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Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 1998
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 01-04-2024
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Ley Federal de Defensoría Pública, con base en las iniciativas
presentadas por los senadores Amador Rodríguez Lozano y José Natividad Jiménez Moreno, para quedar
como sigue:
LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
TÍTULO PRIMERO
De la Defensoría Pública
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en
asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal, laboral, así como
amparo en materia familiar u otras materias que determine el Consejo de la Judicatura Federal, y el
acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que la
misma establece.
Artículo reformado DOF 01-05-2019, 07-06-2021
Artículo 2. El servicio de defensoría pública será gratuito. Se prestará bajo los principios de probidad,
honradez y profesionalismo y de manera obligatoria, en los términos de esta Ley.
Artículo 3. Para la prestación de los servicios de defensoría pública, se crea el Instituto Federal de
Defensoría Pública, como órgano del Poder Judicial de la Federación. En el desempeño de sus funciones
gozará de independencia técnica y operativa.
Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de:
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I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y del Sistema de Justicia Penal
Integral para Adolescentes, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las
penas, medidas u otra consecuencia, hasta la extinción de éstas, y
Fracción reformada DOF 27-12-2012, 17-06-2016
II. Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente otorgados por la Ley a
otras instituciones.
Artículo 5. Para ingresar y permanecer como defensor público o asesor jurídico se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
II. Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente;
III. Tener como mínimo tres años de experiencia profesional en las materias relacionadas con la
prestación de sus servicios;
IV. Gozar de buena fama y solvencia moral;
V. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes, que para tal efecto implemente la
Escuela Federal de Formación Judicial;
Fracción reformada DOF 17-06-2016, 07-06-2021
VI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año, y
Fracción reformada DOF 17-06-2016
VII. En cuanto a la permanencia, no incurrir en deficiencia técnica manifiesta o reiterada ni incumplir
los deberes propios del cargo. Esta disposición será aplicable a todos los servidores públicos del
servicio civil de carrera.
Fracción adicionada DOF 17-06-2016
Artículo 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a:
I. Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo
soliciten en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
esta Ley y las demás disposiciones aplicables;
II. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de
los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas,
interpondrán incidentes o recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda
conforme a Derecho que resulte en una eficaz defensa;
III. Evitar en todo momento la indefensión de sus representados;
IV. Vigilar el respeto a los derechos humanos y sus garantías de sus representados; así como
promover el juicio de amparo respectivo o cualquier otro medio legal de defensa, cuando aquellos
se estimen violentados;
Fracción reformada DOF 17-06-2016
V. Llevar un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos en que
intervengan, desde que se les turnen hasta que termine su intervención;
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VI. Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, responsabilidad e
iniciativa, y
VII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 7. A los defensores públicos y asesores jurídicos les está prohibido:
I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en alguno de los tres órdenes de gobierno, salvo el
desempeño de actividades docentes;
II. El ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo que se trate de causa propia, la de su
cónyuge o su concubina, concubinario, así como parientes consanguíneos en línea recta sin
limitación de grado, y colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, y
III. Actuar como mandatarios judiciales, tutores, curadores o albaceas, depositarios judiciales,
síndicos, administradores, interventores en quiebra o concurso, ni corredores, notarios,
comisionistas, árbitros, ni ser mandatarios judiciales ni endosatarios en procuración, o ejercer
cualquier otra actividad cuando ésta sea incompatible con sus funciones.
Artículo 8. El servicio civil de carrera para las y los defensores públicos y las y los asesores jurídicos,
comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones,
estímulos y sanciones. Este servicio civil de carrera se regirá por esta Ley, por las disposiciones
generales que dicte el Consejo de la Judicatura Federal y por la normatividad aplicable.
Artículo reformado DOF 07-06-2021
Artículo 9. El Director General, los defensores públicos, asesores jurídicos y el personal técnico del
Instituto Federal de Defensoría Pública, serán considerados servidores públicos de confianza.
CAPÍTULO II
De los Defensores Públicos
Artículo 10. Los defensores públicos y defensores públicos para adolescentes serán asignados
inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la solicitud
formulada por el destinatario de los servicios, o por el Ministerio Público o el Órgano jurisdiccional, según
sea el caso.
Artículo reformado DOF 27-12-2012, 17-06-2016
Artículo 11. El servicio de defensoría pública en materia penal y de adolescentes ante el Ministerio
Público de la Federación comprende:
I. Atender inmediatamente las solicitudes formuladas por el destinatario de los servicios o el Agente del
Ministerio Público;
II. Solicitar al Agente del Ministerio Público de la Federación correspondiente la libertad caucional o
medida cautelar distinta a la prisión preventiva, si procediera o el no ejercicio de la acción penal en favor
de su defendido, cuando no existan elementos suficientes para su consignación;
III. Analizar la procedencia y proporcionalidad, así como promover lo que corresponda, en los casos en
que se aplique una medida cautelar a su defendido;
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IV. Entrevistar en privado y cuantas veces sea necesario al defendido, para conocer la versión
personal de los hechos que motivan la averiguación previa o investigación en su contra, los argumentos,
datos, medios de prueba y pruebas, así como todo aquello que sea necesario para plantear y llevar a
cabo la defensa que corresponda;
V. Asistir jurídicamente al defendido en toda entrevista, declaración o diligencia que ocurra dentro del
procedimiento penal o establezca la Ley;
VI. Informar al defendido, familiares o personas que autorice, del trámite legal que deberá
desarrollarse durante todo el procedimiento;
VII. Analizar los registros de la investigación, carpetas de investigación y constancias del expediente a
fin de contar con mayores elementos para la defensa;
VIII. Promover y participar en las diligencias de prueba, formular los argumentos e interponer los
medios de impugnación que sean procedentes;
IX. Procurar la continuidad y uniformidad de criterios en la defensa, y
X. Las demás intervenciones y promociones necesarias para realizar una defensa adecuada de los
derechos, garantías e intereses de su defendido acorde al caso concreto y que propicie una impartición de
justicia expedita y pronta.
En cualquier caso se negarán a convalidar o a instar a sus defendidos a convalidar actuaciones que
vayan en detrimento de los derechos humanos de dichos representados, obligándose a poner en
conocimiento de la autoridad investigadora distinta a la del caso de que se trate de dicha anomalía.
Artículo reformado DOF 17-06-2016
Artículo 12. El servicio de defensoría pública en materia penal, ante los órganos jurisdiccionales
federales comprende:
I. Atender inmediatamente las solicitudes que le sean formuladas por el inculpado o imputado, o por el
juez de la causa;
II. Replicar o bien solicitar las aclaraciones o precisiones que estime necesarias respecto a la
imputación formulada por el órgano acusador, o en su caso las realizadas por el coadyuvante del
Ministerio Público;
III. Solicitar al juez de la causa la libertad caucional o medida cautelar distinta a la prisión preventiva, si
procediera;
IV. Hacer valer lo concerniente respecto de las medidas cautelares solicitadas;
V. Hacer valer los medios que desvirtúen los elementos del tipo penal, hecho delictivo o la probable
responsabilidad o participación del defendido, en cualquier etapa del procedimiento, presentando
argumentos y datos de prueba, ofreciendo medios de prueba o pruebas y promoviendo los incidentes,
juicio de amparo, recursos, alegatos y demás diligencias que fueren necesarias para una eficaz defensa;
VI. Asistir jurídicamente al defendido y estar presente en el momento en que rinda su declaración
preparatoria o declaración en la audiencia inicial y en cualquier audiencia o diligencia en que deba
intervenir, y hacerle saber sus derechos;
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VII. Hacer uso de la palabra para expresar lo que convenga al interés del acusado en la apertura de la
audiencia de juicio o en el momento que proceda;
VIII. Llevar a cabo el interrogatorio o contrainterrogatorio de testigos y peritos;
IX. Solicitar la ampliación del plazo constitucional para el desahogo de medios de prueba que
considere necesarios;
X. Solicitar las diligencias de investigación que hubiere rechazado el Ministerio Público durante la
investigación;
XI. Acceder a los medios probatorios ofrecidos por la víctima u ofendido;
XII. Formular las conclusiones a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Penales o replicar
la acusación del Ministerio Público y la coadyuvancia a la acusación de la víctima y ofendido, en el
momento procesal oportuno;
XIII. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios si lo estima procedente;
XIV. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en la fase de
apelación para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular;
XV. Analizar las constancias que obren en autos a fin de contar con mayores elementos para la
formulación de los agravios respectivos en el momento procesal oportuno, durante la tramitación de la
segunda instancia;
XVI. Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión o penitenciarios con el objeto
de comunicar a su defendido el estado procesal en que se encuentra su asunto, informar los requisitos
para su libertad provisional bajo caución o medida cautelar distinta a la prisión preventiva, así como
aquellos para obtener los beneficios preliberacionales que en su caso correspondan;
XVII. Vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, procurando para sus representados los
beneficios que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables;
XVIII. Promover el procedimiento respectivo cuando existan indicios de que el imputado es
inimputable;
XIX. Solicitar cuando proceda la declaración de la extinción de la acción penal cuando se trate de
delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de
uno de sus miembros;
XX. Presentar los agravios que cauce la resolución que recurra;
XXI. Promover cuando procede la extinción de la pretensión punitiva o de la potestad para ejecutar las
penas o medidas de seguridad u otra consecuencia del delito; o el reconocimiento de inocencia o la
anulación de sentencia;
XXII. Promover, cuando proceda, las soluciones alternas al procedimiento, formas de terminación
anticipada del proceso y procedimientos especiales, explicando a sus representados las implicaciones de
cada una de las soluciones alternas, produciendo certeza de la aceptación del defendido de las
consecuencias de dichos mecanismos y procedimientos, y
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XXIII. En general, realizar todos los actos inherentes para una defensa adecuada conforme a Derecho.
Artículo reformado DOF 17-06-2016
Artículo 12 Bis. A los defensores públicos para adolescentes, además de las atribuciones que
procedan señaladas en los artículos anteriores, las siguientes:
I. Ejercer la defensa legal de los adolescentes o adultos jóvenes a quienes se atribuya la realización de
una conducta tipificada como delito, en igualdad de circunstancias que su contraparte, desde el momento
en el que sean presentados ante el Ministerio Público de la Federación para Adolescentes y mientras
estén sujetos a cualquiera de las fases del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes;
II. Asistir al adolescente o adulto joven sujeto a la aplicación de la Ley Federal de Justicia para
Adolescentes, especialmente en aquellos momentos en los que por decisión de la autoridad se modifique
su situación jurídica o se pongan en riesgo sus derechos o garantías;
III. Mantener una comunicación constante con el adolescente o adulto joven, sus padres, tutores, o
quien ejerza la patria potestad, o custodia, para informarles de la investigación, el proceso o la medida;
IV. Pugnar para que en todo momento se respeten los derechos y garantías de los adolescentes o
adultos jóvenes a quienes defiende, y hacer del conocimiento inmediato de las autoridades
correspondientes cuando no se respeten tales derechos y garantías, o exista inminencia de que así
suceda;
V. Informar de inmediato al adolescente o adulto joven sujeto a la aplicación de la Ley Federal de
Justicia para Adolescentes, sobre su situación jurídica, así como los derechos y garantías que le otorgan
las disposiciones legales aplicables;
VI. Promover soluciones alternativas al proceso;
VII. Solicitar al Ministerio Público de la Federación para Adolescentes el no ejercicio de la remisión
ante el Juez de Distrito u Órgano jurisdiccional Especializado para Adolescentes, cuando no se
encuentren reunidos los elementos necesarios para ello, y
Fracción reformada DOF 17-06-2016
VIII. Realizar todos los trámites o gestiones necesarios, en tiempo y conforme a derecho para una
eficaz defensa del adolescente o adulto joven, incluyendo la aportación de datos de prueba, ofrecimiento y
desahogo de medios de prueba y pruebas, realización de careos, formulación de alegatos, agravios,
conclusiones o réplicas de la acusación y su coadyuvancia, interposición de recursos, incidentes y demás
actos conducentes.
Fracción reformada DOF 17-06-2016
Artículo adicionado DOF 27-12-2012
Artículo 13. Las quejas que formulen los defensores públicos, los detenidos o internos de
establecimientos de detención o reclusión por falta de atención médica; por tortura; por tratos crueles,
inhumanos o degradantes, por golpes y cualquier otra violación a sus derechos humanos que provengan
de cualquier servidor público, se denunciarán ante el ministerio público, a la autoridad que tenga a su
cargo los reclusorios y centros de readaptación social y a los organismos protectores de derechos
humanos, según corresponda. Esto con el fin de que las autoridades adopten las medidas que pongan fin
a tales violaciones, se prevenga su repetición y, en su caso, se sancione a quienes las hubiesen
cometido, de conformidad con la legislación aplicable.
CAPÍTULO III
De los Asesores Jurídicos
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Artículo 14. Para gozar de los beneficios de la asesoría jurídica, se llenará solicitud en los formatos
que para tal efecto elabore el Instituto Federal de Defensoría Pública, y se deberán cumplir con los
requisitos previstos en las bases generales de organización y funcionamiento.
En la asignación de un asesor jurídico se dará preferencia a la elección del usuario, a fin de lograr
mayor confianza en la prestación del servicio.
En caso de que el servicio de asesoría sea solicitado por partes contrarias o con intereses opuestos,
se prestará a quien lo haya solicitado primero.
Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a:
I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;
II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;
III. Los trabajadores eventuales o subempleados;
IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores a los previstos en las
bases generales de organización y funcionamiento;
V. Las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
Fracción reformada DOF 01-05-2019, 01-04-2024
VI. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos
servicios, y
Fracción reformada DOF 01-05-2019
VII. Las personas que dispongan los Tribunales federales en materia laboral, en términos de la
normatividad aplicable.
Fracción adicionada DOF 01-05-2019
Artículo 16. Para determinar si el solicitante de los servicios de asesoría jurídica reúne los requisitos
establecidos para que se le otorgue el servicio, se requerirá un estudio social y económico, elaborado por
un trabajador social del Instituto Federal de Defensoría Pública.
En los casos de urgencia previstos en las bases generales de organización y funcionamiento, se
deberá prestar de inmediato y por única vez, la asesoría jurídica, sin esperar los resultados del estudio
socioeconómico.
Artículo 17. Se retirará el servicio de asesoría jurídica cuando:
I. El usuario manifieste de modo claro y expreso que no tiene interés en que se le siga prestando el
servicio;
II. El usuario del servicio incurra dolosamente en falsedad en los datos proporcionados;
III. El usuario o sus dependientes económicos cometan actos de violencia, amenazas o injurias en
contra del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública, y
IV. Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del servicio.
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Artículo 18. En caso de retiro, el asesor jurídico correspondiente deberá rendir un informe
pormenorizado al Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, en el que se acredite la
causa que justifique el retiro del servicio. Se notificará al interesado el informe, concediéndole un plazo de
cinco días hábiles para que, por escrito, aporte los elementos que pudieren, a su juicio, desvirtuar el
informe.
Una vez presentado el escrito por el interesado o bien, transcurrido el plazo de cinco días, el
expediente se remitirá a la unidad interna correspondiente, para que resuelva lo que corresponda,
haciéndolo del conocimiento del interesado.
En caso de retiro, se concederá al interesado un plazo de 15 días naturales para que el asesor jurídico
deje de actuar.
Artículo 19. Los asesores jurídicos realizarán sus funciones de acuerdo a las bases generales de
organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública y en función de la naturaleza de
cada uno de los asuntos para los cuales se prestará la asesoría jurídica.
CAPÍTULO IV
De los Servicios Auxiliares
Artículo 20. Cuando las necesidades del servicio lo requieran y para la eficaz atención de los asuntos
de su competencia, el Instituto Federal de Defensoría Pública podrá contratar los servicios de personas e
instituciones de reconocida probidad, capacidad y experiencia, de acuerdo con los criterios siguientes:
I. La contratación será para desempeñar funciones de consultoría externa en la etapa del proceso
ante los tribunales y para proveer de servicios periciales para una mayor eficacia en la defensa;
II. La contratación se efectuará para apoyar las funciones de los defensores públicos y asesores
jurídicos en los asuntos que determine el Instituto Federal de Defensoría Pública, y
III. Los abogados correspondientes, en solidaridad con las finalidades sociales del Instituto Federal
de Defensoría Pública, podrán hacer donación a éste, de los honorarios que les corresponda
percibir por su actuación profesional. Dichas donaciones serán deducibles de impuestos en los
términos que establezcan las disposiciones fiscales.
Artículo 20 Bis.- A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la asesoría jurídica a
favor de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a través
del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes, el Instituto Federal de
Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la
lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan.
Párrafo reformado DOF 01-04-2024
Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto celebrará convenios de colaboración
con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación tanto
de defensores públicos como de asesores jurídicos bilingües indígenas.
Artículo adicionado DOF 24-12-2013
Artículo 21. Para promover la participación de estudiantes de la Licenciatura de Derecho, en las
universidades públicas y privadas en los servicios de defensoría pública, el Instituto Federal de Defensoría
Pública, podrá celebrar convenios con éstas, para que aquéllos puedan prestar su servicio social, de
conformidad con los requisitos que al efecto establezcan las bases generales de organización y
funcionamiento.
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Artículo 22. Los servicios que se realicen por prestadores de servicio social en todo momento estarán
supervisados por un defensor público o asesor jurídico.
TÍTULO SEGUNDO
DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 23. El Instituto Federal de Defensoría Pública contará con una Junta Directiva, una Dirección
General y las unidades administrativas y personal técnico que para el adecuado desempeño de sus
funciones se determinen en el presupuesto.
Artículo reformado DOF 11-05-2022
Artículo 24. El Instituto Federal de Defensoría Pública designará por cada Unidad Investigadora del
Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito y por cada Juzgado Federal que conozca de
materia penal, cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario.
Artículo 25. Las unidades investigadoras del Ministerio Público de la Federación, los Juzgados y
Tribunales del Poder Judicial Federal deberán proporcionar en sus locales, ubicación física apropiada y
suficiente para la actuación de los defensores públicos y asesores jurídicos.
Artículo 26. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto Federal de Defensoría
Pública promoverá la celebración de convenios de coordinación con todos aquéllos que puedan
coadyuvar en la consecución de los fines de esta Ley.
CAPÍTULO II
De la Junta Directiva
Artículo 27. La Junta Directiva estará integrada por la persona titular de la Dirección General del
Instituto Federal de Defensoría Pública, quien la presidirá y por seis personas profesionales del Derecho
de reconocido prestigio, nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de su
Presidencia, observando el principio de paridad de género.
Las personas que integren la Junta Directiva realizarán sus funciones de manera personal e
indelegable. Durarán en su cargo tres años y podrán reelegirse por una sola ocasión.
Artículo reformado DOF 11-05-2022
Artículo 28. La Junta Directiva sesionará con un mínimo de cuatro integrantes y tomará sus
decisiones por mayoría de votos de las personas integrantes que se encuentren presentes. En caso de
empate la persona titular de la Dirección General tendrá voto de calidad.
Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos cada seis meses, sin perjuicio de que puedan
convocarse por la persona titular de la Dirección General o mediante solicitud que a éste formulen por lo
menos tres integrantes de la Junta Directiva, cuando se estime que hay razones de importancia para ello.
Artículo reformado DOF 11-05-2022
Artículo 29. La Junta Directiva tendrá las facultades siguientes:
I. Fijar la política y las acciones relacionadas con la defensoría pública, considerando las opiniones
que al respecto se le formulen;
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II. Se deroga.
Fracción derogada DOF 07-06-2021
III. Propiciar que las diversas instancias públicas y privadas apoyen las modalidades del sistema de
libertad provisional o de garantía económica de los defendidos que carezcan de recursos
económicos suficientes para el pago de la caución que se les fije;
Fracción reformada DOF 17-06-2016
IV. Se deroga.
Fracción derogada DOF 07-06-2021
V. Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos y
privados;
VI. Se deroga.
Fracción derogada DOF 07-06-2021
VII. Aprobar las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría
Pública;
VIII. Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración del
Consejo de la Judicatura Federal;
IX. Aprobar los lineamientos generales para la contratación de abogados particulares en los casos a
que se refiere esta Ley, atendiendo los criterios presupuestales y de administración que determine
el Consejo de la Judicatura Federal;
X. Aprobar el Plan Anual de Estímulos del Instituto Federal de Defensoría Pública;
Fracción reformada DOF 07-06-2021
XI. Examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración el Director General, y
XII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO III
De la Dirección General
Denominación del Capítulo reformada DOF 11-05-2022
Artículo 30. La persona titular de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública será
nombrada por el Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de su Presidencia, y durará tres años en
su cargo, pudiendo ser reelecta.
Artículo reformado DOF 11-05-2022
Artículo 31. La persona titular de la Dirección General del Instituto deberá reunir para su designación,
los requisitos siguientes:
Párrafo reformado DOF 11-05-2022
I. Contar con la ciudadanía mexicana por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y estar
en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
Fracción reformada DOF 11-05-2022
II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su designación;
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III. Acreditar experiencia de tres años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con
las materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la designación, título y cédula profesional
de licenciatura en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello
con antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación, y
Fracción reformada DOF 11-05-2022
IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no contar con condena por delito doloso con
sanción privativa de libertad mayor de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la buena fama de la
persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido
la penalidad impuesta.
Fracción reformada DOF 11-05-2022
El Consejo de la Judicatura Federal procurará preferir, en igualdad de circunstancias, a quien haya
desempeñado el cargo en la defensoría pública o similar.
Párrafo reformado DOF 11-05-2022
Artículo 32. La persona titular de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública
tendrá las atribuciones siguientes:
Párrafo reformado DOF 17-06-2016, 11-05-2022
I. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de defensoría pública que preste el Instituto
Federal de Defensoría Pública, así como sus unidades administrativas;
II. Dar seguimiento a los asuntos penales cuya defensa esté a cargo de la defensoría pública
federal, mediante el sistema que corresponda;
Fracción reformada DOF 17-06-2016, 11-05-2022
III. Particularmente dar seguimiento a los asuntos penales que se estén asistiendo por la defensoría
pública federal a efecto de conocer si las personas procesadas o imputadas con derecho a
libertad caucional o medida cautelar distinta a la prisión preventiva están haciendo uso de esa
prerrogativa, si cumplen con la obligación de presentarse en los plazos fijados, así como si los
procesos se encuentran suspendidos o ha transcurrido el término de prescripción de la acción
penal;
Fracción adicionada DOF 17-06-2016. Reformada DOF 11-05-2022
IV. Enviar las quejas que se presenten contra las defensoras y los defensores públicos, así como
las presentadas contra las asesoras y los asesores jurídicos al Consejo de la Judicatura Federal,
para que éste investigue la probable responsabilidad de las y los empleados del Instituto Federal
de Defensoría Pública;
Fracción reformada y recorrida DOF 17-06-2016. Reformada DOF 11-05-2022
V. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a las defensoras y
defensores públicos, así como a las asesoras y asesores jurídicos; determinando, si han
incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de las personas trabajadoras
del Instituto Federal de Defensoría Pública;
Fracción recorrida DOF 17-06-2016. Reformada DOF 11-05-2022
VI. Proponer a la Junta Directiva las políticas que estime convenientes para la mayor eficacia de la
defensa de las personas inculpadas;
Fracción recorrida DOF 17-06-2016. Reformada DOF 11-05-2022
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VII. Proponer a la Junta Directiva las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto
Federal de Defensoría Pública, incluyendo los objetivos estratégicos y los indicadores clave del
desempeño para la evaluación y rendición de cuentas del Instituto;
Fracción reformada y recorrida DOF 17-06-2016
VIII. Se deroga.
Fracción derogada y recorrida DOF 17-06-2016
IX. Promover y fortalecer las relaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública con las
instituciones públicas, sociales y privadas que por la naturaleza de sus funciones puedan
colaborar al cumplimiento de sus atribuciones;
Fracción recorrida DOF 17-06-2016
X. Proponer a la Junta Directiva el proyecto de Plan Anual de Capacitación y estímulos del Instituto
Federal de Defensoría Pública; así como un programa de difusión de los servicios del Instituto;
Fracción reformada y recorrida DOF 17-06-2016
XI. Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y
cada una de las defensorías públicas y asesorías jurídicas que pertenezcan al Instituto Federal
de Defensoría Pública, el cual deberá ser publicado;
Fracción recorrida DOF 17-06-2016. Reformada DOF 11-05-2022
XII. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la
Junta Directiva, y
Fracción recorrida DOF 17-06-2016
XIII. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.
Fracción recorrida DOF 17-06-2016
CAPÍTULO IV
De las Unidades Administrativas
Artículo 33. Las personas titulares de las Unidades Administrativas deberán reunir para su
designación, los siguientes requisitos:
Párrafo reformado DOF 11-05-2022
I. Contar con la ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
Fracción reformada DOF 11-05-2022
II. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;
III. Tener título profesional legalmente expedido y registrado y experiencia en la materia, de acuerdo
con las funciones que deba desempeñar, cuando menos con cinco años de antigüedad, y
IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no contar con condena por delito doloso con
sanción privativa de libertad mayor de un año o cualquier otro delito que dañe la buena fama de la
persona, cualquiera que haya sido la pena.
Fracción reformada DOF 11-05-2022
CAPÍTULO V
De los impedimentos
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Artículo 34. Los defensores públicos deberán excusarse de aceptar o continuar la defensa de un
inculpado cuando exista alguna de las causas de impedimento previstas en las fracciones I, II, IX, XIII,
XIV y XV del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 35. Los asesores jurídicos deberán excusarse de aceptar un asunto cuando:
I. Tengan relaciones de parentesco, afecto o amistad con la parte contraria al solicitante del
servicio, y
II. Sean deudores, socios, arrendatarios, herederos, tutores o curadores de la parte contraria al
solicitante del servicio o tengan algún interés personal del asunto.
El asesor jurídico expondrá por escrito su excusa a su superior jerárquico, el cual, después de
cerciorarse que es justificada lo expondrá al solicitante designando a otro defensor.
CAPÍTULO VI
Del Plan Anual de Capacitación
Denominación del Capítulo reformada DOF 07-06-2021
Artículo 36. Para el mejor desempeño del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública, la
Escuela Federal de Formación Judicial elaborará un Plan Anual de Capacitación, de acuerdo con los
criterios siguientes:
Párrafo reformado DOF 07-06-2021
I. Se recogerán las recomendaciones que proporcione la Junta Directiva del Instituto;
Fracción reformada DOF 07-06-2021
II. Se concederá amplia participación a los defensores públicos y asesores jurídicos en la
formulación, aplicación y evaluación de los resultados del plan;
III. Se procurará extender la capacitación a los trabajadores sociales y peritos, en lo que
corresponda y para interrelacionar a todos los profesionales del Instituto Federal de Defensoría
Pública y optimar su preparación y el servicio que prestan, y
IV. Se deroga.
Fracción derogada DOF 07-06-2021
Artículo 36 Bis. La Escuela Federal de Formación Judicial tendrá las atribuciones siguientes:
I. La capacitación de las personas defensoras públicas y las personas asesoras jurídicas del
Instituto para efectos del servicio de carrera;
II. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los defensores públicos,
defensoras públicas y asesores jurídicos o asesoras jurídicas;
III. Llevar a cabo el proceso de selección y oposición para el ingreso al servicio de carrera;
IV. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la
elevación del nivel profesional de las y los defensores públicos y las y los asesores jurídicos, e
igualmente se proporcione a la Junta asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos
en que ésta lo requiera;
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V. Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de defensoría pública;
VI. Aprobar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación del Instituto Federal de Defensoría Pública, en
los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;
VII. Llevar a cabo la capacitación de las personas trabajadoras sociales y peritos, en lo que
corresponda, para interrelacionar a todos los profesionales del Instituto Federal de Defensoría
Pública, así como optimizar su preparación y el servicio que prestan, y
VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo adicionado DOF 07-06-2021
CAPÍTULO VII
De la Responsabilidad de los Defensores Públicos y Asesores Jurídicos
Artículo 37. Además de las que se deriven de otras disposiciones legales, reglamentos o acuerdos
generales expedidos por el Consejo de la Judicatura Federal, o de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación, serán causas de responsabilidad de los servidores públicos del Instituto Federal de
Defensoría Pública:
I. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a otros órganos del Poder Judicial de la
Federación, o actuar indebidamente cuando se encuentren impedidos por alguna de las causales
previstas por las fracciones I, II, IX, XIII, XIV y XV del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación; precisamente en contravención con lo dispuesto por el artículo 148 del ordenamiento
jurídico en cita;
II. Descuidar y abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o labores que deban
realizar en virtud de su encargo;
III. No poner en conocimiento del Director, y éste del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier acto
tendiente a vulnerar la independencia o autonomía de sus funciones;
IV. No preservar la dignidad, imparcialidad, ética y profesionalismo propios del ejercicio de sus
atribuciones;
V. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su competencia;
VI. Negarse injustificadamente a patrocinar la defensa de los indiciados que, no teniendo defensor
particular ni los recursos económicos suficientes para cubrir los honorarios de alguno, sean
designados por éstos, el Ministerio Público de la Federación o por el órgano jurisdiccional
correspondiente;
VII. Dejar de interponer en tiempo y forma los recursos legales que procedan, desatender su trámite,
desistirse de ellos o abandonarlos en perjuicio de su defendido o asistido;
VIII. Aceptar dádivas o cualquier remuneración por los servicios que prestan a sus defendidos o
asistidos, o solicitar a éstos o a las personas que por ellos se interesan, dinero o cualquier otra
retribución para cumplir con las funciones que gratuitamente deban ejercer, y
IX. Dejar de cumplir con cualquiera de las demás obligaciones que, en virtud de la existencia de la
institución, se les ha conferido.
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Artículo 38. También serán causas de responsabilidad para cualquier servidor de los sistemas de
procuración y administración de justicia federales, realizar conductas que atenten contra la autonomía e
independencia de los defensores públicos o asesores jurídicos o cualquier otra acción que genere o
implique subordinación indebida de estos servidores públicos respecto de alguna persona o autoridad.
Artículo 39. El procedimiento para determinar la responsabilidad del Director General y demás
miembros del Instituto Federal de Defensoría Pública, así como las sanciones aplicables, será el previsto
en el Título Octavo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y su conocimiento, será de la
exclusiva competencia del Consejo de la Judicatura Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ..........
TRANSITORIOS
PRIMERO. La Ley Federal de Defensoría Pública y las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de la Defensoría de Oficio Federal, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 9 de febrero de 1922.
TERCERO. Todos los recursos humanos y materiales adscritos a la Unidad de Defensoría del Fuero
Federal, pasarán al Instituto Federal de Defensoría Pública. Los derechos laborales del personal que
preste sus servicios en la citada Unidad, serán respetados en todos sus términos. Los asuntos que estén
a cargo de la Unidad de Defensoría pasarán al Instituto Federal de Defensoría Pública.
CUARTO. El Consejo de la Judicatura Federal nombrará al Director General del Instituto Federal de
Defensoría Pública, en un plazo de treinta días y en un plazo de sesenta días, a las personas que
integrarán la Junta Directiva del propio Instituto; ambos plazos contados a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley.
QUINTO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal de Defensoría
Pública, todos los miembros del Instituto Federal de Defensoría Pública deberán estar ejerciendo sus
funciones y brindando los servicios previstos en esta Ley.
SEXTO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la Junta Directiva del
Instituto Federal de Defensoría Pública deberá aprobar las Bases Generales de Organización y
Funcionamiento del propio Instituto.
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
México, D.F., a 28 de abril de 1998.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Presidente.- Dip. Aurora Bazán
López, Presidente.- Sen. José Luis Medina Aguiar, Secretario.- Dip. Francisco Antonio Ordaz
Hernández, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del
mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se
adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012
ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 4, fracción I, y 10; y se adiciona un artículo 12 Bis a la
Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor una vez que haya entrado en vigor el Código Nacional
de Procedimientos Penales en la Federación, en todas las Entidades Federativas y del Distrito Federal, en
los términos previstos en la declaratoria a que hace referencia el Artículo Segundo Transitorio del Decreto
por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de marzo de 2014, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
Artículo reformado DOF 24-12-2014
SEGUNDO. Se abroga, en su aplicación de ámbito federal, la Ley para el Tratamiento de Menores
Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de
Fuero Federal.
TERCERO. Dentro del plazo de entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal y las
autoridades federales correspondientes, deberán expedir los reglamentos que se prevén en esta Ley, así
como realizar las adecuaciones presupuestales y orgánicas correspondientes. Deberá preverse también
la selección y capacitación inicial y permanente de los funcionarios que integrarán el personal del sistema,
así como de quienes fungirán como formadores. Para estos efectos se recurrirá a los convenios que las
diversas dependencias tengan firmados con organismos rectores especializados en la protección de los
derechos de los adolescentes.
CUARTO. Las instituciones encargadas de la formación de los agentes de las policías federales
deberán incluir, en un plazo que no supere el ciclo lectivo en curso al momento de entrar en vigor esta
Ley, en el currículo transversal, los planes y programas de estudio de todos los niveles y modalidades en
los que se imparta capacitación, una formación integral en los derechos de los adolescentes contenidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás
ordenamientos federales aplicables.
QUINTO. Los adolescentes sujetos a procedimiento o que se encuentren cumpliendo una medida de
conformidad con la Ley que se abroga, quedarán sujetos al régimen previsto en la presente Ley en todo
aquello que les beneficie.
SEXTO. Las erogaciones que en su caso se generen para las instancias federales derivado de la
entrada en vigor del presente Decreto, se sujetarán a los ingresos previstos por la Ley de Ingresos de la
Federación, así como a la disponibilidad presupuestaria aprobada para ese efecto por la Cámara de
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente y a las
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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SÉPTIMO. Para efectos de la aplicación de la fuerza física sobre los adolescentes, y adultos jóvenes
como una medida excepcional, se expedirán los protocolos de actuación del uso de la fuerza que resulten
necesarios, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
OCTAVO. El Congreso de la Unión realizará las modificaciones que correspondan a la presente Ley
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor en el ámbito federal del sistema de justicia penal
acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y
sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
México, D.F., a 28 de noviembre de 2012.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Jesús
Murillo Karam, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Javier Orozco Gómez,
Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de
diciembre de dos mil doce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría
Pública.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, para
quedar como sigue:
………
TRANSITORIO
ÚNICO.- El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 12 de noviembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortes, Presidente.- Sen. Raúl
Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gomez, Secretario.- Sen. Iris Vianey Mendoza
Mendoza, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de diciembre
de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el artículo primero transitorio del Decreto por el que se
expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se
reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado el 27 de diciembre de 2012.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2014
Artículo Único. Se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley
Federal de Justicia para Adolescentes y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, para quedar como sigue:
………
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 15 de diciembre de 2014.- Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente.- Sen. Miguel
Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. María Elena Barrera Tapia,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de diciembre
de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección
a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la
Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de
Instituciones de Crédito.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016
Artículo Octavo.- Se reforman los artículos 4, fracción I; 5, fracciones V y VI; 6, fracción IV; 10; 11,
primer párrafo y fracciones I, II, III, IV, V, VI y VIII; 12; 12 Bis, fracciones VII y VIII; 29, fracción III; 32,
fracción II. Se adicionan la fracción VII al artículo 5; fracción III y VIII, así como un último párrafo al
artículo 11 recorriéndose en su orden los subsecuentes; fracción III al artículo 32, recorriéndose en su
orden los subsecuentes de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:
………
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación salvo lo previsto en el siguiente artículo.
Segundo.- Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 13, 44 y
49 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y los
artículos 21 en su fracción X, 50 Bis y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
entrarán en vigor en términos de lo previsto por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se
expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5
de marzo de 2014.
Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos
legales contemplados en el presente Decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les
dieron origen.
Tercero.- Dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, la Federación y
las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán contar con una
Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso.
Asimismo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de creación de las autoridades de medidas
cautelares y de la suspensión condicional del proceso de la Federación y de las entidades federativas, se
deberán emitir los acuerdos y lineamientos que regulen su organización y funcionamiento.
Cuarto.- Las disposiciones del presente Decreto relativas a la ejecución penal, entrarán en vigor una
vez que entre en vigor la legislación en la materia prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que
hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con
base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia
penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la
revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a
171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el
Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano
jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión,
sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos
Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en
términos de los artículos 176 a 182 del citado Código.
Sexto.- La Procuraduría General de la República propondrá al seno del Consejo Nacional de
Seguridad Pública la consecución de los acuerdos que estime necesarios entre las autoridades de las
entidades federativas y la federación en el marco de la Ley Federal para la Protección a Personas que
Intervienen en el Procedimiento Penal.
Ciudad de México, a 15 de junio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Verónica
Delgadillo García, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis.-
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley
Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia
Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019
ARTÍCULO TERCERO. Se REFORMA el artículo 1; y se ADICIONA una fracción VII al artículo 15 de
la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:
……..
TRANSITORIOS
Primero. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Plazo para expedir Ley Orgánica del Centro Federal. Dentro de los ciento ochenta días
siguientes a que entre en vigor el presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá la Ley Orgánica del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Tercero. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Registral. El Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral iniciará sus funciones en materia de registro de asociaciones sindicales y contratos
colectivos de trabajo en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, atendiendo a las posibilidades presupuestales.
Al día siguiente en que se suspenda el servicio de registro de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en su caso los Poderes Ejecutivos de las Entidades
Federativas, iniciará operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Hasta en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no inicie sus funciones registrales,
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social continuarán
con las funciones registrales previstas en la Ley Federal del Trabajo vigente al momento de la entrada en
vigor del presente Decreto.
Cuarto. Traslado de Expedientes de Registro. Para efectos del traslado de expedientes de registro
de asociaciones sindicales, contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y
procedimientos administrativos relacionados, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas deberán remitir al Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral una relación completa de todos los expedientes y registros en
su poder, con soporte electrónico de cada registro o expediente, con una anticipación mínima de seis
meses al inicio de sus funciones.
Para efecto de lo anterior, dichas autoridades establecerán y difundirán las fechas en que suspenderán
sus funciones registrales e iniciarán las del Centro Federal referido, garantizando que no se afecten los
derechos de los interesados.
El traslado físico de los expedientes de todas las dependencias tanto federales como locales deberá
concluir en un plazo no mayor a un año posterior al inicio de las funciones registrales de dicho Centro
Federal; dicho Centro establecerá los mecanismos de coordinación conducentes con las autoridades
referidas y emitirá los lineamientos necesarios para garantizar que la transferencia de expedientes y
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registros se realice bajo condiciones que brinden seguridad, certeza, exactitud, transparencia, publicidad y
confiabilidad al procedimiento de entrega-recepción.
Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y Tribunales Locales.
Los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas
iniciarán actividades a más tardar el 3 de octubre de 2022, en términos de lo que establezca su propia
normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los
Centros de Conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad federativa, en la misma
fecha en que lo hagan los Tribunales Locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente
Decreto.
Artículo reformado DOF 18-05-2022
Sexto. Plazo para el inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Federal y Tribunales
Federales. Dentro del plazo máximo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, cada
delegación u oficina regional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará la tramitación
de solicitudes de conciliación que sean de su competencia al mismo tiempo que los Tribunales del Poder
Judicial de la Federación inicien su operación en el circuito judicial al que correspondan. Cada circuito
judicial iniciará sus funciones en el orden y secuencia en que se determine en las declaratorias que emita
el Senado de la República, a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a las
disposiciones previstas en el presente Decreto.
Séptimo. Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos
por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Locales no
admitirán a trámite solicitudes de audiencia de conciliación o emplazamientos respecto de procedimientos
que se estén sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo los de ejecución, por lo
que se archivarán dichas solicitudes.
Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje
federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán
conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a
la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y
locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del
presente Decreto.
Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo conservará la facultad para citar a los patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o
conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá la medida de
apremio a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que
si el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, se le tendrá por desistido de
su petición sin responsabilidad para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada para
no comparecer.
Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y
demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos
presupuestales necesarios.
Noveno. Improcedencia de Acumulación de Procesos. Cuando un juicio se encuentre en trámite
conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigentes con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Decreto y otro se sustancie conforme a las disposiciones de este Decreto, no procederá la
acumulación de juicios.
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Décimo. Trámite de Procedimientos y Juicios. Una vez que entren en operación los Centros de
Conciliación y Tribunales, los procedimientos y los juicios se ventilarán ante ellos de conformidad con el
presente Decreto, según corresponda.
Décimo Primero. Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo. Con el fin de cumplir el
mandato del artículo 123, apartado A, fracción XVIII, segundo párrafo y XX Bis de la Constitución y los
compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, los contratos colectivos de trabajo
existentes deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor
de este Decreto.
Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral. Dicho Centro verificará que se haya hecho del conocimiento de los trabajadores el
contenido del contrato colectivo de trabajo y que se les entregó un ejemplar impreso del mismo por parte
del patrón; asimismo, que éste contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores
mediante voto personal, libre y secreto.
La consulta a los trabajadores se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 390
Ter de esta Ley.
Si al término del plazo fijado en el primer párrafo de este artículo el contrato colectivo de trabajo sujeto
a consulta no cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores o se omite realizar la consulta
mencionada, éste se tendrá por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las
prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a revisión, que sean
superiores a las establecidas en esta Ley, las que serán de aplicación obligatoria para el patrón.
Hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá el protocolo para efectuar la verificación de la
consulta a que se refiere el presente artículo transitorio y dispondrá las medidas necesarias para su
instrumentación, dentro de un plazo de tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá la participación que dicho protocolo le establezca.
Décimo Segundo. Previsiones para la aplicación de la Reforma. El Congreso de la Unión y las
Legislaturas de las entidades federativas deberán destinar los recursos necesarios para la
implementación de la reforma del sistema de justicia laboral.
Décimo Tercero. Implementación y Capacitación. En la implementación de las disposiciones a que
se refiere el presente Decreto y en lo sucesivo, las Autoridades Conciliadoras y los Tribunales del Poder
Judicial Federal y de las entidades federativas, deberán incorporar en sus programas de formación y
capacitación, metodologías y contenidos para brindar atención y asesoría en materia de protección de
derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad.
Décimo Cuarto. Primera Sesión de la Junta de Gobierno del Centro Federal. La persona titular de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral convocará a la primera sesión de dicho órgano dentro
de los noventa días naturales siguientes a la fecha de designación de su titular.
Décimo Quinto. Concursos de Selección de Personal. Las convocatorias a concurso para la
selección de personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de los Centros de
Conciliación Locales y de los Tribunales del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas serán de
carácter abierto y garantizarán el derecho de participar en igualdad de oportunidades al personal de las
Juntas de Conciliación y Arbitraje.
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Décimo Sexto. Plan y Programa de Trabajo para la Conclusión de los asuntos en Trámite.
Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la aprobación del presente Decreto la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje presentarán al Consejo
de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, un plan de trabajo
con su respectivo programa para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los
laudos así como para el cierre y conclusión de labores en forma paulatina y gradual de dichos órganos.
Los planes y programas de trabajo deberán contener indicadores de resultados y desempeño por
periodos semestrales. Corresponderá al Órgano Interno de Control de cada Junta de Conciliación y
Arbitraje la medición de resultados e impacto a que se refiere el párrafo anterior.
Décimo Séptimo. Coordinación interinstitucional para la implementación de la reforma. Se crea
el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral como
instancia nacional de consulta, planeación y coordinación que tendrá por objeto establecer la política y la
coordinación nacionales necesarias para implementar a nivel federal y local el Sistema de Justicia Laboral
en los términos previstos en el presente Decreto, con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes
Federales y Locales.
Dicho Consejo deberá sesionar de manera ordinaria por lo menos tres veces al año y de manera
extraordinaria las ocasiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las sesiones serán
presididas por la persona Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, en su ausencia temporal
por la persona que ésta designe. Los cargos que desempeñen los integrantes del Consejo serán de
carácter honorífico, por lo que no recibirán remuneración alguna por su participación en el mismo.
El Consejo se integrará por:
I. Poder Ejecutivo Federal:
a) La persona Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y
b) La persona Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las ausencias de éstos serán suplidas por los servidores públicos que ellos designen, con un nivel
jerárquico inmediato inferior.
II. Un representante del Poder Judicial Federal que designe el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación;
III. Un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores;
IV. Un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, y
V. Un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo.
Con el propósito de dar cumplimiento a su objeto, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Emitir los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos
necesarios para el debido cumplimiento de su objeto, vinculatorios para sus integrantes;
II. Elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios para instrumentar, a nivel federal y
local, una estrategia nacional para la implementación del Sistema de Justicia Laboral, que contemple la
programación de compromisos y etapas de desarrollo;
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III. Diseñar criterios para la implementación de las adecuaciones legales y normativas necesarias para
cumplir con su objeto;
IV. Proponer a las instancias correspondientes los cambios organizacionales, la construcción y
operación de la infraestructura que se requieran;
V. Emitir los lineamientos para la evaluación y seguimiento de las acciones que se deriven de las
políticas, programas y mecanismos señaladas en la fracción II de este artículo;
VI. Auxiliar en la elaboración de los programas de capacitación y difusión sobre el Sistema de Justicia
Laboral dirigidos a jueces, procuradores del trabajo, defensores y asesores públicos, conciliadores,
peritos, abogados, servidores públicos involucrados, representantes de trabajadores y empleadores,
instituciones educativas, así como a la sociedad en general;
VII. Coadyuvar con el Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el
seguimiento y evaluación de los recursos presupuestales ejercidos en la implementación y operación del
Sistema de Justicia Laboral;
VIII. Elaborar los criterios para la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional; así como
los acuerdos de coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas y de cooperación
internacional;
IX. Analizar los informes que le remita la Secretaría Técnica sobre los avances de sus actividades;
X. Interpretar las disposiciones del presente artículo y su alcance jurídico, así como desahogar las
consultas que se susciten con motivo de su aplicación, y
XI. Las demás que se requieran para el cumplimiento de su objeto.
El Consejo contará con una Secretaría Técnica, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, la cual deberá operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones que tome el Consejo, así como
coadyuvar y brindar el apoyo que requieran las autoridades e instancias correspondientes para la
implementación del Sistema de Justicia Laboral. Dicha Secretaría Técnica estará a cargo de un servidor
público con nivel de Titular de Unidad, nombrado y, en su caso, removido por la persona titular de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirá los lineamientos de operación y la convocatoria para la
primera sesión de este Consejo.
Décimo Octavo. Abatimiento del Rezago. Los organismos y entidades públicas deberán establecer
instancias internas de conciliación para concluir el rezago de juicios tramitados ante las Juntas de
Conciliación y Arbitraje.
Décimo Noveno. Disposiciones para la conclusión de conflictos de seguridad social. Los
institutos de seguridad social deberán adoptar las disposiciones administrativas necesarias para instaurar
instancias internas para la autocomposición en los conflictos individuales de seguridad social a que se
refiere el presente Decreto.
Vigésimo. Protección de derechos de los Trabajadores. Los derechos laborales de las y los
trabajadores de las instituciones que se vean involucradas en esta transición deberán ser respetados en
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su totalidad. Las autoridades llevarán a cabo todas las acciones de carácter administrativo para garantizar
que se protejan y conserven los derechos de seguridad social, de acuerdo con las leyes aplicables.
Vigésimo Primero. Implementación de Tecnologías de la Información. Los Tribunales, así como
los Centros de Conciliación a que hace referencia este Decreto, deberán contar con los sistemas
electrónicos para garantizar que los procedimientos a su cargo sean ágiles y efectivos. Asímismo,
deberán crear las plataformas electrónicas que albergarán los buzones electrónicos y las aplicaciones
digitales necesarios para operar la conectividad por medios electrónicos con las autoridades laborales.
Vigésimo Segundo. Plazo para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 390 Bis y 390
Ter. Las organizaciones sindicales tendrán un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, para adecuar sus procedimientos de consulta a las normas establecidos en los
artículos 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo.
Vigésimo Tercero. Adecuación de los estatutos sindicales. Las disposiciones previstas en el
artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo para la elección de las directivas sindicales mediante el voto
personal libre, directo y secreto de los trabajadores, iniciarán su vigencia en un plazo de doscientos
cuarenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Asímismo, dentro del mismo plazo las
organizaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones previstas en dicho artículo y
demás aplicables de la citada Ley.
Vigésimo Cuarto. Declaratoria de la Cámara de Senadores y de los Congresos Locales. Los
Tribunales del Poder Judicial de la Federación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
entrarán en funciones en cada entidad federativa una vez que la Cámara de Senadores emita la
declaratoria correspondiente. Los Tribunales Locales y los Centros de Conciliación locales entrarán en
funciones una vez que las respectiva Legislatura Local haga la declaratoria correspondiente.
Lo anterior deberá publicarse en los medios de difusión oficial correspondientes.
Vigésimo Quinto. Personas trabajadoras del hogar. La fracción IV del artículo 337 del presente
Decreto en materia de trabajo del hogar iniciará su vigencia una vez que se aprueben y entren en vigor las
adecuaciones normativas necesarias para la incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar
en el régimen obligatorio de seguridad social, conforme a la resolución del Amparo Directo 9/2018
(relacionado con el Amparo Directo 8/2018), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Aquellos trabajadores del hogar que se encuentren inscritos ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social no les será aplicable los artículos 338 y 339 de esta Ley.
Vigésimo Sexto. Plataforma en materia de seguridad social para consulta del Tribunal. La
plataforma informática a que hace referencia el artículo 899-E será operada por las instituciones públicas
de seguridad social correspondientes.
Las bases de datos pertenecientes a cada institución estarán vinculadas entre sí y deberán
concentrarse en dicha plataforma para consulta inmediata del Tribunal que lo requiera. Las instituciones
de seguridad social y los Poderes Judiciales federales y locales suscribirán los acuerdos de colaboración
necesarios para la adecuada operación de la plataforma, así como para la protección de los datos
personales que concentre.
La información contenida en la plataforma deberá estar actualizada y debidamente registrada por cada
institución de seguridad social.
La plataforma deberá entrar en operación en un plazo no mayor a dos años posteriores a la entrada en
vigor del presente Decreto, por lo que las instituciones de seguridad social deberán tomar las medidas
apropiadas para su instrumentación en el plazo requerido.
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Vigésimo Séptimo. Representantes de los trabajadores y de los patrones ante las Juntas de
Conciliación y Arbitraje. En caso de ser necesaria la designación de algún representante de
trabajadores o patrones ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje en tanto éstas continúan su operación,
el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las designaciones correspondientes para
el periodo que resulte necesario para que las citadas instancias puedan concluir sus funciones.
Asimismo, de incurrir los representantes trabajadores y patrones en algún tipo de responsabilidad, le
serán aplicables las sanciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo vigente.
Vigésimo Octavo. Derogación explícita y tácita de preceptos incompatibles. Se derogan las
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se opongan a las contenidas en el presente
Decreto.
Ciudad de México, a 29 de abril de 2019.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Martí Batres
Guadarrama, Presidente.- Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria.- Sen. Antares G. Vázquez
Alatorre, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez
Cordero Dávila.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la
Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal
de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de
las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021
Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 1; 5, fracción V; 8; 29, fracción X; la denominación del
Capítulo VI, del Título Segundo, y 36, párrafo primero y fracción I; se adiciona el artículo 36 Bis, y se
derogan las fracciones II, IV y VI del artículo 29 y la fracción IV, del artículo 36 de la Ley Federal de
Defensoría Pública, para quedar como sigue:
………
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, salvo lo siguiente:
I. Las disposiciones relativas a los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales
Unitarios de Circuito, entrarán en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales
que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.
II. Las disposiciones relativas a los plenos Regionales en sustitución de los plenos de Circuito, entrarán
en vigor en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.
III. Entrarán en vigor en la fecha en la que el Poder Judicial de la Federación realice la declaratoria a
que se refiere el artículo Séptimo Transitorio de este Decreto:
a) El artículo segundo del presente Decreto;
b) Las disposiciones relativas a la Escuela Federal de Formación Judicial, y
c) Las nuevas categorías de la Carrera Judicial.
IV. Las reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, entrarán en vigor a los 18 meses de la publicación del
presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
V. La reforma al artículo 218 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrará en vigor a los 6 meses de la publicación
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
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Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente Decreto las instancias
competentes del Poder Judicial de la Federación deberán realizar las adecuaciones normativas, orgánicas
y administrativas conducentes, para la observancia de lo establecido en el presente Decreto.
Tercero. El procedimiento de sustituciones por ausencia de las personas titulares de los órganos
jurisdiccionales, así como la lista de personal jurisdiccional habilitado para realizar funciones
jurisdiccionales a que hace referencia la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deberá
instrumentarse por el Consejo de la Judicatura Federal dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto.
Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se
realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales
efectos.
Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto,
continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al
momento de su inicio.
Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Séptimo. Dentro de los 18 meses siguientes a la publicación del presente Decreto, el Poder Judicial
de la Federación deberá emitir y publicar, en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial
de la Federación, la declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera
Judicial contenidas en el presente Decreto.
Octavo. Las y los actuales oficiales administrativos podrán acceder a la categoría de oficial judicial,
previo cumplimiento de los requisitos y evaluación que para tal efecto implemente el Consejo de la
Judicatura Federal, en los términos de las disposiciones que éste emita. En caso de que dichos oficiales
administrativos no puedan acceder a la nueva categoría, conservarán su actual puesto y los derechos
inherentes a este.
Noveno. Las tesis que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto
mantendrán su formato.
Décimo. Las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del presente
Decreto mantendrán su obligatoriedad, salvo que sean interrumpidas en los términos que se prevén en el
artículo 228 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, al momento de la interrupción.
Décimo Primero. Las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se hubieran
emitido con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de precedentes obligatorios, mantendrán
ese carácter. Únicamente las sentencias que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto podrán constituir jurisprudencia por precedente.
Décimo Segundo. Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995.
Décimo Tercero. [Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la
Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes
reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará
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en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Asimismo, el Consejero de la Judicatura Federal
nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2016 concluirá
su encargo el 30 de noviembre de 2023; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero de 2019 concluirá sus funciones el 23 de
febrero de 2026; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de
noviembre de 2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026; las Consejeras de la Judicatura Federal
designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19 de
noviembre de 2026; y el Consejero de la Judicatura Federal designado por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de noviembre de
2026.]
Artículo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 17 -11-2021 y publicada
DOF 18-02-2022
Ciudad de México, a 22 de abril de 2021.- Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip.
Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. María Merced González González, Secretaria.- Dip.
María Guadalupe Díaz Avilez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 1 de junio de 2021.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez
Cordero Dávila.- Rúbrica.
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PUNTOS RESOLUTIVOS de la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 95/2021 y su
acumulada 105/2021, promovidas por diversos integrantes de las Cámaras de Senadores
y de Diputados del Congreso de la Unión.
Notificados al Congreso de la Unión para efectos legales el 17 de noviembre de 2021
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Poder Judicial de la Federación.- Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
OFICIO NÚM. SGA/MOKM/398/2021
MAESTRA CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE
DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E
El Tribunal Pleno, en su sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, resolvió la
acción de inconstitucionalidad 95/2021 y su acumulada 105/2021, promovidas por diversos integrantes de
las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, en los términos siguientes:
“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su
acumulada.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo transitorio décimo tercero del ‘DECRETO por el
que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del
Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo
123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles’, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, la cual surtirá sus efectos a partir de la
notificación de estos puntos resolutivos a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso
de la Unión, así como al Titular del Poder Ejecutivo Federal, en los términos precisados en los
considerandos séptimo y octavo de esta decisión.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”
Cabe señalar que el Tribunal Pleno determinó que los efectos de la decisión decretada en este fallo
surtirán a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a las Cámaras de Senadores y de Diputados
del Congreso de la Unión, así como al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por lo que le solicito que gire
instrucciones para que, a la brevedad, se practique la citada notificación.
Asimismo, con el objeto de dar cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Pleno en su sesión
privada celebrada el doce de abril de dos mil diez, le solicito que remita a esta Secretaría General de
Acuerdos únicamente copia certificada del documento en el que conste la notificación que se realice a las
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Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, así como al Titular del Poder Ejecutivo
Federal.
Atentamente
Ciudad de México; 16 de noviembre de 2021
LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA.- Rúbrica.
Notificados los puntos resolutivos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el miércoles 17
de noviembre de 2021 a las 13:35 hrs.- Dirección General de Asuntos Jurídicos.- Sello de Recibido.
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SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la Acción de Inconstitucionalidad 95/2021 y su acumulada 105/2021, así como los
Votos Aclaratorio y Concurrente del señor Ministro Alberto Pérez Dayán, Particulares y
Concurrentes de la señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández y del señor Ministro
Luis María Aguilar Morales y Concurrente del señor Ministro Jorge Mario Pardo
Rebolledo.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2022
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de
Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 95/2021 Y SU
ACUMULADA 105/2021
PROMOVENTES: DIVERSOS INTEGRANTES DE LAS
CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN
PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
SECRETARIOS: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ
MANUEL POBLETE RÍOS
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.
………
187. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo transitorio décimo tercero del ‘DECRETO por el que se
expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial
de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la
Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de
Procedimientos Civiles’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil
veintiuno, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a las Cámaras
de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, así como al Titular del Poder Ejecutivo Federal,
en los términos precisados en los considerandos séptimo y octavo de esta decisión.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; haciéndolo por medios electrónicos y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
……..
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El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos
precisados. Doy fe.
Firman el señor Ministro Presidente y el Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
Presidente, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Firmado electrónicamente.- Ponente, Ministro
José Fernando Franco González Salas.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos,
Licenciado Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática
constante de cincuenta y seis fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado
electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 95/2021 y su acumulada
105/2021, promovidas por diversos integrantes de las Cámaras de Senadores y de Diputados del
Congreso de la Unión, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del
dieciséis de noviembre dos mil veintiuno. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario
Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal
de Defensoría Pública, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Cultura Física y
Deporte, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Orgánica de la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente, de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana,
de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, de
la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley que Crea la Agencia de
Noticias del Estado Mexicano, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley del Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de la Ley de la Industria
Eléctrica, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo
del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo
referente al Sector Social de la Economía, de la Ley de la Casa de Moneda de México, de
la Ley de Concursos Mercantiles, de la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley de Asistencia
Social, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Orgánica de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la Ley Federal para
la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal de
Variedades Vegetales, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, de la Ley Federal de
Sanidad Animal, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de la Ley de los Institutos
Nacionales de Salud, de la Ley de Ciencia y Tecnología, en materia de paridad de género.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2022
Artículo Primero. Se reforman los artículos 23; 27; 28; 30; 31, primer y último párrafo y las fracciones
I, III y IV; 32, primer párrafo y las fracciones II, III, IV, V, VI y XI; 33, primer párrafo y las fracciones I y IV y
la denominación del Capítulo III de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:
……..
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. De acuerdo con el artículo transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman los
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94, y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de Paridad entre Géneros, se deberá observar el principio de paridad de manera progresiva, a
partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley.
Tercero. Todas las obligaciones que se generen con la entrada en vigor del presente Decreto se
cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a los ejecutores de gasto responsables para el ejercicio fiscal
en curso y subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos y, en caso
de que se realice alguna modificación a su estructura orgánica, está también deberá ser cubierta con su
presupuesto autorizado y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen.
Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. Luis Enrique Martínez Ventura, Secretario.- Sen.
Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 2 de mayo de 2022.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.-
Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría
Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y
de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación
colectiva", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2022
Artículo Único.- Se reforma el artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral,
libertad sindical y negociación colectiva”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de
2019, para quedar como sigue:
………
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Ciudad de México, a 26 de abril de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen.
Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. María Macarena Chávez Flores, Secretaria.- Sen.
Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 10 de mayo de 2022.- Andrés Manuel
López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.-
Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman diversos ordenamientos en materia de pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2024
Artículo Décimo Tercero.- Se reforman los artículos 15, fracción V y 20 Bis, primer párrafo, de la Ley
Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:
……..
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Ciudad de México, a 13 de febrero de 2024.- Dip. Marcela Guerra Castillo, Presidenta.- Sen. Ana
Lilia Rivera Rivera, Presidenta.- Dip. Pedro Vázquez González, Secretario.- Sen. Verónica Noemí
Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 26 de marzo de 2024.- Andrés
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica.
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