener acceso al mismo, excepto
a aquella información clasificada como confidencial.
Los servidores públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de la
información que les sea presentada. Cuando medie orden de autoridad competente para presentar
información, la Comisión y dicha autoridad deberán dictar las medidas que sean conducentes para
salvaguardar en los términos de esta Ley aquélla que sea confidencial.
Artículo 125. Para efectos de esta Ley, la Información Confidencial sólo tendrá tal carácter cuando el
Agente Económico así lo solicite, acredite que tiene tal carácter y presente un resumen de la información,
a satisfacción de la Comisión, para que sea glosado al expediente o bien, las razones por las que no
puede realizar dicho resumen, en cuyo caso la Comisión podrá hacer el resumen correspondiente.
La Comisión en ningún caso estará obligada a proporcionar la Información Confidencial ni podrá
publicarla y deberá guardarla en el seguro que para tal efecto tenga.
Los servidores públicos de la Comisión deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar
información relacionada con los expedientes o procedimientos ante la Comisión y que cause daño o
perjuicio directo a los involucrados, hasta que se haya notificado al Agente Económico investigado la
resolución del Pleno, preservando en todo momento las obligaciones derivadas del presente artículo.
TÍTULO VII
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES
Capítulo I
De las Medidas de Apremio
Artículo 126. La Comisión, para el desempeño de las funciones que le atribuye esta Ley, podrá
aplicar indistintamente las siguientes medidas de apremio:
I. Apercibimiento;
II. Multa hasta por el importe del equivalente a tres mil veces el salario mínimo general diario
vigente para el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin
cumplimentarse con lo ordenado;
III. El auxilio de la fuerza pública o de otras Autoridades Públicas, y
IV. Arresto hasta por 36 horas.
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Capítulo II
De las Multas y Sanciones
Artículo 127. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:
I. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración ilícita de que se
trate;
II. Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración ilícita en términos de esta Ley,
la terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda, sin perjuicio de la
multa que en su caso proceda;
III. Multa hasta por el equivalente a ciento setenta y cinco mil veces el salario mínimo general diario
vigente para el Distrito Federal, por haber declarado falsamente o entregado información falsa a
la Comisión, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;
IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, por
haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad
civil y penal en que se incurra;
V. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente Económico, por
haber incurrido en una práctica monopólica relativa, con independencia de la responsabilidad
civil en que se incurra;
VI. Ordenar medidas para regular el acceso a los Insumos Esenciales bajo control de uno o varios
Agentes Económicos, por haber incurrido en la práctica monopólica relativa prevista en el
artículo 56, fracción XII de esta Ley;
VII. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente Económico, por
haber incurrido en una concentración ilícita en términos de esta Ley, con independencia de la
responsabilidad civil en que se incurra;
VIII. Multa de cinco mil salarios mínimos y hasta por el equivalente al cinco por ciento de los
ingresos del Agente Económico, por no haber notificado la concentración cuando legalmente
debió hacerse;
IX. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, por
haber incumplido con las condiciones fijadas en la resolución de una concentración, sin
perjuicio de ordenar la desconcentración;
X. Inhabilitación para ejercer como consejero, administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo,
agente, representante o apoderado en una persona moral hasta por un plazo de cinco años y
multas hasta por el equivalente a doscientas mil veces el salario mínimo general diario vigente
para el Distrito Federal, a quienes participen directa o indirectamente en prácticas monopólicas
o concentraciones ilícitas, en representación o por cuenta y orden de personas morales;
XI. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo general diario
vigente para el Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido en la
comisión de prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas o demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados en términos de esta Ley;
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XII. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del Agente Económico, por
haber incumplido la resolución emitida en términos del artículo 101 de esta Ley o en las
fracciones I y II de este artículo. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en
que se incurra, para lo cual la Comisión deberá denunciar tal circunstancia al Ministerio Público;
XIII. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo general diario
vigente para el Distrito Federal, a los fedatarios públicos que intervengan en los actos relativos
a una concentración cuando no hubiera sido autorizada por la Comisión;
XIV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico que
controle un insumo esencial, por incumplir la regulación establecida con respecto al mismo y a
quien no obedezca la orden de eliminar una barrera a la competencia, y
XV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, por
incumplir la orden cautelar a la que se refiere esta Ley.
Los ingresos a los que se refieren las fracciones anteriores serán los acumulables para el Agente
Económico involucrado en la conducta ilícita, excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada
en el extranjero, así como los gravables si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente,
para los efectos del Impuesto Sobre la Renta del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la
infracción respectiva. De no estar disponible, se utilizará la base de cálculo correspondiente al ejercicio
fiscal anterior.
La Comisión podrá solicitar a los Agentes Económicos o a la autoridad competente la información
fiscal necesaria para determinar el monto de las multas a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo
utilizar para el supuesto de que el requerido sea el Agente Económico, los medios de apremio que esta
Ley establece.
En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de la que se hubiera
determinado por la Comisión.
Se considerará reincidente al que:
a) Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice otra conducta
prohibida por esta Ley, independientemente de su mismo tipo o naturaleza;
b) Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya causado
estado, y
c) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no hayan
transcurrido más de diez años.
En el caso de violaciones a esta Ley por servidores públicos, la Comisión deberá enviar oficio
debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el
procedimiento de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar, sin perjuicio de la responsabilidad
penal en que incurra el servidor público.
El Ejecutivo Federal ejecutará las multas previstas por este artículo, así como las previstas en el
artículo 126 de esta Ley.
En ningún caso la Comisión administrará ni dispondrá de los fondos a que se refiere este artículo.
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Artículo 128. En el caso de aquellos Agentes Económicos que, por cualquier causa, no declaren o no
se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, se les
aplicarán las multas siguientes:
I. Multa hasta por el equivalente a un millón quinientas mil veces el salario mínimo general diario
vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones IV, IX, XIV
y XV del artículo 127 de la Ley;
II. Multa hasta por el equivalente de novecientas mil veces el salario mínimo general diario vigente
para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones V, VII y XII del
artículo 127 de la Ley, y
III. Multa hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo general diario vigente
para el Distrito Federal, para la infracción a que se refiere la fracción VIII del artículo 127 de la
Ley.
Capítulo III
De la Imposición de Sanciones
Artículo 129. Sin texto (sic DOF 23-05-2014)
Artículo 130. En la imposición de multas se deberán considerar los elementos para determinar la
gravedad de la infracción, tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la participación del
infractor en los mercados; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración; así
como su capacidad económica; y en su caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones de la Comisión.
Capítulo IV
De la Sanción de Desincorporación
Artículo 131. Cuando la infracción sea cometida por quien haya sido sancionado previamente por la
realización de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, la Comisión considerará los elementos a
que hace referencia el artículo 130 de esta Ley y en lugar de la sanción que corresponda, podrá resolver
la desincorporación o enajenación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes
Económicos, en las porciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
Para los efectos del párrafo anterior, en su resolución, la Comisión deberá incluir un análisis
económico que justifique la imposición de dicha medida, señalando los beneficios al consumidor.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el infractor ha sido sancionado
previamente cuando:
I. Las resoluciones que impongan sanciones hayan causado estado, y
II. Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya causado estado,
y que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no hayan
transcurrido más de diez años.
Para efectos de este artículo, las sanciones impuestas por una pluralidad de prácticas monopólicas o
concentraciones ilícitas en un mismo procedimiento se entenderán como una sola sanción.
No se considerará como sanción, para efectos de este artículo, las resoluciones emitidas por la
Comisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de esta Ley.
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Los Agentes Económicos tendrán derecho a presentar programas alternativos de desincorporación
antes de que la Comisión dicte la resolución respectiva.
Cuando la Comisión ordene la desincorporación o enajenación de activos, derechos, partes sociales o
acciones de los Agentes Económicos, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que,
en su caso, se promueva.
Capítulo V
Del Cumplimiento y Ejecución de las Resoluciones
Artículo 132. Los incidentes relativos al cumplimiento y la ejecución de las resoluciones de la
Comisión se desahogarán de conformidad con el procedimiento incidental previsto en esta Ley. En lo no
previsto se aplicará lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 133. El incidente podrá iniciarse de oficio o a petición de quien demuestre tener interés
jurídico. Iniciado el procedimiento se dará vista al Agente Económico de que se trate para que dentro de
un plazo de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, ofrezca pruebas. Las
pruebas que hayan sido admitidas deberán ser desahogadas dentro del término de veinte días. Posterior
al desahogo de pruebas, la Comisión otorgará un plazo improrrogable de cinco días a efecto de que se
presenten alegatos por escrito.
Tras los alegatos, la Comisión declarará integrado el expediente incidental y se turnará el asunto al
Pleno para que resuelva lo conducente dentro de los veinte días siguientes.
TÍTULO VIII
DE LA REPARACIÓN
Capítulo Único
De la Reparación de los Daños y Perjuicios
Artículo 134. Aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica
monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las acciones judiciales en defensa de sus
derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y
telecomunicaciones hasta que la resolución de la Comisión haya quedado firme.
El plazo de prescripción para reclamar el pago de daños y perjuicios se interrumpirá con el acuerdo de
inicio de investigación.
Con la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento seguido en forma de juicio se tendrá por
acreditada la ilicitud en el obrar del Agente Económico de que se trate para efectos de la acción
indemnizatoria.
TÍTULO IX
DE LA PRESCRIPCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES
Capítulo I
De las Medidas Cautelares
Artículo 135. En cualquier momento, la Autoridad Investigadora podrá solicitar al Pleno la emisión de
las medidas cautelares relacionadas con la materia de la denuncia o investigación que considere
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necesarias para evitar un daño de difícil reparación o asegurar la eficacia del resultado de la investigación
y resolución del procedimiento. Dicha facultad incluye, pero no se limita a:
I. Órdenes de suspensión de los actos constitutivos de las probables conductas prohibidas por
esta Ley;
II. Órdenes de hacer o no hacer cualquier conducta relacionada con la materia de la denuncia o
investigación;
III. Procurar la conservación de la información y documentación, y
IV. Las demás que se consideren necesarias o convenientes.
Artículo 136. Contra las medidas cautelares previstas en el artículo anterior, el Agente Económico
podrá solicitar al Pleno que, mediante el procedimiento expedito que se establezca en las Disposiciones
Regulatorias, le fije caución a fin de levantar dichas medidas. La caución deberá de ser bastante para
reparar el daño que se pudiera causar al proceso de libre concurrencia y competencia económica si no
obtiene resolución favorable. La Comisión emitirá los criterios técnicos respectivos para la determinación
de las cauciones.
La suspensión que dicte la Comisión no prejuzga respecto del fondo del asunto y cesará al concluir el
plazo fijado por el Pleno o en la fecha en que se emita la resolución definitiva.
Capítulo II
De la Prescripción
Artículo 137. Las facultades de la Comisión para iniciar las investigaciones que pudieran derivar en
responsabilidad e imposición de sanciones, de conformidad con esta Ley, se extinguen en el plazo de
diez años, contado a partir de la fecha en que se realizó la concentración ilícita o, en otros casos a partir
de que cesó la conducta prohibida por esta Ley.
TÍTULO X
DE LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES, GUÍAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS
TÉCNICOS
Capítulo Único
Del Procedimiento para la Elaboración de Directrices, Guías, Lineamientos y Criterios
Técnicos
Artículo 138. En la elaboración y expedición de las disposiciones que contengan las directrices,
guías, lineamientos y criterios técnicos a que hace referencia el artículo 12, fracción XXII, de esta Ley, se
estará a lo siguiente:
I. La Comisión mandará publicar un extracto del anteproyecto en el Diario Oficial de la
Federación, e íntegramente en el sitio de Internet de la Comisión, a efecto de abrir un período
de consulta pública por treinta días a fin de que cualquier interesado presente opiniones a la
Comisión sobre el anteproyecto respectivo. Asimismo, se deberá solicitar, y en su caso, recabar
la opinión del Instituto Federal de Telecomunicaciones;
II. Al término del plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión revisará los comentarios
recibidos al anteproyecto y dentro de los treinta días siguientes elaborará un informe con un
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resumen de los comentarios recibidos, así como de sus consideraciones a los mismos, el
informe deberá ser publicado en el sitio de Internet de la Comisión, y
III. Publicado el informe al que se refiere la fracción anterior, la Comisión tendrá sesenta días para
expedir las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos, las cuales serán publicadas un
extracto de las mismas en el Diario Oficial de la Federación, e íntegramente en el sitio de
Internet de la Comisión.
Las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos referidos en este artículo, deberán revisarse
por lo menos cada cinco años, de conformidad con lo señalado en el artículo 12, fracción XXII, de esta
Ley.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ……….
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los cuarenta y cinco días naturales siguientes al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley Federal de Competencia Económica publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de diciembre de 1992.
Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se
sustanciarán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio, ante las unidades
administrativas que establezca el estatuto orgánico emitido conforme al transitorio siguiente. Las
resoluciones que recaigan en dichos procedimientos sólo podrán ser impugnadas mediante el juicio de
amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Tercero. Para el caso de la designación del primer titular como Autoridad Investigadora, por cuanto
hace al requisito establecido en la fracción VII del artículo 31 de esta Ley, deberá atenderse en el sentido
de que durante los tres años previos a su nombramiento, no haya ocupado ningún empleo, cargo o
función directiva o haber representado de cualquier forma los intereses de algún Agente Económico que
haya estado sujeto a alguno de los procedimientos, previstos en la Ley Federal de Competencia
Económica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992, vigente hasta
antes de la entrada en vigor del presente Decreto.
Cuarto. El Pleno de la Comisión deberá adecuar su Estatuto Orgánico a lo dispuesto en el presente
Decreto en un plazo que no excederá de treinta días contados a partir de su entrada en vigor. En tanto se
efectúe la adecuación, se continuará aplicando el Estatuto Orgánico vigente al momento de la entrada en
vigor del presente Decreto, en lo que no se oponga a éste.
Quinto. Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión deberá integrar un grupo de trabajo técnico, con el objeto de analizar
y formular propuestas de ajustes a legislación penal vigente, en la materia objeto del presente Decreto. El
grupo de trabajo deberá presentar las propuestas correspondientes dentro de los sesenta días siguientes
al de su instalación.
Sexto. En un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el
Pleno publicará las Disposiciones Regulatorias a que hace referencia el artículo 12, fracción XXII de la
Ley Federal de Competencia Económica.
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Séptimo. Dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el
Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico a efecto de armonizarlo con los
principios en materia de competencia y libre concurrencia previstos en el artículo 28 de la Constitución.
Para lo anterior, el Congreso de la Unión podrá solicitar opinión a la Comisión Federal de Competencia
Económica.
México, D.F., a 29 de abril de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. José
González Morfín, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Javier Orozco
Gómez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de mayo de
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017
Artículo Primero. Se reforman los artículos 3, fracción VII; 20, fracciones VII y X; 23, párrafo
segundo; 25, párrafo quinto; 34; la denominación del Título IV para quedar como "Del Órgano Interno de
Control de la Comisión Federal de Competencia Económica"; 37; 38; 39, primer párrafo, fracciones I, VIII,
X, XIV, XVII, XXIV y XXVI; 40; 41, primer párrafo, fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX; 42; 43; la
denominación del Capítulo IV del Título IV "De la Responsabilidad del Titular del Órgano Interno de
Control"; 44; 45; 46; 49, fracción IV; y se derogan las fracciones III, XI, XII, XV, XVIII, XIX, XX y XXI del
artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:
………
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a
la publicación de este Decreto, iniciará los procesos de designación de los titulares de los Órganos
Internos de Control de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
les otorga autonomía y que ejerzan recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación
previstos en este Decreto.
Lo anterior, con excepción de aquellos titulares de los órganos internos de control de los organismos a
los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen
recursos públicos del Presupuesto de Egresos de la Federación que se encontraban en funciones a la
entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, los cuales continuarán en su encargo en los
términos en los que fueron nombrados.
Tercero. Los órganos de gobierno de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos les otorga autonomía y que ejercen recursos públicos del Presupuesto de Egresos de
la Federación, tendrán un plazo de ciento ochenta días, a partir de la publicación del presente Decreto,
para armonizar su normatividad interna en los términos del presente Decreto.
Cuarto. Los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente se encuentran asignados a
las Contralorías, se entenderán asignados a los Órganos Internos de Control a que se refiere el presente
Decreto.
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Quinto. Las referencias relativas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se
entenderán a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos hasta que
este ordenamiento legal se abrogue el 17 de julio de 2017.
Sexto. Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales correspondientes
con la anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán concluidos conforme a las
disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
Séptimo. El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a ciento ochenta días, deberá armonizar su
legislación conforme al presente Decreto.
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016.- Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.-
Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Ernestina Godoy Ramos, Secretaria.- Sen. María
Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil
diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.-
Rúbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021
Artículo Quincuagésimo Primero.- Se reforman la fracción VII del artículo 28; la fracción IX del
artículo 41; y el párrafo primero del artículo 77 de la Ley Federal de Competencia Económica, para
quedar como sigue:
………
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación y se expide en cumplimento al artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por el que se
expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General
de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular,
respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.
Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía
General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás personas
titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se encuentren en el
ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes del Consejo
Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo para el cual fueron
designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta la terminación del
proceso pendiente.
Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico de
la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la expedición
de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera.
En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos
jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto.
Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes,
celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República
se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan al
presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos
posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados.
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto quedará desincorporado de la Administración
Pública Federal el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de Ciencias Penales que
pasará a ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y
de gestión, dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República.
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Las personas servidoras públicas que en ese momento se encuentren prestando sus servicios para el
Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrán derecho a participar en el proceso de evaluación para
transitar al servicio profesional de carrera.
Para acceder al servicio profesional de carrera, el personal que deseé continuar prestando sus
servicios al Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá sujetarse al proceso de evaluación según
disponga el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, dándose por terminada aquella relación con
aquellos servidores públicos que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación.
El Instituto Nacional de Ciencias Penales deberá terminar sus relaciones laborales con sus personas
trabajadoras una vez que se instale el servicio profesional de carrera, conforme al programa de
liquidación del personal que autorice la Junta de Gobierno, hasta que esto no suceda, las relaciones
laborales subsistirán.
A la entrada en vigor de este Decreto, las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional de Ciencias Penales pertenecientes a la Administración Pública Federal dejarán el cargo, y sus
lugares serán ocupados por las personas que determine la persona titular de la Fiscalía General de la
República.
Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, la Junta de
Gobierno emitirá un nuevo Estatuto orgánico y establecerá un servicio profesional de carrera, así como
un programa de liquidación del personal que, por cualquier causa, no transite al servicio profesional de
carrera que se instale.
Los recursos materiales, financieros y presupuestales, incluyendo los bienes muebles, con los que
cuente el Instituto a la entrada en vigor del presente Decreto, pasarán al Instituto Nacional de Ciencias
Penales de la Fiscalía General de la República conforme al Décimo Primero Transitorio del presente
Decreto.
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor
del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades
competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las
atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden los
Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto.
Séptimo. El personal que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento o
Formato Único de Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República, conservará
los derechos que haya adquirido en virtud de su calidad de persona servidora pública, con independencia
de la denominación que corresponda a sus actividades o naturaleza de la plaza que ocupe. Para acceder
al servicio profesional de carrera el personal que deseé continuar prestando sus servicios con la Fiscalía
General de la República deberá sujetarse al proceso de evaluación según disponga el Estatuto del
servicio profesional de carrera. Se dará por terminada aquella relación con aquellas personas servidoras
públicas que no se sometan o no acrediten el proceso de evaluación.
El personal contratado por la Fiscalía General de la República se sujetará a la vigencia de su
nombramiento, de conformidad con los Lineamientos L/001/19 y L/003/19, por los que se regula la
contratación del personal de transición, así como al personal adscrito a la entonces Procuraduría General
de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el personal de
transición.
Octavo. Las personas servidoras públicas que cuenten con nombramiento o Formato Único de
Personal expedido por la entonces Procuraduría General de la República a la fecha de entrada en vigor
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de este Decreto y que, por cualquier causa, no transiten al servicio profesional de carrera deberán
adherirse a los programas de liquidación que para tales efectos se expidan.
Noveno. La persona titular de la Oficialía Mayor contará con el plazo de noventa días naturales para
constituir el Fideicomiso denominado “Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia” o
modificar el objeto de cualquier instrumento jurídico ya existente de naturaleza igual, similar o análoga.
Décimo. La persona titular de la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos para la transferencia de
recursos humanos, materiales, financieros o presupuestales, incluyendo los muebles, con los que cuente
la Fiscalía General de la República en el momento de la entrada en vigor de este Decreto, así como para
la liquidación de pasivos y demás obligaciones que se encuentren pendientes respecto de la extinción de
la Procuraduría General de la República.
Queda sin efectos el Plan Estratégico de Transición establecido en el artículo Noveno transitorio de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se abroga a través del presente Decreto.
Décimo Primero. Los bienes inmuebles que sean propiedad de la Fiscalía General de la República, o
de los órganos que se encuentren dentro su ámbito o de la Federación que, a la fecha de entrada en
vigor del presente Decreto se encuentren dados en asignación o destino a la Fiscalía General de la
República, pasarán a formar parte de su patrimonio.
Los bienes muebles y demás recursos materiales, financieros o presupuestales, que hayan sido
asignados o destinados, a la Fiscalía General de la República pasarán a formar parte de su patrimonio a
la entrada en vigor del presente Decreto.
Décimo Segundo. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un plazo de
un año a partir de la publicación del presente Decreto para emitir el Plan Estratégico de Procuración de
Justicia de la Fiscalía General de la República, con el que se conducirá la labor sustantiva de la
Institución conforme a la obligación a que refiere el artículo 88 del presente Decreto. Mismo que deberá
ser presentado por la persona titular de la Fiscalía General de la República en términos del párrafo
tercero del artículo 88 del presente Decreto.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia se presentará ante el Senado de la República, durante
el segundo periodo ordinario de sesiones, en su caso, seis meses después de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Para la emisión del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República
contará con la opinión del Consejo Ciudadano. La falta de instalación de dicho Consejo Ciudadano no
impedirá la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia.
Décimo Tercero. Las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República que a la fecha
de entrada en vigor del presente Decreto se encargan de los procedimientos relativos a las
responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la
República, tendrán el plazo de noventa días naturales para remitirlos al Órgano Interno de Control, para
que se encargue de su conocimiento y resolución, atendiendo a la competencia que se prevé en el
presente Decreto.
Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales,
corresponderá al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, a la entrada en vigor
del presente Decreto, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Auditoría Superior de la
Federación.
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Los expedientes iniciados y pendientes de trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán
resueltos por la Secretaría de la Función Pública.
Por cuanto hace a la estructura orgánica, así como a los recursos materiales, financieros o
presupuestales del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pasarán al
Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.
Décimo Quinto. Los bienes que hayan sido asegurados por la Procuraduría General de la República
o Fiscalía General de la República, con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, que sean
susceptibles de administración o se determine su destino legal, se pondrán a disposición del Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado, conforme a la legislación aplicable.
Décimo Sexto. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Lizbeth Mata Lozano, Secretaria.- Sen. María Merced
González González, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021.- Andrés
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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